|
DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares | PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano |
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala |
| AÑO I | México, DF, 11 de noviembre de 2003 | Sesión No. 23 |
Comunicación del diputado Antonio Morales de la Peña, por la que solicita licencia para separarse del cargo del diputado federal electo en el I distrito del estado de Colima, del 14 de noviembre al 5 de diciembre de 2003. Aprobado
Comunicación del Congreso del estado de Chihuahua con el que remite acuerdo por el que solicita subsidios en el ejercicio fiscal de 2004, para apoyar transitoriamente el consumo de energía con fines agrícolas, en tanto se expide la ley reglamentaria de la Ley de Energía para el Campo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite acuerdo por el que solicita la derogación del artículo cuarto transitorio y la modificación del artículo 16 de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite copia de la contestación del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados los días 11 y 23 de septiembre pasados, relativos a las consecuencias de los desastres naturales de origen hidrometeorológico ocurridos en los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Zacatecas. Se turna a las comisiones de Desarrollo Social y de Gobernación, así como a los promoventes, para su conocimiento
El diputado Hugo Rodríguez Díaz presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona los artículos 76 y 77 y crea los artículos 77 bis y 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con causas para la nulidad de elecciones. Se turna a la Comisión de Gobernación
El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un artículo 49 bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto a la comparecencia de funcionarios que no acaten las recomendaciones de dicha comisión. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos
La diputada Amalia Dolores García Medina presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con causas para la nulidad de elecciones en procesos efectuados en los estados. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales
El diputado Fernando Espino Arévalo presenta iniciativa con proyecto de decreto, que expide dicha ley. Se turna a la Comisión de Salud
El diputado Pedro Vázquez González presenta iniciativa con proyecto de decreto, que expide dicha ley. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
El diputado Francisco Javier Valdéz de Anda presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pueda ejercer acciones de inconstitucionalidad respecto a leyes y tratados contraventores de las garantías individuales. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto, que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre de 2003, con el propósito de asistir a la XIII Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es de primera lectura
Se le dispensa la segunda lectura del dictamen y sin nadie que solicite el uso de la palabra se aprueba. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales
Cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto, por los que se concede permiso a nueve ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de: Alemania, Perú y Guatemala, respectivamente. Son de segunda lectura
Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a nueve ciudadanos para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de la República Italiana en México. Es de segunda lectura
Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano Tomás Roberto González Sada, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León. Es de segunda lectura
Sin que motiven discusión se aprueban. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales
El diputado Gonzalo Alemán Migliolo presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con la solicitud de aplicación de la salvaguarda global a las importaciones de carne de bovino
Se considera de urgente resolución. Hablan en pro los diputados:
José María de la Vega Lárraga
Enrique Torres Cuadros
Suficientemente discutido el punto de acuerdo se aprueba. Comuníquese
El diputado José Julio González Garza presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con la creación de un Plan Nacional de Empleo Productivo Emergente. Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya presenta proposición con punto de acuerdo, para conformar un grupo de trabajo que asegure las previsiones de inversión educativa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. Se turna a la Junta de Coordinación Política
El diputado Jesús Porfirio González Schmal presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con el presupuesto y funcionalidad de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
El diputado Omar Bazán Flores presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con las conclusiones de la Conferencia Nacional de Gobernadores del 31 de octubre de 2003, relativas a los migrantes mexicanos y sus familias. Se turna a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores
La diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con los apoyos a la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y con la aplicación de medidas para evitar los feminicidios en diversas entidades federativas. Se turna a la Junta de Coordinación Política
El diputado Manuel Velasco Coello presenta proposición con punto de acuerdo, para instalar la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política
El diputado Jesús Angel Díaz Ortega presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, al estado de Oaxaca en materia de salud. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
El diputado Felipe de Jesús Díaz González presenta proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2004 se consideren recursos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua, para realizar las obras necesarias en el denominado Dren de Tehuacán, en el estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
El diputado Horacio Martínez Meza presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Reguladora de Energía, que informen si la Comercializadora Metrogas, SA de CV, cumplió los requisitos señalados en la normatividad en materia de distribución de gas natural en el Distrito Federal
Se considera de urgente resolución
Intervienen en pro los diputados:
Ernesto Herrera Tovar
Nancy Cárdenas Sánchez
Suficientemente discutido el punto de acuerdo se aprueba. Comuníquese
El diputado Alvaro Burgos Barrera presenta proposición con punto de acuerdo, para que se incluyan en el Ramo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, los recursos necesarios para otorgar una pensión mensual a los adultos mayores de los estados de: Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Zacatecas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
El diputado Sergio Vázquez García presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que dentro del análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, se establezcan parámetros de ahorro en cuanto a las remuneraciones y prestaciones de funcionarios públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
El diputado Antonio Mejía Haro presenta proposición con punto de acuerdo, para citar a comparecer a los funcionarios correspondientes de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Economía; y de Hacienda y Crédito Público, en relación con el uso de beta-agonistas con fines zootécnicos y farmacéuticos
Se considera de urgente resolución
Intervienen en pro los diputados:
Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda
Gonzalo Moreno Arévalo
Se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y es aprobado. Comuníquese
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que se acaten las disposiciones normativas correspondientes para que sea registrado como beneficiario de las prestaciones en especie del seguro de enfermedad, el esposo de la asegurada y de la pensionada. Se turna a la Comisión de Seguridad Social
La diputada Susana Guillermina Manzanares Córdova presenta proposición con punto de acuerdo, respecto a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, una partida para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cree y financie un programa especial para el rescate integral de las áreas naturales protegidas de la delegación Tlalpan. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
El diputado Francisco Javier Obregón Espinoza presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, suprima el artículo segundo transitorio del proyecto presentado por el Ejecutivo Federal que contempla la desincorporación de Exportadora de Sal y Transportadora de Sal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Respecto a la posible desviación de recursos asignados a la Secretaría de Salud en el presupuesto de 2003, para la asociación denominada Provida, interviene el diputado Rafael García Tinajero Pérez
Para el mismo tema se concede la palabra al diputado José Angel Córdova Villalobos y acepta interpelación de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena
Rectifican hechos, los diputados:
Martha Lucía Mícher Camarena
Sergio Penagos García
Sobre el impacto de la liquidación de diversas instancias culturales contemplada en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, en la cultura mexicana, interviene el diputado Inti Muñoz Santini
Para el mismo tema se concede la palabra a los diputados:
Jesús Porfirio González Schmal
Carlos Flores Rico
De la próxima sesión
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Se informa a la Presidencia que existen registrados 268 diputados; por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:16 horas):
Se abre la sesión.
Se ruega a las personas que no son legisladores, tengan la bondad de ocupar sus lugares.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Martes 11 de noviembre de 2003.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del diputado Antonio Morales de la Peña.
Del Congreso del estado de Chihuahua.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite copia de las contestaciones del subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social, en relación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Iniciativas de diputados
Que reforma los artículos 76 y 77 y adiciona los artículos 77-bis y 78-bis de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revo-lucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que adiciona un párrafo al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un artículo 49-bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que adiciona un inciso j) a la fracción IV del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
De Ley General que Regula la Contratación de Deuda Pública y de la que Contratan las Instituciones Privadas, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Que adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Javier Valdéz de Anda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre de 2003, con el propósito de asistir a la XIII Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
Dictámenes a discusión
Cuatro de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permiso a varios ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María de Lourdes López Salinas, Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo, María Cristina López Villafranco, Ignacio Martínez Morales, Everardo Massé Bautista, Luis Antonio Melgoza Martínez, Ana Margarita Ortega Ramírez, María de Jesús Reyes Alvarez y Héctor Abel Soriano Velasco, para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Tomás Roberto González Sada, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal, resuelva la aplicación de la salvaguarda global a las importaciones de carne de bovino, que se encuentra pendiente de resolver ante la Secretaría de Economía, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo, para solicitar a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, se coordinen para el establecimiento de las medidas conducentes a fortalecer el Plan de Emergencia contra el Desempleo, de cara al análisis del paquete económico correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Julio González Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para conformar un grupo de trabajo, integrado por miembros de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, con objeto de asegurar las previsiones de inversión educativa para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 2004, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar los estudios de viabilidad necesarios para decretar la zona lagunar de Bacalar, Quintana Roo, como parque nacional, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, revise con acuciosidad las partidas del Presupuesto Federal de 2004 que encubren funciones públicas duplicadas o desempeñadas con deficiencia, para que los recursos se destinen a mejores propósitos de beneficio público social, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para que se dé a conocer al pleno de esta Cámara la conclusión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de 31 de octubre del año en curso sobre la causa de los migrantes mexicanos y sus familias, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para hacer un llamado al titular del Poder Ejecutivo del estado de Michoacán, a fin de que informe al Congreso local, sobre la ostensible incorporación de ciudadanos cubanos en el desarrollo de los programas y tareas del gobierno estatal, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, Patricio Martínez García, otorgue los apoyos requeridos a la subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, para el cabal cumplimiento de sus funciones, a cargo de la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al pleno de la Cámara de Diputados a reinstalar a la brevedad la Comisión Especial para la Reforma del Estado, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública priorice y vigile el cumplimiento de los recursos asignados, por el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 al estado de Oaxaca en el rubro de salud y exhorte a la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, cumpla con sus compromisos en materia de recursos económicos, a cargo del diputado Jesús Angel Díaz Ortega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2004 se consideren recursos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua para la realización de las obras necesarias en el denominado Dren de Tehuacán, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Reguladora de Energía, informen si la comercializadora Metrogas, SA de CV, cumplió con los requisitos señalados en la normatividad en materia de distribución de gas natural en el Distrito Federal, a cargo del diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo, para que se incluyan en el Ramo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para otorgar una pensión mensual a los adultos mayores de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, a cargo del diputado Alvaro Burgos Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, mediante el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que durante el estudio del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2004 busque cumplir con los principios de austeridad y ahorro, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados cite a comparecer ante las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería y de Salud a los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Salud y de Economía, con relación al uso indebido de beta-agonistas con fines zootécnicos, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, se acaten las disposiciones de la Ley del Seguro Social y del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, relativas a los derechos del esposo de la asegurada, para registrarse como beneficiario de prestaciones en especie del seguro de enfermedad, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cree y financie un programa especial para el rescate integral de las áreas naturales protegidas, ubicadas en la delegación Tlalpan, a cargo de la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, elimine el artículo segundo transitorio, del proyecto presentado por el Ejecutivo Federal, a cargo del diputado Francisco Javier Obregón Espinoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre la posible desviación de recursos asignados a la Secretaría de Salud, para la asociación denominada Provida, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre el impacto en la cultura mexicana, de la liquidación de diversas instancias culturales, que aparece en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Efeméride
Sobre el CCCLII aniversario del natalicio de sor Juana Inés de la Cruz.»
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor Secretario.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria; por lo que se pide a las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves seis de noviembre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEn el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos tres diputadas y diputados, a las diez horas con treinta minutos del jueves seis de noviembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.
El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, diputado federal electo en el decimoctavo distrito del estado de Veracruz y acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley y entra en funciones de inmediato.
Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicado de la Junta de Coordinación Política en torno a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. De enterado.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil tres, suscrita por los senadores Oscar Luebbert Gutiérrez y Fidel Herrera Beltrán, ambos del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social con el que remite informe trimestral sobre la composición y situación financiera de las inversiones de esa institución. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
Oficio del Secretario de Hacienda y Crédito Público con el que remite informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al tercer trimestre de dos mil tres; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, y sobre la recaudación federal participable, correspondiente al mes de septiembre de dos mil tres; así como información sobre los conceptos que integran la intermediación financiera y el informe sobre el cumplimiento anual de la institución de banca de desarrollo, durante el primer semestre del ejercicio fiscal de dos mil tres. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficios de la Secretaría de Gobernación por los que remite las siguientes iniciativas del Ejecutivo:
De Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones fiscales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De decreto que expide la Ley de los Impuestos Ambientales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite el informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en el artículo ciento treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia arancelaria, durante el periodo comprendido de octubre de dos mil dos a octubre de dos mil tres. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente informa de la recepción de una iniciativa suscrita por diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:
Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia, que reforma el artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México, para que se inscriba con letras de oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados el nombre del Instituto Politécnico Nacional. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Con proyecto de declaratoria que adiciona una fracción vigésima novena - M al artículo setenta y tres y reforma la fracción sexta del artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Minera. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto:
Cuatro, por los que se concede permiso a varios ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Uno, por el que se concede permiso a nueve ciudadanos para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de la República Italiana en México.
Uno, por el que se concede permiso al ciudadano Tomás Roberto González Sada, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.
Son de primera lectura.
A las once horas con veintitrés minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos cincuenta y cinco diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.
En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura de cinco dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se concede permiso a:
La ciudadana Erika Silvia Rempenig Rico para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en la zona media del estado de Veracruz.
Dos ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de Belice en México.
Cinco ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México.
Cuatro ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México.
Dos ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de Australia en México.
Son de segunda lectura. Sin que motiven discusión se aprueban los proyectos de decreto respectivos en lo general y en lo particular por cuatrocientos veintiún votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Julio César Córdova Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la incorporación del municipio de Caborca, Sonora, como parte de la región fronteriza y solicita trámite de urgente resolución. Así considera el asunto la Asamblea en votación económica y sin discusión se aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.
Rafael Flores Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, se contemplen recursos dirigidos al rescate y protección de las ciudades declaradas patrimonio mundial y solicita trámite de urgente resolución. De esa forma considera el asunto la Asamblea en votación económica. El Presidente concede la palabra para hablar en pro a los diputados: María Angélica Ramírez Luna, del Partido Acción Nacional; Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; y con autorización de la Asamblea, a los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; Jesús Angel Díaz Ortega, del Partido Revolucionario Institucional; y María Guadalupe Morales Rubio, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.
Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, en relación con el programa denominado Bienvenido Paisano y la operación de retenes en las carreteras del país. Se turna a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Comunicaciones y de Transportes.
Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con el presupuesto de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
José Rangel Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, para crear la Comisión Especial para la Protección de la Zona de la Mariposa Monarca en México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Pedro Avila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, para agilizar los procedimientos de liberación anticipada de los sentenciados por delitos federales. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
José Mario Wong Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea reconsiderado el criterio que, a partir del ejercicio fiscal de dos mil tres, aplica para la devolución del impuesto al valor agregado a los productores del campo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Belizario Iram Herrera Solís, del Partido Revolucionario Institucional, para crear la Comisión Especial del Café. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Francisco Javier Bravo Carvajal, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el estado en que se encuentra el trámite de solicitud de autorización de diversas líneas aéreas para operar en Puerto Vallarta, Jalisco. Se turna a la Comisión de Transportes.
Carlos Osvaldo Pano Becerra, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una Comisión Especial que conozca, analice e informe respecto de los grupos delictivos Marasalvatrucha, localizados en la frontera sur de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Salvador Sánchez Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el presupuesto del sector pesquero para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaría da lectura a la solicitud de excitativa del diputado Alejandro Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México, a las comisiones de Gobernación, de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada el veinticinco de marzo de dos mil dos. El Presidente formula la excitativa correspondiente.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.
El Presidente informa que la Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del trece al dieciséis de noviembre de dos mil tres, con el propósito de asistir a la decimatercera Conferencia Iberoamericana, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
La Secretaría informa del registro final de cuatrocientos veintiséis diputadas y diputados y el Presidente clausura la sesión a las trece horas con cuarenta minutos, citando para la que tendrá lugar el martes once de noviembre de dos mil tres, a las once horas.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Proceda la Secretaría, poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.
«Escudo.--- LIX Legislatura.--- Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.
Distinguido señor Presidente:
Por medio de la presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, miembro de la LIX legislatura, solicito a usted, respetuosamente se someta a consideración del pleno mi licencia temporal para que surta sus efectos a partir del viernes 14 de noviembre y hasta el viernes 5 de diciembre de 2003.
La causa por la cual pido a esta H. soberanía se me conceda licencia temporal es con la finalidad de participar como candidato en el proceso de elección al cargo de gobernador constitucional del estado de Colima.
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 6 de noviembre de 2003.--- Dip. Antonio Morales de la Peña (rúbrica), Vicepresidente de la Mesa Directiva.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Está a discusión el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se concede licencia temporal al diputado Antonio Morales de la Peña, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el I distrito del estado de Colima, a partir del día 14 de noviembre al 5 de diciembre de 2003.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobado. Continúe la Secretaría.«Escudo.--- Congreso del estado de Chihuahua.--- LX Legislatura.
C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Le remito el acuerdo número 776/03 I P.O., así como copia de la iniciativa que le dio origen, aprobado por el H. Congreso del estado con esta fecha mediante el cual la Sexagésima Legislatura exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que incorpore en el Presupuesto de Egresos del 2004 la cantidad de 1,181 millones de pesos como subsidio para el año 2004, con el objeto de apoyar el consumo de energía eléctrica para fines agrícolas como medida transitoria, en tanto el Ejecutivo Federal emite la reglamentación de la Ley de Energía para el Campo.
Lo anterior para su conocimiento y efectos correspondientes.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chih., a 4 de noviembre de 2003.--- El Presidente del H. Congreso del Estado Dip. Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Chihuahua.--- Secretaría.
Acuerdo No. 776/03 I P.O.La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo de ordinario de sesiones, dentro de su tercer año de ejercicio constitucional
AcuerdaPrimero.- La Sexagésima Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que incorpore en el Presupuesto de Egresos del 2004, la cantidad de 1,181 millones de pesos como subsidio para el año 2004, con el objeto de apoyar el consumo de energía eléctrica para fines agrícolas como medida transitoria, en tanto el Ejecutivo federal emite la reglamentación de la Ley de Energía para el Campo.
Segundo.- Remítase copia del presente acuerdo y de la propuesta original a todos los H. congresos de los estados de la República.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil tres.--- Diputado Presidente Lic. Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica); Diputado Secretario Pedro N. Domínguez Alarcón (rúbrica); Diputado Secretario Jorge Arellanes Moreno (rúbrica).»
«Escudo.--- Congreso del estado.--- LX Legislatura.--- Chihuahua.
Honorable Congreso del estado.--- Presente.
Los suscritos, en nuestro carácter de diputados de la Sexagésima Legislatura y como integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria y de la Comisión de Desarrollo Rural del H. Congreso del Estado y con fundamento en lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparecemos ante esta Soberanía, a efecto de presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo, basándonos para ello en la siguiente:
Exposición de MotivosEl campo mexicano se encuentra en una situación de emergencia social, económica y ambiental es por el desgaste a que ha sido sometido desde hace 20 años.
Sin duda es el sector más golpeado por las políticas económicas, esto no siempre fue así puesto que de 1935 a 1965 el campo fue la plataforma del desarrollo nacional, tiempo en que nuestra agricultura tuvo tasas de crecimiento anuales que hoy envidiamos.
Pero a partir de 1965 se da una gran transferencia de recursos del sector agropecuario a otros sectores de la economía, con ello comienza la caída del campo mexicano.
Los gobiernos de Echeverría y López Portillo intentaron relanzar la agricultura nacional. Le inyectaron enormes recursos e hicieron repuntar un poco la producción y el crecimiento en el campo.
El punto de quiebre en el proceso de la agricultura mexicana es 1982 y se impone a México el Primer Paquete de Medidas de Ajuste Estructural. La imposición corre a cargo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se le llama a este trío ``El Consenso de Washington''.
Así, desde 1982, se liberan los precios de los insumos agrícolas: energéticos, fertilizantes, maquinaria. Se controlan los precios de garantía y se empieza a reducir la inversión y el gasto gubernamentales en apoyos, extensión e investigación agrícolas. Al mismo tiempo, comienza a abrirse la economía nacional a las importaciones agroalimentarias del extranjero con el ingreso de México al GATT en 1986. Esta es la primera generación de medidas de ajuste estructural en el campo.
Al llegar Salinas al poder en 1988, se inicia la segunda generación de medidas de ajuste estructural de la economía. La postura del salinismo en agricultura la resume bien uno de sus altos representantes al decir: ``En el campo mexicano sobran muchos millones de campesinos, pues su contribución al producto interno bruto es muy desproporcionada con su participación en el total poblacional. Por lo tanto, de 25 millones hay que reducir la población a unos 5 millones''.
Pero su estrategia hacia el campo se centra en dos políticas: privatización del ejido y negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Zedillo continúa la guerra contra la agricultura nacional. Desaparece los pocos precios de garantía que quedaban, continúa con la apertura comercial, tolera las importaciones más allá de los cupos permitidos, sigue reduciendo el presupuesto agrícola y cierra la Conasupo. Con ella tiró al último mecanismo de regulación de precios en el campo.
Entre 1981 y 2001, el producto interno bruto agropecuario y forestal per cápita se ha disminuido en 14.3%. La producción per cápita de los ocho principales granos ha caído en 21.8% y la de carnes rojas en 28.8%. La producción nacional de litros de leche per cápita ha disminuido en un 8.4% y la producción maderable en un 39.9%.
Por otra parte, el TLCAN ha significado, sobre todo incremento de las importaciones agroalimentarias. En 1995, importamos de los Estados Unidos 3,254 millones de dólares y exportamos 3,835 millones. En 2001, nuestras importaciones se dispararon a 7,415 millones de dólares y nuestras exportaciones a 5,267 millones. Es decir, que en los primeros siete años de vigencia del tratado, nuestra balanza agroalimentaria que tenía un superávit de 581 millones de dólares se tornó deficitaria en 2,148 millones.
México ya no tiene soberanía alimentaria. Importa 95% de la soya de consumo y la dependencia en arroz llega a 58.5%, en trigo a 49%, en maíz a 25%. Importamos además el 40% de la carne que consumimos.
La pobreza expulsa a la población campesina hacia las ciudades y los Estados Unidos. Según la propia Sedesol, un promedio de 600 campesinos dejan su tierra cada día. En el estado de Chihuahua, en 1995, el 19.4% de la población ocupada se ubicaba en el sector primario: agricultura, ganadería, silvicultura, minería y pesca. Para 2000, ese porcentaje se había reducido al 8.9%. Un campo sin campesinos, el sueño salinista cumplido por principio de cuentas en nuestro estado.
Porque estamos compitiendo contra la agricultura más fuerte del mundo. Los Estados Unidos producen 3.5 veces más kilogramos de maíz por hectárea que México y tres veces más kilos de frijol. Un trabajador agropecuario norteamericano genera 20 veces más valor en términos económicos que un mexicano, pero allá hay 1.6 tractores por trabajador y acá, dos tractores por cada 100 trabajadores. Pero también disponen de más recursos naturales, 20 veces más tierras de cultivo, 10 veces más de tierras irrigadas por trabajador que en México. Y los subsidios son en promedio de 21 mil dólares por trabajador agrícola en los Estados Unidos contra sólo 700 en México. Pero además el 13 de mayo de 2002 se promulga en Estados Unidos la Ley de Seguridad para las Granjas e Inversión Agrícola que eleva hasta en un 80% los subsidios, sobre todo a la exportación. El presupuesto neto de Washington para su sector agropecuario ascenderá a 118 mil millones de dólares en 2002 contra sólo tres mil 500 que ejercerá el gobierno de Fox. Más de 20 veces.
La problemática del campo tiene muchas caras, la de la pobreza, la marginación, la falta de incentivos y oportunidades, la educativa y de salud, entre muchas otras, pero hoy queremos abordar sólo uno de estos problemas y se funda en el sentir más hondo de nuestro campo chihuahuense, la sequía que ha azotado por 11 años a nuestra región, desapareciendo bastas zonas de cultivo y convirtiéndolas en desierto, provocando con esto que la producción agrícola en Chihuahua se dé principalmente por riego, siendo éste abastecido en su mayoría por pozos.
Chihuahua es el segundo lugar nacional, sólo después de Guanajuato, con pozos de bombeo siendo en total 10,870 pozos.
Las condiciones del clima de nuestro Estado requieren que los pozos de bombeo trabajen las 24 horas del día durante casi todo el año para garantizar una buena cosecha, pero las tarifas eléctricas en México son altas en comparación con otros países.
La CFE clasifica estas tarifas en cuatro: la ``09'' para motores de bombeo con menos de 15 caballos de fuerza y la ``9M'' la que es de 15 caballos de fuerza en adelante, las cuales tienen un cobro que va de 38 centavos hasta 48 centavos por kw/hr Existen también las tarifas ``9CU'' la que se cobra a 30 centavos kw/hr y la tarifa ``9N'' la cual se cobra de 15 centavos kw/hr de las 24:00 horas a las 8:00 horas, estas dos combinadas dan un saldo de 25 centavos por kw/hr, además de que sólo se emplea este sistema de tarifas mientras no se agote el Límite de Energía Anualizado (LEA) lo cual es el límite que se establece en la concesión dada para el aprovechamiento del Agua por la Comisión Nacional del Agua.
Este sistema de tarifas es un serio problema para el desa-rrollo del campo, puesto que son aplicadas a discreción de la CFE y no cuentan con una regulación adecuada, ocasionando que una gran cantidad de campesinos se encuentren en cartera vencida por el enorme adeudo que tienen con la CFE.
Este problema provocó una ola de inconformidad que hasta la fecha perdura, a pesar de la aprobación de la Ley de Energía para el Campo el pasado 4 de diciembre de 2002, pero que hasta hoy carece de reglamentación, ocasionando que esta situación prevalezca. Por una parte, la deuda de los productores con la CFE, por otra, la forma de pago en los meses que restan en el presente año y por último y es razón de este acuerdo, el apoyo del Gobierno Federal a los productores en este rubro para el próximo año, el cual es necesario que aparezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se aprobará próximamente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Es necesario que en el Presupuesto de Egresos para 2004 para el Gobierno Federal se destine 1,181 millones de pesos para el subsidio en energía eléctrica a pozos de bombeo destinado a la agricultura de nuestro campo, de este monto para la actividad agrícola en Chihuahua se destinarían 240 millones. Con lo anterior el costo se reduciría a 15 centavos por kw/hr. En el bombeo de pozos agrícolas durante 2004, dando un respiro a miles de productores e incentivaría en mermado desarrollo del campo mexicano.
Al hacer esto, la Cámara de Diputados sólo estará haciendo una interpretación al espíritu de la Ley de Energía para el Campo que aún no cuenta con una reglamentación y resolvería en parte un grave problema del campo mexicano.
Por todo lo anteriormente expuesto es necesario hacer conciencia y dar lo que está a nuestro alcance para recuperar lo que queda de nuestro campo, puesto que un país sin independencia alimenticia no es un país soberano y como a nosotros los legisladores se nos encomendó la responsabilidad de guardar y hacer guardar la Constitución y ésta es la veladora de nuestra soberanía, se les pide cumplir con éste deber. Por eso sometemos a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. La LX Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que incorpore en el Presupuesto de Egresos de 2004, la cantidad de 1,181 millones de pesos como subsidio para el año 2004, con objeto de apoyar el consumo de energía eléctrica para fines agrícolas como medida transitoria, en tanto el Ejecutivo Federal emite la Reglamentación de la Ley de Energía para el Campo.
Salón de sesiones del Poder Legislativo, a 4 noviembre de 2003.--- Junta de Coordinación Parlamentaria.--- Diputados: Guillermo Márquez Lizalde, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del PRI, Guillermo Luján Peña, coordinador del grupo parlamentario del PAN, Héctor Barraza Chávez, coordinador del grupo parlamentario del PRD, Rubén Aguilar Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PT. Por la Comisión de Desarrollo Rural.--- diputados: Jesús Alfredo Velarde Guzmán, Presidente, José Alfredo Vázquez Fernández, secretario; Javier Baca Gándara, Oswaldo Blancas Fernández y Octavio Perea Lerma, vocales.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, fracción XXI, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me dirijo a usted con el propósito de comunicarle que en la sesión del pleno de este órgano legislativo, celebrada en esta fecha, resolvió el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita a los integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la derogación del artículo 4° transitorio de la Ley General de Educación y la modificación del artículo 16 de la mencionada ley.
Anexa al presente, me permito remitirle copia de la propuesta con punto de acuerdo que se comenta, para los efectos legales conducentes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente.
Recinto Legislativo, a 4 de noviembre de 2003.--- Dip. Obdulio Avila Mayo (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.
Honorable Asamblea:
Rigoberto Fidencio Nieto López, diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, incisos I) y o), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones XVI y XXX, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXX, 17, fracción VI, 18, fracción VII, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 82, fracción I, 90 y 130 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicite a los integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la derogación del artículo 4° transitorio de la Ley General de Educación y la modificación del artículo 16 de la mencionada ley, en los términos que se proponen, con base en la siguiente
Exposición de MotivosPrimero. Que la Ley General de Educación, publicada el 13 de julio de 1993, establece en su artículo 16:
Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, al Gobierno de dicho Distrito y a las entidades que, en su caso, establezca. En el ejercicio de estas atribuciones no será aplicable el artículo 18. Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán prestados en el Distrito Federal por la Secretaría.
El Gobierno del Distrito Federal concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en el propio Distrito, en términos de los artículos 25 y 27.
Segundo. Que la misma ley establece en su artículo 4° transitorio:
El proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerden con la organización sindical. A partir de la entrada en vigor de la presente ley y hasta la conclusión del proceso citado, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría. A la conclusión del proceso citado entrará en vigor el primer párrafo del artículo 16 de la presente ley.
Tercero. Que las reformas subsecuentes de la Constitución, efectuadas en 1996, y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en el mismo año dieron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la facultad de legislar en materia de función social educativa.
Cuarto. Que la Ley General de Educación no se adecuó a los cambios constitucionales hechos al artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso I), que permiten a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legislar en materia de función social educativa.
Quinto. Que el párrafo primero del artículo 16 de la Ley General de Educación, que dispone que la Federación conserve los planteles de educación normal, deja al Distrito Federal como entidad de excepción, pues le impide la conducción de los servicios de educación normal y demás para la formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica en el Distrito Federal.
Sexto. Que, en tal sentido, el artículo 16 de la Ley General de Educación vulnera la soberanía educativa del Distrito Federal y cancela el derecho que tiene el Gobierno del Distrito Federal de formar a los docentes de la educación básica y media superior.
Séptimo. Que no existe justificación alguna para dar al Distrito Federal un tratamiento diverso del que la Ley General de Educación da a las entidades federativas.
Octavo. Que es inadecuado que la Constitución permita a los particulares impartir educación normal, en tanto que el Gobierno del Distrito Federal no tiene aún esa posibilidad.
Noveno. Que la educación normal y la básica van íntimamente ligadas y que, en otra forma, quedaría mutilado el sistema educativo de educación básica del Distrito Federal.
Décimo. Que es indispensable que el Gobierno del Distrito Federal tenga la conducción de la educación normal para formular un proyecto educativo integral.
Undécimo. Que es urgente mejorar la calidad de las escuelas formadoras de maestros, pues actualmente carecen de equipos e instalaciones apropiados, la matrícula ha disminuido de manera notable y el personal docente no ha sido capacitado adecuadamente para atender los planes y programas vigentes.
Duodécimo. Que el Primer Foro de Educación, organizado por la I Asamblea Legislativa del Distrito Federal en enero de 1998, se pronunció en el sentido de que la educación normal quedara en manos del Gobierno del Distrito Federal.
Decimotercero. Que no puede realizarse la transferencia de los servicios educativos de la Federación al Gobierno del Distrito Federal sin que se traspasen los servicios de educación normal, pues sin ello no podría mejorarse la calidad de la educación.
Decimocuarto. Que el Gobierno del Distrito Federal requiere, en materia educativa, poder administrar sin limitaciones toda la educación escolarizada y la extraescolar; mejorar la calidad de los servicios educativos; hacer una realidad los principios de equidad, igualdad, democracia y justicia social; incorporar a la población en la toma de decisiones y en la evaluación; hacer eficiente la planta docente; llevar los servicios educativos donde se requieran; atender a la población en riesgo y con necesidades educativas especiales; y mejorar la formación, actualización, capacitación y superación profesional de los profesores de educación básica y media superior.
Decimoquinto. Que, el 15 de noviembre de 2001, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó la resolución a la demanda de controversia constitucional que presentó el Ejecutivo Federal contra la Ley de Educación del Distrito Federal, en la que invalidó los artículos referentes a la educación normal y demás para la formación de maestros por ser contrarios al artículo 16 de la Ley General de Educación.
Decimosexto. Que el artículo 4° transitorio de la Ley General de Educación es otro de los obstáculos para que la Federación transfiera al Gobierno del Distrito Federal los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial, pues condiciona dicha transferencia a los términos y fecha que se acuerden con la organización sindical.
Decimoséptimo. Que, salvo en el Distrito Federal, en ninguna de las entidades federativas la Ley General de Educación condicionó la transferencia de los servicios educativos a la anuencia de la organización sindical.
Decimoctavo. Que ninguna ley educativa debe supeditarse a los particulares intereses corporativos de la dirigencia sindical, independientemente del partido o corriente política a que pertenezcan.
Decimonoveno. Que el enunciado del artículo 16 de la Ley General de Educación debería quedar en los siguientes términos: Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a su gobierno local. Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán prestados, en el Distrito Federal, por el gobierno local.
El Gobierno del Distrito Federal concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en la propia entidad, en términos de los artículos 25 y 27.
Por lo expuesto y por considerarlo de obvia y urgente resolución, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 90 y 130 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. La H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita a los integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la derogación del artículo 4° transitorio de la Ley General de Educación y la modificación del artículo 16 de la mencionada ley.
Salón de Sesiones de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 3 días de mes de noviembre del año 2003.--- Diputados: Rigoberto Fidencio Nieto López, Elio Bejarano Martínez, Efraín Morales Sánchez, Gerardo Villanueva Albarrán, Julio César Moreno, Juventino Rodríguez, Rodolfo Covarrubias, Alberto Trejo Villafuerte, Rodrigo Chávez Contreras, Silvia O. Fragoso, Alejandra Barrales Magdaleno, Lorena Villavicencio Ayala, René Bejarano, Emilio Fernández Allende, Eduardo Malpica Rodríguez, Higinio Chávez García, Aleida Alavez Ruiz, Andrés Lozano Lozano, María Araceli Vázquez Camacho, Juan Manuel González Maltos, Alfredo Hernández R., María Rojo, Francisco Chiguil Figueroa, Lourdes Alonso Flores, María Elena Torres B. (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención a sus oficios Nos. D.G.P.L. 59-II-0-1 y D.G.P.L. 59-II-0-17, de fechas 11 y 23 de septiembre último, respectivamente, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 300.-139 de fecha 24 del mes en curso, signado por el C. doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social, por el que da respuesta a los puntos de acuerdo relativos a las consecuencias de los desastres naturales de origen hidrometeorológico ocurridos en distintos estados de la República Mexicana, presentados por los CC. diputados Raúl Rogelio Chavarría Salas y Pedro Avila Nevárez.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 31 de octubre de 2003. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Por instrucciones de la C. secretaria de Desarrollo Social, licenciada Josefina Vázquez Mota, y en atención a sus oficios Nos. SEL/300/2194/03, SEL/300/ 2296/03 y SEL/300/2319/03, de fechas 17, 23 y 24 de septiembre, respectivamente, me permito informarle lo siguiente:
1. Que la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, tiene entre sus atribuciones la de apoyar a los gobiernos estatales en la etapa de emergencia a través del fondo revolvente, con el fin de salvaguardar la integridad y garantizar las condiciones de abasto y protección de la población, marco en el que la Secretaría de Desarrollo Social apoya con el suministro de despensas.
2. Que se generan fuentes transitorias de ingreso en beneficio de la población para restablecer la normalidad y la productividad con acciones encaminadas a la limpieza, desazolve y remoción de escombros a través del Programa de Empleo Temporal (PET).
3. Que se apoya a los estados afectados en la elaboración de diagnósticos de daños, en la validación y en la solicitud de recursos, definiendo las estrategias para la reconstrucción en materia de vivienda.
4. Que una vez superada la emergencia, se instrumentan acciones de ``atención inmediata'' que permitan a la población damnificada la ocupación de las viviendas en condiciones de ser habitadas para, posteriormente, emprender acciones orientadas a la reconstrucción, que comprende la reparación de viviendas afectadas con daños menores, parciales y totales en el mismo sitio, o bien la reubicación de viviendas ubicadas en zona de riesgo que sufrieron pérdida parcial o total.
5. Que la Secretaría de Desarrollo Social apoya a los gobiernos estatales afectados en la instrumentación y operación de esos programas emergentes de vivienda, definiendo las estrategias y compromisos de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y promoviendo e impulsando la participación de la sociedad en las acciones correspondientes.
6. Que ante la ocurrencia de un desastre natural, la Secretaría de Desarrollo Social:
Participa en el Comité de Evaluación de Daños con representantes de las dependencias competentes, involucrando a la sociedad civil mediante la formación de Comités de Vivienda en los que participa la propia población damnificada.
Gestiona los apoyos financieros y técnicos requeridos ante la Coordinación General de Protección Civil, para su presentación en la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento, y
Coordina el seguimiento de los avances físico-financieros de los programas emergentes con las dependencias ejecutoras y fideicomisos estatales que administran los recursos otorgados por el Fonden.
Me permito reiterarle que la Secretaría de Desarrollo Social, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, está coadyuvando en la atención y mitigación de los daños provocados por los eventos de origen natural que afectaron a varios estados de la República el pasado mes de septiembre.
Reconocido por su atención, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 24 de octubre de 2003.--- Desarrollo con Equidad, Contigo es Posible.--- El Subsecretario Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a las comisiones de Desarrollo Social, de Gobernación y a los promoventes para su conocimiento.Tiene la palabra el diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 76 y 77 y adiciona los artículos 77-bis y 78-bis, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El diputado Hugo Rodríguez Díaz:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Mencionaré las consideraciones más importantes de la iniciativa que presento.
Actualmente la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral al mencionar el tema de las nulidades, regula sólo la posibilidad de declarar nulas las elecciones de diputados o senadores dejando a un lado la posibilidad de impugnar para efectos de nulidad, la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior deja en absoluto estado de indefensión a los candidatos o partidos políticos que de encontrar las causales de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, carecen de medios legales para impugnar esta elección y por consecuencia, no están en posibilidad de ejercer recurso alguno a fin que, de acreditar las causales que la ley exige, se declare nula la elección presidencial, incluso con la posibilidad de acudir a la ley aún y cuando se demuestre una violación sustancial generalizada en la jornada electoral, que sea determinante en el resultado de la elección.
En efecto, el artículo 76, 77 y 78 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, acatando la garantía y principio de defensa y revisión por instancia superior, sujeta a las elecciones de diputados y senadores a la posibilidad de ser impugnadas ante los órganos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, garantizando que actos y resoluciones de autoridades electorales, se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad; garantizando el principio de definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.
Sin embargo, la norma que se analiza no señala en ninguno de sus artículos que la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ser objeto de impugnación para efectos de nulidad, lo cual contraviene ya no tan sólo al principio de defensa y los objetivos del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sino a cualquier otro al no incluir dentro del procedimiento de defensa, la nulidad de elecciones presidenciales, dándole a la resolución del Instituto Federal que otorga la constancia de mayoría en la elección presidencial, el carácter de cosa juzgada por no haber en su contra medio legal alguno que pueda anularla, cuando es de explorado derecho que existiendo la garantía de defensa es necesario otorgarle facultades e instancias superiores que analicen para el caso, a petición de parte, el actuar de la autoridad impugnada y se determine si el proceder impugnado se apegó a los principios de constitucionalidad y legalidad que la legislación exige.
Al no existir medio de impugnación alguno contra la resolución que el Instituto Federal Electoral dé a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nos deja a todos los partidos políticos y a todos los candidatos en ese tipo de elecciones en completo y absoluto estado de indefensión cuando se cometan y por supuesto se acrediten las causales de nulidad que exigen en las elecciones de diputados y senadores.
Ahora bien, pasemos al análisis de la publicidad subliminal y por qué es necesario señalarla como una causal de nulidad en las elecciones de diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Primeramente debemos preguntarnos qué es la publicidad subliminal. Conforme al criterio de los expertos en el tema y que son localizados en los 7 mil 282 criterios que en Internet podemos analizar, la publicidad subliminal es el bloqueo del proceso mental de toma de decisión, utilizando la publicidad visual o auditiva.
Es conocido por nosotros que la publicidad subliminal contribuye a la degradación del comportamiento racional de las personas, ya que la comunicación publicitaria subliminal recurre antes que al razonamiento humano a la reacción de los instintos más primarios del ser humano.
Además, la publicidad subliminal nos lleva a concluir en la práctica de cualquier campaña electoral y sus resultados a medir, antes de conceptos encaminados a una mejoría en la calidad de vida de la población a la que se pretende representar en el Congreso de la Unión o como titular del Ejecutivo Federal, con fríos e insensibles conceptos mercadotécnicos que nos llevan a pensar que las campañas electorales tienen éxito si la publicidad basada en la mercadotecnia electoral lo tuvo.
Es obvio que queda fuera de toda discusión la gravedad de la percepción subliminal que son 50 países los que han legislado en su contra, individual y conjuntamente. Queda claro que éstos son ejemplos de legislaciones contra toda forma de publicidad subliminal.
El sentido de estas leyes es que es ilícita la violación a la conciencia a través de esta técnica por cualquiera de ellas que se utilice, al igual que la difusión por los distintos medios.
La publicidad subliminal bloquea el razonamiento del individuo al tomar sus propias decisiones y limita la libertad de opinión y de decisión que por derecho a todos nos corresponde como garantía constitucional.
La falta de sanción a este tipo de publicidad refleja, dentro de la política de México que, independientemente de tener un criterio diferente de la democracia que actualmente vivimos, lo que vemos sin lugar a duda es un atraso en las leyes que deben de anular las elecciones cuando se compruebe plenamente la utilización de mensajes subliminales en el proceso electoral ya que si, como seres humanos vivimos en una sociedad y no respetamos nuestra libertad de decisión, esto se refleja claramente en el estancamiento y atraso del desarrollo de nuestra democracia.
Cualquier cambio en las leyes que regulan la democracia si no se hace desde las bases que regulen el buen manejo de las campañas electorales, como es la más simple como dejar a los ciudadanos decidir por sus propios medios quién los ha de representar en el Congreso de la Unión y en el Ejecutivo Federal.
Actualmente en nuestro mundo existen ya 50 países que prohiben la publicidad subliminal en sus leyes y constituciones con el fin de proteger a sus ciudadanos y respetar sus derechos; sin embargo, nuestro país aún no refleja su capacidad de actualización de sus leyes.
Por ello hay que tomar en cuenta que si dejamos la posibilidad de que manipulando la capacidad de decisión de quienes hoy representamos, se pone en duda no tan sólo nuestra capacidad política, sino nuestra primera obligación, que es el cumplimiento de la Constitución Federal y sus garantías individuales.
Compañeros legisladores: en atención a las consideraciones antes mencionadas, solicito la aprobación del siguiente decreto que modifica el texto del Capítulo 3º del Título Sexto, Libro Segundo de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, incluyendo en la materia de la nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona los artículos 76 y 77 y crea los artículos 77-bis y 78-bis, de la misma norma, en análisis, a fin de implantar dentro de las causales de nulidad de las elecciones, la utilización de la publicidad subliminal, tanto en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como en las elecciones de diputados y senadores.
Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Iniciativa que reforma los artículos 76 y 77 y adiciona los artículos 77 bis y 78 bis de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, presentada por el diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del PRI.*
El suscrito, diputado Hugo Rodríguez Díaz, miembro de la actual 59 Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Federal y 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Cuerpo Colegiado, acudo ante ésta, la mas alta tribuna política de la nación, a presentar esta iniciativa de ley con carácter de decreto para lo cual hago de su conocimiento las siguientes
ConsideracionesPrimero.- Actualmente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su libro Segundo, título Sexto, nos habla ``De las nulidades'' y en el Capítulo Tercero de este título, regula sobre ``De la nulidad de la elección de diputados o de senadores'', donde se menciona básicamente como causales de nulidad, exclusivamente en elecciones de diputados o senadores, que se haya anulado el veinte por ciento de casillas del distrito o estado o no se hayan instalado las casillas del veinte por ciento de las secciones del distrito o entidad de que se trate y que los integrantes de la fórmula ganadora sean inelegibles, autorizando también la norma en comento que las salas del Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral en el distrito o entidad de que se trate cuando dichas irregularidades sean determinantes en el resultado de la elección.
Sin embargo, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en ningún momento señala la posibilidad de la nulidad de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o elecciones presidenciales, lo cual deja en completo y absoluto estado de indefensión a los candidatos o partidos políticos que, de encontrar las mismas causales de nulidad en las elecciones de diputados o senadores también en la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, carecen de medios legales para impugnar esta elección y por consecuencia no están en posibilidad de ejercer recurso alguno a fin de, en caso de acreditar las causales que la ley debe exigir, se declare nula la elección presidencial, incluso con la imposibilidad de recurrir a la ley aún y cuando se demuestre una violación sustancial generalizada en la jornada electoral que sea determinante en el resultado de la elección.
En efecto. Dentro del procedimiento de las elecciones de diputados, senadores y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, observamos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que, acatando la garantía y principio de defensa y revisión por instancia superior, las elecciones de diputados y senadores y las constancias de mayoría que el Instituto Federal Electoral otorga por cualquiera de sus órganos pueden ser impugnadas ante los órganos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación facultados para ello (Pleno o Salas Regionales), para garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, además de garantizar el principio de definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales integrándose este sistema de medios de impugnación, por los recursos de revisión, apelación, juicio de inconformidad y recurso de reconsideración, además de los juicios para la protección de los derechos del ciudadano, de revisión constitucional electoral y para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores.
Ahora bien, al entrar en materia de nulidad de elecciones, los artículos 76 y 77 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral determinan la posibilidad de anular la elección de diputados o senadores cuando se acredite las causales de nulidad de la elección conforme a lo mencionado por el arábigo 75 de la norma en mención, se anulen o se acredite la no instalación de cuando menos el veinte por ciento de casillas del distrito o entidad donde se hayan realizado las elecciones que se impugnan e incluso, en el artículo 78, faculta a las salas del Tribunal Electoral a declarar nula una elección de diputados o senadores cuando se cometan generalizadamente violaciones sustanciales en la jornada electoral que sean determinantes en el resultado de la elección.
Sin embargo, la norma que se analiza no señala en ninguno de sus artículos que la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos pueda ser objeto de impugnación ni mucho menos nulidad, lo cual contraviene ya no tan solo el principio de defensa y los objetivos del sistema de medios de impugnación en materia electoral sino cualquier otro al no incluir dentro del procedimiento de nulidad de elecciones, las presidenciales, dándole a la resolución del Instituto Federal Electoral que otorga la constancia de mayoría en la elección presidencial el carácter de cosa juzgada por no haber en su contra medio legal alguno que pueda objetarla, cuando es de explorado derecho que, existiendo la garantía de defensa, es necesario otorgarle facultades a instancias superiores que analicen, para el caso, a petición de parte el actuar del a quo y determinen si el proceder impugnado se apegó a los principios de constitucionalidad y legalidad que la legislación exige.
El criterio tomado por la Suprema Corte de Justicia relativo a las diversas garantías constitucionales, destaca, por su primordial importancia, la garantía del derecho a la defensa. Este mandamiento superior cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados y para el caso, para los candidatos o partidos que consideren que en las elecciones presidenciales se cometieron las causales de nulidad que actualmente dan motivo de invalidación de elecciones de diputados y senadores, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades electorales para que, de manera previa a considerar como definitivo un acto de autoridad electoral, cumplan con una serie de requisitos y formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a quienes se dicen afectados en las elecciones presidenciales. Dichas formalidades y su observancia junto con la garantía de legalidad, se constituyen como elementos fundamentalmente útiles tanto para quien aparece como agraviado como para la misma autoridad para demostrar uno al otro y al tercero perjudicado (que sería el ganador de la elección presidencial) que la resolución acató o no acató las normas y por ende es limpia o fraudulenta y que la resolución de la autoridad electoral, de demostrarse las causales de nulidad, actuó ilegalmente o de no hacerlo, que actuó en forma limpia, formal y con estricto apego y observancia al marco jurídico que rige la materia electoral.
Así, con arreglo a tales imperativos, la elección presidencial, por su indiscutible importancia, tendría la posibilidad de, a petición de parte, revisarse y dejar sin duda alguna que quien ocupe la silla presidencial llegó tanto con mayoría de votos y que el procedimiento fue legal, íntegro, limpio y que deja sin duda alguna que fue el ganador de la decisión popular de ser el titular del Ejecutivo Federal. En esas condiciones, existiendo el respeto a la garantía del derecho a la defensa que puede o no ser ejercida por quien o quienes no obtuvieron la mayoría electoral en la elección presidencial, les daría a quienes se consideran agraviados la obligación de presentar su defensa y demostrar lo que sostienen así como a quien estime lo contrario y sea parte en el proceso, a contar a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones para que cuando se agote la etapa probatoria, sea la autoridad electoral facultada para ello, quien determine si el procedimiento y resultado de la elección presidencial fue justo y legal, limpio y democrático, dando a esta importantísima elección, tanto una forma de anularla al demostrarse ilegalidades como de limpiar cualquier dicho que no sea demostrado y acreditado conforme al sistema de pruebas en nuestro proceso electoral.
Luego, al no existir medio de impugnación alguno en contra de la resolución que el Instituto Federal Electoral dé a la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos nos deja a todos los partidos electorales y a todos los candidatos que compitan en ese tipo de elecciones en completo y absoluto estado de indefensión cuando se cometan y, por supuesto, se acrediten las causales de nulidad que se exigen en las elecciones de diputados y senadores.
Luego, lo correcto es primeramente modificar el texto del capítulo III del título Sexto del libro Segundo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para incluir dentro de las nulidades de elecciones, la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, se propone la creación de un artículo 77 Bis que regule las causales de nulidad de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el mismo sentido que actualmente se indica en los artículos 76 y 77 y conforme a la inclusión de la causal de utilización de publicidad subliminal que líneas abajo se analiza, además de crear un artículo 78 Bis que otorgue la facultad de declarar nula la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al Pleno de Tribunal Federal Electoral toda vez que, por la naturaleza e importancia de la elección presidencial, es obvio que ese tipo de facultades solo puede estar en manos de la instancia superior del Tribunal Federal Electoral, autoridad que es conocido por todos nosotros, es la jurisdicción superior en materia electoral en todo el país.
Segundo.- Ahora bien, pasemos al análisis de la publicidad subliminal y por qué es necesario señalarla como causal de nulidad en las elecciones de diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Primeramente debemos preguntarnos, ¿qué es la publicidad subliminal? Conforme al criterio de los expertos en el tema y que pueden ser localizados en los 7,282 criterios que Internet nos da la oportunidad de analizar, la publicidad subliminal es el bloqueo del proceso mental de toma de decisión, resolución de problemas, responsabilidad en las opciones que se nos presentan continuamente utilizando la publicidad visual o auditiva.
Ante todo debemos de tener en cuenta que estamos sometidos a la persuasión de una economía apoyada en el consumo y regulada por la acción persuasiva de la publicidad que llega a imponernos al público lo que deseamos adquirir. De esta forma, con la homogeneización de los productos se propicia una actitud de compromiso, unificando las conciencias en la toma de decisiones pero eliminando la libertad de decisión. Por ende, se contribuye a que todos consideremos que poseer un objeto, un servicio o un representante equivale, entre otras cosas, a adquirir la seguridad de que nuestra decisión es indudablemente la correcta.
Es conocido por muchos de nosotros que la publicidad subliminal contribuye a la degradación del comportamiento racional de las personas ya que la comunicación publicitaria subliminal recurre, antes que al razonamiento humano, a la reacción de los instintos más primarios como lo son nuestros sentimientos, el placer y el ansia de seguridad y poder prescindiendo así de las características reales del producto.
Además de lo anterior, la publicidad subliminal nos lleva a la creación de ideologías y mitos meramente consumistas que han llevado a los procesos democráticos a medirse, antes que con conceptos con posibilidad de realizarse encaminados a una mejoría en la calidad de vida (salud, seguridad, educación, más y mejores empleos, etcétera) de la población a la que se pretende representar ante el Congreso de la Unión o como titular del Ejecutivo Federal, con fríos e insensibles conceptos mercadotécnicos que hacen que cualquier campaña electoral tenga o no éxito si la publicidad basada en la mercadotecnia electoral la tuvo, dejando a un lado el concepto que el Cofipe tiene para definir la publicidad o propaganda electoral, la cual, conforme a lo señalado por los párrafos 3 y 4 del artículo 182 del Cofipe tiene como propósito ``el presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas'' y por consecuencia, ``deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos, y particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado''.
Así, encontramos que las imágenes, las palabras o los mensajes subliminales de contenido oculto o secreto y con efectos diferentes que el mensaje primario, se esconden en todo tipo de anuncios, desde aquellos que promocionan perfumes, bebidas, automóviles, ropas, juguetes y, para el caso que tratamos, candidatos en procesos electorales.
Sin embargo, en la sociedad en general se forma el criterio de organizarnos de una manera plenamente consciente, ya que el recurso de razonamiento constituye uno de los pilares de nuestra libertad, pero al crearse la publicidad subliminal, ha permitido que se manipule a las personas de forma inconsciente por medio de las técnicas subliminales que básicamente tienen como origen los subestímulos videofónicos o escritos en forma de publicidad contenida en anuncios televisivos, revistas, periódicos, películas y carteles, subestímulos no detectados en forma consciente por quien escucha, ve o lee la publicidad. Aquí reside la principal prueba de ser la publicidad subliminal un ataque al razonamiento del individuo que no es identificada ni recordada a nivel consciente y del cual, de forma simple, se concluye, conforme a la publicidad subliminal ejercida en propaganda electoral, que al votar por determinada persona o grupo de personas, léase candidatos y/o partidos políticos, traeré como consecuencia el detonamiento de un instinto primario como lo es el deseo del placer indeterminado, dejando al electorado que sea víctima de esa publicidad subliminal, sin el recurso de decidir su voto discerniendo, enjuiciando, comprendiendo, entendiendo y reflexionando esa decisión antes que con razonamiento humano, con la reacción de los instintos más primarios como lo son nuestros sentimientos, el placer y el ansia de seguridad y poder dejando a un lado las características reales del candidato y/o del partido político al cual le estoy dando mi voto. Ahí reside la prueba básica y exacta de que la publicidad subliminal ataca el razonamiento haciendo mella en el individuo al no ser identificada ni recordada a nivel consciente.
