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DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares | PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano |
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala |
| AÑO I | México, DF, 25 de noviembre de 2003 | Sesión No. 27 |
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre la comparecencia ante comisiones de los secretarios de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el marco de la glosa del III Informe de Gobierno. Aprobado
El Presidente designa comisión que acompañe al licenciado Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para introducirlo hasta el lugar que le ha sido asignado
La Secretaría da lectura al acuerdo que establece el formato de la comparecencia del licenciado Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar cuenta con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2004
Se concede la palabra al Secretario de Hacienda y Crédito Público
En cumplimiento de los numerales 2, 3, 4 y 5 del Acuerdo Parlamentario, interviene el diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez
Respuestas del Secretario de Hacienda y Crédito Público
Jesús Emilio Martínez Alvarez, ejerce su derecho de réplica
Continúan los diputados:
Oscar González Yáñez
Contestación del Secretario de Hacienda y Crédito Público
Oscar González Yáñez, en su derecho de réplica
Alejandro Agundis Arias
El Secretario de Hacienda y Crédito Público da respuesta
Manuel Velasco Coello, en el derecho de réplica de su grupo parlamentario
Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara
Responde el Secretario de Hacienda y Crédito Público
Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, en su derecho de réplica
Miguel Angel Toscano Velasco
Da respuesta el Secretario de Hacienda y Crédito Público
Miguel Angel Toscano Velasco, en su derecho de réplica
José Luis Flores Hernández
Contestación del Secretario de Hacienda y Crédito Público
Abel Echeverría Pineda, en el derecho de réplica de su grupo parlamentario
Alfonso Ramírez Cuéllar
El Secretario de Hacienda y Crédito Público responde
Alfonso Ramírez Cuéllar
Juan Carlos Pérez Góngora
Da respuesta el Secretario de Hacienda y Crédito Público
José Porfirio Alarcón Hernández, en el derecho de réplica de su grupo parlamentario
José Guadalupe Osuna Millán
El Secretario de Hacienda y Crédito Público da contestación
José Guadalupe Osuna Millán, en su derecho de réplica
El Presidente agradece la presencia del licenciado Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y solicita a la comisión designada acompañarlo
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, presentada por el senador Orlando Paredes Lara, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite tres iniciativas presentadas por el senador José Antonio Aguilar Bodegas, del Partido Revolucionario Institucional, con proyectos de decreto
Que reforma los artículos 29 y 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sobre la deducción de pago de colegiaturas en estudios primarios
Que reforma el artículo 114 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Que reforma los artículos 2º y 2º-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 32, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, presentada por el senador Eduardo Ovando Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
Dos oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite acuerdos por los que se solicitan mayores recursos para el Proyecto de Protección y Desarrollo Integral del Cocotero de Colima y para el Plan Maestro de Citricultura en ese estado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra en una sola exposición, presenta las siguientes cinco iniciativas
Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Subsidios para Empresas de Aviación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional
Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley sobre Construcción de Cercas en Predios no Edificados. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social
Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley sobre el Destino de los Bonos del Enemigo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional
Desde su curul el diputado Pedro Avila Nevárez, hace comentarios en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado y el Presidente señala que esos comentarios podrán ser considerados por la comisión dictaminadora
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes: de Instituciones de Crédito; de Ahorro y Crédito Popular; de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; Federal de Instituciones de Fianzas; General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; del Mercado de Valores; de Sociedades de Inversión; y de la General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Participación Ciudadana
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de Ley General de Desarrollo Social. Es de primera lectura
Se refieren a dicha celebración del 25 de noviembre, los diputados:
Jaime Miguel Moreno Garavilla
Pedro Vázquez González
María Avila Serna
María Marcela Lagarde y de los Ríos
Blanca Eppen Canales
María Isabel Maya Pineda
De la próxima sesión
Cambios de turno realizados por la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Se informa a la Presidencia que existen registrados 301 diputados.
Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:21 horas):Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Martes 25 de noviembre de 2003.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política:
Sobre la comparecencia en comisiones de los titulares de las secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el marco de la glosa del III Informe de Gobierno. (Votación.)
Comunicaciones
Oficios de la Cámara de Senadores
Con el que remite iniciativa para que se inscriba en letras de oro el nombre Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, presentada por el senador Orlando Paredes Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con el que remite cuatro iniciativas que reforman las leyes de: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta y Código Fiscal de la Federación, presentadas las tres primeras por el senador José Antonio Aguilar Bodegas y la última por el senador Eduardo Ovando Martínez. (Turno a comisión.)
Dos, en los que se transcriben puntos de acuerdo por los que se solicitan mayores recursos a diversas partidas presupuestales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 para el estado de Colima. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
Cinco, por las que se abrogan las leyes de subsidios para empresas de aviación; en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado; sobre Construcción de Cercas en Predios no Edificados; sobre el Destino de los Bonos del Enemigo y Para Conservar la Neutralidad del País, a cargo del diputado Francisco Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Minutas
Proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes de Instituciones de Crédito; de Ahorro y Crédito Popular; de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; Federal de Instituciones de Fianzas; General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; del Mercado de Valores; de Sociedades de Inversión y General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. (Turno a comisión.)
Proyecto de Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de Ley General de Desarrollo Social.
Agenda política
Sobre el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.»
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles diecinueve de noviembre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.
Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo VieyraEn el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos diez diputadas y diputados, a las diez horas con treinta y cinco minutos del miércoles diecinueve de noviembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera se aprueba.
Tres comunicaciones del Congreso del estado de Tlaxcala, con acuerdos por los que:
Solicita se abroguen las pensiones vitalicias que reciben altos funcionarios de los Poderes de la Unión. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Solicita se reforme el artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Relativo a la iniciativa del Poder Ejecutivo Federal que modifica la Ley del Impuesto al Valor Agregado y al gasto corriente del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Dos comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con acuerdos relativos a la desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, de los Estudios Churubusco Azteca y del Centro de Capacitación Cinematográfica, y de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Comunicación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, por la que informa del cambio de su Mesa Directiva. De enterado.
Comunicación del diputado José Reyes Baeza Terrazas por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal. La Asamblea aprueba en votación económica el punto de acuerdo que concede la licencia solicitada.
Proposición de la Junta de Coordinación Política con acuerdo relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil cuatro. Se aprueba en votación económica.
Tres oficios de la Cámara de Senadores, con puntos de acuerdo por los que: se solicitan mayores recursos presupuestarios para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que no se reduzca el presupuesto de los programas relacionados con mujeres y niños, para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro; y en relación con el impuesto de bebidas que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña. Se turnan los dos primeros a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el tercero a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado José Angel Córdova Villalobos, del Partido Acción Nacional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción primera del artículo quinto de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
Seis dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería con puntos de acuerdo:
Relativo a la Comisión Especial de la Caña de Azúcar; a la revisión y discusión de las iniciativas con proyectos de Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar; y a la comparecencia del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Relativo al cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.
Relativo a las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de la langosta y el chapulín en la Huasteca Potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz.
Para que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, presente un informe en relación con la industria azucarera.
Relativo al Programa de Apoyos Directos al Campo.
En relación con la utilización de beta-análogos con fines zootécnicos.
Sin que motiven discusión, la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo respectivos en sendas votaciones económicas. Comuníquense.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, a nombre de integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para que se rechace la desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, del Centro de Capacitación Cinematográfica y de los Estudios Churubusco Azteca. Se turna a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública.
Fernando Alberto García Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita integrar al Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de dos mil cuatro y subsecuentes, una partida especial destinada a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para cubrir el traslado de los mexicanos fallecidos en el extranjero a sus comunidades de origen. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar el retiro de retenes y volantas que instala la Policía Fiscal Federal en los operativos realizados en carreteras del estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Jorge Baldemar Utrilla Robles, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil cuatro, se consideren recursos para la ampliación del aeropuerto de Palenque, Chiapas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
A las once horas con cuarenta y siete minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos cuarenta y siete diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.
Luis Antonio Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional, para que no se desincorpore del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil cuatro, a la Comisión Nacional de las Zonas Aridas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Raúl Pompa Victoria, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la problemática que enfrenta el Puerto de San Felipe, en el estado de Baja California. Se turna a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Transportes y de Turismo.
Ramón Galindo Noriega, del Partido Acción Nacional, relativo a la prórroga de la concesión otorgada a la empresa Promofron, Sociedad Anónima de Capital Variable, para la construcción, explotación y conservación del puente internacional Zaragoza-Ysleta. Se turna a la Comisión de Transportes.
Juan José García Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la Octava Reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio para las Negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así considera el asunto en votación económica. Hablan en pro los diputados: Jesús Emilio Martínez Alvarez, de Convergencia; y Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.
Alejandro Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con las designaciones dentro del servicio exterior mexicano y con la sustitución del embajador Adolfo Aguilar Zínser. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la restitución o pago de tierras afectadas por la construcción de la Presa Belisario Domínguez, en el municipio de La Concordia, Chiapas. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.
Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Supremo Tribunal Militar a que, en caso de confirmarse la culpabilidad del subteniente Hernán Varela Flores en el homicidio del coronel Salvador Juárez Villa, al dictar la sentencia de segunda instancia sustituya la pena de muerte por la de prisión respectiva. Se turna a las comisiones de Defensa Nacional y de Justicia y Derechos Humanos.
Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, para excluir al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua del artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Presidencia de la diputada Amalia Dolores García Medina
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Francisco Javier Bravo Carvajal, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar el Ejecutivo Federal decrete la zona conocida como Ojos de Agua del Río Talpa de Allende, Jalisco, como área natural protegida en la categoría de reserva de la biósfera. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que informa del formato para la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de dar cuenta con la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil cuatro. De enterado.
La Secretaría da lectura a la solicitud de excitativa del diputado Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en relación con la proposición con punto de acuerdo para solicitar la excarcelación del líder del Frente Estatal Pesquero de Sinaloa, Jesús María Leal Leyva, presentada el treinta de septiembre de dos mil tres. La Presidencia formula la excitativa que corresponde.
En el capítulo de efemérides, comentan el nonagésimo tercer aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México;
Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo VieyraIván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Urcino Méndez Gálvez, del Partido Acción Nacional; y Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de cuatrocientos cuarenta diputadas y diputados. El Presidente clausura la sesión a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, citando para la que tendrá lugar el martes veinticinco de noviembre de dos mil tres, a las once horas, y en la que comparecerá el Secretario de Hacienda y Crédito Público.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre la comparecencia en comisiones de los titulares de las secretarías de Economia, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el marco de la glosa del III Informe de Gobierno
La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7º, párrafos 4 y 5, del mismo ordenamiento, al tenor de los siguientes:
Considerandos1. Que con objeto de realizar el análisis del III Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal fue propuesto por la Junta de Coordinación Política, y aprobado por el Pleno el día 18 de septiembre, el Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados.
2. Que, en términos del acuerdo parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, artículo quinto, las comparecencias en comisión de llevarán a cabo conforme a la programación que acuerde la Junta de Coordinación Política.
3. Que la Junta de Coordinación Política, a solicitud de las Comisiones de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acordó la conveniencia de que los titulares de las Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales acudan a comparecer ante las comisiones respectivas, con objeto de llevar a acabo el análisis del III Informe de Gobierno del Presidente de la República, en los temas de su competencia.
Con base en lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7º, 22, 34 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados adopta el siguiente:
AcuerdoPrimero. Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7º, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer al secretario de Economía ante la Comisión de Economía, el 25 de noviembre de 2003, a las 17:00 horas, y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 26 de noviembre de 2003, a las 17:00 horas.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticuatro días del mes de noviembre de 2003.--- Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.), Presidenta Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yánez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»
Cumplida su encomienda, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Continúe la Secretaría a consultar a la Asamblea si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada la proposición.Señoras y señores legisladores: para dar cumplimiento al segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, para dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2004, así como la exposición de los criterios generales de política económica.
Se encuentra en el salón de recepciones de esta Cámara de Diputados el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, se designa en comisión para recibirlo e introducirlo a este recinto hasta el lugar asignado en la tribuna, a los siguientes diputados: María del Carmen Izaguirre Francos, Víctor Hugo Islas Fernández, Javier Castelo Parada, Miguel Angel Toscano Velasco, Guillermo Huízar Carranza, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Joel Padilla Peña y Luis Maldonado Venegas.
Se pide que cumplan con su cometido.
(La comisión cumple su cometido.)
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se pide a la Secretaría dar lectura al Acuerdo Parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 19 de noviembre y que norma el procedimiento para esta comparecencia.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Considerandos1. Que el día 6 de noviembre fueron recibidos por esta Soberanía la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, enviados por el Ejecutivo Federal, mismos que habrán de ser objeto de estudio y dictamen durante el presente periodo de sesiones.
2. Que, en términos de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el encargado de despacho debe comparecer ante el Pleno para dar cuenta de los mismos.
Somete a consideración del Pleno el siguiente
AcuerdoPrimero. Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público el día 25 de noviembre de 2003, a las 11:00 horas.
Segundo. El formato de la comparecencia será acordado por la Junta de Coordinación Política y publicado en su oportunidad en la Gaceta Parlamentaria.
Tercero. Hágase del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados.
Cuarto. En términos del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva rea-lice la comunicación correspondiente.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 18 días del mes de noviembre del año 2003.--- Diputados: Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica), Presidenta, coordinadora del grupo parlamentario del PRI; Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PAN; Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PRD; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PVEM; Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PT; Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Para dar cumplimiento al punto primero numeral 1, del acuerdo, se concede el uso de la palabra al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, hasta por 20 minutos.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz:Con su venia, señor Presidente:
Señor Presidente de la LIX Legislatura; señoras y señores legisladores:
En cumplimiento de la obligación constitucional contenida en el artículo 74, fracción IV de nuestra Carta Magna, comparezco por cuarta vez ante esta soberanía, a presentar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al año 2004.
En esta ocasión más allá de las cifras y conceptos de ingreso, gasto y endeudamiento públicos, correspondientes al año próximo que fueron presentados oportunamente ante esta soberanía, considero de vital importancia aprovechar para plantear ante ustedes consideraciones de mediano y largo plazos indispensables si deseamos prever y preparar el buen desempeño de la economía mexicana.
En este contexto, si bien no existen todavía en México los presupuestos plurianuales, es menester calcular los compromisos y tendencias presupuestarias.
La dinámica prevista para el gasto público para los próximos años demandará mayores recursos impulsada por la necesidad de cumplir con compromisos pensionarios, por el pago de obras que habrán de concluirse durante los años inmediatos y por la necesidad de dedicar volúmenes crecientes de recursos al gasto social y a la inversión en infraestructura.
Por lo que se refiere al ámbito de los impuestos, la necesidad de alentar la inversión y la competencia de otros países por atraer capitales y crear empleos productivos, hacen obligado un replanteamiento de la estructura tributaria.
La simplificación de ésta, también se ha convertido en un reclamo social urgente. Esta reforma faltante es aún de mayor trascendencia que las importantes modificaciones al Impuesto Sobre la Renta, realizadas durante esta administración.
Han transcurrido casi tres años de esta administración, durante este lapso con la colaboración de este honorable Congreso, se llevó a cabo una profunda reforma que ha modernizado el sistema financiero, poniéndolo así a la vanguardia internacional y contribuido a la creación del primer mercado de capitales de América Latina.
Este desarrollo financiero ha aportado ya beneficios concretos en la forma de plazos largos de colocación de papel público y privado. Una posibilidad cada vez mayor de apoyarse en la captación de moneda nacional y relativamente menos en moneda extranjera y consecuentemente, avanzar en forma gradual hacia una menor vulnerabilidad de la economía.
Otro rubro de gran trascendencia, han sido tasas de interés históricamente bajas, que alivian la carga financiera de particulares y gobierno, que son un reflejo de la estabilidad que generan la confianza y la certidumbre.
La combinación de plazos largos e intereses bajos, alienta la creación de un mercado hipotecario basado en tasas nominales fijas, pieza fundamental de una recuperación económica apoyada en fuentes internas de estímulo a la oferta y la demanda, que permite abstraer al acreditado de los trastornos que se derivarían de una perturbación externa sobre la estabilidad de variables críticas para el comportamiento, como son la inflación y las tasas de interés.
Ya hemos empezado a cosechar parte de los frutos de la reforma y del aliento que se ha derivado de la política de vivienda popular; del apoyo al crédito hipotecario a la vivienda y del énfasis en el gasto público a la provisión de infraestructura.
De agosto a la fecha, el apoyo al crédito hipotecario a la vivienda y del énfasis en el gasto público a la provisión de infraestructura. De agosto a la fecha, se han creado 190 mil empleos de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, muchos de ellos en la industria de la construcción. Sólo en octubre se registraron 105 mil empleos adicionales y la primera quincena de noviembre aportó el aumento más grande de puestos de trabajo del que se tiene registro para dicha quincena.
El reinicio del crecimiento de la economía mundial, particularmente del sector industrial de nuestro vecino del norte, de cuya demanda dependen tanto nuestras exportaciones, también está imprimiendo un nuevo vigor a la producción manufacturera.
Finanzas públicas sanas han sido parte de la importante aportación de Congreso y Ejecutivo a la estabilidad. Se dice rápido pero no es cualquier cosa mantener la estabilidad. Conviene tener presente que la deuda se acumula no sólo como resultado de un exceso de gasto en relación con los ingresos; también se da un proceso que se retroalimenta cuando el déficit del sector público rebasa niveles críticos.
Este fenómeno consiste en que la presión de un endeudamiento excesivo aumenta las tasas de interés y éstas a su vez los requerimientos financieros de los periodos sucesivos.
El ciclo generalmente se inicia a partir del tipo de cambio, contamina la inflación y ésta a las tasas de interés. También suele suceder que con suficiente información los actores en los mercados se anticipen y que las tres variables se muevan simultáneamente.
Procesos de esta naturaleza han postrado a otras economías. En México la responsabilidad compartida del Congreso y del Ejecutivo ha evitado este fenómeno, pese a la incertidumbre y las dificultades que durante los últimos años experimentó la economía internacional.
No obstante la importancia de una reforma presupuestaria que atienda a los dos renglones, el del gasto y el ingreso, no se han logrado las mayorías legislativas necesarias para sacarlas adelante. También está el caso, por supuesto, de la reforma energética.
La inversión en electricidad y la capacidad recaudatoria para enfrentar los ingentes compromisos de gasto contraídos años atrás presentan un reto que debemos enfrentar si deseamos evitar la acumulación de deuda pública que acarrearía una insuficiencia de ingresos.
El planteamiento del Ejecutivo en esta materia se hizo llegar al honorable Congreso y contiene lo que, después de un análisis exhaustivo de diversas opciones, consideramos es la mejor estructura que en estos momentos se le puede dar a nuestro sistema tributario.
Esto no quiere decir que, como en otras ocasiones, no se esté dispuesto a encontrar un terreno común entre la diversidad de opiniones de los representantes populares.
Se trata de un llamado a la unidad, de una invitación a encontrar soluciones a problemas que ya no pueden esperar.
Algunos de los requerimientos presupuestarios del año que se avecina pueden enfrentarse apretadamente de mantenerse altos los precios del petróleo y mediante la realización de activos del Gobierno, aunque este último expediente ya está incorporado en el presupuesto y no da más de sí.
Sin embargo, los montos de gasto comprometidos de tiempo atrás, las necesidades que surgen de la fragilidad de las finanzas de las entidades federativas y de los municipios, los apoyos necesarios para abatir la pobreza de las grandes mayorías, la sed de recursos de una infraestructura maltrecha y los apoyos que hacen falta para el campo trascienden el horizonte del presupuesto del año próximo y no se pueden ni se deben afrontar mediante deuda pública.
El planteamiento presupuestario del Ejecutivo a este honorable Congreso es responsable. Un programa austero de gasto compatible con las posibilidades sanas de financiarlo o un ajuste al mismo a través de recursos adicionales provenientes de una reforma fiscal que permita atender algunas de las ingentes necesidades de nuestra población.
La reforma que se propone desde el Ejecutivo y también a partir de iniciativas del Congreso va dibujando un conjunto de cambios que buscan una gran simplificación de la estructura tributaria y con ello ampliar la base, mediante las facilidades que de ahí se desprenden para un mejor cumplimiento.
Se intenta también una reducción de tasas impositivas para atender la necesidad de colocar a nuestro país en un nivel de competitividad tributaria que continúe atrayendo inversiones.
Conviene tener presente que pasamos por un contexto internacional en el que se reducen cada vez más las cargas del impuesto sobre la renta y se privilegian los impuestos al consumo.
La iniciativa del Ejecutivo Federal propone reformar el sistema de impuestos indirectos con un impuesto al valor agregado del 10% aplicable a todas las operaciones, lo que mantendría su carga fiscal actual, ya que dicha tasa es la promedio del impuesto.
Esta reforma produciría alrededor de 70 mil millones de pesos, pues al simplificarse el impuesto se mejoraría significativamente el cumplimiento de los contribuyentes.
Adicionalmente se propuso un impuesto a las ventas finales del 2% para las entidades federativas. Así el incremento de carga fiscal se destinaría a nivel de gobierno que el Ejecutivo Federal desea fortalecer en una visión federalista.
Cabe aclarar que el impuesto a las ventas finales sólo es financieramente posible si se cumplen dos condiciones: la reducción de la tasa general del IVA, puesto que su cobertura es la misma que la del nuevo impuesto y extender el gravamen a todas las operaciones para compensar al menos la recaudación que se pierde con la disminución de la tasa general.
Deseo subrayar que una mejora en el cumplimiento del Impuesto al Valor Agregado repercute en una mejora importante en el Impuesto Sobre la Renta. De ahí la importancia estratégica de mejorar el diseño del IVA. Mientras mantengamos un IVA con una cobertura inferior al 50% del consumo, tendremos evasión, informalidad y una mala recaudación en ambos gravámenes.
Reconocemos que la evasión de impuestos es todavía considerable y que el Servicio de Administración Tributaria tiene un enorme reto. Sin embargo su éxito dependerá en buena medida de que los tratos diferenciales y las zonas grises que dificultan enormemente su labor e incentivan la informalidad, sean eliminados.
No obstante lo anterior, en los dos primeros años de la administración, la recaudación de impuestos no petroleros se elevó en 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), alrededor de 80 mil millones de pesos adicionales para el año en curso.
Aun dentro de un entorno económico débil, hay que destacar que en el transcurso de este año el IVA ha venido creciendo poco más del 12% en términos reales respecto del año anterior.
La propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo aumentaría la recaudación por sus efectos sobre un mejor control y por contar con una base más amplia de contribuyentes. Se basa, de hecho, en buscar la uniformidad de tasas de gravamen al consumo, busca recaudar más de quienes más consumen y aprovechando mecanismos que se acordarían con el Congreso, la iniciativa se puede complementar de manera que la mayor carga que resulte para las personas de menores ingresos, se compense a través de diversos canales de transferencia, entre ellos, de manera destacada, el Programa Oportunidades, que para el año entrante habrá de cubrir a 25 millones de mexicanos y el Crédito al Salario que alcanza a otros 40 millones.
A través de Oportunidades, se pueden asignar recursos adicionales que cubran el gasto, incrementar el resultado de impuestos al consumo en el que incurrirían las familias cubiertas por el programa.
Algo similar se puede hacer aprovechando el Crédito al Salario que beneficia directamente a la clase trabajadora.
Habrá quienes adviertan que una combinación de políticas de impuestos y compensación no puede cubrir sin excepciones a toda la población que se encuentra en los estratos de menor ingreso, y tendrán razón, pero sin duda tiene un gran valor contar con medios para poder hacer llegar recursos a 65 millones de compatriotas que cubran el mayor gasto que se derive de un aumento en los impuestos al consumo y que las mayores contribuciones las aporten justamente quienes tienen mayor capacidad de pago.
Si el Congreso promueve mecanismos de compensación que permitirían, gracias a la reforma fiscal, recaudar del consumo de las personas de más altos ingresos sin afectar a la población de menor capacidad económica, se hace compatible la reforma propuesta con las promesas de campaña de muchos de ustedes.
¿No será posible, en bien por cierto de las mismas grandes mayorías que queremos proteger, sostener que el no a algunos impuestos al consumo, es tan sólo un no, únicamente en la medida que se afecte el bienestar de quienes menos tienen? Y que si esto último se evita ¿se cumple el compromiso de campaña? ¿Por qué una reforma que adopte medidas de compensación sería congruente con los intereses de los más pobres? En parte porque es posible impedir que se afecte su capacidad de consumo y su bienestar; pero también porque los mayores recursos que se obtengan se canalizarían a pensiones, al gasto en agricultura, a salud, a educación, a infraestructura y lo que es tan importante, a crear una plataforma de crecimiento y creación de empleos. Es decir, el destino de los recursos adicionales privilegiaría precisamente a los grupos de la población más necesitados de apoyo.
La alternativa endeudarse para gastar, no sólo se derrota sola, porque el aumento consecuente en las tasas de interés acaba frustrando el intento de mayor gasto, sino porque de perderse la estabilidad obtenida a través de tantos años de esfuerzo, se acabaría perjudicando más a quienes se quiere proteger.
La estabilidad y lo que parece ser el atisbo de una nueva etapa de crecimiento plantean una encrucijada para la economía mexicana: consolidar un equilibrio combinado con la recuperación económica o alternativamente un crecimiento menos vigoroso y menos equitativo. Escoger el mejor derrotero dependerá de nuestra capacidad de unirnos, de encontrar propósitos comunes entre nuestras diferencias. La intención sin duda es común, las diferencias suelen estar en los medios para lograrlo.
En este esfuerzo conviene que meditemos acerca de los aspectos respecto de los cuales es fundamental encontrar acuerdos para que las diferencias políticas no se centren en posiciones contrapuestas acerca de principios que debieran ser básicos si se desea, como es el caso, el bienestar de la población. En la mayor parte del mundo dichos principios son comúnmente aceptados y esto permite que los planteamientos de los partidos políticos se centren en la importancia relativa que debe darse, por ejemplo, a la defensa del medio ambiente, al énfasis social del gasto público, al grado de descentralización política y presupuestaria y de toma de decisiones, entre otros.
No son motivos de controversia los medios presupuestarios y de política en general que se utilizan para lograrlos, se aceptan gravámenes generalizados al consumo que permiten darle una base sólida a la recaudación. Eso hace predecible la estabilidad y coherencia a la política económica y permite planear. De esta manera se fomentan la inversión y la estabilidad en beneficio de todos.
Este es el reto que tenemos como Ejecutivo y Congreso: definir los aspectos de política económica que constituirán una política de Estado. En este esfuerzo los medios para recaudar impuestos tienen particular importancia. No creo que se vulneren promesas de campaña si quienes legislan para estimular la creación de empleos, bienestar general y estabilidad para la población a la que desean y deseamos proteger promueven, a través del Presupuesto de Egresos, medidas que compensen el mayor gasto proveniente de impuestos al consumo de los estratos de menor ingreso.
Por los motivos anteriores, los últimos días de este año servirán para concentrar nuestra atención en como, a través de la propuesta del Ejecutivo que es la que favorecemos o de las que surjan de propuestas de la Cámara de Diputados o de las deliberaciones que la mesa de Reforma Fiscal del Senado de la República ha aportado mediante el concurso de legisladores de ambas Cámaras y de particulares y ciertamente a través de la conciliación de los puntos de vista de los diversos partidos que aquí representan al pueblo de México, se pueda lograr un cambio que no sólo fortalezca el presupuesto que se ha sometido a su digna atención, sino también a crear una base más sólida de finanzas públicas, una que permita enfrentar los duros retos que se avecinan.
Todos queremos un México con crecimiento económico y distribución justa del ingreso nacional, con libertades políticas y democracia plenas, con sólida cohesión social y convivencia armónica, fundadas en la vigencia del Estado de Derecho. Todos queremos un México con certidumbre de bienestar, justicia y oportunidades para todos.
Construir este México es posible si somos capaces de superar nuestras diferencias particulares y de convertir nuestra pluralidad y nuestra vida democrática en capacidad para forjar acuerdos y oportunidad para resolver juntos los problemas y rezagos estructurales del Estado mexicano en un compromiso compartido para el bien del país, en donde ninguna fuerza política pierda y todo lo gane México.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Para dar cumplimiento a los numerales 2, 3, 4 y 5 del Acuerdo Parlamentario, se han inscrito para hacer preguntas y formular réplicas los siguientes diputados:
Jesús Martínez Alvarez, por el Partido de Convergencia; Oscar González Yáñez, por el Partido del Trabajo; Alejandro Agundis Arias, por el Partido Verde Ecologista de México; Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, por el Partido de la Revolución Democrática; Miguel Angel Toscano Velasco, por el Partido Acción Nacional; José Luis Flores Hernández, por el Partido Revolucionario Institucional; Alfonso Ramírez Cuéllar, por el Partido de la Revolución Democrática; Juan Carlos Pérez Góngora, por el Partido Revolucionario Institucional; José Guadalupe Osuna Millán, por el Partido Acción Nacional; y Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, por el Partido Revolucionario Institucional; más algunos otros que entrarán en la fase de réplica.
Por consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Martínez Alvarez, por el Partido de Convergencia.
El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:Con su permiso, señor Presidente:
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Adelante.
El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:Señor Secretario, escuchamos su argumentación, sin duda se refleja que hay importantes cuestiones planteadas, sin embargo, desde luego no suscribimos varios de los argumentos que usted ha dado, porque pensamos que lo más importante primero es poder poner orden en la casa.
Señor Secretario, el paquete enviado por la Secretaría a su cargo no es nuevamente ninguna reforma fiscal, es sencillamente una miscelánea que tiene como único objetivo tratar de obtener los mayores ingresos a costa de afectar a dos extremos de la población: los que siempre pagan y los que menos tienen.
El artículo 74 de nuestra Constitución en su fracción IV, establece la facultad que tiene la Cámara de Diputados en examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos y la vamos a ejercer. En ejercicio de esta facultad, esta Legislatura aprobará el Presupuesto de Ingresos y de Egresos que apruebe el pleno de la Cámara de Diputados para el ejercicio del año 2004. Sin embargo, por los tiempos siempre apretados, Convergencia propondrá, independientemente de lo anterior, que el artículo primero transitorio del decreto de egresos quede de la siguiente manera:
El presente decreto entrará en vigor el 1º de enero del año 2004, para que por este único ejercicio se hagan revisiones cuatrimestrales, de tal manera que el Ejecutivo como el Legislativo evaluemos el impacto de las medidas aprobadas, realicemos los ajustes que estimemos indispensables en su caso, con objeto de lograr un desarrollo sostenido y equidad tributaria.
Estas revisiones, señor Secretario, cuatrimestrales, permitirán que vayamos alcanzando acuerdos, de manera que ya no partamos de supuestos ni de experimentos cada vez que se acerca la elaboración del presupuesto.
La propuesta de Convergencia en materia de ingresos es la siguiente.
Por lo que se refiere al IVA:
Primero. Aceptamos el esquema del 10% del IVA para la Federación, 2% del IVA a los estados y 1% a los municipios, partiendo del principio de modernización, descentralización, federalismo, pero sobre todo de rendición de cuentas.
Segundo. Eliminar la tasa cero en IVA, excepto a la exportación y el turismo, y realizar una revisión minuciosa de productos y servicios que deban considerarse exentos, dentro de los cuales están entre otros: alimentos, medicinas, libros, educación, etcétera.
La tasa cero sólo provoca devoluciones constantes y en ocasiones juicios en la interpretación de esta tasa, que han provocado devoluciones millonarias; con su eliminación habrá un mejor control.
Tercero. Modificar el artículo 4º de la Ley del IVA y el correspondiente al reglamento, en el sentido de que se especifique en el precio al público el IVA correspondiente para lograr dos efectos: generar una cultura de contribución al beneficio común y facilitar el control de este impuesto a la instancia fiscalizadora.
En cuanto al Impuesto Sobre la Renta:
Primero. Aceptamos el acuerdo de reducción del ISR para quedar de la siguiente forma: 30% para personas morales, 25% para personas físicas.
Segundo. Exención a toda persona física que reciba salarios mínimos, debiendo modificar la tarifa correspondiente, para evitar sobrecargar alguno de los estratos de la población.
Otras acciones para fortalecer las arcas públicas:
Primero. Instrumentar programas puntuales de combate a la evasión y defraudación fiscal de comercio formal. El Consejo Internacional de Administración Pública Tributaria estima que la evasión del comercio formal equivale al 3.5% del PIB, que representa más de 300 mil millones de pesos.
Segundo. Especial atención merecen los juicios contenciosos administrativos por lo que el fisco deja de cobrar cuantiosas cantidades por falta de una correcta fundamentación y sustentación de parte del Jurídico de Hacienda.
En el año 2002 se erogaron por concepto de devoluciones en perjuicios del erario más de 100 mil millones de pesos, esta es fuente de la Secretaría de Hacienda.
Es de esperarse que para este ejercicio de 2003 tengamos nuevamente erogaciones similares para el ejercicio iguales al correspondiente al año 2002.
Tercero. Todos los gobiernos estatales y municipales así como los organismos autónomos retienen impuestos a sus trabajadores, sin embargo gran parte de ellos no los enteran a la Secretaría de Hacienda. Estimamos, con base en los Presupuestos de Egresos, de estos niveles de gobierno que se dejan de percibir cerca de 45 mil millones de pesos.
Cuarto. Incorporar el comercio informal al pago de contribuciones instrumentando mecanismos prácticos de recaudación que deben de estar a cargo de los gobiernos estatales así como de los municipios que tengan capacidad para ello. Esta actividad todos coinciden en que representa el 10 y 12% del PIB: de ser así, se podrán obtener recursos que en un cálculo conservador por más de 80 mil millones de pesos anuales solamente del comercio informal y que pasarían a formar parte íntegramente de las contribuciones estatales con una participación a los municipios.
Quinto. Ampliar el financiamiento público al 2% del PIB en lugar del 0.3 lo que representaría 137 mil millones de pesos adicionales destinados exclusivamente para el desa-rrollo de infraestructura que nos prestaría el Banco de México a las mismas tasas de interés que producen nuestras reservas federales.
Señor Secretario, usted sabe perfectamente bien que tenemos más de 50 mil millones que se ponen a subasta a tasas ínfimas y cuyos únicos beneficiarios son los especuladores del gran capital. Aprovechemos estas reservas para el financiamiento de nuestro desarrollo.
Parece paradójico que sigamos buscando cómo obtener mayores ingresos cuando solo poniendo la casa en orden puede lograrse sin exprimir a los contribuyentes de siempre.
Quiero aclarar señor Secretario que eliminando la tasa cero, la tasa cero de los impuestos, reclasificando y pasándolos a exentos, se pueden obtener recursos por más de 70 mil millones de pesos.
Nosotros consideramos definitivamente de que no es necesario estar buscando nuevos impuestos, entendemos perfectamente bien que la uniformidad de tasas permite un mayor control y una mayor fiscalización.
Entendemos también el hecho de que los presupuestos plurianuales o bianuales son necesarios pero hemos venido siempre acotados trabajando, acotados por el tiempo. En esta ocasión lo que estamos planteando es que aprobemos el Presupuesto de Ingresos sin dañar a las clases populares, que nos demos un tiempo de 4 meses para trabajar en las comisiones tanto de Presupuesto y de Gasto Público como de la propia Comisión de Hacienda. Si ustedes no quieren entrarle a la Reforma Fiscal Integral, el Legislativo sí tiene deseos de hacerlo, por lo tanto creo que este ajuste de tiempo nos va a servir a todos para llegar a acuerdos y no tomar soluciones precipitadas.
