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DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares | PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano |
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala |
| AÑO I | México, DF, 7 de octubre de 2003 | Sesión No. 12 |
Comunicación del diputado José Reyes Baeza Terrazas, por la que solicita licencia temporal para separarse del cargo de diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal. Se aprueban los puntos de acuerdo respectivos
Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado
Oficio del Congreso del estado de Baja California que remite iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el numeral 2 del artículo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto a la prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes durante los días en que se realicen elecciones. Se turna a la Comisión de Gobernación
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en el distrito electoral federal 5 del estado de Michoacán, y en el distrito electoral federal 6 del estado de Coahuila, suscrita por los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios
Se dispensan todos los trámites a la iniciativa presentada y sin nadie que solicite el uso de la palabra, se aprueba el proyecto de decreto respectivo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación
El diputado Luis Maldonado Venegas presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el numeral 2 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la integración de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
El diputado Alejandro González Yáñez presenta en una sola exposición las siguientes iniciativas con proyecto de decreto
Que reforma el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales
Que deroga diversas disposiciones de las leyes: del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Comisión Reguladora de Energía, y Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las comisiones unidas de Energía y de Gobernación
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite copia de la contestación de la Coordinadora General de Protección Civil de esa Secretaría, en relación con el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 4 de septiembre, sobre la liberación de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, a fin de atender la situación que enfrentan habitantes del estado de Baja California Sur por el paso del huracán ``Ignacio''. Remítase copia a la Comisión de Gobernación y al promovente, para su conocimiento
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona los artículos: 17, 32, 41 y 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, respecto a la utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con la ratificación de magistrados. Se turna a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria
Proposición con punto de acuerdo suscrita por diputados de todos los grupos parlamentarios, para crear dicha Comisión Especial. Se turna a la Junta de Coordinación Política
El diputado José María de la Vega Larraga presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal apoyos para los productores agropecuarios de la huasteca Potosina, del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz, en el combate y erradicación de la plaga de langosta y chapulín. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería
El diputado Horacio Martínez Meza presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Senadores a analizar y en su caso aprobar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal que reforman el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de terrorismo, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Nños y Adolescentes, y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de explotación sexual infantil. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Proposición con punto de acuerdo suscrita por diputados del Partido Verde Ecologista de México y de otros grupos parlamentarios, para que los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales destinados al estado de Chiapas para atender la emergencia provocada por la tormenta tropical ``Larry'', se canalicen con premura
Se considera de urgente resolución. Intervienen los diputados:
Francisco Antonio Rojas Toledo
Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Suficientemente discutido el punto de acuerdo se aprueba. Comuníquese
Rectifican hechos los diputados:
Julián Nazar Morales
Roberto Aquiles Aguilar Hernández
El diputado Oscar González Yáñez presenta proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Especial encargada de asistir a los estados de Tabasco y San Luis Potosí, quede facultada para estar presente en las elecciones extraordinarias del estado de México del próximo 12 de octubre
No se considera el asunto de urgente resolución y se turna a la Junta de Coordinación Política
El diputado Homero Díaz Rodríguez presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua, a que cumplan con el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944 y que se someta a aprobación del Senado de la República, el contenido del Acta 309 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo del estado de Coahuila, a que instrumente un programa emergente de empleo en los municipios de Monclova y Saltillo
Para el mismo tema se concede la palabra al diputado Oscar Pimentel González
Se turna la proposición a la Comisión de Trabajo y Previsión Social
Se refiere al tema el diputado Agustín Rodríguez Fuentes
El diputado Marcos Morales Torres presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a simplificar las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales, y para que en el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2004, se duplique el monto de recursos a este fondo. Se turna a las comisiones de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública
El diputado Jesús María Ramón Valdez presenta proposición con punto de acuerdo, para crear dicha Comisión Especial. Se turna a la Junta de Coordinación Política
Intervienen sobre el tema los diputados:
Jesús Porfirio González Schmal
Joel Padilla Peña
La diputada Angélica de la Peña Gómez presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a que ratifique el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores
La diputada Susana Guillermina Manzanares Córdova presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir su fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en contra del dictamen de la Cámara de Senadores, en relación con las reformas a la Constitución en materia del Distrito Federal. Se turna a la Junta de Coordinación Política
El diputado Rafael Galindo Jaime presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a tomar medidas para dar cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con los señalamientos del Auditor Superior de la Federación para recuperar recursos canalizados al Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
Se refieren a dicha celebración del primer lunes de octubre de cada año, los diputados:
Juan Fernando Perdomo Bueno
Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Edgar Torres Baltazar
Jorge Carlos Obregón Serrano
Roberto Pedraza Martínez
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto, que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 14 al 21 de octubre de 2003, con objeto de realizar una visita de Estado al Japón y asistir a la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Bangkok, Tailandia. Es de primera lectura
Se refieren al XC aniversario luctuoso del senador chiapaneco Belisario Domínguez Palencia, los diputados:
Rosalina Mazari Espín
Luis Maldonado Venegas
Manuel Velasco Coello
José Luis Medina Lizalde
José Jesús Vázquez González
De la próxima sesión
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de una Comisión Especial para obtener información relacionada con la aplicación de programas y fondos federales durante el desarrollo de los procesos electorales en los estados de Tabasco y San Luis Potosí. Aprobado
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 327 diputados.
Por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11: 18 horas):Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Martes 7 de octubre de 2003.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del diputado José Reyes Baeza Terrazas.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.
De la Junta de Coordinación Política.
Iniciativa del Congreso del estado de Baja California
Que reforma el artículo 239, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
Con proyecto de decreto, por el que se expide la convocatoria a elecciones extraordinarias de diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión en el distrito electoral federal 5, del estado de Michoacán, y en el distrito electoral federal 6, del estado de Coahuila, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios. (Dispensa de todos los trámites.)
Que reforma el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Que adiciona el numeral 2 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a comisión.)
Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite copia de la contestación de la coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados sobre la liberación de los recursos del Fonden para atender las contingencias y daños en los municipios y comunidades afectados por el huracán ``Ignacio'' en Baja California Sur.
Oficio de la Cámara de Senadores
Con el que remite iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Minuta
Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. (Turno a comisión.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para crear la comisión de la niñez, adolescencia y familias, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal que tome las medidas conducentes para apoyar a los productores agropecuarios de la huasteca potosina, del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, en el combate y erradicación de plagas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al Senado de la República a que proceda a entrar al análisis o modificación y, en su caso, aprobación de las iniciativas de decreto enviadas por el Ejecutivo Federal, que modifican el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de terrorismo, lavado de dinero y explotación sexual y comercial infantil, a cargo del diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Gobernación a que declare zona de desastre el estado de Chiapas, debido a las fuertes lluvias que han creado graves inundaciones, así como los desastres, consecuencia del desbordamiento del río Sabinal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados integre una comisión especial encargada de vigilar el proceso electoral extraordinario en el estado de México, mismo que se realizará el domingo 12 de octubre, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para que se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua a que cumplan en sus términos el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944, y que se someta a aprobación del Senado el contenido del acta 309 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, a cargo del diputado Homero Díaz Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Coahuila con el fin de que se instrumente un programa emergente de empleo en los municipios de Monclova y Saltillo, a cargo del diputado Manuel Ignacio López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a simplificar las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 se duplique el monto de recursos destinados a este fondo, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, que plantea la creación de la comisión especial del impulso al empleo, para revisar el marco jurídico de creación de empleos y para que proponga iniciativas de ley o de reforma a las leyes por las que se creen las condiciones para que se generen nuevas fuentes de empleo, a cargo del diputado Jesús María Ramón Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, relativo a los límites territoriales del Distrito Federal y el estado de México correspondientes al municipio del valle de Chalco Solidaridad y la delegación Tláhuac, así como del municipio de La Paz y la delegación Iztapalapa, a cargo del diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito por el Gobierno y diversas organizaciones de productores del campo, el 28 de abril de 2003, a cargo del diputado Rafael Galindo Jaime, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno mexicano a que ratifique el convenio número 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir su fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto con relación a la reforma política del Distrito Federal, a cargo de la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo relativo a los señalamientos del Auditor Superior de la Federación, para recuperar recursos indebidamente canalizados al Fobaproa, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Efemérides
Sobre el Día Mundial del Hábitat, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.
Sobre el aniversario luctuoso de don Belisario Domínguez Palencia, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dos de octubre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEn el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos treinta diputadas y diputados, a las once horas con veintitrés minutos del jueves dos de octubre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
El Presidente informa del sensible fallecimiento del licenciado José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, diputado federal en las legislaturas cuadragésima quinta, cuadragésima novena, quincuagésima segunda, quincuagésima cuarta y quincuagésima séptima y senador de la República en las legislaturas quincuagésima quinta y quincuagésima sexta, acaecido el primero de octubre de dos mil tres y la Asamblea guarda un minuto de silencio en su memoria.
Comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz, para el Análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada.
El Presidente informa que en el salón de recepción se encuentra el Licenciado Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y designa una comisión para introducirlo al recinto.
Con fundamento en el acuerdo por el que se establecen las bases para las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, aprobado por la Asamblea el dieciocho de septiembre de dos mil tres, la Presidencia concede la palabra para formular sus cuestionamientos a los diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia; y Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; a quienes en su oportunidad da respuesta el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Ejercen el derecho de réplica los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, en lugar del diputado Perdomo Bueno; y González Yánez.
A las doce horas con veintiséis minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos setenta y cinco diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.
Formulan sus cuestionamientos los diputados: Alejandro Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México; María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática; y José Guadalupe Osuna Millán, del Partido Acción Nacional; a quienes en su momento da respuesta el Secretario compareciente.
Ejercen el derecho de réplica los diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, en lugar del diputado Agundis Arias; Padierna Luna; y Osuna Millán.
El diputado Angel Augusto Buendía Tirado, del Partido Revolucionario Institucional, formula sus cuestionamientos y el Secretario de Hacienda y Crédito Público da respuesta.
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaA nombre del Partido Revolucionario Institucional, ejerce el derecho de réplica el diputado Oscar Pimentel González.
Formulan sus cuestionamientos la diputada Minerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Francisco Suárez y Dávila, del Partido Revolucionario Institucional; a quienes el Secretario compareciente da respuesta en su oportunidad.
Ejercen el derecho de réplica la diputada Hernández Ramos y
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl diputado Juan Carlos Pérez Góngora, en lugar del diputado Suárez y Dávila.
Para hacer sus preguntas se concede la palabra a los diputados: Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional; y Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional; a quienes en su momento responde el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Ejercen el derecho de réplica los diputados: Madero Muñoz; y Raúl José Mejía González, en lugar del diputado Hinojosa Ochoa.
El diputado José Rangel Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la palabra para rectificar hechos. El Presidente aclara que el formato aprobado por la Asamblea para las comparecencias no prevé el uso de la palabra con ese objeto.
El Presidente agradece la presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, informa que con fundamento en lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República para su conocimiento y solicita a la comisión designada acompañar al Secretario cuando desee retirarse del salón.
El Presidente informa de la recepción de un oficio de la Cámara de Senadores, por el que remite minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del catorce al veintiuno de octubre de dos mil tres, con objeto de realizar una visita de Estado al Japón y asistir a la décima primera Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Bangkok, Tailandia. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Coahuila, con acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Salud expida la Norma Oficial Mexicana para plomo en polvo y suelos. Se turna a la Comisión de Salud.
Michoacán, con acuerdo por el que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, al Ejecutivo estatal y a otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que se indemnicen todos los daños ocasionados a los municipios de la entidad afectados por los recientes sucesos de inundaciones y desastre natural. Se turna a la Comisión de Gobernación.
El Presidente informa que en el transcurso de la sesión se hará del conocimiento de la Asamblea una comunicación de la Junta de Coordinación Política, con acuerdo que modifica el similar relativo a la integración de las comisiones ordinarias y la conformación de sus mesas directivas, aprobado el treinta de septiembre de dos mil tres.
El Congreso del estado de Nuevo León remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Oficio del Gobernador del Banco de México por el que remite los informes sobre la política monetaria aplicada durante el primer semestre de dos mil tres y sobre la inflación del primero y segundo trimestres de dos mil tres. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y del costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de agosto de dos mil tres. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Eduardo Ovando Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo tercero al Título Segundo de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
El diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, presenta iniciativa con proyecto de Ley de Deuda Pública del Distrito Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal.
Minutas de la Cámara de Senadores:
Una, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Japón.
Cinco, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los ciudadanos Martha María Sahagún Jiménez, Gonzalo Bernardino Durán Valdés, Jesús Álvarez Pérez, Sergio Sotelo Bustos y Jaime Enrique Inocencio García Amaral, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por los gobiernos del Japón y de las repúblicas del Perú, Federativa del Brasil, Popular China y Federal de Alemania, respectivamente.
Tres, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a nueve ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Una, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a cuatro ciudadanos para prestar servicios en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora, y en Guadalajara, Jalisco.
La Asamblea dispensa todos los trámites a las minutas en votación económica y sin que motiven discusión se aprueban los proyectos de decreto respectivos por trescientos setenta y siete votos en pro, ninguno en contra y quince abstenciones. Pasan al Ejecutivo para los efectos consti- tucionales.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura de la comunicación de la Junta de Coordinación Política, con acuerdo que modifica el similar relativo a la integración de las comisiones ordinarias y la conformación de sus mesas directivas, aprobado el treinta de septiembre de dos mil tres. Se aprueba en votación económica.
La Secretaría da lectura a una fe de erratas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con integrantes de ese grupo parlamentario en la Comisión de Relaciones Exteriores. Se aprueba en votación económica.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Gonzalo Alemán Migliolo, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que cumpla con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha tres de enero de dos mil tres, expedido para beneficiar la situación fiscal del sector primario y apoyar a los sectores agrícola, ganadero, silvícola, pesquero y a las personas relacionadas con los mismos y solicita trámite de urgente resolución. Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña
La Asamblea considera el asunto de urgente resolución. Hablan en pro los diputados: Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, del Partido Acción Nacional; y Pascual Sigala Páez, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a los gobiernos federal y estatales a que instrumenten un plan de desarrollo estratégico de la educación normalista. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que realicen investigaciones en relación con la muerte de delfines en la Paz, Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Habla al respecto el diputado Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática.
Carlos Blackaller Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, para crear la Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Hablan sobre el tema los diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia; Rogelio Franco Castán, del Partido de la Revolución Democrática; Mario Carlos Culebro Velasco, del Partido Revolucionario Institucional; Rocío Guzmán de Paz, del Partido Acción Nacional; y Marco Antonio Torres Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal a fin de que se otorgue una reducción en las tarifas eléctricas para uso domésticos a los adultos mayores. Se turna a la Comisión de Economía.
Hablan sobre el tema las diputadas: Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional; y Carla Rochín Nieto, del Partido Acción Nacional. Contesta alusiones personales el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. Rectifican hechos los diputados: Pablo Alejo López Núñez, del Partido Acción Nacional; y Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática,
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoQuien acepta interpelación del diputado Armando Rangel Hernández, del Partido Acción Nacional.
José Lamberto Díaz Nieblas, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua, a fin de que liberen los recursos solicitados por el gobierno del estado de Sonora, para abordar la sequía en esa entidad federativa y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así lo considera en votación económica. Hablan en pro los diputados: José Irene Alvarez Ramos, del Partido Acción Nacional; y José Luis Cabrera Padilla, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados a que consideren la posibilidad de revisar los ordenamientos jurídicos relacionados con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Justicia y Derechos Humanos y de Equidad y Género.
Juan Pérez Medina, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar se investigue a la empresa Carbontec, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la Isla de Cayacal, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Gelacio Montiel Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Ejecutivo Federal el cumplimiento del decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Fernando Ulises Adame de León, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la problemática de los productores de frijol en el estado de Durango y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así lo considera en votación económica. Hablan en pro los diputados: Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática; y José Isabel Trejo Reyes, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones de procedimiento y la Asamblea, en sendas votaciones económicas, considera suficientemente discutido el asunto y aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese. Rectifica hechos la diputada Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente informa de la recepción de un acuerdo suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios para que la Cámara de Diputados exprese su solidaridad con la Marcha de los Derechos de los Migrantes en los Estados Unidos de América y la Asamblea, en votación económica, aprueba su inclusión en el orden del día. En consecuencia, la Secretaría da lectura al acuerdo. La Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación económica y sin nadie que solicite el uso de la palabra, aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.
En el capítulo de efemérides, hablan sobre el aniversario de los sucesos ocurridos el dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, quien solicita se guarde un minuto de silencio en memoria de los que perdieron la vida en esos acontecimientos y el Presidente informa que atenderá la solicitud al término de los oradores inscritos para el tema; Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional; y Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional. En atención a la solicitud del diputado Padilla Peña, la Asamblea guarda un minuto de silencio.
Se refieren al aniversario de la promulgación de la Constitución de mil ochocientos veinticuatro los diputados: Federico Barbosa Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Emilio Martínez Alvarez, de Conver- gencia; Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática; y Sergio Alvarez Mata, del Partido Acción Nacional.
Para hablar sobre el aniversario luctuoso de Manuel Jesús Clouthier del Rincón, se concede la palabra al diputado Alejandro Higuera Osuna, del Partido Acción Nacional.
Sube a la tribuna la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, para referirse al undécimo aniversario del Día Interamericano del Agua. Hablan sobre el mismo tema los diputados: Francisco Chavarría Valdeolivar, del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Carlos Núñez Armas, del Partido Acción Nacional.
Agotados los asuntos en cartera la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente levanta la de hoy a las veintiuna horas con cuarenta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el martes siete de octubre de dos mil tres, a las once horas.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
El suscrito, diputado federal adscrito a la Segunda Circunscripción, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de la manera más respetuosa lo siguiente:
Primero. Me sea concedida licencia para ausentarme en forma temporal de mi cargo como diputado federal por 45 días naturales a partir del 9 de octubre del presente año.
Segundo. Se sirva realizar los trámites necesarios para la debida aprobación de lo solicitado.
Agradeciendo de antemano la atención a la presente, le envío un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio legislativo.--- San Lázaro, a 6 de octubre de 2003.--- Diputado José Reyes Baeza Terrazas.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDOPrimero. Se concede licencia al diputado José Reyes Baeza Terrazas para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la segunda circunscripción plurinominal, por 45 días, a partir del 9 de octubre.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobados.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.--- Mesa Directiva.
C. Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito comunicar a usted que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, en la sesión celebrada el día de hoy, llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos de este órgano colegiado durante el mes de octubre del presente año, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio, la cual quedó integrada por los siguientes diputados:
Presidenta: Dip. Claudia Esqueda Llanes, Vicepresidente: Dip. Héctor Guijosa Mora, Vicepresidente: Dip. Jesús López Sandoval, Vicepresidente: Dip. José Antonio Arévalo González, Vicepresidenta: Dip. Martha Teresa Delgado Peralta; Secretario: Dip. Gerardo Villanueva Albarrán, Secretario: Dip. Christian Martín Lujano Nicolás; Prosecretaria: Dip. Lourdes Alonso Flores, Prosecretario: Dip. Higinio Chávez García.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.
Recinto Legislativo, a 30 de septiembre de 2003.--- Por la Mesa Directiva: Dip. René Bejarano Martínez (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: De enterado.«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVII Legislatura.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.
Por medio del presente, nos permitimos hacer de su conocimiento que en la sesión ordinaria de la H. XVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California celebrada el 17 de septiembre del año en curso se aprobó el dictamen No. 332, presentado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual este Congreso del estado envía la iniciativa de reforma al artículo 239, punto 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Permítame, señora Secretaria.
Voy a rogar a todos los legisladores tengan la bondad de tomar asiento en sus curules y prestar atención a la lectura de la Secretaria.
Adelante, señora Secretaria.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a 24 de septiembre de 2003.--- Dip. Héctor Edgardo Suárez Córdova (rúbrica), Presidente; Dip. Raquel Avilés Muñoz (rúbrica), Secretaria.»
«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVII Legislatura.--- Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Dictamen No. 332Honorable Asamblea:
La Comisión que suscribe, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 29 y 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; y 61, 62, 63, 110, 115, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, recibió para su estudio, análisis y dictaminación la iniciativa de reforma al artículo 239, punto 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como al artículo 386 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, presentada por el diputado Nicolás Osuna Aguilasocho, misma que se dictamina con base en los siguientes
AntecedentesI.- El día 17 de julio de 2003, el diputado Nicolás Osuna Aguilasocho, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Mesa Directiva de la honorable XVII Legislatura constitucional la iniciativa de reforma en comento.
II.- Recibida que fue la iniciativa en mención, el Presidente de la Mesa Directiva, diputado Héctor Edgardo Suárez Córdova, de acuerdo con la facultad conferida por el artículo 50, fracción II, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, en su momento la turnó a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
III.- Una vez recibida y analizada la iniciativa de referencia, estudiada que fue la misma en todos y cada uno de sus términos, la Comisión que suscribe en cumplimiento con lo previsto en los artículos 62, 63 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, realizó el presente dictamen, bajo los términos siguientes:
Análisis y Estudio de la IniciativaA) Aspectos GeneralesI. Iniciativa de reforma al artículo 239, punto 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como al artículo 386 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California
Del análisis a la exposición de motivos resalta lo aseverado por el exponente en el sentido de que:
``...consideramos legítimo traer ante esta máxima representación popular en el estado, el sentir de un amplio sector de la sociedad bajacaliforniana, que considera necesario revisar las disposiciones que dan lugar a la vigencia de la denominada popularmente como ``ley seca'', que no es otra cosa que la restricción para la venta de bebidas embriagantes en los días previo y de elecciones.
Esta ley, que se considera por muchos un resabio de tiempos ya idos, por la ubicación geográfica de nuestro estado y la naturaleza de destino turístico de sus municipios, necesariamente genera inquietud y preocupación en el sector de servicios orientados al turismo, más aún cuando la fecha de la jornada electoral coincide con días conmemorativos en el país vecino.''
Continúa diciendo que:
``En el caso de nuestro estado, consideramos oportuno abrir un proceso de análisis y reflexión sobre el impacto real de esta medida, y de promover los cambios normativos tanto en el plano federal como local.''
Por lo tanto, para efectos de determinar la viabilidad o inviabilidad de la iniciativa en cuestión, procederemos a estudiar y analizar los ordenamientos legales aplicables al caso, mismos que se transcriben para su mayor comprensión:
II.- Régimen ConstitucionalConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 116.- . . . . . . . . . . . . .
Los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California:
Artículo 27.- Son facultades del Congreso:
I. Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Esto y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así como participar en las reformas a esta Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos;
II. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como proponer la reforma o derogación de unas y de otras;
III a la XXXV. . . . . . . . . . . . .
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California:
Artículo 61. Las comisiones de Dictamen Legislativo, serán las siguientes:
I.- De Legislación y Puntos Constitucionales.
II a la III. . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 63.- Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en el artículo que antecede la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales solicitará a la Dirección de Asuntos Jurídicos Legislativos el estudio y análisis respectivo.
Artículo 116.- Las iniciativas de Ley o Decreto deberán sujetarse a los trámites siguientes:
I.- Dictamen de comisiones;
II.- Discusión; y,
III. Votación.
Artículo 117.- Toda iniciativa deberá presentarse al Presidente del Congreso por escrito y firmada, con su exposición de motivos en la cual exponga su autor o autores las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o económicas que justifican, explican, motivan y dan procedencia a la proposición de creación, reforma, derogación o abrogación de una ley, artículo de la misma o decreto.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 118.- Todas las iniciativas se turnarán por el Presidente del Congreso a las comisiones de dictamen legislativo que corresponda conforme a la presente ley; una vez estudiadas, analizadas y discutidas formularán el dictamen correspondiente, sujetándolo a votación en los términos del artículo 149 de esta ley.
III. Precedente de la presente reformaLa ``ley seca'' o prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes tiene su origen en 1915, cuando el General Plutarco Elías Calles, siendo gobernador del estado de Sonora, ordenó la prohibición de la elaboración y tráfico de bebidas embriagantes como consecuencia de la crisis política y social que en ese entonces se vivía, no sólo en su estado, sino en toda la República Mexicana.
Incluso se habían escenificado asesinatos en debates legislativos y actos públicos, que fueron propiciados por personas que habían ingerido licor, en una lucha por el poder político a través de la violencia, el crimen o la convulsión social, ello originó el establecimiento de reglamentos, leyes de ordenamientos municipales, que todavía tienen vigencia, bajo aquella idea revolucionaria de que en las jornadas políticas de cobertura nacional debían evitarse las bebidas y, por ende, la venta de todo tipo de licores.
B) Aspectos ParticularesI. Intención legislativa
La intención legislativa se hace consistir en la pretensión de derogar la prohibición de apertura de los establecimientos que, en cualesquiera de su giros, expendan bebidas embriagantes el día de la elección y el precedente, contenida en el artículo 239, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la prohibición de venta de bebidas embriagantes el día anterior y el de la elección, prevista en el artículo 386 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California.
II. Análisis y estudio de la iniciativaEn los siguientes cuadros comparativos se vierten los textos vigentes de los preceptos legales propuestos a reformar, así como los planteados por el autor de la iniciativa.
Código Federal de Instituciones y Procedimientos ElectoralesTexto vigente:
Artículo 239.
1. .........
2. El día de la elección y el precedente permanecerán cerrados todos los establecimientos que, en cualesquiera de sus giros, expendan bebidas embriagantes.
Texto propuesto:Artículo 239.
1. ........
2. Derogado.
Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California
Texto vigente:Artículo 386.- El día de la elección y el anterior, no se permitirá la venta de bebidas embriagantes. Las autoridades tomarán las medidas pertinentes para hacer efectiva esta disposición.
Texto propuesto:Artículo 386.- Derogado.
En este sentido, la naturaleza de tal prohibición radica en preservar el orden, asegurar el libre acceso de los electores y garantizar en todo tiempo el secreto del voto, por lo que, de acuerdo con las leyes mencionadas y conforme a lo establecido en el artículo 29, fracción I, de la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del estado de Baja California, se deberán suspender las actividades a que se refiere esta ley en el día anterior y aquel en el que se efectúe una jornada electoral.
Ahora bien, la finalidad de tal medida prohibitiva no es que permanezcan cerrados los establecimientos que venden o permiten el consumo de bebidas alcohólicas, sino que se abstengan de expender bebidas embriagantes en los días ya señalados.
En materia electoral, las disposiciones adquieren gran importancia durante las jornadas electorales, pues de la oportuna y eficaz realización de ellas depende una transparente y verdadera elección de representantes populares; por lo que la prohibición de expender bebidas embriagantes durante el día de la elección y el precedente cobra vital importancia en la jornada electoral, pues para el desenvolvimiento pacífico de la emisión de votos se requiere el respeto y orden que mantengan los electores al momento de emitirlos, ya que si alguno o algunos de ellos se presentan en estado de ebriedad a emitir su voto, el Presidente de la casilla, conforme establece la ley electoral, les negará el acceso a éstas y, consecuentemente, no les entregará la boleta para realizar el voto, originando con ello un enfrentamiento entre los funcionarios de casilla y los electores alcoholizados, situación que en algunos casos se torna crítica. Ahora bien, en nuestra entidad, si bien es cierto que al derogarse la disposición referida por el legislador inicialista, la prohibición de expender bebidas embriagantes el día anterior y el de la elección, el Ejecutivo estatal podrá ejercer la facultad concedida por el artículo 49, fracción III, del código político local y, de esta forma, velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del propio estado para que las elecciones se realicen con la debida armonía.
En este sentido, es oportuno señalar que, acorde con lo establecido por el artículo 117, último párrafo, de nuestra Ley Suprema, al Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados les son concedidas las obligaciones de expedir leyes necesarias para combatir el alcoholismo y preservar la salud física y mental de la población, esto es, se conceden facultades concurrentes a la Federación y los estados para combatir el vicio de la embriaguez.
En este orden, cabe agregar que la prohibición que hoy nos ocupa y es materia de la presente iniciativa, no está basada en lo argüido en el artículo constitucional referido, toda vez que con la prohibición referida, que incluye tan sólo dos días, no se podrá subsanar el problema del alcoholismo en nuestro país o en el estado, para lo cual se desarrollan programas por conducto de las autoridades que regulan dicho tópico.
Dichas medidas restrictivas se han venido dando, tal y como lo expone el legislador, más bien por cuestiones políticas, derivadas de situaciones que se caracterizaban por la posible existencia de encuentros violentos por motivo de las elecciones, pero actualmente existe un mayor desarrollo político y civilidad para emitir los votos, por lo que estas disposiciones, si bien encontraron en su momento una justificación, resultan ya anacrónicas.
En efecto, una muestra de este desarrollo político, como lo señala el inicialista, es el Código Electoral del Distrito Federal, el cual entrará en vigor a partir del primero de octubre de 2003, en el cual se realizó la modificación que desaparece la disposición que contemplaba la materia de la iniciativa en análisis, disposición que entrará en vigor a partir de enero del próximo año.
En otro aspecto del presente análisis, no se debe pasar por alto que la actividad turística que se desarrolla en el país y en nuestro estado es importante, ya que entre los beneficios que aporta a la entidad está el de generar fuentes de empleo y la derrama de recursos económicos.
III. De la propuesta de la Comisión de Legislación y Puntos ConstitucionalesEs oportuno señalar que los diputados integrantes de esta Comisión que suscribe, si bien coincidimos con la pretensión legislativa del autor de la iniciativa, en sesión de fecha 27 de agosto del año en curso consideramos adecuado que inclusive sea reformado el artículo 26, fracción I, de la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del estado de Baja California, que prevé: ``el día anterior y aquel en el que se efectué una jornada electoral de conformidad con las leyes de la materia''; a efecto de que diga: ``en aquellos casos que establezcan las disposiciones federales en materia electoral''. Lo anterior, para lograr un mayor orden, sistematización y congruencia en este ordenamiento, que se ve impactado por la reforma.
Por lo cual cabe señalar que esta Comisión considera que la pretensión del precursor de la iniciativa es procedente a la luz de las diversas disposiciones constitucionales y demás leyes ordinarias, por lo que coincidimos con la derogación de dichas disposiciones.
IV. De los artículos transitoriosPor lo que respecta a los artículos transitorios, se consideran procedentes, ya que son complementarios de aquellos que regulan lo que es materia propia de la ley o decreto, siendo en consecuencia normas anexas, que se agregan al articulado principal y que, al cumplir su propósito quedan sólo como un dato formal histórico, junto a las normas principales permanentes; es oportuno mencionar que sólo se realizaron algunas apreciaciones para darles mayores efectividad.
Una vez realizado el análisis y estudio, a continuación se da cuenta de los razonamientos que llevaron a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a proponer la viabilidad de la iniciativa de reforma, que se exponen en los siguientes
ConsiderandosPrimero.- Es facultad del Congreso del estado resolver sobre las iniciativas de ley, de decreto y acuerdos económicos presentados por los diputados, tal como lo señala el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Segundo.- Dentro de las atribuciones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se encuentra la de conocer los asuntos que están relacionados con las facultades legislativas, acorde con lo previsto por el artículo 61, fracciones III y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California.
Tercero.- El diputado Nicolás Osuna Aguilasocho, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó, con fecha 17 de julio de 2003, ante la Mesa Directiva de la honorable XVII Legislatura constitucional, la iniciativa de reforma al artículo 239, punto 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como al artículo 386 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California.
Cuarto.- Que la iniciativa de reforma en análisis reúne los requisitos que señala el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, consistentes en que sea presentada por escrito y firmada ante el Presidente del Congreso del estado con la exposición de motivos en la que se expongan las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o económicas que justifican, explican, motivan y dan procedencia a la proposición de creación, reforma, derogación o abrogación de una ley o artículo.
Quinto.- El objeto de la iniciativa en mención es derogar los preceptos legales contenidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California (LIPE), que prohíben la venta de bebidas embriagantes tanto el día de las elecciones como el precedente.
Sexto.- El autor de la iniciativa fundamenta su planteamiento en el razonamiento de que la prohibición de expender bebidas embriagantes el día de la elección y el precedente es un resabio de tiempos ya idos, por la ubicación geográfica de nuestro estado y la naturaleza de destino turístico de sus municipios, generando inquietud y preocupación en el sector de servicios orientados al turismo, máxime cuando la fecha de la jornada electoral coincide con días conmemorativos del país vecino.
Séptimo.- La prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes, también conocida como ``ley seca'', tiene su origen en 1915, cuando el General Plutarco Elías Calles, siendo gobernador del estado de Sonora, ordenó la prohibición de la elaboración y tráfico de bebidas embriagantes, como consecuencia de la crisis política y social que en ese entonces se vivía, no sólo en su estado, sino en toda la República Mexicana; incluso se habían escenificado asesinatos en debates legislativos y actos públicos, que fueron propiciados por personas que habían ingerido licor, en una lucha por el poder político a través de la violencia, el crimen o la convulsión social; ello originó el establecimiento de reglamentos, leyes de ordenamientos municipales, que todavía tienen vigencia, bajo aquella idea revolucionaria de que en las jornadas políticas de cobertura nacional debían evitarse las bebidas y, por ende, la venta de todo tipo de licores.
Octavo.- Que una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa en comento podemos determinar que resultan procedentes las reformas por las cuales se derogan el punto 2 del artículo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 386 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, propuestas por el legislador inicialista, ya que no contravienen disposición constitucional federal ni local o algún precepto de ordenamiento ordinario vigente, sino que con ello se permite adecuar dichos ordenamientos a las necesidades y tiempos políticos que se viven actualmente en nuestra sociedad mexicana, además de que nuestra entidad se distingue del resto del país por ser ejemplo de desarrollo político y conciencia cívica de la ciudadanía.