Haciendo un repaso histórico de la percepción subliminal, encontramos que la primera mención registrada sobre la percepción subliminal podría ser la realizada en los escritos de Demócrito (400 A.C.) quien sostuvo que ``mucho de lo perceptible no es percibido por nosotros'', lo cual es comentado por Sócrates en ``Diálogos de Platón'' al hacer noción de Timeo.
Por su parte, Aristóteles explica de modo más detallado los umbrales de la conciencia subliminal en su ``Perva Naturalia'' hace casi más de dos mil años y parece ser el primero en sugerir que los estímulos no percibidos de modo consciente bien podrían afectar las decisiones. Hace aproximadamente 2,250 años, Aristóteles explicó su teoría del sueño y sus secuelas y consecuencias en nuestras decisiones al indicar que: ``Si los impulsos que tienen lugar durante el día no son demasiado fuertes y poderosos pasan inadvertidos debido a impulsos altamente despiertos. Pero mientras dormimos, sucede lo contrario; entonces, los pequeños impulsos parecen grandes. Esto aclara lo que pasa en el sueño. Cuando sólo hay ecos débiles en sus oídos, los hombres creen que se trata de algo relampagueante y extraordinario. Cuando solo pasa una gota de flema por su garganta, ellos creen que están disfrutando de miel y dulces flores''
Así, Aristóteles anticipó lo que a principios del siglo XX se conocería como el efecto Poetzle.
En 1968, Leibniz señaló: ``Existen innumerables percepciones prácticamente inadvertidas, que no son distinguidas lo suficiente como para percibirlas o recordarlas, pero que se vuelven obvias a través de ciertas consecuencias''.
Durante la última parte del siglo XIX y principios del XX, Freud y sus colegas investigaron nuevos conceptos y teorías sobre el subconsciente y el inconsciente. La teoría del sueño del Freud creó una base sobre la cual uno de sus socios, el doctor Poetzle, hizo uno de los primeros descubrimientos importantes sobre la percepción subliminal. Descubrió que un estímulo o una información captada conscientemente por una persona, no aparece en los sueños subsecuentes. Concluyó diciendo que el contenido de los sueños estaba compuesto en esencia de información percibida subliminalmente.
Uno de los ejemplos más claros de los resultados de la publicidad subliminal lo fue el tema que en 1956 fue conocido como ``Helados y palomitas de maíz'' derivado de flashes insertados a una velocidad de 1/3000 de segundo con el mensaje ``¿Tienes hambre? Come palomitas'' y ``Bebe Coca-Cola'' que apareció en un cine de New Jersey en la película ``Picnic''. El total de la muestra fue de 45,699 individuos sobre el cual se realizó el estudio de efectividad. Este acto fue realizado en días alternos para así poder comprobar la efectividad en el comportamiento de los consumidores.
Los resultados establecieron un incremento del 57.7% en la venta de palomitas en los días en que se incluían los mensajes subliminales y de un 18% más en los consumos de Coca-Cola.
Dentro de la reacción pública negativa a ese tipo de publicidad, el ``Newsday'' juzgó el instrumento subliminal como ``la inversión más alarmante desde la bomba atómica''. El ``New Yorker'' dijo ``Hemos llegado a la penosa era en que pueden ser violadas y penetradas tanto las cosas como las mentes''. El periodista Phyllis Battelle, del ``New York Journal American'' dijo: ``Aparte de mi fundamental horror frente a la idea de ser estimulado a actuar sin mi consentimiento, me imagino el anuncio invisible como una ruta directa al desenfrenado''. El ``Saturday Review'' fue más elocuente. En un editorial completo dijo: ``La mente subconsciente es la parte más delicada del instrumento más frágil de todo el universo. No debería ser ensuciado, mancillado y deformado para aumentar las ventas de palomitas de maíz o cualquier otra cosa. En el mundo moderno no hay hada más difícil de proteger que la privacidad del alma humana''.
En 1958, después de publicarse el libro de Vance Packard intitulado ``The Hidden Persuaders'' (``Los persuasores ocultos''), los investigadores Ernest Dichter y Louis Cheskin fueron amonestados públicamente debido a sus contribuciones científicas que habían sostenido los intentos de los publicistas por manipular a las personas.
En ese tiempo los legisladores y el pueblo norteamericanos fueron sacudidos por las implicaciones encerradas en la percepción subliminal y subauditiva. Sin embargo, a pesar de que en el periodo 1957 - 1958 se presentaron muchas iniciativas prohibiendo la publicidad subliminal en varios estados norteamericanos y en el Congreso Federal, nunca fueron aprobadas.
Ahora bien, es necesario determinar cómo actúa la publicidad subliminal en imagen utilizadas en campañas electorales.
Primero, cabe indicar que nuestra memoria y recuerdos, así como su carga emocional, no sólo están formados por los contenidos que se han almacenado de forma consciente, sino especialmente y sobre todo por aquellos que han sido adquiridos de forma inconsciente. Los estímulos subliminales (ya sean visuales, auditivos, olfativos o de cualquier otra naturaleza perceptual), son reproducidos o emitidos con baja intensidad o de forma más o menos soslayada, semi oculta o con breve exposición para que no sean captados de forma totalmente consciente. Pero si lo son a nivel inconsciente y almacenados en nuestra ``mente profunda'' donde surtirán un efecto que en mayor o menor medida va a condicionar nuestro comportamiento a futuro, en base a las emociones desencadenadas asociadas con otros recuerdos que sí pueden haber sido conscientes y con los que se emitieron conjuntamente.
Al profano en estas materias, la coincidencia entre el fondo de los informativos televisivos y de los carteles en las campañas electorales, sólo le parecerán mera casualidad. Sin embargo, nada más lejos de la auténtica intención de quienes han diseñado esta campaña. Para los que conocen las técnicas publicitarias -sobre todo en su vertiente de impacto psicológico- no nos puede pasar desapercibido el hecho de que tal técnica ha sido efectuada con total intencionalidad.
¿Ejemplos? Primero: una gran mayoría de españoles en mayor o menor medida, son asiduos a ver los telediarios de la TV. De otra parte, estos informativos son los más vistos de entre todas las cadenas de TV en territorio español. Por tanto, el factor ``cantidad de impacto'' (poco tiempo) ``cantidad de impactados'' (millones) se encuentra salvado. El fondo azul de los Telediarios con esas letras en distintos tamaños y profundidad de perspectiva, son exactamente iguales que los de los anuncios usados por el partido político en todos sus carteles electorales, solo que en estos leemos palabras completas (``pensiones'', ``empleo'', ``ahorro'', ``progreso'', etcétera). Los publicistas manejan un principio de marketing muy elemental: ``no es tan importante Volviendo al ejemplo español, en todas las mentes de los españoles que ven los telediarios de TV, ese fondo azul cobalto con ese tipo de letras dispuesta de esa misma manera, forma parte ya del inconsciente colectivo de los millones de españoles que a diario lo perciben, se fijen conscientemente o no. Ese conjunto - imagen de fondo - letras - forma ya les es familiar y forma parte de los contenidos de la mente inconsciente o profunda de los millones de españoles que lo ven a diario. Esto es así, porque a lo largo de los meses y durante todos los días, al observar la TV y ver los telediarios, han visto tales imágenes.
Pues bien, solo tendrá que venir alguien un poco espabilado para aprovecharse de tan inmerso caudal de posibilidades. Aquí se pone en marcha otro principio del marketing - manipulativo que dice: ``Lo que nos es conocido y familiar es lo que puedo comprar'', cambiando, para el aspecto político, en que ``Lo que nos es conocido y familiar es en lo que puedo confiar'' y llevándolo directamente en el terreno electoral ``Lo que nos es conocido y familiar, es por quién voy a votar''.
Esa sutileza de la mercadotecnia electoral se puede entender al analizar que cuando vamos a una estantería en un supermercado, difícilmente escogeremos algún producto que no nos sea familiar ya que preferiblemente optaremos por alguno que constantemente se nos diga que es ``el mejor''. Cuanto más familiar nos sea el producto y mejor sea su calidad -aún y solo sea por conocido por medio de anuncios que diariamente vemos por cientos- mayor posibilidad tendremos de comprarlos por mero impulso inconsciente.
Así las cosas, independientemente de que vemos en los anuncios visuales del candidato o del partido político, ya sea en el metro, en bardas o postes, estemos de acuerdo o no con el partido político postulante o con el candidato, hay algo que ya nos es familiar y asiduo: el conjunto forma -color -letras que aparece como fondo de esos carteles que hemos estado viendo ya durante meses en los telediarios españoles.
Entra aquí otro factor: el principio de asociación; a nivel inconsciente se produce dicha asociación: imagen del rostro de quien aparece en el cartel y las siglas del partido político -con una carga emotiva de simpatía, indiferencia o antipatía- según el caso más un reconocimiento previo de la imagen de fondo con una carga emotiva de familiaridad y de compañía durante todos o casi todos los días -al ver los telediarios- con un resultado de asociación subconsciente de rostro y siglas que aparecen junto a las que se van a sumar una carga emotiva de familiaridad y de ``compañía'' a lo largo del tiempo, es decir, ``habitualidad''. En la siguiente imagen, se observa un cartel y parte de un spot publicitario del candidato José María Aznar que coincide con el conjunto forma -color -letras que aparece como fondo de los telediarios televisivos españoles:
Los resultados serán diferentes en cada individuo; sin embargo, esta estrategia de usar un fondo - forma conocido y rutinario para el inconsciente de millones de españoles, puede suponer varios cientos de miles e incluso algunos millones de votos más para el partido político y candidato propuesto que de otra forma no hubieran logrado.
Es innegable que todos los gobiernos en turno aprovechan la televisión pública en su propio beneficio y conveniencia, especialmente los programas informativos. Unos lo hacen con más descaro, otros con mas ``decoro'', pero el hecho es que lo hacen. No tenemos más que recordar las siglas ``PSOE'' que aparecieron durante el gol del futbolista Emilio Butrageño en el Mundial de Futbol México ?86 que algunos espectadores lograron captar, pero que la inmensa mayoría no supo ni lo que vio. ``Nadie'' sabía nada de por qué eso sucedió, ni siquiera el Presidente del Gobierno Español en aquél entonces, Felipe González.
Ante esto, solo cabe pensar dos cosas:
1) El Partido en el Gobierno, actualmente el Partido Popular, pensaba ya desde hace muchos meses hacer uso de este tipo de publicidad usando los informativos para aprovechar sus ``fondos'' llegando el momento de la campaña electoral o
2) Quien o quienes han diseñado la campaña del Partido Popular han usado deliberadamente y con pleno conocimiento de lo que hacían esta técnica de manipulación subliminal.
En las elecciones municipales de la Ciudad de Guadalajara del pasado 6 de julio, se utilizó lo que se manejó como publicidad o propaganda electoral el audiovisual el cual se transmitió por medio de la televisión abierta dirigida en su caso a la comunidad tapatía, donde se daban a conocer supuestos logros municipales respeto a la obra pública de pavimentación con concreto hidráulico, en donde destacaron las imágenes que a continuación se exponen:
A.- Imagen en la cuál destacan sobre todo los colores azul y blanco, que son los que más resaltan y que corresponden a los que se utilizan en el logotipo del Partido Acción Nacional.
B.- Además de lo anterior, se manejó dentro de la publicidad audiovisual del Partido Acción Nacional, la imagen en la cual se puede percibir claramente en la playera que porta el niño al momento de congelar la imagen la leyenda ``FOX'' (que corresponde al apellido del actual Presidente de la República, Vicente Fox, quien fue candidato del Partido Acción Nacional) y debajo de esta palabra, la palabra ``GUADALAJARA''
C.- Imagen en donde aparece el actual presidente municipal de Guadalajara, Ing. Fernando Garza, el cuál utiliza una camisa de color azul, de la misma tonalidad del que utiliza en su membrete ó emblema el Partido Acción Nacional en su campaña publicitaria electoral llamada ``Quítale el freno al cambio'', además de que la persona que lo acompaña a su lado derecho viste una camisa de tonalidad naranja, de tono igual al que el partido acción nacional utilizó en su campaña proselitista electoral ``Quítale el freno al cambio'', destacando los tonos blanco y azul en el fondo de la misma imagen.
En esta imagen en que finaliza la representación audiovisual, destaca la presencia de los colores azul, blanco y naranja, además de la frase ``El cambio se nota'', asimismo es de destacar que tal imagen personaliza directamente al presidente municipal de Guadalajara Fernando Garza, hecho significativo por la trascendencia que esto implica al quedar grabado en la mente de quien la ve y escucha que el factor de cambio es el Presidente Municipal y su origen partidista.
D.- Material impreso que corresponde a la publicidad colocada por el Ayuntamiento de Guadalajara en varios parques de la Ciudad de Guadalajara, donde se utilizan los colores azul, blanco y naranja, mismos que corresponden en su tonalidad a los utilizados en las campañas proselitistas del candidato a presidente municipal a la ciudad de Guadalajara Emilio González Márquez y en donde destacan de manera notoria lo relativo a ``El cambio se nota'' y el nombre del Presidente Municipal en funciones Fernando Garza, hechos estos que estigmatizan la mente de quién los ve y de manera subconsciente lo relaciona y los vincula como una unidad mental.
E.- Imágenes relativas a los promocionales televisivos del Partido Acción Nacional en los que es posible apreciar con claridad los colores y sus tonalidades que utiliza para ello, muy similares a los que se utiliza en la campaña publicitaria ``El cambio se nota'' ya analizado.
1.- La influencia a nivel subconsciente en el espectador ó en el oyente sin su conocimiento y sin su capacidad para percibir de un mensaje concreto, en relación de un bien, producto, servicio ó acción que se pretende, produciendo una respuesta condicionada ante un estimulo específico.
2.- Una modificación en la conducta ó actitud del receptor que de cómo resultado una acción concreta, que sería en este caso la de votar por el candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Guadalajara.
3.- Demostrar que el Presidente Municipal de Guadalajara es una persona ó funcionario eficiente y capaz en el desarrollo de su función pública y que por lo tanto el candidato a presidente municipal de Guadalajara por el Partido Acción Nacional será igualmente eficaz una vez ganando la elección, por lo tanto se induce a votar por este partido.
4.- El hecho de que se manejen colores y frases alusivas a un mismo fin aunque en diferentes circunstancias, es decir, unas proyectando imágenes de resultados positivos del ejercicio público del Presidente Municipal y otras proyectando imágenes proselitistas buscando el voto a favor de una candidatura a la presidencia municipal, crean en quién las recibe un reflejo condicionado, el cuál es inconsciente y que provoca como respuesta a ello una modificación conductual a favor de tal candidato.
Por otro lado, llama poderosamente la atención que en el analizado promocional publicitario del Ayuntamiento de Guadalajara llamado ``El cambio se nota'', aparezca un niño y en el centro de su playera, en forma instantánea y casi imperceptible aparezcan las palabras ``FOX'' y ``GUADALAJARA'', lo que implica que en un anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara aparezca el apellido del Presidente de México, de extracción del Partido Acción Nacional y que impele a relacionarlo directamente con el candidato de tal partido, sobre todo en una época en la que la publicidad de la Presidencia de la República fundada en la imagen y nombre del Presidente Vicente Fox se presentó en exageradas manifestaciones televisivas, radiofónicas e impresas.
No escapa de la vista del suscrito que las empresas de la misma iniciativa privada también utilizan la publicidad subliminal, lo cual, solo para ejemplificar este caso, mencionaremos el caso de la empresa española de telefonía, Internet y televisión por cable ONO, que en 1999 experimenta con estos métodos, contra los cuales un ciudadano español denuncia ante los Tribunales de Justicia por la supuesta publicidad subliminal, al incurrir en anuncios, entre otros, de un torso masculino musculoso y desnudo, con un evidente contenido erótico. Finalmente, la empresa es absuelta de los cargos porque la imagen, aunque pasaba de forma rápida, era suficientemente perceptible a la vista y por tanto, técnicamente no era posible determinar si podría considerarse dicha imagen subliminal o no.
Aún y cuando esa dificultad en determinar la frontera entre lo subliminal y lo no subliminal, esta empresa se aprovecha de bombardear a sus potenciales clientes con mensajes inductivos, entre los cuales encontramos los siguientes:
La señora está haciendo un tapete de ganchillo cuyas letras son ONO.
El niño mira con unos supuestos anteojos que forman la palabra ONO.
Si amplían la imagen, verán que los ricitos de la chica terminan en la palabra ONO.
Si amplían, verán cómo las manchas del dálmata son las palabras ONO.
Es obvio que queda fuera de toda discusión la gravedad de la percepción subliminal pues son 50 (cincuenta) países los que han legislado en su contra de manera individual y conjuntamente, incluso refrendando el convenio internacional como el caso de España, que además, califica los subliminales como un ilícito muy grave con sanciones hasta de cincuenta millones de pesetas con suspensión de las emisiones o extinción de la concesión.
Debe quedar en claro que estos son ejemplos de legislaciones contra toda forma de subliminales, como por ejemplo en audio y video. El sentido de estas leyes es que es ilícita la violación de la conciencia a través de esta técnica, cualquiera de ellas que se utilice, al igual que la difusión por los distintos medios.
Cabe destacar que en la 13ª Reunión de las plataformas europeas de las autoridades reguladoras de Radiodifusión y Televisión (EPRA), que se realizó en Barcelona, España, el 19 y 20 de abril de 2001, con la participación de 100 representantes de 41 autoridades reguladoras en el campo de Radiodifusión y Televisión de Europa, donde la sugerencia principal de Alemania es que se centre la atención en la prohibición de la publicidad subrepticia y subliminal.
En el mundo, encontramos que en los siguientes países ya se ha legislado en contra de la publicidad subliminal.
44 países del Consejo de Europa
15 países de la Comunidad Económica Europea 5 países nórdicos.
Listado de los 50 países con sus leyes
ARGENTINA (legisló individualmente).
BOLIVIA (legisló individualmente).
AUSTRALIA (legisló individualmente).
ZIMBAWE (legisló individualmente).
JAPÓN (legisló individualmente).
ESPAÑA (legisló individualmente, en conjunto con 44 países del Consejo de Europa y refrendó la realizada con éstos. Además también con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
MALTA (legisló individualmente y en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
HUNGRÍA (legisló individualmente y en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
DINAMARCA (legisló individualmente, en conjunto con los países nórdicos, con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
ESTADOS UNIDOS (declaró los subliminales contrarios al interés público).
REINO UNIDO (legisló individualmente y en conjunto con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
HOLANDA (legisló individualmente y en conjunto con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
PORTUGAL (legisló individualmente y en conjunto con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
ISLANDIA (legisló individualmente, en conjunto con los países nórdicos y en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
TURQUÍA (legisló individualmente y en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
RUSIA (actualmente se llama Federación Rusa), (legisló individualmente y en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
REPUBLICA CHECA (legisló individualmente y en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
SUECIA (legisló en conjunto con los países nórdicos y con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
FINLANDIA (legisló en conjunto con los países nórdicos, con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
NORUEGA (legisló en conjunto con los países nórdicos y en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
ALBANIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
ANDORRA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
ARMENIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
AUSTRIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
AZERBAIJAN (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
BÉLGICA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
BOSNIA Y HERZEGOVINA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
BULGARIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
CROACIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
CYPRUS (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
ESTONIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
FRANCIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
GEORGIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
ALEMANIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
GRECIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
IRLANDA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
ITALIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
LATVIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
LIECHTENSTEIN (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
LITUANIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
LUXEMBURGO (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa y con los 15 países de la Comunidad Económica Europea).
MOLDOVA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
POLONIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
RUMANIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
SAN MARINO (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
ESLOVAQUIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
ESLOVENIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
SUIZA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
REPUBLICA DE MACEDONIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
UCRANIA (legisló en conjunto con 44 países del Consejo de Europa).
Legislaciones de los países mencionados:
ARGENTINA
Ley Nacional de Telecomunicaciones Ley No. 19.798, de agosto de 1972.
``El presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con fuerza de ley... ARTÍCULO 108. PROHÍBESE la utilización del procedimiento de PERCEPCIÓN SUBLIMINAL.''
CÓDIGO DE ÉTICA Y AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA
El 15 de marzo de 2002 quedó constituido el CONSEJO DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA (CONARP, producto del acuerdo entre la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAAP) y la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA) para el tratamiento conjunto de temas de ética en la comunicación publicitaria. El preámbulo del Código de Ética y Autorregulación Publicitaria dice que: ``El Consejo Argentino de Autorregulación Publicitaria CONARP tiene por misión velar por la práctica de la autorregulación publicitaria por parte de los anunciantes, las agencias de publicidad y la comunicación y los medios de comunicación en defensa de la ética y el ejercicio responsable de la libertad de expresión comercial.'' En la parte III dice lo siguiente sobre los subliminales: ``III. Disposiciones especiales: PUBLICIDAD SUBLIMINAL: Artículo 15.- Ningún mensaje puede incluir técnicas dirigidas a inducir su PERCEPCIÓN SUBLIMINAL por parte del receptor sin que éste pueda reconocer que se trata de un aviso.
BOLIVIA
LEY DE TELECOMUNICACIONES del 5 de Julio de 1995, Ley Nro. 1632.
``Artículo 65.- No está permitido el procedimiento de PERCEPCIÓN SUBLIMINAL.''
DECRETO SUPREMO No. 24132. REGLAMENTO A LA LEY DE COMUNICACIONES. Incluye las modificaciones establecidas por D. S. 24778 de fecha 31-7-97, D. S. 24995 de fecha 30-3-98, D. S. 25950 de fecha 20-10-2000, D. S. 26011 de fecha 1-12-2000, D. S. 26401 de fecha 30-11-2001 y R .A .R. 2000/1033 de fecha 15-12-2000.
``CAPITULO IV. DE LA PROGRAMACIÓN ARTICULO 469.- El procedimiento de PERCEPCIÓN SUBLIMINAL está prohibido durante todo el tiempo de transmisión de las emisoras sean programa o publicidad.''
CONSEJO DE EUROPA (44 países miembros)
Esta es la legislación más representativa firmada por países en conjunto que se refiere a los subliminales, y está realizada por el CONSEJO DE EUROPA (Council of Europe) que consta de 44 países miembros que son los siguientes: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Cyprus, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldova, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Federación Rusa, San Marino, Eslovakia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, República de Macedonia, Turquía, Ucrania, Reino Unido. Estos 44 países han firmado el CONVENIO EUROPEO SOBRE TELEVISION TRANSFRONTERIZA (European Convention on Transfrontier Television), en Estrasburgo el 5 de mayo de 1989; texto corregido acorde a las provisiones del Protocolo (ETS Nro. 171) que entró en vigor el 1 de marzo de 2002. Que prescribe en el Artículo 13, punto 2: ``Publicidad... no puede utilizar técnicas subliminales''. (Advertising... shall not use subliminal techniques).
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (también llamado Mercado Común Europeo)
Actualmente está formado por 15 países, que son: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Reino Unido y cuentan con la Ley de Regulación de Radiodifusión y Televisión para la Comunidad Europea (Broadcasting Regulation by the European Community). Contenido 2 - Publicidad... (Content 2 - Advertising, Sponsorship and Teleshopping) ``...técnicas subliminales y publicidad subrepticia está prohibida''. (...subliminal techniques and surreptitious advertising are prohibited).
AUSTRALIA
El ``Australian Programme Standards'' dictaminó: ``La licencia NO DEBE PERMITIR a la estación que utilice el proceso conocido como PERCEPCION SUBLIMINAL o por cualquier otra técnica que intente conducir información, de cualquier clase fuere lo que fuere, a la audiencia a través de mensajes a través de radiodifusión y/o televisión (broadcasting) por debajo o cercano al límite de la normal conciencia'' (Subliminal Advertising, Australian Broadcasting Tribunal, Sydney, 1984, p.1) (The Australian Programme Standards states: A license SHALL NOT ALLOW his station to be used for the process known as SUBLIMINAL PERCEPTION or for any other technique which attempts to convey information, of any sort whatsoever, to the viewer by transmitting messages BELOW OR NEAR THE THRESHOLD OF NORMAL AWARENESS'' (Subliminal Advertising, Australian Broadcasting Tribunal, Sydney, 1984, p.1).
También hace similar referencia a prevenirse de la percepción subliminal la ley de BROADCASTING SERVICE ACT 1992 que en base a ésta se sancionó la INTERNATIONAL BROADCASTING GUIDELINES 2000 (Pautas para Radiodifusión y Televisión Internacional del 2000) que en el parte 7 habla de las TÉCNICAS PERSUASIVAS y en el punto 7.2 prohíbe las técnicas de percepción subliminal.
ZIMBAWE
Ley ``BROADCASTING SERVICES ACT, 2001'', en la parte I prescribe: ``Técnicas subliminales significa el uso de cualquier dispositivo técnico que utilizando imágenes de muy corta duración o de cualquier otro sentido, explota la posibilidad de transmitir un mensaje a, o si no influenciar las mentes de, miembros de la audiencia sin que estén conscientes, o totalmente conscientes de lo que se está haciendo.'' (``''subliminal techniques'' means the use of any technical device which, by using images of very brief duration or by any other means, exploits the possibility of conveying a message to, or otherwise influencing the minds of, members of an audience without their being aware, or fully aware, of what has been done;''), y en el artículo 19, en el punto 8 prescribe: ``Publicidad... no puede utilizar técnicas subliminales''. (Advertising... shall not use subliminal techniques).
JAPÓN
THE NATIONAL ASSOCIATION OF COMMERCIAL BROADCASTERS IN JAPAN BROADCASTING STANDARDS: En la parte 8, punto 59: ``La técnica que intenta comunicar un cierto mensaje a la audiencia que normalmente está insensiblemente a su alcance (conocido como ``técnica de expresión subliminal'') no es considerado limpio y no es apropiado para radiodifusión y televisión.'' (The technique which is intended to communicate a certain message to the audience by the means normally insensible to them (known as the ``subliminal expression technique'') is not regarded to be fair and is not appropriate for broadcasting.)
ESPAÑA
LEY DE REGULACIÓN DE LA TELEVISIÓN PRIVADA Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Regulación de la Televisión Privada. publicado en España, en el Boletín Oficial del Estado, (``B.O.E.'', número 108, de 5 de mayo de 1988) PREÁMBULO
La televisión es, en nuestro ordenamiento jurídico y en los términos del artículo 128 de la Constitución, un servicio público esencial, cuya titularidad corresponde al Estado. Esta configuración de la televisión como servicio público ha recibido el reconocimiento de nuestro Tribunal Constitucional y puede decirse que representa, asimismo, un principio ampliamente aceptado en el Derecho público europeo, como se recogió en la Conferencia del Consejo de Europa sobre política de comunicación celebrada en Viena. La finalidad de la televisión como tal servicio público ha de ser, ante todo, la de satisfacer el interés de los ciudadanos y la de contribuir al pluralismo informativo, a la formación de una opinión pública libre y a la extensión de la cultura.
CAPITULO IV Del régimen de infracciones y sanciones:
Artículo 24. 1. Las infracciones de lo previsto en la presente Ley se clasifican en muy graves, graves y leves. 2. SERÁN INFRACCIONES MUY GRAVES: d) La transmisión de mensajes cifrados, convencionales o de CARÁCTER SUBLIMINAL. Artículo 25. 1. Las infracciones serán sancionadas: c) Las muy graves, con multa de 15.000.001 a 50.000.000 de pesetas, suspensión temporal de las emisiones por plazo máximo de quince días o extinción de la concesión.
LEY GENERAL DE PUBLICIDAD, la cual es una de las más importante ya que en el artículo 7 define lo que es lo subliminal
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Don Juan Carlos I, Rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: La adhesión de España a las Comunidades Europeas implica, entre otros, el compromiso de actualizar la legislación española en aquellas materias en las que ha de ser armonizada con la comunitaria.
TÍTULO II. DE LA PUBLICIDAD ILÍCITA
Artículo 3. Es ilícita: a. La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer. b. La publicidad engañosa. c. La publicidad desleal. d. La publicidad subliminal. e. La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios. Artículo 6. Es publicidad desleal: a. La que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades. Artículo 7. A los efectos de esta Ley, será publicidad subliminal la que mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley. Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 11 de noviembre de 1988.
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2001, de la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española, por la que se hacen públicas las normas reguladoras de la emisión de publicidad por ``Televisión Española, Sociedad Anónima'', aprobadas por el Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española en su reunión de 11 de enero de 2001. El Consejo de Administración del ente público Radiotelevisión Española, en su reunión de 11 de enero de 2001, ha aprobado las normas reguladoras de la emisión de publicidad por ``Televisión Española, Sociedad Anónima'', previo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 8.1.j) de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión. De conformidad con lo previsto en el artículo 11.a) de la citada Ley 4/1980, corresponde a esta Dirección General la función de ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del ente público Radiotelevisión Española. En su virtud, esta Dirección General acuerda: Hacer públicas las normas reguladoras de la emisión de publicidad por ``Televisión Española, Sociedad Anónima'', aprobadas por el Consejo de Administración del ente público Radiotelevisión Española, en su reunión de 11 de enero de 2001, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 22 de enero de 2001.-El Director general, Javier González Ferrari. ANEXO Normas reguladoras de la emisión de publicidad por ``Televisión Española, Sociedad Anónima'', aprobadas por el Consejo de Administración del ente público Radiotelevisión Española en su reunión de 11 de enero de 2001. I. NORMAS GENERALES 1. Régimen jurídico.- La publicidad a emitir por TVE se regirá por la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad... 6. Publicidad ilícita. Será considerada publicidad ilícita: a) La publicidad que fomente comportamientos perjudiciales para la salud o la seguridad humanas o para la protección del medio ambiente; la que atente al debido respeto a la dignidad de las personas o a sus convicciones religiosas y políticas o las discrimine por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión, o cualquier otra circunstancia personal o social; la que no respete el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; y en general, toda aquella que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer. Igualmente, la que incite a la violencia o a comportamientos antisociales, la que apele al miedo o a la superstición y la que pueda fomentar abusos, imprudencias, negligencias o conductas agresivas; así como la que incite a la crueldad o al maltrato a las personas o a los animales o a la destrucción de bienes de la naturaleza o culturales. b) La publicidad engañosa, desleal o subliminal, en los términos establecidos en los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley 34/1988. III. NORMAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 16. Criterios generales de protección.- La publicidad a emitir por TVE no contendrá imágenes o mensajes que puedan perjudicar moral o físicamente a los menores.
LEY 4/1999, de 11 de mayo, Reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de ANDALUCIA.
Articulo 4. Principios. 1. La actividad publicitaria deberá desarrollarse con respeto a los principios de igualdad, objetividad y veracidad; defensa de la dignidad de la persona, con especial atención al desarrollo cultural y social, a la protección de la infancia y de la juventud, a la imagen de la mujer y de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o religión. 2. En cualquier caso, dicha actividad publicitaria no podrá tener en sus contenidos carácter engañoso, desleal, subliminal o encubierto; debiendo respetar las prohibiciones y limitaciones normativas que en cada caso sean de aplicación y, en particular, la de concurrencia en el patrocinio de actividades con empresas dedicadas a la producción y comercialización de drogas institucionalizadas, así como impedir que puedan producir efectos negativos para los derechos y deberes de los ciudadanos y para la adecuada protección de los valores constitucional y estatutariamente reconocidos.
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 136 de 08-06-99 LEY 22/1999, de 7 de junio, de Modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
Artículo 8. Publicidad y tele venta ilícitas. 2. La publicidad y la tele venta no deberán utilizar técnicas subliminales, entendiendo por tales las que contienen los elementos que se recogen en la citada Ley General de Publicidad para definir la publicidad subliminal.»
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 309 de 27-12-95 Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión local por ondas terrestres.
TITULO III Régimen sancionador Artículo 16. Infracciones y sanciones. 1. El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre de Ordenación de las Telecomunicaciones; en la Ley 25/1994, de 22 de julio, así como en las correspondientes normas de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los efectos jurídicos y las responsabilidades que para el concesionario pudieran derivarse del incumplimiento de la legislación de contratos de las Administraciones públicas. 2. Además, se considerarán infracciones muy graves, que serán sancionadas con multa de hasta 10.000.000 de pesetas, las siguientes: c) La violación, declarada en resolución firme, de las normas vigentes sobre protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, campañas electorales y difusión de sondeos y ejercicio del derecho de rectificación. d) La transmisión de mensajes cifrados, convencionales o de carácter subliminal.
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 166 de 13-07-94 Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español de la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
CAPITULO III De la publicidad por televisión y del patrocinio televisivo Artículo 9. Publicidad ilícita. 1. Además de lo que resulta de lo dispuesto en artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, es ilícita, en todo caso, la publicidad por televisión que fomente comportamientos perjudiciales para la salud o la seguridad de las personas o para la protección del medio ambiente; atente al debido respeto a la dignidad humana o a las convicciones religiosas y políticas; o discrimine por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión, o cualquier otra circunstancia personal o social. Igualmente, será ilícita la publicidad que incite a la violencia o a comportamientos antisociales, que apele al miedo o a la superstición o que pueda fomentar abusos, imprudencias, negligencias o conductas agresivas. Tendrá la misma consideración la publicidad que incite a la crueldad o al maltrato a personas o animales, o a la destrucción de bines culturales o naturales. 2. La publicidad no deberá utilizar técnicas subliminales, entendiendo por publicidad subliminal la definida como tal en la citada Ley General de Publicidad.
Es muy importante destacar que ESPAÑA, además de firmar este convenio, lo ha RATIFICADO en su país con este documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E. núm. 96 de 22-04-98). AQUI VUELVE A RATIFICAR EXPLICITAMENTE QUE LOS SUBLIMINALES ESTAN PROHIBIDOS. Este es parte del texto: Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo sobre televisión Transfronteriza, hecho en Estraburgo el 5 de mayo de 1989. Por cuanto el día 5 de mayo de 1989, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Estrasburgo el Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza, hecho en el mismo lugar y fecha, Vistos y examinados el Preámbulo, los treinta y cuatro artículos y el Anexo de dicho Convenio, Concedida por las Cortes Generales la Autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución. Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, Mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asunto Exteriores. CONVENIO EUROPEO SOBRE TELEVISION TRANSFRONTERIZA Artículo 13, punto 2: LA PUBLICIDAD SUBLIMINAL QUEDA PROHIBIDA.
MALTA
BROADCASTING ACT, 1 de junio de 1991
PARTE I, punto 2.: ``Técnicas subliminales significa el uso de cualquier dispositivo técnico que utilizando imágenes de muy corta duración o de cualquier otro sentido, explota la posibilidad de transmitir un mensaje a, o si no influenciar las mentes de, miembros de la audiencia sin que estén conscientes, o totalmente conscientes de lo que se está haciendo.'' (``''subliminal techniques'' means the use of any technical device which, by using images of very brief duration or by any other means, exploits the possibility of conveying a message to, or otherwise influencing the minds of, members of an audience without their being aware, or fully aware, of what has been done;'')
HUNGRÍA
RADIO AND TELEVISION SERVICES ACT 1996
Capítulo 1 (Provisiones Generales), Sección 2, Definiciones para los propósitos de este Acto. Punto 40: ``La publicidad subliminal, significará la publicidad, que, debido a la duración corta o a cualquier otra razón, ejerce influencia sobre la exposición en el espectador o en el oyente por medio de un estímulo de sonido o de luz que está considerado por debajo del umbral del estímulo necesario para una percepción psicológicamente consciente.'' (Subliminal advertising shall mean advertising, which, due to the short duration or any other reason, exerts influence upon exposure on the viewer or listener by means of a sound or light stimulus that is considered below the threshold of stimulus necessary for psychologically conscious perception.) TÍTULO 4, Sección 10, Prohibiciones y restricciones en publicidad (4) Publicidad indirecta o subliminal no será emitida.
DINAMARCA
Executive Order on Radio and Television Advertising and Programme Sponsorship, NO PERMITE
TECNICAS SUBLIMINALES EN PUBLICIDAD.
ESTADOS UNIDOS
Comisión Federal de Comunicaciones: Federal Communications Commission Document, FCC 74-78, ``BROADCAST OF INFORMATION BY MEANS OF ``SUBLIMINAL PERCEPTION'' TECHNIQUES,'' emitida el 24 de enero de 1974: ``Nosotros creemos que el uso de la percepción subliminal [...] es contrario al interés público.'' ``We believe that the use of subliminal perception... are contrary to the public interest.''
La ABC prohíbe los subliminales en sus emisiones:
ADVERTISING STANDARDS AND GUIDELINES MARCH 2001 ABC, INC. DEPARTMENT OF BROADCAST STANDARDS AND PRACTICES (Pautas y standards en publicidad Departamento de Prácticas y Standards de Emisión)
PERCEPCION SUBLIMINAL STANDARD Desde que todos los anuncios comerciales deben ser claramente identificados como tales, ABC no emitirá mensajes que utilicen la técnica de ``percepción subliminal'' (por ejemplo, la transmisión de información por debajo del umbral de sensación o de conciencia de la audiencia) o cualquier técnica similar.'' (SUBLIMINAL PERCEPTION STANDARD Since all commercial announcements must be clearly identified as such, ABC will not broadcast messages utilizing the technique of ``subliminal perception'' (e.g., the transmission of information below the audience?s threshold of sensation or awareness), or any similar technique.)
REINO UNIDO
THE TELEVISION ACT 1964
Provisiones generales con respecto al contenido de los programas. (3) Están prohibidos los usos de técnicas subliminales. (General provisions with respect to content of programmes. (3) prohibits use of subliminal techniques.)
HOLANDA
MEDIA ACT OF 1987
``Sección 50, punto 8: ``Las Técnicas subliminales no podrán ser utilizadas en publicidad de Radio y Televisión...''
CÓDIGO HOLANDÉS DE PUBLICIDAD
Mayo de 2000
``ARTÍCULO 10: ...El uso de técnicas subliminales en publicidad audiovisual está también prohibido''. Y más abajo se puede leer: ``NOTA DEL ARTÍCULO 10: Técnicas subliminales utiliza imágenes y/o sonidos insertados de una muy pequeña duración intentando influenciar al espectador o el oyente posiblemente sin su conocimiento o sin la capacidad de percibirlo.''
PORTUGAL
CÓDIGO DA PUBLICIDADE, Decreto-Lei nº 330/90, de 23 de Outubro (Com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei nº 74/93, de 10 de Março, n.º 6/95, de 17 de Janeiro e nº61/97 de 25 de Março, n.º275/98 de 9 de Setembro)
Artigo 9º (Publicidade oculta ou dissimulada) 1 - É vedado o uso de imagens subliminares ou outros meios dissimuladores que explorem a possibilidade de transmitir publicidade sem que os destinatários se apercebam da natureza publicitária da mensagem. 2 - Na transmissão televisiva ou fotográfica de quaisquer acontecimentos ou situações, reais ou simulados, é proibida a focagem directa e exclusiva da publicidade aí existente. 3 - Considera-se publicidade subliminar, para os efeitos do presente diploma, a publicidade que, mediante o recurso a qualquer técnica, possa provocar no destinatário percepções sensoriais de que ele não chegue a tomar consciência.
PAíSES NÓRDICOS (NORUEGA, DINAMARCA, FINLANDIA, SUECIA E ISLANDIA)
No se nombra explícitamente los subliminales, pero la definición, sin duda, se refiere a la percepción subliminal
THE CONSUMER OMBUDSMAN Guidelines from the Nordic Consumer Ombudsmen, agosto de 1991. Son normas para el marketing en televisión basado en la legislación de prácticas de marketing en los países Nórdicos.
``Punto 3: PUBLICIDAD ESCONDIDA: No pueden utilizarse métodos técnicos que intenten infuenciar al espectador sin que él se percate del mensaje que se está transmitiendo. La Publicidad no debe ser únicamente un llamamiento al subconsciente.'' (3.- Hidden advertising No technical methods may be used which are intended to influence viewers without their being aware of the message being conveyed. Advertising must not appeal solely to the subconscious.'')
ISLANDIA
THE BROADCASTING ACT, No. 53, del 17 de mayo de 2000.
``CAPÍTULO 6, Artículo 16, Principios Generales, (``...las técnicas subliminales no están permitidas en publicidad...'') (Chapter 6, Article 16, General Principles, ``Advertising... shall not use subliminal techniques.'').
TURQUÍA
LEY No. 3984 CONCERNIENTE A LOS FUNDAMENTOS DE EMISIÓN DE TELEVISIÓN Y RADIO, 13 de Abril de 1994. Artículo 19: ``La publicidad subliminal no está permitida''.
RUSIA (ahora llamada Federación Rusa)
LEY FEDERAL No. 108-FZ DE LA FEDERACIÓN RUSA, SOBRE PUBLICIDAD, adoptada el 14 de Junio de 1995 y firmada por el presidente Yeltsin: ARTÍCULO 10. PUBLICIDAD SUBLIMINAL ``El uso de radio, televisión, video, audio, film y otro producto, como también la diseminación por otro medio de publicidad subliminal, significando la publicidad que tiene una influencia inconsciente en la percepción del consumidor, incluido el uso de equipamiento especial de video (double sound recording) u otro medio, NO ESTÁ PERMITIDO.'' ``The use of radio, television, video, audio, film and other products, as well as dissemination by other means for subliminal advertising, meaning advertising that has an unconscious influence on the perception of the consumer, including through the use of special video equipment (double sound recording) and other means, is not permitted.''
REPÚBLICA CHECA
BROADCASTING ACT 2001 para la operación de difusión de Radio y Televisión y para cambios de otras leyes, 17 de mayo de 2001.
Artículo 2 (Terminología Básica), punto P: ``La comunicación SUBLIMINAL significará información visual o audiovisual, que está intencionalmente preparada para producir una influencia en el subconsciente del oyente o del espectador, sin dejar la posibilidad de ser percibido conscientemente.'' ``Subliminal communication shall mean an audio, visual or audiovisual information, which is intentionally prepared to produce an influence on subconscious of the listener or viewer, without leaving a possibility to perceive it consciously''
PARTE 3, LICENCIAS, TITULO 1, Procedimiento para obtener la licencias de radio y televisión, artículo 12, punto 12, dice que NO EXTENDERA VALIDEZ A LA LICENCIA EN CASO DE QUE DE QUE HAYA SERIAS VIOLACIONES A LAS OBLIGACIONES LISTADAS MAS ABAJO: Punto d: ``LA EMISION DE COMUNICACIONES SUBLIMINALES.''
Cabe señalar que cualquier discrepancia con la traducción al castellano de las leyes aquí publicadas, debe tomarse como válida la redactada en el idioma nativo de los países al que pertenecen las leyes en cuestión.
La publicidad subliminal bloquea al individuo al tomar sus propias decisiones; así, el ser humano se ve influenciado y manipulado al tomar diversos caminos que convengan a la o las personas interesadas en que el mensaje subliminal les llegue, sobre todo dentro de las campañas políticas y spots publicitarios de algún candidato o partido político presente.
La publicidad subliminal limita la libertad de opinión y de decisión que por derecho a todos nos corresponde como garantía constitucional y es parte de los derechos humanos. Así que al utilizarse este tipo de publicidad, refleja dentro de la política de México que no existe aún una democracia como todos la esperamos y lo que aún existe es el atraso en las leyes, las que deben de anular el proceso electoral, esto es, las elecciones cuando se compruebe plenamente la utilización de mensajes subliminales dentro de ella, puesto que si como seres humanos vivimos en una sociedad y no respetamos nuestra libertad de decisión, esto se refleja claramente en el estancamiento del desarrollo de nuestra democracia.
Jamás existirá un cambio en la política si no se hace desde las bases que regulan el buen manejo de las campañas electorales, desde lo más simple como dejar a los ciudadanos decidir por sus propios medios quien los ha de representar en los cuerpos colegiados y en el Ejecutivo Federal.
Dentro del mundo en el que vivimos existen ya cincuenta países que prohíben la publicidad subliminal dentro de sus leyes y constituciones con el fin de proteger a sus ciudadanos y respetar sus derechos. Sin embargo, nuestro país aún no refleja su capacidad de actualización en sus reformas.
En materia internacional el que un país en vías de desarrollo como el nuestro todavía presente ese atraso en materia electoral, política y social como hasta ahora lo ha venido presentando, es símbolo de que esto repercutirá en todo tipo de relaciones, ya sean comerciales, bilaterales, multilaterales y diplomáticas ya que un país que vive todavía con leyes que en realidad no protegen la libertad de decisión de sus ciudadanos en un momento tan importante como lo es la emisión del sufragio, no es símbolo de confianza hacia los demás países.
Por ello hay que tomar en cuenta que si permitimos la posibilidad de que manipulando la capacidad de decisión de quienes hoy representamos, se pone en juego no tan solo nuestra capacidad política, sino nuestro primera obligación que es el cumplimiento de la Constitución Federal y sus garantías individuales.
Si bien es cierto que la iniciativa la presenta uno de los 500 diputados federales, el compromiso de respetar esas garantías constitucionales es de todos.
En atención a las consideraciones antes mencionadas, pongo a su consideración para ser aprobado el siguiente
De los Medios de Impugnación y de las Nulidades en Materia Electoral Federal
Título Sexto
De las nulidades
Capítulo III
De la nulidad de la elección de diputados, senadores y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
1.- ...
a).- ...
b).- ...
c).- ...
d).- Cuando se acredite fehacientemente que en la elección que se impugna se utilizó publicidad subliminal. No procederá esta causal cuando se acredite que el promovente de la nulidad fue quien la provocó.
1.- ...
a).- ...
b).- ...
c).- ...; o
d).- Cuando se acredite fehacientemente que en la elección que se impugna se utilizó publicidad subliminal. No procederá esta causal cuando se acredite que el promovente de la nulidad fue quien la provocó.
1.- Son causales de nulidad de la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
a).- Cuando alguna o alguna de las causales de nulidad previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de esta ley, se acrediten en por lo menos el veinte por ciento del total de las secciones ubicadas en el territorio nacional; o
b).- Cuando no se instalen las casillas en cuando menos el veinte por ciento de las secciones ubicadas en el territorio nacional; o
c ).- Cuando el candidato al cual se le haya entregado constancia de mayoría por el Instituto Federal Electoral como ganador en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos fuere inelegible; o
d) Cuando se acredite fehacientemente que en la elección que se impugna se utilizó publicidad subliminal. No procederá este motivo cuando se acredite que el promovente de la nulidad fue quien la provocó.
La Sala Superior del Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral en el territorio nacional y se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.
Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Respetuosamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, noviembre 6 de 2003.--- Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica).»
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo al Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un artículo 49-bis a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Con su venia, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Adelante.
El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez:
``Si en verdad la justicia de los hombres tendrá un futuro, éste no podrá estar fuera de la protección de los derechos humanos individuales y sociales y estos derechos, desde ahora se han convertido en una exigencia, precisamente transnacional y tendencialmente universal'': Mauro Capelleti.
La evolución de las condiciones sociológicas, culturales, políticas y jurídicas, ha llevado a la comunidad internacional a fortalecer sus sistemas internos de protección a los derechos humanos, entendidos éstos como indispensables para el desarrollo del individuo y para una adecuada convivencia en sociedad, buscando a través de su eficaz observancia, el justo equilibrio entre el ejercicio del poder del Estado y la libertad de los particulares.
Los especialistas en esta materia hablan de diversas generaciones de derechos humanos:
La primera, que comprende los derechos civiles y políticos fundamentales que implican las libertades esenciales de la persona humana.
La segunda, que comprende los relativos a la economía, la cultura y las garantías sociales que implica obligaciones para el Estado, de proveer a dichos bienes públicos.
La tercera, comprende el derecho a la paz y al medio ambiente sustentable y por último, la cuarta que se gesta en la actualidad y que comprende derechos técnicamente mucho más complejos, tales como el llamado derecho genómico.
Ciertos estamos, de que con independencia de su generación o de su complejidad, no basta con que nuestro sistema jurídico prevea un catálogo de derechos humanos ni tampoco basta con que se hayan establecido los mecanismos de queja propicios para denunciar violaciones a los mismos.
Es indispensable pugnar porque se incremente el cumplimiento de parte de las autoridades responsables, de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Recordemos que el sistema de protección a los derechos humanos, se instituyó en México primigeniamente en 1990, con la creación de un órgano administrativo desconcentrado, que tras una breve, pero intensa evolución, ha derivado en la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy reconocida como un organismo constitucional autónomo, característica que le permite actuar con imparcialidad e independencia en beneficio de los gobernados.
Del referido sistema de protección se desprende su competencia para conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa a cargo de cualquier servidor público federal, salvo los casos de excepción en asuntos electorales, laborales o jurisdiccionales, procedimiento que podrá concluir de ser procedente y en caso de no haber llegado a una amigable composición entre las partes, en una recomendación pública de carácter no vinculatoria, esto es, que carece de medios coactivos para ser cumplimentada, lo que en consecuencia la convierte triste- mente en muchos casos, en una recomendación no acatada por la autoridad responsable.
Ante esta falta de obligatoriedad, es preciso que la autoridad moral del organismo y la publicidad de sus recomendaciones, sean los elementos que induzcan al cumplimiento de la recomendación emitida. Sin embargo no podemos cerrar los ojos ante la realidad que nos denota la existencia de un gran margen de incumplimiento de las mismas.
Ante la negativa de la autoridad para cumplimentar la recomendación, los particulares se ven obligados a acudir a otras instancias legales para que las violaciones a sus derechos humanos no queden impunes, lo cual a los ojos del agraviado y no sin justificación, muchas veces pone en tela de juicio la efectividad misma y la justificación de la existencia de esta noble y necesaria institución.
Sin lugar a dudas no podemos conformarnos con un listado de buenas intenciones que no tengan repercusión práctica en la calidad de vida de las personas.
Es relevante considerar que la falta de vinculación no es impedimento para buscar nuevas alternativas que conminen a que la autoridad cumpla de manera responsable con lo que le ha sido recomendado.
En este orden de ideas, sugerimos que ante la negativa de la autoridad, el mismo carácter público de la recomendación, brinde la oportunidad de llevar la resolución inobservada, a un nivel de difusión alterno que permita distender las fricciones entre la Comisión y la autoridad y que al mismo tiempo impulse a la autoridad a cumplir lo recomendado sin necesidad de que se acuda a otros medios legales, para lo cual consideramos que es el Senado, y en caso de receso la Comisión Permanente, la instancia idónea jurídica y políticamente para coadyuvar en los casos de recomendaciones no acatadas, sin transgredir la no obligatoriedad de las recomendaciones para buscar su debida cumplimentación.
Compañeras y compañeros legisladores: tenemos ante noso-tros la oportunidad de dar un impulso a nuestro sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos que pudiera de esta forma notoriamente coadyuvar para que el Estado cumpla con la impostergable obligación de velar por la observancia de los derechos humanos tras una recomendación que así lo ordene.
De tal forma proponemos con esta iniciativa insertar un párrafo tanto al apartado B del artículo 102 constitucional como a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que establezca que: ``cuando las recomendaciones emitidas por ésta no sean acatadas por las autoridades o servidores públicos federales, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a su juicio podrán llamar a las autoridades o servidores públicos involucrados para que comparezcan ante ella a efecto de que expliquen el motivo de su negativa''.
Culmino la presentación de esta iniciativa resaltando la trascendencia de consolidar nuestro sistema de protección a los derechos humanos, que si bien no forma parte en sentido estricto del derecho procesal constitucional, sí ha cobrado un papel muy importante como un sistema que pugna no sólo por el respeto formal a los preceptos consti- tucionales y a los derechos humanos, sino que más aún establece un instrumento para la defensa de los derechos elementales de la persona humana que se traduzca en una mejor calidad de vida para cada uno de nosotros como parte integrante del elemento más importante del Estado: el pueblo de México.
Nos corresponde a nosotros, señores y señoras legisladoras, en esta nueva etapa de la vida democrática de la nación, esforzarnos por velar intensa y eficazmente por la observancia de los derechos humanos para hacer de ellos una realidad y no meros conceptos filosóficos o declarativos.
Esta iniciativa, compañeros y compañeras diputadas, pretende dar un paso importante a ese efecto de la consolidación de nuestro sistema de protección y promoción de los derechos humanos.
«Iniciativa que adiciona un párrafo al inciso b del articulo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un artículo 49 bis a la Ley de la Comision Nacional de los Derechos Humanos, sobre las recomendaciones de ese organismo, presentada por el diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del PAN.
El que suscribe, diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura, con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara, iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al inciso B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un artículo 49 bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para lo cual presento la siguiente
I. Derivados del principio de igualdad entre los hombres, los derechos humanos, como prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona humana, son indispensables para el desarrollo del individuo y para una adecuada convivencia en sociedad. Dentro de un Estado de Derecho, los derechos humanos, al constituir una cualidad innata del hombre, representan el punto culminante de la evolución entre poder y libertad, al fijar límites entre quien ejerce la autoridad y los que se encuentran subordinados legalmente a ésta.
A partir de la Revolución Francesa, en la que se consignan en las Constituciones de los nacientes Estados los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, llamados también derechos humanos de la primera generación, se ha dado un progreso creciente en este tema, congruente con la maduración de la misma sociedad.
De esta manera, en la actualidad se reconoce que no basta con que los ciudadanos cuenten con los mecanismos para ejercer sin represión las prerrogativas políticas y civiles básicas, sino que es necesario que cuenten con las condiciones que les permitan disfrutar de los derechos humanos de segunda generación, es decir, aquellos que se refieren a la economía, cultura y garantías sociales.