Por su respuesta, muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra para formular su respuesta, el señor Secretario de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz:Muchas gracias.
Con su venia señor Presidente; muchas gracias diputado Jesús Martínez Alvarez por sus comentarios y sugerencias así como por sus cuestionamientos.
La reforma que se ha venido dibujando tanto por propuestas de legisladores en impuestos sobre la renta como por la propuesta del Ejecutivo en materia de IVA van conformando una reforma integral que va mucho más allá de una miscelánea, porque miscelánea hay que acordarse es un término que se usa porque se tocan diversas leyes y una reforma integral siempre va a ser una miscelánea. No se trata de cobrarle a los que siempre pagan porque uniformar tasas tiene como consecuencia y ya lo hemos experimentado, que mejora enormemente el cumplimiento y además, como también lo mencioné en mi discurso, está en manos de ustedes si podemos trabajar juntos haciendo números a través del Presupuesto de Egresos, llevar a cabo medidas de compensación, de tal forma que se recaude de las personas que tienen mayor capacidad de ingreso, que representan en mayor porcentaje del consumo de alimentos y medicinas y se pueda compensar o más que compensar el mayor gasto en que incurrirían las personas de menores ingresos.
Hay alrededor de 17 millones de personas a las que se les retienen impuestos y de ellas, alrededor del 80% reciben el crédito al salario; de éstas, alrededor de 10 millones son familias porque descartamos los casos en que trabajan tanto la mujer como el marido o los consolidamos; llegamos así al número de 40 millones de personas que son susceptibles de obtener el crédito al salario a través del cual se puede compensar el mayor gasto; y por otro lado, sin traslapio porque se trata de dos grupos distintos, dentro del Programa Oportunidades otros 25 millones que pueden también ser objeto de un ajuste como el que acabo de mencionar.
Cubrir a 65 millones de compatriotas de su mayor gasto, puede ser la fórmula que nos permita equilibrar, cobrarle a quienes más tienen y evitar cobrarles más a los que tienen menor capacidad económica.
Este gobierno, desde el principio empezó no sólo a informar ampliamente de los requerimientos financieros globales del sector público sino también a hacerlo mensualmente, tanto de los requerimientos financieros globales como de lo que tradicionalmente se ha venido definiendo como el balance o déficit público; no sólo se ha dado información más oportuna, se ha dado más información y creo que es muy oportuna la propuesta del diputado Martínez Alvarez de estar llevando a cabo una evaluación continua del ejercicio del gasto y de la eficacia del gasto, creo que es un ejercicio no sólo el del gasto sino de ejercicio de análisis del gasto en el que tanto el Congreso como el Ejecutivo pueden colaborar y de esa manera lograr una muchísima mayor eficacia.
Son interesantes, sugerentes y constructivas las propuestas que hace el diputado en materia de impuestos, creo que se puede lograr entre lo que propuso el Ejecutivo en materia de IVA y lo que él plantea, una solución si así lo decide la mayoría de la Cámara.
Las propuestas de compartir la reforma con estados y municipios que ha surgido de la Cámara y que también propone el Ejecutivo, van a ser posiblemente la contribución más importante para el combate a la economía informal. Una vez que la carga federal se disminuya a través de medidas como las que se proponen y se sustituya en parte, no en su totalidad porque hay una despresurización de impuestos general mediante gravámenes que se canalizan a estados y municipios, éstos van a tener una muchísima mayor participación e interés en combatir la economía informal, creo que de esa manera se van a combinar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y vamos a lograr una muchísima mayor fiscalización y eficacia en materia recaudatoria.
Estamos haciendo esfuerzos y creo que podemos mostrarles resultados de cómo se ha tenido un mayor éxito en los juicios que la Secretaría tiene que litigar en defensa de los intereses del fisco, aún así creo que el porcentaje de juicios que ganan los contribuyentes también son una muestra de la independencia de la autonomía de la limpieza con que trabaja el Tribunal Fiscal y ¡que bueno, que así sea!, no porque nos guste perder los juicios. Sí, ciertamente debemos mejorar la forma en que se plantean los documentos que expide la Secretaría para que no se pierdan los juicios por razones puramente formales; creo que tenemos que mejor y tener muchísimo más cuidado en ese aspecto.
Pero también se han perdido muchos juicios que van más allá de lo propiamente contencioso administrativo hacia el juicio de amparo, porque ha habido jurisprudencias de la Suprema Corte, que han dado lugar a un alud que una vez que pierde la Secretaría de Hacienda o que pierde el Ejecutivo, la razón de constitucionalidad de una reforma, una cantidad enorme de juicios que se promueven tomando en cuenta que esa jurisprudencia se puede aprovechar por más contribuyentes.
Estamos trabajando con municipios y gobiernos estatales para poner al día los impuestos que tanto la Federación y los gastos, debe canalizar hacia estos órdenes de gobierno, como de los órdenes locales hacia la Federación. Es un trabajo que se ha venido realizando durante estos últimos tres años, porque estamos conscientes de que es necesario revelar los montos reales de ingreso y de enterar las cantidades que se deben retener.
Por lo que se refiere a endeudamiento público y a la posibilidad de canalizar recursos del Banco de México, Banco de México invierte en reservas, porque del lado de su pasivo se tiene que endeudar; que el Banco de México se endeude para prestarle al Gobierno, sería romper su regla que le marca la misma reforma constitucional, que a partir de 1994 crea la autonomía del banco, pero también hay que valorar no sólo la imposibilidad de que el banco le preste al Gobierno que traería una percepción de parte de quienes juzgan el equilibrio de la economía mexicana bastante negativa y que se traduciría en aumentos en las tasas de interés, el papel que juegan las reservas internacionales. Las reservas internacionales dan una imagen y no es una imagen únicamente, también es una realidad de solvencia y liquidez.
El país tiene una cantidad importante de compromisos adquiridos en deuda externa y nunca se puede prever con exactitud, ni siquiera se puede prever aproximadamente, qué clase de dificultades o perturbaciones en los mercados internacionales pueden en algún momento dificultar la capacidad de revolvencia o la capacidad de pago de las obligaciones externas del país. Por ese motivo, tener una caja que tiene que tener alguna proporción con las obligaciones externas del país, contribuye a que la imagen de solvencia y de liquidez del país sea alta y que por lo tanto, el riesgo país y en consecuencia las tasas internas de interés sean bajas o sea que las reservas internacionales han servido para que tengamos un nivel bajo de tasas de interés, en ese sentido no sólo no cuestan, sino que nos han aportado grandes ahorros presupuestarios.
Es un tema que tiene muchas caras y hay que tomarlas todas, porque es un equilibrio el que se logra a partir de la consideración de todas las implicaciones que tienen las reservas internacionales y la acción crediticia del Banco de México.
Muchas gracias, señor diputado, gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor Secretario.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Martínez Alvarez, para formular su réplica.
El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:Con su permiso, señor Presidente:
En el planteamiento anterior, señor Secretario, dijimos concretamente que la tasa cero produce 70 mil millones de pesos, dijimos también que la uniformidad de la tasa del 10% que estamos planteando para municipios, permite mayor fiscalización. Desde luego estamos en contra del IVA a las medicinas, desde luego a los alimentos, a la educación y todos los que estuvieron. Hay que reclasificar los artículos que realmente deban estar exentos.
No podemos seguir perdiendo juicios, señor Secretario, que tengan un costo de más de 100 mil millones de pesos, no podemos permitir que algunos estados, prácticamente el 50%, detengan impuestos a los trabajadores que sí se los descuentan y no los entregan a la Secretaría de Hacienda, cifra que se calcula en más de 45 mil millones de pesos.
Y en cuanto al Banco de México, independientemente de las reglas yo diría lo siguiente, señor Secretario: que sea el agente financiero, porque necesitamos crecer por lo menos de alrededor de un endeudamiento del 2%. En todos los países de la OCDE están teniendo tasas del 3%, porque se les está cayendo su economía y en este país, donde hay desempleo, donde la gente pierde su trabajo, faltan todos los servicios, no podemos darnos el lujo de tener el 1.2 como se ha planteado.
Por otro lado, en los juicios tiene qué ver con la administración pública actual, señor Secretario. Tenemos más de 811 leyes, reglamentos, decretos, circulares y cada funcionario es sujeto a más de 190 artículos para poder desempeñar su trabajo. Para poder avanzar es necesario reducir la excesiva regulación Administrativa Pública Federal. El aparato ha crecido, pero con el sistema anterior, nuestro mandato es ir al fondo, no quedarnos en la superficie y siguiendo un juego en el que parecemos invitados de última hora; necesitamos metas medibles en función de resultados tangibles, de lo contrario seguiremos diciendo que todo está bien sólo porque se gastó lo que dijimos, sin saber cuáles fueron los beneficios del gasto, por lo que proponemos además estas medidas:
Primera. Debe existir un solo órgano de fiscalización para todo el Presupuesto Federal, el cual debe ser la Auditoría Superior de la Federación, dependiente del Poder Legislativo. Esta propuesta ya la hicimos y esperemos que camine aquí en el Poder Legislativo. No puede el Ejecutivo estarse fiscalizando a sí mismo.
Segunda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe de remitir trimestralmente a la Auditoría Superior de la Federación el informe de la gestión financiera del ingreso y del ejercicio de presupuesto, para su evaluación.
Tercera. El Presupuesto de Egresos debe contemplar claramente lo que es el sector central de lo que es el sector paraestatal. Es muy difícil entender cuál es el déficit real del sector central, no podemos estar devolviendo organismos de naturaleza diferente, como son los organismos públicos descentralizados; unos son de bienes y servicios como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y otros que nada tienen qué ver, simple y sencillamente el gasto de la burocracia, del propio Gobierno para que pueda cumplir con su mandato.
La Secretaría de Hacienda debe de implementar medidas de desregulación administrativa para simplificar los trámites de los contribuyentes y también de las propias dependencias y entidades. Las entidades del poder público se encuentran prácticamente paralizadas, nadie se atreve a firmar ni a autorizar simple y sencillamente porque les da temor de firmar cualquier cosa porque pueden ser sujetos de una sanción. Por eso los subejercicios, señor Secretario. No es que no sepan aplicarlos, simple y sencillamente nadie se atreve a tomar medidas cuando un funcionario está sujeto a más de 190 disposiciones y existen para todo el aparato cerca de 811, vuelvo a repetir, entre leyes, reglamentos, decretos por el estilo.
Por eso Convergencia va a proponer otro artículo transitorio para que los organismos públicos descentralizados cuenten con autonomía de gestión y autonomía financiera, presentando los estados de flujo de efectivo por separado. Agregamos también que los organismos públicos descentralizados que tengan superávit, no en la contabilidad; en su ejercicio en cuanto a ingresos y egresos, contarán con estos recursos que deberán aplicarse exclusivamente a programas de infraestructura y desarrollo tecnológico.
Señor Secretario: tenemos al alcance de nuestra propia voluntad y capacidad de mejorar sustancialmente la política económica, los mecanismos de recaudación y la estrategia de distribución del gasto.
Trabajemos juntos en las medidas de fondo y en las coyunturales, pero paulatinamente vayamos construyendo una verdadera política económica de Estado.
Muchas gracias, señor Secretario.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya al cierre del sistema.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Con su permiso, señor Presidente.
¿Falta algún diputado o diputada para registrar asistencia?
Señor Presidente, se informa que hasta el momento hay una asistencia de 452 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico, por favor.
Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos, para realizarlo por cédula.
Tiene el uso de la palabra el diputado Oscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para plantear sus cuestionamientos.
El diputado Oscar González Yáñez:Con la venia de la Presidencia; señor Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público; compañeras y compañeros legisladores:
Primero acotar que su presencia aquí persigue dos objetivos fundamentales: el primero, dar cumplimiento a la ley; el segundo, para dar respuesta puntual sobre el caos político en que se ha metido al gabinete, al Presidente Fox e incluso a otros partidos políticos en torno al paquete económico.
Ahora que existe la duda fundada de que usted es el autor del IPI, ¿qué nos puede decir al respecto?, y ¿qué otra carta nos tiene bajo la manga dentro de sus propuestas?
Por otra parte, nos llama la atención que haya sido la Cámara de Diputados la que tuviera que recordarle la obligación de dar cumplimiento a la ley en su fracción IV del artículo 74 de nuestra Constitución. Eso demuestra el desprecio que siente por instancias como ésta; usted quisiera estar sentado en su oficina llegando a acuerdos a espaldas del pueblo.
También nos parece contradictorio e irresponsable que proponga modificaciones a la Ley del IVA que no se reflejan en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año.
No es posible que exista la falta de información entre el Presidente Fox y la Secretaría a su cargo, que públicamente el Presidente haya negado dar la instrucción para que se desincorporen algunas entidades públicas. ¿Acaso esta incongruencia debe atribuirse a la falta de acuerdos al interior del gabinete? Sobre estas cuestiones le solicitamos nos dé una explicación que esté más allá de lo que se ha comentado en los medios de comunicación.
Señor Secretario, ¿cómo vamos a crecer si los ejes de su política económica están orientados a prolongar la recesión económica?, ¿cómo vamos a crecer si ustedes privilegian recursos para el costo financiero de la deuda y reducen el monto de la inversión en infraestructura?, ¿cómo puede crecer el país si hacen todo para que no crezca?, ¿cómo podemos tener credibilidad en las palabras del Presidente Fox cuando afirma que la educación y por tanto la cultura, son una prioridad nacional y se hace todo lo contrario, pretenden aplicar el IVA a libros, periódicos y revistas, atenta contra el Conacyt recortando su gasto en casi 1 mil millones de pesos?, ¿acaso la aplicación de la ciencia a la producción no ha sido la base del crecimiento y desarrollo de los países industrializados?
Borra de un plumazo al Colegio de Posgraduados de Chapingo, al INIFAP, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a la Comisión Nacional de Zonas Aridas, a Notimex, entre otras.
¿Por qué no cumplieron con lo dispuesto en el artículo 16 de la Federación de entidades paraestatales, que señala la obligación que tiene la Secretaría de Hacienda de consultar la opinión de la dependencia coordinadora del sector, para plantear la disolución, liquidación o extinción de los organismos descentralizados en cuestión? ¿Por qué desaparecer al Centro de Capacitación Cinematográfica y al Imcine, que han dado grandes resultados y prestigio internacional a nuestro país?
La verdad, señor Secretario, se nos ha creado la duda de que se está tendiendo una cortina de humo para distraer a la opinión pública y al pueblo de México.
Señor Secretario, el panorama es desalentador; lamentablemente hemos sido testigos de cómo las pequeñas y medianas empresas se han ido hundiendo cada vez más; presenciamos el desplome de la economía campesina, nuestros hombres del campo tienen que emigrar hacia el país del norte para resolver sus problemas de extrema pobreza; el desempleo ha alcanzado un nivel sin precedentes durante las últimas décadas y ustedes no están haciendo nada para atenuar los graves estragos que causa a la población.
¿Acaso piensa seguir manteniendo paralizada a la economía y engañando al pueblo de México, que sólo con la apertura del sector privado en el sector energético vamos a crecer? Esto es una rotunda mentira, ¿por qué se exprime a los contribuyentes cautivos y teme afectar a los contribuyentes más poderosos? ¿Por qué se busca el camino injusto de castigar a los pobres cobrando el IVA a alimentos y medicinas?
No estamos de acuerdo en que un gran monto del gasto público siga destinándose para pagar a los banqueros, al rescate carretero y a los Pidiregas; en cambio, a la inversión en infraestructura en transportes y comunicaciones, se propone reducirlo en un 15% con respecto del 2003, en tanto que a los particulares del sector energético se incrementa su participación en casi 29%.
Señor Secretario, usted sabe que el gasto público tiene como propósito fundamental detonar el crecimiento económico y el empleo, asegurando por ese medio el bienestar de la población; sin embargo, ustedes no están persiguiendo ese propósito, con el destino que le están dando al gasto, donde privilegian los intereses particulares por encima de los intereses del pueblo; para muestra, el Fobaproa-IPAB, absorberá cerca de 28 mil millones de pesos, casi el doble del presupuesto que se le destina a la Universidad Nacional Autónoma de México.
¿Por qué a las entidades federativas no se les incrementa el gasto para el próximo año, sino al contrario, en términos reales se les reduce?
Al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se pretende asignar 41% menos de lo aprobado por esta soberanía en el 2003. ¿Acaso es una trampa a los gobernadores, para recibir menos recursos y estén de acuerdo en aplicar IVA estatal en el 2% y 1% a municipios?
Señor Secretario, el proyecto de país que ustedes promueven, promueve favorecer a los sectores más poderosos.
Por eso, esta soberanía con base en la ley, con su peso político, con su representación popular, está obligada a cambiar el rumbo de los dineros para beneficio de nuestro pueblo.
Los diputados del Partido del Trabajo estamos firmes en no cobrar IVA en alimentos y medicinas, estamos aquí para defender el interés público, para defender el interés de los más desprotegidos, para defender el interés de México y de nuestro pueblo.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el licenciado Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz:Con su venia, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Adelante.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz:Muchas gracias, diputado Oscar González Yáñez, por sus comentarios y cuestionamientos.
Quisiera empezar aclarando que estaba yo fuera de México cuando se preparó el IPI y que la Secretaría de Hacienda no tuvo participación en la elaboración de esa propuesta, la cual con mucho gusto podríamos, si les interesa, comentar en su momento.
Todos los años y tengo ya muchos en el Gobierno, el Secretario de Hacienda ha comparecido ante esta Cámara de Diputados como resultado de una invitación de la misma, en momento en que la Cámara me invitó en todas las ocasiones, no sólo para cumplir con esta obligación constitucional que tiene el Secretario de Hacienda, sino en las demás, para participar en comisiones han solicitado mi presencia y he acudido gustoso, así como a la cantidad de reuniones informales que muchos diputados solicitan y que también siento que es obligación y gusto de la Secretaría de Hacienda aceptar.
No se incorporan las reformas al IVA en el presupuesto, no por irresponsabilidad sino por responsabilidad, ¿cómo vamos a proponer ingresos asociados a gastos que todavía no han sido legislados?
Por lo que se refiere a la desincorporación, me voy a permitir leerles el texto del documento que se envió al Congreso, para no referirme a cada una de las entidades que están mencionadas en el mismo, en términos generales lo que se dice es que: ``...el Ejecutivo Federal por conducto de la respectiva dependencia coordinadora, elaborará un diagnóstico de cada entidad, que contendrá un análisis de los aspectos jurídicos para determinar el procedimiento legal a seguir en el proceso de desincorporación y la identificación de la opción menos costosa para llevar a cabo la desincorporación respectiva, debiendo remitirse dichos diagnósticos a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a más tardar el último día hábil de febrero, iniciándose los procesos correspondientes a partir del mes de marzo.
Osea no sólo fue informada la Cámara de Diputados de las posibles fusiones o desincorporaciones, sino que además se le va a informar oportunamente, antes de que termine el mes de febrero, de los análisis que se hayan efectuado por parte del Ejecutivo y de las dependencias involucradas, así que la Cámara va a tener una participación activa en cualquier decisión que se tome al respecto.
Es un planteamiento, hay un proceso hacia delante para evaluarlo y no es una decisión, así que están ustedes siendo parte integral y está siendo objeto el Poder Legislativo del máximo respeto que se le puede otorgar por parte del Ejecutivo antes de instrumentar cualquier medida de esta naturaleza.
Por lo que se refiere a los gastos en distintos ramos, por ejemplo, en materia de Ciencia y Tecnología, se está planteando un incremento de 14% en términos reales comparado con el ejercicio del 2003. Para poder llegar a esta cifra, con mucho gusto podemos aportarles la información que está contenida en el presupuesto que se envió, pero que hay que tomarla de los diversos renglones que tienen qué ver con Ciencia y Tecnología; la cantidad de recursos que se está aportando crece en el porcentaje que les acabo de mencionar.
Ya les mencioné como se están empezando a recuperar las exportaciones, el empleo, cómo va la industria de la construcción, cómo el sistema financiero está haciendo su papel para contribuir al crecimiento de la economía. Les puedo añadir que el papel que están tomando instituciones como el Fovissste y el Infonavit, el Banco Nacional Hipotecario en todo el Programa de Vivienda, que es el más ambicioso que se ha emprendido, que tiene qué ver no sólo con la satisfacción de una necesidad social sino también con el impulso a la industria de la construcción y al empleo, están dando resultados satisfactorios.
Lo que de ninguna manera estimularía el crecimiento serían medidas que desequilibraran el comportamiento de los mercados financieros, al contrario, es una experiencia que ya hemos padecido en muchas ocasiones cuando hemos roto los equilibrios financieros, la economía no solo no ha crecido, sino que de las caídas en la producción y en el empleo y en los salarios reales, a quienes más se ha perjudicado es a las personas de menores ingresos.
Tenemos que crecer, tenemos que tomar las medidas para crecer y en el presupuesto se privilegian dentro de los recursos que tenemos, los que se destinan a las prioridades sociales y se dejan para que junto con ustedes podamos aportar recursos adicionales, renglones que se pueden incrementar como el Programa de Apoyo a Entidades Federativas, renglones de infraestructura y otros; aunque en infraestructura creemos que podemos sacar adelante un programa muy ambicioso de construcción, como de hecho ya se inició, a través de Banobras y de un fideicomiso que está constituido en el mismo.
No se plantea, lo comenté en mi discurso introductorio, afectar a las personas de menores ingresos mediante medidas tributarias, está en manos del Congreso impedir que se afecte el gasto de las personas de menos ingresos, y en cambió sí, quienes consumen más, quienes consumen la mayor proporción de alimentos y medicinas que hoy reciben el beneficio de la tasa cero, paguen una cantidad mayor por impuestos y podamos dejar a las personas de menores ingresos compensadas por cualquier cantidad adicional que pudieran tener que erogar.
No se favorece a los más poderosos, al contrario, si algo tiene el programa presupuestario, es una orientación social marcada que privilegia educación, que privilegia salud y que trata también de atender las necesidades del campo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor Secretario.
Tiene el uso de la palabra para formular su réplica, el diputado Oscar González Yáñez.
El diputado Oscar González Yáñez:Con el permiso de la Presidencia:
Primero comentar, la ley dice que tiene que enviar aquí un Presupuesto de Ingresos y de Egresos, si no nos está mandando los egresos porque dice que primero se lo tienen que aprobar lo otro, es en el mismo momento, cuando tú mandas una propuesta de ingresos, tienes que mandar evidentemente la propuesta de egresos; no puede venir incompleta señor Secretario; no puede usted esperar primero man- darnos ingresos, después esperar a ver qué pasa y usted a partir de ahí programar, eso no puede ser. Porque además, primero no es lógico y dos es ilegal; la ley dice claramente: Ley de Ingresos y Ley de Egresos, artículo 74, fracción IV de la Constitución. No es una consideración.
Ahora, usted está aquí por obligación legal, no por invitación; por invitación usted puede venir muchas veces, pero en dos ocasiones usted tiene que venir por ley: primero, para dar cuenta de la glosa del Informe; segundo, para cumplir con los criterios y explicaciones sobre el paquete económico que es el caso. Porque el señor nos quería evadir, si no fuera porque la Cámara le recordó que tenía que venir, no hubiera venido y no hubiera cumplido su mandato legal; por eso está usted aquí, no es por invitación, es por ley.
Usted dijo que con una tasa general del IVA al 10% se recaudaría 70 mil millones de pesos más; esto es incorrecto, se recaudaría 5 mil 66 millones y el resto es por eficiencia recaudatoria, sí, pero también el Secretario nos dice que más del 50% del IVA no se recauda. Entonces ¿dónde quiere sacar esa eficiencia recaudatoria? Entonces este dato de 70 mil millones de pesos también no es verdadero.
Usted dice que para sacar adelante la reforma se necesitan mayorías en la Cámara. Sí, las mayorías las da el pueblo, no la voluntad política de las fracciones; las mayorías las da el pueblo y el presidente y usted le pidieron la mayoría al pueblo y el pueblo no les dio la mayoría. Entonces no venga usted aquí a pedir mayorías que el pueblo de México no le concedió. Los acuerdos se construyen de otra manera, no andando en lo oscurito
Usted, señor Secretario, es el primer evasor de este país. Se dedica a evadir en dos niveles: uno, protegiendo a los contribuyentes poderosos para que no paguen impuestos y dándoles salidas legales para que se los regresen y, por otro lado, evadir los cuestionamientos de los diputados en sus comparecencias. Le recuerdo que usted está bajo el formato de comparecencia; usted no viene aquí a dar sus opiniones, viene a contestar los cuestionamientos de los diputados, está bajo ese formato, no es un formato de mesa de trabajo.
Por eso me atrevo a calificarlo que usted es el campeón de la evasión en México por esas dos razones.
Usted nos dice que hizo las consultas que marca la ley para las entidades paraestatales en su artículo 16. Pues alguien miente, o el Presidente de la República, que afirmó de manera tajante que él no promovió ninguna desincorporación. Los responsables de los organismos tampoco estaban enterados. El responsable de la política cultural manifestó su rechazo a esas medidas y otros jefes del mando. Entonces alguien está aquí mintiendo y no se hicieron las consultas pertinentes para proponer una desincorporación.
Afirmó usted que todos queremos en México certidumbre. Estamos de acuerdo. El problema es que usted no genera esa certidumbre. Los indicadores del gobierno del que usted forma parte provocan caos y confusión.
Usted, señor Secretario, es una marioneta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y por cierto mala marioneta porque sólo ha generado desconcierto e incertidumbre en la población, en la clase política, en el gabinete y en los mercados financieros e incluso en el propio Presidente de la República.
Usted, señor Secretario, es un servidor público y un servidor público se debe a los intereses públicos, o sea a los intereses del pueblo y no a los intereses mezquinos de los depredadores de nuestro país.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para formular sus planteamientos.
El diputado Alejandro Agundis Arias:Con su venia, señor Presidente:
Sea usted bienvenido, señor Secretario, a este recinto. Compañeras y compañeros legisladores:
Una reforma fiscal debe cumplir con las siguientes condiciones: posibilitar el crecimiento económico, distribuir el ingreso, elevar la eficiencia recaudatoria y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Un país sin ingresos suficientes que permitan rehabilitar y robustecer la hacienda pública es un país imposibilitado para enfrentar eficientemente los compromisos actuales y futuros en términos de inversión en infraestructura, empleo y distribución.
La reforma fiscal no debe sólo contemplar la modificación de los ordenamientos legales en los cuales se sustenta la captación tributaria; debe tener una visión amplia de la problemática económica, financiera y fiscal del país.
Al estudiar el paquete económico enviado por el Ejecutivo podemos observar que no tiene una visión de largo plazo. Tal parece que la mayor atención es prioritariamente recaudatoria.
El problema principal de esta propuesta es que se pretende aplicar en un contexto en el que la economía enfrenta serios problemas de crecimiento. Hay que decirlo, las reformas fiscales se construyen y se enfrentan a menos obstáculos en un contexto de crecimiento económico simple y sencillamente porque a lo largo del ciclo ingreso-gasto-deuda se define quién gana y quién pierde en el proceso económico.
La actual política fiscal ha sido ineficiente, tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto.
Por el lado de los ingresos, necesitamos una reforma que dé coherencia al sistema impositivo, que sea progresiva y equitativa, de tal manera que grave a la persona física o moral de acuerdo a su capacidad para obtener ingresos, de acumular riqueza y de acuerdo a su capacidad de compra y el perfil de consumo.
La problemática de la estructura impositiva podría resumirse en evasión fiscal. De acuerdo con una investigación realizada por el CIDE, se calcula que la evasión, elusión, fraudes y otro tipo de incumplimientos tributarios, representan casi el 50% del potencial recaudatorio de México. Esto da una idea de la magnitud del problema de la evasión fiscal en escala nacional, además explica por qué la carga fiscal es muy alta para el contribuyente cautivo.
Lo anterior determina que la carga fiscal de México esté por debajo de la que tienen países en desarrollo similar y así los ingresos dependen en gran medida del petróleo y obviamente las fluctuaciones en el precio de este producto repercuten en las finanzas públicas.
Está claro que las medidas propuestas por el Ejecutivo no redundarán en una nueva hacienda pública, toda vez que como en ocasiones anteriores, no se modifica la estructura impositiva del país, simplemente se trata de algunos cambios y adiciones de ciertos impuestos.
Es indispensable atacar primero el problema de la evasión fiscal actuando en dos frentes:
Primero, simplificando las leyes y la administración fiscal, y
Segundo, tomando medidas que realmente transparenten el gasto público.
La reforma planteada por el Ejecutivo no puede calificarse como distributiva, ya que el Estado n promueve una distribución justa del ingreso. Por el contrario, la propuesta se fundamenta en impuestos al consumo que afectan en mayor medida a las clases de bajos ingresos.
Si realmente se quiere fomentar una distribución equitativa del ingreso, es necesario que el sistema tributario se base en mayor medida en impuestos directos como lo es el Impuesto Sobre la Renta.
Por todo lo anterior, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en relación con el ingreso nos preguntamos: ¿En que medida la propuesta presentada por el Ejecutivo implica una nueva estructura tributaria para el país? Y si ésta realmente persigue el objetivo de mejorar la distribución del ingreso.
Por otra parte el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo contempla una reducción en el gasto programable del Gobierno Federal de 3.1% en términos reales, esto como consecuencia de una disminución en el ingreso esperado para el próximo año y un aumento en el gasto no programable de 5.1% debido principalmente al costo financiero de la deuda.
Lo anterior se traduce en menores recursos para los programas y proyectos de las dependencias federales. Por ello nuestra propuesta tiene dos vertientes:
La primera es hacer una revisión minuciosa para que los programas sociales y de combate a la pobreza, no se vean afectados, y
La segunda, es buscar posibles ahorros en áreas no estratégicas y modificaciones en el destino del gasto.
Asimismo estamos a favor de incrementar el gasto federalizado a través de los diferentes fondos que para ellos existen.
Estamos en contra de reducir los recursos del Programa de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, transferencia relevante en nuestro sistema fiscal por la manera como se incluye año tras año. Dentro del cuerpo de provisiones contenidas en el Presupuesto Federal y el uso estratégico que representa para las entidades federativas.
En materia de gasto, nos preocupa de manera especial la disminución de recursos propuesta para las funciones, protección y conservación del medio ambiente en más del 17% y en desarrollo agropecuario y forestal en 9% en términos reales.
¿No cree que con estas cifras el Gobierno Federal muestra una vez más su desdén por el medio ambiente?
El gasto propuesto en educación no es suficiente para lograr alcanzar la meta del 8% del PIB en el 2006 como lo marca la Ley General de Educación.
En materia de salud, se propone una asignación de 3 mil 800 millones de pesos para garantizar atención a las familias que se incorporen al Seguro Popular.
Creemos necesario que la Secretaría de Salud explique a detalle el destino de estos recursos y el impacto en las finanzas públicas que tendrá dicho seguro.
En materia de inversión debemos revisar la manera en que será financiada, ya que la inversión presupuestal disminuye 14.4% mientras que la inversión financiada aumenta 28.8% vía Pidiregas, los cuales son contabilizados como deuda pública pero sí impactan recursos futuros.
Por otro lado, se propone la desincorporación de 16 entidades paraestatales como una manera de ahorrar. Sin embargo, el ahorro sería de apenas 4 mil millones de pesos, cantidad que no resuelve de fondo el problema de la escasez de recursos. ¿Acaso el Gobierno Federal no considera que estas entidades son muy importantes en la generación de recursos para la asistencia pública o para la investigación y desarrollo de tecnología para el manejo sustentable del agua?
En el Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de un manejo responsable de la deuda pública para contribuir a mantener un marco de estabilidad económica y para promover el desarrollo de los mercados financieros nacionales. Sin embargo, el gasto público debe verse también como promotor de la inversión y del crecimiento económico. Por ello nos preguntamos: ¿por qué el Ejecutivo propone disminuir el déficit público de 0.5 a 0.3 como proporción del PIB, sobre todo si consideramos la escasez de recursos para el próximo año.
Proponemos también contabilizar como deuda pública los Pidiregas y el fideicomiso de infraestructura, ya que así tendríamos un indicador más preciso sobre la deuda real del gobierno.
Por su respuesta, señor Secretario, muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz:Con su venia, señor Presidente:
Muchas gracias diputado Alejandro Agundis, por sus comentarios y cuestionamientos.
Los planteamientos del diputado tienen nuevamente qué ver con lo que es un aspecto central del presupuesto del año entrante y es que la materialización de compromisos adquiridos en años anteriores, por ejemplo, y él hizo mención al final de este concepto, la obligación de pagar Pidiregas, obras ya de mano que se concluyen y que se tiene que liquidar, por ejemplo el crecimiento en el pago de las pensiones sólo por pensiones tenemos que pagar alrededor de 13 mil millones de pesos adicionales el año entrante, adicionales a los que ya digamos de acuerdo a gasto inercial en los años anteriores se venían cubriendo y otros conceptos, hace necesario tener disponibilidades adicionales o endeudarse más.
Y aquí hay otro planteamiento central: ¿por qué en lugar de bajar el déficit de 0.5 del producto a 0.3 del producto no lo dejamos en 0.5 ó incluso de acuerdo a otros planteamientos pudiera utilizarse un endeudamiento mayor?
La razón es que la deuda del gobierno no es baja. Y lo plantea también el diputado al final cuando menciona que sería conveniente, y desde un punto de vista informativo lo hemos venido haciendo, incorporar como conceptos de deuda algunos que no se han incorporado, porque de hecho lo sean o no formalmente son deudas del Gobierno Federal que el Gobierno Federal ha venido honrando a lo largo de los años. Si tomamos en cuenta todos los compromisos financieros del Gobierno Federal estamos arriba de 40% del Producto Interno Bruto, en alrededor de 45% del Producto Interno Bruto. Un porcentaje que es superior al 90% del tamaño de nuestro sector financiero.
¿Qué sucedería si aumentamos el endeudamiento para financiar gasto? Pues que vamos a presionar tasas de interés y vamos a frustrar el intento de lograr un mayor gasto. No vamos a lograr gastar más, vamos a acabar gastando menos y vamos a acabar perjudicando estos equilibrios tan preciados y tan importantes. Y estoy de acuerdo con la intervención anterior, la estabilidad no se debe a mi, se debe a las buenas políticas que el Presidente ha propuesto y que ustedes han apoyado, y esas son las buenas políticas que tenemos que continuar.
El crecimiento lo vamos a lograr si invertimos más en infraestructura, coincido con todas las participaciones que han insistido en eso; para lograrlo necesitamos más recursos.
No tiene visión de largo plazo el presupuesto. Yo diría que en la medida en que tanto el Congreso está planteando a través de algunas iniciativas reformas en renta y que se simplifica también el Impuesto al Valor Agregado, se tiene un cambio de largo plazo y un avance hacia una reforma fiscal integral que no sólo tiene que ver con las disposiciones tributarias del Gobierno Federal, sino también con las de los estados; este sí es un cambio importante en la estructura.
Sí es redistributiva, porque se pueden tomar medidas para hacerla incluso más redistributiva, la recaudación, insisto, se obtendría de las personas de mayor capacidad económica y se puede compensar a las personas de menor capacidad.