Noveno.- Que esta Comisión, a efecto de que la presente reforma guarde orden, sistematización y congruencia con los demás ordenamientos jurídicos en el estado, considera necesario reformar la fracción I del artículo 26 de la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del estado de Baja California.
Décimo.- Esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales estima la presente iniciativa procedente, en razón del estudio y análisis realizado y por unanimidad de cuatro votos de los diputados presentes, siendo los siguientes: Fernando Jorge Castro Trenti, Ricardo Rodríguez Jacobo, José de Jesús Martín Rosales Hernández y Raúl Felipe Luévano Ruiz.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes puntos
ResolutivosPRIMERO.- Se aprueba la remisión de la iniciativa de reforma al artículo 239, punto 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al honorable Congreso de la Unión, para su correspondiente aprobación y publicación, en su caso, para quedar como sigue:
Artículo 239. ...........1.- ...
2.- Derogado.
TransitoriosArtículo Primero.- La presente reforma entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Aprobada que sea por esta Legislatura del estado la presente iniciativa, por conducto de la Mesa Directiva de esta soberanía envíese formalmente al Congreso de la Unión para su discusión y votación de acuerdo a lo previsto por los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexando el acta del Diario de los Debates que motive, así como el acta de sesiones donde se aprobó y demás constancias que el órgano de dirección considere necesarios para su trámite legislativo.
SEGUNDO.- Se aprueba la reforma al artículo 386 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, para quedar como sigue:
Artículo 386.- Derogado.
TransitorioUnico.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado.
TERCERO.- Se aprueba la reforma a la fracción I del artículo 26 de la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del estado de Baja California, para quedar como sigue:
Artículo 26.- ...I. En aquellos casos que establezcan las disposiciones federales en materia electoral;
II. a III. ...
. . . . . . . . . . . . . . .
TransitorioUnico.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado.
Dado en la Biblioteca ``Héctor Terán Terán'' del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California, a 27 de agosto de 2003.--- Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales: Dip. Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica), Presidente; Dip. Ricardo Rodríguez Jacobo (rúbrica), Secretario; Dip. Raúl Felipe Luévano Ruiz (rúbrica), Vocal; Dip. Enrique Acosta Fregozo (rúbrica), Vocal; Dip. José de Jesús Martín Rosales Hernández (rúbrica), Vocal; Dip. José Alfredo Ferreiro Velasco (rúbrica), Vocal.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El siguiente punto del orden del día es la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la convocatoria de elecciones extraordinarias de diputados federales, a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en el distrito electoral federal 5 del estado de Michoacán y en el distrito electoral federal 6 del estado de Coahuila.
Continúe la Secretaría con la lectura.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Gracias, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Los diputados federales Elba Esther Gordillo Morales, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Barrio Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; y Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Convergencia, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 77, fracción IV, de nuestra Carta Magna, así como al numeral 1 del artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sometemos a la consideración de esta soberanía, solicitando se le pueda dar el trámite de urgente resolución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el siguiente proyecto de decreto por el que se expide la convocatoria a elecciones extraordinarias de diputados federales a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión en el distrito electoral federal 05, del estado de Michoacán, y en el distrito electoral federal 06, del estado de Coahuila, tomando como base las siguientes
ConsideracionesPrimero. Que, según lo establecen los artículos 51 y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se integra por 500 diputados, que son elegidos en su totalidad cada tres años. De ellos, 300 son electos por el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales; y 200 más, electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.
Segundo. Que, de acuerdo con lo anterior y con base en lo previsto en la normatividad electoral aplicable, el 6 de julio de 2003 se llevaron a cabo elecciones federales ordinarias de diputados por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional para integrar la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.
Tercero. Que con fecha 19 de agosto de 2003, la Secretaría General de la Cámara de Diputados fue notificada mediante el oficio SGA-JA-1394/2003, al cual se anexó copia certificada de la sentencia por virtud de la que se anula la elección de diputados de mayoría relativa del distrito electoral federal 06, con sede en Torreón, Coahuila, y como consecuencia se revoca la constancia de mayoría y validez otorgada por el Consejo Distrital respectivo, dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación con relación a los recursos de reconsideración de expedientes SUP-REC-009/2003.
Cuarto. Que el mismo 19 de agosto, la Secretaría General de la Cámara de Diputados fue notificada mediante el oficio SGA-JA-1397/2003, al cual se anexó copia certificada de la sentencia mediante la que se anula la elección de diputados de mayoría relativa del distrito electoral federal 05, del estado de Michoacán, con sede en Zamora, y como consecuencia se revoca la constancia de mayoría y validez otorgada por el Consejo Distrital respectivo, dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativa al recurso de reconsideración de expedientes SUP-REC-034/2003.
Quinto. Que el Instituto Federal Electoral, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 263, párrafo primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, remitió a la Secretaría General de la Cámara de Diputados mediante el oficio PCG/341/03 copia certificada del "Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, y Convergencia, los diputados que por este principio les corresponden", que en su punto sexto señala que la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional, correspondientes a las fórmulas ubicadas en los lugares decimocuarto y décimo de las circunscripciones tercera y quinta, queda sujeta a la condición suspensiva del resultado definitivo, firme e inatacable, de las elecciones federales extraordinarias en los distritos 05 del estado de Michoacán y 06 del estado de Coahuila.
Sexto. Que la LIX Legislatura se integra actualmente por 496 diputados, haciéndole falta para su formación total dos diputados por el principio de mayoría relativa y dos más por el principio de representación proporcional, con sus respectivos suplentes.
Séptimo. Que la Cámara de Diputados está facultada para expedir convocatoria a elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros, según lo previene la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Octavo. Que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 20, numeral 1, que cuando se declare nula una elección, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los 45 días siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral.
Noveno. Que el 28 de agosto de 2003, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los últimos recursos de reconsideración, del total de medios de impugnación interpuestos con motivo de la elección de diputados a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y, en tal virtud, para dar cumplimiento al artículo 174, numeral 1, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicó en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 3 de septiembre de 2003 la certificación de la declaración formal de conclusión del proceso electoral federal ordinario 2002-2003.
Décimo. Que, como consecuencia del punto anterior, a partir del 29 de agosto de 2003, fecha en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la última etapa del proceso electoral, empieza el cómputo de los 45 días que tiene la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria a elecciones extraordinarias.
Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 77, fracción IV, de nuestra Carta Magna, así como al numeral 1 del artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los diputados federales Elba Esther Gordillo Morales, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Barrio Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; y Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Convergencia, sometemos a la consideración de esta soberanía el
Decreto por el que se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión en el distrito electoral federal 05, del estado de Michoacán, y en el distrito electoral federal 06, del estado de CoahuilaArtículo 1. Se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales propietario y suplente a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión en el distrito electoral federal 05, del estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Zamora, y en el distrito electoral federal 06, del estado de Coahuila, con sede en la ciudad de Torreón.
Artículo 2. Las elecciones extraordinarias se celebrarán el domingo 14 de diciembre de 2003, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, y conforme a las disposiciones de la presente convocatoria.
Artículo 3. Los candidatos a diputados propietario y suplente deberán cumplir los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7 y 8 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 4. El Instituto Federal Electoral, conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ajustará los plazos fijados por la ley para las diferentes etapas del proceso electoral, tomando en cuenta la fecha fijada en este decreto para la verificación de la elección extraordinaria.
El propio Instituto publicará oportunamente en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos que adopte conforme a lo previsto en este artículo.
Artículo 5. El periodo de ejercicio constitucional de los diputados federales que resulten electos en los comicios electorales extraordinarios concluirá el 31 de agosto del año 2006.
TransitorioUnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre de 2003.--- Diputados: Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica), coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido Convergencia.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, señora Secretaria.
Antes de dar trámite, se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Sí, señor Presidente.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento se registra la asistencia de 461 diputadas y diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
De conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensan al decreto todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se dispensan todos los trámites.Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de decreto.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Decreto por el que se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en el distrito electoral federal 5 del estado de Michoacán y en el distrito electoral federal 6 del estado de Coahuila.
Artículo primero. Se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales propietario y suplente, a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión en el distrito electoral federal 5 del estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Zamora y en el distrito electoral federal 6 del estado de Coahuila con sede en la ciudad de Torreón.
Artículo segundo. Las elecciones extraordinarias se celebrarán el domingo 14 de diciembre de 2003, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y conforme a las disposiciones de la presente convocatoria.
Artículo tercero. Los candidatos a diputados, propietario y suplente deberán cumplir los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7o. y 8o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo cuatro: El Instituto Federal Electoral, conforme a lo dispuesto por los artículos 20 y 21 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ajustará los plazos fijados por la ley para las diferentes etapas del proceso electoral, tomando en cuente la fecha fijada en este decreto para la verificación de la elección extraordinaria.
El propio instituto publicará oportunamente en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos que adopte conforme a lo previsto en este artículo.
Artículo quinto. El período de ejercicio constitucional de los diputados federales que resulten electos en los comicios electorales extraordinarios, concluirá el 31 de agosto del año 2006.
TRANSITORIO
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 7 de octubre de 2003.--- Diputados: Elba Esther Gordillo Morales, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Barrio Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.»
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora Secretaria.
Está a discusión en lo general el proyecto de decreto.
En virtud de que no hay oradores registrados para discusión en lo general, consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que se estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 15 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Abrase el sistema electrónico por 15 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 436 votos en pro, cero en contra y cuatro abstenciones.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobados en lo general y en lo particular los artículos del proyecto de decreto por 436 votos.Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la convocatoria a elecciones extraordinarias de diputados federales a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión en el distrito electoral federal 5 del estado de Michoacán y en el distrito electoral federal 6 del estado de Coahuila.
Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
En el siguiente punto del orden del día, el señor diputado Alejandro González Yáñez, que tiene dos turnos para iniciativas, ha solicitado dar lectura a las mismas en un solo turno.
Por lo tanto se concede antes el uso de la palabra al señor diputado Luis Maldonado Venegas, del Partido de Convergencia, para presentar una iniciativa que adiciona el numeral 2 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Luis Maldonado Venegas:Con su venia, señor Presidente.
Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar al Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 26, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de MotivosDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de interés público. Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.
Los partidos políticos tienen un papel fundamental en el funcionamiento del sistema democrático, porque situados como están en la zona intermedia entre el operar concreto del gobierno y quehacer disperso de la sociedad, corresponde a ellos organizar a la sociedad, recoger sus aspiraciones, darles forma, canalizarlas, enriquecerlas y presentadas a consideración del poder político
Si bien los partidos se forman para el acceso al poder público, dejan de tener importantes funciones que desempeñar en el Estado democrático. Los partidos son también instrumentos de fiscalización y de control de la función gubernativa, llamados a mantener una permanente actitud crítica sobre los actos del gobierno.
Les corresponde, en este caso, no solamente vigilar el comportamiento de las autoridades públicas, sino también analizar en sus departamentos técnicos y especializados los problemas nacionales en todos los campos, a fin de plantear soluciones alternativas a las que aplica el gobierno.
Los partidos tienen un papel fundamental como legitimadores del sistema político, es decir, los partidos deben promover el establecimiento de procedimientos y de instituciones para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la división de poderes necesaria para lograr la conformación de un sistema democrático.
En congruencia con lo anterior, el artículo 70, párrafo tercero, de la Constitución establece que se determinará la forma y procedimiento para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.
Es importante destacar que en el contenido de la exposición de motivos de la iniciativa de reformas y adiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1977, donde se incorpora al artículo 70 de nuestra Ley Fundamental la figura de los grupos parlamentarios, se establece que la finalidad de la reforma referida es promover una más amplia y diversificada concurrencia en la Cámara de Diputados, de las corrientes de opinión y de las corrientes ideológicas existentes en el país.
De esta manera, el vigente artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece la figura de los grupos parlamentarios, determinando que para su integración requerirán por lo menos cinco diputados o senadores.
Esta cifra, ciertamente arbitraria, incorpora un límite mínimo a la pretendida garantía de libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en las Cámaras, cantidad mínima de legisladores que sólo puede ser resultado de la votación obtenida por cada partido político nacional. En otras palabras, para que un partido político pueda conformar un grupo parlamentario deberá contar cuando menos con cinco diputados o senadores, lo que está en relación directa con el número de votos que haya obtenido el partido político de que se trate.
Ahora bien, en la práctica parlamentaria se presenta el problema, en especial para las fuerzas políticas emergentes o minoritarias, de que si, por cualquier razón, uno o varios diputados dejan de pertenecer al grupo parlamentario, reduciendo su número a menos del mínimo requerido para integrarlo, desaparecería como grupo.
Sin embargo, la disminución en el número de integrantes de un grupo parlamentario a menos del mínimo requerido para su conformación, no debe significar la desaparición de dicho grupo parlamentario, pues éste se integró gracias a haber logrado un determinado número de votos en las elecciones, lo que se traduce en la voluntad y respaldo de los de miles, incluso millones de ciudadanos, por lo que la libre expresión de la corriente ideológica que representan los diputados del partido político de que se trate, debe seguir siendo garantizada, tal y como lo dispone el artículo 70, párrafo tercero, de nuestra Constitución.
Por ello proponemos que se adicione el artículo 26, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que expresamente se garantice la permanencia del grupo parlamentario que se hallare en el supuesto señalado.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable representación la presente
Iniciativa de decreto por el que se adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.Artículo Unico. Se adiciona el artículo 26, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 26.1. ...
2. El grupo parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara. Una vez conformado un grupo parlamentario, conservará dicho estatus, durante el periodo de la Legislatura correspondiente, no obstante que se modifique el número de sus integrantes.
3. ...
Palacio Legislativo, a 2 de septiembre de 2003.--- Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica).
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro González Yáñez, para presentar dos iniciativas: una, que reforma el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la otra, que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Alejandro González Yáñez:Con la venia de la Presidencia; legisladoras y legisladores:
Presentamos ante esta soberanía la propuesta de reforma eléctrica alternativa del Partido del Trabajo.
El artículo 27 constitucional, en virtud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1960, establece a favor de la nación que corresponde a ella generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
Esta disposición constitucional tuvo su origen en la Nacionalización de la Industria Eléctrica que se dio el 27 de septiembre de 1960. Con ello se dispuso la eliminación de la participación de empresas privadas en la industria eléctrica, en virtud de que la actividad industrial la concebían con fines preponderantemente económicos y nunca en la adición de satisfacer una necesidad colectiva que lo era la electrificación del país.
Ya con la obligación a cargo del Estado de prestar el servicio público de energía eléctrica, éste tuvo que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como el organismo que debía prestar el servicio en todo el país, con excepción de la zona centro de la República Mexicana, en donde la Compañía de Luz y Fuerza del Centro prestaba el servicio. Estos dos organismos cumplieron con eficiencia su labor a lo largo de muchos años, sin embargo paulatinamente se fue dejando de reinvertir en el sector y se asfixió financieramente a los organismos.
La Comisión Federal de Electricidad debe pagar anualmente por concepto de aprovechamientos una cantidad sobre el total de sus activos, lo cual representa una enorme sangría. En el año 2002 pagó por este concepto 39 mil 982 millones de pesos y en este año de enero a junio ya ha pagado 20 mil 583 millones de pesos.
Los regímenes neoliberales sostienen la idea de que el Estado no debe ser propietario de empresas públicas. Desde el gobierno de Miguel de la Madrid se han dado procesos de extinción de las entidades paraestatales, quedando en la actualidad sólo algunas, pero las más importantes. Baste señalar que en la relación de entidades paraestatales de la administración pública federal, publicada el 14 de agosto de 2003, a la Secretaría de Energía se encuentran sectorizados 10 organismos públicos descentralizados, de los cuales cinco son de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, otro del Instituto Mexicano del Petróleo y en lo que al sector eléctrico corresponde cuenta tan sólo con la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y el Instituto de Investigaciones Eléctricas.
Estos gobiernos no han tenido la sensibilidad política ni social para entender que los activos de las empresas paraestatales son parte de la riqueza y patrimonio de todos los mexicanos.
En la gestión presidencial de Ernesto Zedillo y en la presente se han sometido a la consideración del Congreso iniciativas de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, en ellas se tiene el propósito de permitir que los particulares intervengan en la generación de energía eléctrica y en su distribución, atentando contra la exclusividad del Estado en la prestación de este servicio público.
Estos gobiernos se han empeñado en decir que buscan no la desincorporación o la venta de estos organismos públicos, sino simplemente abrir al capital privado la construcción y operación de nuevas plantas generadoras de energía; esto es a todas luces una gran mentira, ya que no se han preocupado de otorgar a los organismos públicos los recursos económicos suficientes que les permitan desarrollarse adecuadamente y construir nuevas plantas.
Ante el embate de las ideas neoliberales y el empecinamiento del Gobierno de impulsar reformas estructurales que son concebidas como una forma de malbaratar la riqueza del país, el grupo parlamentario el Partido del Trabajo somete a su consideración la siguiente iniciativa de reformas a la parte final del sexto párrafo del artículo 27, que tiene el propósito de ser más categórico en lo que en sí mismo la Constitución establece, ya que proponemos que bajo ninguna condición o modalidad los particulares puedan obtener permisos para participar en las actividades propias de la industria eléctrica.
Los mexicanos debemos ser muy cuidadosos en la defensa del patrimonio de la nación, no nos debemos dejar embaucar por el "Canto de las Sirenas" que señalan que con una participación de los particulares en el sector eléctrico, el servicio será prestado con mayor eficiencia. Debemos tener presentes las experiencias internacionales, incluso en el estado de California en Estados Unidos de América, en donde la empresa Enron no sólo quebró, sino que defraudó a sus accionistas.
Es por ello que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo sostiene, que antes que pretender abrir las puertas al capital privado en el sector eléctrico, es mejor inyectar recursos financieros frescos a los organismos públicos que presten este servicio para que estén en posibilidades de invertir en el desarrollo de nuevas plantas que garanticen a los mexicanos la prestación del servicio público de energía eléctrica de manera eficiente y oportuna.
Compañeras y compañeros legisladores, hoy más que nunca la riqueza de la nación debe de ser de todos, no permitamos que bajo el pretexto de la incapacidad financiera del Gobierno se pierda la riqueza y el futuro de millones de mexicanos, defendamos hoy el patrimonio de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos a consideración de este Pleno:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución para quedar como sigue:
"Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se otorgarán concesiones ni permisos a los particulares, sean éstos personas físicas o morales y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que requieran para dichos fines".
La iniciativa que hoy sometemos a su consideración, tiene el propósito de salvaguardar los principios y disposiciones constitucionales previstas en los artículos 25, 27 y 28 de nuestra norma suprema.
En materia de desarrollo de la industria eléctrica nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, el Gobierno mexicanos, particularmente en la pasada administración y en los tres años que van de la actual gestión presidencial, ha estado sosteniendo el mito de que para que el sector energético nacional se desarrolle, los particulares deben participar en esta tarea.
El paradigma neoliberal se concibe en la tesis de que el Estado no debe de participar en la economía como propietario, a fin de cuentas, esta doctrina lo que pregona es la privatización de la riqueza pública y socializar las pérdidas privadas.
Los ejemplos de los rescates bancario y carretero son una muestra cercana y fehaciente, por eso el PT hoy, aquí ante ustedes señala, que el debate no es más o menos Estado; el asunto es respetar la Constitución y eliminar todas las maniobras legales que a través de leyes secundarias puedan darse.
La nacionalización de la industria eléctrica con la compra de los títulos accionarios de las empresas que hasta ese momento eran privadas, se dio porque las empresas privadas en el país, no realizaban su actividad para la satisfacción de las necesidades sociales, puesto que su móvil principal era la obtención de utilidades.
Fue el Presidente Adolfo López Mateos quien sometió a la consideración del Senado esa iniciativa, fue aprobada por el Constituyente el 29 de diciembre de 1960. Esto es, las áreas estratégicas de la economía, la de electricidad en particular, únicamente pueden ser desarrolladas o explotadas por el Estado.
Como se ha podido apreciar, las disposiciones constitucionales citadas en los artículos 27 y 28 establecen a favor de la nación el desarrollo del sector eléctrico es por ello que los diputados integrantes del grupo parlamentario del PT consideramos que las reformas introducidas en 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica deben ser derogadas porque todas establecen las posibilidades de entrada de organismos privados.
El PT considera que el sector eléctrico del país tiene la capacidad operativa para seguir desarrollando el sector adecuadamente. Los trabajadores de estos organismos día a día se comprometen en esta gran tarea; dependerá de esta Cámara de Diputados seguir defendiendo esta empresa histórica de las mexicanas y los mexicanos.
Por ello, proponemos que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro sean sujetas a un trato fiscal justo, que les permita reinvertir en el desarrollo del sector.
Se ha seguido la estrategia deliberada de debilitar a la Comisión Federal de Electricidad mediante los esquemas de reducir la inversión pública en dicha empresa e imponerle una onerosa carga fiscal anual bajo el rubro de "aprovechamientos" en la Ley de Ingresos de la Federación.
Este proceso de debilitamiento se ha expresado de la siguiente manera:
La inversión pública presupuestaria destinada a la Comisión Federal de Electricidad, medida a precios constantes de 2003 ha descendido en un 47.8% al pasar de 20 mil 571 millones de pesos que tenía en 1997, a 10 mil 902 millones de pesos en el 2003 en tanto que la inversión de la CFE financiada por el sector privado mediante el esquema de Pidiregas creció en ese mismo lapso en 288%.
En contraste con lo anterior, el monto de recursos que la Comisión Federal de Electricidad aporta al Erario Público por concepto de aprovechamientos representa más de la tercera parte de esos ingresos por venta de energía.
Por lo que respecta a la transferencia de subsidios del Gobierno Federal a la CFE, éstos han decrecido abruptamente al pasar de 1983 a 2002 a una disminución del 43.2%.
Los pasivos internos y externos de la CFE también se han convertido en un lastre para ampliar su infraestructura productiva.
Consideramos que con la derogación del esquema fiscal de aprovechamientos que se aplica a la CFE en los pasados tres años, ha representado en promedio 40 mil 121 millones de pesos anuales; con esto habría recursos públicos para financiar la modernización y expansión de la industria eléctrica.
El diferencial de inversión así obtenido se cubriría con la obtención de recursos públicos mediante el combate a la evasión fiscal con la aplicación de un gravamen al capital financiero especulativo y con los recursos liberados mediante una renegociación de la deuda pública tal y como lo ha planteado el Partido del Trabajo en su agenda económica para el desarrollo de México.
Se nos ha dicho que las empresas privadas son eficientes y que ahí no hay corrupción.
Basta tan sólo ver el ejemplo de la compañía Enron en el Estado de California en Estados Unidos, para darnos cuenta que esta tesis no es correcta. Las empresas privadas no son del todo eficientes, no son del todo honradas y lo único que los mueve es el lucro, la ganancia y la obtención de utilidades.
De cuándo acá se presenta la burguesía rapaz como salvadora de las industrias nacionales cuando son ellas las que han acumulado riqueza a manos llenas y han sumido a la pobreza naciones enteras.
Es por eso que ha llegado la hora de defender a la Comisión Federal de Electricidad, a Luz y Fuerza del Centro, a la Industria Eléctrica Mexicana.
Tenemos ante nosotros uno de los mayores retos de la historia, estar a favor de México o estar con los vendepatrias, estar contra los que están en contra de la historia; esta Cámara, esta soberanía, debe de marcarse por una decisión legal, democrática, patriótica, histórica, la industria eléctrica en manos mexicanas para los mexicanos.
Atentamente.
Grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputados: Pedro Vázquez, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Azaldúa, Joel Padilla Peña, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Oscar González Yáñez y el de la voz.
Es cuanto, señor Presidente.
«Iniciativa que reforma el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia eléctrica, presentada por el diputado Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT.
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
Exposición de MotivosEl artículo 27 constitucional, en virtud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1960, establece en favor de la nación que corresponde a ella "generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".
Esta disposición constitucional tuvo su origen en la nacionalización de la industria eléctrica que se dio el 27 de septiembre de 1960, con ello se dispuso la eliminación de la participación de las empresas privadas en la industria eléctrica, en virtud de que la actividad industrial la concebían con fines preponderantemente económicos y nunca en la visión de satisfacer una necesidad colectiva que era la electrificación del país.
Ya con la obligación a cargo del Estado de prestar el servicio público de energía eléctrica, éste tuvo que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como el organismo que debía prestar el servicio en todo el país, con excepción de la zona centro de la República Mexicana, donde la Compañía de Luz y Fuerza del Centro prestaba el servicio.
Esos dos organismos cumplieron con eficiencia su labor a lo largo de muchos años. Sin embargo, de manera paulatina se fue dejando de reinvertir en el sector y se asfixió financieramente a los organismos.
La Comisión Federal de Electricidad debe pagar anualmente por concepto de aprovechamientos una cantidad sobre el total de sus activos, lo cual representa una enorme sangría. En 2002 pagó por ese concepto 39 mil 982 millones de pesos, y en este año, de enero a junio, ha pagado 20 mil 583 millones de pesos.
Los regímenes neoliberales sostienen la idea de que el Estado no debe ser propietario de empresas públicas. Desde el gobierno de Miguel de la Madrid se han dado los procesos de extinción de las entidades paraestatales; quedan en la actualidad muy pocas. Baste señalar que en la relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal publicada el 14 de agosto de 2003, a la Secretaría de Energía se encuentran sectorizados 10 organismos públicos descentralizados, 5 de los cuales son de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, otro el Instituto Mexicano del Petróleo y por lo que al sector eléctrico corresponde sólo la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y el Instituto de Investigaciones Eléctricas.
Estos gobiernos no han tenido la sensibilidad política suficiente para entender que los activos de las empresas paraestatales son parte de la riqueza y el patrimonio de todos los mexicanos.
En la gestión presidencial de Ernesto Zedillo y en la presente se han sometido a la consideración del Congreso iniciativas de reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales. En ellas se tiene el propósito de permitir que los particulares intervengan en la generación de energía eléctrica y en su distribución, atentando contra la exclusividad del Estado en la prestación del servicio público.
Estos gobiernos se han empeñado en decir que buscan no la desincorporación o la venta de esos organismos públicos sino, simplemente, abrir al capital privado la construcción y operación de nuevas plantas generadoras de energía.
Eso es a todas luces una gran mentira, ya que no se han preocupado por otorgar a los organismos públicos recursos económicos suficientes que les permitan desarrollarse adecuadamente y construir nuevas plantas.
Ante el embate de las ideas neoliberales y el empecinamiento del gobierno de impulsar reformas estructurales que no son concebidas sino como la forma de malbaratar la riqueza del país, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a su consideración la presente iniciativa de reformas a la parte final del sexto párrafo del artículo 27, que tiene el propósito de ser más categóricos en lo que de suyo la Constitución establece, ya que proponemos que jamás, bajo ninguna condición o modalidad, los particulares puedan obtener permisos para participar en las actividades propias de la industria eléctrica.
Los mexicanos debemos ser muy cuidadosos en la defensa del patrimonio de la nación. No debemos dejarnos embaucar por el canto de las sirenas que señalan que, con una participación de los particulares en el sector eléctrico, el servicio será prestado con mayor eficiencia y más barato.
Debemos tener presentes las experiencias internacionales. Incluso en California, en Estados Unidos de América, la empresa Enron no sólo quebró sino que defraudó a sus accionistas.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo sostiene que, antes que pretender abrir las puertas al capital privado en el sector eléctrico, es mejor inyectar recursos financieros frescos a los organismos públicos que prestan el servicio para que estén en posibilidades de invertir en el desarrollo de nuevas plantas que garanticen a los mexicanos la prestación del servicio público de energía eléctrica de manera eficiente y oportuna.
Compañeras y compañeros legisladores: hoy más que nunca la riqueza de la nación debe seguir siendo de todos.
No permitamos que, con el pretexto de la incapacidad financiera del gobierno, se pierdan la riqueza y el futuro de millones de mexicanos.
Defendamos hoy el patrimonio de todos los mexicanos.
Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:Artículo Primero. Se reforma el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 27.......
...
...
...
"... Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se otorgarán concesiones ni permisos a los particulares, sean éstos personas físicas o morales, y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines."
...
TransitorioUnico.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a los siete días del mes de octubre del año dos mil tres.--- Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica), Francisco A. Espinosa Ramos (rúbrica).»
«Iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgar a la CFE, y Luz y Fuerza del Centro un trato fiscal que les permita reinvertir en el desarrollo del sector, presentada por el diputado alejandro gonzalez yañez, del grupo parlamentario del PT.
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo la siguiente
Exposición de MotivosLa iniciativa que hoy sometemos a su consideración tiene el propósito de salvaguardar los principios y disposiciones constitucionales previstas en los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Norma Suprema.
En materia de desarrollo de la industria eléctrica nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno mexicano, particularmente en la pasada administración y en los tres años que van de la actual gestión presidencial, han estado sosteniendo el mito de que para que el sector energético nacional se desa-rrolle, los particulares deben participar en esta tarea, además manejan la ficción de que las empresas públicas son por naturaleza ineficientes y corruptas.
El paradigma neoliberal se concibe en la tesis de que el Estado no debe participar en la economía como propietario de empresas, ya que esto se convierte en una interferencia de los mercados. Sin embargo es menester recordar los graves conflictos que se han dado en países en donde los activos nacionales han sido prácticamente dilapidados, la República de Argentina es ejemplo reciente de esta situación.
A fin de cuentas lo que estas doctrinas económicas pregonan es la de privatizar la riqueza pública y socializar las pérdidas privadas. Los ejemplos de los rescates bancarios y carreteros son una muestra cercana y fehaciente de ello.
Por eso el grupo parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de la necesidad de que se dé un cabal cumplimiento a nuestras normas constitucionales en materia de la prestación del servicio público de energía eléctrica, habida cuenta de que la propiedad de la nación sobre estas actividades no son sino la síntesis de la lucha del Estado por reafirmar su dominio sobre una serie de ramas económicas de interés público.
Aquí no se trata de más o de menos Estado. El asunto es respetar la Constitución y de eliminar los subterfugios legales que a través de leyes secundarias se han dado para burlar las disposiciones de la Norma Primaria.
El 27 de septiembre de 1960 se dio la nacionalización de la industria eléctrica con la compra de los títulos accionarios de las empresas que hasta ese momento eran privadas. Esta situación se dio porque las empresas privadas que operaban en el país no siempre realizaban su actividad para la satisfacción de las necesidades sociales, puesto que su móvil principal es la obtención de utilidades y no la de cubrir las necesidades colectivas, ejemplo de ello lo fue la Compañía de Luz de México, que en la década de los cincuenta estableció restricciones, al grado de que no permitía que se instalara un pequeño motor para la industria; tampoco permitía que el alumbrado público de la ciudad se estableciera durante todo el tiempo necesario sino que recurría al procedimiento de los apagones.
El martes 25 de octubre de 1960, el entonces Presidente de la República, Adolfo López Mateos, sometió a la consideración del Senado de la República una iniciativa que adicionaba el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma planteada consistía en sustituir el régimen de concesiones a particulares, para generar, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica al país, que tenga por objeto la prestación de servicios públicos, por otro en el que el Estado explotara y aprovechara los recursos naturales para la industria eléctrica con fines de beneficio colectivo.
Aprobada por el Constituyente Permanente, esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1960, entrando en vigor al día siguiente.
La adición en comento establecía: "corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto, la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgaran concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".
Como vemos, la disposición constitucional es perfectamente clara en cuanto a la exclusividad del Estado en la realización de las actividades que se señalan y en la imposibilidad de otorgar concesiones para que los particulares puedan intervenir en el desarrollo de la industria eléctrica.
En complemento a lo anterior, en el artículo 28 constitucional se establece en el párrafo cuarto "que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas, entre otras se hace referencia a la electricidad", actividad que quedó incluida en virtud de la reforma al artículo 28, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983 y que entró en vigor al día siguiente.
Sobre este particular, es necesario destacar que la reforma constitucional a la que se alude estableció el concepto de áreas estratégicas de la economía, en las que lista toda una serie de actividades que por ser conceptualizadas como estratégicas; su desarrollo corresponde con carácter de exclusividad a la nación; además, en el párrafo sexto de dicho artículo 28 se estableció que "el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado".
Esto es, las áreas estratégicas de la economía, la de electricidad en particular, únicamente pueden ser desarrolladas o explotadas por el Estado a través de los organismos públicos descentralizados que, para ese fin, sean creados por ley del Congreso o por decreto del Ejecutivo federal, según establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 3°, fracción I, en relación con el artículo 45 del mismo ordenamiento, a saber estos organismos públicos descentralizados son: Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.
También la propia Constitución General de la República establece, en el artículo 73, fracción X, como facultad del Congreso de la Unión la de legislar, entre otras actividades, en materia de energía eléctrica y nuclear, y en la fracción XXIX, numeral 5, para crear impuestos especiales, entre otras materias, sobre energía eléctrica.
Compañeras y compañeros legisladores:
Como se ha podido apreciar, las disposiciones constitucionales citadas en los artículos 27 y 28 establecen a favor de la nación el desarrollo del sector eléctrico, a través de los organismos descentralizados que para ese fin han sido creados. Además, en el artículo 73 se reconoce la atribución del Congreso de la Unión para legislar en materia de energía eléctrica.