Aún más, en los últimos años, sobre todo en países con una tradición en la materia más consolidada, el reconocimiento y protección de los derechos humanos no se limita a los antes enunciados, sino que se extiende a derechos como a la paz y a un medio ambiente sustentable, pertenecientes ambos a la tercera generación de los derechos humanos.
La profundización e interés sobre el alcance y característica de los derechos humanos ha llevado a la conclusión de que, por su propia naturaleza, estos son universales, pues aplican a la persona por el solo hecho de serlo, sin distinción de raza, género, religión o preferencias; son incondicionales, dado que no están sujetos a ningún límite o requisito para su goce; y son inalienables, porque no pueden ser despojados de su titular por ningún título.
Por tanto, es deber del Estado reconocerlos y garantizarlos, creando las condiciones necesarias para que dentro de la paz, justicia y libertad, la persona pueda gozar de estos derechos sin restricción alguna.
La función de la protección estatal debe contribuir al desarrollo integral de la persona, delimitar la esfera de autonomía particular contra el abuso de la autoridad, limitar la actuación gubernamental y crear canales de participación para el manejo de los asuntos públicos por parte de la sociedad.
Sólo de esa manera se puede asegurar que los derechos humanos no deriven en un simple listado de buenas intenciones, que no tienen repercusión en la calidad de vida de las personas.
II. Con el propósito de fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos, así como denunciar las violaciones a los mismos por parte de la autoridad, en México, siguiendo la tradición de muchos países, se instituyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como un organismo autónomo facultado para conocer de quejas ciudadanas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de autoridades o servidores públicos federales, que en su actuar, atenten contra los derechos que ampara el orden jurídico mexicano.
La autonomía de que goza constitucionalmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le permite ejercer sus funciones con imparcialidad, característica imprescindible para respaldar las resoluciones que surgen como resultado de la investigación para conocer de las presuntas violaciones cometidas por la autoridad.
De esa manera, aunque sus recomendaciones en caso de que se compruebe el actuar irregular del servidor público en contra del ciudadano no son vinculatorias, es precisamente la autoridad moral del organismo y la publicidad de que son objeto sus recomendaciones, las que inducen al cumplimiento de lo dictado en la resolución. Sin embargo, ante la negativa de la autoridad para acatar las recomendaciones, el particular deberá acudir a las instancias legales correspondientes para satisfacer sus peticiones y que los actos u omisiones violatorios de los derechos humanos no queden impunes.
La no obligatoriedad de las recomendaciones no resta mérito alguno a la labor que desempeña la Comisión, pues si bien coexiste jurídicamente con otros órganos legales que sí pueden sancionar actitudes violatorias, cada uno de ellos tiene su propio campo de acción en lo que a protección de derechos humanos se refiere.
No obstante que la falta de vinculación es un elemento fundamental de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto no debe ser motivo para que, dentro del límite que ello representa, se busquen alternativas que conminen a la autoridad a responder ante el particular y la sociedad de modo responsable, sin justificaciones que sólo buscan entorpecer el restablecimiento de la situación o la reparación del daño ocasionado por la violación a los derechos humanos del afectado, sobre todo cuando los elementos de convicción presentados por la Comisión Nacional son contundentes.
Por tal razón, si la publicidad de las recomendaciones debe ser uno de los factores principales para su acatamiento, se considera conveniente que cuando la autoridad persista en su negativa, se pueda llevar el caso a un nivel de difusión alterno, que por un lado, distienda las fricciones entre la Comisión y la autoridad, y por el otro, genere la voluntad de la autoridad para cumplir lo recomendado sin que se tenga que recurrir a otros medios legales.
En este sentido, la Cámara de Senadores, por ser quien interviene en la elección del Presidente y de los consejeros que integran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene la capacidad negociadora y jurídica que se requiere para llevar a buen término los propósitos antes señalados.
De esa manera, sin transgredir la no obligatoriedad de las recomendaciones, se estará coadyuvando, en los casos que así lo ameriten a juicio de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en los recesos de aquélla, al refuerzo de la labor de investigación y denuncia que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente
Primero. Se adiciona un párrafo último al inciso B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
A. ...
B. ...
...
...
...
...
...
...
...
Cuando las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no sean acatadas por las autoridades o servidores públicos federales, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a su juicio, podrán llamar a las autoridades o servidores públicos involucrados para que comparezcan ante ella, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
Segundo. Se adiciona un artículo 49 bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:
Artículo 49 bis. Cuando las recomendaciones no sean acatadas por las autoridades o servidores públicos federales, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a su juicio, podrán llamar a las autoridades o servidores públicos involucrados para que comparezcan ante ella, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados.--- Dip. Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra la diputada Amalia Dolores García Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que adiciona un inciso j) a la fracción IV del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Muchas gracias, señor Presidente; con su venia; compañeras y compañeros:
El artículo 39 de la Constitución señala que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; todo poder público dimana del pueblo. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia el pueblo ha luchado por hacer efectiva esa prerrogativa que le ha sido conculcada con frecuencia.
Uno de los graves problemas nacionales ha sido la concentración de un gran número de facultades en el jefe del Poder Ejecutivo, lo que llevó hasta hace muy poco a los depositarios de ese poder a arrogarse el derecho de designar sucesor y a utilizar los recursos y la estructura de la administración pública para ese fin con una concepción patrimonialista que ha violentado el Estado de Derecho. Esa conducta autoritaria ha anulado la libertad de las ciudadanas y de los ciudadanos para decidir libremente y los ha despojado de su derecho a elegir.
Cuando un gobernante ha usado el poder público para inhibir la libertad de los ciudadanos para elegir ha atentado también contra la base misma de la República, contra su carácter representativo y democrático que surge de y sólo de la soberanía popular.
Lamentablemente hoy no podemos decir aún que ya concluyó la batalla por construir un régimen plenamente democrático en el país, porque a pesar de avances en el ámbito federal existen asimetrías preocupantes que se reflejan en resistencias en el ámbito estatal a que la democracia plena y la libertad de las personas para decidir se conviertan en una norma.
Muchas mexicanas y mexicanos hemos luchado durante años para que esos valores sean los que nos rijan y porque se construya en nuestro país un estado social y democrático de derecho. Vamos a seguir haciéndolo mientras ello sea necesario. Esa es la razón de la presentación de esta iniciativa de decreto. No es difícil de entender que el paso decisivo que marca el tránsito de un régimen autoritario a uno democrático lo constituye la transmisión del poder político en manos de un grupo de personas a un conjunto de normas y reglas institucionalizadas para que dichas normas e instituciones sean las que decidan en adelante sobre la distribución del poder en esa sociedad.
Si se analizan en retrospectiva las distintas reformas a nuestra legislación electoral nadie podrá negar que la introducción de algunas disposiciones específicas han sido centrales y que a partir de ellas se ha modificado el horizonte político todo.
Al respecto ejemplos claros lo son las normas que establecieron la fórmula actual de integración de esta Cámara de Diputados o las que crearon el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Federal Electoral. Este es el efecto que pretende la iniciativa que someto a consideración de esta soberanía: introducir una norma que provoque un comportamiento electoral que erradique una práctica política absoluta- mente antidemocrática que hoy constituye uno de los principales obstáculos para la transición democrática del país, la interferencia indebida y con todo el poder del Estado de algunos gobernadores de las entidades federativas en los procesos electorales, para favorecer e impulsar a un determinado candidato, práctica autoritaria y hegemónica que confunde federalismo con un proceso de feudalización que pretende preservar a nivel local un ejercicio arbitrario del poder mediante la entronización de un linaje para la sucesión de puestos de elección popular.
No hay duda que esta tendencia debilita al federalismo, socava el principio de la división de poderes, auspicia un centralismo gubernamental y dificulta el desarrollo de una descentralización democrática de las entidades federativas en detrimento de la vida política, económica y social de la nación toda.
En el proyecto se propone como consecuencia que dicha intervención ilegal del gobernador de un estado en los procesos electorales, ya sea por sí o por medio de otras autoridades, para que la elección recaiga en determinada persona, podrá ser motivo de dos tipos de sanciones distintas, no excluyentes sino complementarias: la nulidad de la elección y la responsabilidad del mismo servidor público.
Con esta disposición se pretende evitar que por sí o por interpósita persona, el jefe del Ejecutivo infractor defraude la finalidad de una contienda democrática, preservando en cambio la coexistencia de condiciones para la realización de un proceso democrático que sea la expresión verdadera de la soberanía popular a través de elecciones, por medio del voto universal igual, libre y secreto, bajo condiciones de equidad en la contienda electoral, así como la vigencia de los principios rectores de la función electoral: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia y un diseño institucional en el que coexistan autoridades que tienen a su cargo la organización de las elecciones y otras jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, ambas con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
El gobernador es el titular del Poder Ejecutivo de un estado, su posición es determinante en los medios en que se desarrolla y entre los sujetos con quienes interactúa, así como relevante es el peso político y social de sus decisiones. Es natural por esto que si un mandatario estatal interviene en los procesos electorales orientando la administración pública a favor de determinada candidatura, altera los principios de igualdad en los ciudadanos para acceder a los cargos públicos, así como el principio de equidad en la contienda electoral.
La libertad de sufragio, cuyo principal componente es la vigencia efectiva de las libertades políticas, se traduce en que el voto no debe ser sujeto de presión, intimidación o coacción alguna.
La legislación electoral, en aras de proteger el principio de equidad que rige los procesos electorales, prohíbe genéricamente actos que produzcan presión o coacción sobre los ciudadanos, porque destruyen la naturaleza del sufragio.
La razón legal de instituir una causal de nulidad electoral, consiste en salvaguardar los principios y valores tutelados por el régimen democrático mexicano y si la intervención indebida del gobernador de un estado en los procesos electorales para que la elección recaiga en determinada persona por sí sola es capaz de vulnerar los valores fundamentales de toda contienda democrática tales como la libertad del sufragio, el principio de igualdad, en principio de equidad y el principio de neutralidad, es innegable la necesidad y pertinencia de prever la ilegalidad de conducta de mandatarios locales como causal de nulidad de elección y la responsabilidad del mismo servidor público por su actuar fraudulento.
De este modo, dada su importancia, la causal de nulidad electoral quedaría integrada en el mismo contenido del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al lado de los principios básicos que deben inspirar y determinar la conformación de los poderes locales y el orden constitucional de las entidades federativas para que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garanticen su instrumentación y aplicación.
En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositante legislativo en un sólo individuo.
Los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos con sujeción a las siguientes normas:
Inciso 4o. Las constituciones y leyes de los estados en materia Electoral garantizarán que
Inciso j).- Se establezca como causal de nulidad de la elección respectiva y de responsabilidad del mismo servidor público, la intervención ilegal del gobernador de un estado en los procesos electorales, ya sea por sí o por medio de otras autoridades o agentes para que la elección recaiga en determinada persona.
Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto.
«Iniciativa que adiciona un inciso j) al artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, presentada por la diputada Amalia Dolores García Medina, del grupo parlamentario del PRD.
La que suscribe, Amalia García Medina, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presenta ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa de decreto que adiciona un inciso j) al artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
El artículo 39 de la Constitución señala que ``la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo''. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia, el pueblo ha luchado por hacer efectiva esa prerrogativa que le ha sido conculcada con frecuencia.
Uno de los graves problemas nacionales, ha sido la concentración de un gran número de facultades en el jefe del Poder Ejecutivo, lo que llevó hasta hace muy poco a los depositarios de ese poder a arrogarse el derecho de designar sucesor y a utilizar los recursos y la estructura de la administración pública para ese fin, con una concepción patrimonialista que ha violentado el Estado de derecho.
Esa conducta autoritaria ha anulado la libertad de las ciudadanas y los ciudadanos a decidir libremente, y los ha despojado de su derecho a elegir.
Cuando un gobernante ha usado el poder público para inhibir la libertad de los ciudadanos para elegir, ha atentado también contra la base misma de la República; contra su carácter representativo y democrático, que surge de y sólo de, la soberanía popular.
Lamentablemente, hoy no podemos decir aún que ya concluyó la batalla por construir un régimen plenamente democrático en el país, porque a pesar de avances en el ámbito federal, existen asimetrías preocupantes que se reflejan en resistencias en el ámbito estatal, a que la democracia plena y la libertad de las personas para decidir se conviertan en una norma.
Muchas mexicanas y mexicanos hemos luchado durante años para que esos valores sean los que nos rijan, y por que se construya en nuestro país un Estado social y democrático de derecho. Vamos a seguir haciéndolo mientras ello sea necesario. Esa es la razón de la presentación de esta iniciativa de decreto.
No es difícil entender que el paso decisivo que marca el tránsito de un régimen autoritario a uno democrático lo constituye la transmisión del poder político en manos de un grupo de personas a un conjunto de normas y reglas institucionalizadas, para que dichas normas e instituciones sean las que decidan en adelante sobre la distribución de poder en esa sociedad.
Si se analizan en retrospectiva las distintas reformas a nuestra legislación electoral, nadie podrá negar que la introducción de algunas disposiciones específicas, han sido centrales, y que a partir de ellas se ha modificado el horizonte político todo.
Al respecto, ejemplos claros lo son las normas que establecieron la fórmula actual de integración de esta Cámara de Diputados o las que crearon el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Federal Electoral.
Este es el efecto que pretende la iniciativa que someto a consideración de esta soberanía: introducir una norma que provoque un comportamiento electoral que erradique una práctica política absolutamente antidemocrática, que hoy constituye uno de los principales obstáculos para la transición democrática del país: la interferencia indebida y con todo el poder del Estado, de algunos gobernadores de las entidades federativas en los procesos electorales, para favorecer e impulsar a un determinado candidato.
Práctica autoritaria y hegemónica que confunde federalismo con un proceso de feudalización que pretende preservar a nivel local un ejercicio arbitrario del poder, mediante la entronización de un linaje para la sucesión de puestos de elección popular.
No hay duda de que esta tendencia debilita al federalismo, socava el principio de la división de poderes, auspicia un centralismo gubernamental y dificulta el desarrollo de una descentralización democrática de las entidades federativas, en detrimento de la vida política, económica y social de la nación toda.
En el proyecto se propone, como consecuencia, que dicha intervención ilegal del gobernador de un estado en los procesos electorales, ya sea por sí o por medio de otras autoridades o agentes, para que la elección recaiga en determinada persona, podrá ser motivo de dos tipos de sanciones distintas, no excluyentes sino complementarias: la nulidad de la elección y la responsabilidad del mismo servidor público.
Con esta disposición se pretende evitar que, por sí o por interpósita persona, el jefe del Ejecutivo infractor defraude la finalidad de una contienda democrática, preservando en cambio la coexistencia de condiciones para la realización de un proceso democrático, que sea la expresión verdadera de la soberanía popular a través de elecciones, por medio del voto universal, igual, libre y secreto, bajo condiciones de equidad en la contienda electoral, así como la vigencia de los principios rectores de la función electoral: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; y un diseño institucional en el que coexisten autoridades que tienen a su cargo la organización de las elecciones y otras jurisdiccionales que resuelven las controversias en la materia, ambas con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
El gobernador es el titular del Poder Ejecutivo de un Estado. Su posición es determinante en los medios en que se desarrolla y entre los sujetos con quienes interactúa, así como relevante el peso político y social de sus decisiones.
Es natural por esto que si un mandatario estatal interviene en los procesos electorales, orientando a la administración pública a favor de determinada candidatura, altera los principios de igualdad de los ciudadanos para acceder a los cargos públicos, así como el principio de equidad en la contienda electoral.
La libertad de sufragio, cuyo principal componente es la vigencia efectiva de las libertades políticas, se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna.
La legislación electoral, en aras de proteger el principio de equidad que rige los procesos electorales, prohíbe genéricamente actos que produzcan presión o coacción sobre los ciudadanos, porque destruyen la naturaleza del sufragio.
Es ya de explorado derecho que la presión puede ser ejercida por personas, organismos o autoridades; que puede ser física o moral; que ésta puede llevarse a cabo en el caso de las autoridades, aprovechando la posición que el cargo les otorga y la influencia que pueden generar. De tal manera que si concurren en sus distintas etapas estas intimidaciones, prohibiciones e inequidades por la indebida intervención de las autoridades, la elección de que se trate no es, ni representa la voluntad ciudadana.
La razón legal de instituir una causal de nulidad electoral, consiste en salvaguardar los principios y valores tutelados por el régimen democrático mexicano. Y si la intervención indebida del gobernador de un Estado en los procesos electorales, para que la elección recaiga en determinada persona, por sí sola es capaz de vulnerar los valores fundamentales de toda contienda democrática, tales como la libertad de sufragio, el principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos, el principio de equidad en las condiciones de la contienda electoral y el principio de neutralidad, es innegable la necesidad y pertinencia de prever la ilegal conducta de mandatarios locales, como causal de nulidad de la elección, y la responsabilidad del mismo servidor público por su actuar fraudulento.
De este modo, dada su importancia, la causal de nulidad electoral quedaría integrada en el mismo contenido del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al lado de los principios básicos que deben inspirar y determinar la conformación de los poderes locales y el orden constitucional de las entidades federativas, para que las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral, garanticen su instrumentación y aplicación.
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Unico. Se adiciona un inciso j) al artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
I. a III. .............
IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que:
a) a i) .............
j) Se establezca como causal de nulidad de la elección respectiva y de responsabilidad del mismo servidor público, la intervención ilegal del gobernador de un estado en los procesos electorales, ya sea por sí o por medio de otras autoridades o agentes, para que la elección recaiga en determinada persona.
V. a VII. ...
...
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de noviembre de dos mil tres.--- Dip. Amalia Dolores García Medina (rúbrica).»
Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para una iniciativa de Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores.
Señor Presidente, señoras y señores diputados:
El de la voz integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo dispuesto por los artículos 55, fracción II; 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores, al tenor de la siguiente
El mundo de hoy tiene ante sí muchos desafíos que afectan a la salud y uno de ellos se destaca particularmente preocupante porque es absolutamente innecesario y contradictorio, me estoy refiriendo, claro está, a la epidemia del tabaquismo.
Como el problema atraviesa las fronteras por intermedio del mercado y del comercio sin dejar a nadie indemne, la solución radica en la participación que habremos de tener todos, el tabaco desde su introducción hace más de 500 años en la civilización occidental tanto por su consumo como por su comercio, ha desempeñado papeles aparentemente sociales y económicos importantes.
Según datos de la Asociación Internacional de los Productores de Tabaco, 75 países en vías de desarrollo contribuyen con el 80% de la producción tabacalera en el mundo.
El tabaquismo adiciona la nicotina por consumo de tabaco fumado, masticado o aspirado, trae como consecuencia una intoxicación crónica que afecta a los aparatos digestivos, circulatorios y respiratorios, así como al sistema nervioso. Favorece el desarrollo de enfermedades cancerígenas en las vías respiratorias.
La nicotina tiene propiedades adictivas como cualquier otra droga pero esta en especial, es seis veces más fuerte que la cocaína y la heroína, por eso es tan difícil dejar de fumar.
Se han identificado más de 4 mil sustancias en el humo del cigarro; la adicción al tabaco se ha convertido en una amenaza para la salud pública, mayor que cualquier enfermedad infecciosa por sí sola y ha destacado una epidemia que causa más defunciones anuales que el VIH-SIDA y la tuberculosis juntos.
Alrededor de 500 millones de personas que están hoy en vida, morirán por causa de tabaco a ritmo actual de 4.9 millones por año y se estima que la tercera parte de estos decesos ocurren en países en vías de desarrollo; vale la pena resaltar que a este paso la cantidad de muertos se duplicará para el año 2020 si no hacemos nada para ponerle freno.
Profundamente preocupados por la escalada del hábito de fumar y de otras formas de consumo del tabaco entre los niños y adolescentes, la adicción al cigarro ha aumentado en los últimos 14 años y según las estadísticas nacionales, a la lista de fumadores se sumaron 4 millones más de personas. La edad promedio de iniciación bajó de 16.5 a 12.3 años y el número de fumadores menores de edad aumentó de 600 mil a 1 millón 300 mil y la proporción de mujeres fumadoras con relación a los hombres adictos aumentó de cuatro varones por una mujer, a dos por cada una de ellas.
Aunado a lo anterior, en nuestro país se presentan las siguientes consideraciones adicionales: Al igual que en el mundo, el tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible en nuestro país; es un problema emergente de salud pública que provoca graves daños a la salud; de 14 millones de personas que fuman, traen como consecuencia que el 52.6% de la población se convierte en fumador pasivo y de este porcentaje, el 62.3% son mujeres.
Lo más grave y triste es que entre los fumadores pasivos, curiosamente se encuentran los grupos más vulnerables de la sociedad: los ancianos y los niños. De acuerdo a los especialistas, ellos son quienes más padecen afecciones respiratorias agudas y sus complicaciones porque no están en posibilidad de protestar por la contaminación tabaquica y dependen únicamente o bien de la responsabilidad y buena voluntad del fumador o de una política pública que regule esta práctica, por lo que creo ya es hora de que unamos fuerzas para combatir a un enemigo común, porque la salud no es un objeto de comercio, ni se compra ni se vende.
Los fumadores pasivos tienen un 20% de probabilidades a desarrollar cáncer de pulmón por estar expuestos al humo del cigarro y México participa activamente en el proceso de negociación del convenio, marco para el control del tabaco que está a cargo de la Organización Mundial de la Salud, mismo que en este 2003 habrá de ratificarse, lo que consecuentemente incrementa las responsabilidades de nuestro país respecto al tema en comento.
En México, la adicción al tabaco es un freno al desarrollo por sus efectos nocivos a la salud y a la pérdida de vida; de ahí que cinco mexicanos mueren por hora, víctimas de enfermedades vinculadas al tabaquismo, lo que representa unas 50 mil personas al año.
En razón de lo anterior, les puedo comentar que la legislación abrevia los periodos para tomar medidas y para corregir las situaciones determinantes. El tabaquismo en México le implica tan sólo al Gobierno Federal, un costo anual de más de 32 mil millones de pesos por el tratamiento de las enfermedades que produce, en contraste con los 8 mil millones de pesos que recauda por impuestos a cigarreras y consumidores de tabaco.
El tabaco es el agente productor de la epidemia actual más importante y tenaz de la juventud. La publicidad de las tabacaleras se dirige preferentemente a la juventud, posibles consumidores que tienen muchos años de vida para fumar cigarrillos; el propósito real es inducir a fumar a los niños y adolescentes e impulsar a los padres a consumir tabaco, a cambio se ofrecen regalos y algo que no se dice: un futuro de tos, dificultad respiratoria por enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, dolores precordiales cardíacos, por angina de pecho, infartos cardíacos y de 10 a 15 años menos de vida.
En resumen, les queremos decir que el tabaco es un asesino, pero sabemos cómo reducir su devastación: mediante una combinación de aumento en los impuestos a los cigarrillos, prohibición a la publicidad de la promoción al tabaco, prohibición del consumo en los lugares públicos y lugares de trabajo, aumento del acceso a programas eficaces para dejar de fumar, una publicidad fuerte contra el tabaquismo y medidas enérgicas contra el contrabando, por lo que de aprobarse esta ley, estaremos salvando millones de vidas, mejorando la salud de todos y ahorrar miles de millones de pesos al erario público.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, pongo a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados para su aprobación, el proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores.
Finalmente, por economía procesal y parlamentaria, le solicito a esta Presidencia se inserte íntegro el texto de la presente propuesta en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Apoyan esta propuesta diputados: por el Partido del Trabajo, Pedro Vázquez González, Oscar González Yáñez; por el Partido de Convergencia; Jaime Moreno Garavilla; por el Partido Revolucionario Institucional; Concepción Castañeda Ortiz y Filemón Arcos Suárez y por el Partido Verde Ecologista de México, todos los integrantes de este grupo parlamentario.
«Iniciativa de Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM.
El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 71, fracción II, 72, inciso h), y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores, al tenor de la siguiente
Primero quiero iniciar comentando que de acuerdo con la declaración universal de los derechos del hombre, todo ser humano tiene derecho a la salud y se considera a la enfermedad como un mal social, por lo tanto, combatirla es una obligación pública. En consecuencia, la salud debe ser el eje sobre el cual deben girar las políticas sociales de un gobierno para asegurar bienestar a su población, echando mano de los conocimientos y avances de la ciencia y su extensión en el campo de la medicina.
La salud implica llevar a cabo acciones con calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, debiendo reconocer, que vivimos en un país cosmopolita, donde existen grandes desigualdades que impactan en la formulación de las políticas públicas en materia de salud, como es el caso de la inicua distribución de riqueza, que ocasiona la exclusión de los programas de salud de grandes grupos sociales que viven en zonas marginadas, es decir, sin garantías de acceso a los servicios para protegerla o restaurarla.
Esta desigual distribución, ha propiciado, la falta de inversión para ampliar la infraestructura y la precarización de la calidad de los servicios, aunado a las notorias deficiencias que presenta dicho sector, hacen que éste preste servicios de muy baja calidad.
El problema principal que explica el rezago y deterioro de los servicios públicos de salud en nuestro país es la insuficiencia de los recursos públicos dedicados a éste rubro, que representan apenas el 2.6 por ciento del producto interno bruto. Es menester destacar que éste presupuesto global, está entre los más bajos de América latina, condición que debe llamar nuestra atención, para que se erradique.
Lo anterior es un problema en sí mismo grave, pero el mundo de hoy tiene ante sí muchos desafíos que afectan a la salud, y uno de ellos se destaca como particularmente horroroso porque es absolutamente innecesario y contradictorio: me estoy refiriendo claro está a la epidemia de tabaquismo. Como el problema atraviesa las fronteras por intermedio del mercadeo y del comercio, sin dejar a nadie indemne, la solución radica en la participación que habremos de tener todos.
El tabaco, desde su introducción -hace más de 500 años- en la civilización occidental, tanto por su consumo como su comercio ha desempeñado papeles aparentemente sociales y económicos importantes.
La historia del tabaco ofrece uno de los más extraordinarios procesos de transculturación. Su uso se propagó con gran rapidez, apenas fue conocido por los primeros europeos que visitaron América. Su significación social sufrió un cambio radical al pasar de las culturas del nuevo mundo a las del viejo mundo.
Según datos de la Asociación Internacional de Productores de Tabaco, 75 países en vías de desarrollo contribuyen con el 80 por ciento de la producción tabacalera en el mundo.
El tabaco es una planta solanácea Nicotiana tabacum, o perenne, cuyas hojas preparadas se fuman, aspiran o mastican y producen adicción. Las hojas de tabaco contienen, en cantidades variables que van del 0.2% al 5 %, según las especies, las condiciones de cultivo y los tratamientos de desecación y fermentación, un alcaloide (nicotina) que excita el sistema nervioso vegetativo, acelera el ritmo cardíaco, aumenta el riesgo de insuficiencia coronaria y dilata las pupilas, además de poseer alquitrán y, en algunos casos, radiactividad.
La nicotina es clasificada desde el punto de vista médico como un veneno violento que en su combustión arrastra sustancias como acroleína, cianuros, óxido de nitrógeno, acetona, amoníaco, benzopirinas, nitrosaminas, entre los más cancerígenos, así como ácido cianhídrico, arsénico, fenoles, nornicotina, oxinicotina, nicotirina y anabasina. Todos considerados como sustancias letales.
El tabaquismo, adicción a la nicotina por consumo de tabaco fumado, masticado o aspirado, trae como consecuencia una intoxicación crónica que afecta a los aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio, así como al sistema nervioso; favorece el desarrollo de enfermedades cancerígenas en las vías respiratorias, e incrementa el riesgo de aborto o pérdida de peso del producto durante el embarazo.
El alcaloide del tabaco o nicotina, en pequeñas dosis, produce una ligera euforia, disminuye el apetito, la fatiga y es incluso un excitante psíquico, pero en dosis elevadas puede provocar una intoxicación grave y enfermedades mortales.
El tabaquismo es la principal causa de muerte previsible en el mundo; sin embargo, muchas personas, sobre todo niños y jóvenes, se inician cada año en el hábito del tabaco y otras continúan fumando. La nicotina tiene propiedades adictivas como cualquier otra droga, pero ésta en especial es seis veces más fuerte que la cocaína y la heroína. Por eso es tan difícil dejar de fumar.
Estadísticas derivadas de una investigación de la UNAM revelan que el 77% de los fumadores quieren dejar esta adicción y lo han intentado por lo menos una vez; sin embargo, tan sólo dos de cada 100 logran abandonarla sin ayuda profesional, pues el arraigo es tan fuerte que más del 50% de ex adictos a otras drogas como heroína y cocaína han declarado que les fue más fácil librarse la adicción a éstas sustancias que del cigarro.
Los fumadores ajustan sus dosis de cigarro para obtener los efectos positivos de la nicotina y evitar los negativos.
Los efectos negativos que tratan de evitar, son los que forman parte de la abstinencia, ansiedad, depresión, etcétera.
Como efectos positivos, buscan una mayor sensación de alerta y vigilancia.
Se han identificado más de 4 mil sustancias en el humo del cigarro. Casi todas son carcinógenas; como las ciliotoxinas que dañan los cilios encargados de barrer el moco en las vías respiratorias y los aceleradores tumorales que provocan y favorecen el crecimiento de éstos una vez que aparecen.
Un gas presente en el humo de cigarro llamado monóxido de carbono se une a la hemoglobina y le impide transportar oxígeno. También el humo del cigarro es un aerosol incompleto y es más dañino para los que rodean al fumador que para éste, ya que al menos éste cuenta con la protección del filtro. Muchos niños con enfermedades respiratorias crónicas son rebeldes a tratamiento porque son hijos de fumadores y su aparato respiratorio se encuentra constantemente agredido.
Al compararlos con quienes no fuman los fumadores tienen tasas de mortalidad 70 veces más altas, siendo las principales causas de muerte en los fumadores:
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
ARTICULO 116 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
LEY GENERAL PARA LA PROTECCION DE LA SALUD DE LOS FUMADORES Y NO FUMADORES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
El cáncer de pulmón.
De igual forma, los fumadores tienen mayores tasas de discapacidad debido a enfermedades crónicas como enfisemas y faltan más al trabajo que los no fumadores y obviamente sus niveles de productividad son menores, y aunque esto no es legal son discriminados en el trabajo por éstos motivos.
Otras consecuencias del humo producido por tabacoLa sangre llega al cerebro y con ella la nicotina que en muy pocos segundos alcanza el sistema nervioso central, Las neuronas se activan con la nicotina esto da como resultado la sensación de ansiedad que se produce en los fumadores.
El humo del tabaco disminuye la capacidad aeróbica y la nicotina que logra atravesar el filtro, baja a través de la faringe hasta los pulmones; esta, es absorbida rápidamente por la sangre a través de los alvéolos y mezclada con la sangre oxigenada llegando al corazón, donde es bombeada a todo el organismo, dañando sus tejidos y aumentando el riesgo de un accidente coronario.
La adicción al tabaco se ha convertido en una amenaza para la salud pública mayor que cualquier enfermedad infecciosa por sí sola, y ha desatado una epidemia que causa más defunciones anuales que el VIH/sida y la tuberculosis juntos.
Alrededor de 500 millones de personas que están hoy en vida morirán por causa del tabaco al ritmo actual de 4,9 millones por año y se estima que la tercera parte de éstos decesos ocurren en países en vías de desarrollo, vale la pena resaltar que a éste ritmo, la cantidad de muertos se duplicará para el año 2020, si no hacemos nada para ponerle freno.
La epidemia de tabaquismo no ha perdonado a ningún país y, al igual que otras crisis sanitarias mundiales, necesita una respuesta coordinada. Sin embargo, a diferencia de las epidemias de enfermedades transmisibles, la adicción al tabaco es transmitida a través de las relaciones comerciales y la globalización.
Dado que la epidemia de tabaquismo ha sido creada y está mantenida por un grupo reducido de personas; algunas de las cuales obtienen jugosas ganancias como resultado; aunque ello sea a costa de la salud de casi todos, por lo que es urgente su desaceleración, para lograr frenarla y controlarla, condición que exigirá el compromiso oficial y de la sociedad en su conjunto.
El tabaquismo mata a la mitad de quienes lo consumen durante sus vidas y éstos morirán de problemas de salud como: cáncer, enfisema, cardiopatías o accidente cerebrovascular. El tabaquismo de los adolescentes reviste especial interés porque la mitad de los jóvenes que siguen fumando morirán por esa causa.
Reconociendo además que los cigarrillos y algunos otros productos que contienen tabaco están diseñados de manera muy sofisticada con el fin de crear y mantener la dependencia, que muchos de los compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos, y que la dependencia del tabaco figura como un trastorno.
Recordando también que existen claras pruebas científicas de que la exposición prenatal al humo de tabaco genera condiciones adversas para la salud y el desarrollo.
Profundamente preocupados por la escalada del hábito de fumar y de otras formas de consumo de tabaco entre los niños y adolescentes. La adicción al cigarro ha aumentado en los últimos 14 años y según las estadísticas nacionales, a la lista de fumadores se sumaron cuatro millones más de personas. La edad promedio de iniciación bajó de 16.5 a 12. 3 años y el número de fumadores menores de edad aumentó de 600 mil a un millón 300 mil. Las empresas cigarreras ampliaron su mercado entre la población femenina y la proporción de mujeres fumadoras en relación con los hombres adictos aumentó de cuatro varones por una mujer a 2 por cada una de ellas.
Alarmados por el aumento del hábito de fumar y otras formas de consumo de tabaco entre las mujeres y las niñas en nuestro país y teniendo presente la necesidad de una plena participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y aplicación de políticas, así como la necesidad de estrategias de control del tabaco específicas en función del sexo.
Después de haber revisado someramente algunos tópicos del entorno mundial respecto a la problemática del tabaquismo, esta situación en nuestro país no es diferente por el contrario en algunos rubros se acentúa, encontrando en el contexto nacional, las siguientes consideraciones adicionales:
a) Las adicciones representan una de las principales amenazas contra la libertad de la sociedad, y sus efectos nocivos permean en todos los sectores.
b) Al igual que en el mundo el tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible en nuestro país; es un problema emergente de salud pública, que provoca graves daños a la salud, tanto de quienes fuman, como de aquellos que en forma involuntaria se ven expuestos al humo de tabaco, por lo que de manera cuantitativa podemos decir que existen 14 millones de personas que fuman, lo que trae como consecuencia que el 52.6 por ciento de la población se convierta en fumador pasivo y de ese porcentaje el 62.3 por ciento son mujeres.
Lo más grave y triste de todo esto, es que, entre los fumadores pasivos curiosamente se encuentran los grupos más vulnerables de la sociedad, los ancianos y los niños; de acuerdo a los especialistas, ellos son quienes más padecen afecciones respiratorias agudas y sus complicaciones, porque no están en posibilidad de protestar por la contaminación tabáquica y dependen únicamente o bien de la responsabilidad y la buena voluntad del fumador o de una política pública que regule esta practica, por lo que creo ya es hora de que unamos fuerzas para combatir a un enemigo común, por que la salud no es un objeto de comercio, ni se compra ni se vende.
c) Los principales indicadores de morbilidad y mortalidad se encuentran estrechamente asociados con el tabaquismo.
d) Los fumadores pasivos tienen un 20 por ciento de probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, por estar expuestos al humo de tabaco.
e) Que México participa activamente en el proceso de negociación del Convenio, Marco para el Control de Tabaco, que está a cargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mismo que en éste 2003 habrá de ratificarse, lo que consecuentemente incrementa las responsabilidades de nuestro país, respecto al tema en comento.
f) En México, ``la adicción al tabaco es un freno al desarrollo, por sus efectos nocivos a la salud y la pérdida de vidas''. De ahí que cinco mexicanos mueran por hora víctimas de enfermedades vinculadas al tabaquismo, lo que representa unos 53 mil al año, lo que la convierte en la primera causa de muerte prevenible.
De igual forma y tomando con las reservas del caso, las cifras vertidas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, algunos de los principales problemas relacionados con el consumo de tabaco son que:
a) El 27 por ciento de la población entre 12 y 65 años son fumadores;
b) El 60 por ciento de los fumadores ha empezado a consumir tabaco desde los 12 años, y el 90 por ciento antes de los 18. Éste grupo es el blanco de la industria tabacalera, tema por cierto que más adelante abordaremos;
c) El tabaquismo provoca más de 25 mil abortos espontáneos al año, así como un incremento en la frecuencia de placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, hemorragias durante el embarazo y ruptura prematura de las membranas;
d) El 62.4 por ciento de los decesos ocasionados por enfermedades cardiacas están asociados con el tabaquismo; y
e) El 80 por ciento de los cánceres de garganta están relacionados con fumadores.
Después de lo contundente y alarmante de las cifras expuestas, saber cuanto nos cuesta atender las consecuencias de éste problema, es muy difícil pero existen aproximaciones que nos pueden dar una idea, dado que la salud no tiene precio, en tal virtud podemos afirmar que las Instituciones de seguridad social y asistencia pública del orden federal, gastan cada año el equivalente a medio punto porcentual del Producto Interno Bruto, en tratamientos por enfermedades relacionadas con el tabaco, es decir, alrededor de 32 mil 867 millones de pesos, el equivalente entre el 6 y 12 por ciento del presupuesto del Sistema Nacional Salud. Por lo que se refiere a casos concretos tenemos que la atención de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas representa un gasto por paciente de 140 mil pesos anuales, mientras que la atención de un cáncer de pulmón el monto es 110 mil pesos, por sólo citar algunos.
Los cigarrillos son también un hábito costoso para los individuos y sus familias, quienes gastan en ellos un dinero que de otro modo podría utilizarse para pagar alimentos, albergue, ropa o simplemente satisfacer otras necesidades. Además del costo directo por la compra de los cigarrillos, las familias sufren una pérdida adicional de ingresos debido a los costos de la atención de salud y al tiempo de trabajo perdido durante la enfermedad. En último término, el tabaquismo mata a la cuarta parte de los fumadores durante sus años de trabajo, por lo que muchas familias pierden sus fuentes primarias de ingresos.
Al hablar de las repercusiones del tabaquismo en la salud, la mujer presenta complicaciones de salud, tal vez más graves, como la reducción en la fertilidad y fecundidad, provocando alteraciones menstruales relacionadas con el efecto antiestrogénico, en el caso de las niñas menores de 12 años de edad, que se encuentran expuestas a la inhalación del humo del tabaco, éstas son cuatro veces más vulnerables a presentar cáncer de mama en edad adulta.
Actualmente, 200 millones de fumadores en el mundo son mujeres; en los últimos 50 años, 10 millones de mujeres de países en desarrollo murieron a causa de enfermedades asociadas al tabaquismo y se calcula que para el año 2020 en el planeta habrá un millón de muertas por esa causa.
Los hijos de madres fumadoras nacen con un peso promedio menor al de los hijos de madres no fumadoras, de igual forma les provoca trastornos de conducta, bajo desempeño escolar, mayor propensión a sufrir el síndrome de muerte súbita y también se comprobó el aumento en los niveles de carboxihemoglobina en la sangre fetal.
Sin embargo, quizás lo más dañino en el hábito tabáquico no sea su efecto nocivo a la salud, sino la falsa apreciación de que éste hábito es inofensivo. El humo del cigarro ha sido tan aceptado en la vida cotidiana que en la actualidad nadie protesta si en una fiesta, una reunión de negocios, una junta directiva, una comida en un restaurante, se presenta el humo del cigarro. Y ni siquiera pensar que falte éste, sería algo ``anormal'', así de acostumbrados estamos a ello.
De tal forma que convivimos y aspiramos ese humo y permitimos que nuestros hijos lo inhalen como si no pasara nada, mientras el holocausto silencioso avanza cada vez más frente a nosotros aprovechando la pasividad.
En mérito de lo antes expuesto les puedo decir que en nuestro país existen incipientes esfuerzos para hacer frente al problema del tabaquismo, tanto a nivel federal como estatal, mismos que se han traducido en diversas leyes y reglamentos que pretenden proteger a los no fumadores del humo producido por el consumo del tabaco, sólo que la visión y el alcance de éstos es muy limitada, incluso en algunos casos nulo; ello en razón de que sus disposiciones son muy laxas, en el momento de definir las características y condiciones de las áreas para fumadores, además de tomar en cuenta únicamente a la administración pública.
Estas y otras circunstancias las podemos observar en los diferentes ordenamientos, a nivel de leyes: en los estados de Baja California y Aguascalientes, con rango de Reglamento: en los estados de Quintana Roo, estado de México y el Distrito Federal así como en el municipio de Monterrey, Nuevo León, por citar algunos.
Respecto del Reglamento Federal Sobre Consumo de Tabaco, el mismo considera como su ámbito de aplicación, sólo aquellos lugares o establecimientos de la administración pública federal, condición que limita sus resultados.
A pesar de lo indignante de esta situación, no debemos dar lugar ni a la prescripción fulminante del tabaco ni a la criminalización del fumador. Sería una vía equivoca, pero sí requerimos tomar medidas de impacto inmediato, ya.
En razón de lo anterior les puedo comentar que la legislación abrevia los periodos para tomar medidas y para corregir las situaciones determinantes. Es parte fundamental de la estrategia integral y refleja el compromiso explicito del estado con la salud y el bienestar antes que con otros intereses utilitaristas, como hasta hoy ha venido ocurriendo, por lo que ya es tiempo de que nos decidamos para seguir en el atraso respecto al multicitado tema.
En otro orden de ideas es preciso comentar, que la presente ley tendrá éxito, en la medida en que contemos con la participación decidida e informada de todos, es decir Gobierno y sociedad en su conjunto, por lo que respecta al gobierno podemos decir, que la salud, entendida como la ausencia de enfermedades que implica una situación física y mental sana, es materia en la que concurren la Federación y las Entidades Federativas, en virtud de que se trata de un derecho consagrado por nuestra Constitución como una garantía individual, y su protección responde a una necesidad real y de interés fundamental para los mexicanos; de tal forma que las autoridades federales y locales deben verter sus esfuerzos y recursos, para procurar la aplicación del presente ordenamiento de forma directa o bien a través de la firma de los acuerdos y convenios.
Que la actividad del Estado en materia de Salud, incluye las etapas de prevención, curación y rehabilitación. En el tema de la adicción al consumo de nicotina o tabaquismo, las acciones estatales deben ir enfocadas, en primer término, a la prevención, a través del diseño de normas jurídicas en el ámbito de su competencia, y la creación e implementación de programas que provengan del Poder Ejecutivo Federal, y que en conjunto inhiban el consumo de cigarros y demás derivados del procesamiento del tabaco, no sólo a través de la prohibición genérica de su venta o distribución a menores de edad, pues creer que con ello quedaría solucionado el problema sería ver a la salud pública con una visión limitada y equivocada.
En este sentido, la iniciativa de Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y No Fumadores, que hoy presentamos, propone no sólo delimitar los espacios para fumar, en el ámbito de la administración pública, sino vamos más allá al abarcar todos los espacios cerrados donde exista concentración de personas, además, impone a los fumadores y a los propietarios de establecimientos mercantiles, industriales, empresariales, obligaciones que en el corto plazo se traducirán en un menor consumo de cigarrillos, puros y otros derivados del tabaco, lo que ofrecerá una disminución considerable, en los índices de inhalación involuntaria del humo producido por la combustión de dicha sustancia.
A pesar de toda la evidencia que relaciona al tabaco con males severos en las vías respiratorias y con bloqueos en las arterias, la gente parece no entender lo dañino del hábito de fumar.
Al parecer la pasividad con la que la población acepta éste peligro se debe al buen trabajo publicitario desplegado por las tabacaleras, dirigido sobre todo a los adolescentes, de ello deriva el endurecimiento de las disposiciones legales.
Como ya hemos comentado, el tabaquismo en México, le implica tan sólo al Gobierno Federal un costo anual de más de 32 mil millones de pesos, por el tratamiento de las enfermedades que produce, en contraste con los ocho mil millones de pesos que recauda por impuestos a cigarreras y consumidores de tabaco'', circunstancia que no tiene punto de comparación, ni razón de ser.
El tabaco es el agente productor de la epidemia actual más importante y tenaz en la juventud, transmitida por la publicidad y los ejemplos, cuya fuente de contagio es la Industria transnacional del tabaco.
El adolescente adquiere su identidad en el contexto social, en relación con sus compañeros y adultos y desarrolla su independencia psicológica con un sentido fuerte de sí mismo que le permite tomar decisiones, actitudes y comportamientos. Como fumar para sentirse independiente e identificarse con sus pares.
Desde un concepto biológicoSe inicia cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios y la capacidad de reproducción, y termina con el cierre de los cartílagos epifisiarios y del crecimiento.
Con una óptica socialEs el periodo de transición entre la niñez dependiente y la edad adulta y autónoma, económica y socialmente.
Desde un punto de vista psicológicoEs el periodo que empieza con la adquisición de la madurez fisiológica y termina con la adquisición de la madurez social, cuando se asumen los derechos y deberes sexuales, económicos, legales y sociales del adulto.
Para la industria tabacaleraEs un período en que el niño comienza a buscar su independencia afirmando su propia identidad, a disponer de dinero y a sentir la influencia de la publicidad que le presenta los cigarrillos como una de las pocas iniciaciones al mundo adulto, apoyado por sus pares. El cliente juvenil es esencial para la viabilidad a largo plazo de su negocio y la captación de nuevos fumadores para el mercado tabacalero empieza en la niñez-adolescencia.
La publicidad de las tabacaleras se dirige preferentemente a la juventud, posibles consumidores que tienen muchos años de vida para fumar cigarrillos. El público joven es muy importante para las compañías que transforman el tabaco ya que constantemente se necesitan nuevos fumadores, por lo que en todo el mundo tratan de atraer, diariamente más de 5 millones de niños y adolescentes que reemplacen a los fumadores que lo dejaron, se rehabilitaron o simplemente fallecieron. A pesar de negarlo, de insistir que no impulsan el tabaquismo en niños, y de intervenir en campañas para no fumar, en realidad las tabacaleras presentan el consumo atractivo para un joven, y la publicidad aparece periódicamente, dirigida a éste grupo con estímulos especiales.
Idear anuncios para personas de 18 años de edad que no atraigan la atención de las que tienen entre 10 y 17, es prácticamente imposible. El problema en relación con la publicidad de los cigarrillos es que no puede darse por sentado que los anuncios que repercuten sobre los adultos no influyan en un joven, sea fumador o no. El mundo del adulto que se muestra en los anuncios de los cigarrillos suele ser el mundo al que el adolescente aspira a pertenecer. Es más, los anuncios de productos de tabaco dirigidos en teoría a las personas de 18 a 24 años de edad les resultan particularmente atractivos a las personas más jóvenes, quienes quieren sentir que forman parte de ese grupo de edad.
El propósito real es inducir a fumar a los niños y adolescentes e impulsar a los padres a consumir tabaco. A cambio se ofrecen regalos y algo que no se dice: Un futuro de tos y dificultad respiratoria por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dolores precordiales cardíacos por angina de pecho e infartos cardíacos y entre 10 y 15 años menos de vida.
Actualmente, las empresas tabacaleras han acentuado su competencia y publicidad, cubriendo las calles de anuncios espectaculares y apareciendo en diarios y revistas.
Esta industria realiza su marketing dirigido a toda la población, pero en particular hacia los habitantes de regiones de bajos ingresos. En todo el mundo la publicidad del tabaco apunta más a la juventud y a las mujeres, con preferencia en los sectores de bajos recursos que es la franja de población por la cual pueden seguir aumentando sus ventas.
Las compañías tabacaleras siempre obstruyen los esfuerzos para limitar la publicidad de su producto y forman grupos de presión para influir sobre las autoridades realizando gestiones ante éstas, para derrotar cualquier esfuerzo emprendido para la restricción de la publicidad, como el que hoy estamos promoviendo e impulsando.
Un claro ejemplo de esa férrea oposición lo encontramos en Argentina, donde la compañía Philip Morris frustró los esfuerzos gubernamentales por prohibir la publicidad y mercadeo del tabaco orquestando en secreto una campaña para hacer propaganda a agencias y figuras deportivas, situación que por supuesto esperamos sea favorablemente superada, en nuestro caso.
Pese a este panorama tan desolador y aberrante y a que diariamente 5 mil niños prenden un cigarro por primera vez, el tabaquismo es susceptible de tratamiento y rehabilitación mediante la aplicación de métodos terapéuticos integrales que abarcan la educación y el control de la adicción sicológica y fisiológica. Contenidos que por supuesto se encuentran plasmados, en el ordenamiento que hoy traemos ante ustedes, con fines de que se apruebe, en beneficio del 100 por ciento de la población.
En resumen, queremos decirles que el tabaco es un asesino, pero sabemos cómo reducir su devastación. Mediante una combinación de aumento de los impuestos a los cigarrillos, prohibición de la publicidad y de la promoción del tabaco, prohibición del tabaquismo en los lugares públicos y lugares de trabajo, aumento del acceso a programas eficaces para dejar de fumar, una publicidad fuerte contra el tabaquismo y medidas enérgicas contra el contrabando, por lo que de aprobarse esta ley, estaremos salvando millones de vidas y mejorando la salud de todos.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, pongo a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, para su aprobación el proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores.
Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no FumadoresTítulo Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Unico
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto:
I. Proteger la salud de los no fumadores de los efectos por inhalar involuntariamente el humo ambiental generado por la combustión del tabaco;
II. Establecer mecanismos y acciones tendientes a prevenir y disminuir las consecuencias generadas en la salud de la población, derivadas de la inhalación involuntaria del humo ambiental generado por la combustión del tabaco en cualquiera de sus formas; y
III. Definir y establecer las políticas y acciones necesarias para reducir el consumo de tabaco y prevenir la morbilidad y mortalidad relacionadas con el tabaco.
Artículo 2. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponderá a:
I. El Presidente de la República;
II. La Secretaría de Salud; y
III. Las demás autoridades federales en el ámbito de su competencia.
A través de las instancias administrativas correspondientes.
Artículo 3. Las autoridades de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en sus correspondientes ámbitos de competencia, tendrán la intervención que esta ley y sus reglamentos les señalan.
Artículo 4. La protección de la salud de los efectos nocivos del humo de tabaco comprende lo siguiente:
I. El derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo del tabaco en los sitios cerrados que comparten con fumadores;
II. La orientación a la población para que se abstenga de fumar en el hogar, los centros de trabajo y en lugares públicos;
III. La prohibición de fumar en los edificios públicos que se señalan en este reglamento;
IV. El apoyo a los fumadores, cuando lo soliciten, para abandonar el tabaquismo con los tratamientos correspondientes; y
V. La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco y la promoción de su abandono.
Artículo 5. En la vigilancia del cumplimiento de esta ley coadyuvarán activamente:
I. Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de los locales, establecimientos cerrados, así como los vehículos de transporte público de pasajeros a los que se refiere esta ley;
II. Las asociaciones de padres de familia de las escuelas e institutos públicos o privados;
III. Los usuarios de los establecimientos cerrados, oficinas o industrias, que en todo momento podrán exigir el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley; y
IV. Los órganos de control interno de las diferentes oficinas de los órganos de gobierno y órganos autónomos, de orden federal, estatal y municipal, cuando el infractor sea un servidor público y se encuentre en dichas instalaciones.
Artículo 6. En el procedimiento de verificación, impugnaciones y sanciones a las que se refiere la presente ley será aplicable la Ley Federal o Estatal de Procedimiento Administrativo, según el ámbito de competencia.
Artículo 7. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
I. Secretaría de Salud: a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal;
II. Seguridad Pública: a la dependencia responsable del despacho de los asuntos relativos a Seguridad Pública de cada entidad federativa, incluyendo al Distrito Federal y a los municipios;
III. Ley: a la Ley General de Protección a la Salud de los no fumadores;
IV. Entidad federativa: a los gobiernos de cada uno de los estados que componen al país, incluyendo al Distrito Federal;
V. Fumador pasivo: a quien de manera involuntaria inhala el humo exhalado por el fumador o generado por la combustión del tabaco de quienes sí fuman;
VI. No fumadores: a quienes no tienen el hábito de fumar;
VII. Policía: al elemento de la policía adscrita al gobierno de cada entidad federativa, incluyendo al del Distrito Federal, y a los municipios;
VIII. Lugar público: es todo lugar cerrado al que tiene acceso el público en general, ya sea libremente o mediante invitación o previo pago;
IX. Publicidad del tabaco: es toda forma de comunicación, recomendación o acción que promueva un producto de tabaco;
X. Industria tabacalera: abarca a los procesadores, fabricantes y distribuidores de productos de tabaco;
XI. Productos de tabaco: considera los productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, mascados o utilizados como rapé;
XII. Promoción del tabaco: es un estímulo de la demanda de productos de tabaco mediante anuncios, publicidad y actos especiales destinados a atraer la atención y suscitar el interés de los consumidores; y
XIII. Patrocinio del tabaco: es toda forma de aportación a cualquier acto, actividad o persona que promueva un producto de tabaco.
Título SegundoAtribuciones de la Autoridad
Capítulo Primero
De la Distribución de Competencias y de las Atribuciones
Artículo 8. El Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y los municipios ejercerán las funciones de vigilancia, inspección y aplicación de sanciones que correspondan en el ámbito de su competencia, para lo cual tendrán las siguientes facultades:
I. Conocer de las denuncias presentadas por los ciudadanos o usuarios, cuando, en los edificios, establecimientos mercantiles, médicos, industriales, de enseñanza, edificios e instalaciones de los órganos de gobierno y órganos autónomos tanto de orden federal como local, no se establezcan salas para fumadores aisladas de las áreas de uso común, o habiéndolas no se respete la prohibición de fumar, fuera de las áreas destinadas para ello.