Las razones para que el gasto financiero aumente son que vamos a tener menor recuperación de activos y que se vencen programas de reestructuración de diversos fideicomisos, principalmente Udis de vivienda; esas son las razones, son también consecuencias derivadas de políticas que se instrumentaron en años anteriores, anteriores incluso al inicio de este gobierno.
En inversión se prevé que la inversión física se mantenga constante, tomando en cuenta la inversión presupuestaria y la inversión financiada. La pregunta del diputado es muy pertinente: ¿Cómo se va a financiar esta inversión que se hace a través de Pidiregas? Ya lo hemos venido haciendo, hemos venido incluso adelantando los financiamientos. Ya algunas empresas públicas, aprovechando el desarrollo del mercado de capitales al que hice alusión en mi discurso inicial, han emitido cantidades importantes en papel en el mercado financiero, justamente para financiar estas inversiones y parte provendrá también de recursos del extranjero.
Hasta ahora sigue siendo favorable la percepción de los mercados financieros internacionales acerca de la capacidad de pago de nuestro país y eso permite que esas inversiones se puedan ir financiando en la forma que acabo de mencionar.
No quisiéramos, dadas las restricciones presupuestarias, reducir el Programa de Apoyo a las Entidades Federativas. No quisiéramos que se perjudiquen inversiones y apoyos al medio ambiente. No quisiéramos que se tuviese que restringir el gasto en educación. De manera que por eso se hace tan importante poder llevar a cabo la reforma tributaria que ha sido objeto de tantos comentarios y que ha planteado el Ejecutivo.
Ciertamente que la mayor simplificación en las disposiciones tributarias contribuirá a mejorar la recaudación, a aumentar el número de contribuyentes y a que el peso del pago de las contribuciones descanse menos en los que siempre han sido contribuyentes cautivos.
Para eso ha habido diversas modificaciones tanto el año anterior como otras que se plantean en esta ocasión. En el régimen de pequeños contribuyentes, por ejemplo, en el régimen simplificado, que ahora es de flujo de efectivo; en el régimen intermedio para las personas físicas; en el régimen general, donde se eliminó el ajuste semestral que equivalía prácticamente a una declaración anual adicional a la mitad del año; en cambiar el IVA a base efectivo, recuerdan ustedes que antes de empezar este gobierno el IVA se tenía que pagar sobre base devengado; se propuso y ustedes aprobaron que el IVA se pagara sobre base efectivo. ¿Qué trascendencia tiene eso? Pues que beneficia a la pequeña y mediana empresa, porque la empresa grande era la que retrasa generalmente sus compras por su poder de adquisición, el pago, y en cambio la pequeña, que en ese momento tenía un crédito a su favor, a través de su sistema de devengado estaba obligada a pagar el impuesto no obstante no disponer todavía del efectivo correspondiente al pago del servicio o bien que había entregado, con este cambio que propuso el Ejecutivo y que ustedes aprobaron, se beneficia a la pequeña y mediana empresa justamente que ahora si no ha recibido el efectivo, no tiene la obligación de pagar y la grande si no ha pagado, no tiene la posibilidad de acreditar el IVA y con eso también existe un incentivo para que la grande pague antes y realmente pague al contado para que pueda acreditar el IVA.
También se eliminó la obligación de efectuar el ajuste a los pagos provisionales del IVA y la presentación de la declaración anual, se han utilizado los medios electrónicos para simplificar y hacer más eficiente y menos costoso el cumplimiento de las obligaciones y la propuesta de Código Fiscal que en este momento está en el Senado, que está desde el año pasado, que esperamos estamos en pláticas con los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado para que pueda salir en este periodo legislativo, contiene muchas medidas adicionales de simplificación que estamos seguros va a mejorar enormemente y a simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor Secretario.
Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Velasco Coello, para formular réplica.
El diputado Manuel Velasco Coello:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados; señor Secretario:
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, considera que en materia económica las estrategias seguidas por el Gobierno requieren de un replanteamiento que involucre las condiciones reales por las cuales atraviesa nuestro país.
Sólo así se podrán alcanzar las metas que permitan el verdadero desarrollo de los mexicanos, creemos que es un grave error del actual Gobierno justificar su incapacidad con el desempeño económico de otros países, tener que esperar a que la economía estadounidense recupere el crecimiento para que nuestra economía pueda crecer, también es un argumento pobre e insostenible.
Esta estrategia equivocada nos ha mantenido en el estancamiento y el cumplimiento de las metas propuestas, en los criterios de política económica para el próximo año dependerán también de factores externos.
Si observamos los ingresos del Gobierno Federal, están creciendo casi un 16%, sin embargo cuando entramos a detalle, los ingresos tributarios apenas crecieron un 1.5%, son los ingresos no tributarios, particularmente del petróleo, los que nos dieron el crecimiento, ya que estos ingresos no tributarios crecieron al 68%.
La recaudación tributaria no es un fin en sí misma, el objetivo es dotar al Estado de recursos necesarios para cumplir con sus funciones y las limitaciones que presenta México en materia de ingresos no permite que la inversión pública incremente la productividad de la inversión privada.
No se da una mayor creación de empleos e incremento en salarios reales y más grave aún, la fuerza de trabajo no puede acceder a mejores salarios, atenuando así la desigualdad en el ingreso.
México es uno de los países en donde la recaudación como porcentaje del PIB se ha mantenido muy por debajo de países desarrollados.
Por lo que corresponde al ISR, la recaudación en México es del 5% del PIB, contra poco menos del 14% en promedio de las organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico.
En el caso del IVA las cifras fueron 3.5% y 6.9% del PIB respectivamente. Agrupaciones empresariales como académicas han coincidido con la necesidad de una reforma integral, simplificación administrativa, sencillez en el cálculo de impuestos, revisión de regímenes especiales y de exenciones.
El tema lleva más de tres décadas debatiéndose, en esencia, hay dos razones elementales: una, es como mencionamos que el Gobierno tiene una excesiva dependencia fiscal respecto a los recursos petroleros y la otra razón, es el sinnúmero de rezagos que caracterizan al país en materia de infraestructura física y social, así como en seguridad pública y educación, aunado a exigencias financieras producto del Fobaproa, los Pidiregas, pensiones y rescates carreteros.
Importante es subrayar que habría que definir si la población mexicana considera que satisfacer una necesidad pública es el rescate de la quiebra de los bancos a compañías constructoras de carreteras, a compañías de aviación, entre otras.
Finalmente queremos decirle, señor Secretario, que los diputados del Partido Verde Ecologista de México entendemos nuestra responsabilidad de coadyuvar en las reformas que impulsen la actividad económica del país. Sin duda, el desa-rrollo económico representa la posibilidad de brindar a los mexicanos la oportunidad de elevar de manera sostenida sus niveles de vida.
Ningún país puede darse el lujo de no crecer, como ningún país puede desatender la necesaria equidad en la distribución de la riqueza y el ingreso.
Es cuanto.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra, en esta segunda fase de la comparecencia, la diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
La diputada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara:Honorables miembros del Congreso de la Unión:
Señor Secretario de Hacienda, licenciado Francisco Gil Díaz.
Bienvenido a este recinto parlamentario que hoy se encuentra enfrascado en el esfuerzo por lograr los acuerdos necesarios, a fin de alcanzar la tan mencionada reforma fiscal señalada por el Gobierno Federal al que usted pertenece, como una condición importante tal vez hasta indispensable para el desarrollo de este país.
La propia Secretaría de Hacienda que usted encabeza reconoce que el nivel de la recaudación en México es desastroso en términos comparativos a nivel internacional; las finanzas públicas no son sanas y el Ejecutivo una vez más acude al Legislativo pidiéndole mayores cargas tributarias para los ciudadanos; años de política fiscal en los que usted por cierto ha tenido un papel protagónico, primero como subsecretario de ingresos y ahora como titular de Hacienda, no han servido para elevar los niveles de recaudación.
El llamado terrorismo fiscal cuya maquiavélica implementación se adjudicó a usted, sólo ha funcionado al parecer para acogotar a unos cuantos contribuyentes o para que los tribunales federales multiplicaran tesis y criterios censurando las facultades de esa Secretaría.
La pretendida mejoría recaudatoria ha sido una promesa diferida.
En la mayoría de los países del mundo existen, igual que en México, dos impuestos: el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, pero hasta la fecha, la Secretaría de Hacienda no ha podido enviar una que logre la simplificación y eficacia regulatoria definitiva de estas leyes y persiste como mal endémico la baja recaudación, por eso se propone hoy a esta nueva Legislatura que incremente las cargas fiscales, fácil y simplista solución en un país cuya gran mayoría de habitantes ha sido depauperado por las políticas públicas del mismo Estado que hoy nos pide un mayor sacrificio fiscal para los ciudadanos.
El PRD sostiene que no se puede cargar ni al Congreso de la Unión ni al pueblo mexicano con el fracaso que representa la recaudación tributaria en este país cuando esa Secretaría ha sido incompetente para combatir la evolución fiscal prohijándola con políticas discrecionales y caprichosas.
Ahora se nos dice que la salvación del país está en la homologación del IVA, que desaparezcan exenciones y tasa cero y que la deteriorada economía de las familias pobres y de nivel medio afronte el impuesto en productos y servicios básicos, alimentos, medicinas, colegiaturas, servicios médicos, transporte, libros y revistas, al fin que en México, se nos dice, sólo se lee ``El Libro Vaquero'', pobre y querida nación con un gobierno demandante, un gobierno que no ha sabido sancionar a los grandes evasores, un gobierno que permite la introducción indiscriminada de mercancías de contrabando, que es incapaz para establecer políticas que generen fuentes de empleo y que tres años después de haber iniciado su mandato constitucional pretende vendernos la solución mágica para mejorar la recaudación, gravar la enfermedad, la alimentación, necesidad elemental del ser humano y la necesidad anímica de los pueblos a la educación y a la cultura.
Señor Secretario, su esquema para homologar la tasa del IVA y mejorar la recaudación, tal vez sea teóricamente impecable, pero pretende usted que sea aprobado por una legislatura cuya gran mayoría de integrantes nos ganamos el honroso cargo de representantes populares, precisamente por el voto de una población que dijo expresamente ``no'' a la política tributaria que hoy se pretenda que aprobemos.
Por si fuera poco, el Gobierno Federal ha enviado iniciativas de leyes fiscales y presupuesto contradictorias, que ha desplegado políticas confusas. Nos envía usted, una ley de ingresos en la que nos dicen que no está incluida la Reforma Fiscal, así se dan cifras bajas para los ingresos del Estado y bajo esta bandera se pretende que se haga la reforma. Pero, ¿por qué no se envió también un proyecto de Ley de Ingresos, en la que aparecieran por lo menos proyectados los efectos económicos y recaudatorios de la reforma que hoy se pretende vender?
Sorpresivamente el PRI, presenta en una sesión de la Comisión de Hacienda una propuesta que ya se había venido consensuando entre los diversos sectores; se presentó la misma mediante un simple escrito y al parecer ha sido avalada por funcionarios de Hacienda. En vista de ello le preguntamos concretamente, señor Secretario.
¿Qué medidas está tomando para combatir la evasión fiscal? ¿Cómo se pretende lograr una reforma que según cifras arroja pérdidas en recaudación, cuando lo que se requiere es fortalecer las finanzas públicas? ¿Por qué se pretende legitimar esa recaudación, incrementando el impuesto al gasto en perjuicio de quienes menos tienen y abdicando en cambio de la facultad de imponer tarifas diferenciadas y progresivas en ISR? ¿Por qué, pese a las mesas de trabajo instaladas con el Senado y legisladores de esta Cámara, no presentó el Ejecutivo Federal una sola iniciativa en materia de Impuesto Sobre la Renta? Y finalmente, ¿Qué clase de Presupuesto de Egresos debemos considerar, sobre qué montos, si en conjunto las reformas que están sobre la mesa no son recaudatorias, no incrementan, sino disminuyen los recursos públicos o le vamos a apostar todo al bonito y virtual concepto de ``eficiencia recaudatoria adicional''?
Escuchamos con atención sus respuestas.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz:Con su venia, señor Presidente:
Muchas gracias, diputada Diana Bernal por sus comentarios y cuestionamientos.
Lo dijo usted muy bien y también se ha mencionado por otros diputados. Lo que se está planteando y lo afirme en mi discurso inaugural de exposición de motivos de la propuesta, por sí sola la reforma que proponemos tiene un efecto muy pequeño en la recaudación y cumple justamente con lo que muchos de ustedes reclaman, con toda razón, y es que se amplié la base y se logre recaudar con mayor eficiencia. Por eso, afirmamos que la recaudación va a aumentar y por eso, ese aumento en la recaudación se puede utilizar para modificar el presupuesto.
Es un compromiso que tomamos en la Secretaría de Hacienda que estamos convencidos podemos sacar adelante y creo que es un compromiso que surge de un planteamiento que cumple con mucho de lo que ustedes exigen que se lleve a cabo, que no se aumente la carga sobre los contribuyentes, sino que se distribuya mejor y que se logre una mayor eficiencia recaudatoria.
Lo vimos ya, un fenómeno como el que nosotros, estamos convencidos podemos lograr nuevamente, cuando se redujo la tasa del Impuesto al Valor Agregado del 15% al 10%. La recaudación del IVA no cayó en una tercera parte, cayó en mucho menos de una tercera parte, ¿por qué?, porque se mejoró el cumplimiento; lo vimos también en la respuesta del Impuesto sobre la Renta que en paralelo del mejor cumplimiento del Impuesto al Valor Agregado, tuvo un incremento en el año que se redujo la tasa del Impuesto al Valor Agregado, que sólo se explica por la reducción del mismo.
En esa experiencia y otras y en las medidas administrativas que se vienen tomando, que este año se han traducido en un incremento muy fuerte en términos reales que ya mencioné en la recaudación del valor agregado y en medidas de simplificación adicionales que estamos proponiendo, se basa nuestra estimación de mayor ingreso y no sólo eso, sino que parte de la reducción del 15% al 10%, se pretende compartir con los estados y los municipios, lo cual también contribuiría a la eficiencia recaudatoria como los propios gobernadores y presidentes municipales han venido afirmando y estoy convencido de que tienen razón y así sería.
Se puede no cobrar de la deteriorada economía de las personas de menores ingresos. Si ustedes aprueban una reforma de esta naturaleza, también pueden aprobar cantidades que vayan hacia esas familias de menores ingresos y que les permitan que las pequeñas cantidades que, sin embargo, son una proporción importante, más importante de su ingreso que de las de altos ingresos, sean compensadas.
Sí se ha sancionado a los grandes evasores. Por primera vez no sé si en la historia de nuestro país, pero sí en la que yo recuerdo y no sólo fui subsecretario de Ingresos, en otra ocasión también fui director de política de ingresos, hace ya bastantes más años, más de los que la joven diputada se acuerda, y en esa ocasión y a lo largo de los años he tenido un conocimiento de la realidad tributaria en nuestro país. Que yo recuerde no se había, como en ésta, auditado a las personas de mayores ingresos. Pero no sólo importa eso, importan las medidas generales y para eso contamos con reformas que el propio Congreso autorizó y que empezarán a surtir efectos el año próximo.
Cuáles son estas reformas: el Congreso, a partir de una propuesta del propio Ejecutivo, aprobó que se tengan que declarar todos los ingresos y que además las instituciones financieras le aporten a la Secretaría de Hacienda la información sobre los saldos y los rendimientos de las inversiones financieras. Eso se traduce en una posibilidad de fiscalización hacia las personas de mayores ingresos, con la que no se contaba, ¿por qué?, porque la forma ostensible de vivir no se compadece sin la necesidad de acumular todos los ingresos, necesariamente con una declaración de todos los ingresos, cuando no se tiene la obligación de declararlos.
En el momento que se tiene la obligación de declarar todos los ingresos ya se puede comparar una forma de vivir con la declaración que están haciendo los contribuyentes y se puede tener una muchísima mayor eficacia en la programación de las revisiones, ¿y de las revisiones a quién?, pues justamente a las personas de mayor capacidad económica.
Ya estamos recibiendo la información de los bancos en la computadora, ya la estamos concentrando, ya la estamos clasificando y el año entrante la vamos a comparar con las declaraciones que las personas estamos obligadas a hacer, para que se pueda hacer esa compulsa entre lo que las instituciones financieras nos informan y lo que las personas nos declaran, y en caso de diferencias proceder de acuerdo a las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda.
Esa es una de las medidas que estamos tomando para combatir la evasión. Las revisiones y la vigilancia del cumplimiento de obligaciones que han permitido este aumento tan importante en la recaudación debida es otra. Si la recaudación de renta muestra debilidad es debido a que algunas de las reformas que se habían aprobado con anterioridad han sido declaradas inconstitucionales y eso ha mermado la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, y por eso también necesitamos que se tomen en cuenta las deficiencias jurídicas de algunas de las reformas, para llevar a cabo cambios en la estructura tributaria.
La Cámara de Diputados es la Cámara de origen de las reformas tributarias, no el Senado. En las mesas del Senado participamos con mucho gusto respondiendo a la invitación que nos hicieron los senadores, junto con diputados que participaron ahí junto con representantes de la sociedad civil, pero las propuestas de reforma las hacemos en la Cámara de origen, como sucedió.
El presupuesto que se presenta es un presupuesto, lo repito, que no puede tomar en cuenta una reforma que no se ha hecho, sería irresponsable, sería incluso enviar una señal inconveniente, programar gastos sin contar con los ingresos para financiarlos.
También en materia de economía informal y contrabando se han tomado medidas de gran importancia, les voy a mencionar algunos de los resultados:
En 2002 se llevaron a cabo 6 mil procedimientos administrativos en materia aduanera, consistentes en fiscalización en el reconocimiento aduanero, visitas domiciliarias y verificación de mercancía en transporte. Ya este número fue muy superior al del 2001.
Bueno, pues ya en los primeros cinco meses del 2003 se han llevado a cabo 2 mil 850 procedimientos administrativo, un 36% más que en el mismo lapso del año anterior. ¿Qué resultados se obtuvieron durante este año de esos procedimientos administrativos?
En el 2002 se embargó mercancía por valor de 1 mil millones de pesos; en los primeros cinco meses de este año se ha embargado más en un 11% que el año anterior. En 2002 se ejecutaron 227 órdenes de embargo referentes a domicilio y proveedores inexistentes, facturas falsas o inexactas y su evaluación; en enero-mayo las órdenes de embargo por estos conceptos suman 81 con un valor de 40 millones de pesos. Se está incrementando el esfuerzo de verificación y comprobación.
En 2002 se embargaron 1 mil 63 vehículos, el número de vehículos está aumentando en porcentaje este año respecto al año anterior, vehículos que no deberían de circular por no cumplir con las disposiciones legales.
Estamos llevando a cabo también una automatización creciente de las aduanas para despersonalizar cada vez más el despacho, depender menos de los criterios o de la arbitrariedad del personal para hacer cada vez más mecánico el despacho, para hacer lo menos susceptible de corrupción y para mejorar la eficacia y el control, parte de eso lo estamos viendo ya en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado que les acabo de mencionar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor Secretario.
Tiene el uso de la palabra la diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara, para formular su réplica.
La diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara:Gracias, señor Presidente:
Señor Secretario: ante todo una aclaración muy pertinente: yo jamás dije que el Senado fuera la Cámara de origen, sino que Hacienda estuvo trabajando en estas mesas con legisladores tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores y de ahí surgieron propuestas importan- tes que después recogió el Partido Revolucionario Institucional, y me extraña, nos extraña que no haya sido Hacienda la que presentara la propuesta de reforma en Impuesto Sobre la Renta.
Por otro lado, usted mismo nos habla que con la reforma fiscal habrá nuevos ingresos, hay estimación de ingresos, entonces necesitamos forzosamente un proyecto, un proyecto de presupuesto donde estén considerados todos estos efectos.
Por otro lado, señor Secretario, usted nos habla de lo que se ha hecho para combatir la evasión fiscal; sin embargo no creo que no le podamos apostar todo el esfuerzo para ampliar la base de contribuyentes a la reducción de tasas y a nuevos medios de control fiscal; nos habla de estadísticas y de cifras, no creo que sean demasiado alentadoras porque seguimos enfrentándonos, como la propia Hacienda lo señala, a finanzas públicas bajas y a un muy exiguo padrón de contribuyentes.
Señor Secretario de Hacienda: es convicción del Partido de la Revolución Democrática y así lo ha demostrado palmariamente su gobierno en el Distrito Federal, que la eficiencia recaudatoria de un gobierno no se puede cifrar pura y simplemente en la imposición de nuevas cargas fiscales para los gobernados y menos cuando estas cargas pretenden imponerse en los sectores neurálgicos, en la parte más sensible de nuestra sociedad.
El Gobierno Federal no puede trasplantar fría y despiadadamente a México sistemas que han funcionado en naciones con desarrollo y condiciones sociales muy diversas, superiores a la nuestra. Hacienda debe reconocer que la principal causa del bajo nivel de ingresos fiscales en nuestro país, se encuentra en su ineficacia administrativa, en su fracaso para incrementar la recaudación.
En breve nuestro partido presentará una iniciativa para fomentar y fortalecer el establecimiento de una cultura contributiva entre los ciudadanos, con base en la incorporación espontánea de nuevos contribuyentes mediante una política general de transparencia, estímulo y regularización donde se reconozcan los derechos del contribuyente común y corriente, no solamente del favorecido por la política hacendaria y que esos derechos se traduzcan por fin en la asunción efectiva por parte del Estado de su obligación de prestar los servicios públicos y sociales que México necesita.
La política del garrote, para combatir la evasión fiscal diseñada por ustedes, ha sido palpablemente un fracaso.
Demos la gran convocatoria a los mexicanos y mexicanas para incorporarse al desarrollo de México, mediante la ampliación del padrón de contribuyentes y no mediante la introducción indiscriminada de cargas fiscales espurias, que sólo incidirán en perjuicio de la depauperada economía de nuestras familias más necesitadas.
La experiencia internacional a la que usted parece atender, indica precisamente como tendencia la de los derechos de los contribuyentes y la política de acuerdos previos en auditorías, como medio más eficaz para incrementar la recaudación.
Señor Secretario, su deber cívico e histórico es ayudar a México en esta tarea; su deber es darse cuenta de que trabaja usted para un país con características especiales, que no admite esquemas fiscales ajenos a la dura realidad de nuestra gente; su deber y el deber del gobierno al que representa, es convocar a la nación para que contribuya a los gastos del estado en condiciones proporcionales y de equidad, como es el mandato de nuestra Carta Magna.
Para esta convocatoria es indispensable ganarse la autoridad moral ante el pueblo de México, dejando atrás políticas hacendarias caprichosas, que parecen siempre perjudicar a los mismos y conservar en la impunidad y el privilegio a los contribuyentes y sectores distinguidos por un sistema injusto.
No queramos ponerle al pueblo mexicano la impronta permanente de evasores irredimibles; no queramos endilgarle cargas fiscales ajenas; haga usted su trabajo basado en el civismo de los mexicanos y mexicanas y en la legitimidad de una correcta, equitativa e indiscriminada política fiscal.
Desaparezcamos los privilegios y privilegiemos la justicia tributaria, convoquemos al pueblo, en lugar de sólo saturarlo con disposiciones impopulares.
En este esfuerzo, contará usted y el gobierno al cual representa, con la participación decidida del Partido de la Revolución Democrática.
Gracias, señor Presidente.
Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para formular su pregunta, el diputado Miguel Angel Toscano Velasco, del Partido Acción Nacional.
El diputado Miguel Angel Toscano Velasco:Con su venia, señor Presidente; Secretario Francisco Gil Díaz, a nombre del grupo parlamentario del PAN, sea usted bienvenido a este Congreso y por aceptar la invitación.
Como todos sabemos, nuestro país requiere hoy de recursos fiscales que permitan realizar inversiones en infraestructura, incrementar el gasto social para áreas prioritarias y así sentar las bases para el crecimiento y desarrollo económicos.
Sin embargo, los montos de ingresos y gasto público deben estar perfectamente empatados, de forma que no generen presiones adicionales en las finanzas públicas, por lo que se ha propuesto un déficit de .3% del PIB para el 2004 y una reforma hacendaria integral, que le otorgara recursos adicionales a la Federación.
Secretario, le hago algunos planteamientos concretos: en primer lugar, para el compañero del PT; explíquele por favor, que primero va la A y después la B, los presupuestos son eso exactamente, presupuestos y es obligación constitucional también el aprobarlos por esta Cámara, no le eche la culpa, diputado, a su ineptitud, a sus pocos conocimientos y a su poca capacidad propositiva, el no acuerdo de sus pocos diputados con otros grupos parlamentarios.
Explíquele, Secretario, también para qué sirve el Fondo Monetario Internacional y las veces en que México ha necesitado de su apoyo.
En caso de que no se apruebe una tasa generalizada del IVA del 10%, ¿se ha pensado obtener ingresos adicionales por concepto de otros rubros diferentes a la reforma fiscal?
¿Podría explicarnos con más detalle las desventajas de tener bienes exentos y tasa cero? ¿Podría decirnos cuántos amparos ha perdido la Secretaría de Hacienda por tener diferentes tasas de IVA y a cuánto ascienden dichos montos? ¿Nos podría señalar qué otros países han logrado una reforma fiscal exitosa? ¿Nos podría decir cuánto recaudamos de IVA e ISR como proporción del PIB y cómo estamos con respecto de la OCDE y otros países de América Latina?
En caso de que se aprobara el proyecto de ley presentada por el Ejecutivo en materia de impuestos ambientales, ¿a cuánto ascendería la recaudación del Gobierno Federal por dichos impuestos?
Señor Secretario, señoras y señores diputados: en el grupo parlamentario del PAN hacemos votos por hacer un compromiso compartido para el crecimiento y la generación de empleos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Tiene la palabra el Secretario Francisco Gil Díaz hasta por 10 minutos, para formular su respuesta.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz:Muchas gracias señor Presidente; muchas gracias diputado Miguel Angel Toscano, por sus preguntas y cuestionamientos:
Creo que ya abundé en varias ocasiones sobre la dificultad o imposibilidad de programar un gasto si no se tienen los ingresos, es muy oportuna la sugerencia de hacer algún comentario del papel del Fondo Monetario Internacional, como cualquier banco, y éste es un banco internacional del que somos accionistas, de hecho somos accionistas fundadores, acudimos al fondo cuando tenemos problemas de balanza de pagos, y el fondo como cualquier banquero presta, con reglas que le permitan recuperar sus préstamos, eso es todo, y cuando no estamos endeudados con el fondo, cuando no tenemos algún programa con el fondo como es el caso, pues no tenemos que tener ninguna consideración del tipo que muchas veces se entiende pudiera estar detrás de nuestra membresía en el fondo.
La responsabilidad del manejo de las finanzas públicas y de la economía en general, es una responsabilidad del gobierno, entendido integralmente entre los distintos órdenes de gobierno y no de los organismos financieros internacionales.
Si no se aprueba la tasa del 10% hay otros recursos, ya los incluimos en el presupuesto, tenemos algunos y son por cantidades muy importantes todavía de ingresos no recurrentes, que tenemos que suplir en los años venideros, porque ahora si ya se nos acabó la gasolina proveniente de ese renglón.
Efectivamente hemos tenido amparos, amparos que se suscitaron desde el gobierno anterior, que ya habíamos también experimentado cuando existía el impuesto sobre ingresos mercantiles que tenía exenciones en los productos no elaborados, no procesados en productos alimenticios, aunque en general el impuesto sobre ingresos mercantiles gravaba medicinas y gravaba alimentos.
Después el IVA cuando nace sigue gravando alimentos y medicinas, por cierto con una tasa de 10%, pero todas esas fronteras difíciles de dibujar entre lo que es un procesado y no procesado y lo que es un alimento y no alimento, ha provocado que se pierdan amparos por cantidades muy importantes, que van mermando progresivamente la recaudación del IVA:
Pese a eso hemos logrado con mayor eficiencia, con mejor cumplimiento, por mayor cobertura un incremento en la recaudación del IVA, pero si es importante eliminar lo que son las fallas estructurales que impiden tener una cobertura que no sea susceptible del tipo de controversias jurídicas que hemos venido experimentando.
Son muchos los amparos, pero sobre todo son cuantiosos, algunos de ellos, y han representado esas cantidades que han mermado, por ejemplo, en el 2001 por cantidades superiores a los 10 mil millones de pesos en devoluciones resultado de amparos perdidos.
La referencia a otros países creo que es importante, sobre todo atendiendo a aquellos países que tienen un ingreso por persona inferior al nuestro, algunos marcadamente inferior al nuestro, Chile con un gobierno social demócrata tiene tasas de 18% del IVA uniformes, una extraordinaria política social que se ve a través del gasto.
Hace un par de años le tocó a China ser el anfitrión del grupo de países de la Cuenca del Pacífico, tuve la oportunidad por ser el país que invitaría este año a los de la misma Cuenca del Pacífico, tuvimos una reunión en Morelia, muy exitosa por cierto, me tocó estar al lado del Secretario de Hacienda chino en muchas de las reuniones de trabajo y aproveché para conversar con él acerca de la estructura tributaria en China. Le pregunté cuál era la tasa del Impuesto al Consumo en China. Me dijo bueno, aquí tenemos un Impuesto al Valor Agregado con una tasa de 18%.
Le dije bueno y qué me puede usted decir de la forma como gravan ustedes alimentos y medicinas, porque México está teniendo que dar devoluciones continuamente en las tasas ceros y el tener exentos hace que la administración del impuesto sea sumamente compleja proclive a la elusión y evasión tributaria. Y me dijo: no, ahí sí tenemos muchos problemas políticos, me dijo, ahí lo más que hemos podido hacer es gravar alimentos y medicinas con una tasa uniforme de 13%, con un ingreso por persona muy inferior al nuestro.
Y ¿qué está haciendo China en materia de infraestructura, en materia de servicios públicos? no todos lo conocemos, son un modelo de política de desarrollo, que no tiene por cierto nada que ver con un tipo de cambio subvaluado sino con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha organización. Y lo mismo podríamos ver en muchos otros países si examinamos sus estructuras tributarias.
El Presidente de Colombia con una tasa con un nivel de ingreso por persona bastante inferior al mexicano, acaba de proponer una tasa uniforme de 8% para el Impuesto al Valor Agregado en Colombia. Brasil que tiene un ingreso por persona también sensiblemente inferior al nuestro, tiene impuestos al consumo mucho más elevados.
El Presidente Lula no está proponiendo eliminarlos, al contrario, está proponiendo determinados grados de generalización. Y por no haber previsto los gobiernos anteriores oportunamente el problema pensionario de Brasil, está teniendo que llevar a cabo con una gran responsabilidad por cierto, reformas en esa materia, así que ahí hay todo un mosaico de experiencias internacionales de las cuales nos podemos alimentar.
¿Cuánto recaudamos por los diferentes impuestos? Creo que aquí también las comparaciones internacionales son pertinentes. Se hizo referencia a un estudio del CIDE, bastante bueno por cierto, lo leí recientemente, me hicieron el favor de dármelo los dirigentes del Conacyt compañía de los participantes en el estudio, los dirigentes del Conacyt fueron los que propiciaron que se llevara a cabo este estudio que creo, si a ustedes les interesa, sería muy informativo no sólo de nuestra estructura fiscal sino también de algunos aspectos comparativos.
Señala lo siguiente: en impuestos sobre la renta de las empresas si vemos la importancia relativa del Impuesto sobre la Renta de las empresas; si vemos recaudación sobre el Producto Interno Bruto; si analizamos ese cociente y lo comparamos internacionalmente, tenemos uno de los más altos del mundo; si vemos la recaudación de impuestos especiales, estamos arriba de la media de los países emergentes; si vemos la recaudación de personas físicas y ajustamos por el ingreso per cápita, estamos en la media.
En donde estamos muy abajo es en el Impuesto al Valor Agregado y ¿por qué estamos muy abajo? porque hay una clara relación de eficiencia recaudatoria entre pluralidad de tasas e ineficiencia, mientras mayor pluralidad de tasas mayor ineficiencia recaudatoria, mayor evasión, menor cumplimiento.
Respecto a los impuestos ambientales, hay algunas propuestas, estoy seguro que habrá otras del Partido Verde Ecologista, simpatizamos con gravámenes que ayuden a limpiar el ambiente.
Aprovecho para mencionarles la vocación ecologista del gobierno del Presidente Fox que desde un principio en su campaña fue planteada. Durante este gobierno en tres años se han instalado 107 plantas potabilizadoras, cuatro veces más que las que se instalaron en los primeros tres años del Gobierno anterior, el número de plantas de tratamiento de aguas residuales se incrementó en 38% respecto al 2000; el volumen de agua residual tratada se incrementó en 26% respecto al 2000; la superficie alimentada con sistemas de riego eficientes aumentó en 46% en estos tres años.
Ahora se está cobrando por el agua, algo muy importante. En tres años los municipios han pagado más del doble de lo que habían pagado en los seis años anteriores y está en marcha el programa más ambicioso de la historia de plantaciones forestales comerciales que con mayores recursos presupuestarios ciertamente podríamos apoyar con mayor intensidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Para su réplica dispone el diputado Miguel Angel Toscano Velasco, de hasta cinco minutos.
El diputado Miguel Angel Toscano Velasco:Gracias, señor Presidente. En el grupo parlamentario del PAN haremos lo políticamente responsable, lo que genera un mayor crecimiento y más empleo:
Somos convencidos de que para que esto suceda se necesita una reforma fiscal integral. Reconocemos en usted, señor Secretario, el esfuerzo por proponer siempre lo que al país le conviene.
Diputados: en este barco estamos todos juntos y somos corresponsables, junto con el gobierno, de la pobreza de allá afuera, de la indignante inseguridad, de la falta de recursos a los gobiernos y municipios para hacer frente a las demandas de la gente.
Se ha demostrado que es mejor distribuir la riqueza por la vía del gasto que por la vía del ingreso.
Esperamos que esta Cámara entienda que en el pedir está el dar, que para dar hay que recaudar más y esto sin lugar a dudas hará que México crezca más y más rápido.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para formular su pregunta, el diputado José Luis Flores Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Luis Flores Hernández:Señor Presidente; con su permiso compañeras y compañeros diputado; señor Secretario:
Hemos escuchado con mucho interés sus comentarios, apreciamos sus buenas intenciones aunque lamentamos que en los últimos tres años no se ha materializado el cambio que el país requiere y, lo que es peor, ni siquiera ha podido mantenerse el impulso del crecimiento económico heredado de la pasada administración.
El año entrante será crucial, marcará el inicio del segundo trienio de la gestión federal, la población asumirá como expectativa un mejor desempeño de la economía, verá una oportunidad para que quienes participamos en las decisiones públicas cumplamos con el país y para mejorar sus condiciones de vida.
La sociedad exige que actuemos con responsabilidad. Bajo esta expectativa los diputados del PRI observamos con preo-cupación el marco de referencia macroeconómico para el año 2004.
Permítanme explicarme. Al día de hoy no tenemos un esquema recaudatorio eficiente y simple. La capacidad recaudatoria y administrativa de las entidades federativas no se utiliza a plenitud. Con frecuencia encontramos renglones de subejercicio del gasto federal.
Tenemos uno de los más altos índices de desempleo en la historia del país y no tenemos una perspectiva de recuperación del crecimiento económico. En suma, el gobierno del Presidente Fox ha desperdiciado ya tres años por su incapacidad para lograr acuerdos efectivos que se traduzcan en propuestas y para negociarlas con su contraparte en el Legislativo.
Dar inicio al cuarto año de la gestión federal sin esa piedra de toque que permitas satisfacer las expectativas de la población es un comienzo riesgoso tanto para el país como para el propio Gobierno Federal.
Es fácil poner en blanco y negro, como señaló hace unos días el Presidente Fox, una propuesta presupuestal y una ley de ingresos. Difícil es que esa propuesta logre apegarse a objetivos sociales, traducirse en crecimiento. En este punto radica una de nuestras principales diferencias con respecto a la propuesta presentada por el Gobierno Federal.
Deseamos que la pobreza se abata, que el país progrese, que los mexicanos recuperen la esperanza perdida. Queremos, sobre todo, que se recupere el crecimiento económico y la generación de empleos. A nadie le conviene que el país continúe deteriorándose.
Pero ese país que todos queremos, no va a materializarse con el proyecto de Presupuesto y la Ley de Ingresos que el Ejecutivo ha enviado a esta legislatura en días pasados.
Queremos un estado promotor, no un estado contraccionista; queremos que el gobierno cuente con los recursos que le permitan un gasto razonable, pero que ello se logre sobre todo, a partir de mayor eficiencia recaudatoria.
El reducido gasto que está contenido en su propuesta de presupuesto para el año próximo, acota el potencial de crecimiento del país.
En fin, señor Secretario. Sin desestimar el difícil entorno internacional, la Secretaría a su cargo es responsable ante la nación de políticas económicas que han paralizado al país durante los últimos tres años, que han cancelado cientos de miles de plazas de trabajo y que han mantenido en la pobreza a más de la mitad de la población.
Por ello permítame preguntarle: ¿Cómo piensan lograr un crecimiento de 3.1% con el paquete económico que nos han presentado, sobre todo si en el presente año el crecimiento será apenas superior al 1%? ¿Cómo pretenden crecer a esa tasa si el proyecto de presupuesto presenta recortes, sobre todo en los sectores multiplicadores del empleo como: las carreteras, la vivienda y el gasto en el campo? ¿Cómo pueden plantearse una disminución del déficit fiscal del .6 al .3, lo que tiene un efecto contraccionista sobre la economía que está estancada y lo que se requiere es que se le impulse?
Ya sabemos que hay contingencias, pero esta propuesta de reducir el déficit va a contrapelo de lo que están haciendo la mayoría de las economías.
En otro tema, ¿qué opina usted de la tesis que se escucha en muchos lados, de que si los bancos hicieran frente a los compromisos de adeudos del IPAB-Fobaproa, no se requeriría acudir a más tributación. ¿Qué se va a hacer para fortalecer a la banca de desarrollo y en general al sistema financiero?
En suma, señor Secretario: estamos ante un escenario donde difícilmente va a aprobarse o no va a aprobarse el gravar con 10% a alimentos y medicinas. Explíquenos ¿qué nos puede proponer para que los ingresos del gobierno sean suficientes sin afectar a los grupos de menores ingresos?
Y por último y perdón que me tome unos segundos, señor Secretario ¿nos puede decir en qué consiste esta propuesta que el Secretario Santiago Creel anunció hace un par de horas que podrían presentar para salvar los obstáculos?
Por sus comentarios, muchas gracias, señor Secretario.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz:Muchas gracias, señor Presidente, con su venia; muchas gracias, diputado José Luis Flores por sus preguntas:
Para bien o para mal, yo creo que para bien, la economía mexicana desde 1985 se empezó a abrir al comercio internacional. No fue el Tratado de Libre Comercio, aunque el Tratado de Libre Comercio le dio un impulso adicional.
La apertura que se dio en 85 y que se completó en 1988 empezó a generar un crecimiento importantísimo de las exportaciones mexicanas. Se da una inflexión adicional en el crecimiento de las importaciones a partir de 1995 como consecuencia de la celebración del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Eso ha hecho que el comercio exterior de México sea un porcentaje muy importante de la economía. Ha integrado al sector manufacturero industrial de México con el sector manufacturero industrial de Estados Unidos y estamos en un ciclo, por primera vez, no en una crisis, en un ciclo de la economía mexicana con el ciclo de la economía norteamericana. Fíjense ustedes como están las cifras, además de la parte puramente estadística que nos dice que pasamos de una correlación entre la producción industrial mexicana y la de Estados Unidos del 50% ya muy alta en 1994, al 99% el día de hoy. Y esto es justamente lo que reflejan las estadísticas.
¿Qué pasa con la producción manufacturera en Estados Unidos? Que hay 0.5% ciento en el primer trimestre de 2001 y ya viene desacelerándose en el último trimestre del año 2000. Que hay 3.3 en el segundo trimestre, 4.5% en el tercer trimestre, 5.2%. A pesar de eso la nuestra no empieza a caer sino hasta el tercer trimestre de 2001 todavía se sostuvo. Sigue cayendo en el primer trimestre de 2002. En el segundo de 2002 tiene una pequeña recuperación en el tercero, cuarto y primer trimestre del 2003. Y justamente en esos trimestres la economía mexicana en la producción industrial también tiene una recuperación. Pero vuelve a caer, vuelve a caer en el segundo y tercer trimestre de 2003.
Acaban de reportar que la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre, de acuerdo al ajuste de las estimaciones que se hizo el crecimiento de la misma, en lugar del 7.2 creció más de 8%, y sin embargo, la producción industrial, de la cual estamos nosotros dependiendo para nuestras exportaciones, cayó en 0.3%. No obstante eso nuestro PIB viene creciendo, pero claro viene sufriendo la producción manufacturera.
¿Y por qué viene creciendo nuestro PIB?, aunque a tasas muy bajas, ojalá fueran muchísimo más altas, yo coincido con eso con el diputado Flores. Pues viene creciendo porque gracias a que se han tomado todas las políticas compensatorias que hemos podido tomar, dentro de las posibilidades prudentes que las finanzas públicas nos permiten, se ha logrado compensar parte de esa fuerte caída en la producción manufacturera.
Y como mencioné en mi discurso, de acuerdo a las estadísticas del Seguro Social, ya estamos viendo una recuperación muy importante en el empleo, que tiene que ser un reflejo si las empresas están contratando volúmenes tan grandes de gente, también de incrementos en la demanda y de incrementos en la producción.
Que no se ha logrado el cambio. Yo creo que se han logrado cambios muy importantes. Acaba de producir la Presidencia un documento, los invito a verlo en la página de Internet de Presidencia, en la que se listan una cantidad importantísima de avances que se han logrado gracias a los diversos programas que ha instrumentado el Ejecutivo a través de las distintas secretarías, gracias a las instrucciones que él mismo nos ha indicado.
Que no pudimos mantener el crecimiento del sexenio anterior. Es cierto, el crecimiento del sexenio anterior fue el resultado, en parte, de ese crecimiento tan fuerte que se observó en la producción manufacturera industrial de Estados Unidos y yo diría que en lugar de calificar lo que ha sucedido como un fracaso; ¡al contrario, se ha tenido un gran éxito en lograr compensar parcialmente el fuerte jalón hacia abajo que hemos experimentado!
Si nos ponemos a observar las experiencias de crecimiento sostenido y rápido que se han observado en muchas economías, les puedo dar una lista muy larga, las mejores han sido en los países no en los que han tenido pequeños déficit fiscales, sino los que han podido lograr superávit fiscales.
¿Cuál fue el periodo más largo en la historia de Estados Unidos de crecimiento en su Producto Interno Bruto? El periodo que el Presidente Clinton produjo consistentemente un superávit fiscal tras otro.
¿Cuál fue el periodo de mayor crecimiento de la economía canadiense, cuando el que va a ser próximamente primer ministro de la misma, entonces Secretario de Hacienda, el señor Paul Martín, logró también consecutivamente superávits fiscales?
¿Cuál es la economía europea que está creciendo más? La que tiene el mejor manejo de finanzas públicas, que es la española.
¿Cuáles son las que han emprendido reformas para corregir sus finanzas y que han tenido mayores dificultades de crecimiento? Aquellas que no han podido corregir sus finanzas públicas y que están incurriendo en problemas de endeudamiento.
Lo que se nos olvida muchas veces cuando decimos: ``endéudate para gastar'', es que no pensamos en a quién estamos recurriendo para pedirle prestado. Le estamos pidiendo prestado a los particulares, les estamos quitando poder de compra, poder de consumo y poder de inversión. Si colocamos deuda le estamos quitando capacidad de compra a alguien, no estamos generando riqueza. Por eso es muy importante ir reduciendo el déficit fiscal, ir saneando la deuda, ir siendo cada vez más estables, porque además eso se nos da en ventajas que se manifiestan en tasas de interés bajas. Hemos logrado un 0.8% del PIB adicional de gasto, gracias a que hemos experimentado tasas menores a las que se han presupuestado los años anteriores. Y ¿por qué hemos logrado tasas menores y hemos logrado ese margen de gasto? Pues justamente por un manejo responsable de las finanzas públicas.
Eso es lo que se quiere con el paquete, con el programa presupuestario del año entrante, tener un crecimiento elevado, pero ciertamente faltan recursos y eso es lo que está el Ejecutivo señalando al enviar una propuesta de reforma fiscal. Llevemos a cabo una reforma fiscal, para poder lanzar los programas que le hacen falta a nuestro país en carreteras, en vivienda en el campo.
En vivienda, sin embargo, los recursos como ustedes saben se han manejado extrapresupuestariamente, han provenido del ahorro de los trabajadores en Fovissste, han provenido del ahorro de los trabajadores en Infonavit, han provenido del ahorro de la población a través de las Sofoles, que han obtenido créditos del Banco Nacional Hipotecario y han obtenido créditos también o financiamientos a través de la colocación de certificados bursátiles.
Se nos olvida muchas veces que la deuda que tenemos como resultado del rescate de los ahorradores, no de los banqueros, de los ahorradores, es una deuda que en su mayor parte corresponde a bancos que ya no existen. La deuda correspondiente a los bancos que siguen operando es apenas superior a los 200 mil millones de pesos y de esa deuda la mitad, un poco más de 100 mil millones de pesos, estamos hablando de alrededor de 214 mil millones de pesos de deuda, de ésa, alrededor de 107 mil millones de pesos existe ya en disponibilidades de los propios bancos que se pueden aprovechar y que se van a aprovechar dentro del IPAB.
Por lo tanto la deuda de los bancos existentes no es superior neta a unos 107-110 mil millones de pesos, o sea que no estamos hablando de intereses sobre esa deuda que pudieran dar un margen de gasto elevado. Pero además el que esa deuda se pague o no se pague depende de nuestro marco jurídico y el marco jurídico es fundamental que lo respetemos.
Todo lo que se pueda hacer para recuperar cantidades dentro de nuestro marco jurídico, tengan ustedes la seguridad que lo estamos haciendo. Como Presidente de la junta de gobierno del IPAB promovimos las famosas auditorías GEL, fue iniciativa del propio IPAB y estamos frente a los litigios de los bancos tratando de lograr un acuerdo para que se desistan de esos litigios y podamos llevar a cabo las auditorías de gestión, de existencia y de legalidad que permitan fuera de esta controversia jurídica, determinar si existen cantidades que se le deban de integrar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor Secretario.
Tiene el uso de la palabra el diputado Abel Echeverría Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular réplica.
El diputado Abel Echeverría Pineda:Con su venia, señor Presidente; señor Secretario:
Nos queda claro, señor Secretario, que sus respuestas poco convincentes son una muestra de la falta de percepción sobre las condiciones reales del país, toda vez que los resultados económicos deben reflejarse no sólo en cifras e indicadores, sino sentirse directamente en el bolsillo de los mexicanos, en la mesa y las viviendas de las familias pobres, en las condiciones de los trabajadores del campo y de la ciudad y de nuestros indígenas, en los proyectos de los empresarios de todos los tamaños, en las expectativas de los jóvenes, los niños, las mujeres y los adultos mayores.
Desde el inicio de la presente administración, la economía no ha crecido, las oportunidades no se han creado, los empleos se han perdido y el bienestar de los mexicanos se ha deteriorado. No hay una propuesta integral de reforma a las finanzas públicas que requiere el país para salir del estancamiento y la incertidumbre.
Aquella promesa de un crecimiento económico por arriba del 7% anual contrasta con la realidad actual de apenas un promedio de 0.85% en lo que lleva la presente administración.
El mercado interno tampoco se ha fortalecido, sino que ha ocurrido lo contrario, el desempleo ha crecido a una tasa del 3.5% en lo que va del año y el comercio informal y la migración dan cuenta de ello.
Esta es la realidad, señor Secretario, que sin duda alguna duele y avergüenza. En este sentido, señor Secretario, rechazamos de manera enérgica la tesis donde se pretende crear una falta disyuntiva entre la disciplina fiscal y el fortalecimiento del gasto público y la estabilidad macroeconómica.
Y lo que más nos importa es el cumplimiento de los objetivos sociales del Estado, los priístas creemos que existe una ausencia clara de principios y lo más preocupante de imaginación en el gabinete al no utilizar de forma vigorosa y decidida todas las herramientas y mecanismos a disposición de la política económica, a fin de revertir los indicadores de nulo crecimiento económico.
Por el contrario, señor Secretario, vemos la pertinencia de impulsar un nuevo pacto con los diferentes agentes económicos, entre los empresarios, los trabajadores del campo y la ciudad, el Gobierno, las universidades públicas y privadas que permitan promover el crecimiento del empleo y las oportunidades de inversión manteniendo la estabilidad del país y una agenda social agresiva.
Es urgente una política económica del Estado para combatir la pobreza y la marginación con fórmulas apegadas a las necesidades del país y no importar del extranjero modelos fuera de todo contexto y circunstancia, una política eficaz que permita sacar de la pobreza y pobreza extrema a 57 millones de mexicanos.
La fracción parlamentaria del PRI asume su compromiso constitucional de evaluar la gestión gubernamental, de ser un actor crítico y propositivo para lograr los consensos necesarios a favor de una reforma integral.
Sin embargo, señor Secretario, escúchelo bien, no aceptamos que el Gobierno Federal se refugie en condicionar el desarrollo económico del país en lo que resuelva este Congreso, simplemente para justificar su falta de capacidad y visión. Y tampoco admitimos que se responsabilice al PRI de la volatilidad en los mercados financieros, no, señor Secretario, los priístas no somos responsables de los signos de estabilidad económica, la responsabilidad, insisto, es de un gobierno que ha sido incapaz de inspirar confianza en los inversionistas. Los diputados de mi partido exigimos que el Gobierno Federal reoriente de forma inmediata la política económica que no ha servido más que para acrecentar las diferencias sociales. Se lo exigimos de frente a la nación, se lo exigimos con la voz de millones de mexicanos que reclaman atención a sus demandas y donde sus preguntas siguen quedando sin respuestas. ¿Hasta cuándo señor Secretario se abocará usted de manera responsable a la tarea que esta representación popular le ha encomendado?
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar:Señor Secretario.
Creo que el año pasado usted andaba en este mismo esfuerzo y el señor diputado Francisco Barrio, poco discreto, informó de una reunión de gabinete donde decía que él iba por lingotes de oro, a encarcelar a los que habían robado a Pemex y que no iba a cambiar esos lingotes por los bilimbiques de la reforma fiscal que usted estaba promoviendo.
El día de hoy, el Secretario de Gobernación dice que el Gobierno y el PAN están dispuestos a presentar una nueva propuesta de reforma fiscal.
Si usted sabe contar, señor Secretario, se dará cuenta que la mayoría de los diputados y diputadas han rechazado la propuesta de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que presentó el Ejecutivo. Es una propuesta rechazada ya, totalmente muerta. Señor Secretario, ¿va a presentar una nueva propuesta? ¿O por un lado la va a presentar el Secretario de Gobernación, tal y como lo expresó el día de hoy, y usted va a seguir sosteniendo la misma propuesta que de manera invariable ha sido rechazada por diversas legislaturas?
La propuesta de reforma fiscal presentada por el Ejecutivo ha fracasado de hecho, porque el Gobierno no supo corresponder. Ve a los contribuyentes como si fueran súbditos, subordinados a un poder que tiene la necesidad y la ansiedad también de elevar su recaudación; no los trata como ciudadanos, porque para que la población pueda responder al establecimiento de nuevos gravámenes, el ejemplo primero lo tiene que poner el Ejecutivo.
¿Cómo convencer a un ciudadano de que aporte más al fisco federal si el Presidente de la República se ha convertido en cómplice para no esclarecer las profundas irregularidades del rescate bancario? ¿Cómo convencer a un ciudadano de que aporte más, si no hubo castigo a los que robaron las finanzas de Petróleos de México?
¿Cómo convencer a un ciudadano más si cuando estaba el diputado Barrios al frente de la Secretaría de la Función Pública, no sólo no agarró tiburones, ni siquiera agarró charales?
¿Cómo convencerlos? No hay correspondencia del Ejecutivo, porque ha habido impericia, un total desorden y ese desorden lo han trasladado a un partido político, porque no hay seriedad, no hay unanimidad, no hay don de mando en el Ejecutivo que tenemos.
Nosotros hemos insistido en una propuesta: la fiscalización.
La semana pasada, autoridades del Servicio de Administración Tributaria se reunieron con los senadores de la República y les expresaron que había aproximadamente 266 mil millones de pesos de créditos morosos que no podían cobrar...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor diputado, le ruego concluir.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar:...Con el 10% de eso podemos sacar recursos adicionales. ¿Por qué no se cobra eso? ¿Por qué no se hace un esfuerzo mayor? Esa es la pregunta que le queremos hacer.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Tiene el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz:Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias diputado Alfonso Ramírez Cuéllar por sus preguntas y cuestionamientos.
Que yo sepa señor diputado no se ha llevado a votación la propuesta del Ejecutivo, pero quizá usted refleje correctamente lo que sería el sentir de la mayoría, si se llevara a votación.
Por eso, los invite a que consideren, qué medidas de compensación para las personas de menores ingresos, porque lo que se quiere es cobrarle a los de mayor capacidad económica, se pueden instrumentar para sacar adelante una reforma de esa naturaleza.
Sin embargo, y aprovecho, porque se juntan dos preguntas y omití yo, involuntariamente, darle respuesta a una similar anterior, trato lo que comentó el Secretario de Gobernación a partir de la nota de prensa que se me entregó. Se dice en esta nota de prensa que el Gobierno Federal y el Partido Acción Nacional están dispuestos a presentar una nueva iniciativa, ¿por qué?, porque si no hay la mayoría para sacar adelante la reforma que propone el Presidente, se dice, si con ello se da paso al dinamismo legislativo que permita concretar ese cambio que México necesita, afirma el Secretario de Gobernación.
En una entrevista agrega: ``que los mexicanos no merecen que las discusiones en ese sentido entorpezcan los mercados y generen un proceso de inestabilidad financiera que perjudique al país en su economía y bienestar''. Luego dice que ``el Gobierno no desea la división interna de los partidos, porque la discusión al interior de las fuerzas políticas puede resultar en una parálisis legislativa'', por lo tanto, dice: ``si las discusiones de orden político y se genera una división interna entre los partidos, el Gobierno Federal y el Partido Acción Nacional están dispuestos a presentar una nueva reforma, si de esta manera se pueden salvar los obstáculos que la discusión anterior ha provocado''. Bueno, creo que esta nota de prensa responde cumplidamente las preguntas que se han hecho sobre este particular.
Hemos hecho todos los esfuerzos jurídicos para que no obstante la debilidad de la legislación anterior y no obstante algunos descuidos en la persecución de estas irregularidades, por lo menos en algunos casos por la vía fiscal, podamos cobrarle y sancionar a quienes cometieron irregularidades en la operación de rescate de los ahorradores. Les aseguro que hemos emprendido esfuerzos cuidadosos, intensos, de visitas continuas a los juzgados, de convencimiento, incluso de visitas cuando los asuntos han llegado a la Suprema Corte, para plantearle a los señores ministros cuáles son las interpretaciones jurídicas que sentimos nosotros, pueden apoyar que se recuperen algunas cantidades, como les digo, aunque sea por la vía fiscal y esto ha recibido el apoyo total del señor Presidente de la República.
En materia de cobranza, les voy a dar la cifra al mes de octubre, es un poco superior a la que menciona el diputado Ramírez Cuéllar, es de 320 mil millones de pesos; de esos 320 mil millones, 123 mil millones están controvertidos, tenemos que seguir los procesos judiciales para encontrarlos, 90 mil millones son de contribuyentes no localizados, si el contribuyente quebró, dejó de existir, la empresa no aparece, si dieron un domicilio falso, materialmente es imposible cobrarles y hay 43 mil millones de créditos en comprobación. El 78% de estos créditos tienen una antigüedad mayor a tres años, 206 mil millones de pesos.
Tenemos únicamente para 26 mil 400 juicios, 413 abogados, quiere decir que cada abogado nuestro tiene que atender 64 juicios. En un despacho, un abogado particular que está peleando el mismo juicio del otro lado, no atiende más de 15 juicios y además, aunque critican los sueldos dentro del Gobierno Federal, ganan varias veces más que nuestros abogados. Por cierto, nuestros abogados conforme los vamos capacitando, somos casi una escuela, al poco tiempo, cuando están capacitados se los llevan los despachos. De manera que ésta es la situación de los créditos.
Ojalá fuera tan fácil recaudar 26 mil millones de pesos adicionales a los que ya se vienen recaudando por recuperación de créditos, ojalá pudiéramos evitar reformas fiscales y pudiéramos, a través exclusivamente de recuperación de cartera, financiar el gasto público. Les aseguro que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para organizar nuestros departamentos jurídicos, para tener acciones limpias para recuperar los créditos y que estamos dentro de nuestras fuerzas, dentro de los recursos de que disponemos, haciendo el máximo esfuerzo posible.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor Secretario.
Tiene el uso de la palabra para formular su réplica, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar:Señor Secretario: es difícil que la iniciativa que presentó el Ejecutivo se vote aquí, porque el Partido Acción Nacional no tiene mayoría en la Comisión de Hacienda, entonces no es posible que se traiga al pleno, desde la propia Comisión se va a desechar. Lo que yo quiero entender con sus palabras y con las palabras del Secretario de Gobernación, es de que va a haber una nueva propuesta, que estamos en estos momentos en un punto cero, que ustedes, en un afán de responsabilidad, van a hacer una nueva iniciativa. ¿Cuándo la va a presentar, señor Secretario, esa nueva propuesta?
Y quiero yo también proponerle que modifiquemos el esquema, porque no solamente fracasó la iniciativa presentada por el Ejecutivo; también fracasó un esquema de negociación. El hecho de haber secuestrado el intercambio de opiniones, la negociación política entre un grupo pequeño de legisladores y los representantes del Gobierno, generó mucha inquietud al interior de los propios partidos políticos.
Ojalá y sea pronto que nos presente la propuesta, porque los mercados están muy nerviosos, como usted mismo señala, pero, ¿por qué no la discutimos todas las fracciones?, establecemos una mesa de diálogo formal, rompemos ese secuestro de la interlocución entre los partidarios de la Secretaría de Hacienda y los representantes del Gobierno y establezcamos un diálogo de cara absolutamente a todos los contribuyentes del país.
Llegamos a este punto muerto; no hay propuesta. El Ejecutivo va a presentar otra, ¿cuál es la otra? Esa es la gran pregunta, si la que ustedes mandaron fracasó, no tiene los votos para ganar, ¿cuándo presenta la otra, señor Secretario? Yo creo que debe ser hoy o mañana cuando menos, porque las fechas están ya muy cercanas y requerimos actuar con certeza, darle certidumbre, como ustedes dicen, a los inversionistas y poder tener un presupuesto que nos permita resolver las grandes necesidades sociales.
Hay muchas cosas que yo le quería decir: estamos con una macroeconomía del estancamiento y es la microeconomía de la ruina y de la pobreza, eso es su esquema, señor Secretario; ustedes tenían la esperanza de que el próximo año hubiera un crecimiento superior al 3%, si había la reforma fiscal que ustedes querían, la inversión privada iba a crecer y también el consumo de los particulares; si había la reforma energética esto iba a detonar también la confianza y si había la reforma al sistema de pensiones, se iba a garantizar mucha mayor seguridad.
El problema es que los condicionamientos para que creciera la inversión privada, como ustedes los esperan, parece ser que no van a salir, nadie quiere vender la industria eléctrica y tampoco la industria energética; nadie quiere vulnerar más las conquistas de los trabajadores y muy pocos aceptan seguir castigando a los contribuyentes de menores ingresos, es decir, los preceptos fundamentales en los que ustedes basan las proyecciones de crecimiento, más aún cuando la economía de Estados Unidos, sobre todo las manufacturas, no tienen el dinamismo que se espera y por lo tanto la industria textil, la de automóviles repercutirá también negativamente hacia nosotros...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le ruego concluir...
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar:...Y quiero concluir, señor Presidente, con una cosa, permítame tantito, no se pongan nerviosos.
El único acuerdo que ha firmado el Gobierno es el Acuerdo por el Campo, lo presumen mucho y vea con qué nos responde, señor Secretario...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor diputado, le ruego concluir, por favor...
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar:Con una caída del presupuesto hacia la producción agropecuaria, así honra la palabra el Ejecutivo, la palabra empeñada frente a gobernadores y en el patio de Palacio Nacional; ésos son los acuerdos por los que el Ejecutivo pierde absolutamente la confianza de sus decisiones y pierde el respaldo de la mayoría de la población.
Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Carlos Pérez Góngora:Con el permiso de la Presidencia; Señor Secretario; compañeros legisladores:
Hago uso de la tribuna para establecer con claridad la postura del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en torno a la reforma hacendaria que necesitamos todos los mexicanos.
Iniciaré diciéndole que nuestra fracción no acepta de ninguna manera, la propuesta enviada por el Ejecutivo, toda vez que continua privilegiando la estrategia de incrementar los ingresos con cargo a los más desprotegidos, como es el caso de gravar con IVA alimentos y medicinas.
¿Cómo haremos para explicar a un padre de familia que con gran dificultad lograr reunir unos cuantos pesos para comer, que ahora deberá pagar un impuesto por sus alimentos?
¿Cómo haremos para explicar a una madre que con su hijo enfermo acude a comprar medicinas que ahora serán más caras por este impuesto?
La visión que tiene el Ejecutivo no es la correcta, eliminar regímenes preferenciales, exenciones u excepciones no es la solución, todos los países lo tienen; ustedes nos comparan con países que recaudan el 20% o el 30% del Producto Interno Bruto; aun eliminando todo esto no llegaríamos a esta recaudación; reitero, el camino propuesto no es el correcto, ¿qué opina usted de esto, señor Secretario?
Los diputados del PRI lo sabemos muy bien, por esa razón estamos trabajando en el análisis de todas las alternativas, para encontrar aquellas que beneficien a México, sin perjudicar a los mexicanos.
Sabemos que eso sí es posible, si se usa el talento, la creatividad y el compromiso social, que como legisladores debemos tener.
Un ejemplo de que sí es posible encontrar nuevas alternativas es la propuesta de incorporar la economía informal a la base tributaria, lo cual permitiría captar más de 57 mil millones de pesos adicionales y paralelamente brindar apoyo de seguridad social a quienes la ejercen. Ese es sólo un ejemplo.
Por eso, señor Secretario, exigimos creatividad, sensibilidad y propuestas congruentes con la realidad que vive el país.
Los diputados de mi partido estamos trabajando para incorporar a la reforma hacendaria propuestas, con profunda vocación federalista, que permitan orientar mayores recursos y atribuciones a los estados y municipios.
No debemos olvidar que una de las razones de la evasión es que el Gobierno Federal ni recauda ni deja recaudar; según cifras proporcionadas por ustedes mismos, existe una evasión de más del 58%, lo cual demuestra que el imponer nuevos impuestos no es la única solución.
Nuestras propuestas son también promotoras del desarrollo, ya que nos queda muy claro que la base productiva genera el crecimiento de México y hoy, más que nunca, necesita ser apoyada y no estrangulada.
En ese sentido, nos pronunciamos por la disminución del Impuesto Sobre la Renta a un 30% y que esto incentivará el cumplimiento tributario y no sacrificará a quienes invierten recursos, trabajos y esfuerzos, por producir un bien o servicio que todos necesitamos.
Para el análisis y las propuestas de los diputados de mi fracción parlamentaria, hemos tomado en cuenta este clamor ya generalizado en nuestro país, que habla de que los mexicanos no podemos amarrarnos más el cinturón. Por lo tanto, somos de la idea de que antes de crear más impuestos, deben ustedes ampliar la base tributaria y ser más eficientes en el cobro de los que ya existen.
Adicionalmente, para que una reforma hacendaria dé resultado se requiere de medidas paralelas, como lo es una profunda simplificación, que permita que el contribuyente pueda cumplir; hoy como todos sabemos, los excesivos trámites y la complejidad de muchos de ellos siguen fomentando la evasión.
Otra medida indispensable es el fortalecimiento de la certeza jurídica con que opera en México; si deseamos ser una alternativa atractiva para la inversión mexicana y extranjera, es preciso que nos mostremos ante el mundo como un país en el que se respetan las leyes y éstas se aplican por igual para todos.
Mucho se ha dicho que el análisis de esta reforma hacendaria ha dividido a nuestro grupo parlamentario; estamos en un debate abierto, como sucede en los partidos que manejan la democracia y respeto a la pluralidad de pensamiento, el resultado será seguramente una propuesta incluyente y benéfica para todos.
Sin embargo, es muy importante aclararlo, la reforma que buscamos es de largo plazo, no se agota.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado, le ruego terminar.
El diputado Juan Carlos Pérez Góngora:Termino.
No se agota con la revisión de aquí a diciembre, queremos un proyecto de más de 20 años.
Señor Secretario, en nombre de la fracción parlamentaria del PRI, le invito a que se incorpore a la revisión y análisis de propuestas que sean de verdadero beneficio para nuestro país, a que trabaje realmente y de manera incluyente junto con nosotros y con los diputados de todos los partidos aquí representados, por una reforma hacendaria con rostro humano y de profundo sentido social.
Ese es el compromiso con nuestra patria, con nuestra gente y con nuestra historia.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el Secretario de Hacienda.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz:Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Juan Carlos Pérez Góngora, por sus comentarios y cuestionamientos:
Nos podemos comparar con países que recaudan menos del 20%, podemos hacer todo tipo de comparaciones, pero creo que una conclusión que es muy sólida, es que independientemente del país con el que nos comparemos, por ejemplo, América Latina, con países que invariablemente tienen ingresos por persona inferiores al nuestro, recaudan más como proporción del producto y recaudan más porque tienen mejores diseños de los impuestos indirectos.
Incorporar la economía informal, es parte de los resultados de la propuesta que estamos haciendo, creo que debe ser parte del resultado de cualquier propuesta, en todo caso los contribuyentes, los llamados pequeños contribuyentes, los repeco, los del régimen de pequeños contribuyentes ya están en manos de los estados.
Hubo un reclamo que el Gobierno Federal atendió, y así se propuso al Congreso y así se aprobó, de muchos años de parte de los gobiernos estatales y de esa vocación federalista del Presidente Fox se sometió al Congreso esta propuesta, que consiste en que ahora los repeco están administrados por los gobiernos estatales.
Así que una buena parte de la tarea del combate a la economía informal, le corresponde a los dos órdenes de gobierno.
La vocación federalista del gobierno se refrenda con la propuesta que se hizo, el año pasado se propuso que se pudiera gravar con un 2% la venta al consumidor final, no ha habido un solo gobierno estatal que promueva una reforma de esta naturaleza, por eso en esta ocasión se propone bajar la tasa general, porque se entiende que arriba del 15% era difícil que los gobiernos estatales quisieran gravar con un 2% adicional, bajar la tasa de 15% al 10% y que sin necesidad de pasar por las dificultades de trámite legislativo y de costo político de legislar una tasa de 2%, el Congreso aprobara esa tasa, para que todos los gobiernos estatales y el Gobierno del Distrito Federal, pudieran recibir la recaudación de ese impuesto.
Qué bueno que propone el Partido Revolucionario Institucional la reducción de la tasa del Impuesto Sobre la Renta, esa propuesta es bienvenida, creo que la debemos ver dentro del contexto de todas las medidas, para asegurarnos que esa menor tasa sea consistente con un aumento en la base y que además de propiciar mayor cumplimiento, cosa que seguramente se logrará, no sea suficiente el mayor cumplimiento para comenzar la pérdida en recaudación de la menor tasa y, por lo tanto, la llevemos a cabo, tomando en cuenta otras disposiciones, que tienen que ver en parte con el reclamo de ampliar la base tributaria como bien se dijo.
Medidas que tengan que ver con la simplificación, las estamos llevando a cabo, ya mencioné algunas, voy a mencionar otra que se origina también en un esfuerzo del Ejecutivo a través de un programa que ha venido manejando la Secretaría de Economía y en el que hemos colaborado los demás, y que ha dado ya resultados importantes.
Se crea en marzo de 2002 el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, es bien sabido el calvario por el que tienen que pasar contribuyentes, pequeños y medianos, cuando quieren abrir una empresa, a veces tardan más de un año.
El Registro Federal de Trámites y Servicios como resultado de este esfuerzo queda integrado en mayo de este año, obviamente que no depende únicamente del Gobierno Federal que esto se pueda hacer, se necesita la colaboración de los municipios y de los gobiernos estatales.
Bueno, esta combinación de esfuerzos se traduce ya en resultados en un gobierno perredista, en un gobierno panista y en un gobierno priista. En Puebla, de 58 días, no era tan malo, considerando lo que pasaba en otros lugares, se pasa antes del Sistema de Apertura Rápido de Empresas, a sólo dos días para abrir una empresa; en Los Cabos, de 35 días a un día; en Aguascalientes, de 29 días a un día. Esta es una forma de promover crecimiento económico porque el estrangulamiento a las iniciativas detiene el crecimiento económico y vean ustedes si no en esos estados cómo ha venido creciendo más la inversión y el empleo, que en otros estados que no han hecho el mismo esfuerzo, en otros estados y otras ciudades. Pero sí se necesita la colaboración de los tres órdenes de gobierno y de los distintos partidos que tienen esas responsabilidades administrativas.
Fortalecer la certeza jurídica creo que no puede haber nadie que esté en contra de eso, colaboraremos con mucho gusto en la elaboración de propuestas en ese sentido.
Y que bueno que se esté pensando en propuestas que unan a los grupos parlamentarios, esa fue la preocupación del Secretario Creel, sin necesidad de una nueva propuesta se logra esa unidad qué bueno, yo creo que lo que nos hace falta es que estemos unidos no sólo cada partido dentro del partido, sino también los mexicanos para sacar adelante las reformas que tanto nos hacen falta.
Gracias, señor Presidente.
Presidencia de la diputada Amalia Dolores García MedinaLa Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:
Gracias.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Porfirio Alarcón Hernández:Ciudadano doctor Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público; compañeras y compañeros legisladores:
Señor Secretario: esta comparecencia está llegando a su fin y parece, me parece que es muy importante que podamos hacer alguna recapitulación. A mí ciertamente me toca la réplica, pero me parece que es fundamental, la Nación nos está viendo; aquí están los testigos que son los periodistas, aquí estamos participando y ciertamente parece, al menos a mí me parece como si esto fuera un diálogo de sordos.
Yo creo de manera fundamental frente a la conciencia del país, frente a esta propia Cámara de Diputados compuesta como lo determinó la nación el 6 de julio, por diversos partidos políticos. Por eso señor Secretario, quiero expresarle que los diputados del PRI, particularmente los del sector campesino, coincidimos en la necesidad de aumentar la recaudación con base en una distribución justa de las cargas tributarias que obliguen a pagar más a quienes más tienen. Esto lo hemos repetido todos los días y en todas las tribunas y no lo hemos podido concretar. Yo estoy seguro, estoy cierto que todas las fracciones parlamentarias la Cámara de Diputados al final del periodo de sesiones, respetando la norma, por primera vez seguramente, así lo exige la nación, vamos a dar una oferta, una ley de ingresos y un presupuesto de egresos como lo exigen las circunstancias.
Por eso, repito, es el momento de recapitulación. A esta hora es importante, ante estos nuevos acontecimientos y anuncios de una probable o de una posibilidad de presentación de otra iniciativa. Desde luego se dictaminará la que ya está, pero la ley no impide que pueda presentarse otra iniciativa que pueda hacer que esta nación verdaderamente pueda llegar a un estadio, a una etapa en la que ya no tengamos que estar sufriendo, particularmente las clases más pobres, no sólo por el 2004 sino tal vez por el resto del siglo.
Por eso, señor Secretario, los diputados del PRI, particularmente los del sector campesino, le proponemos impulsar una auténtica reforma integral a las finanzas públicas que construya un sistema tributario más sencillo y eficiente, equitativo y justo, que fortalezca la lucha contra la evasión fiscal, que promueva el federalismo y que impulse un sistema presupuestario con mayor eficiencia en el gasto público y una rendición de cuentas más eficiente en el ejercicio del gasto.
Ojalá y las propuestas no vayan al cesto de la basura; que esto no sea un diálogo de sordos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Guadalupe Osuna Millán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Guadalupe Osuna Millán:Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario Francisco Gil Díaz, sea usted bienvenido.
Anteriormente el diputado Ramírez Cuéllar hablaba de desorden y de falta de respeto a la ley. Calificó al Gobierno y al grupo parlamentario de Acción Nacional. Pero todos recordamos aquella incursión a esta Cámara a caballo, violando el recinto, lo que no pudo hacer a la fuerza.
No es con insultos y diatribas, señor diputado, como se solucionan los problemas del país, no es con la irrupción a caballo en este recinto como se construye el futuro del país. Qué fácil es denostar en vez de trabajar. Una oposición responsable sabe trabajar. Congruencia, señores diputados.
El grupo parlamentario de Acción Nacional reconoce el marco de austeridad económica que prevalece en el país y que se acentúa en las finanzas públicas. Por ello estamos de acuerdo en el escenario propuesto de finanzas públicas, aunque existen algunos rubros del gasto que quisiéramos comentar debido a la preocupación que nos causa.
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece claramente en su política de gasto la necesidad de mantener la inversión del sector público como detonador del crecimiento económico y la generación de empleos.
Sin embargo, apreciamos que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2004 se prevé una disminución en el gasto de capital de 19.9% con respecto al cierre previsto para este año, caída que contrasta con el crecimiento presentado entre 2001 y 2003.
Asimismo el Ejecutivo nos propone que la inversión física presupuestaria presente una contracción más acentuada respecto al gasto de capital total, misma que será del 14.4%.
Este escenario contrasta con el crecimiento real promedio de 6.4% entre el 2001 y el 2003, que presentó la inversión física total.
Señor Secretario: ya hemos iniciado la segunda mitad de la actual administración y no percibimos el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en lo referente al impulso de la inversión pública como detonador del crecimiento económico y la generación de empleos. ¿Cuáles son las causas por las que el Gobierno Federal no está dando prioridad al impulso en la inversión pública? En ese mismo sentido llama la atención el reconocimiento que hace el Ejecutivo Federal sobre la magnitud del problema de la escasa generación de empleos en los últimos años y propone alternativas para impulsar la recuperación del empleo formal señalando una reasignación del gasto público.
Le solicitamos específicamente: ¿cuáles son los proyectos productivos que se propone el Ejecutivo para abatir el problema del desempleo? Y ¿cuál es la meta de empleos formales que se pretenden crear con esos proyectos?
En contraste, el gasto corriente presentará una disminución de apenas 0.2% en términos reales, respecto al cierre previsto de este año. Sobre este respecto, se menciona que se pretenden crear más de 19 mil plazas. Por lo tanto las y los diputados de Acción Nacional, le solicitamos nos informe si está justificada la creación de nuevas plazas y si esta acción no contraviene los objetivos plasmados en los Criterios Generales de Política Económica para el 2004.
Estas son las preocupaciones centrales de nuestro partido, en materia presupuestaria.
Sin embargo, es importante aprovechar este espacio para preguntarle puntualmente tres aspectos específicos que son prioritarios para Acción Nacional:
Primero. Sobre los Pidiregas, sabemos que crecerán 28% en términos reales. ¿Cuál será el impacto en la deuda pública para el próximo ejercicio fiscal?
Segundo. Hemos recibido muchas preguntas referentes a...
La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:
Le ruego concluir, señor diputado.
El diputado José Guadalupe Osuna Millán:...Concluyo, señora Presidenta.
¿Dónde se pretende reubicar al INIFAP? Le pedimos una respuesta puntual. Estamos seguros que la idea no es eliminar los esfuerzos en investigación.
Y finalmente, se menciona como una de las estrategias de política social la creación del Seguro Popular en Salud. ¿Podría explicarnos a detalle la justificación de este proyecto y cuál es su alcance?
Muchas gracias.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz:Muchas gracias, señor Presidente, gracias, señor diputado José Guadalupe Osuna Millán, por sus comentarios y cuestionamientos.
La inversión se mantiene en términos reales como cuando se toma en cuenta la inversión en los Pidiregas. Pero no obstante que la inversión en infraestructura baja en el presupuesto, algo que por cierto se puede corregir mediante ingresos adicionales, como les comenté, a través de recursos del fideicomiso para la construcción de infraestructura, el Fideicomiso Finfra en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, se va a más que compensar esta caída en la inversión. De manera que esa parte creo que va a quedar cubierta satisfactoriamente. Y por eso vamos en curso en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo por lo que se refiere a inversión pública, no obstante las penurias presupuestarias. Y son estos proyectos, más los que están relacionados con vivienda que son, como lo mencioné, extrapresupuestarios los que están orientados de manera importante a la creación de empleos.
Es cierto que a pesar de un esfuerzo importante baja poco el gasto corriente en la forma en que tradicionalmente se mide, porque se considera gasto corriente, por ejemplo, el gasto en educación, en los sueldos que se paga a los maestros. Se considera gasto corriente el gasto en médicos y enfermeras que tiene qué ver con la atención a la salud. Y las plazas que se están proponiendo tienen qué ver justamente con esos programas sociales, que más que gasto corriente se trata de inversión en capital humano.
Las 13 mil 334 plazas, de las cuales 10 mil son para maestros de preescolar y secundarias federalizados; 1 mil 800 para seguridad en la Secretaría de Seguridad Pública, parte de las cuales se necesitan en los Centros de Readaptación Social, los Ceresos; 350 a la Secretaría de Salud; 298 al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; 201 para los egresados de las escuelas navales de la Secretaría de Marina; y únicamente 687 para las secretarías de Agricultura, Trabajo, Energía, Consejería Jurídica, de Medio Ambiente y Economía. ¡En Hacienda vamos a seguir disminuyendo el número de plazas!
El Sistema de Protección Social en Salud pasa de ser un programa piloto a ser un programa formal que busca una atención universal en materia de salud. Para este ejercicio se consideran 3 mil 800 millones de pesos que cubrirán las cuotas y aportaciones a cargo del Gobierno para afiliar a 1 millón 600 mil familias. Tiene una cantidad enorme de implicaciones y de elementos que sería muy prolijo que les leyera, pero estoy seguro que en comisiones, si invitan ustedes al secretario Julio Frenk, podrá hacer una explicación puntual más abundante y más completa de la que yo puedo hacer en este momento.
Los Pidiregas crecen mucho por la necesidad de seguir apoyando a la inversión de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, en parte, en buena parte tiene qué ver con endeudamiento pero de los particulares que contratan esta deuda que, como saben ustedes, se trata de programas, de proyectos, llave en mano. Sin embargo, es una responsabilidad que a fin de cuentas recae sobre las finanzas públicas y por eso venimos publicando los requerimientos financieros globales del sector público, para que esos requerimientos financieros globales que son muchísimo más amplios de lo que tradicionalmente se viene definiendo como déficit no presione demasiado los mercados financieros.
Esto también da respuesta a muchos de los comentarios que se han hecho acerca de que es muy bajo el déficit del Gobierno. Los requerimientos financieros del Gobierno son muy amplios, superiores al 3% del producto y una buena parte de ellos se debe, precisamente, a estos programas de inversión que aunque están fuera de libros los hemos transparentado y los programamos para tener la tranquilidad de que no vamos a presionar excesivamente los mercados.
¿Dónde reubicar el Inifap? A pesar de su solicitud no le puedo dar una respuesta puntual, pero sí le puedo decir que será objeto del análisis que conjuntamente llevemos a cabo entre la Secretaría de Hacienda, obviamente la Secretaría de Agricultura y la propia Cámara de Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias por las preguntas otra vez.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene el uso de la palabra el diputado José Guadalupe Osuna Millán, para formular su réplica.
El diputado José Guadalupe Osuna Millán:Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario Gil Díaz:
Agradecemos las respuestas a las preguntas formuladas.
El grupo parlamentario de Acción Nacional quiere dejar muy claro este pronunciamiento. El Ejecutivo ya entregó en tiempo y forma la propuesta de reforma y el PAN sostiene que es la mejor propuesta para apoyar el crecimiento económico y el combate a la pobreza en México.
El grupo parlamentario del PAN apoya la propuesta del Presidente. El Gobierno de México debe dar respuestas a los grandes retos que tienen los mexicanos, en un escenario de globalización, regionalización y crisis, a fin de que se pueda generar un crecimiento sostenido y en un marco de desarrollo equilibrado se alcancen niveles aceptables de bienestar para toda la sociedad.
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, establece claramente en su política de gasto la necesidad de mantener la inversión del sector público como detonador del crecimiento económico y la generación de empleos.
Acción Nacional ha definido en su plataforma legislativa, que el motor permanente del desarrollo humano sustentable tiene que ser el empleo, porque es el medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades. Pero ¿cómo vamos a generar más empleos si el gasto de inversión disminuye en el Presupuesto de Egresos 2004?
Por ello es necesario el requerimiento de un mayor nivel de gasto público, pero no en gasto corriente, sino en gasto de inversión. Para eso, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se pronuncia por la construcción de una reforma fiscal que promueva el crecimiento económico y la generación de empleos, que aumente los ingresos fiscales del Gobierno, que contribuya a la disminución de la evasión fiscal y simplifique el esquema tributario, que reconozca también, señor Secretario, las diferencias regionales en nuestro país para fomentar la competitividad con nuestros socios comerciales de América del Norte.
Para que una reforma sea estructural, es necesario abordar los dos impuestos que forman la columna vertebral del sistema fiscal mexicano: IVA e ISR, ambos en su conjunto deben ser reformados cumpliendo con los objetivos anteriormente enunciados, además deben ser abordados desde una perspectiva integral y de largo plazo.
Nos queda claro que para privilegiar el gasto público en la inversión, como detonador del crecimiento económico y generador de empleos, es necesario un esfuerzo del gobierno en reducir su gasto corriente y trasladar los ahorros a la inversión pública.
Señor Secretario: la planeación estatal y las finanzas públicas son indispensables, pero no sustituyen la función social y personal de las regiones, ejercidas dentro de la solidaridad humana, la exigencia del bien común y las circunstancias concretas de la economía.
Compañeras diputadas y diputados, termino recordando las palabras de Carlos Castillo Peraza: ``El bien común es una concatenación de fines, los del individuo y los de la sociedad se eslabonan, el uno conlleva al otro y no hay que sacrificar ninguno, sino ubicar a cada uno en su sitio''.
Señor Secretario; señoras diputadas y diputados: ¡Salvemos a la política, salvemos a la economía, salvemos con la argumentación de las propias convicciones como espacio público de opinión recta, defendida con el argumento probable que trata de construir bienes públicos y ésa es nuestra tarea en el Congreso!
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional...
En virtud de que no se encuentra el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutíérrez, la Presidencia agradece la presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, en una comparecencia que da cumplimiento a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución General de la República.
Se ruega a la comisión encargada de acompañar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, lo haga cuando decida abandonar el recinto.
(La comisión cumple con su cometido.)
Se ruega a los diputados permanecer en sus lugares, a fin de continuar y agotar los asuntos en cartera.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Orlando Paredes Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro el nombre de ``Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá'' en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente.
México, DF, a 18 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«Iniciativa con proyecto de decreto, que presenta el senador Orlando A. Paredes Lara para que se inscriba en letras de oro el nombre de ``Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá'' en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro.
El suscrito, Orlando A. Paredes Lara, senador de la República por el estado de Yucatán e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que solicita inscribir con letras de oro, en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Manuel Crescencio García Rejón.
AntecedentesLa tradición de exaltar el valor de los personajes que han dejado huella en la historia de dignidad de la patria o se han significado por su valor civil o convicción social, tiene larga data en nuestro Congreso Nacional. Los orígenes se remontan al 19 de julio de 1825, cuando el Soberano Congreso Mexicano decretó la Declaración en Honor de los Primeros Héroes Libertadores de la Nación, y los que los siguieron.
El texto inicial del decreto de referencia inicia señalando: ``El Soberano Congreso mexicano, que jamás ha visto con indiferencia los sacrificios que los buenos patriotas han prestado a la nación en todas épocas para sostener su independencia y libertad, ha tenido a bien decretar...''
Así es, de estos orígenes surge la decisión que ha tenido el Congreso, o una de sus Cámaras, de perpetuar en Letras de Oro en el Muro de Honor del Recinto Parlamentario, los nombres, conceptos o momentos históricos, de personalidades de la vida nacional que merecen conocerse y honrarse en la posteridad.
Exposición de MotivosDon Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, distinguido jurista, político, periodista, diplomático y parlamentario yucateco, que ha dejado en la historia de nuestra nación una profunda huella en nuestras instituciones.
El Poder Legislativo debe compelerse al reconocimiento de su labor en aras de nuestro engrandecimiento, realizada con fe, con infatigable constancia y con generosidad.
Manuel Crescencio Rejón debe ser considerado a la par con Valentín Gómez Farías, como uno de los más importantes precursores del movimiento de reforma liberal, durante el siglo XIX. Su labor como legislador fue invariablemente progresista con un pensamiento de avanzada.
Rejón fue un permanente impulsor de reformas políticas encaminadas a la realización de la democracia, tal como el establecimiento de la votación directa para la elección de miembros del Congreso y de autoridades del Ejecutivo. En este sentido y también por su defensa de la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, su actuación tiene un carácter de vigencia y modernidad.
Polemista apasionado, siempre en pie de lucha, Rejón fue un periodista político de primer orden, su trabajo fue constante en la redacción de diversos periódicos liberales de su época, la exposición de sus ideas y su combate a tiranos y opresores le valieron persecuciones y cárcel. Para Rejón, la libertad de expresión no era un simple principio abstracto, sino una manera de vivir.
Federalista de convicciones firmes, Rejón merece estar al nivel de Miguel Ramos Arizpe, llamado el ``Padre del Federalismo'' en la historia política de México. En todas las facetas de su vida pública, Rejón fue congruente con su visión de un México federal, republicano, democrático y con una verdadera perspectiva de la división de poderes.
Patriota intachable de un espíritu nacionalista sin concesiones, Rejón defendió la integridad de México frente a la agresión y la voracidad extranjera. Como ministro, como periodista y como legislador, nunca transigió con quienes aceptaron la mutilación del territorio patrio para enajenarlo a los Estados Unidos.
Ilustre jurista, el prócer yucateco alcanzó su logro más perdurable como creador en nuestro país del Juicio de Amparo, cuyas líneas generales estableció desde 1840, y su evolución e institución es hoy un monumento de la legislación mexicana.
Figura jurídica que en la actualidad, constituye la última instancia impugnativa de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aún de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva.
Esta institución jurídica cabe decir, para mayor gloria de su creador, que ha sido adoptada por los sistemas jurídicos de casi todos los países del mundo, como la aportación más avanzada del derecho positivo mexicano.
Por muchas razones, entonces, se justifica reconocerle a don Manuel Crescencio Rejón los títulos de prócer nacional, campeón de la libertad de expresión, defensor de la patria, precursor del liberalismo, jurista eminente y heroico luchador por el federalismo mexicano.
Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá nació en la Capitanía General de Yucatán en un pequeño poblado llamado Bolonchénticul, el año de 1799, un 23 de agosto; en la actualidad lleva el nombre de Bolonchén de Rejón.
Los padres de Manuel Crescencio fueron don Manuel García Rejón y doña Bernarda de Alcalá, el primero vallisoletano y la segunda, de ascendencia canaria.
Su nombre completo era Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, pero en la historia se le conoce sencillamente como Manuel Crescencio Rejón.
Sus estudios los realizó en Mérida donde ya joven ingresó en el famoso seminario conciliar de San Ildefonso. Rejón se graduó en 1819.
Por ese entonces, en medio del asfixiante ambiente colonial, conservador en lo político y oscurantista en lo intelectual, existía en Mérida un oasis luminoso y progresista que se daba en el grupo de los sanjuanistas, verdaderos precursores de la Independencia, en Yucatán, grupo dirigido por el ilustre presbítero Vicente María Velázquez.
La lucha por la Independencia culminó en la Nueva España con el triunfo del Plan de Iguala, por lo que en consecuencia se proclamó también la independencia de Yucatán respecto al imperio español el 15 de septiembre de 1821 y se aprueba la anexión de la provincia a la naciente nación mexicana.
Este es el punto de partida para que Rejón iniciara su agitada y brillante carrera en la vida pública nacional, ya que fue designado diputado para participar en el Congreso Constituyente que se efectuaría en la Ciudad de México en marzo de 1822.
Las actitudes, ideas e iniciativas que encabeza o en las que participa Rejón, son notables. Propone que sea abolida en México la pena de muerte, por ser contraria a la humanidad. Además, que fueran abolidas las mitas, mandamientos, repartimientos y servicios personales a que estaban sujetos los indígenas y en relación con Yucatán, cuyos asuntos nunca olvidó como diputado o senador, pide que se concediese la fundación de una universidad en la ciudad de Mérida.
En mayo de 1822, el joven diputado yucateco ataca y critica fuertemente a Agustín de Iturbide cuando se hace proclamar emperador; por lo que al disolver Iturbide el Congreso, Rejón se encuentra entre los diputados que van a dar a la cárcel.
Cuando Iturbide renuncia y marcha al destierro, vuelve a plantearse en el Congreso la cuestión de una nueva Constitución. En ella participa don Manuel Crescencio Rejón y no solamente redacta artículos y los defiende en la tribuna, sino que aporta Rejón las bases para la independencia del Poder Judicial, así como la ampliación de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia.
Fue activista dentro de las logias masónicas y escribe en diversos periódicos. Perseguido, despojado de sus dietas, Rejón atraviesa una situación que llega a lo angustioso en lo económico durante los años de 1835 a 1840. Sufre además la muerte de su pequeño hijo Manuel, de cuatro años.
Sin embargo, jamás claudica ni cede en su combatividad política y en julio de 1840 participó en una conjura contra el gobierno bustamantista cuyo objetivo era restaurar la Constitución de 1824.
Participa Rejón en la Constitución yucateca de 1841. Este documento es verdaderamente precursor en México de notables avances jurídicos y políticos.
En materia de garantías individuales, éstas se generalizan para beneficiar no solamente a los yucatecos, sino a todo habitante del Estado nacional o extranjero; establece la elección directa de diputados, senadores y de gobernador, con lo que fortalece su sentido democrático y popular.
Fortalece también la autonomía del Poder Judicial, al que se le otorga la facultad de conceder el amparo, el establecimiento del juicio de amparo.
Considero un acto de justicia el que a los 204 años del nacimiento de este héroe epónimo de la ciencia jurídica, pueda tener el privilegio de que su nombre esté inscrito en los muros de la Cámara de Diputados, como están los de otros grandes héroes.
La trilogía del amparo está en función de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá como el creador de la idea; de don Mariano Otero, ilustre jalisciense y extraordinario jurista, como el forjador del juicio de amparo, y de otro excelentísimo jalisciense, don Ignacio Luis Vallarta, como el que lo llevó a su máxima exponencia.
Si los nombres de Otero y de Vallarta están en los muros de la H. Cámara de Diputados, considero de justicia que junto a ellos esté el nombre del creador de la institución del amparo, don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá.
Lo mejor que podemos hacer las generaciones presentes y futuras, es enaltecer los valores de los grandes hombres que ha tenido esta nación.
Hoy, a la distancia, vemos que lo que hemos construido los mexicanos, lo hemos logrado por nuestro apego a la ley, lo hemos realizado en etapas sucesivas, sin atropellar la historia.
Ante ello, sólo quisiera parafrasear a nuestro personaje: Yucatán, sus instituciones y su sociedad saben guardar gratitud y lealtad a las instituciones republicanas. Yucatán trabaja y supera y se supera sin perder su conciencia histórica, su arraigada convicción revolucionaria y su estricto apego a la legalidad.
Manuel Crescencio Rejón y Alcalá constituye un paradigma de lealtad a sus ideas y la entrega a las causas de México. Federalista radical, brillante jurista, patriota a toda prueba, honesto a carta cabal, el nombre de Manuel Crescencio Rejón merece estar con letras de oro entre los más altos próceres de la patria.
En virtud de lo expuesto y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Inscribe con Letras de Oro el Nombre de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro.
DecretoUnico. ``Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del ilustre jurista Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá''.
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 18 de noviembre de 2003.--- Senadores: Orlando A. Paredes Lara, Antonio García Torres, Víctor Manuel Méndez Lanz, Sadot Sánchez Carreño, Humberto Roque Villanueva, Manuel Bartlett Díaz, Emilio Gamboa Patrón, David Jiménez González, Eric Rubio Barthell, Dulce María Sauri Riancho, Omar Raymundo Gómez Flores, Héctor Michel Camarena (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José Antonio Aguilar Bodegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto, que reforma los artículos 29 y 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado;
Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 114 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y
Con proyecto de decreto, que adiciona y reforma los artículos 2° y 2°-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y 32, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La Presidencia dispuso que dichas iniciativas se turnaran a la Cámara de Diputados, mismas que se anexan.
Atentamente.
México, DF, a 19 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LIX Legislatura.
Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 29, inciso IX, y 176, fracción VII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El que suscribe, senador José Antonio Aguilar Bodegas, en la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones XVII y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para modificar los artículos 29, inciso IX, y 176, fracción VII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Exposición de MotivosUno de los factores que ha sido determinante para el progreso de la humanidad es la educación. Los países que actualmente tienen el dominio tecnológico lo han conseguido, en parte, gracias al fuerte apoyo que han dado a sus investigadores, y a su elevado nivel de educación; y gracias a que dedican gran parte de sus recursos económicos al desarrollo del sector educativo, lo que, finalmente, les produce grandes beneficios. La inversión por parte del Gobierno Federal mexicano en este renglón es de 4.9% del PIB y de 23% del Presupuesto de Egresos, mientras que en Francia las cifras correspondientes son de 6.1% del PIB y sólo 11% del Presupuesto de Egresos. Estados Unidos eroga en educación el 4.8% del PIB y el 8.4% del Presupuesto de Egresos.
En nuestro país debemos procurar el fortalecimiento de la hacienda pública y lograr la obtención de recursos suficientes que permitan defender la Educación Publica e incluso mejorar las condiciones de ejercicio profesional del Magisterio.
La importancia de la educación en la sociedad actual es clara, ya que, en el siglo XXI, las habilidades de la fuerza de trabajo adquiridas en la educación se van a convertir en el arma más importante para poder sobresalir en el fuerte ambiente competitivo que se generará en todos los medios. La competencia entre empresas dependerá de cuál es la que tiene el personal más capacitado y con mayores habilidades; así como la mejor tecnología.
En México esta tendencia se está manifestando en:
Un incremento del gasto educativo;
Una mayor participación en la educación privada; y
Un incremento en los programas paralelos de educación no escolarizada, tales como educación continúa para ejecutivos, capacitación dentro de la empresa, etcétera.
No existe presupuesto federal -y menos estatal- para poder alfabetizar a tanta gente; faltan maestros y escuelas, y cuando se tienen aquéllos y se construyen éstas, se requieren más para poder atender a los niños que están en edad de recibir instrucción escolar.
A lo anterior tenemos que adicionar que las comunidades rurales se encuentran sumamente dispersas, en muchas de ellas no se habla el idioma español, y carecen de infraestructura, medios de comunicación, etcétera.
La población indígena crece a una velocidad mayor que la construcción de escuelas y que la preparación de maestros; de manera que nunca se va a terminar el círculo vicioso, se busca coadyuvar a las presiones en que se ve sometido el espacio de las escuelas públicas y por tanto también a favor de las jornadas laborales de los trabajadores de la educación para procurar una educación más directa de los educandos en cuanto sea posible reducir el número de ellos que es atendido por cada maestro, sobre todo en zonas de pobreza y marginación.
Muchos niños mexicanos -al igual que hoy sus padres- no serán autosuficientes y requerirán del subsidio gubernamental para su existencia. Si este subsidio no fluye, entonces satisfarán sus necesidades por medios ilícitos como el abigeato, el secuestro, la invasión de predios, la toma de ranchos, si los hubiere para ese entonces.
En pocas palabras: volverá a presentarse un escenario muy parecido al de 1994. Según las estadísticas, Chiapas es el estado de la República con más rezago educativo del país; la educación promedio de los chiapanecos apenas alcanza el tercer grado de primaria y ocupan el primer lugar en analfabetismo.
La efectividad educativa mexicana, a nivel nacional, considerando los índices de continuidad, reprobación y abandono, refleja que de cada 100,000 alumnos que ingresan a primero de primaria sólo 71% de ellos logra concluir el nivel primario; de este porcentaje, sólo 81% ingresa en secundaria.
A nivel secundaria, 79% de los alumnos inscritos en primer grado termina este nivel; de este porcentaje, 57% ingresa en bachillerato y 15% en profesional medio.
A nivel medio superior, en bachillerato de tres años, 61% de los alumnos inscritos en primer grado termina este nivel, mientras que el bachillerato de dos años lo termina 58%.
A nivel profesional medio, 44% de los alumnos termina.
A nivel superior, 63% de los alumnos egresados de bachillerato se inscribe en universidad. De este grupo, 45% de los alumnos termina y se titula.
Resultado de lo anterior, de los jóvenes mexicanos, sólo 7 de 100 alumnos (7.39%) terminan el proceso educativo con un título de profesionista o técnico medio.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29, inciso IX, y 176, fracción VII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.Primero. Se modifica el inciso IX del artículo 29 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:
XII. Los pagos de colegiatura hechos por el contribuyente a las instituciones educativas que cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios expedidos por la SEP de acuerdo con la Ley Federal de Educación, así como los gastos de útiles escolares, de uniformes y de transportación escolar, por los estudios de quienes el contribuyente considere erogue desde el nivel de estudios primarios, así como los apoyos que de manera directa preste a instituciones de educación pública o a educandos que en ellas realicen su formación.
La deducción en las zonas geográficas correspondientes a los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero será el equivalente al monto anterior por un factor de 3.0.
Cuando por las adquisiciones realizadas en los términos de la fracción II o por los gastos a que se refiere... de esta ley.
Segundo. Se modifica la fracción VII del artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo, las siguientes deducciones personales:
VII. Los pagos de colegiatura hechos por el contribuyente a las instituciones educativas que cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios expedidos por la SEP de acuerdo con la Ley Federal de Educación, así como los gastos de útiles escolares, de uniformes y de transportación escolar, por los estudios de los dependientes económicos del contribuyente desde el nivel de estudios primarios, así como los apoyos que de manera directa preste a instituciones de educación pública o a educandos que en ellas realicen su formación.
La deducción en las zonas geográficas correspondientes a los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero será el equivalente al monto anterior por un factor de 3.0.
Para determinar... al Distrito Federal.
Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I y II que anteceden, se deberá comprobar, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada.
Los requisitos de las deducciones establecidas en el Capítulo X de este título no son aplicables a las deducciones personales a que se refiere este artículo.
Tercero. Se modifica el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 9. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:
III) Libros, útiles, uniformes escolares, transportación escolar, periódicos, revistas, así como el derecho autor para usar o explotar su obra.
TransitorioUnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, DF, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil tres.--- Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LIX Legislatura.
Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 114 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El que suscribe, senador José Antonio Aguilar Bodegas, en la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones XVII y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 114 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Exposición de MotivosEn la actualidad existe una gran complejidad para calcular el Impuesto Sobre la Renta, debido a que se utilizan tres tablas, la del impuesto, la del subsidio y la del crédito al salario.
Se propone una sola, que reduzca el número de tramos, extendiendo escalones lo más posible para desalentar el trabajo adicional de las personas y facilitar su cálculo, proteger a los contribuyentes de menores ingresos sin perder su progresividad.
El subsidio fiscal que señala el artículo 114 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que aparece en 1991, se otorga a personas físicas.
Este subsidio se aplica contra el Impuesto Sobre la Renta que resulta a cargo de cada contribuyente.
Del análisis de las disposiciones relacionadas con el subsidio se concluye que la aplicación de la tarifa puede ser compleja: pero no tanto como lo es investigar los elementos que sirven en el cálculo de la proporción, para determinar el subsidio acreditable y no acreditable.
Cuando surgió el crédito al salario en octubre de 1993 se dijo que era un beneficio económico que el gobierno federal otorgaba a los trabajadores, y los patrones lo descontaban a 100% de las contribuciones federales a su cargo.
Por eso, será más sencillo elaborar una sola tarifa del Impuesto Sobre la Renta para aplicarse directamente a la remuneración gravada del trabajador, en vez de aplicar las tres que hoy se utilizan, lo anterior genera complicación administrativa y por ende inseguridad jurídica.
Hoy día se suma al resto de los costos de nómina que los empleadores deben absorber (Seguro Social, Infonavit, Impuesto Estatal sobre Nominas, etcétera). Esto ha llegado a desmotivar la contratación de nuevos trabajadores en las empresas, frenando los incrementos salariales y contribuyendo en forma indirecta, al desarrollo de la economía informal.
Con esto se busca realizar una verdadera simplificación administrativa, y de justicia fiscal, y evitar carga administrativa a los empleadores.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 114 de la Ley del Impuesto Sobre la RentaUnico. Se modifican los párrafos primero y segundo del artículo 114 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 114. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban cuatro salarios mínimos generales correspondientes al área geográfica del contribuyente.
La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente:
...
TransitorioUnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones del H. Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil tres.--- Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LIX Legislatura.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 2° y 2°-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y reforma el artículo 32, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El que suscribe senador José Antonio Aguilar Bodegas, en la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, perteneciente a la fracción parlamentaria del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II; y 73, fracciones XVII y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 2º y 2º-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 32, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Exposición de MotivosDebido al contexto económico que prevalece en el país y la alta tasa de economía informal que muestran las estadísticas, además de considerar que en el sur del estado de Chiapas la actividad económica es la agrícola y pesquera, las cuales están gravadas al 0% según el artículo 2º-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Es importante señalar que uno de los objetivos del Gobierno de la República, es la rehabilitación de Puerto Madero, Chiapas, para que sea detonante en la economía de la región, por lo cual tanto los gobiernos federal y estatal, han realizado importantes inversiones en el puerto a partir de 2001, por su parte la iniciativa privada no ha realizado las inversiones previstas para el completo desarrollo del puerto, por lo que se busca ofrecer mejores situaciones fiscales.
Se propone a esta soberanía, establecer una certeza jurídica al contribuyente para que sea contemplado dentro de la franja fronteriza todo el municipio de Tapachula con sus localidades y así tributen con la tasa de 10% en relación al Impuesto al Valor Agregado. Este planteamiento se presenta como una medida que busca establecer mecanismos de tributación claros y sencillos que den confianza a los sectores de contribuyentes irregulares, motivando su incorporación a la economía formal y así generar mejores alternativas de inversión en esta región del país, trayendo consigo más y mejores empleos, apoyo en la economía de sus habitantes e incremento en la recaudación de impuestos al aumentar la base de contribuyentes.
Por otra parte, desde hace aproximadamente 10 años el agro mexicano y en especial la actividad agropecuaria del estado chiapaneco, ha sufrido un grave retroceso en su crecimiento y desarrollo, esto debido a diferentes causas, tales como la falta de recursos económicos y apoyo tecnológico por parte de los tres niveles de gobierno, así como también la competencia desleal con productores de otros estados e inclusive de otros países, la falta de garantía de los precios de los productos cosechados y en especial las barreras fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado aplicadas al sector agropecuario, llámese agricultores, ganaderos, silvicultores, etcétera.
La reforma que se plantea al artículo 2º-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, va enfocado a apoyar de manera contundente al sector agropecuario, toda vez que los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, silvícolas o pesqueras a partir del 1 de enero del 2000 perdieron el derecho a poder recuperar el saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado que generan por sus operaciones fiscales, toda vez que se les impuso un límite de ingresos, es decir, si el contribuyente que se dedica a dichas actividades no rebasa el límite de ingresos que se establece en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, generado en el periodo, algo que por derecho propio le corresponde.
En caso de no aprobarse esta iniciativa se provocará que se agrave aun más su situación económica, así también que los productos que estos enajenan se encarezcan por la acumulación del Impuesto al Valor Agregado acreditable al costo de ventas y por ende se frene el desarrollo del sector agropecuario mexicano.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 2º y 2º-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y reforma el artículo 32, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.Primero.- Se adiciona el artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:
Artículo 2º.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 10% a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.
Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 10% siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.
Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el Impuesto al Valor Agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley, la tasa del 15%.
Para los efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los Estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional; al sur con el municipio de Tapachula.
El municipio de Tapachula comprende a la localidad de Barra de Cahoacán y Escollera Oriente.
Segundo.- Se reforma el artículo 2º-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 2º-C.- Las personas físicas con actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicio al público en general, no estarán obligadas al pago del impuesto por dichas actividades, siempre que en el año de calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de $1´521,100.00 por dichas actividades. La cantidad a que se refiere este párrafo se actualizará anualmente, en el mes de enero, en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, estarán sujetas a lo previsto en este artículo las personas físicas que se dediquen a actividades agrícolas, silvícola o pesqueras siempre y cuando la totalidad de sus actos o actividades las realicen con el público en general.
Las personas a que se refiere este artículo estarán obligadas a recae y conservar la documentación comprobatoria de las adquisiciones que efectúen, en los casos en que lo estén de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Tercero.- Se reforma el artículo 32 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 32.- Para los efectos de este Título, no serán deducibles:
II.- Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los Ingresos exentos respecto del total de Ingresos del contribuyente.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable única y exclusivamente tratándose de la determinación del Impuesto Sobre la Renta. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que nos sean deducibles conforme a este Capítulo. En el caso de automóviles y aviones, se podrán deducir en la proporción que represente el monto original de la inversión deducible a que se refiere el artículo 42 de esta Ley, respecto del valor de adquisición de los mismos.
TransitorioUnico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones del H. Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil tres.--- Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Eduardo Ovando Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente.
México, DF, a 19 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente, (rúbrica).»
«C. Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores.--- Presente.
El que suscribe, Eduardo Ovando Martínez, senador por el estado de Quintana Roo, en uso de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio donde residamos.
Esta obligación fiscal-constitucional es el vínculo jurídico en virtud del cual, el Estado exige al contribuyente el cumplimiento de una prestación pecuniaria y sólo de manera excepcional en especie.
Existen diversas formas de extinguir esta obligación, destacan la prescripción, la compensación, la confusión, la renuncia del acreedor, la consignación, la devolución, la caducidad, la cancelación, entre otras.
El tema central de esta modificación del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación radica en el problema que atañe a millones de contribuyentes que se ven afectados por el procedimiento de la compensación de oficio llevado a cabo por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, afectando directamente su patrimonio.
Respecto a la compensación, nuestro sistema jurídico tributario prevé dos formas como consecuencia de extinguir la obligación tributaria. Estas son, para contribuyentes obligados a pagar mediante declaraciones y los que dictaminan sus estados financieros; y la compensación de oficio. Cada una tiene sus reglas de procedencia reguladas por el artículo 23 del Código Fiscal de Federación.
Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaraciones pueden compensar un saldo a favor, siempre y cuando así lo determine el ciudadano y derive de la misma contribución; en caso de que no derive de ésta, podrán compensarlo si observan los requisitos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en reglas de carácter general les exijan.
En la compensación de oficio que extingue el crédito fiscal, sólo se requiere que las cantidades a que tengan derecho los contribuyentes por parte de las autoridades fiscales hayan quedado firmes, independientemente del concepto por el cual se hayan generado.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procede a la compensación, haciendo caso omiso de las solicitudes que los contribuyentes presentan mediante las cuales, piden la devolución en apego a lo dispuesto por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.
Por tanto, considero necesario reformar el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, parar limitar el actuar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y beneficiar a millones de contribuyentes al asegurarles el derecho de decidir sobre el objeto o finalidad de este recurso resultante del saldo a favor, y con ello, impedir que se sigan violando los principios de legalidad y de seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
DecretoUnico. Se reforma y adiciona el párrafo quinto del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 23....
...
...
...
Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades a que los contribuyentes tengan derecho de recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 22, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retenciones a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. En este caso se notificará personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación. La compensación de oficio no es procedente en los casos en que el contribuyente solicite la devolución del saldo a favor.
...
TransitorioUnico. El presente decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2004.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 19 días del mes de noviembre de 2003.--- Sen. Eduardo Ovando Martínez (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se da cuenta de dos oficios más.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con el siguiente
Punto de Acuerdo``PRIMERO. Es procedente la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Héctor Michel Camarena de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el respaldo al Proyecto de Protección y Desarrollo Integral del Cocotero, en el estado de Colima, como parte del Proyecto Nacional.
SEGUNDO. Muy respetuosamente se solicita a la Mesa Directiva y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004 se asignen recursos por 45 millones de pesos al Proyecto de Protección y Desarrollo Integral del Cocotero de Colima como parte del Proyecto Nacional.''
Atentamente.
México, DF, a 18 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente
Punto de Acuerdo``Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en su ejercicio 2004, se asignen recursos por 60 millones 500 mil pesos al Plan Maestro de la Citricultura en el estado de Colima como parte del Proyecto Nacional.
Segundo. Con la finalidad de dar transparencia al correcto ejercicio y destino de los recursos, se determina la integración de un fideicomiso conformado por representantes de los gobiernos federal y estatal como fideicomitentes, y el Consejo Estatal de Limón como fideicomisario.''
Atentamente.
México, DF, a 18 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativas.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias señor Presidente, don Juan de Dios Castro; compañeras y compañeros legisladores:
En el horizonte del trabajo parlamentario, a todos nos queda muy claro que los legisladores dedican una parte muy importante de su tiempo a hacer la ley, a reformarla y a adecuarla para que ésta cumpla con su función social.
En la actualidad, el sistema normativo mexicano consta de 227 ordenamientos.
A saber: 214 leyes; ocho códigos; dos estatutos, el del Distrito Federal y el de Las Islas Marías; un reglamento cual, el que rige internamente al Poder Legislativo que tiene base en un artículo de la Constitución; una ordenanza, la de la Armada de México; y un presupuesto, el que tiene una vigencia anual y muere y nace cada año con el trabajo de estos meses de esta Cámara de Diputados por ser facultad unicamaral.
Es por ello, que consciente de que lo deseable sería tener una menor cantidad de leyes, que éstas fueran más fáciles y más entendibles y que el complejo normativo no se volviese como desgraciadamente se ha vuelto, en una selva inexpugnable en donde hasta los peritos más expertos se pierden es que tratamos de hacer un pequeño ejercicio de abrogación. ¿De cuáles leyes? De cinco, que por el paso del tiempo han dejado de tener vigencia pero que pululan por nuestro universo jurídico y que en el marco del derecho positivo tienen un espacio y tienen un lugar.
Estamos proponiendo y le ruego a la Presidencia haga los turnos que considere prudente, la abrogación entre otras, de cinco leyes que tienen que ver con los subsidios para empresas de aviación, una ley de 1932 que considera entre otras cosas un subsidio a la gasolina, un combustible que ya no requieren las aeronaves modernas. Otra más, para conservar la neutralidad del país: la Ley para la Construcción de Cercas en Predios no Edificados; la Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado; y la Ley sobre el Destino de los Bonos del Enemigo.
Estamos pues proponiendo la abrogación de cinco cuerpos normativos que habrá de adecuar de alguna manera nuestro complejo de leyes en México, porque este tipo de instrumentos si bien son positivos, ya no tienen vigencia alguna.
Las iniciativas han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria, por lo que sólo le ruego a la Presidencia de la Mesa sea tan bondadoso, maestro Juan de Dios Castro, de ordenar su inserción en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso General, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley de Subsidios para Empresas de Aviación, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa abrogación, a decir de Joaquín Escriche en su Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, es la anulación o revocación de lo que por ley o privilegio se hallaba establecido. La abrogación de la ley se diferencia de la derogación, en que aquella consiste en la abolición o anulación total de la ley, y esta en la abolición o anulación de solo una parte de ella: abrogatur legi cum prorsus tollitur, derogatur legicum pars detrahitur.
La abrogación es expresa o tácita; es expresa, cuando una nueva ley revoca formalmente a la antigua; es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones contrarias a la anterior sin decir que la revoca, o cuando los motivos de una nueva ley han cesado enteramente, o en fin, cuando se ha establecido una costumbre contraria a la ley, o cuando esta ha caído en desuso.
La Ley de Subsidios para Empresas de Aviación tiene una historia legislativa sui géneris. En el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados de fecha 16 de junio de 1932, se encuentra la exposición de motivos del Presidente Pascual Ortiz Rubio por la que fundamenta la solicitud para que esta Cámara le otorgare facultades extraordinarias en materia de egresos. En ningún momento se hace mención a la Ley de referencia. El entonces Secretario de la Cámara, Diputado Bátiz, declaró aprobados los proyectos de Decreto enviados por el Ejecutivo de la Unión y notificando su pase al propio Ejecutivo y al Senado para sus efectos constitucionales. A la luz de lo anterior, el proyecto presidencial fue aprobado con dispensa de todos los trámites y sin que mediara debate alguno.
El Diario Oficial de fecha 30 de junio de 1932, publicó el Decreto expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el cual se concedían facultades extraordinarias al Jefe del Ejecutivo en materia de egresos. El propio Diario Oficial de fecha 31 de junio de 1932, publica en el rubro de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la expedición de la Ley de Subsidios para Empresas de Aviación, promulgada por el Presidente Abelardo L. Rodríguez.
En un análisis somero de esta Ley, podemos aducir que los modernos jets ya no utilizan gasolina, por tanto, el combustible que regula esta Ley no se administra más a las aeronaves. Asimismo, el cuerpo normativo de la Ley de Subsidios para Empresas de Aviación refiere que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas anualmente establecerá una partida de su presupuesto, misma que se destinará para cubrir los subsidios correspondientes para cada año fiscal, lo anterior es materialmente imposible ya que, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no prevé en su presupuesto ninguna partida para este tipo de subsidios.
De igual forma, se establece que las empresas aéreas presentarán en los primeros diez días de cada mes, ante el departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una cantidad de la gasolina consumida en el mes anterior y que, junto con esta manifestación, remitirán las facturas de compra de gasolina expedidas por los proveedores, en las que se haya causado el impuesto del timbre.
La Ley de referencia contempla la prohibición de hacer fuera de las refinerías mezclas de gasolina y benzol. En esa época, a la gasolina empleada en los automóviles se le añadía plomo como antidetonante.
Por lo que se refiere a las penalidades por falta de presentación de las manifestaciones exigidas, es irrisorio pensar que multas de 50 hasta 1,000 pesos pueden mermar las finanzas de cualquier compañía de aviación.
Desafortunadamente, esta Ley nunca tuvo reforma alguna que la actualizara con los tiempos modernos pero, ante todo, con los avances tecnológicos en materia de química petrolera, ingeniería aeronáutica ni en materia económica.
Si bien es cierto que hubo una Iniciativa de ratificación por parte del titular del Ejecutivo Federal, tal y como lo publicó el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del 23 de diciembre de 1932, ésta se consideró de urgente y obvia resolución y fue votada y aprobada por la mayoría toda vez que las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República afectaba varios ejercicios fiscales.
Cabe hacer notar que una democracia que se precie de serlo deberá contar con un sistema jurídico cuyas leyes se apliquen en el tiempo y no sólo en la historia. Las democracias modernas tienden a depurar sus sistemas legislativos a través de menos leyes, con aplicación heterónoma.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley de Subsidios para Empresas de Aviación:
Artículo único: Se abroga la Ley de Subsidios para Empresas de Aviación.
TransitoriosArtículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro el día 25 de noviembre de 2003.--- Dip. Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Por lo que se refiere a la Ley de Subsidios para Empresas de Aviación, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso General, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa abrogación, a decir de Joaquín Escriche en su Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, es la anulación o revocación de lo que por ley o privilegio se hallaba establecido. La abrogación de la ley se diferencia de la derogación, en que aquella consiste en la abolición o anulación total de la ley, y esta en la abolición o anulación de solo una parte de ella: abrogatur legi cum prorsus tollitur, derogatur legicum pars detrahitur.
La abrogación es expresa o tácita; es expresa, cuando una nueva ley revoca formalmente a la antigua; es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones contrarias a la anterior sin decir que la revoca, o cuando los motivos de una nueva ley han cesado enteramente, o en fin, cuando se ha establecido una costumbre contraria a la ley, o cuando esta ha caído en desuso.
La Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado tiene su propia historia legislativa; fue publicada por Decreto del Presidente Miguel Alemán en el Diario Oficial el 7 de enero de 1950 y reformada el 19 de enero de 1967 para aumentar en 50% el cómputo de años de servicio, actualizar la autoridad correspondiente, así como las referencias a la Ley en materia de retiro.
No obstante, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas establece que los militares que se incorporaron a la Revolución durante el periodo de 1910 a 1913, que no hubieren militado en las filas de la usurpación de 1913 a 1914, podrán continuar en activo, e integrarán el Cuadro de Honor de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Cronológicamente es casi imposible que los Veteranos de la revolución sobrevivan por lo que, esta Ley debe abrogarse.
Cabe hacer notar que una democracia que se precie de serlo deberá contar con un sistema jurídico cuyas leyes se apliquen en el tiempo y no sólo en la historia. Las democracias modernas tienden a depurar sus sistemas legislativos a través de menos leyes, con aplicación heterónoma.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado:
Artículo único: Se abroga la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado.
TransitoriosArtículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro el día 25 de noviembre de 2003.--- Dip. Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Por lo que se refiere a la Ley a favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso General, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley sobre Construcción de Cercas en Predios no Edificados, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa abrogación, a decir de Joaquín Escriche en su Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, es la anulación o revocación de lo que por ley o privilegio se hallaba establecido. La abrogación de la ley se diferencia de la derogación, en que aquella consiste en la abolición o anulación total de la ley, y esta en la abolición o anulación de solo una parte de ella: abrogatur legi cum prorsus tollitur, derogatur legicum pars detrahitur.
La abrogación es expresa o tácita; es expresa, cuando una nueva ley revoca formalmente a la antigua; es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones contrarias a la anterior sin decir que la revoca, o cuando los motivos de una nueva ley han cesado enteramente, o en fin, cuando se ha establecido una costumbre contraria a la ley, o cuando esta ha caído en desuso.
La Ley sobre Construcción de Cercas en Predios no Edificados tiene su propia historia legislativa; fue publicada en el Diario Oficial del 30 de diciembre de 1953 y reformada, 15 años después mediante Decreto publicado el 31 de diciembre de 1968 con la finalidad de actualizar a 90 pesos, las tarifas establecidas por la Ley original que establecía pago de derechos de 50 pesos por metro lineal de las cercas construidas.
Cabe hacer notar que una democracia que se precie de serlo deberá contar con un sistema jurídico cuyas leyes se apliquen en el tiempo y no sólo en la historia. Las democracias modernas tienden a depurar sus sistemas legislativos a través de menos leyes, con aplicación heterónoma.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley sobre Construcción de Cercas en Predios no Edificados:
Artículo único: Se abroga la Ley sobre Construcción de Cercas en Predios no Edificados.
TransitoriosArtículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día 25 de noviembre de 2003.--- Dip. Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Por lo que se refiere a la Ley sobre Construcción de Cercas en Predios no Edificados, túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso General, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley sobre el Destino de los Bonos del Enemigo, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa abrogación, a decir de Joaquín Escriche en su Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, es la anulación o revocación de lo que por ley o privilegio se hallaba establecido. La abrogación de la ley se diferencia de la derogación, en que aquella consiste en la abolición o anulación total de la ley, y esta en la abolición o anulación de solo una parte de ella: abrogatur legi cum prorsus tollitur, derogatur legicum pars detrahitur.
La abrogación es expresa o tácita; es expresa, cuando una nueva ley revoca formalmente a la antigua; es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones contrarias a la anterior sin decir que la revoca, o cuando los motivos de una nueva ley han cesado enteramente, o en fin, cuando se ha establecido una costumbre contraria a la ley, o cuando esta ha caído en desuso.
La Ley sobre el Destino de los Bonos del Enemigo debe considerarse como una abrogación tácita en virtud de que los motivos que la crearon han cesado enteramente, pues, esta Ley servía como punto final sobre los bienes de países considerados como enemigos de México.
Al no existir enemigo alguno y haber dispuesto de sus bienes conforme a la Ley y los Tratados Internacionales, la Ley sobre Destino de los Bonos del Enemigo dejó de estar vigente por razones de objetivos y tiempo.
Cabe hacer notar que una democracia que se precie de serlo deberá contar con un sistema jurídico cuyas leyes se apliquen en el tiempo y no sólo en la historia. Las democracias modernas tienden a depurar sus sistemas legislativos a través de menos leyes, con aplicación heterónoma.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley sobre el Destino de los Bonos del Enemigo:
Artículo único: Se abroga la Ley sobre el Destino de los Bonos del Enemigo.
TransitoriosArtículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día 25 de noviembre de 2003.--- Dip. Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Por lo que se refiere a la Ley sobre el Destino de los Bonos del Enemigo, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso General, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa abrogación, a decir de Joaquín Escriche en su Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, es la anulación o revocación de lo que por ley o privilegio se hallaba establecido. La abrogación de la ley se diferencia de la derogación, en que aquella consiste en la abolición o anulación total de la ley, y esta en la abolición o anulación de solo una parte de ella: abrogatur legi cum prorsus tollitur, derogatur legicum pars detrahitur.
La abrogación es expresa o tácita; es expresa, cuando una nueva ley revoca formalmente a la antigua; es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones contrarias a la anterior sin decir que la revoca, o cuando los motivos de una nueva ley han cesado enteramente, o en fin, cuando se ha establecido una costumbre contraria a la ley, o cuando esta ha caído en desuso.
La Ley para Conservar la Neutralidad del País tiene su propia historia legislativa. El Presidente Lázaro Cárdenas envió el 18 de septiembre de 1939 a la Cámara de Diputados una Iniciativa de Ley considerando que el estado de guerra que prevalecía entre algunas naciones europeas obligaba a México a dictar medidas legislativas que tendieran a mantener la observancia y conservación de la neutralidad del país. De igual forma, la neutralidad era considerada como ``una situación jurídica del Estado que lo constriñe a determinar reglas de carácter jurídico, de acuerdo con las prácticas del Derecho Internacional y con las conveniencias de la seguridad internas''. Esta Iniciativa con Proyecto de Ley para Conservar la Neutralidad del País, recibió dispensa de todos los trámites y por considerarlo de urgente y obvia resolución, fue votada por unanimidad y pasada al Senado para sus efectos legales. La misma, fue publicada en el Diario Oficial del 10 de noviembre de 1939.
Cabe hacer notar que una democracia que se precie de serlo deberá contar con un sistema jurídico cuyas leyes se apliquen en el tiempo y no sólo en la historia. Las democracias modernas tienden a depurar sus sistemas legislativos a través de menos leyes, con aplicación heterónoma.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga Ley para Conservar la Neutralidad del País:
Artículo Único: Se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País.
TransitoriosArtículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro el día 25 de noviembre de 2003.--- Dip. Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Insértese el documento íntegro en el Diario de los Debates.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria para el caso que no haya sido publicado.
Por lo que se refiere a la Ley para Conservar la Neutralidad del País, túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.
Señor diputado, ¿con qué objeto?
Por favor, sonido en la curul del señor diputado don Pedro Avila Nevárez.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul):Para pedir, señor Presidente, con todo respeto, que no se derogue la Ley de los Veteranos de la Revolución, la ley donde se les declara servidores públicos, ya que quedan todavía muchos hombres que entregaron su vida al servicio de México en los campos de batalla; quedan en Chihuahua; quedan en La Laguna; quedan en Zacatecas; quedan en Aguascalientes; quedan en Durango y si se deroga esa ley, esos hombres que entregaron su vida al lado de Villa, de Zapata, de Obregón, quedarán desprotegidos totalmente.
Le pido a usted, señor Presidente, que esa ley no se derogue, porque sería una bofetada a quienes entregaron su vida al servicio de la patria y de la Revolución.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor diputado, seguramente de su intervención tomará debida nota la comisión correspondiente para ser considerada en el momento oportuno.
Continué la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; de la Ley del Mercado de Valores; de la Ley de Sociedades de Inversión, y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
México, DF, a 18 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR; DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO; DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS; DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS; DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES; DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, Y DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO.ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 115, párrafos tercero al sexto, y se ADICIONA dicho artículo 115 con los párrafos séptimo al duodécimo de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 115.- ............................
Las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y
II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre:
a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y
b. Todo acto, operación o servicio, que realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas.
Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y bancarias que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado deberán observar respecto de:
a. el adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquellas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen;
b. la información y documentación que dichas instituciones y sociedades deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;
c. la forma en que las mismas instituciones y sociedades deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo; y
d. los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones y sociedades sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento.
Las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, quienes estarán obligadas a entregar información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras fuentes con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a lo establecido en los artículos 117 y 118 de esta Ley.
Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, así como por los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.
La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 110 de la presente Ley, con multa de hasta 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Las mencionadas multas podrán ser impuestas, tanto a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, así como a los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, y a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, ocasionen o intervengan para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo previsto en el artículo 25 de esta Ley.
Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, sus miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 124, y el artículo 130 fracciones XIV, segundo párrafo, y XV, segundo párrafo, y se ADICIONA el artículo 130 con una fracción XVI de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 124.- Las Cooperativas y Sociedades Financieras Populares, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y
II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre:
a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus Socios y Clientes, relativos a la fracción anterior, y
b. Todo acto, operación o servicio, que pudiese ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso pudiese contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que rea-lice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, administrador, comisario, directivo, funcionario, empleado, apoderado o algún miembro del Comité de Supervisión.
Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las Cooperativas y Sociedades Financieras Populares deberán observar respecto de:
a. el adecuado conocimiento de sus Socios y Clientes, para lo cual aquellas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen;
b. la información y documentación que dichas Cooperativas y Sociedades deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus Socios y Clientes;
c. la forma en que las mismas Cooperativas y Sociedades deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus Socios y Clientes o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo; y
d. los términos para proporcionar capacitación al interior de las Cooperativas y Sociedades Financieras Populares sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento.
Las Cooperativas y Sociedades Financieras Populares deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II de este artículo. Las Cooperativas y Sociedades Financieras Populares estarán obligadas a proporcionar dicha información y documentación.
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 34 de esta Ley.
Las reglas y los lineamientos que de ellas deriven a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las Cooperativas y Sociedades Financieras Populares, así como por los miembros del consejo de administración, administradores, comisarios, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, así como por los miembros del Comité de Supervisión, por lo cual, tanto las Cooperativas y Sociedades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.
La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 126 de la presente Ley, con la multa establecida por el artículo 130 fracción XVI de esta Ley.
Las mencionadas multas podrán ser impuestas, a las Cooperativas y Sociedades Financieras Populares, como a los miembros del consejo de administración, administradores, miembros del Comité de Supervisión, comisarios, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, así como a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo previsto en el artículo 122 de esta Ley.
Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las Cooperativas y Sociedades Financieras Populares, los miembros de sus consejos de administración, administradores, comisarios, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, así como los miembros del Comité de Supervisión, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.
ARTÍCULO 130.- .........I. a XIII. ......
XIV. ........
Igual sanción se impondrá a la Federación o Confederación que por cualquier medio impida que el contralor normativo realice sus funciones de conformidad a lo previsto en esta Ley.
XV. ......
Igual sanción se impondrá a las Entidades que no cumplan con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 105, estableciendo de forma clara y visible en sus sucursales, oficinas, en su publicidad y en toda la documentación que utilicen para instrumentar sus operaciones, que no contarán con la protección de dicho Fondo, hasta en tanto no hayan realizado las aportaciones al mismo durante el plazo a que se refiere dicho párrafo, y
XVI. De 1,000 a 5,000 días de salario a la Entidad que incumpla con las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de esta Ley.
ARTÍCULO TERCERO.- Se ADICIONAN los artículos 100, con una fracción XXVII, pasando la actual fracción XXVII a ser fracción XXVIII, y el artículo 108 bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 100. .....I. a XXVI. .....
XXVII. Multa de dos mil a veinte mil días de salario a la administradora que incumpla con las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 108 bis de esta Ley;
XXVIII. Las infracciones a cualesquiera de las normas de esta ley, de las leyes de seguridad social, así como las disposiciones que de ellas emanen en relación con los sistemas de ahorro para el retiro y que no tengan sanción especialmente señalada en este artículo serán sancionadas con multa de un mil a veinte mil días de salario.
ARTÍCULO 108 BIS.- Las administradoras, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:
I. I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y
II. II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión, reportes sobre:
a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y
b. Todo acto, operación o servicio, que pudiese ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en la que intervengan algún miembro del consejo de administración, administrador, directivo, funcionario, empleado o apoderado.
Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las administradoras deberán observar respecto de:
a. el adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquellas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen;
b. la información y documentación que dichas administradoras deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;
c. la forma en que las mismas administradoras deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo; y
d. los términos para proporcionar capacitación al interior de las administradoras sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento.
Las administradoras deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión, información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II de este artículo. Las administradoras estarán obligadas a proporcionar dicha información y documentación La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras personas con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a la obligación de confidencialidad legal.
Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las administradoras, así como por los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.
La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión, conforme al procedimiento previsto en el artículo 99 de la presente Ley, con la multa establecida por el artículo 100, fracción XXVII, de esta Ley.
Las mencionadas multas podrán ser impuestas, tanto a las administradoras, como a sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, así como a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo previsto en el artículo 52 de esta Ley.
Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión, las administradoras, sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.
ARTÍCULO CUARTO.- Se REFORMA el artículo 91 de la Ley de Sociedades de Inversión, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 91.- Las sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y, en su caso, las sociedades de inversión, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:
I. I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y
II. II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión, reportes sobre:
a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y
b. Todo acto, operación o servicio, que pudiese ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, administrador, directivo, funcionario, empleado o apoderado.
Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y bursátiles que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y, en su caso, las sociedades de inversión, deberán observar respecto de:
a. el adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquellas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen;
b. la información y documentación que dichas sociedades y distribuidoras deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;
c. la forma en que las mismas instituciones y sociedades y distribuidoras deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo; y
d. los términos para proporcionar capacitación al interior de las sociedades y distribuidoras sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento.
Las sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y, en su caso, las sociedades de inversión, deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión, información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II de este artículo. Las sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y, en su caso, las sociedades de inversión, estarán obligadas a proporcionar dicha información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras fuentes con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 55 de esta Ley.
Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y, en su caso, las sociedades de inversión, así como por los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.
La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión conforme al procedimiento previsto en el artículo 84 de la presente Ley, con multa de hasta 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Las mencionadas multas podrán ser impuestas, tanto a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y, en su caso, las sociedades de inversión, como a los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, así como a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, ocasionen o intervengan para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo previsto en el artículo 80 de esta Ley.
Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión, las sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y, en su caso, las sociedades de inversión, sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.
ARTÍCULO QUINTO.- Se REFORMA el artículo 52 bis 4 de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 52 BIS 4.- Las casas de bolsa y especialistas bursátiles, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y
II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre:
a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y
b. Todo acto, operación o servicio, que pudiese ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, administrador, directivo, funcionario, empleado o apoderado.
Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y bursátiles que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las casas de bolsa y especialistas bursátiles, deberán observar respecto de:
a. el adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquellas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen;
b. la información y documentación que dichas casas de bolsa y especialistas bursátiles, deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;
c. la forma en que las mismas casas de bolsa y especialistas bursátiles, deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo; y
d. los términos para proporcionar capacitación al interior de las casas de bolsa y especialistas bursátiles, sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento.
Las casas de bolsa y especialistas bursátiles, deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II de este artículo. Las casas de bolsa y especialistas bursátiles estarán obligados a proporcionar dicha información y documentación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras fuentes con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 25 de esta Ley.
Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las casas de bolsa y especialistas bursátiles, así como por los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.
La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 50 bis de la presente Ley, con multa de hasta 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Las mencionadas multas podrán ser impuestas a las casas de bolsa y especialistas bursátiles, como a los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados y personas físicas y morales, que en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo previsto en el artículo 42 de esta Ley.
Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las casas de bolsa y especialistas bursátiles, sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.
ARTÍCULO SEXTO.- Se REFORMA el artículo 112, párrafos tercero al sexto, y se ADICIONA dicho artículo 112 con los párrafos séptimo al duodécimo de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 112.- ....................
Las instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y
II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, reportes sobre:
a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y
b. Todo acto, operación o servicio, que pudiera ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados.
Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, deberán observar respecto de:
a. el adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquellas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen;
b. la información y documentación que dichas instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;
c. la forma en que las mismas instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo; y
d. los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento.
Las instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II de este artículo. Las instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, quienes estarán obligados a proporcionar dicha información y documentación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras fuentes con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a la obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre revelación de información establecidas por vía contractual, ni a lo establecido por el artículo 126 de esta Ley, ni a lo dispuesto en materia del secreto propio de las operaciones a que se refiere el artículo 46 fracción XV, en relación con los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito. Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, así como por los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.
La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 110 de la presente Ley, con multa de hasta 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Las mencionadas multas podrán ser impuestas, a las instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, como a sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados respectivos, así como a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, hayan ocasionados o intervenido para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo previsto en los artículos 82 y 87 de esta Ley.
Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, las instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se REFORMA el artículo 140, párrafos tercero al sexto, y se ADICIONA dicho artículo 140 con los párrafos séptimo al duodécimo de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 140.- .....................
Las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y los agentes de seguros, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:
I. I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y
II. II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, reportes sobre:
a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y
b. Todo acto, operación o servicio, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados,
Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y los agentes de seguros deberán observar respecto de:
a. el adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquellas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen;
b. la información y documentación que dichas instituciones, sociedades y agentes deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;
c. la forma en que las mismas instituciones, sociedades y agentes deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo; y
d. los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y agentes de seguros sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento.
Las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y los agentes de seguros deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II de este artículo. Las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y los agentes de seguros, estarán obligados a proporcionar dicha información y documentación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras fuentes con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a la obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre revelación de información establecidas por vía contractual, ni a lo establecido por el artículo 126 de esta Ley, ni a lo dispuesto en materia del secreto propio de las operaciones a que se refiere el artículo 46 fracción XV, en relación con los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y los agentes de seguros, así como por los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las instituciones y sociedades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.
La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas conforme al procedimiento previsto en el artículo 138 de la presente Ley, con multa de hasta 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Las mencionadas multas podrán ser impuestas, a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y los agentes de seguros, así como a sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados y personas físicas y morales, que en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo previsto en los artículos 23 y 31 de esta Ley.
Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y los agentes de seguros, sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.
ARTÍCULO OCTAVO.- Se REFORMA el artículo 95, párrafos cuarto al séptimo, se ADICIONA dicho artículo 95 con los párrafos octavo al décimo tercero, y el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 95.- ....................
............
Las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:
I. I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y
II. II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre:
a. a) Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y
b. b) Todo acto, operación o servicio, que pudiese ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados.
Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio deberán observar respecto de:
a. el adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquellas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen;
b. la información y documentación que dichas organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;
c. la forma en que las mismas organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo; y
d. los términos para proporcionar capacitación al interior de las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento.
Las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II de este artículo. Las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, quienes estarán obligadas a proporcionar dicha información y documentación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras fuentes con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a la obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre revelación de información establecidas por vía contractual.
Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, así como por los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.
La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 88 de la presente Ley, con multa de hasta 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Las mencionadas multas podrán ser impuestas, a las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, así a sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, así como a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo previsto en el artículo 74 de esta Ley.
Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.
ARTÍCULO 95 BIS.- Las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión del Servicio de Administración Tributaria, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y
II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, reportes sobre:
a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y
b. Todo acto, operación o servicio, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, administrador, directivo, funcionario, empleados, factor y apoderado.
Para efectos de lo previsto por este artículo, se entenderá por transmisor de dinero, a la persona que, de manera habitual y a cambio del pago de una contraprestación, comisión, beneficio o ganancia, recibe en el territorio nacional derechos o recursos en moneda nacional o divisas, directamente en sus oficinas, o por cable, facsímil, servicios de mensajería, medios electrónicos o transferencia electrónica de fondos, para que de acuerdo a las instrucciones del remisor, los transfiera al extranjero, a otro lugar dentro del territorio nacional o para entregarlos en el lugar en el que los recibe, al beneficiario designado.
Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero deberán observar respecto de:
a. el adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquellas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen;
b. la información y documentación que dichas personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;
c. la forma en que las mismas personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo; y
d. los términos para proporcionar capacitación al interior de las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento.
Las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II de este artículo. Las personas que rea-licen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero, quienes estarán obligadas a proporcionar dicha información y documentación.
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a la obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre revelación de información establecidas por vía contractual.
Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero, así como por los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.
La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por el Servicio de Administración Tributaria, con multa de hasta 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en términos de su Ley.
Las mencionadas multas podrán ser impuestas, a las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero, así como a sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados respectivos, así como a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten responsables de la misma.
El Servicio de Administración Tributaria tendrá la facultad de supervisar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento y observancia de lo dispuesto por este artículo, así como por las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del mismo.
Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero, sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.
TRANSITORIOSÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 18 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.--- Lic. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito devolver a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Atentamente.
México, DF, a 18 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETOARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:
LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVILCAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:
I. Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil señaladas en el artículo 5 de esta ley;
II. Establecer las facultades de las autoridades que la aplicarán y los órganos que coadyuvarán en ello;
III. Determinar las bases sobre las cuales la Administración Pública Federal fomentará las actividades a que se refiere la fracción I de este artículo;
IV. Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil que cumplan con los requisitos que esta Ley establece para ser objeto de fomento de sus actividades, y
V. Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias, en lo relativo a las actividades que señala el artículo 5 de la misma.
Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por:
a) Autobeneficio: bien, utilidad o provecho que obtengan los miembros de una organización de la sociedad o sus familiares hasta cuarto grado civil, mediante la utilización de los apoyos y estímulos públicos que le hayan sido otorgados para el cumplimiento de los fines de la organización;
b) Beneficio mutuo: bien, utilidad o provecho provenientes de apoyos y estímulos públicos que reciban, de manera conjunta, los miembros de una o varias organización y los funcionarios públicos responsables y que deriven de la existencia o actividad de la misma;
c) Comisión: la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil;
d) Consejo: el Consejo Técnico Consultivo;
e) Dependencias: unidades de la Administración Pública Federal Centralizada;
f) Entidades: los organismos, empresas y fideicomisos de la Administración Pública Federal Paraestatal;
g) Organizaciones: las personas morales a que se refiere el artículo 3 de esta ley;
h) Redes: agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre sí, prestan servicios de apoyo a otras para el cumplimiento de su objeto social y fomentan la creación y asociación de organizaciones; y
i) Registro: el Registro Federal de Organizaciones en el que se inscriban las organizaciones de la sociedad civil que sean objeto de fomento.
Artículo 3. Podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta ley, todas las agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades a que se refiere el artículo 5 de la presente ley y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en otras disposiciones legales.
Artículo 4. Las organizaciones de la sociedad civil que constituyan los capítulos nacionales de organizaciones internacionales que cumplan con lo establecido en el artículo 3, podrán gozar de los derechos que la misma establece, siempre que sus órganos de administración y representación estén integrados mayoritariamente por ciudadanos mexicanos. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, las organizaciones internacionales deberán inscribirse en el Registro y señalar domicilio en el territorio nacional.
Las organizaciones de la sociedad civil constituidas conforme a las leyes extranjeras, previo cumplimiento de las disposiciones correspondientes del Código Civil Federal, que realicen una o más de las actividades cuyo fomento tiene por objeto esta ley, gozarán de los derechos que derivan de la inscripción en el Registro, con exclusión de los que se establecen en las fracciones II a VIII y XI del artículo 6 y del 25, reservados a las organizaciones constituidas conforme a las leyes mexicanas.
Capítulo SegundoDe las Organizaciones de la Sociedad Civil
Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:
I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y en la Ley General de Salud;
II. Apoyo a la alimentación popular;
III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público;
IV. Asistencia jurídica;
V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;
VI. Promoción de la equidad de género;
VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con capacidades diferentes;
VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario;
IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos;
X. Promoción del deporte;
XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias;
XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales;
XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico;
XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular;
XV. Participación en acciones de protección civil;
XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley, y
XVII. Las que determinen otras leyes.
Artículo 6. Para los efectos de esta ley, las organizaciones de la sociedad civil tienen los siguientes derechos:
I. Inscribirse en el Registro;
II. Participar, conforme a la Ley de Planeación y demás disposiciones jurídicas aplicables, como instancias de participación y consulta;
III. Integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la Administración Pública Federal, en las áreas vinculadas con las actividades a que se refiere el artículo 5 de esta ley, y que establezcan o deban operar las dependencias o entidades;
IV. Participar en los mecanismos de contraloría social que establezcan u operen dependencia y entidades, de conformidad con la normatividad jurídica y administrativa aplicable;
V. Acceder a los apoyos y estímulos públicos que para fomento de las actividades previstas en el artículo 5 de esta ley, establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
VI. Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos, que permitan las disposiciones jurídicas en la materia;
VII. Recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones fiscales y demás ordenamientos aplicables;
VIII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los convenios que al efecto se celebren, en la prestación de servicios públicos relacionados con las actividades previstas en el artículo 5 de esta ley;
IX. Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de los convenios o tratados internacionales y que estén relacionados con las actividades y finalidades previstas en esta ley, en los términos de dichos instrumentos;
X. Recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y entidades para el mejor cumplimiento de su objeto y actividades, en el marco de los programas que al efecto formulen dichas dependencias y entidades;
XI. Participar, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y procesos que realicen las dependencias y entidades, en relación con las actividades a que se refiere el artículo 5 de esta ley, y
XII. Ser respetadas en la toma de las decisiones relacionadas con sus asuntos internos.
Artículo 7. Para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública Federal, dirigidos al fomento de las actividades que esta ley establece, las organizaciones de la sociedad civil tienen, además de las previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes obligaciones:
I. Estar inscritas en el Registro;
II. Haber constituido en forma legal, sus órganos de dirección y de representación;
III. Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados;
IV. Proporcionar la información que les sea requerida por autoridad competente sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras o de ambas, patrimonio, operación administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban;
V. Informar anualmente a la Comisión sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su situación financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su situación y, especialmente, el uso y resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento, para mantener actualizado el Sistema de Información y garantizar así la transparencia de sus actividades;
VI. Notificar al Registro de las modificaciones a su acta constitutiva, así como los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la modificación respectiva;
VII. Inscribir en el Registro la denominación de las Redes de las que forme parte, así como cuando deje de pertenecer a las mismas;
VIII. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a otra u otras organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el Registro.
La organización que se disuelva tendrá la facultad de elegir a quien transmitirá dichos bienes;
IX. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social;
X. Promover la profesionalización y capacitación de sus integrantes;
XI. No realizar actividades de proselitismo partidista o electoral;
XII. No realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos, y
XIII. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de beneficiarios.
Artículo 8. Las organizaciones de la sociedad civil no podrán recibir los apoyos y estímulos públicos previstos en esta ley cuando incurran en alguno de los siguientes supuestos:
I. Exista entre sus directivos y los servidores públicos, encargados de otorgar o autorizar los apoyos y estímulos públicos, relaciones de interés o nexos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado, o sean cónyuges; y
II. Contraten, con recursos públicos, a personas con nexos de parentesco con los directivos de la organización, ya sea por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado.
Artículo 9. Las organizaciones de la sociedad civil que con los fines de fomento que esta ley establece, reciban apoyos y estímulos públicos, deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.
Las organizaciones que obtengan recursos económicos de terceros o del extranjero, deberán llevar a cabo las operaciones correspondientes conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional o, cuando así proceda, con base en los tratados y acuerdos internacionales de los que el país sea parte.
Capítulo TerceroDe las Autoridades y las Acciones de Fomento
Artículo 10. El Ejecutivo Federal constituirá la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil para facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades establecidas en el artículo 5 de esta ley.
La Comisión se conformará por un representante, con rango de subsecretario u homólogo, al menos, de cada una de las siguientes dependencias:
I. Secretaría de Desarrollo Social;
II. Secretaría de Gobernación;
III. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
IV. Secretaría de Relaciones Exteriores.
Las demás dependencias o entidades de la Administración Pública Federal participarán a invitación de la Comisión, cuando se traten asuntos de su competencia.
La Secretaría Técnica estará a cargo de la dependencia que determine el titular del Poder Ejecutivo Federal, entre las secretarías señaladas en las fracciones I y II de este artículo.
Artículo 11. Para el cumplimiento de su encargo, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I. Definir las políticas públicas para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil;
II. Realizar la evaluación de las políticas y acciones de fomento de las actividades que señala la presente ley;
III. Promover el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado para mejorar las políticas públicas relacionadas con las actividades señaladas en el artículo 5 de esta ley;
IV. Conocer de las infracciones e imponer sanciones correspondientes a las organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en el capítulo IV de esta ley;
V. Expedir su reglamento interno, y
VI. Las demás que le señale la ley.
Artículo 12. La Secretaría de Desarrollo Social será la encargada de coordinar a las dependencias y entidades para la realización de las actividades de fomento a que se refiere la presente ley, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades.
Artículo 13. Las dependencias y las entidades podrán fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil establecidas en el artículo 5 de esta ley, mediante alguna o varias de las siguientes acciones:
I. Otorgamiento de apoyos y estímulos para los fines de fomento que correspondan, conforme a lo previsto por esta ley y las demás disposiciones legales y administrativas aplicables;
II. Promoción de la participación de las organizaciones en los órganos, instrumentos y mecanismos de consulta que establezca la normatividad correspondiente, para la planea-ción, ejecución y seguimiento de políticas públicas;
III. Establecimiento de medidas, instrumentos de información, incentivos y apoyos en favor de las organizaciones, conforme a su asignación presupuestal;
IV. Concertación y coordinación con organizaciones para impulsar sus actividades, de entre las previstas en el artículo 5 de esta ley;
V. Diseño y ejecución de instrumentos y mecanismos que contribuyan a que las organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplan con las obligaciones que esta ley establece;
VI. Realización de estudios e investigaciones que permitan apoyar a las organizaciones en el desarrollo de sus actividades;
VII. Celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a efecto de que éstos contribuyan al fomento de las actividades objeto de esta ley, y
VIII. Otorgamiento de los incentivos fiscales previstos en las leyes de la materia.
Artículo 14. La Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberá elaborar y publicar un Informe Anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados a favor de organizaciones de la sociedad civil que se acojan a esta ley.
El informe respectivo, consolidado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluirá como un apartado específico del Informe Anual que rinde el Ejecutivo al Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública, con base en las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, de Transparencia y Acceso a la Información, de Fiscalización Superior de la Federación y demás leyes aplicables.
Capítulo CuartoDel Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de Información
Artículo 15. Se crea el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que estará a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión, y se auxiliará por un Consejo Técnico Consultivo.
Artículo 16. El Registro tendrá las funciones siguientes:
I. Inscribir a las organizaciones que soliciten el registro, siempre que cumplan con los requisitos que establece esta ley;
II. Otorgar a las organizaciones inscritas la constancia de registro;
III. Establecer un Sistema de Información que identifique, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de esta ley, las actividades que las organizaciones de la sociedad civil realicen, así como de los de las a los que se refiere el artículo 18, con el objeto de garantizar que las dependencias y entidades cuenten con los elementos necesarios para dar cumplimiento a la misma;
IV. Ofrecer a las dependencias, entidades y a la ciudadanía en general, elementos de información que les ayuden a verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta ley por parte de las organizaciones y, en su caso, solicitar a la Comisión la imposición de las sanciones correspondientes;
V. Mantener actualizada la información relativa a las organizaciones a que se refiere esta ley;
VI. Conservar constancias del proceso de registro respecto de aquellos casos en los que la inscripción de alguna organización haya sido objeto de rechazo, suspensión o cancelación, en los términos de esta ley;
VII. Permitir, conforme a las disposiciones legales vigentes, el acceso a la información que el Registro tenga;
VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que le correspondan y que estén establecidas en la presente ley;
IX. Hacer del conocimiento de la autoridad competente, la existencia de actos o hechos que puedan ser constitutivos de delito;
X. Llevar el registro de las sanciones que imponga la Comisión a las organizaciones de la sociedad civil, y
XI. Los demás que establezca el Reglamento de esta ley y otras disposiciones legales.
Artículo 17. Los módulos para el trámite de inscripción deberán ser operados únicamente por el Registro.
Artículo 18. Para ser inscritas en el Registro, las organizaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Presentar una solicitud de registro;
II. Exhibir su acta constitutiva en la que conste que tienen por objeto social, realizar alguna de las actividades consideradas objeto de fomento, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de esta ley;
III. Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes, que destinarán los apoyos y estímulos públicos que reciban, al cumplimiento de su objeto social;
IV. Estipular en su acta constitutiva o en sus estatutos, que no distribuirán entre sus asociados remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciban y que en caso de disolución, transmitirán los bienes obtenidos con dichos apoyos y estímulos, a otra u otras organizaciones cuya inscripción en el Registro se encuentre vigente, de acuerdo con lo previsto en la fracción VIII del artículo 7 de esta ley;
V. Señalar su domicilio legal,
VI. Informar al Registro la denominación de las Redes de las que formen parte, así como cuando deje de pertenecer a las mismas,
VII. Presentar copia simple del testimonio notarial que acredite la personalidad y ciudadanía de su representante legal.
Artículo 19. El Registro deberá negar la inscripción a las organizaciones que quisieran acogerse a esta ley sólo cuando:
I. No acredite que su objeto social consiste en realizar alguna de las actividades señaladas en el artículo 5 de esta ley;
II. Exista evidencia de que no realiza cuando menos alguna actividad listada en el artículo 5 de la presente ley;
III. La documentación exhibida presente alguna irregularidad, y
IV. Exista constancia de que haya cometido infracciones graves o reiteradas a esta ley u otras disposiciones jurídicas en el desarrollo de sus actividades.
Artículo 20. El Registro resolverá sobre la procedencia de la inscripción en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de que reciba la solicitud.
En caso de que existan insuficiencias en la información que consta en la solicitud, deberá abstenerse de inscribir a la organización y le notificará dicha circunstancia otorgándole un plazo de treinta días hábiles para que las subsane. Vencido el plazo, si no lo hiciere, se desechará la solicitud.
Artículo 21. La administración y el funcionamiento del Registro se organizarán conforme al Reglamento interno que expida la Comisión.
Artículo 22. El Sistema de Información del Registro funcionará mediante una base de datos distribuida y compartida entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relacionadas con las actividades señaladas en el artículo 5.
Artículo 23. En el Registro se concentrará toda la información que forme parte o se derive del trámite y gestión respecto de la inscripción de las organizaciones en el mismo. Dicha información incluirá todas las acciones de fomento que las dependencias o entidades emprendan con relación a las organizaciones registradas.
Artículo 24. Todas las dependencias y entidades, así como las organizaciones inscritas, tendrán acceso a la información existente en el Registro, con el fin de estar enteradas del estado que guardan los procedimientos del mismo.
Aquellas personas que deseen allegarse de información establecida en el Registro, deberán seguir el procedimiento a que se refiere el Capítulo III del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 25. Las dependencias y entidades que otorguen apoyos y estímulos a las organizaciones con inscripción vigente en el Registro, deberán incluir en el Sistema de Información del Registro lo relativo al tipo, monto y asignación de los mismos.
Capítulo QuintoDel Consejo Técnico Consultivo
Artículo 26. El Consejo es un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la administración, dirección y operación del Registro, así como concurrir anualmente con la Comisión para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento.
Artículo 27. El Consejo estará integrado de la siguiente forma:
I. Un servidor público que designe la Comisión, quien lo presidirá;
II. Nueve representantes de organizaciones, cuya presencia en el Consejo será por tres años, renovándose por tercios cada año. La Comisión emitirá la convocatoria para elegir a los representantes de las organizaciones inscritas en el Registro, en la cual deberán señalarse los requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios de representatividad, antigüedad, membresía y desempeño de las organizaciones;
III. Cuatro representantes de los sectores académico, profesional, científico y cultural; la Comisión emitirá las bases para la selección de estos representantes;
IV. Dos representantes del Poder Legislativo Federal, uno por cada Cámara, cuyo desempeño legislativo sea afín a la materia que regula esta ley, y
V. Un Secretario Ejecutivo, designado por el Consejo a propuesta del Presidente del mismo.
Artículo 28. El Consejo sesionará ordinariamente en pleno por lo menos dos veces al año, y extraordinariamente, cuando sea convocado por su Presidente o por un tercio de los miembros del Consejo. La Secretaría Técnica proveerá de lo necesario a todos los integrantes del Consejo para apoyar su participación en las reuniones del mismo.
Artículo 29. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las funciones siguientes:
I. Analizar las políticas del Estado mexicano relacionadas con el fomento a las actividades señaladas en el artículo 5 de esta ley, así como formular opiniones y propuestas sobre su aplicación y orientación;
II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas del Estado mexicano señaladas en la anterior fracción;
III. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;
IV. Sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que permitan el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo eficiente de sus funciones;
V. Coadyuvar en la aplicación de la presente ley;
VI. Emitir recomendaciones para la determinación de infracciones y su correspondiente sanción, en los términos de esta ley. Las recomendaciones carecen de carácter vinculatorio, y
VII. Expedir el Manual de Operación conforme al cual regulará su organización y funcionamiento.
Capítulo SextoDe las Infracciones, Sanciones y Medios de Impugnación
Artículo 30. Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere y que se acojan a ella:
I. Realizar actividades de autobeneficio o de beneficio mutuo;
II. Distribuir remanentes financieros o materiales provenientes de los apoyos o estímulos públicos entre sus integrantes;
III. Aplicar los apoyos y estímulos públicos federales que reciban a fines distintos para los que fueron autorizados;
IV. Una vez recibidos los apoyos y estímulos públicos, dejar de realizar la actividad o actividades previstas en el artículo 5 de esta ley;
V. Realizar cualquier tipo de actividad que pudiera generar resultados que impliquen proselitismo político, a favor o en contra, de algún partido o candidato a cargo de elección popular;
VI. Llevar a cabo proselitismo de índole religioso;
VII. Realizar actividades ajenas a su objeto social;
VIII. No destinar sus bienes, recursos, intereses y productos a los fines y actividades para los que fueron constituidas;
IX. Abstenerse de entregar los informes que les solicite la dependencia o entidad competente que les haya otorgado o autorizado el uso de apoyos y estímulos públicos federales;
X. No mantener a disposición de las autoridades competentes, y del público en general, la información de las actividades que realicen con la aplicación de los apoyos y estímulos públicos que hubiesen utilizado;
XI. Omitir información o incluir datos falsos en los informes;
XII. No informar al Registro dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la decisión respectiva, sobre cualquier modificación a su acta constitutiva o estatutos, o sobre cualquier cambio relevante en la información proporcionada al solicitar su inscripción en el mismo, y
XIII. No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los términos de la presente ley.
Artículo 31. Cuando una organización de la sociedad civil con registro vigente cometa alguna de las infracciones a que hace referencia el artículo anterior, la Comisión, a través de la Secretaría Técnica, impondrá a la organización, según sea el caso, las siguientes sanciones:
I. Apercibimiento: en el caso de que la organización haya incurrido por primera vez en alguna de las conductas que constituyen infracciones conforme a lo dispuesto por el artículo anterior, se le apercibirá para que, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, subsane la irregularidad;
II. Multa: en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 30 de esta ley; se multará hasta por el equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
III. Suspensión: por un año de su inscripción en el Registro, contado a partir de la notificación, en el caso de reincidencia con respecto a la violación de una obligación establecida por esta ley, que hubiere dado origen ya a una multa a la organización, y
IV. Cancelación definitiva de su inscripción en el Registro: en el caso de infracción reiterada o causa grave. Se considera infracción reiterada el que una misma organización que hubiese sido previamente suspendida, se hiciera acreedora a una nueva suspensión, sin importar cuales hayan sido las disposiciones de esta ley cuya observancia hubiere violado. Se considera como causa grave incurrir en cualquiera de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 30 de la presente ley.
Las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
En caso de que una organización sea sancionada con suspensión o cancelación definitiva de la inscripción, la Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, deberá dar aviso, dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación de la sanción, a la autoridad fiscal correspondiente, a efecto de que ésta conozca y resuelva de acuerdo con la normatividad vigente, respecto de los beneficios fiscales que se hubiesen otorgado en el marco de esta ley.
Artículo 32. En contra de las resoluciones que se dicten conforme a esta ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, procederán los medios de impugnación establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
TransitoriosPrimero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión a que hace referencia el artículo 10 deberá quedar conformada dentro de los 30 días hábiles siguientes a que entre en vigor esta ley
Tercero.- El Ejecutivo Federal deberá expedir el reglamento de esta ley, en un plazo de 60 días hábiles contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Cuarto.- Para efectos de la inscripción de las organizaciones a que se refiere el Capítulo Cuarto de esta ley, el Registro deberá conformarse e iniciar su operación dentro de los 120 días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Quinto. La integración e instalación del Consejo deberá llevarse a cabo por la Comisión, dentro de los 180 días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de este ordenamiento.
Sexto. Por primera y única ocasión, para la instalación e integración del Consejo a que se refiere el artículo 26, los consejeros representantes de las organizaciones serán invitados mediante un procedimiento de insaculación, en tres grupos de tres personas cada uno, que llevará a cabo la Comisión a que se refiere el artículo 9 de esta ley, de entre las propuestas que hagan las propias organizaciones.
También por única ocasión, el primer grupo durará en su encargo un año, el segundo grupo dos años y el tercer grupo tres años, para que después sea renovado un tercio cada año por un periodo de tres de duración.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Devuélvase a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 18 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.--- Lic. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana.El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen con proyecto de Ley General de Desarrollo Social, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 21 de noviembre.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Desarrollo Social.
HONORABLE ASAMBLEA:
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 30 de abril pasado le fue turnada a esta Comisión, para su análisis y dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto que crea la Ley General de Desarrollo Social.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 60, 65, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo, la Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen correspondiente a la mencionada minuta, para cuyo efecto se tomaron en consideración los siguientes
ANTECEDENTESPrimero.- En sesión celebrada el 30 de abril de 2003, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión la Minuta Proyecto de Decreto que crea la Ley General de Desarrollo Social.
Segundo.- En la LVII Legislatura del Congreso de la Unión la Diputada Clara Marina Brugada Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una Iniciativa con Proyecto de Ley General de Desa-rrollo Social.
Tercero.- A esta Comisión le fueron turnados, en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, para su análisis y dictamen las siguientes iniciativas:
a). Iniciativa con Proyecto de Ley de Desarrollo Social, presentada el 14 de diciembre de 2001 por el Diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática.
b). Iniciativa con Proyecto de Ley de Desarrollo Social presentada el 26 de marzo de 2002 por el Diputado Francisco J. Cantú Torres, del Partido Acción Nacional.
c). Iniciativa con Proyecto de Ley General de Desarrollo Social, presentada por el Diputado Narciso Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, el 16 de abril de 2002.
CONSIDERACIONESEl Proyecto de Ley, objeto del presente dictamen, sintetiza la voluntad de los legisladores de los diversos grupos parlamentarios con la finalidad que nuestro país cuente con un marco jurídico que reconozca y atienda, de manera integral, el desarrollo social.
Los partidos políticos y sus grupos parlamentarios han dimensionado la relevancia que significa contar con políticas públicas que, con eficiencia y eficacia, ayuden a subsanar y superar las desigualdades sociales que padecen muchos mexicanos. Evidencia de ello son las diferentes iniciativas que sobre la materia se presentaron tanto en esta Cámara como en la Colegisladora.
Es coincidencia de los integrantes de la Comisión que este Proyecto de Ley constituye un avance significativo para cumplir con la necesidad de instituir, desde un marco jurídico, las medidas que permitan fincar bases sólidas que aseguren el acceso de las mexicanas y los mexicanos al desarrollo sin que medie motivo alguno para cualquier tipo de discriminación.
Asimismo coinciden en la necesidad de establecer una ley marco del desarrollo social que articule, en forma coherente, las políticas públicas y que, a su vez, permita la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la planeación, diseño y ejecución de las acciones así como la participación de los sectores público, social y privado.
Igualmente comparten la visión de que la ley que se fundamenta refleja los avances democráticos de la sociedad mexicana.
Como toda ley, la que se somete a consideración de esta Asamblea, tiene sus bases en nuestra Carta Magna, tanto por lo que corresponde a las disposiciones establecidas en los artículos 25 y 26, relativos a la garantía que el desarrollo nacional sea integral y que, a través del fomento al crecimiento económico, al empleo, al equitativo reparto del ingreso y la riqueza, se permita el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos y grupos sociales para estar en concordancia con el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional organizado por el Estado, que contempla la participación de los diversos sectores sociales, recogiendo e incorporando sus aspiraciones y demandas. También lo es en cuanto retoma las diversas iniciativas presentadas por legisladores de las distintas fracciones parlamentarias en las legislaturas anteriores tal como se señala en los Antecedentes del presente dictamen.
El Proyecto de Ley objeto del presente dictamen consta de 85 artículos distribuidos en cinco títulos, además de seis transitorios.
La Comisión que dictamina considera relevante señalar que, si bien en nuestro país la referencia a los derechos sociales ha sido reiterada, es la primera ocasión que, en un ordenamiento jurídico, se enuncian de manera explícita.
Destaca que los principios a los que se sujetarán los derechos sociales son: la libertad, la justicia distributiva, la solidaridad, la integralidad, la participación social, la sustentabilidad, el respeto a la diversidad, la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, y el de transparencia.
Dispone que en la planeación del desarrollo se deberá incorporar la Política Nacional de Desarrollo Social y determina que la planeación deberá concretarse a través de los programas municipales; los planes y programas estatales; el Programa Nacional de Desarrollo Social y los programas institucionales y regionales de organizaciones que se realicen con participación de recursos públicos, así como de los programas especiales. Determina que serán los municipios los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales para el desarrollo social.
Se puntualizan los lineamientos y criterios del financiamiento de la política social. De tal manera que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social se consideran prioritarios y de interés público; no podrán ser inferiores, en términos reales, a los destinados en el año fiscal anterior e incrementarse, por lo menos, en la misma proporción del Producto Interno Bruto. En este mismo aspecto faculta al Gobierno Federal para establecer y administrar un fondo de contingencia social ante fenómenos económicos y presupuestales imprevistos, cuyo monto y reglas mínimas estarán contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La existencia de grupos sociales y regiones en donde las desigualdades son más profundas y las condiciones de pobreza y marginación son amplias y complejas, hacen indispensable concentrar las energías y los recursos de las instituciones públicas y de la sociedad para que esos mexicanos alcancen, en el menor tiempo posible, por lo menos, los promedios nacionales de bienestar, motiva la inclusión de un capítulo relativo a las zonas de atención prioritaria. En la Ley se establece que, anualmente, el Ejecutivo Federal revisará dichas zonas teniendo como base los estudios de medición de la pobreza que formule el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Un aspecto fundamental del progreso social del país lo constituye el desarrollo productivo del sector social ante lo cual se añaden normas jurídicas sobre el particular.
Con la finalidad de transparentar aspectos medulares como la definición y la medición de la pobreza, se constituye el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que dictará los lineamientos y criterios para ello y realizará los estudios correspondientes, con una periodicidad mínima de dos años en cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para lo cual se harán las previsiones presupuestales necesarias.
Se crea el Sistema Nacional para el Desarrollo Social que será una garantía para la concurrencia, colaboración, coordinación y concertación entre los niveles de gobierno y los sectores social y privado. Dicho sistema tiene por objeto integrar la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social; establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federales; promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los objetivos, estrategias y prioridades de dicha política, así como fomentar la participación de las organizaciones y, en general, de los sectores social y privado en el desarrollo social; coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de desarrollo social e, impulsar la desconcentración y descentralización de los recursos y acciones para el desarrollo social.
En cuanto a las competencias se señala que el Sistema es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. Dentro del Sistema, la Secretaría coordinará la correspondencia entre el Programa Nacional de Desarrollo Social, los programas sectoriales y aquellos que formulen las entidades federativas.
Con el fin de consolidar la integralidad y el federalismo sobre bases de coordinación, colaboración y concertación de estrategias y programas en la materia objeto de la ley que se dictamina, se constituye la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en cuya integración se contemplan los tres niveles de gobierno.
Igualmente se crea la Comisión Intersecretarial como el instrumento de coordinación de las acciones del Ejecutivo Federal para garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social. Estará integrada por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, quien la presidirá; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; la Función Pública; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria y la de Turismo.
El Proyecto de Ley que se propone aprobar contempla la formación de un Consejo Consultivo de la Secretaría en el que se refleje la participación ciudadana y la pluralidad de la sociedad. Algunas de las atribuciones de este Consejo son emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Nacional de Desarrollo Social e impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de la política sectorial.
Reconoce la importancia de involucrar a la sociedad más allá de su incorporación en un órgano consultivo como el anteriormente señalado, al contemplar capítulos dedicados a la participación ciudadana, la denuncia popular y la contraloría social. En cuanto a la participación ciudadana se responsabiliza al Gobierno Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios el garantizar a la sociedad su participación de manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social; la denuncia popular faculta a presentar en forma individual o colectiva la denuncia respectiva ante cualquier hecho, acto u omisión lesiva en el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Ley y, en cuanto a la contraloría social, se faculta a los beneficiarios, de manera organizada, a ser ellos quienes verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos asignados a los distintos programas.
La evaluación de la política social tiene gran relevancia para el cumplimiento efectivo de sus objetivos, por ello, la Ley que proponemos se apruebe establece la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de Entidades Paraestatales, integrado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, seis académicos que hayan sido o sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores y un director general nombrado por el Ejecutivo Federal, cuyo objetivo es normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social, que ejecuten las dependencias públicas así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.
Dicha evaluación la podrá realizar el Consejo antes mencionado por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa y sus objetivos serán revisar el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social.
En las disposiciones transitorias se establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal expedirá el reglamento respectivo en un plazo no mayor de 90 días naturales; que los órganos emanados de la Ley, como son el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional, la Comisión Intersecretarial y el Consejo Consultivo deberán quedar instalados en un plazo de 180 días naturales y mandata a esta Comisión y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a revisar la distribución de los fondos relativos al desarrollo social contenidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en un plazo no mayor a 90 días y, en su caso, recomendar las modificaciones que se consideren pertinentes.
Cabe señalar que esta Comisión introdujo varias modificaciones a la Minuta enviada por el Senado, mismas que, a continuación, se describen.
En el artículo 49, fracción I, en la que se precisó en su redacción los titulares de que secretarías formarían parte de la Comisión Nacional de Desarrollo Social así como en su fracción II facultando la participación de otros titulares de dependencias de los gobiernos, federal y estatales, en reuniones específicas del Consejo.
En el artículo 51 se definió que el titular de la Secretaría tiene, entre sus facultades, la designación del subsecretario que fungirá como Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social.
El artículo 78, relativo a las evaluaciones, comprendía dos etapas para realizar las mismas, siendo modificado para que ésta sea anual y multianual solo en los casos que así se determine.
La fracción II del artículo 82, se introdujo una precisión con la finalidad que los investigadores que conformen el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
En el artículo 83 se introdujeron las siguientes precisiones tanto en su redacción como en su contenido. En primer lugar, se contempla que pueden ser reelectos tres de los investigadores académicos que formen parte de este Consejo y, en segundo lugar, que serán designados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social a través de una convocatoria pública cuya responsabilidad será del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación.
La Ley que dictaminamos de forma aprobatoria y sometemos a su consideración, establece las bases para la construcción de una política social de Estado necesaria para el desarrollo de las potencialidades de los individuos y las comunidades así como para superar las desigualdades.
Por las razones anteriormente expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETOARTÍCULO UNICO. Se crea la Ley General de Desarrollo Social.
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIALTÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Del Objeto
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:
I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social;
II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social;
III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal;
IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado;
V. Fomentar el sector social de la economía;
VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales;
VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia;
VIII. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, y
IX. Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia popular, en materia de desarrollo social.
Artículo 2. Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas para el desarrollo social.
Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:
I. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal así como para participar en el desarrollo social;
II. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas;
III. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;
IV. Integralidad: Articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco de la Política Nacional de Desa-rrollo Social;
V. Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;
VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;
VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias;
VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades: Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del Estado, y
IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz.
Artículo 4. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y organismos, a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias; así como las que les competen, de acuerdo a sus atribuciones, al Poder Legislativo.
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. Beneficiarios: Aquellas personas que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social que cumplen los requisitos de la normatividad correspondiente;
II. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo de Desarrollo Social;
III. Consejo Nacional de Evaluación: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;
IV. Comisión Intersecretarial: Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social;
V. Comisión Nacional: Comisión Nacional de Desarrollo Social;
VI. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar;
VII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal;
VIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Desarrollo Social;
IX. Organizaciones: Agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social, y
X. Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas federales de Desa-rrollo Social cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente.
TÍTULO SEGUNDODE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS DEL DESARROLLO SOCIAL
Capítulo Único
Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa.
Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.
Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.
Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desa-rrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:
I. Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad;
II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura;
III. Tener la reserva y privacidad de la información personal;
IV. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta Ley;
V. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada;
VI. Presentar su solicitud de inclusión en el padrón;
VII. Participar de manera corresponsable en los programas de desarrollo social;
VIII. Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las autoridades, en los términos que establezca la normatividad correspondiente, y
IX. Cumplir la normatividad de los programas de desarrollo social.
TÍTULO TERCERODE LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Capítulo I
De los Objetivos
Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos:
I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social;
II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución;
III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y
IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.
Capítulo IIDe la Planeación y la Programación
Artículo 12. En la planeación del desarrollo se deberá incorporar la Política Nacional de Desarrollo Social de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia.
Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:
I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación;
II. Seguridad social y programas asistenciales;
III. Desarrollo Regional;
IV. Infraestructura social básica, y
V. Fomento del sector social de la economía.
Artículo 15. La Elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Social estará a cargo del Ejecutivo Federal en los términos y condiciones de la Ley de Planeación.
Artículo 16. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal harán del conocimiento público cada año sus programas operativos de desa-rrollo social, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos.
Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desa-rrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal.
Capítulo IIIDel Financiamiento y el Gasto
Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:
I. Los programas de educación obligatoria;
II. Las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica;
III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad;
IV. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria;
V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil;
VI. Los programas de abasto social de productos básicos;
VII. Los programas de vivienda;
VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y
IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.
Artículo 20. El presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del Producto Interno Bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno Federal.
Artículo 21. La distribución de los fondos de aportaciones federales y de los ramos generales relativos a los programas sociales de educación, salud, alimentación, infraestructura social y generación de empleos productivos y mejoramiento del ingreso se hará con criterios de equidad y transparencia, conforme a la normatividad aplicable.
Artículo 22. En el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación, se establecerán las partidas presupuestales específicas para los programas de desarrollo social y no podrán destinarse a fines distintos.
Artículo 23. La distribución del gasto social con el que se financiará el desarrollo social, se sujetará a los siguientes criterios:
I. El gasto social per cápita no será menor en términos rea-les al asignado el año inmediato anterior;
II. Estará orientado a la promoción de un desarrollo regional equilibrado;
III. Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales, y
IV. En el caso de los presupuestos federales descentralizados, las entidades federativas y municipios acordarán con la Administración Pública Federal el destino y los criterios del gasto, a través de los convenios de coordinación.
Artículo 24. Los recursos presupuestales federales asignados a los programas de desarrollo social podrán ser complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y municipales, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado.
Artículo 25. El Ejecutivo Federal podrá establecer y administrar un Fondo de Contingencia Social como respuesta a fenómenos económicos y presupuestales imprevistos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinará el monto y las reglas mínimas a las que quedará sujeta su distribución y aplicación, incluyendo las previsiones correspondientes para garantizar que los recursos del fondo sean utilizados en el ejercicio fiscal.
Artículo 26. El Gobierno Federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales.
Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Padrón.
Artículo 28. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: ``Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social''.
Capítulo IVDe las Zonas de Atención Prioritaria
Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social.
Artículo 30. El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto, hará la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 31. La Declaratoria tendrá los efectos siguientes:
I. Asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios;
II. Establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo;
III. Generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales, y
IV. Desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
Artículo 32. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal podrán convenir acciones y destinarán recursos para la ejecución de programas especiales en estas zonas.
Capítulo VDel Fomento del Sector Social de la Economía
Artículo 33. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal fomentarán las actividades productivas para promover la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas.
Artículo 34. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal estimularán la organización de personas, familias y grupos sociales, destinando recursos públicos para promover proyectos productivos; identificar oportunidades de inversión, y brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la organización y el diseño de proyectos y apoyo legal para la realización de estas actividades.
Artículo 35. El Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas podrán aportar recursos como capital de riesgo para dar viabilidad a las empresas sociales y destinar recursos para apoyar a personas, familias y organizaciones sociales cuyo objeto sea el financiamiento de proyectos de desarrollo social.
Capítulo VIDe la Definición y Medición de la Pobreza
Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:
I. Ingreso corriente per cápita;
II. Rezago educativo promedio en el hogar;
III. Acceso a los servicios de salud;
IV. Acceso a la seguridad social;
V. Calidad y espacios de la vivienda;
VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;
VII. Acceso a la alimentación, y
VIII. Grado de cohesión social.
Artículo 37. Los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberán hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años, para lo cual deberán hacerse las previsiones presupuestarias correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática pueda llevar a cabo los censos, conteos y encuestas correspondientes.
TÍTULO CUARTODEL SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Capítulo I
Del Objeto e Integración
Artículo 38. El Sistema Nacional es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos; federal, los de las entidades federativas y los municipales, así como los sectores social y privado, que tiene por objeto:
I. Integrar la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social;
II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federales en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social;
III. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social;
IV. Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones y, en general, de los sectores social y privado en el desarrollo social;
V. Coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, e
VI. Impulsar la desconcentración y descentralización de los recursos y acciones para el desarrollo social, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del pacto federal.
Capítulo IIDe las Competencias
Artículo 39. La coordinación del Sistema Nacional compete a la Secretaría, con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de los gobiernos municipales y de las entidades federativas, así como de las organizaciones. La Secretaría diseñará y ejecutará las políticas generales de desarrollo social. Al efecto, coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos de desa-rrollo social.
La Secretaría coordinará la correspondencia entre el Programa Nacional de Desarrollo Social, los programas sectoriales y los de las entidades federativas, promoviendo que la planeación sea congruente, objetiva y participativa.
Artículo 40. En el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta Ley las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los municipios emitirán normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades.
Artículo 41. Los gobiernos de las entidades federativas instituirán un sistema de planeación del desarrollo social; formularán, aprobarán y aplicarán los programas de desa-rrollo social respectivos, en los términos de la Ley de Planeación y de esta Ley, y, de manera coordinada con el Gobierno Federal, vigilarán que los recursos públicos aprobados se ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y equidad.
Artículo 42. Los municipios formularán, aprobarán y aplicarán sus propios programas de desarrollo social, los cuales deberán estar en concordancia con los de las entidades federativas y el del Gobierno Federal.
Artículo 43. Corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones:
I. Proyectar y coordinar la planeación nacional y regional del desarrollo social con la participación que, de acuerdo con la Constitución y demás leyes aplicables, corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y los municipales;
II. Formular el Programa Nacional de Desarrollo Social y los otros programas en la materia que le señale el Ejecutivo Federal, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con la materia, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación;
III. Determinar anualmente las zonas de atención prioritaria y proponer a la Cámara de Diputados la declaratoria correspondiente;
IV. Diseñar y coordinar los programas y apoyos federales en las Zonas de Atención Prioritaria;
V. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones civiles y privadas, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social;
VI. Diseñar los criterios de ejecución anual del Programa en el ámbito de su competencia;
VII. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración, ejecución y evaluación de las Políticas Públicas de Desarrollo Social;
VIII. Promover y apoyar instrumentos de financiamiento en materia de desarrollo social;
IX. Realizar evaluaciones de la Política Nacional de Desa-rrollo Social e informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social;
X. Promover, con la intervención de los gobiernos de los estados respectivos, la participación de los municipios en el diseño y ejecución de los programas de desarrollo social, y
XI. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.
Artículo 44. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:
I. Formular y ejecutar el programa estatal de desarrollo social;
II. Convenir acciones y programas sociales con el Gobierno Federal;
III. Convenir acciones y programas sociales con los gobiernos de sus municipios;
IV. Concertar acciones con organizaciones en materia de desarrollo social;
V. Fomentar la organización y participación ciudadana en los programas de desarrollo social;
VI. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social, en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría sobre el avance y resultados generados con los mismos;
VII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, y
VIII. Las demás que le señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 45. Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:
I. Formular y ejecutar el programa municipal de desarrollo social;
II. Coordinar, con el gobierno de su entidad, la ejecución de los programas de desarrollo social;
III. Coordinar acciones con municipios de su propia entidad, en materia de desarrollo social;
IV. Coordinar acciones de desarrollo social con municipios de otras entidades federativas, con la aprobación de las legislaturas correspondientes;
V. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría, a través de los gobiernos estatales, sobre el avance y resultados de esas acciones;
VI. Concertar acciones con los sectores social y privado en materia de desarrollo social;
VII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los programas y acciones de desarrollo social;
VIII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, y
IX. Las demás que le señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 46. En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley para efectos administrativos, se estará a lo que resuelva el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría.
Capítulo IIIDe la Comisión Nacional de Desarrollo Social
Artículo 47. La Comisión Nacional es un instrumento de coordinación de los programas, acciones e inversiones que para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social lleven a cabo, en el ámbito de sus competencias, las dependencias y entidades federales, ya sea de manera directa o en concurrencia con gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o en concertación con los sectores social y privado.
Artículo 48. La Comisión Nacional tiene por objeto consolidar la integralidad y el federalismo sobre bases de coordinación, colaboración y concertación de estrategias y programas de desarrollo social.
Artículo 49. La Comisión Nacional será presidida por el titular de la Secretaría y además estará integrada por:
I. Los titulares de las secretarías de Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como Medio Ambiente y Recursos Naturales; además de los titulares de los organismos sectorizados a la Secretaría. Podrán ser invitados a participar en reuniones específicas, los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
II. El titular de la dependencia responsable del desarrollo social en cada gobierno de las entidades federativas. Podrán ser invitados a participar en reuniones específicas, los titulares de otras dependencias de dichos gobiernos;
III. Un representante de cada una de las asociaciones nacionales de autoridades municipales, legalmente reconocidas, y
IV. Los presidentes de las comisiones de desarrollo social de las cámaras de diputados y senadores.
Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada para atender la solicitud de colaboración de los sectores social y privado cuando se traten asuntos de su interés o competencia, y sus funciones son las siguientes:
I. Proponer Políticas Públicas de Desarrollo Social bajo los criterios de integralidad y transversalidad;
II. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo social en los ámbitos regional, estatal y municipal;
III. Proponer programas estatales y regionales, así como acciones e inversiones en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Social y las políticas públicas a que se refiere la fracción anterior;
IV. Proponer mecanismos de financiamiento y distribución de recursos federales para el desarrollo social de las entidades federativas;
V. Opinar sobre los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en los programas de desarrollo social;
VI. Analizar y proponer esquemas alternativos de financiamiento para los programas de desarrollo social y de superación de la pobreza;
VII. Promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo social y de superación de la pobreza;
VIII. Revisar el marco normativo del desarrollo social y, en su caso, proponer y promover modificaciones ante las instancias competentes;
IX. Aprobar la propuesta de reglas que deban regir la participación social que haga la Secretaría;
X. Proponer acciones de capacitación para servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en aspectos relacionados con el desarrollo social;
XI. Proponer la creación de grupos de trabajo temáticos y regionales para la atención de asuntos específicos;
XII. Sugerir las actividades que estime necesarias y convenientes para el funcionamiento adecuado del Sistema Nacional, y
XIII. Las demás que le señale esta Ley.
Capítulo IVDe la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social
Artículo 51. La Comisión Intersecretarial será el instrumento de coordinación de las acciones del Ejecutivo Federal para garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social. Estará integrada por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, quien lo presidirá; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; la Función Pública; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria y Turismo. Podrán ser invitados a participar, con derecho a voz, los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El Subsecretario que designe el Titular de la Secretaría será el Secretario Técnico. La Comisión Intersecretarial sesionará cuando menos una vez por bimestre.
Artículo 52. La Comisión Intersecretarial tendrá las siguientes funciones:
I. Recomendar medidas orientadas a hacer compatibles las decisiones vinculadas con las Políticas de Desarrollo Social y Económica;
II. Proponer las partidas y montos del gasto social que se deban integrar en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;
III. Acordar y dar seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas Nacional de Desa-rrollo Social, sectoriales, regionales, institucionales y especiales;
IV. Recomendar mecanismos para garantizar la correspondencia entre la Política Nacional de Desarrollo Social, con la de los estados y municipios, y
V. Revisar los términos de los convenios de coordinación entre el Gobierno Federal y las entidades federativas en materia de desarrollo social y proponer, en su caso, modificaciones.
Artículo 53. Los acuerdos de la Comisión Intersecretarial serán obligatorios para las dependencias del Ejecutivo Federal. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública vigilarán su cumplimiento.
Artículo 54. Los acuerdos de la Comisión Intersecretarial serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Capítulo VConsejo Consultivo de Desarrollo Social
Artículo 55. El Consejo es el órgano consultivo de la Secretaría, de participación ciudadana y conformación plural, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social.
Artículo 56. El Consejo tendrá las funciones siguientes:
I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Nacional de Desarrollo Social;
II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social;
III. Apoyar a la Secretaría en la promoción ante los gobiernos estatales y municipales y para el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social;
IV. Proponer a la Secretaría los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública;
V. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, en el desarrollo social;
VI. Proponer la realización de estudios e investigaciones en la materia;
VII. Solicitar a las dependencias responsables de la Política de Desarrollo Social información sobre los programas y acciones que éstas realizan;
VIII. Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten;
IX. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social;
X. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a la Política Nacional de Desarrollo Social;
XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;
XII. Expedir su reglamento interno, y
XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 57. El Consejo estará integrado por un presidente que será el titular de la Secretaría; un Secretario Ejecutivo que designará éste, así como por los consejeros invitados por la Secretaría. El presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario Ejecutivo.
Artículo 58. Los consejeros deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural vinculados con el desarrollo social.
Artículo 59. La Secretaría prestará al Consejo la colaboración necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 60. El Consejo podrá recibir la colaboración de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales, de organizaciones civiles y de particulares.
Capítulo VIParticipación Social
Artículo 61. El Gobierno Federal, los de las entidades federativas y los municipios garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la sociedad a participar de manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social.
Artículo 62. Las organizaciones que tengan como objetivo impulsar el desarrollo social de los mexicanos podrán participar en las acciones relacionadas con el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones públicas en esta materia.
Artículo 63. El Gobierno Federal deberá invitar a las organizaciones, mediante convocatorias públicas que deberán contener los requisitos, objetivos y modalidades de participación.
Artículo 64. Las organizaciones podrán recibir fondos públicos para operar programas sociales propios, a excepción de aquéllas en las que formen parte de sus órganos directivos servidores públicos, sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.
Artículo 65. Para efectos del artículo anterior, las organizaciones deberán estar formalmente constituidas ante autoridad competente o fedatario público, además de cumplir con lo que establezca el reglamento respectivo.
Artículo 66. Las organizaciones estarán sometidas al escrutinio de la Secretaría, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes respectivas para el uso de fondos públicos.
Capítulo VIIDe la Denuncia Popular
Artículo 67. Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.
Artículo 68. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:
I. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante y, en su caso, de su representante legal;
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;
III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.
Capítulo VIIIDe la Contraloría Social
Artículo 69. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.
Artículo 70. El Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social:
I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desa-rrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones;
II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de operación;
III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos;
IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas, y
V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales.
TÍTULO QUINTODE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
Capítulo I
De la Evaluación
Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.
Artículo 73. Los organismos evaluadores independientes que podrán participar serán instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones no lucrativas. Cuando las evaluaciones se lleven a cabo por un organismo distinto del Consejo, éste emitirá la convocatoria correspondiente y designará al adjudicado.
Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.
Artículo 75. Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.
Artículo 76. Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los servicios de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.
Artículo 77. El Consejo Nacional de Evaluación, antes de aprobar los indicadores a que se refiere este artículo, los someterá a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, para que emitan las recomendaciones que en su caso estime pertinentes.
Artículo 78. La evaluación será anual, definiendo como período del primero de mayo al treinta de abril y podrá también ser multianual en los casos que así se determine.
Artículo 79. Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y deberán ser entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y a la Secretaría.
Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.
Capítulo IIDe Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.
Artículo 82. El Consejo estará integrado de la siguiente forma:
I. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, o la persona que este designe;
II. Seis investigadores académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y
III. Un Secretario Ejecutivo designado por el Ejecutivo Federal.
Artículo 83. Los investigadores académicos a que se refiere el artículo anterior durarán cuatro años en el cargo y podrán ser reelectos la mitad de ellos. Serán designados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social a través de una convocatoria pública cuya responsabilidad será del Secretario Ejecutivo.
Artículo 84. El Consejo tendrá su sede en la ciudad de México y su patrimonio se integrará con los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de la Secretaría, y con los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título.
Artículo 85. La administración del Consejo estará a cargo de un Comité Directivo, que presidirá el titular de la Secretaría, o la persona que este designe; además estará integrado por las personas a que se refiere la fracción II, del artículo 82 de esta Ley. Sus decisiones se tomarán por mayoría.
TRANSITORIOSPRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo Federal expedirá el reglamento de esta Ley en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de su entrada en vigor.
TERCERO.- En un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán quedar constituidos e instalados el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional, la Comisión Intersecretarial y el Consejo Consultivo.
CUARTO.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Nacional de Evaluación deberá sujetarse a criterios de austeridad y eficiencia.
QUINTO.- Las comisiones de Desarrollo Social, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados deberán revisar la distribución de los fondos relativos al desa-rrollo social contenidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en un plazo no mayor a 90 días y, en su caso, recomendar las modificaciones que se consideren pertinentes.
SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de noviembre de 2003.--- Diputados: Beatriz Zavala Peniche, Presidenta (rúbrica); Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Sonia Rincón Chanona, secretaria (rúbrica); Armando Rangel Hernández, secretario (rúbrica); Julio Boltvinik y Kalinka, secretario (rúbrica); Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica); Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica); Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica); Clara Marina Brugada Molina (rúbrica); Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica); Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica); Rafael Flores Mendoza (rúbrica); Armando Leyson Castro (rúbrica); Felipe Medina Santos (rúbrica); María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica); Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica); Gerardo Montenegro Ibarra (rúbrica); Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica); Mario Moreno Arcos (rúbrica); Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica); Maki Esther Ortiz Domínguez; Miguel Angel Osorio Chong (rúbrica); Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica); Renato Sandoval Franco (rúbrica); María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica); José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica); Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica); Quintín Vázquez García (rúbrica); Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Es de primera lectura.El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre el Día Internacional de la No Violencia en Contra de las Mujeres.
Tiene el uso de la palabra para hablar sobre este tema el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.
El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Inmejorable la oportunidad para hacer una reminiscencia en torno al respeto y en torno también a las actuaciones técnico-jurídicas que requiere nuestro Estado de Derecho.
¿Cuál es el Estado de la modernidad en donde se registran discriminaciones, abusos y verdaderos flagelos en contra de la integridad física, psicoanímica o sexual de la mujer? ¿Cuál es ese Estado moderno que orgulloso y jactante se luce ante el concierto de las naciones, acusando una retahíla de violaciones a los derechos elementales del ser humano en general y en particular de la mujer? ¿Cuáles son las consideraciones que puede traer a colación una Cámara en donde se tiene el encargo prístino de legislar para la seguridad, la integridad física y para la salvaguarda del patrimonio de los seres que a título de gobernados vivimos en este país?, que es la obligación prioritaria de los órganos de gobierno del Estado, de cualquier Estado, en cualquier época de la historia universal. ¿Cuáles son, entonces, los retos que un Estado con esta tesitura tiene frente a sí?
Quizá estas consideraciones llevaron a aquel 25 de noviembre de 1981 se declarara Día Internacional Contra la Violencia de la Mujer, a propósito de aquel primer encuentro feminista celebrado en Bogotá. ¿Qué había necesidad de dejar pasar desde 1960 hasta aquel momento, los efectos del asesinato triple de las hermanas Miraval? ¿Había que esperar para que el impacto político y social que esto había acarreado, llevara a la congruencia de los seres el determinar y llevar incluso años después al seno de la Organización de Naciones Unidas, la propuesta de que se aprobara la declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, lo cual acaece hasta 1993? ¿Qué no es suficiente el impacto humano que nos acarrea, es necesario advertir en la Declaración aludida de la Organización de Naciones Unidas que la violencia es el maltrato físico, sexual o psicológico, incluso al grado de tentativa?
¿Es necesario documentar, como lamentablemente lo hemos visto en las últimas horas en la prensa nacional e internacional, que en nuestro caso siete de cada 10 mujeres han sido agredidas por su pareja en nuestra estructura social, que más de 11 mil mujeres han sido víctimas de la violencia familiar, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta 263 mujeres asesinadas o más de 4 mil 500 desaparecidas.
¿Qué será realmente ésta la etiqueta de orgullo del Estado moderno de la aldea global a la que aspiramos? ¿No será esto efecto de un lamentabilísimo olvido del rescate de nuestro marco axiológico, aquel que privilegiaba el respeto a la mujer, aquel que nos obligaba a cederle el espacio a la mujer en donde se encontrara?
¿Qué no habrá que poner énfasis en la propuesta como la de Convergencia, para revisar de raíz nuestro sistema de justicia y particularmente el penal, para atender privilegiadamente a la víctima y tomar precisamente como eje de la sanción la reparación del daño?
Yo creo que son dos puntos que tenemos que recordar: respeto a nuestro marco axiológico y también afinar técnica y jurídicamente los instrumentos del Estado de Derecho mexicano.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Pedro Vázquez González:Con la venia de la Presidencia:
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Adelante.
El diputado Pedro Vázquez González:Compañeras y compañeros diputados:
Ni una muerta más en Juárez ni en México, la violencia contra las mujeres debe ser desterrada para siempre; es una vergüenza que nuestro país esté en la atención de los organismos internacionales y del mundo por estos hechos que horrorizan a la humanidad.
No hemos tenido a lo largo de nuestra historia un precedente siquiera que se acerque a esta vileza y lo más grave es que se esté extendiendo a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Ahora no son sólo las muertas de Juárez, sino las del Distrito Federal, las de Cuernavaca y en general, las de nuestras fronteras, pero detrás de este horror se encuentra la violencia generalizada contra la mujer en sus más diversas manifestaciones: violencia intrafamiliar, acoso sexual en el trabajo, violaciones, asaltos, abuso policiaco, entre otros.
Resulta paradójico que justo cuando las mujeres juegan un rol cada vez más importante en nuestra sociedad, se da esta ola de violencia contra ellas; nos resistimos a creer que sea por esta razón; sin embargo, no debemos de descartar ninguna opción del análisis de este hecho trágico.
En lo que no nos cabe duda es que la violencia contra las mujeres y contra los seres humanos, en general, es producto del capitalismo neoliberal que conduce a la degradación social; probado está que el capitalismo salvaje exacerba y potencia al individualismo el egoísmo, la competencia desenfrenada, que es el resultado de poner al mercado como el eje rector de las relaciones humanas.
Lamentablemente los resultados de este horror económico hace víctimas a los más desvalidos: las mujeres, los niños, los discapacitados, los jóvenes sin oportunidades y desde luego, a los más pobres.
Ha pretendido borrar a la mujer como símbolo y parte fundamental de nuestra familia, ha roto con los valores esenciales de la convivencia humana, ha desintegrado a la familia, comercializado a los seres humanos, denigrado a la mujer, a la que ha estereotipado como objeto sexual consumible.
¿Cómo esperar en este contexto la igualdad y el respeto hacia las mujeres? ¿Cómo detener esta violencia que ha crea-do la propia sociedad neoliberal y que reproducen deliberadamente quienes ven en la mujer una imagen que sólo sirve para el lucro y los negocios?
Tenemos que recuperar el respeto y la equidad hacia las mujeres; por esta razón, las mujeres y los hombres que militamos en el Partido del Trabajo, creemos que para desterrar la violencia contra las mujeres no basta crear instituciones gubernamentales y leyes que mejoren su desempeño, las cuales son muy necesarias, pero resultan todavía insuficientes.
Que es urgente que la sociedad desarrolle una política de Estado que conciba a las mujeres en igualdad y en equidad de condiciones y oportunidades con los hombres, y que privilegie a favor de ellas aquellos ámbitos en los cuales haya desigualdad estructural.
Que conciba a las mujeres como seres humanos, que tienen la capacidad para aportar, al igual que los hombres, la riqueza creadora y reproductiva de nuestra especie.
Esta es la mejor manera de reivindicar la lucha de las mujeres y recordar en este Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, que tenemos asignaturas pendientes y que debemos de cubrir y resolver cuanto antes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene el uso de la palabra la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María Avila Serna:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Hoy, 25 de noviembre es la fecha conmemorativa del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la elección de esta fecha se debe al brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana el 26 de noviembre de 1961, pero no podemos celebrarlo ya que todavía falta mucho por hacer.
En el mundo cada año ocurren un millón 700 mil muertes violentas y el 25% de las mujeres son violadas en algún momento de su vida, dependiendo del país entre un 25 a un 75% de las mujeres son maltratadas físicamente en sus hogares en forma habitual.
Cerca de 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales, las violaciones han rebasado mujeres, niñas y familias en los recientes conflictos en Ruanda, Camboya, Liberia, Perú, Somalia, Uganda, Irak y la antigua Yugoslavia, solamente en México sufren de agresión al menos el 20% de las familias mexicanas, de estas cifras la tercera parte de mujeres reconoce que a lo largo de su vida ha sufrido algún tipo de agresión por diversas personas cercanas a ella.
La información oficial emitida por la Secretaría de Salud señala que en un 1.3 millones de hogares mexicanos se detectó algún tipo de violencia. La violencia aplicada contra mujeres y niños no es natural, se puede prevenir esta conducta, es un problema social en donde se involucra a varias instancias públicas y privadas, las cuales deben tener capacitación para su adecuada atención y prevención.
Además de las lesiones físicas directas, las víctimas de la violencia corren mayor riesgo de sufrir problemas síquicos y comportamientos de muy diversa índole, como depresión, abuso de alcohol, ansiedad y comportamiento suicida, además de problemas reproductivos como embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y disfunciones sexuales.
De acuerdo a la Resolución de la Asamblea General de la ONU el 25 de noviembre ha sido designado Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, esta resolución es el resultado de un creciente movimiento internacional para acabar con una trágica epidemia que devasta la vida de mujeres y niñas.
Por ello, en el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, el Partido Verde Ecologista de México exhorta a los estados a contribuir a crear condiciones favorables para la eliminación de la discriminación contra la mujer y para su plena participación en el proceso de desa-rrollo social.
Los activistas por los derechos de la mujer han señalado el día 25 de noviembre como Día Contra la No Violencia desde 1981, y durante la pasada década se han celebrado 16 días de activismo contra la violencia de género. Ya fuera el 25 de noviembre o el 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos.
El Partido Verde Ecologista de México reconoce las múltiples contribuciones de las mujeres a sus sociedades, por lo que hace un llamado a la población a promover la toma de conciencia sobre la situación femenina y su lucha por vivir en un mundo con menos violencia y discriminación, así como con mayor igualdad en la distribución de oportunidades.
Sin más por el momento, muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora diputada:
Tiene el uso de la palabra la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos:Hace una semana identificaron los resto de Neyra Azucena, encontrados el 14 de julio en Ciudad Juárez. Un asesinato más y el feminicidio continúa. ¡Ya basta! exigimos al Gobierno de la República fin al feminicidio y garantías para la seguridad y la vida de las mujeres.
El Día Internacional para Eliminar la Violencia Contra las Mujeres, es preciso que esta Legislatura con representación del pueblo y de la Federación, se manifieste sobre la gravedad de la violencia de género en nuestro país y legisle sobre el feminicidio como uno de los más graves problemas de la nación.
El feminicidio es la forma extrema de la violencia de género; es el genocidio misógino contra mujeres y sucede cuando se atenta contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Hay feminicidio en condiciones de guerra y de paz, en él coinciden en tiempo y espacio, daños que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. Es feminicidio porque el Estado no da garantías a las mujeres ni condiciones de seguridad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado, si el Estado falla la delincuencia prolifera y el feminicidio no llega a su fin.
El PRD apoya a las madres y los familiares de las niñas y mujeres asesinadas y desaparecidas, en su exigencia para que el Presidente de la República hable con la verdad y promueva la justicia; se comprometa para que las investigaciones sean realizadas por profesionales con visión de género y protocolos internacionales. Porque la valoración pericial sea confiable; porque se erradique la tortura en las investigaciones; porque se finquen responsabilidades a los funcionarios; se garantice la presencia de la Policía Federal Preventiva sólo en los lugares de riesgo y cesen el hostigamiento, el desprestigio y las amenazas a las familiares, las abogadas y las organizaciones civiles comprometidas en esta causa.
Exigimos al Presidente de la República, desde la tribuna más alta de la nación, la reparación integral del daño. El PRD exige también facilidades para que Guadalupe Morfín Otero, comisionada de la Presidencia de la República, pueda contar con las facilidades necesarias para procurar políticas urgentes y eficaces para enfrentar el feminicidio. Pero su intervención no es suficiente; la sociedad reclama y el PRD exige la creación de un ministerio público federal especializado en el feminicidio, confiable y autónomo, en que sus miembros no estén involucrados en los hechos; que aplique las normas internacionales de derechos humanos. Exigimos saber quiénes violentaron a cada una de las mujeres y justicia en cada uno de los casos.
Exigimos a las procuradurías General de la República y de los estados de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México y del Distrito Federal, donde se reporta feminicidio también, que cumplan su deber en el establecimiento de políticas públicas en el esclarecimiento de estos crímenes y en su fin.
Exigimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos consecuencia y que promueva el juicio y el castigo de las autoridades responsables de la violación de los derechos humanos de las mujeres.
Finalmente quiero recordar ante esta soberanía, la reflexión sobre la democracia que hiciera María Zambrano, la entrañable filósofa transterrada en México. La democracia ---dijo María--- es la sociedad en la cual no sólo es permitido sino exigido, el ser persona y ser persona es ser individual, lo que además insinúa en la mente algo de positivo, algo irreductible por positivo, por ser una más, no sólo una diferencia.
Construimos una nación democrática que asegure la vida, los derechos humanos y las libertades de las niñas y las mujeres para que en México, en voz de María Zambrano, la condición democrática de persona sea la condición de las mujeres todas.
Por la vida y la libertad de las mujeres, fin al feminicidio. Democracia ya, patria para todas y para todos.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema la diputada Blanca Eppen Canales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Blanca Eppen Canales:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La violencia contra la mujer ya no es más un tema vedado sino un asunto de interés público y hoy día se considera tema prioritario en las agendas de los partidos políticos y campo importante de acción de los gobiernos nacionales.
La violencia es un problema mundial que afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las culturas, clases sociales y edades.
La Organización Mundial de la Salud reconoce a la violencia como un problema de salud pública en el mundo. Cada año más de 1 millón 600 mil personas pierden la vida de manera violenta.
En México y en la mayoría de los países no existe un diagnóstico certero de la dimensión del problema, pero según registros de organizaciones internacionales, dependiendo del país, de un 25% a un 75% de las mujeres son maltratadas físicamente en sus hogares de forma brutal.
Según el INEGI de 1999, arroja que en cada uno de tres casos en los hogares se sufre algún tipo de violencia y que las víctimas de maltrato más frecuentes son las hijas e hijos y la cónyuge.
Sólo 10 de cada 100 mujeres denuncian la violencia a que es sometida sistemáticamente.
La realidad nos ha hecho ver que la violencia en contra de las mujeres es un obstáculo para el desarrollo de los países, tiene efectos sociales y culturales adversos que afectan el bienestar, la seguridad, la posibilidad de educación y de desarrollo personal.
De acuerdo con estudios de mujeres, la edad, la identidad cultural, la discapacidad y la orientación sexual pueden influir en el desarrollo de la violencia contra las mujeres y los patrones culturales y los estereotipos sexistas fomentan y agudizan el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Por ello el 25 de noviembre no es un día sólo para recordar sino para reflexionar, tomar conciencia y definir propuestas de solución para un problema de dimensión social que nos afecta a todos y no únicamente a las mujeres que están sufriendo agresiones y malos tratos en la intimidad de su hogar y fuera de éste.
Es urgente condenar social y legalmente la violencia de género en todas sus formas. Redefinir o reconstruir lo que la cultura propone para las mujeres y hombres es quizá el trabajo más lento y sin embargo, más efectivo que debemos hacer como legisladores.
Porque es desde esas construcciones genéricas donde se asientan las jerarquías y la violencia como estrategia para mantener los privilegios y el derecho a controlar o castigar a las mujeres.
Eliminar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de todos nosotros, los hacedores de leyes, el Gobierno, la sociedad civil y de cada mujer y de cada hombre.
En todos los ámbitos el Partido Acción Nacional tiene propuestas concretas para formar ciudadanos responsables que, desde el seno familiar, inicien el cambio cultural y el respeto entre los géneros como de acciones legislativas y políticas públicas que incidan en el mayor conocimiento, prevención y sanción de este fenómeno.
Este día y los 16 días de activismo contra la violencia hacia la mujer a los que convoca la Comisión de Equidad y Género, nos brindan la oportunidad de repensar un nuevo esquema libre de violencia contra las mujeres y las niñas, porque ya no hay bases para la tolerancia ni existen excusas ni tiempos tolerables.
Por nuestra larga tradición de compromiso con las mujeres, las legisladoras y los legisladores de Acción Nacional, tenemos la obligación de realizar las acciones que incidan en garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Nos pronunciamos por crear normas legales vigentes a la realidad de la mujer actual y de impulsar mecanismos sociales de condena hacia la violencia.
En este asunto no daremos un paso atrás. En su momento traeremos a la mesa de discusión diversas propuestas, trabajaremos para prevenir problemas de salud pública, calidad de vida y para garantizar el derecho a una vida familiar sin violencia. Todo con el ánimo de encontrar junto con todos ustedes, el enriquecimiento y aprobación de las mismas.
Acción Nacional, desde la más alta tribuna de la nación, hace un llamado a los medios masivos de comunicación, especialmente a la radio y a la televisión, para que asuman su rol en apoyo a la dignidad de las mujeres y se enfoquen a trasmitir a la sociedad mexicana una cultura de respeto a la mujer sin estereotipos, sin denigrar ni menospreciar el papel que juega la mujer y valorando sus aportaciones a la sociedad nacional.
Quiero de esta forma dirigirme a las mujeres para que rompan en silencio y denuncien...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le ruego concluir, señora diputada.
La diputada Blanca Eppen Canales:Concluyo, señor Presidente.
...y denuncien que están siendo víctimas de violencia. No sigamos encubriendo por más tiempo este flagelo. Hay que decirle no al miedo y al sentimiento de culpa. Estos deben superarse para evidenciar esta problemática. Sumemos los esfuerzos para que juntos, gobierno, sociedad, medios de información, mujeres, hombres y familias, actuemos para acabar con la violencia contra las mujeres.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Isabel Maya Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Isabel Maya Pineda:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En estos tiempos en donde se han visto hechos violentos y vergonzosos hacia la mujer, la sociedad civil y principalmente las diputadas priístas estamos preocupadas por los aconteceres que día a día se cometen en nuestra nación y en otros países.
Es lamentable saber mediante los medios de comunicación, sobre la violencia ejercida hacia el sexo femenino y tal parece que nuestro Gobierno Federal no ha hecho nada por disminuir estos hechos delictivos que denigran al ser humano y en especial a las mujeres.
Institucionalizaron esta fecha para denunciar las diversas formas de violencia ejercidas contra las mujeres. Se escogió este día en memoria de las tres activistas de República Dominicana llamadas: Patria, Minerva y María Teresa Mirabál, asesinadas el día 25 de noviembre del año de 1960; ésto como represalia por su activa oposición a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, ya que las Mirabál, como se les llamaba, representaban una amenaza para el régimen trujillista.
Por tal motivo la Organización de las Naciones Unidas le dio el carácter del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres.
Por ello en el año de 1991 el Centro de Liderazgo Global de las Mujeres inicia la campaña internacional denominada: Dieciséis Días de Activismo Contra la Violencia Hacia las Mujeres. Campaña que se inicia a partir del 25 de noviembre, continúa con la celebración del 1º de diciembre, Día Internacional de la Lucha Contra el Sida; el 6 de diciembre se conmemora la masacre de Montreal, Canadá, en la cual 14 estudiantes de ingeniería fueron asesinadas por ser feministas; en el año de 1989 y termina el 10 de diciembre, Día del Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La violencia ejercida hacia las mujeres es una realidad en el mundo que no se puede ocultar. Por lo que la violencia hacia las mujeres es una violación constante a los derechos humanos, una violación constante a las libertades individuales, es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
En el año de 1993, a raíz de todo esto, la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Viena, mediante una resolución acordó integrar los derechos de la mujer por la importancia de sacar a la luz pública un asunto que se consideraba privado, ya que la violencia hacia la mujer es un obstáculo para la paz social en todo el mundo.
América Latina y el Caribe fue el primer Continente en obtener un instrumento jurídico importante como es la Convención Sobre la Preservación, Erradicación y Sanción a la Violencia en Contra de las Mujeres, aprobada en el año de 1994 por la Organización de Estados Americanos, firmada y ratificada por sus 23 países miembros, entre ellos México, en donde se llevan a cabo campañas y programas especiales como los centros de ayuda médica, legal, sicológica y las casas de refugio.
En todos los países día con día han ido surgiendo leyes que enfrentan los delitos de violencia intrafamiliar doméstica y de violencia sexual. Existen legislaciones que sancionan el acoso y hostigamiento sexual. Sin embargo, hay un vacío en cuanto a otras situaciones que no son calificadas como violencia hacia la mujer, como por ejemplo el maltrato en los servicios de salud, la violencia en los medios de comunicación, el maltrato sicológico, la violencia económica y otras.
Es difícil que todas las mujeres encuentren el camino para hacer efectivos sus derechos, en especial todas aquellas que carecen de educación formal o cuya información en todos los temas estén limitadas o que estén afectadas por una situación de violencia subordinación, que no son capaces de buscar ayuda para ello.
El más claro ejemplo que tenemos de violencia hacia las mujeres en nuestro país es el caso de las muertas de Ciudad Juárez, así como también las mujeres muertas por violencia intrafamiliar en Oaxaca, por citar algunos de los casos más importantes. Es urgente poner un hasta aquí a la injusticia en todas sus expresiones, tales como la marginación, la impunidad, la corrupción y la ignorancia, para que nuestro país esté a la vanguardia.
Por lo que llegamos a la conclusión de hacer un punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial en todos los estados, a través del Congreso Federal, y vigilar que los órganos encargados de procurar la justicia lo hagan con apego a derecho.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Le ruego concluir, señora diputada.
La diputada María Isabel Maya Pineda:Concluyo, señor Presidente.
Las diputadas priístas pugnamos porque se cree un Instituto de Atención a las Mujeres Víctimas del Delito, formular programas de prevención del maltrato hacia las mujeres. En ese sentido podremos decir que las mujeres obtendrán la igualdad de derechos y así poder contribuir en el programa económico, cultural y social de México para crear mejores condiciones de vida y para un mejor desarrollo con una mejor participación en todos los ámbitos sociales.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora diputada.
Continúe la Secretaría.
Señor Presidente: se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Jueves 27 de noviembre de 2003.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del Congreso del estado de Michoacán.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.
Oficio del Gobierno del Distrito Federal
Con el que remite informe y copia de la contestación del Secretario de Gobierno del Distrito Federal, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre la Empresa Comercializadora Metrogas, SA de CV (Turno a comisión.)
Oficio del gobierno del estado de Puebla
Con el que remite copia de la contestación del Procurador General de Justicia del estado de Puebla, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre el asesinato de Griselda Tirado Evangelio. (Turno a comisión.)
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite copia de la contestación del director general de Programación y Presupuesto ``B'' de la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación a una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004. (Turno a comisión.)
Minuta
Proyecto de decreto por el que se concede permiso al embajador de México en Colombia, Angel Luis Ortiz Monasterio Castellanos, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, y de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, en grado de Gran Cruz Extraordinaria con Placa de Oro, que le confiere el gobierno de dicho país. (Turno a comisión.)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jaime Parada Avila, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Lidia Elizabeth Velasco y López, Zandra Luz González Reyes, David Navarrete Martínez y Mónica del Carmen Vázquez Fernández, para presentar servicios en la Embajada de Alemania en México.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de Ley General de Desarrollo Social.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por seis minutos, para verificar la asistencia.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por seis minutos, para verificación de asistencia.
Ciérrese el sistema electrónico, por favor. De viva voz por favor, el nombre del diputado. El diputado José Guzmán.
El diputado José Guzmán Santos (desde su curul):
Diputado José Guzmán, si es tan amable.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:El diputado García Tinajero.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde su curul):
Diputado Rafael García Tinajero.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Señor Presidente, hay una asistencia de 446 diputados, más los dos que se apuntaron de viva voz.
Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.
Tiempo de duración: 4 horas 4 minutos.
Quórum a la apertura de sesión: 301 diputados.
Asistencia al cierre de registro: 452.
Asistencia al final de la sesión: 448.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1.
Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
Efemérides: 1. Oradores en tribuna: 35
PRI-6; PAN-5; PRD-5; PVEM-3; PT-3; PC-3; Secretario de Hacienda y Crédito Público-10.
Se recibió:2 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite acuerdos;
5 iniciativas de senadores del PRI;
5 iniciativas del PRI;
1 minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes: de Instituciones de Crédito; de Ahorro y Crédito Popular; de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; Federal de Instituciones de Fianzas; General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; del Mercado de Valores; de Sociedades de Inversión; y de la General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito;
1 minuta con proyecto de Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictámenes primera lectura:
1 de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de Ley General de Desarrollo Social.
Cambios de turno realizados por la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
PERSPECTIVA DE GENEROCon fecha 25 de noviembre de 2003, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona los artículos 2 y 4 de la Ley de Planeación y el artículo 15 de la Ley de Información Estadística y Geográfica, para incorporar la perspectiva de género, presentada el 18 de noviembre pasado. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y de Equidad y Género.
Con fecha 25 de noviembre de 2003, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa con proyecto de Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras, presentada el 23 de octubre pasado. Se turna a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería.