DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 13 de noviembre de 2003	Sesión No. 24

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 275 diputados, por lo tanto hay quórum, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 10:21 horas):

Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

Se ruega a las personas que no sean legisladores, tengan la bondad de ocupar los lugares asignados.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 13 de noviembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del CLXXIX aniversario de la expedición del decreto de la creación del Distrito Federal, tendrá lugar el 18 de noviembre, a las 9:00 horas, en el Museo de la Luz, ubicado en las calles de San Ildefonso y El Carmen, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc.

De los congresos de Nayarit, de Tlaxcala y de Zacatecas.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma el párrafo quinto de la fracción II del artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Eduardo Ovando Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con el que devuelve la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Cinco, en los que se transcriben puntos de acuerdo por los que se solicitan mayores recursos a diversas partidas presupuestales, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. (Turno a comisión.)

En el que se transcriben puntos de acuerdo, en relación al artículo segundo transitorio del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. (Turno a comisión.)

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Relativo a la comparecencia del Procurador General de la República ante comisiones de la Cámara de Diputados. (Votación.)

Iniciativas del Congreso de Jalisco

Que adiciona un artículo 37-bis a la Ley General de Educación. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Iniciativas de diputados

Que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Que reforma los artículos 16 y el cuarto transitorio de la Ley General de Educación, a fin de que la transferencia de los servicios de educación básica y normal al Gobierno del Distrito Federal sea concluida lo más pronto posible, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y un párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. (Turno a comisión.)

Con proyecto de decreto por el que se reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del D aniversario del Encuentro de Dos Culturas. (Turno a comisión.)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ingeniero Jaime Parada Avila, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país. (Turno a comisión.)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la reclasificación de tarifas eléctricas para el estado de Guerrero, a cargo del diputado Abel Echeverría Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para integrar la Comisión Especial de Ganadería y Avicultura, a cargo del diputado Mario Ernesto Dávila Aranda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo respecto al artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en torno de las declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow sobre la agenda binacional México-Estados Unidos de América, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo a fin de que la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República, por exhorto de esta soberanía, investiguen el monto y el destino de los recursos que se recuperan por motivos de sanciones económicas y penales, a través de la Secretaría de la Función Pública, a cargo del diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a las procuradurías de Justicia, atiendan de manera integral a las víctimas de los delitos y que las constituciones locales se adecúen en la materia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gema Isabel Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que se respete el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en razón de su valiosa labor en beneficio de pacientes y médicos, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Congreso de Guerrero y al Secretario de Gobernación que intervengan en el caso de la liberación que se ha venido dando de las personas señaladas como autores materiales de los crímenes cometidos en Aguas Blancas, a cargo de la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación incluya al municipio de Acapetahua, Chiapas, en el Programa para Combatir la Mosca de Fruta, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo a fin de que la empresa Notimex se mantenga en su estatus actual y se fortalezca presupuestariamente a efecto de que cumpla de mejor manera su función social de información nacional, a cargo del diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal y a las dependencias responsables del sector agrario a impulsar una reforma agraria integral que atienda el desarrollo de la propiedad social en México y asegure la participación de los ejidos y comunidades dentro de los programas de desarrollo rural, a cargo del diputado José Lamberto Díaz Nieblas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes del Congreso de la Unión de las legislaturas estatales, a los titulares de los poderes Ejecutivo de la Federación y de las entidades federativas y a los ayuntamientos del país a que se sumen al esfuerzo por alcanzar un acuerdo migratorio con Estados Unidos de América, a partir del cual se garantice el respeto de los derechos de los mexicanos y que derive en beneficios para ambas naciones, a cargo del diputado Alfonso Moreno Morán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos Federal y de los estados de Querétaro y de Tabasco a tomar las medidas conducentes para la liberación de los zapatistas presos, a cargo del diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie a favor de convocar con la mayor brevedad a un foro nacional en la Reforma del Estado, en el que participen la sociedad civil, las organizaciones sociales, los empresarios, intelectuales, académicos, instituciones educativas y de investigación, los poderes de la Unión, representantes de las entidades federativas, los partidos políticos, los órganos electorales y todos los actores políticos, con la finalidad de intercambiar propuestas, construir consensos y definir la agenda de la reforma del Estado, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se exhorte a la Comisión de Hacienda y Crédito Público emita el dictamen referente a la aprobación de la iniciativa de Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para eliminar de dicho impuesto a los polvos para preparar bebidas saborizadas, a cargo de la diputada Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo mediante el que se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados a que, en el marco de sus respectivas leyes orgánicas, integren comisiones permanentes para la atención de los asuntos relacionados con migrantes, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se elimine la partida destinada a los ex presidentes de la República del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para la reubicación de las familias afectadas bajo la cota 68.5 de las presas presidente Miguel Alemán y presidente Miguel de la Madrid, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que libere los recursos presupuestados para el desarrollo del Programa de Acuacultura y Pesca, que forma parte del Programa Alianza Contigo, en apoyo de la flota camaronera nacional de pesca de altura, a cargo del diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se asigne al Instituto Politécnico Nacional una partida presupuestal total de 7 mil 500 millones de pesos, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que a través de las secretarías de Salud, de Desarrollo Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales se corrijan las causas de la contaminación existente en los municipios de El Salto y de Juanacatlán, Jalisco, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permita que los recursos autogenerados en el Instituto Politécnico Nacional e institutos tecnológicos en los meses noviembre y diciembre de 2003 no sean ingresados en dicha Secretaría, a cargo del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo homologe el precio del diesel marino, en beneficio de los armadores de buques de investigación oceanográfica universitaria, a cargo del diputado Pablo Anaya Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al analizar la propuesta de Presupuesto de Egresos de 2004, incluya los resultados necesarios para apoyar las asociaciones civiles legalmente constituidas de los ingenios de Zacatepec y Oacalco, Morelos, en virtud de que se encuentran en una situación precaria económica, a cargo del diputado Guillermo del Valle Reyes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Solicitud de excitativa

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Comentarios en relación a la elección de la Mesa Directiva del estado de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Posicionamiento en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 2004, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

Efemérides

Sobre el CCCLII aniversario del natalicio de sor Juana Inés de la Cruz.»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Señoras y señores legisladores: informo a ustedes que se encuentran en este recinto legislativo, alumnos de la escuela primaria Centro Escolar (Educa), Sociedad Civil, invitados por el grupo parlamentario de Convergencia, a quienes les damos la bienvenida.

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes once de noviembre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos sesenta y ocho diputadas y diputados, a las once horas con dieciséis minutos del martes once de noviembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicación del diputado Antonio Morales de la Peña por la que solicita licencia para separarse del cargo del diputado federal electo en el primer distrito del estado de Colima, del catorce de noviembre al cinco de diciembre de dos mil tres. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica.

Comunicación del Congreso del estado de Chihuahua con acuerdo por el que solicita subsidios en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, para apoyar transitoriamente el consumo de energía con fines agrícolas, en tanto se expide la ley reglamentaria de la Ley de Energía para el Campo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con acuerdo por el que solicita la derogación del artículo cuarto transitorio y la modificación del artículo dieciséis de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite copia de las contestaciones del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a las consecuencias de los desastres naturales de origen hidrometeorológico ocurridos en distintas entidades federativas. Se turna a las comisiones de Desarrollo Social y de Gobernación, así como a los promoventes, para su conocimiento.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos setenta y seis y setenta y siete y crea los artículos setenta y siete bis y setenta y ocho bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un artículo cuarenta y nueve bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores. Se turna a la Comisión de Salud.

A las doce horas con dieciséis minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos ochenta y dos diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.

Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que expide la Ley General que Regula la Contratación de Deuda Pública y de la que Contratan las Instituciones Privadas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Francisco Javier Valdéz de Anda, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del trece al dieciséis de noviembre de dos mil tres, con el propósito de asistir a la decimatercera Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es de primera lectura. La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura del dictamen y sin nadie que solicite el uso de la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por cuatrocientos cuarenta y dos votos en pro, ocho en contra y diecisiete abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura de los siguientes dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto:

Cuatro, por los que se concede permiso a varios ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Uno, por el que se concede permiso a nueve ciudadanos para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de la República Italiana en México.

Uno, por el que se concede permiso al ciudadano Tomás Roberto González Sada, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.

Son de segunda lectura. Sin que motiven discusión se aprueban los proyectos de decreto en lo general y en lo particular por cuatrocientos diecinueve votos en pro, tres en contra y diez abstenciones. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Gonzalo Alemán Migliolo, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la solicitud de aplicación de la salvaguarda global a las importaciones de carne de bovino y solicita trámite de urgente resolución. Así considera el asunto la Asamblea en votación económica y hablan en pro los diputados: José María de la Vega Larraga, del Partido Acción Nacional; y Enrique Torres Cuadros, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

José Julio González Garza, del Partido Acción Nacional, en relación con la creación de un plan nacional de empleo productivo emergente. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía.

Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, para conformar un grupo de trabajo que asegure las previsiones de inversión educativa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, en relación con el presupuesto y funcionalidad de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con las conclusiones de la Conferencia Nacional de Gobernadores del treinta y uno de octubre de dos mil tres, relativas a los migrantes mexicanos y sus familias. Se turna a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores.

María Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los apoyos a la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y con la aplicación de medidas para evitar los feminicidios en diversas entidades federativas.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, para instalar la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Jesús Angel Díaz Ortega, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro al estado de Oaxaca en materia de salud. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Felipe de Jesús Díaz González, del Partido Acción Nacional, en relación con las obras del denominado Dren de Tehuacán. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Horacio Martínez Meza, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la empresa denominada Comercializadora Metrogas, Sociedad Anónima de Capital Variable, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y hablan en pro los diputados: Ernesto Herrera Tovar, del Partido Acción Nacional; y Nancy Cárdenas Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.

Alvaro Burgos Barrera, del Partido Revolucionario Institucional, para que se incluyan en el ramo veinte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, los recursos necesarios para otorgar una pensión mensual a los adultos mayores de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Zacatecas.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sergio Vázquez García, del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que dentro del análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, se establezcan parámetros de ahorro en cuanto a las remuneraciones y prestaciones de funcionarios públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática, para citar a comparecer a los funcionarios correspondientes de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Economía; y de Hacienda y Crédito Público, en relación con el uso de beta-agonistas con fines zootécnicos y farmacéuticos. El proponente aclara que en la proposición publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, se planteaba citar a comparecer a los titulares de esas secretarías y en la que presenta se cita solamente a los funcionarios respectivos, y solicita trámite de urgente resolución. El Presidente informa que se ha presentado una práctica en demérito de la información de la Asamblea, pues se publican en la Gaceta Parlamentaria proposiciones con punto de acuerdo que se someterán al trámite de urgente u obvia resolución y que en ocasiones son modificadas al presentarse ante el Pleno, como en el presente caso, por lo que a su vez la práctica que se ha seguido es la de turnar el documento originalmente publicado. La Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación económica. Hablan en pro los diputados: Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, del Partido Acción Nacional; y Gonzalo Moreno Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y lo aprueba en sendas votaciones económicas. Comuníquese.

María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que se acaten las disposiciones normativas correspondientes para que sea registrado como beneficiario de las prestaciones en especie del seguro de enfermedad, el esposo de la asegurada y de la pensionada, solamente comprobando el matrimonio. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

Susana Guillermina Manzanares Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, para que se diseñe un programa especial para el rescate integral de las áreas naturales protegidas ubicadas en la Delegación Tlalpan y se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Francisco Javier Obregón Espinoza, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, suprima el artículo segundo transitorio del proyecto presentado por el Ejecutivo Federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En el capítulo de agenda política, se refiere a la posible desviación de recursos asignados a la Secretaría de Salud para la asociación denominada Provida, el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. Para el mismo tema se concede la palabra al diputado José Angel Córdova Villalobos, del Partido Acción Nacional, y acepta interpelación de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, quien con posterioridad sube a la tribuna para rectificar hechos. El diputado Sergio Penagos García, del Partido Acción Nacional, también rectifica hechos.

Habla sobre el impacto de la liquidación de diversas instancias culturales contemplada en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, en la cultura mexicana, el diputado Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática. Para el mismo tema se concede la palabra a los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; y Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de cuatrocientos cincuenta y seis diputadas y diputados. El Presidente clausura la sesión a las dieciséis horas con diecisiete minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves trece de noviembre de dos mil tres, a las diez horas.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.

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DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Con su permiso, señor Presidente:

«Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXIX (179) aniversario de la expedición del decreto de la creación del Distrito Federal, el próximo martes 18 de noviembre, a las 9 horas, en el Museo de la Luz, sito en las calles de San Ildefonso y El Carmen, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva dictar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de la honorable Cámara de Diputados, que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, DF, a 13 a noviembre de 2003.--- Dr. Enrique Semo Calev, Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Jorge Ortiz Alvarado, Federico Döring Casar y Horacio Martínez Meza.

Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE NAYARIT
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Nayarit.--- XXVII Legislatura.

C. Diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto comunico a usted que la Vigésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del estado de Nayarit, en sesión pública ordinaria verificada el 4 de noviembre del año en curso, aprobó el acuerdo número 60, mediante el cual se solicita a la Auditoría Superior de la Federación su intervención, en virtud de la negativa sistemática del gobernador del estado a permitir la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales ejercidos en 2002 y 2003.

En este sentido, me permito remitirle respetuosamente el resolutivo de referencia, para sus efectos y el conocimiento de los ciudadanos legisladores que integran esa honorable asamblea.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, a 5 de noviembre de 2003.--- Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Nayarit.

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXVII Legislatura

Acuerda

Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la fiscalización directa de los recursos federales ejercidos por el Poder Ejecutivo durante el ejercicio fiscal de 2002.

Primero. Se comunica a la Cámara de Diputados federal y a la Auditoría Superior de la Federación que en Nayarit, el gobernador del estado ha obstruido e impedido sistemáticamente al órgano de fiscalización superior del estado revisar y fiscalizar los recursos públicos federales ejercidos por él, sus dependencias y sus entidades durante los ejercicios fiscales de 2002 y de 2003.

Adicionalmente, ha retenido de manera ilegal los recursos autorizados por los diputados federales para el Programa de Fiscalización del Gasto Público Federalizado, autorizado en el Presupuesto de Egresos de 2003, dentro del Programa de Apoyo a Entidades Federativas.

Con ello ha impedido cumplir lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 121 de la particular del estado y 46, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal y, en general, en la ley del órgano de fiscalización de la entidad.

Segundo. Las condiciones descritas en el artículo anterior imposibilitan al órgano técnico de fiscalización de este Congreso cumplir la obligación de fiscalizar los recursos federales ejercidos por el gobernador del estado.

En tal virtud, esta asamblea solicita a la Auditoría Superior de la Federación que considere en su programa de auditorías para el estado de Nayarit la fiscalización de la totalidad de los recursos federales ejercidos durante los ejercicios de 2002 y de 2003 por el Poder Ejecutivo del estado, sus dependencias y sus entidades.

Lo anterior, a efecto de estar en condiciones de que la sociedad obtenga elementos de certidumbre respecto al destino de los recursos federales y no sentar un precedente de impunidad y privilegio.

Transitorios

Primero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del Congreso.

Segundo. Notifíquese a la Cámara de Diputados federal y procédase a realizar las gestiones ante la Auditoría Superior de la Federación al efecto de lo dispuesto en el presente acuerdo.

Dado en la Sala de Sesiones Lic. Benito Juárez del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil tres.--- Diputados: Everardo Sánchez Parra, José Antonio Jiménez González (rúbricas), secretarios.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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ESTADO DE TLAXCALA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

El siguiente documento:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

CC. Diputados Secretarios del Honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, y en cumplimiento de la resolución aprobada por el Pleno de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, en su vigésima cuarta sesión ordinaria pública, efectuada el treinta de octubre del año en curso, les envío el punto de acuerdo por el que esta soberanía los exhorta a legislar en favor de la industria de productos cerámicos del país. Lo anterior, para su debida atención y cumplimiento.

Sin otro particular, les envío un cordial y respetuoso saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de Xicoténcatl, a 3 de noviembre de 2003.--- Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica), Secretario Parlamentario del H. Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno Federal a realizar las acciones tendentes a imponer cuotas compensatorias a las importaciones de recubrimientos cerámicos originarios de España y de otros países que entren en el territorio nacional.

Segundo. Esta soberanía solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al secretario de Economía, que cumpla el punto inmediato anterior.

Tercero. Se exhorta al honorable Congreso de la Unión a legislar en favor de la industria de productos cerámicos del país.

Cuarto. Se instruye al secretario parlamentario del honorable Congreso del estado de Tlaxcala a que cumpla el presente punto de acuerdo.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil tres.--- Diputados: Silvestre Velázquez Guevara, Presidente; Flora María Hernández Hernández, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, secretarias (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Economía.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislatura del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, fracción XXI, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me dirijo a usted con el propósito de comunicarle que en la sesión del pleno de este órgano legislativo celebrada en esta fecha se resolvió el siguiente punto de acuerdo:

Primero.- Solicitar respetuosamente a los integrantes de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que no permitan que el gasto educativo sea objeto de recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, a fin de lograr que para el año 2006 se destine por lo menos el 8 por ciento del Producto Interno Bruto del país al financiamiento de la educación, tal y como lo establece la Ley General de Educación.

Anexo al presente me permito remitirle copia de la propuesta con punto de acuerdo en comento, para los efectos legales conducentes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente.

Recinto Legislativo, a 6 de noviembre de 2003.--- Dip. Obdulio Avila Mayo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.---Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Diputado Obdulio Avila Mayo, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura.--- Presente.

Los suscritos diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrantes de los diversos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado C, Base Primera, fracción V, incisos I) y o) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracciones XVI y XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 17 fracción VI de la Ley Orgánica, 90 y 130 del Reglamento para el Gobierno Interior ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por su conducto venimos a someter a consideración del pleno legislativo la presente propuesta con punto de acuerdo con el fin de solicitar respetuosamente a los integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión no permitan que el gasto educativo sea objeto de recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, a fin de lograr que para el año 2006 se destine por lo menos el 8% del Producto Interno Bruto del país al financiamiento de la educación, tal y como lo establece la Ley General de Educación en su artículo 27 al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra como una garantía de todo individuo el recibir educación. El Estado tiene la responsabilidad de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, además de promover y atender todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación.

Nuestra Carta Magna establece que la educación que imparta el Estado debe ser laica, democrática, nacional, debe de contribuir a la mejor convivencia humana y sobre todo debe ser gratuita.

Desgraciadamente 20 años de políticas neoliberales, han conducido al sistema educativo a una situación muy delicada, que no le ha permitido desarrollarse en beneficio de la sociedad, debido a los recortes presupuestales y a la reorientación del gasto público. Así en pleno Siglo XXI podemos dar cuenta de la existencia de más de 7 millones de analfabetas; de una escolaridad promedio menor al segundo grado de secundaria que en estados como Chiapas y Oaxaca es en promedio menor al sexto grado de primaria; tenemos que más de un millón de niños no se inscriben en la escuela por falta de recursos; de cada 100 niños y niñas que entran a primero de primaria; sólo 4 logran obtener un título de educación superior; y sólo el 0.4 logra hacer un postgrado.

En el terreno docente, el maestro ha sido abandonado y desatendido durante muchos años, así, más de la mitad de los maestros requiere tener dos plazas u otro empleo para de esta forma estar en posibilidad de poder vivir dignamente.

La falta de recursos destinados al financiamiento de la educación, además de hacer cada día más grande la brecha de la desigualdad social, también propicia invariablemente la detonación cada vez más frecuente de conflictos laborales entre los trabajadores de las instituciones educativas y las autoridades correspondientes, como el que se presentó recientemente en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres, aquí en la Ciudad de México, donde el pasado 1o. de noviembre a las 00:00 horas se colocaron las banderas rojinegras por parte de los seis mil cuatrocientos cuarenta trabajadores administrativos y académicos.

El origen de los problemas antes descritos, indudablemente tiene que ver con el financiamiento educativo, así los recortes presupuestales de 1998 y 1999 tuvieron efectos severos sobre la educación. Algunos estudios especializados demuestran la caída del gasto federal total en educación por habitante y por alumno de 1994 a 1998 y disminuciones severas del gasto en los niveles de educación media superior y superior.

La UNESCO recomienda destinar como mínimo un monto anual equivalente a 8% del Producto Interno Bruto del país al gasto público federal en educación, dicha recomendación afortunadamente ya fue atendida por el Congreso de la Unión. Así la Ley General de Educación dispone en su artículo segundo transitorio de la Reforma del 30 de diciembre de 2002 que los presupuestos del Estado, contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto del país para el financiamiento de la educación.

No obstante lo anterior, existen declaraciones de algunos funcionarios federales que nos permiten advertir que tal vez esta meta no se alcance. Así, el doctor Carlos Hurtado subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha dejado entrever que podría haber un recorte en el presupuesto destinado a Educación. Por su parte, el Secretario de Educación Pública doctor Reyes Tamez Guerra ha manifestado la idea de incluir la inversión privada en materia educativa como parte del monto total del gasto educativo, que debe ser equivalente al 8% del PIB, pero la ley es clara al disponer que es el gasto ``público'' en materia educativa el que debe equivaler al 8% del PIB y no debe incluir a la inversión privada.

En un país donde más del 50% de los mexicanos vive en la pobreza y donde seis de cada 10 jóvenes mexicanos entre 20 y 24 años, no tienen una actividad fija que realizar, porque sólo el 14% está inscrito en alguna institución de educación superior y únicamente el 26% está ubicado en el sector formal del trabajo, es inaceptable el rumbo económico por el que hemos y se pretende que sigamos transitando.

El que no todos tengan acceso a una educación de calidad, da como resultado la agudización de la desigualdad social. Durante las últimas décadas, la sociedad mexicana ha enfrentado una serie de transformaciones estructurales en los ámbitos político, económico, cultural y social, muchas de estas transformaciones han respondido a intereses y prioridades globales que ponen énfasis en la economía del mercado. La reducción del aparato estatal, ha sido un elemento fundamental de los cambios impuestos en éstos años, dejando el Estado muchas de sus funciones en manos del mercado, cambios que se justificaron en aras de mejorar la eficiencia y eficacia gubernamentales, sin considerar que la mayoría de la población no puede acceder al mercado ni como productores, ni como trabajadores, ni como consumidores. Uno de los efectos más importantes de estos cambios ha sido la incapacidad del Estado para garantizar debidamente a la población los derechos sociales, universales, entre ellos el derecho a la educación.

El que toda la población tenga la oportunidad de llegar a cursar por lo menos la Educación Media Superior ayudará en gran medida a reducir la gran brecha de la desigualdad social que es hoy en día un gran flagelo de nuestra sociedad.

El Gobierno del Distrito Federal, con la edificación de las dieciséis preparatorias y la Universidad de la Ciudad de México, ha contribuido a que más de siete mil jóvenes de bajos recursos tengan acceso a una opción educativa que les permita obtener las herramientas necesarias para convertirse en adultos honestos y productivos.

La educación es un medio fundamental para alcanzar el desarrollo pleno de las capacidades humanas, permite adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. La educación es además el factor determinante para alcanzar el progreso tecnológico, la competitividad con otros países y la riqueza del país.

Por lo anteriormente expuesto y por considerarlo de obvia y urgente resolución, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 90 y 130 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Solicitar respetuosamente a los integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión no permitan que el gasto educativo sea objeto de recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, a fin de lograr que para el año 2006 se destine por lo menos el 8% del Producto Interno Bruto del país al financiamiento de la educación, tal y como lo establece la Ley General de Educación. Apoyando.

Atentamente.

México, Distrito Federal a 6 de noviembre de 2003.--- Diputados: María Araceli Vázquez, Silvia Oliva, René Bejarano, Lorena Villavicencio, Mauricio López, Manuel Jiménez Guzmán, Emilio Fernández, Juan Manuel González Maltos, Higinio Chávez, Rodrigo Chávez, Ma. Elena Torres, Julio César Moreno, Justino Rodríguez, José Jiménez, Aleida Alavez Ruiz, Víctor Varela López, Eduardo Malpica Rodríguez, María Rojo, Guadalupe Gracia Chavira, Rodolfo Covarrubias, Gerardo Villanueva, Martha Delgado, Miguel Angel Dolores, Alfredo Carrasco, Elio Bejarano, Rigoberto Nieto P., Norma Gutiérrez, José Medeo, Jorge García, Alberto Trejo Villafuerte, Sara Figueroa, Lourdes Alonso, Efraín Morales, Carlos Reyes, Alejandra Barales, Héctor Guijosa, Alfredo Hernández, Jaime Aguilar Alvarez, Rafael Hernández, Andrés Lozano Lozano, Francisco Chigual, Mónica Serrano, José Espina, Gabriela González, Marisela Contreras, Bernardo de la Garza, Julio Escamilla, Guadalupe Ocampo, Pablo Trejo Pérez y José Antonio Arévalo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LVII Legislatura.--- Zacatecas.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto tenemos el honor de remitir a ustedes un ejemplar del acuerdo número 76, aprobado por la H. Quincuagésima Séptima Legislatura local en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual les solicitamos que se autorice un mayor presupuesto a la Universidad Autónoma de Zacatecas ``Francisco García Salinas'' para que las necesidades institucionales se satisfagan dentro de un marco de respeto de la autonomía universitaria.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zac., a 30 de octubre del año 2003.--- La H. LVII Legislatura del Estado.--- Diputado Secretario Pablo L. Arreola Ortega (rúbrica); Diputado Secretario José Escobedo Domínguez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LVII Legislatura.--- Zacatecas.

Acuerdo # 76

La honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

Resultando Unico.- En la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 28 de octubre del 2003, los ciudadanos diputados, María Guadalupe Hernández Hernández, Jorge Fajardo Frías, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, José Escobedo Domínguez, Roberto Valadez González, Rubén Martínez Castillo, Alfonso Aguilar Contreras, Francisco Flores Sandoval, Elías Barajas Romo y Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, en su carácter de integrantes de esta asamblea popular y en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60, fracción I, de la Constitución Política del estado y 132, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentaron al pleno una iniciativa de punto de acuerdo en apoyo a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Considerando

Es indispensable fortalecer la educación pública en los niveles medio y superior, y a fin de que las desigualdades sociales dejen de perpetuarse se requiere de una educación de calidad tanto desde el punto de vista académico como ciudadano.

Nuestra máxima casa de estudios transita hoy por la más grave situación económica registrada en su historia, y eso preocupa a las y los zacatecanos, pues de ella y de su fortalecimiento depende de gran medida el desarrollo académico, científico, educativo, y cultural de nuestro estado.

Las políticas restrictivas del gasto público a la Universidad Autónoma de Zacatecas implementadas desde la década de los noventa hasta la fecha, aunadas a las políticas de diferenciación en el gasto que padecen las universidades públicas del país, como las secuelas del modelo tradicional universitario relacionadas con las responsabilidades internas, son las determinantes generales de la actual situación que vive nuestra máxima casa de estudios.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 24, 25 y relativos del Reglamento General, es de acordarse y se acuerda:

Primero.- Emitir un pronunciamiento público en defensa de la educación pública y en particular en defensa de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Segundo.- Emitir un pronunciamiento ante la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión para que autoricen un mayor presupuesto, a fin de que las necesidades institucionales se satisfagan dentro de un marco de respeto de la autonomía universitaria.

Tercero.- Esta Honorable Legislatura designa a las Comisiones de Hacienda, de Educación y de Desarrollo Social para que coadyuven en la interlocución ante las instancias federales pertinentes tales como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda, a fin de que en sus lineamientos de distribución de gastos fortalezcan los fines de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Cuarto.- La Legislatura del estado solicita al Congreso federal que en el Presupuesto federal 2004 se proporcione un incremento en la participación de recursos para la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Quinto.- Que la Honorable Legislatura incremente la participación de los ingresos estatales a la Universidad con base en el proyecto interno o plan de desarrollo de la misma.

Dado en la Sala de Sesiones de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil tres.--- Diputados: María Guadalupe Hernández Hernández (rúbrica), Presidenta; Pablo L. Arreola Ortega (rúbrica), secretario; José Escobedo Domínguez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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LEY FEDERAL DE DERECHOS
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Eduardo Ovando Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto de la fracción segunda del artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 11 de noviembre de 2003. Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores.

Eduardo Ovando Martínez, senador de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 60 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto de la fracción segunda del artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, en atención a la siguiente

Exposición de Motivos

La ecología es un tema de interés general, no exclusivo de especialistas, en el cual todos debemos cumplir con la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos, de velar por el bienestar del lugar en que vivimos.

Los ecosistemas naturales requieren más protección que nunca, y nuestro trabajo como legisladores debe incidir en las políticas gubernamentales de conservación de estos elementos.

Es importante que, en un país que busca afanosamente encaminarse por la vía democrática, se haga evidente la importancia de contar con ecosistemas protegidos, que como las áreas naturales protegidas en el caso de México, además de ser un atractivo turístico importante, se han convertido en una fuente importante de recursos cíclicos que les aseguren su conservación.

El valor de las áreas naturales es inestimable, y radica en que son fuente de vida, recibimos de ellas innumerables beneficios directos, y garantizan en buena medida nuestra seguridad climática y alimentaria. México cuenta con 48 áreas naturales protegidas, con una superficie de diez millones, quinientos noventa y siete mil seiscientas setenta y nueve hectáreas (10´597,679).

Aun cuando México ha sido pionero en la aplicación de diversos instrumentos de política ambiental que inciden en la preservación de los recursos naturales, se deben establecer y desarrollar estrategias y acciones para lograr el saneamiento ambiental, la protección de los recursos naturales en el entorno de los centros turísticos y la rehabilitación de ecosistemas dañados y sobreexplotados.

Pero necesitamos cambiar la manera como estamos haciendo las cosas. Se necesitan voluntad política y participación ciudadana para asegurar que las leyes se cumplan.

En relación con el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos para el ejercicio 2001, se contemplaban derechos por 53.00 y 28.00 pesos para las áreas naturales protegidas entonces establecidas en dos categorías, derechos que no se recaudaban debido al difícil trámite requerido para ello. Con esto sólo quiero mencionar que antes de 2002 la legislación no tenía aplicación y, por ende, la Federación no reportaba ingresos por este concepto.

Con la modificación del artículo en comento para el ejercicio fiscal de 2002, las direcciones de las áreas naturales protegidas recibieron en su totalidad los recursos obtenidos por el acceso a éstas, ya que el sentido de la reforma se encaminó a disminuir el monto del derecho por acceso a las áreas naturales protegidas en 20.00 pesos.

La modificación hecha a la Ley Federal de Derechos en 2002, estableció gravámenes de menor cuantía, consensuada entre prestadores de servicios náuticos, el Poder Legislativo y el Ejecutivo vía autoridades de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes además acordaron, y así quedó plasmado en la ley que el monto total de lo recaudado se entregase a las áreas naturales protegidas que lo generaron.

Los excelentes resultados recaudatorios permitieron a las áreas naturales protegidas contar con mayores ingresos, logrando que los programas para mejoramiento en su infraestructura se volvieran una constante, ya que se aseguró un retorno eficaz, pronto y directo de los recursos.

La Ley Federal de Derechos, en su artículo 198 para el ejercicio fiscal corriente, establece que la recaudación del derecho que generan las áreas naturales protegidas regresa a ser una potestad de la Federación, con el objetivo de que los recursos en su totalidad ingresen en la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, para que ésta, a su vez, sea la administradora de los mismos y

``...los destine a aquellas áreas naturales que lo requieran, de acuerdo con las necesidades y urgencias de cada una de ellas y no únicamente a las áreas capaces de generarlos, dado que esto permite una mejor distribución de recursos entre las mismas.''

Sin embargo, el mayor problema observado durante 2003 se dio en la explotación irracional de dichas áreas naturales, debido a que la incidencia de turistas que reciben es directamente proporcional al daño causado a las mismas.

Y como ejemplo les menciono los más de dos millones de turistas nacionales y extranjeros que año con año visitan cinco de las once áreas naturales protegidas de Quintana Roo.

Esta cantidad de visitantes es muy ilustrativa para comprender el fuerte impacto que reciben estas zonas con paseos en jet ski, con millones de inmersiones de buzos, con la práctica del snorkel y del velero, con paseos en submarinos y con toneladas de tóxicos contenidos en las cremas protectoras y bronceadoras de los bañistas.

No olvidemos que es de gran importancia mantener los atractivos turísticos del país, para que éstos continúen generando ingresos y divisas tan necesarios en estos tiempos.

Por ello con el objeto de ordenar la recaudación y distribución de los recursos que se obtienen por el concepto de derechos de uso, goce o aprovechamiento de áreas naturales protegidas, siempre tomando en cuenta el fin de la conservación de los recursos naturales, es necesario considerar que la aplicación de los recursos recaudados por este concepto vaya directamente en un 100% a las administraciones de las áreas naturales protegidas que los generaron, para destinarse a la protección, aprovechamiento, conservación, manejo, recuperación y restauración de los elementos naturales integrantes de dichas áreas.

Compañeros senadores, el objeto de la reforma que vengo a proponer hoy día no tiene un fin recaudatorio, su principal objeto es obtener recursos que permitan atemperar los efectos de la presencia de elementos que deterioran la calidad de las áreas naturales protegidas.

El futuro de nuestros recursos naturales dependerá de lo que logremos hacer, compartiendo las responsabilidades y los derechos que nos corresponden como ciudadanos y como servidores públicos.

Por lo expuesto y fundado con anterioridad, me permito proponer a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Unico.- Se reforma el párrafo quinto de la fracción segunda del artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

II. ...

..........

..........

........

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere este artículo, se destinarán en un 100% a las administraciones de las áreas naturales protegidas que los generaron para su protección, aprovechamiento, conservación, manejo, recuperación y restauración.

Artículo Transitorio

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2004.

Atentamente.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Eduardo Ovando Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se acuerda devolver a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el expediente correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente.

México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LIX Legislatura.

Honorable Asamblea:

A las comisiones que suscriben les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, proveniente de la honorable Cámara de Diputados en términos de lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los senadores integrantes de estas comisiones realizaron diversos trabajos, a efecto de revisar el contenido de la minuta, con objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Con base en las referidas actividades y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, estas comisiones someten a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente

DICTAMENI. Análisis de la minuta.

La minuta en estudio tiene por objeto reformar la fracción XVIII del artículo 7o., y adicionar un artículo 20-B de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y corresponde a la iniciativa presentada por el diputado Jorge Chávez Presa.

Dichas modificaciones se proponen como un alcance a la minuta por la cual se realizan reformas a la propia Ley del Servicio de Administración Tributaria que corresponde al veto interpuesto por el Ejecutivo Federal en términos de la facultad que le confiere el artículo 72 constitucional y concretamente propone lo siguiente:

a) Incluir como una facultad del Servicio de Administración Tributaria solicitar el auxilio de la fuerza pública federal, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de su objeto y atribuciones y

b) Establecer que cuando los contribuyentes sean atendidos por algunos servidores públicos del SAT, éstos tendrán la obligación de llevar un registro de público pormenorizado de tales audiencias

II. Consideraciones de las comisiones.

Las comisiones estiman que las reformas y adiciones propuestas deben de ser desechadas, toda vez que en primera instancia, y dado que por lo general es implacable la función realizada por !a autoridad fiscal, sería conveniente ponderar con mayor detenimiento que pudiera solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Lo anterior, debido a que pudiera prestarse a abusos por parte de la autoridad que, en última instancia, vulnerarían las garantías de los particulares, ello considerando que, en muchos de los casos éstos no cuentan con los medios suficientes para ejercer los medios de defensa que la ley les otorga o bien, el daño causado por la autoridad implique un acto consumado que no pueda ser controvertido.

En cuanto al registro público que deben llevar los servidores públicos respecto de los contribuyentes que atiendan, cabe mencionar que tal medida también se considera improcedente, toda vez que, por un lado, ello implicará un desgaste de tiempo de los servidores públicos, aunado a que, por lo general, en las oficinas gubernamentales se suele registrar una agenda o bitácora sobre las audiencias que los particulares soliciten a las autoridades.

Asimismo cabe mencionar que por virtud de las disposiciones contenidas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no sería necesario el establecimiento de un registro público en el sentido propuesto.

En ese tenor, las comisiones estiman que, por virtud del presente dictamen, la minuta que se dictamina debe de ser desechada.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, las comisiones se permiten someter a la consideración del Honorable Senado de la República, la aprobación del siguiente dictamen con proyecto de

ACUERDO

UNICO. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, turnada el día 2 de septiembre de 2003.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República a los seis días del mes de noviembre de 2003.--- Comisión de Hacienda y Crédito Público.--- Senadores: Fauzi Hamdan Amad, Presidente; Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Secretario; Demetrio Sodi de la Tijera, Secretario: Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Gómez Esparza, Raymundo Gómez Flores, Víctor Manuel Méndez Lanz, Dulce María Sauri Riancho, David Jiménez González, Gerardo Buganza Salmerón, Héctor Larios Córdova, Alberto Miguel Martínez Mireles, Rodimino Amaya Téllez y Verónica Velasco Rodríguez.

Comisión de Estudios Legislativos, Primera.--- Senadores: Antonio García Torres, Presidente; Orlando Alberto Paredes Lara, Secretario; José Alberto Castañeda Pérez, Secretario; Miguel Sadot Sánchez Carreño, Rubén Zarazúa Rocha, Juan José Rodríguez Prats y Jorge Nordhausen González.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobaron los siguientes

Puntos de Acuerdo

``Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que lleve a cabo la revisión del Presupuesto para el año 2003, a efecto de que se canalicen, a la brevedad, los recursos económicos y se dé continuidad a los trabajos de construcción del tramo carretero Mazatlán-Durango según el convenio establecido con los Estados de Sinaloa y Durango.

Segundo. Se exhorta a la H. Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que dentro del presupuesto del año 2004 contemple mayores recursos para la culminación de este trascendental proyecto y lo considere como prioritario.

Tercero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que convoque a la brevedad posible a la licitación de la obra para la construcción del tramo carretero San Blas-Nayarit de la carretera Tepic-Mazatlán y considere este proyecto como una prioridad dentro de su programa de trabajo para el año 2004.''

Atentamente.

México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

``Unico. Se exhorta a la H. Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Salud, a que dentro del Proyecto de Decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2004, considere la posibilidad de destinar los recursos necesarios para la construcción de un hospital pediátrico en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa; que brindaría servicios a los municipios circunvecinos de Concordia, Rosario, Escuinapa, Cosalá, Elota y San Ignacio a la vez que beneficiará a 200 mil infantes aproximadamente del sur de Sinaloa.''

Atentamente.

México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

``Unico: Se solicita respetuosamente como una gran prioridad al Poder Legislativo y al Secretario de Salud, se otorguen mayores recursos para el ejercicio presupuestal del año 2004, que se reclaman como necesarios para contar con centros hospitalarios en las ciudades de Guadalupe y Linares, del Estado de Nuevo León.''

Atentamente.

México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo, a propuesta del senador Adalberto Arturo Madero Quiroga:

``Unico. Se exhorta a la H. Cámara de Diputados, a fin de que haciendo uso de sus atribuciones, implemente adecuaciones en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de que se otorguen recursos por 260 millones de pesos, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la ampliación del ``Libramiento Noroeste'' de Monterrey, Nuevo León.''

Atentamente.

México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

``PRIMERO. Se exhorta a las autoridades educativas y hacendarias del Ejecutivo Federal, así como a la Colegisladora, a que en correspondencia con la planeación nacional, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 sea congruente con las necesidades reconocidas y los mandatos legales en la materia;

SEGUNDO. Se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, de Cultura, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 que esa Colegisladora apruebe -reconociendo la objetividad de las restricciones de recursos- se asignen recursos suficientes al sector educativo que permitan ir avanzando hacia el mandato legal relativo al porcentaje del PIB que el sector público del país debe aplicar para alcanzar el porcentaje definido del 8% en el año 2006;

TERCERO. Se exhorta a ambos grupos de interlocutores a:

Garantizar los recursos suficientes para cubrir la demanda de educación preescolar obligatoria, en los términos de la reforma constitucional al respecto, considerando infraestructura, equipamiento, materiales, personal y sobre todo población por atender;

Incrementar, en materia de educación superior, el monto y promover la revisión los criterios y los ponderadores para la asignación de recursos del subsidio ordinario federal; se revise la normatividad para la asignación de recursos de programas especiales, cuidando la equidad y garantizando que se otorguen de manera directa a las Universidades e Instituciones de Educación Superior, con el propósito de que, de una vez por todas, se definan criterios objetivos, neutrales y equitativos para la distribución de recursos, así como tomar medidas para que les sean respetados los ingresos que ellas mismas generen, cuidando en todo momento que sean reinvertidos en actividades sustantivas;

Dar forma de manera permanente y estable al Fondo presupuestal para la Equidad y el Fortalecimiento de la Educación Superior como garantía para el adecuado desarrollo institucional de las universidades públicas de las entidades federativas;

Tomar las medidas necesarias que permitan fortalecer los recursos asignados a aquellas universidades públicas estatales cuyo rezago histórico y condiciones actuales las ponen en situación precaria y de alto riesgo, elevando el monto de sus subsidios de tal manera que permita resarcir los desequilibrios financieros y presupuestales que presentan.

Definir incrementos en los Ramos 11, 25 y 33 para infraestructura, que permitan a los actores educativos realizar las tareas que les corresponden en condiciones pedagógicas dignas, así como para previsiones salariales que permitan a los trabajadores de la educación de todos los niveles no perder su poder adquisitivo.

Definir criterios claros y objetivos de distribución de recursos para el financiamiento de los servicios educativos en los estados para sostener una educación equitativa y de calidad;

Tomar medidas que impidan que eventuales recortes presupuestales afecten al sector educativo, así como para evitar que haya subejercicio de los recursos autorizados.

Hacer los esfuerzos necesarios para que los recursos destinados a la educación en todos sus niveles y modalidades, sean asignados a los distintos sectores educativos y aplicados de manera eficiente en las áreas y programas prioritarios que cubran las mayores necesidades educativas de país.''

Atentamente.

México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó los siguientes

Puntos de Acuerdo

``PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, valore los efectos negativos de la desincorporación de los organismos públicos señalados en la propuesta contenida en el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal del año 2004.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores solicita respetuosamente a los señores legisladores que integran la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, para que en el ejercicio de sus facultades y en el marco del análisis del Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal correspondiente del ejercicio fiscal del año 2004 no autoricen, ni permitan la desincorporación de las empresas Exportadora de Sal, S.A. de C.V. y Transportadora de Sal, S.A. de C.V., por los efectos que traería en el desarrollo económico y social del Estado de Baja California Sur.''

Atentamente.

México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y remítase copia a las comisiones exhortadas para su conocimiento.

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LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día de hoy, aprobó el acuerdo económico número 1134/03, del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se remite propuesta de iniciativa que reforma y adiciona el artículo 37 Bis de la Ley General de Educación.

Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2003, Año de la Equidad en Jalisco.''

Guadalajara, Jalisco, a 29 de octubre de 2003.--- Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos diputados:

El que suscribe, diputado José de Jesús García García, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en esta LVI Legislatura, en uso de las facultades que me concede la Constitución Política del estado de Jalisco en su artículo 28, fracción I, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, 86 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de este H. Congreso una iniciativa de acuerdo económico mediante el cual se propone al H. Congreso de la Unión que se adicione un artículo 37 Bis de la Ley General de Educación, misma que presento con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I.- Los valores de la sociedad se encuentran íntimamente ligados a la educación, aquella que es recibida por los padres y también aquella recibida en las aulas, en la primera será responsabilidad de cada individuo, conforme a sus convicciones y su libertad inherente como persona humana, buscar las formas y tiempos de transmitir conocimientos y valores. Pero en la segunda, es decir, en la impartida en las aulas, sobre todo en las públicas, corresponde al Estado dictar las políticas que cubran las expectativas de una sociedad compleja y exigente. En este tenor, el problema educativo en México afronta diversos tópicos, entre ellos el de la admisión de los menores a las escuelas y que, en referencia a ellos, y por acuerdo de la Secretaría de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de marzo de 1996, el cual reforma el artículo 2º del diverso acuerdo 181, donde se estableció el criterio de que la edad mínima para ingresar al primer grado en las escuelas del país era de seis años cumplidos al primero de septiembre; existiendo dicho acuerdo, en abril del año 2002 se expidió otro acuerdo bajo el número 312, en el que nuevamente se refrenda dicho requisito de tener seis años al día de inicio de periodo escolar, como lo es el día primero de septiembre.

2.- Actualmente debido a las reformas de los artículos 3º y 31 constitucionales, que establecen como obligatoria la educación preescolar en nuestro país, así como el artículo Quinto transitorio de dicha reforma de fecha 12 de noviembre del año 2002, debido a su publicación el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se establecen los parámetros para ir aceptando gradualmente a los infantes que ingresarán a los distintos niveles de educación preescolar, en algunas instituciones educativas de nuestra entidad no fueron aceptados menores en grados que, de acuerdo con su edad y por derecho, les correspondía, en virtud de que ya habían cursado el grado correspondiente, lo que a los ojos de toda la ciudadanía es equivalente a reprobar o repetir el curso, sin embargo, a criterio y consideración de la autoridad educativa, esto no corresponde a reprobar sino a ``reforzar sus conocimientos necesarios para adquirir la madurez suficiente''.

3.- Preocupado por tal afectación de la continuidad académica, gradual y psicológica de los menores -toda vez que al dejarlo repetir se lesiona su autoestima, pues el menor piensa que reprobó-, distintos diputados de la presente Legislatura hemos presentado acuerdos económicos en los que se solicita a la autoridad educativa que admita a dichos escolares, volviéndose un problema cíclico y tema reiterado en esta tribuna.

4.- Es necesario tomar decisiones que pongan remedio a esta situación, pero sin afectar los intereses de los escolares ni de los padres de familia, por tanto urge que sea definida la edad en que deban ser admitidos en el sector educativo, en sus niveles preescolar y primaria, eliminando la admisión del ciclo escolar de admisión al día 1 de septiembre -como si hasta ese mes ``automáticamente'' se hayan repartido todos los atributos para ser escolar-, y en cambio podamos adoptar el criterio del año natural, mismo que en justicia impera para realizar el Servicio Militar Nacional, adquirir el derecho a votar, ser sujeto de responsabilidad civil o penal o, sin ir tan lejos, de ser acreedores a la imposición de vacunas en el caso de los infantes, etcétera.

En conclusión, se propone adoptar como requisito de admisión en cuestión de edad el factor del año natural correspondiente al año completo, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre, por lo que, para la admisión de dichos menores que pretenden ser inscritos y admitidos a los niveles preescolar y primaria debe corresponder cuando cumplan los 3 años para el primero y los 6 años dentro del segundo, atendiendo al año natural, pues resulta inverosímil que la madurez de un niño para ser escolar se determine por haber nacido en el periodo anterior al 1 de septiembre y que por haber nacido el menor con fecha posterior no tiene el mismo grado de madurez que el que nació antes, siendo que de la generalidad que cumplieron la edad requerida y vigente en estos momentos tienen el mismo grado de desarrollo mental y ``madurez'' que los que ya fueron aceptados.

5.- La propuesta aquí vertida obedece al interés de procurar el desarrollo integral y productivo de la infancia escolar, pues si tomamos en consideración que el promedio de vida es de 70 años y la vida productiva es un promedio de 40 años, sin que se tome en cuenta el caso de que cada vez es menor el campo de acción de profesionistas, técnicos, etcétera, frente a la competitividad y el crecimiento desproporcionado de la población, se estaría restando un año de vida productiva al futuro ciudadano, quien por el error de que sus padres lo trajeran a este mundo con posterioridad a la fecha en que la autoridad educativa acordó que no fueran admitidos sino hasta el periodo inmediato posterior al grado de ingreso correspondiente, lo sitúa en desventaja de los menores de su misma edad, pero que nacieron por fortuna en dicho periodo; incluso se ha llegado al absurdo provocar en el ánimo de los padres de familia la concepción programada de acuerdo a los programas y planes de la Secretaría para que sus hijos no sean concebidos antes del 1 de septiembre del respectivo año, lo cual definitivamente atenta contra la misma dignidad humana.

Es por lo anterior que propongo a esta honorable Asamblea el acuerdo económico en el que se propone una reforma para que el H. Congreso de la Unión se aboque a su estudio y, de ser procedente, establezca la adición del artículo 37 Bis de la Ley General de Educación en los términos aquí expresados, y solicita a las Legislaturas locales su adhesión al mismo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la alta consideración de este H. Congreso, la siguiente iniciativa de

Acuerdo Económico

Primero.- Gírese atento y respetuoso oficio a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión mediante la cual se remite propuesta de iniciativa de reforma que adiciona un artículo 37 Bis de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

37-Bis.- Para efectos de admisión de aspirantes a integrarse a estudiar educación de tipo básica obligatoria que señala el artículo 3º constitucional en su párrafo segundo, la edad requerida del aspirante será tomada en consideración conforme al año natural en que cursen el grado que corresponde, del l de enero al 31 de diciembre del año en que inicie el respectivo ciclo escolar.

Transitorio

Unico.- La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o el que determine para la entrada en vigor el H. Congreso de la Unión.

Segundo.- Gírese atento y respetuoso oficio a las Legislaturas de los estados para que, de así determinarlo, se sirvan expresar su adhesión y apoyo al cuerpo de la presente iniciativa.

Guadalajara, Jalisco, a 28 de octubre de 2003.--- Dip. José de Jesús García García (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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ARTICULO 55 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada hoy, aprobó el acuerdo económico número 1128/03, del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se aprueba emitir iniciativa de ley que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por instrucciones de la directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2003, Año de la Equidad en Jalisco.''

Guadalajara, Jalisco, a 23 de octubre de 2003.--- Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos Diputados:

Los que suscribimos, diputados Luis Angel Meraz Ríos y José León Valle, con base en la facultad que nos otorga el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del estado, y de conformidad con las disposiciones de los artículos 85, 88 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de este H. Congreso iniciativa de acuerdo económico que remite una iniciativa de ley al H. Congreso de la Unión para reformar el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustentándola en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El Estado, como ente investido del poder soberano, deposita el ejercicio de sus atribuciones en la autoridad, la cual, en su sentido más amplio, representa la parte visible de la forma de organización jurídico-política que como nación hemos adoptado.

A través del sistema de representación que considera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ideado para elegir a los funcionarios que habrán de integrar el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se hace realidad la continuidad institucional del gobierno y se actualiza uno de los principios en que se sustenta la vida democrática del país.

De esa manera, mediante el voto libre y directo, se brinda a los ciudadanos la posibilidad de participar en la renovación de las estructuras gubernamentales, al elegir de entre los miembros de su propia comunidad a quien habrá de representarlos.

El desarrollo de las teorías políticas sobre el sistema representativo se ha ido perfeccionando a la par de la evolución social, siempre como resultado de las experiencias históricas de un pueblo, que adapta los principios generales elaborados por los pensadores a las circunstancias sociales, culturales, económicas y religiosas, entre otras, que se viven en un lugar y una época determinados.

Sin embargo, si se prescinde del ropaje jurídico con que se da forma al sistema de representación para hacerlo viable desde un punto de vista constitucional, es posible seccionar sus elementos fundamentales; es decir, los que originan su nacimiento, le confieren su razón de ser y permanecen sólidos a lo largo del tiempo, ejercicio mediante el cual se comprenden más claramente las razones de una práctica que, en la mayoría de las ocasiones, se toma como verdad absoluta que no requiere ningún tipo de argumentación para justificar su existencia.

En ese orden de ideas, en su concepción más primitiva, por mencionarlo de algún modo, el régimen de representación popular nace por tres causas principales.

En primer lugar, por la necesidad práctica de que sólo algunos de entre la población funcionaran como líderes de la comunidad, coordinando y dirigiendo los esfuerzos de todos para conseguir un objetivo común. Incluso en los modelos democráticos más rígidos -entendiendo democracia en su acepción lingüística original como ``el gobierno de todos''- resultaba imposible la participación directa de cada uno de los ciudadanos en las tareas de gobierno.

En segundo término, la representación surge como un intento de frenar los abusos del poder, al someter al escrutinio ciudadano la actuación de un servidor público y, en caso de haber desempeñado su papel en perjuicio del bienestar de la sociedad, evitar su permanencia indefinida.

Por último, mediante la representación, se buscó que quienes estuvieran dentro de los supuestos propios de cada forma de organización política pudieran aspirar a los puestos públicos.

En un régimen democrático, esto último es de suma trascendencia, pues afirma la importancia de que los ciudadanos tomen parte activa en la vida política de su país, así como la necesidad de que su población se encuentre suficientemente preparada, pues al no exigirse un requisito especial de formación para ocupar un cargo de elección popular, cualquier ciudadano puede aspirar a él y, por tanto, su desempeño dependerá en gran medida de los conocimientos y la experiencia previos adquiridos a lo largo de su existencia.

Por lo anterior, es claro que quien se encuentra en el servicio público, sobre todo quien ha sido elegido por los ciudadanos, tiene una gran responsabilidad, que en el contexto actual es fácil que se olvide, ya que las circunstancias políticas e incluso legales que rodean el sistema de representación democrática no favorecen una verdadera comprensión de los motivos que la originaron y, como consecuencia, limitan su eficiencia en favor de la sociedad.

II. Cuando se ejerce un encargo público, se adquiere el compromiso con los ciudadanos de llevarlo a cabo con profesionalismo y honestidad, dedicando toda la energía a dicha labor y desquitando con resultados concretos, por así decirlo, la remuneración proveniente del dinero de los ciudadanos.

Ese compromiso, cuando se asume cabalmente, implica sacrificios y la anteposición de los intereses generales a los particulares, lo cual de ninguna manera es heroico, pues quien se adentra en el servicio público por convicción sabe de antemano a qué debe enfrentarse.

En la actualidad, es común que quienes desempeñan un encargo de representación popular quieran de igual manera continuar su carrera política en otro puesto de elección, para lo cual comienzan a contactar a los ciudadanos y a realizar campañas formales en los tiempos marcados en la ley de la materia, aun cuando su encargo constitucional no ha concluido.

No es el propósito de la presente iniciativa debatir sobre los pros o contras de lo anterior, pero sí regular un hecho derivado de la situación mencionada.

Para ello hay que ser muy claros: quien realiza actos de campaña mientras desempeña un encargo de elección popular descuida este último, ya que no dedica toda su concentración y energía al puesto por el que libremente contendió.

Con esto no me refiero a que se labore en horas de trabajo. La acción partidista podrá llevarse a cabo fuera del horario estrictamente marcado para la institución.

Sin embargo, aunque ello sea totalmente legal, se contrapone a los principios éticos que deben regular el servicio público de los representantes populares, viola el compromiso adquirido con los ciudadanos y demuestra una incomprensión, en ocasiones no producto de la mala fe, sobre la dimensión del ser de su cargo de representación, como se ha señalado.

Aún más: se recibe un sueldo que no se ``desquita'', factor de los que principalmente se inconforma el pueblo.

Como en todo acto de la vida, tenemos que asumir las consecuencias de nuestras opciones. Si un servidor público opta por aspirar a otro puesto de elección popular, debe saber de antemano que su decisión implica pedir licencia al encargo que desempeña y, como tal, dejar de recibir una remuneración. Tan sencillo y tan justo como eso, tal como sucedería en cualquier trabajo no público cuando la persona no estuviera dedicada de lleno a él.

III. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en los artículos 55 y 58 los requisitos de elegibilidad para ser diputado y senador al Congreso de la Unión, respectivamente.

Esos requisitos establecen el tiempo de anticipación con que ciertos servidores públicos designados deben separarse de su puesto cuando deseen postularse a los cargos de elección mencionados.

Con la iniciativa que hoy se presenta se pretende incluir en los requisitos de elegibilidad uno que establezca que quien aspire a ser diputado o senador, y se encuentre desempeñando con anterioridad a los comicios un cargo de elección, deberá pedir licencia a éste dentro del periodo comprendido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para presentar ante el órgano respectivo la solicitud de registro como candidato.

De esa manera, legalmente podrá exigirse la debida congruencia que implica la responsabilidad de representar a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones públicas del Estado.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso el siguiente punto de

Acuerdo Económico

Unico. El H. Congreso del estado de Jalisco, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba remitir al H. Congreso de la Unión iniciativa de ley que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el texto siguiente:

Iniciativa de ley que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Unico. Se adiciona una fracción VIII al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 55. ...

I. a VII. ...

VIII. Pedir licencia a su encargo, dentro de los plazos que señala la ley para el registro de candidaturas de diputados y de senadores electos por el principio de mayoría relativa, tratándose de servidores públicos que se encuentren desempeñando un encargo de elección popular con anterioridad a dicho plazo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Envíese el presente decreto a las Legislaturas de los estados para efectos del cómputo a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Guadalajara, Jalisco, a 23 de octubre de 2003.--- Diputados: Luis Angel Meraz Ríos, José León Valle (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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ARTICULOS 14 Y 22 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Abraham Bagdadi Estrella:

Con su permiso, señor Presidente.

Daré lectura a una breve exposición de motivos. Por falta de tiempo voy a pedir que se integre la totalidad de la iniciativa al Diario de los Debates, por favor.

El suscrito, diputado Abraham Bagdadi Estrella, miembro de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa que reforma el párrafo II del artículo 14 y el último párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente exposición de motivos:

La democracia política más perfecta, representativa o directiva, sería un régimen absoluto y totalitario si el poder del pueblo fuese en ella ilimitado. Sus reglas son sin duda las mejores para quien puede decir y cómo debe decidir, pero no bastan para legitimar cualquier decisión o ausencia de decisión. Ni siquiera por unanimidad puede un pueblo decidir que un hombre muera o sea privado sin culpa, de su libertad.

El día de hoy vengo ante esta honorable Asamblea para que juntos todos, legisladoras y legisladores, demos de una vez punto final a la mancha que significa para nuestra Carta Magna el hecho de tener inscrita la permisibilidad de la pena de muerte, paradójicamente en el capítulo de las Garantías Individuales del Máximo Ordenamiento Legal del país.

En México la historia de la pena capital no es reciente y su discusión mucho menos. Si bien es cierto que la Constitución de 1824 no habla al respecto, tampoco la garantía de su ausencia de aplicación está inscrita en la Ley, por consecuencia, el legislador ordinario en cualquier momento podría prescribirla. Es hasta la Constitución de 1857 cuando se realiza una mención específica de la pena capital, es así que el artículo 23 de dicho ordenamiento legal cita:

``Para la abolición de la pena de muerte queda a cargo del poder administrativo establecer en la mayor brevedad el régimen penitenciario, entre tanto, queda prohibida para los delitos políticos y no podrá extenderse a otros casos más que para el traidor a la patria en guerra extranjera, al saltea-dor de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley''.

En la Constitución de 1917, el cuarto párrafo del artículo 22 prohibe la pena a quien cometa delitos políticos, sin embargo, faculta al legislador, tanto federal como al del fuero común, a sancionar con pena de muerte al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.

Considero que es clara y precisa la voluntad del legislador de 1857 y de 1917 al imponer la pena capital para casos especiales; se traducía que en ese momento histórico nuestro país no contaba con un sistema penitenciario capaz de rehabilitar a los delincuentes. A efecto de ofrecerle con mayor claridad esta apreciación, cito textualmente las palabras que expresara el diputado Arriaga el 25 de agosto de 1856:

La pena de muerte es necesaria mientras no existen penitenciarías con qué sustituirla. Ya es bastante adelanto abolir la pena capital para los delitos políticos.

Compañeras y compañeros legisladores: si bien es cierto que la readaptación social es un escollo que no hemos podido superar en México, también es cierto que la aplicación de la pena de muerte en el país ha sido suprimida en todos los ordenamientos penales del país.

Hoy día nuestra nación forma parte del grupo de 21 países del mundo que se consideran abolicionistas de hecho; sin embargo, ya es tiempo que demos una muestra clara de nuestra tendencia a favor de la legalidad y congruencia.

No es comprensible que un país como el nuestro, que en reiteradas ocasiones se ha manifestado en contra de las cerca de 54 sentencias de pena capital a nuestros compatriotas en Estados Unidos de América, siga difiriendo la abolición en nuestro marco constitucional de la pena de muerte.

Se ha dicho, con razón, que un pueblo únicamente puede progresar cuando cuenta con un buen gobierno y es evidente que un buen gobierno se funda siempre en un auténtico orden jurídico, un derecho justo. La experiencia nos enseña que no son útiles ni duraderas porque antes o después, más bien que en el orden desembocan en la revolución.

Un país como el nuestro que presume refrendar el Estado de Derecho tiene necesariamente que garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, ya que ninguna nación puede disponer de la vida de cualquiera de sus ciudadanos aunque éstos hayan cometido conductas delictivas graves.

Otorgar al Estado la potestad de disponer libremente de la vida, nos pondría de nueva cuenta en la antesala de la tortura y las penas inhumanas. A aquellos que estamos en contra de la pena de muerte, nos asiste la razón jurídica y la razón moral.

La razón jurídica, porque si bien es cierto que el artículo 22 de nuestra Constitución la admite para casos especiales, también es cierto que nuestro país ha firmado tratados internacionales que la prohiben, tales como la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, la cual expresa en su artículo 3º: ``No se reestablecerá la pena de muerte en los países que la han abolido'', y hoy día, en ningún ordenamiento del país se encuentra establecida, ya que todos los estados de la República fueron desechándola de sus legislaciones locales de manera sucesiva en el transcurso del tiempo.

Cabe aclarar que los tratados internacionales, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política mexicana, tienen carácter en nuestro país de ley suprema. Por consecuencia, en ningún estado se podría legislar en la materia porque contravendría nuestra Constitución.

De igual manera, la razón moral nos asiste, ya que como hemos expresado en líneas anteriores, el sentimiento del legislador de 1857 estaba únicamente fundado en el hecho de que no existía un régimen penitenciario en el país y hoy día sí lo hay.

Si bien es cierto, hay que reconocer que la readaptación social es uno de los retrasos en la agenda nacional, este problema, a más de un siglo, no puede ser culpa del gobernado, sino del que ostenta el poder, ya que es una obligación del Estado garantizarla en los términos del segundo párrafo del artículo 18 constitucional que expresa: ``Sólo por delito que merezca pena corporal, habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

``Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.''

El fin primario de la pena es el reestablecimiento del orden externo en la sociedad; para lograr este fin se requiere que se reúnan las siguientes características: ejemplar, intimidatoria, coercitiva, justa y eliminatoria. No hay cabida para la corrección en la pena de muerte, porque el individuo acusado no tiene la oportunidad de probar su inocencia y nunca podrá demostrar que puede rehabilitarse en la sociedad.

Por lo tanto, la pena de muerte no es una pena por no reunir los requisitos necesarios para ella ni pretende el reestablecimiento del orden externo de la sociedad y lo que es peor, provoca un desorden interno terrible que conmueve las conciencias.

La pena de muerte no forma ni formará parte de la esencia de un estado democrático, su sola mención en el marco de su legislación, habla de un régimen represivo, incapaz de formular políticas públicas capaces de dignificar al individuo.

Es por lo anterior que propongo ante esta honorable Asamblea, que reformemos el segundo párrafo del artículo 14 y el último párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 y el párrafo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 22. En los Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida la pena de muerte.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 14 y el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.

El suscrito, diputado Abraham Bagdadi Estrella, miembro de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de la Asamblea de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 14 y el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La democracia política más perfecta, representativa o directa, seria un régimen absoluto y totalitario si el poder del pueblo fuese en ella ilimitado.

Sus reglas son sin duda las mejores para quien, puede decidir y como deber decidir, pero no bastan legitimar cualquier decisión o ausencia de decisión. Ni siquiera por unanimidad puede un pueblo decidir que un hombre muera o sea privado sin culpa de su libertad.

El día de hoy vengo ante esta Cámara de Diputados Federal, para que juntos todos, legisladoras y legisladores, demos de una vez punto final a la mancha que significa para nuestra Carta Magna, el hecho de tener inscrita la permisibilidad de la pena de muerte, paradójicamente en el capítulo de las garantías individuales de el máximo ordenamiento legal del país.

En México la historia de la pena capital no es reciente, y su discusión mucho menos. Si bien es cierto que la constitución de 1824 no habla al respecto, tampoco la garantía de su ausencia de aplicación está inscrita en la ley, por consecuencia el legislador ordinario en cualquier momento podría prescribirla.

Es hasta la constitución de 1857 cuando se realiza una mención específica de la pena capital, es así que al artículo 23 de dicho ordenamiento legal cita:

``Para la abolición de la pena de muerte, queda a cargo del poder administrativo establecer en la mayor brevedad, el régimen penitenciario, entre tanto queda abolida para los delitos políticos, y no podrá extenderse a otros casos más que para el traidor a la patria en guerra extrajera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, a los delitos graves del orden militar, y a los de piratería que definiere la ley.''

En la constitución de 1917, el cuarto párrafo del artículo 22 prohíbe la pena a quien cometa delitos políticos, sin embargo faculta al legislador tanto federal como el del fuero común a sancionar con pena de muerte al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.

Considero que es clara y precisa que la voluntad del legislador de 1857, y de 1917, al imponer la pena capital para casos especiales, se traducía, en que en ese momento histórico, nuestro país no contaba con un sistema penitenciario capaz de rehabilitar a los delincuentes, a efecto de ofrecerles con mayor claridad esta apreciación cito textual- mente las palabras que expresara el diputado Arriaga el 25 de agosto de 1856:

``La pena de muerte es necesaria mientras no existan penitenciarías con que sustituirlas, ya es bastante adelanto abolir la pena capital, para los delitos políticos?''

Compañeras legisladores, si bien es cierto que la readaptación social es un escollo que no hemos podido superar en México, también es cierto que la aplicación de la pena de muerte en el país ha sido suprimida en todos los ordenamientos penales del país.

Hoy en día nuestra nación forma parte del grupo de 21 países en el mundo que se consideran abolicionistas de hecho, sin embargo, ya es tiempo que demos una muestra clara de nuestra tendencia a favor de la vida, sin cortapisas.

No es comprensible que un país como el nuestro que en reiteradas ocasiones se ha manifestado en contra de las cerca de 54 sentencias a la pena capital de nuestros compatriotas en Estados Unidos de América siga difiriendo la abolición de nuestro marco constitucional de la pena de muerte.

Se ha dicho, con razón, que un pueblo únicamente puede progresar cuando cuenta con un buen gobierno, y es evidente que un buen gobierno se funda siempre en un autentico orden jurídico, en un derecho justo. La experiencia nos enseña que son útiles ni duraderas porque, antes o después, más bien que en el orden desembocan en la revolución.

Un país como el nuestro que presume certificar el Estado de Derecho, tiene que necesariamente garantizar el pleno respeto de los derechos humanos ya que ninguna nación puede disponer de la vida de cualquiera de sus ciudadanos aunque éstos hallan cometido conductas delictivas graves. Otorgar al estado la potestad de disponer libremente de la vida, nos pondría de nueva cuenta en la antesala de la tortura y las penas inhumanas.

A aquellos que estamos en contra de la pena de muerte nos asiste la razón jurídica y la razón moral:

La razón jurídica, porque si bien es cierto que el artículo 22 de nuestra Constitución la admite para casos especiales, también es cierto que nuestro país a firmado tratados internacionales que la prohíben, tales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos la cual expresa en su artículo tercero que no se restablecerá la pena de muerte en los países que la han abolido, y hoy en día en ningún ordenamiento del país se encuentra establecida, ya que todos los estados de la República fueron desechándola de sus legislaciones locales de manera sucesiva en el transcurso del tiempo. Cabe aclarar que los tratados internacionales de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política Mexicana, que a la letra expresa:

De igual manera la razón moral nos asiste ya que como hemos expresado en líneas anteriores, el sentimiento del legislador del 57 estaba únicamente fundado en el hecho de que no existían un régimen penitenciario en el país, y hoy en día sí lo hay, si bien es cierto hay que reconocer que la readaptación social es uno de los retrasos en la agenda nacional, este problema a mas de un siglo no puede ser culpa del gobernado, sino del que ostenta el poder, ya que es una obligación del Estado garantizarla en los términos del segundo párrafo del artículo 18 constitucional, que expresa:

``Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.''

El fin primero de la pena es el restablecimiento del orden externo en la sociedad, para lograr este fin se requiere que se reúnan las siguientes características: ejemplar, intimidatoria, coercitiva, justa y eliminatoria.

No hay cabida para la corrección en la pena de muerte, por que el individuo acusado no tiene la oportunidad de probar su inconciencia y nunca podrá demostrar su rehabilitación a la sociedad.

Por lo tanto la pena de muerte, no es una pena por no reunir los requisitos necesarios para ella, ni pretende el restablecimiento del orden externo de la sociedad y lo que es peor, provoca un desorden interno terrible que conmueve las conciencias.

La pena de muerte no forma, ni formará parte de la esencia de un Estado democrático; su sola mención en el marco de su legislación, habla de un régimen represivo, incapaz de formular políticas públicas capaces de dignificar al individuo.

Es por lo anterior que propongo ante esta honorable asamblea que reformemos el párrafo segundo del artículo 14 y el párrafo cuarto del artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente

Proyecto de Decreto

Que reforma el párrafo segundo del artículo 14 y el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 14.- ........

...

...

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

``Artículo 22.- ...

..........

........

En los Estados Unidos Mexicanos queda prohibida la pena de muerte.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2003.--- Dip. Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Como lo pide el señor diputado, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Oscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Oscar González Yáñez:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El impuesto al valor agregado en la política tributaria mexicana ha sido un objeto de múltiples polémicas, desde que dicho impuesto entró en vigor en 1980 y por lo visto seguirá siendo tema de debate de la política económica de nuestro país y de esta soberanía.

El Impuesto al Valor Agregado, en su propuesta original, contempló que no se aplicara al consumo a alimentos y medicinas, por el impacto que tendría en los consumidores de más bajos ingresos; a pesar de que gozaba del auge del ingreso petrolero, amplias capas de la población sufrían un retroceso en su nivel de vida y la caída en sus ingresos.

A la fecha, esta disposición se mantiene, aunque han sido varios los intentos que se han hecho para gravar en los renglones del consumo esencial a los mexicanos; por fortuna, hasta ahora esos intentos han sido fallidos.

A partir de su implantación en 1980, el IVA ha estado sujeto a tres reformas fundamentales: la primera reforma del 31 de diciembre de 1982 elevó el gravamen del 10% al 15%; después, en noviembre de 1991, bajó la tasa al 10%; finalmente, el 1o. de abril de 1995, se incrementó el impuesto al 15%.

Como puede observarse, los cambios hechos al IVA fueron producto de la estrategia de los gobiernos neoliberales, para enfrentar coyunturas específicas. Por esa razón el incremento de este impuesto fue para compensar situaciones de crisis de las finanzas públicas ante emergencias nacionales.

La debacle petrolera de 1982 y el colapso financiero de 1995, llevaron al Gobierno a castigar de manera inclemente las clases populares, lesionando de manera grave sus ingresos y, por tanto, afectando su nivel de vida al incrementar el impuesto al consumo.

Lo cierto es que el IVA ha sido un impuesto que ha jugado un papel determinante para solventar las crisis económicas, pero ha afectado a las clases populares.

Debemos tener claro que el impacto de este gravamen lesiona a los mexicanos más pobres.

Por ejemplo, el decil uno de las familias con menor ingreso gastan más del 50% del consumo en bienes básicos. En los subsecuentes deciles, si bien su efecto es menor, no deja de tener un efecto demoledor.

La política neoliberal también se vale de los instrumentos fiscales para la consecución de sus fines, sus intereses fundamentales están en el control de las variables macroeconómicas y no en aumentar los niveles de vida de los mexicanos.

Este dogma neoliberal ha sido, en lo fundamental, lo que ha impedido que el país crezca en los niveles deseados, que el mercado interno se haya contraído hasta límites no vistos en nuestro país.

El Gobierno Federal insiste en ampliar el IVA a los alimentos y medicinas, educación, servicios médicos, transporte público de pasajeros, libros, periódicos y revistas; tiene la perversa intención de desgastar y desprestigiar al Congreso, diciendo que si no aprobamos este impuesto la economía mexicana se caerá y será responsabilidad de los diputados.

Todos sabemos que dicha medida no es bien vista en el pueblo, pero sirve de señuelo para presentar a los legisladores como los responsables de obstaculizar las reformas foxistas que a todas luces son contrarias a los intereses de la población.

La propuesta del Ejecutivo Federal de gravar con el IVA a las medicinas y los alimentos no resuelve en nada los problemas estructurales de la economía mexicana, por el contrario, puede empeorarlos. La aplicación de esta medida no incrementará de manera sustancial los ingresos públicos, pero sí afectará de manera muy grave el poder de compra de los mexicanos más desprotegidos.

Debemos recordar que según cifras oficiales, más de la mitad de los mexicanos viven en extrema pobreza y gastan más del 50% de su ingreso en alimentos y medicinas.

La propuesta del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a diferencia del Ejecutivo Federal, considera una opción distinta en la que verdaderamente se reactive el mercado interno bajando el IVA del 15% al 10%, pero sin gravar alimentos y medicinas.

Los efectos en el mercado interno serían favorables porque la baja del IVA permitiría su mayor crecimiento; pero lo más importante es que permite compensar en términos rea-les, los ingresos de la población menos favorecida de manera directa y sin ninguna compensación ni subsidio clientelar.

Por eso consideramos que la baja del IVA del 15% al 10%, es mejor que cualquier programa compensatorio para combatir la pobreza y su impacto en el bolsillo del consumidor es inmediato.

Reiteramos, es necesario que protejamos el poder adquisitivo de las familias que menos tienen. Por eso son éstas las que dedican una mayor proporción de ingreso a la adquisición de bienes de consumos básicos como es el caso de alimentos y medicinas.

Debemos tener claro que la fortaleza de las finanzas públicas está en relación directa con el desarrollo económico y no de la confiscación de los ingresos de la población. En síntesis, la reforma fiscal a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que propone el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, tiene como propósito fundamental sentar las bases para una mayor recaudación progresiva del ingreso tributario. Pero también de ampliar la capacidad de compra de la población, generar las condiciones para la expansión del mercado interno. Pero sobre todo, cuidar el bolsillo de los sectores más pobres de nuestro país.

Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presenta iniciativa como

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo primero. Se reforman el segundo párrafo del artículo 1º; se reforman las fracciones IV, V y VI del artículo 1º-C; se deroga el artículo 2º y se deroga el párrafo noveno del artículo 4º Todos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 1º. El impuesto se calculará aplicando los valores que señala esta ley a la tasa del 10%. El Impuesto al Valor Agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

``Artículo 1º-C, fracción IV. Para tales efectos el Impuesto al Valor Agregado se calcula dividiendo la cantidad manifestada en los estados de cuenta como cobrado por el adquirente entre el 1.1, el resultado obtenido se restará la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el Impuesto al Valor Agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

Fracción V. Entre el 1.1 y 1, según se trate del documento que derive de operaciones efectuadas de la tasa del 10%. El contribuyente calculará el Impuesto al Valor Agregado a su cargo, por el total de la cantidad cobrada por el adquirente, dividiendo al valor del cobro efectuado entre el 1 y 1.1, se trate de documentos que deriven de operación efectuada del 10%.''

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Es una iniciativa presentada por el grupo parlamentario que busca dar certidumbre a la discusión que se está presentando en el Congreso, basándonos fundamentalmente en la tésis de que sí conviene bajar el IVA del 15 al 10%, pero que no es conveniente para el bolsillo de los sectores más pobres de nuestra sociedad el gravar alimentos y medicinas.

Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Al Valor Agregado, para reducir de 15 a 10 por ciento ese tributo, pero sin gravar alimentos ni medicinas, presentada por el diputado Oscar González Yánez, del grupo parlamentario del PT.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Presente.

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Impuesto al Valor Agregado en la política tributaria mexicana ha sido objeto de múltiples polémicas desde que dicho impuesto se puso en vigor el primero de enero de 1980. El gravamen que le antecedió, el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles no correspondía, en opinión de los expertos, a la realidad económica de nuestro país.

La implantación del Impuesto al Valor Agregado ofrecía ventajas técnicas como la simplificación en los trámites, mayor transparencia y eficiencia recaudatoria. Como lo señala el dictamen que le dio origen: ``El impuesto al Valor agregado representa en nuestros días un sistema moderno de recaudación, sin efectos deformadores sobre la producción, con grandes potencialidades recaudatorias y que permite un mejor control del sistema tributario en su conjunto.

Los países que tenían un impuesto en todas las etapas y con efectos acumulativos, como era el Impuesto sobre Impuestos Mercantiles, lo sustituyeron por el IVA; Francia lo adoptó en 1954 y otros países posteriormente lo incluyeron en su legislación tributaria.''

Los encargados de las finanzas públicas estaban convencidos de las bondades de la aplicación de este gravamen porque permitía que en el marco de nuestras relaciones comerciales se homologara nuestro sistema impositivo. Asimismo, consideró la situación económica de los sectores más desfavorecidos de nuestro país.

En ese sentido, el Impuesto al Valor Agregado en su propuesta original contempló el que no se aplicara al consumo de alimentos y medicinas por el impacto que tendría en los consumidores de más bajos ingresos. El dictamen en cuestión a la letra dice: ``... en esta materia, es de resaltar el propósito de coadyuvar con el Sistema Alimentario Mexicano a fin de proteger y mejorar el nivel de vida de la población menos favorecida, al extender la tasa del cero por ciento a todos los alimentos permitiendo a los contribuyentes acreditar el impuesto que le sea trasladado en todos los insumos y servicios que formen parte de su elaboración y comercialización''. Porque, no obstante que al inicio de la década de los ochentas México atravesaba por el auge petrolero, dado el carácter regresivo de la distribución del ingreso en nuestro país, amplias capas de la población sufrían la caída en sus ingresos.

A la fecha esta disposición se mantiene, aunque han sido varios los intentos que se han hecho para gravar estos renglones del consumo básico de los mexicanos.

A partir de su implantación en 1980 el IVA ha estado sujeto a tres reformas fundamentales. Partió inicialmente de una tasa del 10 por ciento que captó un 2.8 por ciento aproximadamente con respecto al PIB. Posteriormente, la reforma del 31 de diciembre de 1982 elevó el gravamen del 10 por ciento al 15 por ciento, el impacto de este cambio en la recaudación, obtuvo en promedio, un 3.2 por ciento con respecto al PIB, en un entorno de una severa crisis económica. Después en noviembre de 1991, bajó el impuesto del IVA al 10 por ciento, lo que trajo por consecuencia una baja en la recaudación del 2.8 por ciento con respecto al PIB, en promedio.

Finalmente, el 1 de abril de 1995, se incrementó el impuesto a 15 por ciento, impactando favorablemente la recaudación y elevándola ligeramente por arriba del 3 por ciento, con respecto al PIB. Para 2003, el estimado de recaudación es de 3.4 por ciento.

Como puede observarse los cambios habidos en el IVA fueron producto de la estrategia de los gobiernos neoliberales para enfrentar coyunturas específicas. En más de los casos, el incremento de este gravamen fue para compensar situaciones de crisis de las finanzas públicas ante emergencias nacionales. La debacle petrolera de 1982 y el colapso financiero de 1995 llevaron al gobierno a castigar de manera inclemente a las clases populares, lesionando de manera grave sus ingresos y, por tanto afectando su nivel de vida al incrementar el impuesto al consumo.

Con la reforma al IVA de 1992, se disminuyó el impuesto del 15 por ciento al 10 por ciento, y dicha modificación se hizo por motivos de claro tinte político y económico. Se requería implantar medidas que aliviaran el descontento social como lo fueron los programas sociales compensatorios y la baja del IVA. Pero, en el aspecto económico había que reactivar el mercado interno y el descenso de este gravamen, según los funcionarios del área económica de ese gobierno, permitía una mayor capacidad de consumo.

Lo cierto es que el IVA ha sido un impuesto que ha jugado un papel determinante para solventar las crisis económicas, pero afectando a las clases populares. Debemos tener claro, que el impacto de este gravamen lesiona a los más pobres. Por ejemplo, el decil I de la Encuesta de Ingresos y Gasto de los Hogares, por lo que respecta al consumo de bienes básicos, la población ocupada que pertenece a este decil, gasta más del 50 por ciento de sus ingresos en productos gravados por IVA, en los subsiguientes deciles, si bien es menor, su efecto no deja de ser demoledor.

La política neoliberal también se vale de los instrumentos fiscales para la consecución de sus fines. Su interés fundamental está en el control de las variables macroeconómicas, empezando por el control de la base monetaria, particularmente del crédito interno, con fines de control de la inflación; lo que los lleva por extensión al control del tipo de cambio, así como el control del déficit fiscal y un manejo adecuado de la balanza de pagos.

Este dogma neoliberal ha sido, en lo fundamental, lo que no ha permitido que el país crezca en los niveles deseados. Que el mercado interno se haya contraído hasta límites no vistos en nuestro país.

La propuesta del Gobierno Federal de bajar el IVA al 10 por ciento se inscribe en la orientación de impulsar el consumo y en consecuencia del mercado interno, con lo cual se evita gravar los salarios para no salirse del dogma neoliberal.

Al pretender aplicar el IVA a los alimentos, medicinas, educación, servicios médicos, transporte público de pasajeros, se pretende generalizar la aplicación del IVA, pero con un claro tinte político de desgastar al Congreso de la Unión, sabiendo que dicha medida no es bien vista por el pueblo, pero que sirve de señuelo para presentar a los legisladores como los responsables de obstaculizar las reformas foxistas, que a todas luces son contrarias al interés de la población.

La propuesta del Ejecutivo federal de gravar con el IVA a las medicinas y los alimentos no resuelve en nada los problemas estructurales de la economía mexicana. La aplicación de esta medida no incrementará de manera sustancial los ingresos públicos, pero si afectará de manera muy grave a amplios sectores de la población. Debemos recordar, que según cifras oficiales, más de la mitad de los mexicanos viven en extrema pobreza.

La propuesta del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a diferencia de la del Ejecutivo federal, considera una opción distinta en la que verdaderamente se reactive el mercado interno bajando el IVA del 15 por ciento al 10 por ciento, pero sin gravar alimentos y medicinas.

El efecto recaudatorio sería menor en el corto plazo, pero beneficiaría en lo inmediato a los sectores de más bajos ingresos. Por otra parte, los efectos en el mercado interno serían favorables porque la baja del IVA permitiría su mayor crecimiento, pero sobre todo porque este es un mecanismo directo que permite compensar, en términos reales, los ingresos de la población menos favorecida sin que para ello medien organismos públicos, que las más de las veces, se manejan con criterios clientelares induciendo a que la gente vote u otorgue su preferencia electoral al partido u organización política del que recibe el beneficio.

Por eso, consideramos que la baja del IVA del 15 por ciento al 10 por ciento, es mejor que cualquier programa compensatorio a la pobreza, que no representa ningún costo de carácter administrativo y su impacto en el bolsillo del consumidor es inmediato.

Reiteramos: es necesario que protejamos el poder adquisitivo de las familias que menos tienen, pues son éstas las que dedican una mayor proporción de su ingreso en la adquisición de bienes de consumo básico, como es el caso de alimentos y medicinas.

La enfermedad para una familia de escasos recursos tiene un efecto altamente vulnerable para su economía familiar, ya que se ven obligados para hacer frente a los gastos médicos, hasta empeñar su patrimonio, pues la salud de sus miembros es lo primero.

Los efectos residuales que tendría la baja del IVA, a favor de los sectores de más altos ingresos debe resarcirse por la vía del Impuesto sobre la Renta, gravando de manera equitativa el ingreso. Que paguen más dicho impuesto, los que más tienen.

Debemos tener claro que la fortaleza de las finanzas públicas está en relación directa con el desarrollo económico y no de la confiscación de los ingresos de la población. De por sí, en México, una gran parte de los ingresos públicos provienen de los causantes cautivos que son en lo fundamental los asalariados y de la evasión de las empresas privadas que están sujetas a regímenes de excepción, sobre todo las que tienen los recursos suficientes para evadir y eludir al fisco. Este es un elemento fundamental a considerar cuando se pretenda una reforma fiscal equitativa y proporcional.

En síntesis, la reforma fiscal a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que propone el grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene como propósito fundamental sentar las bases para una mayor recaudación progresiva de ingresos tributarios, pero también de ampliar la capacidad de compra de la población, generar las condiciones para la expansión del mercado interno, pero sobre todo, proteger el bolsillo de los sectores mas vulnerables del país.

Compañeras y compañeros diputados:

Por lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo primero, se reforman las fracciones IV, V y VI del artículo 1-C, se deroga el artículo 2°, y se deroga el párrafo noveno del artículo 4°, todos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 1.

...

I. a IV. ...

El impuesto se calculará aplicando los valores que señala esta ley, a la tasa del 10%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

...

...

...

Artículo 1-C....

...

I. a III. ...

IV. ``...'' Para tales efectos, el impuesto al valor agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrado por el adquirente entre 1.10. El resultado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

V. ``...'' entre el 1.10, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 10%. ``...''

...

VI. ``...'' El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo por el total de la cantidad cobrada por el adquiriente, dividiendo el valor del cobro efectuado entre el 1.10, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas del 10%. ``...''

...

Artículo 2. Derogado.

Artículo 4.

...

I. a III. ...

IV. ...

...

...

...

...

...

...

...

Se deroga.

Transitorio

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil tres.--- Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; J. Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY GENERAL DE EDUCACION
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 16 y el cuarto transitorio de la Ley General de Educación.

El diputado Iván García Solís:

Señor Presidente; señoras y señores legisladores:

En mi carácter de diputado federal a esta Legislatura y en ejercicio de la facultad constitucional que me concede el artículo 71, fracción II de la Constitución y su correlativo 51, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía la iniciativa de reforma del artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación, para lo cual me permito hacer la siguiente relación de motivos.

El 18 de mayo de 1992, es decir, hace más de 10 años, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre el Gobierno Federal, los gobiernos de los 31 estados de la República y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El acuerdo ---se dijo entonces--- tuvo como uno de sus propósitos centrales el reorganizar el sistema educativo y buscar una mejor concurrencia de los tres órdenes de gobierno que tuviera como finalidad ampliar la cobertura de los servicios educativos y elevar su calidad.

El acuerdo estableció convenios para que se delimitaran claramente las responsabilidades de las entidades federativas y cómo operarían el sistema de educación básica y normal.

De conformidad con esos convenios a partir de entonces correspondió a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos, de los que estaba al cargo la Secretaría de Educación Pública.

Para darle sustento legal a ese acuerdo, el Gobierno Federal, en 1993 promovió la transformación del marco legislativo, hablamos de la Ley General de Educación, que sustituyó a la antigua Ley Federal de Educación.

Este proceso de descentralización, repetimos, buscó garantizar algunas facultades y responsabilidades concurrentes entre los tres órdenes de gobierno y ello se plasmó en esa ley a que hemos hecho mención, la Ley General de Educación, del 12 de julio de 1993. Póngase atención en la fecha porque estamos por cumplir 10 años de ese fenómeno.

El modelo que sustentaba esta nueva idea educativa implicaba un importante crecimiento de la inversión educativa de los estados; ése era el objetivo confeso, cosa que no ocurrió. Póngase atención en este fenómeno. Lo que buscaba ese cambio estructural de la educación no ocurrió.

¿Por qué? Porque las crisis económica y la situación del país, la debilidad de los estados y las regiones impidió que el gasto educativo fuera más que proporcional de cómo era antes y en cambio la Federación siguió siendo la espina dorsal del sistema educativo, la garantía fundamental de que las mexicanas y los mexicanos tuviéramos una educación popular. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque implica que ese modelo, en ese sentido fracasó.

Desde la firma del acuerdo y luego con la expedición de la ley los gobiernos de las entidades asumieron el control de la educación básica, todos, excepto el Distrito Federal. ¿Por qué no? La razón fue esencialmente política y fíjense qué artículo transitorio se estableció, que es fuera de toda proporción y fuera de toda idea de republicanismo. Dice así:

``El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial básica, incluyendo la indígena y especial en el propio distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que acuerde con la organización sindical''. Subrayo, un transitorio que condiciona la aplicación de una ley al acuerdo con una entidad particular, representativa, importante, significativa, pero particular.

``A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se dijo y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la educación, corresponderán en el Distrito Federal, a la Secretaría de Educación Pública''. Es decir, se hizo la transferencia en todo el sistema educativo, excepto en el Distrito Federal.

Pues como se ve, mediante este transitorio el Gobierno Federal sujetó el proceso de transferencia a la voluntad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de tal modo que el mencionado artículo es el único obstáculo hoy, para que los servicios educativos del DF, pasen a manos del Gobierno en esta entidad federativa.

Estamos a 10 años de ese fenómeno y preguntamos si no es hora ya de corregir esta irregularidad, independientemente de que hay que hacer un análisis a fondo, una verdadera reestructuración, un verdadero cambio de la transferencia que se hizo entonces por Carlos Salinas y que continuó Zedillo y que por lo visto el Gobierno actual muy campante sigue esa ruta.

Yo llamo la atención de esta Legislatura para que pongamos un alto a esa inercia dañina en que se ha constituido este proceso de transferencia y busquemos una fórmula conjunta en la que el Legislativo tenga un papel destacado para hacer un cambio de raíz.

La nación lo pide, los trabajadores de la educación lo pedimos y por supuesto la niñez y los padres de familia son destinatarios de este fenómeno y por lo tanto tienen derecho a que la situación cambie.

Hay que decir que el Distrito Federal fue avanzando, se produjo una alternancia, fue aumentando las capacidades y facultades de esta entidad federativa en esa larga lucha por conquistar la autonomía plena y en ese proceso al conquistarse el derecho de legislar, la II Legislatura, prefiero llamarle así, aquí hay compañeras y compañeros de esa Legislatura, se estableció la Ley de Educación del Distrito Federal. Esta ley es una ley avanzada que contiene una gran cantidad de propuestas y derechos por los que se han luchado durante muchos años en el campo educativo.

Pero al Presidente Zedillo y a su Secretario de Educación no les gustó y la enviaron a controversia constitucional.

Pues bien, bien por la Corte en este caso porque la Corte resolvió el 15 de noviembre del 2001, por unanimidad ``que los poderes del Distrito Federal tienen pleno derecho a conducir su propio sistema educativo, incluida la prestación de servicios de educación superior''. Y lo menciono porque estamos planteando también que la educación normal pase a manos de las autoridades del Distrito Federal.

Pues he relatado este proceso de manera lo más breve posible. Yo creo que tendremos que regresar no una sino varias veces a estudiarlo, porque la Legislatura no puede ser omisa acerca de un problema tan importante.

Y yo simplemente quiero decir que hay las condiciones, hay el ánimo, hay la decisión, hay la necesidad, hay la voluntad federalista para que en esta entidad federativa donde tiene su cede el Poder Federal y donde estamos trabajando las diputadas y diputados de esta Legislatura, demos curso a esa transferencia de los servicios educativos en el Distrito Federal haciendo a un lado ese transitorio que también podría ser objetado desde el punto de vista de su constitucionalidad, pero que es mejor. En lugar de que la Corte corrija al Legislativo, es mejor que el propio Legislativo, esta Legislatura corrija a aquella otra que cometió el despropósito de condicionar a la voluntad de particulares el cumplimiento de una ley. Es decir, establecer un transitorio, que de suyo la palabra indica es para transitar, establecerlo para que no se transitara. Hay 10 años de por medio y no se ha transitado. Ahí está el resultado.

Entonces con estos antecedentes y ofreciendo una disculpa, compañeras y compañeros, por el tiempo presento la siguiente propuesta:

Decreto

Primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 16. Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán prestados en el Distrito Federal por el gobierno de esta entidad federativa.

Segundo. Se deroga el cuarto transitorio de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Cuarto. Derogado.

Artículo Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchas gracias, diputadas y diputados.

«Iniciativa que reforma el articulo 16 y el cuarto transitorio de la Ley General de Educación, a fin de que la transferencia de los servicios de educación básica y normal al Gobierno del Distrito Federal Sea concluida lo mas pronto posible, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD

En mi carácter de diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad constitucional que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía, la iniciativa de reforma del artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación, para lo cual me permito hacer la siguiente:

Exposición de Motivos

El 18 de mayo de 1992, en el marco del proceso global de descentralización que se promovió desde la cima del Estado mexicano, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) entre el Gobierno Federal, los Gobiernos de los 31 estados de la República y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Acuerdo tuvo como uno de sus propósitos centrales el reorganizar el esquema de organización y concurrencia de los tres ordenes de gobierno para extender la cobertura de los servicios educativos y elevar la calidad de la educación en todo el país. Así mismo, se proponía resolver los rezagos educativos, enfrentar los retos futuros, comprometer recursos crecientes para la educación pública y revalorar la carrera magisterial.

El Acuerdo establecía que, a fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo, el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas de la República celebrarían Convenios para establecer claramente sus responsabilidades en la conducción y operación del sistema de educación básica y educación normal. De conformidad con esos Convenios, a partir de entonces, correspondió a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos, de los que la Secretaría de Educación Pública federal se había hecho cargo hasta entonces.

Para darle sustento legal a ese Acuerdo, el Gobierno Federal en 1993 promovió la transformación del marco legislativo que norma la educación, a fin de enmarcar el nuevo rol que desempeñarían los actores educativos tanto sociales como institucionales.

Ese proceso de descentralización de la educación básica significó una amplia transformación de la organización del Estado mexicano para garantizar el derecho a la educación, lo cual implicó pasar de un modelo basado en la impartición exclusiva de los servicios por parte, a otro basado en la atención de los servicios por parte de los gobiernos estatales, bajo un conjunto de facultades y responsabilidades concurrentes entre los tres ordenes de gobierno. Ese modelo se plasmó en una Ley General de Educación, en sustitución de una Ley de corte Federal.

Desde la firma de Acuerdo, y luego con la expedición de la Ley, los Gobiernos de las entidades federativas asumieron el control de la educación básica. Todos, excepto el Distrito Federal. La razón no era que éste no fuera una entidad federativa, ya que cuenta con derechos y soberanía plenos y desde entonces contaba con las capacidades hacerse cargo de los servicios educativos, como lo demuestra el hecho de que desde los años 80 manejó los de salud, que derivaron también de un proceso de descentralización.

La razón de no transferir el control de los servicios, básicamente es de orden político y se estableció justamente por medio del artículo cuarto transitorio que hoy buscamos reformar. Este artículo puntualmente señala:

El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría. A la conclusión del proceso citado entrará en vigor el primer párrafo del Artículo 16 de la presente ley.

Como se ve, mediante este artículo transitorio, el gobierno federal sujetó el proceso de transferencia a la disposición y voluntad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de tal modo que el mencionado artículo, es el único obstáculo para que los servicios educativos del Distrito Federal pasen a manos del Gobierno de esta entidad federativa.

Pero en 10 años muchas de las cosas que en este terreno sujetaban este procesos, han cambiado sustancialmente.

Por principio de cuentas, la reforma constitucional de 1996 que dota de cierto grado de autonomía al Gobierno del Distrito Federal, establece que a partir de 1997 éste sería encabezada por un Jefe de Gobierno electo por medio del sufragio universal, directo y secreto de los ciudadanos. Justo en ese año resultó electo el Primer Gobierno Democrático de la Ciudad, el cual, es importante destacarlo, fue encabezado por un perredista.

Así mismo, esa reforma estableció que el órgano legislativo local contaba con atribuciones para legislar en diversas materias, entre ellas y de manera destacada la educativa. De tal modo que durante la 1ª Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se creó la Ley de Educación para el Distrito Federal.

Esa Ley fue objetada por el Gobierno Federal durante la administración zedillista, bajo la consideración de que era competencia exclusiva de la Federación la legislación en materia educativa. Para ello presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de Controversia Constitucional. Ante este conflicto, el 15 de noviembre de 2001 la Suprema Corte resolvió por unanimidad que los poderes del Distrito Federal tienen pleno derecho a conducir su propio sistema educativo, incluida la prestación de servicios de educación superior.

De modo tal que si bien la Suprema Corte con su resolución ratificó lo establecido en la reforma constitucional de 1996, ella no resuelve la contradicción de fondo que resulta de que el Distrito Federal cuenta con atribuciones en materia educativa, y por ello ha erigido una ley, pero no puede impartir servicios en el nivel básico. Pero además, está la incongruencia de que la Ley local establece que el nivel medio superior forma parte de la educación obligatoria, pero no puede formar, ni capacitar maestros para ese nivel educativo, en virtud de que sigue vigente el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley General de Educación, que señala que los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán prestados, en el Distrito Federal, por la Secretaría.

De modo tal que hoy en día se hace necesario resolver ya esta incongruencia legal que encuentra como único valladar el artículo 4º transitorio de la Ley General de Educación.

Hoy en día los trabajadores de la educación del Distrito Federal han realizado distintas acciones orientadas a preparar lo necesario para enfrentar satisfactoriamente el proceso de federalización de los servicios educativos. Se cuenta con la anuencia explícita de buena parte de los trabajadores de la educación de las secciones IX, X y XI del SNTE que se encuentran en el DF, quienes se manifestaron claramente en ese sentido en el Primer Congreso de Educación Pública en la Ciudad de México, llevado a cabo en colaboración con el Gobierno del Distrito Federal a lo largo del 2002.

Ese Congreso se pronunció por concretar ya la transferencia de los servicios educativos, a partir de acordar con el GDF cuestiones como: estudiar el cómo se financiará el costo salarial y de prestaciones de los trabajadores, calcular cuánto cuesta la descarga académica para preparar clases y cuánto cuesta el año sabático, todo ello para hacer una transferencia que cumpla con la Ley de Educación del DF.

Así mismo, resolvió demandar que esta federalización se lleve a cabo garantizando:

La gratuidad, laicidad, igualdad, calidad y pluralidad de contenidos en educación pública.

Destinar recursos suficientes para superar rezagos y establecer mecanismos de vigilancia y control que eviten el desvío de recursos a rubros ajenos al educativo.

Respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores de la educación.

Participación de la sociedad y sus organizaciones sociales y académicas en el diseño del proyecto.

Transformación administrativa de la educación a partir de un modelo que se sustente en un proyecto democrático.

Establecer un sistema de gestión democrática de la educación, una red de consejos técnicos rectores de escuelas, zona, región, etc.

Un consejo de educación para el DF.

Mecanismos de elección de funcionarios de diversos niveles a partir de perfiles profesionales, de honestidad y eficiencia.

Todas estas demandas se han venido consensando con varias expresiones del magisterio en el Distrito Federal y se inscriben plenamente en el proyecto educativo del GDF, que en prácticamente 3 años de gestión ha constituido un subsistema de educación media superior con 16 preparatorias y un subsistema de educación superior, con la Universidad de la Ciudad de México.

Con la transferencia de los servicios educativos se daría un mayor impulso a esas políticas educativas del Gobierno local, que ha demostrado plena capacidad para llevarlo a cabo, a pesar de que no ha recibido subsidio federal alguno. Así lo amerita la Universidad de la Ciudad de México, que es una institución que cuenta con todas las bases jurídicas, administrativas y académicas, así como todos los derechos y condiciones que tienen las universidades de otros estados, por lo cual ya fue reconocida por la propia Secretaría de Educación Pública.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2003, los servicios educativos del Distrito Federal dispusieron en conjunto de un presupuesto autorizado por la Federación del orden de 23 mil millones de pesos. Actualmente el gobierno capitalino ejerce, respecto del nivel básico, recursos propios sólo para el mantenimiento de escuelas, el cual para el ciclo 2002-2003 se estimó poco más de 700 millones de pesos. Cabe señalar que el Gobierno del Distrito Federal no recibe recursos para la educación por vía del Ramo 33.

Hoy, 10 años después de aquel arreglo institucional, todas las condiciones para que los trabajadores de la educación del Distrito Federal, agrupados en las secciones IX, X y XI del SNTE, no vena alteradas ni su materia de trabajo, ni las condiciones que de ella derivan. Con ello se beneficiarían a los más de casi dos millones de alumnos de ese nivel educativo, además de fortalecer las acciones de formación y capacitación de maestros.

Por lo que respecta al Gobierno Federal, en marzo de 2002 la subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal, Sylvia Ortega Salazar, manifestó que antes que de concluya el sexenio de Vicente Fox la transferencia de los servicios educativos al gobierno capitalino se habría cumplido. La SEP ha señalado que este proceso es muy tardado, en virtud de su complejidad y que se hará lo necesario para que sea ordenado, a fin de no tener insuficiencias como se ha dado en otras entidades.

Reconocemos lo complejo del proceso, pero resulta a todas luces pertinente que luego de 3 años de gestión, y de que de hecho el proceso de descentralización esta mandatado por la ley desde hace 10 años, es tiempo de concretarlo.

De modo tal que es evidente la necesidad de poner fin a esta situación que esta impidiendo que el Gobierno de la Capital del país, cuente con las riendas de la política educativa para la cual esta facultado por la Constitución, las leyes federales y las locales.

En ese sentido se ha pronunciado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que el pasado 4 de noviembre acordó emitir un Punto de Acuerdo dirigido a los integrantes de esta Cámara de Diputados, y que se comunicó mediante oficio a esta Soberanía en nuestra sesión del martes 11 de noviembre, a fin de que se derogue el artículo 4° transitorio de la Ley General de Educación y se modifique el artículo 16 de la mencionada ley.

Compañeras diputadas y diputados

Es el momento de tomar decisiones sobre este proceso de descentralización y para ello sólo se necesita la voluntad política del gobierno federal, pues el Gobierno del Distrito Federal tiene proyecto, políticas y la suficiente solvencia administrativa y política para hacerse cargo de esta importante función social. Es con ese propósito, y con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que me permito presentar la siguiente propuesta de Reforma del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Educación.

Propuesta de DecretoARTÍCULO PRIMERO.-

Se reforma el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 16

...

Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán prestados en el Distrito Federal por el Gobierno de esta entidad federativa.

ARTÍCULO SEGUNDO.-

Se reforma el Cuarto Transitorio de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículos Transitorios

Artículo Primero.- ...

Artículo Segundo.- ...

Artículo Tercero.- ...

Cuarto.- Se deroga

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el 13 de noviembre de 2003.---

Solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y a la Comisión del Distrito Federal.

Dip. Iván García Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y del Distrito Federal.

Continúe la Secretaría.

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TARIFAS ESPECIALES DE TRANSPORTE
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma por adición, mediante la incorporación de una fracción IX, el artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se agrega un párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Atentamente.

México, DF, a 6 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma por adición, mediante la incorporación de una fracción IX el artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se agrega un párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

ARTICULO PRIMERO. Se reforma por adición, mediante la incorporación de una fracción IX el artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para quedar como sigue:

Artículo 58

De lo dispuesto en las fracciones II y IV del artículo 55 y I del artículo 57, quedan exceptuados:

I. Los contratos celebrados entre el Gobierno Federal y las empresas, en interés de la sociedad o de un servicio público;

II. Las reducciones que hagan las empresas, por razones de beneficencia y a estudiantes, maestros, repatriados, colonos, turistas, niños, compañías de espectáculos públicos, conjuntos deportivos, agentes y comisionistas viajeros, representantes de sindicatos o de cooperativas de trabajadores que viajen en el desempeño de funciones propias de su cargo, y en general, a los trabajadores que perciban salarios reducidos.

En todo caso, las personas que pretendan hacer uso de esta franquicia deberán acreditar el carácter con que la soliciten y la legitimidad de las causas en que funden su solicitud, en la forma y términos que señalen los reglamentos respectivos o las mismas tarifas especiales.

Cualquier abuso en el goce de esta franquicia inhabilitará a la negociación o persona que resulte responsable de haberlo cometido, por el plazo de un año, para volver a gozar de ella;

III. Las tarifas transitorias de pasajeros en viajes de recreo;

IV. Las tarifas reducidas cuando se trate de una extensión kilométrica que el pasajero podrá recorrer en cualquier dirección, en determinado período de tiempo o con el carácter de abonos;

V. El transporte a cuotas reducidas, de efectos de primera necesidad a los lugares donde sean indispensables por causa de calamidad pública, por carestía proveniente de maniobras de especulación comercial o de otros motivos de interés general que lo ameriten, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional;

VI. El transporte de mercancías y personas hacia regiones pobres o poco pobladas, pero susceptibles de convertirse en centros de producción y de trabajo, a juicio del Ejecutivo Federal.

VII. Las tarifas para servicios especiales, tales como carga o descarga, transbordo, almacenaje, limpia demoras, arrastres, alquileres de carros, trenes y coches especiales, coches salones, dormitorios y comedores, excepto de equipaje, transporte de artículos inflamables y explosivos y para aquellos efectos y objetos que no pudiendo sujetarse a peso o medida, debido a su naturaleza, tengan que pagar fletes distintos a los de la tarifa general, como transporte de cadáveres y otros;

VIII. Tarifas reducidas a base de por cientos de la general para transporte de mercancías destinadas a la exportación, consumo fronterizo, cabotaje de entrada y salida o de competencia de mercados, exclusivamente en los casos excepcionales que autorice la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, de acuerdo con el estudio y opinión respectivos de la Secretaría de la Economía Nacional, y

IX. Las otorgadas a personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Las tarifas especiales a que se refiere este artículo, sólo podrán ser canceladas por disposición de la Secretaría de Comunicaciones o mediante la autorización de ésta, cuando así lo juzgue conveniente.

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Auto Transporte Federal, mediante la adición de un segundo párrafo para quedar como sigue:

Artículo 19

En caso de que la Secretaría considere que en alguna o en algunas rutas no exista competencia efectiva en la explotación del servicio de autotransporte federal de pasajeros solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en caso de resultar favorable se establezcan las bases tarifarias respectivas. Dicha regulación se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

Independientemente de lo señalado en el párrafo que antecede, la Secretaría establecerá, una tarifa especial para personas adultas mayores y personas con discapacidad, en el servicio de autotransporte federal de pasajeros, misma que no deberá ser superior al sesenta por ciento de la tarifa corriente u ordinaria.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 6 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.--- Lic. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Transportes.

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MONEDAS CONMEMORATIVAS
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito remitir a ustedes, para los efectos constitucionales, el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de dos Culturas.

Atentamente.

México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas.

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el artículo Segundo del Decreto por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 aniversario del encuentro de dos culturas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1991, reformado y adicionado mediante diversos publicados en el mencionado diario los días 25 de junio de 1993, 22 de mayo de 1996 y 6 de enero de 2000, para quedar como sigue:

ARTICULO SEGUNDO: . . .

a) a g) . . .

Los cuños serán:

I.- . . .

II.- Para la segunda moneda:

ANVERSO: . . .

REVERSO: Una reproducción del Brasero Efigie, pieza perteneciente a la Cultura Mexica y que se encuentra en el Museo del Templo Mayor, llevando debajo la leyenda ``Brasero Efigie'' y del lado izquierdo al centro, el símbolo de la Casa de Moneda de México y debajo de éste el número ``1993''. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc. En el exergo, la leyenda ``N$5''. El marco liso.

III. a VI. . .

VII.- Para la séptima moneda:

ANVERSO: . .

REVERSO: Una reproducción del Anciano con Brasero, pieza perteneciente a la Cultura Centro de Veracruz y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda ``Anciano con Brasero'' y del lado izquierdo al centro, el símbolo de la Casa de Moneda de México y debajo de éste el número ``1993''. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieves de la Zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda ``N$5''. El marco liso.

VIII a XII...

ARTICULO SEGUNDO: Se reforma el artículo Noveno del Decreto por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del D aniversario del Encuentro de Dos Culturas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1991, reformado y adicionado mediante diversos publicados en el mencionado diario los días 25 de junio de 1993, 22 de mayo de 1996 y 6 de enero de 2000, para quedar como sigue:

ARTICULO NOVENO: . .

a) a g) . . .

b) Los cuños serán: . .

I. a II. . .

III.- Para la tercera moneda:

ANVERSO: . .

REVERSO: Una reproducción de un hombre jaguar, pieza perteneciente a la Cultura Olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda ``Hombre Jaguar'' y del lado izquierdo al centro, el símbolo de la Casa de Moneda de México y debajo de éste el número ``1996''. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en elementos gráficos extraídos del tocado y pectoral de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda ``$5''. El marco liso.

IV a XII. . .

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las monedas cuyas características se modifican acuñadas en metales finos, con anterioridad a la fecha en entrada en vigor del presente Decreto continuarán en circulación.

Salon de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Lydia Madero García (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.--- Lic. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Antes de que continúe la Secretaría, se le instruye dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Sí, señor Presidente.

¿Falta algún diputado o diputada para registrar asistencia?

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 464 diputadas y diputados.

Ciérrese el sistema electrónico, por favor.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúe la Secretaría.

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CONDECORACIONES
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ing. Jaime Parada Avila, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.

Atentamente.

México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al ciudadano Ing. Jaime Parada Avila, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de dicho país.

Salon de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Lydia Madero García (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.--- Lic. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Hacienda y Crédito Público.

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresos General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado Tomás Ruiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , presento el 18 de septiembre del presente año iniciativa que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades, que le confieren los artículo 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio de la iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMENDESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La iniciativa de ley para reformar el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, propone incorporar nuevamente a los puentes de peaje que no son internacionales y que son operados por la Federación en territorio nacional al esquema de participación de Fondos en beneficio de los municipios y entidades donde se ubican tales puentes, quienes podrán obtener hasta el 50% del monto total de los ingresos que se deriven de la operación de los mismos.

En junio de 1992 se reformó la Ley de Coordinación Fiscal. para permitir la agrupación de la Federación, los estados y los municipios, a fin de que con aportaciones de cantidades iguales se formasen fondos destinados a la conservación, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en los municipios con puentes de peaje operados por la Federación; la aportación de esta última, tenía como limite hasta 1996 el 10% de lo obtenido por la operación del puente. En términos de ley fueron celebrados los convenios correspondientes.

En diciembre de 1995, se modificó el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer un incremento del porcentaje máximo de aportación de la Federación de 10 a 25% de los ingresos brutos generados en cada puente. Dentro de este contexto se requirió la celebración de nuevos convenios con los lineamientos vigentes, a partir de 1996.

Con motivo de la última reforma al artículo 9-A , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2003, se modificó sustancialmente el esquema que había venido operando ya que deja sin efectos los convenios celebrados con relación a puentes nacionales, puesto que únicamente se aplica con los estados y municipios donde existan puentes Internacionales de peaje y, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el nuevo texto del artículo 9-A, por lo que únicamente sería aplicable para 4 entidades federativas y 11 municipios.

Consecuentemente, todos los estados y municipios involucrados en el esquema vigente hasta el 15 de julio del 2003, dejarían de percibir los recursos federales que se generaran a partir de esa fecha.

Por lo anterior, se consideró necesario reformar el artículo 9-A , con la finalidad de incorporar nuevamente a los puentes de peaje que no son Internacionales los cuales son operados por la Federación y comunican diversos puntos dentro del territorio nacional, beneficiando a los municipios de 9 entidades federativas y 20 municipios adicionales.

Asimismo se estima conveniente proponer 3 artículos transitorios: el primero para señalar el inicio de vigencia del decreto; el segundo para establecer que por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continué efectuando las aportaciones que le correspondan, de conformidad con los convenios que se hubieren celebrado con estados y municipios, conforme en lo dispuesto en el artículo 9-A, vigente hasta que entre en vigor el Decreto relativo a puentes de peaje operados por la Federación y el tercero, para establecer expresamente que los convenios a que se refiere este Decreto, podrán ser celebrados a partir del 1° de enero de 2004.

CONSIDERACIONES DE LA COMISION

La que Dictamina considera procedente que al referirse el artículo 9-A a los puentes de peaje Internacionales operados por la Federación, se debe eliminar el término Internacionales para incluir a todos los puentes de peaje operados por la Federación como se menciona en la Iniciativa, así como la aclaración en el penúltimo párrafo para eliminar la palabra Internacional.

Lo anterior en virtud de que el 22 de julio de 2003 la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informo a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), que a partir del 15 de julio quedaban sin efecto los convenios celebrados al amparo de la Ley de Coordinación Fiscal con los Estados y Municipios en donde existían Puentes Nacionales de Peaje, como consecuencia del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de julio del presente.

Por lo que se refiere al segundo párrafo que señala ``la aportación a los fondos mencionados se hará por el Estado, por el Municipio, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación sin que la aportación exceda de un 50% de monto de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate'', la que dictamina considera conveniente apoyar el esfuerzo de los Municipios para que realicen la infraestructura necesaria para la operación de los puentes de peaje sin menoscabo del interés por mantener la salud financiera de Caminos y Puentes Federales de Ingreso (CAPUFE) para lo cual propone que la aportación por parte de la Federación sea hasta un 25% de los ingresos brutos, tal y como venía operando hasta antes del 14 de julio de 2003, con lo que se cambia el porcentaje del 50% de los ingresos netos. De esta forma se modifica el segundo párrafo para quedar como sigue:

``La aportación a los fondos mencionados se hará por el Estado, por el Municipio, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación sin que la aportación exceda de un 25% de monto de los ingresos brutos por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación Federal se distribuirá como sigue: municipios 50% y estados 50%.''

Por lo que se refiere al tercer párrafo donde se señala que para que un Municipio pueda ser sujeto a participación de estos fondos debe acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno, la Comisión dictaminadora considera necesario precisar que éste se refiera a la recaudación potencial del impuesto predial por lo que propone modificarlo para que quede en los siguientes términos:

``Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la recaudación potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la Hacienda Pública local con la Federación, para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad.''

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Dictaminadora, somete a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

DECRETO

Artículo Unico. Se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 9-A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente.

La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25% del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50% y estados 50%.

Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la recaudación potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la Hacienda Pública local con la Federación, para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad.

En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 50%, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el municipio se encuentra en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal.

El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo señalado en el presente artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continuará efectuando las aportaciones que le correspondan de conformidad con los convenios que se hubieren celebrado con los estados y municipios, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a puentes de peaje operados por la Federación.

Tercero.- Los convenios a que se refiere el artículo 9-A, que se reforma por medio de este decreto, podrán ser celebrados a partir del 1o. de enero de 2004 y para su suscripción se tomará como base de recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados a cinco de noviembre del año dos mil tres.--- Diputados: Gustavo Madero Muñoz, Presidente (rúbrica); Francisco Suárez y Dávila, secretario (rúbrica); Juan Carlos Pérez Góngora, secretario (rúbrica); José Felipe Puelles Espina, secretario (rúbrica); Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, secretaria (rúbrica); Alejandro Agundis Arias, secretario; Oscar González Yáñez, secretario (rúbrica); Jesús Emilio Martínez Alvarez, secretario; José Arturo Alcántara Rojas; Rafael Roberto Campa Cifrián (rúbrica); Marko Antonio Cortés Mendoza; Alfredo del Mazo González; Abel Echeverría Pineda; José Luis Flores Hernández (rúbrica); Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa; Francisco Luis Monárrez Rincón; Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica); José Osuna Millán; María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica); Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica); Alfonso Ramírez Cuéllar; Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica); Tomás José Ruiz González (rúbrica); Javier Salinas Narváez; María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica); Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica); José Trejo Reyes (rúbrica); Francisco Javier Valdéz de Anda; Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica); Emilio Zebadúa González.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:En virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.

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TARIFAS ELECTRICAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene la palabra el diputado Abel Echeverría Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar la reclasificación de tarifas eléctricas para el estado de Guerrero.

El diputado Abel Echeverría Pineda:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Los que suscriben, diputados federales por el estado de Guerrero, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de otorgar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo para el estado de Guerrero, al tenor de los siguientes

Considerandos

Una de las demandas más sentidas y reiteradas de los habitantes de las zonas más cálidas del país ha sido la solicitud de tarifas eléctricas más bajas, especialmente cuando el intenso calor los obliga a utilizar los aparatos de aire acondicionado que representan el 80% del consumo eléctrico total, como es el caso de los municipios más cálidos del estado de Guerrero.

La alta demanda obligada por energía eléctrica durante todos los meses del año provoca que los recibos de energía eléctrica sean muy caros y algunas veces imposibles de pagar, afectando sobre todo la economía familiar de la población de menores ingresos.

En el estado de Guerrero la pobreza es superior al 40%, más del doble del promedio nacional y seis veces más por arriba del índice de los estados del norte. En este sentido debemos tomar en cuenta que a muchas familias guerrerenses se les hace prácticamente imposible pagar el servicio eléctrico, toda vez que los montos de sus recibos son muy altos.

Por citar un ejemplo, la región de la Tierra Caliente de Guerrero tiene una temperatura promedio de por arriba de 35º centígrados y una humedad relativa promedio de 60%, esto eleva considerablemente la temperatura registrada; por ello, las condiciones climáticas nos hacen consumir más energía por habitante que en las zonas templadas.

En contraste, considerando que alrededor del 34% de la capacidad total instalada para la generación de energía eléctrica del país, se localiza en el sur-sureste, y donde Guerrero produce el 28%, es alarmante el contraste cuando nuestra entidad tiene un gran número de comunidades y localidades que no cuentan con energía eléctrica y los que la tienen pagan sus recibos muy caros.

El aprobar las tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el estado de Guerrero, es reconsiderar la aportación que nuestro estado está haciendo a la Federación, por lo cual le pedimos a esta Asamblea y a las autoridades federales, que se actúe en reciprocidad.

Estos son entre otros los argumentos principales, para que en materia de tarifas eléctricas se considere el estado de Guerrero como un asunto prioritario y de justicia social.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la alta consideración de este pleno los siguientes puntos de acuerdo de urgente resolución.

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta Cámara de Diputados se pronuncia a favor de tarifas eléctricas preferenciales, sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo, para el estado de Guerrero.

Segundo. Esta Cámara de Diputados exhorta al jefe del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a efecto de que con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, proceda a la reclasificación de tarifas eléctricas para uso doméstico, comercial, industrial y del campo para el estado de Guerrero.

Señor Presidente le solicito que el texto íntegro de la presente proposición sea insertado en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar la reclasificacion de tarifas electricas para el estado de Guerrero, a cargo del diputado Abel Echeverría Pineda, del grupo parlamentario del PRI

Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, Presente.

El suscrito, diputado federal Abel Echeverría Pineda, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionado Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de otorgar tarifas eléctricas preferenciales, sin factor de indexación, para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo en el estado de Guerrero, al tenor de los siguientes

Considerandos

Una de las demandas más sentidas y reiteradas de los habitantes de las zonas cálidas del país ha sido la solicitud de tarifas eléctricas más bajas, especialmente cuando el intenso calor los obliga a utilizar aparatos de aire acondicionado, que representan el 80% del consumo eléctrico total, como es el caso de los municipios más cálidos del estado de Guerrero.

La alta demanda obligada de energía eléctrica durante todos los meses del año provoca que los recibos de energía eléctrica sean muy caros y algunas veces imposibles de solventar, afectando sobre todo la economía familiar de la población con menores ingresos.

En el estado de Guerrero la pobreza es superior al 40%, más del doble del promedio nacional y seis veces más por arriba del índice de los estados del norte; en este sentido, debemos tomar en cuenta que a muchas familias guerrerenses se les hace prácticamente imposible pagar el servicio eléctrico, toda vez que los montos en los recibos son muy altos.

La decisión del Gobierno Federal de reducir el subsidio a las tarifas domésticas, tal como se aprobó en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, dio como resultado un nuevo incremento de las tarifas eléctricas, sobre todo en las regiones cálidas del estado de Guerrero.

Por citar un ejemplo, la región de Tierra Caliente tiene una temperatura promedio por arriba de 35 grados centígrados y una humedad relativa promedio del 60%; esto eleva considerablemente la temperatura registrada. Las condiciones climáticas nos hacen consumir más electricidad por habitante que en zonas templadas.

Considerando que alrededor del 34% de la capacidad total instalada para la generación de energía eléctrica del país se localiza en el sur-sureste, y donde Guerrero produce el 28%, es alarmante el contraste cuando nuestra entidad tiene un gran número de comunidades y localidades que no cuentan con energía eléctrica.

Aprobar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el estado de Guerrero es reconsiderar la aportación de nuestro estado a la Federación, por lo cual exigimos que se actúe en reciprocidad.

Estos son, entre otros, los argumentos principales para que, en materia de tarifas eléctricas, se considere el caso del estado de Guerrero como un asunto prioritario y de justicia social.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la alta consideración de este honorable pleno el siguiente

Punto de acuerdo de urgente resolución

Primero.- Esta Honorable Cámara de Diputados se pronuncia a favor de tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo en el estado de Guerrero.

Segundo.- Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al jefe del Poder Ejecutivo federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a efecto de que, con fundamento al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, proceda a la reclasificación de las tarifas de electricidad para usa doméstico, comercial, industrial y del campo para el estado de Guerrero.

Dip. Abel Echeverría Pineda (rúbrica)

Compañero legislador:

Anexo a la presente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar que se realice la reclasificación de tarifas eléctricas en nuestro estado de Guerrero, para lo cual solicito su apoyo para darle el respaldo necesario a este documento.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente,

Diputados: Abel Echeverría Pineda, Mario Moreno Arcos, Alvaro Burgos Barrera, Marcelo Tecolapa Tixteco, Rubén Figueroa, Angel Aguirre Rivera, Claudia Ruiz M., Francisco Chavarría, Juan García, Irma Figueroa Romero, Rosario Herrera A., Yadira Serrano, Javier Manzano, Zeferino Torreblanca.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera de urgente resolución.

Se han registrado para hablar sobre este tema el diputado Juan García Costilla, del Partido de la Revolución Democrática, y el señor diputado don Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México. En los términos del artículo 122, dos oradores que hablan en pro, es el límite.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado Juan García Costilla, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Juan García Costilla:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:

En el estado de Guerrero como en otros estados del país, hay municipios o regiones que debido a las condiciones climatológicas donde las temperaturas anuales alcanzan de 35 a 40 grados en promedio, es de primera necesidad la utilización de equipo de aire acondicionado para subsistir en esos climas extremadamente cálidos.

Estos equipos consumen en ocasiones más del 80% del consumo total de electricidad de cada familia. Debido a esto el consumo de energía se multiplica en ocasiones hasta por tres, comparado con el consumo promedio de otras entidades y gracias a la aprobación del decreto en el que se modifican los criterios para el cobro de energía eléctrica impulsada por el Ejecutivo Federal y aprobada, como ya se dijo, en la Legislatura anterior, en estas regiones facturan sus recibos tarifas eléctricas imposibles de pagar si tomamos en cuenta que estas regiones son las más marginales, con los ingresos más bajos por familia en el estado de Guerrero.

Estos argumentos en el caso del estado de Guerrero son un asunto prioritario y no sólo en justicia social, sino también de humanidad.

Por lo anterior, como legislador guerrerense solicito al pleno que este punto sea de urgente resolución.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema en pro, se concede el uso de la palabra al señor diputado don Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Javier Orozco Gómez:

Con su venia, señor Presidente:

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, manifiesta su apoyo al punto de acuerdo presentado por el Partido Revolucionario Institucional, ya que consideramos que este planteamiento será de manera importante para las clases sociales más marginadas de ese estado.

La mayor parte de la geografía del estado de Guerrero es territorio cálido, por lo que es indispensable que las tarifas eléctricas no cuenten con el factor de indexación para el uso doméstico, comercial, industrial y del campo, como lo ha manifestado el compañero que me antecedió en el uso de la palabra.

Por lo tanto es importante que exista la reclasificación de las tarifas en los términos anteriormente expuestos.

``Atendiendo a los índices manifestados en el punto de acuerdo presentado ante esta soberanía, coincidimos que esta Cámara de Diputados se pronuncie a favor de esta propuesta, la cual representa un beneficio para los habitantes del estado de Guerrero, pero asimismo solicitamos al gobierno local que analice las tecnologías más modernas y alternativas de generación de energía no contaminante, como es el caso de la energía heliótica o de vientos.''

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Se tiene registrado para hablar sobre este tema al señor diputado don Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Como se han agotado los dos oradores en pro, se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le permite el uso de la palabra al diputado de referencia.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si están de acuerdo en la participación del diputado en referencia.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Muchas gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Angel Pasta Muñuzuri:

Con su venia, señor Presidente:

Esta participación es motivada por los constantes y múltiples reclamos originados por el alza de los precios en las tarifas eléctricas que entraron en vigor en febrero del año pasado.

Nos ocupa y preocupa en específico a un amplio grupo de legisladores que el estado de Guerrero sea uno de los más afectados en una energía altamente generadora de la misma, con base en la hidroeléctrica y en nuestras cantidades y calidades de hidrocarburos y por las ricas condiciones geográficas y vastas vegetaciones se ubican en la zona con mucho potencial energético, por fortuna, para bien de los mexicanos, esta situación contrasta drásticamente con el atraso de los desarrollos socioeconómicos y la pobreza de quienes habitan en esta área del bello México que hoy vivimos.

En el grupo parlamentario de Acción Nacional, estamos siempre abiertos a atender las necesidades de cada uno de los estados de la Federación, por ello estamos en la mejor disposición de analizar todas las disposiciones de carácter federal que afectan a los estados.

En el caso de las tarifas eléctricas, entendemos que la aplicación de tarifas generales en todos los estados puede causar inconformidades o inconveniencias, dadas las características de la población y condiciones climáticas de cada estado. Por ejemplo estamos conscientes del caso de Baja California Norte, donde las temperaturas alcanzan tal nivel que es necesario el uso de aparatos de enfriamiento y que aumentan sustancialmente el consumo de electricidad de los habitantes.

En el verano, la mayoría de los estados en la zona norte y en la zona sureste sufren de similar situación; sin embargo creemos que la situación de fondo de estos problemas no es la modificación real de tarifas, éstas son indicaciones de abundancia y escasez de un bien por lo que manda señales de aumento y consumo y de conservación dado el caso. Por ello, en Acción Nacional, antes de ser partidario de modificar tarifas, creemos que se debe de aplicar transferencia a los estados y habitantes que requieren ayuda para pagar el servicio eléctrico. El mantenimiento de las tarifas actuales combinadas con las transferencias focalizadas de recursos implicarían por su parte que la población se concertara en la necesidad de ser cuidadosos con el consumo de la misma.

Se reducirán el consumo innecesario de electricidad y asimismo implicaría que las personas estén económicamente capacitadas para pagar la totalidad de un consumo que hará que las personas que necesiten ayuda, la reciban.

Más allá insistiría, de ser un trato preferencial a ciertos estados en tarifas eléctricas, debemos reforzar los mecanismos de transferencia y recordemos que todos los estados tienen carencias y necesidades distintas, por ello creemos que la determinación de las tarifas eléctricas deben seguir manteniendo cierto criterio objetivo de determinación y estos criterios deben ser claros y que se debe dar difusión para que la población esté consciente del por qué y de la aplicación de cada tarifa, a lo cual enfocamos que para solucionar lo que hoy se vive dentro de la Comisión Federal de Electricidad y los estados, se debe de estar consciente de los costos de cada acción, una reducción de tarifas tendría un impacto negativo en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, ya que es bastante acelerada.

Todo lo anterior se debe y se debe llevar a resaltar la importancia de una reforma fiscal y eléctrica, dicha reforma aumentaría la dotación de los recursos de la Federación por lo cual estaría en mejores condiciones de atender a cabalidad los problemas de cada uno de los estados del país. La Comisión Federal de Electricidad de por sí vive momentos difíciles y se solicita un profundo y real análisis a favor de Guerrero de lo que se refiere a este estudio y a esta posibilidad de tarifas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada la proposición. Comuníquese.

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COMISION ESPECIAL DE GANADERIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Ernesto Dávila Aranda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con una proposición que contiene punto de acuerdo para la integración de la Comisión Especial de Ganadería y Agricultura.

El diputado Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en el artículo 71, fracción II de nuestra Constitución y de los artículos 55, 58, 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior, así como del artículo 34, incisos a) y b); y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición como punto de acuerdo.

Empezaré mi intervención resaltando el hecho de que los recursos naturales son un asunto de seguridad nacional, donde los legisladores tenemos como compromiso apoyar los programas que permitan aumentar la productividad ganadera y avícola y vigilar que los recursos sean destinados a este efecto.

Al mismo tiempo, quiero resaltar que México es un país eminentemente ganadero; que se cuenta actualmente con un inventario ganadero de 30 millones 200 mil bovinos; 15 millones 800 mil porcinos; 5 millones 900 mil ovinos; 9 millones mil caprinos; y 370 millones de aves; al mismo tiempo, 5 millones 200 mil equinos. Estos producen 9 mil 640 millones de litros de leche; 4,483 miles de toneladas de carne; y 1,881 mil toneladas de huevo y tenemos un consumo percápita de carne de 14 kilos y de leche, de 39.5 litros.

Se exportan 1 millón 200 mil cabezas de ganado en pie, mismos que representan 1 mil 949 millones de pesos al PIB; 49 mil toneladas de carne y 1 mil 997 toneladas de huevo.

Se cuenta también en el país con 110 millones de hectáreas de tierras de pastoreo a lo largo de toda la República Mexicana, esto significa que en todos los estados se realiza esta actividad.

Ahora bien, en la LIX Legislatura, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de este año, se aprobó el Programa de Estímulos a la Producción Ganadera (Progan), mismo que incluye un Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganadería, (Sinigan), que también pretende fomentar la productividad ganadera extensiva con base en el incremento en la producción de las tierras de pastoreo derivado del mejoramiento de la cobertura vegetal y de la incorporación de prácticas tecnológicas, así como establecer la identificación del ganado bovino de manera individual y permanente para su control y rastreo.

Esto es muy importante, sobre todo para aquellas enfermedades de tipo exótico.

Por tal motivo, es necesario conocer cómo han sido aplicados los recursos durante este año y si han sido suficientes o no.

Aunado al punto anterior, tenemos por otra parte la urgente necesidad de que una comisión especial atienda los asuntos del sector lechero, donde la prioridad sería ver favorecidos a los productores mexicanos, los cuales no se han visto realmente favorecidos por las limitantes que cuenta Liconsa, sobre todo para la compra de leche, que aunque se le asignó un Presupuesto del Ejercicio Fiscal de 2002 de 150 millones de pesos, dicho recurso no pudo ser empleado en su totalidad, teniendo que importar y recurrir a la compra de cupos importación de leche en polvo, en lo cual estamos en contra.

A estos problemas planteados, se puede aunar la competencia desleal en la importación de cárnicos, que se ve más agravado por el uso clenbuterol, problema que va en aumento por la falta de eficacia en la Ley Federal de Sanidad Animal y en la verificación y vigilancia de los cárnicos que son introducidos al país.

Ya en la pasada Legislatura se pudo constatar que el contar con una Comisión Especial de Ganadería es más factible para tener mejores avances en los asuntos relativos al sector ganadero y que es de vital importancia seguir el ejemplo de la Sagarpa, que cuenta con dos secretarías y direcciones generales, la de Ganadería y la de Agricultura.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la propia Ley Orgánica, propongo a esta honorable soberanía, previa intervención de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, emita los siguientes

Acuerdos

Primero. Se crea la Comisión Especial de Ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, encargada de dar seguimiento a los trabajos que han quedado pendientes de resolver, así como de vigilar los recursos destinados para el PROMMA y que solucione los problemas del sector lechero, asimismo supervise y vigile lo relativo a la importación de cárnicos, combatiendo especialmente a los cárnicos contaminados con clenbuterol y dando una especial revisión a la Ley Federal de Sanidad Animal.

Segundo. La Comisión Especial de esta materia se integrará de 30 diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule al pleno la Junta de Coordinación Política.

Tercero. La Comisión Especial de esta materia seguirá funcionando por el término de LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Por su atención compañeros, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial de Ganadería, presentada por el diputado Mario Ernesto Dávila Aranda, del grupo parlamentario del PAN.

Con su venia señor Presidente:

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de nuestra Constitución Política, 55, 58, 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior, así como en el 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Empezaré mi intervención resaltando el hecho de que los recursos naturales son un asunto de seguridad nacional, donde los legisladores tenemos como compromiso apoyar los programas que permitan aumentar la productividad ganadera y avícola y vigilar que los recursos sean destinados a este fin.

Al mismo tiempo, resaltar que México es un país eminentemente ganadero.

Que se cuenta actualmente con un inventario ganadero de 30.2 millones de bovinos, 15.8 millones de porcinos, 5.9 millones de ovinos, 9.1 millones de caprinos, 370.9 millones de aves y 5.2 millones de equinos.

Que se producen 9,640.6 millones de litros de leche: 4,483.0 miles de toneladas de carne y 1,881.6 miles de toneladas de huevo.

Teniendo un consumo per cápita de carne de 14 kilogramos y de 39.5 kilogramos de leche.

Se exportan 1.2 millones de cabezas de ganado en pie, que representan 1,949.6 millones de pesos del PIB; 49,459.5 toneladas de carne y 1,197.4 toneladas de huevo.

Que se cuenta con 110 millones de hectáreas de tierras de pastoreo a lo largo de la República Mexicana, donde se puede realizar esta actividad.

Ahora bien:

En la LVIII legislatura, en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de este año se aprobó el Programa de Estímulos a la Producción Ganadera (Progan), que incluye un sistema nacional de identificación individual de ganado (Siniigan), que también pretende fomentar la productividad ganadera bovina extensiva, que con base en el incremento de la producción forrajera de las tierras de pastoreo, derivada del mejoramiento de la cobertura vegetal y de la incorporación de prácticas tecnológicas, así como establecer la identificación del ganado bovino de manera individual y permanente, para su control y rastreo.

Por tal motivo, es necesario conocer cómo han sido aplicados los recursos durante este año y si han sido suficientes o no.

Aunado al punto anterior, tenemos, por otra parte, la urgente necesidad de que una comisión especial que atienda los asuntos del sector lechero, donde la prioridad debería ser favorecer a los productores mexicanos, los cuales no se han visto realmente favorecidos por las limitantes con que cuenta Liconsa para la compra de leche, que aun cuando se le asignaron en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal de 2002 150 millones de pesos, dichos recursos no pudieron ser empleados en su totalidad, teniendo que continuar con la mecánica de compra de cupos de importación.

A estos problemas planteados se les puede aunar la competencia desleal en la importación de cárnicos, que se ve más agravada por el uso del clembuterol, problema que va en aumento por la falta de eficacia en la Ley Federal de Sanidad Animal y en la verificación y vigilancia de los cárnicos que son introducidos al país.

Ya en la pasada Legislatura se pudo constatar que al contar con una comisión especial de ganadería es más factible tener avances en los asuntos relativos al sector ganadero y que es de vital importancia seguir el claro ejemplo de la Sagarpa, que cuenta con dos direcciones que son la General de Agricultura por una parte y, por la otra, la General de Ganadería.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la propia Ley Orgánica propongo a esta honorable soberanía, previa intervención de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que emita el siguiente

Acuerdo

Primero.- Se crea la comisión especial de ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, encargada de dar seguimiento a los trabajos que han quedado pendientes de resolver, así como de vigilar los recursos destinados para el Progan y que solucione los problemas del sector lechero; asimismo, que supervise y vigile lo relativo a la importación de cárnicos, combatiendo especialmente los contaminados con clembuterol, dándole una especial revisión a la Ley Federal de Sanidad Animal.

Segundo.- La comisión especial materia de este acuerdo se integrará con 30 diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule al Pleno de los diputados la Junta de Coordinación Política.

Tercero.- La comisión especial materia del presente acuerdo funcionará por el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Por su atención muchas gracias.

Dip. Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pascual Sigala Páez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición que contiene punto de acuerdo, en relación al artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

El diputado Pascual Sigala Páez:

Muchas gracias, señor Presidente.

Agradezco la presencia en este recinto de directivos, investigadores, empleados de diversas instituciones, motivo de mi intervención.

Señor Presidente; compañeras, compañeros diputados:

Acudo a esta tribuna para plantear a ustedes un tema que me preocupa profundamente, que preocupa a la fracción del Partido de la Revolución Democrática y también a muchas y muchos compañeros diputados de otras fracciones parlamentarias.

Esto tiene qué ver con el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004, que el Ejecutivo Federal plantea en el artículo transitorio segundo, la desincorpación en varias modalidades de las entidades de apoyo al sector agropecuario y pesquero de nuestro país.

Estamos hablando del InifaP, del Colegio de Posgraduados de Chapingo, del Inca Rural, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la Comisión Nacional de Zonas Aridas, de Notimex y 10 entidades más.

Ante esta pretensión liquidadora, queremos manifestar que la desincorporación de estas instituciones obedece evidentemente a la exigencia de organismo como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y pregunto ¿quién o quiénes serán los beneficiados de la extinción de estas instituciones? México no, los mexicanos no.

La política privatizadora sólo beneficia a las grandes trasnacionales que pretenden aniquilar nuestra producción primaria para avanzar hacia la total dependencia alimentaria. Como parte de esta estrategia el Ejecutivo Federal plantea el desmantelamiento de la estructura de apoyo en ciencia y tecnología, que a lo largo de muchos años nos ha costado.

Las instituciones que se pretenden desincorporar concentran los recursos humanos mejor preparados en la investigación de temas relevantes al desarrollo agropecuario, forestal y pesquero. Para ejemplificar, basta decir, que a más de cuatro décadas, el Colegio de Posgraduados ha alcanzado niveles de excelencia que lo han consolidado como una de las instituciones más importantes de posgrado en México y América Latina.

Por su parte el InifaP con personal altamente calificado, es el responsable de definir las prioridades en la investigación aplicada a la agricultura y el manejo y conservación de recursos naturales en el país. El IMta, es ampliamente reconocido como el brazo científico y tecnológico del Sector Agua en México, ha apoyado a la Comisión Nacional del Agua y otras instancias operativas y ejecutoras de servicios públicos.

Por su parte, el INCA rural es líder en procesos de educación no formal, capacitación masiva, evaluación y certificación para el desarrollo rural integral, alcanzando las regiones más marginadas de nuestro país.

Quien esté pensando que con la eliminación de estas instituciones se ahorrarán algunos centavos, se equivoca, porque sería mucho más costoso, compañeras y compañeros, mutilar la investigación, la generación de tecnología propia, la capacitación, la educación y el apuntalamiento del sector rural en este México. A quién le queda duda de la contribución que hacen estas instituciones a nuestra patria. En estos momentos de severa crisis, donde hemos clamado por el rescate del campo, por el reconocimiento de la multifuncionalidad y por su importancia en la defensa y el aseguramiento de nuestra soberanía nacional, no debemos aprobar. Nos preocupa profundamente que el Ejecutivo proponga la desincorporación de entidades de tal relevancia para nuestro país.

Con esta iniciativa el Ejecutivo Federal incumple una vez más el Acuerdo Nacional para el Campo, es por esto que un grupo de diputados de diversas fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara no compartimos la idea de liquidar estas entidades de apoyo al sector rural, justificada en meros criterios de pesos y centavos que minimiza su importancia social y el desarrollo sustentable...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado, tenga la bondad de concluir.

El diputado Pascual Sigala Páez:

Concluyo.

Los llamo respetuosamente, compañeras y compañeros, para rechazar esta iniciativa. Por lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que este pleno se pronuncie en contra de la aprobación del artículo segundo transitorio del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004 propuesto por el Ejecutivo Federal.

Firman los presidentes de la Comisión de Desarrollo Rural, Agricultura, Asuntos Indígenas, Pesca y de Educación, entre muchos otros compañeras y compañeros legisladores.

Muy amables. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, respecto al articulo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, presentada por el diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del PRD.

Señor Presidente; Honorable Asamblea:

Pascual Sigala Páez, diputado federal integrante grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales dos y tres, de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, propone punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Acudo a esta tribuna a plantear a ustedes un tema que me preocupa profundamente, que preocupa al grupo parlamentario del PRD y sé que también a muchos de ustedes.

Esto tiene que ver con el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.

El Ejecutivo federal plantea en el artículo segundo transitorio la desincorporación, en varias modalidades, de las entidades de apoyo de los sectores agropecuario y pesquero.

Hablamos del INIFAP, del Colegio de Posgraduados, del INCA Rural, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y CONAZA, así como de 11 entidades más.

Ante esa pretensión liquidadora, queremos manifestar que la desincorporación de tales instituciones obedece evidentemente a la exigencia de organismos como el Banco Mundial y el FMI.

Y pregunto: ¿Quién o quiénes serán los beneficiarios de la extinción de esas instituciones? México no, los mexicanos mucho menos.

La política privatizadora beneficia sólo las grandes transnacionales, que pretenden aniquilar nuestra producción primaria para avanzar hacia la total dependencia alimentaria.

Como parte de esa estrategia, el Ejecutivo plantea el desmantelamiento de la estructura de apoyo en ciencia y tecnología, que a lo largo de años se construyó con mucho esfuerzo.

Las instituciones que se pretende desincorporar concentran los recursos humanos mejor preparados en la investigación de temas relevantes para el desarrollo de los sectores agropecuario, forestal y pesquero de México.

Para ejemplificar, basta decir que, a más de cuatro décadas, el Colegio de Posgraduados ha alcanzado niveles de excelencia, que lo han consolidado como una de las instituciones más importantes de posgrado en México y Latinoamérica.

Por otra parte, el INIFAP, con personal sumamente calificado, define las prioridades en la investigación aplicada a la agricultura y al manejo y la conservación de los recursos naturales en el país.

El IMTA es ampliamente reconocido como el brazo científico y tecnológico del sector agua en México. Ha apoyado la Comisión Nacional del Agua y otros organismos operativos y ejecutores de servicios públicos.

Por otra parte, el INCA Rural es líder en procesos de educación no formal, capacitación masiva, evaluación y certificación para el desarrollo rural integral, alcanzando las regiones de mayor marginación.

Quien piense que con la eliminación de esas instituciones se ahorrarán algunos centavos se equivoca, pues sería mucho más costoso mutilar la investigación, la generación de tecnología propia, la capacitación, la educación y el apuntalamiento del sector rural del país.

¿A quién queda duda de la contribución que dichas instituciones realizan a la patria?

En estos momentos, de severa crisis, cuando hemos clamado por el rescate del campo, por el reconocimiento de su multifuncionalidad y por su importancia en la defensa y el aseguramiento de la soberanía nacional, no debemos aprobarlo.

Nos preocupa profundamente que el Ejecutivo proponga la desincorporación de entidades de tal relevancia para el país.

Con esa iniciativa, el Ejecutivo federal incumple una vez más el Acuerdo Nacional para el Campo.

Ahora bien, de mutilar esas instituciones, ¿quién realizará la investigación agrícola en México? ¿Se encomendará esa tarea a las grandes empresas transnacionales del sector? ¿Liquidaremos nuestros mejores centros de investigación y de enseñanza?

Por eso, un grupo de diputados de diversos grupos representados en esta Cámara no compartimos la idea de liquidar tales entidades de apoyo del sector rural, justificada en meros criterios de pesos y centavos, que minimizan su importancia social y el desarrollo sustentable del sector.

Por lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que este honorable Pleno se pronuncie contra la aprobación del artículo segundo transitorio del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, propuesto por el Ejecutivo Federal.

Muchas gracias.

Diputados: Pascual Sigala Páez (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Iván García Solís (rúbrica), Miguel Luna Hernández, Salvador Martínez Della Rocca (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), Luis Medina Lizalde (rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica), Sergio Posadas Lara (rúbrica), Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición que contiene punto de acuerdo en relación al artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

En días pasados el Ejecutivo Federal presentó ante esta soberanía el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004, en dicho proyecto el Ejecutivo Federal demuestra una vez más su falta de sensibilidad política y social al pretender deshacerse de algunas entidades paraestatales con supuestos fines de ahorro, lo que resulta ridículo. Sabemos que el Gobierno necesita desesperadamente fondos, pero debemos oponernos a la irracio- nalidad disfrazada de necesidad.

El Gobierno del Presidente Fox pretende acabar con todo aquello que desde su ignorante y obtuso punto de vista, no es rentable y no se da cuenta que la inversión en ciencia, tecnología y cultura no es un lujo, sino es la única forma de garantizar la estabilidad y la soberanía del país.

Pensemos por ejemplo en el Colegio de Posgraduados, institución que forma investigadores y realiza estudios agropecuarios. Apenas hace dos años la misma Secretaría de Hacienda, que hoy decreta su extinción, reconoció sus logros y lo consideró un centro público de investigación.

Del mismo modo, se pretende cancelar la participación gubernamental en la industria cinematográfica, en un acto que ignora la importancia de las expresiones culturales mediante la supresión del Instituto Mexicano de Cinematografía, así como el Centro de Capacitación Cinematográfica y los Estudios Churubusco.

La lista sigue con Notimex, Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos, etcétera. A este paso el Ejecutivo Federal acabará proponiéndonos vender las pirámides de Teotihuacán o el Castillo de Chapultepec.

Asimismo, un organismo que por su trascendencia ambiental nos ocupa, es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, cuya misión es realizar investigación, desarrollar tecnología y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable.

Consideramos que la desincorporación de estas entidades es una cortina de humo para desviar la atención de las propuestas fiscales por parte del Ejecutivo y evitar que con ello la población y diversos sectores tengan la oportunidad de oponerse a estas medidas.

Por otra parte, la desincorporación de Pronósticos Deportivos y la Lotería Nacional, pone en riesgo el flujo de recursos para la asistencia pública y con la desincorporación de la Exportadora de Sal, se pretende establecer el proyecto de Salitrates de San Ignacio en la reserva de la biosfera de Vizcaína, eludiendo las recomendaciones establecidas en esta soberanía por conducto de la Comisión de Investigación de Exportadoras de Sal, SA de CV.

Por todo lo anterior, es que solicitamos al pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se considere la siguiente proposición para que se acuerde lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Que en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, se deseche el artículo segundo transitorio por atentar éste contra el desarrollo nacional integral.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LIX Legislatura, Presente

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Seguridad Pública la siguiente proposición con punto de acuerdo.

En días pasados, el Ejecutivo federal presentó ante esta soberanía el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.

En dicho proyecto, el Ejecutivo federal pretende ridículamente deshacerse de algunas entidades paraestatales, con fines de ahorro presupuestario.

Sabemos que el gobierno necesita desesperadamente fondos, pero debemos oponernos a la irracionalidad disfrazada de necesidad. Una reforma fiscal surgida de la desesperación no es viable. Aquí, el problema es la tendencia generalizada del gobierno del Presidente Fox que pretende acabar con todo lo que, desde su ignorante y obtuso punto de vista, no es rentable; pero no ha advertido que la inversión en ciencia, tecnología y cultura no es un lujo sino la única forma de garantizar la estabilidad y la soberanía del país.

Pensemos, por ejemplo, en el Colegio de Posgraduados, una institución que forma investigadores en el ámbito agropecuario y realiza estudios en esa materia.

Apenas hace dos años, la misma Secretaría de Hacienda, que hoy decreta su extinción, reconoció sus logros y, en función de ellos, lo consideró un centro público de investigación, conforme a la Ley de Investigación Científica y Tecnológica.

Del mismo modo, se pretende cancelar la participación gubernamental en la industria cinematográfica, en un acto que ignora la importancia de las expresiones culturales, mediante la supresión del Instituto Mexicano de Cinematografía y del Centro de Capacitación Cinematográfica, de los Estudios Churubusco y seguimos con Notimex, Lotería Nacional, Pronósticos Deportivos, etcétera.

A este paso, el Ejecutivo federal acabará vendiendo las pirámides de Teotihuacán en los próximos años.

Asimismo, un organismo que por su trascendencia en materia ambiental nos ocupa es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Creado por decreto presidencial el 7 de agosto de 1986, como órgano desconcentrado de la otrora Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a raíz de la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el IMTA se transformó en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca a partir del 29 de diciembre de 1994, para posteriormente, el 30 de octubre de 2001, cambiar su figura jurídica y convertirse en un organismo público descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La misión del instituto es realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, la conservación y la rehabilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable.

El IMTA cuenta entre sus instalaciones con importantes laboratorios con sistemas de aseguramiento de calidad, que le han permitido tener pruebas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación.

Asimismo, cuenta con el Centro de Consulta del Agua, que tiene el mayor acervo bibliográfico del país en materia de agua, con 25,000 volúmenes de libros, monografías e informes y 8,000 mapas, y mantiene suscripciones a más de 100 revistas especializadas.

El IMTA es ampliamente reconocido como el brazo científico y tecnológico del sector agua en México. Apoya la Comisión Nacional del Agua y otros organismos operativos y ejecutores de servicios públicos, así como distintos sectores, en el planteamiento de soluciones de problemas relacionados con el uso, aprovechamiento, saneamiento y preservación del recurso.

Entre los clientes más importantes del IMTA que se han beneficiado con estudios, proyectos e investigaciones realizados por dicho instituto están Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Petróleo, los gobiernos de Guanajuato, de Tamaulipas, de Jalisco, de Morelos, de Querétaro y de Veracruz, diversos organismos operadores de agua potable y alcantarillado, asociaciones de usuarios de riego, así como empresas privadas (Grupo Vitro, Nestlé, Temola y Grupo Mexicano de Desarrollo, entre otros).

Cabe mencionar que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es la única institución mexicana que cuenta con la infraestructura y el personal capaz de proponer soluciones a los problemas relacionados con el aprovechamiento y la preservación del agua, con un enfoque multidisciplinario que incluye aspectos técnicos, ambientales, sociales, económicos, culturales y legales.

Además, su repercusión en el gasto neto total del gobierno apenas si es de 0.013 por ciento, ya que los recursos fiscales que se le asignan ascienden a sólo 211.9 millones de pesos.

Cabe destacar que, en 2003, el IMTA autogeneró recursos por 115 millones de pesos, cantidad que ha crecido más del 120 por ciento en los últimos tres años.

Por una parte, consideramos también que la desincorporación de esas entidades es ``una cortina de humo'' para desviar la atención de las propuestas fiscales por parte del Ejecutivo y evitar con ello que la población y diversos sectores tengan oportunidad de oponerse a tales medidas.

Por otra parte, la desincorporación de Pronósticos Deportivos y de la Lotería Nacional parece parte del plan para la instalación de casinos, dejando a un lado las utilidades económicas que producen para servicios asistenciales que proveen estas entidades.

Si eso no fuera poco, pretenden con la desincorporación de Exportadora de Sal evitar que la empresa se sujete a control gubernamental y, de esa manera, establecer el proyecto de Salitrales de San Ignacio, en la reserva de la biosfera El Vizcaíno, eludiendo todas y cada una de las recomendaciones que formuló esta soberanía, por conducto de la Comisión de Investigación sobre el Impacto Ecológico Ambiental por las Actividades la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Exportadora de Sal, SA de CV.

Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Que en el dictamen Presupuesto de Egresos de la Federación del 2004, se deseche el artículo segundo transitorio por atender este, contra el desarrollo nacional integral.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de noviembre de 2003.

Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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MEXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición que contiene punto de acuerdo en torno a las declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, sobre la Agenda Binacional México-Estados Unidos de América.

Un momento, señor diputado, quiero señalar a los concurrentes que de acuerdo con el artículo 207, el Reglamento los obliga a guardar respeto y no tomar parte en los debates con ninguna clase de demostración.

Adelante, diputado.

El diputado Joel Padilla Peña:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.

Nuestro vínculo con Estados Unidos ha sido de sombras y luces. Más sombras que luces.

A lo largo de nuestra historia hemos sufrido invasiones, mutilaciones de nuestro territorio, intrigas, traiciones de propios y extraños, y la voracidad insaciable de los imperios por apropiarse de nuestras riquezas.

Pocos países pueden sentirse orgullosos que desde su origen como nación han tenido que defender y pagar el alto costo que implica mantener su soberanía nacional, su independencia y su dominio territorial, como México.

En el panteón de la patria brillan con luz propia aquellos mexicanos que enfrentaron de manera valerosa al enemigo allende nuestras fronteras. Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, por mencionar tan sólo dos de los más distinguidos, son ejemplos paradigmáticos de ello.

México se ha forjado y forja como nación enfrentando las asechanzas del exterior.

Hoy, México sigue en lo mismo, el neoliberalismo, ese enemigo silente, penetra todos los espacios de nuestro país.

En lo público y en lo privado, su presencia es incuestionable.

Los gobiernos recientes le han dado carta de naturalización. Mientras la mayoría de los mexicanos decimos no al consenso de Washington, no al TLC en los términos en que se firmó, no al ALCA; ellos les abren las puertas de par en par.

Mientras los mexicanos nos avergonzamos por el trato humillante que se le dio a Fidel Castro en la cumbre de Monterrey porque simplemente mister Bush no deseaba rozarse con su enemigo histórico, el representante del pueblo cubano. El Presidente Fox, literalmente tuvo que ``tragar camote'', como dice el embajador de México en la ONU, al hacerse pública su conversación con Fidel.

Una anécdota más para las páginas de la tragicomedia mexicana, ya lo debe haber anotado José Agustín.

Y, ahora, El oso y el puercoespín, libro recientemente publicado del que fuera embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow.

En este libro se presenta a México como ``el patio trasero'' de los Estados Unidos. Como país subordinado a los dictados de Washington. Con el símil de ``puercoespín'' con que se identifica a México, se ofende y agrede la conciencia de los mexicanos y a su historia.

El testimonio de una de las personalidades más influyentes en la vida nacional, como lo han sido todos los embajadores de Estados Unidos en México.

Sabemos que la lectura no es la actividad favorita del Presidente Fox. A él y su gabinete económico la letra impresa sólo les produce, cuando más, una compulsión desenfrenada a cobrar IVA a periódicos, revistas y libros.

Tendrán nuevamente que comprarlo, sin pagar IVA todavía, y ``tragar camote'' y leerlo para explicar con toda la responsabilidad que merecen las acciones que se reseñan en la obra y que son imputables a su gestión gubernamental.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo que se dispone en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo para quedar como sigue:

Artículo Unico. Que esta soberanía demande al titular del Ejecutivo Federal que se pronuncie en relación con las imputaciones que sobre México y su política exterior se hacen en el libro de Jeffrey Davidow El oso y el puercoespín, publicado recientemente por la editorial Grijalbo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.--- Diputados: Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Oscar González Yánez (rúbrica).

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de que la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría Federal de la República investiguen el monto y destino de los recursos que se recuperan por motivos de sanciones económicas y penales, a través de la Secretaría de la Función Pública.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente.

El grupo parlamentario de Convergencia recibió diversas listas, con cerca de 60 mil nombres de servidores públicos presuntamente sancionados por la secretaría encargada de la fiscalización de los recursos públicos federales de 1984 a 2003.

Esa información fue solicitada a la Secretaría de la Función Pública, por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, y complementada por diversas áreas del Gobierno Federal.

El contenido de esa información revela, entre otras cosas, lo siguiente: de 1984 a 2003 se han impuesto sanciones económicas a sólo 5 mil servidores públicos, con un monto de 13 mil 800 millones de pesos, de los 60 mil que aparecen en la lista correspondiente.

No se tiene conocimiento de si la cantidad anterior ya fue recuperada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, si fue así, a dónde se canalizaron esos recursos.

Independientemente de lo anterior, aparece una lista de servidores públicos que han sido sancionados, por la cantidad de 4 mil 500 millones de pesos, y que -al parecer- ni siquiera han sido notificados.

De las dos listas que se tienen al cruzar la información, nos encontramos con la impresión de que es factible la ``desaparición'' de servidores públicos sancionados porque, insisto, no hay claridad en la información sobre si los servidores públicos sancionados solventaron sus responsabilidades; o bien, cubrieron las multas o simplemente los desaparecieron, sin saber el motivo o la causa.

Es importante destacar que el presupuesto real de los años 2000 a 2003 por parte de la Secodam, hoy Secretaría de la Función Pública, ascendió a cerca de 20 mil millones de pesos, tomando en cuenta los más de 200 órganos internos de control dependientes de esa Secretaría, supuestamente para vigilar, supervisar y auditar secretarías y dependencias de los sectores central y paraestatal.

De los 20 mil millones de pesos que costó a la ciudadanía el aparato interno de control del Gobierno Federal, de 2000 a 2003 la secretaría encargada de la fiscalización generó por sanciones económicas sólo 6 mil millones de pesos.

En cambio, la Auditoría Superior de la Federación, en el mismo periodo y con sólo 2 mil millones de pesos de presupuesto, obtuvo ingresos por concepto de sanciones de 3 mil 600 millones de pesos.

Tenemos conocimiento de que esa información también se encuentra en la página web www.indicepolitico.com, del periodista Francisco Rodríguez, que incluye todas las listas con nombre y apellidos y estadísticas, que en este momento entrego al Presidente de la Mesa Directiva.

Por lo anterior, solicito a esta soberanía que, independientemente de que se analice en la Comisión de Vigilancia, se haga del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación, con objeto de que podamos efectuar un diagnóstico detallado de toda esa información, que pone de manifiesto los ineficaces controles que tenemos sobre el gasto público federal.

El resultado de ese trabajo puede poner en evidencia que, por una parte, no se castiga a los responsables ni se conocen las cantidades recuperadas; y, por otra parte, que la ley se aplica de manera discrecional a los funcionarios que incurren en delitos de daño patrimonial.

Por todo lo anterior, y para reivindicar la función de fiscalización con que el Poder Legislativo cuenta en su lucha contra la corrupción y la impunidad, nos permitimos proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta soberanía, mediante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, analice los documentos mencionados y los turne a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que se auditen la legalidad de éstos y el desempeño de la Secretaría de la Función Pública para que, finalmente, se rinda un informe al Pleno.

Segundo. En caso de que procedan omisiones por parte de algunas dependencias y de servidores públicos, se dé cuenta a las áreas administrativas y judiciales correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.--- Diputados: Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús Porfirio González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señores diputados.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Gema Isabel Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con una proposición que contiene punto de acuerdo para exhortar a las procuradurías de justicia, atiendan de manera integral a las víctimas de los delitos.

La diputada Gema Isabel Martínez López:

Con su permiso, señor Presidente:

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscribimos, diputados y diputadas federales, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las procuradurías de justicia para que atiendan de manera integral a las víctimas del delito, bajo la siguiente

Exposición de motivos

Todos los días tenemos noticias de la poca sensibilidad y justicia con que son tratadas las víctimas del delito en las agencias del Ministerio Público. Las mujeres generalmente recibimos un trato discriminatorio, abusivo y grosero del personal que labora dentro de las agencias.

Nos enfrentamos a negligencia, burlas, trato despótico e inobservancia de nuestros derechos. En México existe una demanda constante en el sentido de que en nuestro país la atención a las víctimas del delito es de clara desventaja frente al trato que se le da a los delincuentes.

La injusticia y la impunidad producen la inseguridad y la pérdida de credibilidad a las instituciones.

La sociedad considera que los delincuentes cuentan con la complicidad y protección de la ley, las autoridades, las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, en tanto que a las víctimas no se les atiende adecuadamente, no se les proporciona asistencia jurídica y tampoco les es reparado el daño que les causan. Por lo tanto, no creen en la impartición de la justicia, a la que consideran ocioso acudir.

Durante muchos años se trató de proteger al procesado en el afán de darle garantías para defenderse. Se llegó al extremo de no ocuparse de los derechos de las víctimas.

En los últimos años el interés por el tema de las víctimas del delito ha sido abordado por juristas y especialistas en derechos humanos. En 1993 la Constitución fue modificada para contemplar dicha problemática. En el inciso b) del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se establecen los derechos de las víctimas del delito u ofendido.

Sin embargo, es de igual importancia que la procuración de justicia se haga efectiva, que los procedimientos se agilicen y que los servidores públicos estén capacitados y sensibilizados para atender de manera adecuada a las víctimas.

En cuanto al derecho de recibir asesoría jurídica, considero que se dice que los derechos de las víctimas deben de ser equivalentes a los del inculpado, quien desde la averiguación previa tiene derecho a la asistencia jurídica, sea particular o de oficio.

Entonces, las víctimas también deben de contar con un verdadero asistente legal que las ilustre, las represente de manera efectiva y gratuita. Este abogado puede ser el propio Ministerio Público, a quien se deberá dotar de las atribuciones y recursos necesarios para su cometido, o bien puede ser una institución especializada en atender no solamente los asuntos de orden penal, sino también otras materias, como civil y laboral etcétera.

De otro modo, una simple asesoría es una asistencia legal limitada que sólo da consejos, opiniones y orientación, pero no representa a la víctima en su juicio. En tal situación, la defensa del ofendido es más reducida que la prevista del infractor.

Para la reparación de daños propongo: ésta debe garantizarse desde el inicio del proceso al fijar la caución. Si el inculpado tiene derecho a ella, en la aplicación de este derecho las leyes deben prever mecanismos de aseguramiento de bienes desde la fase de averiguación previa. Igualmente es importante que la ley evite la práctica de absolver la reparación del daño por falta del supuesto elemento para determinarla.

Debería ser práctica general que el juzgador no pueda absolver de la reparación del daño cuando haya impuesto sentencia condenatoria y para calcular el monto al igual que lo tiene que estimar...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Perdón, diputada, le ruego concluir por razones de tiempo.

La diputada Gema Isabel Martínez López:

Permítame.

...Permita valorar el daño de forma de su reparación.

En razón de lo aquí expresado, insisto en la conveniencia de profundizar en el estudio del tema de las víctimas del delito en aras de adecuar nuestro sistema jurídico y lograr que la procuración de justicia sea eficiente y equitativa.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar de manera respetuosa a las legislaturas de los estados para que adecúen sus respectivas constituciones a lo mandado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a los derechos de las víctimas del delito.

Segundo. Exhortar a las procuradurías de los estados y del Distrito Federal para que capaciten y sensibilicen al personal adscrito a las diferentes agencias del Ministerio Público en aras de garantizar a las víctimas del delito, el cabal ejercicio de sus derechos, así como un trato justo, respetuoso y digno.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las procuradurías de Justicia a que atiendan de manera integral a las víctimas de los delitos y que las constituciones locales se adecuen en la materia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gema Isabel Martínez López, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados y diputadas federales sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las procuradurías de Justicia a que atiendan de manera integral a las víctimas de los delitos.

Exposición de Motivos

Todos los días, ya sea por los medios de comunicación o por algún conocido, tenemos noticias de la poca sensibilidad y justicia con que las víctimas de los delitos son tratadas por las agencias del Ministerio Público.

Las mujeres recibimos habitualmente un trato discriminatorio, abusivo y, en las más de las ocasiones, grosero, del Ministerio Público y, en general, del personal que labora en las agencias.

Día tras día, las mujeres nos enfrentamos a la negligencia, a las burlas, al trato despótico y a la inobservancia de nuestros derechos. La falta de sensibilidad es latente en cada uno de los actos de las autoridades.

El tema de las víctimas de delito ha sido abordado desde diferentes ángulos por juristas y especialistas en derechos humanos en los últimos años.

En la realidad, hay una demanda constante de la sociedad en el sentido de que en nuestro país la atención a las víctimas es de clara desventaja frente al tratamiento que se da a los victimarios.

Entre las preocupaciones que más aquejan hoy día a la sociedad mexicana están la justicia y la impunidad, que producen a su vez la inseguridad y la pérdida de credibilidad en las instituciones.

Los mexicanos consideran que los delincuentes cuentan con medios suficientes para exigir sus libertades y que tienen protección de las leyes, las autoridades y aun las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, en tanto que a quienes sufren las consecuencias de los delitos -es decir, a las víctimas- no se les atiende adecuadamente, no se les informa sobre los procesos, no se les proporciona el auxilio asistencial ni jurídico suficientes y tampoco les son reparados los daños que se les causan. Por tanto, no creen en la impartición de justicia, a la que por consiguiente creen ocioso acudir.

Afortunadamente, en la última década se ha desarrollado el interés por atender los derechos de la víctima del delito y del abuso de poder.

En 1993, la Ley Fundamental se modificó para reconocer por primera vez esos derechos. Aunque es un esfuerzo loable y de gran utilidad, todavía resulta insuficiente.

Actualmente, los sujetos pasivos del delito enfrentan dos infortunios: primero son víctimas de un abuso por el delincuente y después son doblemente victimadas porque no hay un eficiente reconocimiento de sus prerrogativas, pues la ausencia de suficientes, pero sobre todo de eficientes instituciones provoca la falta de protección y restitución de sus derechos.

Durante muchos años se trató de proteger al procesado quien, dada la involución del derecho penal mexicano, permaneció sin el más elemental reconocimiento de sus derechos; y, en el afán de darle garantías para defenderse, se llegó al otro extremo: omitir ocuparse de los derechos de la víctima.

Por suerte, en la actualidad existe la tendencia a lograr el equilibrio de derechos entre los protagonistas del delito.

El inciso B del artículo 20 de la Constitución otorga a la víctima u ofendido las garantías siguientes:

I. Recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria;

V. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

VI. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y

VII. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.

Como hemos visto, hay una serie de garantías establecidas en la Ley Fundamental que a todos luces resulta conveniente insertar en las Constituciones locales, así como adecuar las leyes sustantivas y adjetivas y objetivar así lo mandatado en la Constitución General.

Por otro lado, resulta de igual importancia que la impartición y procuración de justicia se hagan efectivas, que los procedimientos se agilicen y, sobre todo, que los servidores públicos estén verdaderamente capacitados y sensibilizados para atender de manera adecuada a las víctimas.

En otras palabras, se necesita cumplimentar lo mandatado en la Ley Fundamental.

En cuanto al derecho a recibir asesoría jurídica, me permitiré hacer algunas consideraciones:

Si decimos que los derechos de la víctima deben ser equivalentes a los del inculpado, quien desde la averiguación previa tiene derecho a asistencia jurídica y legal, sea particular o de oficio, entonces la víctima también debe contar con un verdadero asistente legal que lo ilustre, lo aconseje y lo patrocine de manera efectiva y gratuita.

Este abogado puede ser el propio Ministerio Público, a quien deberá dotarse de las atribuciones y los recursos necesarios; o bien, una institución especializada en atender no solamente los asuntos de orden penal sino, también, las materias civil, laboral, fiscal, etcétera.

De otro modo, si hablamos sólo de una simple asesoría, hablamos de una asistencia legal limitada, que únicamente da consejos, emite opiniones y orienta, pero no siempre representa a la víctima ante un juicio. En tal virtud, la defensa del ofendido u ofendida es más reducida que la prevista para el infractor.

La reparación del daño debe garantizarse desde el inicio del proceso, al fijar la caución, si el inculpado tiene derecho a ella.

En la aplicación de ese derecho, las leyes pueden prever mecanismos de aseguramiento de bienes desde la fase de averiguación previa.

Igualmente, es importante que la ley evite la práctica de absolver de la reparación del daño, por falta de supuestos elementos para determinarla, en muchas ocasiones los jueces, si no tienen en autos los comprobantes de gastos, dejan de obligar al responsable, incluso cuando es evidente que los gastos se efectuaron, como es el caso de gastos funerarios o de hospitalización; o bien, erogaciones que será necesario hacer.

Entonces, debería ser práctica general, en aplicación de este derecho de la víctima, que el juzgador no pueda absolver de la reparación del daño cuando haya impuesto sentencia condenatoria y, para calcular el monto, igual que lo tiene que estimar cuando fija la caución, pueda recurrir a juicios propios, a pruebas periciales, a cálculos comparativos o a cualquier otro medio que le permita valorar el daño y fijar el monto y la forma de reparación.

Del mismo modo, deben preverse los casos en que, por ejemplo, la atención médica es otorgada por instituciones de beneficencia que no cobran y evidentemente no expiden factura, o por instituciones sociales como el IMSS o el ISSSTE que de igual manera realizan erogaciones que deben correr a cargo del delincuente, por lo que es necesario prever en todas las legislaciones que el daño sea reparado a un tercero.

En razón de lo expresado, insisto en la conveniencia de atender y profundizar en el estudio de la victimología, en aras de modernizar el sistema jurídico mexicano y lograr con ello que la impartición y procuración de justicia en todo el país sean eficientes, modernas y justas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar de manera respetuosa a las Legislaturas de los estados a que adecuen sus respectivas Constituciones a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere a los derechos de las víctimas de los delitos.

Segundo. Exhortar a la Procuraduría General de la República, así como a las Procuradurías de los estados y del Distrito Federal, a que capacite y sensibilice al personal adscrito a las diferentes agencias del Ministerio Público, en aras de garantizar a las víctimas el cabal ejercicio de sus derechos, además de un trato justo, respetuoso y digno.

Integrantes de la Comisión de Equidad y Género

Diputadas y diputados: Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Presidenta; Margarita Martínez López, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica), Blanca Eppen Canales (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, secretarias; Angel Paulino Canul Pacab, María Hilaria Domínguez Arvizu, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Gema Isabel Martínez López, Rosalina Mazari Espín, María Elena Orantes López, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, María del Consuelo Rodríguez de Alba, Rosario Sáenz López (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán, Nora Elena Yu Hernández, Concepción Cruz García (rúbrica), Patricia Flores Fuentes (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña, Evangelina Pérez Zaragoza (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna, Martha Leticia Rivera Cisneros, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche, Marbella Casanova Calam, Angélica de la Peña Gómez, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, María Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos, María Avila Serna (rúbrica), Eliana García Laguna (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición que contiene punto de acuerdo donde se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se respete el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

El diputado José Luis Treviño Rodríguez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El que suscribe, diputado José Luis Treviño, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la República, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Ante la inminencia de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal, del 2004, en el caso de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), que fue creada por decreto presidencial de fecha del 3 de junio de 1996, informar que la Conamed obtuvo la certificación integral de más de 38 procesos con la norma ISO-9001-2000, en enero del 2002.

Que llevó a cabo una reestructuración funcional y operativa con atención modular y una reducción de su personal en un 25% que representó un ahorro de 16 millones de pesos.

Que este año la Conamed atenderá 20 mil asuntos, 4 mil 500 más que en el año 2000.

Que tiene una eficiencia pericial que en este año va a ser del 89%, mientras que en el año 2000 fue del 74%.

Este año la Conamed resolverá en menos de 48 horas cerca de 3 mil 800 asuntos y cerca de 1 mil 450 asuntos más que en el año 2000.

El 96% de los usuarios tanto médicos como los pacientes, califican los servicios recibidos en tiempo, en trato e imparcialidad, como buenos y excelentes.

Conforme a sus atribuciones la Conamed ha logrado instalar 22 comisiones en las entidades federativas.

Este año recibió la Conamed el Premio IntraGob a la Calidad, posterior a la evaluación que realizaron los integrantes del Premio Nacional de Calidad.

La Conamed constituye un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud cuya función primordial es de mediar como una instancia de justicia frente a los usuarios de servicios médicos públicos y privados y es una institución que presta a los pacientes un servicio que interponen una queja por el servicio médico recibido por instancias médicas y evita saturar las agencias del Ministerio Público del país, recibiendo, investigando y dictaminando cada caso en forma imparcial y objetiva, apoyado por peritajes médicos en forma profesional.

Por lo antes expuesto, la estructura de la Conamed no debe de ser desmantelada pues esto sería un grave retroceso. Por eso exhortamos a los diputados para valor la importancia que tiene la Conamed, con el propósito de que en el presupuesto general de la Federación se respete el presupuesto asignado para esta institución. Estamos de acuerdo en que es necesario hacer más eficiente el presupuesto destinado a salud y de la responsabilidad que tenemos los legisladores para que los recursos públicos cumplan cabalmente con el mejoramiento de la calidad de los servicios médicos.

Por lo expuesto solicito respetuosamente a esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que se inste a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se respete el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, debido a que la labor que cumple en la sociedad es valiosa para médicos y pacientes.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica a que se respete el Presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Arbitraje Medico, dada su valiosa labor en beneficio de pacientes y facultativos, presentada por el diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del jueves 13 de noviembre de 2003

El que suscribe, diputado José Luis Treviño Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Ante la inminencia de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal de 2004 en el caso de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Conamed, que fue creada por decreto presidencial de fecha 3 de junio de 1996.

1. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Salud, la Conamed elaboró el Programa de Consolidación del Arbitraje Médico 2001-2006.

2. La institución se reorganizó a partir del año 2001 e implementó un Sistema de gestión de Calidad, que dio como resultado, entre otros:

Estructura y operación:

Estandarizó sus procesos consolidando un modelo único de atención de inconformidades, que culminó con la actualización de su reglamento correspondiente; se publicó en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2003.

Obtuvo la certificación integral (más de 38 procesos) con la norma ISO 9001/2000 en enero de 2002, a través de la empresa British Standard Institution. Ha mantenido la certificación después de dos auditorías a sus procesos.

Se llevó a cabo una reestructuración funcional y operativa con atención modular y estructura matricial, obteniendo una reducción de su personal de 25% (de 210 plazas a 159), lo que representó un ahorro, en el capítulo 1000, de 16 millones de pesos.

Productividad y eficiencia:

Se atenderán este año cerca de 20 mil asuntos, 4,500 más que en el año 2000.

La capacidad conciliatoria es de 66.8% en promedio, mientras que en el año 2000 era de 52.6%

La eficacia del proceso arbitral para este año es de 68%, mientras que en el año 2000 era del 53.3%.

La eficiencia pericial para este año es del 89%, mientras que en el año 2000 era del 74%.

Este año se resolverán en menos de 48 horas cerca de 3,800 asuntos, cerca de 1,450 asuntos más que en el 2000.

Satisfacción de usuarios:

El 96% de los usuarios, tanto médicos como pacientes, califican los servicios recibidos (tiempos, trato e imparcialidad) como buenos y excelentes.

Creación de comisiones estatales análogas:

Conforme a sus atribuciones, se ha logrado instalar 22 comisiones en las entidades federativas.

La Conamed promovió la creación del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, con el conjunto de las comisiones estatales como instancia de coordinación, consenso y acuerdo de las políticas generales en la materia, para poder operar un modelo único a nivel nacional.

Reconocimientos:

En el año 2002 recibió el Premio Intragob a la Calidad, posterior a la evaluación realizada por los integrantes del Premio Nacional de Calidad.

Que constituye un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud y cuya función primordial es mediar como instancia de justicia frente a los usuarios de servicios médicos públicos y privados y es una institución que este año recibió el Premio Nacional de Calidad por su eficiencia en el servicio que presta a los pacientes que interponen una queja por el servicio médico recibido por instancias médicas y evita saturar las agencias del Ministerio Público del país, recibiendo, investigando y dictaminando cada caso en forma imparcial y objetiva apoyados por peritajes médicos en forma profesional.

Por lo antes expuesto, la estructura de la Conamed no debe ser desmantelada, pues esto sería un grave retroceso, por eso exhortamos a los ciudadanos diputados a valorar la importancia que tiene la Conamed, con el propósito de que en el Presupuesto General de la Federación para el Ejercicio 2004 se respete el presupuesto de 105 millones 394 mil 776 pesos.

Estamos de acuerdo en que es necesario hacer más eficiente el presupuesto destinado a salud y en la responsabilidad que tenemos para que los recursos públicos cumplan cabalmente con el mejoramiento de la calidad de servicios médicos a nivel nacional, y la única instancia que cumple con la necesidad de defensa de los pacientes ante un mal servicio médico es la Conamed, que con esto cumple ampliamente su cometido, pues cuenta con la infraestructura y el personal suficiente para cumplir con su cometido de servicio a la comunidad.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente a esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se inste a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se respete el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, debido a que la labor que cumple en la sociedad es valiosa para médicos y pacientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2003.--- Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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AGUAS BLANCAS, GUERRERO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Congreso del estado de Guerrero y al Secretario de Gobernación intervengan en el caso de la liberación que se ha venido dando de las personas señaladas como autoras materiales de los crímenes cometidos en Aguas Blancas.

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio:

Con su permiso, señor Presidente.

La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Vicente Fox reiteró que para mantener la paz social, el desarrollo individual y colectivo, así como la total vigencia del Estado de Derecho se realizan acciones efectivas encaminadas a abatir la corrupción y la impunidad, en un marco de cumplimiento irrestricto de la ley, respeto y protección a los derechos humanos, en un ambiente en el cual la procuración de justicia se realice de manera pronta, expedita e imparcial.

Sin embargo, estos propósitos quedan muy lejos de las acciones en contra de la acción criminal del 28 de junio de 1995 llevada a cabo en el vado de Aguas Blancas, pero, además, es muestra de que prevalece la impunidad y la falta de acciones pertinentes del gobierno para garantizar el ejercicio de la justicia sobre todos aquellos autores intelectuales y materiales de los hechos.

El crimen perpetrado en el vado de Aguas Blancas ha contado con la complicidad de las autoridades para hacer menor el costo legal de los inculpados y la ausencia de fincamiento de responsabilidades en contra de otros personajes que han sido señalados por la opinión pública. Por ello, las promesas de cumplimiento irrestricto de la Ley, que exalta el gobierno foxista, han quedado sin efecto y se suman a los nulos resultados obtenidos en los hechos del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y el 22 de diciembre de 1997 de Acteal, entre otros sucesos de represión gubernamental a movimientos sociales.

La ejecución de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas no ha alcanzado la observancia de la Ley. Las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero adolecen de una serie de deficiencias que tuvieron como consecuencia que los autores intelectuales de la masacre permanezcan en la impunidad.

De 28 policías encarcelados por esta matanza, 15 salieron de prisión en 1999 y de cuatro funcionarios presos, sólo queda uno. Pero entre el 11 de septiembre y 9 de octubre del presente año, siete policías más fueron liberados por el Consejo Técnico Disciplinario de Readaptación Social del gobierno estatal por problemas de salud que les impedían seguir compurgando la pena en el interior del penal y porque el Gobierno Federal les concedió amparo.

Cabe señalar que la actuación de las autoridades ha dejado a un lado las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emitió resolución donde se concluye que ``existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados''.

La necesidad de otorgar justicia a las víctimas y familiares de la masacre es obligación irrefutable del actual gobierno, encabezado por Vicente Fox. El argumento de que la masacre representa un hecho no sucedido en la actual administración, no tiene ningún sustento cuando está en manos de los órganos gubernamentales revertir la impunidad que ha caracterizado este caso.

A ocho años de la masacre y a dos de los compromisos adquiridos por el Gobierno Federal ante la CIDH, vemos con preocupación que no existe voluntad política ni jurídica para otorgar justicia a los familiares de los ejecutados que no han recibido una justa reparación del daño y tampoco se les ha hecho justicia integral. Por lo que hace a los supervivientes, muchos de ellos siguen en estado de salud crítico y tampoco les ha sido otorgada la debida reparación del daño.

Por lo anteriormente expuesto y en términos de los hechos señalados, someto a la consideración de este honorable Pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. En forma respetuosa, se exhorta al Congreso del estado de Guerrero para que solicite a las autoridades responsables informen de los motivos que justifican el otorgamiento del amparo para la liberación de siete ex policías motorizados involucrados en los hechos de Aguas Blancas.

Segundo. Se solicite al secretario de Gobernación federal su intervención en el caso e informe a detalle sobre los pendientes del caso Aguas Blancas y los motivos por los cuales no considera conveniente presentar inconformidad por la liberación de los autores materiales de los crímenes cometidos el 28 de junio de 1995.

Tercero. Se cumpla la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se otorgue justicia a los familiares de los ejecutados y se repare el daño causado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.--- Dip. Rosario Herrera Ascencio (rúbrica).

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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MOSCA DE FRUTA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para una proposición que contiene punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, incluya al municipio de Acapetahua, Chiapas, en el Programa para Combatir la Mosca de Fruta.

La diputada María Avila Serna:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, como lo establece la fracción IV del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde fomentar los programas de sanidad vegetal.

Aunado a lo anterior, la Ley de Desarrollo Rural es sustentable, prevé en la constitución del sistema y del Servicio Nacional de Sanidad, como instrumentos torales para el perfeccionamiento y aplicación de la política de sanidad vegetal y de las acciones que de ellas se deriven.

Los propósitos fundamentales del sistema son: apoyar la aplicación de la política de sanidad vegetal, salud animal y la relativa a los organismos genéticamente modificados, orientada a reducir los riesgos para la producción agropecuaria y la salud pública.

Fortalecer la productividad agropecuaria y facilitar y regular la comercialización nacional e internacional, mediante la concertación con los gobiernos de las entidades federativas y los productores.

Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, como órgano desconcentrado de la Sagarpa, es el responsable de establecer políticas, lineamientos, criterios, sistemas, estrategias, programas, proyectos, procedimientos y servicios que coadyuven a mejorar la condición sanitaria de los vegetales, animales y la fauna acuática, sus productos y subproductos, así como la inocuidad de los alimentos y sus procesos de producción, procesamiento, almacén, empaque, transformación y distribución.

Asimismo, el Programa de la Alianza para el Campo en la parte de sanidad vegetal, establece que debe brindar apoyos para el desarrollo de los programas de campañas nacionales, como es el caso de los programas para erradicar la mosca nativa de la fruta y operarlo en todos los estados a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal.

Por una parte existen en el municipio de Acapetahua, Chiapas, alrededor de 600 productores de mango de la variedad manililla, con registro ante la Sagarpa y otros 300 en proceso de inscripción, cultivando en aproximadamente 2 mil 200 hectáreas casi 700 mil toneladas, en el cual trabajan o dependen directa o indirectamente casi 3 mil familias.

Por otra parte, además de Acapetahua, como municipio productor de mango manililla, están los municipios de Acacoyahua, Escuintla, Mapastepec y Villa Comaltitlán, de los cuales sólo los dos últimos cuentan con una Junta Local de Sanidad Vegetal. Esta situación es la que menos beneficia a los primeros, particularmente a Acapetahua, el cual depende de la Junta Local de Tapachula, la cual sólo certifica la guía fitosanitaria sin otorgar completamente los apoyos y beneficios que establece el programa de la Sagarpa, para combatir la mosca de fruta.

La aplicación de este programa permanente tiene su momento principal cuando comienzan a florecer las plantaciones, que es durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por tanto, es en esta época cuando más se requiere la aplicación cabal de este programa, particularmente en el municipio de Acapetahua, segundo productor de la zona de Soconusco de mango manililla y que al no contar con los apoyos suficientes por parte de la junta local, consideramos necesario que la Sagarpa, considere en coordinación con las autoridades locales la viabilidad de establecer una junta local de sanidad en esta localidad para el cumplimiento efectivo de sus programas.

Por todo lo anterior es que solicitamos al pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne a la Comisión de Agricultura de esta Cámara de Diputados, para que acuerde

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se aplique de manera regular en el municipio de Acapetahua, Chiapas, el programa que tiene a su cargo para la erradicación de la mosca de fruta.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se tenga a bien someter a la consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.

A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), como establece la fracción IV del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde fomentar los programas de sanidad vegetal.

Aunado a lo anterior, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable1 prevé la constitución del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, así como del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria (Senasica), como instrumentos torales para el perfeccionamiento y aplicación de la política de sanidad vegetal y de las acciones que de ella se deriven.

El Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria será una figura administrativa de apoyo a la Comisión Intersecretarial, coordinado por la Sagarpa e integrado por las dependencias y las entidades competentes del sector público y de los sectores privado y social, donde cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y competencias para lograr los propósitos del sistema.

Esos propósitos son básicamente apoyar la aplicación de la política de sanidad vegetal, salud animal y la relativa a los organismos genéticamente modificados, orientada a reducir los riesgos para la producción agropecuaria y la salud pública, fortalecer la productividad agropecuaria y facilitar y regular la comercialización nacional e internacional de los productos, así como proporcionar información a la Comisión Intersecretarial para que ésta fomente la normalización, organice y lleve a cabo las campañas de urgencia y las campañas fitosanitarias, e impulse programas para el fomento de la sanidad agropecuaria, mediante la concertación con los gobiernos de las entidades federativas y los productores.

Por otra parte, el Senasica se encuentra operando como órgano desconcentrado de Sagarpa.

Es el responsable de establecer políticas, lineamientos, criterios, sistemas, estrategias, programas, proyectos, procedimientos y servicios que coadyuven a mejorar la condición sanitaria de los vegetales, los animales y la fauna acuática, sus productos y subproductos, así como la inocuidad de los alimentos y sus procesos de producción, procesamiento, almacenamiento, empaque, transformación y distribución.

Asimismo, el Programa de la Alianza para el Campo, en la parte de sanidad vegetal, establece que debe brindar apoyos para el desarrollo de los programas de campañas nacionales, como los programas para erradicar la mosca nativa de la fruta, y operarlo en todos los estados mediante el Comité Estatal de Sanidad Vegetal.

Por una parte, existen en el municipio de Acapetahua, Chiapas, alrededor de 600 productores de mango de la variedad manililla con registro ante Sagarpa y otros 300 en proceso de inscripción. Cultivan en aproximadamente 2 mil 200 hectáreas, casi 700 mil toneladas, en el cual trabajan o dependen directa o indirectamente casi 3 mil familias.

Por otra parte, además de Acapetahua como municipio productor de mango manililla, están los de Acacoyagua, Escuintla, Mapastepec y Villa Comaltitlán, de los cuales sólo los dos últimos cuentan con Junta Local de Sanidad Vegetal.

Esa situación es la que menos beneficia a los primeros, en particular Acapetahua, dependiente de la Junta Local de Tapachula, la cual sólo certifica la ``guía fitosanitaria'', sin otorgar completamente los apoyos y beneficios que establece el programa de la Sagarpa para combatir la mosca de la fruta.

La aplicación de ese programa ``permanente'' tiene su momento principal cuando comienzan a florecer las plantaciones, durante octubre, noviembre y diciembre.

Por tanto, en esa época se requiere más la aplicación cabal del programa, particularmente en el municipio de Acapetahua, segundo productor de la zona del Soconusco de mango manililla.

Como no se cuenta con apoyos suficientes de la Junta Local, creemos necesario que la Sagarpa considere, en coordinación con las autoridades locales, la viabilidad de establecer una junta de sanidad en esa localidad para el cumplimiento efectivo de sus programas.

Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se turne a la Comisión de Agricultura, para que se acuerde

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que se aplique de manera regular en el municipio de Acapetahua, Chiapas, el programa que tiene a su cargo para erradicar la mosca de la fruta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil tres.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene la palabra el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de que la empresa Notimex mantenga su status actual y se fortalezca presupuestalmente.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:

Honorable Asamblea:

Con el desarrollo del México moderno se manifestó la voluntad política de que el país contara en el marco de la economía mixta y de la libertad de expresión que consagra la Constitución, con las normas, instituciones e infraestructura indispensable para asegurar que los flujos informativos entre el Estado mexicano y la sociedad se erigieran en el eje de nuestra evolución democrática.

Fue así que en agosto de 1968 surgió la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), misma que tiene como misión obtener información oportuna, veraz, profesional y plural del acontecer nacional e internacional, para difundirla entre la sociedad a través de distintos medios de comunicación; ello contribuye evidentemente a la gobernabilidad democrática entre nosotros.

Notimex es la agencia líder de noticias en México y en América Latina. Transmite un promedio de 500 informaciones cada 24:00 horas a través de sus servicios satelitales y vía Internet. Algunos de sus suscriptores: periódicos, diarios, agencias de noticias mexicanas e internacionales, portales de Internet, universidades públicas, universidades privadas, embajadas, instituciones de gobierno y empresas privadas.

A pesar de ello, los recursos asignados a Notimex se han reducido en los últimos años; de 160 millones de pesos en el año 2000 pasó a 105 millones en el 2003 y para el próximo año se tiene proyectado un presupuesto de apenas 99 millones de pesos.

Aunado a lo anterior se desprende del artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, el Gobierno Federal pretende la desincorporación de Notimex, lo que no sólo interrumpiría el valioso trabajo que ha venido realizando, sino que dejaría en manos de agencias internacionales el manejo de la información nacional.

Contrasta con lo anterior, la propuesta de incremento en el número de plazas de alto nivel que hace la Presidencia de la República, se pretende aplicar un presupuesto de más de 154 millones de pesos exclusivamente a la Coordinación General de Opinión Pública e Imagen, dependencia que solamente sirve al titular del Poder Ejecutivo.

Notimex, en cambio, sirve a todos los órganos de gobierno del Estado mexicano, al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial en sus distintos niveles, por igual. La experiencia y logros de 35 años de servicio de Notimex se deben a su condición de entidad pública, por lo que habría que cuestionar si una empresa privada o grupo corporativo seguirá los principios sociales que ha venido siguiendo esta agencia.

Notimex no debe ser desincorporada, se trata de una empresa social y políticamente necesaria para el país, es y debe seguir siendo un bien público, un instrumento de difusión que requiere el Estado mexicano para hacerse presente en el contexto nacional e internacional y un canal de expresión de la soberanía nacional.

En todo caso, para eficientar su financiamiento y funcionamiento, debe implementarse un estudio integral de su organización, como se hizo en 1993 para poner en marcha un proceso de modernización y reestructuración de la agencia.

Con estas consideraciones, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el marco de su competencia para que en su oportunidad, en el dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado por el Ejecutivo Federal, lejos de desincorporar a la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), se le fortalezca presupues- talmente a efecto de que cumpla con mayor eficiencia, con su elevado contenido social de informar a la nación y al mundo sobre la realidad cotidiana de México y

Segundo. A efecto de poner en marcha un proceso de modernización y reestructuración de la agencia mexicana Notimex, se exhorta al Ejecutivo Federal para que se instruya a las secretarías de Gobernación y de Hacienda para que realicen un estudio integral de organización y funcionamiento de la agencia que le permita ampliar su cobertura y optimizar su operación.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fín de que se fortalezca presupuestalmente la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, en vez de desincorporarla, presentada por el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia, en la sesión del jueves 13 de noviembre de 2003.

El que suscribe, diputado federal del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que se fortalezca presupuestalmente la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, SA de CV, en vez de desincorporarla, con base en las siguientes

Antecedentes

1. Con el desarrollo del México moderno, se manifestó la voluntad política de que el país contara, en el marco de la economía mixta y de libertad de expresión que consagra la Constitución, con las normas, instituciones e infraestructura indispensables para asegurar que los flujos informativos entre el Estado mexicano y la sociedad se erigieran en el eje de nuestra evolución democrática.

El aumento y la diversificación de los medios de comunicación en el país, así como la creciente influencia de las agencias internacionales de noticias, provocaron la necesidad de crear una institución gubernamental para difundir los grandes objetivos del proyecto nacional e ilustrar cotidianamente a la opinión pública.

2. Fue así que, en agosto de 1968, surgió la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, SA, con la responsabilidad de constituirse en una auténtica y eficiente fuente de información que captara y difundiera los acontecimientos relevantes del interior o del exterior del país.

3. El 6 de diciembre de 1986, la asamblea de accionistas aprobó el cambio de figura jurídica de Notimex, SA, a Notimex, SA de CV, medida que se protocolizó el día 8 de agosto de 1988.

En esta misma asamblea general se acordó aumentar el capital social de 16 millones 800 mil pesos a la cantidad de 762 millones de pesos, además de reformar y modificar la escritura constitutiva y los estatutos de la sociedad civil en relación con la organización, administración y vigilancia de la misma.

4. En el mes de marzo de 1988, el consejo de administración autorizó aumentar el capital social a 2,208.4 millones de pesos, mientras que a finales de 1989 se inició el proceso de expansión nacional e internacional para fortalecer la presencia de la agencia en el campo de la información.

Con estos antecedentes, la presente proposición se basa en las siguientes:

Consideraciones

1. Notimex tiene como misión obtener información oportuna, veraz, profesional y plural del acontecer nacional e internacional para difundirla entre la sociedad a través de los medios de comunicación, garantizando a los mexicanos el acceso a ésta y su derecho constitucional a la libertad de expresión, contribuyendo así a la gobernabilidad democrática.

2. Notimex es la agencia líder de noticias en México y América Latina. Cuenta con el respaldo de una red de profesionales de la comunicación, integrada por más de 300 redactores, editores, fotógrafos, reporteros y corresponsales, estratégicamente distribuidos en nuestro país y el resto del mundo.

3. Transmite un promedio de 500 informaciones cada 24 horas a través de sus servicios satelitales y vía Internet. Los suscriptores de la agencia son periódicos diarios, revistas, agencias de noticias mexicanas e internacionales, portales de Internet, universidades públicas y privadas, embajadas, instituciones de gobierno y empresas privadas, que suman 574 clientes.

4. A pesar de ello, los recursos asignados a Notimex se han ido reduciendo en los últimos años: de 160 millones de pesos en el año 2000, pasó a 105 millones en el 2003, y para el próximo año se tiene proyectado un presupuesto de apenas 99 millones de pesos.

5. Aunado a lo anterior, como se desprende del artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, el Gobierno Federal pretende la desincorporación de Notimex, lo que no sólo interrumpiría el exitoso trabajo que ha venido realizando, sino que dejaría en manos de las agencias internacionales el manejo de la información nacional.

6. Contrasta con lo anterior, la propuesta de incremento en el número de plazas de alto nivel de la Presidencia de la República y, al mismo tiempo, se pretende aplicar un presupuesto de más de 154 millones de pesos exclusivamente a la Coordinación General de Opinión Pública e Imagen, dependencia que solamente sirve al titular del Poder Ejecutivo. Notimex, en cambio, sirve a todos los órganos de gobierno del Estado mexicano, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial en sus distintos niveles por igual.

7. La experiencia y logros de 35 años de servicio de Notimex se deben a su condición de entidad pública, por lo que habría que cuestionar si una empresa privada o grupo corporativo seguirá los principios sociales de esta agencia, o si se circunscribirían a atender sus propios intereses empresariales, considerando a la información como simple mercancía.

8. Por ello es que Notimex no debe ser desincorporada. Se trata de una empresa social y políticamente necesaria para el país. Es un bien público; un instrumento de difusión que requiere el Estado mexicano para hacerse presente en el contexto nacional e internacional, y un canal de expresión de la soberanía nacional.

9. En todo caso, para eficientar su financiamiento y funcionamiento, debe implementarse un estudio integral de su organización, como se hizo en 1993, para poner en marcha un proceso de modernización y reestructuración de la agencia, a partir de su fortalecimiento presupuestal.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el marco de su competencia, para que en su oportunidad, en el dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, presentado por el Ejecutivo federal, lejos de desincorporar la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, SA de CV, se le fortalezca presupuestalmente, a efecto de que cumpla con mayor eficiencia con su elevado contenido social de informar a la nación y al mundo sobre la realidad cotidiana de México.

Segundo. A efecto de poner en marcha un proceso de modernización y reestructuración de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, SA de CV, se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya a las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, para que realicen un estudio integral de organización y funcionamiento de la agencia, que le permita ampliar su cobertura y optimizar su operación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.--- Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El siguiente punto del orden del día ha sido retirado para posponerlo en una sesión próxima.

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ACUERDO MIGRATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alfonso Moreno Morán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes del Congreso de la Unión, de las legislaturas locales, de los Poderes ejecutivos de la Federación y entidades federativas, a los ayuntamientos del país, a que se sumen al esfuerzo por alcanzar un acuerdo migratorio.

El diputado Alfonso Moreno Morán:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Los abajo firmantes, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Estados Unidos históricamente se ha beneficiado de la fuerza laboral migrante. La ha propiciado, regulado y administrado según sus cambiantes necesidades y, muy lejos de ser un lastre o una carga, los trabajadores migrantes han sido y son piezas clave en la edificación de la fortaleza económica de ese país.

Viajar al norte, cruzar la línea, escapar de las autoridades migratorias, encontrar trabajo, mantenerlo, incorporarse a la sociedad estadounidense y preservar la unión con quienes se quedaron en México se lleva a cabo anualmente por cientos de indocumentados en condiciones alta vulnerabilidad.

Por ello, el abuso contra la dignidad y derechos de los migrantes exige acciones y respuestas.

La protección y promoción de los derechos humanos no es sólo un imperativo moral, es además el fundamento de la libertad, justicia y la paz. En ese sentido, resulta inadmisible la pérdida de vidas humanas de quienes marchan en la búsqueda de un mayor bienestar.

Luego entonces, resulta incomprensible que, siendo México el segundo socio comercial de Estados Unidos, con un Tratado de Libre Comercio, la situación migratoria se encuentre tan rezagada, que presente casos de muertes de mexicanos que buscan ingresar a Estados Unidos, que presente estos números y, peor aún, que registre un incremento año tras año.

Es debido a lo anterior que hacemos un llamado para sumarse al esfuerzo del Gobierno Federal en el marco de una política de Estado, en la búsqueda de programas y mecanismos que promuevan la seguridad jurídica de nuestros connacionales que laboran en Estados Unidos.

Pretendemos así, hacer eco de lo pronunciado por el Presidente Fox en su gira por tres estados de Estados Unidos, ``para que quienes se encuentren allá, quienes trabajan con dignidad, quienes entregan su esfuerzo diario y lo hacen con honestidad, con diligencia y con productividad, sean reconocidos, sean documentados y puedan ir y venir a nuestro país, y puedan seguir trabajando.''

Debemos pues impulsar desde el Congreso de la Unión, los Congresos locales y demás autoridades de los tres niveles de gobierno en México una política de Estado en materia migratoria frente a los distintos niveles de gobierno en Estados Unidos y la sociedad civil a favor de los migrantes, de tal manera que se logre sensibilizar a las sociedades de ambos países sobre el impacto que puede tener una migración regulada y controlada.

En este sentido, reconocemos la importancia de la gira que el Presidente Fox sostuvo por los estados de Texas, Arizona y Nuevo México, en la Unión Americana. Sin duda, llevar el clamor de millones de mexicanos, y dejar de manifiesto la necesidad de alcanzar los acuerdos que salvaguarden los derechos de los trabajadores mexicanos, y que genere no sólo seguridad, sino también beneficios en ambos lados de la frontera, contribuye a crear el ambiente y los mecanismos que así lo permitan.

Igualmente, nos congratulamos de lo expresado al señalar puntual y enérgicamente que el trabajo humano no es una mercancía, mucho menos un acto criminal o terrorista.

Es necesario que en México se fortalezca y dé seguimiento a la política de Estado en materia de migración, y que nos permita posicionar el tema en Estados Unidos para que sea consecuente con una negociación bilateral, lo que sin duda requiere de la participación de toda la esfera del Estado.

Para el Partido Acción Nacional, la persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertados y de medios necesarios para cumplir dignamente este destino.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados federales miembros del grupo parlamentario del PAN sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Esta H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, a los Congresos estatales y distintas autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios a sumarse, en el ámbito de sus facultades, al esfuerzo por alcanzar un acuerdo migratorio con Estados Unidos de América que garantice el respeto a los derechos de los mexicanos y derive en beneficios para ambas naciones.

Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2003.--- Dip. Alfonso Moreno Morán (rúbrica)

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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EZLN
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición que contiene punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos Federal y de los estados de Querétaro y Tabasco a tomar las medidas conducentes para la liberación de los zapatistas presos.

El diputado Bernardino Ramos Iturbide:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable Asamblea, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos Federal y de los estados de Querétaro y Tabasco, a tomar las medidas conducentes para la liberación de los zapatistas presos, conforme a los siguientes

Considerandos

Con el propósito de sentar las bases jurídicas del diálogo y la conciliación para alcanzar una solución justa, digna y duradera al conflicto armado, iniciado en el estado de Chiapas, el Congreso de la Unión aprobó el 9 de marzo de 1995 la Ley para el Dialogo la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

De esa manera, durante el último tercio de 1995 y los primeros meses de 1996, se llevaron a cabo numerosas reuniones entre los representantes del Gobierno Federal y los del EZLN, dando lugar a una firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar que versaban sobre el tema de derechos y cultura indígena.

En noviembre de 1996, la Comisión de Concordia y Pacificación anunció la conclusión de la iniciativa de reforma en materia de derechos y cultura indígena. A principios de 1997 el EZLN rechazó las observaciones realizadas por el Gobierno Federal a la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación, mostrándose contrario a la renegociación de los mismos.

A finales del 2000, los zapatistas demandaron el cumplimiento de tres señales que acreditaran la disposición real al diálogo y a la negociación: el compromiso de llegar a acuerdos y cumplirlos para construir una paz duradera, una de ellas, era la liberación de todos los zapatistas presos en cárceles de Chiapas y en otros estados. Al respecto, tenemos los casos de los ciudadanos Jerónimo Sánchez Sáenz y Anselmo Robles Sánchez, quienes permanecen presos en Querétaro desde el 7 de febrero de 1998; sobre ello el gobierno estatal ha rechazado la posibilidad de un indulto en tres ocasiones consecutivas.

Durante los meses de junio y julio de 2002, representantes de Gobernación y de la Cocopa, entablaron pláticas con el gobierno de Querétaro, siendo el acuerdo básico encontrar las formas legales para liberar a los presos. En cuanto a Tabasco, en el mes de mayo de 2001 los integrantes de la Cocopa lograron reunirse con los titulares del Ejecutivo local y del Tribunal Superior de Justicia del estado, para analizar los casos de los presos de origen chol, Carrillo Vázquez López, Francisco Pérez Vázquez y Angel Concepción Pérez Gutiérrez.

Por ello, el Congreso de la Unión y en particular la Cámara de Diputados, en apego al espíritu de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, debe pugnar por allanar el camino que permita retomar el diálogo y proseguir el desahogo de la agenda pendiente.

En ese tenor, tanto el Gobierno Federal como los gobiernos estatales, sin demérito de sus soberanías, deben junto con el Congreso de la Unión, mandar señales claras de que el diálogo es la única vía de transito para arribar a la paz digna que todos deseamos, de ahí, la necesidad de solicitar la liberación de los presos enlistados por el EZLN en el año 2000.

En ese sentido el artículo 89, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala como facultad del Presidente de la República conceder conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal.

Por su parte, el artículo 57, fracción IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, señala como facultad del gobernador del estado conceder indultos y conmutación de penas, en los términos y condiciones que establezca la legislación penal en la materia de la entidad.

El artículo 51, fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, expresa que el gobernador del estado tiene la facultad de conceder indultos por los delitos...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado, le ruego concluir.

El diputado Bernardino Ramos Iturbide:

Concluyo, señor Presidente.

...De la competencia de los tribunales del estado, con los requisitos establecido por las leyes.

Por lo anterior, en mérito de lo expuesto y fundado sometemos a consideración del pleno de esta Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a los titulares de los gobiernos Federal y de los estados de Querétaro y Tabasco a iniciar las acciones legales conducentes a la liberación de los ciudadanos Francisco Pérez Vázquez, Angel Concepción Pérez Gutiérrez, presos en Tabasco; Carrillo Vázquez López, preso en Tabasco; Jerónimo Sánchez, preso en Querétaro y Anselmo Robles, preso en Querétaro.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos Federal y de los estados de Querétaro y de Tabasco a tomar las medidas conducentes a la liberación de los zapatistas presos, presentada por el diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del PRD.

El suscrito diputado, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta honorable asamblea una proposición de punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos federal y de los estados de Querétaro y de Tabasco a tomar las medidas conducentes a la liberación de los zapatistas presos, conforme a los siguientes

Considerandos

En enero de 1994 hizo su aparición el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), mostrando el verdadero rostro indígena del México del nuevo milenio. La nación entera, conmocionada, se pronunció de inmediato por la paz y por la solución del conflicto mediante el diálogo.

Con el propósito de sentar las bases jurídicas del diálogo y la conciliación para alcanzar una solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado en Chiapas, el Congreso de la Unión aprobó -el 9 de marzo de 1995- la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Derivado del artículo octavo de la Ley para el Diálogo, se instaló la Comisión de Concordia y Pacificación, que tuvo entre sus quehaceres la organización de las mesas de San Andrés Larráinzar.

De esa manera, durante el último tercio de 1995 y los primeros meses de 1996 se llevaron a cabo numerosas reuniones entre los representantes del Gobierno Federal y los del EZLN.

El 16 de febrero de 1996, ambas delegaciones firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que versaban sobre el tema de derechos y cultura indígenas.

En noviembre de 1996, la Comisión de Concordia y Pacificación anunció la conclusión de la iniciativa de reforma en materia de derechos y cultura indígenas.

A principios de 1997, el EZLN rechazó las observaciones realizadas por el Gobierno Federal a la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación. Por su parte, el Gobierno Federal refutó que sus observaciones violenten los acuerdos firmados en San Andrés.

En enero de 1998, el EZLN rechazó la renegociación de los acuerdos de San Andrés, ya que -postuló- ninguno de ellos atenta contra la integridad y soberanía nacionales.

A finales de 2000, los zapatistas demandaron el cumplimiento de tres señales que acreditaran la disposición real al diálogo y a la negociación, el compromiso de llegar a acuerdos y cumplirlos para construir una paz duradera.

La primera señal consistía inequívocamente en el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés; esto es, en materializar en ley la iniciativa elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación.

La segunda señal era la liberación de todos los zapatistas presos en cárceles de Chiapas y en otros estados.

Y la tercera, la desmilitarización en las zonas del conflicto.

Concretamente, la presentación de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación por parte del Ejecutivo Federal devino mero formalismo, al dejarla a la deriva.

La liberación de los presos zapatistas es una asignatura pendiente en Querétaro y Tabasco. Y la desmilitarización se concretó sólo en cuatro de las siete posiciones solicitadas.

No obstante las múltiples manifestaciones de la sociedad civil, las organizaciones indígenas, la participación del gobierno mismo y de este honorable cuerpo legislativo, la reforma constitucional -de abril de 2001- en materia de derechos y cultura indígenas no estuvo a la altura del conflicto que pretendía resolver. Se tornó así en una reforma cuestionada. Eso debemos reconocerlo.

La respuesta del EZLN en su comunicado del 29 de abril de 2001 no dejó lugar a dudas: desconoció y rechazó lo que denominaron una traición a los Acuerdos de San Andrés y a la iniciativa de la Cocopa en los temas centrales.

En suma, a la fecha ninguna de las tres señales ha sido satisfecha íntegramente.

De tal suerte que los CC. Jerónimo Sánchez Sáenz y Anselmo Robles Sánchez permanecen presos en Querétaro desde el 7 de febrero de 1998, cuando fueron detenidos.

Al respecto, el gobierno estatal ha rechazado la posibilidad de un indulto en tres ocasiones consecutivas (2001, 2002 y 2003).

Durante junio y julio de 2002, representantes de Gobernación y de la Cocopa entablaron pláticas con el gobierno de Querétaro en torno del asunto de los presos zapatistas en ese estado. El acuerdo básico fue encontrar las formas legales para liberarlos.

En cuanto a Tabasco, en mayo de 2001 los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación lograron reunirse con los titulares del Poder Ejecutivo y del Tribunal Superior de Justicia locales para analizar los casos de los presos cuya liberación demanda el EZLN.

Allá permanecen presos los ciudadanos de origen chol Carrillo Vázquez López, Francisco Pérez Vázquez y Angel Concepción Pérez Gutiérrez.

A lo largo de 2001, los gobiernos de Querétaro y de Tabasco - encabezados entonces por Ignacio Loyola Vera y Enrique Priego, respectivamente- mantuvieron su postura de desvincular a los presos del movimiento zapatista. En el extremo, el primero de ellos llegó a afirmar que recobrarían su libertad una vez que el EZLN firmara la paz.

En el comunicado del 19 de julio de 2003, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional expuso que decidió suspender totalmente cualquier contacto con el Gobierno Federal mexicano y los partidos políticos; y los pueblos zapatistas ratificaron que harían de la resistencia su principal forma de lucha.

Por ello, el Congreso de la Unión y en particular la Cámara de Diputados, con sujeción al espíritu de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, deben pugnar por allanar el camino que permita retomar el diálogo y proseguir desahogando la agenda pendiente.

Tanto el Gobierno Federal como los estatales -sin demérito de sus soberanías- deben, junto con el Congreso de la Unión, mandar señales claras de que el diálogo es la única vía de tránsito para arribar a la paz digna que todos deseamos. De ahí la idea de solicitar la liberación de los presos listados por el EZLN en 2000.

El artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como facultad del Presidente de la República conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal.

Por otra parte, el artículo 57, fracción IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga señala como facultad del gobernador conceder indultos y conmutación de penas en los términos y condiciones que establezca la legislación penal de la entidad.

El artículo 51, fracción X, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco expresa que el gobernador del estado tiene la facultad de conceder indultos por los delitos de la competencia de los tribunales del estado, con los requisitos establecidos por las leyes.

Por lo anterior, en mérito de lo expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a los titulares de los gobiernos federal y de los estados de Querétaro y de Tabasco a iniciar las acciones legales conducentes a la liberación de los CC. Francisco Pérez Vázquez, preso en Tabasco; Angel Concepción Pérez Gutiérrez, preso en Tabasco; Carrillo Vázquez López, preso en Tabasco; Jerónimo Sánchez, preso en Querétaro; y Anselmo Robles, preso en Querétaro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.--- Diputados: Bernardino Ramos Iturbide, Javier Manzano Salazar, Yadira Serrano Crespo, Francisco Chavarría Valdeolivar, Gerardo Ulloa Pérez, Santiago Cortés Sandoval, Narciso Agúndez Montaño, Eliana García Laguna, Juan García Costilla, Javier Salinas Narváez, Adrián Chávez Ruiz, Miguel Alonso Raya, Socorro Díaz Palacios, Daniel Ordóñez Hernández, Gilberto Ensástiaga Santiago, Enrique Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz, Juan José García Ochoa, Angélica Díaz del Campo, Margarito Fierros Tano, Rosa María Avilés Nájera, Susana Manzanares Córdova (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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REFORMA DEL ESTADO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para una proposición para que la Cámara de Diputados se pronuncie a favor de convocar, a la brevedad, un foro nacional de la Reforma del Estado.

El diputado Juan Manuel Velasco Coello:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 34, inciso A, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a solicitar se tenga a bien someter a la consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El proceso de consolidación democrática ha sido interrumpido, han transcurrido tres años sin avances sustantivos en la reforma política del Estado, se han perdido los beneficios del ``bono democrático'' y la credibilidad en el ``cambio'' se ha transformado en desencanto.

Esto ha disminuido la capacidad del Ejecutivo Federal de convocar a un pacto político nacional en el que se establezcan las reglas del juego entre los actores políticos, los espacios públicos y el tipo de reformas sobre las que enfocarán sus esfuerzos, por lo que el panorama de la Reforma del Estado se ha complicado, aunque no es imposible.

Aunado a esto, la ausencia de una visión histórica de Estado en el gobierno, ha colocado a las reformas económicas como la más alta prioridad para la nación, como condiciones esenciales para el desarrollo sin las cuales el desastre es inminente, haciendo a un lado la reforma de las instituciones y los acuerdos para la gobernabilidad, condiciones verdaderas para la solución de los problemas económicos y sociales.

La democratización del Estado mexicano es un proceso histórico que exige la construcción de consensos sólidos, que a través de la continuidad en la Reforma del Estado, permitan la gobernabilidad democrática, legitimen las acciones de la nueva clase política, y den a las instituciones del Estado la confianza de los ciudadanos y de los actores políticos, dándoles coherencia con las estructuras sociales, políticas y económicas. Estos consensos fundamentales deberán darse en el marco de un debate plural y programático que retome el rumbo de la transición y haga un replanteamiento de la agenda nacional en torno a la Reforma del Estado.

Existe un panorama alarmante en la realidad política nacional frente a la falta de confianza y credibilidad entre los integrantes de la clase política y la sociedad civil, hecho que se manifiesta en la incapacidad de lograr pactos y acuerdos políticos, en la poca participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y en la falta de credibilidad y confianza en la política como la vía para solucionar los problemas sociales.

El abstencionismo registrado en las pasadas elecciones intermedias, el más alto desde hace más de treinta años, y que terminó por acentuar aún más la crisis de legitimidad en el sistema de partidos, es una muestra de ello; la dificultad para construir consensos, la parálisis de la consolidación democrática y de la Reforma del Estado, y la desvinculación que existe entre la política y los intereses de la sociedad, son indicios de lo que puede ocurrir en un futuro no muy lejano: reproducir un estadio de ingobernabilidad y de conflictos sociales, como ocurre en Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Colombia, un padecimiento crónico en América Latina.

En este sentido, es urgente evitar la polarización y definir la agenda de la Reforma del Estado para avanzar en la consolidación democrática, por lo que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Que la Cámara de Diputados convoque a un foro nacional de la Reforma del Estado, en el que participen sociedad civil, organizaciones sociales, empresarios, intelectuales y académicos, instituciones educativas y de investigación, Poderes de la Unión, representantes de las entidades federativas, partidos políticos, órganos electorales, y todos los actores políticos, con la finalidad de intercambiar propuestas, construir consensos y definir la agenda de la Reforma del Estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados, a 13 de noviembre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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DIABETES MELLITUS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con proposición que contiene punto de acuerdo para que se exhorte a la Comisión de Hacienda y Crédito Público emita dictamen referente a la aprobación de la iniciativa de Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para eliminar dicho impuesto a los polvos para preparar bebidas saborizadas.

La diputada María Cristina Díaz Salazar:

Con su permiso, señor Presidente; señores legisladores:

El pasado jueves 30 de octubre, la suscrita presentó una iniciativa de decreto para reformar la Ley General de Salud, orientada a prevenir, tratar y controlar la obesidad en México, como un precursor de enfermedades crónico, degenerativas como la diabetes, los padecimientos cardiovasculares como la hipertensión arterial, entre otros.

Es conveniente mencionar que para enfrentar la obesidad, uno de los riesgos que puede provocar diabetes, se desa-rrollen acciones de prevención y detección como parte de las políticas de salud dirigidas a atender con oportunidad este padecimiento.

Ante esto, es importante hacer notar que dentro de los programas de prevención y tratamiento establecidos por las instituciones de salud en el combate a la obesidad y las enfermedades que de éstas se derivan, van incluidas acciones que tienden a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Dentro de la atención primaria, es decir, aquella dirigida a prevenir la enfermedad, el tratamiento y control de las personas obesas y diabéticas, se encuentra el plan de alimentación, el cual recomienda que el paciente consuma productos que contengan edulcorantes no nutritivos como parte de la acción integral que debe desarrollarse para controlar su evolución.

Así, al esfuerzo que las autoridades despliegan para disminuir esta enfermedad que ya es considerada una epidemia, es preciso facilitar el acceso de los afectados a productos que puedan coadyuvar en la prevención, tratamiento y control de este padecimiento, como lo son los polvos elaborados con edulcorantes no nutritivos.

Dentro de la población afectada, estos productos son consumidos en un 65% por quienes tienen menos recursos, lo cual expresa la importancia de que se mantenga como una opción de consumo que permita controlar el peso y al mismo no verse afectados en su economía.

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, a la de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Salud, a efecto de formular estrategias de apoyo a este sector a través de que evalúen la conveniencia para establecer medidas compensatorias, estudiar y analizar las cargas fiscales y de esta manera contar con los mecanismos que les permitan tener la alternativa para adquirir productos alimenticios que preserven su salud y eleven la calidad de vida de la población mexicana afectada.

Gracias, señor Presidente.

«Punto de acuerdo.

Se exhorta a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud a efecto de formular una estrategia de apoyo a este sector de la población con padecimiento de diabetes mellitus, para establecer mecanismos de compensación que les permitan adquirir productos alimentacios para preservar la salude y elevar la calidad de vida de este servicio.

El pasado jueves 30 de octubre la suscrita presentó una iniciativa de decreto para reformar la Ley General de Salud, orientada a prevenir, tratar y controlar la obesidad en México como un precursor de enfermedades como la diabetes y la hipertensión; o detonante de padecimientos cardiovasculares, entre otros.

Es conveniente mencionar que para enfrentar la obesidad, uno de los riesgos que puede provocar diabetes, se desarrollan acciones de prevención y detención como parte de las políticas de salud dirigidas a atender con oportunidad este padecimiento.

Ante esto, es importante hacer notar que dentro de los programas de prevención y tratamiento establecidos por las instituciones de salud en el combate de la obesidad y las enfermedades que de ésta se derivan, van incluidas acciones que tienen a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Dentro de la atención primaria, es decir, aquella dirigida a prevenir la enfermedad, el tratamiento y control de las personas obesas y diabéticas, se encuentra el plan de alimentación, el cual, recomienda que el paciente consuma productos que contengan edulcorantes no nutritivos como parte de la acción integral que debe desarrollarse para controlar su evolución.

Así, al esfuerzo que las autoridades despliegan para disminuir esta enfermedad -que ya es considerada como epidemia-, es preciso facilitar el acceso de los afectados a productos que puedan coadyuvar en la prevención, tratamiento y control de este padecimiento, como lo son los polvos elaborados con edulcorantes no nutritivos.

Dentro de la población afectada estos productos son consumidos en un 65% por quienes tienen menos recursos, lo cual expresa la importancia de que se mantenga como opción de consumo que permita controlar el peso y al mismo tiempo no verse afectados en su economía.

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a las comisiones de Hacienda y Crédito a la de Presupuesto y Cuenta Pública así como a la de Salud, a efecto de formular estrategias de apoyo a este sector a través de que evalúen la conveniencia para establecer medidas compensatorias, estudiar y analizar las cargas fiscales y de esta manera, contar con los mecanismos que les permitan tener la alternativa para adquirir productos alimenticios que preserven su salud y eleven la calidad de vida de la población mexicana afectada.

Palacio de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.--- Dip. Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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MIGRANTES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para proposición con punto de acuerdo mediante el que se exhorta a las legislaturas de los estados, para que en el marco de sus respectivas leyes orgánicas integren comisiones permanentes para la atención de los asuntos relacionados con migrantes.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte:

Gracias, señor Presidente; diputadas y diputados:

El suscrito, diputado federal miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LIX Legislatura, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el referido punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El fenómeno migratorio hacia el vecino país del norte, proveniente de los diversos estados del país, inclusive de otros países, merece el establecimiento de instituciones locales para la atención de las y los migrantes, quienes por lo general son víctimas de las condiciones de vida que no logran alcanzar en sus lugares de origen.

Los poderes públicos no pueden olvidarse de las múltiples y a menudo graves motivaciones que impulsan a tantos migrantes a abandonar sus lugares de procedencia; su decisión no nace solamente de la necesidad de mayores oportunidades, con frecuencia los impulsa la necesidad de escapar a conflictos culturales, sociales y religiosos, a tradiciones de explotación y a leyes injustas o discriminatorias, por citar sólo algunos ejemplos.

Es por ello que los gobiernos del país y desde luego, los Poderes Legislativos federal y locales, debemos llevar a cabo una acción común para identificar este problema y darle efectiva atención y, en su caso, sancionar o promover legislación que sancione a los responsables de ofensas contra la dignidad humana.

Para arribar a esta política de atención al migrante se requiere de la promoción, enlace y gestoría de los asuntos y demandas de la comunidad migrante a lo largo y ancho del territorio nacional; sin embargo, para que dicha política humana y generosa se materialice, además del concurso de voluntades subsidiarias, es menester la existencia de marcos jurídicos locales, que posibiliten y delimiten las instituciones y procedimientos que darán vida a estas acciones.

El fenómeno migratorio constituye un riesgo y una preocupación constante para los mexicanos, dado que los migrantes quedan muchas veces al arbitrio de las circunstancias imperantes en cada comunidad, mismas que inciden en los problemas de seguridad pública, consumo y tráfico de drogas, prostitución, vagancia, a demás de otros delitos.

En múltiples ocasiones, el migrante no sabe a lo que se enfrentará al pretender cruzar con destino a América del Norte y ante la frecuente frustración de sus propósitos, acude a los poderes públicos del estado en búsqueda de ayuda asistencial emergente para sobrevivir, así como para regresar a su lugar de origen, en el mejor de los casos. De tal suerte, que la necesidad de atención al migrante se vuelve parte de nuestra diaria realidad.

Hoy más que nunca debemos generar una política de solidaridad, atención y protección a las personas migrantes, porque detrás de éstos preceden necesidades, familias y condiciones sociales, que motivan el fenómeno migratorio.

Creo sinceramente que los legisladores de los ámbitos locales, en distintas entidades del país, están genuinamente preocupados y ocupados por estas situaciones, de tal suerte que hoy los Poderes Legislativos de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Michoacán, Coahuila, Sonora y Oaxaca, cuentan con comisiones que atienden el fenómeno migratorio o de asuntos fronterizos.

Con esta propuesta, presento una idea más para nuestro sistema federalista, que pretende ser generosa por cuanto al fin y al objeto de la intención legislativa, que tanto en lo particular como en lo general, se distingue por su espíritu humanista, solidario y subsidiario, que permitirá en lo sucesivo generar un bienestar común, para un sector importante de la población fluctuante de las entidades federativas denominada migratoria.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que esta Cámara de Diputados, en el marco del respeto republicano a la soberanía de los Poderes Legislativos de Aguascalientes, Campeche, Colima, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, los exhorta para que con base en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos, integren comisiones de asuntos de migrantes o en su caso, sus comisiones conozcan de los asuntos de migrantes.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente a las legislaturas estatales a que, en el marco de sus respectivas leyes organicas, integren comisiones permanentes para atender los asuntos relacionados con migrantes, presentada por el diputado Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del pan, en la sesion del jueves 13 de noviembre de 2003

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, somete a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, un punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El fenómeno migratorio hacia el vecino país del norte, proveniente de los diversos estados del país, incluso de otras naciones, merece el establecimiento de instituciones locales para la atención de los migrantes, quienes por lo general son víctimas de las condiciones de vida que no logran alcanzar en sus lugares de origen.

Los poderes públicos no pueden olvidarse de las múltiples y a menudo graves motivaciones que impulsan a tantos migrantes a abandonar sus lugares de procedencia.

Su decisión no nace sólo de la necesidad de mayores oportunidades: con frecuencia los impulsa la necesidad de escapar a conflictos culturales, sociales y religiosos, a tradiciones de explotación y a leyes injustas o discriminatorias, por citar algunos ejemplos.

Por ello, los gobiernos del país y, desde luego, los Poderes Legislativos -federal y locales- debemos llevar a cabo una acción común para identificar este problema y darle efectiva atención y, en su caso, sancionar o promover legislación que sancione a los responsables de ofensas contra la dignidad humana.

Para arribar a esa política de atención del migrante, se requieren la promoción, el enlace y la gestoría de los asuntos y las demandas de la comunidad migrante a lo largo y ancho del territorio nacional.

Sin embargo, para que dicha política humana y generosa se materialice, además del concurso de voluntades subsidiarias, es menester la existencia de marcos jurídicos locales que posibiliten y delimiten las instituciones y los procedimientos que darán vida a esas acciones.

El fenómeno migratorio constituye un riesgo y una preocupación constante para los mexicanos, pues los migrantes quedan muchas veces al arbitrio de las circunstancias imperantes en cada comunidad, que inciden en los problemas de seguridad pública, consumo y tráfico de drogas, prostitución y vagancia, entre otros delitos.

En múltiples ocasiones, el migrante no sabe a qué se enfrentará al pretender cruzar con destino a Estados Unidos y, por la frecuente frustración de sus propósitos, acude a los poderes públicos del Estado en busca de ayuda asistencial urgente para sobrevivir, así como para regresar a su lugar de origen en el mejor de los casos, de tal suerte que la necesidad de atención del migrante se vuelve parte de nuestra realidad diaria.

Hoy más que nunca debemos generar una política de solidaridad, atención y protección de las personas migrantes, pues detrás de éstas preceden necesidades, familias y condiciones sociales que motivan el fenómeno migratorio.

Los legisladores de los ámbitos locales, en distintas entidades del país, están genuinamente preocupados y ocupados por esas situaciones, de tal suerte que hoy los Poderes Legislativos de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Michoacán, Coahuila, Sonora y Oaxaca cuentan con comisiones que atienden el fenómeno migratorio o asuntos fronterizos.

Con esta propuesta presento una idea más para nuestro sistema federalista, que pretende ser generosa en cuanto al objeto de la intención legislativa que tanto en lo particular como en lo general se distingue por su espíritu humanista, solidario y subsidiario que permitirá en lo sucesivo generar un bienestar común para un sector importante de la población fluctuante de las entidades federativas, denominada migratoria, que enfrenta en su trayectoria los más graves riesgos a su integridad humana e induce en ocasiones a los conocidos conflictos de seguridad pública y justicia en nuestro país.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Cámara de Diputados, en el marco del respeto republicano de la soberanía de los Poderes Legislativos de Aguascalientes, Campeche, Colima, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, los exhorte a que, con base en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos, integren comisiones de asuntos de migrantes o, en su caso, sus comisiones conozcan de tales cuestiones.

Palacio Legislativo, a 13 noviembre de 2003.--- Dip. Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señores diputados.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para que se examine la partida destinada a los ex presidentes de la República en el proyecto de Presupuesto de Egresos.

El diputado Javier Salinas Narváez:

Muchas gracias, señor Presidente.

Solicito que se publique íntegro este punto de acuerdo y sus anexos a la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Señoras y señores diputados: una vez más podemos constatar que prevalece la falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo, ya que de acuerdo con la propuesta presentada en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2004, en su artículo 40 dice:

``El Ramo Administrativo 02 Presidencia de la República a que refiere el Anexo 1-B del decreto, incluye los recursos para cubrir las percepciones de quienes han desempeñado el cargo de titular del Poder Ejecutivo.''

En el documento se menciona que las percepciones de los expresidentes no podrán exceder el monto que cubre el primer nivel salarial del puesto de Secretario de Estado, así como aquellas correspondientes al personal de apoyo que tengan asignado.

Cabe recordar que dichas percepciones tienen como antecedente lo dispuesto en el Acuerdo Presidencial de fecha 31 de marzo de 1987, expedida por el entonces Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado. El acuerdo señala que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, también tendrán a su disposición, mientras vivan, a sus órdenes directas, a un total de 25 empleados de la Federación.

En dicho decreto también se establece que esos ciudadanos tendrán derecho a percibir las prestaciones de seguridad social que correspondan a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretarios de estado, consistentes en seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores, a cargo del erario federal.

De esta forma para el 2004 se destinarán recursos por 149 mil 327 pesos mensuales para cada uno de los expresidentes, entre ellos Miguel de la Madrid, Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Por cada extitular del Ejecutivo, el monto asciende a 1 millón 791 mil 927 pesos en un año y suma 8 millones 959 mil 636 pesos para los cinco exmandatarios.

Además, el sueldo de los 25 empleados suman un total de 7 millones 370 mil 228 pesos al año, por lo que el monto del gasto por el apoyo a cinco expresidentes, asciende a 45 millones 810 mil 778 pesos. Cantidades muy contrastantes con las percepciones de los jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro Social.

Las disposiciones vigentes que benefician a los ciudadanos que han desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, son acuerdos del Ejecutivo, que no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, es discrecional; además, el Poder Legislativo ha sido excluido en el establecimiento de los recursos que reciben los expresidentes de la República ya que la determinación de estas decisiones han sido dictadas por el titular del Ejecutivo en turno.

Las pensiones que reciben los presidentes por seis años de servicio, contrastan con los magros ingresos que perciben los servidores públicos jubilados y pensionados, luego de toda una vida de trabajo.

Los recursos que año con año se han venido destinando a los expresidentes hoy resultan ofensivos en el país con tasas crecientes de desempleo, con más de la mitad de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Con millones de mexicanos con ingresos inferiores a dos salarios mínimos y particularmente con una importante sangría a las finanzas públicas.

Con el pago que el Gobierno destina en un mes a los cinco expresidentes, se podrían pagar por ejemplo 17 mil 105 salarios mínimos en Baja California; unos 17 mil 840 en Sonora y 18 mil 526 salarios en Yucatán. Con las prestaciones que ellos reciben al año, se podría cubrir 260 salarios mínimos en la zona geográfica A y unos 214 mil 89 en la zona B y 222 mil 323 en la zona C o bien destinar estos recursos para generar empleo temporal y de apoyo a proyectos productivos de esta zona.

Con los recursos destinados a los expresidentes se podrían pagar por un año becas de oportunidades de la siguiente forma: para 3º de primaria 85 mil 329 becas, para 4º 74 mil 663 becas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados que suscribimos el presente punto de acuerdo solicitamos:

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2004 y sucesivos elimine en la partida correspondiente los recursos destinados a los expresidentes de la República.

Atentamente, diputados: Javier Salinas Narváez, Jazmín Zepeda Burgos, Gerardo Ulloa Pérez, Cristina Portillo Ayala.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que del proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la federación de 2004 se elimine la partida destinada a los expresidentes de la República, presentada por el diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del PRD.

Señor Presidente, solicito que se publique íntegro este punto de acuerdo y sus anexos en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

1. Una vez más podemos constatar que prevalece la falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo, ya que de acuerdo con la propuesta presentada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2004, el artículo 40 dice: el Ramo Administrativo 02 Presidencia de la República, a que se refiere el Anexo 1.B. del Decreto, incluye los recursos para cubrir las percepciones de quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal.

En el documento se menciona que, las percepciones no podrán exceder el monto que se cubre al primer nivel salarial del puesto de Secretario de Estado, así como aquellas correspondientes al personal de apoyo que tengan asignado.

Cabe recordar que, dichas percepciones tienen como antecedente lo dispuesto en el Acuerdo Presidencial de fecha 31 de marzo de 1987, expedido por el entonces Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado.

El acuerdo señala que, los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, también tendrán a su disposición mientras vivan, a sus órdenes directas a un total de 25 empleados de la Federación. En dicho decreto también se establece que, tendrán derecho a percibir las prestaciones de seguridad Social que correspondan a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de Estado, consistentes en seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores con cargo al Erario Federal.

De esta forma para el 2004, se destinarían recursos por 149 mil 327 pesos mensuales para cada uno de los ex presidentes: Miguel de la Madrid, Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo. Por lo que el monto asciende a un millón 791 mil 927 pesos en un año, por cada ex titular del Ejecutivo y suma ocho millones 959 mil 636 pesos para los cinco ex mandatarios.

Además, el sueldo de los 25 empleados, suman un total de siete millones 370 mil 228 pesos al año. Por lo que el monto por los cinco ex presidentes asciende a 45 millones 810 mil 778 pesos. Cantidades muy contrastantes con las percepciones de los jubilados y pensionados del ISSSTE y Seguro Social.

2. Las disposiciones vigentes que benefician a los ciudadanos que han desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, son acuerdos del Ejecutivo que no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, además de que el poder legislativo, ha sido excluido en el establecimiento de los recursos que reciben los expresidentes de la república, ya que la determinación de estas decisiones han sido dictadas por el titular del ejecutivo en turno.

Las pensiones que reciben los ex presidentes por seis años de servicio contrastan con los magros ingresos que perciben los servidores públicos jubilados y pensionados, luego de toda una vida de trabajo.

Los recursos que año con año, se han venido destinando a los expresidentes, hoy resultan ofensivos, en un país con tasas crecientes de desempleo, con más de la mitad de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con millones de mexicanos con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos y particularmente con una importante sangría a las finanzas públicas.

3. Con el pago que el gobierno destina en un mes a los cinco ex presidentes, se podrían pagar por ejemplo: 17 mil 105 salarios mínimos en Baja California, unos 17 mil 840 en Sonora y 18 mil 526 salarios en Yucatán. Con las percepciones de los cinco en un año se podrían cubrir 205 mil 260 salarios mínimos de la zona geográfica A, unos 214 mil 89 de la Zona B y 222 mil 323 salarios en la Zona C, o bien para generar empleo temporal, de apoyo a proyectos productivos en esas zonas.

Con los recursos destinados a los ex presidentes se podrían pagar en un año, becas de Oportunidades de la siguiente forma: para tercero de primaria; 85 mil 329 becas, para cuarto; 74 mil 663 becas, para quinto; 57 mil 804 becas, y para sexto; 42 mil 664 becas. Estos recursos se podrían destinar para otorgar becas en primero de secundaria; a 57 mil 374, para segundo año 54 mil 744, y para tercero; 48 mil 211 becas para niñas y niños.

Es en este contexto que en congruencia con lo planteado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2004, en materia de ahorro y austeridad presupuestaria, consideramos que es urgente establecer el marco legal para que se supriman la discrecionalidad y privilegios de que han gozado los ex titulares del Ejecutivo federal ya que repercuten de manera significativa en el gasto público.

4. Las y los diputados del GPPRD coinciden en que, ante la escasez de recursos presupuestarios es necesario realizar acciones de austeridad que permitan incrementar las erogaciones del gasto social. Es en este orden de ideas que proponemos: que los recursos que se destinarían el próximo año, a los ex presidentes de la República se canalicen al Ramo 19 Seguridad Social, para cubrir el incremento de las pensiones por invalidez, a causa de enfermedad general de los pensionados del IMSS, en un acto de justicia social con 195 mil adultos mayores de 60 años.

De manera que por única vez, se destinen 45 millones 810 mil 778 pesos, del Ramo 02 Presidencia de la República al Ramo 19 Seguridad Social, del Presupuesto de Egresos de la Federación, para contribuir a un incremento a las pensiones de invalidez por enfermedad general de los derechohabientes del IMSS.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004 y sucesivos, considere eliminar, de la partida correspondiente los recursos destinados a los ex presidentes de la República.

Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2003.

Diputados: Javier Salinas Narváez, Jazmín Zepeda Burgos, Gerardo Ulloa Pérez, Cristina Portillo Ayala (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE OAXACA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con una proposición con punto de acuerdo para la reubicación de las familias afectadas bajo la cota 68.5 de las presas Presidente Miguel Alemán y Presidente Miguel de la Madrid.

El diputado Eviel Pérez Magaña:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Vengo a esta alta tribuna para presentar una proposición con punto de acuerdo y turnar a las comisiones involucradas para resolver los problemas añejos que aquejan a las poblaciones correspondientes al distrito I, con cabecera en Tuxtepec, Oaxaca.

Concretamente el problema real se encuentra en manos de la Comisión Federal de Electricidad, ya que se generó a raíz de las construcciones de las presas Miguel Alemán y Presidente Miguel de la Madrid, la primera por decreto del 26 de octubre de 1949, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del mismo año, y la segunda por resolución presidencial emitida por el licenciado José López Portillo el 29 de agosto de 1972 cuando fue aprobada la construcción de la primera presa de Cerro de Oro Miguel de la Madrid y por diversos decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de junio de 1973, donde se expropiaron aproximadamente 50 mil hectáreas, siendo el municipio de San Lucas Oxitlán el más afectado.

Si bien durante la primera década del Siglo XX el capital para la generación de energía eléctrica era de origen nacional, éste se vio desplazado por la creciente inversión extranjera, ya que para 1920 únicamente cuatro o cinco empresas generaban la mayor parte de energía eléctrica en el país.

La expropiación de tierras y aguas de los ejidos y comunidades para la construcción de obras hidráulicas reviste una gran importancia por los efectos directos que sufre la población ahí residente, como es el caso de las poblaciones que se han afectado en nuestro distrito por las construcciones de las presas citadas en este punto de acuerdo.

Las consecuencias de dichas expropiaciones pueden ser, entre otras:

1. Desplazamiento de la población a otros lugares debido a las inundaciones de sus poblados.

2. Cambios en la estructura social, económica y política de la región por la magnitud de la superficie destinada a la construcción de las presas y de los embalses.

3. Un drástico impacto ambiental que modifica el entorno no sólo al cambiar el paisaje, sino al alterar el ecosistema.

Los casos de mayor impacto de reacomodos de población debido a las hidroeléctricas que se registraron en la historia de la nación son precisamente los de Oaxaca: en Temazcal y en Cerro de Oro, ambas en la cuenca del Río Papaloapan.

Se calcula que expulsaron a más de 20 mil pobladores, en ambos casos mayoritariamente de origen mazateco y chinanteco. El número de personas desplazadas por proyectos hidroeléctricos se incrementó y en algunos casos llegó a la cantidad de 35 mil habitantes.

La reubicación de una cantidad tan importante de población llevó a la Comisión Federal de Electricidad a la búsqueda de tierras para su reacomodo, en tanto que para la población significó diversas dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones de vida y de desarrollo de sus fuentes de trabajo.

Como ejemplo de esa situación se puede mencionar al ejido de San Martín Xoyaltepec, el cual por motivo de la construcción de la presa, vio cómo la totalidad de sus tierras quedaron inundadas, por lo que en el decreto presidencial se declaró desaparecido el ejido y creado nuevamente en el municipio de Playa Vicente.

En el estado de Veracruz, de las 2 mil 341 hectáreas perdidas, cuyas diversas calidades entre humedad, temporal y monte alto, se les restituyeron en la misma cantidad pero de monte laborable; por la referida a sus casas, éstas les fueron construidas en las tierras que les asignó como compensación.

En oficio dirigido en su oportunidad por los ejidos de San Miguel Xoyaltepec, al representante del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en la Comisión del Papaloapan, solicitaban se les permitiera permanecer en su antiguo ejido, ya que en él contaban con la posesión definitiva y de que no les convenía en el lugar del reacomodo; de los 103 ejidatarios con Certificado de Derecho Agrario, a 61 de ellos no les dieron parcelas ni les habían indemnizado, por lo que sus familias habían quedado en una situación de desamparo.

Hechos

En el artículo de la Constitución de 1917, se asientan las bases para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, declarando en el quinto párrafo la propiedad nacional del agua.

En la década de los años veinte, el Presidente Plutarco Elías Calles, creó la Comisión Nacional de Irrigación, de donde posteriormente nació la Secretaría de Recursos Hidráulicos, para coordinar los aprovechamientos de las obras hidráulicas, supuestamente con la finalidad social, política, estatal, por encima de limitaciones puramente económicas.

El criterio a nivel político y administrativo, era preparar programas integrales para la construcción de obras hidráulicas...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado.

Le ruego concluir.

El diputado Eviel Pérez Magaña:

Ya termino, señor Presidente.

La cuenca del Papaloapan abarca 275 municipios y una población de casi 3 millones de habitantes. Gran parte de la población son campesinos. Aproximadamente un 25% de campesinos indígenas.

El sistema hidrográfico del Papaloapan, es el segundo en el país por su caudal, vertiendo 47 mil millones de metros cúbicos anualmente a la Laguna de Alvarado.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto solicito a la Secretaría y organismos del Gobierno Federal, procedan a resolver el problema de fondo, por la reubicación y el pago a que tienen derecho por ley los ciudadanos de los pueblos afectados por los rezagos agrarios. Hechos consecuentes que se generaron por las construcciones de las presas que este asunto en mención se ocupa.

Por lo tanto, señoras y señores diputados, solicito su apoyo total para que se resuelva este asunto que aqueja a mi distrito.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se reubique a las familias afectadas bajo la cota 68.5 de las presas presidente Miguel Alemán y presidente Miguel de la Madrid, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI.

Ciudadano diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Vengo ante esta alta tribuna a presentar una proposición con punto de acuerdo y turnar a las comisiones involucradas para resolver los problemas añejos que aquejan a las poblaciones correspondientes al distrito electoral 01, con cabecera en Tuxtepec, Oaxaca.

Concretamente el problema real se encuentra en manos de la Comisión Federal de Electricidad, ya que se generó a raíz de las construcciones de las presas Presidente Miguel Alemán y Presidente Miguel de la Madrid, la primera por decreto del 26 de octubre de 1949, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del mismo año, y la segunda, por resolución presidencial, emitida por el Lic. José López Portillo el 29 de agosto de 1972, fue aprobada la construcción de la presa Cerro de Oro, hoy Miguel de la Madrid, y por diversos decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de junio de 1973, en donde se expropiaron aproximadamente 50 mil hectáreas, siendo el municipio de San Lucas Ojitlán el más afectado.

Si bien durante la primera década del siglo XX el capital para la generación de la energía eléctrica era de origen nacional, éste se vio desplazado por la creciente inversión extranjera, ya que para 1920 únicamente cuatro o cinco empresas generaban la mayor parte de energía eléctrica en el país.

La expropiación de tierras y aguas de los ejidos y comunidades para la construcción de obras hidráulicas reviste una gran importancia por los efectos directos que sufre la población ahí residente, como es el caso de las poblaciones que se han afectado en nuestro distrito por la construcción de las presas citadas en este punto de acuerdo. Las consecuencias de dichas expropiaciones pueden ser entre otras:

1) Desplazamiento de la población a otros lugares, debido a la inundación de sus poblados;

2) Cambios en la estructura social, económica y política de la región, por la magnitud de la superficie destinada a la construcción de las presas y de los embalses; y

3) Un drástico impacto ambiental que modifica el entorno, no sólo al cambiar el paisaje, sino al alterar el ecosistema.

Los casos de mayor impacto de reacomodos de población debido a las hidroeléctricas que se registran en la historia nacional son precisamente los de Oaxaca, en Temascal (hoy Miguel Alemán) y en Cerro de Oro (hoy Miguel de la Madrid), ambas en la cuenca del río Papaloapan; se calcula que expulsaron a más de 20 mil pobladores. En ambos casos, mayoritariamente de origen mazateco y chinanteco. El número de personas desplazadas por proyectos hidroeléctricos se incrementó, y en algunos casos llegó a la cantidad de 35 mil habitantes.

La reubicación de una cantidad tan importante de población llevó a la Comisión Federal de Electricidad a la búsqueda de tierras para su reacomodo, en tanto que para la población significó diversas dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones de vida y de desarrollo de sus fuentes de trabajo.

Como ejemplo de esa situación se puede mencionar el ejido de San Martín Soyaltepec, el cual por motivo de la construcción de la presa vio cómo la totalidad de sus tierras quedaron inundadas, por lo que en el decreto presidencial se declaró desaparecido el ejido y creado nuevamente en el municipio de Playa Vicente, en el estado de Veracruz.

De las 2 mil 341 hectáreas perdidas, cuyas diversas calidades (humedad, temporal, y monte alto) se les restituyeron en la misma cantidad pero de monte laborable. Por lo que se refería a sus casas, éstas les fueron construidas en las tierras que se les asignaron como compensación.

En oficio dirigido en su oportunidad por los ejidatarios de San Martín Soyaltepec al representante del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en la Comisión del Papaloapan, solicitaban que se les permitiera permanecer en su antiguo ejido, ya que en él contaban con la posesión definitiva, y que no les convenía el lugar de reacomodo; de 103 ejidatarios con certificado de derechos agrarios, a 61 de ellos no les dieron parcelas ni se les había indemnizado, por lo que sus familias habían quedado en una situación de desamparo.

Hechos

En el artículo 27 de la Constitución de 1917 se asientan las bases para el aprovechamiento de los recursos naturales (renovables y no renovables) declarándose en el quinto párrafo la propiedad nacional del agua.

En la década de 1920 el presidente Plutarco Elías Calles creó la Comisión Nacional de Irrigación. De donde posteriormente nació la Secretaría de Recursos Hidráulicos para coordinar los aprovechamientos de las obras hidráulicas, supuestamente con una finalidad social de política estatal, por encima de limitaciones puramente económicas. El criterio, a nivel político y administrativo, era preparar programas integrales para la construcción de obras hidráulicas donde técnica y económicamente fuera factible.

La cuenca del Papaloapan abarca 275 municipios y una población de casi 3 millones de habitantes. Gran parte de la población es de campesinos (aproximadamente un 25% de campesinos indígenas); el sistema hidrográfico del Papaloapan es el segundo en el país por su caudal, vertiendo 47 mil millones de metros cúbicos anualmente a la laguna de Alvarado.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto, solicito a las secretarías y organismos del Gobierno Federal que procedan a resolver el problema de fondo, con la reubicación y el pago a que tienen derecho por ley los ciudadanos de los pueblos afectados por los rezagos agrarios, hechos consecuentes que se generaron por la construcción de las presas que este asunto en mención se ocupa.

Por lo tanto, señoras y señores diputados, solicito su apoyo total para que se resuelva este asunto que aqueja a mi distrito.

México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Dip. Eviel Pérez Magaña (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.

Señoras y señores legisladores: nos visitan estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, invitados por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Bienvenidos.

Antes de conceder el uso de la palabra en el siguiente punto del orden del día, voy a recordar a todos los señores legisladores que presentan puntos de acuerdo, que de acuerdo con la decisión de la Asamblea en el acuerdo parla- mentario, tienen un término de cinco minutos para desa-rrollar tanto la exposición de motivos como el punto de acuerdo. Les ruego que se sujeten a ese término.

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FLOTA CAMARONERA NACIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la liberación de los recursos presupuestados para el desarrollo del Programa de Acuacultura y Pesca.

El diputado Alejandro Higuera Osuna:

Gracias, señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento el siguiente punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que libere los recursos presupuestados del Programa de Acuacultura y Pesca del Programa Alianza Contigo, a fin de apoyar a la flota camaronera nacional de pesca de altura, bajo los siguientes

Considerandos

La pesca es un sector productivo sumamente importante para nuestro país, ya que atiende no sólo la parte alimentaria y nutricional de las familias mexicanas, sino que además tiene la posibilidad de convertirse en una actividad determinante para impulsar el desarrollo nacional. Nuestro país cuenta con más de 11 mil 500 kilómetros de litorales y una enorme diversidad de especies que le ofrecen amplias posibilidades de crecimiento en el mercado interno y en los mercados internacionales.

Uno de los principales productos del sector pesquero lo constituye la pesca del camarón, el cual se distingue por su enorme y relevante impacto económico y social debido a sus volúmenes de producción capturados y cultivados. Este producto cuenta con un alto valor comercial, gran aceptación y demanda en el mercado nacional e internacional. Genera poco más de 120 mil empleos y ha permitido la captación de divisas en forma anual, con un monto aproximado a los 450 millones de dólares.

Para llevar esta actividad pesquera nuestro país cuenta con una flota integrada de alrededor de 2 mil 600 barcos que se ubican en las entidades de Sinaloa, Sonora, Nayarit, Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Campeche y Veracruz. Sin embargo, ésta enfrenta una difícil situación derivada del alto costo del diesel marino especial, el cual representa hasta el 60% del costo total de habituallamiento para la operación de la flota.

Lo anterior se agrava al apreciar la caída del precio del camarón como resultado de la sobreoferta que existe en los mercados internacionales. Esto pone en riesgo la viabilidad de operación de la flota, es decir, su rentabilidad.

En este sentido resulta evidente que el sector pesquero y en especial el camaronero requieren de apoyos adecuados que permitan a sus productores competir en condiciones aceptables en un mercado nacional e internacional. Estos apoyos deben permitir la adquisición de diesel marino especial a fin de asegurar la permanencia y la continuidad de la flota camaronera.

A este respecto debe mencionarse que dentro de los recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2003, 321 millones 400 mil pesos correspondían a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en el rubro de subsidios. Sin embargo, debido a que las reglas de operación de los programas Alianza Contigo fueron publicados hasta el 25 de julio del 2003 y en ella se ubica el Programa de Acuacultura y Pesca, los recursos no fueron ejercidos en los primeros cinco meses del año, razón por lo que la Secretaría de Hacienda procedió a reservar 107 millones de pesos hasta en tanto no se defina por el titular del Ejecutivo el manejo de dicho presupuesto que resta del año.

Dada la situación antes descrita por la que atraviesa el sector camaronero, consideramos necesario solicitar a la Secretaría de Hacienda la liberación y reasignación de los recursos retenidos a la Conapesca, ya que con esta medida se estaría brindando una respuesta inmediata a una de las actividades pesqueras más importantes del país.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado y un grupo que al final comentaré más compañeros de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que esta honorable Asamblea exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a la mayor brevedad posible proceda a liberar los recursos del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2003 para la Conapesca por un monto de 197 millones de pesos, mismos que se encuentran reservados y concentrados en el Ramo 23 mediante afectación presupuestaria, con el fin de aplicarlos como apoyos a la flota camaronera nacional de pesca de altura para la adquisición de diesel marino especial como medida de rescate y de auxilio ante la gravedad de la crisis que enfrenta.

Lo firman los diputados Narciso Agúndez, del PRD; Alfredo Villegas Arreola, del PRI; Leonordo Alvarez Romo, del Partido Verde; Pedro Vázquez González, del PT; Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia y su servidor Alejandro Higuera.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que libere los recursos presupuestados para el desarrollo del Programa de Acuacultura y Pesca, que forma parte del Programa Alianza Contigo, en Apoyo de la Flota Camaronera Nacional de Pesca de Altura, presentada por el diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del PAN.

C. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que libere los recursos presupuestados al Programa de Acuacultura y Pesca del Programa Alianza Contigo, a fin de apoyar la flota camaronera nacional de pesca de altura, bajo las siguientes

Consideraciones

La pesca es un sector productivo sumamente importante para nuestro país, ya que atiende no sólo la parte alimentaria y nutricional de las familias mexicanas, sino que además tiene la posibilidad de convertirse en una actividad determinante para impulsar el desarrollo nacional.

Nuestro país cuenta con más de 11 mil 500 kilómetros de litorales y una enorme diversidad de especies que le ofrecen amplias posibilidades de crecimiento en el mercado interno y en los mercados internacionales, razón por la cual el fomento de las actividades pesqueras contribuye al fortalecimiento de la economía nacional, a través de la captación de divisas procedentes de las exportaciones pesqueras que realiza nuestro país.

Asimismo, el desarrollo del sector pesquero permite el desenvolvimiento de otros sectores vinculados a éste, como la industria, el transporte, los servicios y el comercio, lo cual incrementa las oportunidades de desarrollo regional y comunitario de las familias que residen en las comunidades pesqueras a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional.

Uno de los principales productos del sector pesquero lo constituye la pesca del camarón, el cual se distingue por su enorme y relevante impacto económico y social, debido a sus volúmenes de producción capturados y cultivados.

Este producto cuenta con un alto valor comercial, gran aceptación y demanda en el mercado nacional e internacional. Genera poco más de 120 mil empleos, y ha permitido una captación de divisas en forma promedio anual por un monto de 450 millones de dólares americanos durante los últimos años.

Para llevar a cabo esta actividad pesquera, nuestro país cuenta con una flota integrada por alrededor de 2,600 barcos, y se ubica en los siguientes estados de la República: Sinaloa, Sonora, Nayarit, Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Campeche y Veracruz.

Sin embargo, enfrenta una difícil situación derivada del alto costo del diesel marino especial, el cual representa el 60% del costo total de avituallamiento para la operación de la flota.

Lo anterior se agrava al apreciar la caída del precio del camarón como resultado de la sobreoferta que existe en los mercados internacionales, resulta preocupante el futuro de esta actividad pesquera, puesto que se pone en riesgo la viabilidad de operación de la flota, es decir, su rentabilidad.

Ello podría afectar a su vez al sector de plantas industriales, las cuales no contarían con la materia prima necesaria para llevar a cabo los procesos de empaque e industrialización de camarón para los mercados del exterior. Sin duda, ello provocaría un recorte de mano de obra, una reducción de divisas, lo cual traería como resultado graves problemas sociales creados por el desempleo.

En este sentido, resulta evidente que el sector pesquero, y en especial el camaronero requieren de apoyos adecuados que permitan a sus productores competir en condiciones aceptables en el mercado nacional e internacional. Estos apoyos deben permitir la adquisición de diesel marino especial, a fin de asegurar la permanencia y continuidad de la flota camaronera.

A este respecto, debe mencionarse que dentro de los recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2003, 321.4 millones de pesos correspondían a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en el rubro de subsidios.

Sin embargo, debido a que las Reglas de Operación de los Programas de Alianza Contigo no fueron publicadas hasta el 25 de julio de 2003, y en ellas se ubica el Programa de Acuacultura y Pesca, los recursos no fueron ejercidos en los primeros cinco meses del año, razón por la que la Secretaría de Hacienda procedió a reservar 107 millones de pesos hasta en tanto no se defina por el titular del Ejecutivo el manejo del presupuesto en lo que resta del año.

Dada la situación antes descrita por la que atraviesa el sector camaronero, consideramos necesario solicitar a la Secretaría de Hacienda la liberación y reasignación de los recursos retenidos a la Conapesca, ya que con esta medida se estaría brindando una respuesta inmediata a una de las actividades pesqueras más importantes del país.

Por lo anterior expuesto, el suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Que esta honorable Asamblea exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que a la mayor brevedad posible proceda a liberar los recursos del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2003 para la Conapesca por un monto de 107 millones de pesos, mismos que se encuentran reservados y concentrados en el Ramo 23 mediante afectación presupuestaria, con el fin de aplicarlos como apoyos a la flota camaronera nacional de pesca de altura para la adquisición de diesel marino especial, como medida de rescate y de auxilio ante la gravedad de la crisis que enfrenta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.--- Diputados: Alejandro Higuera Osuna, Narciso Agúndez Montaño, Francisco Javier Obregón Espinoza, Alfredo Villegas Arreola, Leonardo Alvarez Romo, Amadeo Espinoza Ramos, Pedro Vázquez González, Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo para que en el presupuesto de egresos se asigne al Instituto Politécnico Nacional una partida presupuestal total de 7 mil 500 millones de pesos.

El diputado Marcos Morales Torres:

Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, señor diputado.

El diputado Marcos Morales Torres:

Gracias.

Por razones de tiempo no se le dará lectura a todo el texto del punto de acuerdo, por lo que solicito de la manera más atenta a la Presidencia, pudiera ser publicado el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del PRD, con el apoyo de varios diputados de diferentes fracciones, el diputado Víctor Alcerreca, Gonzalo Guizar, Fernando Espino Arévalo, Felipe Medina, Irma Figueroa, Agustín Rodríguez, Julio Lujambio, Roberto Colín, Horacio Martínez, Dolores Padierna y Susana Manzanares, presentamos este texto con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y que sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes considerandos.

En los tres últimos años el Instituto Politécnico Nacional ha percibido incrementos presupuestales que no corresponden a las enormes necesidades de la institución.

Para el año 2004, el Ejecutivo plantea en su propuesta de Presupuesto de Egresos un monto de 5 mil 971 millones de pesos, lo que significaría un raquítico incremento del 0.72% con respecto a 2003, igual a 43 millones de pesos; es una cantidad ridícula de aumento, menos de lo que presupuestalmente se le destina de gasto a los expresidentes de la República, como ya se vio hace unos momentos.

Con ello prácticamente se estaría ahogando la Institución, que no contaría con los recursos que requiere para realizar su importante labor educativa y de investigación, ya que sólo le alcanzaría para cubrir el capítulo 1000.

La escasez presupuestaria ha generado al Politécnico enormes carencias que afectan negativamente y de manera ostencible la labor educativa del Instituto.

Por ejemplo, el mobiliario y el equipo utilizado para el cumplimiento de las actividades institucionales, sufre un desgaste natural soportando condiciones de sobreutilización, llegando a la obsolescencia y viéndose obligado por falta de recursos a seguir utilizándolo.

Algunas carreras realizan prácticas educativas con equipos caducos, que incluso ya no se utilizan en el sector productivo, poniendo en desventaja a los egresados del Instituto Politécnico Nacional respecto de otras instituciones privadas de Educación Superior.

Los equipos de cómputo y material educativo, necesarios para el registro, control y apoyo a los alumnos, son igualmente en su mayoría obsoletos, razón por la cual es importante la sustitución por otros de tecnología actualizada.

Gran parte del parque vehicular con lo que la Institución cuenta para que los estudiantes realicen prácticas de campo para vincularse con el sector productivo, es antiguo e insuficiente.

Se requiere también actualizar gran parte del equipo de enseñanza en los laboratorios de Biología, Física y Química, como microscopios, centrífugas y equipos básicos, para una mejor enseñanza.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3º, fracción V, que el Estado proveerá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la Educación Superior y apoyará la investigación científica y tecnológica.

Lo anterior se profundiza en la Ley General de Educación, que establece en su artículo 25, que el monto anual que el Estado destina al gasto de la Educación Pública y en los servicios educativos no podrá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto del país, destinando de este monto al menos el 1% del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones públicas de Educación Superior.

Partiendo de todo lo antes expuesto, se plantea que el Instituto Politécnico Nacional requiere, para el Ejercicio Presupuestal del Año 2004, una partida presupuestal de por lo menos 7 mil 500 millones de pesos.

Hay que considerar que el Politécnico ha participado decididamente en el desarrollo tecnológico y educativo en nuestro país, formando generaciones de ingenieros industriales, electrónicos, metalúrgicos, petroleros, químicos, así como profesionistas de otras áreas del conocimiento, como médicos, químicos, farmacobiólogos, economistas, contadores, entre otros.

Actualmente el Instituto alberga poco más de 170 mil estudiantes, con el monto que se plantea apenas podría empezar a cubrirse el rezago histórico que se tiene en operación e infraestructura, además se cubrirían rezagos de materiales, reactivos, sustancias químicas, refacciones y accesorios para cómputo, estructuras y manufacturas, material eléctrico, medicinas y productos farmacéuticos y transporte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en su dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004 asigne como mínima una partida presupuestal de 7 mil 500 millones de pesos al Instituto Politécnico Nacional, con la finalidad de que éste cuente con los recursos mínimos para poder desa-rrollar de manera adecuada su labor educativa y de investigación científica y tecnológica en beneficio de los alumnos y de la nación en su conjunto.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se asigne al Instituto Politécnico Nacional una partida presupuestaria total de 7,500 millones de pesos, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del PRD.

El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

En los últimos tres años, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha percibido incrementos presupuestales que no corresponden a las enormes necesidades de la institución. Para el año 2004, el Ejecutivo plantea en su propuesta de Presupuesto de Egresos un monto de 5,971 millones de pesos, lo que significaría un raquítico incremento del 0.72%, igual a 43 millones de pesos, menos de lo que presupuestariamente se le destina de gasto a cada expresidente de la República (52 millones de pesos). Con ello prácticamente se estaría ahogando a la institución, que no contaría con los recursos que requiere para realizar su importante labor educativa y de investigación, ya que sólo le alcanzaría para cubrir el Capítulo 1000, y qué decir de la disminución al resto del gasto corriente.

Si a esto sumamos que el IPN está siendo obligado a entregar a la Tesorería de la Federación sus recursos autogenerados porque se les considera como recursos fiscales -consideración totalmente errónea- y que para este año se calcula sumarán un monto total de 200 millones de pesos; así tenemos que en realidad se está disminuyendo de manera muy importante el presupuesto de la institución.

Además, la escasez presupuestal le ha generado al IPN enormes carencias que afectan negativamente y de manera ostensible la labor educativa del instituto.

Por ejemplo, el mobiliario y el equipo utilizado para el cumplimiento de las actividades institucionales sufre un desgaste natural, soportando condiciones de sobre utilización, llegando a la obsolescencia y viéndose obligado por falta de recursos a seguir utilizándolo.

De tal manera que algunas carreras realizan prácticas educativas con equipos caducos, que incluso ya no se utilizan en el sector productivo, poniendo en desventaja a los egresados del IPN respecto de otras instituciones privadas de educación superior.

Los equipos de cómputo y material educativo, necesarios para el registro, control y apoyo a los alumnos son igualmente en su mayoría obsoletos, razón por la cual es importante su sustitución por otros de tecnología actualizada.

Gran parte del parque vehicular con que la institución cuenta para que los estudiantes realicen prácticas de campo para vincularse con el sector productivo es antiguo e insuficiente.

Se requiere también actualizar gran parte del equipo de enseñanza en los laboratorios de biología, física y química; como microscopios, centrífugas y equipos básicos para una mejor enseñanza.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 3º, en su fracción V:

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentara el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

Lo anterior se profundiza en la Ley General de Educación, que establece en su artículo 25:

El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Cabe hacer notar que el señalamiento en la Ley General de Educación del 8% del PIB se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados el 25 de noviembre de 2002. Este porcentaje del PIB aplicado en la educación proviene de la recomendación de la UNESCO emitida durante la Conferencia Regional de Ministros de Educación y Ministros encargados de la Planificación Económica de los Estados miembros de América Latina, celebrada en 1979.

Partiendo de todo lo antes expuesto, se plantea que el IPN requiere para el ejercicio presupuestal del año 2004, una partida presupuestal de por lo menos 7,500 millones de pesos. Hay que considerar que el IPN es una institución que en sus 70 años de existencia ha colaborado de manera sustancial al desarrollo tecnológico y educativo de nuestro país, formando a varias generaciones de ingenieros industriales, electrónicos, metalúrgicos, petroleros, químicos, así como profesionistas de otras áreas del conocimiento como médicos, químicos farmacobiólogos, economistas, contadores, entre otros, cuyo aporte al crecimiento y desarrollo de México ha sido invaluable. Actualmente el Instituto alberga a poco más de 170 mil estudiantes. Con el monto que se plantea apenas podría empezar a cubrirse el rezago histórico que se tiene en operación e infraestructura, en algunos casos desde el año de 1940, y que impide al instituto cumplir adecuadamente con su labor de investigación, enseñanza y vinculación productiva con la sociedad mexicana.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades del propio IPN, de contar con los 7,500 millones de pesos que se solicitan, se cubrirían rezagos de materiales, reactivos y sustancias químicas, refacciones y accesorios para cómputo, estructuras y manufacturas, material eléctrico y electrónico, medicinas y productos farmacéuticos, transporte, etcétera.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en su Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2004, asigne como mínimo una partida presupuestaria total de 7,500 millones de pesos al Instituto Politécnico Nacional, con la finalidad de que éste cuente con los recursos mínimos para poder desarrollar de manera adecuada su labor educativa y de investigación científica y tecnológica en beneficio de los alumnos y de la nación en su conjunto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de noviembre de 2003.--- Diputados: Marcos Morales Torres (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, Gonzalo Guizar Valladares, Fernando Espino Arévalo, Felipe Medina Santos, Irma Figueroa Romero, Agustín Rodríguez Fuentes, Julio Horacio Lujambio Moreno, Roberto Colín Gamboa, Horacio Martínez Meza, María de los Dolores Padierna Luna y Susana Guillermina Manzanares Córdova.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y en el caso de que no haya sido publicado, publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

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ESTADO DE JALISCO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que se corrijan las causas de la contaminación existente en los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco.

El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos:

Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos:

El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2001-2007, compromiso de gobierno de la actual administración estatal, establece que la industria en Jalisco emite una gran parte de la contaminación atmosférica.

En los últimos años se calcula que el total de emisiones a la atmósfera es de 1.4 millones de toneladas anuales, de las cuales 1 millón corresponden a la industria. Igualmente en la entidad no se cuenta con un sistema de recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos adecuados, lo que ocasiona la contaminación severa de mantos freáticos, ríos, erosión del suelo y sobre todo la proliferación de infecciones y de enfermedades terminales entre ciertos núcleos de la población.

Claro ejemplo de lo anterior son los problemas que por la contaminación del río Lerma-Santiago padecen los habitantes del municipio de El Salto y Juanacatlán, los cuales han venido sufriendo de manera creciente trastornos respiratorios y dermatológicos que potencialmente provocan la defunción de los pobladores.

Se puede referenciar que de las casi 200 empresas que operan en el corredor industrial de El Salto, Jalisco, sólo un 50% cuenta con planta de tratamientos y de éstas la mitad opera, lo que da por consecuencia que la contaminación aumenta de manera constante, sin dejar de mencionar los desechos que los rastros municipales también arrojan al mismo río.

A pesar de ser un problema de salud pública, a la fecha ninguna autoridad, como lo son la Profepa, la Semarnat, la CNA o la Secretaría de Salud, ha intervenido, mucho menos se ha hecho cargo de tal situación. En otras palabras, no se está cumpliendo con lo que establece la Ley General de Salud, misma que en su artículo 3º, fracción VIII, establece como materia de salubridad general y consecuente obligación del Estado la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre. De igual manera se incumple con lo señalado en el artículo 1º de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la cual define el compromiso del Estado de garantizar el derecho a toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; sobre todo cuando en materia de salud pública es importante considerar las causas por las que mueren los jaliscienses. En este sentido se distinguen tres grandes grupos y resalto que el primero agrupa las enfermedades infecciosas.

En los municipios de El Salto y Juanacatlán, del estado de Jalisco, no se cumple con lo establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mucho menos con las obligaciones derivadas de las citadas leyes generales.

Lo único cierto en estos municipios es que los efectos de contaminación son un problema de salud pública y en su momento no se puede asegurar que no existe una epidemia e inclusive una pandemia. Lo anterior por la simple razón de que las autoridades correspondientes no han querido rea-lizar al menos estudios en la zona y de esa manera tener la seguridad de las acciones correctivas a aplicar.

En tal virtud y considerando el derecho a la salud pública, que es un mandato constitucional, es necesario que se realicen los estudios necesarios por las secretarías y dependencias involucradas, a fin de determinar los orígenes y consecuencias de la problemática referida, propuesta de solución y corrección a la misma, soluciones que en la medida en que se agrava la situación ambiental y se desgrava la solución pública, crece la preocupación y demanda de solución de los 95 mil 245 habitantes de estos dos municipios.

Con todo ello y con base en los artículos 58 y 59, pongo a consideración el siguiente punto de acuerdo económico. Se instruya a las comisiones de Salud, Desarrollo Social y Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados para que a la brevedad posible y con pleno respeto a la división de poderes, se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Salud, Sedesol y Semarnap, se formulen los estudios necesarios que permitan determinar las causas de contaminación tanto en el bajo lacustre como en el medio ambiente circundante a los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, aplicando los programas de salud pública y ordenamiento urbano necesarios, acciones tendientes para corregir las causas de contaminación existente.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al jefe del Poder Ejecutivo Federal a que mediante las secretarias de Salud, de Desarrollo Social, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales se corrijan las causas de la contaminación existente en los municipios de El Salto y de Juanacatlan, Jalisco, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del PRI

Que tiene como objeto exhortar al jefe del Poder Ejecutivo Federal y a los secretarios de Salud (Ssa), de Desarrollo Social (Sedesol), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que formulen los estudios necesarios.

Y la aplicación de recursos para contrarrestar la grave contaminación que padece el cauce del río Lerma-Santiago aledaño a los municipios de El Salto y de Juanacatlán, Jalisco.

Que presentó en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Jalisco, el diputado Armando Chávez Dávalos, por el distrito 07.

Conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2001-2007, compromiso de gobierno de la actual administración estatal, establece que la industria en el estado emite gran parte de la contaminación atmosférica.

En los últimos años, según se calcula, el total de emisiones a la atmósfera es de 1.4 millones de toneladas anuales, de las cuales 1 millón corresponde a la industria.

En la entidad no se cuenta con sistemas de recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos adecuados, lo cual ocasiona contaminación severa de mantos freáticos y de ríos; erosión del suelo; y, sobre todo, proliferación de infecciones y de enfermedades terminales entre ciertos núcleos de población.

Claro ejemplo de lo anterior son los problemas que, por la contaminación del río Lerma-Santiago, padecen los habitantes de los municipios de El Salto y de Juanacatlán, que han sufrido de manera creciente trastornos respiratorios y dermatológicos, que potencialmente provocan defunción.

De las casi 200 empresas que operan en el corredor industrial de El Salto, Jalisco, sólo 50 por ciento cuenta con plantas de tratamiento. De esa proporción, la mitad opera, lo cual ocasiona que la contaminación aumente de manera constante, sin dejar de mencionar los desechos que los rastros municipales también arrojan sin tratamiento.

Pese a ser un problema de salud pública, a la fecha ninguna autoridad, como la Profepa, la Semarnat, la CNA o la Ssa, ha intervenido ni -mucho menos- se ha encargado de la situación.

En otras palabras, no se está cumpliendo lo establecido en la Ley General de Salud, cuyo artículo 3°, fracción VIII, indica como materia de salubridad general y consiguiente obligación estatal ``la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre''.

De igual manera, se incumple lo señalado en el artículo 1° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, donde se define el compromiso estatal de ``garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar''.

Sobre todo cuando, en materia de salud pública, es importante considerar las causas por las que mueren los jaliscienses. En este sentido, se distinguen tres grandes grupos. Resalto que el primero agrupa las enfermedades infecciosas.

En los municipios de El Salto y de Juanacatlán, Jalisco, no se cumplen el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni, mucho menos, las obligaciones derivadas de las citadas leyes generales.

Lo único cierto en esos municipios es que los efectos de contaminación suponen un problema de salud pública y en este momento no puede asegurarse que no hay una epidemia e inclusive una pandemia.

Lo anterior, por la simple razón de que las autoridades correspondientes no han querido realizar al menos estudios en la zona y de esa manera tener la seguridad de las acciones correctivas por aplicar.

En tal virtud, y considerando que el derecho a la salud pública es un mandato constitucional, resulta preciso que se realicen los estudios necesarios por las secretarías y las dependencias respectivas, a fin de determinar los orígenes y las consecuencias de la problemática referida y las propuestas de solución y corrección.

A medida que se agrava la situación ambiental y se degrada la salud pública, crecen la preocupación y la demanda de solución de los 95 mil 245 habitantes de esos municipios.

Por todo ello y con base en los artículos 58 y 59, pongo a consideración el siguiente punto de

Acuerdo Económico

Se instruya a las Comisiones de Salud, de Desarrollo Social, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para que, con la mayor brevedad y respeto pleno de la división de poderes, se exhorte al jefe del Poder Ejecutivo federal, mediante la Ssa, la Sedesol y la Semarnat, a formular los estudios necesarios que permitan determinar las causas de la contaminación, tanto en el vaso lacustre como en el ambiente circundante de los municipios de El Salto y de Juanacatlán, Jalisco, aplicando los programas de salud pública y ordenamiento urbano requeridos y las acciones tendentes a corregir las causas de la contaminación existente.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.- Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2003.--- Diputados: Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Francisco Javier Guizar Macías, David Hernández Pérez, Carlos Blackaller, Lázaro Arías Martínez, Francisco Javier Bravo Carvajal, José Manuel Carrillo Rubio, Enrique Guerrero Santana, José García Ortiz, Leticia Gutiérrez Corona, J. Jesús Lomeli Rosas, Roberto A. Marrufo Torres, Gonzalo Moreno Arévalo, Hugo Rodríguez Díaz, J. Leonel Sandoval Figueroa, Evelia Sandoval Urban, Ma. Esther de J. Scherman Leaño, Quintín Vázquez García, Sergio A. Chávez Dávalos.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones unidas de Salud, de Desarrollo Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que permita que los recursos autogenerados en el Instituto Politécnico Nacional e institutos tecnológicos, no sean ingresados a dicha Secretaría.

El diputado Omar Ortega Alvarez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En virtud del tiempo, solicito a usted señor Presidente instruya a la Secretaría para que inserte íntegro el texto de la siguiente proposición con punto de acuerdo que en original presento, en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

El Instituto Politécnico Nacional es el alma mater de la educación tecnológica en virtud de que ha incorporado a sus tareas básicas de capacitación y docencia, la investigación científica y tecnológica de fronteras básicas y aplicadas a la difusión cultural.

Los servicios de documentación e información, el fomento del deporte y los conocimientos al servicio del Estado mexicano, a través de sus profesionales integrales útiles para la sociedad, actualmente su compromiso con la nación mexicana va más allá de la formación de técnicos y profesionistas.

También abarca la adquisición, la selección, asimilación e innovación de tecnologías externas, las aportaciones científicas y tecnológicas propias, así como la sólida vinculación con los sectores productivos y sociales.

En los últimos tres años en el Instituto Politécnico Nacional, al igual que en otras instituciones educativas tales como los institutos tecnológicos SEP, ha aparecido una insuficiente asignación de recursos presupuestales otorgados por el Gobierno Federal. Tal y como lo ha señalado el diputado Marcos Morales Torres, para el año 2004 se pretende asignarle un presupuesto de 5 mil 971 millones de pesos, monto prácticamente igual al del año 2003, sin embargo para continuar atendiendo sus reformas y mejorar significativamente la calidad de sus servicios educativos, científicos y tecnológicos, requiere de un presupuesto mínimo de 7 mil 500 millones de pesos, señalamiento con el que coincidimos plenamente.

Una parte de las urgentes necesidades presupuestales podrían ser cubiertas con recursos propios generados a través de la prestación de distintos servicios de investigación, desarrollo tecnológico, educación continua y a distancia y de vinculación, si la neoactividad se flexibilizara otorgándole a éstos el mismo trato que a otras instituciones de educación pública superiores que son autónomas y no el que se les ha dado en los últimos años, donde para hacer el entero y recuperación de los recursos autogenerados tenga que pasar por una serie de trámites que duran aproximadamente dos meses. La Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional establece en su artículo 6º, fracción III, que los ingresos que obtenga por los servicios que preste, forman parte de su patrimonio, por lo que resulta necesario que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que le permita que los recursos autogenerados se queden en el Instituto, toda vez que reúnen todas las características técnicas, educativas y administrativas de un organismo público descentralizado.

En sus 60 años de historia, el Politécnico Nacional es una institución de vanguardia en la ciencia y en la tecnología y por primera vez está trabajando en paz, atendiendo a más de 175 mil estudiantes de los niveles de media superior, superior y posgrado y alrededor de 50 mil en los programas de educación continua y a distancia.

Esto ha permitido que el Instituto Politécnico Nacional ocupe el primer lugar como la institución pública de educación superior en el país, con el mayor número de programas educativos acreditados, tanto a nivel medio superior como licenciaturas, a pesar de ser un organismo descentralizado. Su grandeza y fortaleza radica en su acervo científico y cultural.

No aceptamos una institución formadora del pueblo que sufra los embates de los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Instituto Politécnico Nacional se ha ganado por derecho propio la autonomía; corresponde a nosotros como legisladores, otorgarla.

Por todo lo anterior expuesto y con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de diputado federal someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los recursos generados por el Instituto Politécnico Nacional en los meses de noviembre y diciembre de 2003, ingresen al patrimonio del instituto y éste pueda disponer de ellos para la operación y funcionamiento de las diversas instancias del Instituto.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que emprenda acciones que permitan, que los recursos autogenerados en los meses de noviembre y diciembre de 2003 por el Instituto Politécnico Nacional e institutos tecnológicos, no sean ingresados a dicha secretaría y formen parte de sus finanzas a cargo del diputado Omar Ortega Alvarez del grupo parlamentario del PRD.

El suscrito Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura de la Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El Instituto Politécnico Nacional es el alma mater de la educación tecnológica, en virtud de que ha incorporado a sus tareas básicas de capacitación y docencia, la investigación científica y tecnológica de frontera básica y aplicada, la difusión cultural, los servicios de documentación e información, el fomento del deporte y los conocimientos al servicio del Estado Mexicano, a través de sus profesionales integrales útiles para la sociedad; actualmente, su compromiso con la nación mexicana va más allá de la formación de técnicos y profesionistas, sino que también abarca la adquisición, la selección, asimilación e innovación de tecnologías externas, las aportaciones científicas y tecnológicas propias, así como la sólida vinculación con los sectores productivo y social.

2. En sus 67 años de vida el Instituto Politécnico Nacional ha formado a un gran número de profesionistas, quienes de manera exitosa y comprometidos con los problemas del país, se han incorporado a los sectores industrial, comercial y de servicios, a la docencia y a la investigación, y se han distribuido especialmente en las industrias de la construcción, petrolera, electrónica, textil, metalúrgica, química, eléctrica, mecánica, de comunicaciones y aeronáutica. En este sentido no se puede concebir a la industria petroquímica, sin los aportes de los Ingenieros egresados del Politécnico. En el campo de la salud ha formado médicos alópatas y homeópatas, optometristas, enfermeras, biólogos, parasitólogos, farmacobiólogos, bioquímicos y especialistas en medio ambiente, alimentos, nutrición, inmunología, biotecnología, entre otros.

3. La grandeza y fortaleza del Instituto Politécnico Nacional radica en su acervo científico y cultural de las ciencias exactas, en sus labores de investigación, donde participan más de 1800 investigadores, consolidando al Politécnico como la institución fundamental en la investigación y desa-rrollo tecnológico en el país.

4. En los últimos tres años el Instituto Politécnico Nacional, al igual que otras instituciones educativas, tales como los Institutos TecnológicosSEP, ha padecido de una insuficiente asignación de recursos presupuéstales otorgados por el Gobierno Federal.

5. La Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, establece en su artículo 6° Fracción Tercera que los ingresos que obtenga por los servicios que preste forman parte de su patrimonio, por lo que resulta necesario que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que le permita que los recursos autogenerados se queden en el Instituto, toda vez, que reúne todas las características técnicas, educativas, y administrativas de Organismo Público Descentralizado. Esto ha permitido. Que el Instituto Politécnico Nacional ocupe el primer lugar como la institución pública de educación superior en el país, con el mayor número de programas educativos acreditados, tanto del nivel medio superior como de licenciatura, a pesar de ser desconcentrado.

6. Para el año 2003 se le asignó un presupuesto de 5 mil 900 millones de pesos, pero, para continuar atendiendo su reforma, y mejorar significativamente la calidad de los servicios educativos, científicos y tecnológicos que ofrece ala sociedad, el Instituto Politécnico Nacional requiere fortalecer los proyectos para la transformación establecidos en su Programa de Desarrollo Institucional 20012006, para lo cual necesita un presupuesto mínimo de 7,500 millones de pesos.

7. El Instituto tiene un rezago histórico, en algunos casos, desde 1940, en operación e infraestructura del orden de los 7 mil millones de pesos, lo que ha restringido la oportunidad de absorber y atender en condiciones óptimas la formación de los cuadros técnicos que el país requiere. Dicha situación ha impactando desfavorablemente la cobertura de su oferta educativa, ya que la misma ha permanecido estable durante los últimos tres años, ofertando 18 mil y 19 mil 700 lugares, en los niveles medio superior y superior; lo anterior significa, una cobertura promedio de la demanda real de ingreso al Politécnico, del 45 y 30 por ciento respectivamente. Misma que, podría ser incrementada de acuerdo al crecimiento observado por la demanda, al menos en un 20%, de contar con los recursos suficientes.

8. Otro aspecto en el que se ha visto afectado por la insuficiencia presupuestal, ha sido la restricción para contratar nuevos profesores, que le permitan al Instituto sustituir a los que se han retirado por motivos de jubilación y/o renuncia. Situación que puede verse agravada en los próximos 5 años, por el hecho de que aproximadamente el 30% de la planta docente actual, cuenta con más de 25 años de servicio y puede ejercer su derecho a la jubilación en el periodo antes mencionado. Destacando que esta situación, también afectaría de igual manera a la investigación básica y aplicada, que el Instituto siempre ha desarrollado de manera significativa y relevante.

9. Una parte de las acuciantes necesidades presupuéstales del Politécnico, así como de los Institutos Tecnológicos, podrían ser cubiertas con recursos propios generados a través de la prestación de distintos servicios de investigación, desarrollo tecnológico, educación continua y a distancia, y de vinculación; si la normatividad se flexibilizara, otorgándole a éstos, el mismo trato que a otras Instituciones de Educación Superior Autónomas, y no el que se les ha dado en los últimos años; donde para hacer el entero y recuperación de los recursos autogenerados, tengan que pasar por una serie de trámites (que en algunos casos, cabe señalar, representa hasta dos meses) para ser reintegrados por la Tesorería de la Federación de manera oportuna a estas instituciones educativas. El Instituto Politécnico Nacional se ha ganado por derecho propio la autonomía, corresponde a nosotros como legisladores otorgarla. De esta manera, esta institución, estaría en posibilidades de captar alrededor de 600 millones de pesos anuales, lo que le posibilitaría atenuar los efectos de las últimas insuficiencias presupuestales.

En sus sesenta años de historia el politécnico nacional, es una institución de vanguardia en la ciencia y la tecnología y por primera vez está trabajando en paz atendiendo a más de ciento setenta y cinco mil estudiantes en los niveles de media superior, superior y postgrado; y alrededor de cincuenta mil en los programas de educación continua y/a distancia.

iNo aceptamos que una institución del pueblo, formador de miles de profesionistas, sufra de los embates de los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público!

Por todo lo antes expuesto y con fundamento a lo que establece el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de diputado federal, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Honorable Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los recursos generados por el Instituto Politécnico Nacional, en los meses de noviembre y diciembre del 2003 ingresen al patrimonio del Instituto y este pueda disponer de ellos para la operación y funcionamiento de las diversas instancias que tiene bajo su cargo.

México, DF, a 13 de noviembre de 2003.--- Dip. Omar Ortega Alvarez (rúbrica), Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología; diputados del PRD: Angélica de la Peña Gómez, Adrián Chávez Ruiz, Francisco Javier Obregón Espinoza, Narciso Agúndez Montaño, Abraham Bagdadi Estrella, Socorro Díaz Palacios, Emilio Zebadúa González, César Antonio Chávez Castillo, Víctor Manuel Camacho Solís, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, René Arce Islas, Luis Eduardo Espinosa Pérez, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Jorge Martínez Ramos, María Marcela Lagarde y de los Ríos, Inti Muñoz Santini, Eliana García Laguna, Julio Boltvinik y Kalinka, Juan José García Ochoa, Marcos Morales Torres, Miguel Angel García Domínguez, Pablo Franco Hernández, Rocío Sánchez Pérez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Edgar Torre Baltasar, Iván García Solís, María de los Dolores Padierna Luna, María Guadalupe Morales Rubio, Alfonso Ramírez Cuellar, Francisco Javier Saucedo Pérez, Emilio Serrano Jiménez, Daniel Ordóñez Hernández, Víctor Suárez Carrera, María Angélica Díaz del Campo, Horacio Martínez Meza, María Elba Garfias Maldonado, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Gilberto Ensástiga Santiago, Pablo Gómez Alvarez, Bernardino Ramos Iturbide, Clara Marina Brugada Molina, Agustín Rodríguez Fuentes, José Luis Cabrera Padilla, Nancy Cárdenas Sánchez, Susana Guillermina Manzanares Córdova, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Martha Lucía Mícher Camarena, Agustín Miguel Alonso Raya, J. Miguel Luna Hernández, Zeferino Torreblanca Galindo, Yadira Serrano Crespo, Juan García Costilla, Francisco Cavaría Veldeolivar, Javier Manzano Salazar, María del Rosario Herrera Ascencio, Irma Sinforina Figueroa Romero, María Marcela González Salas y Petricoli, Javier Salinas Narváez, Omar Ortega Alvarez, Horacio Duarte Olivares, Tomás Cruz Martínez, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Santiago Cortés Sandoval, José Luis Naranjo y Quintana, David Ferreira Martínez, Valentín González Bautista, Gerardo Ulloa Pérez, Héctor Miguel Bautista López, Cristina Portillo Ayala, Juan Pérez Medina, Francisco Mora Ciprés, Sergio Augusto Magaña Martínez, Enrique Torres Cuadros, Pascual Sigala Páez, Margarito Fierros Tano, Abdallán Guzmán Cruz, Ana Lilia Guillén Quiroz, Carlos Hernán Silva Valdés, Israel Tentory García, Inelvo Moreno Alvarez, Rafael García Tinajero Pérez, Rosa María Avilés Nájera, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Elpidio Tovar de la Cruz, Minerva Hernández Ramos, Gelacio Montiel Fuentes, Rogelio Franco Castán, Marcelo Herrera Herbert, Marbella Casanova Calam, José Luis Medina Lizalde, Guillermo Guisar Carranza, Arturo Nahle García, Amalia Dolores García Medina, Rafael Flores Mendoza, Antonio Mejía Haro.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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PRECIO DEL DIESEL MARINO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pablo Anaya Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proposición que contiene punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a que homologue el precio del diesel marino en beneficio de los armadores de buques de investigación oceanográfica universitaria.

El diputado Pablo Anaya Rivera:

Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados.

Con fundamento en los artículos 20, párrafos primero y dos incisos c) y d); 38 párrafo primero, inciso a; 39 y 45 párrafo sextos, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria del PRI en el estado de Veracruz se permite solicitar el presente punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Que el consumo de combustible representa actualmente el 70% de los gastos de operación de un buque oceanográfico en altamar; el precio de este insumo ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, de alrededor del 90%, ascendiendo prácticamente al doble de los precios del diesel marino en los mercados internacionales.

El aumento desmesurado del precio del diesel marino ha encarecido de sobremanera la operación de los buques de investigación oceanográfica universitaria, limitando su uso efectivo por la comunidad oceanográfica nacional.

En nuestro país, se maneja un precio diferenciado del diesel para la actividad agrícola y para las embarcaciones de investigación oceanográfica universitaria, a pesar de que ambas actividades son parte fundamental para el desarrollo del país; el Congreso tiene la facultad para sostener la investigación científica en los términos del artículo 73, fracción XXV de la Constitución.

En el año de 1975, México incorporó en el artículo 27 de la Constitución Política el concepto de la zona económica exclusiva, quedando la misma como parte integral de su patrimonio nacional; este concepto abrió grandes perspectivas en lo que se refiere al potencial de recursos naturales renovables y no renovables y creó al mismo tiempo la obligación de investigar sus características, preservar sus recursos y proteger su ecología.

Para hacer frente a esta responsabilidad, el Gobierno de la República a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, autorizó la construcción de dos buques oceanográficos con la capacidad y flexibilidad adecuadas para explorar las áreas marítimas adyacentes al país, principalmente su zona económica exclusiva.

En la actualidad se cuenta con más de 2 mil trabajos científicos, basados en los datos obtenidos en el transcurso de las más de 400 campañas efectuadas por las embarcaciones oceanográficas universitarias, destacando que varios de los cuales han tenido de muy alta calidad y utilidad para diversos usuarios nacionales de la investigación.

La entrada en operación de esas unidades al inicio de la década de los ochentas, representó un avance en el desarrollo oceanográfico nacional, ya que los trabajos efectuados en estos buques contribuyeron de manera significativa al conocimiento de los mares de México y áreas oceanográficas aledañas en todas sus facetas.

Los referidos trabajos han sido publicados o bien presentados en reuniones científicas nacionales e internacionales, a esta producción se agrega un número de tesis en licenciatura, maestrías y doctorados, un hecho que, además de su valor científico, ha contribuido a la formación de recursos humanos en la investigación marina. Varios de los autores de las antes citadas investigaciones, han sido premiados por sus contribuciones al conocimiento de los mares del país.

Es un compromiso del Estado mexicano, como un resultado de los acuerdos internacionales ratificados ante la Organización de las Naciones Unidas, en los cuales nuestro país se ha desempeñado como una de las naciones más productivas hacia la promulgación del Acuerdo de la Convención Sobre Derechos del Mar, mediante el cual se establece la zona económicamente exclusiva, 200 millas náuticas para los países ribereños de la misma forma. México es signatario de los acuerdos contenidos en la agenda 21 sobre desa-rrollo sustentable, ambos acuerdos garantizan a nuestro país la soberanía y jurisdicción sobre sus aguas oceánicas, pero a la vez le confiere la responsabilidad y compromiso de estudiar, proteger y manejar en forma sustentable sus recursos.

Por lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones antes citadas, los señores diputados de la diputación federal veracruzana del grupo parlamentario del PRI, se permiten someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Como medida de respaldo e impulso a la investigación oceanográfica mexicana, se exhorte al Ejecutivo y específicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a homologar el precio del diesel marino especial para los armadores de buques de investigación oceanográfica universitaria, al precio que se otorga al sector agrícola.

Palacio Legislativo.--- San Lázaro 13 de noviembre de 2003.--- Firman los diputados de la fracción priísta veracruzana.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo a homologar el precio del diesel marino, en beneficio de los armadores de buques de investigación oceanográfica universitaria, a cargo del diputado Pablo Anaya Rivera, del grupo parlamentario del PRI

C. Presidente de la Mesa Directiva; CC. Secretarios de la Mesa Directiva.--- Presentes.

Con fundamento en los artículos 20, párrafos l y 2, incisos c) y d); 38, párrafo 1, inciso a); 39, y 45, párrafo 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria del PRI en el estado de Veracruz, se solicita el presente punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

1. Que el consumo de combustible representa actualmente el 70 por ciento de los gastos de operación de un buque oceanográfico en alta mar. El precio de este insumo ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años de alrededor del 90 por ciento; ascendiendo prácticamente al doble de los precios de diesel marino en los mercados internacionales.

2. Que el aumento desmesurado del precio del diesel marino ha encarecido de sobremanera la operación de los buques de investigación oceanográfica universitaria, limitando su uso efectivo por la comunidad oceanográfica nacional.

3. Que en nuestro país se maneja un precio diferenciado del diesel para la actividad agrícola y para las embarcaciones de investigación oceanográfica universitaria, a pesar de que ambas actividades son parte fundamental para el desa-rrollo del país.

4. Que el Congreso tiene la facultad para sostener la investigación científica en los términos del artículo 73, fracción XXV, de la Constitución.

5. Que en el año de 1975 México incorporó en el artículo 27 de la Constitución Política el concepto de la zona económica exclusiva, quedando la misma como parte integral de su patrimonio nacional; este concepto abrió grandes perspectivas en lo que se refiere al potencial de recursos naturales renovables y no renovables y creó al mismo tiempo la obligación de investigar sus características, preservar sus recursos y proteger su ecología.

6. Que para hacer frente a esta responsabilidad, el Gobierno de la República, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, autorizó la construcción de dos buques oceanográficos con la capacidad y flexibilidad adecuada para explorar las áreas marítimas adyacentes al país, principalmente su zona económica exclusiva.

7. Que en la actualidad se cuenta con más de dos mil trabajos científicos basados en los datos obtenidos en el transcurso de las más de 400 campañas efectuadas por las embarcaciones oceanográficas universitarias, destacando que varios de ellos han sido de muy alta calidad y utilidad para diversos usuarios nacionales de la investigación (Pemex, industria pesquera, etcétera).

8. Que la entrada en operación de estas unidades al inicio de la década de los ochenta representó un avance en el desa-rrollo oceanográfico nacional, ya que los trabajos efectuados en estos buques contribuyeron de manera significativa al conocimiento de los mares de México y áreas oceánicas aledañas en todas sus facetas, como biológicas, ecológicas, químicas, físicas o geológicas.

9. Que los referidos trabajos han sido publicados o bien presentados en reuniones científicas nacionales e internacionales.

10. Que a esta producción se agrega un número de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, un hecho que, además de su valor científico, ha contribuido a la formación de recursos humanos en la investigación marina.

11. Que varios de los autores de las antes citadas investigaciones han sido premiados por sus contribuciones al conocimiento de los mares del país.

12. Que es un compromiso del Estado mexicano como un resultado de los acuerdos internacionales ratificados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los cuales nuestro país se ha desempeñado como una de las naciones más propositivas hacia la promulgación del acuerdo de la Convención sobre Derecho del Mar (ONU-UNCLOS, 1982) mediante el cual se establece la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas para los países ribereños; de la misma forma, México es signatario de los acuerdos contenidos en la Agenda 21 sobre Desarrollo Sustentable (ONU-UNCED, 1992). Ambos acuerdos garantizan a nuestro país la soberanía y jurisdicción sobre sus aguas oceánicas, pero a la vez le confieren la responsabilidad y compromiso de estudiar, proteger y manejar en forma sustentable sus recursos.

Por lo anteriormente expuesto, y en uso de las atribuciones antes citadas, los CC. diputados de la diputación federal veracruzana del grupo parlamentario del PRI se permiten someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Como medida de respaldo e impulso a la investigación oceanográfica mexicana, se exhorte al Ejecutivo y específicamente a la SHCP a homologar el precio del diesel marino especial para los armadores de buques de investigación oceanográfica universitaria, al precio que se otorga al sector agrícola.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.--- Diputados: Pablo Anaya Rivera, Gonzalo Guízar Valladares, Juan Bustillos Montalvo, Tomás Ruiz González, Pablo Pavón Vinales, Gustavo Moreno Ramos, Ubaldo Aguilar Flores, Guillermo Zorrilla Fernández, Marco Antonio Torres Hernández, Ernesto Alarcón Trujillo, Alfonso Sánchez Hernández, Rómulo I. Salazar Macías, Filemón Arcos Suárez, Miguel Angel Yunes Linares, Martín R. Vidaña Pérez, Jorge Uscanga Escobar, Concepción O. Castañeda Ortiz (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Guillermo del Valle Reyes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proposición que contiene punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluya los recursos necesarios para apoyar a las asociaciones civiles legalmente constituidas de los ingenios de Zacatepec y Oacalco del estado de Morelos.

El diputado Guillermo del Valle Reyes:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

El suscrito, diputado federal integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene como propósito apoyar a los extrabajadores y viudas de los ingenios azucareros del estado de Morelos al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que en el entendido de que los legisladores somos los legítimos representantes del pueblo ante esta máxima tribuna del país, lo cual nos lleva a velar por los intereses de nuestros representados, por lo que el compromiso de esta Legislatura, de escuchar, atender y canalizar las demandas que han hecho las asociaciones civiles legalmente constituidas, en este caso en particular de exobreros y viudas de los ingenios Emiliano Zapata de Zacatepec y de Oacalco, ambos en el estado de Morelos, en las que manifiestan su precaria situación económica y que agrupan por conducto de asociaciones civiles legalmente constituidas a un gran número de personas de adultos en plenitud de sus facultades físicas y mentales, y que no cuentan con ningún apoyo para la subsistencia de ellos y sus familias.

En los ingenios Emiliano Zapata de Zacatepec y de Oacalco del estado de Morelos, desde los años de 1988 a 1991 se han presentado serios problemas, financieros, laborales y técnicos, sin que hasta la fecha nadie haga nada para resolverlos y muy en particular las autoridades.

La quiebra fraudulenta del ingenio de Zacatepec y el cierre del ingenio de Oacalco han ocasionado desde esos años, sin lugar a dudas, que los ex obreros y viudas hayan sido y sigan siendo víctimas del abuso por parte del Gobierno Federal, en complicidad con el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana.

Que debe ser una responsabilidad de nuestra parte poner atención a todos los conflictos que existen en el país y que, de no atenderlos podríamos llegar a tener estallidos sociales, porque, señores, la situación cada día se esta agudizando más en el campo de México.

Por su parte, el Congreso del estado de Morelos ha solicitado ya al titular del Ejecutivo Federal, mediante un punto de acuerdo, que gire sus instrucciones a la Sagarpa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para apoyar de manera económica a los ex obreros y viudas de dichos ingenios.

En virtud de lo anteriormente expuesto solicito a esta soberanía turnar la presente proposición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para ser incluida en el Presupuesto de Egresos del próximo año; por tanto, someto a esta Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados, al analizar la propuesta de Presupuesto para el 2004 enviada por el Ejecutivo Federal, incluya los recursos necesarios para apoyar a las asociaciones civiles legalmente constituidas de los ingenios de Zacatepec y Oacalco en el estado de Morelos, en virtud de que se encuentran en una precaria situación económica.

Segundo: Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, una vez autorizado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004 otorgue un apoyo económico a los ex obreros y viudas de los ingenios de Zacatepec y Oacalco del Estado de Morelos.

México, DF, a 13 de noviembre de 2003.--- Dip. Guillermo del Valle Reyes (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se instruye a la Secretaría para que dé lectura a la proposición de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se le da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre la programación de la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República, en el marco de la glosa del III Informe de Gobierno.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la programación de la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República, en el marco de la glosa del III Informe de Gobierno

La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7°, párrafos 4 y 5, del mismo ordenamiento, y

Considerando

1. Que, con objeto de completar y ahondar el análisis del III Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, la Junta de Coordinación Política ha considerado necesario citar a comparecer a diversos funcionarios públicos ante las comisiones ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados.

2. Que, en términos del Acuerdo parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados, artículo quinto, las comparecencias en comisión se llevarán a cabo conforme a la programación que acuerde la Junta de Coordinación Política.

3. Que la Junta de Coordinación Política, dado que ya fueron constituidas formalmente las comisiones de este órgano legislativo, acordó la conveniencia de que el titular de la Procuraduría General de la República acuda a comparecer ante las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, acuerdo que fue aprobado por el Pleno el 14 de octubre del presente.

Con base en lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7°, 22, 34 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Con objeto de dar cumplimiento al artículo 7°, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública del titular de la Procuraduría General de la República se realizará el jueves 27 de noviembre de 2003, a las 17:00 horas.

Segundo. Hágase del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados.

Tercero. En términos del artículo 93 constitucional y el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva realice la comunicación correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de noviembre del año 2003.--- Diputados: Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.), Presidenta, coordinadora del grupo parlamentario del PRI; Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PAN; Pablo Gómez Alvarez (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PRD; Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PVEM; Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PT; Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.»

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la presente proposición. Por lo tanto, las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada la proposición.

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LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura a la excitativa que presenta la diputada Martha Palafox Gutiérrez, para que sea dictaminada la minuta de decreto enviada por el Senado de la República, por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre la Delincuencia Organizada, turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

«Excitativa que presenta la diputada Martha Palafox Gutiérrez, para que sea dictaminada la minuta de decreto, enviada por el Senado de la República, por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre la Delincuencia Organizada, turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fecha 6 de noviembre de 2003, los diputados José Gilberto Temolzin Martínez, Alberto Amaro Corona y Víctor López Hernández, Presidente y vocales, respectivamente, de la Comisión de Desarrollo Económico del honorable Congreso del estado de Tlaxcala, presentaron ante esa soberanía un punto de acuerdo por el que se solicitó a la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura que con la mayor brevedad se aprobara la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para que tanto el delito fiscal de contrabando y los actos que se equiparan a éste, que se traducen en el contrabando documentado, se introduzcan en el artículo 2º de dicha ley federal y sean tipificados como actos de las organizaciones delictivas.

Considerar como delincuencia organizada el delito de contrabando es de suma importancia para la industria nacional, a fin de contrarrestar la acción de grupos de delincuentes que trabajan con equipos y recursos suficientes, con el fin de introducir al país, de manera ilegal, cantidades considerables de productos y mercancías, en detrimento de nuestra economía productiva.

Considerando

Que el Senado de la República aprobó el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en los siguientes términos:

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 2º, fracción I, IV, y V, 3º, párrafo primero, 7º, 8º, párrafo segundo, 12, 13, 16, tercer párrafo, 17, primer párrafo del 40; se adiciona un párrafo tercero al artículo 3º, una fracción sexta al artículo 2º, y se adicionan dos párrafos al artículo 11 para ser primero y segundo, recorriéndose en su orden los existentes, un cuarto párrafo al artículo 16, un octavo párrafo al artículo 18, un tercer párrafo al artículo 28, recorriendo el tercero para pasar a ser cuarto párrafo, y un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 40 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Que con fecha 10 de diciembre de 2002, fue turnada la minuta con proyecto de decreto a la H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura y turnada, en la misma fecha, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sin haber sido dictaminada por esa Comisión.

Por todo ello y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos c), e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento, le solicito, señor Presidente, excite lo conducente a fin de que se dictamine la minuta de referencia.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre del 2003.--- Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica). »

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.---Tlaxcala.---

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.--- Comisión de Desarrollo Económico.

Honorable Asamblea:

Los que suscriben ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico de la LVII Legislatura, presentan a este Honorable Congreso del Estado, el punto de acuerdo en el que se solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la brevedad posible, apruebe la reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para que tanto el delito fiscal de contrabando y los actos que se equiparan a este, que se traducen en el contrabando documentado, se introduzcan en el artículo 2o. de dicha Ley Federal y sean tipificados como actos que las organizaciones delictivas, llevan a cabo de manera permanente.

Por lo cual, con fundamento en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala; 9, 10; 27, 77; 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, 38 y 53 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los suscritos diputados proceden a someter a esta Soberanía, el presente proyecto de dictamen conforme a los siguientes

Considerandos

Que el contrabando ha tomado importancia por sus efectos nocivos que representan grandes pérdidas económicas para las diversas industrias nacionales que se dedican a la producción de bienes y servicios.

Macroeconomicamente, representa desalentar la creación de empleos y el cierre de empresas enteras, que no pueden frente a los altos índices de mercancía de origen extranjero, que no cumplen con los requisitos arancelarios de nuestro país.

Que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a aprobado el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, en los siguientes términos:

Artículo único. Se reforman los artículos 2o., fracción I, IV y V, 3o., párrafo primero, 7,8, párrafo segundo, 12, 13, 16 tercero párrafo, 17, primer párrafo y 40; se adiciona un párrafo tercero al artículo 3o., una fracción sexta al artículo 2o. y se adicionan dos párrafos al artículo 11 para ser primero y segundo recorriéndose en su orden los existentes, un cuarto párrafo al artículo 16, un octavo párrafo al articulo 18, un tercer párrafo al artículo 28 recorriendo el tercero para pasar a ser cuarto párrafo y un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafo al artículo 40 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue, en lo conducente:

Artículo 2o...

VI. Contrabando, previsto en los supuestos establecidos por los artículos 102 y 105 fracción I a IV, X y XIII del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 3o...

Es improcedente aplicar esta ley en la investigación, persecución, procesamiento y sanción de delitos diversos a los señalados en el artículo anterior.

Artículo 7o. Son aplicables supletoriamente a esta ley, las disposiciones del Código Penal Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y las de la legislación que establezca las normas sobre ejecución de penas y medidas de seguridad, así como las comprendidas en leyes especiales.

Artículo 11. Las investigaciones realizadas en las averiguaciones previas tendrán por objeto exclusivamente los delitos establecidos en la presente Ley.

El Ministerio Público de la Federación que al integrar una averiguación previa sin haber fundamento o motivación alguno para acreditar la pertenencia de una persona o la comisión de alguno de los delitos que conforman la delincuencia organizada y que tenga como resultado la violación de las garantías individuales o los derechos humanos del sujeto sometido a investigación o al proceso, se tomará en cuenta para determinar la responsabilidad correspondiente del servidor público a que se refiere el tercer párrafo del artículo 28 de esta Ley y las demás que establezcan las leyes.

La investigación a que se refiere este artículo deberá abarcar, además de lo dispuesto en la ley, el conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación, y ámbitos de actuación, circunscritos a las personas que se relacionan inmediata y directamente con los hechos denunciados. Para tal efecto, el Procurador General de la República podrá autorizar la infiltración de agentes.

En estos casos se investigará no sólo a las personas físicas que pertenezcan a este organización; sino las personas morales de las que se valgan para la realización de sus fines delictivos.

Artículo 12. El Juez podrá dictar, a solicitud del Ministerio Público de la Federación, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que el indiciado es probable responsable o partícipe en la ejecución de alguno de los delitos previstos en el artículo 2o. de esta ley, el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señalados en la solicitud; con vigilancia de la autoridad; la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, mismo que se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, sin que exceda de noventa días, con el objeto de que el afectado participe en la aclaración de los hechos que se le imputan y pueda abreviarse el tiempo de arraigo.

Artículo 13. A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta ley, exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra y de todos aquellos necesarios para hacer efectivo su derecho de defensa, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas; sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base a la información recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas.

Artículo 17. El Juez de distrito requerido deberá resolver la petición en los términos de ley dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida la solicitud, pero en ningún caso podrá autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal; mercantil; civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor Tratándose de las materias aduanal y fiscal, el juez de distrito podrá autorizar la intervención cuando se trate de los delitos a que se refiere la fracción VI del artículo 2o. de la presente Ley.

Artículo 18....

Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas, en forma diversa o fuera de los términos en ellas ordenados; carecerán de valor probatorio.

El juez de distrito declarará improcedente las solicitudes en las que no existan pruebas suficientes o que de manera injustificada o artificiosa se pida la intervención en una investigación de un supuesto caso de delincuencia organizada.

Artículo 28....

A los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, que inicien una averiguación previa o proceso por delitos diversos a los que se establecen en el artículo 2o. de esta ley, se impondrán las mismas sanciones que señala la parte final del párrafo anterior.

Artículo 40. Para efectos de la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación previa. La inobservancia de la valoración señalada, faculta al efecto para denunciar tal anomalía ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Todo medio de convicción obtenido en contravención a lo dispuesto en esta ley, carece de valor probatorio.

No tendrán validez probatoria, las actuaciones o diligencias practicadas durante la integración de la averiguación previa realizada por el Ministerio Público de la Federación, tratándose de delitos no contemplados en la presente ley.

Las relaciones laborales por sí mismas no presumen la existencia de delincuencia organizada, tratándose de los delitos contemplados en el artículo 2o. de esta ley.

Se deberá comprobar fundadamente que la relación laboral implica una relación delictuosa mediante los medios probatorios que establece la ley.

Transitorio

Artículo único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Que la reforma ha sido enviada por la Cámara de Origen a la Cámara de Diputados para su aprobación y a la fecha se encuentra en estudio y análisis, en ese Cuerpo Colegiado.

En este sentido, considerar como delincuencia organizada el delito de contrabando, es de suma importancia para la industria nacional, para contrarrestar la acción de grupos de delincuentes que trabajan con equipos y recursos suficientes, con el fin de introducir al país, de manera ilegal, cantidades considerables de productos y mercancías en detrimento de nuestra economía productiva.

Además, la corrupción juega un factor importante en la práctica del contrabando, por ello, el Presidente de la República ha sostenido, que el combate al contrabando y la lucha contra la corrupción, son responsabilidad de todos, ha reconocido el compromiso mostrado por los empresarios mexicanos, en la erradicación de prácticas comerciales y fiscales ilegales y ha informado, que durante la presente administración, se ha separado de sus puestos al 80% de los mandos medios de la administración general de aduanas, por perdida de confianza, se han cancelado casi 100 concesiones, para realizar operaciones de importación y exportación que se otorgan á particulares y que el valor total de la mercancía embargada en el año 2003, es cuatro veces superior a la asegurada en el año 2000, en una cifra cercana a los 230 millones de pesos en promedio, cada mes, en esta administración.

Para fortalecer estas acciones, es indispensable que se apruebe a la brevedad posible, la reforma propuesta a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para que tanto el delito fiscal de contrabando y los actos que se equiparan a este, que se traducen en el contrabando documentado, se introduzcan en el artículo 2o. de dicha Ley Federal, para considerarlos en los actos que las organizaciones delictivas llevan a cabo de manera permanente, ya que de persistir esta práctica, como lo ha señalado recientemente el representante de la Coparmex en nuestra entidad, se provocará el cierre de más empresas y la pérdida de fuentes de trabajo, en donde los sectores más afectados han sido el textil y el de la manufactura, ante el exceso de entrada de productos extranjeros; sobre todo del sureste asiático; los cuales son reetiquetados en Estados Unidos y posteriormente introducidos a la República Mexicana.

Por todo ello, esta Comisión propone, solicitar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la brevedad posible, apruebe la reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y así mismo, que el presente acuerdo, se envíe al resto de las legislaturas de los estados, con la finalidad de que se sumen a esta excitativa.

Como consecuencia del análisis de estos antecedentes, esta Comisión presenta a la honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Solicitar cómo Poder Legislativo Estatal, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la brevedad posible; apruebe la reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para que tanto el delito fiscal de contrabando y los actos que se equiparan a este, que se traducen en el contrabando documentado, se introduzcan en el artículo 2o. de dicha Ley Federal y sean tipificados como actos que las organizaciones delictivas, llevan a cabo de manera permanente.

Segundo. Envíese copia del presente acuerdo al resto de las Legislaturas de los Estados, con la finalidad de que se sumen a la solicitud que se formula a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Tercero. Instrúyase al Ciudadano Secretario Parlamentario de este Congreso del Estado, para que de cumplimiento al presente acuerdo.

Cuarto. Publíquese el presente punto de acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; para su conocimiento general.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 6 de noviembre de 2003.--- La Comisión de Desarrollo Económico.--- Diputados: José Gilberto Temoltzin Martínez, Presidente; Alberto Amaro Corón y Víctor López Hernández, vocales.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que emita el dictamen correspondiente.

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GASTO PUBLICO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señoras y señores legisladores: en este momento la Mesa Directiva ha recibido el oficio número 1-377, que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, enviado por el Senado de la República.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, D.F.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito devolver a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente.

México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, D.F.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los Artículos 10, 21; 22, 24, en su Primer Párrafo; 25, 26, 27, 28, 29 Fracción III; 31 párrafo primero y último y las fracciones IV, V, VIII, IX a XII, XVI y XVII; 33, 34; 35, 36, 38, 40, 41, Fracciones I, II, IV, VI, VII, X, XVI, 42, 43, Fracciones I,III, IV y VI 45,fracciones IV, V, VI, IX y XI; 49 Fracción III, 50 Fracciones; I, II, III, VI; XI, que pasa hacer XIII; 51; 54, 56; 58, en su Primer Párrafo; 60, en su Primer Párrafo y Fracciones III y IV; 62, 65; 66, en sus Párrafos Primero y Tercero; 68, en sus Párrafos Primero y Segundo; 72,en su segundo Párrafo, y 73, asimismo, la denominación del Título Segundo para quedar de la planeación, programación y presupuesto. Se adicionan los Artículos 12 Bis; 14, con un Párrafo Segundo 26 con tres párrafos, 29 fracción XII, XXXI con las fracciones XIX a XXVI, XXXIII fracción III y Párrafo Final, 36 bis, 41 fracción XIX, 43 con fracción VII, 45 fracción XII y dos párrafos finales, 50 fracciones XI y XII y dos párrafos finales; 55 Bis; 56, con un Párrafo Cuarto; 60, fracción V y Penúltimo Párrafo; 68, con un ultimo Párrafo; 69 fracción IV todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 10.- En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley; y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes.

Artículo 14.- ........

En el caso de concurso para la adquisición de bienes o servicios, en igualdad de condiciones, se dará preferencia a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses: antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Artículo 12 bis.- Para la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, las dependencias y entidades estarán obligadas a realizar un estudio de costo beneficio, en el que, considerando el avalúo emitido por institución de crédito, corredores públicos u otros terceros capacitados para ello, conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos y vigente al momento de la adjudicación del contrato respectivo, se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos; el citado estudio y avalúo deberán integrarse al expediente de la contratación respectiva.

Artículo 21.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición de los interesados, a través de su página en Internet o la de su coordinadora del sector, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, su programa anual estimado de adquisiciones, arrendamientos y servicios del siguiente ejercicio, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de natu- raleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El citado programa deberá ser actualizado y difundido por el mismo medio a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal vigente, el cual será de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate.

Así mismo, el programa actualizado deberá ser remitido a la Secretaría de Economía a lo más en la fecha citada en el párrafo precedente.

Artículo 22.- ...............

I. ..........

II. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 41 de esta Ley, salvo en los casos de las fracciones II, I y XII del propio precepto. Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades;

III. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos, informándolo al titular de la dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las entidades y posteriormente, en su caso, someterlo a su consideración para su inclusión en las ya emitidas;

IV. ..........

V. (se deroga);

VI. a VII. .........

VIII. (se deroga), y

IX. ............

............

...........

La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités a que se refiere este artículo, fundando y motivando el sentido de sus opiniones.

Artículo 24.- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

............

Artículo 25.- Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, solamente cuando se cuente con la autorización global o específica, por parte de la Secretaría, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, según sea el caso, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.

Artículo 26.- .........

I. a III.- .........

..........

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la firma del contrato.

La Secretaria de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaria de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.

La Secretaría de la Función Pública pondrá a disposición pública, a través de medios de difusión electrónica que establezca, la información que obre en su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones y, en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados; así como otra información relativa a las materias que regula esta Ley, con excepción de aquella que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 27.- ...........

El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece la convocante, enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Las unidades administrativas de las dependencias y entidades que se encuentren autorizadas por la Secretaría de la Función Pública para realizar licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de comunicación electrónica, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que autorice la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, sin perjuicio de que los licitantes puedan optar por presentar sus propuestas por escrito durante el acto de presentación y apertura de propuestas.

.........

.........

La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

La Secretaría de la Función Pública deberá aceptar la certificación de medios de identificación electrónica que realicen las dependencias y entidades, las entidades federativas y el Distrito Federal, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 28.- Las licitaciones públicas podrán ser:

I. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios, en los siguientes casos:

A) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados.

Estas licitaciones se podrán convocar con la denominación de diferenciadas, en cuyo caso sólo podrán participar en éstas los licitantes, o referirse a bienes y servicios que resulten obligatorios en términos de los tratados, mediante las reglas que para tal efecto establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. Si la licitación no fuere convocada como diferenciada podrán participar licitantes, o referirse a bienes y servicios de cualquier país;

B) O en los siguientes casos:

B.1) Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presente alguna propuesta o ninguna cumpla con los requisitos a que se refiere la fracción II de este artículo;

B.2) Cuando mediante investigación de mercado que realice la dependencia o entidad convocante, en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias correspondientes, no exista oferta de bienes producidos en México o servicios prestados por personas de nacionalidad mexicana en la cantidad o calidad requeridas, o sea conveniente en términos de precio. Para determinar la conveniencia de precio de los bienes nacionales, se considerará un margen hasta del diez por ciento a favor del precio prevaleciente en el mercado nacional, respecto de los precios de bienes de procedencia extranjera que resulten de la investigación o;

B.3) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía.

En este tipo de licitaciones la Secretaría de Economía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios;

II. Nacionales:

A) Tratándose de adquisición o arrendamiento de bienes; cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir o arrendar sean producidos en el país y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional. La Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública, mediante reglas de carácter general, establecerá los casos de excepción correspondientes a dichos requisitos, así como un procedimiento expedito para determinar el grado de contenido nacional de los bienes.

La Secretaría de Economía, emitirá lineamientos y autorizará a organismos de certificación o unidades técnicas especializadas públicas o privadas a fin de que éstas, a solicitud del órgano interno de control correspondiente o un particular, realicen visitas para verificar que los bienes cumplan con los requisitos señalados en el párrafo anterior, reportando los resultados al órgano interno de control respectivo. Los gastos que se deriven de la visita mencionada correrán a cargo del particular, o de la dependencia o entidad convocante cuando, según sea el caso, éstos lo soliciten, o

B) Tratándose de la contratación de servicios; cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana.

Los servicios que incluyan el suministro de bienes, cuando el valor de éstos sea superior al cincuenta por ciento del valor total de la contratación, se considerarán como adquisición de bienes.

Artículo 29.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes o servicios, y contendrán, en lo aplicable, lo siguiente:

I. a II. ..........

III. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, de la primera junta de aclaración a las bases de licitación, en su caso, la reducción del plazo a que alude el artículo 32 de la presente Ley, y el señalamiento de sí se aceptará el envío de propuestas por servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica;

IV. a IX. ........

X. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de esta Ley;

XI. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra, y

XII. La indicación de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación.

Artículo 31.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo y contendrán, en lo aplicable, lo siguiente:

I. ..........

II. Forma en que se acreditará la existencia y personalidad jurídica del licitante;

III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que se realicen; fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato;

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación que afecte la solvencia de la propuesta, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, acompañados de una traducción simple al español.

Tratándose de bienes y servicios en los que se requiera que las especificaciones técnicas, las proposiciones, anexos técnicos y folletos se presenten en un idioma diferente del español, previa autorización del titular del área solicitante, se podrá establecer el idioma extranjero en que se formulen y presenten dichos documentos sin la traducción respectiva;

VI. Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo. En licitaciones públicas nacionales, las propuestas y el pago de bienes o servicios se realizará en pesos mexicanos.

Tratándose de servicio de fletamento de embarcaciones, adquisición de boletos de avión y el aseguramiento de bienes, las propuestas se podrán presentar en la moneda extranjera que determine la convocante y su pago se podrá realizar en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha en que éste se realice. En todo caso, se aplicará lo que dispongan las disposiciones específicas en la materia.

En licitaciones internacionales, en que la convocante determine efectuar los pagos a proveedores extranjeros en moneda extranjera, los licitantes nacionales podrán presentar sus proposiciones en la misma moneda extranjera que determine la convocante. No obstante, el pago que se realice en el territorio nacional deberá hacerse en moneda nacional y al tipo de cambio vigente en la fecha en que se haga dicho pago. Tratándose de proveedores extranjeros, los pagos podrán hacerse en el extranjero en la moneda determinada en las bases respectivas;

VII. .........

VIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y adjudicación de los contratos de conformidad a lo establecido por el artículo 36 de esta Ley;

IX. Descripción completa de los bienes o servicios, o indicación de los sistemas empleados para identificación de los mismos; información específica que requieran respecto a mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato; aplicación de normas conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; dibujos; cantidades; muestras, y pruebas que se realizarán, así como método para ejecutarlas;

X. Plazo y condiciones de entrega; así como la indicación del lugar, dentro del territorio nacional, donde deberán efectuarse las entregas. Cuando se trate de diferentes lugares de entrega, podrá establecerse que se propongan precios para cada uno de éstos o uno solo para todos ellos;

XI. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, precisando como serán utilizados en la evaluación;

XII. Condiciones de pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo. Tratándose de adquisiciones de bienes muebles, podrá establecerse que el pago se cubra parte en dinero y parte en especie, siempre y cuando el numerario sea mayor, sin perjuicio de las disposiciones relativas de la Ley general de bienes nacionales;

XIII. a XV. ............

XVI. Las penas convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios, en los términos señalados en el artículo 53 de esta Ley;

XVII. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 60 de esta Ley;

XVIII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación;

XIX. Las condiciones de precio, en el que se precisará si se trata de precios fijos o variables, para este último caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de ajuste de precios en los términos que prevé el artículo 44 de esta Ley;

XX. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse;

XXI. Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en esta Ley;

XXII. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación;

XXIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la dependencia o entidad;

XXIV. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Asimismo, la indicación de que los participantes deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de Ley.

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se abstendrán de firmar los contratos correspondientes;

XXV. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la indicación de que los mencionados derechos, para el caso de la contratación de servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones, se estipularán a favor de la dependencia o entidad de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, y

XXVI. El tipo y modelo de contrato.

Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán exigir requisitos que tengan por objeto limitar la libre participación. En ningún caso se establecerán requisitos o condiciones imposibles de cumplir. Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación cuyo presupuesto en conjunto represente al menos el cincuenta por ciento del monto total a licitarse por la dependencia o entidad en cada ejercicio fiscal, deberán ser difundidas a través de su página en Internet o en los medios de difusión electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, al menos durante cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su difusión en dicho medio, lapso durante el cual se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale, o bien, invitarán a los interesados, profesionales, cámaras o asociaciones empresariales del ramo para participar en la revisión y opinión de las mismas.

Artículo 33.- .......

I.- .......

II.- ......

III.-En el caso de las bases de licitación, o las modificaciones de éstas, se de la misma difusión que se haya dado a la documentación original,o bien, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, se ponga a disposición o se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación.

..........

.........

En las juntas de aclaraciones, las convocantes resolverán en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las bases de licitación les formulen los interesados, debiendo constar todo ello, en el acta respectiva que para tal efecto se levante. De proceder las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

Artículo 34.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y económica. La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.

Salvo los casos justificados por las dependencias o entidades, en las bases de licitación, se establecerá que dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes podrán efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado acto.

Artículo 35.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos;

II. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público de la dependencia o entidad facultado para presidir el acto o el servidor público que éste designe, rubricarán las partes de las propuestas que previamente haya determinado la convocante en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, debiendo en seguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas;

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, y

IV. En el acta a que se refiere la fracción anterior, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. La convocante procederá a realizar la evaluación de la o las propuestas aceptadas. Cuando no se hubiere establecido para dicha evaluación el criterio relativo a puntos y porcentajes, el de costo beneficio la convocante evaluará, en su caso, al menos las dos propuestas cuyo precio resulte ser más bajo.

Artículo 36.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación considerando, en su caso, lo siguiente:

I. Los criterios de evaluación y adjudicación de las propuestas establecidos en las bases de licitación, considerando las características de la contratación que se trate;

II. Corresponderá a los titulares de las dependencias y a los órganos de gobierno de las entidades establecer dichos criterios en sus políticas, bases y lineamientos, considerando los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad, objetividad y precisión, por lo que no podrán estar orientados a favorecer a algún licitante;

III. Tratándose de servicios, podrá utilizarse el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, en el que el rubro relativo al precio tendrá un valor porcentual del cincuenta por ciento, indicando en las bases la ponderación que corresponderá a cada uno de los demás rubros que serán considerados en la evaluación, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, cuando sea necesario, en el caso de servicios se solicitará el desglose de precios unitarios, precisando de qué manera será utilizado éste, y

IV. Dentro de los criterios de evaluación, podrá establecerse el relativo al de costo beneficio, siempre y cuando sea definido, medible, y aplicable a todas las propuestas.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia de la propuesta, el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, prevalecerá el estipulado en las bases de licitación; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.

Artículo 36 bis.- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a:

I. Aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, incluyendo, en su caso, el porcentaje previsto por el artículo 14 de este ordenamiento, y

II. La propuesta que tenga la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio.

La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

Artículo 38.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación y deberán expedir una segunda convocatoria, cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios, conforme a la investigación de precios realizada, no fueren aceptables.

Los resultados de la investigación por los que se determine que los precios no son aceptables, se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 36 bis de esta Ley. Dicha determinación se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

..........

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

Artículo 40.- ...........

La selección del procedimiento que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.

.........

...........

Artículo 41.- ..........

I. Por tratarse de obras de arte, o de bienes y servicios para los cuales no existan alternativos o sustitutos técnicamente razonables, el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;

III. ............

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o sean necesarias para garantizar la seguridad nacional, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

V. ..........

VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se hayan considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las proposiciones, se podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la del ganador.

VII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas, siempre que no se modifiquen los requisitos esenciales señalados en las bases de licitación;

VIII. a IX. ...........

X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones de educación superior y centros de investigación. Si la materia de los servicios se refiriese a información reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa;

XI. a XV. ..........

XVI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o entidad deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan a favor de la Federación o de las entidades según corresponda. De ser satisfactorias las pruebas, se formalizará el contrato para la producción de mayor número de bienes por al menos el veinte por ciento de las necesidades de la dependencia o entidad, con un plazo de tres años;

XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad;

XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en los términos de la Ley del servicio de tesorería de la Federación, y

XIX. Las adquisiciones de bienes y servicios relativos a la operación de instalaciones nucleares.

Artículo 42.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.

En estos casos, se invitará a personas cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrán exceder del veinte por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario.

En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado para las operaciones previstas en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato.

Para fomentar el desarrollo y la participación de las empresas nacionales micro, pequeñas y medianas, las dependencias y entidades procuraran que las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo, sean adjudicadas a aquellas cuando menos el cincuenta por ciento del valor de los contratos.

Artículo 43.- ........

I. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad;

II. ..........

III. En las invitaciones se indicarán, como mínimo, la cantidad y descripción completa de los bienes o servicios requeridos, o indicación de los sistemas empleados para identificación de los mismos, plazo y lugar de entrega, así como condiciones de pago;

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días naturales a partir de que se entregó la última invitación;

V. El carácter nacional o internacional en los términos del artículo 28 de esta Ley;

VI. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables, siendo optativo para la convocante la realización de la junta de aclaraciones, y

VII. Difundir la invitación en lugar visible de las oficinas de la convocante o en su página de Internet y en los medios de difusión que establezca la Secretaría de la Función Pública, a título informativo, incluyendo quienes fueron invitados.

Artículo 45.- Los contratos o pedidos de adquisiciones, arrendamientos y servicios contendrán, en lo aplicable, lo siguiente:

I. a III. ..........

IV. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;

V. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;

VI. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;

VII. a VIII. .........

IX. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o servicios, por causas imputables a los proveedores;

X. La descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto del contrato, incluyendo en su caso la marca y modelo de los bienes;

XI. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratadas, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables, y

XII. Los demás aspectos y requisitos previstos en las bases e invitaciones, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate.

Para los efectos de esta Ley; las bases de licitación, el contrato, sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en las bases de licitación.

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al efecto autorice la Secretaria de la Función Pública.

Artículo 49.- ..........

I. a II. ...........

III. Las Tesorerías de las entidades federativas, del Distrito Federal o de los municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley.

Artículo 50.- ..........

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública;

III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que se establezca en las políticas, bases y lineamientos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser superior a dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato;

IV. a V. .........

VI. Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;

VII. a X. .........

XI. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

XII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por si o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y

XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.

Las políticas, bases y lineamientos a que alude el artículo 1 de esta Ley, que emitan las dependencias y entidades cuyo objeto comprenda la prestación de servicios de salud, podrán establecer que las hipótesis previstas en las fracciones III y v de este artículo, se encuentren referidas solamente a cada una de sus áreas facultadas para llevar a cabo procedimientos de contratación, de tal manera que el impedimento de una de éstas para contratar en dichos casos, no se hará aplicable a las demás.

En estos supuestos, el oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar.

Artículo 51.- ..........

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este artículo. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

Las dependencias y entidades podrán establecer en sus políticas, bases y lineamientos, preferentemente el pago a proveedores a través de medios de comunicación electrónica.

Artículo 54.- Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:

I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer;

III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en la fracción I de este artículo, y

IV. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

La dependencia o entidad podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia o entidad establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inició del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de esta Ley.

Las dependencias y entidades podrán establecer en las bases de licitación, invitaciones y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de este artículo.

Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

Artículo 55 bis.- Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y se reintegrarán los anticipos no amortizados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la dependencia o entidad, en las bases de la licitación y el contrato deberá preverse la forma de pagar al proveedor los gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta suspensión.

En cualquiera de los casos previstos en este artículo, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.

Artículo 56.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, la información relativa a los actos y los contratos materia de esta ley, serán establecidos por dichas secretarias , en el ámbito de sus respetivas atribuciones.

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Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de dicho ordenamiento cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables.

Las propuestas desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

Artículo 58.- La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los bienes muebles a través de la propia dependencia o entidad de que se trate, o mediante las personas acreditadas en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

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Artículo 60.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. a II. ..........

III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas;

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad, y

V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 50 de este ordenamiento.

.............

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.

.........

Artículo 62.- .........

La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad.

Artículo 65.- Podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley, cuando dichos actos se relacionen con:

I. La convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones, siempre que el interesado haya adquirido las bases y manifestado su objeción, así como los argumentos y razones jurídicas que la funden, en la propia junta de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;

II. Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo.

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto respectivo, o

III. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en las bases o en esta Ley.

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere vencido el plazo para la formalización del contrato.

La Secretaría de la Función Pública a desechará las inconformidades que se presenten en contra de actos o en momentos distintos a los establecidos en las fracciones anteriores; igualmente, desechará las inconformidades a que se refiere la fracción I de este artículo, cuando de las constancias se desprenda que el inconforme no hubiere asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere manifestado su objeción y los argumentos y razones jurídicas que la funden respecto de aquellos actos que presuntamente contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley.

Toda inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de los medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

Transcurrido el plazo establecido en este artículo, se tendrá por precluido el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley.

Lo establecido en este artículo, es sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la Secretaría de la Función Pública las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin de que las mismas se corrijan.

Previo convenio de coordinación entre las entidades federativas o el Distrito Federal y la Secretaría de la Función Pública, las inconformidades relativas a procedimientos de contratación realizados por éstas, con cargo total o parcial a fondos federales, deberán ser presentadas ante las Contralorías estatales o del Distrito Federal, quienes emitirán, en su caso, las resoluciones correspondientes en los términos previstos en la presente Ley.

Artículo 66.- En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición.

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Cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al promovente multa conforme lo establece el artículo 59 de esta Ley.

Artículo 68.- La Secretaría de la Función Pública podrá de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo 65 del presente ordenamiento, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos del procedimiento de licitación o invitación a cuando menos tres personas se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes.

La Secretaría de la Función Pública podrá requerir información a las dependencias o entidades correspondientes, quienes deberán remitirla dentro de los seis días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento respectivo.

..........

........

I. a II. .......

............

Cuando la Secretaría de la Función Pública determine la suspensión de algún procedimiento de contratación que implique para la convocante poner en riesgo el abastecimiento de bienes y la prestación de servicios de necesidad inmediata, podrá la dependencia o entidad realizar las contrataciones que, en tanto cesa la aludida suspensión, contribuyan a afrontar dicha eventualidad, en los términos del artículo 41, fracción V de esta Ley.

Artículo 69.- .......

I. ...........

II. La nulidad total del procedimiento;

III. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad, o

IV. Las directrices para que el contrato se firme.

Artículo 72.- ..........

En la conciliación las partes deberán procurar la realización de acciones que promuevan la ejecución total de los trabajos, la entrega de los bienes y prestación de los servicios y la completa resolución de las controversias, a través de los convenios que acuerden las mismas, los que podrán considerarse para efectos de solventar las observaciones de los órganos de control.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la Secretaría de la Función Pública señalará los días y horas para que tengan verificativo. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas debidamente justificadas.

En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo respecto de la controversia, podrán designar a su costa, ante la presencia de la propia Secretaría de la Función Pública, a un tercero o perito que emita su opinión sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses.

..........

Artículo 73.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer en la vía que corresponda.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los Artículos 12, 18; 22, 24; 27, 28, 30, 31, Fracciones IV, IX y XII; 33 fracciones VI, VIII, X, XVIII, XXI, XXII y XXIII y el Segundo Párrafo; 35, Fracción II, último Párrafo y antepenúltimo Párrafo; 36, 37, 38, párrafos tercero y cuarto; 40; 41; párrafo segundo y cuarto; 42, Fracciones I, II, IV, VI, VII y XI; 43; 44; 46, Fracciones IV, VIII, XII y antepenúltimo párrafo; 47, 49, Fracción III; 50, Fracciones V y VI; 51 Fracciones I, II, V, VII y IX; 53, Segundo Párrafo; 54, Párrafo cuarto 55, Primer y Tercer Párrafo; 57, Fracción III; 60, Segundo Párrafo; 62, Penúltimo Párrafo; 74, Primer y Tercer Párrafos; 78, Primer Párrafo y Fracción IV; 79, Fracción II; 80; 83; 84, Primer y Tercer Párrafo; 86, Primer y Segundo Párrafos; 87, Fracción III; 90 y 91; asimismo, la denominación del Título Segundo para quedar de la planeación, programación y presupuesto. Se adicionan los Artículos 18 último párrafo, 22 Párrafo final; 25 en su último Párrafo; 31, Fracción XIII; 33; con los incisos A, B y C de la Fracción 23 y 24; 38 con Octavo Párrafo; 42, Fracción XII; 46; con dos párrafos finales; Fracciones X y XI al Artículo 51; penúltimo Párrafo del Artículo 54; un Segundo Párrafo a la Fracción II del Artículo 62; una Fracción V y un penúltimo Párrafo al Artículo 78; y una Fracción IV al Artículo 87, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 12.- En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos por la Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley; y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes.

Artículo 18.- ........

...............

Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el titular del área responsable de los trabajos.

Cualquier persona podrá promover y presentar a consideración de las dependencias y entidades, estudios, planes y programas para el desarrollo de proyectos, debiendo proporcionar la información suficiente que permita su factibilidad, sin que ello genere derechos u obligaciones a las mismas dependencias y entidades.

Artículo 22.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición de los interesados, a través de su página de Internet o en la de su coordinadora del sector, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, su programa anual estimado de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del siguiente ejercicio, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El citado programa deberá ser actualizado y difundido por el mismo medio a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal vigente, el cual será de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate.

Asimismo, el programa actualizado deberá ser remitido a la Secretaría de Economía a lo más en la fecha citada en el párrafo precedente.

Artículo 24.- Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, solamente cuando cuenten con la autorización global o específica, por parte de la Secretaría, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, según sea el caso, conforme a los cuales deberán elaborarse los programas de ejecución y pagos correspondientes.

En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquel en que se formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la responsabilidad de los servidores públicos que autoricen el proyecto ejecutivo.

Artículo 25.- .........

I. a VI. ..........

La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los Comités a que se refiere este artículo, fundando y motivando el sentido de sus opiniones.

Artículo 27.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan:

I. Licitación pública;

II. Invitación a cuando menos tres personas, o

III. Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

La licitación pública se inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de la invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la firma del contrato.

La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.

La Secretaría de la Función Pública pondrá a disposición pública, a través de los medios de difusión electrónica que establezca, la información que obre en su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones y, en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados; así como otra información relativa a las materias que regula esta Ley, con excepción de aquella que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 28.- Los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece la convocante, enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Las unidades administrativas de las dependencias y entidades que se encuentren autorizadas por la Secretaría de la Función Pública para realizar licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de comunicación electrónica, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que autorice la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, sin perjuicio de que los licitantes puedan optar por presentar sus propuestas por escrito durante el acto de presentación y apertura de propuestas.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

La Secretaría de la Función Pública deberá aceptar la certificación de medios de identificación electrónica que realicen las dependencias y entidades, las entidades federativas y el distrito federal, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 30.- Las licitaciones públicas podrán ser:

I. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera, en los siguientes casos:

A) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados.

Estas licitaciones se podrán convocar con la denominación de diferenciadas, en cuyo caso sólo podrán participar en éstas los licitantes, o referirse a obras y servicios, que resulten obligatorios en términos de los tratados, mediante las reglas que para tal efecto establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. Si la licitación no fuere convocada como diferenciada, podrán participar licitantes, o referirse a obras y servicios, de cualquier país;

B) O en los siguientes casos:

B.1) Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten propuestas;

B.2) Cuando mediante investigación que realice la dependencia o entidad convocante en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias correspondientes, los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente en términos de precio o;

B.3) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía.

II. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana.

En los procedimientos de contratación, podrá requerirse la incorporación de materiales y mano de obra nacional, el porcentaje que deberán cumplir no podrá ser menor al 50% del valor de estos insumos, el porcentaje de personal técnico, maquinaria y equipo de instalación permanente nacionales, será por el porcentaje del valor total de los trabajos que determine la convocante.

Artículo 31.- Las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas o servicios relacionados con las mismas, y contendrán:

I. a III. ...........

IV. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos así como la indicación, en su caso, de las propuestas que podrán presentarse a través de medios remotos de comunicación electrónica;

V. a X. ..........

XI. La indicación de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación;

XII. Determinación, en su caso, del porcentaje de contenido nacional, y

XIII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

Artículo 33.- .......

I. a V. .........

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que se realice en el territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago, así como el mecanismo, periodos de revisión y los porcentajes máximos de ajuste de costos a que se sujetará el contrato;

VII. .......

VIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de esta Ley;

IX. .........

X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las cámaras industriales y colegios de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico;

XI. a XVII. ..........

XVIII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes, diferenciando los de obras y los de servicios;

XIX. a XX. .........

XXI. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley;

XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación;

XXIII. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de este ordenamiento o de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Asimismo, la indicación de que los participantes deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de Ley.

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se abstendrán de firmar los contratos correspondientes, y

XXIV. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando como serán utilizados en la evaluación.

Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas no podrán exigirse requisitos que tengan por objeto limitar la libre participación. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.

Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación cuyo presupuesto estimado de contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, así como aquellas de monto inferior que las dependencias y entidades consideren convenientes, deberán ser difundidas a través de su página en Internet o en los medios de difusión electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, al menos durante cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su difusión, lapso durante el cual se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale, o bien, invitarán a los interesados, profesionales, cámaras o asociaciones empresariales del ramo para participar en la revisión y opinión de las mismas.

Artículo 35.- ..............

I. .......

II. En el caso de las bases de la licitación, se difundan por los mismos medios en que se difundieron éstas, a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia o entidad para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas.

No será necesario hacer la publicación cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado en este artículo, se ponga a disposición o se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación.

En las juntas de aclaraciones, las convocantes resolverán en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las bases de licitación les formulen los interesados, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante. De proceder las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

..............

Artículo 36.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y cerciorarse de su inscripción en el registro de contratistas de la convocante, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que se trate.

Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Cuando la dependencia o entidad se nieguen a revisar la documentación de los interesados, o bien, sin causa justificada niegue su inscripción, los interesados podrán interponer la inconformidad a que alude el artículo 83 de esta Ley, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se de a conocer la negativa.

En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como a aquellos contratistas que, en su caso, hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo.

Artículo 37.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará, conforme a lo siguiente:

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos;

II. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán el catálogo de conceptos o el presupuesto de obra de las propuestas presentadas, las que para estos efectos constarán documentalmente; debiendo en seguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas;

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación, y

IV. En el acta a que se refiere la fracción anterior se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Artículo 38.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

Tratándose de obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluación.

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos suficientes para la realización de los trabajos solicitados por la convocante en los respectivos términos de referencia; que los tabuladores de sueldos sean acordes a los requisitos en las bases de licitación; que la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado. Atendiendo a las características propias de cada servicio y siempre y cuando se demuestre su conveniencia se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en los casos de asesorías y consultorías donde invariablemente deberán utilizarse estos mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente por que reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respetivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado.

La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, las dependencias y entidades adjudicarán la obra, en igualdad de condiciones a las empresas que tengan en su planta laboral un 5% de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la Licitación Pública.

Artículo 40.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación y deberán expedir una segunda convocatoria, cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables.

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

Artículo 41.- En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

La selección que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado. El acreditamiento del o los criterios, así como la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos.

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.

En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el día último hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un Informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del Artículo 42, Fracción IV de esta Ley.

Artículo 42.- ........

I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;

III. .........

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, sean necesarios para garantizar la seguridad nacional, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

V. ..........

VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se hayan considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las proposiciones, se podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la del ganador;

VII. Se realice una licitación pública que haya sido declarada desierta, siempre que no se modifiquen los requisitos esenciales señalados en las bases de licitación;

VIII. a X. ..........

XI. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán a las instituciones de educación superior y centros de investigación. Si la materia de los trabajos se refiere a información reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, y

XII. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

Artículo 43.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario.

En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato.

Artículo 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:

I. El acto presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad;

II. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de análisis;

III. En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan al artículo 33 de esta Ley;

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

V. Difundir la invitación en lugar visible de las oficinas de la convocante o en su página de Internet y en los medios de difusión que establezca la Secretaría de la Función Pública a titulo informativo, incluyendo quienes fueron invitados;

VI. El carácter nacional o internacional en los términos del artículo 30 de esta Ley, y

VII. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables.

Artículo 46.- .......

I. a III. .........

IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito referido en el artículo 64 de esta Ley, este último plazo no podrá exceder de sesenta días naturales, los cuales deben ser establecidos de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

V. ..........

VI. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato;

VII. .........

VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Las dependencias y entidades deberán fijar en el contrato, los términos, condiciones y el procedimiento, para aplicar las penas convencionales, debiendo exponer en el finiquito correspondiente las razones de su aplicación;

IX. a XI. .........

XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia, y

XIII. ............

Para los efectos de esta Ley, las bases de licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en las bases de licitación.

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al efecto autorice la Secretaría de la Función Pública.

En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se podrán utilizar medios remotos de comunicación electrónica.

Artículo 47.- La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo en la fecha que se haya establecido en las bases de la licitación, la cual no podrá exceder de los treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de esta Ley.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el estado, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse a la que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin recurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

..........

...........

Artículo 49.- ........

I. a II. .........

III. Las tesorerías de las Entidades Federativas, del Distrito Federal o de los Municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley.

Artículo 50.- .......

I. ...........

II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

.......

III. a IV. ..........

V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate.

.........

VI. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de esta Ley, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo.

...........

.........

Artículo 51.- .........

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública;

III. a IV. .......

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;

VI. ........

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos;

VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.

Artículo 53.- ........

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de supervisión con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 54.- .........

...........

...........

Las dependencias y entidades podrán establecer en sus políticas, bases y lineamientos, preferentemente, el pago a contratistas a través de medios de comunicación electrónica.

........

Artículo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

........

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Artículo 57.- ........

I a II. .......

III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este artículo.

Artículo 60.- ........

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este artículo.

Artículo 62.- .......

I. .....

II. .......

Las dependencias y entidades podrán optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro;

III. a IV. ........

Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

.......

Artículo 74.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía la información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

........

Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables.

Las propuestas desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

Artículo 78.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. a III. ....

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad, y

V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del artículo 51 de este ordenamiento.

.......

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.

........

Artículo 79.- ......

I. ..........

II. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción;

III. a IV. .........

......

Artículo 80.- La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento.

La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad.

Artículo 83.- Podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley, cuando dichos actos se relacionen con:

I. La convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones, siempre que el interesado haya adquirido las bases y manifestado su objeción, así como los argumentos y razones jurídicas que la funden, en la propia junta de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;

II. Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo.

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto respectivo, o

III. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en las bases o en esta Ley.

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere vencido el plazo para la formalización del contrato.

La Secretaría de la Función Pública desechará las inconformidades que se presenten en contra de actos o en momentos distintos a los establecidos en las fracciones anteriores; igualmente, desechará las inconformidades a que se refiere la fracción I de este artículo, cuando de las constancias se desprenda que el inconforme no hubiere asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere manifestado su objeción y los argumentos y razones jurídicas que la funden respecto de aquellos actos que presuntamente contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley.

Toda inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de los medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

Transcurrido el plazo establecido en este artículo, se tendrá por precluido el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley.

Lo establecido en este artículo, es sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la Secretaría de la Función Pública las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin de que las mismas se corrijan.

Previo convenio de coordinación entre las Entidades Federativas o el Distrito Federal y la Secretaría de la Función Pública, las inconformidades relativas a procedimientos de contratación realizados por éstas, con cargo total o parcial a fondos federales, deberán ser presentadas ante las Contralorías estatales o del distrito federal, quienes emitirán, en su caso, las resoluciones correspondientes en los términos previstos en la presente Ley.

Artículo 84.- En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición.

.........

Cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al promovente multa conforme lo establece el artículo 77 de esta Ley.

Artículo 86.- La Secretaría de la Función Pública podrá de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo 83 del presente ordenamiento, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos del procedimiento de licitación o invitación a cuando menos tres personas se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes.

La Secretaría de la Función Pública podrá requerir información a las dependencias o entidades correspondientes, quienes deberán remitirla dentro de los seis días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento respectivo.

........

...........

I. a II. .......

...........

Artículo 87.- .........

I. .....

II. La nulidad total del procedimiento;

III. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad, o

IV. Las directrices para que el contrato se firme.

Artículo 90.- .......

En la conciliación las partes deberán procurar la realización de acciones que promuevan la ejecución total de los trabajos y la completa resolución de las controversias, a través de los convenios que acuerden las mismas, los que podrán considerarse para efectos de la solventación de observaciones de los órganos de control.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la Secretaría de la Función Pública señalará los días y horas para que tengan verificativo. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas debidamente justificadas.

En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo respecto de la controversia, podrán designar a su costa, ante la presencia de la propia Secretaría de la Función Pública, a un tercero o perito que emita su opinión sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses.

...........

Artículo 91.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer en la vía que corresponda.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 11 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Lidia Madero García (rúbrica), Secretaria.

Se devuelve a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.--- México, D.F., a 11 de noviembre de 2003.--- Licenciado Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios (rúbrica.)»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para los efectos de ley se turna la presente minuta a la Comisión de Gobernación.

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ESTADO DE YUCATAN
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es comentarios en relación con la elección de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Yucatán; se concede para ese efecto el uso de la palabra a la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco:

Con el permiso de la Mesa Directiva; honorable Asamblea:

El día de hoy hago uso de esta tribuna para significar un hecho lamentable y bochornoso, acaecido en el estado de Yucatán el martes 11 de noviembre pasado, el cual ejemplifica de manera manifiesta la situación política y social que priva en esa entidad federativa que represento.

Estos acontecimientos, sin duda marcados por el rasgo de la intolerancia y sesgados de todo principio democrático, resultaron en un albazo parlamentario, en un auténtico golpe de estado legislativo, lesivo a los intereses de los yucatecos y a la representación de éstos, personificada en los diputados de los partidos opositores al régimen que integra el Congreso de Yucatán.

En efecto, el martes 11 de noviembre pasado, de manera unilateral, el Partido Acción Nacional, a través de sus diputados en el Congreso yucateco, decidieron nombrar a la Mesa Directiva para el próximo periodo de sesiones ordinarias, sin la participación de los demás partidos representados en ese órgano, basados en la transitoria mayoría que les otorgó el soborno político a dos diputados autollamados independientes.

Así, sin más ni más, dejando atrás la práctica de inclusión y reconocimiento a la conformación plural de dicha Cámara local, el partido oficial optó por desconocer la ley y la representación de las demás fracciones parlamentarias que convergen en dicho órgano, confirmando de esa manera el desprecio que desde hace meses vienen demostrando los panistas por las formas políticas que rigen la convivencia democrática en mi Estado.

De esa manera, se concreta la toma del Legislativo por parte del binomio representado por el Gobierno del estado y el Partido Acción Nacional, iniciado hace algunas semanas atrás, que desencadenó una de las peores crisis políticas de la historia yucateca, al renunciar y huir del cargo el entonces Presidente de la Gran Comisión y Coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, abogado Ricardo Gutiérrez López, precisamente por negarse a implementar en el seno del Congreso local una estrategia de endurecimiento político, cerrazón al diálogo y negación de la representación popular, que le era solicitada desde Palacio de Gobierno, a través de la dirigencia estatal de su partido, para presionar a los opositores en el Congreso.

Los yucatecos no tuvimos que esperar mucho tiempo para comprobar directamente lo que los hechos venían demostrando y que ya se rumoraba en el ámbito local, el gobierno estatal decidió a motu proprio, ir con todo por el control absoluto del Congreso ante el fracaso de su ofensiva contra el Poder Judicial local, sin importar las formas, el derecho, la convivencia democrática y la representación popular.

Los yucatecos, en más de dos años de gobierno panista, comprobamos por experiencia propia las falsas promesas de campaña que auguraban un Yucatán mejor, dando paso al indeseado rostro de la intolerancia y lo que es peor, de la represión y la confrontación política; los yucatecos recordamos todavía hace unas semanas el histórico exhorto del Senado de la República al Gobernador del estado, para que se abstenga de inmiscuirse en los asuntos del Poder Judicial y respetar la decisión de poderes y el marco constitucional vigente. Sin embargo, haciendo caso omiso a esa indicación, continúa entrometiéndose en asuntos que no son de su competencia.

Los yucatecos observamos con incredulidad cómo se tratan y dirimen asuntos propios del Congreso local en la sede estatal del Partido Acción Nacional, compareciendo a éste, integrantes de los órganos de dirección y apoyo de esa soberanía como el contador mayor de Hacienda, el tesorero y la titular de la Oficialía Mayor, confundiendo en forma por demás grotesca, las atribuciones y facultades de un poder autónomo estatal, con los intereses particulares de un instituto político.

Los yucatecos, compañeras y compañeros legisladores, comprobamos en carne propia los efectos del doble lenguaje del gobierno, que por un lado en el ámbito federal, hablan de acuerdos y consensos; mientras por el otro, en la esfera estatal, muestran la intransigencia, la soberbia y la sin razón política y jurídica para minimizar al adversario político fuera de toda forma política, ética y racional.

Por ello hago uso de esta tribuna para dejar manifiesto ante esta honorable Asamblea, signo republicano de la representación popular y ejemplo inobjetable de la voluntad democrática del pueblo mexicano, la simulación, la falsedad, la transgresión continua y permanente al Estado de Derecho, la violación a los principios democráticos y el desprecio a la representación popular que se está dando en estos momentos en el estado de Yucatán, por la vía del golpe legislativo, seguramente ordenado por el gobernador del estado a sus incondicionales y fanáticos títeres del Congreso local.

Sobre todo porque esta soberanía, este honorable órgano ha demostrado, ha dado el ejemplo y lo sigue dando, de reconocimiento a la diversidad política y social de nuestra nación, vía el ejercicio parlamentario y legislativo, basado en el reconocimiento a todas las fuerzas políticas representadas en él.

De ahí que sea menester conocer este asunto que, sin duda por sus características, representa la negación de lo que debiera ser la práctica democrática propia de las asambleas estatales que conforman el Constituyente mexicano y encarna la voluntad democrática de las entidades federativas signantes en el pacto federal.

En Yucatán hoy día, es evidente que no se respetan los principios y valores inherentes al ejercicio parlamentario y mucho menos se reconoce el derecho a disentir políticamente.

En Yucatán hoy día, se manifiesta una intolerable violación al sistema republicano, representativo, popular y democrático que nos hemos dado los mexicanos.

En Yucatán hoy día, se ha optado por la fuerza, por la opresión, por el chantaje y la persecución para intentar dirimir diferencias políticas.

En Yucatán hoy día, se han impuesto la cerrazón, el fanatismo y la insensibilidad.

Por estas razones, compañeras y compañeros diputados, exhorto desde esta tribuna al Presidente de la Mesa Directiva del honorable Congreso de Yucatán, para que se dé la oportunidad de demostrar a la sociedad que lo eligió, que respeta el cumplimiento irrestricto de los principios de representación popular y pluralidad democrática inherentes a nuestro sistema republicano, así como al apego del marco constitucional y legal vigente; privilegiando el ejercicio institucional de las facultades propias de las fracciones parlamentarias representadas en esa legislatura.

Es cuanto.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Rodríguez y Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Alfredo Rodríguez y Pacheco:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:

Resulta sumamente lamentable que en estos momentos venga la diputada Ortega a plantear en esta alta tribuna un asunto de la vida interna del Congreso de Yucatán, que si bien dicha Asamblea es importante por las decisiones que ahí se toman en relación a dicho estado, no lo es en este caso, dado que sólo se decidió un asunto interno, como lo es la integración de la directiva del mencionado Congreso.

Y digo que es lamentable que aquí se venga a presentar tal planteamiento porque en estos momentos todo México está pendiente de las decisiones de gran trascendencia para nuestro país que aquí espera se tomen por parte de esta Cámara, decisiones que tienen qué ver con el futuro de México, con el futuro de nuestros conciudadanos a los cuales representamos en esta Cámara.

Me refiero a los temas con la reforma fiscal, el presupuesto para el año 2004, las reformas que tienen qué ver con el petróleo y la energía eléctrica, entre otras.

Pero ya que se trajo a esta tribuna un asunto de carácter interno del Congreso de Yucatán, es conveniente y necesario hacer algunas aclaraciones, a fin de que no quede en cada uno de los presentes la idea equivocada que aquí se ha pretendido buscar, por lo que haré mención de los hechos ocurridos en tal entidad.

Para empezar, dicho Congreso fue debida y legalmente convocado a través del Diario Oficial del estado el pasado lunes 10, a fin de realizar sesión el martes 11, a las 23:00 horas.

En ésta se designaría a los integrantes de la mesa que los dirigiría por un mes, a partir del 16 de noviembre. El día mencionado el coordinador de los diputados de Acción Nacional le llamó al del PRI hasta en cuatro ocasiones a fin de que proporcionara el nombre de los diputados de su partido que formarían parte de la mesa en cuestión y para que se presentasen también a la sesión los diputados de ese partido que previamente ya habían sido convocados, como dije anteriormente, a través del Diario Oficial.

Y no es sino hasta después de la cuarta llamada con resultado negativo y pasados 40 minutos de infructuosa espera, después de la hora que marcaba la convocatoria, que la sesión dio inicio con la mayoría de los diputados presentes que, es justo mencionar, se condujo tal sesión dentro del marco legal para tal acto. Y que quede claro, no se violentó ley alguna.

Además, la integración de esta mesa es plural, atendiendo a que está compuesta de diputados de distinta filiación partidista, unos de la fracción del PAN y otros de origen priísta.

Compañeras diputadas y diputados: el Congreso y el pueblo de Yucatán no pueden continuar siendo rehenes ni seguir pagando los costos que ocasionan la irresponsabilidad de quien coordina a los diputados del PRI en este estado.

Como muestras de esto sólo quiero hacer mención de que ya son dos los integrantes de dicha bancada que han preferido declararse diputados independientes que continuar bajo la dirección de su coordinador.

Que no se pretenda hacer creer que el motivo de su renuncia son a causa de soborno político, no la verdadera razón es que ya no quieren seguir siendo señalados como parte de la bancada que obstaculiza el avance del Congreso en esta entidad y que practica la política rupestre, como la calificó un gobernador del mismo partido, antes de ser destituido hace 13 años, luego de los embates de que fue víctima por parte de sus mismos correligionarios encabezados por quien gobernara Yucatán por 10 años, único caso en la historia de México, por cierto la diputada que estuvo hace unos minutos es sobrina del personaje que encabezara ese embate.

Y así como ese gobernador se quejó de la política rupestre, hoy esos que encabezaron la agresión hace tres años...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado, se le agotó el tiempo.

El diputado Alfredo Rodríguez y Pacheco:

Termino ya, señor Presidente.

Así como ese gobernador se quejó de la política rupestre, hoy esos que encabezaron la agresión hace tres años, pretenden hacer lo mismo.

Y concluyo invitando a la diputada que me antecedió a que no traiga asuntos que sólo nos distraen de las prioridades que se requieren atender en estos momentos para nuestro país ni mucho menos intente confundir a esta Asamblea.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Con qué objeto, diputado Vega?

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):

Para hablar sobre el mismo tema, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le concede el uso de la palabra para rectificar hechos hasta por cinco minutos.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Don Héctor, ¿con qué objeto?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Gracias, señor Presidente.

Le rogaría que tal como señala nuestra Ley Orgánica y nuestro Reglamento, a usted le corresponde vigilar y encauzar el debate en esta Asamblea. Por lo tanto le solicito de la manera más atenta que se cumplimente con la normatividad debida. Si cada compañero va a subir a tomar el tiempo que él considere prudente, independientemente del grupo parlamentario...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Por favor, orden en la Asamblea.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

...Independientemente del grupo parlamentario al que pertenezca, es obligación de esta Presidencia encauzar el debate de acuerdo a nuestra normatividad interna.

Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado.

Quiero expresarle que esta Presidencia, atenta a lo que establece el Reglamento, ha sido muy cuidadosa de señalar a los señores diputados cuándo ha concluido su tiempo de intervenciones. No solamente eso, ha reiterado que incluso en otras áreas del orden del día, como en el caso de proposiciones, para la exposición de motivos y para el punto de acuerdo, se sometan al tiempo marcado por el punto de acuerdo.

Esta Presidencia no tiene más elementos que el Reglamento y el honor y respeto que los señores diputados tienen por la normatividad, reitero eso a los que intervienen en el debate.

Adelante, diputado Vega, para rectificar hechos.

El diputado Wintilo Vega Murillo:

Con su venia, señor Presidente.

Lo que en el rico es alegría, en el pobre es borrachera. Hoy con singular cinismo venimos a escuchar en esta tribuna críticas sobre política rupestre, poniendo ejemplos de lo que es la política rupestre.

No podemos negar un hecho que sucede en Yucatán. Podemos hacer un recuento preciso de cada una de las actividades, de cada una de las pláticas, de cada uno de los acuerdos rotos o no. Pero hay una sola realidad que no podemos negar: la Mesa Directiva del Congreso del estado de Yucatán, está conformada solamente por miembros del Partido Acción Nacional.

En eso no lo pueden negar, señores diputados.

Además cómo esperamos construir acuerdos, cómo escuchamos a los compañeros que presiden en su mayoría la Mesa Directiva del Congreso del estado de Yucatán, que México requiere acuerdos, que México requiere inclusión, que México requiere la suma de todos y ésa es la muestra de lo que nos esperaría, señores diputados, si vamos con los amigos de Acción Nacional.

Esa es la muestra y el riesgo que correríamos si nos juntamos con ellos. Ahí está la lección en el estado más al sureste; ahí está el ejemplo de Yucatán.

En política práctica le llamarían los legisladores ``se agandallaron todo'', no respetaron meses de diálogo, no respetaron los antecedentes que habían tenido.

Vienen a criticar un exgobernador que califican de rupestre; rupestre es la actitud que están tomando. Y ante los hechos no pueden tener un solo argumento: se agandallaron la Mesa Directiva, está conformada sólo por elementos de su partido. ¿Y así quieren que les creamos que podemos construir acuerdos con ustedes? ¿Acuerdos de un día para en la noche transformarlos? ¿Ir a jugar con ellos para que después nos traicionen? ¿De qué nos serviría, compañeros diputados? ¡De qué nos sirve un solo acuerdo con los compañeros de Acción Nacional si corremos el riesgo de que se quieran quedar con todo!

Estas son las muestras que nos están dando. Estos son los ejemplos que nos están poniendo en la vitrina. Tenemos ahora la oportunidad de tomar nuestros tiempos para la reflexión. ¡Tenemos la oportunidad de reivindicar a las diferentes fuerzas que conforman el Congreso en Yucatán! ¡Reivindiquémoslos con una actitud a la altura de lo que esperan los militantes y los ciudadanos que votaron por nosotros! Tenemos ya claro cuál es el riesgo que corremos con ellos.

Pensemos si queremos eso para el futuro.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le concede el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, para rectificar hechos, al señor diputado don José Orlando Pérez Moguel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Orlando Pérez Moguel:

Con su permiso, señor Presidente.

Yo creo, compañeros diputados, que hay que dejar muy claro, y ya lo hizo en su momento el diputado del grupo parlamentario de Acción Nacional que me antecedió. Los asuntos del Congreso local del estado de Yucatán se dirimieron allá, en esa asamblea donde se tomó ese acuerdo colegiado para nombrar esa mesa directiva, donde puntualizo y aclaro y de plano digo con toda energía: ¡es una falsedad que esa mesa directiva se haya integrado con miembros diputados de Acción Nacional!

Y aquí están los nombres: diputado Felipe Ramírez, del Partido Acción Nacional; diputado Luis Canto, del Partido Acción Nacional, Secretario; y segundo Secretario diputado Manuel Avila Noh, ¡exdiputado del Revolucionario Institucional declarado independiente! ¡No del PAN!

Y lo que aquí estamos fomentando, que es buscar acuerdos, llegar a consensos, ver lo que el país requiere para salir adelante se esté obstaculizando o pretendiendo llegar a un fracaso con puntualizaciones como éstas que no tienen nada qué ver al Congreso de esta Cámara.

Por lo tanto, si hay precisamente la simulación y la falsedad es por parte de quien vino a presentar este caso, porque si ahí hay una crisis es precisamente en el Partido Revolucionario Institucional allá en el estado de Yucatán, donde hoy dos diputados de esa fracción se han declarado que no se han sentido a gusto de pertenecer a ese grupo parlamentario.

Por allá Acción Nacional no tiene qué hacer nada. Por lo tanto, les agradezco que podamos salir adelante con consensos y acuerdos para sacar todos estos proyectos, como ya dijimos, ¡necesarios para el país!

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

¡Pido la palabra!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Con qué objeto, don Héctor?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Para el mismo tema, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le concede el uso de la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza:

Gracias, señor Presidente.

Felicito a los dos compañeros de Acción Nacional que me antecedieron en el uso de la palabra, porque venir a esta tribuna a defender lo indefendible, es digno de elogio.

Vuelvo a señalar y a repetir el respeto que tiene el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la autonomía de poderes, a la soberanía de los estados.

Si revisan su Gaceta Parlamentaria, este es un tema de agenda política, es un tema de política nacional; no nada más del estado de Yucatán.

Mi compañera Ivonne Ortega fue sumamente clara, habló de intromisión del propio Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. Habló, lamentablemente, de hechos que no por primera vez se presentan en esta tribuna.

Revisen los antecedentes en la legislatura anterior; el caso Nuevo León, diciembre de 2000, el mismo esquema, el mismo tratamiento. No existe la pluralidad; existe el doble discurso.

Esperaba una mayor madurez del Partido Acción Nacional, esperaba que reconocieran que en el estado de Yucatán no se respeta la pluralidad, la democracia, la integración de un órgano directivo que conduce la relación dentro del propio Poder Legislativo.

Aquí atrás y a mi lado, tenemos una Mesa Directiva plural, electa por todos nosotros, respetando principios de inclusión, principios democráticos. Por favor, no vengan a pretender tapar el Sol con un dedo. Hay una realidad, se sirvieron solos, no es la primera vez que lo hacen, no tienen el control debido de sus militantes de partido en los congresos de los estados.

Cada vez que tienen la oportunidad de mayoritear, mayoritean. Provengo del estado de Nuevo León, a mí no me lo platican, lo viví, lo padecí. Lamentablemente eso es algo que se repite con Acción Nacional. Eso implicaría que Acción Nacional tuviese la mayoría en cualquier toma de decisión; pretenden aplastar.

Los invito a que reflexionen, los invito a que actúen con madurez. Y en algo hay que ser muy claros: hay que respetar acuerdos, no podemos entrar en chismes de si se sumó o no se sumó a tal o cual coordinador.

Esto es muy claro, señores. No van a tener la oportunidad de seguir cometiendo ese tipo de tropelías.

Están preparando el paquete fiscal, lo sé, así es como lo rea-lizan, para servirse solos en el Congreso local, pero tengan la seguridad que no lo vamos a permitir.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Se concede el uso de la palabra para hechos al señor diputado don Pablo Alejo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Pablo Alejo López Núñez:

Con su venia señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

El diputado Pablo Alejo López Núñez:

Yo me iba a abstener de participar en este asunto, pero ya que un asunto tratado en Yucatán, desde la óptica de Nuevo León, pues también los bajacalifornianos y Acción Nacional tenemos mucho que opinar.

En principio, el señor diputado Gutiérrez de la Garza parece que padece de amnesia política. En el 2000, efectivamente, no fue cuando nace la democracia y la pluralidad y todos y cada uno de los conceptos a los que se ha referido.

En el 2000 le recuerdo, su partido, el PRI, perdió la elección federal y lamentablemente a partir, desde hace 3 años, que piensan en esos conceptos, que él ha venido a manifestarnos que no se están llevando a cabo, según su óptica en Yucatán.

Quiero recordarles que es precisamente el principio de la democracia lo que permite que las mayorías, en cualquier ámbito, que las propias mayorías en esta Cámara legislativa puedan tomar las decisiones y que si bien lo óptico desde cualquier concepto político es que salgamos en consenso, también definitivamente las mayorías se establecieron precisamente para eso, para darle gobernabilidad, para darle paso y desarrollo democrático a este país.

Señor diputado; señores diputados: no podemos hablar hoy de autoritarismo en Yucatán, cuando precisamente Yucatán padeció muchos años de un autoritarismo nefasto, de un elemento emanado precisamente de su partido señor diputado; todos lo recordamos y eso no se puede esconder ni tapar el Sol con un dedo.

Quiero decirle que hoy por hoy en Acción Nacional estamos conscientes y seguros que la suma de voluntades y la búsqueda de consensos en lo óptimo para que este país avance, pero que también sabemos que la democracia en su concepto más amplio es precisamente eso, que las mayorías tomen las decisiones.

No me venga a hablar de que en Acción Nacional estamos desunidos, si precisamente los diputados que pertenecieron a su partido en Yucatán son los que están renunciando, señor diputado.

Cuando hablemos de democracia hay que conocer de democracia y cuando hablemos de autoritarismo hay que leer la historia de México, de esos 70 años que padecimos los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias.

Diputado Wintilo Vega Murillo, ¿con qué objeto?

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):

Para rectificación de hechos sobre el mismo tema, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Con qué objeto diputado Héctor?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Para alusiones personales, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene preferencia alusiones personales de acuerdo al Reglamento.

Se le concede el uso de la palabra a don Héctor Gutiérrez.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza:

Gracias, señor Presidente.

¡Ay, Pablo! Una vez más con ese discurso de 70 años. Pensé que ya te habías actualizado un poco.

Quisiera recordarles y qué bueno que sale el tema y qué bueno que continúan con esa actitud intolerante de falta de reconocimiento de los errores.

En Nuevo León tuvieron seis años el gobierno, la mayoría de las alcaldías, la mayoría en el Congreso en las dos legislaturas y el resultado obsérvenlo, fue gracias a esa actitud. ¡Qué bueno que continúan con esa actitud de ese doble discurso! Les puedo asegurar que a lo único que van es a perder 2004 y 2006, no nos queda la menor duda. Continúen, sigan con esa actitud intolerante de falta de reconocimiento de errores; eso, eso los llevó a perder la gobernatura de Nuevo León, los llevó a perder la mayoría en el Congreso, ahora tienen la mitad de diputados locales, a perder toda el área metropolitana; continúen, van por buen camino, es excelente, pero ya corrijan ese doble discurso, coincidan un poco entre lo que prometen en campaña y lo que vienen a defender a esta tribuna.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra para hechos el diputado Wintilo Vega Murillo. Y señalo a la asamblea que terminando su intervención preguntaré a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el tema de agenda.

El diputado Wintilo Vega Murillo:

Con su venia, señor Presidente:

¿Quién los entiende amigos? Quieren llegar a acuerdos, quieren construir país. Por cierto, lo decía ayer Germán Martínez: Construyamos el país, construyamos nación. ¿Con 70 años de malos gobiernos, con ese ejemplo? Sean congruentes, no lo hagan ¡eh!

Tienen razón en una cosa, tienen mucha razón en una cosa, las cámaras las gobiernan las mayorías y en esta Cámara la mayoría va a tomar decisiones y va a tomar decisiones muy alejadas de ustedes, en eso sí tienen razón.

No tenemos, no tenemos, no tenemos ni por qué caminar al ritmo que nos quieran marcar los que están frustrados porque no han podido lograr hacer gobierno ni podemos caminar al ritmo que nos quieran marcar con el doble discurso. Si quieren acuerdos, tenemos que tener voluntad para hacerlos, pero no estamos nosotros nunca en la conciencia con lo que represente el agandalle, con lo que representa romper los esquemas de la inclusión, con los que representa romper la suma de los diferentes intereses, así sea en el estado de Yucatán.

Lo que sucede en Yucatán como lo que sucede en Baja California o lo que sucede en Nuevo León o Guanajuato, son temas de la agenda nacional y nosotros, los diputados del PRI estaremos siempre vigilantes y a tono de lo que esté sucediendo en cada una de las entidades.

No coincidimos cuando tienen el doble discurso y en mi caso sucede democracia si yo soy quien va presidiendo, no coincidimos cuando quieren reformas a su medida y noso-tros no tenemos la concepción de lo que sea o que sea lo mejor para el pueblo de México, el interés de los diputados del PRI, ayer, hoy y mañana, será lo que nosotros consideramos que son nuestros compromisos con el pueblo de México. Sí queremos construir el país, sí queremos construir nación pero no con el doble discurso, no con el agandalle, no con la provocación, no con la agresión, así no vamos a llegar a nada, ustedes, ustedes tienen la palabra, ustedes no nos pueden hacer pelear, nosotros marcamos nuestros ritmos, nosotros sabemos lo que hacemos.

Por eso son la tercera minoría en esta Cámara, señores.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

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LEY DE INGRESOS-PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es intervención en relación a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 2004 en la agenda política.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre este tema, el señor diputado don Jesús Martínez Alvarez del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso señor Presidente:

Como ha sucedido en los últimos tres años, en este de nueva cuenta, la Cámara está entrampada en el análisis de la iniciativa del Ejecutivo en materia de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

Es de preverse que discutamos solamente sobre la base de esta iniciativa, que le hagamos ajustes, que modifiquemos algunos números y realicemos algunas transferencias para que al final terminemos siendo unos simples correctores de estilo en una materia que merece mayor responsabilidad y visión de nuestra parte.

Seguimos siendo avasallados por un proceso inverso y perverso, el Gobierno dice lo que necesita y luego nos propone las mismas fuentes de financiamiento, se nos plantea la necesidad de recursos extraordinarios por 50 mil millones de pesos pero se nos amaga con una crisis presupuestal, pero además, se nos transfiere la responsabilidad de buscar de dónde los obtenemos.

No podemos aceptar que con dicha cantidad se nos diga que podemos salir del estancamiento económico, que vamos a mejorar el empleo y combatir frontalmente la desigualdad social y somos los legisladores los únicos responsables del desarrollo del país.

El artículo 74 constitucional, en su fracción IV, señala que: ``es facultad exclusiva de ésta la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero, las contribuciones que a su juicio deberán decretarse para cubrirlo''.

¿No deberíamos empezar por definir una política económica de Estado y por planear los ingresos y luego definir qué hacer con ellos? Es preciso determinar el sistema tributario que queremos y el adecuado para el verdadero desarrollo del país.

El Presidente Vicente Fox tiene una oportunidad y una obligación histórica, la de no ser sólo el Presidente de la alternancia sino el Presidente de la transición a un sistema más justo. Si él no quiere serlo ni formar parte de este proceso, nosotros sí debemos comprometernos.

Los tiempos legales nos limitan, es claro, pero podemos trabajar ya con propósitos de mayor alcance; modifiquemos todo lo que esté a nuestro alcance y al mismo tiempo comprometámonos en un trabajo de mediano plazo para que, por ejemplo, en los primeros meses del año entrante sí tengamos una muy clara política general de ingresos y criterios de un presupuesto de egresos sobre bases de largo plazo y con una visión de país.

Ya no debemos aceptar sólo ser correctores en esta materia hacendaría reduciendo al mínimo nuestro carácter de legisladores. La transición implica llevar a cabo la modernización y el fortalecimiento de nuestras instituciones, pero el actual gobierno ha preferido conservar el mismo andamiaje que el viejo régimen, lo que ha traído como consecuencia que los problemas se sigan agudizando.

Ante este hecho, cabe preguntarnos si lo que hemos estado haciendo en materia de ingresos y de presupuesto de egresos ha sido lo correcto; rotundamente no, definitivamente no.

La institución encargada de manejar los recursos de nuestro país, se ha debilitado a tal grado que hoy vivimos en medio de una legislación compleja, prácticamente inentendible incluso para los que se dicen especialistas.

Nuestros ingresos dependen en más del 35% del petróleo; el contribuyente sigue padeciendo persecución y frecuentemente es tratado como delincuente por la falta de certeza jurídica.

Nuestro sistema fiscal, además de provocar corrupción y fuga de ingresos, no promueve el ahorro interno, el desa-rrollo de las empresas ni la investigación tecnológica, y más aún nuestro sistema recaudatorio es uno de los más caros del mundo.

Para fundamentar que el tema hacendario merece una revisión sustancial, cito sólo algunos hechos que demuestran la necesidad urgente de cambios profundos:

Uno. Aproximadamente sólo el 30% de quienes reciben ingreso, pagan impuestos. No está en esta evasión permanente y crónica mucho más de los 50 mil millones de pesos que andamos buscando.

Dos. Se desconoce el número de personas que se dedican al comercio informal pero diversas informaciones nos afirman que se dejan de recaudar por este concepto más de 100 mil millones de pesos. ¿No podrían los gobiernos estatales responsabilizarse de la recaudación del comercio informal y así aumentar sus ingresos?

Tres. Se tiene información fehaciente de que durante el año 2002 se presentaron más de 30 mil demandas en contra de la Secretaría de Hacienda por parte de los contribuyentes. Del total, más del 60% de los juicios fueron perdidos, solamente a manera de ejemplo mencionaremos que varias empresas, principalmente procesadoras de jugos, ganaron juicios por más de 15 mil millones de pesos y en el caso específico de otra empresa que acaba de ganar un juicio, por más de 11 mil millones de pesos.

Es decir, solamente en estos juicios que no son más de 10 de los 20 mil que se perdieron, representan para el contribuyente un costo de cerca de 40 mil millones de pesos. Nos preguntamos, ¿esto quiere decir que el complejo sistema tributario propicia la evasión fiscal y a la vez inhibitorio para el pago de impuestos?

Cuatro. De cada peso que recauda la Federación, el 60% es manejado por los gobiernos estatales. Solamente a través del Ramo 33, tenemos un monto por más de 250 mil millones de pesos; lo sorprendente no es la cantidad, sino la peculiar posición de algunos gobernadores que se resisten a que el ejercicio de esta partida sea auditada.

Cinco. Este fin de semana dos revistas especializadas y con datos claramente sustentados, nos hacen ver que en la paraestatal Pemex existe fuga de ingresos y corrupción por más de 250 mil millones de pesos. ¿No sería que ahí también podríamos encontrar los recursos que necesitamos y no buscarlos en los contribuyentes de siempre?

Seis. Tenemos un proyecto de presupuesto de egresos por la cantidad de 1 billón 637 mil millones de pesos. ¿Qué no tenemos la capacidad para poder fiscalizar la correcta aplicación de recursos y ahorrarse por lo menos un 10%, que equivaldría a más de 163 mil millones de pesos?, que sin duda se quedan en manos de funcionarios corruptos o se desvían para otras actividades.

Compañeros legisladores: la disyuntiva en el debate no debe ser en cobrar o no el IVA a alimentos y medicinas, si seguimos trabajando como lo hemos venido haciendo durante los últimos 20 años, produciremos misceláneas fiscales mejores o peores que las anteriores, pero como siempre muy limitadas, las más de las veces confusas y complejas. Hagamos cuanto podamos para que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2004, sea lo mejor posible sin dañar a las clases populares.

El trabajo de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, no debe ser coyuntural, ni temporalmente intensivo, debe ser persistente y continuo, hasta lograr alcanzar a tener un Estado con recursos públicos suficientes y un Estado socialmente responsable.

Trabajemos pues, para el desarrollo sostenido y sostenible, la visión de corto plazo seguirá siendo cadena para el progreso, la de largo plazo seguirá siendo la mejor opción para la gran trasformación que el país requiere. Estamos en contra de soluciones parciales que solamente vienen a complicar, aún más, nuestro sistema tributario, estamos a favor de una verdadera reforma hacendaria.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

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SOR JUANA INES DE LA CRUZ
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es efeméride sobre el CCCLII aniversario del natalicio de Juana Ramírez de Asbaje, sor Juana Inés de la Cruz.

Para este tema se le concede el uso de la palabra al señor diputado don Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:

Gracias, señor Presidente:

Con dedicatoria especial a mis compañeras diputadas.

La presencia de Juana Inés de Asbaje en la vida cultural de la Nueva España, marca como un hecho político de emancipación intelectual el verdadero parteaguas de la equidad de género. Ella, como seglar fue visionaria, como monja, más allá de la simple liberación femenina y por consiguiente, se adelanta a su tiempo, porque inclusive desde el convento sigue produciendo literariamente.

Más tarde, en el Siglo XX, la poeta y escritora chiapaneca Rosario Castellanos, prácticamente la define y reivindica con el título de una de sus obras. Ese salto en el tiempo, señala que la ``Décima Musa'' es históricamente la mujer emblemática que supera, sin saberlo y quizá sin proponérselo, el feminismo puesto de moda varios siglos después, específicamente en los siglos XIX y XX, situación que ya no se discute con esa urgencia de superación en este siglo, aunque hay todavía rescoldos de machismo. De modo que con su poesía, sor Juana está señalando derroteros a todas las mujeres del continente, pero más sobre todo a la mujer mexicana, por eso es tan importante traer a esta tribuna el homenaje a la memoria de sor Juana Inés de la Cruz, ella misma con su autodisciplina rebasa toda limitación de su tiempo; son conocidas las anécdotas de su enclaustramiento y cómo desde adolescente corta su pelo hasta no dominar algún nuevo conocimiento.

Más allá de sus versos conocidos, ``Las Redondillas'', de ``Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón'', sus contenidos filosóficos encierran una actitud ante la vida, porque su pensamiento y su cultura, su genio, en fin, fueron superiores al promedio del talento que ese tiempo permitía a las mujeres.

Sor Juana está llamada a ser la adalid de la equidad de género y simultáneamente su vida y su obra, debieran ser reivindicadas a profundidad por todas las organizaciones en estos albores del Siglo XXI que siguen abriendo alamedas para la igualdad, pero no solamente para escudarse en porcentajes más o menos equitativos y usufructuarlos, sino porque verdaderamente la población mayoritaria de mujeres mexicanas debe ser el pivote que permita una aurora de emancipación del pueblo de México, a condición de que no olvidemos el enorme rezago que para todas significa el flagelo del analfabetismo, rezago social y educativo que en estos momentos agrede más a la mujer mexicana.

Gran homenaje sería hoy, hoy que evocamos a la ``Décima Musa'', sor Juana Inés de la Cruz, que en medio del fragor por alcanzar plenamente la equidad de género, diéramos al mismo tiempo la batalla social para acabar con el rezago del analfabetismo, sería un buen augurio de sensibilización sorjuanista, pero el Ejecutivo insiste en gravar los libros y la educación con el IVA. ¡Qué contradicción!

Los postulados filosóficos de la creación literaria de sor Juana: igualdad, tolerancia, solidaridad, justicia y superación de género, son los que deben cumplirse. Basta profundizar en la lectura de ``Las Redondillas'' y descubrir su visión de futuro y modernidad, Convergencia se lo reconoce y encomia. Quizá además de su creatividad y genio estético, la actitud de sor Juana ante la vida nos obliga a recuperar su calidad de mujer intelectual polemista, precisa- mente para romper la discriminación que en su tiempo los hombres imponían como un coto privado de uso exclusivo masculino en las artes y las ciencias, sojuzgadas por la escolástica y los prejuicios anticientíficos y desde luego antifemeninos.

Dice nuestro Octavio Paz: ``cuando comencé a escribir, hacia 1930, la poesía de sor Juana Inés de la Cruz había dejado de ser una reliquia histórica para convertirse en un texto vivo. El que encendió la chispa del reconocimiento en México fue un poeta, Amado Nervo, su libro Juana de Asbaje está dedicado a las mujeres todas de mi país''.

Estas palabras las hago mías.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

La diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ha remitido su intervención por escrito a esta Presidencia. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

«Escudo.--- Partido Verde Ecologista de México.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Sor Juana Inés de la Cruz desde pequeña, mostró gran inteligencia e insaciable curiosidad, que llegó a transformarse en la pasión más absorbente por el conocimiento. Entregó su vida al estudio y a la comprensión del enigma de la existencia. La verdad primera y última para ella fue Dios, eje y misterio, meta y punto de partida.

Su ambición de hallar la verdad apareció desde temprano, pues afirma ella misma, no haber cumplido tres años cuando, acompañando a su hermana a la escuela, se encendió en el deseo de saber. A los ocho años escribió una loa eucarística y en la corte al servicio de los virreyes de Mancera fue objeto de asombro y veneración por su inteligencia, memoria y discreción.

Juana Inés se inició como autodidacta y siempre lo sería. Sin embargo, fue dueña de una capacidad intelectual superior a la de la mayoría de las mujeres y hombres de su época y, además, pervive la fama de su belleza física.

Instigada por su confesor, el poderoso jesuita Antonio Núñez de Miranda, entró primero en un convento de carmelitas descalzas, del cual salió por enfermedad y finalmente profesó en 1669 en el convento de San Jerónimo, de la Ciudad de México, donde permaneció hasta su muerte ocurrida durante una epidemia de tifoidea.

En Las trampas de la Fe, Octavio Paz traza las principales diferencias entre los dos poetas y dice: ``La poetisa mexicana se propone describir una realidad que, por definición, no es visible. Su tema es la experiencia de un mundo que está más allá de los sentidos''. Y José Gaos, filósofo español exiliado en México tras la Guerra Civil española, advierte: ``El poema de sor Juana es un astro de oscuros fulgores absolutamente señero en el firmamento de su edad''.

Sor Juana siempre estuvo comprometida con la defensa del derecho femenino a expresarse libremente, desafiando las normas y costumbres de su época. De igual manera, abogó por los derechos culturales de la mujer y afirmó su derecho a criticar y a impugna y buscó, la justicia que iguala los derechos humanos de hombres y mujeres.

Desafortunadamente, hoy día, este legado no se cumple totalmente. La mujer sigue teniendo un acceso desigual a la salud, la enseñanza, la capacitación y a las oportunidades de empleo. Por ello, las políticas y programas gubernamentales deben promover acciones para avanzar hacia la equidad de género para garantizar que a todas las mujeres, sin excepción, les sea reconocido su esfuerzo y lleven una vida digna.

Por todo lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México recuerda con respeto y gratitud a sor Juana Inés de la Cruz, cuya obra representa la libertad del espíritu y la búsqueda de la verdad y es símbolo del anhelo de cambio de las mujeres de hoy y modelo a seguir por las generaciones presentes y futuras.

Muchas gracias.

Aniversario del nacimiento de sor Juana Inés de la Cruz.--- Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se concede el uso de la palabra a la diputada Marcela González Salas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Marcela González Salas y Petricoli:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Que sencillo es el pensamiento y que plástica se vuelve la palabra cuando idea y verbo son los cauces por donde corren el sentir del espíritu y el vivir del corazón.

Es un privilegio que honra y emociona hablar aquí, en la más alta tribuna de la nación, para recordar y exaltar las virtudes de esa mujer que dejó en la palabra, que dejó en el verbo y en todas las conjugaciones de la poesía, el aliento de su espíritu y la diáfana filosofía de su profunda sensibilidad estética. Me refiero obviamente a sor Juana Inés de la Cruz.

Hoy que celebramos un aniversario más de su natalicio, sentimos cómo, desde las alturas del ayer, sigue cayendo sobre nosotros la generosidad de su ciencia y de su poesía, arquitecta que supo poner palabra sobre palabra para construir el edificio de nuestras letras.

De ahí, que cuando de sor Juana Inés se habla, haya gozo en todas las épocas de nuestra historia y de nuestra cultura porque ella es centro de todas nuestras voces.

Les asiste la razón a quienes sostienen que esta mujer es una de las personalidades más originales y trascendentes, no sólo de México, sino de América y del mundo.

Sor Juana es una mexicana que desde muy joven tuvo fe en la palabra, que supo usarla para el engrandecimiento de la cultura, para la reafirmación del humanismo, palabra con la que dimensionó los más elevados valores de su espíritu en todos los actos de su vida. Ella creyó en el lenguaje como en el mejor de los ámbitos donde los seres humanos pueden acercarse más, a sí mismos y a la verdad.

La monja jerónima no se sirvió nunca de la palabra para fines mezquinos o para revestir por fuera lo que por dentro está vacío, sino que por medio de ella trató en todo momento de esclarecer los valores de la inteligencia y favorecer al mejoramiento de las condiciones espirituales y sociales de la gente. Paradójicamente esta mujer, al entrar al claustro, se hizo libre tejiendo una vida fecunda y generosa y vasta a la vez, unitaria y coherente.

Templada por las desigualdades de la suerte, anduvo con la imaginación paseando del arte a la ciencia, de la filosofía al verso; su prosa fluida, musical, colorida y definitiva como su vida, sor Juana fue un espíritu que hizo de la curiosidad una cultura.

Luchó contra los convencionalismos del Siglo XVII para hacer accesible el conocimiento universal a las mujeres, ya que se estimaba como cosa de varones y negocio de hombre solos, el acceso a la cultura y al conocimiento. Juana de Asbaje, quiebra ella misma esa injusta tradición.

Sor Juana sabía que gracias a la palabra lo espiritual se materializa, lo indeciso se define, lo que por fuera en cierto modo es sobrehumano se convierte en humano y se manifiesta y es accesible.

Por eso y por mucho más estamos aquí en este recinto por antonomasia de la palabra libre, por eso estamos aquí hombres y mujeres de hoy, representantes de la sociedad y de las instituciones, espíritus y corazones, aferrándonos a esa luz de cultura que fue, es y será nuestra sor Juana Inés de la Cruz.

Por eso, la Cámara de Diputados, institución de cultura jurídica, social y política por excelencia, determinó recordarla el día de hoy en esta sesión efemérica de quienes nos antecedieron en la construcción de la sociedad que hoy somos, de quienes como sor Juana se hicieron pilares de una cultura nacional y universal con el expreso objetivo de fortalecer nuestra identidad, de contener ante el fenómeno de todo lo utilitario la decadencia de los valores espirituales, culturales y morales.

En los tiempos de hoy es necesario decirlo y admitirlo: hay frialdad e indiferencia por la ética y por la cultura; cada día son menos los que se preocupan por los problemas de conciencia y ello provoca la fractura en la armonía en la que vive la sociedad del día de hoy.

Ciertamente el desarrollo y bienestar sin fronteras es una aspiración de nuestro tiempo, pero ésta sería catastrófica si se socavan los cimientos firmes de las sociedades que son su cultura, su patrimonio común en lo material y en lo espiritual.

Reconocer a sor Juana es culturalmente un reconocimiento a nosotros mismos; reconocer a sor Juan es saber que fue al alma que se nos entregó plena de amor, de ciencia, de verdad, de belleza y de humanismos; reconocer a sor Juana en esta efemérides de su natalicio, es asumirla como el auténtico génesis de nuestras letras, es saber que hizo de la palabra su libertad, siendo ella misma su propia emancipadora.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le agotó el tiempo, señora diputada.

La diputada María Marcela González Salas y Petricoli:

Ya termino, señor Presidente.

Sor Juana poseyó kilates de perfección, que justifican con creces su estar en la inmortalidad de las letras, del humanismo y en este recinto; su obra principal está en el intelecto, en el corazón de todos los que creemos en la libertad y en que podemos construir, está en todos nosotros, que creemos que podemos construir un mundo mejor y diferente todos los días. Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Tiene el uso de la palabra, para hablar sobre el mismo tema, la diputada Patricia Flores Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Patricia Flores Fuentes:

Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

La diputada Patricia Flores Fuentes:

Es para mí un honor hablar a nombre de mi grupo parlamentario de Acción Nacional, para rendir tributo a una gran mujer, inteligente, sagaz, secretaria, archivista, contadora, literata, astrónoma, apasionada de la música, de las artes plásticas y las matemáticas.

Buscaba el reconocimiento a su trabajo sin importar el género, podríamos atribuir todas estas cualidades a una mujer actual.

El Siglo XVII, año 1648, México Colonial, sor Juana Inés de la Cruz, una mujer con una clara conciencia de los riesgos que enfrentan las mujeres geniales; a los tres años aprende a leer; con 20 lecciones domina el latín y a los ocho, escribe su primera obra literaria.

Una mujer que nació enmarcada por la sociedad, pues fue una hija ilegítima, nacida fuera del matrimonio; se crió con su abuelo materno en una hacienda del estado de México en 1656, cuando por orden de su madre se dirige a la capital, ahí reside bajo la tutela de su hermana.

Cuando tenía apenas 13 años, Juana Inés fue llamada a la Corte virreinal para servir como dama de compañía de la virreina marquesa de Mancera, que era una dama muy culta y sentía un gran amor por las letras; el ambiente de la Corte influyó definitivamente en la formación de Juana Inés, pues los virreyes protegieron a sor Juana de manera dedicada.

El virrey, asombrado por la sagacidad demostrada por Juana, convocó a 40 letrados de varias facultades para que le aplicaran a la joven una prueba extraordinaria; ésta dejó sin argumentos a la Academia, superó el examen en condiciones de excelencia, lo cual despertó una gran admiración hacia su persona.

Entró al convento de las Carmelitas Descalzas poco antes de cumplir los 16 años, escogiendo así un camino de vida propia; tomó esta decisión ya que era la única forma que tenía una mujer para dedicarse al estudio.

Permaneció en el palacio virreinal un año y medio y después, regresó a la vida religiosa, esta vez en el convento de San Jerónimo.

El 24 de febrero de 1669, tomó los votos definitivos y convirtió a sor Juana Inés de la Cruz, ahí sor Juana escribió la mayor parte de sus obras y alcanzó la madurez literaria, pues pudo compartir las labores del convento y su gran profunda dedicación al estudio.

Sor Juana se dio a conocer con prontitud y entonces le solicitaron frecuentemente para escribir obras por encargo, décimas, sonetos, liras y obras teatrales. Sus motivos variaron siempre de lo religioso a lo profano.

Su amor por la lectura la llevó a armar una colección bibliográfica de 4 mil volúmenes, creando así la biblioteca más grande de América Latina, tenía además instrumentos musicales y de investigación científica, lo que pone en evidencia que su formación intelectual alcanzó las áreas de astronomía, matemáticas, música, artes plásticas, teología, filosofía, entre otras.

Una carta escrita por sor Juana Inés de la Cruz a sor Filotea, obispo de Puebla, cambiaría el curso de su vida; en dicha carta criticaba un sermón del padre Vieyra, además de que cuestionaba la distancia entre el amor divino y el amor humano, lo celestial y lo terrenal. Constituye un intenso ensayo autobiográfico y declarativo de principios intelectuales y que fue el principio de su fin, en una sociedad que no podía admitir la genial libertad del espíritu y sobre todo, de una mujer.

El revuelo que originó esta carta terminó por volverse en su contra, cuando el obispo le obliga a dejar las actividades académicas y dedicarse únicamente al convento.

Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer digna de imitar, una mujer que rompió paradigmas; una mujer que marcó la historia.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Señoras y señores legisladores: están presentes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, a quienes se les da la bienvenida.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Estela Gómez Carmona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Blanca Estela Gómez Carmona:

Con su venia, señor Presidente; con la venia de esta soberanía; señoras y señores diputados:

Acudo ante esta alta tribuna, para hacer mención y resaltar la figura histórica de una mujer espectacular que trascendió nuestra patria a las barreras del tiempo y del espacio y que marcó para siempre el veredicto de que los genios en una nación, surgen una sola vez en la historia y que éstos a su vez constituyen su gloria e inmortalidad.

Porque estos genios son la llama del núcleo del universo; son el rayo que prende el fuego al espíritu limitado de los hombres y los eleva sobre el arado y el campo; sobre la casa y el henar, en una revelación de grandeza.

Porque el genio marca el principio de las corrientes del pensamiento, del actuar y de la sobrevivencia de su pueblo como es la referencia de la monja campesina, de Juana de Asbaje, de la mexiquense nacida en Nepantla, es decir, sor Juana Inés de la Cruz.

Juana de Asbaje nace en el centro de una sociedad novohispánica, donde ejecutó su vida y su obra; donde mostró una idea en el mundo en que nació, vivió y escribió; en medio del reino de la Nueva España, de su sistema latifundista, de su religiosidad, de su mercantilismo, en donde se mezclaba la corte virreinal, en donde se observaba una sociedad apegada a sus usos y costumbres; en donde las mujeres y los hombres tenían unos roles determinados.

En este escenario la Nueva España mostraba a plenitud su cultura histórica, la religión, el arte, la moral, los mitos y la sociedad y de una producción intelectual y filosófica.

Y en medio del estrado y del púlpito, nace, en 1651 una mujer que no tuvo más remedio que refugiarse en un convento para mostrar al mundo su talento intelectual, en donde se rebeló en contra de una sociedad en que los varones y las formas, porque sor Juana de Asbaje fue una mujer sensible e inteligente que abrió el camino hacia la crítica de su entorno. Fue honda y proba, publicó ensayos reveladores; en síntesis tuvo que consagrarse a las dificultades de la vida religiosa.

Por lo tanto, criticó lo femenino y lo masculino, como una realidad social cruda.

Señoras y señores legisladores: si bien es cierto en la Nueva España la inquisición quemó a muy pocos herejes, la realidad fue que sor Juana Inés es un ejemplo de la grandeza de la mujer que su sociedad mutiló por su condición de mujer intelectual. Pero que, sin embargo, en su obra inmortaliza las letras mexicanas. Su fuerza y lealtad nos hablan de que desafío a su tiempo y espacio. Por ello, su nombre está presente en los muros de esta soberanía.

En esta ocasión convoco a las mexicanas a que sigamos el ejemplo de la ``Décima Musa'' para que rompamos los obstáculos de la sociedad, como lo hizo sor Juana Inés.

Convoco a las mexicanas, principalmente a las nuevas generaciones, para que se preparen y, con la fuerza intelectual, le demostremos al mundo la grandeza de la mujer mexicana, para que hagamos posible la equidad de género y para que saquemos el destino de nuestro patria.

Hacen falta mujeres con el temperamento de Juana de Asbaje para arribar al fuego nuevo que tanto nos reclama nuestro México.

¡Qué viva sor Juana Inés de la Cruz!

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Tenemos también estudiantes de la Universidad Privada de Salamanca, que han acudido, igual que los que se han mencionado, a estas intervenciones sobre sor Juana Inés de la Cruz.

Continúe la Secretaría.

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ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 18 de noviembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica, que con motivo del XCIII aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, tendrá lugar el 20 de noviembre a las 8:30 horas, en el patio poniente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, ubicado en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica, que con motivo del LXXXI aniversario luctuoso del licenciado Ricardo Flores Magón, tendrá lugar el 21 de noviembre a las 10:00 horas, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, delegación Miguel Hidalgo.

De los congresos de los estados de Baja California y Chihuahua.

De la Cámara de Senadores.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite copia de la contestación del jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación

Con el que remite copia de la contestación del director en jefe de Aserca, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico, por seis minutos, para verificar la asistencia.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Sí, señor Presidente.

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por seis minutos para verificación de asistencia.

Señor Presidente, hay una asistencia de 453 diputadas y diputados, al cierre.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 15:24 horas):Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 18 de noviembre, a las 11:00 horas.

Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 5 horas 3 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 275 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 464.

Asistencia al final de la sesión: 453.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1.

Excitativas a comisiones: 1.

Puntos de acuerdo, aprobados: 1.

Proposiciones con punto de acuerdo: 23.

Temas de agenda política: 2.

Efemérides: 1.

Oradores en tribuna: 43

PRI-13; PAN-10; PRD-10; PVEM-4; PT-2; PC-4.

Se recibió:

1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonia cívica conmemorativa;

3 comunicaciones de los congresos de los estados de: Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas;

1 comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

6 oficios de la Cámara de Senadores, con puntos de acuerdo;

1 minuta proyecto de decreto que concede permiso a ciudadano para aceptar y usar condecoración que le confiere gobierno extranjero;

1 iniciativa de senador del PRI;

2 iniciativas del Congreso del estado de Jalisco;

2 iniciativas PRD;

1 iniciativa PT;

1 minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

1 minuta proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y un párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal;

1 minuta proyecto de decreto que reforma el decreto por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del D aniversario del Encuentro de Dos Culturas;

1 minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

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DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Anaya Rivera, Pablo (PRI) Precio del diesel marino: 116

Avila Serna, María (PVEM) Mosca de fruta: 80

Bagdadi Estrella, Abraham (PRD) Artículos 14 y 22 constitucionales: 35

Chávez Dávalos, Sergio Armando (PRI) Estado de Jalisco: 110

Dávila Aranda, Mario Ernesto de San Alberto Magno (PAN) Comisión Especial de Ganadería: 62

Del Valle Reyes, Guillermo (PRI) Presupuesto de Egresos: 118

Díaz Salazar, María Cristina (PRI) Diabetes Mellitus: 92

Echeverría Pineda, Abel (PRI) Tarifas eléctricas: 57

Flores Fuentes, Patricia (PAN) Sor Juana Inés de la Cruz: 165

Gama Basarte, Marco Antonio (PAN) Migrantes: 93

García Costilla, Juan (PRD) Tarifas eléctricas: 59

García Solís, Iván (PRD) Ley General de Educación: 45

Gómez Carmona, Blanca Estela (PRI) Sor Juana Inés de la Cruz: 166

González Salas y Petricoli, María Marcela (PRD) Sor Juana Inés de la Cruz: 164

González Yáñez, Oscar (PT) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 40

Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) Estado de Yucatán: 156 (desde curul), 157, 159

Herrera Ascencio, María del Rosario (PRD) Aguas Blancas, Guerrero: 79

Higuera Osuna, Alejandro (PAN) Flota camaronera nacional: 104

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Presupuesto de Egresos: 67

López Núñez, Pablo Alejo (PAN) Estado de Yucatán: 158

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC) Secretaría de la Función Pública: 71

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC) Ley de Ingresos - Presupuesto de Egresos: 160

Martínez López, Gema Isabel (PRI) Derechos de las víctimas de delitos: 72

Morales Torres, Marcos (PRD) Presupuesto de Egresos: 107

Moreno Garavilla, Jaime Miguel (PC) Presupuesto de Egresos: 83

Moreno Morán, Alfonso (PAN) Acuerdo migratorio: 85

Orozco Gómez, Javier (PVEM) Tarifas eléctricas: 60

Ortega Alvarez, Omar (PRD) Instituto Politécnico Nacional: 112

Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly (PRI) Estado de Yucatán: 153

Padilla Peña, Joel (PT) México-Estados Unidos de América: 70

Pasta Muñuzuri, Angel (PAN) Tarifas eléctricas: 60

Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Sor Juana Inés de la Cruz: 162

Pérez Magaña, Eviel (PRI) Estado de Oaxaca: 101

Pérez Moguel, José Orlando (PAN) Estado de Yucatán: 157

Ramos Iturbide, Bernardino (PRD) EZLN: 87

Rodríguez y Pacheco, Alfredo (PAN) Estado de Yucatán: 154

Salinas Narváez, Javier (PRD) Presupuesto de Egresos: 96

Sigala Páez, Pascual (PRD) Presupuesto de Egresos: 64

Treviño Rodríguez, José Luis (PAN) Presupuesto de Egresos: 76

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Estado de Yucatán: 156, 159

Velasco Coello, Manuel (PVEM) Reforma del Estado: 90