Para el caso de las instalaciones del Gobierno Federal como de las entidades federativas y municipales, de acuerdo a su ámbito de competencia, se dictarán las medidas preventivas necesarias a efecto de proteger la salud de los no fumadores, mismas que se prolongarán hasta que sea corregida la falta;
II. Ordenar de oficio o por denuncia ciudadana, la realización de visitas de verificación en los establecimientos, empresas y oficinas de los órganos de gobierno de orden federal o local, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este ordenamiento;
III. Sancionar según su ámbito de competencia a los propietarios o titulares de los establecimientos mercantiles o empresas que no cumplan con las restricciones de esta ley;
IV. Sancionar a los particulares que, al momento de la visita, hayan sido encontrados consumiendo tabaco en los lugares en que se encuentre prohibido, siempre y cuando se les invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo;
V. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que pertenezcan a los órganos de gobierno en razón de su jurisdicción, la violación a la presente ley de los servidores públicos, a efecto de que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes; y
VI. Las demás que le otorgue la ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 9. El Ejecutivo Federal, las Entidades y los Ayuntamientos, realizarán campañas educativas permanentes que induzcan a reducir uso y consumo de tabaco.
Artículo 10. Son atribuciones de la Secretaría de Salud:
I. Llevar a cabo en coordinación con las entidades federativas, la operación del programa contra el tabaquismo;
II. Establecer y desarrollar campañas para la detección temprana del fumador;
III. Promover con las autoridades educativas la inclusión de contenidos acerca del tabaquismo en programas y materiales educativos de todos los niveles;
IV. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de tabaco;
V. Diseñar el manual de letreros y señalamientos preventivos, informativos o restrictivos, que serán colocados al interior de los establecimientos y empresas así como en las oficinas de los órganos de gobierno tanto de orden federal, como de las entidades y municipios, para prevenir el consumo de tabaco y establecer las prohibiciones pertinentes;
VI. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes de información, concienciación y difusión para prevenir el uso y consumo de tabaco;
VII. Promover e impulsar la participación de la comunidad para la prevención del tabaquismo;
VIII. Promoverá los acuerdos necesarias para la creación de los centros estatales contra las adicciones;
IX. La creación de clínicas y servicios para la atención del fumador;
X. Promover la participación de las comunidades indígenas, en la elaboración y puesta en práctica de programas para la prevención del tabaquismo;
XI. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo del tabaco y la exposición al humo del tabaco, así como la adicción a la nicotina;
XII. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con las entidades federativas para la atención de los problemas relativos al tabaquismo; y
XIII. Las demás que le otorgue la ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 11. Son atribuciones de Seguridad Pública las siguientes:
I. Poner a disposición del juez cívico competente en razón del territorio, a las personas físicas que hayan sido sorprendidas fumando tabaco en cualquiera de sus presentaciones, en algún lugar prohibido, siempre que hayan sido conminados a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo;
II. Poner a disposición del juez cívico competente en razón de territorio, a las personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún policía, por incumplimiento a esta ley;
Para el caso de establecimientos mercantiles, seguridad pública procederá a petición del titular o encargado de dichos establecimientos; y
III. Las demás que le otorguen ésta y demás disposiciones jurídicas.
Las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas por Seguridad Pública, a través de la policía, quien al momento de ser informados por el titular o encargado del establecimiento de la comisión de una infracción, invitarán al infractor a modificar su conducta, a trasladarse a las áreas reservadas para fumadores o abandonar el lugar, y en caso de no acatar la indicación, pondrán a disposición del juez cívico que se trate, al infractor.
Artículo 12. Son atribuciones de los jueces cívicos las siguientes:
I. Conocer de las infracciones realizadas por las personas físicas que pongan a disposición la policía; y
II. Aplicar las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta ley.
Para el procedimiento de sanción, que sea competencia del juez cívico, se seguirá lo establecido en la Ley de Justicia Cívica correspondiente, en razón del territorio.
Capítulo SegundoDel Programa contra el tabaquismo
Artículo 13. Las acciones para la ejecución del programa contra el tabaquismo se ajustarán a lo dispuesto en éste capítulo, sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones aplicables.
Artículo 14. La prevención del tabaquismo tiene carácter prioritario, principalmente en la infancia y la adolescencia, y comprenderá las siguientes acciones:
I. La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad;
II. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de tabaco;
III. La orientación a la población para que se abstenga de fumar en el hogar, centro de trabajo y en los lugares públicos;
IV. La detección temprana del fumador;
V. La promoción de espacios libres de humo de tabaco;
VI. El fortalecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la regulación sanitaria relativa a las restricciones para la venta de tabaco; y
VII. El establecimiento de políticas tendientes a disminuir el acceso al tabaco.
Artículo 15. El tratamiento del tabaquismo comprenderá las acciones tendentes a:
I. Conseguir que las personas que lo deseen puedan abandonar el hábito;
II. Reducir los riesgos y daños causados por el consumo de tabaco;
III. Abatir los padecimientos asociados al consumo de tabaco;
IV. Atender y rehabilitar a quienes tengan alguna enfermedad atribuible al consumo de tabaco; y
V. Incrementar el grado de bienestar físico, mental y social tanto del consumidor de tabaco como de su familia y compañeros de trabajo.
Artículo 16. La investigación sobre el tabaquismo considerará:
I. Sus causas, que comprenderá, entre otros:
a) Los factores de riesgo individuales y sociales;
b) Los problemas de salud y sociales asociados con el consumo de tabaco;
c) La magnitud, características, tendencias y alcances del problema;
d) Los contextos socioculturales del consumo; y
e) Los efectos de la publicidad sobre el consumo.
II. El estudio de las acciones para controlarlo, que comprenderá, entre otros:
a) La valoración de las medidas de prevención y tratamiento;
b) La información sobre:
1. La dinámica del problema del tabaquismo;
2. La prevalencia del consumo de tabaco;
3. Las necesidades y recursos disponibles para realizar las acciones de prevención y control del consumo de tabaco;
4. La conformación y tendencias de la morbilidad y mortalidad atribuibles al tabaco;
5. El cumplimiento de la regulación sanitaria en la materia;
6. El impacto económico del tabaquismo; y
c) El conocimiento de los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco.
La información a que se refiere el presente artículo deberá integrarse en el sistema de información sobre adicciones.
Título TerceroMedidas para la Protección a los no Fumadores
Capítulo Primero
Prohibiciones
Artículo 17. En los Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida la práctica de fumar en los siguientes lugares:
I. Fuera de las zonas autorizadas para fumar en establecimientos, locales cerrados, empresas, industrias y lugares públicos;
II. En elevadores de cualquier edificación;
III. En los establecimientos particulares en los que se proporcione atención directa al público, tales como oficinas bancarias, financieras, comerciales o de servicios;
IV. En las oficinas de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, estatal o municipal y de los órganos autónomos de orden Federal o local; oficinas, juzgados o instalaciones del órgano judicial federal y local, y oficinas administrativas, auditorios, módulos de atención, comisiones o salas de juntas del Congreso de la Unión y de los órganos legislativos locales, incluido el del Distrito Federal;
V. En hospitales, clínicas, centros de salud, centros de atención médica públicos, sociales o privados, salas de espera, auditorios, bibliotecas y cualquier otro lugar cerrado de las instituciones médicas y de enseñanza;
VI. En unidades destinadas al cuidado y atención de niños y adolescentes, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes;
VII. Bibliotecas públicas, hemerotecas o museos;
VIII. Instalaciones deportivas;
IX. En centros de educación inicial, básica a media superior, superior, incluyendo auditorios, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas, salones de clase y sanitarios;
X. En los cines, teatros y auditorios cerrados a los que tenga acceso el público en general, con excepción de las secciones de fumadores en los vestíbulos;
XI. En los vehículos de transporte público de pasajeros;
XII. En los vehículos de transporte escolar o transporte de personal; y
XIII. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la Secretaría de Salud, las entidades federativas y municipios, en su ámbito de competencia, siempre que no cuenten con áreas reservadas para no fumadores.
En todos los establecimientos mercantiles, que tengan autorizados espacios para bailar, queda prohibido fumar en los mismos, para lo cual los propietarios, poseedores o responsables deberán informar a los usuarios tal circunstancia, sin menoscabo de cumplir con lo dispuesto en el artículo 24 de la presente ley.
Será responsabilidad de los propietarios o funcionarios de los establecimientos o instalaciones a que se refieren las fracciones III, IV y X, de éste artículo, asignar áreas para fumadores, mismas que deberán cumplir con los requisitos definidos en la presente ley.
Artículo 18. Queda estrictamente prohibido permitir a los menores de 18 años que no se hagan acompañar de una persona mayor de edad, el ingreso a las áreas designadas para fumadores en restaurantes, cafeterías, auditorios, salas de espera, oficinas, cines, teatros o cualquier otro lugar de los señalados por esta ley.
Los propietarios, poseedores o responsables de los lugares a que se refiere el párrafo anterior, serán sancionados económicamente por tolerar o autorizar que los menores que no se encuentren acompañados de una persona mayor de edad, permanezcan en áreas de fumar.
Artículo 19. Queda prohibido para la industria tabacalera en cualesquiera de sus formas, la promoción o patrocinio de eventos deportivos o culturales o actividades relacionadas con los mismos.
Artículo 20. La publicidad relacionada con el tabaco, cualquiera que sea la forma o el medio en que ésta se presente, queda prohibida, así como cualquier práctica de mercadotecnia.
Artículo 21. Queda prohibida la venta de tabaco en cualquiera de sus formas en farmacias, boticas o droguerías.
Artículo 22. La fabricación y venta de dulces, refrigerios, juguetes u otros objetos atractivos para los menores de edad, que tengan forma de productos de tabaco, está prohibida.
Artículo 23. Esta prohibida la distribución gratuita de productos del tabaco al público.
Capítulo SegundoDe las Obligaciones
Artículo 24. En los locales cerrados y establecimientos en los que se expendan al público alimentos o bebidas para su consumo en el lugar, los propietarios, poseedores o responsables de la negociación de que se trate, deberán delimitar, de acuerdo a la demanda de los usuarios, secciones reservadas para sus clientes no fumadores, las cuales no podrán ser menores del 50 por ciento de los lugares con que cuente el establecimiento, mismas que podrán ampliarse atendiendo la demanda de usuarios.
Dichas secciones deberán estar identificadas con señalización en lugares visibles al público asistente y cumplir con lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley.
Artículo 25. Las secciones para fumadores y no fumadores deberán quedar separadas una de la otra, estar identificadas permanentemente con señalamientos y avisos en lugares visibles al público asistente, incluyendo las mesas, dichos señalamientos y avisos deberán apegarse a los criterios que para el efecto emita la Secretaría de Salud, así como contar con las condiciones mínimas siguientes:
I. Estar aislada de las áreas de no fumadores o contar con los estudios y equipos que avalen y garanticen que el humo producido por la práctica de fumar tabaco, no se filtre a las áreas reservadas para no fumadores;
II. Tener ventilación hacia el exterior o un sistema de extracción o purificación de aire; y
III. Ubicarse, de acuerdo con la distribución de las personas que ahí concurran, por piso, área o edificio.
Las secciones a que se refiere el presente artículo no podrán utilizarse como un sitio de recreación.
En el caso de que por cualquier circunstancia no sea posible cumplir con los preceptos a que se refiere el presente artículo, la prohibición de fumar será aplicable al total del inmueble, local o establecimiento.
Artículo 26. En los establecimientos dedicados al hospedaje, se destinará para las personas no fumadoras un porcentaje del total de las habitaciones, que será equivalente a las exigencias del mercado. En todo caso, dicho porcentaje no podrá ser menor de 50 por ciento.
Artículo 27. Los propietarios, poseedores o responsables de los locales cerrados y establecimientos de que se trate, serán responsables en forma subsidiaria con el infractor, si existiera alguna persona fumando fuera de las áreas destinadas para ello.
El propietario o titular del establecimiento, o su personal, deberá exhortar, a quien se encuentre fumando fuera de las áreas autorizadas, a que se abstenga de hacerlo, o trasladarse a las áreas autorizadas para tal fin; en caso de negativa, se le invitará a abandonar las instalaciones; si el infractor se resiste a dar cumplimiento al exhorto, el titular o sus dependientes solicitarán el auxilio de algún policía, a efecto de que pongan al infractor a disposición del juez cívico competente. La responsabilidad de los propietarios, poseedores o administradores, a que se refiere el presente artículo terminará en el momento en que el propietario o titular del local o establecimiento dé aviso a la policía.
Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación de la medida referida en el párrafo anterior, quedarán establecidos en el reglamento respectivo que al afecto expida, la entidad federativa correspondiente.
Artículo 28. Las personas físicas que violen lo previsto en este capítulo, después de ser conminadas a modificar su conducta, cuando no lo hicieren podrán ser puestas a disposición de la autoridad mencionada, por cualquier policía.
Artículo 29. Los propietarios, poseedores o responsables de los vehículos a que se refiere las fracciones XI y XII, del artículo 17 de la presente ley, deberán fijar, en el interior y exterior de los mismos, letreros, logotipos o emblemas que indiquen la prohibición de fumar, en caso de que algún pasajero se niegue a cumplir con la prohibición, se deberá dar aviso a algún policía, a efecto de que sea remitido con el juez cívico correspondiente.
Artículo 30. Los conductores de los vehículos que no acaten las disposiciones del presente ordenamiento, deberán ser reportados a través del Juzgado Cívico que reciba la denuncia, en forma mensual, a la dependencia federal o estatal encargada del despacho de los asuntos relativos al transporte, para que ésta implemente las correcciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las sanciones que establece esta ley.
Artículo 31. Los integrantes de las asociaciones de padres de familia de las escuelas e instituciones de educación, sean públicas o privadas, podrán coadyuvar de manera individual o colectiva en la vigilancia, para que se cumpla con la prohibición de fumar en las aulas, bibliotecas, auditorios y demás instalaciones a las que deban acudir los alumnos, y el personal docente de las respectivas instituciones educativas, pudiendo dar aviso a algún policía, para que éstos sean quienes pongan a disposición del juez cívico, a la persona o personas que incumplan con éste ordenamiento.
Artículo 32. En los locales cerrados y establecimientos en los que se expenden alimentos y bebidas para su consumo en el lugar, los propietarios, poseedores o responsables de la negociación deberán:
I. Invitar a las personas mayores de edad, a que se abstengan de ingresar con menores de edad a las áreas destinadas para fumadores;
II. Colocar en los accesos de las áreas para fumadores, letreros y señalamientos para prevenir el consumo del tabaco; mismos que contendrán alguna de las leyendas que aparezcan en el artículo 276 de la Ley General de Salud; y
III. Colocar permanentemente en las mesas de las áreas para fumadores dípticos, trípticos o cualquier otro elemento de vinilo o plastificado, que contengan información que advierta de los daños a la salud que causa el consumo del tabaco.
Artículo 33. Los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco no se deberán promocionar mensajes relacionados con éste, de manera falsa, equívoca o engañosa o que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones y no se emplearán términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión de que un determinado producto de tabaco es menos nocivo que otros, por ejemplo expresiones tales como: ``bajo contenido de alquitrán'', ``ligeros'', ``ultraligeros'' o ``suaves''.
Artículo 34. Los paquetes y envases de productos de tabaco para uso al detalle y al por mayor deberán contener la leyenda ``para su venta exclusiva en México''.
Artículo 35. las compañías de la industria tabacalera, entregarán en monetario a la Secretaría, un monto que no deberá ser menor al quince por ciento del total de sus ventas, recursos que se sumaran a dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo Segundo del Titulo Segundo de la presente ley.
Capítulo TerceroDe la Administración Pública
Artículo 36. En las oficinas o instalaciones de los distintos órganos de gobierno y órganos autónomos de índole federal, estatal o municipal, podrán acondicionarse áreas, salas o espacios abiertos para fumadores, mismos que deberán cumplir con los requerimientos especificados en el artículo 25 de la presente ley.
En caso de que los inmuebles por su estructura o distribución no respondan a tales circunstancias, la prohibición de fumar será aplicable en toda la superficie del mismo.
Artículo 37. Las personas físicas que no sean servidores públicos, y que no respeten las disposiciones de la presente ley cuando se encuentren en alguna dependencia, instalación o edificio público, y después de ser conminadas a modificar su conducta o abandonar el lugar, cuando no lo hicieren podrán ser puestas de inmediato a disposición del juez cívico, por cualquier elemento de la policía.
Artículo 38. Los órganos de gobierno y órganos autónomos federales, estatales o municipales, instruirán a los titulares de cada una de sus dependencias, unidades administrativas, órganos o similar que estén adscritos a ellos, para que en sus oficinas, sanitarios, bodegas o cualquier otra instalación, sean colocados los señalamientos que determine la Secretaría de Salud, respecto a la prohibición de fumar.
Artículo 39. Todas las concesiones o permisos que otorgue el Gobierno Federal, estatal o municipal, cuyo objeto sea brindar algún servicio al público, en la concesión se establecerán los mecanismos necesarios para que se dé cumplimiento a la presente ley.
Artículo 40. El Gobierno Federal, así como las entidades y los municipios, deberá garantizar que los recursos económicos que se recauden por la imposición de sanciones derivadas del incumplimiento a la presente ley sean canalizados a la ejecución de acciones para la prevención y tratamiento de enfermedades atribuibles al tabaco o para llevar a cabo investigaciones sobre el tabaquismo y sus riesgos.
Artículo 41. Los funcionarios y servidores públicos que violen lo dispuesto en la presente ley serán sancionados por el órgano de control interno que les corresponda.
Título CuartoDe las Sanciones
Capítulo Primero
De los Tipos de Sanciones
Artículo 42. La contravención a las disposiciones de la presente ley, será considerada falta administrativa, y dará lugar a la imposición de una sanción económica, y en caso de existir reincidencia un arresto por 36 horas.
Artículo 43. Para la fijación de la sanción económica, que deberá hacerse entre el mínimo y máximo establecido, para lo cual se tomará en cuenta:
I. La gravedad de la infracción concreta;
II. Las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona;
III. La reincidencia; y
IV. Las demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción.
Artículo 44. Las sanciones administrativas podrán consistir en:
I. Multa, que podrá ser de hasta por el importe entre diez a doscientos días de salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate; y
II. Arresto hasta por 36 horas.
En el caso de reincidencia, se aplicará el doble del monto de la sanción impuesta, en caso de repetir la conducta sancionada, procede arresto hasta por 36 horas.
Capítulo SegundoDel Monto de las Sanciones
Artículo 45. Se sancionará con multa equivalente de cinco y hasta diez días de salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, a las personas que fumen en los lugares que prohíbe el presente ordenamiento; la multa será impuesta por el juez cívico correspondiente, y será puesto a disposición de éste, por cualquier elemento de la policía.
Artículo 46. Se sancionará con multa equivalente de treinta y hasta cien días de salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, cuando los propietarios, poseedores o responsables de los locales cerrados y establecimientos, no cumplan con las disposiciones de la presente ley.
Artículo 47. Se sancionara con veinte y hasta treinta días de salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, al titular de la concesión o permiso cuando se trate de vehículos de transporte público o privado de pasajeros; en el caso de que no fijen las señalizaciones a que se refiere esta ley, o toleren o permitan la realización de conductas prohibidas por esta ley.
Artículo 48. En caso de reincidencia, respecto a lo que señalan los artículos 46 y 47, se aplicará el doble de la sanción económica impuesta; y de presentarse una segunda reincidencia, procederá la clausura del establecimiento, así como la cancelación de la concesión o permiso, según corresponda.
Artículo 49. Se sancionará con multa equivalente de ciento cincuenta y hasta doscientos días de salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, a las empresas o establecimientos, que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 23 de la presente ley.
Artículo 50. Se sancionará con multa equivalente de treinta y hasta sesenta días de salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, a los propietarios, de los establecimientos, que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la presente ley.
Artículos TransitoriosArtículo Primero. Túrnese al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Tercero. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, realizará las gestiones conducentes ante las entidades federativas, con el propósito de que se promuevan las adecuaciones correspondientes en las leyes y demás disposiciones locales en la materia, ajustándose en todo momento a los principios y directrices de esta ley, que deberán publicarse, a más tardar dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de ésta.
Artículo Cuarto. La Secretaría de Salud, contará con un plazo de sesenta días naturales, posteriores a la publicación de la ley, para la elaboración y difusión del manual de señalamientos y avisos que deberán ser colocados en forma obligatoria, para los establecimientos, empresas, industrias y órganos de gobierno y órganos autónomos a que hace referencia el presente ordenamiento.
Artículo Quinto. Una vez establecido el manual de señalamientos y avisos, la Secretaría de Salud difundirá su contenido, a través de las cámaras empresariales e industriales, medios masivos de comunicación y delegaciones.
Artículo Sexto. Todos los establecimientos mercantiles, empresas, industrias, órganos de gobierno y órganos autónomos federales, así como de las entidades y municipios, a que se refiere la presente ley, contarán con un plazo de noventa días naturales a partir de la publicación del presente ordenamiento, para cumplir todos los requerimientos de éste.
Artículo Séptimo. Se abroga el Reglamento sobre el consumo de tabaco, publicado el 27 de julio de 2000, en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Octavo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de la presente ley.
Artículo Noveno. La Secretaría realizará las gestiones necesarias para ayudar a los trabajadores del sector del tabaco que se vean afectados por la aplicación de la presente ley, a desarrollar medios de subsistencia alternativos que sean económicamente viables y compatibles.
Artículo Décimo. La Secretaría promoverá ante las autoridades competentes, que se realicen las acciones necesarias para ayudar a los cultivadores de tabaco que se vean afectados por la aplicación de la presente ley, a llevar a cabo la transición de la producción agrícola hacia cultivos alternativos de manera económicamente viable.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), Miguel Angel Toscano Velasco, Pedro Vázquez González (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica), Concepción Castañeda Ortiz (rúbrica), Filemón Arcos Suárez (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Como lo solicitó el orador insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Salud.Antes de hacer uso de la palabra el señor diputado, se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Si, señor Presidente.
¿Falta algún diputado o diputada para registrar asistencia?
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 482 diputadas y diputados.
Ciérrese el sistema electrónico y se les comunica, quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora Secretaria.
Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa de Ley General que Regula la Contratación de Deuda Pública y de la que contratan las instituciones privadas.
Adelante, señor diputado Pedro Vázquez.
El diputado Pedro Vázquez González:Con su venia, señor Presidente; señores secretarios de esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión:
Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General que Regula la Contratación de Deuda Pública y de la que contratan las instituciones privadas bajo la siguiente
Exposición de MotivosMéxico se sumergió desde hace varios años en una crisis de deuda pública y la solución de la misma aún no llega.
La lección de esta crisis deudora nos dice que en el sistema capitalista, la actividad económica recorre una trayectoria de crecimiento económico que culmina siempre con una crisis de sobreproducción del capital.
Por lo tanto, las naciones están cotidianamente expuestas a crisis económicas y a crisis de endeudamiento recurrentes que involucra a empresas y gobiernos. También nos deja la lección de que mientras el problema del endeudamiento, en cualquier de sus modalidades no sea resuelto, se convierte en un obstáculo serio para emprender un nuevo ciclo histórico de crecimiento de la economía.
México es un claro ejemplo de ello. Hoy la deuda gubernamental en todas sus modalidades representa más de la mitad del Producto Interno Bruto y su costo financiero consume más del 22% del gasto público.
Gran parte del esfuerzo social de los mexicanos se lo llevan los banqueros, para impulsar el crecimiento de la economía, para la creación de empleos, para revertir la vergonzosa pobreza, casi no queda nada. En estas circuns- tancias es necesario tomar el control de este problema y poner un freno a la descapitalización de la economía y del saqueo del esfuerzo productivo nacional.
Para evitar que el Gobierno Federal continúe endeudando de forma abusiva al país, proponemos derogar a la Ley General de Deuda Pública por las ambigüedades y ausencias que es necesario considerar y que algunas de ellas son las siguientes:
La primera tiene qué ver con el concepto de endeudamiento directo neto, porque la ley actual faculta al Ejecutivo a contratar deuda bajo esta figura jurídica en el Capítulo III artículo 9º. Ello supone que el Poder Ejecutivo Federal contrata deuda interna y externa de forma discrecional, porque el término neto implica que las nuevas disposiciones por endeudamiento anual se ocupen para pagar amortizaciones, desviando con ello el precepto constitucional del artículo 73, fracción VIII, de ocupar el endeudamiento exclusivamente para fines productivos. Por endeudamiento directo neto debe de entenderse la diferencia entre el monto de los nuevos préstamos que el país realiza anualmente y las amortizaciones que paga por vencimiento de la deuda que contrata.
Nuestra propuesta es en este sentido: el considerar el monto anual del endeudamiento y el uso que debe de dársele para evitar que las acciones del Ejecutivo Federal graviten sobre bases discrecionales en esta materia.
Segundo. Se debe de evitar que el Poder Ejecutivo utilice como garantía prendaria frente a los acreedores en lo general, los activos de la nación, para evitar situaciones como la que ocurrió en marzo de 1995, cuando el Gobierno Federal dio en garantía los recursos provenientes de las exportaciones petroleras de Pemex.
Tercero. Proponemos acotar la discrecionalidad del Ejecutivo Federal para contratar deuda pública contingente con fines de regulación monetaria.
Cuatro. También se debe de contemplar la obligatoriedad de las instituciones privadas, en particular de todas aquellas formas asociativas del derecho privado, de registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las operaciones de endeudamiento externo que realizan anualmente, incluidas las amortizaciones e intereses de esta deuda.
Quinto. Se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerza funciones de autorización, inspección y supervisión de la deuda externa que contratan o aquella que realizan en moneda extranjera en el mercado interno de las instituciones privadas, con el propósito de conocer la capacidad económica y financiera de todas ellas, a efecto de que garanticen el pago del servicio de la deuda que contratan.
Sexto. Como el Gobierno Federal contrata deuda con no residentes, por la vía del mercado de valores y que se contabiliza como parte de la deuda gubernamental, proponemos que sea el Congreso de la Unión mediante solicitud del Ejecutivo Federal, quien decida el monto de contratación de este tipo de deuda.
Séptimo. Debe derogarse la disposición que permite a las empresas paraestatales endeudarse para financiar proyectos de inversión diferidos en el gasto público, como los denominados Pidiregas.
Octavo. Asimismo proponemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con una comisión consultiva en la que los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión estén representados, a efecto de vigilar en una primera instancia que los recursos derivados del endeudamiento público tengan un destino productivo y que sean utilizados para los fines para los cuales son contratados.
Noveno. Proponemos que la deuda externa que el Banco de México contrata con el Fondo Monetario Internacional y gobiernos centrales, sea registrada como deuda del sector público, porque son obligaciones que tiene el país con el exterior, pues el artículo 10 de la ley vigente se faculta al Ejecutivo Federal endeudar al país en circunstancias extraordinarias, bajo el argumento de que se trata de un endeudamiento externo con fines de regulación monetaria.
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto de Ley General que Regula la Contratación de Deuda Pública y de la que contratan las instituciones privadas.
Ruego a usted, señor Presidente, se sirva ordenar la publicación íntegra de esta iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados y muchas gracias.
«Iniciativa de Ley General que Regula la Contratación de Deuda Pública y de la que Contratan las Instituciones Privadas, presentada por el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT.
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de Ley General que Regula la Contratación de Deuda Pública y de la que contratan las Instituciones Privadas, bajo la siguiente
Exposición de MotivosMéxico se sumergió desde hace varios años en una crisis de deuda pública y la solución de la misma aún no concluye.
La lección de esa crisis deudora nos dice que en el sistema capitalista la actividad económica recorre una trayectoria de crecimiento económico que culmina siempre con una crisis de sobreproducción de capital.
Por lo tanto, las naciones están cotidianamente expuestas a crisis económicas y a crisis de endeudamiento recurrentes que involucra a empresas y gobiernos.
También nos deja la lección de que mientras el problema de endeudamiento, en cualquiera de sus modalidades no sea resuelto, se convierte en un obstáculo serio para emprender un nuevo ciclo histórico de crecimiento de la economía.
México es un claro ejemplo de ello. Hoy la deuda gubernamental en todas sus modalidades, representa más de la mitad del producto interno bruto y su costo financiero consume más del 22 por ciento del gasto público.
Gran parte del esfuerzo social de los mexicanos se lo llevan los banqueros. Para impulsar el crecimiento de la economía, para la creación de empleos, para revertir la vergonzosa pobreza, casi no queda nada.
En esas circunstancias, es necesario tomar el control de este problema y poner un freno a la descapitalización de la economía y del saqueo del esfuerzo productivo nacional.
Para evitar que el Gobierno Federal continúe endeudando de forma abusiva al país proponemos derogar a la Ley General de Deuda Pública por las ambigüedades y ausencias que es necesario considerar. Alguna de ellas son las siguientes:
1. La primera tiene que ver con el concepto de endeudamiento directo neto, porque la ley actual faculta al Ejecutivo a contratar deuda bajo esta figura jurídica en el capítulo III, artículo 9, ello supone que el Poder Ejecutivo Federal contrata deuda interna y externa de forma discrecional, porque el término ``neto'' implica que las nuevas disposiciones por endeudamiento anual se ocupen para pagar amortizaciones desviando con ello el precepto constitucional del artículo 73, fracción VIII de ocupar el endeudamiento exclusivamente para fines productivos.
Por endeudamiento directo neto debe entenderse la diferencia entre el monto de los nuevos préstamos que el país realiza anualmente y las amortizaciones que paga por los vencimientos de la deuda que contrata.
Nuestra propuesta, en ese sentido, considera el monto anual del endeudamiento y el uso que debe dársele para evitar que las acciones del Ejecutivo Federal graviten sobre bases discrecionales en esta materia
2. Se debe evitar que el Poder Ejecutivo utilice como garantía prendaria frente a los acreedores en general, los activos de la nación, para evitar situaciones como la que ocurrió en marzo de 1995, cuando el Gobierno Federal dio en garantía los recursos provenientes de las exportaciones petroleras de Pemex.
3. Proponemos acotar la discrecionalidad del Ejecutivo Federal para contratar deuda pública contingente con fines de regulación monetaria.
4. También se debe contemplar la obligatoriedad de las instituciones privadas, en particular de todas aquellas formas asociativas del derecho privado, de registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito público las operaciones de endeudamiento externo que realizan anualmente, incluidas las amortizaciones e intereses de esa deuda.
Por formas asociativas del Derecho Privado nos referimos a las previstas en los siguientes ordenamientos: la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Sociedades Cooperativas y las que se regulan en el Código Civil Federal y en los correspondientes de los estados de la República Mexicana.
El sector privado debe registrar sus operaciones de endeudamiento interno y externo, así como plantear anualmente sus necesidades de endeudamiento, contemplando los vencimientos en términos de amortizaciones e intereses, a efecto de tener una programación real de las necesidades que tiene el país en materia de endeudamiento.
5. Se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico ejerza funciones de autorización, inspección y supervisión de la deuda externa que contratan o de aquélla que realizan en moneda extranjera en el mercado interno las instituciones privadas, con el propósito de conocer la capacidad económica y financiera de ellas a efecto de que garanticen el pago del servicio de la deuda que contratan.
6. Como el Gobierno Federal contrata deuda con no residentes por la vía del mercado de valores y que se contabiliza como parte de la deuda gubernamental, proponemos que sea el Congreso de la Unión, mediante solicitud del Ejecutivo Federal, quien decida el monto de contratación de este tipo de deuda.
7. Debe derogarse la disposición que permite a las empresas paraestatales endeudarse para financiar proyectos de inversión diferidos en el gasto público, como los denominados Pidiregas.
8. Asimismo, proponemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con una Comisión Consultiva en la que los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión estén representados a efecto de vigilar en una primera instancia, que los recursos derivados del endeudamiento público tengan un destino productivo y que sean utilizados para los fines para los cuales son contratados.
9. Proponemos que la deuda externa que el Banco de México contrata con el Fondo Monetario Internacional y gobiernos centrales, sea registrada como deuda del sector público, porque son obligaciones que tiene el país con el exterior, pues el artículo 10 de la ley vigente se faculta al Ejecutivo Federal endeudar al país en circunstancias extraordinarias, bajo el argumento de que se trata de un endeudamiento externo con fines de regulación monetaria.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la presente
Iniciativa con proyecto de decreto de Ley General que Regula la Contratación de Deuda Pública y de la que Contratan las Instituciones Privadas, para quedar como sigue:Ley General que Regula la Contratación de Deuda Pública y de la que Contratan las Instituciones PrivadasCapítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1Para los fines de esta ley, la deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las siguientes entidades:
I. El Ejecutivo Federal y sus dependencias
II. El Banco de México.
III. El Gobierno del Distrito Federal.
IV. Los organismos descentralizados
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria.
VI. Las Instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de fianzas, y
VII. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna de las entidades mencionadas en las fracciones II al VI.
VIII. Para los fines de esta Ley y tratándose de las formas asociativas del derecho privado, la aprobación, supervisión y regulación de la deuda externa que contraten se hará por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de que disponen los artículos 21, 22 y 23 de esta Ley. Por formas asociativas del Derecho Privado debe entenderse a las previstas en los siguientes ordenamientos: la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Sociedades Cooperativas y las que se regulan en el Código Civil Federal y en los correspondientes de los estados de la República Mexicana.
Artículo 2Para los efectos de esta ley se entiende por financiamiento la contratación dentro o fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos derivados de:
I. La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo.
II. La adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos.
III. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados, y
IV. La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores.
Artículo 3La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la Dependencia del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de la presente ley, así como de interpretarla administrativamente y expedir las disposiciones necesarias para su debido cumplimiento.
Los titulares de las entidades públicas y los representantes legales de las formas asociativas del derecho privado, serán responsables del estricto cumplimiento de las disposiciones en los términos en que los fija la presente Ley, de su reglamento, y de las directrices de contratación señaladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las infracciones a la presente ley y a los ordenamientos citados se sancionarán en los términos que legalmente correspondan y de conformidad al régimen de responsabilidades de los servidores públicos federales y del Código Civil Federal y del Código Penal Federal para el caso de las formas asociativas del derecho privado.
Capítulo IIDe las Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Artículo 4Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sólo con autorización expresa del Congreso de la Unión:
I. Emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública y con fines de expansión del aparato productivo, así como para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y cuando se trate de propósitos de regulación monetaria que involucre endeudamiento externo, también se requerirá tal autorización.
Las monedas, el plazo de las amortizaciones, la tasa de los intereses de la emisión de valores o de la concertación de empréstitos, así como las demás condiciones serán determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tratándose de la contratación de deuda externa deberá tomar en cuenta previamente la opinión de la Comisión Asesora de Financiamientos, de acuerdo con la situación que prevalezca en los mercados de dinero y capital.
II. Elaborar el programa financiero del sector público, con base en el cual se manejará la deuda pública, incluyendo la previsión de divisas, señalando el monto probable de los intereses, comisiones, gastos, el monto de las amortizaciones requeridas para el manejo de la deuda interna y externa correspondiente a cada ejercicio fiscal, así como contar con la información que deberán proporcionar las formas asociativas del derecho privado con el fin de establecer la previsión de divisas, que requiera el servicio de la deuda externa de dichas instituciones privadas.
III. Solicitar autorización al Congreso de la Unión, a nombre de las entidades paraestatales para la contratación de financiamientos externos, fijando los requisitos que deberán observar las entidades paraestatales en cada eventualidad.
IV. Cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social; que generen ingresos para su pago, y sólo con autorización del Congreso de la Unión para que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público.
V. Contratar y manejar la deuda pública del Gobierno Federal y otorgar la garantía del mismo, sin que ello implique otorgar en garantía ningún activo o bien de la nación para la realización de operaciones crediticias que se celebren con organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, siempre que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo, y que generen los recursos suficientes para el pago del crédito y tengan sólo como garantía la capacidad de pago del Gobierno Federal.
VI. Vigilar que la capacidad de pago de las entidades públicas que contraten financiamientos externos sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan. Para tal efecto deberá supervisar en forma permanente el desarrollo de los programas de financiamiento aprobados para el caso de las dependencias y entidades públicas, así como la adecuada estructura financiera de éstas.
VII. Vigilar que se hagan oportunamente los pagos de capital e intereses de los créditos contratados por las entidades públicas.
Artículo 5La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá además las siguientes facultades:
I. Contratar directamente los financiamientos a cargo del Gobierno Federal en los términos de esta ley.
II. Someter a la autorización del Presidente de la República, oyendo previamente la opinión de la Comisión Asesora de Financiamientos, las emisiones de bonos del Gobierno Federal que se coloquen dentro y fuera del país, las cuales podrán constar de una o varias series que se pondrán en circulación en la oportunidad en que el Ejecutivo Federal lo autorice, a través de la Secretaría. Estas emisiones constituirán obligaciones directas de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los términos fijados en las actas de emisión o en los documentos contractuales respectivos. Sus demás características serán señaladas por la misma Secretaría al suscribir las actas de emisión o los documentos contractuales mencionados.
Los títulos que documenten las emisiones que se coloquen en el extranjero, adquiridos por extranjeros no residentes en el país, no causarán impuesto alguno. La Secretaría de Hacienda podrá extender este tratamiento a los agentes financieros del Gobierno Federal, cuando éstos realicen emisiones por cuenta del propio gobierno. Sólo el Congreso de la Unión podrá autorizar los montos de los empréstitos que contrate el sector público con los no residentes en el mercado de valores de nuestro país. En situaciones extraordinarias, esta deuda podrá ser convertida en deuda pública externa, previo análisis de las condiciones que la originaron con autorización del Congreso de la Unión.
III. Tomar las medidas de carácter administrativo relativas al pago del principal, liquidación de intereses, comisiones, gastos financieros, requisitos y formalidades de las actas de emisión de los valores y documentos contractuales respectivos que se deriven de los empréstitos concertados, así como la reposición de los valores que documenten obligaciones en moneda nacional y extranjera y para su cotización en las bolsas de valores extranjeras y nacionales. Podrá también convenir con los acreditantes en la constitución de fondos de amortización para el pago de los valores que se rediman.
IV. Llevar el registro sistemático de la deuda del sector público federal, detallando las operaciones que impliquen endeudamiento externo. Asimismo, deberá llevar y presentar el registro de la deuda del Banco de México con organismos financieros internacionales o gobiernos extranjeros que se contraten para fines de regulación monetaria y contabilizarla como parte de la deuda externa del sector público, especificando su saldo.
Artículo 6Las entidades de la Administración Pública Paraestatal requerirán la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectuar negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales.
Para obtener esta autorización las entidades deberán proporcionar a dicha Secretaría sus programas financieros anuales y de mediano plazo, así como la demás información que se les solicite, a fin de determinar sus necesidades de crédito.
Artículo 7El manejo que hagan las entidades de la Administración Pública Paraestatal de los recursos provenientes de financiamientos contratados en los términos de esta ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Asesora de Financiamientos, quienes deberán coordinarse con la Secretaría de Estado que funja como coordinadora de sector.
Artículo 8Los financiamientos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrate o autorice deberán estar comprendidos en el programa financiero elaborado en los términos del capítulo III de esta ley y en el programa general de deuda.
Capítulo IIIDe la Programación de la Deuda Pública
Artículo 9El Congreso de la Unión será el único facultado para autorizar el monto de endeudamiento interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del Sector Público Federal incluidas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Gobierno del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, especificando los montos contratados de endeudamiento, las amortizaciones, tasas de interés, comisiones, márgenes de riesgo, montos por tipo de instrumentos financieros, estructura de vencimientos, plazos de contratación, tipo de monedas y el monto de los intereses pagados. También deberá hacer lo mismo al rendir la Cuenta Pública anual y al remitir la iniciativa de Ley de Ingresos; asimismo, informará trimestralmente de forma detallada, tal como se ha indicado, los movimientos de la misma, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo, señalando los montos que se utilicen con propósitos de regulación monetaria.
Artículo 10El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los montos del endeudamiento, tanto interno como externo, para el financiamiento del Presupuesto Federal del ejercicio fiscal correspondiente, proponiendo también los montos que correspondan a cada una de las entidades del sector público, proporcionando los elementos de juicio suficientes para fundamentar su propuesta. En la solicitud de los montos de endeudamiento, deberá especificar que cantidad corresponde a nuevos créditos internos y externos, que cantidad corresponde al pago del principal de la deuda externa e interna y el probable monto de los intereses que corresponda a la deuda interna y externa. El Congreso de la Unión será el único que podrá autorizar al Ejecutivo Federal los montos adicionales de endeudamiento cuando éste lo solicite, siempre que se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo ameriten.
El Ejecutivo Federal hará las proposiciones que correspondan en las iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal quedando sujetos los financiamientos relativos a las disposiciones de esta ley, en lo conducente.
Artículo 11Para determinar las necesidades financieras a que se refiere el Artículo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá conocer por conducto de las Secretarías de Estado encargadas de la coordinación del sector que corresponda, los proyectos y programas de actividades debidamente aprobados por la Secretaría coordinadora de sector, que requieran de financiamientos para su realización.
Artículo 12Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión, serán la base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de los presupuestos Federal y del Gobierno del Distrito Federal. El endeudamiento de las entidades incluidas en dichos Presupuestos invariablemente estará correspondido con la calendarización y demás previsiones acordadas periódicamente con las dependencias competentes en materia de gasto de financiamiento.
Artículo 13La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con las facultades que le concede el Capítulo II de esta Ley, autorizará en su caso, los financiamientos que promuevan las entidades del sector público; cuando éstos sean del exterior o se concerten en moneda extranjera tendrá en cuenta la opinión de la Comisión Asesora de Financiamientos Externos.
Artículo 14El monto de las partidas que las entidades deban destinar anualmente para satisfacer compromisos derivados de la contratación de financiamientos, será revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, a fin de que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Capítulo IVDe la Contratación de los Financiamientos del Gobierno Federal
Artículo 15El Ejecutivo Federal y sus dependencias sólo podrán contratar financiamientos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las Entidades mencionadas en las fracciones III a VII del Artículo 1º de esta Ley, sólo podrán contratar financiamientos externos con la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En cuanto a los financiamientos internos bastará con la aprobación de sus órganos de gobierno, procediéndose en los términos del Artículo 6º de este ordenamiento.
Artículo 16Los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal que requieran financiamientos para su realización, en ningún caso podrán contratar ninguna clase de deuda, si no es con previa autorización del Congreso de la Unión a partir de conocer la viabilidad de los proyectos de que se trate y si además, las empresas tienen capacidad para contratar los montos de endeudamiento que dichos proyectos representen.
Capítulo VDe la contratación de financiamiento para las entidades del Gobierno Federal
Artículo 17Las entidades mencionadas en las fracciones III a VII del Artículo 1º de esta Ley, que no estén comprendidas dentro de los presupuestos de Egresos de la Federación y del Gobierno del Distrito Federal, requerirán autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación de financiamientos externos.
Las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, cuando se trate de financiamientos originados en el ejercicio de dicho servicio, sólo requieren la autorización a que se refieren este Artículo y el 15, cuando tales financiamientos deriven de las siguientes operaciones concertadas con instituciones y entidades financieras del país o del exterior.
I. Créditos directos a plazo mayor de un año;
II. Créditos Sindicados;
III. Emisiones de títulos en serie o en masa, colocados y pagaderos entre el público inversionista; y
IV. Operaciones que originen pasivos contingentes y aceptaciones bancarias, de conformidad con las disposiciones de carácter general que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 18Para los efectos del Artículo anterior, las entidades deberán formular para la autorización de los créditos externos, la solicitud correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acompañando la información que ésta determine.
Asimismo, deberán presentar ante dicha Secretaría, mensualmente y en la forma que ésta lo requiera, sus estados financieros, datos sobre sus pasivos y la información adicional que les sea solicitada para determinar su capacidad de pago y la necesidad debidamente razonada del tipo de gasto que se pretenda financiar con los recursos del crédito; el uso de las disponibilidades de cada línea de crédito y sus amortizaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá complementar la citada información, mediante el examen de registros y documentos de las mismas entidades.
Artículo 19La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se abstendrá de autorizar financiamientos a favor de las entidades a que se refiere este capítulo, cuando los programas de actividades, apoyados total o parcialmente con dichos financiamientos, no estén comprendidos en los planes y presupuestos aprobados.
Los financiamientos deberán ser acordes con la capacidad de pago de las entidades, la cual se estimará conforme a los criterios que establezca en forma general o particular la citada Secretaría.
Artículo 20La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará por escrito su resolución a las entidades solicitantes precisando, en su caso, las características y condiciones en que los créditos pueden ser concertados.
Si el crédito obtenido se formalizare con una emisión de bonos o con un contrato, tanto en el acta de emisión, como en el contrato, así como en los bonos y documentos que de ellos se deriven, deberán citarse los datos fundamentales de la mencionada autorización. Igual disposición será observada en los demás títulos de crédito que sobre el particular suscriban, avalen o acepten las entidades. Los documentos de referencia no tendrán validez si en ellos no estuvieron consignados los datos de la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En los títulos u otros documentos donde se hicieren constar obligaciones de crédito interno a cargo de las entidades públicas, deberá expresarse que los mismos sólo serán negociables con sociedades nacionales de crédito.
Capítulo VIDe la Contratación de Deuda Externa por Parte de las Formas Asociativas del Derecho Privado
Artículo 21La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la Facultad legal de autorizar la contratación de deuda externa que realicen las instituciones privadas residentes en los Estados Unidos Mexicanos englobadas en las distintas formas asociativas del derecho privado, así como cuando contraten deuda en moneda extranjera con instituciones financieras residentes en el territorio nacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo a la autorización de contratación de deuda externa, deberá solicitar a las formas asociativas del derecho privado la documentación relativa a los dictámenes de sus estados financieros que le exijan los acreedores, con el propósito de conocer la capacidad económica y financiera de ellas para poder pagar el servicio de la deuda que contratan.
En ningún caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fungir como garante de la deuda externa que contratan las formas asociativas del derecho privado en los mercados internacionales de capitales o de la que contraten en moneda extranjera en territorio nacional.
Artículo 22La Secretaria de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad legal para realizar funciones de inspección y vigilancia, con el propósito de garantizar que la deuda externa o interna que contraten en moneda extranjera o nacional las formas asociativas del derecho privado, se destinen a actividades productivas, quedando estrictamente prohibido que el monto de dichos créditos, en forma total o parcial, se destinen a actividades de especulación en los mercados financieros.
Artículo 23Las dependencias del Ejecutivo Federal, no podrán elaborar o diseñar programas que tengan como finalidad el rescate de cualquier forma asociativa del derecho privado que contraten deuda externa en los mercados internacionales de capitales o de aquéllas que se endeudan en moneda extranjera en el mercado interno.
Capítulo VIIDe la Vigilancia de las Operaciones de Endeudamiento
Artículo 24Las entidades acreditadas, ya sean del Gobierno Federal o de la Administración Pública Paraestatal llevarán los registros de los financiamientos en que participen conforme a las reglas que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Deberán además proporcionar a la misma Secretaría, toda la información necesaria para llevar a cabo la vigilancia que le compete respecto a la aplicación de los recursos provenientes de financiamientos autorizados, con la periodicidad y en la forma que dicha Secretaría determine.
Artículo 25La secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que se incluyan en los presupuestos de las entidades del sector público los montos necesarios para satisfacer puntualmente los compromisos derivados de la contratación de financiamientos en los términos de los artículos segundo y quince de esta ley. Asimismo solicitará a las formas asociativas del derecho privado información sobre los compromisos que tiene con el exterior con relación a los vencimientos de su deuda exterior, así como de los intereses de la misma.
Artículo 26Las entidades del sector público prestarán todo género de facilidades al personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Asesora de Financiamientos del Sector Público que, en su caso, acuda a comprobar la debida contratación, aplicación y manejo de la deuda.
Artículo 27Sin perjuicio de lo señalado por los Artículos del presente capítulo de las Secretarías de Estado y los encargados de la coordinación de los sectores correspondientes, en el desempeño de sus funciones, vigilarán la utilización de los recursos provenientes de financiamientos autorizados a las entidades de su sector.
Capítulo VIIIDel Registro de Obligaciones Financieras
Artículo 28La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará el registro de las obligaciones financieras constitutivas de deuda que asuman las entidades públicas en los que se anotarán los montos contratados de endeudamiento, las amortizaciones, tasas de interés, comisiones, márgenes de riesgo, montos por tipo de instrumentos financieros, estructura de vencimientos, plazos de contratación, tipo de monedas y el monto de los intereses pagados. En cuanto a la información de la deuda externa que contratan las formas asociativas del derecho privado se anotarán los mismos datos que se exigen para las entidades públicas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá entregar dicha información a las Cámaras del Congreso de la Unión en los términos en que se señala en el artículo 9 de la presente Ley en lo referente al endeudamiento del sector público. Asimismo, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los datos relativos al endeudamiento público tanto interno como externo, en los términos en que indica en el artículo 9 de la presente Ley. Para el caso de las formas asociativas del derecho privado, sólo se deberá publicar los datos globales de dicho endeudamiento, señalando las amortizaciones y el monto de los intereses que pagan éstas.
Artículo 29Los titulares de las entidades públicas, así como los representantes legales de las formas asociativas del derecho privado están obligados a comunicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos de todos los financiamientos externos contratados así como de los movimientos que en éstos se efectúen.
Artículo 30Las operaciones de crédito autorizadas, así como su registro, sólo podrán modificarse con los mismos requisitos y formalidades relativos a su autorización.
Capítulo IXDe la Comisión Asesora de Financiamientos.
Artículo 31Se crea la Comisión Asesora de Financiamientos, como órgano técnico consultivo para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de créditos, que se integrará con un representante propietario y suplente de:
I. a) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
b) El Banco de México y Nacional Financiera.
II. a) Un representante por cada uno de los grupos parlamentarios debidamente constituidos de la Cámara de Diputados.
La presidencia de dicha Comisión deberá rotarse trimestralmente entre cada uno de sus integrantes.
La Comisión Asesora de Financiamientos, elaborará su reglamento de funcionamiento en el cual se especificará la periodicidad de sus reuniones.
Artículo 32La Comisión tendrá las siguientes funciones:
I. Evaluar las necesidades de financiamiento del sector público federal.
II. Asesorar en el diseño de la política que deba adoptarse en materia de endeudamiento, para el sector público federal, opinando sobre planes anuales en los que se precise la estrategia de captación de recursos externos e internos, los montos que deban obtenerse de estos recursos y la fuente y aplicación de los mismos, en coordinación con las medidas que dicte el Ejecutivo en materia financiera, para alcanzar los objetivos de la política económica nacional.
III. Proponer las medidas de coordinación de las entidades del sector público federal en todo lo que se refiera a captación de recursos para las mismas, considerando lineamientos de negociación sobre las condiciones generales de los créditos que se pretendan contratar.
IV. Estudiar los programas de financiamientos para las entidades del sector público federal con criterios de oportunidad y prelación.
V. Conocer y opinar sobre los estudios que se refieran a la deuda externa e interna del sector público federal y recomendar políticas para mantenerla dentro de la capacidad de pago de dicho sector y del país.
VI. La Comisión asesorará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el monto del financiamiento externo que las entidades del sector público contraten anualmente.
VII. En general todos aquellos que permitan asesorar debidamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el manejo de la deuda externa de las entidades del sector público y las que le señalen esta ley y otros ordenamientos.
Para la programación de los financiamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá tomar en cuenta la opinión de la Comisión Asesora de Financiamientos.
TransitoriosPrimero.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se abroga la Ley General de Deuda Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de noviembre de dos mil tres.--- Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan A. Guajardo Anzaldúa, Oscar González Yáñez, Joel Padilla Peña, Amadeo Espinosa Ramos (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Como lo pide el orador, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Javier Valdez de Anda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Francisco Javier Valdez de Anda:Con su permiso, señor Presidente; estimados compañeros diputados de esta LIX Legislatura:
En esta dinámica intensa de cambio y revisión de nuestra estructura legal, política, económica y social, donde somos actores importantes en esta gran Reforma de Estado, creo que es fundamental pensar que una reforma estructural no solamente es en materia económica, sino que la reforma jurídica es vital en este gran cambio intenso que vive la nación y muy en particular es la prevención y revisión en materia de derechos humanos, paralelamente a las reformas económicas que están en debate.
Por ello me permito presentar a esta Asamblea la siguiente iniciativa:
Como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento iniciativa de decreto que adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105 constitucional al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa Constitución es nuestra Ley Suprema en la que se recoge la voluntad de los mexicanos y constituye el sustento de nuestro Estado de Derecho. Fortalecer el Estado de Derecho requiere mejores instrumentos para asegurar la plena vigencia de nuestra Constitución, mayor capacidad para aplicar la ley, sancionar a quienes la violan y dirimir las controversias.
Los procesos de Reforma del Estado en la actualidad, tienen la tarea de concentrarse en la búsqueda de nuevos diseños institucionales que fortalezcan nuestro estado de derecho, así, uno de los aspectos tocados por la Reforma del Estado, tiene que ver con todos los mecanismos normativos e institucionales que se refieren al reforzamiento de los principios del Estado de Derecho.
Es así como la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994 al artículo 105 constitucional, transformó el papel del Poder Judicial de la Federación; se consolidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional; por ello se le otorgó la facultad de conocer de las acciones de inconstitucionalidad.
De esta manera se otorgó mayor peso político e institucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al darle mayor efectividad y alcance a ésta como intérprete y garante último de la Constitución; es decir, tribunal constitucional.
Esto es, que la competencia otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer tanto de las controversias constitucionales como de las acciones de inconstitucionalidad, han erigido a ésta en un auténtico tribunal constitucional, cuya actuación le legitima plenamente.
La acción de inconstitucionalidad es introducida en la Constitución como un medio de control constitucional, que persigue la regularidad constitucional de las normas generales, a través de ella se permite el planteamiento de la inconstitucionalidad de una norma y la posibilidad de obtener una declaratoria de invalidez con efectos generales.
El objeto primordial de las acciones de inconstitucionalidad es el control abstracto y su efecto, la consiguiente anulación de las normas cuestionadas.
En consecuencia, la figura de la acción de inconstitucionalidad constituye un valioso instrumento para consolidar el Estado de Derecho y el principio de la supremacía constitucional como el rector de la vida nacional.
Sin embargo, los nobles propósitos de la acción de inconstitucionalidad no están al alcance de todos, porque no cualquiera está legitimado para presentar una demanda de este tipo. La legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad está limitada de acuerdo con el 105, fracción II de la Constitución: ``Corresponde en primer término, a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, a las entidades federativas a través de sus legislaturas estatales, al Procurador General de la República, a los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y a los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral''.
Debemos reconocer que la acción de inconstitucionalidad responde a una exigencia de la sociedad mexicana, quien exige de la función pública eficiencia, honestidad, apego a la Ley Fundamental y, sobre todo, respeto a la dignidad humana.
Atendiendo a esta demanda surge, mediante el establecimiento en la Constitución, de las comisiones de Derechos Humanos en el artículo 102-B, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con un reto enorme: lograr que los actos del poder tomen su cauce legal, prevenir los desvíos, propiciar que los abusos sean castigados y darle certeza a los gobernados de que cuentan con una instancia totalmente confiable, a la que pueden acudir en defensa de sus derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se estableció en México mediante el decreto que adicionó el artículo 102 de la Constitución, el apartado B, con fecha 27 de enero de 1992; se crea como un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. Este organismo en la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.
Sin duda, la tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias, para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos.
Una de las bondades que traería consigo esta iniciativa, es que de aprobarse, la ciudadanía se vería protegida por la entrada en vigor de normas inconstitucionales que violentaran sus garantías individuales, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia al declarar una norma como inconstitucional, la ley o tratado internacional dejarían de entrar en vigor y en consecuencia su declaración surtiría efectos para todas las personas. Es decir, su fallo tendría efecto erga omnes y los ciudadanos se verían protegidos y sin la necesidad de interponer un juicio de garantías, el cual sólo tiene efectos limitativos entre quien lo promueve.
Por otra parte, debemos tomar en cuenta que de aprobarse esta iniciativa además de proteger, de fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fortalecería las acciones preventivas a posibles violaciones a los derechos humanos, en virtud de que al estar en marcha al proceso legislativo, esta iniciativa evitaría cualquier entrada en vigor de una ley que atente contra los derechos humanos de las personas.
Por las razones expuestas, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente
Proyecto de DecretoQue adiciona la fracción II del artículo 105 constitucional.
Artículo único. Se adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
g) La Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado, que vayan en contra de las garantías individuales previstas por esta Constitución.
En la Ciudad de México, DF, a 6 de noviembre del presente año.
Pongo a consideración de esta Cámara de Diputados y entrego a la secretaría para que se inscriba en el Diario de los Debates y en su momento se turne a la comisión correspondiente.
Muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda ejercer acciones de inconstitucionalidad respecto a leyes y tratados contraventores de garantías individuales, presentada por el diputado Francisco Javier Valdez de Anda, del grupo parlamentario del PAN.
El que suscribe, diputado Francisco Javier Valdez de Anda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento iniciativa de decreto que adiciona, el inciso g) a la fracción II del artículo 105 constitucional, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa Constitución es nuestra ley suprema en la que se recoge la voluntad de los mexicanos y constituye el sustento de nuestro Estado de derecho.
Fortalecer el Estado de derecho requiere mejores instrumentos para asegurar la plena vigencia de nuestra Constitución, mayor capacidad para aplicar la ley, sancionar a quienes la violan y dirimir las controversias.
Los procesos de reforma del Estado, en la actualidad tienen la tarea de concentrarse en la búsqueda de nuevos diseños institucionales que fortalezcan el Estado de derecho.
Uno de los aspectos tocados por la reforma del Estado, tiene que ver con todos los mecanismos normativos e institucionales que se refiere al refuerzo de los principios del Estado de derecho.
Así, la reforma constitucional del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro al artículo 105 constitucional, transformó el papel del Poder Judicial de la Federación: se consolidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, por ello se le otorgó la facultad de conocer de las acciones de inconstitucionalidad.
De esa manera se otorgó mayor peso político e institucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al darle mayor efectividad y alcance a ésta como intérprete y garante último de la Constitución, es decir, como Tribunal Constitucional. Esto es, que la competencia otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer tanto de las controversias constitucionales como de las acciones de inconstitucionalidad, han erigido a ésta en un auténtico tribunal constitucional, cuya actuación le legitima plenamente.
La acción de inconstitucionalidad es introducida en la Constitución como un medio de control constitucional que persigue la regularidad constitucional de las normas generales. A través de ella se permite el planteamiento de la inconstitucionalidad de una norma y la posibilidad de obtener una declaratoria de invalidez con efectos generales.
El objeto primordial de las acciones de inconstitucionalidad es el control abstracto y su efecto la consiguiente anulación de las normas cuestionadas.
En consecuencia, la figura de la acción de inconstitucionalidad constituye un valioso instrumento para consolidar el Estado de derecho y el principio de la supremacía constitucional como el rector de la vida nacional.
Sin embargo, los nobles propósitos de la acción de inconstitucionalidad no están al alcance de todos, porque no cualquiera está legitimado para presentar una demanda de este tipo.
La legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad, está limitada, de acuerdo con el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, corresponde, en primer término a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; a las entidades federativas, a través de sus legislaturas estatales; al Procurador General de la República; a los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y a los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral.
Debemos reconocer que la acción de inconstitucionalidad responde a una exigencia de la sociedad mexicana quien exige de la función pública eficiencia, honestidad, apego a la Ley Fundamental y respeto a la dignidad humana. Atendiendo a esta demanda, surge mediante el establecimiento en la Constitución de las Comisiones de Derechos Humanos en el artículo 102-B, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con un reto enorme: lograr que los actos del poder tomen su cauce legal, prevenir los desvíos, propiciar que los abusos sean castigados y darles certeza a los gobernados de que cuentan con una instancia totalmente confiable a la que pueden acudir en defensa de sus derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se estableció en México mediante el decreto que adicionó al artículo 102 de la Constitución, el apartado B, con fecha 27 de enero de 1992. Se crea como un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.
El objetivo esencial de ese organismo es la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.
Debido a su finalidad de velar por el respeto de los derechos humanos, tiene a su cargo diversas funciones tales como impulsar la observancia de los derechos humanos en el país, elaborar programas preventivos en materia de derechos humanos, recibir quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, investigar posibles violaciones a los derechos humanos, formulación de recomendaciones, así como proponer al Ejecutivo federal la suscripción de convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
Sin duda, la tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos.
En este sentido, el Poder Legislativo, representante de la sociedad, habrá de ocupar un papel fundamental en la implementación de los mecanismos que así lo permitan.
Debido a lo anterior y en virtud del noble objetivo de protección constitucional del recurso de acción de inconstitucionalidad, considero que es necesario reconocer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos legitimación para ejercitar acciones de inconstitucionalidad cuando leyes o tratados contravengan las garantías individuales, con ello fortaleceríamos la indispensable labor que desarrolla el ombudsman, quien en su función, controla el Poder en beneficio de la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica de las personas.
Como podemos apreciar, la enorme e indispensable labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, rebasa las capacidades políticas y las facultades legales que le han sido otorgadas, por lo que es necesario fortalecer su actuación en la defensa de los derechos humanos y dotarla de la facultad para promover la acción de inconstitucionalidad y así lograr la tutela de las normas constitucionales como forma más eficaz de dar vigencia y consolidar el Estado de derecho.
En tal sentido, se considera pertinente que la Comisión tenga la posibilidad de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las acciones de inconstitucionalidad necesarias para que esta última determine si una ley es violatoria de las garantías individuales, y en consecuencia, el defensor del pueblo esté cumpliendo cabalmente y con todas las herramientas posibles, la función que su misma denominación hace explícita, la de defender.
Por otro lado, si bien es cierto que el conceder dicha facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se estaría fortaleciendo tanto a ésta, como a la vigencia misma de los derechos humanos en nuestro país; lo sería también respecto al Poder Judicial de la Federación, como un pleno reconocimiento a su independencia y soberanía, al Tribunal garante último de la Constitución.
Una de las bondades que traería consigo esta Iniciativa, es que de aprobarse, la ciudadanía se vería protegida por la entrada en vigor de normas inconstitucionales que violentaran sus garantías individuales, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia al declarar una norma como inconstitucional, le ley o tratado internacional dejaría de entrar en vigor y en consecuencia, su declaración surtiría efectos para todos las personas, es decir, su fallo tendría efecto erga omnes, los ciudadanos se verían protegidos y sin la necesidad de interponer un juicio de garantías, el cual sólo tiene efectos limitativos entre quien lo promueve.
Por otra parte, debemos tomar en cuenta que de aprobarse esta Iniciativa, además de fortalecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fortalecería las acciones preventivas a posibles violaciones de los derechos humanos, en virtud de que al estar en marcha el proceso legislativo, esta Iniciativa, evitaría cualquier entrada en vigor de una ley que atente contra los derechos humanos de las personas.
Por las razones expuestas, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
Proyecto de decreto que adiciona la fracción II del artículo 105 constitucionalArtículo Unico. Se adiciona el inciso g) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 105. ...I. ...
a) a k) ...
...
...
II. ...
...
a) a f) ...
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado, que vayan en contra de las garantías individuales previstas en esta Constitución.
...
...
...
III. ...
...
...
México, Distrito Federal, a once de noviembre de dos mil tres.--- Dip. Francisco Javier Valdez de Anda (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre del 2003, con el propósito de asistir a la XIII Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo--- LIX Legislatura.--- Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Dictamen por el que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre del 2003, con el propósito de asistir a la XIII Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Honorable Asamblea:
El 6 de noviembre del presente, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre del 2003, con el propósito de asistir a la XIII Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 párrafo sexto, incisos d, e y f; así como en el tercero transitorio, fracción IV, inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 57, 59, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , la Comisión que suscribe procedió al estudio y análisis de la minuta enviada por la Cámara de Senadores, con base en las consideraciones siguientes:
En un mundo inexorablemente globalizado, donde diversas naciones del orbe con la finalidad de adquirir mayor solidez económica, se muestran dispuestas a formar bloques comerciales con otros países, acaparando con tales conjunciones el mercado internacional y trayendo consecuentemente para las naciones en proceso de desarrollo económico una evidente imposibilidad de competir ante el proceso de unificación comercial de otras naciones, se hace necesario sostener la prioridad que otorga México en su política exterior respecto a América Latina. Donde el deseo de estrechar los lazos de hermandad que nos unen queda latente por compartir una historia común que nos ha sido legada, intereses que se cruzan y nos dan identidad y un destino.
Asimismo, con España y Portugal, nos vincula el hecho de ser herederos de los principios y valores que nos legaron las naciones del viejo continente, valores y principios que a su vez, compartimos con los países latinoamericanos creando una identidad común entre las naciones de Iberoamérica.
La Cumbre en comento, surge como iniciativa del Gobierno Español teniendo su primer encuentro en junio de 1991 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. La Cumbre, se encuentra integrada por los jefes de Estado y de Gobierno de 21 países, quienes representan a casi 600 millones de iberoamericanos y tiene su principal sustento en las afinidades históricas y culturales, además de tener un sistema jurídico basado en principios fundamentales como la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos.
La relevancia que adquiere el celebrar las reuniones de la Cumbre Iberoamericana, obedece a la necesidad de profundizar en el análisis de temas comunes como los retos que enfrentan las naciones que conforman la región Iberoamericana y la búsqueda de soluciones conjuntas; trabajar en coadyuvancia para conseguir un futuro de paz y prosperidad, mayor bienestar e igualdad social; impulsar un proyecto de cooperación iberoamericana basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad, y constituir la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de los estados soberanos de América Latina y Europa de lengua española y portuguesa.
En la pasada XII Cumbre realizada en Bávaro, República Dominicana se elaboró una retrospectiva de las anteriores; en el desarrollo de esas reuniones se han abordado temas trascendentales y de actualidad para nuestros países, entre ellos: la niñez, los valores éticos de la democracia, los desafíos de la globalización y la integración regional, la situación financiera internacional, el desarrollo social, el comercio y el desarrollo iberoamericano, entre otros.
En esa Cumbre, los mandatarios reunidos reafirmaron en la Declaración de Bávaro su compromiso por fortalecer la democracia, combatir el terrorismo, el narcotráfico, la violencia y la prevención de desequilibrios financieros internacionales.
Asimismo, reflexionaron sobre la interrelación del turismo, medio ambiente, la agricultura y la educación, evaluaron la pertinencia de promover políticas regionales consensuadas, orientadas al desarrollo de un turismo sustentable, que considera el cuidado y protección del medio ambiente y la preservación de la riqueza cultural de los países iberoamericanos. Los mandatarios ahí reunidos pusieron énfasis en las acciones de cooperación regional y multilateral como herramientas para superar la pobreza y fortalecer la democracia.
Un logro de la participación de nuestro país en la pasada Cumbre fue la inclusión de un párrafo en la Declaración Final sobre la relación entre el turismo sustentable y el respeto al patrimonio y la cultura indígena, así como, la conservación de las zonas arqueológicas.
Dentro de la Cumbre a realizarse, se contempla el llevar a cabo conferencias sectoriales de Ministros de Estado en diversas áreas como la educación, cultura, salud, medio ambiente, agricultura, turismo, niñez y adolescencia. En anteriores reuniones que se han venido realizando desde el mes de marzo de este año con el traspaso de la Secretaria pro tempore a Bolivia, los ministros han establecido estrategias conjuntas de cooperación multilateral a desarrollarse en los años venideros.
Se espera que durante esta Cumbre se presente el ``Informe Cardoso'', documento que el ex presidente de Brasil, quien preside el grupo de trabajo creado en la Declaración Final de Bávaro, está trabajando en torno al mejoramiento de estas Cumbres que permitan fortalecerlas.
La presencia del Presidente de México en la XIII Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia el 14 y 15 de noviembre del presente año, permitirá dar continuidad a la estrategia multilateral y regional de México, enriqueciendo su presencia en un área en donde las inestabilidades de la arquitectura financiera internacional y del desarrollo son problemas urgentes de resolver. Este año el tema a discutir será ``Inclusión Social, Motor del Desarrollo''.
Los miembros de la Comisión que suscribe, coincidimos en que la presencia del Titular del Poder Ejecutivo en esta Cumbre es congruente con la posición de México de reforzar la diplomacia multilateral; reafirmar el interés prioritario por la región latinoamericana; reconocer el papel que España y Portugal juegan en la estrategia de inserción de México en Europa, y el interés político, económico y cultural de estas naciones por la región iberoamericana. En general, reiterar los beneficios que trae aparejados una política exterior más activa y diversificada.
Por tal motivo, esperamos que la XIII Cumbre Iberoamericana se constituya en un punto de inflexión y de nueva vida a este importante mecanismo de integración que ya empieza a mostrar sus alcances. Debemos tener presente la visión latinoamericanista de Simón Bolívar, quien consideraba que ``LA PATRIA ES AMÉRICA''.
Como resultado de esta Cumbre es de esperarse que se aprueben los documentos políticos tendientes a fijar normas para la elaboración de la Declaración Final de la Cumbre; y tratar temas como: la solución de la disputa sobre la soberanía de las Islas Malvinas; la oposición a los subsidios a la producción y exportación agrícola y agroindustrial y una declaración reconociendo la contribución de Panamá a la unidad latinoamericana.
Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura estimamos trascendental la asistencia del titular del Poder Ejecutivo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia pues independientemente de los objetivos que persigue la reunión, representa una oportunidad para intercambiar puntos de vista y sostener algunas reuniones con los mandatarios de los países asistentes en el afán de contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, y a la luz del análisis efectuado a la Minuta con proyecto de decreto enviada por la colegisladora, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
DecretoARTÍCULO ÚNICO.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre de 2003, con el propósito de asistir a la XIII Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
TransitorioÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de noviembre de 2003.
Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo de Unanue Aguirre (rúbrica), secretario; Carlos M. Jiménez Macías, secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretario; José Alberto Aguilar Iñárritu, Angel Juan Alonso Díaz Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Sami David David, Homero Díaz Rodríguez, María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández, Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Juan José García Ochoa (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Francisco Xavier López Mena (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Marco Antonio Torres Hernández..»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Es de primera lectura.Y en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto...
En virtud de que no se han registrado oradores para la discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora Secretaria.
Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.
(Votación.)Señor Presidente, se emitieron 442 votos en pro, ocho en contra y 17 abstenciones.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobado el proyecto de decreto por 442 votos. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Rodolfo Elizondo Torres, Eduardo Sojo Garza Aldape, Marco Antonio Peyrot González, Allan Nahum Kaim, Eduardo Roberto Zúñiga Martín del Campo, Adolfo Héctor Tonatiuh Velazco Bernal, Isaac Woldenberg Karakowsky, Alberto Castro Rosas y Francisco Alfonso Durazo Montaño, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. María de Lourdes López Salinas, Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo, María Cristina López Villafranco, Ignacio Martínez Morales, Everardo Masse Bautista, Luis Antonio Melgoza Martínez, Ana Margarita Ortega Ramírez, María de Jesús Reyes Alvarez, Héctor Abel Soriano Velazco y Tomás Roberto González Sada, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se les dispensa la lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 28 de octubre del año en curso le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente
Proyecto de DecretoArtículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano mexicano licenciado Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 29 de octubre de 2003.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García, Wintilo Vega Murillo.»
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, el 23 de octubre de 2003 le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape y Almirante Marco Antonio Peyrot González para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República Federal de Alemania y de la República Italiana, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
Proyecto de DecretoArtículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Almirante Marco Antonio Peyrot González, secretario de Marina, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de octubre de 2003.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García, Wintilo Vega Murillo.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, el 23 de octubre de 2003 le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Allan Nahum Kaim, Contralmirante CG DEM Eduardo Roberto Zúñiga Martín del Campo y Teniente Coronel de Artillería DEM Adolfo Héctor Tonatiuh Velazco Bernal para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos de la República Federal de Alemania, de la República Argentina y del Reino de España, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
Proyecto de DecretoArtículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Allan Nahum Kaim para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Contralmirante CG DEM Eduardo Roberto Zúñiga Martín del Campo para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Naval a los Servicios Distinguidos, que le confiere el Gobierno de la República Argentina.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Artillería DEM Adolfo Héctor Tonatiuh Velazco Bernal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de octubre de 2003.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García, Wintilo Vega Murillo.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 23 de octubre del año en curso le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las minutas proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Mtro. Isaac José Woldenberg Karakowsky, Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas y Lic. Francisco Alfonso Durazo Montaño para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en grado de Gran Oficial; Cruz de la Marina de la Defensa Nacional, y de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que les confieren los gobiernos de las Repúblicas del Perú, de Guatemala y Federal de Alemania, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados, y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente
Proyecto de DecretoArtículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Mtro. Isaac José Woldenberg Karakowsky para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas para aceptar y usar la condecoración Cruz de la Marina de la Defensa Nacional, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Lic. Francisco Alfonso Durazo Montaño para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de octubre de 2003.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García, Wintilo Vega Murillo.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 23 de octubre del año en curso le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María de Lourdes López Salinas, Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo, María Cristina López Villafranco, Ignacio Martínez Morales, Everardo Massé Bautista, Luis Antonio Melgoza Martínez, Ana Margarita Ortega Ramírez, María de Jesús Reyes Alvarez y Héctor Abel Soriano Velasco para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente
Proyecto de DecretoArtículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana María de Lourdes López Salinas para que pueda prestar sus servicios como auxiliar contable en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo para que pueda prestar sus servicios como auxiliar en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana María Cristina López Villafranco para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Ignacio Martínez Morales para que pueda prestar sus servicios como vigilante en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Everardo Massé Bautista para que pueda prestar sus servicios como empleado auxiliar en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Luis Antonio Melgoza Martínez para que pueda prestar sus servicios como empleado auxiliar en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Ana Margarita Ortega Ramírez para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Octavo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana María de Jesús Reyes Alvarez para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Noveno.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Héctor Abel Soriano Velasco para que pueda prestar sus servicios como intendente en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de octubre de 2003.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García, Wintilo Vega Murillo.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
En oficio de fecha 21 de octubre de 2003, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Tomás Roberto González Sada para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el día 23 de octubre del año en curso se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerandoa) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará al Gobierno de Japón, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de DecretoArtículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Tomás Roberto González Sada para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.
Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de octubre de 2003.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García, Wintilo Vega Murillo.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
Se les recuerda a las señoras diputadas y diputados, que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación, una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún voto.
(Votación.)
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
Señor Presidente: se emitieron 419 votos en pro, tres en contra y 10 abstenciones.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobados los proyectos de decreto por 419 votos.Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Tiene el uso de la palabra el diputado don Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que resuelva la aplicación de la salvaguarda global a las importaciones de carne de bovino que se encuentra pendiente de resolver ante la Secretaría de Economía.
El diputado Gonzalo Alemán Migliolo:Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
Considerablemente desplazados por el constante incremento de las importaciones de carne de bovino en canal, en cortes sin deshuesar y en carne deshuesada fresca, refrigerada o congelada proveniente en su mayoría de Estados Unidos de América y de Canadá, el pasado 28 de febrero del presente año la Confederación Nacional Ganadera y la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, Asociación Civil, solicitaron ante la Unidad de Prácticas Comerciales e Internacionales de la Secretaría de Economía, la aplicación de la salvaguarda global a las importaciones de carne de bovino sin que a la fecha, a casi cinco meses de la fecha legal de respuesta, 12 de junio, la dependencia se haya manifestado al respecto con una franca violación al derecho de petición de los particulares consagrada en el artículo 8º constitucional.
El incremento del 160% en las importaciones entre 1997 y 2003, como resultado de los compromisos de la liberación comercial contraídos por el Gobierno de México en la Organización Mundial de Comercio, ha afectado seriamente a los productores nacionales de carne de bovino, quienes han perdido una importante participación en el mercado nacional.
Las importaciones totales participan ya con el 40% del consumo nacional, lo que ha provocado un 10% de contracción en la producción nacional.
De conformidad con la legislación nacional y acuerdos comerciales vigente, el gobierno mexicano puede adoptar medidas de salvaguarda global, sin que se requiera el consentimiento de los países exportadores, cuando importantes volúmenes de productos importados, dañan gravemente a un sector productivo nacional.
La medida de salvaguarda global, solicitada, consiste en el establecimiento de un arancel cupo por un periodo de seis años, de un 45%.
La medida beneficiaría directamente a los productores nacionales de carne y con ello se generarían cerca de 1.3 millones de empleos directos por la ganadería y 3.4% millones de empleos indirectos relacionados.
Las praderas y agostaderos operan a la mitad de su capacidad; los corrales de engorda al 40%; las instalaciones de sacrificio TIF operan al 32% de su capacidad instalada.
Al establecer medidas globales de salvaguarda, el Gobierno de México debe de compensar a los socios comerciales, por lo que bajo la prioridad de proteger a la planta productiva nacional, en cumplimiento del artículo 131 constitucional, debe iniciar en breve consultas y negociaciones con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, países con mayores exportaciones de carne a México, y en cuanto se establezcan las medidas solicitadas, tendrá que asegurarse de la puesta en marcha de un programa de ajuste competitivo cuyo principal objetivo será posicionar a la carne mexicana en el mercado nacional e internacional a través de productos de valor agregado.
Señores legisladores: hoy, en esta Asamblea Nacional, debatimos las grandes propuestas de temas económicos, hacendarios y políticos. Debemos mirar al campo mexicano y a su planta productiva para buscar las fórmulas que permitan mayores ingresos al Gobierno Federal a través de los aranceles propuestos y defender a los productores nacionales de ganado y los empleos directos e indirectos que genera esta actividad.
Por tanto, exhortemos al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía se resuelva la petición de la Confederación Nacional Ganadera y se pueda aplicar la salvaguarda global de importaciones de carne de bovino, dictando la resolución correspondiente y con las facultades que concede el artículo 131 de nuestra Carta Magna.
Compañeros legisladores: el campo es un asunto de seguridad nacional, no lo desatendamos, apoyémosle...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor diputado: le ruego concluir.
El diputado Gonzalo Alemán Migliolo:Termino, señor Presidente.
...Es una obligación que se va a producir en tener un México más justo y un México más seguro.
Por lo tanto, yo pido me permitan presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo que solicite se procese como de urgente y obvia resolución:
Unico. Se exhorte al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía resuelva la solicitud de aplicación de la salvaguarda global de las importaciones de carne de bovino solicitada ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la citada dependencia por la Confederación Nacional Ganadera y la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, por haber transcurrido el término de su respuesta.
Señor Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva: solicito que el documento que entrego a la Secretaría se publique íntegro en la Gaceta Legislativa y se transcriba en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a resolver la aplicación de la salvaguarda global a las importaciones de carne de bovino, que se encuentra pendiente de resolver ante la Secretaria de Economía, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del PRI
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
Considerablemente desplazados por el constante incremento de las importaciones de carne de bovino en canal, en cortes sin deshuesar y en carne deshuesada, fresca, refrigerada o congelada, provenientes en su mayoría de Estados Unidos de América y de Canadá, el pasado 28 de febrero del presente año, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, Asociación Civil, solicitaron, ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, de la Secretaría de Economía, la aplicación de la salvaguarda global a las importaciones de carne de bovino, sin que a la fecha, a casi 5 meses de la fecha legal de respuesta -12 de junio-, la dependencia se haya manifestado al respecto, con una franca violación al derecho de petición de los particulares consagrado en el artículo 8 constitucional.
El incremento del 160% en las importaciones entre 1997 y 2003, como resultado de los compromisos de liberalización comercial contraídos por el Gobierno de México, en la Organización Mundial de Comercio, ha afectado seriamente a los productores nacionales de carne de bovino, quienes han perdido una importante participación en el mercado nacional.
Las importaciones totales participan ya con el 40% del consumo nacional, lo que ha provocado un 10% de contracción en la producción nacional.
De conformidad con la legislación nacional y acuerdos comerciales vigente, el Gobierno Mexicano puede adoptar medidas de salvaguarda global sin que se requiera el consentimiento de los países exportadores, cuando importantes volúmenes de productos importados dañan gravemente a un sector productivo nacional.
Los principales países exportadores de carne involucrados en el procedimiento son Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.
La medida de salvaguarda global solicitada, consiste en el establecimiento de un arancel-cupo por un periodo de seis años, de un 45%.
Debido a que las autoridades han analizado durante varios meses la situación de los productores nacionales de carne de bovino, se consideraba que la imposición de la medida podría llevarse a cabo en un plazo menor al que normalmente se observa en casos relativos a prácticas desleales.
La medida beneficiaría directamente a los productores nacionales de carne, y con ello se generarían cerca de 1.3 millones de empleos directos por la ganadería, y 3.4 millones de empleos indirectos relacionados.
Del 2000 al 2002, como resultado del desplazamiento, se ha perdido en el sector un 13% de empleo, originando emigración a las ciudades y los Estados Unidos, como mano de obra ilegal.
Las praderas y agostaderos operan a la mitad de su capacidad, los corrales de engorda al 40%, las instalaciones de sacrificio TIF operan al 32% de su capacidad instalada.
Al establecer medidas globales de salvaguarda, el Gobierno de México debe compensar a los socios comerciales, por lo que bajo la prioridad de proteger a la planta productiva nacional, en cumplimiento al artículo 131 constitucional, debe iniciar en breve consultas y negociaciones con los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá, países con mayores exportaciones de carne a México, y en cuanto se establezcan las medidas solicitadas, tendrá que asegurarse de la puesta en marcha de un Programa de Ajuste Competitivo, cuyo principal objetivo será posicionar a la carne mexicana en el mercado nacional e internacional a través de productos de valor agregado.
El programa de ajuste que han preparado los peticionarios con los productores de toda la cadena productiva de carne, en coordinación con organismos e instituciones públicas y privadas que jugarán un papel central en su implementación, contempla acciones en todas las etapas de la cadena incluyendo la engorda de ganado, sacrificio, clasificación, corte, deshuese y empaque, y la comercialización de cárnicos mexicanos.
Ante la falta de acuerdos a nivel multilateral por parte de los países agrícolamente desarrollados, y en particular, en materia de subsidio; cobra hoy mayor relevancia para los sectores agropecuarios de nuestro país y, en especial, para la cadena de producción de carne de bovino, el uso de los únicos mecanismos de alivio precisos en los tratados comerciales internacionales para atender los graves problemas que enfrenta por las crecientes y elevadas importaciones.
Los productores nacionales de carne de bovino están convencidos de que en la medida en que se observen acciones efectivas de apoyo a los sectores, estos podrán canalizar sus demandas a través de los mecanismos establecidos en los tratados.
Finalmente, los productores nacionales de carne de bovino han manifestado su disposición al diálogo con sus contrapartes de los países exportadores, para que de manea conjunta logren que el intercambio comercial se traduzca en beneficios mutuos.
Señores Legisladores, hoy en esta Asamblea Nacional debatimos las grandes propuestas en temas económicos, hacendarios y políticos. Debemos mirar al campo mexicano y su planta productiva para buscar las formulas que permitan mayores ingresos al Gobierno Federal a través de los aranceles propuestos y defender a los productores nacionales de ganado y los empleos directos e indirectos que genera esta actividad.
Por tanto exhortemos al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía se resuelva la petición de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y se pueda aplicar la salvaguarda global de importaciones de carne de bovino, dictando la resolución correspondiente y con las facultades que concede el artículo 131 de nuestra Carta Magna.
Compañeros Legisladores el campo es un asunto de seguridad nacional, no lo desatendamos, apoyémoslo es una obligación que se va a traducir en tener un México más justo, un México más seguro.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, ante esta honorable Representación, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, que solicito se procese como de urgente y obvia resolución:
Unico: Se exhorte al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, resuelva la solicitud de aplicación de la salvaguarda global a las importaciones de carne de bovino, solicitada ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la citada dependencia por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, por haber transcurrido el término para su respuesta.
Muchas gracias
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2003.--- Dip. Gonzalo Alemán Migliolo.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión la proposición.
Se han registrado para hablar en pro de esta proposición el señor diputado José María de la Vega Lárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el señor diputado Enrique Torres Cuadro, del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene el uso de la palabra el diputado José María de la Vega Lárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José María de la Vega Larraga:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Como consecuencia de la competencia desleal de importación de carne procedente de Estados Unidos, México sólo produce alrededor del 30% de su capacidad que es de aproximadamente 140 mil cabezas. La gran cantidad de carne importada que se introduce al país impide que nuestro mercado nacional se desarrolle.
Hace menos de 10 años se producía mensualmente de 140 a 150 mil animales y ahora sólo se manejan de 35 a 40 mil cabezas, lo que muestra que la importación de carne, aun y cuando es de baja calidad, ha ido desplazando la carne del mercado nacional.
La carne se importa sin una inspección rigurosa, por lo que es imperante que exista una mayor vigilancia e inspección sanitaria, así como revisar la forma en que son empacados y transportados estos productos, ya sean congelados, en corte o moliendas.
La carne que ha sido refrigerada a menos de 6 grados centígrados y empacadas al alto vacío, tienen una vigencia de únicamente seis meses; sin embargo; el problema en nuestro país es que se pueden encontrar carnes importadas de Estados Unidos que tienen hasta 10 años de haber sido congeladas. Esto ocasiona una reducción de nuestro producto en el mercado de la carne, con un riesgo muy alto para la salud de la población.
Prueba de esto es que se ha observado que el empacado es de carácter rudimentario y además contiene leyendas de no consumirse dentro de Estados Unidos o de no apta para el consumo humano, ésta es utilizada en su país de origen para la elaboración de harina de carne como suplemento alimenticio del ganado o también para alimento de mascotas.
El problema continúa. También se importan a nuestro país vísceras cuyo control sanitario es aún más difícil, debido a la duración y su conservación. Estos productos han invadido en forma alarmante nuestro mercado nacional, sobre todo en el comercio informal.
La importación de carne ha alcanzado un nivel alarmante, casi el 60% del millón y medio de kilos por mes que produce nuestro país, lo cual se traduce en que según información proporcionada por la Administración General de Aduanas, para el año 2002 se habían alcanzado aproximadamente 45 mil toneladas mensuales de carne en canal.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional apoya el punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que resuelva la aplicación de la salvaguarda global a las importaciones de carne de bovino, que se encuentra pendiente de resolver ante la Secretaría de Economía.
``Estamos conscientes de que si no hacemos algo por esta cadena productiva que actualmente genera 1 millón 300 mil empleos directos y 3 millones 500 mil empleos familiares relacionados con el campo, el mercado nacional desaparecerá cubriendo las necesidades de dicho mercado los productores de Estados Unidos en un 80%, los de Canadá con un 15% y los de Australia y Nueva Zelanda con un 5%.''
Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Enrique Torres Cuadros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Enrique Torres Cuadros:Con su permiso, diputado Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Con el Tratado de Libre Comercio de América se inicia una fuerte importación de carne de bovino, principalmente debida a dos aspectos. El primero, en los países de origen se consumen los cortes de mejor calidad y se exportan a nuestro país aquellos de menor calidad y por lo tanto a más bajo precio, con el consecuente daño a nuestros ganaderos. Por otro lado, en general son carnes subsidiadas.
A mediados de los años noventa, después de 1994 se da un crecimiento desmedido en las importaciones. México, tratando de frenar esta situación, ha aprobado la Norma Oficial Mexicana para la calidad de la carne, pero esto apenas inicia y requerimos estrategias de largo plazo para proteger nuestra ganadería.
Una vez conocidos los detalles de esta propuesta, consideramos de suma importancia respaldar aquellas medidas que protejan a nuestros agricultores y ganaderos, sobre todo al tener competidores internacionales que cuentan con condiciones ventajosas con respecto a los productores nacionales.
Al atenderse este exhorto, se estará fortaleciendo el desa-rrollo de la ganadería mayor y al mismo tiempo a todos aquellos actores que de manera directa e indirecta participan en las cadenas y redes de valor relacionadas con este ramo.
Al mismo tiempo queremos llamar la atención para que estemos, como Cámara de Diputados, pendientes y vigilantes para que el Gobierno mexicano aproveche y aplique todas las medidas que han sido suscritas por nuestro país en los acuerdos comerciales con el propósito de proteger a nuestro sector productivo.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutida.
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada la proposición. Comuníquese.Tiene el uso de la palabra el diputado Julio González Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, se coordinen para el establecimiento de las medidas conducentes que permitan el fortalecimiento del Plan de Emergencia contra el Desempleo.
El diputado José Julio González Garza:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, presento el siguiente punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, se coordinen para analizar la viabilidad de establecer un Plan Nacional de Empleo Productivo Emergente e informen a esta soberanía sobre la viabilidad de ello de acuerdo con las siguientes
ConsideracionesNuestro país enfrenta una difícil situación marcada por un escaso crecimiento económico que se deriva principalmente de la inevitable vinculación de la economía mexicana con la de Estados Unidos y por la falta de aplicación de las reformas estructurales pendientes que necesita nuestro país.
La desaceleración económica de Estados Unidos ha menguado el ritmo de crecimiento de las exportaciones mexicanas, lo que a su vez ha repercutido en un incremento de despidos por parte de las empresas exportadoras ubicadas en nuestro país.
Por su parte, la falta de concreción de las reformas estructurales en México principalmente la fiscal y la eléctrica, han impedido un desarrollo efectivo en distintas áreas de nuestra economía, situación que repercute en una falta de empleos que nos preocupa. De esta manera las cifras más recientes publicadas por el INEGI, ubican la tasa de de-sempleo abierto en un 3.7%, lo cual resulta ser una alerta dado que son similares a las de 1997 que llegó al 4.9%.
Por lo anterior, resulta evidente que existe un deterioro del mercado laboral y que se requieren de acciones inmediatas y efectivas para revertir esta situación que tanto afecta a las familias mexicanas.
Para Acción Nacional el trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social, es un medio fundamental para la rea-lización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades.
Justo es reconocer el esfuerzo del Presidente Fox por implementar acciones inmediatas para atender esta crítica situación, prueba de ello es el Plan de Emergencia contra el Desempleo, el cual cuenta con una asignación de 100 millones de pesos para capacitar y apoyar a la población de-sempleada.
El PAN considera prioritario detonar la actividad productiva, lo cual requiere de un trabajo conjunto y coordinado por los tres Poderes de la Unión y por los tres órdenes de gobierno, por ello consideramos necesaria la creación de un plan nacional de empleo productivo emergente; dicho plan reforzará el actual Plan de Emergencia contra el De-sempleo mediante las siguientes
ConsideracionesPrimera. Que se generen entre 500 mil y 600 mil empleos.
Segunda. Que tenga duración de un año, que se inserte a los beneficiarios en empresas productivas, industriales, comerciales, agrícolas y de servicios; que dichas empresas asuman solamente el costo relativo a la seguridad social del empleo; que opere en todos los estados de la República; que incluya a jóvenes recién egresados de carreras técnicas y profesionales; que incluya a padres y madres jefes de familia; que incluya a mayores de 40 años, que las empresas inconcebiblemente están rechazando con el pretexto de la edad; que incluya a indígenas y que incluya a personas con capacidades diferentes.
Para alcanzar los objetivos planteados, proponemos las siguientes medidas de carácter presupuestario:
Primera. Políticas de austeridad que eviten gastos innecesarios y generen ahorros de los recursos públicos; es decir, los primeros que debemos apretarnos el cinturón somos nosotros.
Segunda. Utilizar los recursos dirigidos al incremento de sueldos y salarios de mandos medios y superiores de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno.
Tercera. Canalizar un porcentaje de los recursos federalizables que se destinan a entidades federativas.
Cuarta. Reagrupar los distintos programas federales que tienen por finalidad el fomento y la generación de empleos con objeto de evitar la dispersión de los recursos.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le ruego concluir señor diputado.
El diputado José Julio González Garza:Concluyo, señor Presidente.
Por lo anterior, propongo los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se solicita a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público se coordinen para informar a esta soberanía sobre la viabilidad de la creación de un plan nacional de empleo productivo emergente.
Segundo. Se solicita a dichas secretarías que analicen el impacto presupuestario de las medidas propuestas y presenten a esta Cámara de Diputados los resultados correspondientes a la luz del paquete presupuestario del 2004.
He concluido, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público que se coordinen para establecer las medidas conducentes a fortalecer el plan de emergencia contra el desempleo, de cara al análisis del paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal de 2004, presentada por el diputado Julio González Garza, del grupo parlamentario del PAN.
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, presento el siguiente punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público que se coordinen para analizar la viabilidad de establecer un plan nacional de empleo productivo emergente e informen a esta soberanía sobre la viabilidad de ello, de acuerdo con las siguientes
ConsideracionesNuestro país enfrenta una difícil situación, marcada por un escaso crecimiento económico, que se deriva principalmente de la inevitable vinculación de la economía mexicana con la de los Estados Unidos de América y por la falta de aplicación de las reformas estructurales pendientes que necesita nuestro país.
La desaceleración económica de Estados Unidos ha menguado el ritmo de crecimiento de las exportaciones mexicanas, lo que a su vez ha repercutido en un incremento de despidos por parte de las empresas exportadoras ubicadas en nuestro país que contaban con un mercado importante en aquella nación.
Por su parte, la falta de concreción de las reformas estructurales en México, principalmente las reformas fiscal y eléctrica, han impedido un desarrollo efectivo en distintas áreas de nuestra economía, situación que repercute en una falta de empleos que nos preocupa.
De esta manera, las cifras más recientes publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ubican la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) en México en 3.96 por ciento, lo que resulta una alerta, toda vez que dicha tasa es la más alta registrada durante la presente administración, alcanzando niveles similares a los prevalecientes en 1997, cuando dicha tasa llegó a 4.09 por ciento.
Por lo anterior, resulta evidente que existe un deterioro del mercado laboral y que se requieren acciones inmediatas y efectivas para revertir esta situación que tanto afecta a las familias mexicanas.
Para Acción Nacional, el trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social, es el medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades.
Justo es reconocer el esfuerzo del Presidente Fox por implementar acciones inmediatas para atender esta crítica situación. Prueba de ello es el Plan de Emergencia contra el Desempleo, el cual cuenta con una asignación de 100 millones de pesos para capacitar y apoyar a la población desempleada con el propósito de que logren sostenerse mientras encuentran otro trabajo.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera prioritario detonar la actividad productiva, lo cual requiere de un trabajo conjunto, coordinado y compartido por los tres Poderes de la Unión y por los tres órdenes de gobierno.
Por ello, consideramos necesaria la creación de un plan nacional de empleo productivo emergente. Dicho plan reforzará el actual Plan de Emergencia contra el Desempleo mediante las siguientes consideraciones:
Que genere entre 500 mil y 600 mil empleos.
Que tenga duración de un año.
Que se inserte a los beneficiarios en empresas productivas industriales, comerciales, agrícolas y de servicios.
Que dichas empresas asuman solamente el costo relativo a la seguridad social del empleado.
Que opere en todos los estados de la República.
Que incluya a jóvenes recién egresados de carreras técnicas y profesionales.
Que incluya a padres y madres jefes de familia.
Que incluya a mayores de 40 años, que las empresas, inconcebiblemente, están rechazando con el pretexto de la edad.
Que incluya a indígenas y gente del campo.
Que incluya a las personas con capacidades diferentes.
Para alcanzar los objetivos planteados proponemos las siguientes medidas de carácter presupuestario que permitirán financiar el plan nacional de empleo productivo emergente:
Primero.- Políticas de austeridad que eviten gastos innecesarios y generar ahorros de recursos públicos. Es decir los primeros en amarrarnos el cinturón debemos ser nosotros.
Segundo.- Utilizar los recursos dirigidos al incremento de sueldos y salarios de mandos medios y superiores de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno.
Tercero.- Canalizar un porcentaje de los recursos federalizables que se destinan a las entidades federativas.
Cuarto.- Reagrupar los distintos programas federales que tienen por finalidad el fomento y la generación de empleos, con el objeto de evitar la dispersión de los recursos.
Acción Nacional siempre ha mantenido un diálogo respetuoso con el Ejecutivo federal, por ello, considera que es preciso que las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público informen, con la mayor brevedad, sobre los alcances de nuestra propuesta, bajo la consideración de la próxima entrega del paquete económico 2004 a esta soberanía para su análisis y aprobación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero.- Se solicita a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público que se coordinen para informar a esta H. soberanía sobre la viabilidad de la creación de un plan nacional de empleo productivo emergente.
Segundo.- Se solicita a dichas secretarías que analicen el impacto presupuestario de las medidas propuestas y presenten a esta H. Cámara de Diputados los resultados correspondientes antes de la entrega del paquete presupuestario 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2003.--- Dip. Julio González Garza (rúbrica.)»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía.Tiene el uso de la palabra el señor diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo para conformar grupo de trabajo integrado por miembros de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, con objeto de asegurar las previsiones de inversión educativa para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya:Gracias, señor Presidente.
Le solicito que el documento como lo entrego, se pueda insertar en el Diario de los Debates para ahorrar tiempo y argumentar solamente sobre los puntos de acuerdo que pongo a consideración de la Asamblea.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento como diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, los siguientes puntos de acuerdo a partir de las siguientes
ConsideracionesCompañeras y compañeros, el presupuesto destinado a la inversión en educación, representa poco más de la cuarta parte del gasto programable del presupuesto general, por lo tanto estamos obligados a que se use de la mejor manera, con la mayor eficiencia y con la mayor pertinencia.
Desde cuando menos de 1997 para acá, se han venido desa-rrollando prácticas en donde distintos actores vienen y presentan propuestas diversas sobre requerimientos presupuestales en materia de educación, sean los secretarios de Educación Pública de las diferentes entidades federativas, la Anuies reclamando presupuesto para las universidades públicas, la UNAM, la UAM, el Politécnico, los sindicatos universitarios o el SNTE, es decir, en diferentes organizaciones lo que corresponde a ciencia y tecnología y otros; todo mundo viene a plantear requerimientos presupuestales y ha acontecido en varias ocasiones que al final, ya del debate en las últimas horas, estamos asignando por parte de la Cámara de Diputados presupuesto a diferentes áreas sin el menor sustento técnico. Es de última hora cuando se empiezan, en el marco de las negociaciones, a asignar recursos a tal o cual cosa.
Por ello, consideramos que es necesario para poder atender un conjunto de criterios, darle mayor racionalidad, localizar con fundamento hasta dónde aumentar para cumplir legalmente las reformas que se hicieron en la pasada legislatura, tanto el artículo 3º constitucional para hacer obligatoria la educación preescolar, como al 25 de la Ley General de Educación para gradualmente ir caminando hasta llegar al 8% del Producto Interno Bruto como gasto destinado a la educación, así como atender las recomendaciones que han surgido de las evaluaciones realizadas, tanto por Pisa como por el Dels por las siglas en inglés y que plantean que el gasto en educación debe destinarse a áreas y a rubros específicos que incidan en un mayor aprovechamiento escolar y que ataquen las causas, que ahora de alguna manera constituyen el fracaso escolar en el sistema educativo.
Por todo ello, consideramos que es necesario que se establezca y que se integre un grupo de trabajo. No se trata de hacer a un lado o de querer sobreponer a la Comisión de Presupuesto o de Educación otro grupo; se trata de cómo generamos un espacio institucional donde se pueda debatir con responsabilidad estos asuntos, de cuánto hay que aumentar y a qué áreas hay que destinar de manera principal los recursos destinados a la educación, de tal suerte que le demos fundamento, racionalidad, que reflexionemos y podamos hacer el mejor uso posible de esta asignación tan importante, que se hace en el marco del presupuesto.
Por ello, pongo a consideración de este pleno los siguientes puntos de acuerdo para su discusión.
Primero. La Cámara de diputados acuerda conformar un grupo de trabajo integrado por miembros de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, con objeto de asegurar las previsiones de inversión educativa para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, que permitan dar cumplimiento a lo establecido en las reformas al artículo 3º Constitucional, que incorpora la educación preescolar como obligatoria y al artículo 25 de la Ley General de Educación, que establece que el presupuesto asignado a la educación no deberá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto del país, así como el artículo segundo transitorio de la reforma del 30 de abril del 2002.
Segundo. Acuerde invitar a este grupo de trabajo, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y a los gobiernos de las entidades federativas, para analizar conjuntamente el establecimiento de las medidas que garanticen una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos que se asignan al sector educativo para el año del 2004.
Y firman, compañeras y compañeros diputados de los partidos, de las fracciones del Partido Revolucionario Institucional, de Convergencia, del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de formar un grupo de trabajo, integrado por miembros de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con objeto de garantizar las previsiones de inversión educativa para el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2004, presentada por el diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones1. La educación es un derecho constitucional, una política pública que es preocupación permanente de todos los sectores sociales, en la medida que se espera que sus resultados impacten positivamente a toda la población, al mejorar su nivel de vida.
2. Conforme señala el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación deberá ser democrática y participativa, y deberá recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad, con criterios de equidad, respetando el espíritu federalista de la Carta Magna y de la Ley General de Educación.
3. La Ley General de Educación, en su artículo 25, señala que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios- destine al gasto en educación pública y en servicios educativos, no podrá ser menor al ocho por ciento del Producto Interno Bruto del país, destinando de este monto al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.
Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad.
El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos.
En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.
4. Adicionalmente, se estipula en el artículo segundo transitorio de la reforma del 30 de abril del 2002 que ``para dar cumplimiento a esta disposición, los presupuestos del estado contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el 2006 recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto que mandata la presente reforma''.
5. La sociedad civil y representantes de diversos organismos públicos y autónomos, así como las agrupaciones que demandan mayores recursos públicos han buscado por diferentes vías y cada vez con más insistencia la interlocución con los legisladores de esta Cámara de Diputados, solicitando sean consideradas sus necesidades educativas en el presupuesto asignado al sector educativo.
6. Esta soberanía recibe anualmente a gobernadores y titulares de educación de diferentes entidades federativas, rectores de las más importantes instituciones formadoras de profesionales, como son la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana; a directores generales de instituciones de educación superior, como el Instituto Politécnico Nacional, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; a integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como dirigentes de diversas secciones; a dirigentes de diferentes organizaciones sindicales de educación media superior y superior; a asociaciones de investigadores y docentes, así como de centros de investigación científica y tecnológica nacionales, regionales y estatales, que solicitan la ampliación presupuestal para cumplir con los compromisos de brindar el servicio educativo a quien lo solicite y que éste sea de calidad, con equidad y pertinencia. Asimismo, que considere la realización de proyectos de investigación y la generación de tecnología de punta que permita a México no sólo estar al día sino evitar la dependencia científica y tecnológica. Esta petición se ha visto respaldada también por organizaciones no gubernamentales y civiles de diversa índole que creen los beneficios de la educación.
7. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 plantea que el eje rector de la acción gubernamental en materia social es el desarrollo humano como referente básico para el diseño de políticas públicas, y en este marco la búsqueda de alternativas educativas para los sectores rezagados adquiere particular importancia. Para alcanzar la igualdad de oportunidades será necesario lograr el acceso universal a la educación, pero también habrá que generar alternativas pedagógicas y de gestión que aseguren aprendizajes de igual calidad y pertinencia para todos. El acceso a la escuela en la actualidad no es suficiente, por lo que se requiere establecer los mecanismos que posibiliten a las niñas, niños y jóvenes la permanencia en el sistema educativo y terminar con éxito sus estudios.
8. El avance de la ciencia y la tecnología demandan la formación de cuadros más calificados, polivalentes y capaces de desempeñar actividades socialmente productivas.
9. Al convertir la educación en el eje fundamental y prioridad central del Poder Ejecutivo federal para el periodo de gobierno del 2001 al 2006, el Plan Nacional de Desarrollo precisa que la elevada prioridad de la educación habrá de reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de acciones, iniciativas y programas que la hagan cualitativamente diferente y transformen al sistema educativo.
10. En pleno siglo XXI existen 8´447,380 mexicanas y mexicanos que no saben leer ni escribir; además los resultados de los principales indicadores educativos son preocupantes, como se advierte a continuación:
a) La escolaridad promedio de nuestro país es de 7.9 grados, apenas dos decimales más que en el ciclo escolar 2001-2002.
b) Se tiene una cobertura global en educación básica de 89.30% para el ciclo escolar 2003-2004. Desagregándola por nivel educativo en: 86.8 para preescolar; 93.6 en primaria y de 87.5 en secundaria, aunque con una eficiencia terminal, en este nivel, del 80.1%.
c) En el caso del nivel medio superior los resultados son dramáticos. Para el ciclo 2003-2004 la cobertura de la educación media superior es de 54.1%, con una eficiencia terminal del 61%.
d) Por lo que hace a la educación superior se tiene una cobertura del 21.6%, incluidos los posgrados.
e) La formación de maestros para educación básica es catastrófica. La educación normal presenta una absorción del 5.4%, una deserción del 5.3% con una cobertura del 1.5%.
Fuente: Presidencia de la República: sistema de metas presidenciales, www.presidencia.gob.mx
11. Las recomendaciones de los organismos internacionales, como producto de las diversas evaluaciones que se han realizado al sistema educativo mexicano, coinciden en señalar que se debe realizar una mayor inversión educativa, particularmente en infraestructura escolar, generalización en el uso de tecnología informática desde la educación básica, y formación de profesionales de la educación con las competencias requeridas para la innovación y generación de conocimientos.
12. Respecto a la evaluación del sistema educativo nacional, convendría también revisar la pertinencia del recién creado Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la conveniencia de utilizar esos recursos para eficientar y modernizar al propio sistema.
13. Una de las constantes del sistema educativo de México es la asimetría: en la asignación de recursos; en los niveles de aprovechamiento escolar por entidad federativa; en los resultados de evaluaciones internacionales, etcétera. En el caso del gasto por alumno, si se compara con lo asignado por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual México es integrante, es fácil reconocer la inequidad: México gasta 1,096 dólares por cada alumno de educación primaria, mientras que el promedio de gasto de los países miembros de este organismo es de 4,148 dólares. En el caso de la educación media el Gobierno Federal gasta 2,226 dólares por alumno y el promedio de la OCDE es de 5,919 dólares; respecto a educación media superior, México invierte 4,789 dólares y la OCDE un promedio de 9,210 dólares.
14. La educación preescolar -como parte de la educación básica- en la actualidad ya es obligatoria, y conforme se señala en el quinto artículo transitorio respecto a los plazos: ``...el tercer año de preescolar, a partir del ciclo 2004-2005; ...En los plazos señalados, el Estado mexicano habrá de universalizar en todo el país, con calidad, la oferta de este servicio educativo''. (Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona el artículo 3º, en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre del 2002.)
15. A nivel nacional se deberá atender obligatoriamente en tercer año de educación preescolar a 2?026,317 menores de 5 años a 5 años 11 meses. Aquí es necesario preguntarse de dónde obtendrán presupuesto los gobiernos de las entidades federativas, ya que no cuentan con la infraestructura requerida ni con los recursos humanos para atender esta demanda potencial, ni tampoco con el dinero necesario para construir escuelas, contratar educadoras y personal directivo y de apoyo, así como para la compra de mobiliario, equipo y material educativo, entre los principales aspectos.
16. El presupuesto asignado a la educación en el año 2003 corresponde al 5.3% del gasto público respecto al PIB, siendo compromiso del Ejecutivo, y un mandato del Legislativo, asignar el 8% para el 2006 al término de su gestión presidencial.
17. La necesidad de concebir el gasto educativo como una inversión social estratégica y desde esa perspectiva revisar la integración del presupuesto destinado a educación a partir de los Ramos 11, Educación Pública; 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, así como del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
18. El presupuesto que se asigne a este sector debe considerar la suficiencia de recursos para la atención prioritaria a tres componentes básicos que garantizan la prestación del servicio educativo en todos sus niveles y modalidades, con equidad, pertinencia y calidad, como son: infraestructura escolar, atención a la demanda educativa considerando a los grupos más desprotegidos de la población y la formación, actualización y desarrollo profesional de los maestros.
19. La construcción, equipamiento y mobiliario, rehabilitación y mantenimiento a planteles escolares es urgente, en la medida que las escuelas deben de ser dignas y contar con todos los elementos humanos, materiales y de infraestructura en general que posibiliten que el servicio educativo se brinde en condiciones de seguridad, con estructuras ocupacionales completas, con mobiliario suficiente y el equipo informático requerido para el acceso a conocimientos y desarrollo de competencias socialmente útiles y el cumplimiento de los fines y propósitos educativos nacionales.
20. La atención a la demanda sigue siendo la prioridad principal del sistema educativo nacional, debiendo incorporar a la escuela a los grupos de población en desventaja tales como niños y jóvenes migrantes, con necesidades educativas especiales, así como niños en situación de calle, y población indígena, debiendo prever acciones para su permanencia y el éxito en la culminación de sus estudios.
21. La formación, actualización y desarrollo profesional de los maestros es urgente en la medida de la reformulación de los planes y programas de estudio para la educación normal y en aquellos temas que permitan un mayor uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y pongan en práctica las competencias profesionales y los valores que se requieren para hacer de la escuela una comunidad democrática, en la que se atiendan cabalmente las necesidades educativas de la niñez y de la juventud, se apoye a los alumnos en desventaja y se favorezca el trato digno entre las personas, la resolución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos de los educandos.
22. La necesidad de definir reglas que garanticen una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados a la educación, así como la evaluación del sistema educativo nacional en su conjunto.
Con base en las consideraciones señaladas y en uso de las atribuciones antes citadas, se propone el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero: La Cámara de Diputados acuerda conformar un grupo de trabajo integrado por miembros de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con objeto de asegurar las previsiones de inversión educativa para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, que permitan dar cumplimiento a lo establecido en las reformas al artículo 3º constitucional, que incorpora la educación preescolar como obligatoria y en el artículo 25 de la Ley General de Educación, que establece que el presupuesto asignado a la educación no deberá ser menor al ocho por ciento del Producto Interno Bruto del país; así como el artículo segundo transitorio de la reforma del 30 de abril del 2002.
Segundo: Acuerda invitar a este grupo de trabajo al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda, de los gobiernos de las entidades federativas para analizar conjuntamente el establecimiento de las medidas que garanticen una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos que se asignen al sector educativo para el año 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2003.--- Diputados: Miguel Alonso Raya, Agustín Rodríguez Fuentes, Bernardino Ramos Iturbide, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Porfirio González Schmal, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Luis Maldonado Venegas, Juan Fernando Perdomo Bueno, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Oscar González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Joel Padilla Peña, José Guillermo Aréchiga Santamaría, Inti Muñoz Santini, Eliana García Laguna, Clara Marina Brugada Molina, Luis Eduardo Espinosa Pérez, Juan Pérez Medina (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Se turna a la Junta de Coordinación Política.El siguiente punto del orden del día ha sido retirado y se pospone para una sesión próxima por los promoventes.
Por lo tanto tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para una proposición con punto de acuerdo de exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que revise con acuciosidad las partidas del Presupuesto Federal de 2004, que encubren funciones públicas duplicadas o desempeñadas con deficiencia.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Con su anuencia, señor Presidente.
El que suscribe diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la República, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes:
ConsiderandosAnte la inminencia de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal de 2004, se hace necesario actuar con seriedad y responsabilidad dada la evidente limitación de los recursos frente a las cada día mayores demandas sociales insatisfechas, y a los servicios públicos insuficientes en su cobertura, calidad y efectividad. Es así que la revisión que debe hacerse de cada uno de los rubros hubiera requerido mayor dedicación y escrupulosidad por parte del Poder Ejecutivo antes de enviarlos al Legislativo, ya que es notorio que siguen existiendo en la administración pública los mismos vicios de siempre en cuanto a funciones duplicadas y hasta triplicadas que en lugar de servir al ciudadano, le complican trámites o le hacen confiar en una vía sin que ésta resulte finalmente efectiva para el propósito y si, en cambio, le encarece su propio esfuerzo y desde luego redunda en un gasto público improductivo.
Es el caso de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Conamed, que fue creada por decreto presidencial de fecha 3 de junio de 1996 que constituye un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud. Este organismo tiene asignados en el presupuesto de este año, una partida de 105 millones de pesos y las finalidades para las cuales fue creado, o sea las de mediar como instancia de justicia frente a los usuarios de servicios médicos públicos y privados, ha sido poco menos que inútil ya que las quejas presentadas corren la suerte de ser consideradas sin sujeción a la legalidad y a los principios constitucionales de un procedimiento, quedando a discreción del Presidente del Consejo quien dice la última palabra, al grado que se han tenido que interponer amparos contra esa conducta arbitraria y los quejosos que no encuentran satisfacción a sus demandas. De todos modos después de la pérdida de tiempo, tienen que recurrir a instancias judiciales, arrepintiéndose de la burla de que fueron objeto en Conamed.
Así, en la aprobación de este nuevo presupuesto debe actuarse con rigor; más vale tomar decisiones de inmediato en beneficio del manejo honrado, pulcro y eficiente de los dineros públicos, que seguir cargando con gastos inútiles que impiden atender rubros indispensables cuando se usan con finalidades productivas. Imaginémonos el beneficio a los usuarios de servicios de salud si se destinaran estos recursos al abastecimiento de medicamentos contra la diabetes, el SIDA o las enfermedades cardiovasculares. Ello porque es sabido que la propia Secretaría de Salud tiene en su estructura central un alto presupuesto asignado a una subsecretaría y el personal necesario para atender las reclamaciones de los pacientes afectados por un mal servicio médico en términos de los derechos a la calidad de la salud y desde luego, proceder directamente contra el profesional médico responsable y en lo relativo al mejoramiento cotidiano en toda la red de servicios médicos a nivel nacional, resultando así que Conamed duplica un gasto y sin resultados objetivos, engaña al ciudadano con una falsa esperanza de que sea atendido con imparcialidad y legalidad, acabando en un fiasco de costo moral y económico.
Este puede ser un ejemplo de lo que debe hacerse en multitud de casos semejantes para atender a la responsabilidad de esta Cámara en cuanto a lo que el pueblo requiere para que los recursos públicos cumplan cabalmente su cometido de servicio y no de modus vivendi de una casta de servidores públicos parasitarios que medran con una función que incumplen causando daño a quien más lo necesita porque ha sido víctima de algún atentado a su salud o a la de un familiar.
Por lo expuesto, solicito a esta H. Asamblea la aprobación del siguiente:
Punto de AcuerdoUnico.- Se inste a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que revise el presupuesto y la funcionalidad de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en términos del beneficio público que debe cumplir su asignación presupuestaria y determine lo conducente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2003.--- Dip. Jesús González Schmal (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias diputado, túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Tiene el uso de la palabra, el diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una proposición con punto de acuerdo, para que se dé a conocer al pleno de esta Cámara la conclusión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, del 31 de octubre del año en curso sobre la causa de los migrantes mexicanos y sus familias.
El diputado Omar Bazán Flores:Con su permiso, señor Presidente:
El suscrito diputado federal, integrante de esta LIX Legislatura y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
ConsideracionesLa migración es un fenómeno que no podemos detener mientras prevalezcan las causas que lo originan y éstas son de carácter binacional.
En México no hemos sido capaces de crear la oportunidad de empleo que la población demanda, situación que impulsa a nuestros connacionales a buscar alternativas en los Estados Unidos que les permitan un ingreso, según y seguro para mejorar la calidad de vida de sus familias.
En la Unión Americana existe una gran demanda de mano de obra en sectores como la agricultura, la industria de la construcción y los servicios de mantenimiento, la cual no es cubierto por la población norteamericana. El diferencial salarial entre los Estados Unidos y México de 10 a uno, es también un factor que impulsa a la migración.
En la actualidad 25 millones de mexicoamericanos viven en Estados Unidos, de los cuales 14.5 millones nacieron en la Unión Americana y 10.5 millones en México. De estos 10.5 millones, cuando menos el 50% son migrantes indocumentados que en su gran mayoría carecen del reconocimiento de sus derechos humanos y laborales, lo que los coloca no sólo en una situación de abuso permanente por parte de los empleadores, sino lo que es más grave, no pueden acceder a los servicios públicos de salud, educación, que requieren y merecen.
Por otro lado, si bien la política poblacional es materia de competencia federal que se regula a través de la Ley de Población, los gobiernos de los estados perciben las consecuencias más sensibles del fenómeno migratorio, como es la pérdida del dinamismo económico de cientos de comunidades que disminuyen sustancialmente su fuerza laboral. Existen más de mil clubes y organizaciones de mexicanos en Estados Unidos que tienen contacto directo con sus estados y municipios de origen, los cuales participan estrechamente en los programas gubernamentales.
México es el segundo país receptor de remesas en el mundo, sólo después de la India y este año se esperan que lleguen 13 mil millones de dólares a nuestro país. Sin embargo, no hemos sabido darle a nuestros migrantes en los hechos, el trato que se merecen de acuerdo a lo mucho que aportan a la estabilidad y el desarrollo de nuestro país.
Atrás de cada cifra, atrás de cada remesa existe un ser humano que trabaja y se sacrifica día con día con el único objetivo de elevar el nivel de vida de sus familias.
Creemos que los esfuerzos que se hagan para la solución de los problemas de los migrantes mexicanos y sus familias, deberán contar con el apoyo del Poder Legislativo y Ejecutivo Federal. En estos esfuerzos se encuentra el Acuerdo de la Confederación Nacional de Gobernadores, Conago, en su reunión del 31 de octubre del presente año, en el estado de Durango, sobre el tema migratorio.
La Conago sirve como el eje vertical de las posturas de los ejecutivos estatales, que se han creado en el instrumento para dar certidumbre y fortaleza a la gobernabilidad en nuestro país, sirviendo como un espacio de acuerdo que ha venido a darle consensos y oportunidad al ejercicio del Poder Ejecutivo Federal.
Además, por primera vez, los gobiernos estatales han identificado la prioridad del asunto migratorio y han concluido a definir 19 puntos de acuerdo, donde se establecen lineamientos y propuestas y acciones, que debemos transitar y ejecutar para crear una política de Estado y una estrategia con miras a atender a nuestros migrantes y a sus familias.
Por lo anterior, nos permitimos poner a su consideración el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se dé a conocer al pleno de esta Cámara de Diputados las conclusiones de la Confederación Nacional de Gobernadores, Conago, del 31 de octubre, sobre la causa de los migrantes mexicanos y sus familias, de manera de contribuir al cumplimiento exitoso de éstos.
Solicito que se instruya a la Secretaría, con fundamento en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se le dé lectura a dicha minuta de la reunión de la Comisión de Atención de Migrantes de la Conago y asimismo, solicitar se detenga el tiempo del reloj.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Perdón, señor diputado; no procede que la Secretaría dé lectura al documento, porque se trata de una proposición previamente registrada, lo que procedería es dar lo que normalmente han pedido sus compañeros diputados, que se inserte íntegro el documento en el Diario de los Debates.
Continúe, señor.
El diputado Omar Bazán Flores:Creo que, señor Presidente, tiene la minuta de los gobernadores de todo el país una importancia sumamente para darla a conocer al pleno de la Cámara; sin duda alguna, solicitarle a usted se inserte en el Diario de los Debates, pero también en la Gaceta Parlamentaria.
Creo oportuno que se lea por la Secretaría, dado que es de suma importancia el acuerdo de la Conago.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:No puedo hacer excepciones por mandato del acuerdo aprobado por el pleno, señor diputado.
El diputado Omar Bazán Flores:Le agradezco, señor Presidente, doy lectura de la misma.
Minuta de la reunión de la Comisión de Atención a Migrantes, realizada...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Perdóneme, señor diputado, se le agotó el tiempo. Insisto, se va a insertar en el Diario de los Debates, se va a publicar en la Gaceta Parlamentaria y en otras ocasiones, cuando se trate de requerir más tiempo para debatir, le ruego que se registre en agenda política, donde tiene un poco más de tiempo.
El diputado Omar Bazán Flores:Le agradezco, simplemente termino las consideraciones.
Segundo. Se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, se contemple un presupuesto mayor este año para la operación administrativa de los consulados mexicanos en Estados Unidos.
Tercero. Se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se instruya a los consulados mexicanos en Estados Unidos, cumplan con sus funciones de apoyo oportuno y atención a nuestros connacionales.
Cuarto. Se incorpore al Presupuesto de Egresos 2004, una partida especial etiquetada de 100 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el documento de protección de los consulados mexicanos, especialmente para el traslado de sus comunidades de origen de mexicanos fallecidos en el extranjero.
Quinto. Se exhorte nuevamente al titular del Ejecutivo Federal a convocar a la brevedad posible a instrumentar una reunión de trabajo con el Secretario de Gobernación y Relaciones Exteriores, en los términos de los puntos de acuerdo presentados por un servidor en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del 28 de octubre del presente año, para que se realice la reunión inmediata de trabajo, con la responsabilidad de gobiernos federales que tengan la responsabilidad de atender y ejecutar los programas de atención a los migrantes y los titulares de las oficinas equivalentes de los gobiernos estatales.
Sexto y último. Se extiende voto de confianza a la comisión encabezada por el canciller Luis Ernesto Derbez, que asiste a partir del día de mañana a la ciudad de Washington, DC a la Reunión Binacional entre los gobiernos mexicano y norteamericano, en el particular sobre el tema de acuerdo migratorio.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para que se de a conocer al pleno de esta honorable Cámara la conclusión de la Conferencia Nacional de gobernadores de 31 de octubre del año en curso sobre la causa de los migrantes mexicanos y sus familias, a cargo del diputado Omar Bazan Flores, del grupo parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal integrante de esta LIX Legislatura y con fundamento den los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
ConsideracionesLa migración es un fenómeno que no podremos detener mientras prevalezcan las causas que la originan y éstas son de carácter binacional. En México no hemos sido capaces de crear las oportunidades de empleo que la población demanda, situación que impulsa a nuestros connacionales a buscar alternativas en Estados Unidos que les permitan un ingreso seguro para mejorar la calidad de vida de sus familias.
En la Unión Americana existe una gran demanda de mano de obra en sectores como la agricultura, la industria de la construcción y los servicios de mantenimiento, la cual no es cubierta por la población norteamericana.
El diferencial salarial entre Estados Unidos y México (de 10 a 1) es también un factor que impulsa la migración, en la actualidad 25 millones de México-norteamericanos viven en Estados Unidos, de los cuales 14.5 millones nacieron en la Unión Americana y 10.5 millones en México. De estos 10.5 millones, cuando menos el 50% son migrantes indocumentados, que en su gran mayoría carecen del reconocimiento de sus derechos humanos y laborales, lo que los coloca no sólo en una situación de abuso permanente por parte de los empleadores sino, lo que es más grave, no pueden acceder a los servicios públicos de salud y educación que requieren y merecen.
Por otro lado, si bien la política poblacional es una materia de competencia federal, que se regula a través de la ley de población, los gobiernos de los estados perciben las consecuencias más sensibles del fenómeno migratorio, como es la pérdida del dinamismo económico de cientos de comunidades que disminuyen sustancialmente su fuerza laboral.
Existen más de mil clubes y organizaciones de mexicanos en Estados Unidos que tienen contacto directo con sus estados y municipios de origen, los cuales participan estrechamente en los programas gubernamentales.
México es el segundo país receptor de remesas en el mundo, sólo después de la India, y este año se espera que lleguen 13,000 millones de dólares a nuestro país. Sin embargo, no hemos sabido darles a nuestros migrantes, en los hechos, el trato que se merecen de acuerdo con lo mucho que aportan a la estabilidad y desarrollo de México.
Atrás de las cifras, en cada remesa, existe un ser humano que trabaja y se sacrifica día a día, con el único objetivo de elevar el nivel de vida de sus familias.
Creemos que los esfuerzos que se hagan para la solución de los problemas de los migrantes mexicanos y sus familias deberán contar del apoyo de los Poderes Legislativo y Ejecutivo federales, en estos esfuerzos se encuentra el acuerdo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en su reunión del 31 de octubre del presente año el estado de Durango sobre el problema migratorio.
La Conago sirve como eje vertical de las posturas de los Ejecutivos estatales que han creado este instrumento para dar certidumbre y fortaleza a la gobernabilidad en nuestro país, sirviendo como un espacio de acuerdos que ha venido a darle consensos y operatividad para el Poder Ejecutivo Federal.
Además, por primera vez, los gobiernos estatales han identificado la prioridad del asunto migratorio, y han concluido en definir 19 puntos en un acuerdo donde se establecen lineamientos, propuestas y acciones que debemos transitar y ejecutar para crear una política de Estado y una estrategia con miras a atender a nuestros migrantes y sus familias.
Por lo anterior nos permitimos poner a su consideración el siguiente
Punto de AcuerdoPRIMERO: Se dé a conocer al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados las conclusiones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) del 31 de octubre, sobre la causa de los migrantes mexicanos y sus familias a manera de contribución al cumplimiento exitoso de éstos.
(Solicito a la Secretaría se dé lectura a dicha minuta de la reunión de la Comisión de Atención a Migrantes de la Conago):
Minuta de la reunión de la Comisión de Atención a Migrantes realizada a las 10:00 horas del 30 de octubre del 2003, en el salón (Durango) del hotel (gobernador) de la ciudad de Durango, Durango.
Asistieron los gobernadores de Durango, Lic. Angel Sergio Guerrero Mier; de Oaxaca, Lic. José Murat Casab; y de Zacatecas, Lic. Ricardo Monreal Avila, coordinador de la Comisión; el senador Adrián Alanís Quiñónez, Presidente de la Comisión de Población del Senado de la República, y los representantes de los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
Se contó con la asistencia de las principales organizaciones de migrantes mexicanos establecidos en la Unión Americana.
Reunida la Comisión y habiendo sido escuchadas las intervenciones de los C. gobernadores de Durango, Oaxaca y Zacatecas, del Presidente de la Comisión de Población del Senado y de las organizaciones de representantes de mexicanos radicados en Estados Unidos, en la reunión se tomaron los siguientes
AcuerdosPrimero.- Apoyar un acuerdo bilateral permanente que regularice la situación migratoria de los indocumentados en Estados Unidos de América y facilite el tránsito de los trabajadores mexicanos y el respeto de sus derechos humanos. Promover que dicho acuerdo se alcance antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 2004.
Segundo.- Antes de suscribir un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, se consulte y tome en cuenta las opiniones y sugerencias de la comunidad mexicana en el vecino país.
Tercero.- Promover el ejercicio pleno de los derechos políticos de los migrantes mexicanos para que puedan participar en los procesos electorales en la República Mexicana.
Cuarto.- Promover, a escala nacional, políticas públicas que mejoren la calidad de vida en las localidades de origen de los migrantes, como es el caso del Programa 3x1, proponiendo el incremento de recursos para este tipo de programas.
Quinto.- Que la Comisión de Atención a Migrantes elabore una agenda de trabajo que contemple el seguimiento de los temas y acuerdos expresados en esta reunión y promueva reuniones entre los migrantes y la Conago.
Sexto.- Que la Conago realice una serie de consultas directas en las ciudades de la Unión Americana con mayor concentración de mexicanos, con el propósito de escuchar su sentir y aportar ideas para el fortalecimiento de los temas expresados en esta reunión.
Séptimo.- Proponer al pleno de gobernadores de la Conago del día 31 de octubre, la realización de una reunión plenaria de la ciudad de Washington, DC, procurando que sea un foro donde se exprese la problemática binacional ante representantes del Congreso de la Unión Americana.
Octavo.- Dar a conocer en la reunión plenaria de la Conago del 31 de octubre, la carta del senador John McCain que dirige al Presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, relativa a las propuestas de ley S1461 y la HR2899; las propuestas se refieren a establecer la regularización ilimitada de los migrantes.
Noveno.- Promover que los CC. gobernadores funjan como observadores del respeto de los derechos de los inmigrantes en México para que en su tránsito por el país sean tratados con dignidad y respeto.
Décimo.- Exhortar a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que los consulados de México en Estados Unidos reciban mayor presupuesto y que las autoridades consulares cumplan con sus funciones de apoyo oportuno, atención y trato digno a los mexicanos.
Décimo Primero.- Solicitar a la Cámara de Diputados que incorpore una partida especial etiquetada de cien millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores destinada al Departamento de Protección de los Consulados de México, especialmente para el traslado a sus comunidades de origen de los mexicanos fallecidos en el extranjero.
Décimo Segundo.- Que el gobierno mexicano reconozca las responsabilidades pendientes de cumplir con los mexicanos en el exterior destacando la carencia de desarrollo económico regional, la revisión de los esquemas de inversión comunitaria y la definición de objetivos específicos y concretos en materia migratoria.
Décimo Tercero.- Proponer, en la reunión plenaria de la Conago del día 31 de octubre, que los gobiernos de la entidades federativas reconozcan la matrícula consular como una identificación oficial en México.
Décimo Cuarto.- Solicitar a las autoridades aduanales mexicanas que otorguen un trato digno y honesto a los migrantes que regresan a México.
Décimo Quinto.- Proponer la incorporación de migrantes a los trabajos de consulta de la Convención Nacional Hacendaria, en virtud de que requieren realizar inversiones en México y apoyar un plan de desarrollo sustentable de remesas productivas de los migrantes.
Décimo Sexto.- Que los gobiernos estatales promuevan programas de simplificación administrativa especial para los trámites de inversión de los migrantes mexicanos en sus comunidades de origen.
Décimo Séptimo.- Solicitar a las autoridades federales reforzar el combate a las redes de tráfico de personas.
Décimo Octavo.- Que los representantes de los estados ante el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior continúen teniendo voz y voto en el seno de ese cuerpo colegiado.
Décimo Noveno.- Desarrollar programas de atención médica para los migrantes que regresan a sus lugares de origen, así como impulsar programas educativos para los migrantes y sus hijos en Estados Unidos, como es la creación de un fondo para becas escolares.
SEGUNDO: Se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara a que se contemple un presupuesto mayor al de este año para la operación administrativa de los consulados mexicanos en Estados Unidos.
TERCERO: Se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores instruya a los consulados mexicanos en Estados Unidos a que cumplan con sus funciones de apoyo oportuno y atención a nuestros connacionales.
CUARTO: Se incorpore en el Presupuesto de Egresos 2004 una partida especial etiquetada de 100 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el Departamento de Protección de los Consulados de México, especialmente para el traslado a sus comunidades de origen de mexicanos fallecidos en el extranjero.
QUINTO: Se exhorte al titular del Ejecutivo federal a convocar a la brevedad posible al secretario de Gobernación y al secretario de Relaciones Exteriores al cumplimiento del punto de acuerdo presentado en el Pleno de esta Cámara en la sesión del 28 de octubre del presente año para que se realice la reunión de trabajo con los responsables del Gobierno Federal que tengan la responsabilidad de atender y ejecutar los programas de atención a los migrantes y los titulares de las oficinas equivalentes de los gobiernos estatales.
SEXTO: Se extiende voto de confianza a la comisión encabezada por el canciller Luis Ernesto Derbez, que asistirá a partir del día de mañana a la ciudad de Washington D. C. a la reunión Binacional, entre el Gobierno mexicano y norteamericano, y en particular cobre el tema del acuerdo migratorio.
Es cuanto señor Presidente.
Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores.El siguiente punto del orden del día ha sido retirado a propuesta del grupo parlamentario que lo promovió.
Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Chihuahua, licenciado Patricio Martínez García, otorgue los apoyos requeridos, a la subcomisión de coordinación y enlace, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos:«La que suscribe, María Marcela Lagarde y de los Ríos, diputada federal de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con forme a las siguientes
ConsideracionesComo es de nuestro conocimiento, a partir de 1993 se inició en el municipio de Juárez, Chihuahua, una serie de homicidios que se calcula en más de 350, perpetrados contra mujeres: niñas y jóvenes, estudiantes, empleadas y obreras de la maquila, la mayoría de ellas migrantes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informa, además, acerca de cuatro mil mujeres reportadas como desaparecidas en el mismo lapso.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informa, además, acerca de cuatro mil mujeres reportadas como desaparecidas en el mismo lapso.
A 10 años de distancia, lejos de alcanzar justicia, las mujeres siguen desapareciendo y han ocurrido nuevos asesinatos; las autoridades estatales y municipales han encontrado cuerpos y osamentas, en lugares de fácil acceso y poco tránsito.
Desde hace tiempo, nuestro país ha llamado la atención de organismos internaciones de derechos humanos, e incluso de parlamentos, por la incapacidad de las autoridades para evitar y erradicar tan execrables hechos y hacer justicia en cada caso, así como por la indiferencia e impunidad con que se siguen cometiendo. Hoy se reportan casos similares en Sonora, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, el estado de México y el Distrito Federal.
Con base en la recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el pasado 11 de marzo, el Ejecutivo Federal determinó la creación de la Comisión Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos. El Ejecutivo reconoció así su responsabilidad de cumplir los acuerdos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de promoción y defensa de los derechos humanos, tales como la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
En junio de este año, el Ejecutivo aprobó la creación de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, cuya función principal es ``realizar las acciones de enlace necesarias entre las dependencias y entidades federales que puedan incluir, bajo fórmulas de colaboración, a los niveles de gobierno del estado de Chihuahua y del Municipio de Ciudad Juárez''.
Asimismo, designó como comisionada a la licenciada María Guadalupe Morfín Otero. Su nombramiento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2003.
La comisionada Guadalupe Morfín Otero realizó el 3 de noviembre una gira de trabajo por el estado de Chihuahua, y sólo fue atendida por el secretario general de Gobierno y el procurador de Justicia de la entidad.
Considerando el compromiso del gobierno del estado de Chihuahua para sumar esfuerzos contra el feminicidio, ratificado en los medios de comunicación en marzo de este año, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chihuahua y a la Procuraduría de Justicia de la entidad a que otorguen las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones a la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobernadores de Sonora, de Guanajuato, de Tamaulipas, de Jalisco y del estado de México y al jefe de Gobierno del Distrito Federal a instaurar las medidas necesarias en materia de procuración y aplicación de la justicia para evitar los feminicidios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de noviembre de 2003.--- Dip. María Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica).--- Pablo Gómez Álvarez, Valentín González Bautista, María Marcela González Salas y Petricioli, Ana Lilia Guillén Quiroz, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Abdallán Guzmán Cruz, Minerva Hernández Ramos, Ma. Del Rosario Herrera Ascencio, Marcelo Herrera Herberi, Guillermo Huízar Carranza, María Marcela Lagarde y de los Ríos, Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez, Susana Manzanares Corona, Martha Lucía Micher Camarena, Gelasio Montiel Fuentes, Francisco Mora Ciprés, Guadalupe Morales Rubio, Marcos Morales Torres, Inelvo Moreno Álvarez, Iinti Muñoz Santini, Arturo Nahle García, José Luis Naranjo Quintana, Francisco Javier Obregón Espinoza, Daniel Ordoñez Hernández, Omar Ortega Álvarez, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ma. de los Dolores Padierna Luna, Juan Pérez Medina, Cristina Portillo Ayala, Alfonso Ramírez Cuellar, Bernardino Ramos Iturbide, Agustín Rodríguez Fuentes, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Javier Salinas Narváez, Rocío Sánchez Pérez, Francisco Javier Saucedo Pérez, Yadira Serrano Crespo, Emilio Serrano Jiménez, Pascual Sigala Páez, Carlos Hernán Silva Valdez, Víctor Suárez Carrera, Israel Tentory García, Zeferino Torreblanca Galindo, Edgar Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz, Gerardo Ulloa Pérez, Emilio Zebadúa González, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Narciso Agúndez Montaño, Miguel Agustín Alonso Raya, René Arce Islas, Rosa María Avilés Nájera, Abraham Bagdadi Estrella, Héctor Bautista López, Diana Bernal Ladrón de Guevara, Julio Boltvinik Kalinka, Clara Marina Brugada Molina, José Luis Cabrera Padilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Marbella Casanova Calam, Francisco Chavarría Valdeolivar, César Antonio Chávez Castillo, Adrián Chávez Ruiz, Santiago Cortés Sandoval, Tomás Cruz Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, Socorro Díaz Palacios, Horacio Duarte Olivares, Gilberto Ensástiga Santiago, Luis Eduardo Espinoza Pérez, David Ferreira Martínez, Margarito Fierros Tano, Irma S. Figueroa Romero, Rafael Fores Mendoza, Rogelio Fanco Castán, Pablo Franco Hernández, Juan García Costilla Miguel Angel García Domínguez, Eliana García Laguna, Amalia García Medina, Juan José García Ochoa, Iván García Solís, Rafael García Tinajero Pérez, Elba Garfias Maldonado.»
Acompañan este punto de acuerdo un conjunto de firmas de diputadas y diputados del PRD.
Gracias, señor Presidente.
Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias, señora diputada.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Velazco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al pleno de la Cámara de Diputados a reinstalar, a la brevedad, la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
El diputado Manuel Velasco Coello:La venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El Estado mexicano no puede seguir instrumentando sus funciones con instituciones que no cuentan con la confianza de los ciudadanos por considerarlas ineficientes, corruptas y alejadas de la problemática social.
En este sentido la Reforma del Estado supone el restablecimiento de la coherencia entre las instituciones y las estructuras sociales, económicas y políticas a través de la construcción de una relación de confianza con la ciudadanía y con los actores políticos, respondiendo a los desafíos de la globalización, la liberalización económica, la apertura comercial, los cambios tecnológicos y fundamentalmente a los procesos de consolidación democrática.
El Ejecutivo Federal, como conductor y símbolo del cambio, ha sido incapaz de capitalizar el bono democrático y la legitimidad ganada a nivel internacional para convocar a todas las fuerzas políticas en la construcción de consensos para la consolidación democrática, a través de la Reforma del Estado.
La reforma eléctrica y la reforma fiscal parecen ser las únicas condiciones para garantizar el desarrollo nacional. Se han convertido, por encima de la consolidación democrática, en la más alta prioridad de este Gobierno.
La realidad política nacional se presenta como un panorama alarmante frente a la falta de confianza y credibilidad entre los integrantes de la clase política y la sociedad civil, hecho que se manifiesta en la incapacidad de lograr pactos y acuerdos políticos, en la poca participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y en la falta de credibilidad y confianza en la política como la vía para solucionar los problemas sociales.
Afortunadamente, a pesar de las dificultades, sí existe la posibilidad de lograr consensos en las reformas estructurales y es posible transitar en la reforma política del Estado y en la consolidación democrática. Si todos los actores políticos nos conducimos con responsabilidad democrática, es alentador.
Es necesaria la revisión de nuestro sistema de partidos y de nuestro sistema electoral para hacer posibles las alianzas programáticas y las mayorías estables y encontrar los mecanismos que le den funcionalidad a nuestro sistema presidencial en condiciones de gobierno dividido.
Debemos abrir el debate sobre la reelección de legisladores, sobre la legislación electoral para darle mayor precisión y evitar el peligro de la ilegitimidad de los órganos electorales, revisar el financiamiento de los partidos políticos y los topes de campaña, retomar la convocatoria de la Suprema Corte de Justicia para reformar el sistema judicial, continuar en la reforma administrativa y reflexionar sobre la cultura política, el referendum y los plebiscitos, entre otros temas cuya discusión es del más alto interés para la nación.
Para esto es impostergable un debate plural y sistemático que incluya a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a los empresarios, a intelectuales y académicos, a las instituciones educativas y a todos los actores políticos en torno a la definición de la agenda de la Reforma del Estado.
Esta legislatura tiene un compromiso histórico en la consolidación de la transición democrática, por lo que a falta de una convocatoria por parte del Ejecutivo, esta soberanía debe hacer la convocatoria para avanzar en la Reforma del Estado, fortaleciendo su institucionalidad.
Por lo anteriormente expuesto y por la urgencia de un avance sustancial en la Reforma del Estado, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que se reinstale a la brevedad, la Comisión Especial de la Reforma del Estado.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al pleno de la Cámara de Diputados a reinstalar con la mayor brevedad la comisión especial para la reforma del estado, a cargo del grupo parlamentario del PVEM
Cámara de Diputdos del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se tenga a bien someter a la consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Punto de AcuerdoEl Estado mexicano no puede seguir instrumentando sus funciones con instituciones que no cuentan con la confianza de los ciudadanos, por considerarlas ineficientes, corruptas y alejadas de la problemática social.
En este sentido, la Reforma del Estado supone el reestablecimiento de la coherencia entre las instituciones y las estructuras sociales, económicas y políticas a través de la construcción de una relación de confianza con la ciudadanía y los actores políticos, respondiendo a los desafíos de la globalización económica, la liberalización económica, la apertura comercial, los cambios tecnológicos, y fundamentalmente, a los procesos de consolidación democrática.
La transición política no ha podido ser encauzada por el ejecutivo mediante la convocatoria a un pacto político nacional en el que se delimiten de las reglas del juego entre los actores políticos, los espacios públicos y el tipo de reformas sobre las que enfocarán sus esfuerzos. Sobre esto, nuestro referente más cercano es la transición española, donde con el Pacto de la Moncloa se garantizó la consolidación democrática, lo cual exigió de una visión histórica de Estado, virtud que no existe en Vicente Fox.
El Ejecutivo federal como conductor y símbolo del cambio ha sido incapaz de capitalizar el ``bono democrático'' y la legitimidad ganada a nivel Internacional para convocar a todas las fuerzas políticas en la construcción de consensos para la consolidación democrática a través de la Reforma del Estado. Infortunadamente, el Ejecutivo ha perdido su credibilidad y los beneficios del bono democrático se han desvanecido, hoy día, la reforma eléctrica y la reforma fiscal parecen ser las únicas condiciones para garantizar el desarrollo nacional, se han convertido, por encima de la consolidación democrática, en la más alta prioridad de este gobierno.
Frente a esto, la posibilidad que tiene el Ejecutivo de convocar ahora a este pacto es mínima; es por ello que el Poder Legislativo debe enfrentar este reto: lograr un pacto político nacional antes de que sea demasiado tarde.
La realidad política nacional se presenta como un panorama alarmante frente a la falta de confianza y credibilidad entre los integrantes de la clase política y la sociedad civil, hecho que se manifiesta en la incapacidad de lograr pactos y acuerdos políticos, en la poca participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y en la falta de credibilidad y confianza en la política como la vía para solucionar los problemas sociales.
El abstencionismo registrado en las pasadas elecciones intermedias, el más alto desde hace más de treinta años, terminó por acentuar aún más la crisis de legitimidad en el sistema de partidos; es una advertencia ante el grave peligro que representa la desvinculación de la política de los intereses de la sociedad: de no revertir este proceso, México corre el grave peligro de reproducir un estadio de ingobernabilidad y de conflictos sociales, como ocurre en Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Colombia, principalmente.
El proceso de renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral es un ejemplo de la polarización entre las fuerzas políticas, la visión maniquea de algunos se situó siempre y en todo momento, al margen de la negociación y el consenso. Si bien este hecho no cuestiona ni la legitimidad, ni la legalidad del nuevo consejo, es preocupante por el hecho de que esta actitud dificulta la reducción del descontento social que resta legitimidad a los gobiernos y a los partidos, pone en duda la legitimidad de este nuevo consejo, y descalifica a priori su funcionamiento, poniendo en riesgo la confiabilidad de los procesos electorales y debilitando la institucionalidad de los órganos electorales.
Afortunadamente, dentro de esta corriente automarginada se han expresado voces de denuncia que reconocen el error de esta postura, lo que nos permite asumir que, a pesar de las dificultades, sí existe la posibilidad de lograr consensos en las reformas estructurales, y que es posible transitar en la Reforma Política del Estado y en la consolidación democrática, si todos los actores políticos nos conducimos con responsabilidad democrática. Esto es alentador.
No podemos permitir que disminuya el alto grado de institucionalidad del IFE, y que las próximas elecciones del 2006 se vean manchadas por la desconfianza, esto sería catastrófico. Es necesaria la revisión de nuestro sistema de partidos y de nuestro sistema electoral para hacer posibles las alianzas programáticas y las mayorías estables, y encontrar los mecanismos que le den funcionalidad a nuestro sistema presidencial en condiciones de gobierno dividido.
Debemos abrir el debate sobre la reelección de los legisladores, sobre la legislación electoral para darle mayor precisión y evitar el peligro de la ilegitimidad de los órganos electorales, revisar el financiamiento de los partidos políticos y los topes de campaña, retomar la convocatoria de la suprema corte de justicia para reformar el sistema judicial, continuar en la reforma administrativa y reflexionar sobre la cultura política, el referéndum y los plebiscitos, entre otros temas cuya discusión es del más alto interés para la nación.
Para esto es impostergable un debate plural y sistémico que incluya a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a los empresarios, a intelectuales y académicos, a las instituciones educativas y a todos los actores políticos en torno a la definición de la agenda de la Reforma del Estado.
Esta Legislatura tiene un compromiso histórico con la consolidación de la transición democrática, por lo que, a falta de una convocatoria por parte del Ejecutivo, esta soberanía debe hacer la convocatoria para avanzar en la Reforma del Estado, fortaleciendo su institucionalidad.
Por lo anteriormente expuesto y por la urgencia de un avance sustancial en la Reforma del Estado, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración del Pleno el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que se reinstale con la mayor brevedad la Comisión Especial de la Reforma del Estado, y que se retomen los trabajos hechos por ésta durante la LVIII Legislatura.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de noviembre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias, diputado Velasco Coello.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Angel Díaz Ortega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública priorice y vigile el cumplimiento de los recursos que se asignarán en el Presupuestos de Egresos de la Federación del año 2004, al estado de Oaxaca en materia de salud y exhorte a la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud para que cumpla con sus compromisos en materia de recursos económicos.
El diputado Jesús Angel Díaz Ortega:Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Usted lo tiene, señor diputado.
El diputado Jesús Angel Díaz Ortega:Compañeras diputadas y diputados:
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso y por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, me permito exponer ante esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo.
ConsideracionesLa conquista de la salud social en México ha sido un ideal no cristalizado.
La tierra oaxaqueña se ha mantenido muy por debajo de los estándares internacionales de la salud.
En este contexto, la actual administración encabezada por el licenciado José Murat, patentizó como uno de sus principales retos, sentar las bases para el desarrollo social, por lo que ha realizado una obra sin precedente, contando en la actualidad con 2 mil 166 casas de salud, 547 centros y 18 hospitales.
En el presente ejercicio, la creación de infraestructura continúa su marcha en proceso constructivo, tres casas y 32 centros de salud, cinco hospitales integrales, dos hospitales generales y un hospital de especialidades con irradiación de beneficios a Oaxaca y estados colindantes; sin embargo, los esfuerzos realizados no resuelven las necesidades de atención de una población cada vez más creciente y con perfiles epidemiológicos diversos, requiriendo para su adecuada operación de la colaboración federal en la conclusión de las obras, su correspondiente equipamiento y con el suministro del recurso humano capacitado, en cuyas manos quedará la responsabilidad de la atención a la población, complementado, claro está, con el recurso suficiente para el abasto de los bienes y servicios necesarios para tan noble fin.
En servicios personales, desde 2001 se presentaron problemas financieros que se agravaron por el erróneo cálculo del costo de la plantilla, contratos con cargo a gastos de operación y la autorización de otros para reforzar hospitales y centros de salud, provocando así necesidades adicionales por 27 millones de pesos para apoyo extraordinario.
En gastos de operación, se han observado continuos incrementos presupuestales por el mismo mal costeo de la plantilla de personal; no se ha recibido ninguna ampliación a la misma, por lo que el paquete salarial resultó insuficiente.
Por esta situación, en julio pasado la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud Federal, ofreció apoyo con 30 millones de pesos.
Refiriéndonos al Programa Calidad, Equidad y Desarrollo, éste sufrió un decremento por un monto de 10 millones de pesos, equivalente al 19%.
Por lo anterior, es necesario restituir y liberar la cantidad decrementada al presupuesto 2003, con base en lo prometido por la Subsecretaría ya mencionada.
Por ello, es importante señalar las necesidades urgentes para Oaxaca; el gasto corriente ante una política restrictiva, ha negado la posibilidad de disponer plazas de rama médica y administrativa, para lo que se necesitan recursos por 565 millones de pesos.
Respecto al gasto de operación, éste se ha venido rezagando y su crecimiento no ha sido acorde con el incremento de la prestación de servicios, necesitándose 380 millones para la operación de calidad, equidad y justicia social de la red de salud a cargo del Estado.
En inversión se requiere apoyo para la terminación de obra, entre ellas, la culminación del hospital de especialidades, asimismo recursos para el equipamiento, reposición de equipo médico por obsolescencia y sustitución de equipo electromecánico inservible. En suma, se requieren 710 millones de pesos en ambos conceptos, agregados al presupuesto anterior, obra que se espera concluir en el próximo ejercicio 2004.
Por lo señalado y sobre todo por las demandas apremiantes de los grupos de población más marginados de Oaxaca, se somete el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que dentro del ejercicio de sus facultades vigile y priorice el cumplimiento de los recursos asignados por el Presupuesto de Egresos del año 2004 al estado de Oaxaca en materia de salud.
Segundo. Se haga un atento exhorto al titular de la subsecretaría de administración y finanzas de la Secretaría de Salud a nivel federal, para la autorización y liberación de los recursos prometidos a Oaxaca, por el monto de 57 millones de pesos de servicios personales y reforzamiento de gastos de operación y de 10 millones 325 mil pesos, cantidad decrementada al Presupuesto de Egresos 2003.
Por todo esto, es por la salud de los más necesitados.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con puntos de acuerdo, a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de prioridad y vigile el cumplimiento de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 al estado de Oaxaca en el rubro de salud y exhorte a la subsecretaria de administración y finanzas de la Secretaria de Salud a cumplir sus compromisos en materia de recursos económicos, a cargo del diputado Jesús Angel Díaz Ortega, del grupo parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito exponer ante esta soberanía punto de acuerdo, por las siguientes
ConsideracionesLa conquista de la salud social en México ha sido un ideal no cristalizado. La tierra oaxaqueña se ha mantenido muy por debajo de los estándares de salud recomendados por las instituciones internacionales para universos sociales tan urgidos como el de mi estado. En ese contexto, la actual administración, encabezada por el licenciado José Murat, gobernador constitucional de la entidad, desde sus inicios patentizó como uno de los principales retos y compromisos sentar las bases para el desarrollo social. Por ello ha realizado una obra sin precedente en materia de salud: cuenta en la actualidad con 2 mil 166 casas de salud, 547 centros de salud y 18 hospitales.
En el presente ejercicio, la creación de infraestructura continúa su marcha. Se encuentran en proceso constructivo 3 casas y 32 centros de salud, 5 hospitales integrales, 2 hospitales generales y 1 hospital de especialidades de tercer nivel de atención, con irradiación de beneficios a Oaxaca y estados colindantes.
Sin embargo, los esfuerzos realizados no resuelven por sí solos las necesidades de atención de una población creciente y con perfiles epidemiológicos tan diversos, que requiere para su cabal y adecuada operación la colaboración del ámbito federal para concluir la obra en proceso, su correspondiente equipamiento y sobre todo con el suministro del recurso humano capacitado, en cuyas manos quedará la responsabilidad de atender a la población demandante de los servicios de salud, complementado, claro está, con recurso suficiente para el abasto de los bienes y servicios necesarios para tan noble fin.
En servicios personales, desde 2001 se han presentado problemas financieros, agravados por el erróneo cálculo del costo de la plantilla, la autorización de contratos con cargo a gastos de operación y la autorización de otros contratos para reforzar hospitales y centros de salud en el estado sin la correspondiente cobertura presupuestal. Eso ha provocado necesidades adicionales por 27 millones de pesos para apoyo extraordinario.
En el refuerzo de gastos de operación, se han observado continuos incrementos presupuestales por el mal costeo de la plantilla de personal. De igual forma, no se ha recibido ampliación de ésta, por lo que el paquete salarial resultó insuficiente. Por ésa y otras situaciones, en julio último la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud federal ofreció apoyo con 30 millones de pesos.
Sobre la restitución de la reducción presupuestal, el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud tuvo en este último año un decremento presupuestal por un monto de 10 millones 325.85 miles de pesos, equivalente a 19.41 por ciento.
Por lo anterior, es necesario restituir y liberar la cantidad decrementada en el Presupuesto de 2003, con base en lo sostenido por la subsecretaría mencionada.
Con base en lo expuesto, es importante señalar las necesidades más apremiantes para Oaxaca en el próximo ejercicio.
El gasto corriente, ante una política presupuestal restrictiva, ha negado la posibilidad de contar con plazas de rama médica y de apoyo administrativo necesarios, para lo que se requieren recursos por 564.74 millones de pesos.
El gasto de operación se ha rezagado y su crecimiento no ha sido acorde con el incremento de unidades en la prestación de servicios; se necesitan 380 millones para la operación con calidad, equidad y justicia social de la red de salud a cargo del estado.
En materia de inversión, se requieren 172.69 millones para la terminación de obras, entre ellas la obra civil del hospital de especialidades. Asimismo, se necesitan 547.1 millones de pesos para equipar la obra en proceso, reponer equipo médico por obsolescencia y sustituir equipo electromecánico inservible.
En suma, se requieren 710.77 millones de pesos en ambos conceptos; es decir, para la obra y el equipamiento de todo el trabajo en proceso y que se espera concluir en 2004.
Por lo señalado, considerando la problemática y las necesidades en materia de salud en el estado y sobre todo las demandas apremiantes de los grupos de población más marginados de Oaxaca, se somete a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que, en ejercicio de sus facultades, vigile y dé prioridad al cumplimiento de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de 2004 a Oaxaca en materia de salud.
Segundo. La H. Cámara de Diputados del Congreso General formula un atento exhorto al subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud a autorizar y liberar los recursos prometidos a los Servicios de Salud de Oaxaca por el monto de cincuenta y siete millones de pesos por concepto de servicios personales y refuerzo de gastos de operación; y de diez millones trescientos veinticinco mil pesos, cantidad decrementada en el Presupuesto de Egresos de 2003 al Programa de Ampliación de Cobertura.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a diez de noviembre de 2003.--- Dip. Jesús Angel Díaz Ortega (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Tiene la palabra el diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2004, se consideren recursos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua, para la realización de las obras necesarias en el denominado Dren de Tehuacán.
El diputado Felipe de Jesús Díaz González:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
ConsideracionesEl Dren de Tehuacán, conocido también como Dren de Valsequillo, ubicado en la ciudad de Tehuacán, del estado de Puebla, donde hace aproximadamente 15 años era una cañada natural por la que transitaba agua limpia, la cual era utilizada como caudal para diversos usos de la población, por las que atraviesa el caudal. Sin embargo al acrecentarse los asentamientos de la población de esa zona, poco a poco se establecieron diversos giros mercantiles a lo largo de la zona que comprende este dren, los cuales descargan sus aguas contaminadas sobre el caudal del Dren de Tehuacán.
Se pretendía utilizar ese dren para desahogar las aguas de la presa Cacaloapan, la cual almacenaría el agua proveniente de la presa de Valsequillo, para el aprovechamiento de la misma y favorecer la agricultura de la zona.
La longitud del Dren de Tehuacán alcanza los 29 kilómetros, siendo contaminado por las crecientes empresas que se encuentran en dichas localidades, siendo 531 litros por segundo lo que descarga de agua contaminada. Esto es que por cada minuto se contaminan 31 mil 860 litros.
El dren, por ser una cuenca hidrológica, se denomina como un cuerpo de agua federal, por lo cual se encuentra bajo la supervisión y administración de la Comisión Nacional del Agua. Así este organismo desconcentrado es el responsable de otorgar y revocar permisos sobre este dren.
Lo anterior ocasiona un gran agravio a la población que vive en toda esta zona, debido a que la contaminación del agua va en aumento, descuidándose principalmente la salud pública, dando preferencia a las descargas de empresas y municipios.
Las denuncias ciudadanas han ido en aumento desde hace varios años a la fecha, debido a que los principales problemas que se generan en esas descargas indiscriminadas son de contaminación ambiental, sociales, de salud pública y afecta a la zona agrícola.
En tanto en lo que se refiere a la salud pública existen brotes de enfermedades por infecciones y enfermedades en vías respiratorias y alergias, debido a que los malos olores que se desprenden del mismo se han vuelto insoportables para quienes habitan en toda esa zona antes mencionada.
De igual manera existe contaminación por infiltración al subsuelo o mantos freáticos, así como de contaminación por cloración del dren. El origen de las descargas hacia ese Dren provienen principalmente de tres tipos: granjas porcícolas, lavanderías y descargas municipales.
Nuestra labor es empezar a generar los pasos legislativos adecuados para lograr el bien común para todas las familias, que nuestro medio ambiente no se deteriore y combatiendo la contaminación de nuestros drenes.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de ustedes el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Que las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal y con base en el análisis que se efectúe de la situación actual del Dren de Tehuacán, tengan una partida específica para llevar a cabo las obras necesarias para el revestimiento de dicho dren.
Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional del Agua, que es un órgano desconcentrado de la misma, instrumente las políticas necesarias para la verificación de los permisos y de la situación actual del Dren de Tehuacán. Hagamos de nuestro medio ambiente un lugar seguro para nuestras familias y para nosotros mismos, que es mejor un México para todos nosotros.
Firman el presente punto de acuerdo los diputados de Puebla: Angélica Ramírez Luna, José Felipe Puelles, Roberto Ruiz Esparza, Angel Alonso Díaz Caneja, Rogelio Flores, Lidia Naravian y su servidor, Felipe de Jesús.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2004 se consideren recursos dirigidos a la Comision Nacional del Agua para realizar las obras necesarias en el denominado dren de tehuacan, presentada por el diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del PAN.
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones1. El Dren de Tehuacán es conocido también como Dren de Valsequillo, situado en la ciudad de Tehuacán, Puebla, donde hasta hace aproximadamente 15 años era una cañada natural por la que transitaba agua limpia, el cual era utilizado como caudal acuoso para diversos usos de las poblaciones por las que atraviesa el caudal.
Sin embargo, al acrecentarse los asentamientos de la población de esa zona, poco a poco se establecieron diversos giros mercantiles a lo largo de la zona que comprende el dren, las cuales descargan sus aguas contaminadas sobre el caudal del Dren de Tehuacán.
2. Se pretendía utilizar el dren a fin de desahogar las aguas de la presa Cacaloapan, la cual almacenaría el agua proveniente de la presa Valsequillo, para el aprovechamiento de ésta y favorecer la agricultura de la zona.
En tres municipalidades se llevó a cabo un proyecto del Gobierno Federal mediante la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, no tuvo éxito debido a que presentó alto grado de filtración de agua, lo cual impidió almacenarla.
3. La longitud del Dren de Tehuacán alcanza 29 kilómetros, que son contaminados por las crecientes empresas que se encuentran en los alrededores de ocho localidades, siendo 531 (quinientos treinta y uno) litros por segundo los que se descargan de agua contaminada: por cada minuto se contaminan 31,860 (treinta y un mil ochocientos sesenta) litros.
4. El dren, por ser una cuenca hidrológica, se denomina como un cuerpo de agua federal, por lo que se encuentra bajo supervisión y administración de la Comisión Nacional del Agua. Así, ese organismo desconcentrado es responsable de otorgar y revocar permisos sobre el dren.
Sin embargo, hace falta una verificación integral de este organismo según la normatividad que establece la cantidad de descargas municipales e industriales en cuerpos de agua federal, donde se fijan los límites máximos permisibles.
5. Lo anterior ocasiona gran agravio a la población que vive en toda esa zona, debido a que la contaminación del agua va en aumento, descuidándose principalmente la salud pública, dando preferencia a las descargas de empresas y municipios.
Las denuncias ciudadanas han ido en aumento desde hace varios años, pues los problemas principales que esas descargas indiscriminadas generan son contaminación ambiental, sociales y de salud pública, que afectan la zona agrícola.
En cuanto a salud pública, existen brotes de enfermedades por infecciones y en vías respiratorias y alergias, pues los malos olores que se desprenden de ahí se han vuelto insoportables para los habitantes de la zona mencionada.
De igual manera, hay contaminación por filtración al subsuelo o mantos freáticos, así como de contaminación por cloración del dren.
6. El origen de las descargas hacia el dren es principalmente de tres tipos:
Granjas porcícolas. Aguas contaminadas con nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, carga orgánica.
Lavanderías. Aguas contaminadas con colorantes artificiales, enzimas, productos químicos y anilinas, entre otros productos.
Descargas municipales. Descarga de aguas de casas habitación, industrias, laboratorios, rastros, clínicas y todos los giros urbanos comerciales.
7. La propuesta de los diputados del Partido Acción Nacional ha sido instaurar las reformas necesarias para que todos los ciudadanos mexicanos contemos con un sistema de salud con calidad de vida.
De igual forma, como legisladores tenemos el compromiso y nuestro trabajo legislativo debe permitir el manejo de cuencas, el uso eficiente del agua para beneficio de la agricultura, el tratamiento eficiente de aguas residuales y combate de la contaminación.
Nuestra labor es empezar a generar los pasos legislativos adecuados a fin de lograr el bien común para todas las familias mexicanas, siendo uno de ellos no permitir que nuestro ambiente se deteriore y combatiendo la contaminación de nuestros drenes.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de ustedes el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Recursos Hidráulicos, en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal y con base en el análisis que se efectué de la situación actual del Dren de Tehuacán, determinen una partida específica a fin de llevar a cabo las obras necesarias para el revestimiento de dicho dren.
Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, mediante la Comisión Nacional del Agua, un órgano desconcentrado de ella, instaure las políticas necesarias para la verificación de los permisionarios y de la situación actual Dren de Tehuacán.
¡Hagamos de nuestro ambiente un lugar seguro para nuestras familias y para nosotros mismos! ¡Es por un mejor futuro para México!
Palacio Legislativo, a 11 de noviembre de 2003.--- Diputados: Felipe de Jesús Díaz González, María Angélica Ramírez Luna, José Felipe Puelles Espina, Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña, Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, Rogelio Alejandro Flores Mejía, Myriam Arabian Couttolenc (rúbricas).
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Tiene la palabra el diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Reguladora de Energía informe si la Comercializadora Metrogas, Sociedad Anónima de Capital Variable, cumplió con los requisitos señalados en la normatividad en materia de distribución de gas natural en el Distrito Federal.
El diputado Horacio Martínez Meza:Con su venia, señor Presidente:
El que suscribe, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo como urgente resolución, bajo los siguientes
ConsiderandosLa Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo a sus atribuciones y de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Gas Natural publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 1995, convocó y llevó a cabo el procedimiento de licitación pública internacional número LIC/GAS/008/1997 que tuvo por objeto adquirir los derechos necesarios para prestar el servicio de distribución de gas natural en la zona geográfica del Distrito Federal.
Adicionalmente al permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, Comercializadora Metrogas, SA, de CV obtuvo del Instituto Nacional de Ecología, con fecha 3 de diciembre de 1999, la resolución que autoriza a la misma la manifestación de impacto ambiental y el estudio de riesgo del proyecto, diseño, construcción, instalación y operación de una red de distribución de gas natural por medio de ductos terrestres y subterráneos en la zona urbana del Distrito Federal.
Cabe señalar que para la ejecución del tendido de la red de ductos de gas natural dicha empresa está obligada a cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM/003/SECRE/97, la cual establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los sistemas de distribución de gas natural relativos a la selección de materiales y componentes, construcción, pruebas, inspección, operación y mantenimiento de los sistemas de distribución de gas natural, relativos a la selección de materiales y componentes, construcción, pruebas, inspección, operación y mantenimiento de los sistemas de distribución de gas natural.
Es necesario mencionar que el suministro de este energético en la Ciudad de México ha causado en algunas ocasiones preocupación por parte de la población en lo relativo a la observancia de las medidas de seguridad que la normatividad establece.
Es por ello que ante esta situación el 31 de enero del 2001 un servidor envió al titular de la Secretaría de Medio Ambiente, con oficio número ALEDF/021/HMM/01, en el cual se solicitaba a dicha dependencia la elaboración de un estudio de riesgos sobre grietas en unidades habitacionales de la zona oriente de la Ciudad de México.
Ante dicha solicitud la entonces Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental manifestó mediante oficio SGA/DGIRA/2769, de fecha 18 de julio del 2001, que la empresa se obliga a realizar en cada zona donde se pretenda construir una sección de la red de distribución de gas natural, una evaluación del riesgo ambiental, considerando todas y cada una de las particularidades que se pudieran presentar durante la ejecución de las diferentes obras y/o actividades involucradas en el caso.
Es menester señalar que el uso de estas instalaciones de distribución de gas natural ha presentado en algunas ocasiones determinadas contingencias, como por ejemplo el 15 de agosto de 2000, Comercializadora Metrogas sufrió al parecer la fractura de un ducto que conduce gas natural y la fuga del combustible, lo que provocó el acordonamiento de la esquina Avenida Peñón con Gran Canal y de las colonias Tres Mosqueteros y Aztecas, en la delegación Venustiano Carranza.
Dos años después, el 18 de octubre del 2002, la misma empresa sufrió otra fuga de gas en la colonia La Joya de la delegación Gustavo A. Madero.
Finalmente el pasado 4 de noviembre se suscitaron los penosos acontecimientos, la explosión por la fuga de gas natural en los ductos de la misma empresa en el pueblo de Santa María Tepepan, en la delegación Xochimilco, situación que provocó gran preocupación en la población que habita en dicha localidad.
Ante este acontecimiento, el Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, informó que en 10 días se emitiría el dictamen sobre las causas que originaron las referidas explosiones en los ductos de gas natural.
Por la premura del tiempo solicito al Presidente de la Mesa Directiva gire las instrucciones necesarias a fin de que el texto íntegro se publique en la Gaceta Parlamentaria, así como en el Diario de los Debates.
Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informe si la empresa Comercializadora Metrogas, SA de CV, ha realizado las evaluaciones de riesgo ambiental en cada zona donde ha construido redes de distribución de gas natural, tal y como lo marca el oficio DOO/DGOEIA/7666, de fecha 2 de diciembre de 1999 y, en su caso, cuál ha sido el resultado de dichas evaluaciones.
Segundo. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, información sobre si la empresa Comercializadora Metrogas, SA de CV, presentó ante esta instancia los mecanismos de coordinación con los tres niveles de gobierno en caso de incurrir contingencias, tal y como lo establece la norma NOM/003/SECRE/97.
Tercero. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, informe sobre los procedimientos de supervisión y vigilancia que dentro del ámbito de su competencia ha instrumentado respecto a la construcción, instalación, operación y mantenimiento del tendido de la red de ductos de gas natural en el Distrito Federal.
Concluyo señor Presidente.
Cuarto. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Comisión Reguladora de Energía, que en su momento informe el resultado que arroje el dictamen que realice dicha comisión, respecto a la explosión registrada el 4 de noviembre en los ductos de gas natural en el pueblo de Santa María Tepepan, en la delegación Xochimilco.
Quinto. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Comisión Reguladora de Energía, revise los términos y condicionantes que en su momento aprobó para que la empresa Comercializadora Metrogas, SA de CV, prestara los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural así como si dicha comercializadora cuenta con un plan integral de seguridad y protección civil y en su caso, si este ha sido debidamente implementado en los incidentes ocurridos en las últimas fechas. Y, por último.
Sexto. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Comisión Reguladora de Energía presente la vigencia de los seguros establecidos en el Título de Permiso en caso de responsabilidades en que pudiera incurrir la empresa Comercializadora Metrogas, SA de CV de acuerdo al artículo 71 fracción IV del Reglamento de Gas Natural.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la dirección general de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación y a la Comisión Reguladora de Energía que informen si la Comercializadora Metrogas, SA de CV, cumplió los requisitos señalados en la normatividad en materia de distribución de gas natural en el Distrito Federal, a cargo del diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del PRD.
El que suscribe diputado Horacio Martínez Meza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo, bajo los siguientes
ConsiderandosLa Ley de la Comisión Reguladora de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de octubre de 1995, prevé que la misma, como órgano desconcentrado tendrá por objeto, entre otros aspectos, promover el desarrollo eficiente de la distribución de gas natural.
La Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo a sus atribuciones y de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Gas Natural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Noviembre de 1995, convocó y llevó a cabo el procedimiento de la Licitación Pública Internacional número LIC-GAS-008-1997 que tuvo por objeto adquirir los derechos necesarios para prestar el servicio de distribución de gas natural en la zona geográfica del Distrito Federal en la cual existe una red de distribución establecida desde hace más de 20 años.
En la licitación antes mencionada resultó ganador el consorcio Proyectos de Energía de México, DF, integrado por Grupo Diavaz, SA de CV, Lone Star Internacional, Inc. y Controladora Comercial e Industrial, SA de CV quienes constituyeron la sociedad denominada Servicios de Energía de México SA de CV quien adquirió las acciones representativas del capital social Distribuidora de Gas Natural del Estado de México SA de CV, (Diganamex), actualmente Comercializadora Metrogas, SA de CV, titular del permiso número G/041/DIS/98. Este permiso se expidió el 3 de septiembre de 1998, con duración de 30 años.
Adicionalmente al permiso otorgado por la Comisión Reguladora Energía, Comercializadora Metrogas, SA de CV, obtuvo del Instituto Nacional de Ecología con fecha 3 de diciembre de 1999, la resolución que autorizó a Comercializadora Metrogas, SA de CV, la manifestación de impacto ambiental y el estudio de riesgo del proyecto ``Diseño, Construcción, Instalación y Operación de una red de distribución de gas natural por medio de ductos terrestres y subterráneos en la zona urbana del Distrito Federal''. En cuanto a los métodos constructivos de dicha autorización se establecen entre otras cosas la condicionante relativa a efectuar de una manera progresiva las actividades de cortes, excavación de zanjas, tendido de los ductos, relleno y señalización que indique la existencia del ducto conforme a la normatividad vigente aplicable.
El Sector Energético, por conducto dé la Comisión Reguladora de Energía, solicitó del Gobierno del Distrito Federal, la, aceptación de la propuesta de Comercializadora METROGAS S. A. de C. V., conforme a los términos del Convenio con el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión Reguladora de Energía sobre los lineamientos para la Instalación de la Red de Gas Natural, sobre los métodos que serán utilizados para preservación y expansión del sistema, de tal forma que se lleve a cabo la construcción en las mejores condiciones técnicas, de seguridad, de orden y de limpieza para reestablecer eficientemente la infraestructura urbana, particularmente calles, banquetas y guarniciones, y asimismo evitar al máximo posible los inconvenientes a la población durante la realización de las obras.
Cabe señalar que para la ejecución del tendido de la red de ductos de gas natural, Comercializadora METROGAS S. A. de C. V., esta obligada a cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM003SECRE97,la cual establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los sistemas de distribución de gas natural, relativos a la selección de materiales y componentes, construcción, pruebas, inspección, operación y mantenimiento de los sistemas de distribución de gas natural por medio de ductos desde el punto de entrega del proveedor hasta el punto de recepción del usuario final, y concretamente en su apartado décimo, prevé que el Distribuidor deberá tener un plan integral dé seguridad y protección civil en el cual se establezcan las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de la población así como proteger él sistema de distribución ante la ocurrencia de un siniestro.
Asimismo Comercializadora METROGAS S. A. de C. V., esta sujeta a los métodos y sistemas técnicos contenidos en los documentos aprobados por la Comisión Reguladora de Energía y que forman parte del permiso de distribución del cual dicha empresa es titular.
Es preciso mencionar que en las Garantías establecidas en el Convenio antes mencionado, Comercializadóra METROGAS S. A. de C. V., ratifica su conocimiento de las instancias y procedimientos de supervisión que corresponden, según los ordenamientos jurídicos de que se trate, a la Comisión Reguladora de Energía, a las dependencias del Gobierno del Distrito Federal y a las Delegaciones. De igual manera reconoce la instancia de supervisión que procede según lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, misma que se atribuye a las unidades de verificación respectivas.
Además en la Cuarta Cláusula se establece que la Comisión Reguladora de Energía, inspeccionara y vigilará el cumplimiento de las condiciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas, y en e! permiso G/041/DIS/98 otorgado a Comercializadora METROGAS S. A. de C. V. para la distribución de gas natural en la Zona Geográfica del Distrito Federal.
Es necesario mencionar que el suministro de este energético en la Ciudad de México, ha causado en algunas ocasiones preocupación por parte de la población, en lo relativo a la observancia de las medidas de seguridad que la normatividad establece, es por ello que ante esta situación, el 31 de enero del 2001 fue enviado al titular de la Secretaria del Medio Ambiente, oficio número ALDF/021/HMM/01, en el cual se solicitaba a dicha dependencia la elaboración de un estudio de riesgos sobre grietas en unidades habitacionales de la zona oriente de la Ciudad de México. Ante dicha solicitud, la entonces Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental manifestó mediante oficio S.G.A. D.G.I.R.A. 002769 de fecha 18 de julio del 2001, que la empresa se obliga a realizar en cada zona donde se pretenda construir una sección de la red de distribución de gas natural, una evaluación del riesgo ambiental, considerando todas y cada una de las particularidades que se pudieran presentar durante la ejecución de las diferentes obras y/o actividades involucradas al caso.
Es menester señalar que el uso de estas instalaciones de distribución de gas natural ha presentado en algunas ocasiones, determinadas contingencias, como por ejemplo, el 15 de agosto del 2000, Comercializadora METROGAS S. A. de C. V. sufrió al parecer, la fractura de un ducto que conduce gas natural y la fuga del combustible, lo que provocó el acordonamiento de la esquina Av. Peñón con Gran Canal y de las colonias Tres Mosqueteros y Aztecas, en la Delegación Venustiano Carranza. Dos años después, el 18 de octubre del 2002 la Empresa Comercializadora METROGAS S. A. de C. V. sufrió otra fuga de gas en la colonia la Joya de la Delegación Gustavo A Madero.
Posteriormente, el pasado 4 de noviembre se suscitaron los penosos acontecimientos de la explosión por la fuga de gas natural en los ductos de la empresa denominada Comercializadora METROGAS, S. A. de C. V., en el Pueblo Santa Maria Tepepan, Xochimilco, situación que provocó gran preocupación en la población que habita en dicha localidad. Ante este acontecimiento, el Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, informó que en 10 días se emitiría el dictamen sobre las causas que originaron las referidas explosiones en los ductos de gas natural, mismo que se elaboraría por peritos y especialistas técnicos, que mediante un trabajo serio y profesional, determinarían las causas que originaron dicho percance, y que de llegarse a comprobar algún incumplimiento por parte del permisionario, se aplicaría lo establecido por el Reglamento respectivo.
Ante estos lamentables acontecimientos, resulta innegable que los distintos órganos de gobierno, a través de nuestras respectivos ámbitos de competencia, estamos obligados a velar por la seguridad e integridad de toda la ciudadanía, así como a procurar y garantizar más y mejores mecanismos de evaluación y vigilancia sobre cuestiones tan importantes y delicadas como las que en este momento nos ocupan, a efecto de evitar en un futuro, que se sigan presentado acontecimientos tan lamentables como las explosiones de `gas, anteriormente referidas.
Es por ello, que se somete a la consideración de ésta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente:
Punto de AcuerdoPrimero. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informe si la empresa Comercializadora METROGAS S. A. de C. V. ha realizado las evaluaciones de riesgo ambiental en cada zona donde ha construido redes de distribución de gas natural tal y como lo marca el oficio D.O.O. D.G.O.E.I.A. 07666 de fecha 2 de diciembre de 1999, y en su caso, cual ha sido el resultado de dichas evaluaciones.
Segundo. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Dirección General de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación, información sobre si la empresa Comercializadora METROGAS S. A. de C. V. presentó ante esta instancia los mecanismos de coordinación con los tres niveles de gobierno en caso de incurrir en contingencias tal y como lo establece la Norma NOM003SECRE-97.
Tercero. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, informe sobre los procedimientos de supervisión y vigilancia, que dentro del ámbito de su competencia, ha instrumentado respecto a la construcción, instalación, operación y mantenimiento del tendido de la red de ductos de gas natural en el Distrito Federal.
Cuarto. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Comisión Reguladora de Energía, que en su momento, informe el resultado que arroje el dictamen que realice dicha Comisión, respecto a la explosión registrada el 4 de noviembre, en los ductos de gas natural en el Pueblo Santa Maria Tepepan, Xochimilco.
Quinto. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Comisión Reguladora de Energía revise los términos y condicionantes que en su momento aprobó, para que la empresa Comercializadora METROGAS S. A. de C. V. prestara los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, así como si dicha Comercializadora cuenta con un plan integral de seguridad y protección civil, y en su caso, si este ha sido debidamente implementado en los incidentes ocurridos en las últimas fechas.
Sexto. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Comisión Reguladora dé Energía presente la vigencia de los seguros establecidos en el titulo del Permiso en caso de responsabilidades en que pudieran incurrir la empresa Comercializadora METROGAS S. A. de C. V., de acuerdo al artículo 71, fracción IV del Reglamento de Gas Natural.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre del 2003.--- Dip. Horacio Martínez Meza (rúbrica), Lizbeth Rosas Montero, Guadalupe Morales Rubio, Horacio Duarte Olivares, Susana Manzanares, Rocío Sánchez Pérez, Miguel Alonso Raya, Eliana García, Agustín Rodríguez, Minerva Hernández, Rosa Ma. Aviles Nájera, Gelacio Montiel, Narciso Agundez, Angélica de la Peña, David Ferreira, Valentín González, Sergio A. Magaña Martínez, Abdallán Guzmán Cruz, Omar Ortega Alvarez, Pascual Sigala, Francisco Mora Ciprés, Rogelio Franco, Juan García Costilla, Elba Garfias, Carlos Silva, Yadira Serrano, Zeferino Torreblanca, Margarito Fierros Tano, Santiago Cortés Sandoval, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Pablo Gómez, Rafael García, Alberto Ensástiaga Santiago, Pablo Franco Hernández, José Luis Cabrera Padilla, Antonio Mejía, Haro, Arturo Nahle, Rafael Flores Mendoza, Miguel Angel Grcía Domínguez, Inelvo Moreno, Abraham Bagdadi, Francisco J. Saucedo Pérez, Israel Tentory García, César Chávez Castillo, Socorro Díaz, Daniel Ordóñez, Marcos Morales Torres.»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Se considera de urgente resolución.En consecuencia, está a discusión la proposición.
Esta Presidencia informa que previamente se han inscrito en el registro de oradores, el diputado Ernesto Herrera Tovar del Partido Acción Nacional y la diputada Nancy Cárdenas Sánchez del Partido de la Revolución Democrática.
En tanto que el inciso a) del artículo 13 del Acuerdo Parlamentario Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación aprobado el 9 de octubre de 2003, prevé solo dos oradores a favor, esta Presidencia en su momento hará la consulta necesaria a la Asamblea.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Herrera Tovar, del Partido Acción Nacional.
El diputado Ernesto Herrera Tovar:Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, reviste gran importancia el punto de acuerdo que ha sido puesto a consideración de esta soberanía. Lo anterior, en razón de que el garantizar la integridad física y el patrimonio de los habitantes de esta ciudad capital y del país entero, debe ser una prioridad de los diversos órganos de Poder. Actualmente comercializadora Metrogas cuenta con los permisos y autorizaciones para prestar el servicio de distribución de gas en la zona del Distrito Federal y sus inmediaciones, para lo cual está obligada dicha empresa a establecer requisitos mínimos de seguridad relativos a la selección de materiales y componentes, construcción, pruebas, inspección , operación y mantenimiento de los sistemas de distribución de gas natural que nos parece no han sido cumplidos a cabalidad, ya que los sucesos ocurridos el 15 de noviembre de 2002, el 18 de octubre de 2002 y algunos otros percances como el del 4 de noviembre de este mismo año, han reflejado que han existido fallas graves en la prestación de este servicio y para lo cual se deben tomar cartas en el asunto.
Es por ello que se hace necesario que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Coordinación General de Protección Civil dependiente de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal y la Comisión Reguladora de Energía, envíen los informes y demás solicitudes que han sido vertidos en el cuerpo del presente punto de acuerdo para estar a discusión y presentar las observaciones necesarias y saber si se ha supervisado a cabalidad el funcionamiento de dicha empresa.
Ya se han presentado en el pasado incidentes que han arrojado saldos rojos, han perecido cientos de personas y se han perdido millones en patrimonios, ya sea por negligencia y fallas tanto humanas como técnicas en la prestación de servicios de distribución de gas.
Es por ello que solicitamos la aprobación del presente punto de acuerdo para analizar la información que sea remitida a esta soberanía y así poder dialogar y proponer con las autoridades competentes la rectificación de en las posibles omisiones y fallas en la distribución del gas natural y con ello evitar accidentes e incidentes que pongan en peligro la vida de la población y la posible pérdida de sus patrimonios.
Me parece, que el dialogar y el analizar la información que las autoridades federales y del Gobierno del Distrito Federal que nos sean remitidas, servirán de mucho para valorar el funcionamiento de esta empresa Metrogas, saber si cuentan con las medidas de protección civil, con sus sistemas para prevenir cualquier tipo de incidentes y si están cumpliendo a cabalidad con la norma establecida por la propia Comisión Reguladora de Energía.
Me parece sano aprobar este punto de acuerdo para que nos sea remitida toda esta información y así poder tener este diálogo libre y fraterno con las autoridades federales y poder dar solución y evitar que en el futuro se sigan presentando este tipo de incidentes que lleguen a costar vidas y llegar a perder el patrimonio que los mexicanos con tanto esfuerzo hacen para tenerlo en sus hogares.
Muchísimas gracias y lo solicitamos a nombre del diputado Horacio Martínez Meza y el de la voz, a nombre del Partido Acción Nacional, a aprobar este punto de acuerdo que me parece de vital importancia.
La vida de las personas y su patrimonio me parece que no pueden estar en juego, si hay alguna falla por parte de esta empresa Metrogas, deberá ser subsanada al corto plazo.
Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática hasta por cinco minutos, para hablar en pro de la proposición en cuestión.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El impulso al sector energético es un factor fundamental en el desarrollo económico y social de nuestra nación; se trata de un sector de gran dinamismo e importancia económica que según datos de la Comisión Reguladora de Energía, contribuye con el 35% de los ingresos fiscales totales y que representa el 3% del Producto Interno Bruto.
En el caso particular del gas natural, este combustible se ha destacado como una alternativa de gran importancia tanto por su eficiencia térmica como por sus ventajas ambientales y económicas frente a otras alternativas.
Para la Comisión Reguladora de Energía, las ventajas que ofrece el gas natural la hacen una alternativa atractiva y que eleva la calidad de vida de sus usuarios. En voz de su Presidente ha afirmado que se trata de un combustible, entre comillas, ``que resulta de gran utilidad para complementar la demanda de gas en los centros urbanos al convivir con otros energéticos de uso fundamentalmente doméstico''; sin embargo, las ventajas del gas natural se opacan frente a las diversas contingencias ocurridas en algunos puntos de la Ciudad de México.
El último de estos hechos fue la explosión del pasado 4 de noviembre en el pueblo de Santa María Tepepan, delegación Xochimilco, originada por la fuga de gas natural en los ductos de la empresa Metrogas, con la característica que dicha empresa tiene solamente dos años de operación en esta zona. Por estos y otros incidentes ocurridos, la Comisión Reguladora de Energía y Metrogas deben responder de manera inmediata a los señalamientos que hace nuestra ley.
Frente al compromiso de la Comisión Reguladora de Energía, de apego a la normatividad y la transparencia en los procesos de licitación, debemos esperar una pronta y clara respuesta sobre los cuestionamientos referentes a la empresa Metrogas, sobre todo por la intensa y permanente campaña de promoción que realiza esta comisión a favor del uso de gas natural en las grandes ciudades del país.
La distribución del gas natural es una actividad que presenta importantes retos y grandes riesgos a la vez, se trata sin duda de un tema complejo en el que es necesario trabajar muy duro a fin de brindar más y mejor información al público en general; debemos tener la seguridad de que la normatividad del gas natural en su instalación y distribución sea acatada al pie de la letra por los permisionarios y autoridades de gobierno en sus distintos niveles.
De igual manera, en el caso de los ciudadanos del Distrito Federal y de otras ciudades del país, deben contar con la información suficiente por su propia seguridad, acerca de las obras y redes que se construyen en la vía pública de sus pueblos, barrios o colonias y que son destinadas para la distribución de este energético.
Tenemos que obligar a las autoridades federales, locales y municipales y a los permisionarios para garantizar que la construcción y operación de los sistemas se desarrollen en las mejores condiciones técnicas, jurídicas y económicas, pero sobre todo de seguridad para nuestros ciudadanos.
La Comisión Reguladora de Energía debe de proporcionar a las autoridades estatales y municipales de protección civil, donde se brinde el servicio de este energético un Atlas de Riesgos, con el fin de poder generar total confianza y tranquilidad a la ciudadanía y vigilar juntos el cumplimiento del marco jurídico aplicable.
En el mismo sentido, exigimos que la empresa Metrogas indemnice a los vecinos que fueron afectados de manera directa o indirecta por la explosión del día 4 de noviembre en Santa María Tepepan, Xochimilco.
Por ello, compañeras y compañeros, el Partido de la Revolución Democrática hace un exhorto para aprobar el punto de acuerdo presentado por el diputado Horacio Martínez.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Muchas gracias, señora diputada.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea, si es de ampliarse el turno de oradores, en pro, a efecto de que el diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, pueda hacer uso de la palabra.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se amplía el turno de oradores.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la negativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Le ruego me disculpe diputado Padilla Peña, la Asamblea se ha pronunciado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Suficientemente discutida.Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Aprobada, comuníquese.Tiene la palabra el diputado Alvaro Burgos Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se incluyan en el Ramo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para otorgar una pensión mensual a los adultos mayores de los estados de: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
El diputado Alvaro Burgos Barrera:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los que suscriben, diputados federales por los estados de Guerrero y Zacatecas integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al conocimiento de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para entregar una pensión mensual a los adultos mayores de los estados de: Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, al tenor de los siguientes
ConsiderandosEn una cultura donde ser joven significa poder, donde se olvida que la experiencia es la que permite sortear problemas venideros, ser un adulto mayor puede representar una gran desventaja, es por eso que nuestra responsabilidad es velar porque los derechos de las personas adultas mayores sean cumplidos, que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta por toda la sociedad, por las instituciones laborales, de salud y por cualquier organismo gubernamental o privado, dado que el envejecimiento de la población mexicana es evidente e inevitable, debido a que los avances médicos y alimenticios han reducido la mortalidad.
En tal sentido y de acuerdo con resultados obtenidos en el Censo General de Población y Vivienda 2000, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la población mayor de 60 años es de 6 millones 700 mil personas, representando casi el 7% del total de la población. Según los estudios realizados por el Consejo Nacional de Población, se prevé que el número de personas mayores de 60 años aumentará con tasas anuales cercanas a un 4%, lo que significa que entre 2010 y 2050 este grupo de población aumentará siete veces, representando un incremento absoluto de alrededor de 28 millones de personas.
Ante este panorama, es indispensable crear condiciones justas que permitan otorgarles garantías específicas a los adultos mayores. Es por ello que me permito solicitar la solidaridad de todos ustedes para impulsar el acuerdo necesario para dotar de una pensión mensual a todos los adultos mayores de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, lugares en donde existe mayor índice de pobreza. En este sentido, insisto en que debemos encontrar propuestas que logren abatir las necesidades de la población mexicana, es por ello que proponemos esta medida como un camino para lograr los acuerdos necesarios que permitan dotar de una vida mejor a los adultos mayores, es decir, buscar medidas que sean institucionales, democráticas y no clientelares ni manejadas a caprichos partidistas.
Una obligación que no podemos posponer es la de atender a los adultos mayores que dieron lo mejor de sí mismo para su familia y para nuestra patria; es lo menos que podemos hacer. Tenemos que asumir de manera responsable y solidaria que ante el desamparo y la pobreza que sufren nuestros adultos mayores debemos otorgarles una pensión que les permita afrontar esa etapa de la vida, cuando la necesidad es mayor, cuando están más expuestos a las enfermedades, cuando se carece de la atención de salud y sus capacidades y habilidades disminuyen, así como sus oportunidades de empleo y algunos de ellos llegan a ser víctimas de la discriminación laboral e incluso del abandono.
Por ello proponemos exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluya dentro del Presupuesto de Egresos en el ramo correspondiente, los recursos necesarios para llevar a cabo este programa. Asimismo exhortamos a la Secretaría de Desarrollo Social, quien sería la responsable de instrumentar este programa, para que defina las reglas de operación que eviten que su destino sea el clientelismo electoral.
Démosle a los adultos mayores calidad de vida, con menos sobresaltos; démosle la certeza de que tendrán en su hogar lo necesario para poder vivir; seamos capaces de brindarles una política social que no pueden esperar más.
Por lo antes expuesto, proponemos el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se incluya en el Ramo 20 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, la aplicación de los recursos necesarios a efecto de que los adultos mayores de los estados de: Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Zacatecas reciban una pensión mensual correspondiente a un salario mínimo mensual.
Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social para que una vez destinados los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004, diseñe las reglas de operación bajo las cuales se aplicaría dicho programa que será guiado por los principios de transparencia y objetividad, para que puedan ser fiscalizados por los beneficiarios y por esta soberanía.
Por su atención, muchas gracias.
Le pido, señor Presidente, se inserte íntegro el documento en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se incluyan en el ramo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para otorgar una pensión mensual a los adultos mayores de los estados de Guerrero, de Oaxaca y de chiapas, a cargo del diputado Alvaro Burgos Barrera, del grupo parlamentario del PRI.
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.
El suscrito, Alvaro Burgos Barrera, diputado por el segundo distrito federal por el estado de Guerrero e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al conocimiento de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, para entregar una pensión mensual a los adultos mayores de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, al tenor de los siguientes
ConsiderandosEn una cultura donde ser joven significa poder, donde se olvida que la experiencia permite sortear problemas venideros, ser un adulto mayor puede representar una gran desventaja.
Por eso, nuestra responsabilidad es velar porque los derechos de las personas adultas mayores sean cumplidos, que sus voces se escuchen y tomen en cuenta por toda la sociedad, por las instituciones laborales, de salud y por cualquier organismo gubernamental o privado, pues el envejecimiento de la población mexicana es evidente e inevitable, debido a que los avances médicos y alimenticios han reducido la mortalidad.
En tal sentido y de acuerdo con resultados obtenidos en el Censo General de Población y Vivienda 2000 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la población mayor de 60 años es de 6.7 millones de personas, lo que representa casi 7% de la población.
Según los estudios realizados por el Consejo Nacional de Población, se prevé que el número de personas mayores de 60 años aumentará con tasas anuales cercanas a 4%, lo que significa que entre 2010 y 2050 ese grupo de población aumentará siete veces, representando un incremento absoluto de alrededor de 28 millones de personas.
Actualmente, 1 de cada 20 mexicanos es mayor de 60 años y se espera que en 2050 serán 32.4 millones (equivalente a 24.6% de la población).
Ante ese panorama, es indispensable crear condiciones justas que permitan otorgar garantías específicas a los adultos mayores.
Por ello me permito solicitar la solidaridad de ustedes a fin de impulsar el acuerdo necesario para dotar de pensión mensual a todos los adultos mayores.
En este sentido, insisto en que debemos encontrar propuestas que logren abatir las necesidades de la población mexicana.
Por ello proponemos esta medida como un camino para lograr los acuerdos necesarios que permitan dotar de una vida mejor a los adultos mayores; es decir, buscar medidas institucionales, democráticas y no clientelares ni manejadas a caprichos partidistas.
En materia de adultos mayores, en el ámbito federal hay programas como el INSEN, la institución que procura atención al sector de la población mayor de 60 años mediante diversos programas asistenciales de cobertura limitada, a la que se destina un presupuesto que no permite lograr sus fines.
Por otra parte, el DIF incluye en sus programas los dirigidos a la tercera edad. Todos ellos han sido sin duda insuficientes para satisfacer las necesidades de apoyo a la senectud.
Una obligación que no podemos posponer es la de atender a los adultos mayores, que dieron lo mejor de sí mismos para su familia y para nuestra patria. Es lo menos que podemos hacer.
Tenemos que asumir de manera responsable y solidaria que, ante el desamparo y la pobreza que sufren los ancianos, los dotemos de una pensión que les permita afrontar esa etapa de la vida, cuando la necesidad es mayor, cuando están más expuestos a las enfermedades, cuando la atención de salud se carece y sus capacidades y habilidades disminuyen, así como sus oportunidades de empleo y algunos de ellos llegan a ser víctimas de la discriminación laboral e incluso abandono.
Por ello proponemos exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el Presupuesto de Egresos, en el ramo correspondiente, los recursos necesarios para llevar a cabo este programa.
Asimismo, exhortamos a la Secretaría de Desarrollo Social, que se encargaría de instaurar este programa, a que defina las reglas de operación que eviten que su destino sea el clientelismo electoral.
Demos a los adultos mayor calidad de vida, con menos sobresaltos. Démosles la certeza de que tendrán en su hogar lo necesario para vivir. Seamos capaces de brindarles una política social que no pueden esperar más.
Por lo antes expuesto, proponemos el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el Ramo 20 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 la aplicación de los recursos necesarios a efecto de que los adultos mayores de Guerrero, Oaxaca y Chiapas reciban pensión mensual correspondientes a un salario mínimo mensual.
Asimismo, se solicita que se diseñen las reglas de operación conforme a las cuales se aplicaría dicho programa, guiado por los principios de transparencia y objetividad, para que puedan ser fiscalizados por los beneficiarios y por esta soberanía.
Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social a que, una vez destinados los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, diseñe las reglas de operación conforme a las cuales se aplicaría dicho programa, guiado por los principios de transparencia y objetividad, para que puedan ser fiscalizados por los beneficiarios y por esta soberanía.
México, DF., a 11 de noviembre de 2003.--- Diputados: Alvaro Burgos Barrera (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Francisco Cavaría Valdeolivar, Juan García Costilla, Irma Sinforina Figueroa Romero, Mario Moreno Arcos, Marcelo, Tecolapa Tixteco, Angel Eladio Aguirre Rivero, Abel Echeverría Pineda, José Rubén Figueroa Smutny, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Alvaro Burgos Barrera.»
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que durante el estudio del Presupuesto de Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2004, busque cumplir con los principios de austeridad y ahorro.
Adelante, señor diputado.
El diputado Sergio Vázquez García:Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Los que suscriben, diputados federales del estado de Jalisco, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura de este Congreso de la Unión y en ejercicio de la facultad que nos otorgan los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento Interior del mismo Congreso, someto a consideración de este pleno el siguiente
Punto de acuerdo económico en el cual se le exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que al momento del estudio del Presupuesto de Egresos de la Federación, busque el cumplimiento de los principios de austeridad y ahorro presupuestal.
Primero. En el documento firmado por la Presidencia de la República titulado Criterios Generales de Política Económica 2003, se menciona que la aplicación de una política económica prudente y responsable permitió que durante el año 2002, nuestra economía sorteara un año caracterizado por un débil comportamiento de la economía global y por un elevado grado de volatilidad en los mercados financieros internacionales.
Para ello, se estructuró el proyecto de Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación en cinco grandes rubros:
1o. Instrumentación de las reformas estructurales.
2o. Esfuerzo de ahorro público.
3o. Impulso al ahorro privado.
4o. Utilización del ahorro externo como complemento del ahorro interno.
5o. Fortalecimiento del sistema financiero y transformación de la banca de fomento.
Con relación al segundo de los puntos en el que se plasma el esfuerzo de ahorro público, es de manifestar que los tres Poderes federales de Gobierno deben asumir el marco de un presupuesto republicano con austeridad, sobre todo en el capítulo de gasto corriente. Para ello, es necesario contratar sólo el personal indispensable, así como asumir el compromiso de no incrementar los salarios del personal de mandos medios y superiores.
Tercero. Preocupa que en el marco de una política de austeridad y aun cuando exista un tabulador aprobado por el Presupuesto de Egresos vigente, dichos sueldos no sean congruentes con la realidad que vive el país, en cuanto a las percepciones por concepto de sueldo base, compensaciones, seguros, prima vacacional, quincenal, aguinaldo, ayuda para despensa, vacaciones y si cuentan con equipo móvil de comunicación o vehículos asignados.
En el mismo tabulador se aprecia que los montos de las compensaciones se podrían prestar a discrecionalidad, podemos mencionar varios ejemplos: un director general en la Secretaría de Estado, cuenta con una remuneración mensual neta de 102 mil 874 pesos y un director general adjunto percibe 82 mil 711 pesos, además de las prestaciones para ambos casos.
Sin embargo, por lo general la clasificación diversa, se llegan a presentar casos en que un director general adjunto, percibe más que un director general, aun enfrente menos responsabilidades.
De acuerdo con la misma fuente, para el Poder Judicial se detecta la conveniencia de precisar los rangos mínimo y máximo en las percepciones de los servidores públicos.
En este aspecto, se enuncia el nivel salarial 33e, 33f, 33j, 33h y 34 y rangos homólogos, el cual tiene una remuneración neta mensual mínima de 53 mil 54 pesos y una máxima de 139 mil 834.50, sin especificarnos en un catálogo de puestos y salarios.
Cuarto. Asimismo, en la misma normatividad no se establecen con claridad los montos a recibir por concepto de comunicación móvil o la cantidad, modelo y tipo de vehículo de uso para los servidores públicos de primer nivel.
Quinto. Debe quedar claro que el servicio público no es una empresa, no debe tener una finalidad de lucro, en contrario sensu, debe cumplir a cabalidad los principios de disciplina y austeridad y que además tiene como premisa la mística de servicio al pueblo de México.
Esto mismo es aplicable y resulta analógico, tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores, los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.
En el mismo sentido, la sociedad exige...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor diputado, le ruego concluir.
El diputado Sergio Vázquez García:Termino, señor Presidente.
...Exige que el monto total de los sueldos y las remuneraciones de todos los servidores públicos de los tres poderes sean transparentes y sean revisados exhaustivamente por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Por lo tanto, pongo a su consideración el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que dentro del análisis del Presupuesto de Egresos que haga la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se establezcan parámetros de ahorro en cuanto a las remuneraciones y prestaciones de funcionarios públicos de primero, segundo y tercer nivel y éstos sean ajustados a la realidad que vive el país, utilizando una metodología económica y contable para sustentar criterios de equidad y eficiencia, que la sociedad respalde.
Firman diputados: Sergio Vázquez, Carlos Noel Fiscareño Rodríguez, José Luis Treviño Rodríguez, Lorena Torres, Rafael Sánchez Pérez, Ramón González González, y María del Carmen Mendoza Flores.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, durante el estudio del Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2004, busque cumplir los principios de austeridad y ahorro, presentada por el diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del PAN.
Los que suscriben, diputados federales del estado de Jalisco, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que se les otorga en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este honorable Pleno el punto de acuerdo económico en el cual se le exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, al momento de estudiar el Presupuesto de Egresos de la Federación, busque el cumplimiento de los principios de austeridad y ahorro presupuestal.
Primero.- En el documento firmado por la Presidencia de la República titulado ``Criterios Generales de Política Económica 2003'', se menciona que la aplicación de una política económica prudente y responsable permitió que durante 2002 nuestra economía sorteara un año caracterizado por un débil comportamiento de la economía global y por un elevado grado de volatilidad en los mercados financieros internacionales. Para ello se estructuró el proyecto de Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación en cinco grandes rubros:
1) Instrumentación de las reformas estructurales;
2) Esfuerzos de ahorro público;
3) Impulso al ahorro privado;
4) Utilización del ahorro externo como complemento del ahorro interno, y
5) Fortalecimiento del sistema financiero y transformación de la banca de fomento.
Segundo.- En relación con el segundo de los puntos, en el que se plasma el esfuerzo de ahorro público, es de manifestar que los tres poderes federales de gobierno deben asumir el marco de un Presupuesto republicano, con austeridad; sobre todo, en el capítulo de gasto corriente. Para ello es necesario contratar sólo el personal indispensable, así como asumir el compromiso de no incrementar los salarios del personal de mandos medios y superiores.
Tercero.- Preocupa que, en el marco de una política de austeridad y aun cuando exista un tabulador aprobado por el Presupuesto de Egresos vigente, dichos sueldos no sean congruentes con la realidad que vive el país, en cuanto a las percepciones por concepto de sueldo base, compensaciones, seguros, prima vacacional, quincenal, aguinaldo, ayuda por despensa, vacaciones, si cuentan con equipo móvil de comunicación y vehículos asignados. En el mismo tabulador se aprecia que los montos de las compensaciones se podrían prestar a discrecionalidad; podemos mencionar varios ejemplos: un director general en una secretaría de Estado cuenta con una remuneración mensual neta de $102,874, y un director general adjunto percibe $82,711; además de las prestaciones para ambos casos. Sin embargo, por la clasificación diversa, se llegan a presentar casos en que un director general adjunto percibe más que un director general, aunque enfrente menos responsabilidades. De acuerdo con la misma fuente, para el Poder Judicial se detecta la conveniencia de precisar los rangos mínimo y máximo en las percepciones de los servidores públicos. En este aspecto, se enuncia el nivel salarial 33 E, 33 F, 33 J, 33 H, 34 y rangos homólogos, el cual tiene una remuneración neta mensual mínima de $53,054.23 y una máxima de $139,834.50, sin especificarlos en un catálogo de puestos y salarios.
Cuarto.- Asimismo, en la propia normatividad no se establece con claridad los montos a recibir por concepto de comunicación móvil, o la cantidad, modelo y tipo de vehículo de uso para los servidores públicos de primer nivel.
Quinto.- Debe quedar claro que el servicio público no es una empresa, no debe tener una finalidad de lucro, a contrario sensu, debe cumplir a cabalidad los principios de disciplina y austeridad, y además tiene como premisa la mística de servicio al pueblo de México.
Sexto.- Esto mismo es aplicable y resulta analógico, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, los organismos públicos descentralizados y los desconcentrados.
Séptimo.- En el mismo sentido, la sociedad exige que el monto total de los sueldos y las remuneraciones de todos los servidores públicos en los tres poderes federales, además de ser transparentes, sean revisados exhaustivamente por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, utilizando la metodología económica y contable para sustentar criterios de equidad y eficiencia que la sociedad respalde. Lo anterior para que las remuneraciones de los servidores públicos de confianza sean transparentes y justas, acordes al momento de ahorro que debe prevalecer en nuestro país. Por ello no sólo se debe evitar un incremento en las remuneraciones, sino que además se requiere procurar que el valor del capítulo mil no se incremente respecto al Presupuesto vigente.
Por lo anteriormente expuesto, pongo en consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo1.- Que dentro del análisis del Presupuesto de Egresos que haga la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se establezcan parámetros de ahorro en cuanto a remuneraciones y prestaciones de funcionarios públicos de primer, segundo y tercer nivel, y éstos sean ajustados a la realidad que vive el país, utilizando la metodología económica y contable para sustentar criterios de equidad y eficiencia que la sociedad respalde.
Finalmente, diputado Presidente, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 de del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a su soberanía sea puesta a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente resolución.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los once días del mes de noviembre de 2003.--- Diputados: Sergio Vázquez García (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), José Antonio Cabello Gil, Ramón González González (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición que contiene punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados cite a comparecer ante las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería y de Salud, a los titulares de las secretarías de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de Economía, con relación al uso indebido de beta-agonistas con fines zootécnicos.
El diputado Antonio Mejía Haro:Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, diputados:
Los suscritos diputados y diputadas de la Quincuagésima Novena legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
AntecedentesEl 25 de septiembre del año en curso el Congreso del estado de Jalisco envió a esta H. Cámara de Diputados el acuerdo económico No. 1082/03 en el cual se solicita al H. Congreso de la Unión, para que en coordinación con las secretarías competentes del Ejecutivo federal, inicien los trabajos tendientes a revisar y actualizar de manera integral el marco jurídico vigente aplicable a las condiciones de registro y supervisión de fármacos, biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico, especialmente sobre los beta-agonistas.
El 14 de octubre de este año, se presentó ante el Pleno una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que realice las acciones pertinentes con el objeto de evitar la utilización de beta-análogos con fines zootécnicos, turnándose la proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
ConsiderandosPrimero.- Especial atención reviste la revisión y suspensión del uso de los beta-agonistas como el clembuterol, salbutamol, cimaterol y zilpaterol empleados en la engorda de bovinos para consumo humano, ya que en las dosis no terapéuticas utilizadas en la dieta de estos animales, los productos cárnicos, principalmente vísceras presentan residuos, que en el humano pueden causar ceguera, cefaleas, trastornos irreversibles y mentales, e incluso pueden provocar la muerte del consumidor.
Segundo.- El uso de beta-agonistas afecta las características organolépticas de la carne como son color, sabor y blandura, el público por cuidarse de los problemas derivados del colesterol y por desinformación las adquiere por ser carnes magras sin grasas.
Tercero.- Que para la ganadería bovina del país y para la industria de la carne nacional es prioritario mantener, acrecentar y en su caso recuperar la confianza de los consumidores para la adquisición y consumo de productos de origen animal, y esto sólo se logra garantizando la inocuidad alimentaria de nuestros productos y la salud pública de los consumidores.
Cuarto.- Hace falta que las autoridades competentes redoblen la vigilancia e inspección en plantas y expendios de alimentos concentrados, farmacias veterinarias, centros engordadores, rastros y expendios de carnes, a efecto de terminar con el uso de beta-agonistas en la alimentación animal.
Quinto.- Ya que las sales que contienen los beta-agonistas no se producen en México, se hace necesario un mejor control por parte de las autoridades competentes en sus importaciones, debiendo solo autorizarse la importación de sales en las cantidades que requiera exclusivamente la industria farmacéutica para fines terapéuticos.
Sexto.- Ante tal situación es importante revisar y actualizar el marco jurídico referente al registro y supervisión de fármacos, biológicos, hormonas, promotores del crecimiento y aditivos alimenticios de uso pecuario.
Por todo lo anteriormente expuesto presentamos el siguiente:
Punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciónQuiero hacer una aclaración que aquí estamos haciendo comparecer a los responsables de las secretarías para este caso. En el punto de acuerdo que fue publicado en la Gaceta, se habla de los titulares.
Unico: Que esta H. Cámara de Diputados cite a comparecer a la brevedad posible ante Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Salud a los funcionarios correspondientes de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de Economía. A efecto de que se informe sobre las acciones que están llevando a cabo para evitar la utilización de beta-agonistas con fines zootécnicos y sobre el control de las importaciones de los mismos con fines farmacéuticos; así como la revisión del marco jurídico actual, referente al uso, registro y manejo residual de los beta-agonistas.
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 11 de noviembre del 2003.--- Por la Comisión de Agricultura: Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente, PRI (rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario, PRD (rúbrica); Mario Ernesto Dávila Aranda, secretario, PAN (rúbrica); Gonzalo Ruiz Cerón, secretario, PRI (rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario, PRI (rúbrica); Julián Nazar Morales, PRI; Javier Castelo Parada, PAN (rúbrica); Alejandro Saldaña Villaseñor, PRI; Marcelo Herrera Herbert, PRD; Víctor Suárez Carrera, PRD (rúbrica); Fernando Ulises Adame, PRI; Rosario Herrera Ascencio, PRD (rúbrica); Diputados: José Angel Córdova Villalobos, PAN, Presidente de la Comisión de Salud, (rúbrica); Rafael García Tinajero, PRD, secretario de la Comisión de Salud (rúbrica); Lázaro Arias Martínez, PRI (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Arturo Robles Aguilar, José María de la Vega Lárraga.
Firman los integrantes de la Comisión de Agricultura, incluyendo los diferentes secretarios. Asimismo varios diputados de la Comisión de Salud.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Antes de seguir el procedimiento de urgente resolución, quiero hacer del conocimiento de los legisladores, que se ha presentado una práctica en demérito de la información de la Asamblea. Se publica en la Gaceta un documento de urgente y obvia resolución y si no es así, la publicación es muy importante porque los diputados tienen que estar informados sobre el contenido, porque la discusión es discusión sobre el fondo. Ya no se turna a comisión.
La práctica que hemos seguido es que se turna el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. En este caso concreto en la Gaceta Parlamentaria aparece la publicación de citar a los titulares y el señor diputado ha hecho la aclaración que son los funcionarios responsables.
A continuación consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se considera de urgente resolución.En consecuencia está a discusión la proposición.
Esta Presidencia tiene registrados para intervenir en la discusión al diputado don Mario Ernesto Dávila Aranda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en pro, y al diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del PRI, en pro también.
En consecuencia se concede el uso de la palabra al señor diputado Mario Ernesto Dávila Aranda para hablar en pro.
El diputado Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Acción Nacional históricamente ha manifestado su preocupación e interés por los asuntos que se relacionan con el campo mexicano y el tema que hoy nos ocupa no es la excepción.
Hemos escuchado con mucha atención la participación y la proposición de punto de acuerdo de nuestro compañero del Partido de la Revolución Democrática, el cual obedece al riesgo que constituye la utilización de beta-agonistas como el clembuterol, salbutamol, zilpaterol, reptopamina y otros químicos utilizados y empleados en la engorda de animales para el consumo humano.
El clembuterol es un fármaco sintético que es utilizado en la medicina veterinaria como broncodilatador. Sin embargo, se emplea también y en forma fraudulenta para aumentar el volumen de carne del ganado destinado para el consumo humano, debido a sus efectos anabolizantes que permiten aumentar la relación tasa-carne en la canal de los animales en los que se utiliza.
Cabe aclarar que el clorhidrato de clembuterol es importado de España, por lo que pedimos a la Secretaría de Hacienda que investigue e informe a esta soberanía sobre los responsables de importar estos productos y quiénes los desvían para usarlos como aditivo en la alimentación animal, ya que la ingesta de alimentos contaminados con este tipo de fármacos nocivos representa un grave riesgo para la salud humana puesto que provoca un cuadro médico consistente de dolores musculares, taquicardias, temblores y dolores de cabeza que pueden imposibilitar al afectado a desarrollar sus tareas habituales e incluso pueden agravar enfermedades preexistentes, provocar crisis epilépticas, nerviosismo, cardiopatías, insuficiencias hepáticas, cefáleas intensas e incluso embolias.
Lo anterior representa un serio problema de salud pública que debe ser atendido de manera inmediata por las autoridades responsables de certificar la calidad sanitaria de los alimentos que son producidos a nivel nacional e importados, esto es, la Sagarpa y la Secretaría de Salud.
En este sentido es clara la necesidad que existe de actualizar y aplicar con todo rigor las disposiciones que se crean en las normas oficiales mexicanas, las cuales determinan las especificaciones técnicas para el control del uso de los beta-agonistas en los animales.
Lo anterior resulta urgente, toda vez que en la comunidad Europea y en Estados Unidos de América se encuentra prohibida la utilización del zilpaterol, que en nuestro país se permite su aplicación.
Es por ello indispensable prohibir su uso en todo nuestro país. En este sentido consideramos necesario solicitar la presencia del titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria para que informe a esta soberanía sobre la situación sanitaria de la carne que se consume en territorio nacional, toda vez que corresponde a esta dependencia la expedición de los certificados zoosanitarios, así como ordenar la destrucción de los productos que pongan en riesgo la salud pública, tal y como lo establece el artículo 29 de la Ley Federal de Sanidad Animal.
Puesto que en el año 2003 se presentaron serios casos de intoxicación en Guanajuato, Querétaro y Jalisco de personas afectadas por el consumo de esta carne contaminada con clembuterol y que corresponde a la Secretaría de Salud realizar actividades de vigilancia epidemiológica y de protección contra riesgos sanitarios que pongan en riesgo la salud humana, consideramos oportuno que los titulares, tanto del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, como de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, informen a esta Cámara sobre las acciones que se han tomado al respecto y también para evitar que la población sea afectada por este tipo de actividades, también coordinarse con la Procuraduría General de la República para denunciar todas estas actividades fraudulentas.
Compañeras y compañeros legisladores: nuestro deber es representar y velar porque los intereses y derechos de todos los mexicanos sean respetados. En este caso en particular, nuestra labor debe propiciar que la sanidad de los alimentos consumidos sea óptima y total.
Es por ello, que se requiere conjuntar esfuerzos entre el Legislativo y el Ejecutivo para evitar el uso indebido de beta-agonistas con fines zootécnicos.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro, el señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo:Buenas tardes, compañeros; con su permiso, señor Presidente:
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Adelante.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo:Compañeras y compañeros diputados:
Hago uso de esta tribuna con una preocupación: el problema que han planteado mis compañeros sobre el uso de los beta-agonistas, es algo muy grave, es algo que se ha estado desarrollando a lo largo y ancho de la República Mexicana sin que las autoridades pongan un orden.
Es tan grave, que ya se ha presentado un sinnúmero de casos en diferentes estados, lo que ha sido Jalisco, lo que ha sido Colima, lo que ha sido Guerrero y hemos visto un incumplimiento y un manejo por parte de las autoridades.
Nos preguntamos ¿de qué manera entran grandes toneladas, grandes cantidades en lo que son los puertos, en lo que son las fronteras a lo largo y ancho de esta República?; nos preguntamos ¿quién controla, a quién se distribuye y quién lleva el control estricto del manejo de estos productos restringidos?
Es por ello que existe esta preocupación, ¿hasta cuándo se pondrá un orden?, ¿hasta cuándo dejaremos de ser el laboratorio de nuestros vecinos del Norte?, ésta es la pregunta y en eso nos conlleva a nuestras familias y conlleva a todas las familias de este pueblo mexicano, donde día a día vemos trastocada nuestra salud en problemas renales, en problemas de circulación, en problemas de taquicardias, todo ese tipo de cosas se están presentando a diario y parece que pasan desapercibidas y es por ello, que pongo a su consideración en la plática que estoy seguro que vamos a llevar a cabo con los señores responsables, lo siguiente:
Solicitar a la Sagarpa que realice el retiro del mercado de todos los beta-análogos existentes para uso zootécnico, hasta en tanto se revise con exactitud el daño que hacen a la salud pública y cotejarla con otros países.
Solicitar a la Sagarpa suspenda la autorización de nuevos registros en cuál forma y presentación, mientras prevalezca esta situación de incapacidad jurídica y técnica de las dependencias responsables en garantizar su buen manejo.
Solicitar a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud, Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda, a fin de que se instaure una Comisión Revisora integrada por representantes de estas Secretarías, para que sea verificado el marco jurídico actual, referente al uso, registro y manejo residual de los beta-análogos, así como explicar su importación al país.
Este conjunto de propuestas ya fue presentado el pasado 14 de octubre como un punto de acuerdo, el cual fue presentado por su servidor, a su misma vez, presentamos la modificación a la Ley General de Salud que prohíban el uso de beta-análogos para uso zootécnico, así como tipificar el uso de estos productos como delito contra la salud.
Compañeras, compañeros, ustedes tienen la palabra, ustedes tienen ahorita en esta representación, la responsabilidad de obligar, de exigir qué es lo que está pasando con estos productos restringidos, qué es lo que está pasando con el manejo de estos productos y no es justo, no es justo por la indiferencia o la corrupción de algunas autoridades que les corresponde hacer su trabajo, estén expuestas todas las familias mexicanas.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutida.Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada. Comuníquese.Tiene el uso de la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, se acaten las disposiciones de la Ley del Seguro Social y del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, Relativas a Derechos del Esposo de la Asegurada.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Con su venia, señor Presidente:
Por cuestión del tiempo únicamente leeré parte del punto de acuerdo y le solicito sea publicado el documento íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Compañeras diputadas y diputados: la suscrita diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de esta LIX Legislatura, en uso de las facultades que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo con objeto de que sea exhortado el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que sean acatadas las disposiciones de la Ley del Seguro Social, del Reglamento de Afiliación y Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización Relativas a los Derechos del Esposo de la Asegurada, a Prestaciones en Especie del Seguro de Enfermedad, apoyándome para ello, en los antecedentes y consideraciones que enseguida se describen
AntecedentesSiendo la seguridad social un anhelo de todo ciudadano y un compromiso del gobierno, se contiene en la fracción 29 del artículo 123 constitucional como de utilidad pública, la Ley del Seguro Social cuya esencia es la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y sus familiares, en razón a ello para hacerlo posible en 1943 fue creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo considerado desde entonces por los trabajadores mexicanos como una de las conquistas definitivas de muchos años de luchas sociales y un logro al que no están dispuestos a renunciar, mucho menos en las actuales condiciones económicas.
Hoy encontramos que por circunstancias sociales y económicas, ha variado el rol de la mujer, quien ha incursionado importantemente en el campo productivo, incluso llegando a ser sostén de familia, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, correspondientes al año 2002, de 22 millones 268 mil 916 hogares, el 20% son sostenidos por mujeres.
Sobre el particular, la Ley del Seguro Social en su artículo 84 establece quiénes quedan amparados por el ramo de enfermedad y maternidad, consagrándose en el segundo párrafo de la fracción III el derecho del esposo de la asegurada a prestaciones en especie. También en idéntico párrafo de la fracción IV se refiere al esposo de la pensionada.
ConsideracionesSi queremos que el Instituto Mexicano del Seguro Social se siga considerando como la mayor y más importante institución de seguridad social, no podemos bajo ningún concepto aceptar que se condicione o más grave: se niegue la asistencia social a los esposos de las trabajadoras mexicanas, quienes con su esfuerzo contribuyen de manera muy considerable al progreso productivo y económico del país.
La Ley del Seguro Social al referirse al esposo no se establece como requisito para hacer efectivo su derecho a prestaciones en especie del ramo de enfermedad la dependencia económica, ya que esta condición sólo se refiere al concubinario. En efecto, la parte relativa reza: a falta de éste el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada, y a falta de éste el concubinario si reúne los requisitos de la fracción III redacción en singular no relativa al esposo.
Por su parte, la disposición del Reglamento aplicable que faculta al Instituto para allegarse elementos de juicio para determinar la dependencia económica no incluye al esposo, ya que solamente cita al padre, la madre y al concubinario. Incluso al hacer referencia a los demás beneficiarios sin limitación alguna, categóricamente estatuye: acreditado el parentesco se presumirá cumplido lo de la dependencia económica, aun y cuando para que el esposo no lo pide el precepto de la ley, la que jerárquicamente es superior al reglamento.
Esto con lo último transcrito lo exime de comprobación alguna. En tal orden de ideas se infiere que no existe razón y fundamento para que a la mujer trabajadora se le condicione o más grave: se le niegue el registro como beneficiario a su esposo, so pretexto de la dependencia económica; circunstancia que tratándose del hombre asegurado o pensionado no se presenta, ya que con la justificación del matrimonio o del concubinato la esposa o concubina es admitida como beneficiaria, aun y cuando ésta tenga propios derechos como asegurada, situación que llega a ocasionar una desigualdad que se opone al artículo 4º constitucional que pregona la igualdad del varón y la mujer ante la ley y el derecho que toda persona tiene a la protección de la salud, finalidades que se obstruyen al condicionar el registro como beneficiario al esposo de la asegurada o pensionada, provocando un desamparo a los servicios de salud tan necesarios hoy en día.
Concluyo, señor Presidente:
Unico. Se exhorte al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que se acaten las disposiciones de la Ley del Seguro Social y del Reglamento de Afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, a fin de que los correspondientes departamentos acepten sea registrado como beneficiario el esposo de la asegurada y de la pensionada a prestaciones en especie del seguro de enfermedad solamente comprobando el matrimonio.
Por su atención, compañeras diputadas y diputados, muchas gracias.
Firman diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a que se observen las disposiciones de la Ley del Seguro Social y del reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización relativas a los derechos del esposo de la asegurada, para registrarse como beneficiario de prestaciones en especie del seguro de enfermedad, presentada por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del PRI.
La suscrita diputada, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea una propuesta con punto de acuerdo, con objeto de que sea exhortado el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a que se observen las disposiciones de la Ley del Seguro Social y del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización relativas a los derechos del esposo de la asegurada a prestaciones en especie del seguro de enfermedad, apoyándome para ello en los antecedentes y las consideraciones siguientes.
AntecedentesLa seguridad social es un anhelo de todo ciudadano y un compromiso del gobierno. Se contiene en la fracción XXIX del artículo 123 constitucional como de utilidad pública la Ley del Seguro Social, cuya esencia es la protección y el bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y sus familiares.
En razón de ello, para hacerlo posible, en 1943 se creó el IMSS, siendo considerado desde entonces por los trabajadores mexicanos una de las conquistas definitivas de muchos años de luchas sociales y un logro al que no están dispuestos a renunciar, menos en las actuales condiciones económicas.
Hoy encontramos que, por circunstancias sociales y económicas, ha variado el papel de las mujeres, quienes han incursionado enormemente en el campo productivo, incluso llegando a ser sostén de familia, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática correspondientes a 2002, de 22 millones 268 mil 916 hogares, 20 por ciento es sostenido por mujeres.
Sobre el particular, el artículo 84 de la Ley del Seguro Social establece quiénes quedan amparados por el ramo de enfermedad y maternidad, consagrándose en el segundo párrafo de la fracción III el derecho del esposo de la asegurada a prestaciones en especie, también en idéntico párrafo de la fracción IV se refiere al esposo de la pensionada.
Hacer extensiva la seguridad social para el esposo de la asegurada y de la pensionada es equitativo, pues establece igualdad de condiciones para el esposo de la asegurada y la esposa del asegurado, lo cual reviste importancia fundamental en nuestro país.
Sin embargo, aun cuando es claro lo establecido en la anterior disposición legal, respecto del esposo de la asegurada y de la pensionada, no lo cumplen los empleados del IMSS encargados del registro de beneficiarios cuando la asegurada o pensionada es la mujer, pues en cientos de casos, cuando la mujer desea registrar como beneficiario al esposo, le es negado dicho trámite, requiriéndosele que justifique que depende económicamente de ella.
ConsideracionesSi queremos que el IMSS siga considerándose la mayor y más importante institución de seguridad social, no podemos, por ningún concepto, aceptar que se condicione o, más grave, se deniegue la asistencia social a los esposos de las trabajadoras mexicanas, quienes con su esfuerzo físico y mental contribuyen enormemente al progreso productivo y económico del país.
La Ley del Seguro Social, en el Capítulo IV, ``Del Seguro de Enfermedades y Maternidad'', Sección Primera, ``Generalidades'', artículo 84, dice: ``Quedan amparados por este seguro: III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a la protección... Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste, el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada, y reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior; IV. La esposa del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa, la concubina si se reúnen los requisitos de la fracción III... Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o, a falta de éste, el concubinario, si reúne los requisitos de la fracción III''.
Por otra parte, el artículo 68 del actual Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, en su artículo 68, establece: ``El Instituto podrá allegarse de los elementos de juicio necesarios para determinar si el padre y la madre que vivan en el domicilio del asegurado o pensionado, así como el concubinario, son sus dependientes económicos, en términos del artículo 84 de la Ley... Por lo que se refiere a los demás beneficiarios establecidos en dicho artículo, acreditado el parentesco, se presumirá cumplido el requisito de la dependencia económica''.
La interpretación armónica los anteriores preceptos refleja que tanto en la fracción III como en la IV del artículo 84 de la Ley del Seguro Social, al referirse al esposo, en la primera de la asegurada y en la segunda de la pensionada, no se establece como requisito para hacer efectivo su derecho a prestaciones en especie del ramo de enfermedad la dependencia económica, ya que esta condición se refiere sólo al concubinario.
En efecto, las partes relativas rezan: ``... a falta de éste, el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada...''; y: ``... a falta de éste, el concubinario, si reúne los requisitos de la fracción III'', redacción en singular no relativa al esposo.
Por otra parte, la disposición del reglamento aplicable, que faculta al IMSS a fin de allegarse de elementos de juicio para determinar la dependencia económica, no incluye al esposo, ya que cita sólo al padre, a la madre y al concubinario.
Incluso, al hacer referencia a los demás beneficiarios, sin limitación, categóricamente estatuye: ``acreditado el parentesco, se presumirá cumplido lo de la dependencia económica'', aun cuando para el esposo no lo pide el precepto de la ley, la que jerárquicamente es superior al reglamento. Este, con lo último trascrito, lo exime de comprobación alguna.
En tal orden de ideas, se infiere que no existe razón ni fundamento para que a la mujer trabajadora se condicione o, más grave, se deniegue el registro como su beneficiario a su esposo, so pretexto de la dependencia económica.
Esa circunstancia, en cuanto al hombre asegurado o pensionado, no se presenta, ya que con la justificación del matrimonio o del concubinato, la esposa o concubina es admitida como beneficiaria, aun cuando ésta tenga propios derechos como asegurada.
La situación descrita llega a ocasionar una desigualdad, que se opone al artículo 4° constitucional, que pregona la igualdad del varón y la mujer ante la ley y el derecho que toda persona tiene a la protección de la salud.
Dichas finalidades se obstruyen al condicionar el registro como beneficiario al esposo de la asegurada o pensionada, lo que provoca un desamparo a los servicios de salud, tan necesarios hoy día.
En este sentido, es imperioso que el director general del IMSS dicte las instrucciones necesarias a los responsables de los departamentos respectivos para que cumplan correctamente las disposiciones a que se contrae este punto de acuerdo, en el tenor siguiente:
Unico. Se exhorte al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a que se observen las disposiciones de la Ley del Seguro Social y del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, a fin de que los correspondientes departamentos acepten que se registre como beneficiario el esposo de la asegurada y de la pensionada a prestaciones en especie del seguro de enfermedad solamente comprobando el matrimonio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2003.--- Diputados: María de Jesús Aguirre Maldonado, Leticia Gutiérrez Corona, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Evelia Sandoval Urbán, Jesús Lomelí Rosas, José Manuel Carrillo Rubio, Hugo Rodríguez Díaz, Gonzalo Moreno Arévalo, Francisco Javier Bravo Carvajal (rúbricas).
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cree y financie un programa especial para el rescate integral de las áreas naturales en la delegación de Tlalpan.
La diputada Susana Guillermina Manzanares Córdova:Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:
En atención al tiempo daré lectura a una síntesis del documento que contiene la propuesta de punto de acuerdo entregado a la Secretaría para su inclusión en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, el cual se sustenta en los antecedentes y consideraciones que a continuación se exponen.
AntecedentesPrimero. Entre 1936 y 1997 se emitieron los decretos de creación del Parque Nacional Cumbres del Ajusco y del Parque Nacional Fuentes Brotantes, así como de las áreas naturales protegidas, Parque Ecológico de la Ciudad de México y Bosque de Tlalpan, todos ellos en la actual delegación Tlalpan del Distrito Federal.
Segundo. El 16 de abril de 1999 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el Gobierno del Distrito Federal, que otorgó a este último la administración de las siguientes áreas naturales protegidas de interés de la Federación: Parque Nacional Desierto de los Leones, Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla y Parque Nacional Cumbres del Ajusco y que mandata a coordinar diversas acciones que apoyen la preservación, restauración, desarrollo y vigilancia de dichas áreas naturales protegidas.
Asimismo dicho acuerdo prevé recategorizar las siguientes áreas naturales protegidas de interés de la Federación: Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan, Parque Nacional El Tepeyac y Parque Nacional Cerro de la Estrella y Parque Nacional Lomas de Padierna, por medio de una acción simultánea del Gobierno Federal de abrogar a estas áreas y el Distrito Federal, de constituirlas en áreas naturales protegidas de su competencia.
ConsideracionesPrimera. Que debido al progresivo aumento de la presión demográfica con la consiguiente urbanización y demanda de servicios por parte de la población, se está deteriorando de manera sustancial la biomasa de esta región, lo que pone en riesgo la vegetación y la fauna silvestre representativas del ecosistema del Valle de México, importante para la población por sus características y de clima para el tipo de vegetación y de suelos, favorecen la recarga de los mantos acuíferos, son reguladoras del clima, productoras de oxígeno y constituyen áreas verdes de recreación y esparcimiento que impactan de manera favorable en la calidad de vida de todos los que habitan o trabajan en la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Segunda. Que la transferencia de la administración de las mencionadas zonas al gobierno del Distrito Federal, no implica que el Gobierno Federal abandone las medidas necesarias para su protección por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las cuales están comprendidas en el artículo 5º de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Tercera. Las áreas naturales protegidas ubicadas en la delegación Tlalpan se encuentran insuficientemente atendidas, debido a la falta de recursos presupuestales, por lo que se carece de un programa especial para impulsar el rescate y la preservación de las mencionadas áreas naturales protegidas.
En consecuencia y con el objetivo de que esta representación contribuya a la protección de estas áreas naturales protegidas, presentamos la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con el Gobierno del Distrito Federal diseñe y financíe un Programa Especial para el Rescate Integral de las Areas Naturales Protegidas ubicadas en la delegación de Tlalpan, del Distrito Federal.
Segundo. En consecuencia con el punto anterior, esta representación acuerda que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se integre la partida presupuestal necesaria para la realización de dicho programa.
Firman diputados del PRD y la diputada Jacqueline Argüelles, del Partido Verde Ecologista.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cree y financie un Programa Especial para el Rescate Integral de las Areas Naturales Protegidas de la delegación Tlalpan, a cargo de la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del PRD.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, el cual se sustenta en los antecedentes y consideraciones que a continuación se exponen:
Antecedentes1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, párrafo cuarto, que ``Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar''. Asimismo, el artículo 27 de nuestra Carta Magna establece que ``La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación''. En este artículo se expresa el derecho de la Nación a ``regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de la condiciones de vida de la población rural y urbana''.
2. Para efectos de la Ley General del Equilibrio Ecológico se entiende por área natural protegida las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en dicha ley.
3. El 23 de septiembre de 1936 se publicó el decreto por el que se declara el Parque Nacional ``Cumbres del Ajusco''; el 28 de septiembre de 1936 se publicó el decreto que establece el Parque Nacional ``Fuentes Brotantes de Tlalpan''; el 28 de junio de 1989 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se establece como zona sujeta a conservación ecológica, como área natural protegida, la superficie de 727-61-42 hectáreas, conformadas por tres zonas contenidas en un polígono ubicado en el Ajusco medio, Demarcación Política de Tlalpan y conocido como Parque Ecológico de la Ciudad de México; el 24 de octubre de 1997 se publicó en el Diario Oficial la declaratoria por la que se establece como área natural protegida, bajo la categoría de parque urbano, la superficie de 2,528,684.61 metros cuadrados, ubicada en los terrenos correspondientes al Bosque de Tlalpan, en la misma delegación.
4. El 16 de abril de 1999 se publicó en el Diario Oficial el acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y el Gobierno del Distrito Federal, que otorgó a este último la administración de las siguientes áreas naturales protegidas de interés de la Federación: Parque Nacional Desierto de los Leones, Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, y Parque Nacional Cumbres del Ajusco, y que mandata coordinar diversas acciones que apoyen la preservación, restauración, desarrollo y vigilancia de dichas áreas naturales protegidas; asimismo, dicho acuerdo prevé recategorizar las siguientes áreas naturales protegidas de interés de la Federación: Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan, Parque Nacional El Tepeyac, Parque Nacional Cerro de la Estrella y Parque Nacional Lomas de Padierna, por medio de una acción simultánea del Gobierno Federal de abrogar estas áreas y el del Distrito Federal de constituirlas en áreas naturales protegidas, de su competencia.
Consideraciones1. Que el crecimiento de la mancha urbana hacia el sur de la ciudad de México, experimentado en los últimos años debido al progresivo aumento de la presión demográfica, con la consiguiente urbanización y demanda de servicios por parte de la población, requiere con urgencia afrontar los efectos de los desequilibrios ambientales que amenazan no solo la calidad de vida de la población sino su propia supervivencia.
2. Que se está deteriorando de manera sustancial la biomasa de esta región, lo que pone en riesgo la vegetación y la fauna silvestre representativas del ecosistema del Valle de México, importante para la población por sus características biogeomorfológicas y de clima, ya que el tipo de vegetación y de suelos favorecen la recarga de los mantos acuíferos, son reguladores de clima, productores de oxígeno y constituyen áreas verdes de recreación y esparcimiento que impactan de manera favorable en la calidad de vida de todos los que habitan o trabajan en la zona metropolitana de la ciudad de México.
3. Que la transferencia de la administración de las mencionadas zonas al Gobierno del Distrito Federal, no implicaba que el Gobierno Federal abandonaría las medidas necesarias para su protección por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las cuales están comprendidas en el artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
4. Las áreas naturales protegidas ubicadas en la Delegación Tlalpan se encuentran insuficientemente atendidas, debido a la falta de recursos presupuestales, por lo que se carece de un programa especial para impulsar el rescate y la preservación de los mencionadas áreas naturales protegidas.
5. Que estas zonas ubicadas en Tlalpan requieren ser urgentemente preservadas y restauradas en atención a la viabilidad y la sustentabilidad de la ciudad de México
En consecuencia, y con el objetivo que esta Representación contribuya a la protección de estas áreas naturales protegidas, presentamos la siguiente proposición con:
Punto de AcuerdoPrimero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con el Gobierno del Distrito Federal, diseñe y financie un Programa Especial para el Rescate Integral de las Áreas Naturales Protegidas ubicadas en la Delegación Tlalpan, Distrito Federal.
Segundo.- En consecuencia con el punto anterior, esta honorable Representación acuerda que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, se integre la partida presupuestal necesaria para la realización de dicho programa.
México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Diputados: Susana Guillermina Manzanares Córdova, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, María Guadalupe Morales Rubio, Inti Muñoz Santini.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Obregón Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proposición con punto de acuerdo que contiene exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, elimine el artículo segundo transitorio del proyecto presentado por el Ejecutivo Federal.
El diputado Francisco Javier Obregón Espinoza:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los que suscribimos, diputados integrantes de distintos grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosLa población de Baja California Sur ha escrito en la historia de México páginas completas en la lucha por la defensa de la soberanía nacional y de la mexicanidad. La posición estratégica de la península y sus recursos naturales han provocado no pocas veces la ambición de intereses ajenos.
En la entidad, en la parte central de la península, en una zona desértica, en Guerrero Negro, se ha creado una empresa salinera, que en 46 años ha dado vida a esa región y que se caracteriza por su elevada productividad y rentabilidad, contribuyendo además con la creación de infraestructura y la dotación de servicios básicos a la población.
Originalmente de propiedad extranjera, el Gobierno Federal tuvo la atinada decisión de incorporarla al patrimonio nacional, asociándose con la empresa Mitsubishi, a partir de lo cual, y gracias a una eficaz administración y al esfuerzo de sus trabajadores, se ha convertido en un modelo de eficiencia y productividad.
Su producción, superior a 6 millones de toneladas anuales, la han posicionado a la vanguardia mundial en el ramo, generando divisas por más de 78 millones de dólares al año, trabajando siempre con números negros.
Asimismo, la empresa ha propiciado la elevación del nivel de vida de la región y a su alrededor ha impulsado una economía floreciente en el desierto, haciéndolas compatibles con el cuidado de los recursos bióticos de la zona, ejemplificado en la recuperación de la especie ballena gris, en las lagunas Ojo de Liebre y Guerrero Negro.
En el año 2000 se engañó al pueblo de Baja California Sur, al cancelar el proyecto de expansión de esa empresa en el área de la laguna de San Ignacio. El entonces presidente Zedillo se comprometió a resarcir a la población por tal decisión. Hasta hoy no se han realizado acciones que generen nuevas alternativas de producción a sus habitantes.
Y hoy, en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, que el Ejecutivo Federal presentó a esta Cámara, en el artículo segundo transitorio, fracciones VIII y IX, se ha incluido a las empresas Exportadora de Sal y su filial Transportadora de Sal, dentro de las entidades que el Gobierno Federal pretende desincorporar.
Ello significa que el Gobierno Federal, sin consultar a la sociedad sudcaliforniana, ni considerar el carácter estratégico de la empresa Exportadora de Sal, ni sus rendimientos y productividad o su significado social y económico para la población de Baja California Sur, ha decidido venderla al mejor postor.
¿Qué significa ello? Que a partir de esa decisión cualquier particular podrá adquirir la empresa y con ello esa región dependerá de la voluntad de su nuevo dueño. Estaríamos entregando parte de nuestra soberanía y el destino de nuestros pueblos a la suerte, lo cual no debemos permitir.
No queremos que suceda lo mismo que pasó con la venta de la empresa Roca Fosfórica Mexicana. Hoy Rofomex, que daba trabajo directo a más de 500 familias de BCS y ha desaparecido, condenando a miles de sudcalifornianos al desempleo.
Pretender la venta de una empresa estratégica contraviene la propia Constitución General de la República en sus artículos 25 y 28, porque se renuncia a la rectoría del estado en el desarrollo nacional. Promover la venta de Exportadora de Sal tiene las mismas implicaciones que si el gobierno vende la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos.
Nos oponemos a la desincorporación de Exportadora de Sal. No podemos aceptar que el destino del pueblo de Baja California Sur quede en manos de voluntades que le sean ajenas.
EL Poder Legislativo no debe validar esta propuesta. Que no nos vengan con el chantaje de que la venta de esa empresa será la alternativa para fortalecer programas sociales. No se debe permitir el desmantelamiento de sectores estratégicos de la nación.
Tampoco debemos aceptar la desincorporación de entidades como el Instituto Mexicano de Cinematografía, el INIFAP, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Notimex, la Lotería Nacional, o Pronósticos Deportivos, que se encuentran entre las 16 entidades que se pretende desincorporar.
¿Qué intereses persigue esta propuesta? ¿A quién se pretende beneficiar con esta decisión?
Por lo expuesto anteriormente, venimos a presentar ante este Pleno el siguiente
Punto de acuerdoUnico: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2004, suprima el artículo segundo transitorio del proyecto presentado por el Ejecutivo Federal ante esta soberanía el pasado 6 de noviembre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, Narciso Agúndez Montaño, Jesús Porfirio González Schmal, María del Rosario Herrera Ascencio, Cruz López Aguilar, Francisco Javier Obregón Espinoza, Oscar González Yáñez, Adrián Chávez Ruiz, José Alberto Aguilar Iñárritu, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Juan Pérez Medina, Rafael García Tinajero Pérez, María Guadalupe Morales Rubio, Irma Sinforina Figueroa Romero, Omar Ortega Alvarez, Abdallán Guzmán Cruz, Sergio Augusto Magaña Martínez, Israel Tentory García, Víctor Suárez Carrera.
Firmamos el presente punto de acuerdo, diputados de los grupos parlamentarios del Verde Ecologista, del PRD, de Convergencia, del PRI y Partido del Trabajo.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Señoras y señores legisladores, el siguiente punto del orden del día es la agenda política; toda vez que de acuerdo con el acuerdo parlamentario las intervenciones en materia de agenda política se extienden a 10 minutos, es probable que con este punto se agote el tiempo marcado para la presente sesión, para en su oportunidad dejar el último punto de efemérides para la siguiente sesión.
Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael García Tinajero Pérez, en comentarios sobre la posible desviación de recursos asignados a la Secretaría de Salud para la asociación denominada Provida.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez:Con su permiso honorable Asamblea.
El pasado 6 de noviembre, un grupo de diputados de diferentes partidos políticos y de diversas comisiones, sostuvimos una reunión con representantes de organizaciones de la sociedad civil y ellos nos presentaron un documento denominado ``Demanda ciudadana por la transparencia y la rendición de cuentas'', del cual acusamos recibo.
En el cuerpo del documento se señalan los siguientes hechos: el 16 de diciembre de 2002, el pleno de esta Cámara de Diputados aprobó una ampliación de 600 millones de pesos al presupuesto para salud, adicionales a lo solicitado por el Ejecutivo y que se destinarían a la atención de las mujeres y otros programas.
El 9 de enero del 2003, la Comisión de Equidad y Género envió un oficio al diputado Luis Pazos, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el cual se detalla la distribución de estos recursos y se señala la cantidad de 208 millones de pesos para el Programa VIH-SIDA.
El 10 de enero de 2003, el doctor Julio Frenk, Secretario de Salud, recibe un oficio fechado el 17 de diciembre del 2002, en el cual el diputado Luis Pazos le informa de una distribución distinta a la que autorizó esta Cámara y en la cual la diferencia fundamental estriba en una reducción de 30 millones de pesos al Programa VIH-SIDA y la creación de un nuevo renglón para centros de ayuda a la mujer, a los que se destinan esos recursos.
El 17 de enero, diputadas de la Comisión de Equidad y Género envían un oficio al diputado Pazos, en el que le recuerdan que no era su facultad ampliar o reasignar, o examinar, o discutir el presupuesto sin considerar a los plenos de las comisiones de Equidad y Género, Presupuesto y Cuenta Pública y al general de la Cámara, por lo que le solicitaron respetar las asignaciones aprobadas.
En los meses siguientes, los medios de comunicación denunciaron la presunta desviación del presupuesto en que había incurrido el diputado Pazos, quien a su vez en carta abierta al periódico La Jornada lo niega.
Porque afectaba directamente a la cobertura de antirretrovirales Conasida en su reunión del 26 de marzo de 2003, acordó solicitar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una explicación sobre por qué en el mes de diciembre del 2002, el entonces diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, Luis Pazos de la Torre, asignó de manera unilateral e ilegal 30 millones de pesos a una asociación civil de carácter privado. ``Esta cantidad -dice el documento- fue restada del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta soberanía para el rubro de combate y prevención de VIH-SIDA que debería ejercer el sector público''.
Finalmente, el 29 de octubre, ante la Comisión de Equidad y Género de esta legislatura y a pregunta expresa de la compañera diputada Diva Gastelum, el subsecretario de Salud, Roberto Tapia Conyer, respondió de acuerdo a la versión estenográfica de la comparecencia. Sigue un entre comillado, ``efectivamente se dio dentro del presupuesto de la Secretaría de Salud la asignación directa al grupo Provida; efectivamente son 30 millones, asignación directa que se dio al grupo Provida.
Efectivamente son 30 millones, ellos también han hecho la rendición de cuentas a nuestro patrimonio de la beneficencia pública, que fue la estructura administrativa en la que se dio ese recurso, así es que no hay que buscarlo, ahí estuvo, ya no está, así como tenemos la necesidad de ejercer todo, también dar lo que va etiquetado, pero hemos recibido, ¿en qué lo han utilizado?, ¿en qué se ha gastado?, ya que hay informes que también están a disposición, porque son documentos públicos obviamente para que pueda todo mundo conocer a qué se ha dirigido ese recurso''. Hasta aquí la cita.
Esta denuncia de acreditarse da cuenta de un hecho grave, perpetrado por el entonces legislador y presidente de comisión Luis Pazos, pues de un plumazo este hombre habría reconfigurado sin tener ninguna facultad para ello y por tanto violando la ley, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta soberanía, esto sería legalmente inadmisible y por lo tanto, tributario de una sanción, pero mucho más, se trata de un hecho moralmente reprobable, pues en este país, en el que 499 legisladores aprobaron menos de 12.9 millones de pesos para la prevención del VIH-SIDA, uno solo con el poder de su firma, habría arrebatado a los mexicanos 30 millones de pesos, más del doble, para entregarlos al principal enemigo de la prevención del VIH-SIDA, Provida, una organización fundamentalista de derecha y de carácter privado, cuyas acciones contradicen a su nombre, pues al oponerse al uso del condón como método para evitar el contagio del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, se convierte en los hechos en promotora de muerte.
Como representantes populares, estamos obligados a iniciar un proceso tendiente al esclarecimiento de los hechos denunciados, para poder dar puntual respuesta a la sociedad y dado el caso, fincar responsabilidades a quien corresponda. El desempeño de cualquier representante popular ha de ser transparente y sujeto al escrutinio de nuestros representados.
Por último, no puedo dejar pasar la ocasión sin exhortar a esta soberanía, para que tras la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004, destinemos mayores recursos para la prevención y combate a la pandemia de VIH-SIDA, pero sobre todo a la prevención.
Muchas gracias, es cuanto.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema el diputado José Angel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado José Angel Córdova Villalobos:Con su venia, señor Presidente; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:
México desde hace más de 15 años ha ido transitando hacia la democracia, uno de los ejemplos torales y contundentes se dio en el año 2000, cuando después de 70 años, un partido diferente, el Partido Acción Nacional, logra la Presidencia de la República.
La expresión de la democracia en las diferentes actividades públicas, ha permitido un mejor control del ejercicio del gasto público y particularmente una mejor distribución de los recursos, en función de la participación de las diferentes fuerzas políticas del país.
Esta pluralidad tan saludable que hoy vivimos, tiene también sus grandes riesgos, cuando se pretende imponer sólo las ideas de algunos y se cae en la sinrazón, en la crítica destructiva y en la acusación y descalificación sin fundamentos. Un ejemplo de esta actitud, la vivimos el día de hoy, al pretender fundamentar la existencia de una ilegalidad en afirmaciones que carecen de una comprobación fidedigna y sólo se basan en supuestos más apegados a las ideas personales o partidistas, que a los hechos.
Se cuestiona la actuación del presidente de la Comisión de Presupuesto de la LVIII Legislatura, Luis Pazos, en lo que concierne a la aprobación del presupuesto del año 2003. Quiero mencionar que el citado ciudadano actuó con base en los artículos 37 y 38 de la Ley de Planeación, 74 Constitucional fracción IV de la Cámara de Diputados...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Un momento señor diputado.
¿Con qué propósito diputada?
Por favor, activen el sonido en la curul de la diputada.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul):
Quisiera saber si el diputado, acepta una pregunta.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Suspendan el tiempo.
Señor diputado, le están preguntando si acepta usted una interpelación.
El diputado José Angel Córdova Villalobos:Preferiría que fuera al final de la exposición, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Al final de la exposición, diputada.
Continúe diputado.
Continúe el tiempo.
El diputado José Angel Córdova Villalobos:...Fracción IV de la Cámara de Diputados y el 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003 y en reunión del pleno de la mesa directiva de la comisión citada, de la cual formó parte el exdiputado del Partido de la Revolución Democrática, Gilberto del Real Ruedas, así como dos diputados del PRI y uno del PAN, del Verde Ecologista y uno más del PT, determinaron aprobar recursos adicionales para la Secretaría de Salud por un monto de 900 millones de pesos. Estos recursos regularmente se asignan a diferentes secretarías una vez realizado el análisis particularizado del Presupuesto y habiendo quedado residuos para que sean ejercidos por las diferentes secretarías.
En virtud de no crear confusión en relación a la asignación de dichos montos y con el acuerdo de los miembros de la mencionada comisión, a sugerencia del exdiputado Guillermo Hopkins Gámez, del PRI, se determinó etiquetar dichas cantidades que por ley se asignaron a la administración del patrimonio de la beneficencia pública de la Secretaría de Salud. Esta asignación, y repito, con el consenso del resto de los miembros de la mesa directiva de la comisión, determinó asignar 478 millones a los programas de IMSS-Solidaridad y él programa VIH-SIDA; 50 millones al hospital de tercer nivel de Oaxaca; 50 millones para el Fondo del Tratamiento, Rehabilitación e Investigación de la Población Adicta; 40 millones al Hospital de la Mujer en Puebla; 40 millones al Hospital de la Mujer en Zacatecas; 40 millones para el Hospital Universitario de Nuevo León; 35 millones para el Programa de Violencia contra las Mujeres; 30 para el de Salud Reproductiva; 30 para el cáncer cérvico-uterino; 30 para cáncer de mama; 30 para los centros de Ayuda a la Mujer, que entre paréntesis, desde la administración anterior ya recibían montos con el conocimiento de los secretarios de Salud; 22 para el reinicio de la clínica del ISSSTE en la región Carbonífera de Coahuila; 15 para Arranque Parejo en la Vida y 10 para Mujer y Salud.
Vale la pena mencionar que de éstos, los dos programas más beneficiados fueron por acuerdos de la Comisión de Salud; seis por solicitud de la Comisión de Equidad y Género; cuatro a solicitud de diputados miembros del PRI; dos a solicitud de diputados del PRD y sólo uno a solicitud de diputados del Partido Acción Nacional.
Contamos con copia del oficio CPCP177902, con fecha del Palacio Legislativo el 17 de diciembre del 2002 para comprobar nuestras afirmaciones.
Lo anterior es contundente para demostrar que no existió ninguna desviación de recursos, ya que éstos están perfectamente asignados y es responsabilidad de las organizaciones beneficiadas comprobar su gasto y por otro lado se demuestra que en todo caso el partido al que pertenece el licenciado Luis Pazos fue el menos beneficiado en su solicitud legal.
Es para nosotros, todos los mexicanos, motivo de orgullo transitar a la democracia, pero resulta lamentable que nos empeñemos en empañar la imagen de las instituciones, organizaciones e individuos con el único propósito de hacer prevalecer nuestras ideas. Estas actitudes en mucho dañan la convivencia sana y democrática entre todos los partidos, que finalmente debemos de estar unidos y demostrar con hechos nuestro verdadero objetivo en el ejercicio de nuestra función conferida por el pueblo, en beneficio de México.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra desde su curul, a la diputada Martha Lucía Micher Camarena, para ejercitar el derecho que le confiere el artículo 104 del Reglamento.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul):
Yo simplemente quisiera preguntarle al presidente de la Comisión de Salud, si es correcto que habiendo aprobado en sesión un presupuesto, un grupo de diputados o un diputado pase por encima del pleno y modifique los acuerdos del pleno. Nada más quiero que me conteste. Nada más quiero que me conteste si es correcto o no es correcto.
El diputado José Angel Córdova Villalobos:
Fue un grupo de diputados, diputada, y de eso tienen conocimiento porque tengo la copia que se giró a todos los miembros de la Comisión de Presupuesto.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul):
No me contestó. Simplemente le pido que me conteste.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor diputado, insiste la diputada en su explicación.
No están permitidos los diálogos, el señor orador nos indicará en qué momento concluye su respuesta.
El diputado José Angel Córdova Villalobos:Diputada Mícher, no nada más en Salud; en Educación, en otra Secretaría, como lo mencioné anteriormente, cuando quedan residuos se disponen dependiendo de las organizaciones. En este caso para la beneficencia social y se etiquetó, como lo dije, a sugerencia de uno de los subsecretarios de la comisión, nada más.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:No están permitidos los diálogos. Suficiente.
Se le concede el uso de la palabra para rectificar hechos, diputada Martha Lucía Mícher Camarena, hasta por cinco minutos.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena:Muchas gracias, señor Presidente.
El tema aquí no es Provida el tema aquí es cómo los funcionarios y funcionarias públicos cumplimos con la ley. Y lo que aquí estamos argumentando y no estamos en contra de organizaciones que están trabajando desde su punto de vista en una visión o en objetivo del cual están convencidos o convencidas.
El tema aquí es que el señor diputado, exdiputado, premiado por Acción Nacional para irse a Banobras, es decir, el señor Luis Pazos, habiéndose aprobado aquí un presupuesto, pasa por encima de las decisiones del plenario, del pleno y decide modificar lo que aquí se aprobó, y se designan 30 millones a una organización.
El tema aquí es que o estamos en igualdad de oportunidades todas las organizaciones y trabajamos por la salud de las mujeres y beneficiamos a todas las mujeres, o hacemos lo que nos da la gana cuando un pleno autoriza aquí un presupuesto.
Lo que nosotros estamos argumentando es, que el señor Luis Pazos, incluso declaró ante la prensa en febrero, incluso las exintegrantes de la Comisión de Equidad y Género se reunieron con él para saber por qué había sucedido este desvío de fondos, y el señor desmintió e incluso escribió un artículo en la prensa diciendo que eso era falso y con todo gusto les entrego el artículo que el entregó.
Entonces, lo que aquí está en juego es: ¿cumplimos o no la ley? Hacemos lo que nos da la gana después de que el pleno aprueba un presupuesto y rendimos cuentas claras o le damos a nuestros cuates lo que se nos da la gana y los premiamos con 30 millones de pesos; cuando en el Instituto de Desarrollo Social o cuando concursa cualquier organización gubernamental ante el Inmujeres, se otorgan 350 mil pesos por un año y aquí se le otorgaron 30 millones por sus pistolas a Provida y eso no es legal y se está violando la Constitución y la ley y se está pasando por encima de este pleno.
Insisto, el asunto no es Provida; el asunto es que el señor Luis Pazos defraudó a este pleno, defraudó a la ciudadanía y el señor designó 30 millones a quien se le dio la gana. Ese es el tema.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora diputada.
Se concede el uso de la palabra para rectificar hechos al diputado Sergio Penagos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Sergio Penagos García:Gracias, señor Presidente, seré muy breve.
Vale la pena retomar la muy detallada explicación que ante esta tribuna vino a ofrecer el diputado Córdova. Creo que a este pleno debe haberle quedado claro, en principio, que no se trata de hechos que se puedan particularizar respecto del beneficio de un partido político, mucho menos el beneficio del Partido Acción Nacional.
En segundo término, creo que con la explicación del diputado Córdova, si algo quedó claro es que no se violentó la ley y vale la pena señalar que si para el caso la Comisión de Hacienda tomó la determinación correspondiente en su momento y diputados de diversos partidos, tal como fue el caso del PRD y del PRI, promovieron de manera conjunta esa determinación, me parece que resulta parcial e injusto el hacer el señalamiento de una sola persona y de un solo partido político.
Pero para efectos de la revisión de la legalidad, pues también existe una Comisión de Vigilancia y me parece que para el caso que nos ocupa bien valdría la pena que se hagan las valoraciones conducentes, pero sí tomando en consideración que fue un cuerpo colegiado y en el que noso-tros estamos ciertos, que no se trató de una violación a la ley, mucho menos de una violación al Presupuesto General de la Federación.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre el impacto de la cultura mexicana, de la liquidación de diversas instancias culturales que aparecen en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para tratar este asunto se le concede el uso de la palabra al diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Inti Muñoz Santini:Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Hago uso de la palabra para compartir con ustedes un análisis del impacto que podría tener en el desarrollo cultural de nuestro país, la propuesta del paquete fiscal 2004, presentado a esta soberanía por el Poder Ejecutivo Federal.
Antes me permitiré recordar que durante la campaña presidencial del año 2000, la comunidad cultural y artística participó activamente en el desarrollo y presentación de propuestas y alternativas para generar una política de Estado que desarrollara y fomentara la cultura.
Los distintos candidatos en campaña asumieron dichas propuestas en sus plataformas. En este contexto Vicente Fox se comprometió a destinar el 10% del Producto Interno Bruto a la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Tres años después vemos con azoro que el paquete económico para el próximo año contiene aspectos que a nuestra consideración afectan gravemente al sector cultural de nuestro país; más aún, que encarnan un atroz atentado contra la cultura.
Así por ejemplo, para el año 2004 el Gobierno Federal propone una asignación presupuestal de 5 mil 067 millones de pesos. Esta cantidad es menor en 271 millones de pesos a la ejercida en 2003, es decir, se está dando una disminución de 5.3% en términos nominales.
Es la primera vez en los últimos 9 años que el presupuesto destinado al sector cultural disminuye y consideramos que es algo bastante grave. Hoy, bajo el argumento de la escasez de recursos presupuestarios, se establece en el artículo segundo transitorio, del proyecto de presupuesto federal, que se iniciará ---y lo cito--- se iniciará el proceso de desincorporación en las modalidades de disolución, liquidación, extinción, fusión o enajenación, según los determinen las secretarías de estado correspondientes, del Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfico, los Estudios Churubusco, los fondos de inversión Fidecine y Foprocine, Educal y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, así como la agencia Notimex.
Las implicaciones de dicha propuesta son muy graves y no denotan otra cosa que una falta total de compromiso del Ejecutivo Federal con el quehacer cultural y con el proceso de desarrollo del cine mexicano en particular.
¿Acaso también una aberrante ignorancia sobre el tema y su importancia como forjador de referentes socioculturales? Al respecto nosotros sostenemos que desincorporar, eufemismo puesto en boga para no llamar a las privatizaciones o extinciones por su nombre, al IMCINE, al CCC y a los Estudios Churubusco, es una agresión contra la memoria que se resguarda en las producciones cinematográficas, pues el cine es una expresión artística fundamental en la formación social y cultural de la población, como queremos exponer brevemente a continuación para que todos conozcamos la naturaleza de algunas de las instituciones cuya desaparición se quiere decretar hoy desde la frialdad y la ignorancia de la tecnocracia en el gobierno.
El Instituto Mexicano de Cinematografía, fue creado el 25 de marzo de 1983, es la entidad encargada de promover y coordinar la producción cinematográfica del sector público, orientada a garantizar la continuidad y la superación artística del cine mexicano.
Las diversas acciones que realiza están orientadas a impulsar el desarrollo del cine fortaleciendo los rubros básicos de la industria, la producción, la distribución, la exhibición, la promoción y la difusión cinematográficas tanto en el plano nacional como en el extranjero.
Por su parte el Centro de Capacitación Cinematográfica, fue fundado en 1975 por Carlos Velo y su primer presidente fue Luis Buñuel. Desde entones en esa escuela se han formado generaciones enteras de cineastas de alto nivel profesional en las tareas técnicas y artísticas del cine: fotografía, producción, sonido, edición, guión y realización.
Cuenta con un nivel académico similar al de las mejores escuelas de cine del mundo. En su haber pueden contabilizarse 78 premios internacionales, entre los que destacan tres oscares estudiantiles, la Palma de Oro, en Cannes, otorgada a Carlos Carrera, egresado del Centro y también nominado al Oscar por El crimen del Padre Amaro y otros cuatro premios en Cannes en competencias estudiantiles.
Hoy en día el CCC es una institución vinculada a la investigación y el desarrollo de la enseñanza del cine en el mundo, a través de su asociación con el Centro Internacional de Enlace de Escuelas de Cine y Televisión y de la Federación de Escuelas de Imagen y el Sonido de América Latina. Además es miembro de la Asociación Internacional de Escuelas de Cine, la cual presidió en el periodo que va de 1994 a 1998.
Los estudiantes que hoy se encuentran en la calle, en la calle promoviendo la defensa de su escuela mediante presentaciones públicas de sus producciones y con carteles que rezan: ``un país sin cine es como una familia sin álbum fotográfico'', ingresaron en 1995 y tienen una perspectiva de eficiencia terminal del 85%. Ellos dicen ---y nosotros con ellos--- que es un crimen cerrar una escuela.
Los Estudios Churubusco fueron fundados en 1943. A partir de ese momento no han dejado de realizarse en ellos una infinidad de películas que hoy forman parte del acervo nacional. Baste recordar que ahí nacieron las grandes figuras del cine nacional: Pedro Infante, María Félix.
También en los Estudios Churubusco grandes artistas de la cinematografía nacional e internacional hicieron leyenda. Son los casos del Indio Fernández, de Julio Bracho, de Gabriel Figueroa y de David Linch, entre otros.
Resulta paradójico que el cine mexicano reciba reconocimientos notables en el ámbito internacional mientras el gobierno lo declara prescindible.
Es evidente, compañeras y compañeros legisladores, que al gobierno de Fox no le interesa la cultura. Sacrificar a la industria cinematográfica en aras de invertir en el rescate bancario es socavar la creatividad de miles de trabajadores del terreno cultural.
Lo peor es que pretende convertir en letra muerta la Ley Federal de Cinematografía aprobada en el año 2001 que contempla la creación del Fidecine y regulaba el apoyo al desarrollo y difusión del cine mexicano.
En el mismo paquete fiscal se contempla la desaparición de la exención fiscal. Eso implica que se gravará con el 10% del IVA a la industria editorial, que incluye entre los rubros más importantes a los libros y las publicaciones, pero también a los derechos de autor.
Es necesario añadir que estos rubros hoy gozan de la exención fiscal sólo gracias a la movilización y al apoyo recibido hace dos años por amplios sectores de la población cuando el escritor Carlos Fuentes declaró frente al Presidente Fox ---y lo cito--- que ``el libro rechaza el innecesario lastre del IVA''. Sin embargo, hoy el gobierno quiere reeditar una discusión que ya una vez perdió ante la opinión pública.
Parece que al gobierno no le interesa que México sea un país de lectores. La industria editorial, al igual que la cinematográfica, ha sido puesta en jaque por la administración foxista.
No hay mejor forma de echar por la borda la posibilidad de que las y los jóvenes del país accedan de manera libre y equitativa al conocimiento que aprobar este paquete económico. Sólo baste recordar que según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Editorial durante los últimos tres años la venta de libros cayó 40% y que en caso de aprobarse esta reforma el nuevo impuesto asegura que los precios suban en un 30% para amortizar las pérdidas.
Así Vicente Fox se muestra también como el principal enemigo de la lectura.
Desde esta tribuna exhortamos a las y los diputados de esta honorable soberanía a tomar en cuenta lo antes expuesto y, en consecuencia, hacemos un llamado a establecer la exención fiscal en el caso de los libros y las publicaciones, así como los derechos de autor, al tiempo que los exhortamos respetuosamente a impedir la intención gubernamental de darle al cine mexicano una estocada en el corazón.
En contraste proponemos trabajar en una propuesta que dote de mayores recursos a la actividad cultural, partiendo del hecho que nuestro país, según cifras del último informe y lejos de lo prometido en el 2000 por Fox, sólo se le destina a la cultura el 0.076% del Producto Interno Bruto, a pesar de que la UNESCO recomienda destinarle el 1%.
Compañeras y compañeros: en nuestras manos está que el Estado mexicano se convierta en promotor o en enemigo de la cultura. En el PRD esperamos sinceramente que opten ustedes por lo primero. La nación democrática nos lo reclama.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema el señor diputado don Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Efectivamente no podíamos sustraernos de esta importante iniciativa del diputado Inti Muñoz para llamar la atención, para enfocar el grave atentado que se pretende consumar contra expresiones culturales que le dieron a México posición mundial y que le dan, sin duda a la expresión artística de los mexicanos, un potencial todavía mayor si en el futuro la industria cinematográfica se organiza para su mejor desarrollo en el futuro.
Pero es importante que asociemos esta tendencia del Ejecutivo Federal a subastar por una parte empresas públicas para allegarse fondos, de cancelar recursos y expresiones artísticas de esta índole con el fin de poder financiar su Presupuesto de Egresos y que en cambio aquí hace apenas unos minutos, hayamos visto el espectáculo del más acre defensor del neoliberalismo, Luis Pazos, cargarle al Estado la subvención de asociaciones sociales en relación con determinados objetivos muy propios de la sociedad.
Yo creo que no podemos dejar pasar desapercibida esa contradicción.
Quien hablaba reiteradamente del ``Estado obeso'', quien predicaba que debería cancelarse para muchas instituciones sociales recursos procedentes del Estado, vino aquí con un subterfugio que en mi concepto rigurosamente ilegal, a disponer de un presupuesto que estaba encomendado por este plenario a otros objetivos.
Yo creo que debemos en esta ocasión tener conciencia plena de que el Estado tiene que ser promotor de las artes, debe coadyuvar a este propósito; que la nación necesita de los recursos públicos para este efecto y que en cambio no deben admitirse las contradicciones de quienes predican el neoliberalismo y la desaparición del estado que sin embargo, por abajo del agua subvencionan sus propios objetivos.
No quiero tampoco ni a una ni a otra tendencia respecto a los propósitos que se desprenden de sus propias comisiones y de sus propias decisiones, en este momento calificar. Pero sí estoy autorizado, por lo que aquí se ha visto, de que hay hipocresía, hay falsedad y hay manejo indebido de los recursos públicos para beneficiar una corriente política y no a la nación y al Estado mexicano como es el propósito de derogación del patrimonio nacional.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra, para hablar sobre el mismo tema, el diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Carlos Flores Rico:Muchas gracias.
Dada la muy bien documentada presentación que ha hecho Inti Muñoz, quisiera tomar este tiempo para hacer una reflexión en torno al tema que nos ocupa.
Quisiera en primer término referirme al concepto de ahorro y al concepto de racionalidad que tiene el Ejecutivo Federal.
Fíjense ustedes, dice el apartado 1.6 de la Visión General del Gasto Público, que a través del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal, propone una serie de acciones en materia de desincorporación, racionalidad y austeridad presupuestaria para generar ahorros. Y en esta idea de ahorros proponen, como ya aquí lo documentó también el diputado que me antecedió, la eliminación, fusión, liquidación, desaparición etcétera, de 16 entidades diversas del sector público paraestatal. Un poco en el estilo de Pedro Infante, tomaron los grandotes y los chiquitos para hacer sus ajustes de ahorro y, nótese bien, de racionalidad.
Lo que en el fondo ocurre es, y hay que decirlo con toda claridad, un solapado desprecio a la cultura, al desarrollo, al aparato encargado del derecho social en este país y con esta política hormiga de desaparecer poco a poco, lo que hacen finalmente es reforzar una visión neoliberal del aparato público. Pero hasta para eso son... un caso, porque las cuentas no les cuadran.
¿Saben ustedes cuánto pretenden los jóvenes de Hacienda recaudar por la desaparición de estas entidades? 4 mil millones de pesos. Ese es el tamaño del ahorro que estas personas hablan, en un presupuesto de 1 billón, con ``b'' grande, 1 billón en sistema decimal, 1 millón de millones. Un billón 600 mil y pico, y pico de millones, 4 mil millones.
¡Ese es el tamaño de la racionalidad que le están incorporando al proyecto de egresos de esta nación! Y por supuesto, por 4 mil millones de pesos arrasan con lo que sea, con lo que se atraviese. Sea desde la pequeña Conasa que va a haber 30 ó 40 millones de pesos y tiene 15 ó 20 empleados. Sea Fonart, que son dos o tres tiendas y vale 30 ó 40 millones de pesos y la cancelación de todo un proyecto de artesanas y artesanos. Sea la Exportadora de Sal, una de las cinco más importantes del mundo o sea la pequeña físicamente y grande en alcance Escuela de Capacitación Cinematográfica. Es decir, no hay lógica alguna en este planteamiento del Ejecutivo Federal. Pero cuando hablan de ahorrarse 4 mil millones de pesos, ésta gran cantidad de recursos, no dicen que hay ahí en el mismo presupuesto 1 mil 900 millones que se prevé que este año 2004 entren por concepto de utilidades de por lo menos dos de las 16 entidades que están vendiendo. ¡Sí hay incongruencia que vendas en 4 mil millones, 16, cuando dos de ellas, nada más dos de ellas: la Lotería y Pronósticos, te van a dar a ti casi 2 mil millones de pesos!
Y lo de la cultura es el colmo, no tiene nombre. Hay un personaje de la Segunda Guerra Mundial que decía que cuando escuchaba hablar de cultura sacaba la pistola. Estos son más modernos: sacan la tijera.
Y habría qué decir, a nombre de los compañeros del PRI, que en esta materia de cultura, de defensa del aparato estatal de derecho social está nuestro compromiso, nuestra solidaridad y nuestra firma convicción, para que esto no suceda. Cuando vea yo presupuesto, sacaré mi voto.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:En virtud del acuerdo parlamentario, los puntos relativos a la efemérides se dejarán para la próxima sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
Sí, señor Presidente.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Jueves 13 de noviembre de 2003.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica, que con motivo del CLXXIX aniversario de la Expedición del Decreto de la Creación del Distrito Federal, tendrá lugar el 18 de noviembre a las 9:00 horas, en el Museo de la Luz, ubicado en las calles de San Ildefonso y el Carmen, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc.
Del Congreso del estado de Tlaxcala.
Iniciativas del Congreso del estado de Jalisco
Que adiciona un artículo 37-bis a la Ley General de Educación. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)
Minuta
Proyecto de decreto por el que adiciona una fracción IX, al artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y un párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. (Turno a comisión.)
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
Proceda la Secretaría a encender el sistema electrónico, por seis minutos, para verificar la asistencia.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por seis minutos para verificar la asistencia.
Se recuerda a las diputadas y diputados, que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes que transcurra el tiempo de la verificación del quórum.
(Se abre el sistema electrónico por seis minutos.)
Ciérrese el sistema electrónico, por favor.
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera y hay una asistencia de 456 diputadas y diputados.
Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.
Tiempo de duración: 5 horas 1 minuto.
Quórum a la apertura de sesión: 268 diputados.
Asistencia al cierre de registro: 482.
Asistencia al final de la sesión: 456.
Diputado que solicita licencia: 1.
Puntos de acuerdo, aprobados: 3.
Proposiciones con punto de acuerdo: 13.
Temas de agenda política: 2.
Oradores en tribuna: 35
PRI-8; PAN-10; PRD-12; PVEM-2; PT-1; PC-2
Se recibió:1 comunicación del Congreso del estado de Chihuahua;
1 comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite copia de la contestación del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
1 iniciativa PRI;
2 iniciativas PAN;
1 iniciativa PRD;
1 iniciativa PVEM;
1 iniciativa PT. Dictámenes de primera lectura:
1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre de 2003, con el propósito de asistir a la XIII Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Dictámenes aprobados:1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre de 2003, con el propósito de asistir a la XIII Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia;
4 dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto, por los que se concede permiso a nueve ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de: Alemania, Perú y Guatemala, respectivamente;
1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a nueve ciudadanos para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de la República Italiana en México;
1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano Tomás Roberto González Sada, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.