Por ello, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que las reformas introducidas en 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y que se contienen en los artículos 3°, 36, 36 Bis, 37, 38, 40 y 46; así como los artículos 2° y 3° de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y las fracciones V y VII del artículo 33 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, contravienen directamente lo preceptuado en los artículos 25, 27, y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que establecen la posibilidad de que los particulares, a través de la figura del permiso, participen en la generación y venta, en su caso, de energía eléctrica, con lo cual se atenta contra las disposiciones de la Norma Primaria.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que el sector eléctrico del país tiene la capacidad operativa para seguir desarrollando el sector adecuadamente, los trabajadores de estos organismos día a día se comprometen en la tarea que tienen encomendada, sin embargo, el propio gobierno, y en esto la Cámara de Diputados es parte, se ha desatendido de la responsabilidad de fortalecer financieramente a las empresas del sector, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad no sólo no se le otorgan los recursos presupuestales suficientes, sino que a través de lo que se establece en el artículo 46 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, la Comisión está obligada al pago de un aprovechamiento al Gobierno Federal por los activos que utiliza para prestar el servicio de energía eléctrica.
Esto significa que, en complemento a las obligaciones tributarias de la Comisión Federal de Electricidad, y de las otras fuentes de ingresos federales, la Comisión debe pagar un aprovechamiento por el valor de sus activos, situación que, si ocurriera con cualquier empresa privada, simplemente haría que la actividad que se desarrolle no sea rentable.
Por ello, proponemos que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro sean sujetos de un trato fiscal más justo que les permita reinvertir en el desarrollo del sector.
Se ha seguido la estrategia de debilitar a la Comisión Federal de Electricidad, mediante los esquemas de reducir la inversión pública en dicha empresa, e imponerle una onerosa carga fiscal anual bajo el rubro de "aprovechamientos" en la Ley de Ingresos de la Federación. Este proceso de debilitamiento se ha expresado de la siguiente manera:
a) La inversión pública presupuestaria destinada a la CFE medida a precios constantes de 2003 ha descendido en 47.8 por ciento, al pasar de 20 mil 571.5 millones de pesos que tenía en 1997 a 10 mil 902.7 millones de pesos en 2003. En tanto que la inversión de la CFE, financiada por el sector privado mediante el esquema de las Piridegas creció en ese mismo lapso 288 por ciento, al pasar de 6 mil 506.4 millones de pesos constantes de 2003 a 25 mil 247.8 millones de pesos.
b) Dentro del total de generación neta de energía eléctrica, el porcentaje de las empresas privadas pasó de 7.2 por ciento en 1990 a 21.3 por ciento a mayo del 2003. Entre las empresas privadas extranjeras que mayor participación tienen en la generación de energía eléctrica se encuentran las empresas españolas Iberdrola y Unión Fenosa, así como la japonesa Mitsubishi.
c) En contraste con lo anterior, el monto de recursos que la CFE aporta al erario público por concepto de aprovechamientos representa más de la tercera parte de sus ingresos por venta de energía. Por ejemplo, en 2000 el monto que aportó por aprovechamientos fue de 38 mil 820 millones de pesos, en tanto que sus ingresos por ventas de energía fueron de 101 mil 222.2 millones de pesos. En 2001, la aportación fue de 40 mil 712 millones de pesos, mientras que sus ingresos por ventas de energía sumaron 107 mil 88.2 millones de pesos. En 2002 representaron 39 mil 982 millones de pesos, en tanto que las ventas fueron de 118 mil 116.1 millones de pesos. En 2003, de enero a junio, ya se habían desembolsado 20 mil 583 millones de pesos, mientras que las ventas representaron 65 mil 904.4 millones de pesos, por lo que la tendencia superará lo equivalente a 2002.
d) Por lo que respecta a la transferencia de subsidios del Gobierno Federal a la CFE, éstos han decrecido abruptamente al representar en 1983 el 43.2 por ciento de las transferencias al subsector eléctrico, mientras que en 2002 sólo alcanzaron 13.4 por ciento. Incluso entre 1991 y 1994 no hubo transferencias para este subsector.
e) Los pasivos internos y externos de la CFE también se han convertido en un lastre para ampliar su infraestructura productiva. Al 30 de junio de 2003 su deuda interna era de 561.1 millones de dólares, mientras que su deuda externa fue de mil 722.1 millones de dólares. En lo que va del presente año ha colocado por la vía de la emisión de certificados bursátiles en el mercado de valores la cantidad de 663.3 millones de dólares.
Las consideraciones anteriores dan cuenta del sistemático debilitamiento de la CFE y de la industria eléctrica en general, por parte de todos aquellos que han persistido en la privatización de esta industria estratégica.
Es falso que no haya otra vía para desarrollar la industria eléctrica más que la apertura a la inversión privada nacional y extranjera. Los propios datos oficiales muestran la viabilidad de financiar dicho desarrollo con recursos públicos, de tal manera que la electricidad siga siendo una parte fundamental del patrimonio estratégico de todos los mexicanos.
Con la derogación del esquema fiscal de aprovechamiento que se aplica a la CFE, que en los pasados tres años, de 2000 a 2003, ha representado en promedio 40 mil 121 millones de pesos anuales, se contaría con los recursos públicos para financiar la modernización y expansión de la industria eléctrica.
Esto se corresponde con la proyección gubernamental de que para los próximos 10 años se necesitará una inversión total de 560 mil millones de pesos, es decir, 56 mil millones de pesos anuales.
El diferencial de inversión así obtenido se cubriría con la obtención de recursos públicos mediante el combate a la evasión fiscal, con la aplicación de un gravamen al capital financiero especulativo, y con los recursos liberados mediante una renegociación de la deuda pública, tal y como ha planteado el Partido del Trabajo en su propuesta de "la vía social" para el desarrollo económico de México.
Se nos ha dicho que las empresas privadas son eficientes y que ahí no hay corrupción, basta tan sólo con ver el ejemplo de la Compañía Enron, en el estado de California, Estados Unidos de América para darnos cuenta de que esta tesis no es correcta, que en las empresas privadas no todo es eficiencia, no todo es honradez y que lo único que las mueve es la obtención de utilidades.
La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro han demostrado históricamente su compromiso con México, por ello y porque nuestra Norma Fundamental establece con carácter de exclusividad que corresponde a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
Además, el artículo 28 establece en el cuarto párrafo que el sector eléctrico es un área estratégica de la economía y que su explotación corresponde al Estado, por medio de los organismos y empresas que se requieran.
Proponemos que, en virtud de que en nuestra iniciativa se plantea la derogación de las disposiciones legales que hasta el momento están vigentes y que permiten la participación de particulares en las modalidades que se prevén en el artículo 3° de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, una vez que sean aprobadas las disposiciones materia de la presente iniciativa, las instalaciones de las empresas privadas que hasta el momento cuentan con permiso para realizar esas actividades, sean expropiadas a favor de la nación y transferidas a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro, según corresponda para que dichos bienes sean aprovechados en la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica, que con exclusividad corresponde a la nación.
Compañeras y compañeros diputados:
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como siguen:
Artículo Primero.- Se derogan las fracciones I a IV del artículo 3°; se deroga el artículo 36; se derogan las fracciones III y IV del artículo 36 Bis, se derogan los artículos 37 y 38; se derogan las fracciones V y VI del artículo 40, y se deroga el artículo 46 de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como siguen:
Artículo 3.No se considera servicio público:
I. a IV. Se derogan
V. ...
Artículo 36. Se deroga
Artículo 36 Bis....
I. y II. ...
III. Derogada
IV. Derogada
V. ...
Artículo 37. Derogado
Artículo 38. Derogado
Artículo 40....
I. a IV. ...
V. Derogada
VI. Derogada
VII. ...
Artículo 46. Derogado
Artículo Segundo.- Se derogan las fracciones II y III del artículo 2°; se deroga la fracción XII del artículo 3° de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para quedar como siguen:
Artículo 2....
I. ...
II. Derogada
III. Derogada
IV. a VII. ...
...
...
Artículo 3....
I. a XI. ...
XII. Derogada
XIII. a XXII. ...
Artículo Tercero.- Se derogan las fracciones V y VII del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 33....
I. a IV. ...
V. Derogada
VI. ...
VII. Derogada
VIII. a XII. ...
TransitorioUnico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre del año 2003.--- Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica) y Francisco A. Espinosa Ramos (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
De las dos iniciativas, la primera que reforma el párrafo sexto, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.La que deroga diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se turna a las comisiones unidas de Energía y de Gobernación.
Continué la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-3-4, de fecha 4 de septiembre del año en curso, signado por las CC. secretarias de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número CGPC/985/03, suscrito por la C. Lic. María del Carmen Segura Rangel, coordinadora general de Protección Civil de esta secretaría, por el que da contestación al punto de acuerdo por el que se solicita la liberación de los recursos necesarios a cargo del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender las contingencias y los daños en los municipios y las comunidades afectados por el huracán Ignacio en Baja California Sur, presentado por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
México, DF, a 30 de septiembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Coordinación General de Protección Civil.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.
Me refiero a su atento oficio número SEL/300/ 2150/03, con el que comunica el punto de acuerdo de la H. Cámara de Diputados por el cual solicita que la Secretaría de Gobernación agilice el otorgamiento de los recursos del Fonden para atender las contingencias ocasionadas por el paso del huracán Ignacio en Baja California Sur.
Al respecto, con fundamento en el numeral 31 de las Reglas de Operación del Fonden, la Secretaría de Gobernación emitió las declaratorias de emergencia el 23 y 26 de agosto de 2003, con lo cual se activa el fondo revolvente.
Esos recursos están destinados a la etapa o fase de emergencia, cuya finalidad es la protección de la vida, la salud, la alimentación, el suministro de agua potable y el albergue temporal para la población.
La Coordinación General de Protección Civil inició, junto con las autoridades de Baja California Sur y las dependencias federales, los trabajos preventivos a fin de salvaguardar la seguridad de la población. Esto fue posible antes que el huracán Ignacio tocara tierra. A la fecha, en forma estimativa, se han erogado en la emergencia 17 millones de pesos del fondo revolvente.
La atención de la Secretaría de Gobernación y de las dependencias federales y estatales en esta etapa fue inmediata y los recursos, como se mencionó, estuvieron disponibles desde el momento en que la Coordinación General de Protección Civil emitió la declaratoria de emergencia.
La etapa de recuperación la llevan a cabo todas las dependencias responsables, federales, estatales y municipales. Es inmediata en función de la capacidad de respuesta operativa y financiera de cada organismo y dependencia.
Con base en el numeral 40 de las mencionadas reglas, se emitió la declaratoria de desastre natural el 29 de agosto. Ese acto permite el acceso a los recursos económicos del Fonden destinados a la reconstrucción de la infraestructura pública de los tres órdenes de gobierno, dañada por el huracán Ignacio, así como de la vivienda de la población de bajos ingresos.
En seguimiento de las Reglas de Operación del Fonden (numerales 43 a 60), se instaló en la ciudad de La Paz el Comité de Evaluación de Daños el 1 de septiembre, obteniéndose los resultados de ese comité el 9 del mismo mes.
La estimación de los daños por sector y los recursos financieros necesarios para reparar las viviendas, mitigar las pérdidas de los activos productivos y reconstruir la infraestructura pública asciende a 195 millones de pesos.
La aportación económica, como establecen las Reglas de Operación, será por parte de la Federación de 146 millones de pesos, equivalentes a 75 por ciento; y por parte del gobierno de Baja California Sur, de 49 millones de pesos, equivalentes a 25 por ciento.
Es importante señalar que la etapa de reconstrucción tiene su propia dinámica; es diferente de la de emergencia por sus propias características. Esta fase requiere más tiempo por la evaluación de los daños, el trámite de los recursos del Fonden, la radicación de éstos en las dependencias federales para la reparación de sus propios activos instalados en la zona de desastre, así como la entrega del subsidio federal al gobierno de Baja California Sur.
Los tiempos máximos están establecidos en las Reglas de Operación del Fonden, las cuales establecen los mecanismos para que las dependencias federales soliciten anticipos de recursos financieros con cargo al Fonden para dar inicio a la reparación, reconstrucción y, en su caso, reubicación de las viviendas de la población objetivo del programa, así como lo más urgente de la infraestructura pública.
El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, da cabal seguimiento a las acciones de atención a la población en Baja California Sur.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
México, DF, a 25 de septiembre de 2003.--- Lic. María del Carmen Segura Rangel (rúbrica), Coordinadora General.»
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Remítase copia a la Comisión de Gobernación y al promovente para su conocimiento. Continúe.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.--- Mesa Directiva.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente.
México, DF, a 2 de octubre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LIX Legislatura.--- PVEM.
Iniciativa con proyecto de decreto, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Gloria Lavara Mejía, Sara Isabel Castellanos Cortés, Verónica Velasco Rodríguez, Jorge Emilio González Martínez y Emilia Patricia Gómez Bravo, senadores de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente iniciativa de ley, con base en la siguiente
Exposición de MotivosLa contaminación hídrica y atmosférica, sin menospreciar la que afecta negativamente otros recursos naturales, es un problema que podría generar grandes consecuencias negativas a la sociedad, ya que daña la salud de los mexicanos, merma la productividad en los centros laborales, reduce el aprovechamiento escolar, causa pérdida de riqueza en las empresas y ocasiona una disminución creciente del patrimonio natural de la nación, entre otros.
Para solucionar esa problemática, recientemente se han empleado instrumentos económicos para procurar que los agentes internalicen los costos y beneficios ambientales derivados de sus decisiones de consumo o producción. Esos instrumentos han tomado gran fuerza y aceptación a escala mundial, por poseer características con las cuales se obtienen tanto la eficacia ambiental como la eficiencia económica, cuyos resultados solucionan el problema de crecimiento económico o protección ambiental, cuestión que se presenta de manera común con las políticas únicamente analizadas, elaboradas e instrumentadas con un enfoque de comando y control.1)
A ese respecto, nuestro país ha estado a la vanguardia en conjugar el derecho y la economía ambientales, ya que con las reformas de 1996 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) actualmente se permite la utilización de instrumentos económicos para alcanzar un mejor ambiente para todos. Ello, mediante mecanismos ``de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas''.2
Esos instrumentos toman en consideración que las actividades que se llevan a cabo para satisfacer necesidades humanas de alguna forma contaminan, por lo que en la mayoría de los casos no es conveniente para la sociedad detener tales actividades, sino gestionar que se alcance un crecimiento económico sostenible con un nivel de contaminación aceptable para la sociedad; en otras palabras: conseguir un desarrollo sostenible y sustentable que mejore la calidad de vida de todos y cada uno de los mexicanos.
En materia de instrumentos económicos de mercado, se ha demostrado no sólo en términos teóricos sino prácticos conforme a experiencias mundiales que este enfoque, por ostentar con una estructura de incentivos y desincentivos, permite un crecimiento económico sin depredar el ambiente, con lo que los seres humanos acceden a un mejor nivel de vida, lo cual beneficia tanto a ésta como a las futuras generaciones.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República presentó el 10 de abril de 2003 un proyecto de decreto para expedir la Ley General de Sistemas de Descontaminación, con la cual se aspira a un crecimiento económico de manera sostenible, al mismo tiempo de preservar los recursos naturales y la maximización de su valor económico para lograr un desarrollo sustentable.
Sin embargo, es de responsabilidad legislativa reconocer que, si bien esta iniciativa es necesaria, aún resulta insuficiente, ya que se requiere una serie de reformas para que nuestras legislaciones converjan plenamente con el objetivo de que exista una sociedad mexicana más próspera.
Por esa razón, el decreto que hoy presento consiste en una reforma correlativa entre las leyes del Impuesto Sobre la Renta, y del Impuesto al Valor Agregado para armonizarlas con la LGEEPA, con objeto de generar un efecto multiplicador de cascada legislativa.
Respecto al Impuesto Sobre la Renta, está claro que éste permite al Estado obtener recursos para satisfacer las necesidades del país, y también como un sistema de distribución del ingreso, aunque la evidencia empírica señala que una mejor vía de distribución es la del gasto público. Sin embargo, entre los objetivos que se buscan al establecer impuestos está minimizar las distorsiones que influyan en las decisiones que los agentes realizan respecto a la actividad económica que llevan a cabo; o, para el caso del Impuesto al Valor Agregado, qué bienes y servicios consumen.
Por ello, las reformas que se proponen intentan proporcionar un tratamiento impositivo neutro a los instrumentos económicos de mercado; en otras palabras: proponemos que éstos no constituyan causa de gravámenes ya que, de otra manera, se estarían desincentivando las adquisiciones y las transferencias de tales instrumentos.
Si se diera el caso de que los instrumentos económicos de mercado estuvieran gravados, esto sería una especie de barrera que inhibiría las inversiones en los referidos instrumentos, ocasionando que no se generen los potenciales beneficios netos ambientales, económicos y sociales.
Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, esta iniciativa ofrece un régimen fiscal neutro a los instrumentos ya mencionados, y se sustenta en el quinto párrafo del artículo 22 la LGEEPA, que establece que esos instrumentos ``serán transferibles, no gravables''. Por ello es conveniente reformar las leyes del Impuesto Sobre la Renta, y del Impuesto al Valor Agregado para que exista una sinergia legislativa y, más aún, para el cumplimiento del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, como se mencionó y con base en la multicitada ley reglamentaria de la Constitución Política, los instrumentos económicos pueden ser de tres tipos: fiscal, financiero o de mercado. Para el caso de los instrumentos económicos fiscales, que se consideran estímulos fiscales, éstos no se implantarán en ningún caso con fines recaudatorios y tendrán como propósito incentivar el cumplimiento de los fines de las políticas ambientales.3
Esos instrumentos económicos, enmarcados en estímulos fiscales, principalmente estarán destinados, según la LGEEPA, para ``investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de los recursos naturales y de energía''.4
Dado ese precepto legal, nuestro grupo parlamentario se ha preocupado por cumplir cabalmente el mandato establecido en la LGEEPA. Así, hemos presentado varias iniciativas que establecen estímulos fiscales frente al Pleno de esta honorable Cámara; por ejemplo, la propuesta de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cuyo objeto es reducir la contaminación atmosférica, mediante un incentivo fiscal que propone una tasa de cero por ciento a los equipos que empleen combustibles de bajas emisiones de contaminantes.
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los mexicanos, se planteó este instrumento económico fiscal, ya que se considera que el subsidio ``implícito'' para los mencionados equipos genera beneficios netos de bienestar social, como la disminución de las enfermedades respiratorias.
Por ello, nuestra propuesta establece que alguna entidad, ya sea persona física o moral, pueda deducir inmediatamente, en términos fiscales, los equipos que se designen para proteger y mejorar la calidad del ambiente.5
Además de las ganancias ambientales y de salud, el decreto también tiene la finalidad de fomentar la creación de empleos y la inversión en tecnologías más limpias, además de fortalecer la competitividad de las empresas frente al mundo globalizado, y para que nuestro país sea más atractivo en materia de inversión extranjera.
Finalmente, es importante destacar que la iniciativa resuelve una de las inquietudes de la industria mexicana, ya que el estudio Competitividad y protección ambiental. Iniciativa estratégica del sector industrial mexicano, elaborado en 1999, con la participación del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Nacional de la Industria Química y la Cámara Nacional del Cemento, entre otros, señala que entre sus objetivos está la ``promoción de la depreciación acelerada en inversiones para la ecoeficiencia en empresas mexicanas''.
Esta iniciativa contribuye a que las acciones gubernamentales se traduzcan en programas que garanticen que los individuos tengan la libertad de gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, como lo establece el artículo 4° de nuestra Ley Suprema.
En atención a lo expuesto, los senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México respetuosamente sometemos a este H. Pleno la siguiente
Iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor AgregadoArtículo Primero. Se adicionan un quinto párrafo al artículo 17, una fracción XXVI al artículo 32, una fracción XVI al artículo 41 y una fracción XXIX al artículo 109, todos ellos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 17. ......
...
...
No serán acumulables para los efectos de este título los ingresos y ganancias que se obtengan de enajenaciones de los instrumentos económicos de mercado establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás disposiciones legales aplicables. Estos ingresos y ganancias tampoco incrementarán la renta gravable a que se refiere el artículo 16 de esta ley.
Artículo 32. ...I. a XXV. ...
XXVI. Los pagos efectuados por las adquisiciones de los instrumentos económicos de mercado establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás disposiciones legales aplicables, salvo los pagos por servicios de intermediación de dichos instrumentos.
Tampoco serán deducibles las pérdidas derivadas de enajenaciones de los instrumentos mencionados en el párrafo anterior.
Artículo 41. ...I. a XV. ...
XVI. 100% para los destinados directamente para proteger y mejorar la calidad del ambiente, siempre que las metas ambientales se cumplan a través de la utilización de instrumentos económicos de mercado establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás disposiciones legales aplicables.
...
Artículo 109. ...I. a XXVIII. ...
XXIX. Los percibidos por enajenaciones de los instrumentos económicos de mercado establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás disposiciones legales aplicables. Estos ingresos tampoco incrementarán la renta gravable a que se refiere el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No se pagará el Impuesto Sobre la Renta por las ganancias derivadas de las enajenaciones de los instrumentos económicos de mercado establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás disposiciones legales aplicables. Estas ganancias tampoco incrementarán la renta gravable a que se refiere el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
...
Artículo Segundo. Se adiciona un nuevo inciso b) a la fracción I del artículo 2°-A, pasando el actual inciso b) al c), y así sucesivamente, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 2°-A. ...I. ...
a) ...
b) Instrumentos económicos de mercado establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás disposiciones legales aplicables.
c) ...
II. a IV. ...
...
TransitorioArtículo Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de octubre de 2003.--- Senadores: Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), Emilia Patricia Gómez Bravo, Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.--- Mesa Directiva.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Atentamente.
México, DF, a 2 de octubre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
Artículo Unico. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para quedar como sigue:
Artículo 17. Los magistrados rendirán protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en el encargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados, serán inamovibles.
Los magistrados únicamente podrán ser removidos en caso de falta grave en el desempeño de su encargo, conforme al procedimiento aplicable para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
Los magistrados que estén próximos a cumplir el periodo de seis años por el que fueron designados deberán ser incluidos en la lista de candidatos que el Ejecutivo Federal envíe a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para que el órgano legislativo competente resuelva sobre su ratificación. Si a juicio del Ejecutivo Federal no procede la ratificación de alguno de los magistrados, expresará fundadamente los motivos, razones o circunstancias que hubiere considerado con base en lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al efecto.
TransitorioUnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.--- México, DF, a 2 de octubre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda González Hernández (rúbrica), Secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.--- Lic. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria.En el siguiente punto de la orden del día, proceda la Secretaría a leer una proposición suscrita por los integrantes de grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, con punto de acuerdo para crear la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Con su permiso, señor Presidente:
«Proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias, como comisión especial que presentan diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios, integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Consideracionesl. El tema de la infancia a partir de la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN, 1989), aprobada por el Senado de la República en 1990, nos plantea un nuevo paradigma con relación a niñas, niños y adolescentes con sus necesidades básicas satisfechas, frente a aquéllos cuya necesidades básicas están total o parcialmente insatisfechas.
2. Este nuevo paradigma define el camino desde el cual el Estado y la sociedad deben crear los instrumentos y mecanismos indispensables para ser más eficaces en la defensa y promoción de los derechos humanos específicos de las personas que aún no cumplen 18 años de edad.
3. El origen de la CDN, como el de muchos tratados sobre derechos humanos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). La Declaración fue uno de los primeros instrumentos internacionales en reconocer el valor ético y jurídico de los derechos económicos, sociales y culturales y en afirmar su relación de igualdad e interdependencia con los derechos civiles y políticos.
La trascendencia universal de la Declaración se basa en el reconocimiento de que los derechos humanos se sustentan en la dignidad intrínseca de toda persona. Esa dignidad y los derechos a la libertad y a la igualdad que de ella se derivan son inalienables e imprescriptibles.
La dignidad de la persona humana existe y debe reconocerse sin distinción alguna. De ello se deduce que los derechos humanos son universales por naturaleza y que todos los miembros de la familia humana adquieren esos derechos al nacer.
4. La aprobación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez constituyó el punto culminante de la preocupación de todas las naciones del mundo por lograr bienestar y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Derivada de la Convención, en 1990 se celebró la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia e igual que en la Sesión Especial de las Naciones Unidas para la Infancia, realizada en mayo de 2002, todos los Estados y gobiernos del planeta se han comprometido a atribuir alta prioridad a los derechos del niño y la niña, a su supervivencia, su protección y su desarrollo. Se señala que de esa manera también se contribuirá al bienestar de toda la sociedad.
Es importante señalar que este tratado de derechos humanos para la infancia es el que más aprobación ha tenido en el mundo; hoy sólo Estados Unidos falta de ratificarlo.
5. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Carta Magna, nuestro país se ha comprometido a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención.
6. En este sentido, nuestra nación ha dado un paso trascendental al reconocer los derechos de niñas y de niños en el artículo 4° constitucional y al promulgar su ley reglamentaria, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2000.
7. Sin embargo, este avance ha sido insuficiente y las bondades de la ley han quedado sólo en buenas intenciones porque no hemos logrado homologar y armonizar la legislación federal y la local con un criterio holístico en los términos de los preceptos de la doctrina de la protección integral derivada de la Convención.
8. Muchas de las recomendaciones y observaciones del organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención en el mundo, el Comité de los Derechos de la Niñez, siguen sin ser acatadas por México.
9. De manera preponderante, el Comité reitera en sus observaciones que el Estado parte continúe el proceso de reforma legislativa para velar porque la legislación relacionada con los derechos de la niñez, tanto en el plano federal como en el estatal, corresponda plenamente a los principios y las disposiciones de la Convención y refleje su carácter holístico e integral. Se llama la atención para que se resuelva la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchos grupos de infantes y adolescentes y la necesidad de su atención especializada y específica a partir del interés superior de la infancia como principio rector y su conversión a los grupos regulares de atención pública.
10. Se menciona que la situación de pobreza causa gran sufrimiento a infantes y afecta irreversiblemente el desarrollo de sus potencialidades humanas.
11. Conviene recordar que las estadísticas sociodemográficas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática derivadas del XII Censo General de Población y Vivienda de 2000 nos muestran que la población total del país era de 97 millones 483 mil 412 habitantes, de la cual la población de 0 a 18 años de edad fue de 40 millones 799 mil 2, de los cuales 20 millones 575 mil 718 son del sexo masculino y 20 millones 223 mil 284 del femenino. Por tanto, alrededor de 8 millones de infantes y adolescentes sobreviven en situación de extrema pobreza.
12. Cobra esencial importancia conocer los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición de 1999 porque nos arroja información sobrecogedora. En primer lugar, en relación con la población de infantes menores de cinco años: de 10 millones 612 mil 400 niñas y niños, 17.8 por ciento tiene baja talla y 7.6 por ciento tiene bajo peso.
Ampliando esa encuesta, señalamos que en las localidades rurales la prevalencia de baja talla o desmedro fue de 32.2 por ciento, mientras que en las urbanas la prevalencia fue de alrededor de 11 por ciento.
Igualmente impresionante es la prevalencia de anemia en niños menores de cinco años: de 27.2 por ciento en el ámbito nacional, sin grandes variaciones entre las regiones y localidades urbanas y las rurales.
13. La encuesta mencionada señala que en niños y en niñas en edad escolar entre 5 y 11 años, que representan 15 millones 609 mil 500 en todo el país, la prevalencia de bajo peso fue de 4.5 por ciento en el ámbito nacional y la prevalencia de baja talla para la edad fue de 16.1 por ciento. Y la prevalencia de anemia en el ámbito nacional fue de 19.5 por ciento; es decir, 2 millones 251 mil 645 niños y niñas.
14. En niños y en niñas de entre 5 y 11 años se manifiestan como problemas principales de nutrición el sobrepeso, la anemia y la deficiencia de micronutrimentos. Uno de cada cinco niños y niñas presenta sobrepeso y obesidad, sobre todo en las zonas urbanas.
15. Otro contexto igualmente desgarrador es la afectación en la dignidad humana de niñas y de niños incorporados a la explotación sexual y pornografía infantil en Internet, por el daño físico y emocional que les ocasiona, ya que es irreparable.
No sólo presentan problemas físicos de desarrollo, emocionales y psicológicos sino, también, de índole social, debido a las hondas heridas por la violencia ejercida en su contra.
16. Sobre el trabajo infantil, la Organización Internacional del Trabajo ha realizado diversos estudios, donde estima que alrededor de 6.7 por ciento de niñas y de niños de entre 10 y 14 años de edad trabajan en condiciones lamentables, con el problema inherente de que dejan sus estudios.
En este aspecto, el UNICEF estima que hay 3.5 millones de niños trabajando; de esa cifra, 111 mil 306 niños y niñas de entre 6 y 18 años trabajan en el Distrito Federal y en otras grandes ciudades del país.
Se considera que hay cuatro grandes sectores del trabajo infantil, a pesar de que la ley lo prohíbe: la agricultura, las calles de las grandes y las medianas ciudades, el servicio doméstico y los talleres pequeños en la periferia de las ciudades.
17. Especial atención merecen las niñas, los niños y los adolescentes en situación de calle y de abandono, toda vez que en nuestro país quienes no encuentran satisfechas las necesidades básicas de amor, comprensión y apoyo encuentran fuera del hogar la empatía de los grupos callejeros, con la constante exposición a riesgos o uso de drogas, además de ser susceptibles de cooptación por la delincuencia organizada.
Empero, no sólo los infantes y los adolescentes que viven en situación de calle son susceptibles de acceder al uso de drogas, sino cualquiera que no reciba los cuidados y las atenciones necesarios en el ámbito familiar.
18. Sigue siendo una preocupación el abuso físico y sexual, a cuyo respecto debemos señalar que hemos sido insuficientemente rigurosos para preservar a niñas y a niños del abuso y el maltrato en la familia, en la escuela y en la sociedad en general. Por ello, es indispensable reforzar los procedimientos y mecanismos adecuados para tramitar las denuncias de abuso de niños y de niñas con objeto de que se dé a éstos un rápido acceso a la justicia y de que se prohíban explícitamente en la ley los castigos corporales en el hogar, en las escuelas y en otras instituciones.
19. Preocupan también los casos de VIH-sida en las niñas, los niños y los adolescentes menores de 15 años de edad, cuyas cifras oscilan de 1983 a 2002 en mil 670 casos. Alarma el hecho de que 745 de éstos fueron transmitidos vía perinatal, 268 por transmisión sanguínea, 31 por transmisión sexual y 626 por transmisión desconocida.
20. Preocupa el tráfico de infantes, ya que niñas y niños son literalmente vendidos a los narcotraficantes o a grupos del crimen organizado, que los ocupan para el tráfico o venta de droga, así como para la pornografía o prostitución.
21. Con especial hincapié hemos de seguir pugnando porque los usos y las costumbres no afecten en los derechos fundamentales a la niñez perteneciente a los grupos indígenas. Sigue siendo un pendiente garantizar la educación bilingüe en todas las regiones originales de México.
22. No podemos dejar de mencionar en esta exposición de motivos nuestra preocupación por el predominio de la doctrina tutelar en el tratamiento de adolescentes infractores.
La simulación y los eufemismos imperantes en la actual forma de readaptar a los adolescentes infractores, quienes son privados de la libertad sin gozar del derecho a un debido proceso, mantienen nuestro país en el rezago respecto del avance que está teniendo el resto de los países latinoamericanos en cumplimiento de la Convención y las normas jurídicas especializadas en la atención y administración de la justicia de adolescentes de Naciones Unidas.
Ya no podemos retrasar los cambios en la materia. Estamos obligados a tomar todas las medidas apropiadas desde el Legislativo para evitar que siga bajando la edad penal en las entidades federativas porque es una forma inútil, pues la delincuencia organizada aprovecha la irresponsabilidad e imputabilidad penal de quienes son menores de edad para utilizarlos para sus fines.
Por tanto, es indispensable promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para el tratamiento de los adolescentes respecto a quienes se alegue han infringido la ley penal o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esa ley y resarcir la edad penal a 18 años en el país.
Señoras diputadas, señores diputados: hemos hecho una somera revisión de la situación y las necesidades de niñas, de niños y de adolescentes y la importancia de que sean reconocidos y tratados como sujetos de derechos a partir de que la Convención sobre los Derechos de la Niñez se ha convertido en Ley Suprema en toda la nación.
Argumentamos que el interés superior de la infancia, la no discriminación, la igualdad sin distinción alguna, la vida en familia como espacio primordial de desarrollo, la vida libre de violencia, sin abuso, ni maltrato de ningún tipo, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, el Estado y la sociedad y la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y las garantías constitucionales son los principios rectores de todos y cada uno de los derechos de niñas, de niños y de adolescentes.
Que los derechos a la identidad, salud, alimentación, educación, juego, descanso, recreación, libertad de pensamiento y opinión deben ser vistos en conjunto, de manera integral y necesaria para la supervivencia, desarrollo, protección y participación de quienes aún no cumplen la mayoría de edad, de ahí que resulte indispensable que los reivindiquemos como lo que son: sujetos de derechos.
Hoy estamos inaugurando la LIX Legislatura del Congreso de la Unión. Estamos ante la posibilidad de asumir consecuentemente nuestro compromiso con la niñez y la adolescencia mexicanas y la construcción de su ciudadanía para impulsar una nueva sociedad más justa, más igualitaria, más democrática y más libertaria.
Por ello, con fundamento en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se crea la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias, como comisión especial, cuyo objeto será garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos.
Segundo. Dicha Comisión Especial se formará con 20 integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
Tercero. La Comisión Especial subsistirá durante la presente Legislatura, en tanto se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para constituirse en comisión ordinaria.
Cuarto. La Comisión Especial deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días de mes de octubre del año 2003.--- Diputados: Enrique Burgos García, Sonia Rincón Chanona, Angélica de la Peña Gómez, Margarita Zavala Gómez del Campo, Alejandro González Yáñez, Jesús Martínez Alvarez, José Angel Ibáñez Montes, Jorge Kahwagi Macari, Germán Martínez Cázares, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Luis Antonio González Roldán, María Avila Serna, Miguel Angel García Domínguez, Miguel Alonso Raya, Pablo Gómez Alvarez, Tatiana Clouthier Carrillo (rúbricas).»
Cumplida su encomienda, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora Secretaria.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.Tiene la palabra el señor diputado don José María de la Vega Lárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal tome las medidas conducentes para apoyar a los productores agropecuarios de la huasteca potosina, sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, en el combate y erradicación de plagas.
El diputado José María de la Vega Larraga:«Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal que tome las acciones conducentes a fin de apoyar a los productores agropecuarios de la huasteca potosina, del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz en el combate y la erradicación de la plaga de langosta y de chapulín, bajo las siguientes
ConsideracionesA partir de la década de los setenta se detectaron en el estado de San Luis Potosí formaciones de mangas de plaga de langosta y de chapulín que se incrementaron de manera constante y notoria a partir de 1988, como resultado de periodos prolongados de sequía y altas temperaturas, seguidos de precipitaciones pluviales moderadas que incrementan la temperatura y el grado de humedad del suelo, favoreciendo la incubación de los huevecillos depositados por estas plagas.
En 2002, el crecimiento de esas especies abarcó una superficie superior a 87 mil hectáreas de pastizales, de caña de azúcar, de granos básicos, de áreas frutícolas y de hortalizas. En ese año se informó, por primera vez, de la presencia de la plaga en los municipios de Axtla de Terrazas, Coxcatlan, Huehuetlan, San Martín Ch., Tanlajas, Tampamolon, Xilitla, Aquismón, El Naranjo, Tamasopo, Tanquian de Escobedo y Tampacan, en San Luis Potosí; y de Pánuco, El Higo y Tempoal, en Veracruz, así como en el sur del estado de Tamaulipas.
Si bien el Comité Estatal de Sanidad Vegetal ha enviado técnicos especialistas en el combate de plagas a la zona afectada, con el fin de evitar que se incremente su presencia y afecte otros cultivos y -por tanto- a un número significativo de productores, las acciones no han sido suficientes para lograr su erradicación total.
El Poder Legislativo, en ejercicio de sus funciones como órgano político representante del pueblo y depositario de la soberanía nacional, debe atender las demandas de sus representados.
Por ello, en octubre de 2002 el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó un punto de acuerdo dirigido a apoyar a los productores de la Huasteca potosina en el combate de ese tipo de plaga, que afecta severamente sus cultivos y que ha pasado a los estados de Tamaulipas y Veracruz.
Sin embargo, hasta el momento la Sagarpa no ha recibido la notificación correspondiente. Por tal motivo, consideramos que la situación debe abordarse de manera pronta y expedita para dar solución a tan grave problema. De no tomarse las medidas pertinentes en el control de la langosta y el chapulín durante este año, en el siguiente se afectarán cultivos muy importantes para la región, como maíz, soya, caña de azúcar, cítricos, sorgo y pastos, principalmente.
Los legisladores federales tenemos la responsabilidad constitucional de encontrar opciones que permitan restablecer las condiciones de los productores de la zona afectada. De no hacerlo, pueden perderse más de 400 millones de pesos invertidos en cultivos y pastizales.
Hoy se nos presenta la urgencia de apoyar de manera subsidiaria y solidaria a los productores de esas regiones de México, pues nuestra convicción como representantes populares es velar por los intereses de todos los mexicanos.
Además, debemos dejar claro que Acción Nacional siempre se ha pronunciado por la transferencia de instrumentos de promoción hacia los gobiernos locales, que les permitan cumplir un papel activo en materia de desarrollo económico.
En este sentido, proponemos al Ejecutivo Federal considerar ese tipo de plagas un desastre natural, a fin de que los productores afectados tengan la posibilidad de acceder a los apoyos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ya que hasta el momento el fenómeno que se comenta no es catalogado como desastre natural.
Asimismo, consideramos necesario que la Sagarpa incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 una partida presupuestaria para crear laboratorios de organismos benéficos en cada uno de los estados afectados como una opción para combatir ese tipo de plagas en todo el territorio nacional.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura en la Cámara de Diputados y en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se solicita a la Sagarpa que informe a esta soberanía respecto al avance de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de langosta y de chapulín en la Huasteca potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz, así como a los obstáculos que impiden que aquéllas se lleven a cabo de manera efectiva.
Segundo. Se exhorta a la Sagarpa a coadyuvar en los trabajos de sanidad en la región afectada por plaga de chapulín y de langosta, enviando al efecto el equipo técnico pertinente.
Tercero. Se solicita al Ejecutivo Federal considerar el problema de plaga de langosta y de chapulín en la Huasteca potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz un desastre natural, a fin de canalizar recursos del Fonden para su pronta atención.
Cuarto. Se solicita a la Sagarpa incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 una partida presupuestaria para crear laboratorios de organismos benéficos como una opción para combatir ese tipo de plagas en la región afectada.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 7 de octubre de 2003.--- Dip. José María de la Vega Larraga (rúbrica).»
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.Tiene el uso de la palabra el diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Senado de la República, para que proceda a entrar al análisis o modificación y, en su caso, aprobación de las iniciativas de decreto enviadas por el Ejecutivo Federal que modifican el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de terrorismo, lavado de dinero y explotación sexual y comercial infantil.
El diputado Horacio Martínez Meza:Con su venia, señor Presidente:
«Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con el carácter de diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, someto a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente
Exposición de MotivosQue en relación con la entrada en vigor de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el día 29 de septiembre del 2003, es pertinente recordar que el 15 de noviembre del año 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", así como dos de sus tres protocolos complementarios: el primero, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños; el segundo, contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y finalmente un tercero, que no ha sido ratificado por la Cámara de Senadores, contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones.
Durante la conferencia política de alto nivel efectuada en Palermo, Italia, del 12 al 15 de diciembre de 2000, tuvo lugar la firma de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de los dos protocolos mencionados por parte de los países miembros de las Naciones Unidas.
No fue casual, de ninguna manera, que la firma de este trascendente instrumento jurídico de cooperación internacional para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional se efectuara en Palermo, la capital siciliana. Por el contrario, fue un reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a los notables esfuerzos que las autoridades y la sociedad palermitanas han desarrollado desde la segunda mitad de los años ochenta del siglo XX en contra de una de las organizaciones criminales más poderosas en el mundo.
La Cosa Nostra había dominado Sicilia ancestralmente. Sicilia era identificada con la mafia. Esta había infiltrado las instituciones no sólo de la región siciliana sino también de Italia misma. Y no existía institución alguna que estuviera exenta de tal influencia criminal: el gobierno, el Poder Judicial, el Legislativo, la Iglesia, la escuela, la familia, el comercio, en sí toda la sociedad; en esta época la ley de la "omertá" (el pacto del silencio y de aceptación implícita del poder de la mafia) era la única ley que regía la vida de la sociedad siciliana.
El asesinato con coches bomba, en 1992, de los magistrados Giovanne Falconi y Paolo Borsellino, quienes se habían atrevido a llevar a algunos capos de la mafia a los tribunales, marcó el punto de inflexión de esta lucha. De los tres personajes principales condenados a muerte por la Cosa Nostra, uno salvó la vida: el alcalde Orlando Leoluca; en torno a él se comenzó a agrupar la sociedad palermitana y, por primera vez, se atrevió a hablar de lo prohibido, y no sólo ello, sino también a denunciar los crímenes de la mafia. Por cierto, quienes iniciaron este proceso fueron los niños de las escuelas primarias de Palermo. La "omertá" fue rota y esto marcó, no sólo el inicio de la decadencia de la Cosa Nostra, sino también el surgimiento de un amplio movimiento social conocido como Operación Manos Limpias, que llevo incluso a la caída de un político tan poderoso como el seis veces Primer Ministro Giulio Andreotti.
Hoy es ya famoso el símil que Orlando Leoluca utiliza para explicar el éxito en la lucha contra la mafia: la carreta siciliana, esto es, una carreta con sólo dos ruedas; en el modelo de Palermo, una rueda es el respeto a la ley y la otra rueda es la cultura. Si solamente una rueda se mueve, la carreta no avanza, sólo da giros. Se requiere que ambas ruedas giren juntas para que la carreta avance. La cultura de la legalidad es la gran lección de Palermo en la lucha contra la delincuencia organizada. Por esta razón, la ONU decidió que la firma de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de sus protocolos complementarios tuviera lugar en Palermo, Sicilia.
Así, la Convención de Palermo tiene este símbolo y mensaje de esperanza para el mundo: como dice Orlando Leoluca, si en Palermo se ha podido comenzar a derrotar a la mafia, ¿por qué no se va a poder lograr en cualquier otra parte del mundo? La Convención de Palermo es, además, un ejemplo del nuevo sistema normativo que se está desa.-rrollando en la comunidad internacional, con base en una jurisdicción creciente que busca ser universal.
Durante los dos años que duraron las negociaciones en el seno de las Naciones Unidas para acordar los términos de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios, México fue un decisivo promotor de estos instrumentos jurídicos, de manera que el 13 de diciembre de 2000 fue de los países firmantes en Palermo. El Senado de la República los aprobó el 22 de octubre de 2002; el decreto de aprobación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de ese mismo año y ratificado por el Gobierno Federal el 4 de marzo de 2003, siendo publicada dicha ratificación en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del mismo año.
La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional entró en vigor el 29 de septiembre de 2003, luego de haberse reunido las 40 ratificaciones necesarias para ello. México es Estado parte de la Convención y sus disposiciones son, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, Ley Suprema de la Unión.
Las modificaciones legislativas que permitirán armonizar el marco legal existente con las disposiciones de la Convención han sido remitidas a la Cámara de Senadores por parte del Ejecutivo Federal para su revisión y eventual aprobación.
La Convención proporciona un marco jurídico para promover la cooperación internacional en la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de delitos graves cometidos por grupos delictivos organizados y que actúan más allá de las fronteras nacionales. Los protocolos complementarios están dirigidos a combatir la trata de personas, el tráfico de migrantes y de armas de fuego, delitos que han venido creciendo de manera alarmante en todo el mundo.
Las aportaciones de la Convención de Palermo a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional son de gran importancia y abarcan desde aspectos conceptuales, jurídicos y legislativos hasta mecanismos de intercambio y análisis de información, programas de capacitación, técnicas especiales de investigación, así como asistencia y protección a víctimas.
La Convención incluye disposiciones sobre extradición, cuya aplicación permitirá detener y sancionar a los miembros de la delincuencia organizada transnacional, dondequiera que se encuentren, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado parte requeriente y del Estado parte requerido, esto para evitar la impunidad de delincuentes que se protegen con las fronteras.
La Convención también define compromisos para combatir el lavado de dinero, a través del establecimiento de un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, haciendo hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas; la Convención recomienda la creación de una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de lavado de dinero.
Además, la Convención establece lineamientos para la penalización de la corrupción; para el decomiso de bienes producto de ilícitos; embargos preventivos; vigilancia electrónica; operaciones encubiertas; protección de testigos; entregas vigiladas; asistencia judicial recíproca, entre otros mecanismos e instrumentos de combate a la delincuencia organizada transnacional.
Es pertinente señalar que la Convención establece que los Estados parte cumplirán sus obligaciones en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, no intervención en los asuntos internos y define que nada de lo dispuesto en la Convención facultará a un Estado para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.
Con la entrada en vigor de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en 1997, México dio un paso importante para dotarse de un instrumento jurídico que le permitiera enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado. Sin embargo, ahora es necesario actualizar y modernizar nuestros ordenamientos jurídicos para aprovechar la experiencia desarrollada en los últimos años tanto en el nivel nacional como en el internacional.
La Convención de Palermo, así como otros instrumentos internacionales, nos compromete a realizar modificaciones legales para lo que México no puede estar al margen de los esfuerzos que en este mundo de globalización se están llevando a cabo por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra de la delincuencia organizada transnacional.
Por tanto, se propone a esta H. Legislatura el siguiente
Punto de Acuerdo1.- Que esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte a la Cámara de Senadores para que proceda a entrar al estudio y análisis de las iniciativas de decreto enviadas por el Ejecutivo Federal que reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en materia de terrorismo y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en materia de explotación sexual infantil.
2.- Que esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo Federal a que dé seguimiento al trámite constitucional que acuerden las Cámaras de Senadores y Diputados en respuesta a las iniciativas que envió para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos como Estado parte de la Convención de Palermo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2003.--- Dip. Horacio Martínez Meza (rúbrica).»
Es cuando, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.En el siguiente punto del orden del día, sírvase la Secretaría dar lectura a la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Gobernación a que declare zona de desastre al estado de Chiapas, debido a las fuertes lluvias que han creado graves inundaciones, así como los desastres consecuencia del desbordamiento del río Sabinal.
La Secretaria diputado Amalín Yabur Elías:Sí, señor Presidente.
«Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se tenga a bien someter a la consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoDesde hace años, fenómenos naturales reiterados, debidos principalmente a diversos fenómenos climáticos, han ocasionado devastación y miseria en el territorio nacional. En este periodo de lluvias que ha azotado nuestro país, hemos sido testigos de la inoperabilidad de los programas implementados por el Gobierno Federal para acabar con un problema que se ha venido repitiendo año con año: los desastres naturales provocados por la entrada de huracanes y tormentas tropicales de graves efectos entre la población.
Tal es el caso de la tormenta tropical Larry, que dejó a su paso por el sureste del país, numerosos damnificados y cuantiosos daños a la infraestructura de esa zona. En particular, el estado de Chiapas sufrió los mayores daños, aunque los estados de Veracruz, Campeche y Tabasco también sufrieron graves estragos.
En toda la zona de influencia, se estima, hay miles de damnificados por la tormenta tropical que requieren de nuestro apoyo, la mayor parte de ellos en Tuxtla Gutiérrez.
Las precipitaciones pluviales, que llegaron a 150 milímetros en las últimas horas, provocaron que los ríos Ortiz, Pontinapak, Huehuetán y, particularmente, el Sabinal, que tiene su paso por la ciudad, se salieran de su cauce y dejaran a varias familias sin techo ni pertenencias. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la entidad dejaron 361 familias afectadas, más de mil hectáreas de cultivos siniestrados, 35 colonias afectadas y casi tres mil personas evacuadas.
Además de que existe alerta para los próximos días, ya que se esperan lluvias superiores a los 200 milímetros en los municipios de las regiones Norte, Centro, Costa y Soconusco.
Al momento, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó en la zona el plan DN3, y se distribuye agua potable, alimentos, ropa y medicinas.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, ya emitió la declaratoria de emergencia con cargo al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para el estado de Chiapas, a fin de atender la emergencia originada por la tormenta tropical Larry, que afecta a 30 municipios de la entidad.
Asimismo, es necesario que las diversas áreas de la Administración Pública Federal y la estatal coordinen la ayuda necesaria para nuestros hermanos en desgracia, sobre todo porque esa ayuda puede satisfacer la necesidad de muchas comunidades y ser crucial para la supervivencia de los chiapanecos.
Los miembros del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos que la mejor prevención contra este tipo de desastres implica acciones de protección y restauración de nuestro patrimonio ecológico.
Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta y vote el presente documento, por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución, para que se acuerde:
Primero.- Solicitamos que a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria de emergencia para la zona afectada, los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales se canalicen con premura, a fin de poder atender con mayor efectividad y prontitud la grave situación que enfrentan nuestros compatriotas.
Segundo.- Que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, aplique lo que establece la fracción XXIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para minimizar los efectos por la tormenta tropical ``Larry''.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de octubre del 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica) Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica).»
Cumplida su encomienda, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, Secretaria.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa.
Cumplida su encomienda señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión la proposición.
Esta Presidencia abre el registro de oradores y se encuentran registrados para hablar en pro de la propuesta el señor diputado Francisco Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el señor diputado Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo.
No puedo registrar a nadie más porque es una proposición de urgente resolución y solamente podemos registrar en términos de reglamento cuando hay oradores en pro, a dos diputados únicamente. Si alguien insiste en tomar uso de la palabra, terminando el trámite le daremos el uso para rectificar hechos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Rojas Toledo.
El diputado Francisco Antonio Rojas Toledo:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nuestro país atraviesa por una difícil situación caracterizada por la presencia de fenómenos meteorológicos que están afectando a una gran cantidad de mexicanos y mexicanas en su patrimonio y en su calidad de vida.
El territorio nacional se encuentra cercado por tres meteoros, los cuales están en posibilidad de provocar severos daños en 10 estados, tales como inundaciones y deslaves en las zonas montañosas, de acuerdo con información del Centro Meteorológico Nacional.
La tormenta tropical ``Larry'' dejó severos daños en un centenar de comunidades de los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, debido al impacto del fuerte oleaje, vientos de hasta 110 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que causaron el desbordamiento de ríos, inundaciones, deslaves, cultivos destruidos y decenas de heridos.
El estado de Chiapas ha sido afectado en treinta municipios y muy especialmente Tuxtla Gutiérrez, del cual se han afectado cinco puentes de la ciudad, se han azolvado 50 kilómetros de drenaje, 80% del agua potable de este sector de la ciudad se encuentra dañada, 40 colonias se encuentran afectadas, 10 mil 500 viviendas también y se encuentran más de 70 mil afectados damnificados.
Todo ello provoca graves pérdidas para la población tanto en su patrimonio como en sus actividades laborales, puesto que los cultivos han quedado inservibles y por lo tanto las familias dejarán de contar con los ingresos que se habían previsto como resultado de la venta de sus productos.
Es por ello que el Ejército Mexicano aplicó el Plan DN-III y con el apoyo del personal de protección civil se han utilizado lanchas y helicópteros para rescatar a un poco más de un centenar de personas atrapadas en la zona inundada y canalizar al menos 400 personas a los albergues.
Para el grupo parlamentario de Acción Nacional esta situación resulta crítica, puesto que se encuentran en riesgo gran cantidad de vidas humanas. Por lo tanto, los que vivimos en Tuxtla Gutiérrez y nos tocó vivir la experiencia en la misma ciudad, nos sumamos a la preocupación manifestada en esta Cámara de Diputados y exhortamos a la Secretaría de Gobernación para que tome las medidas necesarias para enfrentar la crítica situación que padece esta región de nuestro país.
En ese sentido, es indispensable que la Secretaría de Gobernación realice la declaratoria de desastre natural de dicha zona a fin de permitir el acceso de los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender los efectos provocados por la tormenta tropical ``Larry''.
Muchas gracias, es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:Con la venia de la Presidencia; compañera y compañeros diputados:
El estado de Chiapas no escapó a las inundaciones ocasionadas por los meteoros que han azotado a gran parte de nuestro país.
La tormenta tropical ``Larry'' se encargó el día de ayer de crear grandes estragos entre los pobladores de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la capital de mi estado, así como en por lo menos 40 municipios de la entidad.
El desbordamiento del rio Sabinal que atraviesa a la capital de mi estado ocasionó inundaciones en una gran cantidad de colonias teniendo que ser evacuadas más de 7 mil personas. Asimismo resultaron afectadas carreteras, cientos de escuelas, viviendas centros de trabajo y la interrupción de la energía eléctrica y telefónica así como el derrumbe de la infraestructura básica de comunicaciones y transportes vastas zonas de producción y cultivos agrícolas se perdieron, el fruto del trabajo de los productores y sus familias se eliminó de un día a otro por las inundaciones.
Nuestra entidad se encuentra en una situación de emergencia, mis paisanos están necesitando ayuda de manera urgente y los recursos con los que cuenta el Gobierno del estado para enfrentar esta dificultad no alcanzan dada la magnitud del desastre. En este momento difícil para miles de chiapanecos esta Cámara de Diputados está obligada a mostrar su sentido de responsabilidad legal y política para impulsar dentro de su competencia todas aquellas medidas que atiendan la solución de esta problemática.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se suma a la propuesta de punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Gobernación a que declare zona de desastre al estado de Chiapas.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea...
Dígame señor diputado.
El diputado Julián Nazar Morales (desde su curul):
Para hechos, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Don Julián Nazar Morales, terminando el desahogo con la votación, en los términos del artículo 122 que dice lo siguiente el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General: cuando sólo se pidiere la palabra en pro, podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara.
No obstante eso, terminando el trámite le concedo el uso de la palabra para hechos.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Sí, señor Presidente.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutida.Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada. Comuníquese.Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, se le concede el uso de la palabra al señor diputado don Julián Nazar Morales.
El diputado Julián Nazar Morales:Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Estos últimos días, en el sureste de Chiapas, principalmente en la zona centro, costa y norte del Estado, se han suscitado fenómenos que desde lejos hemos visto en algunos otros estados de la República como Guanajuato y como Michoacán, que ha acontecido y que han dejado a muchas familias en estado de indefensión.
Quiero decirles que hoy Chiapas también se suma a esta lista de desastres y por eso, los que suscribimos, diputados federales de la LIX Legislatura, nos permitimos respaldar la propuesta con punto de acuerdo aquí planteado para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a fin de que declare zona de desastre natural y se apliquen urgentemente los recursos del Fondo Nacional de Desastres y demás recursos que tienen a disposición del Ejecutivo para hacer frente a la situación de contingencia de los municipios afectados por la tormenta tropical ``Larry'', donde los municipios de la región norte, centro y costa de la entidad fueron los que mayor daño han reportado.
En los últimos días hemos sido testigos de la vulnerabilidad de nuestro territorio a los fenómenos meteorológicos, fenómenos que han afectado los distintos estados de nuestro país pero fundamentalmente ha afectado la vida de las familias rurales.
Hoy precisamente tenemos en espera de que las dependencias como SDR, Sagarpa y todos los que tienen que ver con la vida política y económica del estado de Chiapas para que nos reporten fundamentalmente qué cantidad de hectáreas en el cultivo del maíz, del sorgo y del frijol han sido afectados pero fundamentalmente también nos sumamos para reclamar la participación de la Secretaría de Gobernación para que respalden las 40 colonias de la zona urbana que fueron afectadas drásticamente el día de ayer.
Por eso yo pido a mis compañeros diputados de las diferentes fracciones de los diferentes partidos, para que hagamos un frente común todos los chiapanecos y exijamos al Secretario de Gobernación que dé puntual cumplimiento a lo estipulado por la ley de acuerdo a como está establecido en el Fondo de Contingencias.
No podemos dejar desapercibido que las familias más afectadas fueron las que viven a márgenes de los ríos y de los lagos que fueron drásticamente afectados pero tampoco podemos dejar pasar desapercibido que va a golpear más a las familias que menos tienen, que son los campesinos porque miles de hectáreas de maíz y de frijol, de sorgo y soya están siendo afectadas en estos momentos.
Pido la intervención de mi fracción también para que se sumen con nosotros y hacer exhaustivo lo que ya se aprobó en este pleno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene el uso de la palabra para hechos, el señor diputado don Roberto Aquiles Aguilar Hernández.
El diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández:Con su permiso señor Presidente; compañeras diputadas y diputados de la LIX Legislatura:
Chiapas sigue siendo la nota en los medios y desafortunadamente una vez en nota mala. Ayer y hoy los medios de comunicación nacional dieron cuenta de los terribles desastres que provocó en la capital chiapaneca el desbordamiento del río Sabinal. Más de 180 casas arruinadas fatalmente, pérdidas millonarias en comercios y casas habitación y vías de comunicación e infraestructura de servicio social afectada estructuralmente.
Hay más de 20 municipios cuya infraestructura ha sido dañada sensiblemente y cuya población ha recibido un daño mayor al de la capital chiapaneca y no con ello quiero menoscabar la importancia de atender a los hermanos capitalinos, sólo que fuera de Tuxtla Gutiérrez hay más de 1800 casas-habitaciones destruidas y existe una población cercana a los 10 mil habitantes que han perdido gran parte o casi todo de su patrimonio familiar.
Con todo respeto a esta soberanía y a mis compañeros diputados, les recuerdo que Chiapas tiene la mayor red hidrológica del país y se encuentra en la franja más angosta del país, ceñida por el océano Pacífico y el golfo de México; en razón de ello, cualquier huracán o evento meteorológico que ocurra cerca, en Chiapas cobra dimensiones y magnitudes inusitadas y el paso de los últimos huracanes no podía ser la excepción en desastres y perdidas económicas para los más necesitados.
Por ello, convoco a mis compañeros de esta legislatura para que se sumen con su voto y con lo que puedan aportar, para que la Secretaría de Gobernación declare zona de desastre al estado de Chiapas. Los convoco y les solicito su apoyo para que los recursos del Fonden sean liberados lo más pronto posible y en este caso particular se amplíen, ya que la lluvia permanente de éstos últimos tres días ha agravado la de por si lamentable situación que están viviendo nuestros hermanos chiapanecos.
A todos mis compañeros les ruego su apoyo, porque los datos más recientes sobre los efectos de los fenómenos meteorológicos ocurridos en los últimos días, nos arrojan que los más afectados son nuevamente nuestros hermanos campesinos y quienes habitan en condiciones de pobreza extrema, son ellos quienes más requieren nuestro apoyo y quienes confían en nuestros oficios, como sus representantes.
Es cuanto, señor Presidente y compañeros diputados.
Gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Oscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados integre Comisión Especial encargada de vigilar el proceso electoral extraordinario en el estado de México, mismo que se realizará el domingo 12 de octubre.
El diputado Oscar González Yáñez:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Este domingo 12 de octubre se llevarán a cabo elecciones extraordinarias para elegir a los presidentes municipales de los municipios de San Salvador Atenco, Chalco y Tepozotlán en el estado de México.
Ello como resultado de las resoluciones que emitió el Tribunal Electoral al considerar que en el caso del municipio de San Salvador Atenco no existieron las condiciones materiales para que la población emitiera su voto, debido a los problemas políticos que aquejan a esa comunidad. En el caso de Chalco y de Tepozotlán fueron anulados por el Tribunal Federal Electoral.
Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía apruebe la creación de una comisión especial para observar la jornada electoral extraordinaria que tendrá verificativo en diversos municipios del estado de México.
Habida cuenta de la necesidad de que esta jornada electoral se realice con pleno respeto a las normas electorales y de que no se presenten situaciones contrarias a la ley que inhiban la participación de los electores, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se considere de urgente resolución.
Artículo Unico. Que el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe que la comisión especial encargada de asistir a los estados de Tabasco y San Luis Potosí quede facultada para estar presente en el estado de México el próximo domingo 12 de octubre y que al concluir sus tareas rinda un informe al Pleno de la honorable Cámara de Diputados.
Diputados: Javier Salinas Narváez, Gerardo Ulloa Pérez, Rubén Maximiliano Alexander Rábago, Luis Antonio González Roldán, Jesús Martínez Alvarez y Oscar González Yáñez (rúbricas).
Esto es para la comisión que está en trámite en la Junta de Coordinación Política que se estará aprobando.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.El diputado Oscar González Yáñez:
Perdón, señor Presidente.
Solicité urgente y obvia resolución.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Disculpe usted a la Presidencia, no me percaté de su solicitud. Vamos a proceder. Sin embargo, señor diputado, quiero señalarle, voy a someter, como lo pide el diputado, urgente resolución, pero recuerdo que conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política el proponer al pleno la integración de las comisiones y conformar grupos. De cualquier manera, como lo pide el diputado, lo someto a consideración del pleno.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la negativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
No se considera de urgente resolución.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.Tiene el uso de la palabra el señor diputado Homero Díaz Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua, a que cumplan en sus términos el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944 y que se someta a la aprobación del Senado, el contenido del acta 309 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
El diputado Homero Díaz Rodríguez:«Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Acudo ante esta soberanía a hacer de su conocimiento que la Comisión Internacional de Límites y Aguas, integrada por un representante de México y otro de Estados Unidos de América, en violación a los artículos 89, fracción X, y 76, fracción I, constitucionales, suscribió el 3 de julio de 2003 el acta 309, en la cual se prevé ahorrar y reservar volúmenes de agua mediante la modernización y mejora de la infraestructura de distritos de riego del río Conchos y se determinan medidas para su cesión o traspaso al río Bravo, también conocido como río Grande, a efecto de cubrir con ello faltantes de pago de agua a Estados Unidos de América, lo cual implica, además de una modificación en la práctica, una franca violación al Tratado Internacional de Límites y Aguas suscrito por ambas naciones en 1944, y privando de dicho líquido vital tanto a las ciudades fronterizas como al campo de Tamaulipas.
Como antecedente, en el acta 307 de la misma Comisión se refiere que en el encuentro de los Presidentes Fox y Bush, en San Cristóbal, Guanajuato, el 16 de febrero de 2001, éste último solicitó un volumen de 740 millones de metros cúbicos para abonar la deuda de agua con Estados Unidos.
En esa minuta se observa que, de finales de septiembre de 2000 al 3 de marzo de 2001 se entregaron 287 millones de metros cúbicos, por lo que a la fecha de la firma del acta 307 sólo restaba a México cubrir 453 millones de metros cúbicos.
Asimismo, en otro antecedente, el acta 308 de 2002, se establece el compromiso de la Comisión de proporcionar sus observaciones a los gobiernos de México y Estados Unidos y al Banco de Desarrollo de América del Norte, respecto de la estimación de volúmenes de agua reservada por proyectos a cargo de México para modernizar y mejorar la tecnología en distritos de riego y unidades en la cuenca del río Bravo o Grande, a fin de hacerlos sustentables, y sobre las medidas para asegurar la cesión o traspaso de reservas a este río.
Los trabajos permitirían el incremento de reservas de agua hasta 396 millones de metros cúbicos anuales, para lo cual se requeriría una inversión de mil 535 millones de pesos en diversas obras de mantenimiento e infraestructura hidráulica, y los volúmenes ahorrados o reservados serían transferidos a las presas durante diciembre y enero de cada año, y posteriormente al río Bravo a partir de enero de cada año.
Para darle transparencia a dicho procedimiento, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua, proporcionaría información técnica y prepararía un reporte del volumen de agua liberado de las presas, del volumen de agua ahorrado o en reserva alcanzado, así como del progreso durante el año anterior respecto de las obras construidas y de las cantidades erogadas de los volúmenes ahorrados transferidos al río Bravo y del programa de actividades del año siguiente.
Incluso, se ha realizado un intercambio de cartas entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda de México, considerando el apoyo potencial financiero para los proyectos de conservación de aguas en México.
Por lo que se refiere al acta 309, entrará en vigor hasta que haya una notificación de la aprobación de los gobiernos de México y de Estados Unidos de América y México, a través de las respectivas secciones de la Comisión.
Llamo la atención sobre la suscripción de dicha acta o minuta 309 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, porque en el pasado reciente, y como consecuencia del abono de agua a Estados Unidos, se privó del agua concesionada a los distritos de riego de Tamaulipas y se puso en riesgo el suministro de dicho líquido para uso humano de las ciudades de toda la frontera norte del Estado, al haber quedado las presas internacionales con volúmenes para cubrir la demanda de tan sólo cinco meses.
Al pueblo y al gobierno de Tamaulipas les preocupa que la única solución del Gobierno Federal y de la Comisión Nacional del Agua para enfrentar el pago de la deuda a Estados Unidos de América consista en los 396 millones de metros cúbicos que se rescaten mediante la rehabilitación y modernización de los distritos del río Conchos, afluente del Bravo, cuando existen en dicha cuenca, entre sobreconcesionamientos y extracciones irregulares, más de mil millones de metros cúbicos que, de acuerdo con el tratado de 1944, deberían ser transferidos a las presas internacionales y al río Bravo para aforar los pagos de agua a Estados Unidos.
Lo anterior, además de ser violatorio del Tratado de Límites y Aguas, por no cumplir el Gobierno de México con su obligación, derivada de su función y del propio Tratado de establecer y hacer cumplir la estructura legal y regulatoria de la operación del sistema hidráulico, es atentatorio en contra de los estados de la Federación y de sus propios ciudadanos, como el caso particular de Tamaulipas, ubicado en la parte baja de la cuenca del Bravo, a quienes no sólo se priva del agua concesionada necesaria para hacer producir sus campos, sino que pone en riesgo la subsistencia y salud de sus habitantes al privarlos del suministro indispensable para consumo humano.
Sólo ilustrativamente, menciono que el río Conchos presenta un escurrimiento medio anual de aproximadamente 2 mil millones de metros cúbicos y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 4 mil millones de metros cúbicos, lo que, aunado al sobreconcesionamiento y a la explotación irregular, hará imposible que en años normales escurran los volúmenes comprometidos con Estados Unidos, y que significan más del 53% del volumen comprometido, por lo que es claro que, de continuarse violando el Tratado Internacional del Límites y Aguas en base a actas, cada vez se comprometerá más la disponibilidad que exige el desarrollo tan dinámico que presenta el norte del estado de Tamaulipas, y el problema de los agricultores en el corto plazo se puede presentar en el resto de los sectores usuarios, incluyendo el doméstico.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable representación popular, la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua a que cumplan en sus términos el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944.
Segundo. Se someta a aprobación del Senado de la República el contenido del acta 309 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y se obligue al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 89, fracción X, y 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por implicar dicha acta una modificación al Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944, que debe de ser celebrada por el titular del Ejecutivo Federal con aprobación del Senado de la República.
Tercero. Se exhorte al Gobierno Federal para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, cumpla con su obligación de hacer cumplir la estructura legal y regulatoria de la operación del sistema hidráulico, para poner orden al sobreconcesionamiento y tolerancia de explotación irregular, en las cuencas de los afluentes a que deben aflorar los volúmenes del río Bravo o Grande, que deben entregarse a Estados Unidos conforme al Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944.
Cuarto. Exhortar al Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, para que los volúmenes de agua ahorrados o reservados, conforme a las obras de mantenimiento e infraestructura hidráulica realizados en el río Bravo y en sus afluentes, se utilicen para cubrir las necesidades de los usuarios de la cuenca baja del propio río Bravo y no se usen para cubrir pagos internacionales, por ser economías domésticas, que deben beneficiar al campo y a los habitantes de México.
Quinto. Exhortar al Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, para que en la administración de los recursos hidráulicos no se perjudique a los distritos de riego ni a los habitantes de Tamaulipas y, eventualmente, las carencias sean soportadas proporcionalmente por todos los usuarios de la propia cuenca.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2003.--- Diputados: Homero Díaz Rodríguez, José Manuel Abdala de la Fuente, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa, Humberto Francisco Filizola Haces, Oscar Martín Ramos Salinas, Gonzalo Alemán Migliolo, Cruz López Aguilar, Carlos Flores Rico y Sergio Arturo Posadas Lara (rúbricas).»
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Ignacio López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Coahuila, con el fin de que se instrumente un programa emergente de empleo en los municipios de Monclova y Saltillo.
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal:Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía este punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal y gobernador de Coahuila de Zaragoza que implanten un programa urgente de empleo en los municipios de Saltillo y de Monclova, conforme a las siguientes
ConsideracionesComo el empleo es consecuencia de la inversión, supone una responsabilidad del honorable Congreso de la Unión trabajar a fin de propiciar las condiciones necesarias para mayor inversión productiva en el país, que se refleje en la creación de puestos de trabajo. De esa manera, es menester que la LIX Legislatura trabaje en el análisis, estudio y aprobación de las reformas fiscal, eléctrica y laboral, para que el país alcance crecimiento económico sostenido de largo plazo, basado en el fortalecimiento del mercado interno, la productividad y la competitividad, así como disminuir la dependencia económica del exterior.
Respecto a la reforma fiscal, ésta se hace imperativa por el bajo nivel de los ingresos tributarios del Gobierno Federal.
Por tal motivo, es necesario otorgar mayores recursos al Poder Ejecutivo para incrementar el gasto público social y de inversión, lo que incidirá de manera favorable en la economía de las empresas y de las familias.
La reforma eléctrica será un fuerte impulso de la competitividad del país, dado el fomento de la modernización del sector y el seguro abastecimiento de la energía eléctrica para la población y la industria a menores costos y con un mejor servicio.
Finalmente, la reforma laboral responde a que el mercado de trabajo en nuestro país es muy rígido. Así, esa reforma se convierte en un nicho de oportunidad para elevar la competitividad del país mediante la flexibilización de los regímenes laborales y la facilitación del funcionamiento de los mercados de trabajo.
Eso, sin duda, fomentará la generación de más y mejores empleos.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional impulsará responsablemente esas reformas estructurales para incrementar la inversión pública y privada, así como para atraer mayor inversión extranjera de largo plazo, lo cual redundará en más fuentes de empleo.
Hoy día, el estado de Coahuila resiente la falta de plazas de trabajo y, más específicamente, los municipios de Saltillo y de Monclova, que han sido golpeados severamente por la contracción del comercio exterior.
Ejemplo de ello es que, de enero a agosto del presente año, esos municipios presentaron tasas de desempleo promedio de 5.03 y 4.75 por ciento, respectivamente, más altas que la media nacional.
Es más, el municipio de Saltillo presentó en agosto una tasa de 7.5 por ciento, cifra muy preocupante.
Ello es consecuencia de la alta vinculación de esos municipios al mercado estadounidense y, principalmente, a la producción de la industria del automóvil, dado que en Saltillo y Monclova se asientan importantes compañías del ramo.
Actualmente, la cercanía de Coahuila con Estados Unidos no parece una ventaja comparativa y se ha convertido en dependencia económica, que perjudica a miles de personas.
Muestra de esa situación es que, en los últimos meses, las exportaciones del país se han reducido y, con ello, las ventas externas de la industria del automóvil, que en agosto tuvieron una caída de 15 por ciento, lo que afectó la actividad productiva de Saltillo y de Monclova.
Por lo anterior, es imperiosa la necesidad de impulsar acciones para emplear temporalmente a estos conciudadanos, mientras el mercado externo se recupera junto con la industria local.
En días pasados, la Secretaría de Economía anunció que se realizan acciones para mejorar la situación del empleo en el país, impulsando por -una parte- 12 sectores industriales que más contribuyen al PIB y -por otra- fomentando nuevas inversiones nacionales y extranjeras.
Por otra parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleva a cabo una transformación para modernizarse e impulsar la creación de más y mejores empleos.
Para ello creó la Subsecretaría de Empleo y Política Laboral, la cual estará a cargo de apoyar e impulsar una política laboral de largo plazo, promover la vinculación entre buscadores y generadores de empleo, apoyar a desempleados y el establecimiento de proyectos productivos y elaborar diagnósticos sobre los factores que promueven el empleo, entre otras tareas.
En la esfera de su competencia, la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con gran variedad de programas, que inciden precisamente en el bienestar de la población menos favorecida en zonas marginadas.
Si bien los municipios de Saltillo y de Monclova pueden no ser susceptibles de esos apoyos, esa secretaría podría impulsar un programa de empleo temporal para otorgar un ingreso a las familias que estimule el consumo, lo cual, a su vez, incrementará la producción y, con ello, el empleo.
En consecuencia, es menester que la Cámara de Diputados, como poder soberano, solicite al Poder Ejecutivo Federal y al gobierno de Coahuila que emprendan las acciones necesarias a fin de implantar un programa urgente de empleo para brindar pronta solución a miles de personas que han perdido su empleo y otras que están por empezar su vida laboral, de tal forma que podamos mitigar tan severo problema de los municipios de Saltillo y de Monclova, mientras creamos las condiciones para una estrategia de crecimiento que permita la creación de empleos productivos a un ritmo más acelerado.
Por lo anterior, someto a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya a las secretarías de Economía, de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social para que implanten un programa urgente de empleo en los municipios de Saltillo y de Monclova, de Coahuila de Zaragoza, en coordinación y con el apoyo del gobierno del estado.
Segundo. Comuníquese a las dependencias correspondientes y al gobierno estatal de Coahuila de Zaragoza.
Muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidencia de la diputada Amalia Dolores García MedinaLa Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:Muchas gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra en seguida el diputado Oscar Pimentel González, del PRI, para el mismo tema, hasta por cinco minutos.
El diputado Oscar Pimentel González:Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
La alta desocupación en las fuentes de empleo formal y la falta de oportunidades de empleo constituye el principal motivo de preocupación e incertidumbre para cientos de familias mexicanas.
El desempleo acrecienta la pobreza y acelera el deterioro de nuestro tejido social. Según las cifras del INEGI, en agosto del presente año la tasa de desempleo abierto a nivel nacional fue de 3.96% de la población económicamente activa, superior en 1.19% a la observada el año pasado.
Esta situación afecta de manera sobresaliente a las entidades federativas que durante los últimos años habían logrado más altos niveles de empleo formal y mejores salarios; regiones que supieron aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, captar importantes flujos de inversión externa y fortalecer su industria mediante cadenas productivas.
La recesión de la economía norteamericana y la pérdida de competitividad de nuestra economía, según el foro económico mundial, pasamos del lugar 42 en el año 2000 al 51 en el 2002, así como la falta de políticas públicas para reactivar la economía, ha propiciado que cada día se incremente el número de trabajadores desocupados en todo el país.
A ello hay que agregar que los empleos existentes son pobremente remunerados, que más de la mitad son empleos de baja calidad y baja calificación y que más de la mitad no gozan de prestaciones sociales ni de la mínima protección laboral.
Por todo esto es necesaria la definición de un programa integral de empleo. La creación de empleos a nivel nacional no se puede posponer por más tiempo; no se puede pretextar que la puesta en práctica de medidas inmediatas debe sujetarse a la discusión de distintas reformas, que son necesarias.
Se debe actuar con premura y con responsabilidad. Es necesario concertar la participación de todos los sectores en función de este objetivo: crecimiento económico y empleo.
Por ello apoyamos este punto de acuerdo y consideramos necesario que las comisiones correspondientes de esta Cámara contemplen el problema del empleo como un problema nacional que requiere un programa integral con medidas de corto plazo, así como también la definición de los acuerdos sobre las reformas de nueva generación que garanticen el crecimiento económico sobre bases sanas y duraderas.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Coahuila con el fin de que se instrumente un programa emergente de empleo en los municipios de Monclova y de Saltillo, que ha presentado el diputado Manuel López Villarreal, del Partido Acción Nacional.
El diputado Agustín Rodríguez Fuentes (desde su curul):
Pido la palabra, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:Sí, señor diputado.
El diputado Agustín Rodríguez Fuentes (desde su curul):
Sobre el mismo tema.
La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:Sobre el mismo tema hasta por cinco minutos. Tiene usted el uso de la palabra.
El diputado Agustín Rodríguez Fuentes:Con su permiso, señora Presidenta; muy buenos días:
No quise dejar pasar este tema para exponer a ustedes algo que debiera ser una preocupación común. En México, en los tres últimos sexenios, hemos vivido el empobrecimiento paulatino de los mexicanos.
Tenemos hasta ahora en el orden de los 57 millones los que viven en la fase del empobrecimiento y 20 millones de mexicanos se encuentran en la pobreza extrema. Eso significa que no hay empleo, no hay salario, no hay un modo digno de vida para sus familias.
Por esa razón, quiero presentar a ustedes el tema para discutirlo, si no es ahora será en otro momento, pero ese tema es algo que es una obligación de este Poder Legislativo para revisar y evaluar el esquema económico que estamos viviendo.
Yo creo que es tiempo para que el Poder Legislativo haga una evaluación y una reflexión sobre los resultados que ha tenido el modelo económico que actualmente estamos padeciendo.
Tenemos permanentemente una gran cantidad de mexicanos que se van hacia el extranjero, 20 millones de mexicanos viven en el extranjero y son una parte principal de la economía de México, porque en México no hay forma para su desarrollo laboral.
Este punto, junto con el sector energético petrolero, es el otro aspecto que sostiene a la economía de México; quitándole esos dos elementos, no encontramos otro más que pueda sostener el desarrollo económico y social del país.
Es por esa razón que en esta Cámara de Diputados debiéramos abordar el tema del desarrollo económico y social del país. No es solamente un plan para la creación integral de empleos, ¿quién se puede oponer a ello? Estamos de acuerdo, hay que promoverlo, hay que impulsarlo, hay que desarrollarlo, pero eso no es más que una parte de la problemática que se vive.
Todos los trabajadores de México vivimos, los que tenemos empleo, salarios bajos y una franja importante de los mexicanos, ya dijimos, 20 millones de trabajadores mexicanos sin la forma de una vida digna.
Es por eso que es importante que aquí se pudiera crear o se debiera crear un mecanismo para un programa que reactive el mercado interno, que revise los acuerdos de carácter internacional que se tienen y que ahora han permitido la apertura indiscriminada de las fronteras, y que han generado un enorme empobrecimiento entre los mexicanos.
Por eso es que es importante que este tema no solamente se aborde desde la perspectiva del programa integral de empleos, sino que se aborde desde la perspectiva de la evaluación y revisión de cuál ha sido el impacto del modelo económico neoliberal que se vive, y cuál es la solución hacia la que debiéramos de caminar los mexicanos.
Es todo, gracias.
La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:Muchas gracias, diputado Agustín Rodríguez, del PRD:
Tiene la palabra el diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a simplificar las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, del 2004, se duplique el monto de recursos destinados a este fondo.
El diputado Marcos Morales Torres:Gracias, diputada Presidenta.
Por economía parlamentaria y cuestiones de tiempo, no daré lectura a todo el punto de acuerdo, por lo que hago entrega del mismo a la Secretaría y le solicito, señora Presidenta, dar sus instrucciones para que sea inscrito de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y a nombre de mi fracción, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes
ConsiderandosDesde el inicio de las sesiones ordinarias de esta LIX Legislatura, a propuesta de varios legisladores integrantes de diversos grupos parlamentarios, este pleno ha aprobado una serie de puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar la pronta acción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), dependiente de la Secretaría de Gobernación, ante la gran magnitud de los desastres ocurridos entre la población por las torrenciales lluvias y huracanes que han azotado desde hace varios meses, a diversos estados de la República Mexicana.
Cabe señalar que como es conocido, México se ubica en un área de alta incidencia de terremotos, huracanes, ciclones, sequías, incendios forestales y otros fenómenos naturales. Así la presentación y aprobación de estos puntos de acuerdo revela que actualmente están ocurriendo serios problemas para lograr que los recursos del Fondo lleguen a tiempo a las áreas afectadas por un desastre, pues además de que los tiempos establecidos en las propias reglas de operación vigentes, del mismo, resultan de por sí muy largos, no se respetan los tiempos máximos de las mismas, de tal suerte que los recursos tardan incluso meses en fluir a las zonas de desastre, lo cual complica más la situación de las familias que se han visto afectadas y quienes por lo tanto sufren las consecuencias al no recibir a tiempo el apoyo.
Una parte fundamental del problema se encuentra en los plazos y procedimientos que se establecen en las reglas, para que las entidades federativas puedan acceder a los recursos del mismo, que comprenden varias etapas e involucran a diversas dependencias federales.
Por ejemplo, ante la inminencia de un desastre natural, la Segob puede emitir una declaración de emergencia a solicitud del gobernador de la entidad federativa correspondiente, con cargo al denominado ``Fondo Revolvente'' del Fonden, cuyo fin en este caso es proveer rápidamente a la población afectada de despensas alimenticias, láminas, artículos de abrigo, herramientas y servicios sanitarios.
Sin embargo, las reglas no especifican ningún plazo para que esta declaración sea emitida, lo cual genera discrecionalidad y retraso en la distribución de los recursos.
Por otra parte, una vez que ha ocurrido un desastre, los recursos del Fonden sólo pueden canalizarse mediante la declaratoria oficial de desastre natural emitida por la Segob, la cual tiene que ser solicitada por el gobernador de la entidad afectada.
Sin embargo para que esto ocurra, las reglas establecen que podría llegar a requerirse hasta 15 días hábiles. Es decir, ya serían tres semanas tan sólo para que la situación sea considerada oficialmente como un desastre natural.
Pero eso no es todo, a partir de que esta declaratoria ha sido emitida por la Segob, las reglas establecen que para poder recibir el total de recursos, hay toda una serie de trámites con los cuales para el momento, en el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decide autorizar la canalización de recursos, es posible que hayan transcurrido ya un total de 28 días hábiles así como una cantidad impresionante de trámites ante diversas instancias. Es decir, si a esto sumamos el número de días que tardó en publicarse la declaratoria oficial de desastre natural, estamos hablando de un periodo efectivo de casi tres meses desde que ocurrió el desastre para que los recursos lleguen a las zonas afectadas. Un lapso de tiempo excesivamente largo a todas luces para poder dar atención oportuna, eficaz y eficiente a la población afectada.
Por otra parte, anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorpora recursos para el Fonden en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo tanto y dada la enorme cantidad y necesidad de recursos en diversas zonas del país debido a la magnitud de los desastres naturales que han azotado a nuestro país en lo que va de este año, resulta necesario que en la elaboración del Presupuesto de Egresos para el año 2004 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados realice un exhaustivo análisis que le permita asignar un monto presupuestal que por lo menos duplique lo asignado al Fondo Nacional de Desastres Naturales que fue aprobado en este año 2003, ya que como vimos se terminó esta partida, de manera que se puedan atender los eventos que de esta naturaleza pudieran presentarse a lo largo del año 2004.
Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de este pleno los siguientes
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a la brevedad lleve a cabo, en la medida de lo posible, la simplificación de las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales que permita reducir trámites y número de días hábiles que actualmente se requieren para que los recursos económicos procedentes del Fondo lleguen de manera expedita, eficaz y oportuna a la población afectada por un desastre natural.
Segundo. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados para que lleve a cabo un exhaustivo análisis que le permita por lo menos duplicar dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004 los recursos destinados para que el Fonden pueda atender satisfactoriamente los desastres naturales que puedan ocurrir durante el próximo año y que con ello se promueva que la población afectada por eventos de esta especie reciba el apoyo necesario con oportunidad y eficacia.
Dado en el Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 7 de octubre de 2003.
Debo señalar que por falta de tiempo no solicité a más diputadas y diputados de esta Cámara de todos los grupos parlamentarios el apoyo para este punto de acuerdo, quienes sin duda lo habrían firmado. Y se cuenta al momento con las firmas de los siguientes legisladores: Eduardo Espinosa Ríos, Marcela González, Inti Muñoz, Dolores Padierna, Miguel Alonso Raya, Alfonso Ramírez Cuéllar, Minerva Hernández, Angélica Díaz del Campo, Diana Bernal Ladrón de Guevara, Francisco Saucedo Pérez, Guillermo Huízar, Adrián Chávez Ruiz, Salvador Martínez Della Rocca, Lizbeth Rosas Moreno, Edgar Torres Baltazar, Guadalupe Morales Rubio, Miguel Luna, Susana Manzanares y Emilio Serrano.
Es cuanto, señora Presidenta.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a simplificar las reglas de operacion del Fondo de Desastres Naturales, así como a la Comision de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se duplique el monto de recursos destinados a ese fondo.
El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
ConsiderandosMéxico es una de las naciones del mundo más expuestas a los desastres naturales, pues se encuentra ubicado en la zona conocida como el Cinturón de Fuego, en donde ocurre el 80% de la actividad sísmica y volcánica a escala mundial, y dentro de cuatro de las seis regiones generadoras de huracanes en el mundo. Además, esta vulnerabilidad se ve incrementada dados los resultados de estudios sobre el cambio climático que advierten de una mayor incidencia de fenómenos naturales extremos.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha reportado que debido a los desastres naturales ocurridos en México entre 1980 y el año 2000, se perdieron 10,000 vidas humanas y se sufrieron daños directos a los acervos de capital y al patrimonio de las personas, empresas o instituciones por un monto aproximado de 14,000 millones de dólares.
Por lo anterior, resulta de vital importancia que nuestro país cuente con un mecanismo eficaz de auxilio económico por parte del gobierno federal, que pueda apoyar de manera expedita a las entidades federativas en las cuales se presentan desastres naturales que ponen en peligro el patrimonio de los ciudadanos, y más aún, su propia vida.
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2003, este Fondo tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de las entidades federativas. Es un instrumento complementario respecto de las acciones que deben implementar y llevar a cabo las entidades federativas para la atención de desastres naturales.
Desde el inicio de las sesiones ordinarias de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, a propuesta de varios legisladores integrantes de diversos grupos parlamentarios, este pleno ha aprobado una serie de puntos de acuerdo de urgente resolución para solicitar la pronta acción del Fonden, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), ante la gran magnitud de los desastres ocurridos entre la población por las torrenciales lluvias y huracanes que han azotado desde hace varios meses a diversos estados de la Republica Mexicana:
- El 4 de septiembre de 2003 el Dip. Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo, presentó una proposición con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal libere de manera inmediata recursos del Fonden para atender la situación de Baja California Sur por el paso del Huracán "Ignacio". Se consideró de urgente y obvia resolución, y se aprobó en el pleno.
- El 11 de septiembre el Dip. Raúl Rogelio Chavarría Sales del Partido de la Revolución Democrática, a nombre del PRI, PAN y PRD, presentó una proposición con punto de acuerdo en relación con las personas que resultaron afectadas por las inundaciones en el estado de Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, solicitando la acción del Fonden. Se consideró de urgente y obvia resolución, y se aprobó en el pleno.
- El 18 de septiembre el Dip. J. Miguel Luna Hernández del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo suscrito por diputados federales del estado de Guanajuato, PRD, PRI y PAN, para solicitar al Ejecutivo la declaratoria de desastre natural en diversos municipios del estado de Guanajuato. Se consideró de urgente y obvia resolución, y se aprobó en el pleno.
- El 23 de septiembre de 2003 el Dip. Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo, presentó una proposición con punto de acuerdo suscrita por diputados federales del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia, para solicitar que el Fonden libere y entregue de manera inmediata los recursos para las regiones declaradas como zona de desastre, y puedan resolver urgentemente las contingencias presentadas. Se consideró de urgente y obvia resolución, y se aprobó en el pleno.
- El 25 de septiembre de 2003, el Dip. Quintín Vázquez García del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial encargada de coadyuvar con las instancias correspondientes y verificar la pronta aplicación de los recursos del fondo revolvente del Fonden, así como su eficiente y eficaz ejercicio. Se turnó a la Comisión de Gobernación.
- El 25 de septiembre de 2003, la Dip. Maria Hilaria Domínguez Arvizu del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Gobernación a que con la mayor brevedad se liberen los recursos del fondo revolvente del Fonden y del Fondo de Apoyo para Contingencias a los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca, Acaponeta y el Nayar, del estado de Nayarit; y que se integre una comisión especial de diputados que se traslade a las zonas de desastre para su evaluación. Se consideró de urgente y obvia resolución, y se aprobó en el pleno.
La presentación y aprobación de estos puntos de acuerdo, revela que actualmente están ocurriendo serios problemas para lograr que los recursos del Fondo lleguen a tiempo a las áreas afectadas por un desastre, pues además de que los tiempos establecidos en las propias Reglas resultan largos, no se respetan los tiempos máximos definidos en las mismas.
De tal suerte, los recursos tardan incluso meses en fluir a la zona de desastre, lo cual complica más la situación de las familias que se han visto afectadas y quienes por lo tanto sufren las consecuencias, al no recibir a tiempo el apoyo.
Asimismo, es claro que una parte fundamental del problema se encuentra en la propia redacción de las Reglas de Operación del Fondo, y en los plazos y procedimientos que en ellas se establecen para que las entidades federativas puedan tener acceso a los recursos del mismo. Con base en el propio Acuerdo, el procedimiento para que las entidades federativas puedan acceder a los recursos del Fondo comprende varias etapas:
a) Ante la inminencia de un desastre natural que ponga en riesgo la vida humana, y cuando la rapidez sea esencial, la Segob a través de la Coordinación General de Protección Civil, podrá emitir una Declaración de Emergencia a solicitud del Gobernador de la entidad federativa correspondiente o del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con cargo al denominado Fondo Revolvente.
Con base en el dictamen técnico recibido por parte del Cenapred, la Coordinación es la entidad encargada de finalmente emitir la Declaración de Emergencia. Sin embargo, las Reglas no especifican ningún plazo para que ésta Declaración sea emitida, por lo que queda a la discreción de la Coordinación General de Protección Civil.
De tal manera los recursos del fondo revolvente, cuyo fin es proveer rápidamente a la población afectada por un desastre natural de recursos para despensas alimenticias, láminas, artículos de abrigo, herramientas y servicios sanitarios, entre otros, no han sido canalizados con la rapidez necesaria entre otros motivos porque las Reglas de Operación no establecen un plazo límite para que la autoridad autorice su canalización.
b) Por otra parte, una vez ocurrido un desastre natural, para acceder a los recursos del Fonden debe haber una Declaratoria de Desastre Natural por parte de la Segob, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Por petición escrita del C. Gobernador del estado o del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la Segob, a través de la Dirección general del Fonden. La solicitud deberá recibirse en un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados a partir de la ocurrencia del desastre.
2. Para emitir la declaratoria, la Segob deberá solicitar en un plazo no mayor de dos días hábiles posteriores a la petición de la declaratoria, opinión previa a la Comisión Nacional Forestal, para el caso de incendios forestales; a la Comisión Nacional del Agua, para el caso de fenómenos hidrometeorológicos, y al Cenapred para el caso de fenómenos geológicos, a fin de que se corrobore bajo su responsabilidad la ocurrencia del desastre natural.
3. Una vez que reciba la solicitud respectiva, la dependencia correspondiente deberá corroborar la ocurrencia del desastre, para lo cual dispone de un máximo de 4 días hábiles posteriores a la solicitud de opinión por parte de la Segob.
4. Cuando esta opinión haya sido recibida, entonces la Segob podrá emitir la declaratoria de desastre respectiva, la cual deberá ser publicada en un plazo no mayor de 4 días hábiles posteriores a la recepción de la opinión que confirme la ocurrencia del desastre natural.
De tal forma, hasta este momento del procedimiento y de acuerdo a las Reglas de Operación, ha transcurrido ya un máximo de 15 días hábiles, únicamente para emitir la Declaratoria de Desastre. Es decir, estamos hablando en realidad de 3 semanas tan solo para que la situación sea considerada oficialmente como un desastre natural. Cabe aclarar que este lapso resulta aún más largo para cierto tipo de desastre, como por ejemplo para una sequía atípica e impredecible, pues las Reglas de Operación establecen un plazo que puede alcanzar hasta los 46 días hábiles, equivalentes a poco más de 2 meses, tan sólo para llevar a cabo la declaratoria oficial de desastre natural, lo cual resulta excesivo.
Posteriormente, y una vez que la Declaratoria de Desastre Natural ha sido efectuada por la Segob, se procede como sigue:
- La Dirección General del Fonden convocará la formación de un Comité de Evaluación de Daños, para lo cual las Reglas no establecen plazo límite específico. Este Comité deberá entregar a cada una de las dependencias federales involucradas según la causa del desastre, los resultados de la evaluación y cuantificación de daños en un término no mayor de 10 días hábiles a partir de la notificación técnica que corrobora la presencia del desastre natural.
Cuando por la magnitud del desastre o por imposibilidad técnica no se puedan evaluar los daños en los plazos señalados, el Comité podrá de manera excepcional y justificadamente, extender el plazo máximo señalado en el párrafo anterior, por 10 días hábiles más.
En cualquier caso, las solicitudes de fondos por parte de las entidades federativas deberán justificar que el daño supera la capacidad financiera de éstas, por lo que deberán presentar la documentación presupuestaria de la cual se desprenda la insuficiencia de recursos, suscrita por el secretario de Finanzas de la entidad.
- Una vez que se cuente con el dictamen del Comité de Evaluación de Daños respecto del desastre, puede implementarse cualquiera de los dos siguientes mecanismos:
1. La entidad federativa podrá solicitar a la dependencia correspondiente según la causa del desastre, que realice las gestiones necesarias para que se otorguen anticipos con cargo al Fonden, con objeto de iniciar a la brevedad acciones de apoyo.
En caso de considerarlo procedente, esta solicitud será enviada por la dependencia correspondiente a la Secretaría de Hacienda para su trámite. Sin embargo, aquí tampoco se establece ningún plazo máximo para que se lleven a cabo los trámites correspondientes, por lo que se da pie a la discrecionalidad y por lo tanto, a la tardanza en el flujo de los recursos.
2. La dependencia correspondiente según el tipo de desastre, enviará a la Dirección General del Fonden su solicitud de recursos y al mismo solicitará a la SHCP su opinión presupuestaria. Las solicitudes de recursos deberán presentarse a la Dirección General del Fonden en un término improrrogable de 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al que se haya celebrado la sesión de entrega de resultados por parte del Comité de Evaluación de Daños.
- La SHCP deberá emitir su opinión presupuestaria a las dependencias federales y entidades paraestatales solicitantes en un plazo que no deberá exceder de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su recepción en la SHCP. En caso contrario, se entenderá que no existe objeción por parte de esta Secretaría.
- La Dirección General del Fonden tendrá un plazo máximo de 4 días hábiles contados a partir de la recepción de la opinión presupuestaria de la SHCP, para analizar la solicitud de la dependencia federal que la haya elaborado. La Dirección General del Fonden podrá solicitar información adicional a las dependencias en un plazo no mayor de 2 días hábiles, y deberá recibir esta información en un máximo de 3 días hábiles.
- Una vez que la Segob cuente con la solicitud de recursos y el dictamen de evaluación y cuantificación de daños definitivo de la dependencia federal de que se trate, lo someterá a la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento, la cual emitirá sus recomendaciones sobre las solicitudes de recursos con cargo al Fonden. La Segob, con el objeto de que la Comisión pueda valorar la procedencia o viabilidad financiera de solicitudes con cargo al Fonden, enviará una serie de datos al secretario técnico de la misma.
- El secretario técnico de la Comisión, en un máximo de 4 días hábiles a partir de la sesión en que así se determine, deberá hacer del conocimiento de la SHCP el acuerdo de la Comisión por el que se recomienda a esta Secretaría la autorización de recursos del Fonden, y al mismo tiempo hacer saber este acuerdo a la dependencia federal que solicitó los recursos.
La dependencia o entidad federal correspondiente deberá dentro de los 3 días hábiles siguientes, contados a partir de que se le haya hecho de su conocimiento el Acuerdo de la Comisión, proceder a tramitar ante la SHCP la liberación de los recursos correspondientes. Es hasta entonces que, finalmente, la SHCP libera los recursos correspondientes.
Al momento en que esto ocurre, como puede verse por lo anteriormente expuesto, han transcurrido ya un máximo de 28 días hábiles a partir de la Declaratoria Oficial de Desastre Natural, así como una cantidad impresionante de trámites ante diversas instancias. Es decir, poco menos de tres meses desde que ocurrió el desastre, lo cual evidentemente es un lapso de tiempo excesivamente largo para poder dar atención oportuna, eficaz y eficiente a la población afectada.
Por otra parte, anualmente la SHCP incorpora en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, recursos para el Fonden, los cuales se presupuestan en el programa correspondiente del Ramo 23, Previsiones Salariales y Económicas. El monto de estos recursos se establece con base en la recomendación de la Comisión Nacional del Agua y la Segob, a través del Cenapred.
De tal forma y con base en la información anterior, resulta necesario que en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2004, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, realice un exhaustivo análisis que le permita asignar un monto presupuestal que por lo menos duplique lo asignado al Fonden respecto al año 2003, de manera que pueda atender los eventos de esta naturaleza que pudieran presentarse a lo largo del año 2004, de manera que no exista insuficiencia de recursos, situación que sí ocurrió en este año.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, con la mayor brevedad, lleve a cabo en la medida de lo posible la simplificación de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, que permita reducir trámites y número de días hábiles que actualmente se requieren para que los recursos económicos procedentes del Fondo lleguen de manera expedita, eficaz y oportuna a la población afectada por un desastre natural.
Segundo. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados para que lleve a cabo un exhaustivo análisis que le permita por lo menos duplicar dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2004, los recursos destinados para que el Fonden pueda atender satisfactoriamente los desastres naturales que puedan ocurrir durante el próximo año, y que con ello se promueva que la población afectada por eventos de esta especie reciba el apoyo necesario con oportunidad y eficacia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2003.--- Diputados: Eduardo Espinoza Pérez, Marcela González Salas, Inti Muñoz Santini, María de los Dolores Padierna Luna, Miguel Alonso Raya, Alfonso Ramírez Cuéllar, Minerva Hernández Ramos, Angélica Díaz del Campo, Diana Bernal Ladrón de Guevara, Francisco J. Saucedo Pérez, Guillermo Huízar Carranza, Adrián Chávez Ruiz, Salvador Martínez Della Rocca, Lizbeth E. Moreno Rosas, Edgar Torres Baltazar, Guadalupe Morales Rubio, Miguel Luna Hernández, Susana Manzanares Córdova, Emilio Serrano Jiménez (rúbricas).»
La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:Gracias, diputado Marcos Morales Torres.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las comisiones de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Jesús María Ramón Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo que plantea la creación de la Comisión Especial del impulso al empleo para revisar el marco jurídico de creación de empleos y para que proponga iniciativas de ley o de reformas a las leyes por las que se creen las condiciones para que se generen nuevas fuentes de empleo.
Tiene la palabra, señor diputado, hasta por 10 minutos.
El diputado José María Ramón Valdez:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados; señoras y señores:
«Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y 70 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que faculta a cada Cámara para aumentar o disminuir el número de comisiones y para nombrar las comisiones especiales que crean convenientes, cuando así lo exija la urgencia y calidad de los negocios, comparezco ante ustedes para plantear la necesidad apremiante de crear una comisión especial de impulso al empleo.
La generación de empleos se desplomó y pasó del 1.9 en diciembre del 2000 al 3.1 por ciento en septiembre del año pasado, después de los atentados terroristas en los Estados Unidos.
El número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social bajó casi en 260 mil.
El desempleo ha alcanzado en México dimensiones preocupantes.
La pérdida de empleos es el problema que más agudamente sufrimos los mexicanos. El gobierno ha buscado aumentar el gasto en inversión pública de alta rentabilidad, así como proteger a los sectores productivos más vulnerables al ciclo económico, sin embargo, el desempleo se ha generalizado.
En los últimos meses cientos de miles de mexicanos han perdido su empleo.
No podemos permanecer indiferentes, no podemos ser espectadores mudos de esta grave crisis nacional.
¿De verdad creemos que, cuando la economía de Estados Unidos recobre su dinamismo, después de esta crisis generada por los atentados terroristas y la guerra de Irak, también nos recuperaremos de manera automática, sin que nada hagamos nada?
¿Nos debemos quedar con los brazos cruzados mientras nuestra competitividad en el mercado internacional está siendo seriamente amenazada por economías como la china, la coreana, la malaya y la india?
No es casual que los distintos partidos políticos coincidamos en un punto fundamental: el desempleo, que es prioridad esencial del país.
Estamos sin duda en el umbral de una crisis social si no actuamos con prontitud y con coordinación para orientar y conducir el tema principal del país que es el desempleo.
El Consejo Político del PRI del agosto pasado concluyó que debe crearse un pacto entre los interlocutores sociales, a fin de realizar y aportar opciones para abatir los altos índices de desempleo y subempleo en dos niveles: un programa público de acción inmediata para la recuperación y acciones de mediano y largo plazo.
El Partido Acción Nacional, en su proyección de principios de doctrina, destaca el de la dignidad de la persona, que se manifiesta y proyecta en sus obras, primordialmente, en el trabajo.
El Partido de la Revolución Democrática ha señalado en su plataforma política que la economía de México está estancada y eso lo sufren principalmente las clases populares, quienes no tienen empleo.
El Partido Verde Ecologista ha propuesto una iniciativa de Ley de Capacitación y Programas Emergentes de Empleo y considera elementos concatenados la educación, la capacitación, el empleo y la productividad.
El Partido del Trabajo, en su plataforma electoral, enarbola los objetivos de pleno empleo, desarrollo regional, efectos multiplicadores internos que favorecen el ingreso y el ahorro.
Convergencia ha sostenido en su plataforma que el éxito de las políticas de empleo será si las mismas disponen de un marco con un acuerdo.
Así es, la negociación colectiva es el eje del cambio y del porvenir.
Compañeras y compañeros Legisladores:
No hay partido político que no defienda la creación de empleos, no hay organización política que no considere prioritario el generar fuentes de trabajo para el bienestar de la nación.
Vamos a superar diferencias de matiz, de emblemas y colores para unirnos en lo esencial, para luchar por el presente y el futuro de México.
Propongo por ello, compañeras y compañeros, que instituyamos en esta Cámara una comisión especial de impulso al empleo, compuesta por todos los partidos políticos, para enfrentar el problema fundamental de este país.
En México la mayoría de los establecimientos son micro, pequeñas, medianas empresas, Pymes, que presentan una gran capacidad de adaptación y crecimiento y constituyen un factor crítico de estabilidad económica y social.
Ante la globalización estas empresas enfrentan numerosos obstáculos y rezagos que limitan su capacidad productiva y que sólo podrán superarse mediante una agresiva campaña de promoción que facilite su reconversión competitiva.
Hay que consolidar un sinnúmero de acciones de promoción de empresas de todos los tamaños, que van desde la modificación del entorno regulatorio en que éstas se desenvuelven, hasta el desarrollo de acciones ejecutivas concretas de impulso en este sector.
Hay que desregular con firmeza y precisión para que las empresas nuevas se puedan instalar con facilidad y para quitar las trabas a las operaciones de las que ya están establecidas.
No se trata solamente de organizar foros y recopilar conclusiones, se trata de inducir el cambio, de crear condiciones para que éste se dé, y de contribuir a resolver los problemas que genera el desempleo en nuestro país.
La regulación excesiva y los complejos trámites administrativos aumentan el costo de hacer negocios en México y erosionan la competitividad del país.
Se trata de destrabar en el área operativa los trámites y abatir el burocratismo de abejas del que hablaba Reyes Heroles, que todo lo complican y todo lo dilatan y de eliminar engorrosos trámites no indispensables para que las empresas puedan establecerse, desarrollarse y operar.
Se trata de unirnos para identificar fórmulas, para crear empleos que alienten la competitividad de nuestra planta productiva.
Vamos a crear juntos la vía rápida del desarrollo nacional.
No permanezcamos pasivos ante otras naciones que se jactan de su dinamismo económico, tenemos que crear las condiciones para impulsar el nuestro.
En nuestro caso, ¿qué hemos venido haciendo?
No sólo hemos pospuesto las decisiones que resultan necesarias sino que nos hemos resistido a aceptar los diagnósticos.
Queremos un gobierno más fuerte, pero no impulsamos las acciones que lo provean de los fondos necesarios para que se pueda actuar.
Queremos atraer mayores y mejores inversiones, pero no hemos generado desde aquí las condiciones que hagan atractivo a México como país.
Queremos el desarrollo integral del país, pero no lo promovemos con el argumento de que no se impulsa porque hay una parálisis.
No caigamos en la parálisis por el análisis.
Vamos juntos a abrir nuevos caminos y a eliminar trabas al desarrollo.
Vamos a determinar unidos cuáles son los incentivos necesarios para que florezca la inversión.
Vamos a desechar trámites obsoletos, a ser facilitadores y no cortapisa para el porvenir de México.
Vamos a devolver el impulso perdido a nuestra planta productiva.
Vamos a empujar como un solo hombre el conocimiento, sin poner en riesgo la estabilidad. Este es el desafío de la política económica del futuro del país.
Bien lo dijo la maestra Elba Esther Gordillo: "desde el Congreso, la parálisis del gobierno; desde el Gobierno, la parálisis del Congreso".
Hay que reconocer, de una vez por todas, que la responsabilidad es de todos, a todos nos compromete, a todos alcanza y a todos debe beneficiar.
Las nuevas generaciones de mexicanos no nos perdonarán si fuésemos recordados como una Cámara que no supo encontrar caminos para dinamizar la economía nacional, como una Cámara que no halló cómo impulsar el empleo ni tuvo la grandeza de saber instituir las condiciones para propiciar el desarrollo y la inversión.
Hoy es nuestra responsabilidad histórica, demos vida a una comisión especial de impulso al empleo, como otras que se han creado en esta Cámara, reguladas por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y 72 del Reglamento Interior a fin de que propongan nuevas formas y fórmulas para impulsar el empleo en México y resolver sus problemas desde la raíz.
Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta honorable representación popular, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Se crea la Comisión Especial de impulso al empleo, constituida por un presidente, dos secretarios e integrantes, hasta constituirse por 10 miembros para el análisis de las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas, teniendo como plazo para su actividad los trabajos de esta LIX Legislatura.
En manos de ustedes, de esta honorable Cámara está, en buena medida, la luz o la sombra; el triunfo o el fracaso; lo que viva o lo que muera en el futuro de México.
Dip. Jesús María Ramón Valdez (rúbrica).»
Muchas gracias.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Se turna a la Junta de Coordinación Política.Se concede el uso de la palabra al señor diputado Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Con su venia, señor Presidente; diputadas y diputados:
Dos propuestas el día de hoy han versado sobre el tema central, nuclear: el problema y la enfermedad más grave de nuestra economía, la falta de empleo. La falta del medio racional, humano, para la subsistencia de un hombre y de su familia. Diría yo, sin exagerar, que a ningún ser humano le puede ocurrir una calamidad más lacerante, más denigrante, que no tener el medio legítimo para llevar a casa los elementos indispensables para una sobrevivencia digna.
No es posible que a estas alturas, en estos tiempos de México, todavía debatamos las políticas económicas en la estratósfera, en los elementos complementarios sin descender a lo nuclear. No hay política económica humanista que no empiece por contemplar la necesidad del empleo digno para todos y cada uno de los ciudadanos de este país.
Hoy, efectivamente el fracaso de las políticas coyunturales que apostaban a la maquila, que apostaban a la migración, están cayendo por su propio peso. Si el país no resuelve el grave problema del deterioro del empleo, nuestro país, nuestra patria está condenada al fracaso en el concierto internacional.
No puede ser posible que no concibamos la riqueza del trabajo cuando este año van a ingresar del trabajo de mexicanos desplegado productivamente en el exterior más de 13 mil millones de dólares.
Nos preguntaríamos qué pasaría si esos recursos humanos, si ese potencial, si esa gran capacidad del mexicano para laborar productivamente se desplegara en nuestra propia patria y beneficiara a nuestros propios hermanos, a nuestros propios connacionales.
En este aspecto, como bien lo señaló aquí el diputado Jesús María Ramón Váldez, la plataforma de Convergencia en cuanto aborda el tema de la política económica insiste en la necesidad de plantear como vital y crucial el problema del desempleo.
Recientemente fuimos no sorprendidos pero sí impactados por lo que está ocurriendo en las reuniones donde se festina la globalización, donde se hacen planes por las grandes potencias para el futuro del mundo en torno a sus propios objetivos y, en contraste, el ejército de despojados de su empleo, de sus medios de sobrevivencia en el campo que piden, que gritan, que claman el que se les oiga para poder permitirles la sobrevivencia humana, digna.
Es por esta razón y este aspecto que hemos abordado, que Convergencia coincide plenamente sí, con las decisiones y las propuestas de un programa coyuntural para Coahuila pero, por sobre todo, que nazca una comisión y que sea en realidad el más importante trabajo que pueda hacer esta legislatura, que logremos entrar al tema del empleo y dar concebir soluciones efectivas y sobresalientes para que México pueda resolver este dramático problema de nuestros tiempos, de nuestros días y de millones de compatriotas.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
El siguiente punto del orden del día, es una proposición en cuestión de límites entre el estado de México...
El diputado Joel Padilla Peña (desde su curul):
Ya me había yo anotado para participar en este punto.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se le concede el uso de la palabra, don Joel, para hechos.
El diputado Joel Padilla Peña:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El problema más apremiante que ha manifestado la sociedad mexicana en lo que va del sexenio de Vicente Fox, es la necesidad de empleos.
En años pasados, esta problemática se centraba en la demanda de estabilidad y remuneración adecuada en el empleo pero en los dos años recientes, el reclamo fundamental es el contar con un empleo, incluso en las condiciones precarias que han acompañado a las escasas plazas de trabajo creadas en este período.
Por ello, uno de los retos centrales que debe asumir de manera urgente esta Cámara de Diputados, tiene que ver con impulsar medidas de carácter legislativo que incidan sobre las políticas públicas en materia de empleo.
El Gobierno del Presidente Fox, en tres años de una gestión titubeante sin rumbo claro en materia de crecimiento económico...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Un momentito, señor diputado.
Rogamos a los señores legisladores tengan la bondad de prestar la cortesía debida al orador prestando atención.
Continué, señor diputado.
El diputado Joel Padilla Peña:El Gobierno del Presidente Fox, en tres años de una gestión titubeante sin rumbo claro en materia de crecimiento económico, ha duplicado la tasa de desempleo que teníamos cuando asumió la Presidencia de la República; a diciembre de 2000 la tasa de desempleo abierto era del 1.96% y para septiembre de 2003 es del 4%. En su campaña electoral prometió crear 1 millón 300 mil empleos al año y la cruda realidad es que se han perdido 1 millón 700 mil.
El sector económico más golpeado es el de las manufacturas al tener una tasa de desempleo del 4.2% hasta julio de este año. Sin embargo, estas cifras ocultan una situación más grave; no corresponden al desempleo real, porque de ellas se excluyen a quienes manifiestan haber laborado cuando menos dos horas a la semana, previa al levantamiento de la encuesta; tampoco registran a millones de mexicanos que laboran de manera intermitente en la economía informal, quienes son incluidos bajo el rubro de subempleo, pero en la mayoría de los casos se trata de desempleo disfrazado.
A ello hay que agregar la ausencia total de prestaciones y seguridad social de estos casi 20 millones de mexicanos. La política económica, procíclica que aplica dogmáticamente el gobierno foxista, contribuye a agravar el desempleo abierto y el subempleo, en los momentos en que urge más una política anticíclica para compensar el efecto de la recesión internacional y de la economía de Estados Unidos, de la que dependemos enormemente.
Los programas de desempleo temporal, de capacitación y de becas, son insuficientes para enfrentar el grave problema de desempleo, cuyas causas son tanto estructurales como resultado de la política neoliberal. El gasto público como detonante del crecimiento se ha visto castigado sistemáticamente por la práctica reiterada de manipularlo en función del comportamiento de la inflación y por los persistentes subejercicios de las dependencias federales, que gustan hacer pasar como ahorro del sector público.
Compañeras y compañeros legisladores: el Partido del Trabajo en su agenda legislativa contempla dos medidas centrales para la generación de empleos.
1. Creación de un fondo de financiamiento de desarrollo nacional para apoyar a la empresa familiar, la empresa social, la microempresa, la pequeña y la mediana empresa, que son las que más generan empleo.
2. Ampliación del gasto en inversión física, invertir más en la obra pública y en construcción de vivienda popular, actividades que son detonadoras de empleo.
Para apoyar a los jóvenes proponemos impulsar un programa de becas que les permitan acceder a la educación media superior y superior, así como dotar de empleos profesionales a los egresados de instituciones de educación superior.
El Poder Legislativo, en tanto expresión de representación popular nacional, no puede ni debe permanecer a la expectativa frente a esta situación, nuestra obligación es tomar medidas urgentes, porque se trata del deterioro acelerado, de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo apoya la creación de la Comisión Especial del Impulso al Empleo, que debe convertirse en un instrumento del Poder Legislativo para analizar y establecer medidas legales y económicas para atajar y revertir el problema del desempleo.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
El siguiente punto del orden del día relativo a límites entre el Distrito Federal y el estado de México, ha sido pospuesto para una próxima sesión.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rafael Galindo Jaime, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito entre su gobierno y diversas organizaciones de productores del campo el 28 de abril de 2003. No se encuentra el diputado.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Como siguiente punto del orden del día tiene la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno mexicano para que ratifique el Convenio número 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo.
La diputada Angélica de la Peña Gómez:Gracias. Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Antecedentes1. El trabajo infantil es un fenómeno mundial cuya erradicación representa un imperativo de las sociedades democráticas respetuosas de los derechos humanos.
En la actualidad, millones de niñas y de niños trabajan en condiciones que son un obstáculo para su formación, educación, desarrollo y porvenir. Por trabajar, las niñas y los niños son privados de sus derechos al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y se les excluye del sistema educativo.
Muchos de ellos están ocupados en las peores formas de trabajo infantil, que les causan daños físicos y psicológicos irreversibles e incluso ponen en peligro sus vidas.
Esa situación, violatoria de los derechos humanos, perpetúa el círculo vicioso de la pobreza como la principal causa del trabajo infantil y compromete el crecimiento económico y el desarrollo equitativo de las naciones.
2. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), informe Un futuro sin trabajo infantil, en 2000 había en el mundo 211 millones de niñas y de niños de entre 5 y 14 años que realizaban algún tipo de actividad económica. Asimismo, de una cifra estimada de 141 millones de niñas y de niños de 15 a 17 años que desarrollaban actividades económicas, 59 millones realizaban trabajo infantil. La magnitud de las cifras refleja apenas el tamaño del problema.
3. La OIT fue fundada en 1919, para promover la justicia social y la paz. En el transcurso de los años, el organismo ha elaborado un código internacional del trabajo, con convenios y recomendaciones que se someten a la aprobación de los Estados miembros.
En diversos instrumentos, la OIT ha manifestado su preocupación histórica respecto a la abolición del trabajo infantil. En su primera reunión, en 1919, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre la Edad Mínima en la Industria.
En los años siguientes, el concepto de la edad mínima de admisión en el empleo fue aplicado a diferentes sectores económicos, lo cual culminó con la adopción -en 1937- de un instrumento general: el Convenio sobre la Edad Mínima para la Admisión en el Trabajo, conocido como Convenio 138.
4. A la fecha, 130 países han ratificado el Convenio 138 de la OIT. En Latinoamérica lo han hecho naciones de similar desarrollo económico que México, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica. Fruto de esa ratificación, la edad mínima para el trabajo en Brasil es de 16 años y en Costa Rica de 15. Inexplicablemente, nuestro país no ha aprobado el Convenio 138, a pesar de que hace más de año y medio el gobierno manifestó ante la OIT su intención de ratificarlo.
Consideraciones1. De conformidad con los datos proporcionados por el UNICEF, se estima que existen 3.5 millones de niñas y de niños trabajadores en México.
En ese sentido, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, a cargo de la OIT, señala que son causas de éste la pobreza, como el factor más importante, la falta de oportunidades y de infraestructura, los costos indirectos de la educación, la permisividad social, los patrones culturales, la violencia intrafamiliar, la demanda de trabajo infantil y la falta de cobertura, calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la educación.
En México, algunos estudios estiman que en cuatro grandes sectores el trabajo infantil tiene presencia importante: la agricultura, las calles de las grandes y las medianas ciudades, el servicio doméstico y los pequeños talleres en la periferia.
Ese lacerante fenómeno conculca a millones de niñas y de niños del campo y la ciudad los más elementales derechos.
2. El trabajo infantil ha aumentado en nuestro país, en virtud de los crecientes niveles de pobreza que abaten a millones de familias mexicanas, lo cual obliga a las niñas y los niños a contribuir al ingreso familiar en edades cada vez más tempranas.
Ello se conjuga con alta tolerancia de las autoridades laborales, que han sido incapaces de hacer respetar la legislación que prohíbe la utilización del trabajo de las personas menores de 14 años y condiciona el trabajo de quienes comprenden las edades de entre 14 y 16 años.
Esa circunstancia se complementa con la visión equivocada e insultante de que el trabajo infantil beneficia la socialización y formación laboral de la niñez.
3. El trabajo infantil viola flagrantemente los derechos fundamentales de las niñas y los niños, los priva de su infancia y de su dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico y mental.
Debemos recordar que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
Además, debemos atender las observaciones del Comité de los Derechos de la Niñez en que señala que la explotación económica continúa siendo uno de los principales problemas de la infancia en México.
También alarma el hecho de clasificar a niñas y a niños en situación de calle como "niños que trabajan", toda vez que esa concepción errónea influye en la percepción de este fenómeno social.
El Comité recomienda reexaminar la situación de nuestro país respecto al trabajo infantil, mereciendo especial atención la situación de niñas y de niños que realizan trabajos peligrosos en el sector no estructurado.
Por tal motivo, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo estamos obligados a tomar todas las medidas necesarias a fin de adoptar la edad mínima para trabajar, hasta alcanzar el objetivo de erradicar por completo el trabajo infantil en nuestro país. Esas medidas legales deben ser acompañadas de políticas públicas para atender el universo de necesidades de niñas, de niños y de adolescentes que sustenten su desarrollo pleno.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie cuanto antes el proceso de ratificación ante el Senado de la República del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión en el empleo, en los términos de los artículos 76, fracción I, y 133 de la Constitución federal.
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 7 de octubre de 2003.--- Diputados: Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, José A. Ortiz Pinchetti (rúbrica), Dolores Gutiérrez Zurita, Diana Bernal de Ladrón de Guevara, Clara Marina Brugada Molina, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Angélica Díaz del Campo (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica) y Miguel Alonso Raya (rúbrica).
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.Tiene la palabra la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir su fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto con relación a la reforma política del Distrito Federal.
La diputada Susana Guillermina Manzanares Córdova:Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:
Hoy me encuentro en esta tribuna presentando un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados dirija un respetuoso exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a la demanda de controversia constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en contra del dictamen de la Cámara de Senadores, referente a las reformas a la Constitución en Materia del Distrito Federal.
«Los diputados que suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72, 73, 77, 102, 103, 104 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, el cual se sustenta en los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan.
Antecedentes1. El 13 de noviembre de 2001 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 73, 76, 89, 108. 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. El 14 de diciembre del 2001 la Cámara de Diputados aprobó con el voto mayoritario del 93 por ciento, el dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal, y de Puntos Constitucionales sobre dichas reformas y adiciones a la Constitución federal, y en la misma fecha envió la minuta con proyecto de decreto a la colegisladora Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.
3. En la Cámara de Senadores se turnó la minuta a las Comisiones Unidas del Distrito Federal, y de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado para que elaboraran el dictamen correspondiente.
4. El 1° de octubre de 2002, las Comisiones Unidas del Distrito Federal, y de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República sometieron a discusión del Pleno el dictamen elaborado, el cual fue aprobado en sus términos en la misma sesión por 53 votos en favor y 46 en contra, ordenándose la devolución del expediente completo a la Cámara de Diputados.
5. El dictamen aprobado por la Cámara de Senadores determina que no es de aprobarse la minuta de la Cámara de Diputados, que contiene la iniciativa presentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debido a que, a juicio del dictamen aprobado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene competencia para presentar iniciativas de reforma constitucionales ante el H. Congreso de la Unión.
6. El 7 de noviembre del 2002 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la Cámara de Senadores, y cuyo acto reclamado es la aprobación del citado dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal, y de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República, ya que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal consideró que con la aprobación del dictamen en cuestión se invadió su esfera de competencia constitucional.
7. En la controversia constitucional 64/2002 interpuesta por la Asamblea Legislativa ante la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados aparece como tercero interesado. Posteriormente se verificaron diversos actos con los que se dio por admitida la demanda de controversia constitucional y se ratificó a la Cámara de Senadores como único demandado.
ConsiderandoI. Que con el acto de admisión a la Cámara de Diputados de la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a esta H. representación, así como con la favorable dictaminación y apro- bación del dictamen por el 93 por ciento de los diputados y, finalmente, con el acto de turnar dicha iniciativa al Senado de la República en su carácter de colegislador, esta Cámara de Diputados reconoció la facultad de iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con relación a las reformas constitucionales en materia del Distrito Federal.
II. Que durante el proceso de dictaminación de la referida iniciativa por parte de las Comisiones Unidas del Distrito Federal, y de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, fue notoria la táctica dilatoria impulsada por el senador David Jiménez González, Presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, lo que provocó un debate en el seno de la Cámara de Senadores así como que diversos senadores demandaran formalmente agilizar el proceso de dictaminación por las Comisiones Unidas.
III. Que entre los argumentos expresados en el dictamen presentado por el senador David Jiménez González, que rechaza la iniciativa de reforma y adiciones referida, se plantea la negación de la facultad de la Asamblea Legislativa para iniciar reformas y adiciones al texto constitucional en materia del Distrito Federal, lo que, como se afirma en la controversia constitucional impulsada por la Asamblea Legislativa, tal negación sólo es posible en la medida que el Senado interpretó directamente la Constitución General de la República invadiendo la esfera de competencia constitucional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
IV. Que el dictamen impulsado por el senador David Jiménez González y aprobado por un pequeño margen de votación en el Senado, evidencia la voluntad de quienes en la Cámara alta tratan de impedir el avance de los derechos plenos para los habitantes del Distrito Federal, imponiendo una concepción conservadora sobre la naturaleza jurídico-política de la capital de la República y perjudicando la consolidación del régimen político democrático del Distrito Federal.
Por lo anterior, consideramos necesario y procedente que esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contribuya a superar una situación que lesiona los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal y de sus órganos de gobierno y representación legítimamente electos, por lo que se presenta la siguiente propuesta de
Punto de AcuerdoUnico.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda dirigir una atento y respetuoso exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que ésta emita a la brevedad posible su resolución respecto a la controversia constitucional 64/2002, interpuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, relativa al dictamen emitido por Cámara de Senadores con relación a la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputados: Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella, Adrián Chávez Ruiz, Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya, Alfonso Ramírez Cuéllar, Amalia Dolores García Medina, Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Antonio Mejía Haro, Arturo Nahle García, Bernardino Ramos Iturbide, Carlos Hernán Silva Valdés, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, César Antonio Chávez Castillo, Clara Marina Brugada Molina, Cristina Portillo Ayala, Daniel Ordóñez Hernández, René Arce Islas, Rocío Sánchez Pérez, Rogelio Franco Castán (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera, Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Santiago Cortés Sandoval (rúbrica), Sergio Augusto Magaña Martínez, Socorro Díaz Palacios, Susana Guillermina Manzanares Córdova, Tomás Cruz Martínez, Valentín González Bautista, Víctor Manuel Camacho Solís, Víctor Suárez Carrera, Yadira Serrano Crespo (rúbrica), David Ferreira Martínez, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Edgar Torres Baltazar, Eliana García Laguna, Elpidio Tovar de la Cruz, Emilio Serrano Jiménez, Emilio Zebadúa González, Enrique Torres Cuadros, Francisco Chavarría Valdeolivar, Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Francisco Javier Obregón Espinoza, Francisco Javier Saucedo Pérez, Francisco Mora Ciprés, Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez, Gilberto Ensástiga Santiago, Guillermo Huízar Carranza, Héctor Miguel Bautista López, Horacio Duarte Olivares, Horacio Martínez Meza (rúbrica), Inelvo Moreno Alvarez, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Israel Tentory García, Iván García Solís, J. Miguel Luna Hernández, Javier Manzano Salazar, Javier Salinas Narváez, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Jorge Martínez Ramos, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), José Luis Medina Lizalde, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Juan García Costilla, Juan José García Ochoa, Juan Pérez Medina, Julio Boltvinik Kalinka, Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Marbella Casanova Calam, Marcelo Herrera Herbert, Marcos Morales Torres, Margarito Fierros Tano, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, María del Rosario Herrera Ascencio, María Elba Garfias Maldonado, María Guadalupe Morales Rubio, María Marcela González Salas y Petricoli, María Marcela Lagarde y de los Ríos, Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Miguelángel García Domínguez (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez, Narciso Agúndez Montaño, Omar Ortega Alvarez, Pablo Franco Hernández, Pablo Gómez Alvarez, Pascual Sigala Páez, Rafael Flores Mendoza, Rafael García Tinajero Pérez.»
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo relativo a los señalamientos del Auditor Superior de la Federación para recuperar recursos indebidamente canalizados al Fobaproa.
Si no se encuentra el diputado Kahwagi, le concedemos el uso de la palabra al diputado Rafael Galindo Jaime, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo.
El diputado Rafael Galindo Jaime:Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados federales:
«Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Rafael Galindo Jaime, diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y en nombre también de los diputados federales Cruz López Aguilar (PRI), Luis Antonio Ramírez Pineda (PRI), Julián Nazar Morales (PRI), Víctor Suárez Carrera, Alfonso Ramírez Cuéllar y Miguel Luna Hernández, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se permite presentar ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
ConsiderandosLos problemas económicos del campo mexicano abarcan todas las esferas de la vida comunitaria. Son la causa principal de la pobreza que se cierne sobre más de 70 por ciento de la población rural y de una continua migración que desintegra a la familia campesina y deja sin la fuerza de trabajo necesaria para garantizar en el futuro la seguridad alimentaria del país.
Los precios no competitivos de los productos del campo, la escasez de inversión y de crédito para las actividades del sector y la mínima tecnificación, por el elevado costo de insumos y equipo agrícola, determinan bajos niveles de productividad y rentabilidad que, a su vez, causan insuficiente producción de alimentos y de materias primas.
La distorsión de las cadenas de comercialización y una gran brecha entre los bajos precios al productor primario y los precios finales al consumidor de los productos agropecuarios convierten a los grandes distribuidores en los únicos ganadores del sector agropecuario; y a los productores, en los permanentes perdedores.
Los conflictos intracomunitarios y entre comunidades, generados por diferencias étnicas, políticas, religiosas y agrarias, han ido ganando terreno y, sumados a la pobreza y la desesperanza que priva en el sector, ponen en riesgo su estabilidad social.
Por todo ello y en virtud de que a partir de este año, con excepción del maíz, el frijol y la leche en polvo, el libre comercio abarcará todos los productos agropecuarios, aumentando con ello la vulnerabilidad de los productores mexicanos, en franca desventaja frente a los de nuestros socios comerciales por los subsidios que reciben de sus gobiernos y por las restricciones a que se ven sujetos los productos mexicanos para su incursión en mercados internacionales, después de una intensa movilización de las organizaciones campesinas de todos los signos políticos del país, el Gobierno Federal suscribió -el 28 de abril de este año- el Acuerdo Nacional para el Campo y el Desarrollo de la Sociedad Rural.
El acuerdo, suscrito entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las organizaciones de productores del campo, fue concebido como un instrumento de trabajo para solucionar los graves problemas que aquejan el campo de México y construir las bases para que se reincorpore al progreso y al crecimiento, en beneficio de las familias campesinas.
En los 282 puntos que contiene, gobierno y organizaciones de productores rurales nos propusimos el reto de mejorar los niveles de productividad, rentabilidad y nivel competitivo en el sector agropecuario y alcanzar una mejoría en las condiciones de vida de las personas que habitan el campo mexicano, asumiendo el compromiso de establecer e instaurar políticas públicas orientadas a consolidar una reforma estructural del sector, para garantizar la soberanía y seguridad alimentarias del país.
Asimismo, en los acuerdos básicos se establecen acciones inmediatas para contribuir a elevar el nivel y la calidad de vida en el medio rural, especialmente en las comunidades de alta y muy alta marginalidad; recuperar la rentabilidad de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras; y aumentar la inversión en infraestructura.
Una de esas acciones considera de manera específica la rea-signación de recursos al presupuesto de varios programas que inciden en el desarrollo del sector rural del país por un total de 2 mil 800 millones de pesos.
De ese importe, 400 millones de pesos se destinaron para ampliar la oferta de servicios de salud en el medio rural, incluidos los servicios de atención de primer nivel, medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia y cirugía general; 260 millones, para apoyar la construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda en el medio rural; 650 millones, para la incorporación de nuevas hectáreas al padrón del Procampo; 150 millones, para ampliar los recursos del Programa de Empleo Temporal de la Sagarpa; 140 millones, para apoyo a la organización comercial; 300 millones, para conciliación agraria; 300 millones adicionales, para el Fonaes; 100 millones más, para el Programa de la Mujer Campesina; y 500 millones, para impulsar el Programa de Apoyo a Adultos Mayores.
Esos recursos adicionales se lograron por la presión que las organizaciones campesinas hicimos al Gobierno Federal, que se comprometió a generar ahorros presupuestarios para su cumplimiento, comprometiéndose además a canalizar al campo 5 mil 20 millones de pesos adicionales, a través de la reducción de precios y tarifas, cancelación de adeudos, crédito y garantías.
Cabe destacar que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, desde la Legislatura anterior, ha sido sensible ante los graves problemas del campo mexicano, al asignar un incremento sustancial a los programas agrope- cuarios y de atención al sector rural, autorizando para este año un presupuesto global de 117 mil millones de pesos.
Sin embargo, el atraso de la elaboración de las modificaciones de las Reglas de Operación y la radicación a destiempo de los recursos a las entidades federativas pone en riesgo el cumplimiento de varios puntos del Acuerdo Nacional para el Campo y el Desarrollo de la Sociedad Rural, así como el ejercicio del total de los recursos de los programas del sector, especialmente el de los que tienen como objetivo el apoyo de la inversión productiva, agrupados en los programas de Alianza para el Campo.
El Presidente Fox dijo en su Tercer Informe ante esta soberanía:
"Con el Acuerdo Nacional para el Campo, el Gobierno Federal, las organizaciones campesinas y las organizaciones de productores estamos atendiendo al medio rural con una visión de largo plazo, ajena a fórmulas asistencialistas y paternalistas.
"Comprometo mi esfuerzo personal para que la administración pública cumpla a cabalidad los programas del pacto, a fin de que los proyectos acordados se transformen en realidades y los presupuestos asignados se ejerzan puntualmente y con la más escrupulosa honradez."
Estamos a pocos días de que las dependencias del Ejecutivo Federal cierren sus compromisos presupuestales y el avance en el ejercicio del Presupuesto de este año no refleja los resultados esperados.
No sería justo que los ahorros presupuestales, que significan el sacrificio de otros programas de gobierno, quedaran sin aplicarse en un sector rural con tantas carencias y marginación. Tampoco lo sería que los excedentes en los ingresos petroleros, que fueron la base para canalizar mayores recursos al campo en el Presupuesto de 2003, no se aprovecharan para darle un pequeño impulso.
No sabemos cómo se han distribuido los ingresos excedentes ni cuándo fueron o serán recibidos por las entidades federativas.
Sería lamentable que, por la falta de disposición, termináramos con subejercicio en las partidas de los programas rurales y -peor aún- que, por la misma razón, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 tuviera recortes en esos programas.
El Acuerdo Nacional para el Campo y el Desarrollo de la Sociedad Rural está atado con la nobleza, con la paciencia y la esperanza de los hombres y las mujeres del campo, pero todos estamos conscientes de que este pacto es de las últimas oportunidades que nos hemos dado.
Nos alentó el compromiso personal del Presidente de la República para hacerlo cumplir. Sin embargo, a más de 20 días de empeñada su palabra, no conocemos de acciones específicas para cumplirla.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados federales firmantes proponemos el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos a que tome las medidas necesarias a efecto de dar total y absoluto cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo y el Desarrollo de la Sociedad Rural, a todos los programas del sector agropecuario y a la aplicación del Presupuesto correspondiente a este ejercicio fiscal.
Diputados: Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Carlos Rovirosa Ramírez (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Diego Palmero Andrade, Miguel Luna Hernández (rúbrica).»
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.Tiene la palabra el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo, relativo a los señalamientos del Auditor Superior de la Federación, para recuperar recursos indebidamente canalizados al Fobaproa.
El diputado Jorge Kahwagi Macari:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
En la reciente contienda electoral los partidos presentamos propuestas para elevar el gasto social, ahora, para cumplir con el mandato de legislar que nos dieron los electores en las urnas, nos encontramos con información que nos coloca en una nueva situación.
De la revisión cuidadosa de la información que tienen las comisiones de Hacienda y Presupuesto, contra lo que se nos había dicho, las finanzas públicas no están en equilibrio, y no lo estuvieron desde el arranque de este gobierno; es decir, el gobierno anterior le heredó al actual una situación financiera de quiebra, no de salud; fuimos engañados.
El Gobierno Federal no tiene sus finanzas en equilibrio. Desde el año 2002 y posiblemente desde antes, el verdadero déficit fiscal del sector público es de casi 45% del Producto Interno Bruto. Esta crisis fiscal se esconde bajo el pomposo nombre de requerimientos fiscales del sector público, pero eso no es cosa que déficit.
En la contabilidad amañada que muestra el equilibrio fiscal no se incluyen los pagos que cada año tenemos que hacer por el rescate bancario, los proyectos de inversión productiva y otros.
Y sobre el agravio, el insulto. Resulta que a ese déficit monstruoso que se acumula año con año, ahora hay que considerar la quiebra del sistema de pensiones que amenaza al país.
Espantosa deuda nos han dejado los neoliberales que ahora cobran en las empresas extranjeras que ellos mismos privatizaron. Que la paguen con las comisiones millonarias que se les pagaron como servidores públicos y con los miles de millones de dólares que recibieron como banqueros privados. Eso no lo debe pagar el pueblo mexicano, sería otro atraco por encima del robo cometido por el Fobaproa.
Pero todo esto no es novedad. Ya en agosto reciente el Auditor Superior de la Federación afirmó: ``Hay un problema de conducta porque el Comité Técnico del Fobaproa actuó sin reglas de operación, por lo que hubo exceso de discrecionalidad, se aceptaron una serie de créditos que no eran procedentes''.
Sin embargo de acuerdo al criterio de la Contaduría Mayor, el Gobierno debió de haber solicitado permiso al Congreso para asumir esa deuda pues era deuda pública.
No se cumplió entonces ese mandato de la Contaduría Mayor.
Hoy tenemos que recordar que su incumplimiento le ha costado al país miles de millones de dólares, que en lugar de utilizarse para el gasto social, han engrosado cuentas de banqueros y exbanqueros privados.
También se ha confirmado el atraco cometido en relación a la venta de carteras vencidas y activos. Por eso también denunciamos más irregularidades. Resulta que el funcionario que encabezó el Comité de Privatización en los bancos al inicio de los noventa, fue el mismo que encabezó el comité del Fobaproa a mediados de esa década, es el mismo funcionario que publicó un libro presumiendo de la privatización y que después pronunció un discurso memorable en la Convención Bancaria a finales de 1994, donde a alabó la supervisión bancaria, y a los pocos meses en 1995, repudió su propia privatización. Y lo peor de todo esto es que fue dicho funcionario el que le entregó la banca mexicana a los extranjeros.
Hoy ese personaje ocupa el puesto más alto en el organismo que controla a la banca en México, es el Gobernador del Banco Central y su nombre es Guillermo Ortiz Martínez. Es el mismo Guillermo Ortiz al que analistas y financieros de México y del exterior, están ahora mismo señalando como el provocador de los recientes movimientos del tipo de cambio, como una forma de presión para obligar al Poder Ejecutivo y Legislativo a precipitar su ratificación como gobernador del Banco de México, bajo la amenaza de generar mayor turbulencia financiera si no se cumplen sus deseos. Y es el mismo Guillermo Ortiz que se ha organizado para mañana miércoles, un acto de autoproclamación como gobernador reelecto del Banco de México, con una costosa pasarela de personajes invitados nacionales e internacionales de la política y de las finanzas, al que le ha puesto el pomposo nombre de: ``Seminario Internacional Sobre el Crecimiento Económico y la Globalización''.
Creemos que no hay mexicanos indispensables, pero sobre todo, tampoco debe haberlos impunes.
Guillermo Ortiz no es el pilar de la estabilidad del peso, pero sí es el freno a la recuperación económica por sus compromisos con los banqueros a los que él salvo y entregó la banca. No se le pueden dar otros ocho años de impunidad ni el país merece un funcionario tan inepto y posiblemente corrupto.
Gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Ejecutivo Federal.--- Cámara de Diputados.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoEn la reciente contienda electoral, los partidos presentamos propuestas para elevar el gasto social. Nuestro partido hizo compromisos específicos con el pueblo en programas de educación, salud y vivienda. Nos proponemos cumplir esos compromisos.
Ahora, para cumplir con el mandato de legislar que nos dieron los electores en las urnas, nos encontramos con información que nos coloca en una nueva situación.
De la revisión cuidadosa de la información que tienen las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, nos encontramos que, contra lo que se nos había dicho, las finanzas públicas no están en equilibrio. Y no lo estuvieron desde el arranque de este gobierno. Es decir, el gobierno anterior le heredó al actual una situación financiera de quiebra, no de salud. Fuimos engañados.
Desde el año dos mil, cada año el déficit ha sido del 4% del Producto Interno Bruto, ése es el verdadero tamaño de la quiebra fiscal; no nos engañemos, no dejemos que nos engañen, trabajemos por no engañar a nuestros electores.
En la contabilidad amañada que muestra un supuesto equilibrio fiscal no se incluyen los pagos que cada año tenemos que hacer por el rescate bancario, los llamados Pidiregas. Todo esto es gasto público, es parte del déficit público, forma parte de la deuda nacional y se paga con los impuestos de los contribuyentes. El fraude más grande de la historia de México se ha financiado con recursos que se le quitan a los pequeños y medianos inversionistas mexicanos.
Sobre el agravio, el insulto, resulta que el monstruoso déficit se acumula año con año, y que ahora hay que sumar la quiebra del sistema de pensiones que amenaza al país. Esto es una catástrofe, es espantosa la deuda que nos han dejado los neoliberales que ahora cobran en las empresas extranjeras que ellos privatizaron.
Las autoridades financieras han dicho en público y en privado que si no hay reforma fiscal para mediados del próximo año, el gobierno estará en bancarrota.
Las distintas fuerzas políticas estamos de acuerdo en que se necesita una reforma fiscal estructural en todo el país. Estamos de acuerdo en apoyar un esfuerzo mayor en recaudación y en dotar al sector público de más recursos, pero no podemos estar de acuerdo en crear impuestos adicionales para pagar la deuda del rescate bancario.
Ni apoyaremos los intereses por carteras ilegales e inmorales, ni obras públicas disfrazadas de privadas. Queremos transparencia, queremos decirle a quienes nos eligieron que no los estamos engañando, que si hay que pagar más impuestos es para que sus hijos tengan más escuelas, para que los hospitales tengan medicinas y para que las carreteras no hagan hoyos; es decir, para que México progrese y no para que unos cuantos se hinchen de dinero a costa del pueblo.
El déficit fiscal incluye sobre todo los pagos al IPAB-Fobaproa.1 Y es ahí donde tenemos que poner la mira. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que hay pagos indebidos en el Fobaproa;1 es ahí donde están los autopréstamos que se dieron los banqueros anteriores y que ahora tenemos que pagar. Entendemos que quienes compraron los bancos lo hicieron de buena fe, pero quienes se los vendieron, funcionarios públicos y empresarios, nos dejaron encajadas deudas que no son nuestras, sino de ellos.
Reclamamos que las paguen con las comisiones millonarias que les dieron como servidores públicos, y con los miles de millones que recibieron como banqueros privados. Esto no lo puede pagar el pueblo mexicano, sería otro atraco por encima del robo cometido con el Fobaproa.
Ya desde septiembre de 1988 se expidió el dictamen del Congreso de la Unión sobre el Fobaproa, éste fue realizado por la entonces Contaduría Mayor de la Cámara de Diputados, la cual presentó su dictamen cuando la Cámara ya era pluripartidista y sin mayoría de ningún partido, sus conclusiones reprobaron el proceso de salvamento bancario y la Contaduría demandó acciones correctivas y exigió sanciones; pero como en esa época la autoridad que juzgaba y rescataba era la misma, el Poder Ejecutivo se hizo de la vista gorda; sin embargo, tiene que atenderse este señalamiento de la entonces Auditoría.
Tenemos que recordar y enfatizar que en el informe de la Contaduría Mayor de 1998 se señaló que el gobierno recurrió a un subterfugio legal y avaló los pasivos mediante "deuda pública contingente". ¿Cuál era la peculiaridad de la deuda contingente"?, la Contaduría Mayor explicó que la Ley General de Deuda Pública "exime al Ejecutivo federal de informar o solicitar autorización al Congreso sobre la deuda pública contingente".
Sin embargo, de acuerdo con el criterio de la Contaduría Mayor, el gobierno debió haber solicitado permiso al Congreso para asumir esa deuda, pues era deuda pública. La contaduría afirmó: su funcionamiento conlleva eventualmente un impacto fiscal, en razón de haber sido garantizados por el Gobierno Federal los financiamientos obtenidos por el fondo, lo que implicaría una carga para el presupuesto de la Federación."
Además de contratar deuda sin autorización del Congreso, el método de la deuda "contingente" tenía una característica adicional que subrayó la Contaduría Mayor del Congreso:
Conllevan a la discrecionalidad en el otorgamiento de avales en materia de deuda pública, pues se carece de reglamentación secundaria y específica para tal efecto.
La Contaduría Mayor insistió en que la falta de supervisión de la deuda "contingente"; permitía que la operación del Comité Técnico del Fobaproa también fuera discrecional, y al caso la Contaduría señaló:
La carencia de políticas y lineamientos de operación dan lugar al manejo discrecional del Comité Técnico y a la falta de un marco de referencia para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho mecanismo financiero.
En su informe, la Contaduría Mayor señaló que el Comité Técnico debió haber expedido las reglas de operación del Fobaproa. Las autoridades no cumplieron esa obligación; la Contaduría Mayor precisó: "A la fecha el Fobaproa carece de políticas o lineamientos de operación y de las reglas citadas".
¿Qué sucedió ante la falta de reglas?, la discrecionalidad imperó como criterio en el mayor rescate financiero en la historia del país.
Así lo señaló la Contaduría Mayor:
La carencia de políticas o lineamientos de operación y de reglas de operación da lugar al manejo discrecional del Comité Técnico. Su operación conlleva a un alto riesgo discrecional.
La Contaduría Mayor confirmó que el Comité Técnico del Fobaproa estaba integrado por nueve miembros; cuatro de la Secretaría de Hacienda (presidido por el secretario), tres del Banco de México y dos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El director general del fondo participaba en las deliberaciones del Comité con derecho a voz, pero sin voto. La Contaduría enfatizó el comportamiento discrecional de los miembros del Comité:
El Comité tiene la facultad de establecer los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen con cargo al fondo. Los aspectos específicos de la actuación del Fobaproa para decidir el monto de los apoyos a otorgar y a cuáles instituciones se beneficiaría fue una decisión que quedó exclusivamente a discreción de los miembros del Comité Técnico.
Recuérdese que entre los programas que instrumentó el fondo estaban la compra de cartera y la venta de activos adjudicados; es decir, además de utilizar un fondo discrecional para decidir qué banqueros se salvaban, cuáles fracasaban, qué créditos se rescataban y cuáles quebraban, también fue discrecional la forma y monto en la venta de los edificios, terrenos, autos, casas, fábricas, empresas, hoteles y todos los bienes que fueron adjudicados.
De acuerdo con el reporte del Congreso, todo fue decidido sin reglas, al arbitrio de los miembros del Comité Técnico.
Para cubrir y proteger sus decisiones discrecionales, los miembros del Comité aprovecharon que la ley no establecía disposiciones para supervisar ni regular el Fobaproa. La Contaduría Mayor reportó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no auditó el Fobaproa.
¿La razón? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores respondió que: "ni su ley, ni la Ley de Instituciones de Crédito le otorgan facultades" para supervisarlos.
Tampoco lo auditó la Secretaría de Hacienda, al no haber disposición expresa en la ley que lo exigiera.
A este respecto, la Contaduría lo confirmó diciendo:
No se contó con un marco de referencia para el seguimiento de las acciones, el control y la supervisión de las reglas de operación del Fobaproa, por lo que los tramos de control fueron discrecionales para el Comité Técnico. No se realizaron auditorías a las operaciones del Fondo.
En los hechos, el vacío jurídico garantizó que en el rescate de créditos y bancos, los operadores del Comité Técnico pudieran decidir la impunidad de unos, el castigo de otros y la falta de transparencia en el endeudamiento más grande en la historia del país. Lo hicieron sin supervisión ni rendición de cuentas. Ante tales abusos, la Contaduría Mayor expresó un apremio:
Considerar necesario que el Ejecutivo federal debe solicitar al H. Congreso de la Unión su aprobación para el otorgamiento de dichos avales dado el impacto futuro que éstos puedan llegar a tener en las finanzas públicas.
No se cumplió entonces este mandato de la Contaduría Mayor. Hoy, tenemos que recordar que su incumplimiento le ha costado al pueblo miles de millones de pesos, que en lugar de utilizarse para el gasto social, se han engrosado cuentas de banqueros y ex banqueros privados.
Hay que recordar que los señalamientos de la Contaduría Mayor fueron en el sentido de que la impunidad no prevalezca y los esfuerzos para recaudar más recursos puedan dirigirse a las obras sociales que tanto le urgen a nuestro país.
También se ha confirmado el atraco cometido en relación con la venta de cartera vencida. Ahora se sabe que los activos de los bancos que absorbió Fobaproa, es decir, las carteras vencidas, se vendieron por debajo de su valor real; y se ha confirmado que "se vendieron en un descuido total"; a la fecha conocemos ejemplos donde los funcionarios de bancos extranjeros percibieron la urgencia de los funcionarios financieros mexicanos para deshacerse de las carteras, por eso, y ante la ausencia de una subasta pública donde tuvieran que pujar por las carteras lo que hicieron fue ofrecer un precio muy reducido y esperar la respuesta de las autoridades. En realidad, los avalúos estaban hechos por auditores externos, quienes eran pagados por los banqueros.
Se ha comentado que se castigó entonces el valor real para favorecer a quienes los habían contratado, y que eran los banqueros los que iban a adquirir las carteras; ejemplos de ello fueron los Bancos extranjeros que ofrecieron sólo 10% por la cartera, aunque tenía problemas, su valor superaba en varias veces esa oferta.
Ya se sabe que la respuesta de las autoridades consistió en entregarles la cartera de inmediato.
Hoy tenemos que ser claros para no repetir el error que tanto nos ha lastimado a todos los mexicanos, por eso también denunciamos más irregularidades. Resulta que el funcionario que encabezó el Comité de Privatización de los bancos, al inicio de los noventa, fue el mismo que encabezo el Comité de Fobaproa, es decir, la misma persona decidió a quién privatizar los bancos y después a qué banqueros rescatar y a cuáles enjuiciar. Es el mismo funcionario que publicó un libro presumiendo la privatización, y que después pronunció un discurso memorable en la Convención Bancaria, a finales de 1994, donde alabó la supervisión bancaria, y a los pocos meses, en 1995, repudió su propia privatización.
Y lo peor de todo es que fue dicho funcionario el que le entregó la banca mexicana a los extranjeros. Hoy, ese personaje ocupa el puesto más alto en el organismo que controla a la banca en México:
Es el gobernador del Banco Central y su nombre es Guillermo Ortiz Martínez.
Resumiendo, ante la urgencia de cumplir los compromisos sociales que adoptamos en la contienda electoral, es necesario actuar para reducir el desastroso déficit fiscal, que ya asciende al 4% del PIB. Esta crisis fiscal y la inminente quiebra del sistema de pensiones requieren de una reforma fiscal que aumente los recursos del erario para utilizarlos en programas sociales; sobre todo en educación, salud y vivienda. Para el Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país.
Es por lo anteriormente expuesto que el grupo parlamentado del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero.- Verifíquese el cumplimiento de los señalamientos del auditor superior de la Federación para recuperar recursos indebidamente canalizados al Fobaproa, sobre todo los autopréstamos que se dieron los banqueros durante el rescate bancario y que se revisen los abusos cometidos en la venta de cartera.
Segundo.- Que esta Cámara, respetuosamente, pida a su colegisladora que, cuando ejerza sus facultades para designar al nuevo gobernador del Banco de México, tome en cuenta que el actual gobernador fue el arquitecto de la privatización bancaria, del rescate bancario con el Fobaproa, del remate de las carteras y de la entrega de los bancos en manos extranjeras. Creemos que ningún funcionario es indispensable, pero sobre todo creemos que tampoco debe haber impunes en libertad. Guillermo Ortiz Martínez no es el pilar de la estabilidad del peso, pero sí es el freno a la recuperación económica, por sus compromisos con los banqueros, a los que el salvo y entregó la banca mexicana. No se le pueden dar otros ocho años de impunidad, ni el país merece un funcionario tan inepto y posiblemente corrupto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 7 de octubre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.En el siguiente punto del orden del día: comentarios sobre el Día Mundial del Hábitat, han solicitado el uso de la tribuna los siguientes diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, del Partido de Convergencia; Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México; Edgar Torres Baltazar, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Carlos Obregón Serrano, del Partido Acción Nacional y Roberto Pedraza Martínez, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Partido de Convergencia, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Decía el reconocido científico Steven Hopkins que el peligro radica en que nuestro poder en dañar o destruir el medio ambiente o al prójimo, aumenta a mucho mayor velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder. Y así ha sido en los últimos años.
La rapidez con que el planeta ha tenido que enfrentar el reto de sobrevivir la depredación humana ha dado como resultado la aniquilación de cientos de especies animales. El crecimiento inesperado del deterioro de la capa de ozono y con todo ello la contaminación del aire y del agua, la acumulación de desperdicios, el sobrecalentamiento del globo, que acarrean ciudades inhabitables, sociedades inconformes, ciudadanos frustrados.
Otro tema importante que abordó el actual representante de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, Adolfo Aguilar Zinser, como el primero en materia de seguridad nacional del país al ponderarlo de mayor gravedad que el mismo narcotráfico, es la tala de nuestros bosques. ¡No hay capacidad de vigilancia ni recursos para detener esta deforestación!
Es por lo que esta conmemoración provoca una vez al año, al menos, la reflexión sobre el espacio en el que nuestras sociedades se desarrollan, la violencia en que las hemos engendrado, la falta de oportunidades que brindan la ausencia de solidaridad ante la desgracia cotidiana de nuestros semejantes.
El desarrollo adecuado de nuestro hábitat nos enfrenta una vez más a la necesidad de garantizar una sociedad más participativa, que limite y detenga el deterioro, el abandono y la miseria. La clave se encuentra en nuestra capacidad de informar, de capacitar y educar a nuestra propia sociedad, adaptándola a una cultura de respeto y protección del medio ambiente, de mejoramiento de nuestras condiciones de desarrollo y de renovación de nuestro compromiso social e integral.
Un estudio internacional demuestra que a mayor educación, mayor calidad de vida y mejor cuidado de nuestro medio ambiente. Por ello es imperativo impulsar labor de organismos como el Consejo Nacional para la Educación para la Vida y el Trabajo (Conevit), de reciente creación por el Gobierno Federal, en la instalación de plazas comunitarias que son una herramienta para que a través de la educación podamos generar nivel y calidad de vida en el hábitat de las zonas rurales marginales.
Para terminar, es necesario que haya una mejor y más equilibrada distribución de la riqueza nacional. Que las reformas estructurales que se prevén a partir de los trabajos de esta legislatura se orienten a la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de las clases marginadas, sin que para ello se tengan que gravar más los impuestos individuales y de las empresas sin aumentar el volumen de contribuyentes, así como el cese total a la defraudación fiscal. Este, éste que debe de ser considerado como un delito grave de lesa sociedad.
Debemos de ir más allá. La experiencia acumulada y la relación de graves rezagos que afectan al planeta debe de tener una repercusión no solo reflexiva sino activa. El Día Mundial del Hábitat debe permitirnos ofrecer a las generaciones venideras ese espacio armónico de desarrollo social, desarrollo que seguimos negando aún para nosotros mismos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ayer se celebró, como cada primer lunes de octubre, un año más del Día Mundial del Hábitat, el cual fue celebrado por primera vez en el año de 1986 y propuesto por la Comisión de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
La idea que se promueva este año se centrará en el tema del agua y saneamiento para las ciudades. Principalmente se busca llamar la atención del público con relación a la urgencia de mejorar los asentamientos humanos, especialmente en las zonas urbano-deprimidas que viven sin agua potable y sin servicios básicos apropiados.
Para nuestro país este día representa una oportunidad para reflexionar sobre los logros y necesidades faltantes de cubrir en cuanto a la conservación de nuestro entorno para beneficio de las personas que habitan en el territorio.
Debemos recordar que México se adhirió a la lista de países que aceptan los objetivos del documento Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, en donde se comprometen a dos asuntos importantes:
Primero, en el año de 2015, disminuir a la mitad el número de personas que no tienen agua potable y que carecen de instalaciones sanitarias adecuadas.
Segundo, para el 2020, a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de barrios.
Esta tarea no es fácil si consideramos que actualmente cerca de 1 mil millones de personas como mínimo sufren los peligros y la degradación ambiental, esto se asocia con la falta de agua limpia y saneamiento adecuados.
México es el tercer país más grande y el más poblado de los países de América Latina, donde debido principalmente al limitado acceso al crédito y a los precios actuales por la inflación en el mercado privado de vivienda, se estima que uno de cada tres adultos en México vive en condiciones de extrema pobreza.
En este sentido podemos afirmar que las metrópolis y las urbes han sido siempre centros de oportunidades, pero sin vivienda adecuada y servicios básicos. Este entorno puede considerarse entre los más amenazadores para la vida en la Tierra.
Grandes disparidades hay en lo referente a la distribución y consumo del agua. En nuestro país las personas de escasos recursos tienden a pagar mucho más que las de clase alta por el agua. Los gobiernos locales subsidian hasta 90% del costo de la producción, transportación y purificación del agua que se usa en las ciudades.
México consume 78 mil millones de metros cúbicos de agua al año, 83% se va a zonas agrícolas, donde el desperdicio es del 60%.
Muchas instituciones gubernamentales financieras y organismos de ayuda, han concentrado sus esfuerzos en las zonas rurales, bajo la premisa de que las poblaciones de escasos recursos de las ciudades son comparativamente más privilegiadas en lo que respecta al abastecimiento y saneamiento del agua. Sin embargo, el número de habitantes urbanos inadecuadamente servidos es muy superior a lo que se reconoce oficialmente.
La problemática está expuesta, sólo falta que se inicien las reformas necesarias para solucionarla. Así, apoyamos los proyectos que aumenten las inversiones, ya sea mediante planes a pequeña escala a nivel local o programas nacionales para crear la infraestructura esencial de suministro.
De igual manera, es necesario que los mexicanos adopten una cultura de ahorro del agua, en donde el pago por ésta refleje el consumo real.
Dado que hasta el 50% del abastecimiento urbano de agua en los países en desarrollo puede perderse a causa de fugas o de una administración deficiente, las acciones deben enfocarse a la elaboración de estrategias de gestión que puedan aumentar la eficacia, mejorar el mantenimiento y aumentar los ingresos de las autoridades locales.
Para ser realmente equitativas las estrategias y prácticas, deben aplicarse a los niveles nacional y regional e incluir a todos los usuarios del agua, comprendida la agricultura que supone más de las tres cuartas partes del consumo total del agua dulce.
En el Día Mundial del Hábitat comprometámonos a contribuir a garantizar un saneamiento adecuado y agua limpia para todos los habitantes de las ciudades del mundo.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México busca el progreso económico del país, basado en el desarrollo sustentable, la atención inmediata a los grupos sociales más desprotegidos y el equilibrio financiero.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señora diputada.
Se le concede el uso de la voz al diputado Edgar Torres Baltazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Edgar Torres Baltazar:Con su venia, señor Presidente:
En 1985, atendiendo a una recomendación de su Comisión de Asentamientos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso que el primer lunes de octubre de cada año se celebrara el Día Mundial del Hábitat.
La idea que promueve el Día Mundial del Hábitat es llamar la atención sobre la urgencia que reviste el mejoramiento de los asentamientos humanos, especialmente para los pobres urbanos que viven sin agua depurada y sin servicios apropiados de saneamiento.
El tema de este año precisamente Agua y Saneamiento para las Ciudades, se seleccionó para poner de relieve la crisis mundial a nivel urbano del agua y del saneamiento, situación aún más grave de lo que las estadísticas oficiales reconocen.
El objetivo de las Naciones Unidas es reducir a la mitad para el año 2015, la proporción de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y saneamiento básico.
En un mundo de rápido proceso de urbanización en el que ya la mitad de la población mundial vive en sus metrópolis y ciudades, mil millones de personas sufren los peligros y la degradación asociados con la falta de agua limpia y saneamiento adecuados.
En América Latina, 120 millones de residentes en zonas urbanas carecen de agua limpia y 150 millones no disponen del saneamiento adecuado.
Es fundamental que aumenten las inversiones mediante proyectos a pequeña escala, a nivel local o planes nacionales para crear la infraestructura esencial; son igualmente importantes la participación de la comunidad, el Gobierno y la asociaciones públicas y privadas.
Según cálculos de un buono hábitat el 60% de la población del mundo vivirá en zonas urbanas en 2015, año que los líderes del mundo fijaron como meta para lograr los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con el agua y el saneamiento.
La vivienda es un aspecto fundamental del hábitat, es esta para los seres humanos un espacio vital y connatural a su existencia, sirve para satisfacer funciones sociales y culturales, proporciona abrigo, resguardo, da referencia y pertenencia con una comunidad, es un espacio de interfaz entre el individuo, la familia, la sociedad y la cultura; la casa, la vivienda y el hábitat han evolucionado y se han transformado a lo largo de la historia hasta alcanzar las formas que hoy conocemos e identificamos como asentamientos humanos.
El derecho a un lugar para vivir es una de las reivindicaciones contemporáneas de mayor relevancia social y política, aunque existen ya declaraciones de las naciones unidas incluso pactos internacionales y constituciones en algunos países que reconocen este derecho, la realidad demuestra que aún estamos lejos de lograr su plena satisfacción, en particular para la población de menores ingresos.
Es necesario orientar mayores recursos económicos y técnicos para dar soporte y racionalidad a los procesos sociales de producción de vivienda y de ciudad, sobre todo es un hecho, sobre todo cuando es un hecho reconocido, que la calidad de vida que proporciona la ciudad en conjunto y de las condiciones que genera para la productividad y competitividad no están siendo garantizados por los enclaves de la inversión privada.
No es posible que el estado construya y asigne una casa para cada habitante, eso lo sabemos; no obstante su obligación sostenemos nosotros, es asumir un papel protagónico en el desarrollo de la fusión redistributiva facilitando y contribuyendo a mejorar la calidad y velocidad de los procesos sociales de producción de la vivienda, interviniendo para corregir las inequidades y abusos que existen en la economía de mercado, asumiendo responsabilidades concretas y mesurables en la ordenación del territorio para generar oferta no especulativa de tierras urbanizables.
La inversión estatal en vivienda debe entenderse no como una inversión en construcción física o en contratación, sino como una inversión multi sectorial para potenciar y mejorar cada uno de los factores que inciden en la velocidad y calidad de los procesos sociales de producción, como por ejemplo en la capacitación y la asistencia técnica, en la reducción de trámites, los estímulos fiscales, en el fomento para la producción de insumos locales, en el otorgamiento de subsidios a los sectores de menores ingresos, etcétera.
El derecho a la vivienda debe interpretarse entonces como una moción integral, un conjunto de principios, valores, derechos humanos, derechos civiles, económicos, sociales y culturales expresados en los diferentes atributos y componentes funcionales y simbólicos que la vivienda representa para los seres humanos contemporáneos, en especial en su condición de ciudadanos sujetos a derechos y obligaciones.
Llevar a cabo las reformas legislativas pertinentes para descentralizar el estado aumentando la economía local en la toma de decisiones, la aplicación, la movilización y la actualización de recursos especialmente en lo que respecta a los recursos humanos técnicos y financieros, así como institucionalizar la más amplia participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones e incentivar las asociaciones de gobiernos locales fomentando la cooperación descentralizada.
Es en este sentido que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se pronuncia a favor de esta iniciativa de las Naciones Unidas y hace suyos los planteamientos antes expuestos.
Es todo, muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Carlos Obregón Serrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Carlos Obregón Serrano:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Hoy los diversos grupos parlamentarios representados en esta soberanía, conmemoramos el Día Mundial del Hábitat cuya importancia para Acción Nacional radica en el hecho de que actualmente la mitad de la población habita en ciudades, al tiempo que en el transcurso de los últimos 20 años se ha triplicado el número de megaciudades que son aquellas en las que habitan más de 10 millones de personas.
En razón de la concentración urbana a la que he hecho referencia, la Organización de las Naciones Unidas afirma que son las ciudades los espacios en los que se genera el desarrollo de las naciones y convencida de que el desarrollo de la sociedad es contemporánea, dependerá en gran medida de la comprensión y de la administración del crecimiento de las ciudades.
Suscribió la Declaración de Estambul y estableció una Agenda Hábitat, esto con el propósito de garantizar a todas las personas una vivienda adecuada y asegurar la seguridad, salubridad y habitabilidad de los asentamientos humanos, así también como su desarrollo equitativo, sustentable y productivo.
El reconocimiento de que en nuestro país se experimenta un proceso de urbanización muy acelerado que se traduce en nuevos y graves problemas de bienestar, desarrollo social, seguridad y convivencia familiar y comunitaria, ha comprometido a México a adoptar la Declaración de Estambul y a participar activamente en el Centro Hábitat de la ONU, responsable de instrumentar, dar seguimiento y evaluar los objetivos de la Agenda Hábitat mencionada.
Los legisladores de Acción Nacional consideramos fundamental la participación activa de México en este esfuerzo de todas las naciones por promover mejores condiciones de bienestar y desarrollo en las ciudades puesto que ello se traduce en beneficios reales para quienes las habitan, al tiempo de que les permita insertarse de manera más adecuada en el proceso de internacionalización que actualmente experimentamos y que trae consigo reestructuraciones sustanciales en término de empleo y demografía a la que es necesario responder de manera oportuna.
La inserción de México en este marco de internacionalización en condiciones competitivas, hace necesario conducir y fortalecer el crecimiento, el empleo, la organización institucional, el desarrollo tecnológico, el conocimiento y la información de nuestras ciudades así como dotarlas de niveles de infraestructura adecuadas y de marcos que garanticen la estabilidad política y social pues sólo así será posible garantizar la evolución armónica de la vida urbana en nuestro país.
Acción Nacional celebra la participación de México en la Agenda Hábitat de la ONU, al tiempo que enfatiza la importancia de que dicha participación implique un auténtico compromiso que se traduzca en acciones completas orientadas a impulsar el desarrollo de cada una de nuestras ciudades a efecto de que aquellas, cuyo crecimiento se dio al margen de criterios racionales, redefinan sus proyectos con miras a dotar a sus habitantes de un mejor presente, mientras que aquellas que se encuentran en proceso de crecimiento recuperen y asuman plenamente los objetivos de la Agenda Hábitat a efecto de que su desarrollo sea en verdad sustentable, esto es que responda a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que éstas sean capaces de satisfacer sus propias demandas y aspiraciones.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Para el mismo tema se le concede el uso de la palabra al diputado Roberto Pedraza Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Roberto Pedraza Martínez:Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El día de ayer, de acuerdo a la resolución de Naciones Unidas a partir de 1985 cada primer lunes de octubre se conmemora el ``Día Mundial del Hábitat''. A partir de 1976 la ONU-Hábitat, se establece como el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, con el objetivo de desarrollar diversas actividades en la materia.
Es por ello que preocupados por la problemática social actual y por la necesidad de proporcionar a todos los habitantes de las ciudades del mundo agua limpia y garantizar un saneamiento adecuado, el tema del ``Día Mundial del Hábitat'' de este año celebrado el 6 de octubre en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, ha sido enfocado en el agua y saneamiento de las ciudades, siendo la primera vez que la comunidad internacional coincide tan unánimemente, en que el desarrollo sostenible comienza con la salud y la dignidad humana.
Según los cálculos de la ONU-Hábitat en el año 2015 el 60% de la población vivirá en las zonas urbanas, año que los líderes del mundo fijaron como meta para lograr los objetivos de desarrollo del milenio, relacionados con el agua y el saneamiento.
También se estima que durante el año en curso y el 2015, el 90% del aumento demográfico tendrá lugar en las zonas urbanas y que de una gran parte de ese aumento se dará en los asentamientos ilegales y en zonas céntricas deterioradas de las ciudades de los países en desarrollo.
Las metrópolis y las ciudades han sido siempre centros de oportunidades, pero sin vivienda adecuada y servicios, los medios urbanos pueden contarse entre los más amenazantes para la vida en la tierra.
El Consejo de Administración de la ONU-Hábitat, ha reconocido la dificultad de esta tarea e hizo un llamado a la comunidad internacional para que mancomunara sus esfuerzos y ayudará a los países en desarrollo a lograr los objetivos relacionados con el agua y el saneamiento.
En la misma vertiente, la Comisión Sobre el Desarrollo Sostenible, también centrará su primer ciclo de debates 2004-2005, en el agua, el saneamiento y los asentamientos humanos.
Para lograr resultados reales será fundamental contar con un firme compromiso político, tanto a nivel nacional como local. Este fue uno de los aspectos tratados en la Reunión Cumbre del Grupo de los Ocho, de este segundo año, en la que se adoptó un plan de acción para el agua, donde los dirigentes de los países más ricos y poderosos del mundo, se comprometieron a prestar asistencia a las naciones más pobres que demuestran a su vez, un compromiso político para que el agua potable y el saneamiento básico pasen a ser dos de los elementos principales de sus planes de trabajo, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.
En un mundo en rápido proceso de urbanización en el que ya la mitad de la población mundial vive en metrópolis y ciudades, mil millones de personas como mínimo, sufren los peligros y la degradación, asociados con la falta de agua limpia y saneamiento adecuado.
En Africa por lo menos 150 millones de residentes, o sea el 50% de la población urbana, no disponen de abastecimientos de agua adecuados, mientras que 180 millones carecen de un saneamiento idóneo. En Asia urbana, en el Asia urbana 700 millones de personas, la mitad de la población, carecen de agua limpia y 800 millones de saneamiento adecuado.
En América Latina las cifras son de 120 millones y 150 millones respectivamente; además muchos gobiernos, instituciones financieras internacionales y organismos de ayuda han concentrado sus esfuerzos en las zonas rurales, suponiendo que los pobres de las ciudades son comparativamente privilegiados, en lo que respecta al abastecimiento de agua y saneamiento.
Mientras que está resultando cada vez más evidente que el número de habitantes urbanos inadecuadamente servidos, es muy superior a lo que se reconoce oficialmente. Hoy día la crisis del agua en las zonas urbanas, ha sido causa de las políticas inadecuadas y gestiones desacertadas.
En la actualidad las ciudades precisan políticas idóneas y voluntad política para respaldarlas con instituciones fuertes, administradores capacitados para dirigirlas y un sector público y privado responsable dispuesto a colaborar entre sí.
Estas condiciones fundamentales del desarrollo humano no se podrán lograr sin una inversión continua en el agua, en el agua potable y el saneamiento básico. Las ciudades precisan un entorno conducente en el que todas las partes interesadas puedan aunar sus recursos y satisfacer sus necesidades.
Gracias, señor Presidente.
Antes de continuar con el orden del día, esta Presidencia informa a la Asamblea que la Comisión de Relaciones Exteriores ha entregado a esta Presidencia el dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que concede permiso al Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza se le dé primera lectura.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si autoriza se dé primera lectura al dictamen entregado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Se autoriza.
Proceda la Secretaría a darle lectura.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se concede autorización al C. Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 14 al 21 de octubre de 2003, a efecto de que realice una visita de Estado a Japón, así como para asistir a la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a celebrarse en Bangkok, Tailandia.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 57, 59, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe procedió al estudio y análisis de la minuta enviada por la Cámara de Senadores, basada en las consideraciones que a continuación se exponen:
En lo concerniente a la visita de Estado a Japón, del 14 al 18 de octubre, esta Comisión estima pertinente mencionar que las relaciones de nuestro país con Japón han tenido un amplio marco de entendimiento en diversos órdenes, que van desde el político, el económico y el de la cooperación científica, técnica, educativa y cultural, dado que a lo largo de nuestra historia se puede considerar que las relaciones bilaterales han sido fructíferas, en las que las visitas de Jefes de Estado y gobierno han hecho una muy importante contribución.
Para México, la cooperación técnica recibida del Japón no sólo constituye la más importante que proviene institucionalmente del exterior, sino que ha permitido desarrollar trascendentes proyectos para el desarrollo sustentable.
En este sentido, en la minuta enviada por la colegisladora se destaca el hecho de que Japón es la segunda economía del mundo y el segundo socio comercial de México, por lo que se considera relevante este viaje de Estado a Japón, por el papel que juega la diplomacia personal para consolidar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y las de los diferentes actores políticos y económicos que en ellas intervienen.
Del análisis de la minuta enviada por la colegisladora, los integrantes de esta Comisión deseamos reconocer la importancia que para el desarrollo industrial y la creación de fuentes de empleo en México tiene la inversión japonesa, tanto en el ámbito de las maquiladoras, las empresas exportadoras, como en las de la producción para el mercado interno. En la actualidad hay más de 400 empresas japonesas establecidas, cuya inversión asciende a más de 20 mil millones de dólares, ofrecen empleo a más de 135,000 mexicanos y, por lo tanto, alientan la transferencia de tecnología y contribuyen al crecimiento de la producción, el empleo y la competitividad en México.
En el mes de junio del 2002, el Presidente Fox realizó una visita oficial de trabajo a Tokio. La agenda de trabajo comprendió entrevistas con el Jefe de Gobierno y con liderazgos del sector empresarial. Uno de los resultados principales de esa visita fue impulsar el Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países, así como extender una invitación a las empresas japonesas para incrementar sus inversiones en México.
El resultado más importante de aquella visita fue el acuerdo entre ambos mandatarios para establecer un grupo de estudio, integrado por representantes gubernamentales, empresarios y académicos de los dos países, encargado de analizar la manera de fortalecer la relación económica bilateral entre México y Japón, y examinar las posibilidades de un Tratado de Libre Comercio benéfico para nuestro país.
En el contexto de esta visita de Estado a Japón es importante señalar que el programa previsto a realizar por el jefe de Estado mexicano incluirá una entrevista con el emperador Akihito; una reunión con el primer ministro, Junichiro Koizumi; con legisladores japoneses en el marco de la Federación Parlamentaria México-Japón, así como con otras personalidades japonesas del ámbito político, económico y cultural. De igual manera, el Presidente de la República tendrá encuentros con empresarios e inversionistas, donde buscará ampliar los vínculos económicos con representantes de cámaras de industria y comercio e instituciones financieras, así como con el Comité de Hombres de Negocios México-Japón.
Por otra parte, en el marco de la visita a Tailandia para participar en la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), del 18 al 21 de octubre, la cual tiene por lema "Un mundo de diferencias: Sociedad para el futuro", esta Comisión desea mencionar que se inscribe en los esfuerzos que México ha venido haciendo en este mecanismo de cooperación multilateral, que se ha distinguido por ser el instrumento de cooperación económica y comercial más importante de la región del Pacífico.
En la minuta enviada por la Cámara de Senadores se menciona la contribución de nuestro país a este foro, derivado de la X reunión, que se efectuó en Los Cabos, Baja California, en el mes de octubre del año pasado, y en la que los líderes de las economías de APEC asumieron compromisos específicos en materia de liberalización, facilitación de comercio y la inversión, así como a la extensión de los beneficios de la integración de mercados a todos los sectores de la población.
Resalta en la minuta la intención expresa del Presidente de la República de participar, en el sentido de subrayar que, no obstante las diferencias entre las economías integrantes de APEC, es posible seguir avanzando en la consecución de los objetivos del mecanismo, en un plano de igualdad y en beneficio de todos los sectores de nuestras sociedades, de conformidad con las líneas de acción acordadas en Los Cabos, en los ámbitos del apoyo a las microempresas, el acceso a la información, el financiamiento, la salud y el fortalecimiento de las capacidades humanas.
La presencia de nuestro país en APEC abre un espacio de diálogo político con los líderes de las economías más dinámicas de la región y del propio continente americano. Se prevé que el Presidente sostendrá un diálogo político al más alto nivel con los jefes de Estado o de gobierno de los países que se reúnen en este foro, así como con líderes empresariales que integran el llamado CEO Summit, foro al que ha sido invitado para participar como orador sobre el tema del fortalecimiento de los lazos entre Asia y las Américas.
Con base en las consideraciones anteriores y en el análisis de la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores, donde se establece la procedencia de la autorización para que el titular del Ejecutivo pueda ausentarse del territorio nacional del 14 al 21 de octubre de 2003, a efecto de que realice una visita de Estado a Japón, así como para asistir a la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a celebrarse en Bangkok, Tailandia. Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
DecretoArtículo Unico.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 14 al 21 de octubre de 2003, a efecto de que realice una visita de Estado a Japón, así como para asistir a la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a celebrarse en Bangkok, Tailandia.
TransitorioUnico.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre de 2003.--- Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, secretario; Carlos Martín Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretario; José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Cortés Jiménez, Rodrigo Iván (rúbrica), Sami David David, Homero Díaz Rodríguez, María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), María Marcela González Salas y Petriccioli (rúbrica), Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías, Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Francisco Xavier López Mena, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Francisco Javier Saucedo Pérez, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Marco Antonio Torres Hernández.»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias.
Es de primera lectura.El siguiente punto del orden del día es sobre el aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, se han registrado los siguientes diputados: Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del PRI; Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia; José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del PRD y José Jesús Vázquez González, del grupo parlamentario del PAN.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Rosalina Mazari Espín:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Este día 7 de octubre se cumplen 90 años de la muerte de uno de los grandes hombres de México, del senador Belisario Domínguez, quien fue asesinado por el Estado criminal que encabezaba el traidor Victoriano Huerta.
De profesión doctor, trascendió por su gran sensibilidad ante los problemas que tenía la población de su natal Comitán en el estado de Chiapas. Hombre de ideas liberales basado en la razón, en la vida democrática del pueblo y en la libertad que debe tener todo ciudadano frente al poder política.
La época en que le tocó vivir era de constante opresión por la dictadura del General Porfirio Díaz, por su gobierno tirano y antidemocrático. Para ello, don Belisario, conocedor de que las grandes transformaciones del pueblo eran con el conocimiento y la información a la sociedad, participó en los distintos clubes liberales que existían en todo el país, pero algo que lo hizo inmortal, fue su lenguaje directo para llamar a las cosas por su nombre. Desde entonces, se le distinguió por la solidez de sus argumentos y la valentía con que los defendía.
En plazas públicas de su estado argumentaba: ``Vigilar de cerca chiapanecos ---decía a sus paisanos--- todos los actos públicos de vuestros gobernantes, elogiarlos cuando hagan bien, criticarlos siempre que obren mal, ser imparciales en vuestras apreciaciones, decir siempre la verdad y sostenerla con nuestra firmeza entera y muy clara, nada de anónimos ni pseudónimos''.
Don Belisario Domínguez fue en 1909, Presidente municipal de Comitán, pero trascendió su trabajo político en todo el estado por sus ideas avanzadas, la limpieza de su conducta en su vida personal, su excelente gobierno, pero sobre todo la ayuda a los desvalidos, aunado a su franqueza.
En 1912 es senador suplente, quien por su modestia, declinó la titularidad de esa representación popular a favor de un compañero y amigo de luchas liberales, el destino le tenía deparado llegar a ser senador de la República, ya que el propietario de la senaduría murió en 1913.
La ciudad de aquella época presentaba un aspecto aterrador con numerosos muertos y heridos en las calles. Ese panorama indignaba al senador, ya que esa situación era resultado de la ambición de poder que tenía el general Victoriano Huerta.
En los trabajos del Senado de la República se escuchaban con gran interés sus argumentos para defender la soberanía nacional y la vida democrática del pueblo de México. El senador razonaba su voto con discursos valientes, incendiarios y nacionalistas; acusaba en la tribuna al gobierno ilegítimo del General Huerta.
En sus discursos siempre hablaba con verdad y firmeza, el valor civil y la defensa de los deberes que el ciudadano debe de tener cuando las instituciones políticas de su país se ponen en peligro, lo materializa la vida del senador Belisario Domínguez.
Victoriano Huerta, sabedor de que el Senado señalaba constantemente sus abusos en el poder, los crímenes e injusticias que cometía en todo el territorio nacional, inició una persecución de estado con un marcado hostigamiento de su policía secreta, del Ejército y de toda la maquinaria del poder, e incluso, en el mismo año, en 1913, el presidente Huerta presentó un informe al honorable Congreso de la Unión; días después el senador quiso emitir su opinión ante el pleno senatorial pero el propio Presidente del Senado le prohibió e impidió hacer uso de la tribuna para leer el discurso que llevaba preparado sobre lo que pensaba del gobierno de Huerta.
El Presidente del Senado argumentó: ``que no le podía dar la palabra porque el discurso era subversivo e incendiario''. Ante tales argumentos, don Belisario con la certeza, valor y patriotismo que le caracterizaba, mandó a imprimir y a distribuir en el país el discurso que no pudo leer ante el Senado, pero hizo del conocimiento de la opinión pública el texto donde en forma valiente describía al gobierno usurpador de Huerta.
El senador en su discurso, que le costara la vida por mandarlo a publicar al pueblo de México y describir las atrocidades que vivía la nación, en uno de sus párrafos menciona: ``El pueblo de México no puede resignarse a tener por Presidente de la República a Victoriano Huerta, al soldado que se amparó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto, al subir a la Presidencia, fue asesinar cobardemente al Presidente y al vicepresidente legalmente electos por el voto popular.
Son 90 años de la muerte bajo tortura de tan importante hombre, en la vida política y democrática del Estado mexicano; patriotismo, valentía, inteligencia y honor, simboliza la vida de don Belisario Domínguez. El encarna esos valores con su nombre, que lo hacen trascender a la historia del pueblo de México.
El propio Senado de la República, en honor a él, creó la medalla de honor Belisario Domínguez del Senado de la República, para conmemorar el sacrificio del mártir de la democracia.
La historia del pueblo de México, se ha edificado con la sangre de mexicanos que han demostrado amor a la patria y han puesto en alto con sus actos las palabras que en este recinto legislativo se encuentran con letras de oro en la parte superior del Escudo Nacional: ``La Patria es Primero''.
En esta alta tribuna del pueblo de México, se hace patente el recuerdo y la admiración del senador Belisario Domínguez, a 90 años de su muerte, en manos del Estado opresor de aquella época.
Sigue siendo ejemplo para nuestras generaciones, en la lucha de ir edificando con bases sólidas la democracia de nuestro país.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Maldonado Venegas, del Partido de Convergencia, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Maldonado Venegas:Con su venia, señor Presidente:
``La libertad no es gracia que se concede ni derecho que se conquista; la libertad del hombre está en su conciencia'', así lo afirma el maestro Hermilo Abreu Gómez, en voz de su personaje Jacinto Canek. Tal es la dimensión histórica y humana de Belisario Domínguez, senador de la República, quien desde la tribuna parlamentaria denunció la tiranía de un gobierno espurio, impuesto por la fuerza de la barbarie militar y del instinto magnicida que le dio origen.
Su voz, sigue cimbrando nuestra conciencia como paradigma de verticalidad, vigente y vibrante; vibrante y trascendente.
Belisario Domínguez, quien trasmutó su pasión por México y su compromiso con la legalidad y la verdad, en un acto heroico que a casi un siglo de haberse consumado, sigue siendo ejemplo perdurable de valor político y de pundonor cívico.
Fundador del periódico ``El Bate'', publicaba en él artículos donde ejercía una severa crítica contra el porfirismo dominante.
Más tarde, conformó en su natal Comitán, Chiapas, un club democrático para participar en las lides electorales, lo cual le permitió alcanzar en 1909, la presidencia municipal.
Desde esa función, actuó con honradez, pulcritud y solidaridad con los menos favorecidos, su prestigio creció, impulsando el ánimo de sus adeptos a formar una carrera en el Congreso Federal, para lo cual le fue propuesto en 1912, ser candidato a senador de la República por el estado de Chiapas.
La legalidad estaba en juego y el poder se tambaleaba en manos de militares facciosos e intransigentes, y de falsos legisladores. Ante la indiferencia de unos, la complacencia de otros, el silencio reverencial de un Poder Legislativo, sobornado o subordinado, Belisario Domínguez alzó la voz a nombre de una nación indignada a la imposición de las armas; articuló un discurso valiente y provocador, que confrontaba a la autoridad militar y denunciaba sin modulaciones ni concesiones, lo que todos callaban y que el juicio de la historia ha repetido con insistencia: ``Huerta traidor, Huerta usurpador, Huerta asesino''.
El Presidente de la Cámara, como aquí se ha dicho, no permitió que se leyera el texto incendiario y Belisario Domínguez lo hizo publicar, pidiendo a cada lector que a su vez lo reprodujera, para hacer que la voz silenciada en la tribuna pudiera expandirse y multiplicarse en todas las regiones y en todos los ámbitos, buscando el derrocamiento del gobierno ilícito.
Sus afirmaciones aún reverberan con la pasión y la emoción con la que fueron proclamadas.
¿Qué debe hacerse en este caso?, pregunta el senador de la República a la representación nacional. Corresponder, se contestaba, a la confianza con que la Patria le ha honrado. Decirle la verdad y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies.
Ese es el ejemplo de Belisario Domínguez y es el compromiso que nos identifica con él. Era un ciudadano convertido por la investidura del voto en legislador que supo actuar con determinación siguiendo el impulso de su amor por la Patria, de su compromiso con su comunidad.
Hagamos señores legisladores de ese verbo encendido, usufructo perpetuo de nuestra acción; repitamos con el senador Domínguez: nuestro deber es imprescindible y la Patria espera que sepamos cumplirlo.
Hoy también, los ojos de la nación nos miran. Hoy también la prensa libre nos juzga y evalúa. Hoy también la sociedad se encuentra atenta a escuchar la voz de este Congreso al que le dio mandato. Hoy también el pueblo que nos eligió se encuentra atento a nuestra actuación, de la que espera respuestas y de la que exige soluciones. ¡Que así, que así sea!
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Manuel Velasco Coello:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Esta elevada distinción que el honorable Congreso de la Unión rinde a un chiapaneco que desde su infancia eligió una profesión para servir a los demás; para velar por el interés de la nación; un chiapaneco pródigo que nunca se desligó de su tierra y que supo que la mejor manera de servir a Chiapas, era lograr primeramente un país con libertades y derechos.
Por ello, es necesario recordar sus palabras que lo han mantenido vigente como uno de los pocos legisladores que se mantuvieron firmes ante la dictadura. Su frase: ``La representación nacional debe deponer de la Presidencia de la República, a don Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan, con mucha razón, todos nuestros hermanos alzados en armas y por consiguiente, por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos''.
Largas e innumerables fueron las realizaciones de este médico chiapaneco; de todas ellas están varias en el Diario de los Debates de este Congreso, con sus más grandes pensamientos y acciones a favor de la República; una República que incluía a ese gran estado al que le profirió ese gran cariño, a su tierra, a Chiapas, al Comitán que lo vio nacer. La frase: ``El mundo está pendiente de vosotros señores miembros del Congreso nacional mexicano. Y la patria espera que la honréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por Primer Mandatario a un traidor y asesino'', tiene que hacernos reflexionar sobre el papel que debemos realizar en esta LIX Legislatura.
La partida de Belisario Domínguez a manos del poder corrupto y vil, nos ha dejado abandonados, con un espacio imposible de reemplazar; sobre todo en esta época donde los principios de respeto y equilibrio a los tres Poderes de la Unión, han sido reemplazados.
Como diputados extrañaremos el realce que dio a la política nacional con su sello particular. Su trabajo nunca fue ajeno a las necesidades de los grupos oprimidos: indigentes y menesterosos.
Hay quienes afirman que lo que distingue a los hombres de las instituciones, es su permanencia. Pero con el senador Belisario Domínguez, esta afirmación pierde su dimensión y su obra se ha encargado de desmentirla.
Sólo existe una manera de honrar a un ser humano y ésa es la puesta en marcha de sus ideas y la materialización de sus sueños. Por eso la humilde exhortación de que trabajemos en el ámbito legislativo para tener un verdadero desarrollo en el México por el que él dio la vida.
Hoy, en el aniversario luctuoso de Belisario Domínguez, el Partido Verde Ecologista de México exhorta a los legisladores a reflexionar sobre los ideales por los que luchaba este legislador, que sin duda han sido parte fundamental para la conformación de la república que anhelamos.
Sin embargo, consideramos que para alcanzar dichos ideales y transitar en este nuevo milenio es necesaria la reforma del Estado que comprometa la acción de todos los mexicanos y otorgue el bienestar a los hombres y mujeres de nuestro país, sin ninguna cortapisa.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Luis Medina Lizalde:Con su permiso, señor Presidente:
Es inevitable hacer la conexión de la actitud ante la vida, ante el poder y ante las instituciones, del ilustre chiapaneco don Belisario Domínguez, con ese spot que agravia a los mexicanos, en donde pretenden que le demos gracias a Vicente Fox por la democracia.
Hay que borrar la historia de este país para reconocerle un mínimo de credibilidad a ese mensaje que tanto ofende la inteligencia de nuestros compatriotas.
Es importante, a la hora de homenajear a figuras de tal estirpe como don Belisario Domínguez, recordar que la libertad de expresión tiene en don Belisario a su más heroico y sacrificado defensor entre los mexicanos.
Pero hay que señalar con toda pertinencia que muchos de los que han construido grandielocuentes discursos alrededor de la figura y del sacrificio de don Belisario se han distinguido por represores, se han distinguido por conculcar las libertades más elementales de los mexicanos.
Porque los que masacraron a la juventud en 1968 también homenajearon a don Belisario Domínguez, porque los que se niegan a que por fin el derecho ponga en su lugar a todos aquellos participantes de la guerra sucia de los 70 también han homenajeado a Belisario Domínguez, y muchos de aquellos jóvenes recurrieron a soluciones desesperadas precisamente porque en los años 70 la libertad de expresión era sólo discurso en la mayor parte del territorio nacional.
Y ¿qué decir de esa noble institución que se ha apropiado del prestigio de don Belisario Domínguez y de su gesto, de su actitud, de su heroísmo: el Senado de la República, ese escenario donde recientemente le propinó una bofetada a los criterios de libertades, a la libertad de expresión justamente, al censurar una exposición que no coincide con la moral de gente que se atribuye el derecho a decidir qué podemos ver y qué no podemos ver los mexicanos?
¿Cómo seguir honrando a don Belisario Domínguez si en algunas porciones del territorio nacional hay que salir a la calle a luchar todavía por el derecho de las mujeres a usar minifalda, en donde gobierna el PAN?
¿Cómo honrar a don Belisario Domínguez en un país en donde todavía no hemos sido capaces de trascender un marco jurídico atrasado que ha permitido la sobrevivencia de poderes fácticos y que ha impedido que la libertad de expresión sea un derecho plenamente ejercido por los mexicanos?
Rememoremos, pues, a este heroico chiapaneco; rindámosle homenaje siendo congruentes con la libertad de expresión de los mexicanos, pero convirtiéndola en realidad y haciendo un gran esfuerzo porque ya la práctica autoritaria no se siga enmascarando en discursos democráticos.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado José Jesús Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Jesús Vázquez González:Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Me gustaría empezar mencionando que es muy importante que recordemos que esta tribuna no es para hacer ataques contra partidos políticos, y en este caso es importante que recordemos que estamos homenajeando a un hombre que marcó historia y se adaptó.
Hace ya 90 años de la vida de un hombre cuya vida le mereció pasar a las páginas de nuestra historia patria, un hombre cuya trayectoria hizo que el Senado de la República instituyera en 1953 una medalla que lleva su nombre y que se entrega anualmente a los mexicanos que han acumulado mérito cívico, ciudadano patriótico como para merecer este honor.
Don Belisario Domínguez nació en Comitán de las Flores, Chiapas, el 25 de abril de 1853. Hizo sus primeros estudios en la ciudad natal y cursó la preparatoria en el Instituto Literario y Científico del estado de San Cristóbal de las Casas.
En 1879 marchó a París para cursar sus estudios profesionales y permaneció ahí 10 años. El 17 de julio de 1889, recibió su título de médico y regresó a su patria enseguida. Venía saturado de ideas filantrópicas y de servicio social y con deseo de servir a la gente más humilde. Instaló su consultorio en Comitán y comenzó a emprender largos viajes para llegar a las zonas marginadas con el fin de atender a sus moradores.
Como político humanista, en una reunión en el Tívoli del Eliseo, ante un auditorio de chiapanecos, manifestó sus ideas liberales y se distinguió entre los hombres de su generación por la solidez de sus argumentos y la valentía con que los defendía.
Continuando con sus actividades políticas, fundó un periódico donde publicó artículos sobre la situación política del país y su oposición al régimen del Presidente Porfirio Díaz.
``Vigilad de cerca, chiapanecos, decía a sus paisanos, todos los actos públicos de sus gobernantes; elogiadlos cuando hagan bien; criticadlos siempre que obren mal. Sed imparciales en vuestras apreciaciones, decid siempre la verdad y sostenedla con vuestra firmeza entera y muy clara. Nada de anónimos ni seudónimos, sostened la verdad con firmeza entera''. Ese fue el camino que trazó Belisario Domínguez.
Fundó un club democrático y comenzó a participar en las contiendas electorales en 1909. Fue electo presidente municipal de Comitán, y fue tan importante la obra que realizó al frente del Ayuntamiento, que su prestigio trascendió a todo el estado y pronto fue uno de los más distinguidos políticos.
Su adhesión a las ideas avanzadas, la limpieza de su conducta y la tendencia a hacer el bien a los desvalidos, unidos a su habitual franqueza, le valió un gran respeto de la ciudadanía.
Para las elecciones de senadores de 1912, los chiapanecos pensaron en el desde luego, pero su modestia lo hizo declinar aquel honor y aceptar tan sólo la suplencia en la planilla que encabezó Leopoldo Wood.
El doctor Domínguez permaneció unos meses en Comitán, pero a principios de 1913 se trasladó a la capital del país y ahí fue testigo de los acontecimientos de la Decena Trágica. Con dolor e indignación recibió el doctor la noticia del sacrificio de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.
La ciudad presentaba un aspecto aterrador, numerosos muertos y heridos en las calles, gente inocente en su mayor parte a quienes no bastaban los servicios médicos.
El doctor Belisario Domínguez, con su acostumbrado de-sinterés, colaboró en esta labor humanitaria, pero él estaba destinado a otras tareas. El 3 de marzo falleció Leopoldo Wood y enseguida fue llamado el suplente para cubrir la vacante, le correspondía actuar en el alto plano de la política nacional en un momento sumamente crítico.
Desde la tribuna, en varias ocasiones se manifestó en contra del gobierno encabezado por el General Huerta. Con claridad y contundencia lo expresaba el senador chiapaneco. En sus discursos repitió varias veces su oposición, sin otra idea que sostener la firmeza de la verdad.
Con los perfiles de un héroe civil y la grandeza de los personajes éticos y una gran lección sobre el cumplimiento de los deberes del ciudadano cuando ve en peligro a las instituciones políticas de su país.
La sentencia contra su vida no se hizo esperar. Se movieron los resortes oficiales y la noche del 7 de octubre fue sacado de su habitación en el hotel en el que se hospedaba y conducido al cementerio de Xoco, en Coyoacán, donde se le martirizó y asesinó cruelmente.
La muerte del doctor Belisario Domínguez contribuyó a la caída de Huerta; 40 años después de su muerte, se instituyó la Medalla Belisario Domínguez.
El decreto determinó que la presea se otorgara a aquella mexicana o mexicano que se hubiera distinguido por toda una vida dedicada al servicio de la nación y porque en todos los ámbitos de su desempeño se hiciera un homenaje cotidiano a los valores que también Belisario Domínguez representó y que por ello se lleva su nombre.
La honestidad, la congruencia cotidiana entre el decir y el hacer, un valor a toda prueba para defender la justicia y la verdad y un profundo sentimiento de la responsabilidad en el desempeño de la encomienda, son los principios y los valores que se ponderan para decir quién merece este galardón que se otorga en un acto que está marcado por el espíritu de don Belisario.
Don Belisario Domínguez...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le ruego concluir, señor diputado.
El diputado José Jesús Vázquez González:...La vida por sus anhelos ideológicos en un esfuerzo continuado y vertebrado que fructificó en la civilidad y la democracia. Su ejemplo ha quedado como algo vivo para los mexicanos que debemos imitar siempre.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Continúe la Secretaría.
Señor Presidente se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Jueves 9 de octubre de 2003.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativa del Congreso del estado de Baja California
Que reforma el artículo 2o. fracción A), numerales 1, 2 y 3 inciso B), numerales 1 y 2 del inciso C) de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. (Turno a comisión.)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con los que se remite copias de las contestaciones de la titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud y del Secretario de la Defensa Nacional, en relación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 14 al 21 de octubre de 2003, a efecto de que realice una visita de estado a Japón, así como para asistir a la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Econó- mica Asia-Pacífico (APEC), a celebrarse en Bangkok, Tailandia.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señoras y señores legisladores: la Presidencia acaba de recibir el punto de acuerdo para la integración de una Comisión Especial para obtener información relacionada con la aplicación de programas y fondos federales, durante el de-sarrollo de los procesos electorales de Tabasco y San Luis Potosí. Este punto de acuerdo estaba ya agendado en el orden del día. Le ruego a la Secretaría que se sirva darle lectura.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Sí, señor Presidente.
«Acuerdo para la integración de una comisión especial para obtener información relacionada con la aplicación de programas y fondos federales durante el desarrollo de los procesos electorales de Tabasco y San Luis Potosí.
CC. Secretarios de la Mesa Directiva.--- Presentes.
A la Junta de Coordinación Política fue turnada, para su estudio y resolución, una proposición con punto de acuerdo para la integración de una comisión especial para obtener información relacionada con la aplicación de programas y fondos federales durante los procesos electorales que están por desarrollarse en este año de 2003, presentada al Pleno de esta Cámara en la sesión del pasado 11 de septiembre del año en curso por la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, en nombre de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, del Trabajo y Convergencia.
La Junta de Coordinación Política abordó el tema en diversas sesiones y acordó integrar un grupo de trabajo que definiera los criterios sobre los cuales habría de crearse una comisión especial, sus objetivos específicos y su método de trabajo.
Esta Junta, con fundamento en las facultades que le otorga el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente
AcuerdoPrimero. El Pleno de la Cámara de Diputados acuerda la integración de una Comisión Especial para obtener Información Relacionada con la Aplicación de Programas y Fondos Federales durante el Desarrollo de los Procesos Electorales de Tabasco y San Luis Potosí. La Comisión recabará dicha información de ciudadanos, partidos políticos, organizaciones civiles y grupos de observadores legalmente acreditados; establecerá interlocución con los órganos estatales electorales, sin menoscabo de las atribuciones de dichos órganos. La Comisión será integrada de manera plural, funcionará de forma colegiada y se dividirá en dos grupos de trabajo, que se trasladarán a dichas entidades federativas para cumplir las responsabilidades encomendadas.
Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor al día natural siguiente a aquel en que resulte aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Tercero. El programa de trabajo, que incluirá las reuniones y audiencias públicas, será acordado por el voto mayoritario de los grupos de trabajo de la Comisión. Dicho programa considerará sendas conferencias de prensa, una al inicio de sus trabajos y otra al término de su estancia en la propia entidad federativa. En ambos casos se celebrarán equiparables conferencias de prensa en la sede de la Cámara de Diputados.
Las actividades de la Comisión estarán invariablemente apegadas a los términos de la legislación electoral aplicable.
Cuarto. Tres días después de las sesiones de cómputo distritales y municipales de cada una de las elecciones, se reunirá la Comisión Especial referida para evaluar la información recabada y recibida, que servirá para redactar el informe final, el cual será presentado en la próxima sesión de Pleno de la Cámara. La Comisión finalizará sus funciones una vez presentado el informe final.
Quinto. La Comisión Especial objeto del presente acuerdo se integrará por veinte legisladores, divididos en dos grupos de diez, uno correspondiente al estado de Tabasco y otro al estado de San Luis Potosí. Cada grupo se integrará de la siguiente manera: tres diputados del grupo parlamentario del PRI, dos diputados del grupo parlamentario del PAN, dos diputados del grupo parlamentario del PRD, un diputado del grupo parlamentario del PVEM, un diputado del grupo parlamentario del PT y un diputado del grupo parlamentario del PC.
Sexto. La Comisión Especial estará integrada por los siguientes ciudadanos diputados:
Proceso electoral en el estado de Tabasco
Por el grupo parlamentario del PRI:
1. Dip. Gonzalo Guízar Valladares2. Dip. Francisco Javier Guízar Macías
3. Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza
Por el grupo parlamentario del PAN:
1. Dip. Carlos Noel Tiscareño Rodríguez2. Dip. Sergio Vázquez García
Por el grupo parlamentario del PRD:
1. Dip. Tomás Cruz Martínez2. Dip. Horacio Duarte Olivares
Por el grupo parlamentario del PVEM:
1. Dip. Francisco Xavier Alvarado Villazón
Por el grupo parlamentario del PT:
1. Dip. Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Por el grupo parlamentario del PC:
1. Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno
Proceso electoral en el estado de San Luis Potosí
Por el grupo parlamentario del PRI:
1. Dip. Jesús Morales Flores2. Dip. Enrique Burgos García
3. Dip. Hilaria Domínguez Arvizu
Por el grupo parlamentario del PAN:
1. Dip. Baruch Alberto Barrera Zurita2. Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez
Por el grupo parlamentario del PRD:
1. Dip. Pablo Franco Hernández2. Dip. Rafael Flores Mendoza
Por el grupo parlamentario del PVEM:
1. Dip. Raúl Piña Horta
Por el grupo parlamentario del PT:
1. Dip. Joel Padilla Peña
Por el grupo parlamentario del PC:
1. Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez
Séptimo. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de la Comisión Especial serán aprobados por el Comité de Administración.
Octavo. La Cámara de Diputados, a través de su Presidente, notificará a los poderes de los estados libres y soberanos de Tabasco y de San Luis Potosí la integración de la Comisión Especial objeto del presente acuerdo, para los efectos a que haya lugar.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre de 2003.--- Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica), Presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora del grupo parlamentario del PRI; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PAN; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PRD; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PVEM; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PT; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PC.»
Cumplida la encomienda, señor Presidente.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobado.El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 16:38 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 9 de octubre a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.Tiempo de duración: 5 horas 20 minutos.
Quórum a la apertura de sesión: 327 diputados.
Asistencia al cierre de registro: 461.
Diputado que solicita licencia: 1.
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 1.
Proposiciones con punto de acuerdo: 12.
Puntos de acuerdo aprobados: 1.
Efemérides: 2.
Oradores en tribuna: 31.
PRI-8; PAN-5; PRD-7; PVEM-3; PT-4; PC-4.
Se recibió:
1 comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite copia de la contestación de la Coordinadora General de Protección Civil de esa Secretaría, en relación con el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
1 iniciativa del Congreso del estado de Baja California;
1 iniciativa de los grupos parlamentarios;
1 iniciativa del PC;
2 iniciativas del PT;
1 iniciativa de senador del PVEM;
1 minuta proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Dictamen de primera lectura:
1 de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto, que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 14 al 21 de octubre de 2003, con objeto de realizar una visita de Estado al Japón y asistir a la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Bangkok, Tailandia.
Se aprobó:
1 iniciativa con proyecto de decreto, por el que se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en el distrito electoral federal 5 del estado de Michoacán, y en el distrito electoral federal 6 del estado de Coahuila, suscrita por los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios.