DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 19 de noviembre de 2003	Sesión No. 26

---

---

ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se informa a la Presidencia que existen registrados 310 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (a las 10:35 horas):

Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

---

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura

Orden del día

Miércoles 19 de noviembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso del estado de Tlaxcala.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

De la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

Del diputado José Reyes Baeza Terrazas.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

- Relativa a la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Votación.)

Oficios de la Cámara de Senadores

Tres, en los que se transcriben puntos de acuerdo por los que se solicitan mayores recursos a diversas partidas presupuestales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. (Turno a comisión.)

Iniciativa de diputado

Que reforma la fracción I del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a fin de cambiar su denominación por el nombre de Instituto Nacional de Cancerología Conrado Zuckerman, para la especialidad de neoplasias, a cargo del diputado José Angel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Dictámenes a discusión

Seis, de la Comisión de Agricultura y Ganadería con puntos de acuerdo:

- Relativo a la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se revise y discuta el dictamen de la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y que comparezca el titular de la Sagarpa, presentada por el diputado Oscar Martín Ramos Salinas.

- Relativo a la proposición con punto de acuerdo para que el titular del Ejecutivo Federal dé cabal cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo, presentada por el diputado Rafael Galindo Jaime.

- Relativo a la proposición con punto de acuerdo para que la Sagarpa informe a esta soberanía sobre el avance de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de la langosta y chapulín en la huasteca potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz, presentada por el diputado José María de la Vega Lárraga.

- Relativo a la proposición con punto de acuerdo para que el Fondo de Empresas Expropiadas del sector azucarero presente a esta soberanía un informe de las acciones actuales de la industria de la caña de azúcar, presentada por el diputado Diego Palmero Andrade.

- Relativo a la proposición con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal, con la participación de los productores rurales y legisladores, revise el Procampo para que éste retome sus objetivos iniciales de impulsar la productividad de la superación de la pobreza en el campo mexicano, presentada por el diputado Víctor Hugo Islas Hernández.

- Relativo a la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que realice las acciones pertinentes con objeto de evitar la utilización de beta-análogos con fines zootécnicos, presentada por el diputado Gonzalo Moreno Arévalo.

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que no se apruebe la desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica y los Estudios Churubusco Azteca, a cargo del diputado Javier Orozco Gómez, suscrita por integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se solicita integrar al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 y subsecuentes una partida especial destinada a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para cubrir el traslado de los mexicanos fallecidos en el extranjero a sus comunidades de origen, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las coordinaciones de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria, para que retiren los retenes y volantas que instala la Policía Fiscal Federal en los operativos realizados en las carreteras del estado de Nuevo León, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo a fin de que en el próximo Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2004 se consideren recursos para la ampliación del aeropuerto de Palenque, Chiapas, a cargo del diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no desincorpore a la Comisión Nacional de las Zonas Aridas del Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Baja California, intervengan de manera urgente para solucionar la problemática que vive el puerto de San Felipe, por la falta de instalaciones adecuadas para desarrollar sus actividades pesqueras y turísticas, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que a la brevedad posible ordene una exhaustiva investigación sobre la prórroga de la concesión otorgada a la empresa Promofron, SA de CV, en relación al puente internacional Zaragoza-Ysleta, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la VIII Reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio para las Negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a celebrarse del 19 al 21 de noviembre de 2003, en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que termine con las designaciones políticas dentro del servicio exterior y designe un diplomático de carrera, en sustitución del embajador Adolfo Aguilar Zínser, a cargo del diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco de su competencia, se tomen las medidas necesarias para concluir la restitución o el pago de las tierras que se ocuparon para la construcción de la Presa Belisario Domínguez ``La Angostura'', en el municipio de La Concordia, Chiapas, a cargo del diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que, con absoluto respeto a su jurisdicción y competencia, se exhorte al Supremo Tribunal Militar para que, de confirmar la culpabilidad del subteniente Hernán Varela Flores en el homicidio del coronel Salvador Juárez Villa, sustituya la pena de muerte impuesta por la de prisión que corresponda, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se solicita no incluir al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el artículo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, expida el decreto presidencial que contenga la declaratoria de área natural protegida, en la categoría de reserva de la biosfera, de la zona conocida como ``Ojos de Agua del Río Talpa de Allende, Jalisco'', a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a no designar a Guillermo Ortiz Martínez como gobernador del Banco de México para el periodo 2004-2009 y, en su caso, a la Cámara de Senadores, a no ratificar dicha designación, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Solicitud de excitativa

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios en relación al presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para 2004, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

Efemérides

Con motivo del XCIII aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, Secretario.

Se ruega con toda consideración a los asistentes que no son legisladores y a los representantes de los medios de comunicación, tomen los lugares que previamente les han sido asignados.

---

ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dieciocho de noviembre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos noventa y dos diputadas y diputados, a las once horas con dieciocho minutos del martes dieciocho de noviembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

Desde su curul el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, solicita explicaciones, en el momento en que la Presidencia considere pertinente, en relación con el dispositivo de seguridad solicitado para salvaguardar el recinto legislativo. El Presidente señala que al término de la sesión se darán las explicaciones correspondientes.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica.

Nuevamente desde su curul, el diputado Ensástiga Santiago pregunta por qué hasta el final de la sesión se atenderá su solicitud. El Presidente aclara que es en atención a los términos en que fuera planteada y para no alterar el orden del día de la presente sesión.

En votación económica la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior.

Dos invitaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal por las que invita a las ceremonias cívicas conmemorativas del nonagésimo tercer aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y del octogésimo primer aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Se designan sendas comisiones para representar a la Cámara de Diputados.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Baja California, con acuerdo por el que solicita la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado en los estados fronterizos, para la creación de un impuesto local a las ventas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Chihuahua, con acuerdo por el que solicita sea analizado el contenido del último párrafo del artículo dos-A y el segundo párrafo del artículo dos-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Comunicación de la Cámara de Senadores por la que remite acuerdo del Congreso del estado de Chihuahua, para solicitar mayores recursos para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que remite copia de la contestación del Jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la homologación del precio del diesel marino con el precio del diesel agropecuario. Remítase copia a la Comisión de Economía y al promovente, para su conocimiento.

Oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que remite copia de la contestación del Director en Jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la comercialización del frijol.

Remítase copia a la Comisión de Agricultura y Ganadería y al promovente, para su conocimiento.

Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación por los que:

Remite Informe de Evaluación del Desempeño del Sector Economía, correspondiente al periodo enero-octubre de dos mil tres. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Remite copia de la contestación del Jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que expida y publique el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo. Remítase copia a la Comisión de Energía y al promovente, para su conocimiento.

Remite informe de la visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, a Japón y de su participación en la undécima Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, realizada del catorce al veintiuno de octubre de dos mil tres.

Remítase copia la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

Solicita el permiso necesario para que cuatro ciudadanos puedan prestar servicios en la Embajada de la República Federal de Alemania en México. Se turna a la Comisión de Gobernación.

El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra la ciudadana Patricia Lugo Barriga, electa como diputada federal suplente en el primer distrito del estado de Colima, y acompañada de una comisión designada, rinde su protesta de ley y entra en funciones de inmediato.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Gustavo Moreno Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley de Fomento y Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, que reforma los artículos treinta y siete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y primero, cuarto, diecisiete y veintidós de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Se turna a la Comisión de Gobernación.

A las doce horas con veintiún minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos cincuenta y nueve diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.

Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta y ocho y crea un artículo sesenta y ocho bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; y deroga la fracción primera del artículo ciento treinta y seis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de adicciones. Se turna a la Comisión de Salud.

El Presidente hace aclaraciones en relación con la presentación de iniciativas y de proposiciones con punto de acuerdo, su publicación en la Gaceta Parlamentaria y su inserción en el Diario de los Debates.

Gonzalo Moreno Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo trece de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma la fracción cuarta del artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos segundo y cuarto de la Ley de Planeación y el artículo quince de la Ley de Información Estadística y Geográfica, para incorporar la perspectiva de género. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La Cámara de Senadores remite cuatro minutas proyectos de decreto por los que:

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.

Se reforma el primer párrafo del artículo ochenta y siete de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Economía.

Se expide la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el artículo nueve-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Es de segunda lectura.

El diputado Francisco Suárez Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión; y en pro, habla el diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional.

La Asamblea considera suficientemente discutido el proyecto de decreto en votación económica y la Secretaría recoge la votación respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos cuarenta votos en pro y ninguno en contra.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo nueve-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

José Lamberto Díaz Nieblas, del Partido Revolucionario Institucional, para impulsar una reforma agraria integral y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, considera de esa manera el asunto. Para hablar en pro suben a la tribuna los diputados Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia; y Margarito Fierros Tano, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea, en sendas votaciones económicas, autoriza se conceda la palabra para hablar en pro a los diputados Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México; y Rubén Alfredo Torres Zavala, del Partido Acción Nacional; considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y lo aprueba. Comuníquese.

Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán, a fin de que informe al Congreso local acerca de la incorporación de ciudadanos cubanos en los programas y tareas del gobierno estatal. Para rectificar hechos solicita la palabra el diputado Juan Pérez Medina, del Partido de la Revolución Democrática, y el Presidente aclara que, con fundamento en el artículo décimo tercero del acuerdo parlamentario relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, no procede su solicitud. Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, hace comentarios de procedimiento. Se concede la palabra al referido diputado Pérez Medina para hablar en contra de la proposición; y en pro, al diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional. La Asamblea, en votación económica, aprueba dar trámite a la proposición y el Presidente la turna a la Junta de Coordinación Política.

Susana Guillermina Manzanares Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las estaciones de radio comunitarias.

Presidencia de la diputada Amalia Dolores García Medina

Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Gobernación y de Radio, Televisión y Cinematografía.

María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con la contaminación que afecta a la población infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia, en relación con las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis del Tercer Informe de Gobierno, administración dos mil - dos mil seis.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Carlos Blackaller Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para derogar los incisos g) y h) de la fracción primera del artículo segundo y el inciso f) de la fracción primera del artículo octavo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del Partido Acción Nacional, para exhortar a las legislaturas de los estados a fin de que legislen en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

María Guadalupe Morales Rubio, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el artículo segundo transitorio, fracción decimaquinta, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, que desincorpora el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con la disminución de la tasa del impuesto al valor agregado y el incremento de las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Salud.

Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, para integrar la Comisión Investigadora del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Roberto Antonio Marrufo Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para que las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conformen una comisión especial que verifique la calidad del agua, volúmenes, instalaciones y funcionamiento de las estaciones hidrométricas de la cuenca Lerma - Chapala. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Isidro Camarillo Zavala, del Partido Acción Nacional, en relación con los posibles efectos en México de la entrada en vigor de la Ley contra el Bioterrorismo en los Estados Unidos de América y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, así considera el asunto. Para hablar en pro suben a la tribuna los diputados: Inelvo Moreno Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática; y Cruz López Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea, en sendas votaciones económicas, autoriza al diputado Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, hablar en pro de la proposición; la considera suficientemente discutida y la aprueba. Comuníquese.

Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia, a nombre de la Mesa Directiva de la Comisión de Participación Ciudadana, en relación con las leyes de participación ciudadana y actividades de esa Comisión, y solicita trámite de urgente resolución.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

La Asamblea así considera el asunto en votación económica. Hablan en pro las diputadas: Susana Guillermina Manzanares Córdova, del Partido de la Revolución Democrática; y María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.

Fermín Trujillo Fuentes, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el presupuesto de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Jorge Luis Hinojosa Moreno, del Partido Acción Nacional, para incrementar el presupuesto destinado al Centro para el Desarrollo y la Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En atención a la solicitud hecha por el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, al inicio de la presente sesión, el Presidente hace aclaraciones en relación con el dispositivo de seguridad solicitado para salvaguardar el recinto legislativo. Hacen comentarios al respecto desde su respectiva curul los diputados: Ensástiga Santiago, Emilio Serrano Jiménez y Pablo Gómez Alvarez, los tres del Partido de la Revolución Democrática; y en su oportunidad el Presidente hace las aclaraciones correspondientes.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de cuatrocientos cuarenta y siete diputadas y diputados. El Presidente clausura la sesión a las dieciséis horas con treinta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles diecinueve de noviembre de dos mil tres, a las diez horas.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Proceda la Secretaría, poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

---

ESTADO DE TLAXCALA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tlaxcala.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, me permito remitir a ustedes el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de esta Quincuagésima Séptima Legislatura en su vigésima sexta sesión ordinaria pública, celebrada el día 6 de los corrientes, por el que esta soberanía exhorta al Congreso de la Unión, a efecto que lleve a cabo una revisión minuciosa en lo referente a las pensiones vitalicias que perciben los altos funcionarios de los Poderes de la Unión, a efecto de que se abroguen este tipo de pensiones especiales.

Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de X., a 7 de noviembre de 2003.--- El Secretario Parlamentario del H. Congreso Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tlaxcala.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

Punto de Acuerdo

Primero. Esta Soberanía exhorta al Congreso de la Unión a efecto de que lleve a cabo una revisión minuciosa en lo referente a las pensiones vitalicias que reciben los altos funcionarios de los Poderes de la Unión, a efecto de que se abrogue este tipo de pensiones especiales.

Segundo. Se solicita a la Mesa Directiva envíe copia del presente punto de acuerdo a las Legislaturas de los estados, a fin de que se adhieran al contenido del mismo.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 6 de noviembre de 2003.--- Dip. Silvestre Velázquez Guevara (rúbrica), Presidente; Dip. Floria María Hernández Hernández (rúbrica), Secretaria; Dip. María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tlaxcala.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, me permito remitir a ustedes el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de esta Quincuagésima Séptima Legislatura en su vigésima sexta sesión ordinaria pública, celebrada el día 6 de los corrientes, por el que este honorable Congreso del estado solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que apruebe la reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de X., a 7 de noviembre de 2003.--- El Secretario Parlamentario del H. Congreso, Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tlaxcala.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

Punto de Acuerdo

Primero. Solicitar, como Poder Legislativo estatal, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que a la brevedad posible apruebe la reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para que tanto el delito fiscal de contrabando y los actos que se equiparan a éste, que se traducen en el contrabando documentado, se introduzcan en el artículo 2º de dicha ley federal y sean tipificados como actos que las organizaciones delictivas llevan a cabo de manera permanente.

Segundo. Envíese copia del presente punto de acuerdo al resto de las Legislaturas de los estados, con la finalidad de que se sumen a la solicitud que se formula a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Tercero. Instrúyase al ciudadano secretario parlamentario de este Congreso del estado para que dé cumplimiento al presente punto de acuerdo.

Cuarto. Publíquese el presente punto de acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 6 de noviembre de 2003.--- Dip. Silvestre Velázquez Guevara (rúbrica), Presidente; Dip. Floria María Hernández Hernández (rúbrica), Secretaria; Dip. María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tlaxcala.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, me permito remitir a ustedes el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de esta Quincuagésima Séptima Legislatura en su vigésima sexta sesión ordinaria pública, celebrada el día 13 de los corrientes, por el que este honorable Congreso del estado solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que no apruebe la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, relativa a la modificación del Impuesto al Valor Agregado y no aumente el gasto corriente del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal del 2004.

Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de X., a 13 de noviembre de 2003.--- El Secretario Parlamentario del H. Congreso Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tlaxcala.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

Punto de Acuerdo

Primero. Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del estado exhorta atentamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que no apruebe la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, relativa a la modificación del Impuesto al Valor Agregado, específicamente a la incorporación de este impuesto en alimentos, medicinas, libros, revistas y colegiaturas, y que no aumente el gasto corriente del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal del 2004.

Segundo. Asimismo, que se pronuncia en contra de la desa-parición de los centros de investigación relacionados con la educación, la ciencia y la cultura en el país.

Tercero. Envíese copia del presente punto de acuerdo al resto de las Legislaturas de los estados, con la finalidad de que se sumen a la solicitud que se formula a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Cuarto. Instrúyase al ciudadano secretario parlamentario de este Congreso del estado para que dé cumplimiento al presente punto de acuerdo.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 6 de noviembre de 2003.--- Dip. Silvestre Velázquez Guevara (rúbrica), Presidente; Dip. Floria María Hernández Hernández (rúbrica), Secretaria; Dip. María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

---

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, fracción XXI, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me dirijo a usted con el propósito de comunicarle que en la sesión del Pleno de este órgano legislativo, celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que rechace la desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, de los Estudios Churubusco Azteca y del Centro de Capacitación Cinematográfica.

Anexo al presente me permito remitirle copia de la propuesta con punto de acuerdo en comento, para los efectos legales conducentes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente.

Recinto Legislativo, a 13 de noviembre de 2003.--- Dip. Obdulio Avila Mayo (rúbrica), Presidente.»

«Con su permiso, diputado Presidente; Honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 130 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, presento el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:

El cine mexicano es de todos

En pocos días se cumplen cinco años de haber pronunciado las siguientes palabras ante el pleno de la Cámara de Diputados, en ocasión de la exposición de motivos sobre las reformas y adiciones a la Ley Federal de Cinematografía:

Estamos convencidos de que uno de los debates del próximo siglo será el de conservar y fortalecer la diversidad cultural de los pueblos, porque las creaciones del espíritu ---como dice Frangois Mitterrand---, no son mercancías, sino bienes culturales. Una sociedad que deja en manos de otros los medios para hacerse presente ante sí misma, es una sociedad avasallada.

No puedo menos que subrayar la pertinencia de aquel pronóstico de fin de siglo. El pasado viernes pudimos enterarnos, por los medios, de la verdaderamente abyecta pretensión del Gobierno Federal de vender el Instituto Mexicano de Cinematografía, de vender los históricos estudios Churubusco Azteca y de desincorporar el Centro de Capacitación Cinematográfica; en una palabra, de desaparecer el cine mexicano.

Quisiera preguntarle desde esta tribuna al Ejecutivo Federal si acaso se trata de una broma macabra, o si, como dicen mis compañeros cineastas; estamos presenciando un acto más de canibalismo esquizofrénico. Efectivamente, hace apenas unas semanas se anunció que se otorgaría al cine nacional un apoyo de 140 millones de pesos, que dicho sea de paso hace mucho tiempo que se le debía. Y también hace sólo un par de meses, en su informe de gobierno a la nación, en los cuatro tristes renglones que le dedicó a la cultura, el Ejecutivo se vanaglorió de los más de 40 premios obtenidos por películas mexicanas que participaron recientemente en diversos festivales internacionales. Y ni qué decir de las mesas de trabajo que la comunidad cinematográfica sostuvo con la Secretaría de Gobernación para sacar adelante el cine mexicano. A mi juicio, en tan sesudas disertaciones sólo se adivinaba la intención de convertir a nuestra propia industria en maquiladora de Hollywood. El cálculo es sencillo: con nuestra cinematografía en manos estadounidenses, se tiene la garantía, entre otras cosas, de que se produzca un cine inocuo y químicamente puro; cine transgénico, en pocas palabras. Y se olvidan que precisamente este tipo de productos es el que a la postre resulta más perjudicial para el género humano. Le pregunto al secretario Santiago Creel si ya estaba enterado de estos planes, o bien también tuvo que enterarse por la prensa y la noticia lo agarró desprevenido.

Si entendemos por esquizofrenia la pérdida de contacto con la realidad, también le pregunto a la presidenta de Conaculta, señora Sari Bermúdez, de quien quisiera suponer que también la tomó por sorpresa la intención privatizadora del Ejecutivo qué quiso decir exactamente con su ambiguo, confuso, en una palabra tramposo comunicado publicado los días 8 y 9 del presente en los medios escritos, un verdadero monumento a la incoherencia. Le puedo asegurar a la señora que, tras su lectura, todo el gremio cinematográfico se fue a dormir tranquilo, ya que la funcionaria nos indica que lo que busca el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 es ``eficientar'' preciosa contribución del CNCA al desarrollo de nuestra lengua la administración pública mediante una política de racionalización del ejercicio presupuestal.

Anteayer, la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, de la cual soy miembro, exigió un inequívoco pronunciamiento por parte de la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el que se solidarice con la comunidad cinematográfica y rechace con firmeza, y sin dilación, esas pretensiones que tienen como meta última la extinción de nuestro cine.

¿Y el director de Imcine? De él ni una palabra, él sí de plano enmudeció, hasta que el día de ayer nos enteramos por la prensa de unas declaraciones que hizo, bastante opacas. ¿Qué no ha estado Alfredo Joskowicz al frente del Imcine durante los últimos tres años, como para cuidar los intereses de la comunidad cinematográfica y rendirle cuentas?

Hace pocos días, en esta misma tribuna, en ocasión de la comparecencia del doctor Enrique Semo, expresé que los gobiernos no pueden determinar la cultura de un pueblo. En realidad, ellos están parcialmente determinados por la cultura. Lo que sí pueden hacer es influir positiva o negativamente sobre ella, como lo estamos viviendo.

En el caso particular del cine nacional, todos sabemos qué intereses se mueven detrás del propósito de desincorporara nuestra cinematografía. Atentar contra la cultura de un pueblo es atentar contra el corazón mismo del país. Desmantelar un centro docente como el CCC, con sus escasos treinta alumnos, difícilmente liberará los recursos requeridos para el rescate económico de la sufrida patria. En cambio, y cito al realizador Jorge Fons, ``...querer desaparecer una de las escuelas de cine más importantes del mundo, es cerrar la fuente de trabajo del cine y desmantelar todas las instancias de la producción y del futuro como son los estudiantes de nuestro cine. Tenemos 107 años de hacer cine mexicano, que estoy seguro que las autoridades no lo saben, pero los tenemos y no queremos dejar de hacerlo...'' Fin de la cita.

¿Qué molesta tanto a las autoridades federales? ¿Por qué tanto encono contra la cultura en general, y contra el cine en particular? Tal vez sea el hecho de que entre los múltiples egresados ya sea de ese Centro, o del Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, se cuenten realizadores como Jaime Humberto Hermosillo, crítico pertinaz de las buenas conciencias y de las buenas costumbres de nuestra sociedad consumista; como María Novaro, que con su obra logra que nuestro cine volviese a tener presencia en el Festival de Cannes; o como los jóvenes Luis Estrada, sin cuya Ley de Herodes difícilmente podría interpretarse la alternancia en las preferencias electorales del 2000, Luis Carlos Carrera, ganador nada menos que de la Palma de Oro en Cannes, pequeño detalle que se olvida resaltar cuando se desata la gran campaña en su contra, a raíz del estreno de su controvertido y exitoso Crimen del Padre Amaro. Y por supuesto están un Felipe Cazals o el ya citado Jorge Fons, que con películas como Canoa y Rojo Amanecer denunciaron y desmenuzaron en su momento los criminales y bochornosos hechos de 1968. Otros jóvenes cineastas, pienso en Mandoki, Cuarón, Lubezki y muchos más, ante la falta de oportunidades en nuestro país optaron por emigrar a la Unión Americana, ciertamente no para desempeñarse corno jardineros, sino para hacer valer su gran talento y estar compitiendo hoy, con excelentes resultados, en prestigiosos certámenes internacionales. No continúo con la lista, que es larga, por falta de tiempo y para no abusar de su paciencia. Pero la conjetura no puede ser otra: el hecho de que tantos de estos creadores no sean conformistas, que a través de su obra y en pleno uso de su libertad de expresión se permitan impugnar a la sociedad, a instituciones y leyes que se creían o se deseaban intocables, no puede menos que ser una viga gigantesca en el ojo de más de un funcionario.

La desincorporación, disolución, liquidación o cualquier otro sinónimo neoliberal de venta que quiera emplearse de nuestro cine; se inscribe sin duda alguna en el mismo capítulo privatizador de nuestro sector eléctrico y, a la larga, por más que se niegue, en el de Pemex. ¿Por qué ahora, el cine? Es triste decirlo, pero qué más podía esperarse de un gobierno tan notoriamente proclive a perjudicar a nuestro pueblo, al pretender gravar las medicinas y los alimentos, así como insistir en cargarle un gravamen a los libros, un atraco más en contra de la cultura por parte de aquellos que proclaman que los iletrados son más felices.

Este Gobierno tiene un serio conflicto no resuelto con la cultura. Nunca entendió que la Cultura es la que le da sustento a la Suave Patria, por lo cual no ha hallado nada mejor ni más original que declararle la guerra. ¡Cómo entender de otra manera la pretensión de darle el tiro de gracia a nuestro cine!

Cultura, dice un proverbio chino, es todo lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Y nosotros los mexicanos nos hemos identificado con nuestro cine. El cine mexicano es de todos. Sigue siendo una señal de que no hemos desaparecido en la uniformidad de la globalización; que venimos de alguna parte, que pertenecemos a un territorio que tiene su propia historia; un pueblo con su propia visión cósmica y su única y particular forma de reinventar el mundo.

Punto de Acuerdo:

Unico. Se solicita a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión rechace la desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, de los Estudios Churubusco Azteca y del Centro de Capacitación Cinematográfica.

Firman el presente punto de acuerdo los diputados: María de Lourdes Rojo e Inchaustegui, Lourdes Alonso Flores, Aleida Alavez Ruiz, Gerardo Villanueva Albarrán, René Bejarano Martínez, José Guadalupe Jiménez Magaña, María Guadalupe Chavira de la Rosa, Juventino Rodríguez Ramos, Miguel Angel Solares Chávez, Higinio Chávez García, Maricela Contreras Julián, Juan Manuel González Maltos, Rodrigo Chávez Contreras, Julio César Moreno Rivera, Guadalupe Ocampo Olvera, Pablo Trejo Pérez, Rodolfo Francisco Covarrubias Gutiérrez, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Alfredo Hernández Raigosa, María Araceli Vázquez Camacho, Alfredo Carrasco Baza, Silvia Oliva Fragoso, Efraín Morales Sánchez, Rafael Hernández Nava, Víctor Gabriel Varela López, Andrés Lozano Lozano, María Elena Torres Baltasar, Valentín Eduardo Malpica Rodríguez, Elio Ramón Bejarano Martínez, Rigoberto Fidencio Nieto López, Francisco Chiguil Figueroa, Alberto Trejo Villafuerte, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Emilio Fernández Allende, María Alejandra Barrales Magdaleno, Jaime Aguilar Alvarez y Mazarrasa, María Claudia Esqueda Llanes, Jorge García Rodríguez, Norma Gutiérrez de la Torre, Héctor Mauricio López Velásquez, José Medel Ibarra, Bernardo de la Garza Herrera, Sara Guadalupe Figueroa Cañedo, Arturo Escobar y Vega, Martha Teresa Delgado Peralta.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, fracción XXI, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me dirijo a usted con el propósito de comunicarle que, en la sesión del Pleno de este órgano legislativo celebrada en esta fecha, se aprobó los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que esta Asamblea Legislativa, III Legislatura, haga un respetuoso y atento llamado a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos que se aprobará para 2004 no se autorice el uso de recursos provenientes de la desincorporación oficial de la Agencia Nacional de Noticias Notimex, garantizando con ello la existencia de ésta como un medio de comunicación propiedad del Estado.

Segundo. Se considere la posibilidad de poner en marcha un proceso de modernización y reestructuración de la Agencia, en cuyo Consejo de Administración tenga representación el Congreso de la Unión, el Consejo del Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Sociedad Civil, para garantizar su carácter estatal y su funcionalidad social.

Anexo al presente, me permito remitirle copia de la propuesta con punto de acuerdo en comento, para los efectos legales conducentes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente.

Recinto Legislativo, a 13 de noviembre de 2003.--- Dip. Obdulio Avila Mayo (rúbrica), Presidente.»

«Propuesta con punto de acuerdo que suscriben diversos grupos parlamentarios para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicite a la Camara de Diputados, no se autorice la desincorporación de la Agencia Nacional de Noticias Notimex.

Con fundamento en el artículo 122 apartado C, base primera, fracción V inciso f, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 42 y 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y en los artículos 10, fracción II, 17 fracciones VI y VII de la Ley Orgánica de la Asamblea y artículos 129 y 130 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Considerando

Primero. Que la Agencia Nacional de Noticias Notimex creada a finales de los años sesenta, se ha consolidado como una fuente de información seria y responsable que en la actualidad contribuye a la integración informativa dentro del país y en muchos casos representa la única posibilidad de registrar la visión nacional de los acontecimientos internacionales.

Segundo. Que Notimex es una institución social que cumple con la función de difundir amplia y eficazmente las políticas públicas y acciones de las distintas instancias que conforman nuestro Estado mexicano.

Tercero. Que es una institución social y políticamente necesaria, al realizar el seguimiento sistemático de información pública, declaraciones, temas de coyuntura con obvia importancia nacional y de los sucesos que pueden dañar dentro y fuera del país la imagen de la nación, de sus valores y de su cultura.

Cuarto. Que la funcionalidad de la agencia es comprobable; pues más del 70% de la información que genera Notimex logra publicarse a través de más de 1 mil 200 medios en el interior de la República y el extranjero y acumula 9 mil noticias mensuales en promedio con un registro de 350 mil impactos al año.

Quinto. Que Notimex es además una fuente importante de empleos a nivel nacional al abastecer de información a diferentes medios de comunicación que adquieren sus servicios de información escrita. gráfica, en video y voz.

Sexto. Que ninguna nación puede prescindir de sus medios de información públicos como un equilibrio para la sociedad en relación a los medios privados, ya que ninguna empresa o grupo corporativo de comunicación, asumirá sin costo económico alguno el trabajo de informar sobre las políticas públicas del Estado y garantizar su presencia informativa en el exterior.

Séptimo. Que es de conocimiento público la intención de proponer a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la discusión sobre la posible desincorporación de la agencia nacional de noticias Notimex del ámbito federal.

Octavo. Que desde el año 2000 y hasta la fecha Notimex ha funcionado con cada vez menos recursos, por lo que es posible considerar la revisión de su marco normativo y sostenerla como un instrumento eficiente y rentable socialmente para la nación.

Noveno. Que sería un error estratégico en la política de Estado dejar en manos de agencias privadas y consorcios internacionales el manejo de la información nacional pues ésta sería manejada sólo en términos de mercado y no como un servicio social y;

Décimo. Que sería lamentable que esta propuesta errónea sea ratificada por la Cámara de Diputados al autorizar al Gobierno Federal que se dispongan de recursos provenientes de la desincorporación de la Agencia Nacional de Noticias Notimex.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades que nos confiere el Estatuto de Gobierno, La Ley Orgánica y el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se propone a este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que esta Asamblea Legislativa de la III Legislatura haga un respetuoso y atento llamado a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos que se aprobará para el 2004 no se autorice el uso de recursos provenientes de la desincorporación oficial de la Agencia Nacional de Noticias Notimex, garantizando con ello la existencia de ésta como un medio de comunicación propiedad del Estado.

Segundo. Se considere la posibilidad de poner en marcha un proceso de modernización y reestructuración de la agencia, en cuyo Consejo de Administración tenga representación el Congreso de la Unión, el Consejo del Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Sociedad Civil, para garantizar su carácter estatal y su funcionalidad social.

México, DF, a 13 de noviembre de 2003.--- Diputados: Alejandra Alvarado, María Araceli Vázquez C., Lorena Villavicencio Ayala, José Medel Ibarra, Mauricio López Velázquez, René Bejarano, Carlos Reyes Gómez, Bernardo de la Garza, José Espina y Gabriela Cuevas B.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

---

COMISION NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo.--- Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Me es grato, por este conducto, hacer de su conocimiento que, derivado de la celebración del XXVII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, celebrado los días 22, 23 y 24 de octubre del presente año en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se llevó a cabo el cambio de la directiva de la Comisión Nacional, que ha quedado integrada en la forma siguiente:

Mgdo. Lic. Abel Villicaña Estrada, estado de México, Presidente. Mgdo. Lic. Pablo Zapata Zubiaga, Chihuahua, vicepresidente, zona norte. Mgda. Lic. Lizbeth Loy Song Encalada, Quintana Roo, vicepresidenta, zona sur. Mgdo. Lic. Angel Prieto Méndez, Yucatán, vicepresidente, zona sur. Mgdo. Lic. Héctor M. Ramírez Sánchez, Guanajuato, vicepresidente, zona norte centro.Mgdo. Lic. Javier Germán Rodríguez Jiménez, Nayarit, secretario general, Mgdo. Lic. José Angel Paredes Echavarría, Campeche, vocal, zona sur. Mgda. Lic. María Elisa Rentería Moreno, Querétaro, vocal, zona centro. Mgdo. Lic. José Palomino Castrejón, Baja California, vocal, zona norte. Mgdo. Lic. Mauro Hernández Pacheco, Michoacán, vocal, zona centro; Mgdo. Lic. Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Oaxaca, coordinador de Asuntos Internacionales; Mgdo. Lic. Guillermo Pacheco Pulido, Puebla, representante ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública; Mgdo. Lic. Miltón Escobar Castillejos, Chiapas, consejero editorial.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle que la estrecha colaboración entre la función jurisdiccional y los demás poderes contribuirá a la creación de una sociedad nueva, en la que no impere la ciega violencia y resplandezcan la libertad, la paz y la justicia.

Atentamente.

Toluca, México, a 5 de noviembre de 2003.--- Mgdo. Lic. Abel Villicaña Estrada (rúbrica) Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:De enterado.

---

DIPUTADO CON LICENCIA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El suscrito, diputado federal con licencia, adscrito a la II circunscripción, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de la manera más respetuosa lo siguiente:

Primero. Me sea concebida la ampliación de mi licencia para ausentarme por tiempo indefinido de mis labores legislativas a partir de esta fecha,

Segundo. Se sirva realizar los trámites necesarios para la debida aprobación de lo solicitado.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 18 de noviembre de 2003.--- Diputado José Reyes Baeza Terrazas.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado José Reyes Baeza Terrazas, para separarse de sus funciones como diputado federal electo, en la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Muchas gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Aprobado.

Continúe la Secretaría.

---

LEY DE INGRESOS-PRESUPUESTO DE EGRESOS
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que el día 6 de noviembre fueron recibidos por esta Soberanía la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, enviados por el Ejecutivo Federal, mismos que habrán de ser objeto de estudio y dictamen durante el presente periodo de sesiones.

2. Que, en términos de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el encargado de despacho debe comparecer ante el Pleno para dar cuenta de los mismos.

Somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público el día 25 de noviembre de 2003, a las 11:00 horas.

Segundo. El formato de la comparecencia será acordado por la Junta de Coordinación Política y publicado en su oportunidad en la Gaceta Parlamentaria.

Tercero. Hágase del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados.

Cuarto. En términos del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva rea-lice la comunicación correspondiente.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 18 días del mes de noviembre del año 2003.--- Diputados: Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica), Presidenta, coordinadora del grupo parlamentario del PRI; Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PAN; Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PRD; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PVEM; Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PT; Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Aprobada.

Continúe la Secretaría.

---

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.---Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la H. Cámara de Diputados, para que en el ejercicio fiscal de 2004 se asignen al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mayores recursos que garanticen la creación y buen funcionamiento de cinco salas regionales adicionales a la estructura con que actualmente cuenta.

Atentamente.

México, DF, a 13 de noviembre de 2003. Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica) Vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

---

PROGRAMAS RELACIONADOS CON MUJERES Y NIÑOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Senadores exhorta al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados para que, con base en las facultades que la ley le otorga en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004, queden consideradas las siguientes propuestas:

6. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004, por ningún motivo se reduzcan los montos que fueron asignados en el presupuesto del 2003 a programas de mujeres y de niñas, y, por el contrario, se aumenten conforme al índice inflacionario.

7. Que se etiqueten y desagreguen, los programas de la Dirección General de Salud Reproductiva, así como los Programas referentes al Cáncer Cérvico Uterino y Cáncer de Mama.

8. Que se contemple y etiquete el presupuesto suficiente para el Programa Nacional de Violencia Intrafamiliar y los destinados a combatir y erradicar la violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños.

9. Que se destinen mayores recursos para mejorar la nutrición de las mujeres y la niñez en periodo de lactancia.

10. Que se tomen en cuenta partidas especiales para reforzar el trabajo que vienen realizando los refugios para las mujeres que sufren violencia en el país.''

Atentamente.

México, DF, a 13 de noviembre de 2003. Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica) Vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

---

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con los siguientes

Puntos de Acuerdo

``Primero. Es procedente, en los términos y alcances que a continuación se precisan, la Proposición con Puntos de Acuerdo presentada por el Senador Joaquín Cisneros Fernández, de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en relación con la autorización del cupo para importar azúcar refinada en 2003.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Economía enviar a esta Soberanía la información detallada sobre Disponibilidad-Consumo que permitió sustentar el ``Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar azúcar refinada para 2003'' por un máximo de 112 mil toneladas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de septiembre de 2003.

Tercero. De ser absolutamente imprescindibles para garantizar el abasto nacional las importaciones materia de dicho Acuerdo, se solicita a los Titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, diseñar e implementar oportunamente medidas, para que tal decisión no se traduzca en perjuicios para la producción nacional, particularmente en el caso de la producción nacional de maíz que se destina a la elaboración de fructuosa.

Cuarto. Se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados a que mantenga en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2004, la disposición de gravar al menos con 20 por ciento las enajenaciones o las importaciones de refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña.''

Atentamente.

México, DF, a 13 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

---

LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado José Angel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma la fracción I del artículo 5º de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a fin de cambiar su denominación por el nombre de Instituto Nacional de Cancerología Conrado Zuckerman, para la especialidad de neoplastías.

El diputado José Angel Córdova Villalobos:

Buenos días, con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Adelante, señor diputado.

El diputado José Angel Córdova Villalobos:

Señor Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; compañeras y compañeros legisladores:

En nombre de los suscritos, diputados federales, integrantes de la LIX Legislatura por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracciones II y XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa, por la que se reforma la fracción I del artículo 5° de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a fin de cambiar la denominación de Instituto Nacional de Cancerología, para la especialidad de las neoplasias, por la de Instituto Nacional de Cancerología Conrado Zuckerman, para la especialidad de las neoplasias, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Instituto de Cancerología es un organismo descentralizado de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud; que brinda atención médica especializada a enfermos oncológicos y es además un centro de referencia e institución a la cual acuden personas que reciben la ayuda, experiencia y eficacia de las personas que lo forman.

Esta noble institución de salud fue creada hace más de 50 años con el propósito de atender de manera especializada los problemas del cáncer en nuestro país.

En la creación y consolidación de esta prestigiada institución médica de nuestro país, participó de forma preponderante el reconocido cirujano Dr. Conrado Zuckerman Duarte, quien fungió, a propuesta del entonces Presidente de la República Miguel Alemán Valdés, como el primer director del Instituto de Cancerología. El destacado desempeño al frente de dicho organismo, durante los catorce años que el doctor Conrado Zuckerman lo dirigió, le valió el reconocimiento de la comunidad médica y de la sociedad por su compromiso en el cuidado y tratamiento de los pacientes afectados por el cáncer.

El doctor Conrado Zuckerman Duarte nace en Mérida, Yucatán el 7 de Noviembre de 1900. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina de México, donde se graduó de médico cirujano.

Durante los 60 años en los que se mantuvo en el ejercicio profesional contribuyó en forma importante al desarrollo y prestigio en la medicina nacional y llevó el nombre de nuestro país a niveles internacionales, particularmente en las especialidades de oncología, cirugía y ginecología, en las cuales destacó y aportó a través de sus actividades académicas y docentes a favor de instituciones, sociedades así como asociaciones y federaciones. ``La misión del cirujano es prolongar la vida'', fue el lema que practicó a lo largo de su vida profesional.

Se manifestaron su cariño y apego a la oncología y ginecología al pertenecer a 18 sociedades de la especialidad, de diferentes partes del mundo. Realizó importantes contribuciones en el estudio de la enfermedad en el aparato genital femenino, reconociéndosele su tributo al avance de la ciencia. Publicó 15 libros y escribió más de 500 artículos científicos relativos a la medicina y materias en las cuales era especialista, cabe destacar su gran participación y huella que dejó en distintos institutos, asociaciones, hospitales, sociedades, congresos, academias y la Secretaría de Salubridad y Asistencia entre otros, de los que recibió a lo largo de su brillante carrera ciento ochenta y siete diplomas. Obtuvo la medalla de oro por el General Alvaro Obregón, entonces Presidente de la República Mexicana, por realizar el trabajo del metabolismo de los hidratos de carbono, mismo que introdujo a nuestro país el empleo en los diabéticos de la insulina la cual recientemente la habían descubierto.

Fue un hombre de gran apego a su país, medico ejemplar, un mexicano que atravesó barreras nacionales e internacionales en el mundo de la medicina, y aportó sin lugar a duda un gran valor, que actualmente se refleja en la rica historia que tiene México en la medicina moderna.

Dejó huella en el mundo de la medicina y en nuestra Nación, el resultado de su vida se envolvió de la honradez, honestidad, sabiduría y nobleza de su acción. Es tiempo que el Estado otorgue el reconocimiento que merece al ilustre patriota doctor Conrado Zuckerman. Que mejor manera de hacerlo que permitiendo que la Institución a la que dedicó buena parte de su vida y cuya especialidad fue el centro de su desarrollo profesional lleve su nombre.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma la fracción I del artículo 5° de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud

Unico. Se modifica el artículo 5º, en su fracción I, para quedar como sigue:

Artículo 5º.

Los organismos descentralizados que serán considerados como institutos nacionales de salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:

I. Instituto Nacional de Cancerología Conrado Zuckerman, para la especialidad de las neoplasias;

II. a XI. ...

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Nacional de Cancerología para las neoplasias malignas contará con un plazo de seis meses para cambiar su denominación a Instituto Nacional de Cancerología Conrado Zuckerman, para la especialidad de las neoplasias.

Tercero. Los materiales y suministros e insumos para la salud que lleven inserto el nombre de Instituto Nacional de Cancerología, para las neoplasias malignas, seguirán utilizándose hasta el término de su vida útil.

México, DF, a 19 de noviembre de 2003.--- Diputados: José Angel Córdova Villalobos, Lucio Galileo Lastra Marín, Francisco Antonio Rojas Toledo, Raúl Rogelio Chavarría Salas, María Angélica Ramírez Luna, Rocío Jaspeado Villanueva, Maki Esther Ortiz Domínguez, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbricas).

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias diputado Córdova.

Túrnese a la Comisión de Salud.

---

LEY DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se de lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Se autoriza.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LIX Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Agricultura y Ganadería.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Oscar Martín Ramos Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el pasado 23 de septiembre de 2003, proposición que pretende se revise y discuta el dictamen de la ley de la agroindustria de la caña de azúcar y que comparezca el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a partir de los siguientes

ANTECEDENTES

El 23 de septiembre de 2003, el Diputado Oscar Martín Ramos Salinas, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por la que solicita se revise y discuta el dictamen de la ley de la agroindustria de la caña de azúcar y que comparezca el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la mencionada Proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería

Con base en los anteriores antecedentes, los integrantes de la Comisión formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES

Que en los inicios de la LVIII Legislatura se turnaron a esta Comisión de Agricultura y Ganadería tres iniciativas de ley de la agroindustria de la caña de azúcar, presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional respectivamente.

Que al inicio de la anterior legislatura, al interior de esta Comisión se integró una subcomisión de dictamen la cual empezó el estudio y análisis profundo de cada una de la iniciativas presentadas, llevando a cabo reuniones intensas de trabajo con funcionarios del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales involucrados en el sector, con organizaciones de productores, entre muchos, actores, teniendo por resultado varios borradores de dictamen, pero, ninguno definitivo que cumpliera satisfactoriamente a los actores involucrados en tan delicado tema como es el de formular una ley de la Agroindustria azucarera.

Que los integrantes de la actual LIX Legislatura y en particular quienes integramos la Comisión de Agricultura y Ganadería, estamos plenamente conscientes del deber que tenemos de emitir un dictamen sobre estas iniciativa de ley y que se deberá presentar al pleno de la Cámara de Diputados para su respectiva aprobación, para lo cual en forma independiente de la creación de la Comisión Especial de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, esta Comisión ha iniciado la creación de una subcomisión de dictamen que ya está trabajando sobre las tres iniciativas que se tienen en esta Comisión, para que a la brevedad posible se cuente con un dictamen definitivo en la materia.

Que el pasado 13 de octubre de 2003, comparecieron ante esta Comisión de Agricultura y Ganadería el Subsecretario de Agricultura y la Subsecretaria de Economía quienes expusieron ante los integrantes de esta Comisión la situación de las 112,000 toneladas de azúcar autorizados por el Gobierno Federal para su importación.

Que el pasado 15 de octubre de 2003, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación compareció ante esta Comisión y de igual forma expuso una síntesis de la situación de la industria azucarera de nuestro país.

Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos ante el Pleno de esta Soberanía el presente dictamen en sentido positivo, bajo los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO: La Comisión de Agricultura y Ganadería solicita a la Junta de Coordinación Política que en uso de sus facultades constituya a la brevedad posible la Comisión Especial de la Caña de Azúcar.

SEGUNDO: Se crea la subcomisión de dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería para el estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente a las Iniciativas de ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.

TERCERO: Con la comparecencia del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el pasado 15 de octubre del año en curso, se da por cumplimentada satisfactoriamente la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Oscar Martín Ramos Salinas

Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales: Cruz López Aguilar, presidente (rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica); Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario (rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica); Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos (rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Enrique Torres Cuadros y Víctor Suárez Carrera.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

En consecuencia está a discusión el dictamen.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen puesto a su consideración.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

---

ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LIX Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Agricultura y Ganadería.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Rafael Galindo Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y a nombre de varios Partidos Políticos el pasado 7 de octubre de 2003, proposición que pretende se exhorte al titular del Ejecutivo Federal a dar cabal cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 7 de octubre de 2003, el Diputado Rafael Galindo Jaime, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para que el titular del Ejecutivo Federal de cabal cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo.

El pasado 7 de octubre de 2003 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada Proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el Acuerdo Nacional para el Campo suscrito por el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las organizaciones de productores rurales fue concebido como un instrumento de trabajo para solucionar los graves problemas que aquejan al campo de México y construir las bases para que se reincorpore al progreso y al crecimiento en beneficio de las familias campesinas.

Que en los 282 puntos que contiene el Acuerdo, gobierno y organizaciones de productores rurales se propusieron el reto de mejorar los niveles de productividad, rentabilidad y competitividad, en el sector agropecuario y así alcanzar una mejoría en las condiciones de vida de las personas que habitan en el campo mexicano, asumiendo el compromiso de establecer e instrumentar políticas públicas orientadas a consolidar una reforma estructural del sector, para garantizar la soberanía y seguridad alimentarias de nuestro país.

Que la reasignación de recursos al presupuesto de varios programas que inciden en el desarrollo del sector rural ha sido un logro de todos los actores que participaron en las negociaciones logrando de esta manera destinar, por ejemplo, cuatrocientos millones para ampliar los servicios de salud en el medio rural, incluyendo servicios de primer nivel como son medicina interna, gíneco - obstetricia y cirugía general; se destinaron doscientos sesenta millones para ampliar, mejorar y construir viviendas en el medio rural; ciento cuarenta millones para la organización comercial; cien millones para el programa de la mujer campesina, entre otras muchas acciones que se lograron con la firma del Acuerdo.

Que el Acuerdo Nacional para el Campo es un instrumento que permitirá conjuntamente con las leyes que esta soberanía ha tenido a bien expedir principalmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre otras, a impulsar el desa-rrollo del sector rural en nuestro país y que ya no puede tener más retrasos porque ello nos conduciría a inconformidades sociales inconvenientes.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con el mejor de los ánimos de apoyar al sector rural los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería hemos tenido a bien dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo en sentido positivo por lo que sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el presente dictamen en los siguientes términos:

RESOLUTIVO

UNICO: Esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a todas las dependencias involucradas, para que de total cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo, signado el pasado 28 de abril de 2003, así como aplicar en tiempo y forma los programas del sector agropecuario y los recursos asignados al mismo.

Por la Comisión de Agricultura y Ganadería aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales: Cruz López Aguilar, presidente (rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica); Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario (rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica); Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos (rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), José María de la Vega Larraga, Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica) y Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Está a discusión el dictamen... No habiéndose inscrito oradores, se ruega a la Secretaría consultar a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Suficientemente discutido.

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo puestos a su consideración.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el dictamen.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Aprobados los puntos de acuerdo.

Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

---

PLAGAS DE LANGOSTA Y CHAPULIN

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LIX Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Agricultura y Ganadería.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta LIX Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado José María de la Vega Larraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 7 de octubre de 2003, proposición que propone que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe a esta Soberanía sobre el avance de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de langosta y chapulín en la Huasteca Potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición en comento a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 7 de octubre de 2003, el Diputado José María de la Vega Larraga, presentó la proposición con punto de acuerdo para que la SAGARPA informe a esta soberanía sobre el avance de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de langosta y chapulín en la Huasteca Potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura.

Con base en los antecedentes mencionados los integrantes de esta Comisión, formulamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que desde la década de los setenta se detectaron en el Estado de San Luis Potosí formaciones de mangas de plaga de langosta y de chapulín que se han incrementado de manera constante y notoria año con año y a partir del año de 1988 como resultado de periodos prolongados de sequía y altas temperaturas así como precipitaciones pluviales que incrementaron la humedad y la temperatura del suelo, favorecieron la incubación de los huevecillos depositados por estas plagas, desatando un serio problema para los cultivos de la región.

Que siendo sabedores de que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal ha enviado técnicos especializados en el combate de plagas a la zona donde se identificó la plaga de langosta, con el fin de apoyar a los campesinos y evitar que se incremente su presencia y afecte a otros cultivos.

Que las intensas lluvias y las altas temperaturas que se registran en esta temporada favorecen el desarrollo de esa plaga y se corre el riesgo de que aparezcan otras, afectando la producción de los cultivos tales como pastizales, frutas tropicales, hortalizas entre otros.

Que hoy se presenta la necesidad de apoyar de manera urgente a los productores de la huasteca, Potosina, del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz ya que es nuestra convicción y obligación velar por los intereses de todos los que se vean afectados en el agro mexicano, por lo que consideramos viable la propuesta del Diputado José María de la Vega Larraga.

Por las consideraciones antes mencionadas los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos a la consideración del Pleno de esta H Cámara de Diputados, el presente dictamen en sentido positivo bajo los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe a esta Soberanía sobre los avances de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de langosta y chapulín en la Huasteca Potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz.

SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación coadyuve en los trabajos de sanidad en la región afectada por la plaga de langosta y chapulín enviando al equipo técnico necesario.

TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural Pesca y Alimentación incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, una partida presupuestaria para crear Laboratorios de Organismos Benéficos como una alternativa para combatir este tipo de plagas en la región afectada.

Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales: Cruz López Aguilar, presidente (rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica); Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario (rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica); Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos (rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica) y Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Está a su consideración el dictamen... No habiéndose inscrito oradores, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si éste se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Suficientemente discutido.

Se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo que están a su consideración.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

---

INDUSTRIA AZUCARERA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LIX Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Agricultura y Ganadería.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Diego Palmero Andrade del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el pasado 9 de octubre de 2003, proposición que pretende que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), presente a esta Soberanía un informe de las condiciones actuales de la industria de la caña de azúcar.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, así como por los artículos 65,66,85,85,87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo en comento, a partir de los siguientes

ANTECEDENTES

El pasado 9 de octubre de 2003, el Diputado Diego Palmero Andrade, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero presente a esta Soberanía un informe de las condiciones actuales de la industria de la caña de azúcar.

El 9 de octubre de 2003 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada Proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la actividad azucarera participa actualmente en la economía nacional con el 0.5% del producto interno bruto y proporciona el sustento de 440 mil familias (mediante empleos temporales y permanentes), asentadas en 227 municipios del país pertenecientes a 15 estados de la república, en los que habitan alrededor de 12 millones de mexicanos, de los cuales más de 2.5 millones dependen directamente de la agroindustria de la caña de azúcar así como de una diversidad de actividades indirectas vinculadas a la misma, en una cadena producción-consumo tan basta, que su debacle sería catastrófica para el país.

Que a partir de la operación de 59 ingenios, México ocupa en la actualidad el séptimo lugar en producción de azúcar a nivel mundial entre más de un centenar de países, y la octava posición en cuanto a consumo per cápita y la que de la producción nacional; el 58% es canalizada a la Industria, el 32% al uso doméstico y el 10% restante se destina principalmente al mercado internacional.

Que el impulso a la actividad azucarera por parte del estado no ha correspondido a su trascendencia económica y social esto se ha hecho más patente en el transcurso de los últimos años en los que la situación ha adquirido tintes verdaderamente dramáticos debido a la concurrencia de factores de diversa índole, estructurales y coyunturales tales como: los desajustes suscitados en el marcado interno que derivaron en la caída de los precios del endulzante; la entrada al país de volúmenes de azúcar y de fructosa así como la importación de enormes cantidades de maíz subsidiado para la producción de la fructosa; la inexistencia de un sistema financiero suficiente y oportuno; la persistencia de muy altos grados de endeudamiento; la creciente descapitalización del campo cañero y la reticencia de los Estados Unidos de América a acatar lo pactado en el TLCAN, en materia de absorción de los excedentes de azúcar producida en México.

Que conscientes de la problemática por la que atraviesa el sector azucarero en el país, los legisladores de la LIX Legislatura y en particular los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería externamos nuestra preocupación por la situación que atraviesan los ingenios azucareros del país, tanto los expropiados por el Gobierno Federal como los que están en manos de los particulares.

Por las consideraciones anteriormente vertidas los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería tenemos a bien apoyar en sentido positivo la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, por lo que sometemos ante el pleno de esta Cámara de Diputados el presente dictamen en los siguientes términos:

RESOLUTIVO

UNICO: Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), informe a detalle a esta Soberanía por escrito y a la brevedad posible de las condiciones actuales de la industria azucarera del país así como en particular de los ingenios expropiados por el Ejecutivo Federal, asimismo se dé a conocer la propuesta del Gobierno sobre el futuro de la agroindustria azucarera.

Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprobamos el siguiente dictamen los Diputados Federales: Cruz López Aguilar, Presidente (rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica); Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario (rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica); Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos (rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Está a su consideración el dictamen... No habiéndose registrado oradores, se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si éste se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Suficientemente discutido.

Se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si son de aprobarse los puntos resolutivos del dictamen que está puesto a su consideración.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

---

PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LIX Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Agricultura y Ganadería.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Víctor Hugo Islas Hernández a nombre de los integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de México el pasado 9 de octubre de 2003, y que pretende que el Gobierno Federal con la participación de los productores rurales y legisladores revisen el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para que este retome sus objetivos iniciales de impulsar la productividad y la superación de la pobreza en el campo mexicano.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 9 de octubre de 2003, el Diputado Víctor Hugo Islas Hernández, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para que el Gobierno Federal con la participación de los productores rurales y legisladores revisen el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para que este retome sus objetivos iniciales de impulsar la productividad y la superación de la pobreza en el campo mexicano.

El pasado 9 de octubre de 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería la mencionada Proposición para su respectivo estudio y dictamen.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la instrumentación del programa está proyectada a 15 años, con apoyos constantes en términos reales durante los primeros 10 años; año, por tanto, se pretende que los productores cuenten con nueva tecnología, pudiéndose asociar para modernizarse y así enfrentar la competencia externa en un mercado abierto.

Que la reconversión hacia cultivos de mayor rentabilidad trata de compensar los subsidios que en países desarrollados se otorga a los productores agrícolas, por tanto, es conveniente fomentar la organización de los productores nacionales a fin de comercializar los productos agrícolas con un elevado nivel de competitividad y con ello, fortalecer las cadenas productivas nacionales para así impulsar el desarrollo del sector.

Que la desgravación arancelaria que está teniendo lugar, con motivo de la implementación de las diversas etapas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, así como la liberación comercial con prácticamente todas las regiones del mundo, han puesto en jaque a la agricultura nacional que compite con desventajas tecnológicas y bajo un esquema bajo el cual se ha ido eliminando los subsidios a los productores agropecuarios y ante la fragilidad de los programas de compensación social en el campo que resultan insuficientes para mitigar el hambre y la pobreza.

Que los países desarrollados han aumentado fuertemente el apoyo a sus productores en lugar de reducirlos como fue convenido por los países integrantes de la Organización Mundial de Comercio.

Por las consideraciones anteriormente expuestas los integrantes de esta Comisión hemos resuelto apoyar la Proposición con Punto de Acuerdo, por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido positivo en los siguientes términos:

RESOLUTIVO

ÚNICO: Que el Gobierno Federal con la participación de los productores rurales y los legisladores inicie un proceso de revisión al Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), con el objetivo de que este programa impulse la productividad y la superación de la pobreza en el campo mexicano, y se defina su pertinencia en caso de no cambiar las actuales condiciones de inequidad en los términos de la competencia comercial.

Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales: Cruz López Aguilar, Presidente (rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica); Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario (rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica); Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos (rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo Parada, José María de la Vega Lárraga, Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Está a su consideración el dictamen... No habiéndose registrado oradores, se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si éste se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Suficientemente discutido.

Se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si es de aprobarse.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica, se pregunta si se aprueba el dictamen.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvase manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

---

PRODUCTOS BETA-ANALOGOS
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LIX Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Agricultura y Ganadería.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Gonzalo Moreno Arévalo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 14 de octubre de 2003, y que pretende solicitar al Ejecutivo Federal que realice las acciones pertinentes con el objeto de evitar la utilización de los beta-análogos con fines zootécnicos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 65, 66, 85, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo en comento bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

El 14 de octubre de 2003, el Diputado Gonzalo Moreno Arévalo presento una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que realice las acciones pertinentes con el objeto de evitar la utilización de beta-análogos con fines zootécnicos.

El 14 de octubre de 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada Proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los siguientes antecedentes, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que persiste el uso ilegal de beta-análogos con fines zootécnicos, a pesar de las acciones implementadas hasta la fecha lo que constituye una prueba fehaciente del fracaso que las mismas han tenido en su objetivo de erradicar este problema.

Que desafortunadamente la alerta que se presentó a fines del año pasado en varias regiones del país, y que se logró diagnosticar 195 casos registrados oficialmente de intoxicaciones presentadas en seres humanos por consumo de clenbuterol residual en tejidos de origen animal (hígado principalmente), sólo dieron como consecuencia, una tibia reacción de la autoridad que los obligó a emitir la Norma de Emergente NOM-EM-015-ZOO-2002, publicada en el Diario Oficial y que en términos reales no atacó el problema de fondo.

Que las autoridades conocen los riesgos que representan para la salud pública la utilización de estos productos, sin embargo se sigue autorizando la utilización de beta-análogos como el zilpalterol o la ractopamina, del cual la autorización de su registro ya se encuentra en proceso en la SAGARPA. Estas autorizaciones que emite la Secretaría se realizan sin tomar en cuenta en su decisión final, el impacto que el uso comercial del producto pudiera tener en el mantenimiento de la inocuidad alimentaria.

Que la práctica de incorporar aditivos alimenticios modificadores del metabolismo animal destinados para consumo humano, sigue dándose en el país, sin que exista hasta el momento un mecanismo oficial que garantice su adecuado y prudente uso.

Con base en las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos a la consideración del pleno el presente dictamen en sentido positivo, bajo los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO: Se solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que retire del mercado nacional todos los productos beta - análogos existentes para uso zootécnico hasta en tanto no se revise con exactitud el daño que hacen a la salud humana.

SEGUNDO: Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación suspenda la autorización de nuevos registros en cualquier forma y presentación hasta en tanto prevalezca la situación de incapacidad jurídica y técnica de las dependencias responsables para garantizar su buen manejo.

TERCERO: Se pide al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a los Secretarios de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación; Hacienda y Crédito Público; Salud y Economía para instaurar una Comisión Revisora para que sea verificado el marco jurídico actual, referente al uso, registro y manejo residual de los beta-análogos.

Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales: Cruz López Aguilar, Presidente (rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica); Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario (rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica); Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos (rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Está a su consideración el dictamen... No habiéndose registrado oradores, se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si éste se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Suficientemente discutido.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo que están sujetos a la Asamblea.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el presente dictamen de los puntos de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.

Señoras y señores legisladores: hemos concluido el capítulo relativo a los dictámenes a discusión. Vamos ahora a desahogar las proposiciones.

---

PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado Javier Orozco Gómez, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que no se apruebe la desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica y los Estudios Churubusco Azteca, suscrita por integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

El diputado Javier Orozco Gómez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:

El presente punto de acuerdo es el resultado del consenso de las distintas fracciones políticas representadas en las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Cultura, las que coincidimos unánimemente en la defensa del cine nacional. Por tal motivo deseo dejar constancia de la voluntad política y apoyo de las distintas fracciones políticas.

El cine es una expresión cultural, así ha sido concebido en México desde hace más de un siglo, tiempo al cual se remonta su importancia como instrumento no solamente para fortalecer la unidad nacional e impulsar el desarrollo de las personas, sino también para proyectar la imagen de nuestro país en el extranjero.

Fue tal el auge de la cinematografía nacional que en las décadas de los cuarentas y de los cincuentas las películas mexicanas eran vistas no solamente en México, sino también en Latinoamérica, así como en ciertas regiones de Europa y de Estados Unidos de América. Se producían en promedio 110 películas anuales.

Actualmente la cinematografía en nuestro país atraviesa por un momento de grandes contrastes. Por un lado la producción cinematográfica se ha reducido drásticamente, anualmente se producen en promedio 20 largometrajes; por otro lado, se han producido películas tanto artísticas como comerciales de gran éxito a nivel nacional e internacional.

Aunado a lo anterior el número de salas cinematográficas en nuestro país es cercano ya a los 3 mil. Es innegable que el cine mexicano está recuperando a su público. En 2002 aproximadamente 14.7 millones de espectadores acudieron a ver exclusivamente películas mexicanas.

Este segundo aire de la cinematografía nacional también se ha traducido en una importante fuente de empleos directos e indirectos de calidad y desde luego de ingresos tributarios para el Gobierno Federal. El éxito observado no podría entenderse ni dimensionarse en su justo valor, sin la participación y apoyo de entidades tales como el Instituto Mexicano de Cinematografía, los Estudios Churubusco Azteca y el Centro de Capacitación Cinematográfica.

El Imcine, organismo público descentralizado, es la entidad encargada de impulsar, coordinar y promover el desa-rrollo de la producción cinematográfica en México. Contribuye al fortalecimiento de los tres rubros básicos del sector: producción, distribución y exhibición.

Por su parte la función principal de los Estudios Churubusco es apoyar la producción cinematográfica, su origen se remonta al año de 1945 y están estrechamente vinculados con la llamada Epoca de Oro de nuestro cine. Actualmente más del 90% de las películas que se producen en México utilizan alguno de los servicios de los estudios Churubusco. Producciones de otros países han utilizado sus foros o construido sets de grabación en los mismos.

El Centro de Capacitación Cinematográfica es una escuela de cine en el amplio sentido de la palabra. Su objetivo primordial es la formación de cineastas de alto nivel profesional en las áreas técnicas y artísticas de cine, fotografía, producción, sonido, edición, guión y realización, en el marco de una concepción integral de quehacer y lenguaje cinematográficos.

Es menester mencionar que la Ley Federal de Cinematografía en su artículo 14 consigna que la producción cinematográfica nacional constituye una actividad de interés social, sin menoscabo de su carácter industrial y comercial por expresar la cultura mexicana. Por tanto, el Estado fomentará su desarrollo para cumplir su función de fortalecer la composición pluricultural de la nación mexicana mediante los apoyos e incentivos que la ley señale.

La ley antes citada fue expedida en 1992 y reformada en 1999, esto último con el propósito de establecer una serie de instrumentos tendientes a apoyar la cinematografía nacional con recursos públicos. La desincorporación que se propone en el artículo segundo transitorio del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2004, no sólo afecta a los creadores, trabajadores y estudiantes del ramo de la cinematografía sino a todo el pueblo mexicano, que es su principal destinatario. Es además contrario a lo consignado en las disposiciones legales de esta materia.

Además de la desincorporación es importante buscar mecanismos e instrumentos que proporcionen mayores recursos y estímulos para impulsar la cinematografía nacional, con base en la eficiencia y la transparencia.

Por ello las comisiones de RTC y de Cultura solicitamos a esta Cámara de Diputados exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que no incluya la propuesta de desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica y los Estudios Churubusco, contenida en el artículo segundo transitorio en las fracciones X, XI y XII del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2004, remitido por el Titular del Ejecutivo Federal, procediendo a suprimir de éste los preceptos en cuestión.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía.

Proposición con punto de acuerdo, para que no se apruebe la desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica y los Estudios Churubusco Azteca, suscrita por integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y de la Comisión de Cultura, y presentada por el diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM.

Los suscritos, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y de la Comisión de Cultura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las consideraciones y fundamentos que a continuación se detallan.

Consideraciones

I. El 31 de diciembre de 1949 se publicaba en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Industria Cinematográfica, bajo el mandato presidencial de Miguel Alemán Valdés. En esos años el cine nacional se encontraba en una de sus mejores épocas: la llamada ``época de oro''.

La Revolución Mexicana ingresó al cine como la gran novedad en 1910; entonces las imágenes se exhibieron como noticieros breves y cortometrajes que siguieron el curso de los acontecimientos de la vida nacional.

La década de los años treinta marcó el inicio del cine sonoro en nuestro país; así, la cinta Allá en el rancho grande se convirtió en un éxito internacional para el cine mexicano, ante la gran aceptación que tuvo en América Latina y Estados Unidos. Posteriormente, las décadas de los años cuarenta y cincuenta se caracterizaron por la realización de memorables producciones cinematográficas.

En la actualidad, ante la circunstancia de apertura comercial mundial que se vive en el concierto de las naciones, la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha significado para nuestro país el inicio de una nueva era, donde la premisa para nuestra industria cinematográfica nacional se basa en el apoyo y orientación de las entidades gubernamentales.

Ante este escenario, en los últimos diez años ha surgido en México una nueva concepción del cine nacional, permitiendo que gran número de películas mexicanas compitan hoy en día con las extranjeras, logrando incluso igualarlas en los montos de recaudación en taquillas.

No debemos olvidar que el cine es una expresión cultural que ha dado a conocer a México en el ámbito internacional, y resulta innegable que el cine mexicano está recuperando a su propio público, consideración que se demuestra con el hecho de que durante el año anterior, aproximadamente 14.7 millones de espectadores acudieron exclusivamente a ver películas mexicanas, constituyendo casi el 10 por ciento del público total que acudió a salas cinematográficas comerciales.

La producción cinematográfica nacional, además, es fuente generadora de empleos directos e indirectos de calidad y, desde luego, de ingresos tributarios para el Gobierno Federal. Baste citar como ejemplo que de 1998 a la fecha, en el proceso productivo fílmico, que comprende desde el financiamiento hasta la exhibición y venta al público de materiales cinematográficos, se han generado 296 millones de pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado.

Sin embargo, el éxito observado en la industria cinematográfica nacional en años recientes, no podría entenderse ni dimensionarse en su justo valor, sin la indispensable participación y apoyo de entidades tales como el Instituto Mexicano de Cinematografía, los Estudios Churubusco Azteca y el Centro de Capacitación Cinematográfica.

II. El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1983, cuyo objeto consiste en operar, de manera integrada, las diversas entidades relacionadas con la actividad cinematográfica pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal.

El Imcine es la entidad encargada de promover y coordinar la producción cinematográfica del sector público, orientada a garantizar la continuidad y la superación artística del cine mexicano. De 1995 a 2003 ha realizado 163 películas.

Las diversas acciones que realiza están orientadas a impulsar el desarrollo del cine mexicano, fortaleciendo los tres rubros básicos de la industria: la producción, la distribución-exhibición y la promoción y difusión cinematográficas, tanto en el plano nacional como extranjero.

El Imcine se propone impulsar la producción del cine mexicano de calidad, mediante mecanismos de cooperación entre los diversos sectores sociales, así como mejorar y ampliar las posibilidades de exhibición del cine mexicano de calidad, asumiéndolo como una expresión artística fundamental en la formación social y cultural de la población.

A partir de esta óptica, los objetivos del Imcine se han centrado fundamentalmente en promover y propiciar la producción de audiovisuales de calidad que ofrezcan a la población alternativas distintas; apoyar el desarrollo del cine mexicano e impulsar la difusión de los valores artísticos y culturales de nuestro país; fomentar el desarrollo de proyectos cinematográficos de calidad y difundir en el extranjero el cine mexicano de calidad.

III. Por su parte, los Estudios Churubusco Azteca fueron inaugurados en 1945, constituyéndose como un punto de encuentro para la creatividad cinematográfica. En 1950, el Gobierno Federal adquirió las acciones de los Estudios y éstos se fusionaron con los Estudios y Laboratorios Azteca, por lo que en ese año cambió su denominación por la de Estudios Churubusco Azteca, SA.

Actualmente, los Estudios Churubusco recaudan a través de sus servicios el sesenta por ciento de su presupuesto, que aproximadamente asciende a veinticinco millones de pesos. Su principal función es apoyar y fomentar la identidad cinematográfica de México.

Al menos el cincuenta por ciento de las cintas mexicanas filmadas en los últimos cinco años, cuya cifra se acerca a cien largometrajes, han utilizado alguno de los servicios con lo que cuentan los Estudios Churubusco; además de que también algunas producciones estadounidenses han utilizado foros o construido sets de grabación en los mismos.

Disponen de tecnología para filmar, revelar, editar y dar sonido a las cintas cinematográficas, a un costo más accesible para los productores nacionales, comparado con el que pagarían, por ejemplo, en Estados Unidos de América.

Han conseguido durante el presente año, un saldo a favor de tres millones de pesos, indicador importante en el sentido de que la empresa no se encuentra en alguna situación grave, toda vez que operan en números negros.

La importancia de los Estudios rebasa el carácter de simples foros para las producciones fílmicas o televisivas, ya que también se prestan diversos servicios de laboratorio y postproducción para diversas películas y escuelas de cine, como el propio Centro de Capacitación Cinematográfica. También han colaborado en la restauración de distintos materiales y en la recuperación de pistas sonoras de películas regrabadas en sus instalaciones, mediante la labor de digitalización de las pistas musicales incluidas en las películas, con lo cual se garantizó su preservación y la posibilidad de su reproducción.

IV. El Centro de Capacitación Cinematográfica se erige como una escuela de cine en el amplio sentido de la palabra, como un centro de actividad académica y de difusión cultural que vincula el cine y las demás manifestaciones y expresiones artísticas, con el propósito de apoyar el desarrollo y mejoramiento de la calidad de la producción cinematográfica nacional.

Desde su fundación, en 1975, ha estado vinculado con el Centro Internacional de Enlace de Escuelas de Cine y Televisión (CILECT) y con la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina (FEISAL).

Con 28 años de existencia, constituye una institución de la que han egresado importantes cineastas, toda vez que tiene como objetivo primordial la formación de cineastas de alto nivel profesional en las áreas técnicas y artísticas de cine-fotografía, producción, sonido, edición, guión y realización, en el marco de una concepción integral de quehacer y lenguaje cinematográficos. Por ello, cuenta con un nivel similar al de las mejores escuelas del mundo, y su prestigio y presencia en el medio cinematográfico se manifiestan en la cantidad de muestras y festivales nacionales e internacionales a los que sus producciones son invitadas a participar, tales como el Festival Internacional de Escuelas de Cine y el Encuentro Internacional de Documental. Sobre este aspecto, resalta el hecho que, desde su fundación, el Centro de Capacitación Cinematográfica ha obtenido 187 premios internacionales.

La calidad de la formación que imparte el Centro ha logrado garantizar que sus egresados se incorporen, como profesionales de alto nivel, a la industria cinematográfica y de producción audiovisual mexicana e internacional.

Así, el Centro participa activamente de la discusión sobre metodologías y herramientas para la enseñanza del cine, y se inserta en proyectos de investigación y producción que se generan en todo el mundo, no sólo para el beneficio de sus alumnos, sino para el de su planta docente.

De esta entidad han egresado más de veinte generaciones de cineastas que han ocupado destacados puestos en la producción nacional de cine y, en algunas ocasiones, con destacadas participaciones en producciones de otros países, cumpliendo así con los objetivos de su creación.

En promedio, anualmente produce un largometraje y 60 cortometrajes, además de 280 ejercicios fílmicos. Con recursos propios y con los apoyos recibidos por otras entidades gubernamentales y privadas, realiza una producción cinematográfica que implica una derrama económica de aproximadamente 18.5 millones de pesos.

Destacan entre sus proyectos más fructíferos para la industria cinematográfica nacional, el denominado Opera Prima, apoyado por el Imcine y del cual han surgido películas de reconocimiento nacional e internacional, como El secreto de Romelia, La mujer de Benjamín, Lolo, La orilla de la Tierra, y De ida y vuelta, entre otras. Este proyecto permite a los jóvenes realizadores, productores, guionistas y cinefotógrafos, producir su primer largometraje.

V. A pesar de la importancia manifiesta de las entidades que nos ocupan, el artículo segundo transitorio del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, remitido a esta Cámara de Diputados para los efectos de su examen, discusión y aprobación, establece en sus fracciones X, XI y XII que el Ejecutivo federal, con sujeción a las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento, iniciará el proceso de desincorporación que se determine entre las modalidades de disolución, liquidación, extinción, fusión o enajenación, según corresponda, del Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica, AC, y los Estudios Churubusco Azteca, SA.

VI. La desincorporación que se propone, que evidentemente representa la extinción de las entidades antes indicadas, no sólo afecta a los creadores, trabajadores y estudiantes del ramo de la cinematografía, sino a todo el pueblo mexicano, que impulsa el cine nacional y que es su destinatario final.

La cinematografía mexicana es una industria prioritaria, de orden público, como lo consigna la Ley Federal de Cinematografía, en cuyo artículo 14 se precisa que la producción cinematográfica nacional constituye una actividad de interés social, sin menoscabo de su carácter industrial y comercial, por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman.

Por ello, el Estado tiene el deber de fomentar el desarrollo de la industria cinematográfica, mediante el otorgamiento de apoyos e incentivos; luego entonces, la desincorporación de las entidades que se pretende, contraviene el espíritu de la norma, si se considera que tales instituciones son ejes centrales de apoyo a la producción cinematográfica nacional.

Es preciso fortalecer nuestras expresiones artísticas y dar a nuestra identidad nacional la fortaleza necesaria; en tal virtud, de retirarse el apoyo a la difusión y promoción de la industria cinematográfica nacional, se ocasionarán serias lesiones en el intercambio que, a través de ella, mantiene México con el resto del planeta.

No debe soslayarse la importancia que revisten las entidades que pretenden desincorporarse, pues con el pleno funcionamiento de los Estudios Churubusco y su articulación con los propósitos del Imcine y el Centro de Capacitación Cinematográfica, además de sus aportaciones a la industria fílmica nacional, se han sentado las bases para el crecimiento y consolidación del cine mexicano en los años por venir.

Por tal razón, además de la importancia de conservar tales entidades, deben buscarse mecanismos que permitan brindar mayores apoyos a la industria cinematográfica nacional, tomando como referencia, por ejemplo, la legislación argentina, en cuya Ley de Cine se contempla la existencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que funciona como ente autárquico que tiene a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo su territorio, y en el exterior, por cuanto se refiere a la cinematografía nacional; asimismo, existe la referencia a la legislación española, que contempla la existencia del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, constituido como un organismo que planifica las políticas de apoyo al sector cinematográfico y la producción, siendo sus objetivos básicos el fomento, preservación y conservación de la industria cinematográfica.

Por las razones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y la Comisión de Cultura solicitan al Pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Que esta H. Cámara de Diputados exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta asamblea a que no incluya la desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica, AC, y los Estudios Churubusco Azteca, SA, contenida en el artículo segundo transitorio, fracciones X, XI y XII, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 remitido por el titular del Ejecutivo federal, procediendo a suprimir de éste el precepto en cuestión, toda vez que tales entidades desempeñan funciones sustantivas en el fomento, promoción, difusión y apoyo a la producción y formación de cineastas, preservando así la identidad cinematográfica de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 19 de noviembre de 2003.--- Diputados de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía: Javier Orozco Gómez, Presidente (rúbrica); Lorenzo Miguel Lucero Palma, secretario (rúbrica); Marcela Guerra Castillo, secretaria (rúbrica); Manuel Gómez Morín Martínez del Río, secretario (rúbrica); Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, secretaria (rúbrica); Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carvajal (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Ady García López (rúbrica), Carlos Martín Jiménez Macías (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios, José Mario Wong Pérez, Julián Angulo Góngora (rúbrica), María del Carmen Escudero Fabre (rúbrica), Patricia Flores Fuentes (rúbrica), José Julio González Garza, José Julián Sacramento Garza (rúbrica), Norma Patricia Saucedo Moreno (rúbrica), Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Héctor Miguel Bautista López, Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Francisco Mora Ciprés, Oscar González Yáñez (rúbrica).--- Diputados de la Comisión de Cultura: Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo (rúbrica), Presidente; Paulo José Luis Tapia Palacios, secretario (rúbrica), Marbella Casanova Calam, secretaria; José Antonio Cabello Gil, secretario (rúbrica), Florencio Collazo Gómez, Abel Echeverría Pineda, Moisés Jiménez Sánchez, Evelia Sandoval Urbán, Blanca Esthela Gómez Carmona, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz, Bernardo Vega Carlos, Gustavo Moreno Ramos, María Viola Corella Manzanilla, Norberto Enrique Corella Torres, Patricia Flores Fuentes, María del Carmen Escudero Fabre, Blanca Eppen Canales, Bernardo Loera Carrillo, Germán Martínez Cázares, Carla Rochín Nieto (rúbrica), Pablo Antonio Villanueva Ramírez, María Elba Garfias Maldonado, Inti Muñoz Santini, Martha Lucía Mícher Camarena, María Marcela Lagarde y de los Ríos, Rafael Flores Mendoza, Leonardo Alvarez Romo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

---

MEXICANOS FALLECIDOS EN EL EXTRANJERO
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita integrar al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 y subsecuentes una partida especial destinada a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para cubrir el traslado de los mexicanos fallecidos en el extranjero a sus comunidades de origen.

El diputado Fernando Alberto García Cuevas:

Con su venia, señor Presidente:

Los que suscribimos, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y previo acuerdo tomado por unanimidad en la sesión de trabajo de fecha 14 de noviembre y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la propuesta que a continuación presentamos.

Las desigualdades sociales y económicas en las que nos encontramos los mexicanos en el país, debido en gran medida a la falta de oportunidades y de programas eficaces de Estado que se encuentren orientados al desarrollo económico de la sociedad y de sus familias, provoca la necesidad de que un gran número de mexicanos emigren en busca de mejores oportunidades de vida.

El fenómeno de la migración se encuentra enmarcado en dos vertientes; por un lado la de carácter legal y, por otro la ilegal, la cual sin lugar a dudas incluye a un gran sector de los mexicanos residentes en el extranjero lo que conlleva a que por tal condición a nuestros connacionales se les vea y trate de manera deplorable y en no pocos casos emigrante.

Nuestros connacionales al determinar internarse en otro país llevan consigo el propósito de encontrar un mejor futuro para ellos y para sus familias, lo que representa riesgos y costos al abandonar a sus seres queridos sin importar el sufrimiento que esto le signifique en aras de construir un mejor porvenir para ellos y sus familias.

Cuando por circunstancias del destino pierde la vida algún ser querido en el extranjero, los familiares y amigos se encuentran con la penosa realidad de carecer de todos los elementos necesarios para poder ser atendidos, ya que en la actualidad el costo del traslado de los restos mortales de Estados Unidos a México va de los 1 mil 500 a 5 mil dólares. Por consiguiente, al no disponerse de los recursos económicos suficientes por parte del Gobierno, se llevan a cabo las llamadas colectas entre paisanos a efecto de expresar su solidaridad y cubrir dichos gastos al no encontrar un apoyo institucional suficiente y digno para todos ellos.

Es de resaltar que solamente en la Unión Americana fallecen anualmente un promedio de 390 mexicanos que se encuentran en estas circunstancias; el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos establecen que en caso de fallecimiento de un connacional en el exterior, los familiares cercanos al occiso deberán reunir una serie de requisitos para la obtención del servicio sanitario y cubrir los gastos para la internación y traslado del familiar al territorio nacional.

Todo hasta el momento y una vez realizado el estudio socioeconómico, nos damos cuenta de lo insuficiente de los recursos para poder cubrir las necesidades de los servicios funerarios y traslado de nuestros connacionales, por lo cual es necesario incrementar el monto de los recursos asignados. Por lo tanto, necesitamos presentar ante ustedes, haciendo causa común con nuestros paisanos, haciendo causa común por México de aquellos que viven en el extranjero, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Por el que se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dentro del estudio y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación, del Ejercicio del Año 2004, se incorpore una partida especial de 100 millones de pesos destinados a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares dependiendo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para cubrir el costo del traslado de los mexicanos fallecidos en el extranjero, a sus comunidades de origen.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en subsecuentes proyectos de Presupuesto sea considerada dicha partida.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 19 días del mes de noviembre de 2003, los que firman al calce.

Es cuanto y muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 y subsecuentes una partida especial destinada a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de La Secretaría de Relaciones Exteriores para cubrir el traslado de los mexicanos fallecidos en el extranjero a sus comunidades de origen, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del PRI

C. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados; compañeras y compañeros legisladores.

El que suscribe, diputado federal, Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del estudio y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se incorpore una partida especial de 100 millones de pesos destinados a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para cubrir el traslado de los mexicanos fallecidos en el extranjero a sus comunidades de origen. De igual manera, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en subsecuentes proyectos de presupuestos sea considerada dicha partida, bajo el tenor de las siguientes

Consideraciones

Las desigualdades sociales y económicas en que nos encontramos los mexicanos en el país, debido en gran medida a la falta de oportunidades y de programas de Estado que se encuentren orientados al desarrollo económico de la sociedad y las familias, provoca la necesidad de que un gran número de mexicanos emigren en busca de mejores oportunidades de vida.

El fenómeno de la migración se encuentra enmarcado en dos vertientes: por un lado la de carácter legal, y por el otro, la ilegal, la cual sin lugar a dudas incluye a un gran sector de los mexicanos residentes en el extranjero, lo que conlleva a que, por tal condición, a nuestros connacionales se les vea y trate de manera deplorable y denigrante.

Nuestros connacionales, al determinar internarse en otro país, llevan consigo el propósito de encontrar un mejor futuro para ellos y su familia, lo que representa abandonar a sus seres queridos, sin importar el sufrimiento que esto signifique.

Cuando por circunstancias del destino pierde la vida algún ser querido en el extranjero, los familiares y amigos se encuentran con la penosa realidad de carecer de todos los elementos cercanos para poder ser atendidos, ya que en la actualidad el costo del traslado de los restos mortales de Estados Unidos a México va de los 1,500 a los 5,000 dólares. Por consiguiente, al no disponerse de los recursos económicos suficientes por parte del gobierno se llevan a cabo las llamadas colectas entre paisanos, para efecto de cubrir dichos gastos.

Es de resaltar que en los últimos años solamente en la Unión Americana fallecen un promedio de 390 mexicanos por diversas causas, resaltando la deshidratación entre las de mayor incidencia, no dejando de lado la pena de muerte que lastima e indigna.

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Organos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos, establece que en caso de fallecimiento de un connacional en el exterior, los familiares o personas cercanas al occiso deberán reunir una serie de requisitos para la obtención del permiso sanitario, mismo que es necesario para su internación y traslado al territorio nacional.

Estos documentos requieren de trámites y costos a sufragar que invariablemente corren por cuenta de los familiares o personas cercanas al occiso, aunado a la distancia, el idioma, el desconocimiento y la condición social, genera que dichos trámites se alarguen y, por consiguiente, se encarezca su costo.

Hasta el momento sólo se destinan a unas cuantas familias escasos recursos por parte de los consulados una vez realizado el estudio socioeconómico, pero por desgracia, aún y cuando se otorga dicho apoyo, no es suficiente para sufragar el costo de los trámites, autorizaciones, servicios funerarios y traslado de nuestros connacionales.

Para lo cual es necesario incrementar el monto de los recursos asignados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que de esta manera sean incorporados y beneficiados un mayor número de compatriotas en el extranjero. Cabe recordar que una de las funciones primordiales del Estado es proporcionar ayuda y salvaguarda de la seguridad e integridad de los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional.

Finalmente, por la importancia que reviste la situación anteriormente expuesta por la que atraviesan frecuentemente nuestros connacionales y como una medida de apoyo a todos aquellos que por alguna causa fallecen, convoco a las diputadas y los diputados de esta Quincuagésima Novena Legislatura a darle la espalda a la indiferencia ante tal realidad, no olvidemos que hay más de un millón de peticiones pendientes de regularización, y que cerca de un millar muere al año en sus intentos por alcanzar un nivel de vida que les permita satisfacer sus necesidades mínimas; hagamos causa común con nuestros paisanos que radican en el extranjero, hagamos causa común por México. Por ello y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Por el que se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, dentro del estudio y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, se incorpore una partida especial de 100 millones de pesos destinados a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para cubrir el traslado de los mexicanos fallecidos en el extranjero a sus comunidades de origen.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en subsecuentes proyectos de presupuestos sea considerada dicha partida.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 19 días del mes de noviembre de 2003.--- Dip. Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Gracias a usted diputado García Cuevas.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

---

POLICIA FISCAL FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene el uso de la palabra la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a las coordinaciones de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria, para que retiren los retenes y volantes que instala la Policía Fiscal Federal en los operativos realizados en las carreteras del estado de Nuevo León.

La diputada Marcela Guerra Castillo:

Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo el tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante el mes de noviembre de este año, se han estado instalando retenes y volantas, vulgarmente conocidas, en la autopista... en las autopistas por ejemplo de Reynosa, Monterrey, y en otras carreteras en los municipios de Nuevo León, como son China, Bravo y Serralvo.

Estas volantas funcionan 24 horas al día. Dichos retenes constantemente cambian de ubicación con objeto de sorprender a las personas que transitan por la zona bajo el argumento de revisar la mercancía presuntamente ilegal y su transportación.

Los retenes o volantas se integran por elementos de la Policía Fiscal Federal, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, así como de la Policía Federal Preventiva, quienes en abuso de sus consignas amedrentan a los ciudadanos mexicanos y paisanos que se desplazan en territorio nacional con sus vehículos legalizados o con vehículos también que cuentan con matrículas de Texas u otros estados de la Unión Americana, exigiéndoles a ellos una retribución monetaria sin importarles que tengan su documentación en regla.

La negativa a proporcionar tal retribución ocasiona que se les prive de su libertad hasta por 24 horas, sin fundamento legal alguno, situación que obliga a los conductores a acceder a sus demandas y exigencias ilícitas lo cual incentiva aún más el círculo de la corrupción.

Esta situación a todas luces inconstitucional violenta las garantías individuales y los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, así como la de nuestros paisanos; se transgrede con ello el artículo 11 constitucional que otorga a todo hombre el derecho de entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio.

Ante estos hechos no queda la menor duda que los cuerpos policiacos adscritos a los retenes en comento abusan de la autoridad con la que cuentan para realizar actos corruptos, contexto que se genera debido a la falta de regulación y certeza jurídica sobre retenes y volantas que en la mayoría de las ocasiones desembocan en lo siguiente: privación ilegal de la libertad, despojo, abuso de autoridad, violación a la seguridad jurídica, a la legalidad y al derecho de todo ciudadano, al respeto y dignidad inherente al ser humano, dejándolos en estado de indefensión, lo que atenta contra las disposiciones contenidas en los artículos 14, 16, 17, 8o., 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los anteriores sobre nuestra Constitución.

Tales hechos nos obligan a solicitar se retiren los retenes y volantas temporales que carecen de normatividad y certeza jurídica, que son excesivos en número y cuya multiplicación sólo genera corrupción y abuso de poder. Se propone solamente mantener las garitas permanentes que son legales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y por lo que la urgencia de esta situación amerita, someto a consideración del pleno el

Punto de Acuerdo

Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las coordinaciones de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y el Servicio de Administración Tributaria (SAT):

Primero. Para retirar los retenes y volantas temporales existentes en la autopista... autopistas antes mencionadas pero a solicitud de muchos diputados, que se retiren de todas las autopistas del norte de nuestro país, que colindan con Estados Unidos, por ser éstas completamente inconstitucionales.

Segundo. Vigilar el buen desempeño de los miembros de la Policía Fiscal Federal, con objeto de eliminar los focos de corrupción existentes.

Tercero. En caso de existir pruebas suficientes para señalar a presuntos elementos corruptos, integrantes de los retenes y volantas temporales, consignarlos a todos ellos ante las autoridades competentes aplicándose las sanciones que correspondan.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público y a las coordinaciones de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria para que retiren los retenes y volantas que instala la Policía Fiscal Federal en las operaciones realizadas en las carreteras del Estado de Nuevo León, debido a su ejercicio inconstitucional; a cargo de la diputada federal Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI.

La que suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada federal de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo el tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante el mes de noviembre del año en curso, se han estado instalando retenes y volantas en la autopista Reynosa-Monterrey y en las carreteras de los municipios de China, Bravo y Cerralvo del estado de Nuevo León, que funcionan las 24 horas del día. Dichos retenes constantemente cambian de ubicación con el objeto de sorprender a las personas que transitan tal zona bajo el argumento de revisar la transportación de mercancía ilegal.

Los retenes o volantas se integran por miembros de la Policía Fiscal Federal, dependiente del SAT, y por miembros de la Policía Federal Preventiva, quienes en abuso de sus consignas, amedrentan a las personas y paisanos que se desplazan en territorio nacional con vehículos legalizados o con vehículos que cuentan con matrículas de Texas, exigiéndoles una retribución monetaria, sin importarles que tengan su documentación en regla; la negativa a proporcionar tal retribución, ocasiona que se les prive de su libertad hasta por 24 horas, sin fundamento legal alguno, situación que obliga a los conductores a acceder a sus demandas y exigencias ilícitas, lo cual incentivan aún más el círculo de la corrupción.

Esta situación, a todas luces inconstitucional, violenta las garantías individuales y los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, así como los de nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera, socavando el Estado de derecho que debe imperar en cualquier sociedad.

Se transgrede con ello el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a todo hombre el derecho de entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar su residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo conducto u otros requisitos semejantes.

Ante estos hechos no queda la menor duda que los cuerpos policíacos adscritos a los retenes en comento abusen de la autoridad con que cuentan para realizar actos corruptos, contexto que se genera debido a la falta de regulación específica sobre retenes y volantas, que en la mayoría de las ocasiones desembocan en lo siguiente: privación ilegal de la libertad, despojo, abuso de autoridad, violación a la seguridad jurídica, a la legalidad y al derecho de todo ciudadano al respeto y dignidad inherente al ser humano dejándolos en estado de indefensión, lo que atenta contra las disposiciones contenidas en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 85 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los relativos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocidos como ley suprema de toda la Unión en términos del artículo 133 de la Constitución General de la República. Violentando los principios de honradez, imparcialidad, lealtad, eficiencia y legalidad, con los que deben conducirse las autoridades en el desempeño de sus funciones.

Tales hechos nos obligan a solicitar se retiren los retenes y volantas temporales, que carecen de normatividad y certeza jurídica, que son excesivos en número y cuya multiplicación sólo genera corrupción y abuso de poder. Se propone mantener sólo las garitas permanentes legales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y por la urgencia que esta situación amerita, someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las coordinaciones de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributarla (SAT) a:

Primero: Retirar los retenes y volantas temporales existentes en la autopista Reynosa-Monterrey y demás carreteras de los municipios de China, Bravo y Cerralvo del estado de Nuevo León, para evitar la creciente ola de corrupción, así como detenciones arbitrarias y contrarias a la ley.

Segundo: Vigilar el buen desempeño de los miembros de la Policía Fiscal Federal, con el objeto de eliminar los focos de corrupción existentes en la autopista Reynosa-Monterrey y demás carreteras de los municipios de China, Bravo y Cerralvo del estado de Nuevo León.

Tercero: En caso de existir pruebas suficientes para señalar a presuntos elementos corruptos integrantes de los retenes y volantas temporales, consignarlos ante las autoridades competentes, aplicándose las sanciones que dicha situación amerite.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a 18 de noviembre de 2003.--- Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Norma Patricia Saucedo Moreno, Javier Orozco Gómez, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Carlos Flores Rico, Humberto Cervantes Vega, Alfonso Rodríguez Ochoa, Fernando Ulises Adame de León, María de Jesús Aguirre Maldonado, Jorge Luis Hinojosa Moreno, Blanca Judith Díaz Delgado, Juan Carlos Pérez Góngora, Lázaro Arias Martínez, Manuel Velasco Coello, Alejandra Méndez Solario, Leticia Gutiérrez Corona, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Evelia Sandoval Urbán, Ady García López, Emilio Serrano Jiménez, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, Alfonso González Ruiz, Federico Döring Casar, Pedro Vázquez González, Juan Fernando Perdomo Bueno, Jesús Porfirio González Schmal, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Alfonso Nava.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, diputada Marcela Guerra Castillo.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

---

PALENQUE, CHIAPAS
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo a fin de que en el próximo Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2004, se consideren recursos para la ampliación del aeropuerto de Palenque, Chiapas.

El diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles:

Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Adelante, diputado Utrilla.

El diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles:

Compañeras y compañeros diputados:

El suscrito, diputado federal Jorge Baldemar Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo a fin de que en el próximo Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004, se consideren recursos para la ampliación del aeropuerto de Palenque en el estado de Chiapas, bajo las siguientes

Consideraciones

La zona norte de Chiapas, en especial Palenque se encuentra insuficientemente comunicada con todo el corredor turístico del mundo Maya, por carecer de una infraestructura aeroportuaria de relevancia, aun considerándosele la puerta principal de la ruta Maya, integrada por los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Chiapas en el territorio nacional, Bélice, El Salvador, Guatemala y Honduras de impacto internacional.

Sin embargo, Palenque es sólo un punto más a recorrer en el circuito de la ruta Maya, en virtud de no tener la capacidad de ser entrada y salida de vuelos nacionales e internacionales, en consecuencia no se consolida este circuito turístico.

El territorio en el cual se circunscribe la ruta Maya en nuestro país abarca una superficie de 240 mil kilómetros cuadrados, donde el turismo nacional e internacional es sumamente apreciado por la derrama de divisas que genera constantemente, pero al carecer en la zona norte-selva de infraestructura de comunicación apropiada para el servicio de esta industria, el turismo, en lugar de estacionarse de manera más tranquila, disfrutando de la arqueología y de las bellezas naturales, lo hace de forma simple y llanamente pasajera.

Cuando se habla de Palenque nos situamos en un eje de desarrollo y de comunicación para una amplia población que en un alto porcentaje son mayas, choles, chontales, lacandones, mames, tojolabales, tzotziles, tzeltales y zoquez.

Así también, lo situamos como eje concentrador de las actividades económicas de 12 municipios de la región de tres diferentes estados de la República: Palenque, Benemérito de las Américas, Salto de Agua, Tumbalá, Ocosingo, La Libertad y Catazajá del estado de Chiapas; Emiliano Zapata, Balankán, Jonuta y Tenosique, del estado de Tabasco; Palisada y Escárcega, de Campeche.

La ausencia de un aeropuerto internacional en Palenque Chiapas, se traduce como una marginación de este amplio entorno ecológico natural y cultural, que incluye la cuenca del Usumacinta, Bonampak, Tikal, la selva del Petén y sin número de espacios susceptibles al ecoturismo. Debemos recordar que esta zona es la cuarta región del mundo con mayor biodiversidad.

Además, se priva del derecho al desarrollo sustentable a las comunidades indígenas originarias por la carencia del impulso sostenido, progresivo y adecuado del desarrollo turístico, sobre todo en servicios, con respecto de las demás zonas de este corredor del mundo Maya y del resto del país.

La ampliación del aeropuerto en Palenque, permitirá impulsar el desarrollo de programas ecoturísticos a partir de las comunidades indígenas sin necesidad de grandes inversiones, pero sí potencializando los recursos destinados a las zonas marginadas de la región. Con ello, este proyecto se convierte en una inversión de alta rentabilidad social, porque reactiva la economía de la región y permite a los grupos y organizaciones aspirar a un ingreso elemental de sustento familiar.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, se considere dentro del presupuesto la ampliación del aeropuerto de Palenque, Chiapas.

Esta proposición va respaldada con la firma de 52 compañeras y compañeros diputados de las diversas fracciones parlamentarias.

Solicito señor Presidente, se registre esta proposición en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2004 se consideren recursos para la ampliación del aeropuerto de Palenque, Chiapas, a cargo del diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, Jorge Baldemar Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el próximo Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2004 se consideren recursos para la ampliación del aeropuerto de Palenque, Chiapas, bajo las consideraciones siguientes

Consideraciones

La zona norte de Chiapas, en especial Palenque, se encuentra insuficientemente comunicada con todo el corredor turístico del ``mundo maya'', pues carece de infraestructura aeroportuaria de relevancia, pese a que se le considera la puerta principal de la ``ruta maya'', integrada por los estados Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Chiapas, en el territorio nacional, así como por y Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Sin embargo, Palenque es sólo un punto más por recorrer en el circuito de la ``ruta maya'', en virtud de que no tiene la capacidad de ser entrada y salida de vuelos nacionales e internacionales, En consecuencia, no se consolida como la puerta de entrada y de salida de este circuito turístico.

El territorio en que se circunscribe la ``ruta maya'' en el país abarca una superficie de 240 mil kilómetros cuadrados, donde el turismo nacional y el internacional es apreciado por la derrama de divisas que generan constantemente, por carecer en la zona norte de infraestructura de comunicación apropiada para el servicio de esta industria, el turismo, en lugar de estacionarse de manera más tranquila disfrutando de la arqueología y de la naturaleza, lo hace de forma pasajera.

Cuando se habla de Palenque, nos situamos en un eje de desarrollo y de comunicación para una amplia población, de la que 20% son: mayas, choles, chontales, lacandones, mames, tojolabales, tzotziles, tzeltales y zoques. Así también lo situamos como eje concentrador de las actividades económicas de 12 municipios de la región, de tres diferentes estados de la República: Palenque, Benemérito de las Américas, Salto de Agua, Tumbalá, Ocosingo, Libertad y Catazajá, en Chiapas; Emiliano Zapata, Balancan, Jonuta y Tenosique, en Tabasco; y Palisada y Escárcega, en Campeche.

La ausencia de un aeropuerto internacional en Palenque, Chiapas, se traduce en marginación de tan amplio entorno ecológico, natural y cultural, que incluye la cuenca del Usumacinta, Bonampak, Tikal, la selva del Petén y un sinnúmero de espacios susceptibles al ecoturismo. Debemos recordar que la zona es la cuarta región del mundo con mayor biodiversidad.

Además, se priva del derecho al desarrollo sustentable a las comunidades indígenas originarias por la carencia del impulso sostenido, progresivo y adecuado del desarrollo turístico, sobre todo en servicios, respecto a las demás zonas de ese corredor del ``mundo maya'' y del resto del país.

La ampliación del aeropuerto de Palenque permitirá impulsar el desarrollo de programas ecoturísticos a partir de las comunidades indígenas, sin necesidad de grandes inversiones, pero sí potenciando los recursos destinados a las zonas marginadas de la región.

Con ello, el proyecto se convierte en una inversión de gran rentabilidad social, pues reactiva la economía de la región y permite a grupos y organizaciones aspirar a un ingreso elemental de sustento familiar.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el marco del análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, se considere en el Presupuesto la ampliación del aeropuerto de Palenque, Chiapas.

Diputados: Jorge Baldemar Utrilla Robles, Carlos Osvaldo Pano Becera, María Elena Orantes López, Juan Antonio Gordillo Reyes, Julián Nazar Morales, Florencio Collazo Gómez, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Francisco Grajales Palacios, Mario Carlos Culebro Velasco, Belisario Iram Herrera Solís, César Amín González Orantes, Sonia Rincón Chanona, Sami David David, Jorge Baldemar Utrilla Robles, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Campos Eugenio Mier y Concha, Angel Augusto Buendía Tirado, Luis Felipe Madrigal Hernández, Francisco Herrera León, Oscar Rodríguez Cabrera, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Enrique Ariel Escalante Arceo, David Hernández Pérez, María Sara Rocha Medina, Emilio Zebadua González, José Manuel Carrillo Rubio, Carlos Flores Rico, Wintilo Vega Murtillo, Juan Manuel Dávalos Padilla, Alejandro Saldaña Villaseñor, Carlos Blackaller Ayala; Manuel Velasco; Federico Döring Casar; Cuauhtémoc Ochoa Fernández; Alejandro Agundis Arias; Fernando Espino Arévalo, Janette Ovando Reazola, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Lucio Galileo Lastra Marín, Víctor Alcerreca Sánchez, Roger David Alcocer García, Ángel Paulino Canul Pacab, Ivonne Ortega Pacheco, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jorge Ortiz Alvarado, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, José Porfirio Alarcón Hernández, Gonzalo Alemán Migliolo, Jesús Antonio Nader Nasrallah (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Se obsequia la petición del diputado en cuanto a las publicaciones a las que hace referencia.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

---

REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Se ruega a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Sí, señor Presidente.

¿Falta algún diputado o diputada por registrar asistencia?

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 446 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico por favor.

Perdón. ¿De viva voz? ¿Aparece su nombre, señor diputado? ¿Qué número de curul tiene?

El diputado José Rangel Espinosa (desde su curul):

El 387. Presente.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Tomado en cuenta, señor diputado.

Señor Presidente, hay una asistencia de 447 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico y quien hasta el momento no ha registrado su asistencia, dispone de 30 minutos, para realizarlo por cédula.

Muchas gracias.

---

COMISION NACIONAL DE LAS ZONAS ARIDAS
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no desincorpore a la Comisión Nacional de las Zonas Aridas del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

He pedido la palabra para compartir con ustedes la justificada reacción de diversos sectores de la sociedad mexicana que perciben, en el paquete económico del gobierno, una grave determinación, al dispersar los fines y debilitar el patrimonio de instituciones públicas que tienen una razón histórica y una responsabilidad social en el desarrollo del país.

Por diversos medios se ha discutido la arbitrariedad de esa desafortunada decisión del Gobierno de la República. Se ha reclamado el abandono o desapego oficial respecto a compromisos de Estado que inciden en la producción, la investigación y la tecnología del sector agropecuario, al desdeñar activos de la nación -como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo, el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural o el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua-, olvidando quizá que comer es primero y que no hay dependencia más dramática que la alimentaria.

Se ha escuchado también la denuncia de mexicanos alarmados por el riesgo en que se halla la cultura, nuestro principal patrimonio común, nuestro rasgo de identidad frente al mundo.

Vengo a esta tribuna a solidarizarme con esas legítimas y justas protestas. Pero también a hablar por quienes no lo han hecho porque no tienen la organización ni la información para hacerlo, por ser los más débiles entre los vulnerables; los pobres entre los pobres que sienten la pobreza como una maldición, los mexicanos que sobreviven en el desierto y en las zonas áridas.

Me refiero a los 10 millones de mexicanos recolectores de la candelilla, de la lechuguilla, del cortadillo y del orégano, buscadores de víboras, los que se alimentan con ratas del desierto, los modestos gamusinos, los humildes tejedores de palma, todos los que buscan que la sociedad no los olvide, aunque no los escuche, los que no podrán pagar desplegados para defender la existencia de la única mano que busca apoyar su supervivencia y que los vincula con el resto del país: la Comisión Nacional de las Zonas Aridas (Conaza).

Las zonas áridas de México son un problema preocupante, no sólo por los miles de caseríos que ahí se asientan sino por lo que anuncia para el futuro. Más de 56 por ciento del territorio nacional corresponde ya a ``zonas deterioradas'', pues la desertización avanza en forma infrenable, creando una crisis ecológica que es preciso atender.

El asunto es muy complejo, pero hasta hoy la respuesta a su problemática ha sido muy marginal y a menudo degenera en simples campañas propagandísticas.

Por eso, hoy más que nunca es esencial otorgar más atención a las zonas áridas, tanto por razones sociales como por el hecho de que las zonas áridas todavía guardan considerables recursos, que bien explotados podrían desempeñar una función económica importante, al mismo tiempo que otra función ecológica, de recuperación de espacios, de otro modo continuaría deteriorándose.

La Conaza aparece, por la naturaleza de los objetivos que persigue, como una institución de primordial importancia para México porque no es una simple institución de asistencia a esas poblaciones marginadas, que ya bastaría para justificarla, sino como un posible instrumento de recuperación de enormes espacios geográficos vitales para el país.

Por esas razones, no debemos permitir que se minimice esa institución. Al contrario, nuestro mandato y nuestras más elementales convicciones de justicia y equidad nos obligan a rechazar y revertir el inaceptable propósito gubernamental, y convertirlo en una acción de fortalecimiento y relanzamiento de la Conaza en la medida y a la altura que exige el universo social a que sirve.

Por todo lo anterior, me permito proponer a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Instruir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que desestime cualquier intento de desincorporar la Comisión Nacional de las Zonas Aridas y, por el contrario, de manera preferente le asigne los recursos necesarios para ampliar sus actividades y programas en favor de las familias y de las zonas áridas bajo su jurisdicción, incluidos los que necesite para ampliar su cobertura hacia otras zonas del país que, con urgencia, aún no cuentan con sus servicios.

Solicitar a la comisión citada el mismo trato preferente para las demás instituciones amenazadas de desincorporación, con especial atención de las que sirven los intereses campesinos y populares.

Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica).

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Gracias, diputado Ramírez Pineda.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

---

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Baja California para que intervengan de manera urgente para solucionar la problemática que vive el puerto de San Felipe, por la falta de instalaciones adecuadas para desarrollar sus actividades pesqueras y turísticas.

El diputado Raúl Pompa Victoria:

Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:

El diputado Raúl Pompa Victoria, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país privilegiado por su ubicación geográfica. Además de contar con una gran extensión territorial, se encuentra entre los dos océanos más grandes del planeta, situación que le facilita tener acceso a una alimentación basada en fauna marina rica en nutrientes; da empleo a un número importante de familias e incrementa las relaciones directas económicas, políticas y culturales con otros países.

Sin embargo, las autoridades federales y locales correspondientes no han sabido valorar la importancia que representan estas ventajas.

En Baja California, San Felipe, está ubicado en la parte más septentrional del Golfo de California, donde inicia al norte el proyecto de la Escalera Náutica, ubicación estratégica para captar turismo norteamericano y para actividades pesqueras, pues ahí se cuenta con flora y fauna marina única en el mundo, además de bellezas naturales, como es el caso de los zahuaros, cactus gigantes del desierto, también espacio exclusivo de esa zona.

La actividad pesquera y turística en San Felipe, Baja California, requiere de infraestructura adecuada para lograr darle un gran impulso económico.

No obstante, con la crítica situación y la falta de inversión oficial, se ha hundido la economía local y los vastos litorales de Baja California no son aprovechados.

En San Felipe, Baja California, se carece de instalaciones adecuadas para resguardar las pangas de los pescadores y de un embarcadero apropiado, que dé certidumbre a esa actividad.

Muchos de los trabajadores que han sido afectados por la indiferencia de las autoridades federales y estatales, se han convertido en indocumentados en la Unión Americana, otros se dedican al comercio informal u otras actividades para simplemente subsistir, pues se han truncado todos los anhelos y esfuerzos de una vida dedicada a las actividades que son la vocación natural de este puerto.

Por lo expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Uno.- Incluir en el Presupuesto de Egresos para el 2004 la propuesta de construcción en el área del Cerro del Machorro, de una zona de protección y embarcadero para las actividades de los pescadores de San Felipe, Baja California, para lo cual ya existe un proyecto en manos de diversas instancias de gobierno, la cual beneficiaría de manera directa la economía de por lo menos 500 familias de esa zona

Dos.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al gobierno del estado de Baja California, a construir durante el año 2004 marinas turísticas en el puerto de San Felipe, Baja California.

Tres.- Que se construya la carretera de cuatro carriles desde Mexicali al puerto de San Felipe, Baja California, lo que impulsará el desarrollo turístico, comercial y pesquero de esta región, facilitando el acceso de turistas de varios estados de la Unión Americana, así como el desplazamiento del producto marítimo.

Solicito a la Presidencia de esta Cámara, que este punto de acuerdo sea turnado a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Comunicaciones, Pesca, Transportes, Turismo y comuníquese al Ejecutivo Federal.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro.--- México, DF, a 19 de noviembre de 2003.--- Dip. Raúl Pompa Victoria (rúbrica).

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, diputado.

Túrnese a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Transportes y de Turismo.

---

FRONTERA NORTE
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que a la brevedad posible ordene una exhaustiva investigación sobre la prórroga de la concesión otorgada a la empresa Promofront, Sociedad Anónima de Capital Variable, en relación al puente internacional Zaragoza-Ysleta.

El diputado Ramón Galindo Noriega:

Con su permiso, señor Presidente; honorables diputadas y diputados:

Desde hace ya muchos años las localidades de nuestro país, tanto estados como municipios, encabezan una lucha que busca promover su derecho a decidir sobre sí mismos, reclaman al poder central que se les permitan los espacios de libertad para el diseño de su propio futuro.

El asunto que me trae a la tribuna el día de hoy, tiene qué ver con este concepto municipalista; deseo compartirlo con ustedes y pedir su apoyo en su momento.

En el municipio de Juárez, en el estado de Chihuahua, entre otros, existe un puente internacional que une a las poblaciones de Zaragoza en México con Ysleta en Estados Unidos, después del proceso de licitación para la construcción y operación de este puente, finalmente en 1989 se dio inicio a su explotación por la empresa ganadora, una empresa constructora de la Ciudad de México denominada Promofront, SA de CV.

Otra de las compañías participantes presentó la propuesta de explotación del puente por un total de 14 años; sin embargo, Promofron propuso sólo un lapso de cinco años, razón por la cual fue seleccionada, supuestamente.

Cuatro años después, en 1993, un año antes del vencimiento de la concesión, la empresa solicitó y sospechosamente se le concedió una extensión de 25 años, que sumados a los cuatro de operación ampliaba la concesión original de cinco a casi 29 años.

Cabe mencionar que esta ampliación se da en términos muy rápidos, sin verificar la razón de la solicitud, sin consultar al gobierno municipal, y muy grave, cinco días antes de que entrara en vigor la normatividad para concesiones de este tipo, que establece que las mismas no podrán exceder del lapso originalmente convenido: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, artículo 6º.

A este momento la empresa privada en mención, ha explotado el puente Zaragoza durante más de 14 años, un tiempo mucho mayor que alguna de las propuestas originales.

Damas y caballeros, quizá no debamos afirmar que este hecho haya sido un acto de corrupción o una componenda de parte del Gobierno Federal de ese momento con la empresa privada, sin embargo, si puedo afirmar que este lucrativo negocio, hecho a espaldas del gobierno municipal, no está generando ningún ingreso tributario a las autoridades locales ni al Gobierno Federal.

Por el contrario, si el Gobierno Federal hubiera ya recuperado las instalaciones de ese puente, un 25% de los ingresos estuvieran siendo asignados para obras municipales y otro 25% para obras estatales, de acuerdo al artículo 9º. de la Ley de Coordinación Fiscal.

A 10 años de aquella dudosa ampliación de concesión, se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que revise cuidadosamente los términos en que se dio la prórroga y en su momento se dicten las medidas que se estimen pertinentes, para que la Federación o el municipio, en acuerdo con el Gobierno Federal, asuma la administración del puente internacional Zaragoza-Ysleta.

Dentro de muy poco tiempo dará inicio el gran esfuerzo nacional de la Convención Nacional Hacendaria, que pretende redefinir la correlación de responsabilidades públicas, buscando en todo momento fortalecer a las comunidades.

Deberá quedar claro entonces, como debe quedar claro hoy, que los municipios no son el último eslabón de la cadena de gobierno y que cualquier intención pública de los otros órdenes en las localidades, deberá contar con la aprobación de los ciudadanos a través de su gobierno local.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdos

Primero. Para que se haga un atento pero urgente exhorto al ciudadano Pedro Cerisola Weber, Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que a la brevedad posible, ordene una exhaustiva investigación sobre la prórroga de la concesión otorgada a la empresa Promofront, SA de CV, en relación al puente internacional Zaragoza-Ysleta.

Segundo. Se le fije un plazo prudente al señor Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que rinda el informe respectivo y en su caso inicie el procedimiento de revocación.

Esta solicitud la presentamos los diputados de Juárez, además de un servidor, la diputada Nora Yu, el diputado Miguel Lucero Palma y la diputada María Avila.

Es todo diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Secretario de Comunicaciones y Transportes a que con la mayor brevedad ordene una investigación exhaustiva sobre la prorroga de la concesión otorgada a la empresa Promofront, SA de CV, en relación con el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta, presentada por el diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN.

El suscrito, diputado a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición para que el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) ordene con la mayor brevedad una investigación sobre la prórroga de la concesión otorgada a la empresa Promofront, SA de CV, en relación con el puente internacional Zaragoza-Ysleta, conforme a las siguientes

Consideraciones

I. Como ciudadano originario de Chihuahua, consciente de la problemática económica que sufre no sólo ese estado sino todos los de la República, tengo especial interés en que se revise, por parte de la SCT, la concesión otorgada a la empresa Promofront, SA de CV, que goza, mediante prórroga al título otorgado el 27 de julio de 1989 para la construcción, explotación y conservación del puente internacional Zaragoza-Ysleta, perteneciente al municipio de Juárez, en los límites entre Chihuahua y Texas, por lo que respecta a la parte mexicana, del derecho a su explotación comercial.

II. Como antecedentes, podemos citar los siguientes:

1. El 27 de julio de 1989 se firmó el título de concesión que otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, mediante su entonces titular, licenciado Andrés Caso Lombardo, para la explotación y conservación de la parte mexicana del puente internacional que comunicaría las poblaciones fronterizas de Zaragoza, municipio de Juárez, Chihuahua, e Ysleta, municipio de Texas.

2. En la condición sexta del título de concesión indicada se estipuló que, si por alguna causa imputable al Gobierno Federal, por causa de fuerza mayor o hecho fortuito la concesionaria se viera impedida para ejecutar puntualmente el programa de obras contenidas en el anexo respectivo, la SCT compensaría a la concesionaria por el tiempo perdido, mediante la ampliación del plazo por el cual se otorgó esta concesión, previo análisis que realizara la propia secretaría y determinara precisa y fundamentalmente el perjuicio que se hubiese causado a la concesionaria y de acuerdo con el procedimiento que se ventilara ante las propias autoridades.

3. En la mencionada condición sexta se estableció lo siguiente: ``En caso de que la proyección del tránsito previstas resultare inferior al llevarse a cabo la operación de la parte mexicana del puente internacional, la concesionaria tendrá derecho a solicitar una prórroga que, a juicio de la Secretaría, proceda para obtener la total recuperación de la inversión efectuada. Para tal efecto, tendrá que presentar los estudios correspondientes con un año de anticipación a la fecha de vencimiento de la concesión. En caso contrario, la Secretaría podrá convenir con la concesionaria la terminación anticipada de la concesión''.

4. Además, la condición décima del título de concesión estableció que el plazo de vigencia de ésta sería de cinco años y cuatro meses, contados a partir de la fecha de su otorgamiento (27 de julio de 1989); y que, una vez vencido dicho plazo, los bienes afectados a la explotación de la parte mexicana del puente internacional se revertirán en favor del Gobierno Federal en buen estado y libres de todo gravamen.

5. Con fecha 17 de diciembre de 1993, en la Ciudad de México, el secretario de Comunicaciones y Transportes de aquella fecha, Emilio Gamboa Patrón, y el ciudadano Luis Gutiérrez Burgos, representante legal de la empresa Promofront, SA de CV, firmaron modificaciones del título otorgado. En tal documento se expresa, entre otras cosas, que la vialidad que comunica el puente en materia de concesión es un obstáculo para la fluidez del tránsito a que es susceptible la vía concesionada y que el presidente municipal de Juárez requirió a la concesionaria para que promoviera ante la SCT a efecto de que le autorizara la construcción del tramo denominado ``Boulevard Juárez-Porvenir'', en los términos de lo dispuesto en la condición quinta del título de concesión.

La empresa Promofront solicitó dicha extensión para que la concesión durara 25 años con tres meses, contados a partir del 1 de enero de 1993. Así, la SCT modificó el título de concesión otorgando a la concesionaria la prórroga solicitada.

6. Originalmente se estipuló, como principio fundamental para la solicitud de la ampliación del término de la concesión, que las proyecciones de tránsito no se hayan dado por causas imputables al Gobierno Federal, caso fortuito o fuerza mayor.

7. Es el caso que no existe el requerimiento establecido en la condición sexta del título de concesión, que indica que la SCT debe hacer un análisis y determinación precisa y fundada del perjuicio que se haya causado a la concesionaria.

8. Más aún, conforme al pliego general del concurso y al propio título de concesión, como se ha indicado, se estipuló que en caso de que la proyección de tránsito no fuera la originalmente prevista, podría prorrogarse la de concesión hasta el tiempo razonable para que el concesionario recuperara su inversión. En la especie, este plazo no es en lo absoluto razonable por cuanto excede con mucho el originariamente previsto; de hecho, casi lo sextuplica, lo que a todas luces constituye un exceso. Tan válida es la última afirmación, que la nueva Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece, en su artículo 6 que las prórrogas de las concesiones sólo podrán ser hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, pues es lógico que una prórroga no puede ser mayor que el plazo de que deriva.

9. Atendiendo a que el convenio modificatorio del título de concesión pasó de los cinco años con cuatro meses estipulado originalmente a un nuevo de 28 años con ocho meses, resulta por demás evidente que la ampliación es desmedida y no atiende al espíritu de las disposiciones del título de concesión.

10. A 10 años de aquella operación, que no dudamos en calificar de irregular, estamos pidiendo a la autoridad competente que revise los términos y las condiciones en que fue aprobada dicha prórroga y, en su oportunidad, se dicten las medidas que se estimen pertinentes para que la Federación asuma, con la mayor brevedad, la operación del puente internacional Zaragoza-Ysleta.

III. La petición anterior halla sustento en la consideración de que, con la prórroga referida, se trasladó a 28 años con ocho meses la posibilidad de que la Federación asuma la operación y explotación directa del puente internacional Zaragoza-Ysleta -con la consiguiente propiedad de las instalaciones-, situación que constituye una clara afectación al interés público, ya que del total de los ingresos federales obtenidos por el pago en el cruce de los puentes internacionales, los recursos económicos generados por la prestación de este servicio público tienen como finalidad, entre otras, ser asignados a los erarios locales en la proporción y los términos que fija la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de que los municipios en que se encuentran los puentes internacionales puedan convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en los municipios donde se sitúen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión.

Ese ingreso reviste importancia fundamental para el municipio de Juárez, por lo cual es de sumo interés que la explotación del servicio público otorgado en el puente internacional Zaragoza-Ysleta se efectúe directamente por la Federación, con la consiguiente derrama económica en favor de este último.

En resumen: si la pretensión original de concesionar la explotación del inmueble referido fue permitir a la concesionaria la recuperación de su inversión y, eventualmente, un beneficio económico; y si las hipótesis consideradas causas de extensión del plazo se delimitaron en forma expresa, es lógico concluir que sólo en esos casos y previa acreditación de las circunstancias específicas podrá haber lugar a una prórroga, lo que en la especie no acontece.

Todo lo planteado constituye un menoscabo al erario de la Federación, pero no omito mencionar que la convocatoria donde se concursó el puente referido estableció como plazo máximo para la explotación de éste 20 años, lo que en la especie supone también menoscabo y una burla por parte de las autoridades a los otros participantes del concurso, los que honestamente presentaron su propuesta.

IV. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. soberanía proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Para que se formule un atento pero urgente exhorto al ciudadano Pedro Cerisola y Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, a que con la mayor brevedad ordene una exhausta investigación sobre la prórroga de la concesión otorgada a la empresa Promofront, SA de CV, en relación con el puente internacional Zaragoza-Ysleta.

Segundo. Se fije un plazo prudente al secretario de Comunicaciones y Transportes para que rinda el informe respectivo y, en su caso, inicie el procedimiento de revocación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de noviembre de 2003.--- Diputados: Ramón Galindo Noriega, Nora Elena Yu Hernández, María Avila Serna (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias diputado Ramón Galindo.

Túrnese a la Comisión de Transportes.

---

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado Juan José García Ochoa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la VIII Reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio para las Negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas, ALCA, a celebrarse del 19 al 21 de noviembre de 2003, en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.

El diputado Juan José García Ochoa:

Muchas gracias, señor Presidente:

Los próximos días 19 y 21 de noviembre se darán cita en la ciudad de Miami, Estados Unidos, los ministros de comercio de 34 naciones participantes para continuar con el proceso de negociación del ALCA iniciado en 1994.

Existe la percepción de la sociedad de América Latina, de que el ALCA está siendo negociado en secreto por los gobiernos, que la ciudadanía está siendo excluida y que su opinión no se está tomando en cuenta respecto de lo que se está negociando.

Se insiste que en este proceso sólo han participado los representantes de Poderes Ejecutivos y los empresarios influyentes de la región, de la misma manera un creciente conjunto de grupos y organizaciones independientes de la sociedad civil, han planteado una serie de observaciones y críticas al proceso de negociación y al contenido mismo del ALCA.

Los puntos más sensibles que han planteado es que el acuerdo profundizará la crisis del campo mexicano que deteriorará aún más los derechos laborales y las condiciones de trabajo que llevará a la quiebra a las pequeñas y medianas industrias nacionales; que aumentará la degradación ambiental y la privatización de los recursos naturales; que fomentará la privatización de los servicios públicos; que establecerá derechos privilegiados a las grandes compañías extranjeras y que no garantizará los derechos económicos y sociales de los pueblos, ni la autonomía de las comunidades indígenas.

Hay una creciente incertidumbre también en el futuro mismo de los acuerdos comerciales, sobre todo a partir del fracaso de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio que se celebró en Cancún.

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que deberán de excluirse en el arreglo asuntos sensibles para otras naciones del continente, como la reducción de los subsidios a los productos agropecuarios.

Por otro lado, Brasil también ha pedido excluir otros temas como nuevas normas para la protección de la propiedad intelectual, compras gubernamentales, inversión extranjera en el hemisferio. Y todo esto ha provocado una enorme incertidumbre sobre los resultados del ALCA.

Por otro lado, el gobierno mexicano firmó en el Acuerdo Nacional para el Campo con las principales organizaciones campesinas, el compromiso de que iba a buscar la supresión inmediata de los subsidios a la exportación y todo tipo de barreras técnicas al comercio, de los productos agrícolas extranjeros y mexicanos hacia Estados Unidos que distorsionan el comercio.

Frente a esto también la Conferencia Parlamentaria para las Américas, ha incluido resoluciones para incluir a los parlamentarios en las resoluciones y en las discusiones sobre el ALCA. Lo mismo ha hecho la red parlamentaria internacional, ambas en las cuales participan legisladores de fracciones parlamentarias representadas en este Congreso.

Por lo tanto solicitamos sea aprobado, y le solicitamos a la Presidencia que lo haga de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que el gobierno mexicano y sus representantes en las negociaciones del ALCA, se conduzcan con estricto apego al espíritu y letra de nuestra Constitución, defendiendo la soberanía nacional y el interés público y garantizando la transparencia del proceso de la negociación.

Segundo. Que el Ejecutivo Federal cumpla con el compromiso establecido con la organizaciones campesinas y de productores agropecuarios de mantener en las negociaciones comerciales el reconocimiento de nuestro país como una nación en vías de desarrollo y la búsqueda de la supresión inmediata de los subsidios a la exportación, así como los subsidios internos de los productos que ingresan a nuestro país, que distorsionan el comercio internacional; además del derecho soberano de México de reintroducir restricciones cuantitativas o arancelarias por causas de daño a la producción nacional, de acuerdo a los procedimientos legales aplicables.

Tercero. Que durante las próximas negociaciones del ALCA, el Ejecutivo Federal garantice la obtención de los siguientes objetivos: alcanzar un acuerdo comercial que se subordine a las exigencias del desarrollo económico y social sustentable; que las decisiones en materia de comercio sean discutidas con anterioridad en el seno de los parlamentos; que se impida que en las negociaciones sobre el rubro de servicios, se abra el acceso a los servicios públicos; que se garantice el acceso a los medicamentos y a la salud, así como el derecho que cada país tiene a producir o de importar medicamentos genéricos.

Se prohibe que sean patentadas todas las formas debidas con el fin de preservar la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos indígenas; se exija la supresión de los subsidios para la exportación en todos los países, principalmente en los países desarrollados; se mejoren los derechos de los trabajadores y trabajadoras y se apliquen los principios de precaución y de sustentabilidad, considerando que no se puede exigir la misma reglamentación a partes desiguales.

Cuarto. Que una vez que se concluyan los trabajos de la reunión ministerial de Miami, el Ejecutivo Federal por conducto del funcionario que para tal efecto designe, sostenga una reunión informativa con esta soberanía, con el fin de analizar los resultados y avances obtenidos en las negociaciones.

Atentamente.

Diputados del PRD, del PRI, del PAN, de Convergencia, del Partido Verde y del PT.

Es cuanto. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la Octava Reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio para las negociaciones del acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), al celebrarse del 19 al 21 de noviembre de 2003, en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, a cargo del grupo parlamentario del PRD.

Las y los legisladores suscritos, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Convergencia, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. En diciembre de 1994, a iniciativa del entonces presidente de Estados Unidos, William Clinton, se reunieron en Miami los jefes de Estado de 34 países -con excepción de Cuba- en lo que se conoció como la Cumbre de las Américas. En dicha reunión se acordó como meta principal comenzar a construir un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para el año 2005, donde las barreras al comercio y a la inversión serían gradualmente eliminadas, con base al cumplimiento de las reglas y disciplinas multilaterales derivadas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

2. A la fecha se han llevado a cabo siete reuniones ministeriales de comercio a nivel hemisférico (Denver, 1995; Cartagena, 1996; Belo Horizonte, 1997; San José, 1998; Toronto, 1999; Buenos Aires, 2001, y Quito, 2002). En las mismas se han evaluado los avances de los grupos de negociación y se ha afinado la agenda de las conversaciones rumbo al ALCA. En la reunión de Buenos Aires de 2001 los funcionarios analizaron un primer borrador del ALCA. Durante la reunión de Quito de 2002 se publicó el segundo borrador del acuerdo.

3. Los próximos 19 al 21 de noviembre se darán cita en la ciudad de Miami, Estados Unidos, los ministros de comercio de las 34 naciones participantes para continuar con el proceso de negociación del ALCA.

4. Durante la reunión de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), celebrada en Quito, Ecuador, los pasados 27, 28 y 29 de agosto, se establecieron algunos consensos importantes con respecto al proceso de negociación del ALCA, entre los que destacan: instar a los Parlamentos miembros de la COPA a una mayor participación y supervisión de los acuerdos del ALCA; proponer a los Parlamentos crear un órgano o comisión encargado de evaluar las negociaciones; reiterar la necesidad de que el acuerdo contenga cláusulas afirmativas que permitan la adopción de políticas de desarrollo que resulten en un acuerdo balanceado que considere las asimetrías y diferencias en los niveles de desarrollo económico de los países; solicitar a los Parlamentos que se incluya el tratamiento del tema de género en todo el proceso de negociación, así como la marginación de los indígenas y demás grupos vulnerables que deben estar sujetos a normas que valoren esta condición; instar a los gobiernos a que faciliten toda información relativa al proceso de negociación en forma oportuna con el objeto de facilitar una participación activa de los Parlamentos; insistir que en este proceso de negociación debe estar presente tanto el respeto como la preservación a la diversidad cultural; entre otros.

5. De la misma manera, la Red Parlamentaria Internacional (RPI), que es una organización que busca el diálogo entre parlamentarios y organizaciones sociales de todo el mundo y a la cual pertenecen legisladores de todas las fracciones representadas en esta Cámara, se ha comprometido con algunas propuestas que contribuirán a lograr que los acuerdos comerciales se subordinen a las exigencias sociales y ecológicas, a saber: garantizar el control democrático en el proceso de negociaciones comerciales, esto es, que las decisiones en materia de comercio sean discutidas con anterioridad en el seno de los Parlamentos; impedir que las negociaciones sobre el comercio de servicios pongan en peligro el acceso a los servicios públicos; garantizar el acceso a los medicamentos y a la salud, así como el derecho de cada país de producir o de importar medicamentos genéricos si los necesita para proteger la salud pública de sus habitantes; prohibir que sean patentadas las formas de vida con el fin de preservar la biodiversidad, la seguridad alimentaria, y los derechos de los pueblos indígenas; exigir la supresión de los subsidios para la exportación de todos los países, especialmente aquellos de los países industrializados; mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras; y, finalmente, aplicar sistemáticamente los principios de precaución y de sustentabilidad, considerando que no se puede aplicar la misma reglamentación a partes desiguales, entre otros.

6. Existe la percepción entre la sociedad de América Latina de que el ALCA está siendo negociado en secreto por los gobiernos; que la ciudadanía está siendo excluida y que su opinión no se está tomando en cuenta respecto de lo que se está negociando; se insiste en que en este proceso sólo han participado los representantes del Poder Ejecutivo y los empresarios influyentes de la región.

7. De la misma manera, un creciente conjunto de grupos y organizaciones independientes de la sociedad civil han planteado una serie de observaciones y críticas al proceso de negociación y al contenido del ALCA. Los puntos más sensibles que se han planteado es que el acuerdo profundizará la crisis del campo mexicano; que deteriorará aún más los derechos laborales y las condiciones de trabajo; que llevará a la quiebra a las pequeñas y medianas industrias nacionales; que aumentará la degradación ambiental y la privatización de los recursos naturales; que fomentará la privatización de los servicios públicos; que establecerá derechos privilegiados a las grandes compañías extranjeras y que no garantizará los derechos económicos y sociales de los pueblos ni la autonomía de las comunidades indígenas.

8. Hay una creciente incertidumbre del futuro de los acuerdos comerciales sobre todo a partir del fracaso en las negociaciones de última Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, celebrada en Cancún el pasado mes de septiembre.

9. Adicionalmente, la negativa del gobierno estadounidense a incluir en la reunión ministerial de Miami asuntos sensibles para otras naciones del continente, como la reducción de los subsidios a sus productos agropecuarios, y en ese sentido, la negativa de Brasil de acordar nuevas normas para la protección de la propiedad intelectual, compras gubernamentales e inversión extranjera en el hemisferio han provocado un sentimiento de que el ALCA podría fracasar. Así, el consenso parece dirigirse a discutir estos temas globales en el marco de la OMC. Lo que se ha comenzado a llamar como ALCA light, se trata de un camino intermedio, donde exista un núcleo de derechos y obligaciones comunes en todas las áreas de la negociación y en aquellos temas en donde los países puedan o quieran asumir mayores compromisos, puedan hacerlo.

10. El Acuerdo Nacional para el Campo, signado por el Gobierno Federal y las principales organizaciones campesinas y agropecuarias, estipula que el Ejecutivo Federal debe sostener la posición de reconocimiento de México como país en vías de desarrollo y deberá proponer además las supresión inmediata de los subsidios a la exportación y de otro tipo de barreras técnicas al comercio de los productos agrícolas extranjeros que distorsiona el intercambio regional e internacional de bienes y que han provocado una crisis severa en el campo mexicano, lo que se ha puesto en evidencia con los resultados de 10 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

11. Dada su naturaleza plural, el Congreso, como órgano del Estado mexicano, debe tener una visión amplia y oportuna del proceso de negociaciones sobre tan trascendental acuerdo y debe abrir también sus ojos a las propuestas del movimiento altermundista que se dará cita también en Miami.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que el gobierno mexicano y sus representantes en las negociaciones del ALCA se conduzcan con estricto apego al espíritu y letra de nuestra Constitución, defendiendo la soberanía nacional y el interés público y garantizando la transparencia del proceso de negociación.

Segundo.- Que el Ejecutivo federal cumpla con el compromiso establecido con las organizaciones campesinas y de productores agropecuarios, de mantener en las negociaciones comerciales el reconocimiento de nuestro país como una nación en vías de desarrollo y la búsqueda de la supresión inmediata de los subsidios a la exportación así como los subsidios internos de los productos que ingresan a nuestro país que distorsionan el comercio internacional, además del derecho soberano de México de reintroducir restricciones cuantitativas o arancelarias por causas de daño a la producción nacional, de acuerdo con los procedimientos legales aplicables.

Tercero.- Que durante las próximas negociaciones del ALCA, el Ejecutivo federal garantice la obtención de los siguientes objetivos: alcanzar un acuerdo comercial que se subordine a las exigencias del desarrollo económico y social sustentable; que las decisiones en materia de comercio sean discutidas con anterioridad en el seno de los Parlamentos; que se impida que en las negociaciones sobre el rubro de servicios se abra el acceso a los servicios públicos; que se garantice el acceso a los medicamentos y a la salud, así como el derecho que cada país tiene de producir o de importar medicamentos genéricos; se prohiba que sean patentadas todas las formas de vida con el fin de preservar la biodiversidad, la seguridad alimentaria, y los derechos de los pueblos indígenas; se exija la supresión de los subsidios para la exportación en todos los países, principalmente los países desarrollados; se mejoren los derechos de los trabajadores y trabajadoras; y, se apliquen los principios de precaución y de sustentabilidad, considerando que no se puede exigir la misma reglamentación a partes desiguales.

Cuarto.- Que una vez que concluyan los trabajos de la Reunión Ministerial de Miami, el Ejecutivo Federal, por conducto del funcionario que para tal efecto se designe, sostenga una reunión informativa con esta soberanía, con el fin de analizar los resultados y avances obtenidos en las negociaciones.

Diputados: Jorge Martínez Ramos, Juan José García Ochoa, Carlos Jiménez Macías, Sara Rocha Medina, Alfonso Nava Díaz, Benjamín Sagahón Medina, Arturo Robles Aguilar, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, Jaime Moreno Garavilla, Jesús Martínez Alvarez, Luis Maldonado Venegas, Manuel Velasco Coello (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Debido a que con ese carácter está listado este asunto en el orden del día, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición. Esta Presidencia informa que de acuerdo con el artículo 122 se han prerregistrado los diputados Jesús Martínez Alvarez, del Partido de Convergencia y el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo y que con ellos dos se cierra la inscripción y la lista de oradores.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, en pro.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente;

Durante muchos años ha sido un sueño de los pueblos de América Latina que éstos se vean unidos en torno a principios de libertad, de independencia, desarrollo y soberanía.

Hace aproximadamente nueve años, en la ciudad de Miami, se iniciaron trabajos de la denominada Cumbre de las Américas, en la cual 34 democracias de la región acordaron la creación de un área de libre comercio, mejor conocida hoy como ALCA, y cuyo objetivo fundamental es y debe ser el que se eliminaran progresivamente las barreras al comercio y a la inversión.

Posteriormente, en Santiago de Chile, en 1998, se acordó que el principio de las negociaciones para todos los países sería un principio equilibrado, comprensivo y congruente, de tal manera que se tomaran en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo por el tamaño de sus economías, a fin de que todos tuvieran una participación plena en igualdad de circunstancias.

El acuerdo fundamental es mejorar las condiciones de trabajo de todos los pueblos de América y proteger el medio ambiente.

Del 19 al 23, es decir a partir del día de hoy, se está llevando a cabo, en la ciudad de Miami, como ya lo dijo nuestro amigo, compañero del PRD, la VIII Reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio para las Negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha presentado un punto de acuerdo que es de urgente resolución con objeto, y cito textualmente,``que el Gobierno mexicano y sus representantes en las negociaciones del ALCA se conduzcan con estricto apego al espíritu y a la letra de nuestra Constitución, defendiendo la soberanía nacional y el interés público y garantizando la transparencia del proceso de negociación''.

Quisiera recordar algo que escribió Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en el año 2001, y que cito textualmente: ``creo que la globalización, la supresión de las barreras al libre comercio y la mayor integración de las economías, puede ser una fuerza benéfica y su potencial el enriquecimiento de todos, particularmente de los pobres. Pero también creo que para que esto suceda es necesario replantearse profundamente el modo en que la globalización ha sido gestionada, incluyendo los acuerdos comerciales internacionales que tan importante papel han desempeñado en la eliminación de dichas barreras y las políticas impuestas a los países en desarrollo en el transcurso de la globalización.

Sin embargo, no debemos olvidar la manera atropellada, injusta e inequitativa en que se realizaron los trabajos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con el resultado que hoy todos estamos viviendo, pero particularmente en el estado de indefensión en que quedaron más de 20 millones de personas que están dedicando su trabajo al campo mexicano.

Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no negociamos con gobiernos libres y democráticos. En ese caso particular, nuestro gobierno prefirió tratar con los representantes de las grandes empresas transnacionales de Estados Unidos, quienes desde luego antepusieron sus intereses de grupo al interés superior de tener y de poder contar con países libres y soberanos con un desarrollo justo y equilibrado.

Hoy tenemos la ventaja de poder aprovechar un mercado de 500 millones de habitantes; pero sobre todo, de poder establecer reglas claras y políticas de compensación que nos permitan combatir la pobreza y la exclusión social de millones de latinoamericanos.

Por eso el grupo parlamentario de Convergencia, nuevamente ratifica su disposición para que todos los tratados en donde intervenga nuestro gobierno, se haga directamente con gobiernos libres y soberanos, para que tomen en cuenta la desigualdad que existe dentro de los mismos, de tal manera que tengamos un tratado pausado, sin atropellamientos, con medidas compensatorias, pero sobre todo pensando en contar con pueblos libres y soberanos como lo pensó Simón Bolivar.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, diputado Jesús Martínez Alvarez.

Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.

El diputado Pedro Vázquez González:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El ALCA es el nuevo mecanismo del viejo imperialismo yanqui para someter aún más a Latinoamérica y el Caribe a su dominio, saqueo y explotación.

Las oligarquías y los gobiernos locales han sido cómplices de esta estrategia convenida en la Cumbre de las Américas en Miami, en diciembre de 1994.

Diez años después los ministros de los 34 países del hemisferio, con excepción de Cuba, se reúnen para acelerar la negociación que permita la entrada en vigor del ALCA en enero del año 2005.

Ante el fracaso de la reunión de la Organización Mundial de Comercio, en Cancún, la plutocracia norteamericana busca relanzar su hegemonía a costa de Latinoamérica y el Caribe. A pesar de la exigencia de que se hagan públicos los temas y los términos de las negociaciones, los gobiernos han mantenido en secreto los avances en el ALCA.

Dice el proverbio popular ``El que nada debe, nada teme''. En este caso es grande el temor porque todo se está haciendo en secreto.

Están en riesgo nuestros recursos naturales, nuestras estructuras productivas, los sectores estratégicos de las naciones del subcontinente, la precaria soberanía que aún tenemos y la cultura y los derechos de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

El desarrollo y el bienestar de los habitantes de nuestra región no pueden quedar subordinados a los intereses y caprichos de las grandes corporaciones transnacionales del imperio y de las oligarquías locales.

Los pueblos de Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia, ya han levantado su voz para rechazar los designios imperiales y sus afanes de dominación. Muchas vidas se han perdido en estas luchas de resistencia social contra la globalización neoliberal y el ALCA en su cruda manifestación en nuestro continente. Pero el camino está trazado por los pueblos, en esta dirección los gobiernos del Mercosur, han postulado negociar en bloque su participación en las negociaciones del ALCA, los demás gobiernos deben de seguir el ejemplo recordando lo que hace mucho tiempo previera Simón Bolívar: ``Cuando se hace el pacto con el fuerte ya es grande la obligación del débil.''

Para México el ALCA tendría efectos económicos y sociales aún más graves que los que ha provocado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sólo obtendrán beneficios los grandes empresarios asociados al capital transnacional, pero a costa de los campesinos mexicanos, de los trabajadores de la industria y el comercio, de las pequeñas y medianas empresas y el pueblo en general.

El Gobierno mexicano no debe de seguir ocultando la información sobre el ALCA. En días recientes el Presidente Fox declaró que ``si el ALCA no beneficia a los pobres no sería un buen acuerdo''. El actual gobierno debe de dar a conocer a la sociedad los riesgos y las supuestas ventajas del ALCA, debe de dar a conocer lo que hasta ahora se ha negociado y convocar a un gran debate nacional sobre este proceso que hasta ahora se percibe como una integración subordinada al imperialismo norteamericano.

Por lo anterior, el grupo legislativo del Partido del Trabajo votará a favor del punto en comento.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Gracias, diputado Pedro Vázquez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Aprobada. Comuníquese.

---

SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que termine con las designaciones políticas dentro del servicio exterior y designe un diplomático de carrera en sustitución del Embajador Adolfo Aguilar Zínser.

El diputado Alejandro Agundis Arias:

Con la venia de la Presidencia.

Las declaraciones hechas por el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, quien denota su enorme desconocimiento del Servicio Exterior Mexicano en el Coloquio Internacional de Actores y Procesos Políticos celebrado el pasado martes 11 de noviembre en la Universidad Iberoamericana, son una muestra clara de la incongruencia y de la falta de articulación que existe en nuestra política externa; situación que también se corrobora al interior, olvidándose de su cargo diplomático y de las repercusiones que pueden tener sus declaraciones.

Mencionó que la postura que adoptó México en el seno de la ONU frente a la guerra en Irak fue, y cito al señor embajador: ``tragar camote. Y que mientras no haya mexicanos que piensen que es necesario tragar camote, México no dejará de ser el patio trasero de Estados Unidos''.

Estas declaraciones ofenden a nuestro país, contradicen los lineamientos de nuestra política exterior, entorpecen las relaciones con Estados Unidos, ponen una vez más en ridículo a la cancillería y a nuestra política exterior y son un acto de deslealtad para el país y para sus instituciones.

El embajador debe tener muy claro que estos comentarios que hizo, a título personal, afectan los intereses nacionales y que debe apegarse a los lineamientos de la diplomacia y no a los de la indiscreción o del protagonismo.

Los comentarios del embajador Aguilar Zínser trascendieron hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos. El secretario Colin Powell luego de concluir la Reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, las calificó de indignantes. Este hecho hace evidente una vez más la incongruencia y debilidad de nuestra política exterior en este gobierno por no contar con un perfil verdaderamente diplomático acorde con la tradición de nuestro servicio exterior.

El embajador Aguilar Zínser rompió, ya sea por irresponsabilidad o por ignorancia, con el artículo 41 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano que establece claramente y cito el artículo, ``Los Miembros del Servicio Exterior deberán abstenerse de incurrir en conductas incompatibles con el desempeño de su función pública y de realizar declaraciones que comprometan los intereses del país''. Acabo la cita. Estas declaraciones fueron desmentidas por el propio Presidente Vicente Fox, son un ejemplo más de la desorganización existente en la Administración Pública Federal donde los mensajes que emiten los altos funcionarios se contraponen entre sí.

En materia de política exterior esto es inadmisible, puesto que nuestro país cuenta con una larga tradición diplomática en el Servicio Exterior Mexicano y con probados elementos que pueden contribuir determinadamente al fortalecimiento de nuestra diplomacia.

El hecho es que el embajador no es un miembro del Servicio Exterior Mexicano, lo que no le excluye de la Ley del Servicio Exterior, su cargo es una designación política más hecha a principios de este sexenio por el señor Presidente que como tantas otras, dañan nuestra política exterior e impide que quienes son diplomáticos de carrera ocupen las posiciones que les corresponden conforme a su capacidad y experiencia.

El destino del embajador fue una decisión acertada aunque más acertado sería terminar de una vez y para siempre con las designaciones políticas dentro del servicio exterior y estar por una verdadera profesionalización de nuestra diplomacia mediante la designación de diplomáticos de carrera.

El servicio exterior debe dejar de ser para la política nacional un premio o un castigo para los miembros de la clase política.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Ejecutivo Federal a que termine con las designaciones políticas dentro del servicio exterior y que designe como embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas, a un diplomático de carrera en sustitución de Adolfo Aguilar Zínser.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta al Jefe del Poder Ejecutivo Federal a terminar con las designaciones políticas en el servicio exterior y nombrar un diplomático de carrera en sustitución del embajador Adolfo Aguilar Zinser, presentada por el diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del PVEM.

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se tenga a bien turnar a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Las declaraciones hechas por el inexperto embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien denota su enorme desconocimiento del servicio exterior mexicano, llamado Adolfo Aguilar Zínser, en el Coloquio Internacional de Actores y Procesos Políticos, efectuado el martes 11 de noviembre en la Universidad Iberoamericana, son muestra clara de la incongruencia y falta de articulación que hay en nuestra política externa, situación que también se corrobora al interior.

Olvidando su encargo diplomático y las repercusiones que pueden tener sus declaraciones, mencionó que la postura que adoptó México en el seno de la ONU frente a la guerra en Irak fue de ``tragar camote'', y que mientras haya mexicanos que piensen que es necesario ``tragar camote'' México no dejará de ser el ``patio trasero de Estados Unidos''.

Esas declaraciones ofenden nuestro país, contradicen los lineamientos de nuestra política exterior, entorpecen las relaciones con Estados Unidos, ponen una vez más en ridículo la cancillería y nuestra política exterior y son un acto de deslealtad para el país y sus instituciones.

El embajador debe tener muy claro que esos comentarios, formulados a título personal, afectan los intereses nacionales y que debe ajustarse a los lineamientos de la diplomacia, no a los de la indiscreción o del protagonismo.

Los comentarios de Aguilar Zínser trascendieron hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos. El secretario Colin Powell, luego de concluida la reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, las calificó de ``indignantes''.

Ese hecho evidencia una vez más la incongruencia y la debilidad de la política exterior en este gobierno, por no contar con un perfil verdaderamente diplomático, acorde con la tradición de nuestro servicio exterior.

El embajador Aguilar Zínser rompió, por irresponsabilidad o por ignorancia, con el artículo 41 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que establece claramente: ``Los miembros del servicio exterior deberán abstenerse de incurrir en conductas incompatibles con el desempeño de su función pública y de realizar declaraciones que comprometan los intereses del país''.

Si bien esas declaraciones fueron desmentidas por el Presidente Vicente Fox, son un ejemplo más de la desorganización existente en la administración pública federal, donde los mensajes que emiten los altos funcionarios se contraponen entre sí, evidenciando inexperiencia.

En materia de política exterior, eso es inadmisible, pues el país cuenta con una larga tradición diplomática en el servicio exterior y con probados elementos que pueden contribuir determinantemente al fortalecimiento de la diplomacia.

El hecho es que Aguilar Zínser no es un miembro del servicio exterior mexicano, lo que no lo excluye de la Ley del Servicio Exterior. Su cargo es una designación política más, hecha a principios de este sexenio por el Presidente Vicente Fox, que -como tantas otras- daña la política exterior e impide que los diplomáticos de carrera ocupen las posiciones que les corresponden conforme a su capacidad y experiencia.

El despido del embajador fue una decisión acertada, aunque más acertado sería terminar de una vez y para siempre con las designaciones políticas en el servicio exterior y optar por una verdadera profesionalización de la diplomacia mediante la designación de diplomáticos de carrera, no de oportunistas desleales.

El servicio exterior debe dejar de ser, para la política nacional, un premio o un castigo para los miembros de la clase política.

Por lo expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Cámara de Diputados exhorte al jefe del Poder Ejecutivo federal a terminar con las designaciones políticas en el servicio exterior y designar como embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas a un diplomático de carrera, en sustitución del ciudadano Adolfo Aguilar Zínser.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de noviembre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

---

ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco de su competencia se tomen las medidas necesarias para concluir la restitución o el pago de las tierras que se ocuparon para la construcción de la Presa Belisario Domínguez, La Angostura, en el municipio de La Concordia, Chiapas.

El diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández:

Con su permiso, señor Presidente.

El que suscribe, diputado federal Roberto Aquiles, integrante de la fracción parlamentaria del PRI de esta legislatura, presento una proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del poder Ejecutivo Federal a que adopte las medidas necesarias y se cumpla con los pagos o la restitución de los predios por los terrenos que ocuparon para la construcción de la presa hidroeléctrica Belisario Domínguez, La Angostura, en el municipio de La Concordia, Chiapas, con los antecedentes y considerandos siguientes:

Por decreto presidencial del 11 de diciembre de 1972, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1973, se expropió al ejido La Concordia, municipio de La Concordia, en el estado de Chiapas, una superficie de 3 mil 14 hectáreas a favor de la Comisión Federal de Electricidad, para destinarse a la construcción de dicha presa hidroeléctrica.

Desde hace 30 años el ejido La Concordia, Chiapas entrega sus mejores tierras para la construcción de esta presa hidroeléctrica; inclusive la seguridad y tranquilidad agraria de los afectados por esta magna obra, creyendo en el gobierno al tener la certeza de que en tiempo y forma se les cumpliría por parte de la Comisión Federal de Electricidad en el pago de estas tierras.

Cabe hacer mención que este municipio no sólo fue mutilado en sus vías de comunicación, dada la extensión de la obra, sino también consumió sus mejores tierras desga- rrando la herencia de su historia, sus costumbres, su cultura, que denotaba la idiosincrasia de este pueblo, llevándolos a habitar a un nuevo núcleo poblacional que hasta la fecha, por la abrupta irresponsabilidad de las diversas dependencias, este nuevo pueblo desde hace precisos 30 años atrás, carezca de un fundo legal del pueblo.

Al paso del tiempo, hasta hoy, las instancias involucradas en el asunto de expropiación de la presa referida, no han podido dar solución definitiva para los afectados de esa zona por el resultado de la actitud de las autoridades tanto de la Comisión Federal como de la Secretaría de la Reforma Agraria, se ha estado generando una inconformidad por parte de los afectados de los ejidos de La Concordia y Niños Héroes, que de seguir en el retardo de la solución entrarían en un enfrentamiento que a nada conducen, sino a agravar los problemas que ya existen por la marginación y la irresponsabilidad que se vive en esa región.

De la reunión del 13 de octubre del 2000, con el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria y los núcleos agrarios, La Concordia y Niños Héroes acordaron que se les resolvería el problema de la restitución o pago al que tienen derecho como si les fueran a hacer un favor y no como parte de la responsabilidad que como autoridades del Gobierno Federal tienen a dar solución a todos los asuntos de su competencia.

El fondo del asunto en comento es el engaño que han venido padeciendo los ejidatarios de los grupos referidos, en virtud de que por parte de la Comisión Federal de Electricidad todo se encuentra restituido o pagado, no así para la Secretaría de la Reforma Agraria que a través del fideicomiso antes referido llegaron a un acuerdo de que se les pagaría a los ejidos de La Concordia y Niños Héroes el adeudo de sus tierras expropiadas.

Ante esta alta tribuna de la nación, vengo a exponer un asunto más de los tantos que existen en todo el territorio nacional sobre problemas agrarios ya que en algunas ocasiones, por tenencia de la tierra o en otras como es el caso, por falta de cumplimiento de las autoridades, estos asuntos empantanados en las dependencias gubernamentales por falta de quehacer de las actuales autoridades en el servicio público, nos está conduciendo a generar un ambiente del descontento social, por lo que hago un llamado a resolver este asunto, de tal manera que vengo a proponer ante esta Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Ante esta Cámara de Diputados, que se haga un exhorto al jefe del Poder Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones dicte de inmediato las instrucciones a los secretarios de Energía y la Reforma Agraria a fin de que en el marco de su competencia contribuyan tomando medidas necesarias para que se les concluya el pago de estas tierras a los ejidos de La Concordia y Niños Héroes, en el estado de Chiapas.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el marco de su competencia, se tomen las medidas necesarias para concluir la restitución o el pago de las tierras que se ocuparon para la construcción de la presa Belisario Domínguez (La Angostura), en el municipio de la concordia, Chiapas, a cargo del diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Roberto Aquiles Aguilar Hernández, integrante del grupo parlamentario del PRI de la LIX Legislatura, presenta proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al jefe del Poder Ejecutivo federal a adoptar las medidas necesarias y cumplir los pagos, la restitución o ambos de los predios que se ocuparon para construir la presa Belisario Domínguez (La Angostura), en el municipio de La Concordia, Chiapas, conforme a los antecedentes y las consideraciones siguientes.

Antecedentes

Por decreto presidencial del 11 de diciembre de 1972, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1973, se expropió del ejido La Concordia, municipio de La Concordia, Chiapas, una superficie de 3,014-70-00 hectáreas, en favor de la Comisión Federal de Electricidad, para destinarse a la construcción de la presa Belisario Domínguez (La Angostura).

Consideraciones

Desde hace 30 años, el ejido La Concordia, Chiapas, entrega sus mejores tierras para la construcción de la presa Belisario Domínguez (La Angostura), inclusive la seguridad y tranquilidad agraria de los afectados por esa magna obra, creyendo en el gobierno, al tener la certeza de que en tiempo y forma les cumpliría la Comisión Federal de Electricidad en el pago o restitución de sus tierras.

El municipio no sólo fue mutilado en sus vías de comunicación, dada la extensión de la obra, sino que consumió sus mejores tierras, desgarrando la herencia de su historia, sus costumbres, su cultura, que denotaba la idiosincrasia del pueblo, llevándolos a habitar un nuevo núcleo poblacional, que hasta la fecha, por la irresponsabilidad de las diversas dependencias, desde 30 años carece de fundo legal.

Al paso del tiempo, hasta hoy las instancias relacionadas con el asunto de expropiación de la presa referida no han podido dar solución definitiva para los afectados de la zona.

Por el resultado de la actitud de las autoridades, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de la Secretaría de la Reforma Agraria, se ha estado generando una inconformidad por los afectados de los ejidos de La Concordia y Niños Héroes, que de seguir en el retardo de la solución entrarían en enfrentamientos, que a nada conducen sino a agravar los problemas que ya existen por la marginación que se vive en la región.

En la reunión del 13 de octubre de 2000, el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, adscrito a la Secretaría de la Reforma Agraria, y los núcleos agrarios La Concordia y Niños Héroes acordaron que se les resolvería el problema de la restitución o pago a que tienen derecho, como si fueran a hacerles un favor, y no como parte de la responsabilidad que como autoridades federales tienen: dar solución a todos los asuntos de su competencia. Por ello lo traigo ante esta soberanía para su consideración.

El fondo del asunto es el engaño que han venido padeciendo los ejidatarios de los grupos referidos, en virtud de que por parte de la Comisión Federal de Electricidad todo se encuentra restituido y pagado, no así para la Secretaría de la Reforma Agraria que, mediante el fideicomiso referido, llegó a un acuerdo de que se restituirá o se pagará a los ejidos La Concordia y Niños Héroes el adeudo de las tierras expropiadas.

Ante esta alta tribuna de la nación, vengo a exponer un asunto más de los tantos que existen en todo el territorio nacional sobre problemas agrarios, en algunas ocasiones por tenencia de la tierra, en otras, como es el caso, por falta de cumplimiento de las autoridades. Estos asuntos empantanados en las dependencias gubernamentales, por falta del quehacer de las actuales autoridades en el servicio público, nos está conduciendo a generar un ambiente de descontento social, por lo que hago un llamado a resolver este asunto, hecho problema desde hace tres décadas.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de que se resuelva uno más de los problemas que aquejan a mi estado, presento ante esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La honorable Cámara de Diputados formula un exhorto al jefe del Poder Ejecutivo federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya de inmediato a los secretarios de Energía y de la Reforma Agraria a fin de que, en el marco de su competencia, contribuyan tomando medidas necesarias para que se concluya la restitución, el pago o ambos sobre las tierras de que fueron afectados por causa de utilidad pública los ejidos La Concordia y Niños Héroes, del municipio La Concordia, Chiapas.

Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2003.--- Dip. Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Dip. Carlos O. Pano Becerra, Dip. María Elena Orantes López, Dip. Juan Antonio Gordillo Reyes, Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Florencio Collazo Gómez, Dip. Jorge Baldemar Utrilla Robles, Dip. Francisco Grajales Palacios, Dip. Mario Carlos Culebro Velasco, Dip. Belisario Iram Herrera Solís, Dip. César Amin González Orantes, Dip. Sonia Rincón Chanona, Dip. Sami David David, Dip. Roberto Aquiles Aguilar Hernández.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández.

Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.

---

SUPREMO TRIBUNAL MILITAR
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que con absoluto respeto a su jurisdicción y competencia se exhorte al Supremo Tribunal Militar para que, de confirmar la culpabilidad del subteniente Hernán Varela Flores en el homicidio del coronel Salvador Juárez Villa, sustituya la pena de muerte impuesta, por la de prisión que corresponda.

La diputada Cristina Portillo Ayala:

Con su venia, señor Presidente:

«Honorable Asamblea: con punto de acuerdo para que con absoluto respeto a la jurisdicción y competencia de la justicia militar, se exhorte al Supremo Tribunal Militar de que aun en el supuesto de que se confirmará la culpabilidad del subteniente Hernán Varela Flores en el homicidio del Coronel Salvador Juárez Villa, al dictar la sentencia de segunda instancia, sustituya la impuesta pena de muerte, por la pena de prisión que corresponda.

La que suscribe, Cristina Portillo Ayala integrante del grupo parlamentario del PRD, diputado Fernando Guzmán Peláez, Secretario de la Comisión de Defensa Nacional del grupo parlamentario del PAN y diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El subteniente Hernán Varela Flores de 23 años de edad, fue condenado a pena de muerte por el Tercer Consejo de Guerra Ordinario de la Primera Región Militar, por el homicidio del Coronel Salvador Juárez Villa, cometido el 14 de febrero pasado en las instalaciones del XX. Regimiento de Caballería de Ciudad Juárez.

Durante la audiencia, Varela Flores alegó haber sido objeto de acoso sexual de parte del teniente Nicolás Antele Pucheta y sometido a presiones del coronel Juárez Villa y otros oficiales para que accediera a los propósitos de Antele, que derivaron en 24 arrestos y 99 días de reclusión sin justificación en 14 meses de servicio, tratando de demostrar una circunstancia excluyente de responsabilidad, por hallarse el acusado al cometer la infracción en un estado de inconciencia de sus actos. La defensa argumentó que todo el hostigamiento acumulado durante 14 meses de servicio, produjo en el subteniente una situación de ansiedad, de miedo, angustia y una reacción violenta.

De acuerdo con el defensor, Coronel Fausto Córdova, el militar sentenciado de manera inconsciente, en un estado de enajenación le disparó al coronel Salvador Juárez, cuando discutía por otro arresto que lo dejaba sin ver a su novia y a su familia.

En cambio para el Ministerio Público Militar, nunca se demostró el estado de inconsciencia alegado por la defensa y por el contrario quedó plenamente comprobada la culpabilidad del acusado. Sin tener la menor pretensión y pronunciarse respecto de los elementos que fundaron y motivaron la sentencia dictada por el Tercer Consejo de Guerra Ordinario de la Primera Región Militar, indudablemente que la pena de muerte impuesta al subteniente Hernán Varela Flores, constituye una gravísima violación a los derechos humanos fundamentales que son dos: el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes y como consecuencia, atenta contra la nobleza y prestigio del Ejército mexicano.

La pena de muerte es una anacronismo de la historia, consiste en el homicidio premeditado de un preso con objeto de castigarlo y éste es un propósito que se puede obtener con otros medios. La crueldad de la pena de muerte queda patente no sólo en la ejecución en sí, sino en el tiempo que un recluso permanece en espera a ser ejecutado, pensando constantemente en su muerte a manos del Estado.

Esta crueldad va más allá del condenado y alcanza a su familia, a los funcionarios de la prisión y a los encargados de llevar a cabo la ejecución. No existe ninguna justificación penal para la pena capital que pudiera superar a los argumentos de derechos humanos que justifican su abolición. El argumento de que la pena de muerte es necesaria para disuadir a los delincuentes, ha perdido absoluta credibilidad con la falta de pruebas científicas que demuestren que el efecto disuasorio de esta pena es superior al de otro tipo de castigo.

La pena de muerte niega el objetivo penal internacionalmente aceptado de la rehabilitación del sentenciado. Al ser apelada por el subteniente Hernán Varela Flores, la resolución que lo condena a muerte, podrá ser confirmada, revocada o modificada y el Supremo Tribunal Militar, al pronunciar su sentencia, tendrá las mismas facultades que el Tribunal de Primera Instancia, según lo establecen los artículos 822 y 823 del Código de Justicia Militar.

Existe pues absoluta posibilidad legal de que aún en el supuesto no concedido de que la sentencia de segunda instancia confirmara la culpabilidad del subteniente Hernán Valera en la muerte del coronel Salvador Juárez Villa, el Supremo Tribunal Militar sustituya la impuesta pena de muerte, por la pena de prisión que corresponda.

El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos han tenido como misión esencial defender la integridad, independencia y la soberanía de la nación y garantizar la seguridad interior, pero además por su permanente y probado compromiso de apoyo a la población, constituye sin duda una de las principales instituciones más respetadas de nuestro país. De confirmarse la pena de muerte impuesta al subteniente Hernán Valera se cuestionaría, ésta bien ganada posición de nuestras fuerzas armadas en el contexto nacional.

Apoyamos a su señora madre que hoy pide justicia, para terminar, señor Presidente, y que el mencionado subteniente no sea castigado con pena de muerte.

En vista de las consideraciones anteriores y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso, presento a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Con absoluto respeto a la jurisdicción y competencia de la justicia militar, se exhorte al Supremo Tribunal Militar para que aun en el supuesto de que confirmara la culpabilidad del subteniente Hernán Varela en el homicidio del coronel Salvador Juárez Villa, al dictar la sentencia de segunda instancia sustituya la impuesta pena de muerte por la pena de prisión que corresponda.

Palacio Legislativo, a 19 de noviembre de 2003.--- Firmamos esta proposición los diputados: Cristina Portillo, Fernando Guzmán, Jesús Martínez y Pablo Gómez.»

Muchas gracias.

«Proposición on punto de acuerdo, para que, con absoluto respeto a su jurisdicción y competencia, se exhorte al Supremo Tribunal Militar a que, de confirmar la culpabilidad del subteniente Herón Varela Flores en el homicidio del coronel Salvador Juárez Villa, sustituya la pena de muerte impuesta por la de prisión que corresponda, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD.

La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, y considerándolo un caso de urgencia y obvia resolución, presenta ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Subteniente Herón Varela Flores, de 23 años de edad, fue condenado a pena de muerte por el Tercer Consejo de Guerra Ordinario de la Primera Región Militar por el homicidio del Coronel Salvador Juárez Villa, cometido el 14 de febrero pasado en las instalaciones del XX Regimiento de Caballería de Ciudad Juárez.

Durante la audiencia, Varela Flores alegó haber sido objeto de acoso sexual de parte del teniente Nicolás Antele Pucheta y sometido a presiones del coronel Juárez Villa y otros oficiales para que accediera a los propósitos de Antele, que derivaron en 24 arrestos y 99 días de reclusión sin justificación en 14 meses de servicio.

Tratando de demostrar una circunstancia excluyente de responsabilidad por hallarse el acusado, al cometer la infracción, en estado de inconsciencia de los actos, la defensa argumentó que todo el hostigamiento acumulado durante 14 meses de servicio produjo en el subteniente una situación de ansiedad, miedo y angustia y una reacción violenta.

De acuerdo con el defensor, coronel Fausto Córdoba, el militar sentenciado de manera inconsciente, en un estado de enajenación, disparó al Coronel Salvador Juárez cuando discutían por otro arresto que lo dejaba sin ver a su novia y a su familia.

En cambio, para el Ministerio Público Militar, nunca se demostró el estado de inconsciencia alegado por la defensa y, por el contrario, quedó plenamente comprobada la culpabilidad del acusado.

Sin tener la menor pretensión de controvertir y pronunciarse respecto de los elementos que fundaron y motivaron la sentencia dictada por el Tercer Consejo de Guerra Ordinario de la Primera Región Militar, indudablemente la pena de muerte impuesta al Subteniente Herón Varela Flores constituye una gravísima violación de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. Y, como consecuencia, atenta contra la nobleza y el prestigio del Ejército Mexicano.

La pena de muerte es un anacronismo de la historia: consiste en el homicidio premeditado de un preso con objeto de castigarlo, y éste es un propósito que puede obtener con otros medios. La crueldad de la pena de muerte queda patente no sólo en la ejecución en sí, sino en el tiempo que un recluso permanece en espera de ser ejecutado, pensando constantemente en su muerte a manos del Estado.

Esa crueldad va más allá del condenado, y alcanza a su familia, a los funcionarios de la prisión y a los encargados de llevar a cabo la ejecución. No hay justificación penal para la pena capital que pueda superar los argumentos de derechos humanos que justifican su abolición.

El argumento de que la pena de muerte es necesaria para disuadir a los delincuentes ha perdido absoluta credibilidad con la falta de pruebas científicas que demuestren que el efecto disuasorio de la pena es superior al de otro tipo de castigo.

La pena de muerte niega el objetivo penal internacionalmente aceptado de la rehabilitación del sentenciado.

Al ser apelada por el Subteniente Herón Varela Flores, la resolución que lo condena a muerte podrá ser confirmada, revocada o modificada y el Supremo Tribunal Militar, al pronunciar su sentencia, tendrá las mismas facultades que el tribunal de primera instancia, según establecen los artículos 822 y 833 del Código de Justicia Militar.

Existe, pues, absoluta posibilidad legal de que, aún en el supuesto no concedido de que la sentencia de segunda instancia confirmara la culpabilidad del subteniente Herón Varela en la muerte del coronel Salvador Juárez Villa, el Supremo Tribunal Militar sustituya la impuesta pena de muerte por la de prisión correspondiente.

El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos han teniendo como misión esencial defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, y garantizar la seguridad interior. Pero además, por su permanente y probado compromiso y apoyo a la población, constituyen sin duda unas de las principales instituciones más respetadas de nuestro país. De confirmarse la pena de muerte impuesta al subteniente Herón Varela Flores, se cuestionaría esta bien ganada posición de nuestras Fuerzas Armadas en el contexto nacional.

En vista de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Con absoluto respeto de la jurisdicción y competencia de la justicia militar, se exhorte al Supremo Tribunal Militar a que, aún en el supuesto de que confirmara la culpabilidad del subteniente Herón Varela Flores en el homicidio del coronel Salvador Juárez Villa, al dictar la sentencia de segunda instancia sustituya la pena de muerte impuesta por la de prisión correspondiente.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 19 de noviembre de 2003.--- Diputados: Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Fernando Guzmán Pérez Peláez, Jesús Emilio Martínez Alvarez, Narciso Agundis Montaño, Agustín Miguel Alonso Raya, René Arce Islas, Rosa María Avilés Nájera, Abraham Bagdadi Estrella, Héctor Miguel Bautista López, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Julio Boltvinik Kalinka, Clara Brugada Molina, José Luis Cabrera Padilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Marbella Casanova Calam, Francisco Chavarría Valdeolivar, César Antonio Chávez Castillo, Adrián Chávez Ruiz, Santiago Cortés Sandoval, Tomás Cruz Martínez, Angélica de la Peña Gómez, María Angélica Díaz del Campo, Socorro Díaz Palacios, Horacio Duarte Olivares, Gilberto Ensástiga Santiago, Luis Eduardo Espinoza Pérez, David Ferreira Martínez, Margarito Fierros Tano, Irma Sinforina Figueroa Romero, Rafael Flores Mendoza, Rogelio Franco Castán, Pablo Franco Hernández, Juan García Costilla, Miguel Angel García Domínguez, Eliana García Laguna, Amalia Dolores García Medina, Juan José García Ochoa, Iván García Solís, Rafael García Tinajero Pérez, María Elva Garfías Maldonado, Pablo Gómez Alvarez, Valentín González Bautista, María Marcela González Salas, Ana Lilia Guillén Quiroz, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Abdallán Guzmán Cruz, Minerva Hernández Ramos, María del Rosario Herrera Ascencio, Marcelo Herrera Herbert, Guillermo Huizar Carranza, Marcela Lagarde y de los Ríos, J. Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez, Susana Manzanares Córdova, Javier Manzano Salazar, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Horacio Martínez Meza, Jorge Martínez Ramos, José Luis Medina Lizarde, Antonio Mejía Haro, Martha Mícher Camarena, Gelacio Montiel Fuentes, Francisco Mora Ciprés, María Guadalupe Morales Rubio, Marcos Morales Torres, Inelvo Moreno Alvarez, Inti Muñoz Santini, Arturo Nahle García, José Luis Naranjo y Quintana, Francisco Javier Obregón Espinoza, Daniel Ordóñez Hernández, Omar Ortega Alvarez, J. Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María de los Dolores Padierna Luna, Juan Pérez Medina, Cristina Portillo Ayala, Bernardino Ramos Iturbide, Alfonso Ramírez Cuellar, Agustín Ramírez Fuentes, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Javier Salinas Narváez, Rocío Sánchez Pérez, Francisco Saucedo Pérez, Yadira Serrano Crespo, Emilio Serrano Jiménez, Pascual Sigala Páez, Carlos Hernán Silva Valdés, Víctor Suárez Carrera, Israel Tentory García, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Edgar Torres Baltazar, Enrique Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz, Gerardo Ulloa Pérez, Emilio Zebadúa González, Jazmín Elena Zepeda Burgos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a las comisiones de Defensa Nacional y Justicia y Derechos Humanos.

---

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que solicita no incluir al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el artículo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

El Ejecutivo Federal presentó ante esta soberanía el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004. En su artículo segundo transitorio pretende desincorporar o en términos más llanos, deshacerse de algunas entidades paraestatales con aparentes fines de ahorro en el presupuesto, sin justificación alguna.

En este tenor, un organismo que por su trascendencia como área estratégica por ser relativa al agua, recurso natural preciado, independientemente de su importancia ambiental y ecológica, es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Este organismo, creado por decreto presidencial del 7 de agosto de 1986 como órgano desconcentrado de la anterior Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a raíz de la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el año de 1994, se transformó en un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para posteriormente, el 30 de octubre de 2001 en el presente sexenio, cambiar su figura jurídica para convertirse en un organismo público descentralizado coordinado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, acto que denotaba su importancia y trascendencia.

La misión del Instituto es realizar investigación; desarrollar, adaptar y transferir tecnología; prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos; conservar y rehabilitar el agua y su entorno a fin de contribuir al desarrollo sustentable.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua cuenta entre sus instalaciones con importantes laboratorios con sistema de aseguramiento de calidad que les ha permitido obtener pruebas acreditadas por la entidad mexicana de acreditación y asimismo, cuenta con el Centro de Consulta del Agua, que contiene el acervo bibliográfico más grande del país en materia del agua.

El IMTA es ampliamente reconocido como el brazo científico y tecnológico del sector del agua en México, apoya a la Comisión Nacional del Agua y otras instancias operativas y ejecutoras de servicios públicos, así como a distintos sectores en el planteamiento de soluciones a problemas relacionados con el uso, aprovechamiento, saneamiento y preservación del vital recurso.

Entre los clientes más importantes del IMTA se encuentran Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Petróleo, los gobiernos de los estados de Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, Veracruz, diversos organismos operadores de agua potable y alcantarillado, asociaciones de usuarios de riesgo, así como empresas privadas del grupo Vitro, Nestlé, Grupo Mexicano de Desarrollo Itemola, entre otros.

Resaltan los convenios de colaboración con organismos internacionales como por ejemplo el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, la FAO, y la Agencia Internacional de Operación de Japón, así como la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, por citar algunos ejemplos.

Cabe mencionar que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, es la única institución mexicana que cuenta con la infraestructura y el personal capacitado para proponer soluciones a los problemas relacionados con el aprovechamiento y preservación de agua, con un enfoque multidisciplinario que incluye aspectos técnicos, ambientales, sociales, económicos, culturales y legales.

Cabe destacar que los recursos asignados al IMTA en el presente ejercicio fiscal ascendieron a 211.9 millones de pesos, habiendo autogenerado en el presente año fiscal 121 millones de pesos hasta el momento y considerando que llegará a los 125 millones de pesos al cierre del presente ejercicio, lo que denota que como entidad es productiva.

El Secretario de Hacienda pretende que le sea autorizado un gasto de 245 millones de pesos para su área de comunicación social, incongruencia manifiesta en el desarrollo de las políticas públicas.

Por lo anterior, consideramos que el presupuesto federal asignado al Instituto se justifica ampliamente, desde el punto de vista costo-beneficio.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México trabaja por conseguir el desarrollo económico, tecnológico e industrial y la conservación del medio ambiente para que los mexicanos vivamos en un ambiente próspero y sano, ese ha sido uno de nuestros compromisos con la ciudadanía.

Por todo lo anterior es que solicitamos al pleno de esta Cámara de Diputados se someta la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico.- Que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2004, no se incluya Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el artículo segundo transitorio presentado.

Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita no incluir el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el artículo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del PVEM.

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El Ejecutivo federal, en días pasados, presentó ante esta soberanía el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. En dicho proyecto, el Ejecutivo federal pretende deshacerse de algunas entidades paraestatales, con aparentes fines de ahorro en el Presupuesto.

Un organismo que por su trascendencia en materia ambiental nos ocupa, es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), creado por decreto presidencial el 7 de agosto de 1986, como órgano desconcentrado de la anterior Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y que a raíz de la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 1994 se transformó en un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para posteriormente, el 30 de octubre de 2001, cambiar su figura jurídica para convertirse en un organismo público descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La misión del Instituto es realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable.

El IMTA, cuenta entre sus instalaciones con importantes laboratorios con sistemas de aseguramiento de calidad, que le ha permitido obtener pruebas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación. Asimismo, cuenta con el Centro de Consulta del Agua, que contiene el acervo bibliográfico más grande del país en materia de agua, con 25,000 volúmenes de libros, monografías e informes, 8,000 mapas y mantiene suscripciones a más de 100 revistas especializadas.

El IMTA es ampliamente reconocido como el brazo científico y tecnológico del sector agua en México. Apoya a la Comisión Nacional del Agua y otras instancias operativas y ejecutoras de servicios públicos, así como a distintos sectores, en el planteamiento de soluciones a problemas relacionados con el uso, aprovechamiento, saneamiento y preservación del vital recurso.

Entre los clientes más importantes del IMTA, que se han beneficiado con estudios, proyectos e investigaciones realizadas por dicho Instituto, están Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Petróleo, los gobiernos de los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Morelos, Querétaro y Veracruz; así como diversos organismos operadores de agua potable y alcantarillado, asociaciones de usuarios de riego y empresas privadas como Grupo Vitro, Nestlé, Grupo Mexicano de Desarrollo y Temola, entre otros.

Cabe mencionar que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es la única institución mexicana que cuenta con la infraestructura y el personal capaz de proponer soluciones a los problemas relacionados con el aprovechamiento y preservación del agua, con un enfoque multidisciplinario que incluye aspectos técnicos, ambientales, sociales, económicos, culturales y legales.

Entre los resultados más importantes del Instituto1 están:

El desarrollo de un sistema de pronóstico de riego en tiempo real, que ha permitido lograr reducciones de agua hasta del 40% en volúmenes de riego e incrementos del 15 al 60% en rendimientos agrícolas.

1 Según información proporcionada por el propio IMTA.

El desarrollo de metodologías para el diseño de sistemas colectivos de riego de baja presión, que han permitido incrementar del 47 al 75% las eficiencias de riego en el ámbito parcelario.

El desarrollo de un sistema para la recuperación integral de pérdida en sistemas de agua potable, que ha permitido reducir sensiblemente las fugas en redes de abastecimiento en la Ciudad de México, Guadalajara, León, Veracruz, Jalapa y Reynosa.

El desarrollo de sistemas de filtrado lento para la eliminación por absorción de fierro, manganeso, y arsénico, para que las aguas residuales de industria cumplan con la normatividad.

El estudio de la persistencia del agente causante del cólera, para controlar su hidrotransmisión, lo cual ha redundado en la disminución de casos reportados.

El desarrollo de metodologías y técnicas para el saneamiento de aguas costeras, lagos y lagunas, así como para la rehabilitación de suelos agrícolas afectados por salinidad.

El desarrollo de un protocolo para el control de malezas acuáticas en lagos, lagunas, canales y drenes, que ha permitido establecer técnicas de control biológico, así como eliminar maleza en más de 40,000 hectáreas en distintos sitios del país.

El desarrollo de un sistema de cómputo para el diseño óptimo de zonas de riego, de redes de agua potable, de redes de alcantarillado y de protección contra inundaciones, y muchos logros más, por los cuales los investigadores del IMTA se han hecho merecedores de más de 40 premios y reconocimientos profesionales.

Además, por si esto fuera poco, su impacto en el gasto neto total del gobierno es apenas del 0.013 por ciento,2 ya que los recursos fiscales que le son asignados ascienden a sólo 211.9 millones de pesos. Cabe destacar que en el 2003 el IMTA autogeneró recursos por 115 millones de pesos, habiendo crecido más del 120 por ciento en los últimos 3 años.

Con los impactos antes descritos, entre muchos otros, el Presupuesto federal asignado al Instituto se justifica ampliamente desde el punto de vista costo-beneficio.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está comprometido con el cuidado y conservación del medio ambiente, pues es ahí donde los mexicanos construiremos una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza.

Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados que se someta la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico.- Que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004, no se incluya el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el artículo segundo transitorio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de noviembre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Amalia Dolores García MedinaLa Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

---

ESTADO DE JALISCO
La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para solicitar el titular del Poder Ejecutivo Federal, expida el decreto presidencial que contenga la declaratoria de área natural protegida en la categoría de reserva de la biosfera, de la zona conocida como ``Ojos de Agua del Río Talpa de Allende, Jalisco''.

El diputado Francisco Javier Bravo Carbajal:

Con su venia, diputada Presidenta:

El que suscribe, diputado federal por el V distrito del estado de Jalisco, presento a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal expida con carácter de urgente, el decreto presidencial que contenga la declaratoria de área natural protegida en la categoría de reserva de la biosfera, de la zona conocida como Ojos de Agua del Río Talpa de Allende, en el municipio del mismo nombre en el estado de Jalisco, con una superficie total de 22 mil 280 hectáreas, bajo el tenor de las siguientes consideraciones.

Conforme a nuestra Carta Magna, en su artículo 4º, especifíca entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Asimismo, la propia Constitución faculta a la nación el regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, por lo que se emitirán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra, aguas y bosques, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

Ante ello se da el caso que en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, existe un polígono cercano a las 22 mil 280 hectáreas de bosque en la Sierra Madre del Sur, en cuyo corazón se ubican las cañadas de bosque mesófilo de montaña, donde sobrevive la comunidad más importante de árbol de arce del occidente de México.

En esta zona mencionada se han identificado al menos una docena de especies en peligro de extinción, como es el caso del Abies guatemalencis, un abeto de escasa presencia nacional; el helecho arborescente, cuyo nombre es el de Tlilia mexicana, además estos ecosistemas son cuna de los ríos Talpa y Tomatlán.

Como podemos entender, es un área ecológica de alta importancia, tanto para el estado de Jalisco como para la nación.

Talpa de Allende, Jalisco, es líder en el ámbito nacional en el Programa de Microcuencas, esto garantiza el desarrollo turístico, tanto de Talpa de Allende como el de Puerto Vallarta; por ello, hoy en día el gobierno en su conjunto tiene un gran compromiso en proteger los bosques de México y más en esta reserva de la biosfera Ojos de Agua del Río de Talpa.

Esta zona a la que hago mención, ha fungido por lo menos como un relictio del pleistoceno de 35 mil años o quizá más antigua, donde el bosque de arce o mejor conocido también como maple, tuvo la fortuna de sobrevivir una vez que pasó el efecto de retiro de los glaciares.

Hago mención que el 21% de especies de árboles está en peligro de extinción.

En razón del tiempo, voy a solicitar que posteriormente se haga la publicación completa, en lo que paso mejor directamente a lo que sería lo que solicitamos en la proposición del punto de acuerdo.

La proposición sería con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y sería lo siguiente:

Primero. Se gire oficio al ciudadano Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, para solicitarle que una vez cumplidos los requisitos legales que prevé la legislación ambiental, expida decreto presidencial que contenga la declaratoria de área natural protegida, en la categoría de reserva de la biósfera de la zona conocida como Ojos de Agua del Río Talpa de Allende, con una superficie total de 22 mil 280 hectáreas, de la cual la superficie en zona de núcleo sea de dos mil 337 hectáreas y la superficie de la zona de amortiguamiento sea de 19 mil 943 hectáreas.

Segundo. Que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, para que en tanto se expida el decreto de la protección solicitado al Presidente de la República, se tomen las medidas necesarias, para proteger y preservar el área solicitada.

Solicito, diputado Presidente, que sea publicado completo en la Gaceta Parlamentaria, es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal que expida el decreto presidencial que contenga la declaratoria de Area Natural Protegida, en la categoría de reserva de la biosfera, de la zona conocida como Ojos de Agua del Río Talpa de Allende, Jalisco, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del PRI.

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

El que suscribe, diputado federal por el 05 distrito del estado de Jalisco, presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que expida, con carácter de urgente, el decreto presidencial que contenga la declaratoria de área natural protegida, en la categoría de reserva de la biosfera, de la zona conocida como ``Ojos de Agua del río Talpa de Allende, Jalisco,'' con una superficie total de 22,280 hectáreas, bajo el tenor de las siguientes

Consideraciones

Conforme a nuestra Carta Magna, en su artículo 4º, especifica, entre otras cosas, que ``toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar''; asimismo, la propia Constitución faculta a la nación ``el regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación?... por lo que se emitirán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra, aguas y bosques para preservar y restaurar el equilibrio ecológico''.

Ante ello, se da el caso de que en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, existe un polígono cercano a las 22,280 hectáreas de bosque en la Sierra Madre del Sur, en cuyo corazón se ubican las cañadas de bosque mesófilo de montaña, donde sobrevive la comunidad más importante de árbol de arce del occidente de México. En la zona mencionada se han identificado al menos una docena de especies en peligro de extinción, como es el caso del Abies guatemalensis, un abeto de escasa presencia nacional; el helecho arborescente y la Tylia mexicana. Además, estos ecosistemas son cuna de los ríos Talpa y Tomatlán, que como podemos entender es un área ecológica de alta importancia, tanto para el estado de Jalisco como para la nación.

Talpa de Allende, Jalisco, es líder en el ámbito nacional, en el programa de microcuencas; esto garantiza el desarrollo turístico tanto de Talpa de Allende como de Puerto Vallarta, por ello hoy en día el gobierno en su conjunto tiene un gran compromiso en proteger los bosques de México y más en esta reserva de la biosfera, Ojos de Agua del río de Talpa.

Esta zona, de la que hago mención, ha fungido por lo menos como un relictio del prehistoceno, de treinta y cinco mil años o quizá más antigua, donde el bosque de arce (maple) tuvo la fortuna de sobrevivir una vez que pasó el efecto de retiro de los glaciares.

El 21% de especies de árboles está en peligro de extinción, encontrándose entre otros, estos mencionados, ``arce'' o ``maple'', así como el árbol conocido como Podocarpus reichel (podocarpo), Abies guatemalensis ``pinabet'', Cisthea costarricenses y el espectacular Quercus insignis (``encino borneo''). Algunas son endémicas de la región costa norte de Jalisco y varias de ellas se encuentran listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-1994.

En esta zona que expongo y la cual solicito sea totalmente protegida, existe una extraordinaria diversidad biológica, de maduro a viejo crecimiento, excelente regeneración y establecimiento de especies, estructura incoetánea y alta integración ecológica.

Comento a ustedes que el 5% de los árboles son endémicos del occidente de México, así como la existencia de dos nacimientos de agua que nutren el río Talpa, el cual abastece la cabecera de este municipio.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone que sea protegida esta área, que cuenta con una superficie total de 22,280 hectáreas, con una superficie en zona núcleo de 2,337 hectáreas (10.5%) y una superficie de zona de amortiguamiento de 19,943 hectáreas, que corresponde al 89.5%. Por lo que los vértices del polígono de la reserva que se propone son: 1. El Picacho de Pena Blanca, 2. Cerro del Capulincillo, 3. Cerro Grande, 4. Cumbres de Guajolotes, 5. Ojo de Arroyo el Aguacate, 6.Ojo de Arroyo La Barranca, 7. Cerro el Aguaje y 8. Cerro Piedras Cargadas. Los vértices de la zona núcleo son: 1. Cerro Los Picachitos, 2. Sur del Puerto del Diablo, 3. Ojo de Arroyo los Tepeguajes, 4. Peña del Cuervo, 5. Crucero la Cumbre-La Cuesta y 6. Paso Hondo.

Se pide de forma urgente esta protección, toda vez que esta área, además de estar acechada por incendios forestales, ganadería extensiva, resinación de pino y cultivos ilegales, se encuentra amenazada por el aprovechamiento forestal, dado que a través de estrategias tendenciosas en presuntos estudios se presentaron resultados alterados en cuanto a volúmenes y especies de madera, con el propósito de realizar una sobreexplotación, argumentando que con el arbolado que quedara en pie después del aprovechamiento se daría cumplimiento cabal a la norma oficial mexicana.

Hay zonas en esta región, en donde por encima de suspensiones de aprovechamientos legales emitidos por autoridades competentes a través de acuerdos administrativos se ha hecho caso omiso o se han implementado estrategias retardarias para que se detenga de manera inmediata la explotación de esta zona. Asimismo, existe una denuncia por parte de la población y el gobierno municipal de Talpa de Allende, referida a la sobreexplotación forestal que se ha estado realizando en dicho municipio.

Por todo lo anterior expuesto, y solicitando el apoyo de todos ustedes, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solcito:

Primero.- Se gire oficio al ciudadano Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, para solicitarle que, una vez cumplidos los requisitos legales que prevé la legislación ambiental, expida el decreto presidencial que contenga la declaratoria de área natural protegida, en la categoría de reserva, de la biosfera de la zona conocida como Ojos de Agua del río Talpa de Allende, con una superficie total de 22,280 hectáreas, de las cuales la superficie en zona de núcleo sea de 2,337 hectáreas y la superficie de la zona de amortiguamiento sea de 19,943 hectáreas.

Segundo. Que se exhorte al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para que en tanto se expida el Decreto de Protección solicitado al Presidente de la República, se tomen las medidas necesarias para proteger y preservar en área solicitada.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2003.--- Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica).»

La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

Cómo no. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Se me ha pedido se posponga este tema para la próxima sesión.

Muchas gracias.

---

LEY DE INGRESOS-PRESUPUESTO DE EGRESOS
La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

Hay una comunicación, pregunto a la Secretaría si la tienen ya en sus manos, una proposición de la Junta de Coordinación Política, pido le dé lectura en relación a la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia se procede a la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre el formato de la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que han sido recibidos por esta Soberanía la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, enviados por el Ejecutivo Federal, mismos que serán objeto de estudio y dictamen durante el presente periodo de sesiones.

2. Que, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Asamblea aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público el día 25 de noviembre de 2003, a las 11:00 horas.

3. Que, en términos de lo establecido por el Acuerdo antes mencionado, corresponde a la propia Junta acordar el formato de la comparecencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política adopta el siguiente

Acuerdo

Primero. Con objeto de dar cumplimiento al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la comparecencia del titular del la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, enviados por el Ejecutivo Federal, se realizará de acuerdo al siguiente formato:

I. Presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, por parte del Secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 20 minutos.

II. El orden de intervención de los diputados y diputadas para los cuestionamientos y réplicas será el siguiente: PC, PT, PVEM, PRD, PAN, PRI, PRD, PRI, PAN, PRI.

III. En primer término, se presentará el cuestionamiento hasta por 5 minutos; en el caso de los Grupos Parlamentarios que sólo tienen una intervención, su tiempo se extenderá hasta por 8 minutos.

IV. A cada cuestionamiento el funcionario responderá hasta por 10 minutos.

V. Enseguida, el legislador o legisladora podrá hacer una réplica hasta por 5 minutos.

Segundo. Hágase del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de noviembre del año 2003.--- Diputados: Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.), Presidenta, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI; Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

De enterado.

Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

---

SECTOR PESQUERO
La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el diputado Adrián Chávez Ruiz del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por medio del presente, me permito remitir a su soberanía la siguiente excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Antecedentes

1. El 30 de septiembre de 2003, el que suscribe la presente, ciudadano diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, presentó una proposición con punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República revise los procesos judiciales contra Jesús María Leal Leyva y solicitar su inmediata excarcelación.

2. En la sesión de la Cámara de Diputados del 30 de septiembre de 2003, el Presidente de la Mesa Directiva turnó el artículo primero de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.

Considerando

Que en el caso de los pescadores de Sinaloa, se ha preferido el choque con los trabajadores y la privación de la libertad de los líderes del movimiento a dar respuesta a las demandas de comunidades que han caído en la desesperación por la miseria y el abandono de que han sido objeto.

Que, a criterio del suscrito, los procedimientos judiciales iniciados contra Jesús Leal Leyva están plagados de inconsistencias. Una de ellas es que la principal prueba de cargo contra Jesús Leal Leyva, por el delito de robo calificado, es la denuncia interpuesta por el oficial de Conapesca Edut Alejandro Cervantes Cervantes, que consideramos carente de validez, ya que en el careo efectuado el 25 de agosto de 2003 se desdice de la denuncia interpuesta, aduciendo que no le constaban los hechos y que actuó por instrucciones de sus superiores.

Que otra prueba de cargo presentada por el oficial de Conapesca contra el mencionado líder es el acta circunstanciada, con fecha de 29 de octubre de 2002, que evidencia una inconsistencia fundamental, ya que carece de la firma de uno de los principales testigos.

Que, dadas las inconsistencias en la integración de la averiguación previa, el Juzgado Sexto de Distrito concedió amparo para reponer el procedimiento en favor del C. Jesús María Leal Leyva.

Que, el martes 4 de noviembre, antes que se venciera el término, el agente del Ministerio Público Octavio Martínez Cazares, fiscal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, interpuso recurso de revisión contra la sentencia de amparo dictada con fecha de 17 de octubre de 2003, en el juicio de amparo número 572/2003-4A.

Que, con fecha 30 de septiembre de 2003, fue turnado el artículo primero de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, sin haber sido dictaminada a la fecha por esa Comisión.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45, numeral 6, incisos c), e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento, le solicito, señor Presidente:

Unico. Excite lo conducente a fin de que se dictamine el punto de acuerdo de referencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2003.--- Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).»

Cumplida su encomienda diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que emita el dictamen correspondiente.

El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto también a petición del Partido de la Revolución Democrática.

---

REVOLUCION MEXICANA
La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

El siguiente punto del orden del día es efeméride, con motivo del XCIII aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Han solicitado el uso de la tribuna los siguientes diputados: Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia; Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México e Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Urcino Méndez Galván, del Partido Acción Nacional y Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Jesús González Schmal.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, diputada Presidenta:

La primera gran revolución popular y social del Siglo XX. Movimiento nacional y nacionalista se incuba en San Pedro de las Colonias, Coahuila, con la sucesión presidencial de Francisco Ignacio Madero. Prosigue en Monterrey, San Luis Potosí; atizando el brote insurreccional político que prende en Puebla con los hermanos Serdán y se unifica para la derrota de la dictadura, con la toma del Paso del Norte o Ciudad Juárez, Chihuahua.

El tirano capitula; sus secuaces y cómplices quedan al acecho para volver a asaltar el poder.

Casi ha transcurrido una centuria desde entonces. En el centro de la República se organiza y programa el movimiento con la aportación de los intelectuales universitarios del Ateneo de la Juventud: Vasconcelos, Caso, Enríquez Ureña y tantos más. Pero sobre todo con la decisión patriótica y visión histórica de estadista de Venustiano Carranza, que contando con algunos diputados de la XXVI Legislatura que se habían negado a aprobar el gobierno espurio e interino de Lascuráin, se pudo así rescatar la Revolución después del asesinato del presidente y del vicepresidente de la República, confabulado entre el Embajador Henry Lee Wilson y su testaferro Victoriano Huerta.

Muy poco tiempo después costó también la vida a los diputados Rendón y Gurrión. Desde luego la gota que derramó el vaso fue el martirio del senador Belisario Domínguez, cuyo sacrificio por último, reivindicó a la legislatura, que de inmediato y en las históricas sesiones del 9 y 10 de octubre de ese trágico 1913, crea la comisión para investigar los crímenes y desapariciones de los miembros de la Cámara.

En cumplimiento de dicho cometido y gracias a la rectificación profunda de la mayoría de los diputados, acuerdan disolver el Congreso y 85 de los 127 de sus integrantes, son encarcelados por la nueva dictadura.

Cómo no reconocer aquí en lo latinoamericano, la solidaridad de Cuba que no sólo acogió en protección a la familia Madero en La Habana, sino incluso su ministro plenipotenciario Márquez Sterling, vivió los últimos días aciagos con Madero y Pino Suárez, secuestrados en Palacio Nacional.

Venustiano Carranza, jefe del Ejército Constitucionalista, es a la Revolución de 1910, que inicia y propugna Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, lo que José María Morelos y Pavón, jefe del Ejército Insurgente del Sur, fue a la revolución independentista de 1810 que convoca y encabeza Hidalgo, el Padre de la Patria y, en síntesis, son Morelos y Carranza los que, pese a la traición, deserciones y a la adversidad de una lucha desigual en contra de las dictaduras del virreinato y del porfirato, pudieran reconstruir después del crimen proditorio de los héroes pioneros, la fe del pueblo y el ideal patriótico y humanista de la causa, cuando todo parecía perdido.

La Constitución de Apatzingán y la Constitución de Querétaro son ambas la recopilación y síntesis más perfecta de los anhelos soberanos de una nación que no quiere tutelas ni de la vieja España ni de la nueva América del Norte.

La duda que ahora sí nos asalta es por qué el afán contemporáneo de desvirtuar la Revolución, su actualidad, su compromiso y la fecundidad de sus ideas y móviles primigenios.

Es cierto que por mucho tiempo se usó para encubrir las más atroces conductas políticas contrarrevolucionarias, pero su vigencia no se perdió por los traidores, que clara conciencia de ello tuvimos los mexicanos, sino la maniobra sorda es ahora la de la ignorancia, la historicidad, el pragmatismo y la labor silenciosa de quienes se cobijan en los slogans digeribles de una democracia sin adjetivos y un Estado neoliberal anémico.

Grave responsabilidad la nuestra, la de esta actual LIX Legislatura, porque es nuestro deber rescatar la Revolución. Nuestra propia historia de las altas y bajas, desde la XXVI legislatura, y nuestro deber con un futuro que debe nutrirse de lo mejor que fuimos y de lo superior que podemos ser.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

Muy amable.

Gracias.

Tiene el uso de la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo.

El diputado Joel Padilla Peña:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Como dijo Emiliano Zapata: ``la tierra será nuestra propiedad, pertenecerá a toda la gente, la misma tierra que nuestros ancestros retuvieron y que nos fue arrebatada por las garras que nos estrujaron''.

En este momento crucial para nuestra patria, conmemorar un aniversario más de nuestro movimiento armado de 1910 debe ser motivo de reflexión y análisis, pero también es momento de refrendar nuestra vocación de servicio al lado del pueblo.

Cuando decimos pueblo nos referimos a los herederos de la miseria y la pobreza que generó la inclemente dictadura del porfiriato. Nos referimos a los millones de mexicanos que, como en aquel ayer, siguieron clamando por pan y por justicia. Nos referimos a los que hoy un gobierno insensible y frívolo pretende saquear su menguado bolsillo cobrándole más impuestos.

La pobreza tiene el mismo rostro macilento en cualquier lugar y en cualquier tiempo. No importa que ahora ya nuestro México no sea el México rural; los pobres son pobres en el campo y en la ciudad.

La gesta revolucionaria de 1910 tuvo como consigna la tierra y la libertad. La tierra para tener acceso a los frutos que los campesinos cultivaban, pero a los cuales no tenían derecho.

Hoy la demanda del pueblo es por la tierra, por los empleos bien pagados, por educación, por vivienda, por salud, por más democracia. Sigue siendo por lo mismo, porque la desigualdad no ha desaparecido. El fuerte sigue siendo fuerte, el débil sigue siendo débil.

Porque la legítima aspiración de equidad y de justicia sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Porque los científicos, ideólogos y operadores políticos del porfiriato se han transfigurado en los neoliberales extranjerizantes que siguen despreciando a la chusma como lo hicieron aquéllos en su tiempo, porque según ellos, es mejor rendirse ante el imperio que rescatar los valores genuinos de los mexicanos que han sostenido a nuestro país.

Por eso en esta fecha tenemos que recordar a todos aquellos que surgieron de las entrañas del mismo pueblo y que ofrendaron su vida al igual que cientos de miles de mexicanos por una patria mejor, más libre y más generosa.

Aquí están Zapata, Villa, los hermanos Flores Magón, Madero y otros tantos héroes anónimos requiriéndonos que retomemos sus banderas, sus luchas y su sacrificio.

Como se escribía en el periódico liberal de los hermanos Flores Magón: ``hay veces que deseamos que nuestra palabra fuese la lava incandescente de un volcán que corriera arrollando cuanto hay a su paso, devorando hasta los últimos vestigios de las ideas retrógradas para fundar la sociedad en bases más humanitarias bajo el pie de la verdadera igualdad''.

Los que asumimos las causas del pueblo como nuestras, también debemos tener presente que como lo dijo nuestro embajador en la India al renunciar a su cargo a raíz de la matanza de 1968: ``toda revolución sin pensamiento crítico, sin libertad para contradecir al poderoso, es una revolución que se derrota a sí misma, un fraude''.

Es cuanto.

La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Fernando Espino Arévalo:

Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

Este órgano legislativo faltaría a su origen y a su naturaleza jurídica si no recordara ese movimiento popular que a principios del Siglo XX derrocara al dictador Porfirio Díaz.

Una revolución que como se concibe en su más pura expresión, se hizo con el pueblo y no contra el pueblo.

Sin embargo la Revolución Mexicana resultó una revolución inconclusa en la medida en que sus líderes y posteriores gobernantes, no supieron hacer realidad los postulados emanados de esta lucha fratricida y que en 1917 se expresaron en forma de norma constitucional.

Cuánta razón le asistía al ideólogo de la Revolución, don Luis Cabrera, cuando al dirigirse a Francisco I. Madero, y su efímero triunfo revolucionario, conminaba éste a continuar la obra revolucionaria hasta las últimas consecuencias, sin importar que se afectaran los intereses de los sectores privilegiados de la sociedad porfirista.

Con el triunfo del ejército constitucionalista, y la promulgación de la Constitución Federal que sustituía a la de 1857, los derechos sociales se hicieron realidad en la norma, pero habría de esperarse mucho tiempo más para que la norma se hiciera realidad en los hechos.

A la distancia de más de 90 años de iniciado el movimiento de 1910, los campesinos de México siguen esperando que la Revolución, como dicen popularmente, les haga justicia.

Las tierras improductivas, áridas y peligrosas que les repartieron en el proceso de Reforma Agraria, no son las tierras por las cuales luchó el Ejército Agrarista con Zapata a la cabeza.

El artículo 123 constitucional que en su versión original es un poema a la obra productiva del obrero mexicano, con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una pieza de museo, a tal grado que en las fuerzas reaccionarias de este país, lejos de buscar que se aplique su normatividad íntegramente, ahora pretenden que la legislación laboral se modifique para favorecer los intereses del capital, contrariamente al criterio que motivó al Constituyente de 1917, a expedir una norma eminentemente tutelar del derecho obrero.

El original artículo 123 constitucional previó que su normatividad se aplicara a todo tipo de relación de trabajo, sin importar si el patrón era de la iniciativa privada o del sector público, si se trataba de actividad productiva o sólo de servicios, contempló obligaciones patronales en materia de vivienda, educación y riesgo de trabajo. Estableció el derecho a la sindicalización y a la huelga sin limitación alguna para los trabajadores y de ahí se originó también el derecho a la negociación colectiva del trabajo.

El derecho a la sindicalización y a la huelga en el sector público es una ofensa a las libertades y a la democracia. Una gran aportación a la Revolución Mexicana sería que esta honorable Legislatura sí promoviera la modificación legal y constitucional en esta materia para dar acceso pleno a las posibilidades de defensa legal a las organizaciones obreras, pues en los términos actuales se obliga a éstas a actuar al margen de la legalidad si pretendieran suspender labores como medio de presión para obligar al patrón a respetar los derechos de los trabajadores.

En esta ocasión quiero traer a la memoria al gran héroe revolucionario que hizo posible un cambio en las estructuras de gobierno, lo que contribuyó a que se produjeran a su vez reformas en materia económica, política y social. Permítanme en esta ocasión no referirme ni a Madero ni a los Flores Magón ni a Villa ni a Zapata ni a Carranza, a esos héroes ya los registró la historia en su exacta dimensión; ¡hoy quiero referirme y brindar mi mayor reconocimiento al único héroe que sigue sin ser reconocido: al pueblo de México, al pueblo trabajador, el campesino y el obrero que se lanzaron a la lucha con la confianza de que aun perdiendo la vida dejarían un mejor futuro para sus hijos!''

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene el uso de la palabra el diputado Iván García Solís hasta por cinco minutos, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Iván García Solís:

Señor Presidente; diputadas y diputados legisladores:

Vivimos tiempos parecidos a los que precedieron a la Revolución Mexicana. Al filo del agua le llamó Agustín Yáñez a esa etapa. Son tiempos de cambio acelerado que tiene qué ver con esta segunda, con la segunda década del Siglo XX, porque cayó el sistema autoritario en este país, pero no ha sido reemplazado por una democracia plena.

Una muestra reciente y candente es la elección de consejeros ciudadanos que muestra que la voluntad democrática no se asume aquí por todas las fuerzas políticas. Ahí se demostró que se tiende a excluir a una parte importante de la pluralidad política, que es un valor esencial en nuestra época. Y hay que recordar que la causa principal de la Revolución Mexicana, la principal, fue la exclusión social, económica y política de la mayoría de la población.

Actualmente la mayoría está excluida de las posibilidades de crecimiento económico y social. Y por otra parte esta falta de voluntad democrática, mostrada tanto por el PRI como por el PAN, excluye a vastos sectores de la población que ellos no representan.

No solamente hay que decir que ellos unidos no son mayoritarios respecto del universo electoral, sino que hay que decir que los partidos políticos en su conjunto no representan la voluntad total del electorado posible si recordamos que en la pasada elección hubo un 60% de abstencionismo. Tomémoslo en cuenta si es que estamos reflexionando sobre las causas y consecuencias de la Revolución Mexicana.

En este momento en que las instituciones se encuentran considerablemente deslegitimadas, erosionadas, empobrecidas, urgidas de cambio, necesitamos hacer un esfuerzo para que haya un cambio en este sentido.

Podemos decir, diferenciando los tiempos actuales de los tres revolucionarios, que la historia no se repite, nadie está pensando ahora, por lo menos nosotros no lo estamos haciendo, en una nueva revolución armada, que no se quiere no sólo por la sangría tremenda que representa, sino porque dolorosamente y tal como lo ha confirmado la historia y particularmente la del Siglo XX, el producto de las revoluciones han sido regímenes autoritarios, pasen ustedes la lista por las décadas que quieran y ese fenómeno se encontrará.

¿Qué reconocemos como legítimo, recuperable, asumible, rescatable de la Revolución Mexicana? Reconocemos la idea de la igualdad, es decir, todo aquello que se hizo para dar más a los que nada tenían, reconocemos el discurso democrático de Madero, ya invocado aquí, pero no es lo único. Reconocemos el avance en el estado laico, en peligro, en discusión, asediado pero firmemente asentado en nuestra historia.

Reconocemos la educación pública nacional fincada en el artículo 3º. Y no queremos, y aquí voy a terminar porque el tiempo termina, no queremos los frutos negativos, entre otros el charrismo, el autoritarismo, la antidemocracia, la falta de pluralidad, la falta de respeto por la diferencia y finalmente, este marasmo en que nos encontramos en que no hemos sido capaces de dar curso y antes de que esta música de viento arrecie, tengo que decirles y eso tendrán que escuchármelo, que hace falta continuar con la Reforma del Estado, dar curso a las reformas de segunda generación y este nuevo Bronx que está por ahí reviviendo, a despecho de la cultura democrática, tendrá que asumir que el pueblo de México dará la lucha si acaso la Cámara de Diputados no cumple con su deber.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado Alberto Urcino Méndez Gálvez, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Alberto Urcino Méndez Gálvez:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:

El día de mañana festejamos una fecha muy importante para la nación.

Me parece oportuno mencionar que no podemos hablar de la Revolución Mexicana como si se tratara de un movimiento unificado y cuestionado, con objetivos y comisiones comunes; todo lo contrario, lo que conocemos como Revolución Mexicana es un conjunto de movimientos sociales que sin lugar a dudas iniciaron con el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero, como todos los historiadores nacionales y extranjeros coinciden con la versión de que la Revolución Mexicana es un conglomerado de levantamientos con diferentes objetivos y motivados por conceptos políticos, económicos y sociales, muy distintos, que difícilmente podrían abarcarse bajo la categoría absolutista de Revolución Mexicana.

En el sur, el movimiento del Frente de Zapata buscaba la posesión de la tierra en manos de los campesinos; en el norte, Villa se levantaba en contra del centro en busca de una mayor autonomía para las regiones más alejadas del país; el movimiento de Carranza tenía como principal bandera la elaboración de una nueva Constitución que diera cauce legal a las distintas manifestaciones y demandas de los distintos grupos revolucionarios y sentara las bases de un nuevo sistema político que evitara los abusos del pasado.

En lo que no existe ninguna discrepancia es en el hecho de que el iniciador de toda esta serie de manifestaciones sociales es sin lugar a dudas don Francisco I. Madero; este hombre de inigualables valores democráticos pretendía imponer el imperio de la ley ante un régimen que había permanecido en el poder más allá de lo estipulado por la Constitución.

El movimiento maderista no sólo fue un movimiento a favor de la democracia que intentaba reivindicar el valor de las elecciones en un país donde ya nadie creía en el sufragio debido a su inutilidad; también fue un movimiento legalista, pues pretendía rescatar la supremacía de la Constitución para entonces olvidada y obsoleta por un régimen que se había encargado de convertirla en letra muerta.

El espíritu de la lucha maderista ha impulsado la convicción democrática de Acción Nacional. Hoy, los diputados de Acción Nacional celebramos que podemos contar con elecciones libres y democráticas gracias a la ardua labor y lucha incansable de muchos hombres y mujeres que sacrificaron su vida por vivir en un país que gozara de elecciones libres. Celebramos que la lucha que inició Madero y que iría a durar muchos años más, es ya una realidad en el país.

No obstante, esta forma de vida que demandaron quienes se unieron a Madero por la construcción de un sueño y que arriesgaron todo para garantizar la transformación de un estado, aún no es una realidad. Las demandas de los distintos movimientos revolucionarios se convirtieron, con el paso de los años, en simple retórica que alimentaba el soliloquio de un partido único.

Compañeros diputados, hoy estamos frente a un momento histórico. La nación mexicana nos demanda encontrar coincidencias y llegar a los acuerdos necesarios para poder estar a la altura de las grandes naciones del mundo; si nos perdemos en las diferencias, si nos extraviamos en nuestras distancias ideológicas y políticas, la nación y la historia nos lo reclamarán más adelante. Por ello aprovecho esta ocasión para invitarlos a que encontremos los caminos adecuados que nos permitan enfrentar esta nueva revolución, una revolución ideológica, sin armas, pero una revolución que deberá cumplir con las necesidades de nuestro país.

En la medida en que los representantes de la nación seamos conscientes de que aún no han sido propiamente atendidas muchas de las demandas que propiciaron el movimiento revolucionario, es como podemos hacer en nuestra labor legislativa y de nuestro esfuerzo cotidiano, una labor que trascienda la barrera del corto plazo y que asuma una visión de Estado y una visión constructiva de la nación.

Estoy seguro que si asumimos esta actitud positiva, en esta LIX Legislatura pasaremos a formar parte de la historia de nuestra nación para bien de los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

De entre los acontecimientos que la historia nacional atesora, algunos merecen mención aparte por la huella que han dejado impresa en su pueblo.

La Revolución Mexicana es uno de esos acontecimientos, porque a 93 años de iniciada ha dejado marca indeleble en la historia de día a día de nuestro país, tanto que aún es referente obligado en este proceso inacabo de su construcción.

En los hechos y por sus hechos la Revolución sigue siendo historia viva, historia vigente.

Me parece un debate falso el que se da acerca de la vigencia o no de la Revolución Mexicana. Miente, miente quien afirme que la Revolución Mexicana es un expediente más, un capítulo cerrado de la historia antigua de nuestro país; baste con mirar al México del Siglo XXI, producto de este movimiento indudable y profunda raigambre social, en contraste con el México que vio nacer al Siglo XX.

El México de 1910, el que acudió a la convocatoria de derrocar a un régimen injusto, era un país subdesarrollado y prácticamente analfabeto, un país carente de infraestructura para generar progreso, un país cuyo territorio y riquezas concentraban unas cuantas familias frente a la dolorosa miseria del resto.

La Revolución Mexicana encontró en este pueblo su causa principal, pero encontró también líderes que comprometieron los alcances de este movimiento social, sus razones y justificaciones. Líderes que supieron encauzarla por los canales adecuados: Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Alvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, hombres de su tiempo, hombres vigentes de todo tiempo, que supieron entender los contrastes dolorosos de un México con enormes recursos y potencialidades, que sin embargo, no acaba de nacer como país independiente, política, social y económicamente.

Para fortuna de los mexicanos de hoy, México tuvo de los mexicanos de 1910 a los líderes que necesitaba para construir la nación que hoy somos. La nación que con su esfuerzo diario consigue consolidar su independencia y soberanía.

El legado de estos hombres quedó impreso en nuestra Carta Magna, tal y como lo registran los artículos 3º, 27 y 123 Constitucional, tal como lo refieren sus instituciones, las instituciones que han convertido a México en un país socialmente estable, con gobernabilidad y paz social, un país respetado en el extranjero y una de las economías más importantes del mundo.

La aportación que los revolucionarios de las primeras décadas del Siglo XX hicieron a nuestro país, está a la vista de todos y quiero referirme sin demérito del resto a uno de ellos, a Plutarco Elías Calles, orgullosamente sonorense. Calles, entendió la necesidad de combatir al usurpador y la respuesta masiva del pueblo mexicano a derrocar a un sistema injusto, pero Calles fue más allá, pues comprendió la necesidad de no dejar trunco el movimiento que derramaba mucho más que un mero cambio físico en la silla presidencial, así lo entendió y actuó en consecuencia.

Calles, como maestro de educación primaria, había sido testigo de primera mano de las carencias de nuestro país que impedían su desarrollo, fue un hombre de estado, un hombre con visión de largo plazo que entendió la necesidad de construir instituciones que fueran cimiento de un país moderno.

De las instituciones creadas en la lógica de la visión de estado, en la lógica de visión de futuro, podemos contar las que trascienden en la historia con la historia de los países. Ahí está la escuela rural y el Sistema de Educación Pública que llevó a México de ser un país analfabeto a un país con escolaridad, aún no satisfactoria ciertamente de siete años, el sistema de salud, el sistema de seguridad social, el sistema financiero.

La Revolución Mexicana no puede concebirse únicamente conforme a la convocatoria de su tiempo a la necesidad de su tiempo. Una sociedad cansada de opresión, cansada de una vida sin promesas, tampoco, puede concebirse un evento ubicado meramente en el tiempo que concluyó al concluir el movimiento armado.

No, la Revolución Mexicana es mucho más, fue lo que sigue siendo, el cimiento para la formación del México contemporáneo, el México que seguimos construyendo todos los días; un México en el que siguen vigentes los anhelos de una sociedad que quiere justicia para todos sus hijos.

Concluyo, señor Presidente.

Más allá de las percepciones partidistas, gremiales o facciosas, tenemos que aceptar que así como la Revolución fue un resultado de una sociedad actuante, las instituciones del Siglo XXI merecen...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tengo la obligación de pedirle que concluya, señor orador.

El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez:

Sí, gracias.

... las instituciones del Siglo XXI mexicano requieren también de una sociedad dispuesta a asumir los riesgos, a pagar los costos y a hacerse merecedora de futuro. Por eso vamos en el PRI, por eso vamos en esta legislatura por el futuro, teniendo frente a nosotros el ejemplo de quienes nos legaron el pasado...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Señor orador, le ruego concluir.

El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez:

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Continúe la Secretaría.

---

ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 25 de noviembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.

Comunicaciones

Del Congreso del estado de Michoacán.

Iniciativa de diputados

Cinco por las que se abrogan las leyes de: Subsidios para Empresas de Aviación; en favor de los veteranos de la Revolución como servidores del estado; sobre construcción de cercas en predios no edificados; sobre el destino de los bonos del enemigo y para conservar la neutralidad del país, a cargo del diputado Francisco Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

---

REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por 10 minutos para verificar la asistencia.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para verificar la asistencia.

(Asistencia.)

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Hay una asistencia de 440 diputados, señor Presidente.

---

CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: (a las 13:48 horas):Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 25 de noviembre a las 11:00 horas, en la que comparecerá el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.

Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas y se ruega como siempre, su puntualidad.

---

RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 3 horas 13 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 310 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 447.

Asistencia al final de la sesión: 440.

Diputado que solicita ampliación licencia: 1.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1.

Puntos de acuerdo, aprobados: 1.

Proposiciones con punto de acuerdo: 13.

Excitativas a comisiones: 1.

Efemérides: 1.

Oradores en tribuna: 23

PRI-9; PAN-3; PRD-3; PVEM-4; PT-2; PC-2.

Se recibió:

3 comunicaciones del Congreso del estado de Tlaxcala;

2 comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

1 comunicación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos;

3 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite acuerdos;

1 iniciativa PAN;

1 Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con acuerdo sobre el formato de la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar cuenta con la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo relativo a la Comisión Especial de la Caña de Azúcar; a la revisión y discusión de las iniciativas con proyectos de Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar; y a la comparecencia del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo, relativo al cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo;

1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo, relativo a las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de la langosta y el chapulín en la huasteca potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz;

1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo, para que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, presente un informe en relación con la industria azucarera;

1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo, relativo al Programa de Apoyos Directos al Campo, a fin de revisar sus insuficiencias y convertirlo en un instrumento que apoye de manera real la productividad y la elevación del nivel de vida de los campesinos del país.

---

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Aguilar Hernández, Roberto Aquiles (PRI) Estado de Chiapas: 67

Agundis Arias, Alejandro (PVEM) Servicio Exterior Mexicano: 64

Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco (PRI) Revolución Mexicana: 86

Bravo Carbajal, Francisco Javier (PRI) Estado de Jalisco: 76

Córdova Villalobos, José Ángel (PAN) Ley de los Institutos Nacionales de Salud: 26

Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Revolución Mexicana: 83

Galindo Noriega, Ramón (PAN) Frontera Norte: 55

García Cuevas, Fernando Alberto (PRI) Mexicanos fallecidos en el extranjero: 44

García Ochoa, Juan José (PRD) Acuerdo de Libre Comercio de las Américas: 58

García Solís, Iván (PRD) Revolución Mexicana: 84

González Roldán, Luis Antonio (PVEM) Instituto Mexicano de Tecnología del Agua: 73

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Revolución Mexicana: 81

Guerra Castillo, Marcela (PRI) Policía Fiscal Federal: 47

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC) Acuerdo de Libre Comercio de las Américas: 62

Méndez Gálvez, Alberto Urcino (PAN) Revolución Mexicana: 85

Moreno Arévalo, Gonzalo (PRI) Productos beta-análogos: 37

Orozco Gómez, Javier (PVEM) Presupuesto de Egresos: 39

Padilla Peña, Joel (PT) Revolución Mexicana: 82

Pompa Victoria, Raúl (PRI) Estado de Baja California: 54

Portillo Ayala, Cristina (PRD) Supremo Tribunal Militar: 69

Ramírez Pineda, Luis Antonio (PRI) Comisión Nacional de las Zonas Aridas: 52

Utrilla Robles, Jorge Baldemar (PRI) Palenque, Chiapas: 49

Vázquez González, Pedro (PT) Acuerdo de Libre Comercio de las Américas: 63