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DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares | PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano |
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala |
| AÑO I | México, DF, 14 de octubre de 2003 | Sesión No. 14 |
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la comparecencia de funcionarios del Ejecutivo Federal en comisiones, en el marco de la glosa del III Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada. Aprobado
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República en comisiones, en el marco de la glosa del III Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada. Aprobado
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite copia de la contestación del Director General de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 23 de septiembre. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores y al promovente para su conocimiento
Oficio de la Cámara de Senadores por el que remite acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Jalisco para que en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, se asignen recursos suficientes para atender las necesidades de los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, dadas las pérdidas ocurridas durante 2003 por las contingencias climatológicas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
La diputada Socorro Díaz Palacios presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 102 y reforma y adiciona el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación y que adiciona el artículo 2º, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación con el contrabando de mercancías. Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos
El diputado Oscar González Yáñez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que expide la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y que reforma el párrafo tercero del artículo 3º de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y de Energía
El diputado Marco Antonio Torres Hernández presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Secretario de Economía para que explique el motivo de la importación de 112 mil toneladas de azúcar en el próximo mes de octubre
Se considera de urgente resolución, e intervienen los diputados:
Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Inelvo Moreno Alvarez
Continua en el tema del punto de acuerdo presentado, el diputado Lázaro Arias Martínez
Suficientemente discutido el punto de acuerdo se aprueba. Comuníquese
La diputada María de los Dolores Padierna Luna presenta proposición con punto de acuerdo, para crear una Comisión Investigadora del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
Solicita la rectificación del trámite el diputado Pablo Gómez Alvarez
El Presidente hace comentarios sobre el turno dado y turna la proposición a la Junta de Coordinación Política
El diputado Joel Padilla Peña presenta proposición con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial que dé seguimiento al proyecto hidroeléctrico "El Cajón", en el estado de Nayarit. Se turna a la Junta de Coordinación Política
La diputada Susana Guillermina Manzanares Córdova presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los Congresos de los estados a que promuevan la aprobación, ampliación o profundización de leyes de participación ciudadana. Se turna a la Comisión de Participación Ciudadana
El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo asigne los recursos presupuestales necesarios para el fortalecimiento de la educación agrícola superior y la investigación agropecuaria-forestal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
El diputado Roberto Javier Vega y Galina presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el sindicato de sus trabajadores. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social
El diputado Abdallán Guzmán Cruz presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Poder Ejecutivo su intervención en el caso de pescadores presos originarios del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo presenta proposición con punto de acuerdo, para que se diseñen instrumentos para incorporar a la economía informal, a sistemas formales que garanticen, a quienes se dedican a estas actividades en la seguridad social y que se simplifique el régimen fiscal del pequeño contribuyente. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
El diputado Víctor Suárez Carrera presenta proposición con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial que dé seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo. Se turna a la Junta de Coordinación Política
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con los betaanálogos para fines zootécnicos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería
El diputado Alfonso Sánchez Hernández presenta proposición con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita la recomendación para que una institución académica practique la auditoría ambiental al complejo termoeléctrico ``Presidente Adolfo López Mateos'', de la Comisión Federal de Electricidad ubicado en Tuxpan, Veracruz. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Excitativa del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto, que deroga el segundo párrafo del artículo 25 y que reforma la fracción primera y deroga la fracción segunda del artículo 106 de la Ley del Seguro Social, relativos al régimen financiero del Seguro de Enfermedades y Maternidad, presentada el 5 de noviembre de 2002. Remítase a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social
Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que informa de la fecha de la comparecencia del Secretario de Energía para el análisis del III Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada. De enterado
El diputado Manuel Velasco Coello comenta el dictamen de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral y su aprobación, relativo al expediente Q-CFRPAP 19/0, Partido Revolucionario Institucional contra Alianza por el Cambio
Intervienen en relación con el 12 de octubre de 1492, los diputados:
Luis Maldonado Venegas
Jorge Legorreta Ordorica
Javier Manzano Salazar
Huberto Aldaz Hernández
Marcelo Tecolapa Tixteco
Conmemora el XLVIII aniversario luctuoso del ex Presidente de la República, General Manuel Avila Camacho, el diputado Fidel René Meza Cabrera
Se informa que la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, entrega por escrito su intervención
Habla sobre dicha conmemoración de este día, la diputada María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba
Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que propone cambios en la integración de las comisiones de: Desarrollo Social; Fortalecimiento del Federalismo; Juventud y Deporte; Marina; Pesca; Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; Reforma Agraria; Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Salud; Justicia y Derechos Humanos y Energía. Aprobada
Desde su curul, el diputado Jesús Porfirio González Schmal solicita a la Presidencia convoque a la Junta de Coordinación Política a fin de que atienda a mujeres rurales que se manifiestan afuera de la Cámara de Diputados. El Presidente realiza aclaraciones
De la próxima sesión
A las 14:57 horas la Secretaría informa del registro final de 460 diputadas y diputados
Lista de asistencia de diputados, correspondiente a la presente sesion. . . . . .
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Se informa a la Presidencia que existen registrados 321 diputados en el sistema electrónico de asistencia, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:18 horas):
Se abre la sesión.
Se ruega a todas las personas que no sean legisladores, tengan la bondad de ocupar sus lugares.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Martes 14 de octubre de 2003.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Junta de Coordinación Política.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de Gobierno.
De la Junta de Coordinación Política.
En relación a la comparecencia de funcionarios del Ejecutivo Federal en comisiones, en el marco de la glosa del III Informe de Gobierno. (Votación.)
Sobre la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República en comisiones, en el marco de la glosa del III Informe de Gobierno. (Votación.)
Oficio de la Secretaría de Gobernación.
Con el que se remite copia de la contestación del Director General de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados.
De la Cámara de Senadores. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Socorro Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De Ley de la Comisión Federal de Electricidad y reformas al párrafo tercero del artículo 3o., de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Economía, explique el motivo de la importación de 112 mil toneladas de azúcar en el mes de octubre del presente año, a cargo del diputado Marco Antonio Torres Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo para integrar una comisión que investigue al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados apruebe la conformación de una Comisión Especial, que dé seguimiento al proyecto hidroeléctrico ``El Cajón'', en el estado de Nayarit, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se exhorte a las autoridades laborales y del Instituto Mexicano del Seguro Social, a tener una justa resolución en el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo, entre el IMSS y el sindicato de trabajadores, a cargo del diputado Roberto Vega y Galina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados, dirija un exhorto a los poderes legislativos de las entidades federativas, para que promuevan la aprobación, ampliación o profundización de leyes de participación ciudadana, a cargo de la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo asigne los recursos presupuestales necesarios para el fortalecimiento de la educación agrícola superior y la investigación agropecuaria forestal, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo su intervención en el caso de pescadores del lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a fin de que instruya a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, para que diseñen de inmediato instrumentos para incorporar a la economía informal, a sistemas formales que garanticen a quienes se dedican a estas actividades, ahora informales, Seguridad Social y se simplifique el régimen fiscal del pequeño contribuyente, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que realice las acciones pertinentes con el objeto de evitar la utilización de los beta análogos con fines zootécnicos, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la auditoría ambiental al complejo termoeléctrico ``Presidente Adolfo López Mateos'' de Tuxpan, Veracruz, a cargo del diputado Alfonso Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a los responsables en el Gobierno Federal, revisen a la brevedad y hagan un replanteamiento, urgente de los procedimientos para agilizar la fluidez de recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concluya los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo (54 kilómetros) y Motozintla-Niquivil-Pavencul (48 kilómetros), todos ellos en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Solicitud de excitativa
A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Agenda política
Comentarios sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral y su aprobación por el mismo, (Q-CFRPAP 19/00 PRI vs AC), a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Efemérides
En relación al 12 de octubre, a cargo de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.
Para conmemorar el XLVIII aniversario luctuoso del ex Presidente de la República general Manuel Avila Camacho, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Para conmemorar el Día Mundial de la Mujer Rural, a cargo de la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor Secretario.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves nueve de octubre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEn el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos cuarenta diputadas y diputados, a las once horas con diecinueve minutos del jueves nueve de octubre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Omar Bazán Flores, electo como diputado federal suplente en la segunda circunscripción plurinominal, y acompañado de una comisión designada, rinde la protesta de ley y entra en funciones de inmediato.
Comunicación de la Cámara de Senadores por la que informa que su próxima sesión ordinaria tendrá lugar el martes catorce de octubre de dos mil tres. De enterado.
Dos comunicaciones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos:
Con acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación.
A las once horas con cincuenta y un minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos cincuenta y siete diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.
Se aprueba en votación económica.
Con acuerdo que establece los lineamientos para acreditar las asistencias de las diputadas y diputados a las sesiones plenarias, así como para la justificación de las inasistencias. Se aprueba en votación económica.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo para celebrar una sesión solemne para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la incorporación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Se aprueba en votación económica.
El Congreso del estado de Baja California remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo segundo, fracción primera, incisos A), B) y C) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La diputada Martha Palafox Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo veinticinco y adiciona uno nuevo a la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el Fondo de Aportaciones para aplicarse como un Seguro de Desempleo.
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaSe turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficios de la Secretaría de Gobernación:
Uno, con el que remite copia de la contestación del Presidente de la Comisión Nacional de Areas Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación con un punto de acuerdo sobre la Mariposa Monarca, aprobado por la Comisión Permanente. Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
Dos, con los que remite copias de las contestaciones de la titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud y del Secretario de la Defensa Nacional, en relación con puntos de acuerdo relativos al brote de conjuntivitis en el país y al otorgamiento de apoyo a personas afectadas por las inundaciones en los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Zacatecas, respectivamente, aprobados por la Cámara de Diputados. Remítanse copias, del primero, a la Junta de Coordinación Política, y del segundo, a la Comisión de Gobernación y al promovente, para su conocimiento.
Uno, por el que solicita el permiso necesario para que dos ciudadanas puedan prestar servicios y comunica que tres ciudadanos han dejado de prestarlos, en representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México. Por lo que respecta a las solicitudes, se turna a la Comisión de Gobernación; y en lo referente a quienes han dejado de prestar servicios, se turna a las comisiones de Gobernación de las cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.
La Cámara de Senadores remite dos minutas proyectos de decreto por los que:
Se adiciona un antepenúltimo párrafo al artículo tercero de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público.
Se reforman y adicionan los artículos cuarto y quinto de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del catorce al veintiuno de octubre de dos mil tres, con objeto de realizar una visita de Estado al Japón y asistir a la décima primera Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Bangkok, Tailandia. Es de segunda lectura. Sin nadie que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación respectiva, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por cuatrocientos diez votos en pro, cuatro en contra y once abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el Programa de Apoyos Directos al Campo. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Diego Palmero Andrade, del Partido Acción Nacional, en relación con la situación de la agroindustria azucarera mexicana. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Rectifican hechos los diputados: Carlos Blackaller Ayala, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia; Lázaro Arias Martínez y Marco Antonio Torres Hernández, ambos del Partido Revolucionario Institucional.
María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo federales y a los entes públicos autónomos, para que elaboren su propuesta de presupuesto anual con criterios de austeridad para que puedan liberarse recursos con los cuales atender necesidades urgentes en materia social y productiva. Se turna a la Comisión de Gobernación. Rectifica hechos el diputado Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México.
Alejandro Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México, para solicitar a la Secretaría de Gobernación un informe de las declaratorias de desastres naturales y del ejercicio del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Se turna a la Comisión de Gobernación. Rectifica hechos el diputado Sergio Vázquez García, del Partido Acción Nacional.
Evelia Sandoval Urbán, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Congreso del estado de Jalisco a que realice una consulta con servidores públicos estatales y organizaciones sindicales antes de hacer alguna modificación a la Ley de Pensiones de esa entidad federativa. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
José Felipe Puelles Espina, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Congreso del estado de Puebla a que efectúe los trabajos necesarios para llevar a cabo una reforma electoral local. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los límites territoriales del Distrito Federal y el estado de México, correspondientes al municipio del Valle de Chalco Solidaridad y la Delegación Tláhuac y al municipio de los Reyes la Paz y la Delegación Iztapalapa. Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña
Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, del Distrito Federal y de Desarrollo Metropolitano.
Carlos Mireles Morales, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que sean revisados los mecanismos y estructuras autorizadas para las comisiones que cobran las administradoras de los fondos de retiro en el Sistema de Ahorro para el Retiro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Manuel Pérez Cárdenas, del Partido Acción Nacional, en relación con la propuesta del Presidente Vicente Fox a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para fortalecer el Consejo de Seguridad. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Roger David Alcocer García, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Procuraduría General de la República, informe sobre las investigaciones relacionadas con los homicidios del diputado local del estado de Yucatán, Pánfilo Nobelo Martín, su hijo y su asistente, y el estado que guardan. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Rectifica hechos el diputado José Orlando Pérez Moguel, del Partido Acción Nacional.
En el capítulo de efemérides, se refieren al aniversario de la muerte de Ernesto ``Che'' Guevara los diputados: Jesús Emilio Martínez Alvarez, de Convergencia;
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoFrancisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, quien entrega por escrito su intervención y el Presidente instruye se inserte en el Diario de los Debates; Juan García Costilla, del Partido de la Revolución Democrática; y Roberto Rafael Campa Cifrián, del Partido Revolucionario Institucional.
Se refieren a la conmemoración de la conversión del territorio de Baja California Sur en estado de la Federación, los diputados: Francisco Javier Obregón Espinoza, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaJesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, quien entrega por escrito su intervención y el Presidente instruye se inserte en el Diario de los Debates; José Alberto Aguilar Iñárritu, del Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoE Isidro Camarillo Zavala, del Partido Acción Nacional.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que informa la designación de consejeros propietarios y suplentes del Poder Legislativo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. De enterado y comuníquese al Instituto Federal Electoral.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con treinta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar el martes catorce de octubre de dos mil tres, a las once horas.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la comparecencia de funcionarios del Ejecutivo Federal en comisiones, en el marco de glosa del III Informe de Gobierno.
La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7°, párrafos 4 y 5 del mismo ordenamiento, y
Considerando1. Que, con objeto de completar y ahondar el análisis del III Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, la Junta de Coordinación Política ha considerado necesario citar a comparecer a diversos funcionarios públicos ante las comisiones ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados.
2. Que, en términos del Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, artículo Quinto, las comparecencias en comisión se llevarán a cabo conforme a la programación que acuerde la Junta de Coordinación Política.
3. Que en el Acuerdo de referencia se establece que dichas comparecencias habrán de celebrarse conforme a lo establecido en su artículo Tercero y que, al respecto, esta Junta de Coordinación Política ha considerado conveniente tomar medidas en aras de dar una mayor agilidad a los eventos de referencia.
4. Que en reunión de trabajo la Junta de Coordinación Política acordó el calendario conforme al cual dichas comparecencias deberán llevarse a cabo.
5. Que, con la intención de dar orden a las comparecencias o reuniones de trabajo que las comisiones de este órgano legislativo realicen en lo subsecuente con funcionarios del Ejecutivo Federal, se considera conveniente que el espíritu de los acuerdos que en este sentido han sido propuestos al Pleno por la Junta de Coordinación Política puedan ser recogidos en el seno de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos como lineamientos para los trabajos que habrá de realizar esta LIX Legislatura en la Cámara de Diputados en coordinación con el Poder Ejecutivo.
Con base en lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7°, 22, 34 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a consideración del Pleno el siguiente
AcuerdoPrimero. Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7°, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer ante comisiones ordinarias a los funcionarios del Ejecutivo Federal que a continuación se indican:
Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.C. Javier Usabiaga Arroyo.Comisión de Agricultura y Ganadería.
Miércoles 15 de octubre de 2003, 10:00 horas.
Secretario de Educación.Lic. Reyes Tamez Guerra.Comisiones Unidas de Educación, de Ciencia y Tecnología, y de Cultura.
Martes 21 de octubre de 2003, 17:00 horas.
Secretario de Salud.Dr. Julio Frenk Mora.Comisión de Salud.
Miércoles 22 de octubre de 2003, 10:00 horas.
Director del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado.Lic. Benjamín González Roaro.Comisiones Unidas de Salud, y de Seguridad Social.
Jueves 23 de octubre de 2003, 17:00 horas.
Director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.Lic. Luis de Pablo Serna.Comisión de Energía.
Martes 4 de noviembre de 2003, 17:00 horas.
Director del Instituto Mexicano del Seguro Social.Dr. Santiago Levy Algazi.Comisiones Unidas de Salud, y de Seguridad Social.
Miércoles 5 de noviembre de 2003, 10:00 horas
Director de la Comisión Federal de Electricidad.Ing. Alfredo Elías Ayub.Comisión de Energía.
Miércoles 5 de noviembre de 2003, 17:00 horas.
Director de Petróleos Mexicanos.Ing. Raúl Muñoz Leos.Comisión de Energía.
Jueves 6 de noviembre de 2003, 17:00 horas.
En lo que respecta a las comparecencias de los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Energía, la Junta de Coordinación Política las programará y hará del conocimiento del Pleno con la debida oportunidad.
Segundo. En atención al artículo cuarto del Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, las compare- cencias se realizarán conforme a lo establecido en el artículo tercero de dicho acuerdo, con las siguientes particularidades:
I. El orden de intervención de los diputados y diputadas para los cuestionamientos y réplicas será el siguiente: C, PT, PVEM, PRD, PAN, PRI, PRD, PRI, PAN, PRI.
II. En primer término se presentará el cuestionamiento hasta por 5 minutos; en el caso de los Grupos Parlamentarios que sólo tienen una intervención, su tiempo se extenderá hasta por 8 minutos.
III. A cada cuestionamiento el funcionario responderá hasta por 10 minutos.
IV. En seguida, el legislador o legisladora podrá hacer una réplica hasta por 5 minutos.
Tercero. En atención al artículo segundo del acuerdo de referencia, los Grupos Parlamentarios enviarán sus cuestionamientos al servidor público correspondiente con una anticipación de 72 horas naturales a la realización de la comparecencia, los cuales serán dados a conocer a los medios de comunicación y publicados en la Gaceta Parlamentaria.
En virtud del tiempo de aprobación del presente Acuerdo, la Comisión de Agricultura y Ganadería deberá enviar sus cuestionamientos a la brevedad al titular del área en cuestión.
Cuarto. Hágase del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados.
Quinto. En términos del artículo 93 constitucional y el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva realice las convocatorias correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de octubre del año 2003.--- Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.), Presidenta; Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yánez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República en comisiones, en el marco de glosa del III Informe de Gobierno.
La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7° párrafos 4 y 5, del mismo ordenamiento, al tenor de los siguientes
Considerandos1. Que con objeto de realizar el análisis del III Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal fue propuesto por la Junta de Coordinación Política, y aprobado por el Pleno el día 18 de septiembre, el Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, en el cual se incluye la del Titular de la Procuraduría General de la República.
2. Que, en términos del Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, artículo Quinto, las comparecencias en comisión se llevarán a cabo conforme a la programación que acuerde la Junta de Coordinación Política.
3. Que la Junta de Coordinación Política, dado que ya han sido constituidas formalmente las comisiones de este órgano legislativo, acordó la conveniencia de que el funcionario citado acuda a comparecer ante las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública.
Con base en lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7°, 22, 34 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a consideración del Pleno el siguiente
ACUERDOUNICO. Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7°, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer al Procurador General de la República ante las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, en la fecha que la Junta de Coordinación Política acuerde.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de octubre del año 2003.--- Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Pablo Gómez Alvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yánez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-15, de fecha 23 de septiembre último, con el presente les acompaño el original del similar No. DEP-2253/03, de fecha 1o. del actual, que les dirige el C. Lic. Juan Diego Jasso Farías, director general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que da respuesta al punto de acuerdo relativo al conflicto iraquí, presentado por la Junta de Coordinación Política.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
México, DF, a 7 de octubre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.--- Dirección General de Enlace Legislativo.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacer llegar a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la respuesta adjunta al punto de acuerdo relativo al conflicto iraquí que fue aprobado el pasado martes 23 de septiembre y posteriormente turnado a la Cámara de Senadores.
Atentamente.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
Tlatelolco, DF, a 1o. de octubre de 2003.--- Lic. Juan Diego Jasso Farías (rúbrica), Director General.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.--- Dirección General de Enlace Político.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política el pasado 23 de septiembre de 2003, mediante el cual se exhorta al Presidente de la República a que considere llevar a cabo las iniciativas tendientes a favorecer la más rápida retirada de las tropas de ocupación norteamericanas del territorio iraquí, la transferencia del poder a los representantes de ese pueblo y el respeto irrestricto a su soberanía nacional.
Al respecto le informo que la Cancillería ha tomado debida nota del contenido del punto de acuerdo referido. Por tanto, agradece y comparte las preocupaciones reflejadas por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mismas que serán consideradas con especial atención al evaluar la posición de México sobre estos temas. Asimismo, se continuará dando puntual seguimiento a las discusiones en torno a cualquier proyecto de resolución que se presente a la consideración de los miembros de las Naciones Unidas.
Atentamente.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
Tlatelolco, DF, a 1o. de octubre de 2003.--- Lic. Juan Diego Jasso Farías (rúbrica), Director General.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores y al promovente para su conocimiento.Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicarles que, en sesión celebrada en esta fecha, el Congreso del estado de Jalisco remitió punto de acuerdo a fin de que en la elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2004 se asignen los recursos necesarios para atender las necesidades de los productores, dadas las pérdidas ocurridas en el presente año.
La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a Cámara de Diputados, mismo que se anexa.
Atentamente.
México, DF, a 7 de octubre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.
Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.
La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado, en sesión verificada hoy, aprobó el acuerdo económico número 1071/03, del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se solicita que, en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de 2004, considere la posibilidad de asignar los recursos necesarios para atender las necesidades de los productores, dadas las pérdidas nacionales.
Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las acciones que se sirva tomar al respecto las haga del conocimiento de esta representación popular, con la mayor brevedad, a fin de darles el curso correspondiente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
``2003. Año de la Equidad en Jalisco.''
Guadalajara, Jalisco, a 23 de septiembre de 2003.--- Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica), Oficial Mayor.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.
Ciudadanos Diputados:
En uso de las facultades que nos confieren los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política y 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del estado de Jalisco, los suscritos, diputados integrantes de la LVI Legislatura del estado de Jalisco, presentamos a través del diputado Ricardo Chávez Pérez la siguiente iniciativa de acuerdo económico para que se solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Jalisco que integren y den a conocer el comité estatal que valide la ejecución del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas en el estado de Jalisco (FAPRACC), para lo cual hago las siguientes.
ConsideracionesPrimera. Como es de su conocimiento, los fenómenos meteorológicos que han impactado nuestro país en las últimas semanas han traído como consecuencia graves impactos en diferentes sectores de la sociedad, y particularmente en el estado de Jalisco, donde se han visto seriamente afectadas las actividades agrícolas y pecuarias.
Segunda. Siendo Jalisco el estado más importante en la producción de maíz y después que están controlados los riesgos que puedan ocasionar pérdidas humanas, es necesario que se reactiven las unidades de producción que se han perdido y que parcialmente pueden ser 62,000 hectáreas de varios cultivos, donde se encuentran aproximadamente 15,000 hectáreas perdidas totalmente por inundación, principalmente por los ríos Ameca, Lerma, Lerma Santiago, Morales y Zula, así como canales, arroyos, presas, lagos y lagunas.
Tercera. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, opera el FAPRACC, cuyas Reglas de Operación se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el martes 27 de mayo de 2003.
El FAPRACC se creó en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, artículo 129, y del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, artículos 54 y 55 y anexo 13.
El Gobierno Federal, con la participación de los gobiernos estatales, apoyará a los productores afectados mediante el programa del FAPRACC a fin de atender los efectos negativos y reintegrar las unidades productivas a su actividad.
Cuarta. Que el objetivo del programa citado es apoyar a los productores rurales de bajos ingresos que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado, que realicen preponderantemente actividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras afectadas por contingencias climáticas, a fin de atender los efectos negativos causados y reincorporar las actividades productivas, mediante la compensación parcial de la pérdida o la generación de fuentes transitorias de ingresos, así como inducir a los productores agropecuarios a participar en la cultura de aseguramiento.
Por lo anterior, propongo al Pleno de esta asamblea, para su aprobación, el siguiente proyecto de
Acuerdo EconómicoPrimero. Que esta honorable Legislatura del estado de Jalisco solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Jalisco que integren y den a conocer el comité estatal que valide la ejecución del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencia Climatológicas en el estado de Jalisco (FAPRACC).
Segundo. Que se solicite al Congreso de la Unión que, en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de 2004, considere la posibilidad de asignar los recursos necesarios para atender las necesidades de los productores, dadas las pérdidas nacionales.
Tercero. Que la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Jalisco implante un programa de cultivos alternativos que aprovechen la humedad existente, como las siembras de garbanzo blanco para consumo humano y la siembra de cártamo, de tal forma que los productores reciban una compensación de la pérdida y de sus ingresos.
Salón de sesiones del Congreso del Estado.--- Guadalajara, Jalisco, a 23 de septiembre de 2003.--- Diputados: Ignacio Bañuelos Valera, Héctor Bugarín Benavides, Salvador Caro Cabrera, Juan Víctor Contreras Magallón (rúbrica), Ricardo Pedro Chávez Pérez (rúbrica), Ramiro Heriberto Delgado Saldaña (rúbrica), Ernesto Díaz Márquez (rúbrica), José de Jesús García García, Jesús Gaytán González (rúbrica), Alfonso Gómez Godínez (rúbrica), Irma Cristina Gómez Pruneda, Martín González Jiménez (rúbrica), José Guadalupe González Rubio (rúbrica), Gustavo González Villaseñor, Juan Manuel Gutiérrez Santos, Agapito Isaac López (rúbrica), José Luis Leal Sanabria (rúbrica), José León Valle (rúbrica), José Guadalupe Madera Godoy (rúbrica), Ena Luisa Martínez Velasco (rúbrica), Miguel Enrique Medina Hernández, Francisco José Medina Jiménez (rúbrica), Roberto Mendoza Cárdenas, David Mendoza Pérez (rúbrica), Luis Angel Meraz Ríos, Miguel Angel Monraz Ibarra (rúbrica), José Trinidad Muñoz Pérez, Octavio Francisco Navarro Prieto (rúbrica), María Esperanza Guadalupe Novoa Barragán, Claudio Palacios Rivera (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Felipe de Jesús Pulido García (rúbrica), José Manuel Ramírez Jiménez (rúbrica), José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Oropeza (rúbrica), Fernando Ruiz Castellanos (rúbrica), Juan José Sánchez Antillón (rúbrica), Salvador Guerrero Sánchez (rúbrica), Leobardo Treviño Marroquín (rúbrica), Sofía Vázquez García (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Tiene el uso de la palabra la diputada Socorro Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
La diputada Socorro Díaz Palacios:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Iniciar leyes es ejercer la facultad más relevante que tiene un integrante del Poder Legislativo. La ley es el mínimo de moral que una sociedad requiere para vivir. La ley es escudo para defendernos y arma para combatir conductas y prácticas desvertebradoras de nuestra vida económica y social.
Con esta convicción, un grupo de diputados del PRD, integrantes de esta legislatura, afirmamos que el contrabando de mercancía constituye una práctica ilegal con efectos múltiples contra la economía del país. Es uno de los factores más consistentes de evasión fiscal, lesiona la planta industrial y a la producción agropecuaria, distorsiona el comercio y contribuye a multiplicar el desempleo.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM calcula que la evasión combinada con la elusión de impuestos, representa actualmente de cuatro a cinco puntos del Producto Interno Bruto. El número de personas físicas que pagan impuestos, asciende a 5 millones 500 mil personas, es decir, sólo el 18.18% de la población económicamente activa contribuye de manera regular con el fisco.
El contrabando de mercancías atenta de manera directa contra la estabilidad y salud de la planta productiva. A la fecha, han cerrado numerosas empresas mexicanas enfrentadas a una actividad ilegal y desleal en términos de competencia.
Según datos del IMSS, un promedio de 13 negocios cerraron cada día durante el primer semestre de 2003. En estos meses dejaron de operar 2 mil 278 compañías; las que desaparecieron fueron sobre todo las que tenían entre uno y 100 empleados, esas empresas que ya no existen, pagaban sus impuestos en México y generaban empleos.
El dramático éxodo de campesinos a las ciudades o a Estados Unidos, es revelador de los efectos que tiene el tráfico con cupones para la importación en la importación descontrolada de productos agropecuarios.
El círculo vicioso que genera el contrabando se cierra en el ámbito del empleo. De acuerdo con datos del Seguro Social, en lo que va del sexenio han perdido su trabajo por el cierre de empresas radicadas en México más de 550 mil personas.
El tema del empleo es uno de los grandes desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas, no es privativo de México, no será privativo de esta Administración Pública Federal, trasciende países y puede afirmarse sin estridencia que apenas estamos en los umbrales de la profunda crisis social que representa el desempleo, ya que involucra a grandes grupos humanos.
Entendida esta dimensión, no pueden dejarse de combatir prácticas y conductas delictivas que contribuyen a aumentar el mayor problema social de nuestro país, que es hoy el desempleo.
En este tiempo se habla mucho en materia de género, de equidad de género, los datos de la realidad son tercos y voy a citar unos. La tasa de desempleo correspondiente a las mujeres se incrementó de 3.13% a 4.48% entre agosto de 2002 y el mismo mes de 2003, mientras que la de los hombres aumentó de 2.56% a 3.66% en el mismo periodo; esto es, se despide con más facilidad, con más impunidad a las mujeres que a los hombres.
De acuerdo con estimaciones hechas en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la tasa general de necesidades de empleo oscilaría entre 18% y 24% de la población económicamente activa.
Ante esta realidad, resulta indispensable tomar medidas drásticas para prevenir y sancionar el fraude comercial, incluyendo nuevos supuestos de delitos relacionados con el contrabando de mercancías, así como elementos de presunción y equiparables, a fin de desalentarlos y erradicarlos.
Es de particular interés considerar, que la globocolonización comercial y las tasas arancelarias preferenciales animan a los malos importadores y exportadores a innovar nuevos métodos de fraude con el consecuente perjuicio al fisco, a la planta industrial, a los productores agropecuarios, al comercio y al empleo.
Es reconocido que el contrabando está recurriendo cada día más a las formas documentales y a la triangulación de países para ocultar el verdadero origen de las mercancías. Estos hechos son denunciados de manera reiterada por industriales, productores agropecuarios y grupos de trabajadores.
Por otra parte, en el marco de la legislación vigente, el contrabando es sancionado como delito de los llamados de cuello blanco.
Las evidencias nos advierten que el contrabando, igual que otras actividades delictivas que alteran sensiblemente la legalidad institucional de México, tienen como característica sustantiva contar con verdaderas redes de individuos que operan con base en consistentes estructuras financieras y de organización.
Esta convicción es compartida por diversos protagonistas de la realidad política, económica y social; prueba de lo anterior son dos iniciativas de reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, presentadas en 2002, una por los senadores Enrique Jackson y Antonio García Torres, del PRI, y otra, por el senador Fauzi Hamdam, del PAN, coincidentes por diferentes caminos en el propósito de combatir con mayor rigor una actividad altamente contraria a los intereses del país y de millones de mexicanos.
¿Qué tiene de nuevo entonces esta propuesta que traemos a la consideración de esta soberanía?
La aportación de la iniciativa que hoy presentamos, consiste en la revisión y reforma del articulado del Código Fiscal de la Federación, a fin de incluir en él diversas disposiciones existentes en la Ley Aduanera, modificando el artículo 102, fracción II y el artículo 103, fracción I, y agregando a éste siete nuevas fracciones.
Con esta propuesta de ley buscamos responder con oportunidad jurídica y operativa a las fórmulas del contrabando técnico, que se están aplicando contra industriales y productores agropecuarios en perjuicio de la planta productiva y el empleo.
Al vincular estas reformas con la decisión de adicionar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, estimamos haber encontrado el camino para sumar los aspectos técnico fiscales a la decisión de combatir prácticas aduaneras viciosas y reconocer la capacidad y eficiencia delictiva de las organizaciones de contrabandistas, a fin de poderlos perseguir con rigor y eficiencia.
Es por ello que de manera concurrente, con las reformas al Código Fiscal de la Federación y habida cuenta de que el contrabando cuenta con la organización, la estructura y los medios humanos y financieros de operación similares a los que manejan el narcotráfico y el tráfico de personas, cabe proponer que en el artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se tipifiquen tanto el delito fiscal de contrabando, como los actos que permitan presumir la comisión del delito, así como los que se equiparen a éste y se traduzcan en el contrabando documentado.
Por lo anterior se somete a esta soberanía el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 102 fracción II, 103, fracción I; se adicionan al 103, las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI del Código Fiscal de la Federación y se adiciona con una fracción VI el artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. El texto del articulado propuesto se ha entregado oportunamente a la Mesa Directiva de esta Cámara y por obvio de tiempo omitiré su lectura.
Compañeras y compañeros diputados: millones de mexicanos nos han exigido durante el pasado periodo electoral, que los representantes populares actuemos más atentos a las demandas y necesidades de la gente de carne y hueso y nos ocupemos menos de intereses personales o parciales.
En ejercicio de la facultad que nos confiere la Constitución General de la República y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, hemos traído aquí esta propuesta que seguramente considerarán las comisiones legislativas. La concebimos como una aportación no como una panacea. Corresponderá al Ejecutivo aplicar la ley. Es tiempo de gobernar haciendo no intercambios de imputaciones o de protestas, sino actuando.
En esta iniciativa de ley están contenidos los reclamos de productores agropecuarios, empresarios de diversas ramas, industriales, comerciantes, sindicalistas, trabajadores temerosos de perder sus fuentes de empleo, mujeres y hombres desempleados, decididos a exigir que nuestro país deje de importar fraudes y de expulsar personas.
La ley a todos obliga y a todos protege; con ella en la mano tratemos de acabar con reductos de impunidad que tanto agravian a los mexicanos.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislativo.
La que suscribe, C. diputada Socorro Díaz Palacios, integrante del grupo parlamentario del PRD en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Exposición de MotivosEl contrabando de mercancías constituye una práctica ilegal con efectos múltiples contra la economía nacional. Es uno de los factores más consistentes de evasión fiscal, lesiona la planta industrial y la producción agrícola, distorsiona el comercio y contribuye a multiplicar el desempleo. La evasión fiscal coloca México como uno de los países con mayores retos en la materia.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM calcula que la evasión, en combinación con la elusión de impuestos, representa actualmente de 4 a 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Es claro que la evasión fiscal ha estrechado la base tributaria del país de manera significativa. Así, el número de personas físicas que pagan impuestos asciende a 5.5 millones; es decir, apenas 16.18 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) contribuye de manera regular con el fisco y sólo 27.5 por ciento de las personas morales paga impuestos regularmente.
El contrabando de mercancías atenta de manera directa contra la estabilidad y salud de la planta productiva. Es competencia desleal la introducción ilegal de mercancías, sin el pago de impuestos, y, por ende, la capacidad para ofrecer artículos por debajo de los costos de producción que, objetivamente, tienen los campesinos e industriales establecidos en el país.
A la fecha han cerrado numerosas empresas mexicanas enfrentadas a una actividad ilegal y atentatoria contra los intereses económicos y sociales.
Según datos del IMSS, un promedio de 13 negocios cerró cada día durante el primer semestre de 2003. Al final de junio, en México había registradas 808,966 empresas, 2,278 menos de las existentes al último mes del año pasado. Las compañías que desaparecieron fueron, sobre todo, las que tenían entre 1 y 100 empleados. Esas empresas que ya no existen pagaban sus impuestos en México y generaban empleos.
El éxodo de campesinos a las ciudades o a Estados Unidos es revelador, asimismo, de los efectos que tiene el tráfico de cupos para la importación de productos agrícolas.
El contrabando es, en su expresión mayoritaria, la fuente original de la economía informal. Es sabido que en la economía informal se refugian millones de mexicanos que no han encontrado espacio en la realidad laboral tradicional del país o que han sido expulsadas de ella.
Este sector es una fuente importante de evasión fiscal. La informalidad está vinculada con el subempleo y con la economía subterránea, cuyo ámbito no excluye actividades como el contrabando y el crimen organizado.
De acuerdo con un estudio del INEGI (1999), la magnitud del sector informal sería de aproximadamente 10 por ciento del PIB.
La Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Micronegocios del INEGI (1999) estimaron que 15.7 millones de personas participaban en la economía informal.
El círculo vicioso que genera el contrabando se cierra en el ámbito del empleo. De acuerdo con datos del IMSS, en lo que va del sexenio han perdido el empleo, por el cierre de empresas radicadas en México, 550 mil trabajadores.
El tema del empleo es uno de los grandes desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas. No es privativo de México. No será privativo de esta Administración Pública Federal. Trasciende países y puede afirmarse, sin estridencia, que apenas estamos en los umbrales de la profunda crisis social que representa el desempleo, ya que involucra enormes grupos humanos.
Ciertamente, el desempleo hinca sus raíces, de manera sustantiva, en la revolución científica y tecnológica, que ha cambiado los modos de producción, ha desplazado el valor de la mano de obra y, por privilegiar como nunca antes el esfuerzo intelectual, ha abierto lo que se denomina la sociedad del conocimiento.
Entendida esta dimensión, no pueden dejar de combatirse prácticas y conductas delictivas que contribuyen a aumentar el mayor problema social de México que es, hoy, el desempleo.
De acuerdo con el INEGI, en agosto de 2003 la Tasa de Desempleo Abierto fue de 3.96 por ciento de la PEA, superior en 1.19 puntos a la registrada en el mismo mes de 2002, que fue de 2.77.
Por sexo, la tasa correspondiente a las mujeres se incrementó de 3.13 a 4.48 por ciento entre agosto de 2002 y el mismo mes de 2003, mientras que la de los hombres aumentó de 2.56 a 3. 66 por ciento en el mismo periodo.
De acuerdo con estimaciones hechas en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Tasa General de Necesidades de Empleo oscilaría entre 18 y 24 por ciento de la PEA.
En el marco de la legislación vigente, el contrabando es sancionado como delito de los llamados de cuello blanco. La realidad nos ubica en otra evidencia, operativa, económica y social.
El contrabando, igual que otras actividades delictivas que alteran sensiblemente la legalidad institucional de México, tiene como característica contar con verdaderas redes de individuos que operan con una consistente estructura financiera y de organización.
En esta convicción coincidimos con diversos protagonistas de la realidad económica, política y social. Prueba de lo anterior son las dos iniciativas de reforma de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada presentadas por los CC. senadores Enrique Jackson Ramírez y Antonio García Torres, del PRI, y Fauzi Hamdan, del PAN, en 2002, coincidentes por diferentes caminos en el propósito de combatir con mayor rigor una actividad sumamente contraria a los intereses del país y de millones de mexicanos.
La aportación de la iniciativa de reforma que hoy presentamos a esta soberanía consiste en la revisión y reforma del articulado del Código Fiscal de la Federación, a fin de incluir en él disposiciones existentes en la ley aduanera y agregar otras para responder, con oportunidad práctica, a las fórmulas del contrabando técnico que se aplican contra industriales, productores agrícolas y comerciantes.
Al hacer coincidir estas reformas con la decisión de adicionar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, estimamos haber encontrado el camino para sumar los aspectos técnico-fiscales de combatir prácticas aduaneras viciosas y de reconocer la gravedad delictiva de las organizaciones de contrabandistas.
En efecto, no obstante las diversas y sucesivas modificaciones de la Ley Aduanera para revisar los procedimientos de verificación y control vigentes, a fin de dotar a la autoridad de los elementos necesarios para combatir las prácticas fraudulentas de comercio exterior, dichos ordenamientos y las medidas aplicadas han sido insuficientes.
Por ello se considera necesario tomar medidas drásticas para prevenir y sancionar el fraude comercial, a fin de incluir nuevos supuestos de delitos relacionados con el contrabando de mercancías, así como elementos de presunción y equiparables, a fin de desalentarlos y erradicarlos.
Es de particular interés considerar, asimismo, que la globocolonización comercial y las tasas arancelarias preferenciales animan a los malos importadores y exportadores a innovar métodos de fraude comercial, con el consiguiente perjuicio al fisco federal, a la planta industrial, a los campesinos, al comercio y al empleo.
El contrabando está recurriendo más a las formas documentales, a la subvaluación y a la triangulación de países para ocultar el verdadero origen de las mercancías.
Por ello, de manera concurrente con las reformas del Código Fiscal de la Federación y habida cuenta de que el contrabando cuenta con la organización, la estructura y los medios humanos y financieros de operación similares a los que manejan el narcotráfico y el tráfico de personas, resulta inaplazable proponer que en el artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se tipifiquen tanto el delito fiscal de contrabando como los actos que permitan presumir la comisión del delito, así como los que se equiparen a éste y que se traducen en el contrabando documentado.
Por lo anterior se somete a esta soberanía el siguiente
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.Artículo Primero. Se reforman los artículos 102, fracción II, y 103, fracción I, y se adicionan las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 102. Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías:
I. ...
II. Sin permiso o sin el cupo emitido por la autoridad competente o haciendo uso indebido de los mismos, cuando sea necesario cumplir cualquiera de estos requisitos.
Artículo 103. Se presume cometido el delito de contrabando y se sancionará con las mismas penas que el contrabando cuando:
I. Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías cumplieron los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción en el territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país.
II. a IX. ...
X. Las mercancías extranjeras se introduzcan en territorio nacional por lugar no autorizado.
XI. Las mercancías extranjeras sujetas a tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos de los autorizados tratándose de tránsito interno o no arriben a la aduana de destino o de salida.
XII. En caso de que se presente el pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida tratándose de operaciones de exportación, retorno de mercancías, desistimiento de régimen o conclusión de las operaciones de tránsito.
XIII. Las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal no arriben al almacén general de depósito que hubiera expedido la carta de cupo para almacenar dicha mercancía o a los locales autorizados.
XIV. Se realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de la Ley Aduanera sin contar con programas de maquila o de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, de mercancías que no se encuentren amparadas en los programas autorizados; se importen, como insumos, mercancías que por sus características de producto terminado ya no sean susceptibles de ser sometidas a procesos de elaboración, transformación o reparación; se continúe importando temporalmente las mercancías previstas en un programa de maquila o de exportación cuando éste ya no se encuentra vigente o cuando se continúe importando temporalmente la mercancía prevista en un programa de maquila o exportación de una empresa que haya cambiado de denominación o razón social, se haya fusionado o escindido y se haya omitido presentar los avisos correspondientes en el Registro Federal de Contribuyentes y la Secretaría de Economía.
XV. No se acredite durante el plazo a que se refiere el artículo 108, fracción I, de la Ley Aduanera que las mercancías importadas temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía fueron retornadas al extranjero, fueron transferidas o se destinaron a otro régimen aduanero o que se encuentran en el domicilio en el cual se llevará a cabo el proceso para su elaboración, transformación o reparación manifestado en su programa.
XVI. Se omita realizar el retorno de la mercancía importada temporalmente al amparo del artículo 106 de la Ley Aduanera.
Artículo Segundo. Se adiciona la fracción VI al artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Artículo 2. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente...
I. a V. ...
VI. Contrabando, su presunción y equiparables previstos en los artículos 102, fracción II; 103, fracciones I y III a XVI; 105, fracciones I a IV, X y XIII, del Código Fiscal de la Federación.
TransitorioUnico. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2003.--- Diputados: Socorro Díaz Palacios, Víctor Suárez Carrera, Elpidio Tovar de la Cruz, Marcela González Salas, Alfonso Ramírez Cuéllar, José A. Ortiz Pinchetti, Inti Muñoz Santini (rúbricas).»
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señora diputada.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.Tiene la palabra el diputado Oscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa de Ley de la Comisión Federal de Electricidad y reformas al párrafo tercero del artículo 3º de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
El diputado Oscar González Yáñez:Con la venia de la Presidencia, señor Presidente:
Solamente voy a dar lectura a algunas consideraciones dado la limitante de tiempo y le pediría integre en el acta el contenido íntegro de la iniciativa que entregaremos a la Secretaría.
Señores secretarios de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, presentes:
Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 565 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforma el párrafo tercero del artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Esta iniciativa de ley está ligada al esfuerzo que está haciendo el grupo parlamentario del Partido del Trabajo para conservar el patrimonio de los mexicanos y para que los recursos energéticos sigan en manos de la nación.
Nuestro proyecto persigue dotar de autonomía administrativa, técnica y financiera a la Comisión Federal de Electricidad, manteniendo su carácter de organismo público descentralizado, encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica.
En el campo de la autonomía administrativa proponemos excluir al organismo de las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en lo que se refiere a su Consejo de Administración para que sea el propio organismo el que decida por sí mismo.
En cuanto a la autonomía financiera, proponemos que la Comisión Federal de Electricidad integre su presupuesto a través de la asignación presupuestal que la Cámara de Diputados determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo, que las utilidades que perciba por concepto de las tarifas derivadas de los servicios que ofrece sean reinvertidas en la construcción de nuevas instalaciones que aprovechen los adelantos tecnológicos y que además le permitan mejorar y modernizar la infraestructura existente.
En cuanto al procedimiento de designación del titular, proponemos que sea el Poder Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, la que designe al director general de esa paraestatal.
Compañeras y compañeros diputados: la industria eléctrica es estratégica, la Comisión Federal de Electricidad es autosuficiente. El propio director de esta empresa reconoce que la Secretaría de Hacienda la tiene atada. Nadie puede decir en su sano juicio que la Comisión Federal de Electricidad no es rentable, a menos que obedezca a otros intereses que no son precisamente los del pueblo de México.
En el año 2000 el IFE reconoció el triunfo de Vicente Fox, reconoció la derrota de otras expresiones políticas. Esa misma institución hoy le dice a Fox y a su partido que recibieron dinero ilegal y dinero del extranjero. Esa misma institución, que reconoció el triunfo, hoy les dice que también cometieron ilegalidades.
Qué bonito negocio hace el señor Fox y su partido: comprar una Presidencia para vender la patria, que no les pertenece ni a ustedes ni a Fox. Qué bonito negocio hacen su partido y los grandes capitalistas: compran la Presidencia y después quieren vender la nación.
Sabemos que no les agrada, pero ésa es una gran verdad porque la instancia que le dio el triunfo a Vicente Fox es la misma instancia que se los está diciendo ahora, la misma. Si no quieren reconocer que su partido y Fox recibieron financiamiento del exterior, tampoco tendrían que reconocer el triunfo en el año 2000.
Qué triste es ver ahora al Secretario de Energía andar pidiendo limosna a los priístas, cuando él mismo decía en esta tribuna que partidos como el PRI deberían de desaparecer. Qué triste es verlos ahora. Qué triste es verlos en esa situación. Qué desesperados han de andar por pagar todo ese financiamiento que les dieron para comprar una Presidencia.
Señor Presidente Fox, señor Secretario de Energía, se los decimos otra vez: quienes tienen prisa por vender la patria son ustedes y no el pueblo de México.
La iniciativa que presentamos y sometemos a la consideración de esta soberanía tiene como propósito garantizar, con la ley en la mano, que vender patria, que los vendepatrias y saqueadores del patrimonio nacional no sigan haciendo de las suyas.
Queremos dejar en las manos del pueblo de México y las futuras generaciones la garantía de que seguirán siendo dueños de la nación.
Compañeros diputados: la energía eléctrica es fundamental. No caigamos en la tentación que nos quieren vender que CFE no es viable. Nadie puede comprar una paraestatal de este tipo si no fuera viable. Nadie en su sano juicio lo puede hacer.
Les pedimos que reflexionen, les pedimos que jalen con México; les pedimos que no vendan a este país.
Comprar una presidencia y después pagarla con el dinero del pueblo, no es digno de ningún mexicano; se lo insistimos, señor Presidente. Sea digno Presidente y cumpla lo que le prometió a todo nuestro pueblo.
Muchas gracias. Entrego la iniciativa.
«Ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión. ---Presente.
Iniciativa de ley de la Comisión Federal de Electricidad y de reforma del párrafo tercero del articulo 3° de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del grupo parlamentario del PT.
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforma el párrafo tercero del artículo 3° de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, bajo la siguiente
Exposición de MotivosLa industria Eléctrica en México es considerada por disposición constitucional, consignada en el artículo 27 por la reforma de 1960, como área que en exclusiva, ``corresponde a la nación para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines''.
Además, en el artículo 28 de la propia Norma Fundamental en el párrafo cuarto, se establece como área estratégica de la economía, entre otras, la electricidad. Agregando el quinto párrafo de dicho artículo que ``el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo...''
Asimismo, el artículo 90 constitucional establece que ``la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso...'' A su vez, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se dispone en el artículo 45 que ``son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten''.
De lo anterior, se desprende que el Congreso de la Unión tiene competencia para crear organismos públicos descentralizados en virtud del trámite legislativo para crear una ley conforme a lo que disponen los artículos 71, fracción II, 72 y 89, fracción I, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales dispone en su artículo 14 que ``son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea:
I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;
II. La prestación de un servicio público o social; o
II. ...''
Consecuentemente, el Poder Legislativo tiene la capacidad legal para crear organismos públicos descentralizados que se encarguen del desarrollo de las áreas estratégicas de la economía consignadas en el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional e inclusive, atentos a lo dispuesto en la parte final del sexto párrafo del artículo 27, en virtud de que dicho párrafo establece que ``corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines''.
Ahora bien, la nación por sí misma no genera, no conduce, no transforma ni realiza ninguna otra de las actividades que tengan por objeto la prestación de servicio público, sino que esta actividad se realiza por medio del organismo público descentralizado que se ha crea por ley del Congreso o por decreto del Ejecutivo.
La Comisión Federal de Electricidad es creada en el régimen del Presidente Lázaro Cárdenas del Río en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937.
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975, dispone en el capítulo segundo, que abarca los artículos 7 al 15, lo referente a la Comisión Federal de Electricidad, estableciendo en el artículo 8° que ``La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio'' y entre sus atribuciones se encuentra la de prestar el servicio público de energía eléctrica. Ahora bien, es necesario clarificar lo que es un servicio público.
La doctrina del Derecho Administrativo nos indica que la noción de servicio público cuenta con determinadas características esenciales, esto son: generalidad, igualdad, regularidad, continuidad, obligatoriedad, adaptabilidad y permanencia.
Consecuentemente, en el servicio público que en particular proporciona la Comisión Federal de Electricidad, se deben llevar a la practica cada una de las características antes descritas.
No obstante que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece el régimen legal de la Comisión Federal de Electricidad, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que es necesario avanzar más en el fortalecimiento de la capacidad técnica, operativa y administrativa de la Comisión.
Por ello, proponemos el que se cree una ley que en la que se precise todo lo referente a la Comisión Federal de Electricidad, derogando las disposiciones que actualmente se encuentran previstas en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y que pasarán a la ley que es materia de la presente iniciativa.
Como rasgos distintivos de la presente iniciativa se destaca que se agrega la autonomía administrativa, técnica y financiera a la Comisión Federal de Electricidad, manteniendo su carácter de organismo público descentralizado encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica, que por disposición constitucional, es considerada área estratégica de la economía.
En lo que se refiere a la autonomía administrativa, se propone excluir al organismo de las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en lo que se refiere a su Consejo de Administración, para que sea el propio organismo el que decida por sí mismo, sujetándose desde luego a la Ley de Planeación y al programa sectorial correspondiente, que indica qué es lo que se debe hacer y cómo hacerlo.
Además, se plantea un grado de autonomía similar al que cuenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México o incluso el Instituto Federal Electoral.
En cuanto a la autonomía técnica, se debe considerar que evidentemente la Comisión Federal de Electricidad desarrolla una tarea eminentemente técnica en lo que corresponde a la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica.
En cuanto a la autonomía financiera, se propone que la Comisión Federal de Electricidad integre su presupuesto primordialmente a través de la asignación presupuestal que anualmente la Cámara de Diputados determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que las utilidades que perciba por concepto de las tarifas derivadas de los servicios que ofrece, sean reinvertidas en la construcción de nuevas instalaciones que aprovechen los adelantos tecnológicos y que, además, le permita mejorar y modernizar la infraestructura existente.
Además, para mejorar el esquema financiero es necesario que las Cámaras del Congreso de la Unión establezcan de manera precisa el tratamiento fiscal al que debe estar sujeta la Comisión Federal de Electricidad. No se propone un régimen fiscal que sea más blando del que cuentan las empresas privadas, ni que sea exorbitante como el que actualmente tiene y que la ahoga financieramente; proponemos que la Comisión Federal de Electricidad tenga el mismo trato fiscal que tiene cualquier empresa privada.
En cuanto al procedimiento de designación del titular, en el que actualmente, por disposición expresa de la ley vigente el Presidente de la República designa al director general. La propuesta del Partido del Trabajo es que el Poder Legislativo y particularmente la Cámara de Diputados, previa auscultación entre la comunidad científica y universitaria del país, realice un procedimiento de consulta para integrar una terna y que de los integrantes de la misma se haga la designación correspondiente, procedimiento de alguna forma similar al que se realiza por parte del Senado de la República o de la Comisión Permanente, en su caso, para el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Compañeras y compañeros Legisladores:
Esencialmente, la propuesta de nuestro partido se centra en que la Comisión Federal de Electricidad, cuente con la capacidad técnica suficiente para satisfacer la demanda de energía eléctrica que nuestro país requerirá en las próximas décadas.
Es preferible fortalecer financieramente a la Comisión Federal de Electricidad que enajenar los activos que a la Nación pertenecen. La industria eléctrica es estratégica, debemos tener presente el fracaso absoluto de las privatiza- ciones eléctricas en otros países, el fracaso de éstas fue pagado por los consumidores con aumentos brutales en las tarifas eléctricas.
Tampoco debemos dejarnos llevar por el canto de las sirenas que afirman, que la eficiencia de las empresas particulares en la generación y distribución de energía eléctrica tendrá un beneficio directo en los consumidores con la disminución de las tarifas. Este argumento es insostenible, ya que a los inversionistas privados únicamente les importa, la amortización rápida de su inversión y la obtención de altísimas utilidades.
Compañeras y compañeros diputados:
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforma el párrafo tercero del artículo 3° de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:ARTICULO PRIMERO.- Se expide la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para quedar como sigue:
Ley de la Comisión Federal de ElectricidadArtículo 1Corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los términos del artículo 27 constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
Artículo 2Todos los actos relacionados con el servicio público de energía eléctrica son de orden público.
Artículo 3La prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la Nación, estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, la cual asumirá la responsabilidad de realizar todas las actividades a que se refiere el artículo 1.
Artículo 4La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con autonomía orgánica, técnica y financiera para la consecución de su objeto.
Artículo 5La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto:
I. Prestar el servicio público de energía eléctrica;
II. Exportar energía eléctrica y, en forma exclusiva, importarla para la prestación del servicio público;
III. Formular los programas de operación, inversión y financiamiento que a corto, mediano o largo plazo, requiera la prestación del servicio público de energía eléctrica;
IV. Promover la investigación científica y tecnológica nacional en materia de electricidad;
V. Promover el desarrollo y la fabricación nacional de equipos y materiales utilizables en el servicio público de energía eléctrica;
VI. Celebrar convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o con entidades públicas y privadas o personas físicas, para la realización de actos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica;
VII. Efectuar las operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto; y
VIII. Los demás que fijen esta ley y sus reglamentos.
Artículo 6El patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad se integra con:
I. Los derechos, bienes muebles e inmuebles de los que a la fecha es titular, de los que se le incorporen y de los que en el futuro adquiera por cualquier título;
II. Los derechos sobre recursos naturales que le sean asignados por el Ejecutivo federal, necesarios para el cumplimiento de su objeto;
III. Los frutos que obtenga de sus bienes y el resultado neto de operación, en su caso o cualquier otro concepto;
IV. El rendimiento de los impuestos y derechos que específicamente se le asignen de acuerdo con las leyes respectivas;
V. Los ingresos provenientes de la venta y prestación de servicios científicos y tecnológicos, de asesoramiento y otros; y
VI. Las aportaciones presupuestales, transferencias y subsidios que en su caso otorgue el Gobierno Federal;
VII. Las aportaciones de los gobiernos de las entidades federativas, ayuntamientos y beneficiarios del servicio público de energía eléctrica, para la realización de obras específicas, ampliación o modificación de las existentes, solicitadas por aquellos.
VIII. Los recursos que obtenga por la tarifas en los servicios que presta.
El reglamento respectivo establecerá los casos y las condiciones en que los solicitantes del servicio deberán efectuar aportaciones, en forma independiente de los conceptos consignados en las tarifas para la venta de energía eléctrica y en las disposiciones relativas al suministro de la misma conforme a las bases generales siguientes:
a) Cuando existan varias soluciones técnicamente factibles para suministrar un servicio, se considerará la que represente la menor aportación para el usuario, aún en el caso de que la Comisión Federal de Electricidad, por razones de conveniencia para el sistema eléctrico nacional, opte por construir otra alternativa;
b) La Comisión Federal de Electricidad podrá construir líneas que excedan en capacidad los requerimientos del solicitante, pero éste únicamente estará obligado a cubrir la aportación que corresponda por la línea específica o la carga solicitada;
c) Si en la misma zona se presentan en grupo solicitudes de servicio, la Comisión Federal de Electricidad estudiará la posibilidad de dar una solución en conjunto, procurando que parte de las líneas específicas se integren en una común. En ese caso la aportación de cada solicitante corresponderá a la suma de la parte proporcional de la línea común y el costo de la línea específica. La parte proporcional de la línea común, se determinará en función de las cargas-longitud de cada solicitud, con respecto a la suma de las cargas-longitud de todas las solicitudes;
d) Estarán exentas del pago de aportaciones, las ampliaciones de la infraestructura requeridas para el suministro de servicios individuales, cuando la distancia entre el poste o registro de la red de baja tensión existente, más próxima a las instalaciones del solicitante sea inferior a doscientos metros;
e) Una vez aceptado por el usuario el presupuesto respectivo, en los casos que requieran la formulación del mismo, se celebrará el convenio correspondiente, de acuerdo con el modelo que apruebe la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y en el que se precisarán el servicio que deba proporcionarse, el plazo para la ejecución de los trabajos necesarios, el monto de la aportación y la forma de pago de ésta;
f) Las obras de electrificación para comunidades rurales que se realicen con la colaboración de los gobiernos de las entidades federativas, se sujetarán a los programas y presupuestos previamente aprobados y a las disposiciones que consignen los acuerdos de coordinación que se celebren;
g) Las cuotas que correspondan a las aportaciones se aprobarán por la Comisión Federal de Electricidad, de los gobiernos de los estados y de los ayuntamientos respectivos.
h) No habrá aportaciones a cargo del solicitante cuando éste convenga con la Comisión Federal de Electricidad que la construcción de la línea sea a cargo de él mismo, de acuerdo con las especificaciones y normas respectivas; o cuando dicha entidad se beneficie sustancialmente por las obras a cargo del solicitante.
Podrá convenirse, cuando proceda el reembolso, la compensación con energía eléctrica.
Artículo 7La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio de la Comisión correspondiente, realizará una consulta entre la comunidad científica y las instituciones de educación superior del país, para integrar una terna de la cual será designada una persona como Director General de la Comisión Federal de Electricidad por un periodo de seis años, pudiendo ser ratificado para otro. El director general representará al organismo con las siguientes obligaciones y facultades:
I. Cumplir con las atribuciones que le otorga esta ley;
II. Las de apoderado para actos de administración en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal;
III. Las de apoderado general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del citado Código Civil, excepto absolver posiciones. Estará facultado, además para desistirse de amparos;
IV. Las de apoderado para actos de dominio;
V. Las de apoderado para suscribir y otorgar títulos de crédito en los términos del artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
VI. Otorgar poderes generales o especiales, autorizar a los apoderados para que absuelvan posiciones y ejerciten su mandato ante las personas y autoridades, inclusive para realizar actos de administración en materia laboral, delegando sus facultades de representación legal para que en nombre del organismo comparezca a las audiencias de conciliación, de demanda y excepciones y demás diligencias en procedimientos y juicios laborales, así como para querellarse, otorgar perdón del ofendido, desistirse del juicio de amparo y revocar dichos poderes.
VII. Acordar las propuestas de ajuste a las tarifas, que deberán formularse de acuerdo con el estado patrimonial y financiero del organismo.
VIII. Aprobar, en su caso, la propuesta de reestructuración tarifaria.
IX. Conocer sobre las peticiones que formulen los trabajadores sindicalizados de la institución, sobre revisión de contrato colectivo de trabajo, teniendo en cuenta la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad.
Artículo 8El reglamento interior del organismo establecerá las áreas funcionales o los sistemas de organización y las facultades y obligaciones de sus titulares.
Artículo 9Los trabajadores electricistas participarán en la organización y funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de elevar la productividad, la conciencia social y profesional de los trabajadores y técnicos, así como para lograr el mejor uso de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros del organismo.
Artículo 10Para los efectos del artículo anterior, se crean comisiones consultivas mixtas de operación industrial que deberán funcionar de acuerdo con las siguientes reglas:
I. Se integrarán en cada estructura funcional o sistema organizativo, con un representante de la Comisión Federal de Electricidad y otro de los trabajadores;
II. Estudiarán, preferentemente, los problemas de adiestramiento y capacitación de los trabajadores, de productividad y de responsabilidad y seguridad en el trabajo; y
III. Dispondrán de toda la información institucional y facilidades que requieran en su cometido.
Artículo 11El funcionamiento de las comisiones mixtas de operación industrial, se regirá por el reglamento respectivo.
Artículo 12La Comisión Federal de Electricidad promoverá el adiestramiento técnico y la capacitación profesional de sus trabajadores, a fin de mejorar sus conocimientos, la productividad, la responsabilidad y la seguridad en el trabajo.
Artículo 13Las obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación del servicio público de energía eléctrica, se sujetarán a las especificaciones que expida la Comisión Federal de Electricidad.
Artículo 14La Comisión Federal de Electricidad deberá mantener sus instalaciones en forma adecuada, para la prestación del servicio público de energía eléctrica en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad.
Artículo 15Para la realización de las obras e instalaciones necesarias a la prestación del servicio público de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad deberá:
I. Hasta donde su desarrollo tecnológico lo permita, efectuar el diseño con su propio personal técnico;
II. Tender a la normalización de equipos y accesorios;
III. Abastecerse, preferentemente, con productos nacionales manufacturados por instituciones descentralizadas, empresas de participación estatal o empresas privadas.
Artículo 16Para la adquisición o uso de bienes inmuebles que se destinen a la prestación del servicio público de energía eléctrica procederá, en su caso, previa declaración de utilidad pública dictada de conformidad con las leyes respectivas, la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial o la limitación de los derechos de dominio. La constitución de servidumbre se ajustará a las disposiciones del Código Civil del orden federal.
Cuando los inmuebles sean propiedad de la Federación de los estados o municipios, la Comisión Federal de Electricidad elevará las solicitudes que legalmente procedan.
Artículo 17La Comisión Federal de Electricidad podrá ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas y demás lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas áreas y subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas de seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los lugares mencionados. Al término de dichas obras la Comisión Federal de Electricidad hará las reparaciones correspondientes.
Artículo 18La Comisión Federal de Electricidad deberá suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaria.
El reglamento fijará los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y señalará los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexión de los servicios por parte de la Comisión.
Artículo 19La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos:
I. Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación;
II. Cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida;
III. Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias; y
IV. Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo.
V. Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; y
VI. Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador.
En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Federal de Electricidad procederá al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso previo.
Artículo 20La Comisión Federal de Electricidad no incurrirá en responsabilidad, por interrupciones del servicio de energía eléctrica motivadas:
I. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito;
II. Por la realización de trabajos de mantenimiento, reparaciones normales, ampliación o modificación de sus instalaciones. En estos casos, deberá mediar aviso previo a los usuarios a través de un medio de difusión masiva, o notificación individual tratándose de usuarios industriales servidos en alta tensión con más de 1000 KW contratados o prestadores de servicios públicos que requieran de la energía eléctrica como insumo indispensable para prestarlos, en cualquiera de los casos con un mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación al inicio de los trabajos respectivos; y
III. Por defectos en las instalaciones del usuario o negligencia o culpa del mismo.
Artículo 21Corresponde al solicitante del servicio realizar a su costa y bajo su responsabilidad, las obras e instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica, mismas que deberán satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las Normas Oficiales Mexicanas.
Cuando se trate de instalaciones eléctricas para servicios en alta tensión, y de suministros en lugares de concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación, certifique que la instalación en cuestión cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a dichas instalaciones. La Comisión Federal de Electricidad sólo suministrará energía eléctrica, previa la comprobación de que las instalaciones a que se refiere este párrafo han sido certificadas en los términos establecidos en este artículo.
Artículo 22Los productos, dispositivos, equipos, maquinaria, instrumentos o sistemas que utilicen para su funcionamiento y operación la energía eléctrica, quedan sujetos al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas.
Artículo 23La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Dirección General.
Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobados por la Dirección General.
Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 24El ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas, implicará la modificación automática de los contratos de suministro que se hubieren celebrado.
En ningún caso serán aplicables las tarifas, mientras no sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y cuando menos en dos periódicos diarios de circulación nacional.
Artículo 25Los usuarios del servicio público de energía eléctrica garantizarán las obligaciones que contraigan en los contratos de suministro que celebren, mediante depósitos cuyo importe se determinará con las reglas complementarias de las tarifas respectivas. Dichos depósitos deberán constituirse y conservarse en la Comisión Federal de Electricidad.
La Comisión Federal de Electricidad podrá aceptar garantías distintas de los depósitos, en los casos de notoria solvencia económica del usuario, acreditada y previa solicitud expresa del mismo.
Artículo 26El contrato de suministro de energía eléctrica termina:
I. Por voluntad del usuario;
II. Por cambio de giro o características del mismo que impliquen la aplicación de tarifa diversa;
III. Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble, industria o comercio, en el caso de que sean usuarios; y
IV. Por falta de pago del adeudo que motivó la suspensión, dentro de los siguientes quince días naturales a la fecha en que se efectuó dicha suspensión.
Artículo 27Terminado el contrato de suministro, la Comisión Federal de Electricidad tendrá derecho a aplicar a su favor el importe de la garantía, en la proporción correspondiente. El saldo, en su caso, deberá ponerlo a disposición del usuario.
Artículo 28Se sancionará administrativamente con multa hasta de tres veces el importe de la energía eléctrica consumida, a partir de la fecha en que se cometió la infracción, en los casos a que se refieren las fracciones I a IV. Cuando se trate de las infracciones previstas en las fracciones V y VI, la multa será de cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, por cada KW de capacidad de la planta de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente o de pequeña producción o por cada KW vendido o consumido. En el caso de la fracción VII la multa será de cincuenta a cien veces el importe de dicho salario mínimo.
I. A quien conecte sin la debida autorización sus líneas particulares, conductoras de energía eléctrica, con las generales de la Comisión Federal de Electricidad o con otra línea particular alimentada por dichas líneas;
II. Al usuario que consuma energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medidas o control del suministro de energía eléctrica;
III. A quien consuma energía eléctrica sin haber celebrado contrato respectivo;
IV. A quien utilice energía eléctrica en forma o cantidad que no esté autorizada por su contrato de suministro;
V. A quien venda, revenda o, por cualquier otro acto jurídico, enajene capacidad o energía eléctrica, salvo en los casos permitidos expresamente por esta ley;
VI. A quien incurra en cualquiera otra infracción a las disposiciones de esta ley o de su reglamento.
Artículo 29Al infractor que reincidiere se le aplicará una sanción equivalente al doble de la que se le hubiere aplicado la primera vez. Al infractor que incurriere en contumacia, se le aplicará una sanción equivalente al triple de la que se le hubiere aplicado la primera vez, además de la suspensión temporal o definitiva del servicio.
Artículo 30La imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 28 no libera al usuario de la obligación de pagar la energía eléctrica consumida indebidamente, más un cargo por concepto de indemnización, calculado a una tasa equivalente al importe mensual que se establezca para recargos en las disposiciones fiscales aplicables por cada mes o fracción de antigüedad del adeudo, en favor del suministrador.
Artículo 31En caso de inconformidad con las resoluciones de la Secretaría competente, dictadas con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, el interesado podrá solicitar ante la propia Secretaría, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a su notificación, la reconsideración de dicha resolución.
En este recurso podrán ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional. Al interponerse deberán acompañarse los documentos en que conste la resolución recurrida y acreditarse la personalidad de quien promueva.
Para el desahogo de las pruebas ofrecidas se concederá al recurrente un plazo no menor de 8 ni mayor de 30 días hábiles, que la Secretaría que conozca del recurso fijará según el grado de dificultad que el mencionado desahogo implique. Quedará a cargo del recurrente la presentación de testigos, dictámenes y documentos. De no presentarlos dentro del término concedido, la prueba correspondiente no se tendrá en cuenta al emitir la resolución respectiva. En lo no previsto en este párrafo, será aplicable supletoriamente, en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Los recursos serán resueltos por los funcionarios que corresponda, de conformidad con lo previsto en el reglamento interior de la respectiva dependencia; o en los acuerdos delegatorios de facultades; salvo cuando se trate de resoluciones que emita el Secretario, caso en el cual le corresponderá resolver el recurso.
Las resoluciones no recurridas dentro del término de 15 días hábiles, las que se dicten durante el trámite del recurso o al resolver éste, así como aquéllas que lo tengan por no interpuesto, tendrán administrativamente el carácter de definitivas.
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida por cuanto al pago de multas, de las indemnizaciones y demás prestaciones, por un plazo de 6 días hábiles. Cuando dentro de dicho plazo se garantice su importe en los términos del Código Fiscal de la Federación, continuará la suspensión hasta que la secretaría competente resuelva el recurso.
De no constituirse la garantía cesará la suspensión sin necesidad de declaración y procederá la ejecución.
Respecto de otras resoluciones administrativas, la interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada si así lo solicitare el recurrente y surtirá efectos hasta que el oficio o a petición del propio recurrente se resuelva en definitiva sobre dicha suspensión, que sólo se otorgará si concurren los siguientes requisitos:
I. Que el recurrente la hubiere solicitado;
II. Que se admita el recurso;
III. Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al orden público;
IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garantice el pago de éstos para el caso de no obtenerse resolución favorable, y
V. Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible o difícil reparación en contra del recurrente.
Artículo 32Los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad se regirán por las leyes federales aplicables y las controversias nacionales en que sea parte, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, salvo acuerdo arbitral, quedando exceptuada de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales.
La Comisión podrá convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto.
TransitoriosPrimero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 3° de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:
Artículo 3°...
...
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Electricidad, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente ordenamiento.
TransitoriosUnico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a 14 de octubre de 2003.--- Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Oscar González Yáñez, Francisco A. Espinosa Ramos.»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Energía.El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Sonido en la curul del diputado Ramírez Puga.
El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (desde su curul):
Para rectificar hechos.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Señor diputado, de conformidad con el artículo 60 de nuestro Reglamento, no procede la discusión en la presentación de iniciativas, por lo cual no le puedo otorgar el uso de la palabra.
El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (desde su curul):
Quiero ampliar el tema, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Si no hay discusión, no se puede otorgar la palabra para rectificar hechos.
El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (desde su curul):
Para ampliar el tema.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Es una iniciativa; no se puede ampliar una iniciativa en forma verbal.
El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (desde su curul):
Usted no puede negarle la palabra a los diputados.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:No ha lugar, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Torres Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Economía explique el motivo de la importación de 112 mil toneladas de azúcar en el mes de octubre del presente año.
El diputado Marco Antonio Torres Hernández:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Los diputados cañeros de la LIX Legislatura, del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando la importancia de la agroindustria azucarera mexicana.
Exposición de MotivosQue en la zafra recién terminada 2002/2003, se produjeron 4,927,574 toneladas de azúcar, de las cuales 1,883,983 fueron de azúcar refinada y 3,034,660 toneladas fueron de azúcar estándar y sólo 8,391 fueron de mascabado.
El consumo nacional fue aproximado de 4,700,000 toneladas de azúcar, según los datos aportados por la Secretaría de Economía.
Los consumidores de azúcar aducen un déficit de azúcar refinada en los meses que están por venir, y a petición de los agentes de esta cadena productiva el Gobierno Federal autorizó la importación de 112,000 toneladas de azúcar refinada.
De acuerdo con la información de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz, afiliada a la CNC, el pasado 1 de octubre de 2003 llegó a Veracruz el primer embarque, proveniente de Brasil, con 15,000 toneladas de azúcar refinada.
Las consecuencias de esta medida pueden ser de gran impacto negativo en nuestra agroindustria azucarera nacional.
México perderá su condición de productor superavitario, dejando sin efecto el compromiso suscrito en el TLCAN de absorber los excedentes de azúcar y abre la posibilidad de retomar la importación de alta fructosa, que tan negativamente ha afectado a nuestra actividad agroindustrial, sucumbiendo a las presiones ejercidas por congresistas y representantes de la industria maicera de Estados Unidos.
Es necesario contar con un balance de edulcorantes a nivel nacional que sea el punto de referencia fundamental para la toma de decisiones en los momentos que se presenten excedentes o faltantes en el mercado nacional azucarero.
Se aproxima la fecha en que se determinará el precio que habrá de regir para la zafra 2003/2004 y el precio de azúcar, al que los productores tienen derecho de acuerdo con el comportamiento de los precios en el ciclo azucarero recién concluido a fines del mes pasado, es positivo; esperamos que esta importación no sea motivo para otorgar lo que a los productores les corresponde.
Punto de AcuerdoPrimero.- Que comparezca ante las comisiones correspondientes el secretario de Economía para que informe a esta representación sobre el motivo de la importación de 112,000 toneladas de azúcar que se pretende introducir en nuestro país, con los riesgos ya mencionados.
Segundo.- Se solicite a la Secretaría de Economía el balance nacional de edulcorantes que permita prever las alternativas en el caso de déficit o excedentes que se presenten en la zafra 2003/2004.
Señor Presidente, con base en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y dada la naturaleza misma del problema, solicito se otorgue el trámite de urgente y obvia resolución.
Es cuanto.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Por lo tanto, las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.
En el registro se han anotado en pro de la propuesta:
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Moreno Alvarez Inelvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Lázaro Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como sabemos, el sector azucarero de nuestro país se encuentra en grave crisis. Actualmente los ingenios nacionales no pueden colocar sus excedentes en los mercados internacionales, ya que a nivel mundial los precios del azúcar han descendido, con lo que se ve afectada la producción, abastecimiento y consumo nacional.
Ante este problema la actual administración consideró que la mejor respuesta sería la expropiación de una parte de los ingenios, medida que no contó con la aprobación del Poder Judicial Federal, quien otorgó amparos a los dueños de los mismos. Sin embargo, el problema no se ha resuelto y se agrava.
Es importante hacer referencia con estos antecedentes, ya que en la actualidad existe un déficit en la producción del dulce. Ante esta situación la Secretaría de Economía autorizó el pasado 26 de septiembre del año en curso un cupo de importación de 112 mil toneladas de azúcar refinada, la cual busca romper los inventarios de los ingenios expropiados, así como eliminar el déficit del endulzante en el mercado mexicano.
Las repercusiones que traerá esta medida se estima serán devastadoras para los 160 mil productores de caña, para los 110 mil obreros de la industria azucarera y para los 59 ingenios que aún operan en el país.
De igual forma se estarán ejerciendo prácticas de comercio poco ventajosas para el consumidor nacional, ya que los precios de adquisición son de 228 dólares por tonelada para luego ser revendida a través de los ingenios a precios de 727 dólares, con una ganancia de 500 dólares por tonelada, por lo que se obtendrán 56 millones de dólares, es decir, más de 616 millones de pesos.
Aunado a lo anterior, la importancia de 112 mil toneladas de azúcar es insuficiente ante la escasez que hay en el mercado, ya que esto provocaría un incremento adicional del 3% en el precio del producto.
Según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, revela que por lo menos se necesitarían 200 mil toneladas para cubrir el abasto, ya que aun con esta cantidad no habría una disminución del precio.
Proponemos que antes de importar azúcar lo que debería hacerse es un análisis del costo-beneficio sobre el uso del maíz nacional para la elaboración de jarabe de alta fructosa, el cual puede ser utilizado como un sustituto de la azúcar para las empresas inscritas en los programas de importación temporal para producir artículos de exportación, Pitex, que lo requieran para sus procesos.
Por estos motivos, la fracción del Partido Verde Ecologista de México se une al punto de acuerdo propuesto por el Partido Revolucionario Institucional, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo para que explique la importación de 112 mil toneladas de azúcar.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México trabaja para conseguir el equilibrio entre el desarrollo económico, tecnológico e industrial y la conservación del medio ambiente, para que los mexicanos vivamos en un ambiente próspero y sano.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Moreno Alvarez Inelvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Inelvo Moreno Alvarez:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El grupo parlamentario de la Revolución Democrática se adhiere al punto de acuerdo presentado por el diputado Marco Antonio Torres Hernández, para solicitar esa información al Secretario de Economía.
Sin embargo, con el respeto que se merece nuestro compañero legislador, considero que el alcance del mismo debe de ser mayor, lo anterior en el sentido de reiterar la falta de cumplimiento del Ejecutivo Federal con respecto a lo convenido en el Acuerdo Nacional para el Campo, para orientar la política agropecuaria hacia un verdadero cambio estructural que reivindique lo establecido en los artículos 25 y 26, la fracción XX del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 4º de nuestra Carta Magna.
Por ello, el otorgamiento del cupo de importación de 112 mil toneladas de azúcar no sólo constituye un golpe más a los productores del campo, sino que enmarca en una flagrante violación el Estado de Derecho al omitir el cumplimiento de los mandatos constitucionales y demás disposiciones secundarias, pero al mismo tiempo se pone en entredicho la palabra empeñada por el Ejecutivo Federal para cumplir con cabalidad el compromiso adquirido para alentar la producción nacional agropecuaria.
El abandono del campo mexicano continúa siendo la expresión de la política agropecuaria de Vicente Fox donde ahora resulta involucrada la Secretaría de Economía al aprobar las importaciones de azúcar, pero además, existen cuentas pendientes con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, al no publicar en tiempo el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al no cumplir de manera exacta el decreto por el que se condonan los adeudos propios derivados de impuestos federales, así como sus accesorios, a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas o que adquieran directamente los productos derivados de dichas actividades para utilizarlos en sus procesos productivos.
Por todo ello, no da lugar a dudas la acción del gobierno de Vicente Fox reservas a los dichosos beneficios de la estabilidad económica para los grandes grupos transnacionales y corporativos que observan un mejor negocio en las importaciones agropecuarias renunciando con ello al efecto multiplicador en inversiones y empleo que significaría obtener productos del campo nacional.
Con lo anterior, los productores del campo deben de sostener la exigencia de hacer cumplir al gobierno de Vicente Fox los compromisos adquiridos en la firma del Acuerdo Nacional para el Campo con lo cual se atienda, de manera comprometida, ágil y expedita, la problemática del campo donde hoy viven 25 millones de mexicanos y las condiciones de pobreza se presentan con mayor agudeza.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Gracias, señor diputado.
Ante de conceder el uso de la palabra al diputado Lázaro Arias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º. del acuerdo que establece los lineamientos para acreditar las asistencias de las diputadas y diputados aprobado por el pleno en sesión del 9 de octubre pasado, se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Señor Presidente.
¿Falta algún diputado o diputada de registrar asistencia?
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 468 diputadas y diputados.
De favor, ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Asamblea que quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédulas. Enterados, por favor.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Gracias, señora Secretaria.
Se le concede el uso de la voz al diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Lázaro Arias Martínes:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos tenido una serie de planteamientos de puntos de acuerdo sobre la industria azucarera que incluye reconocer tres iniciativas de ley y una propuesta de cambio estructural del sistema productos de caña de azúcar elaborada por el Ejecutivo Federal y se ha planteado la constitución de una Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar e inclusive este sector agro-industrial presenta el único preso por delito de sabotaje por reclamar el ejercicio social de sus derechos.
Esto significa el gran interés que existe por la agroindustria de la caña de azúcar, pero particularmente respecto de las disponibilidades y existencias de azúcar refinada y de la sustitución de azúcar de caña en 500 mil toneladas por frucrtuosa, la parte inversa del pasado que con el 10 vigente se logró sustituir.
En la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Cancún en los días del 10 al 14 de septiembre recién pasados, los azucareros norteamericanos les plantearon a algunos de nuestros legisladores que estuvieron presentes, establecer un acuerdo para que Estados Unidos satisfaciera el déficit de azúcar que supuestamente se iba a presentar en este año azucarero en México.
El 2 de octubre de 2003 pude estar presente en una comida de industriales azucareros mexicanos, con industriales azucareros y refinadores de maíz en donde estuvieron presentes senadores y diputados de diversos partidos políticos y ahí la industria azucarera mexicana fue muy clara en que no va a haber déficit en esta zafra 2003-2004. Fue una gran reunión propositiva en donde se conformó un grupo de trabajo para buscarle solución a la controversia que se ha venido presentando entre el azúcar de caña y el jarabe de maíz de alta fructosa.
Asimismo, la industria refresquera y la industria dulcera han venido presentando una serie de análisis donde ellos consideran que habrá desabasto, particularmente en el mes de noviembre.
El día de ayer tuvimos reuniones por parte del sector cañero con el Secretario de Agricultura. Entre los puntos para tener conocimiento de los planteamientos del Gobierno Federal sobre los problemas que aqueja a la agroindustria. A su vez, por la tarde, la Comisión de Agricultura tuvo una reunión con subsecretarios de la Sagarpa y de Economía.
Uno de los puntos que se trató fue este asunto de la importación del azúcar en donde la subsecretaria Rocío Ruiz Chávez informó que el cupo de las 112 mil toneladas respondió a la presión de la industria maquiladora, exportadora de dulces y chocolates, quienes demandan 180 mil toneladas de azúcar dentro del programa de importaciones temporales Pitex, el cual fue abastecido por un fideicomiso de comercialización del Gobierno Federal y esto trajo como consecuencia el riesgo de un posible desabasto y disminución de la reserva estratégica, lo que dio como base el establecimiento de un cupo de importación de 112 mil toneladas de azúcar para la zafra 2003-2004.
Si bien es cierto, compañeros legisladores, esto nos aclara el origen del cupo, la actividad intensa de las empresas fructuoseras, pretendiendo derogar el IEPS, nos hace pensar el pretexto de aprovechar esta coyuntura de importación de azúcar para señalar en todos los foros nacionales e internacionales que México va a ser un país deficitario.
Quiero aprovechar esta tribuna para señalar y dejar muy claro que esta zafra, al 30 de septiembre empezó con inventarios iniciales totales de azúcar por 1 millón 70 mil toneladas. Se estima una producción de más de 5 millones de toneladas y se creará un inventario final al 30 de septiembre del 2004, también con 1 millón 200 mil toneladas; luego entonces, México no va a ser deficitario, que quede muy claro, tiene un problema coyuntural en los meses en los que los ingenios están en reparación, pero estamos seguros que al mes de noviembre existirá el azúcar suficiente para que inclusive esta azúcar del cupo de importación no sea necesaria.
Asimismo apoyamos el punto de acuerdo presentado por el compañero diputado Torres Hernández y planteo, planteo como urgente necesidad la inmediata instalación de la comisión especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar para que todos los asuntos de este sector se traten ahí y se planteen en este pleno los que sean de su competencia para su resolución.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutida la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Suficientemente discutida.Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Aprobada. Comuníquese.Tiene la palabra la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para integrar una comisión que investigue al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna:Con su venia, señor Presidente:
Para integrar la Comisión Investigadora del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Antecedentes
En 1991, el Gobierno mexicano inició la privatización del Sistema de la Banca Múltiple. Se licitaron 18 bancos a grupos financieros que estaban representados por 11 casas de bolsas y siete grupos particulares.
La crisis de finales de 1994, la devaluación de la moneda y la débil supervisión bancaria, provocaron que los bancos mostraran los siguientes problemas:
Un adecuado nivel de reservas, deficiencias en el nivel de capitalización, concentración de los activos. Las autoridades financieras decidieron utilizar al Fobaproa un fideicomiso creado en 1990, para respaldar los depósitos de los ahorradores como el instrumento para iniciar el rescate bancario. El Fobaproa implementó dos tipos de programas de apoyo a los bancos.
El programa de capitalización y compra de cartera se implementó para capitalizar a los bancos que no cumplían con los requisitos mínimos de capital y los programas de intervención y de saneamiento, que buscaban solucionar los problemas de liquidez y descapitalización a través de aportaciones de capital directo, asumiendo la Comisión Nacional Bancaria el control de las instituciones.
Así, durante el periodo 1994-1998, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino 12 instituciones financieras. El costo fiscal para el erario público del rescate asciende ya a más de 900 mil millones de pesos, que generan intereses reales de aproximadamente entre 40 y 50 mil millones de pesos al año. La banca extranjera controla el 87% de los activos bancarios y la banca presta en promedio sólo 30 centavos de cada peso que capta.
Las operaciones realizadas durante el rescate bancario han sido revisadas desde la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y desde entonces, se determinó la necesidad de continuar con las revisiones, debido fundamentalmente a la presión que estos pasivos originan a las finanzas públicas.
El 7 de septiembre de 1998, el Comité de Contrataciones, creado por la Cámara de Diputados, contrató a Michael Mackey para realizar una revisión y análisis de los programas al rescate bancario. El señor Mackey realizó diversas conclusiones, entre las que destaca la existencia de las transacciones reportables. Michael Mackey identificó una muestra de 17 mil 352 operaciones de compra de cartera, por 73 mil 775 millones 400 mil pesos, que de alguna manera violaban las disposiciones establecidas por el propio Fobaproa, que se pueden clasificar en tres tipos.
Las operaciones llamadas: ``AA'', que ascendían a 24 mil millones de pesos y que su razón de reportabilidad obedece a que no cumplieron con los requisitos originalmente establecidos en el Fobaproa, en los programas de compra de cartera.
Las operaciones llamadas: ``B'', cuya razón de reportabilidad obedece a que fueron créditos otorgados a partes relacionadas, es decir, a accionistas de los propios bancos y que ascendían en aquel momento a 42 mil millones de pesos.
Las operaciones ``C'', aproximadamente de 6 mil millones de pesos de aquellos años, llamadas así porque definitivamente existía violación flagrante a la ley.
Considerando
Primero. Que en julio de 1999, el auditor canadiense entregó su informe llamado comúnmente ``informe Mackey'' y con este informe se entregó la siguiente documentación:
1. Un ejemplar del informe general en idioma inglés y en español, para cada uno de los diputados miembros integrantes del comité de contrataciones.
2. Cinco sobres, uno para cada representante que contenía una clave de acceso para poder abrir el CD-ROM, que contenía el detalle de las operaciones reportables.
3. Un CD que contenía el detalle de todas las operaciones reportables.
Segundo. Que adicionalmente se determinó que se le entregara al Instituto de Protección del Ahorro Bancario, un informe completo del informe Mackey, conteniendo la siguiente información:
Un informe general en idioma inglés y en español, un CD que contenía el detalle de las operaciones reportables, un ejemplar de cada uno de los llamados banks reports.
Tercero. Que la principal razón por la que al IPAB se le entregara con todo detalle el informe Mackey, obedeció a que uno de los principales mandatos que el Congreso le dio al IPAB fue el de reducir el costo fiscal del rescate bancario, lo cual quedó asentado en el artículo quinto transitorio de su ley.
Por ello, el hecho de que el IPAB contara con toda la información disponible, coadyuvaría a la consecución de este objetivo que, a la fecha en el IPAB aún no se han analizado ni discutido, ni dictaminado, ni el informe Mackey, ni los banks reports.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Le ruego concluya, diputada.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna:Falta una página.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Si se va ya al punto resolutivo.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna:Que la Auditoría Superior de la Federación en sus informes de la revisión de la Cuenta Pública 2000 y 2001, ha hecho señalamientos muy graves a las operaciones ilegales del rescate bancario.
Y son muchos considerandos. Como sale publicado en la Gaceta, se hace el siguiente pedido:
Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores suscritos presentamos pedido para la integración de la comisión para investigar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Es cuanto, señor Presidente. Entrego a la Secretaría la lista de 148 firmas que sustentan el documento.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de integrar una comisión que investigue el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.
Antecedentes1.- En 1991, el gobierno mexicano inició la privatización del sistema de banca múltiple para promover una economía abierta, las autorizaciones de bancos se licitaron al mejor postor, lo que le produjo ingresos al gobierno por 12,500 millones de pesos.
Se licitaron 18 bancos a grupos financieros que estaban representados por 11 casas de bolsa y 7 grupos particulares, los precios llegaron a ser hasta de 5.3 de su valor en libros.
2.- La crisis de finales de 1994, la devaluación de la moneda y la débil supervisión bancaria provocaron que los bancos mostraran los siguientes problemas:
A. Inadecuado nivel de reservas.
B. Deficiencias en el nivel de capitalización.
C. Concentración de los activos.
3.- Las autoridades financieras decidieron utilizar al Fobaproa, un fideicomiso creado en 1990, para respaldar los depósitos de los ahorradores, como el instrumento para iniciar el rescate bancario, y salvaguardar los objetivos que se perseguían con el acuerdo presidencial del 5 de septiembre de 1990.
4.- El Fobaproa implementó dos tipos de programas de apoyo a los bancos:
Programa de Capitalización y Compra de Cartera:
Se implementó para capitalizar a los bancos cuya situación financiera era solvente pero debido al deterioro de sus activos crediticios, se arriesgaba a no cumplir con los requisitos mínimos de capital.
Programas de Intervención y Saneamiento:
Estos programas buscaron solucionar los problemas de liquidez y descapitalización a través de aportaciones de capital contra la participación accionaria asumiendo la CNVB el control de las instituciones lo cual estaba previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, así durante el periodo de 1994-1998 la CNVB intervino 12 instituciones financieras la primera Banco Unión el 1º de septiembre de 1994 y la última Banca Confía en agosto de 1997.
5.- El costo fiscal para el erario público de este rescate asciende ya a más de 900,000 millones de pesos, que generan intereses de aproximadamente 40,000 millones de pesos al año, la banca extranjera controla el 87% de los activos bancarios, y la banca presta en promedio sólo 30 centavos de cada peso que capta.
6.- Las operaciones realizadas durante el rescate bancario, han sido revisadas desde la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, y desde entonces se determinado la necesidad de continuar con las revisiones debido fundamentalmente a la presión que estos pasivos le originan a las finanzas públicas.
7.- El 7 de Septiembre de 1998, el Comité de Contrataciones de las Subcomisiones para el Estudio del Fobaproa, creado por el H. Congreso de la Unión contrató a Michael W. Mackey para realizar una revisión y análisis basado en preguntas específicas previamente convenidas con el Comité de Contrataciones.
De su revisión y análisis el Sr. Mackey realiza diversas conclusiones entre las que destaca la existencia de transacciones reportables.
8.- En su informe, el Sr. Michael W. Mackey, identificó una muestra de 17,352 operaciones de compra de cartera, por 73,775.4 millones de pesos, que de alguna manera violaron las disposiciones establecidas por el mismo Fobaproa, a las cuales denominó con el nombre de ``transacciones reportables'' y se pueden clasificar en tres tipos:
1) Las operaciones llamadas ``Aa'' que ascienden a 24,000 millones de pesos, y que su razón de ``reportabilidad'' obedece a que no cumplieron los requisitos originalmente establecidos por el Fobaproa'' en los programas de compra de cartera.
2) Las operaciones llamadas ``B'', cuya razón de ``reportabilidad'' obedece a que fueron créditos otorgados a ``partes relacionadas'' es decir a accionistas de bancos y que ascienden a aproximadamente 42,000 millones de pesos.
3) Las operaciones ``C'' por aproximadamente 6,000 millones de pesos, llamadas así por que definitivamente existió violación a la ley.
Considerando1.- Que en julio de 1999, el auditor canadiense entregó su informe titulado ``Evaluación Integral de las Operaciones y Funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y la Calidad de la Supervisión de los Programas del Fobaproa de 1995 a 1998'' llamado comúnmente ``informe Mackey''.
La entrega de dicho Informe en la siguiente documentación:
1) Un ejemplar del informe general en idioma inglés y uno en español, para cada uno de los diputados miembros del Comité de Contrataciones: Fauzi Hamdan (PAN), Jorge Estefan Chidiac (PRI), Jorge Silva Morales (PRD), Santiago Gustavo Pedro Cortés (PT) y Gloria Lavara Mejía (PVEM).
2) Cinco sobres, uno para cada representante que contenía una ``clave'' de acceso para poder accesar (abrir) el CD-ROM que contenía el detalle de las operaciones reportables. Cabe recordar que para conocer la información que contenía el CD-ROM, era necesario ingresar al mismo tiempo las 5 claves.
3) Un CD-ROM que contenía el detalle de las operaciones reportables.
2.- Que adicionalmente y por acuerdo del Comité de Contrataciones, se determinó que se le entregará al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), un expediente completo del informe Mackey, conteniendo la siguiente documentación:
1) Un ejemplar del informe general en idioma inglés y uno en español.
2) Un CD-ROM que contenía el detalle de las operaciones reportables, pero este no requería de ``claves'' para poder ser abierto, en otras palabras, el IPAB en cuánto recibió el informe Mackey, tuvo conocimiento del detalle de las Transacciones Reportables.
3) Un ejemplar de cada uno de los llamados Banks Reports, de los cuales por cierto no existe traducción oficial.
3.- Que la principal razón por la que al IPAB se le entregará todo el detalle del informe Mackey, obedeció a que uno de los principales mandatos que el Congreso le dio al IPAB, fue el de ``reducir'' el costo fiscal del rescate bancario, lo cual quedó asentado en el artículo quinto transitorio de su ley, por ello el hecho de que el IPAB contara con toda la información disponible, coadyuvaría a la consecución de este objetivo.
4.- Que a la fecha en el IPAB, aún no se han analizado, discutido y dictaminado, ni el informe Mackey, ni los Banks Reports.
5.- Que la Auditoría Superior de la Federación en sus Informes sobre la Revisión de la Cuenta Pública del 2000 y 2001, ha hecho señalamientos muy importantes en cuanto a la existencia de operaciones irregulares e ilegales en el rescate bancario.
6.- Que dichas observaciones involucran un monto superior a los 45,000 millones de pesos, y que el mismo auditor superior ha señalado que el Comité Técnico del Fobaproa, actuó de manera discrecional, violando sus propias atribuciones.
7.- Que a pesar de que la propia Auditoría Superior de la Federación ha ordenado el descuento de casi 8,000 millones de pesos al pagaré de Banamex, el Ejecutivo federal interpuso una controversia constitucional para no cumplir con la instrucción del órgano fiscalizador de esta Cámara de Diputados.
8.- Que los 4 bancos beneficiados por los programas de capitalización y compra de cartera, se han amparado para no ser sujetos de nuevas revisiones o auditorías.
9.- Que la Comisión Permanente del Congreso, en agosto pasado realizó un exhorto al IPAB para que llevara a cabo la atención y cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, y que cumpliera las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y revisara y dictaminara los llamados ``Bank Reports''.
10.- Que a pesar de lo anterior, el IPAB ha hecho caso omiso del exhorto a que fue conminado por el Congreso mexicano.
11.- Que esta situación obedece en gran parte al conflicto de intereses que existe en su Junta de Gobierno.
12.- Que la investigación y esclarecimiento de los programas de capitalización y compra de cartera es urgente y necesaria en virtud de que involucran una bolsa de recursos que asciende a más de 212 mil millones de pesos.
13.- Que es un clamor de la sociedad mexicana, conocer con todo detalle el proceso del rescate bancario y castigar a quienes se aprovecharon de él.
14.- Que como representantes populares es nuestra obligación atender el reclamo de la sociedad.
15.- Que durante la LVII Legislatura se estableció la Comisión Especial para Investigar al IPAB (CIFIPAB)
16.- Que una de las principales conclusiones de la CIFIPAB fue la recomendación de continuar con los trabajos de revisión del rescate bancario, misma que fue apoyada por las tres fuerzas políticas que la integraron (PRI, PAN, PRD).
Pedido
Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos presentamos pedido para la integración de la comisión para investigar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Diputados del grupo parlamentario del PRD: Narciso Agúndez Montaño, Agustín Miguel Alonso Raya, René Arce islas, Rosa María Avilés Nájera, Abraham Bagdadi Estrella, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Julio Boltvinik Kalinka, Clara Marina Brugada Molina, José Luis Cabrera Padilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Marbella Casanova Calam, Santiago Cortés Sandoval, Tomás Cruz Martínez, Francisco Cavaría Valdeolivar, César Antonio Chávez Castillo, Adrián Chávez Ruiz, Angélica de la Peña Gómez, María Angélica Díaz del Campo, Socorro Díaz Palacios, Horacio Duarte Olivares, Gilberto Ensástiga Santiago, Luis Eduardo Espinoza Pérez, David Ferreira Martínez, Margarito Fierros Tano, Irma Sinforina Figueroa Romero, Rafael Flores Romero, Rogelio Franco Castán, Pablo Franco Hernández, Juan García Costilla, Miguel Angel García Domínguez, Eliana García Lagunes, Amalia Dolores García Medina, Juan José García Ochoa, Iván García Solís, Rafael García Tinajero Pérez, María Elba Garfias Maldonado, Pablo Gómez Alvarez, Valentín González Bautista, María Marcela González Salas y Petricioli, Ana Lilia Guillén Quiroz, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Abdallán Guzmán Cruz, Minerva Hernández Ramos, María del Rosario Herrera Ascencio, Marcelo Herrera Hebert, Guillermo Guisar Carranza, María Marcela Lagarde y de los Ríos, J. Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez, Susana Guillermina Manzanares Córdova, Javier Manzano Salazar, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Horacio Martínez Meza, Jorge Martínez Ramos, José Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía Haro, Martha Lucía Micher Camarena, Gelacio Montiel Fuentes, Francisco Mora Ciprés, María Guadalupe Morales Rubio, Marcos Morales Torres, Inelvo Moreno Alvarez, Inti Muñoz Santini, Arturo Nahle García, José Luis Naranjo y Quintana, Francisco Javier Obregón Espinoza, Daniel Ordóñez Hernández, Omar Ortega Alvarez, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María de los Dolores Padierna Luna, Juan Pérez Medina, Cristina Portillo Ayala, Alfonso Ramírez Cuéllar, Bernardino Ramos Iturbide, Agustín Rodríguez Fuentes, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Javier Salinas Narváez, Rocío Sánchez Pérez, Francisco Javier Saucedo Pérez, Yadira Serrano Crespo, Emilio Serrano Jiménez, Pascual Sigala Páez, Carlos Hernán Silva Valdés, Víctor Suárez Carrera, Israel Tentory García, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Edgar Torres Baltasar, Enrique Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz, Gerardo Ulloa Pérez, Emilio Zebadúa González, Jazmín Elena Zepeda Burgos.
Diputados del grupo parlamentario del PT: Joel Padilla Peña, Francisco Amadeo Espinoza Ramos, Alejandro González Yáñez, Oscar González Yáñez, Pedro Vázquez González y Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.
Diputados del grupo parlamentario de Convergencia: Jesús Porfirio González Schmal, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Luis Maldonado Venegas, Jesús Emilio Martínez Alvarez y Juan Fernando Perdomo Bueno.
Diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Manuel Velasco Coello, Leonardo Alvarez Romo, S. Sánchez, Humberto Cervantes, Alfonso González Ruiz, Héctor Gutiérrez, María Cristina Díaz, Pablo Pavón Viñals, Carlos Mireles M., Gonzalo Guizar Valladares, José Alfonso Muñoz M., Alfonso Sánchez H. Martín Vidaña Pérez, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Javier Manzano Salazar, Filemón P. Arcos Suárez, Jaime M. Moreno Garavilla, María del Carmen Izaguirre Francos, Belisario Hirade Herrera Solís, Carlos Oswaldo Pano Becerra, Juan Antonio Gordillo Reyes, Sami David, Florencio Collazo Gómez, Jorge Utrilla Robles, Juan M. Dávalos, María Elena Orantes, Claudia Ruiz Massieu, Benjamín Sagahon Medina, Gerardo Montenegro, Raúl Mejía González, Martín Carrillo y José Luis Briones B.»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Gracias, diputada.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
¿Con qué objeto, diputado Pablo Gómez?
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):Con el propósito de discutir el trámite que está usted dando.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, hasta por cinco minutos.
El diputado Pablo Gómez Alvarez:Gracias, señor Presidente. Es solamente pedirle que rectifique el turno que acaba usted de dar a la Comisión de Vigilancia, porque la Comisión de Vigilancia no tiene ninguna atribución para recibir pedidos de la cuarta parte de la Cámara con el propósito de integrar una comisión investigadora.
Las comisiones investigadoras se establecen en la Cámara de Diputados a pedido de la cuarta parte de sus integrantes y en el Senado, a pedido de la mitad de los mismos.
Tienen como propósito investigar el funcionamiento de organismos públicos. La Comisión de Vigilancia es una Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, no tiene absolutamente ninguna atribución para proponer al pleno la integración de una comisión investigadora constitucional.
El único organismo de la Cámara, como usted lo sabe y estoy seguro, que tiene capacidad para proponer al Pleno la integración de comisiones, es la Junta de Coordinación Política y nadie más.
Este es un pedido para la constitución de una comisión investigadora constitucional y la Junta de Coordinación Política está obligada a proponer, una vez conocido el pedido, la integración de dicha comisión. Por lo tanto le pido a usted de la manera más atenta que turne usted este pedido a la Junta de Coordinación Política y en lo sucesivo otras comisiones investigadoras constitucionales que están en proceso, que diputados de diversas bancadas están tratando de promover, sean también turnadas a la Junta de Coordinación Política como corresponde a la Ley Orgánica que tenemos en vigor.
Gracias por su atención, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Diputado Pablo Gómez, esta Presidencia, a solicitud de miembros diputados decidió turnar a la Comisión de Vigilancia. Si no tiene inconveniente se pueden turnar a las dos, porque hay un debate de conformidad con el tercer párrafo del artículo 93 constitucional, si estas comisiones de investigación surgen de la propuesta de la mitad de los diputados, como lo marca el artículo o de la Junta de Coordinación. Le pregunto si no tiene inconveniente para las dos partes estén de acuerdo, se turnen a las dos.
Activen el sonido por favor al diputado Pablo Gómez.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):
Señor Presidente, en realidad la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación no puede hacer propuesta al pleno para integrar comisiones de investigación.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Es por la materia.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):
No; si la materia fuera de agricultura no se turnaría tampoco a la Comisión de Agricultura, de ninguna manera; se tendría que turnar al único organismo de la Cámara que es la Junta de Coordinación Política, que tiene la exclusiva facultad de proponer la integración de comisiones; lo otro es un turno que no tiene ningún objeto. La Comisión de Vigilancia recibirá eso y no sabrá qué hacer con semejante papel porque no tiene atribución alguna.
Yo le insisto que con el propósito que además el procedimiento sea el normal, el que en otros casos se lleve a cabo, que nos haga usted favor de turnar a la Junta. Si hay algún problema, la misma Junta lo puede regresar a la Mesa Directiva.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Sí, perfecto.
Apegándonos estrictamente a las facultades de las comisiones, procede la petición del diputado Pablo Gómez. Se retira el turno de esta Presidencia. Se turna exclusivamente a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados apruebe la conformación de una comisión especial que dé seguimiento al proyecto hidroeléctrico ``El Cajón'', en el estado de Nayarit.
El diputado Joel Padilla Peña:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Ante el proyecto fallido para construir el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en las inmediaciones de Texcoco, el complejo hidroeléctrico El Cajón, en el estado de Nayarit, se ha constituido en la obra del sexenio, según el decir del Presidente Fox.
Dicho proyecto implica una inversión de 750 millones de dólares, financiados por el mecanismo de los Pidiregas; es decir, empresas privadas se harán cargo de las obras civiles, electromecánicas y obras asociadas.
El proyecto El Cajón se construirá sobre el río Santiago, a 77 kilómetros aguas arriba de la presa Aguamilpa. Tendrá una capacidad de 750 megavatios, generación media anual de mil 228 gigavatios/hora. Contará con una cortina de 186 metros de altura, casi igual a la de Aguamilpa, que es la más alta en su tipo en el mundo.
Desgraciadamente, como ha caracterizado a la administración foxista, ha habido contradicciones en cuanto a la viabilidad de esta obra, pero éstas no se restringen a aspectos técnicos sino, también, al impacto social negativo en los municipios del área de influencia de la obra.
Por ejemplo, el proceso de indemnización a los propietarios de los terrenos donde se sitúa el complejo hidroeléctrico tuvo tropiezos y ha dejado malestar e inconformidad, que pueden dar lugar a complicaciones posteriores.
Además, la obra ha generado un proceso de migración que rebasa con mucho las estimaciones oficiales de creación de empleos: 5 mil directos y 5 mil indirectos.
Los miles de personas que van en busca de un empleo presionan fuertemente la capacidad de los servicios privados y públicos. La afluencia masiva de mano de obra en la zona comienza a generar problemas de salud y sanitarios.
Además, esa población flotante tiene un impacto negativo en las comunidades aledañas a la presa El Cajón, ya que su inserción conlleva fuertes desequilibrios sociales.
Como se sabe, en esos proyectos florecen la prostitución y la venta de alcohol y drogas, además de que se propicia la desintegración familiar, por mencionar las más graves.
La consecuencia inmediata de esa migración indiscriminada se expresa en una presión creciente hacia los recursos financieros del estado y de los municipios.
Atender a los habitantes originarios y a los que se integran como trabajadores directos e indirectos de la presa El Cajón implica mayores recursos para salud, vivienda e infraestructura urbana.
La Comisión Federal de Electricidad y las empresas privadas que ganaron la licitación aducen que no es responsabilidad suya apoyar a los municipios y al estado con los recursos financieros requeridos para hacer frente a las necesidades mencionadas.
El Ejecutivo Federal, por su parte, tampoco ha asumido el compromiso de dotar al gobierno del estado y a los municipios con recursos para hacer frente a los nuevos compromisos sociales y ambientales que genera dicho proyecto.
Como puede verse, son varias y muy importantes las interrogantes que se plantean en torno de la presa El Cajón. Van desde ciertas dudas razonables acerca de su viabilidad técnica hasta los impactos sociales y ambientales de dicha obra, y de quien es el responsable de dotarla de soporte financiero.
Por todo lo anterior, los diputados que suscriben este punto de acuerdo consideran de vital importancia que el Poder Legislativo conozca de este asunto de manera detallada y dé el seguimiento que corresponde a una obra de tal magnitud ya que, a final de cuentas, será sufragada con recursos aprobados por esta soberanía.
Proponemos por tanto la creación de una comisión especial investigadora para revisar las cuestiones que hemos señalado en las consideraciones de este punto de acuerdo.
Por ello, con fundamento en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a su consideración el siguiente
Punto de AcuerdoArtículo Unico. La H. Cámara de Diputados aprueba la formación de una comisión especial que dé seguimiento al proyecto hidroeléctrico de El Cajón, en el estado de Nayarit, con el objetivo de analizar su viabilidad financiera y técnica, así como su impacto en distintos ámbitos de la vida pública y social, y el soporte financiero para satisfacer las necesidades de la población que está en el área de influencia de dicho proyecto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2003.--- Diputados: Raúl Mejía González, Gerardo Montenegro Ibarra, Martín Carrillo Guzmán, Juan Pérez Medina, Santiago Cortés Sandoval, Héctor Miguel Bautista López, Narciso Agúndez Montaño, Francisco Amadeo Espinosa, Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Manuel Velasco Coello, Oscar González Yánez, Luis Maldonado Venegas, Juan Fernando Perdomo Bueno, Joel Padilla Peña (rúbricas).
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.A esta Presidencia ha llegado la solicitud del punto de acuerdo registrado por el diputado Roberto Vega y Galina, recorrerse dos lugares.
En consecuencia, se le concede el uso de la palabra a la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados dirija un exhorto a los poderes legislativos de las entidades federativas, para que promuevan la aprobación, ampliación o profundización de leyes de participación ciudadana.
La diputada Susana Guillermina Manzanares Córdova:Gracias, señor Presidente:
Los diputados que suscriben, integrantes del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, el cual se sustenta en los siguientes
Antecedentes
Primero. Para que la participación ciudadana sea realidad, además de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en las constituciones de los estados y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se requieren los espacios y mecanismos institucionales específicos con los que la participación ciudadana pueda desarrollarse.
Por ello, es que a partir de 1998 se han aprobado leyes de participación ciudadana en 12 entidades federativas, faltando por hacerlo 20 entidades de la República.
Segundo. El 30 de abril de 1998 fue publicada la Ley de Referéndum y el Plebiscito para el estado de San Luis Potosí; el 21 de diciembre de 1998, se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; el 15 de enero de 2000, se publicó la Ley de Participación Ciudadana del estado de Colima; el 13 de junio del mismo año, la Ley de Participación Ciudadana del estado de Baja California Sur; el 27 de diciembre de 2000, la Ley de Participación Ciudadana del estado de Morelos; el 16 de febrero de 2002, la Ley de Participación Ciudadana del estado de Baja California Norte; el 6 de junio de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del estado de Tamaulipas; el 8 de septiembre de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del estado de Zacatecas; el 21 de noviembre de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del estado de Aguascalientes; el 8 de enero de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el estado de Jalisco y el 22 de octubre de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el estado de Guanajuato y, finalmente, el 17 de diciembre de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el estado de Coahuila.
De esta manera, las mencionadas entidades federativas han hecho una contribución para reconocer jurídicamente los mecanismos de participación ciudadana.
Tercero. En consecuencia, los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, no cuentan con sus respectivas leyes de participación ciudadana.
Consideraciones
Primera. Los mecanismos de democracia directa, entre los que destacan la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, lejos de oponerse a la democracia representativa, constituyen un complemento de ésta, ampliándose espacios de participación ciudadana y contribuyen a legitimar las acciones de gobierno al involucrar a los gobernados en las tomas de decisiones de mayor trascendencia para la vida pública.
Segunda. Los tres instrumentos más reconocidos de la democracia directa son: la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito; sin embargo, junto a ellos se han incorporado otros mecanismos como la consulta y la colaboración vecinal, las audiencias públicas, la rendición de cuentas, la revocación del mandato y el presupuesto participativo, que en conjunto plantean una concepción democrática de las relaciones entre gobernantes y gobernados; promueven la corresponsabilidad, fortalecen la cultura de la participación y dan concreción al principio de soberanía popular.
En estas regiones del mundo y especialmente en algunos países de América Latina, se han desarrollado exitosas experiencias de implementación de mecanismos de democracia participativa que han contribuido a elevar el nivel y la calidad de la vida de la población.
Tercera. En los sistemas democráticos, la participación política de los ciudadanos no se restringe a las elecciones de los gobernantes y representantes populares.
La transición democrática en México se ha desarrollado durante los últimos años, por lo cual consideramos importante que las leyes de participación aprobadas junto con las iniciativas en las entidades federativas, traerán como consecuencia el objetivo de que la representación contribuya a la ampliación y consolidación de la vida democrática. Por eso es que presentamos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda dirigir un atento exhorto a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas para que en el marco de su soberanía:
1º En aquellas entidades federativas que aún no cuentan con sus respectivas leyes de participación ciudadana, promuevan la aprobación de las leyes que regulen los mecanismos de democracia directa y participación ciudadana.
2º Y último. En aquellas entidades federativas que hayan sido aprobadas las leyes de participación ciudadana, éstas sean revisadas para ampliar y profundizar su contenido de manera que además de la iniciativa propular, el referéndum y el plebiscito, sean incorporados otros mecanismos como la consulta y la colaboración vecinas, las audiencias públicas, la rendición de cuentas, la revocación del mandato y el presupuesto participativo.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados dirija un exhorto a los poderes legislativos de las entidades federativas a que promuevan la aprobación, ampliación o profundización de leyes de participación ciudadana, presentada por la diputada Susana Manzanares Cordova, del grupo parlamentario del PRD.
Los diputados que suscriben, integrantes del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, el cual se sustenta en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes1. Para que la participación ciudadana sea realidad, además de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en las Constituciones de los estados y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se requieren los espacios y mecanismos institucionales específicos con los que la participación ciudadana pueda desarrollarse. Por ello es que a partir de 1998 se han aprobado leyes de participación ciudadana en 12 entidades federativas, faltando por hacerlo 20 entidades de la República.
2. El 30 de abril de 1998 fue publicada la Ley de Referéndum y el Plebiscito para el Estado de San Luis Potosí; el 21 de diciembre de 1998 se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; el 15 de enero de 2000 se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; el 13 de junio de 2000, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Sur; el 27 de diciembre de 2000, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos; el 16 de febrero de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California; el 6 de junio de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Tamaulipas; el 8 de septiembre de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Zacatecas; el 21 de noviembre de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes; el 8 de enero de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco; el 22 de octubre de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, y el 17 de diciembre de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila. De esta manera, las mencionadas entidades federativas han hecho una contribución para reconocer jurídicamente los mecanismos de participación ciudadana.
3. En consecuencia, los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, no cuentan con sus respectivas leyes de participación ciudadana.
Consideraciones1. Los mecanismos de democracia directa, entre los que destacan la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, lejos de oponerse a la democracia representativa, constituyen un complemento de ésta, amplían los espacios de participación ciudadana y contribuyen a legitimar las acciones de gobierno al involucrar a los gobernados en la toma de las decisiones de mayor trascendencia para la vida pública.
2. Los tres instrumentos más reconocidos de la democracia directa son la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito. Sin embargo, junto a ellos se han incorporado otros mecanismos como la consulta y la colaboración vecinales, las audiencias públicas, la rendición de cuentas, la revocación de mandato y el presupuesto participativo, que en conjunto plantean una concepción democrática de las relaciones entre gobernantes y gobernados, promueven la corresponsabilidad, fortalecen la cultura de la participación y dan concreción al principio de soberanía popular. En otras regiones del mundo y especialmente en algunos países de América Latina se han desarrollado exitosas experiencias de implementación de mecanismos de democracia participativa que han contribuido a elevar el nivel y la calidad de vida de la población.
3. En los sistemas democráticos la participación política de los ciudadanos no se restringe a la elección de gobernantes y representantes populares el día de la jornada electoral. En estos sistemas la ciudadanía tiene una dimensión en la que, además del voto, los ciudadanos en todo momento pueden ejercer sus derechos políticos y recurrir a procedimientos institucionales para gestionar sus demandas e incidir en las decisiones de gobierno. Es decir, la elección de gobernantes no significa para éstos el monopolio de las decisiones públicas, pues los gobernados cuentan con instrumentos para promover propuestas emanadas de la propia sociedad o, si es el caso, revertir o sancionar decisiones gubernamentales.
4. La transición política que en México se ha desarrollado durante los últimos años ha tenido en gran parte un referente electoral que ha permitido avanzar en esta materia, a pesar de resistencias autoritarias y de nuevos fenómenos antidemocráticos en el ámbito electoral. Sin embargo, la democratización plena e integral del sistema político todavía tiene una extensa agenda por resolver. En estos términos, la ampliación y consolidación de las relaciones democráticas requieren de la activa participación ciudadana, que contribuya a democratizar las relaciones entre gobernantes y gobernados, e incorpore a estos últimos como verdaderos protagonistas de los asuntos públicos.
5. La aprobación de leyes de participación ciudadana en las entidades federativas que aún faltan de hacerlo, vendría a consolidar una tendencia jurídica nacional de carácter democrático, y sería un paso importante para impulsar la cultura política democrática y sus valores, como el pluralismo político, la tolerancia, la corresponsabilidad, la legalidad, el diálogo y la participación política, y
6. Las leyes de participación ciudadana aprobadas en diversas entidades federativas muestran una desigual incorporación de los mecanismos de iniciativa popular, referéndum y plebiscito, y en la mayoría de ellas están ausentes otros mecanismos como las audiencias públicas, la rendición de cuentas, la revocación de mandato y el presupuesto participativo.
En consecuencia, y con el objetivo de que esta representación contribuya a la ampliación y consolidación de la vida democrática, presentamos la siguiente propuesta de
Punto de AcuerdoLa Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda dirigir un atento exhorto a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas para que en el marco de su soberanía:
1. En aquellas entidades federativas que aún no cuentan con sus respectivas leyes de participación ciudadana promuevan la aprobación de leyes que regulen los mecanismos de democracia directa y participación ciudadana tanto en el nivel local como en el municipal, y
2. En aquellas entidades federativas donde ya han sido aprobadas leyes de participación ciudadana, éstas sean revisadas para ampliar y profundizar su contenido, de manera que además de la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito sean incorporados otros mecanismos como la consulta y la colaboración vecinales, las audiencias públicas, la rendición de cuentas, la revocación de mandato y el presupuesto participativo.
Diputados: Gilberto Ensástiga Santiago, Eliana García Laguna, Francisco J. Saucedo Pérez, Daniel Ordóñez Hernández, Eduardo Espinosa Pérez, Pablo Franco Hernández, Clara M. Brugada Molina, Angélica Díaz del Campo, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Carrillo Soberón, Amalia Dolores García Medina, Martha Mícher Camarena, Horacio Martínez Meza, Rafael García Tinajero, Bernardino Ramos Iturbide, Agustín Rodríguez Fuentes, Héctor M. Bautista López, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Valentín González Bautista, José Luis Naranjo Quintana, Miguel Luna Hernández, Irma Figueroa Romero, Rosario Herrera Ascencio, Francisco Javier Obregón Espinosa, Sergio A. Magaña Martínez, Ana Lilia Guillén Quiroz, Susana Manzanares Córdova (rúbricas).»
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputada.
Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana.Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo asigne los recursos presupuestales necesarios para el fortalecimiento de la educación agrícola superior y la investigación agropecuaria forestal.
Se le recuerda al diputado a quien se le concede el uso de la palabra y a los demás que presenten proposiciones, que de acuerdo con el pleno de la Cámara, la duración es de cinco minutos.
El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino:Con el permiso de la Mesa:
La educación agrícola superior y la investigación agropecuaria forestal son pilares fundamentales para el desarrollo del campo en cualquier parte del mundo. Son la base de las transformaciones necesarias para aumentar la productividad, aprovechar los recursos naturales, generar empleos, producir alimentos y mejorar las condiciones de vida de 25 millones de mexicanos. Sobre todo cuando sabemos que crear un empleo en la ciudad cuesta seis veces más que en el campo y mantener una familia en la ciudad cuesta 22 veces más que en el medio rural.
Junto con las facultades de agronomía de las universidades estatales, los institutos tecnológicos agropecuarios de la SEP, la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el Colegio de Posgraduados, el Colegio Superior de Agricultura del estado de Guerrero y el INIFAP, conforman la base del Sistema de Educación e Investigación Agropecuaria Nacional.
Las dos universidades y los dos colegios están sectorizados a la Sagarpa y el INIFAP es un organismo público de investigación. La investigación y la tecnología desarrollada por este último han permitido resolver problemas nacionales y de hambrunas en países como la India y Afganistán.
El problema fundamental consiste en que la falta de presupuesto impide a estos centros educativos poder tener una mayor participación en atención a las necesidades nacionales de desarrollo agropecuario, de infraestructura, comercialización, sanidad y reversión del deterioro ambiental que permita mejorar la competitividad del sector rural.
El Inifap enfrenta el problema de la reducción de la plantilla de investigadores de 2 mil a sólo1 mil 185, con un alto porcentaje de ellos en vías de jubilación. Esas instituciones representan un capital educativo y de investigación para el desarrollo tecnológico agropecuario que el país debe aprovechar como una fortaleza en el mejoramiento de las capacidades humanas y generación de tecnología para el sector agropecuario, pero han sido limitadas en sus planes de crecimiento y desarrollo académico.
Considerando que si no se apoya de forma imperativa al desarrollo científico, tecnológico y educativo de las instituciones agrícolas no sólo se afecta a la ya de por sí golpeada población rural, sino también al país, ya que en la cuestión agrícola está inmersa la seguridad alimentaria de nuestra nación que en un marco de competencia internacional, regulado por el TLC, Estados Unidos aporta a la investigación científica y tecnológica el 2.62% de su PIB agrícola, mientras que en México solamente el 0.5%.
Con el propósito de fortalecer las instituciones de educación agrícola superior, como patrimonio educativo de los mexicanos, ante la urgente necesidad de desarrollar al sector rural y sus instituciones en un mundo cada vez más competitivo que demanda de tecnologías y conocimientos científicos para aprovechar de manera racional e integrar los recursos para arribar a un desarrollo rural sustentable, proponemos:
1. Exhortar a las dependencias del Ejecutivo Federal para asignar el presupuesto necesario a las instituciones de educación agrícola superior y al Inifap, que les permita concretar sus objetivos y metas en el marco de los principios prioritarios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial y del Acuerdo Nacional para el Campo, así como de acuerdo a compromisos específicos de mejoramiento académico y calidad en las tareas de investigación, según parámetros que se establezcan en cada caso.
2. Establecer las condiciones necesarias para la conformación de un sistema nacional de educación agrícola superior e investigación agropecuaria para el desarrollo rural, tal como lo estipula la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en sus artículos 22 y 34.
3. Destinar fondos presupuestales adicionales para inversión en infraestructura, equipamiento y desarrollo tecnológico que contribuyan a la modernización de las instituciones de educación agrícola superior, sectorizadas en la Sagarpa y al Inifap como organismo descentralizado.
4. Exhortar a la Sagarpa para que confiera prioridad a las instituciones de educación agrícola superior en la ejecución y evaluación de programas nacionales de fomento y desarrollo agropecuario, forestal y ambiental en base a programas de vinculación.
Firman Alberto Jiménez Merino, por el PRI; Jesús Morales Flores, por el PRI; Alfredo del Mazo González, PRI; Angel Aguirre Rivero, PRI; Oscar Pimentel González, PRI; y Cruz López Aguilar, Presidente de la Comisión Agropecuaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
«Punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo a que asigne los recursos presupuéstales necesarios para el fortalecimiento de la Educación Agrícola Superior y la investigación Agropecuaria Forestal, presentada por el diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 14 de octubre de 2003.
Los suscritos, legisladores federales de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, así como 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General, presentan la siguiente propuesta, a efecto de que se asignen mayores recursos a la educación agrícola superior y a la investigación agropecuario-forestal, para fortalecer el desarrollo rural de México.
Antecedentes GeneralesEl campo mexicano ha necesitado en todas las etapas de su desarrollo la aportación de conocimientos, tecnologías y sistemas de organización social, de comercialización y procesamiento agroindustrial, en los que han participado de manera destacada los profesionales de la agronomía y del desarrollo rural en sus diferentes áreas y niveles.
La educación agrícola superior y la investigación agropecuario-forestal han estado relacionadas estrechamente con la atención y valorización del sector rural y sus aportes económicos, sociales, culturales y ambientales a la economía nacional.
En nuestro país, la primera institución de educación agrícola superior surgió y acompañó la Reforma, la Revolución Mexicana y las etapas de crecimiento agrícola y de desarrollo tecnológico del campo en el periodo de los años cuarenta a los setenta; y, junto con las otras que forman el sistema de instituciones de educación e investigación agropecuaria, sectorizadas en la Secretaría de Agricultura, ha generado nuevos enfoques tecnológicos en el aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales, como base para el desarrollo rural sustentable que la nueva realidad nacional e internacional demanda.
En todos los países sumamente desarrollados, el sector agropecuario, la sociedad rural y el medio natural son muy valorizados en los procesos económicos, sociales y ambientales.
El sector agropecuario y los recursos naturales se han constituido en elementos estratégicos, en cuanto constituyen la base de la seguridad alimentaria y para la aportación de servicios ambientales que garanticen mayor calidad de vida de la sociedad en su conjunto, así como para la preservación y el desarrollo de la biodiversidad.
México es reconocido en Latinoamérica y en el mundo como un país precursor en la formación de instituciones de educación agrícola superior. En nuestro país se estableció la primera escuela nacional de agricultura en el continente americano, institución que cumple ya 150 años de formar profesionales de las ciencias agronómicas y del desarrollo rural, con presencia e influencia a lo largo y ancho del territorio nacional y de otros países, principalmente latinoamericanos.
Siguiendo el camino lógico de la educación para el servicio de la nación, en 1985 se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). En octubre de 2001 se convirtió en un organismo público descentralizado y en junio del 2003 fue reconocido como centro público de investigación.
Para prestar los servicios a su cargo, el INIFAP cuenta con 6 centros de investigación, 81 campos experimentales y 8 centros de investigación tecnológica.
Sin embargo, pese a su importancia para el desarrollado científico y su vinculación con la producción agropecuaria y forestal, el INIFAP cuenta sólo con 1,185 investigadores, cuando hace cinco años contaba con 2,000. Así, su plantilla ha disminuido, en lugar de aumentar como lo han hecho las necesidades de investigación del país.
Aunado a eso, el INIFAP enfrenta la inminencia de la jubilación de una parte importante de sus investigadores, sin una estrategia para suplir esas ausencias.
Los avances tecnológicos en el mejoramiento genético de cultivos alimenticios obtenidos han contribuido a incrementar los rendimientos y la rentabilidad de algunos sectores de la agricultura nacional, así como a resolver problemas de hambrunas en países como India y Afganistán, lo que demuestra la pertinencia histórica de la educación agrícola superior y la investigación en México.
En los subsectores pecuario y forestal también ha habido aportes importantes en sistemas de producción de leche y carne, así como en sistemas integrales de aprovechamiento de los recursos forestales.
Durante las décadas de los años setenta y ochenta, las escuelas y facultades de agricultura crecieron en México de manera prácticamente exponencial. Desde la época de la Reforma hasta antes de la Revolución Mexicana existía en el país solamente la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo, creada por iniciativa presidencial y aprobada por el H. Congreso de la Unión, con un estatuto que le confiere funciones en el ámbito federal y nacional.
Posteriormente, se constituyeron otras instituciones, como la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, ya desaparecida; la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, a principios de los años veinte, hoy Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, constituida por decreto del Congreso de Coahuila; y, por último, el Colegio de Posgraduados.
Después de la Revolución Mexicana, se dio particular impulso a la formación y el desarrollo de la educación rural mediante las escuelas prácticas de agricultura, las regionales y las rurales. Empero, el nivel superior era atendido por un número reducido de instituciones educativas.
Hasta mediados de los años setenta, las instituciones de educación agrícola superior eran pocas, aun sumando las escuelas y facultades de agronomía de universidades estatales.
A mediados de los años noventa, el número de instituciones de ese tipo superaba ya 85, con los consiguientes problemas de dispersión y duplicación de esfuerzos y recursos, así como su impacto en el desempleo de los egresados, agravado por la disminución de la presencia estatal en el campo y la contracción económica del sector.
En el periodo comprendido entre 1985 y 1994, el área de conocimiento que disminuyó más drásticamente fue la correspondiente a las ciencias agropecuarias, la cual cayó de 88,895 alumnos en 1985 a 34,160 en 1994; en términos porcentuales, se observa una disminución de la matrícula a nivel licenciatura de 61.5 por ciento.
Sin embargo, pese a la escasez presupuestal, la matrícula en ciencias agropecuarias registró un incremento de 22 por ciento a escala nacional entre 1994 y 2000, cifra que no revierte la pérdida de más de 60 por ciento de estudiantes en el periodo señalado.
Esa situación indica una crisis contenida, pero no resuelta ni con visos a revertirse en el corto plazo, sin el apoyo estatal adecuado. En el caso de las instituciones de educación agrícola superior (IEAS) sectorizadas en la Sagarpa, el Csaegro pudo incrementar su matrícula en 120 por ciento, la UAAAN en 18.4 por ciento y la Uach en 19.7 por ciento.
Es importante hacer notar que, a diferencia de lo acontecido en el nivel superior, durante el lapso comprendido entre 1995 y 2000 se registró un importante aumento en la matrícula del nivel posgrado en ciencias agropecuarias, que a escala nacional alcanzó un incremento porcentual de 82.8 por ciento, en el caso de las IEAS sectorizadas en la Sagarpa, destacando el Colpos y la Uach, con incrementos superiores a 100 por ciento.
Los esfuerzos educativos de esas instituciones se enmarcan plenamente en las políticas del Programa Nacional de Educación 2001-2006 que, en uno de sus objetivos estratégicos, establece la necesidad de ampliar la cobertura con equidad, atendiendo la creciente demanda de educación superior con acciones simultáneas de diversificación y de ampliación de la capacidad del sistema, privilegiando la equidad.
Las IEAS, sectorizadas en la Secretaría de Agricultura para fines presupuestales, han hecho grandes aportes en la formación de recursos humanos de alto nivel para atender las necesidades del campo; además, han realizado investigaciones y capacitación en todo el país mediante sus centros y unidades regionales.
Han contribuido a los procesos de evaluación de los programas federales y estatales relacionados con el campo, y han contribuido a la capacitación de los actores de los programas de desarrollo rural por medio de sus cursos de educación continua, de asesorías y estudios específicos de viabilidad de proyectos productivos.
Esas instituciones representan un capital educativo que el país puede aprovechar como fortaleza en la formación de capacidades humanas y generación de tecnologías para el sector agropecuario. Cuentan con una planta docente sumamente capacitada, en su mayoría con estudios de posgrado, cuentan con niveles educativos integrados en la docencia e investigación en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado.
Su pertinencia y cobertura social son amplias, algunas de ellas tienen fuerte presencia en la agricultura campesina y las regiones indígenas. Sin embargo, esas instituciones necesitan ser suficientemente apoyadas por el Estado y por la sociedad para cumplir de la mejor manera sus objetivos y sus funciones académicas.
Las instituciones de educación superior han sido limitadas en sus planes de crecimiento y desarrollo académico. Tal situación ha sido particularmente grave en el caso de las instituciones que dependen para su operación fundamentalmente del presupuesto federal, otorgado a través de la Secretaría de Agricultura como cabeza de sector. Tal es el caso de la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el Colegio Superior de Agricultura del Estado de Guerrero.
La problemática central que ha determinado y condicionado el desarrollo de las instituciones de educación agrícola en las dos últimas décadas y que se convierte en el obstáculo principal para la consolidación de sus programas académicos, así como de su mayor proyección en la sociedad rural mexicana, es y ha sido hasta el momento la fuerte atonía presupuestal a que se les ha sujetado, sobre todo en las dos últimas administraciones federales.
Las limitaciones de índole financiera ha dificultado el desarrollo de las instituciones educativas y generado una serie de problemas internos, con repercusiones académicas, sociales y administrativas como las siguientes:
1. Limitaciones para desarrollar nuevos programas académicos de licenciatura, posgrado, investigación y transformación de tecnología, así como para impulsar el servicio social universitario y programas de vinculación con las comunidades campesinas marginadas. Por ende, gran dificultad para el crecimiento, diversificación de la matrícula escolar y para actualizar el desarrollo profesional del personal académico...
2. Incapacidad financiera para cumplir los programas y metas que se derivan del plan de desarrollo institucional, que recoge los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. De ahí se deriva la dificultad para abrir nuevos programas académicos e impulsar con mayor vigor procesos de equipamiento, innovación tecnológica y educativa, como programas de educación y capacitación a distancia.
3. Respuesta insuficiente de las IEAS a las múltiples demandas educativas que presentan los grupos campesinos y productores del país, lo cual impide participar en los procesos de desarrollo rural regional con propuestas de mayor trascendencia, pues es insuficiente la participación en los procesos de formación y capacitación de los jóvenes rurales ante los fenómenos sociales de emigración, feminización, deterioro ecológico y envejecimiento de la fuerza de trabajo en las actividades agropecuarias y forestales.
4. Disminución acelerada del presupuesto, más un incremento de la proporción de los rubros relacionados con los sueldos y salarios, en virtud de los incrementos regulares de los trabajadores administrativos y académicos considerados en sus contratos laborales.
5. Escaso o nulo mantenimiento de la infraestructura material que sirve de soporte al impulso de las funciones sustantivas que realizan esos centros educativos, además de falta de recursos financieros para apoyar la modernización administrativa.
6. Déficit presupuestal creciente derivado del nulo crecimiento del presupuesto asignado anualmente. Ello limita el crecimiento de unidades educativas foráneas: centros regionales, unidades regionales, centros de validación y transferencia de tecnología.
ConsiderandoQue el desarrollo social se sustenta en gran medida con la educación y que ésta proporciona las herramientas para superar los escollos sociales y económicos de los sectores desprotegidos, dando la posibilidad del mejoramiento social.
Que, conociendo las enormes dificultades por las que pasa el campo mexicano, sólo mediante proyectos productivos desarrollados en los centros educativos del país especializados en materias agropecuarias podrá mejorarse la situación de miseria en que alrededor de 25 millones de compatriotas viven.
Que, para poder asegurar la vinculación entre los centros educativos agrícolas y la sociedad rural, es necesario presentar las condiciones favorables a estas instituciones para que cumplan su cometido social y contribuyan al desarrollo rural y, al hacerlo, al desarrollo nacional.
Que si no se apoya de forma imperativa el desarrollo científico, tecnológico y educativo de las instituciones educativas agrícolas, no sólo se pone en peligro la ya de por sí golpeada población rural sino, también, el país entero, pues en la cuestión agrícola está inmersa la seguridad alimentaria de nuestra nación. Apoyando decididamente la educación superior agrícola se contribuye a la posibilidad de un desarrollo rural autosustentable y, al mismo tiempo, al desarrollo de la nación entera.
Que, en un marco de competencia internacional, regulado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestro principal socio comercial (Estados Unidos) aporta a la investigación científica y tecnológica agrícola 2.62 por ciento de su PIB agrícola, mientras en nuestro país se aplica 0.5 por ciento del mismo PIB. Si se quiere ser competitivo, es necesario, al menos, equiparar las cifras relativas con nuestros socios en el TLCAN.
Con el propósito de fortalecer las instituciones de educación agrícola superior como patrimonio educativo de los mexicanos, ante la urgente necesidad de desarrollar el sector rural y sus instituciones, en un mundo cada vez más competitivo, que demanda tecnologías y conocimientos científicos para aprovechar de manera racional e integral los recursos para arribar a un desarrollo rural sustentable, con equidad y justicia social, los diputados que signamos este documento.
Proponemos1. Exhortar a las dependencias del Ejecutivo federal a asignar el presupuesto necesario a las instituciones de educación agrícola superior y al INIFAP que les permita concretar sus objetivos y metas, en el marco de los principios prioritarios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, del programa sectorial y del Acuerdo Nacional para el Campo, así como de acuerdo con compromisos específicos de mejoramiento académico y calidad en las tareas de investigación, según parámetros que se establezcan en cada caso.
2. Establecer las condiciones estructurales para la formación de un sistema nacional de educación agrícola superior e investigación agropecuaria para el desarrollo rural, como lo establece la Ley de Desarrollo Social Sustentable en los artículos 22 y 34.
3. Destinar fondos presupuestarios adicionales para inversión en infraestructura, equipamiento y desarrollo tecnológico que contribuyan a la modernización de las instituciones de educación agrícola superior sectorizadas en la Sagarpa y al INIFAP como organismo descentralizado, siempre que las instituciones establezcan un firme compromiso, generando proyectos claros de participación y vinculación con los sectores público y privado, por lo concerniente al desarrollo rural sustentable.
4. Exhortar a la Sagarpa a que confiera prioridad a las instituciones de educación agrícola superior en la ejecución y la evaluación de programas nacionales de fomento y desarrollo agropecuario, forestal y ambiental, con base en sus programas de vinculación.
Palacio Legislativo de san Lázaro, a 14 de octubre de 2003.--- Diputados: Alberto Jiménez Merino, Jesús Morales Flores, Alfredo del Mazo González, Angel Aguirre Rivero, Oscar Pimentel González, Cruz López Aguilar, Mario Moreno Arcos, María del Carmen Izaguirre (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Roberto Vega y Galina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a las autoridades laborales y del Instituto Mexicano del Seguro Social a tener una justa resolución en el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo entre el IMSS y el Sindicato, hasta por cinco minutos.
El diputado Roberto Javier Vega y Galina:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a las autoridades laborales y las del Instituto Mexicano del Seguro Social a tener una justa resolución en el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo entre el IMSS y el Sindicato de sus trabajadores.
El suscrito, diputado Roberto Javier Vega y Galina, en uso de sus facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, vengo a presentar ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados haga un exhorto a las autoridades laborales del país y los órganos directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social para que dentro del ámbito de la legalidad propicien la solución al conflicto laboral surgido con motivo de la revisión del Contrato Colectivo entre el IMSS y el sindicato que agrupa a sus trabajadores, con las fundamentaciones siguientes:
El Contrato Colectivo de Trabajo que rige la relación laboral entre el IMSS y sus trabajadores, termina su vigencia el día de mañana, 15 de octubre a las 24 horas. En tiempo y forma cumplimos con los requisitos y formalidades señalados en la Ley Federal del Trabajo.
El Sindicato de Trabajadores del Seguro Social presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el pliego petitorio para la revisión del pacto colectivo e inicio de común de acuerdo con la dirección del IMSS, una serie de pláticas para llegar a los consensos necesarios que permitan por una parte resarcir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y por otra, adecuar algunos artículos de reglamentos que forman parte del contrato colectivo de trabajo, en cuanto a sus condiciones laborales.
Después de casi dos meses de pláticas serias y responsables, se llegó al consenso de modificar el contenido de la redacción de 23 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, 52 artículos de 18 reglamentos, incorporando a dicho pacto laboral, igualmente se llegó al consenso de aceptar la última y definitiva oferta del IMSS al aumentar los sueldos y prestaciones de los trabajadores del 4% directo al sueldo tabular y 1.25% de las prestaciones económicas.
Esta propuesta de aumento salarial y de modificaciones al clausulado y reglamento del contrato colectivo, fue aprobado por unanimidad por los 929 delegados efectivos al LII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el día que se instaló legalmente el 9 del presente mes.
Como el IMSS pretendió condicionar la oferta de aumento salarial a la que el mismo proceso se modificara el régimen de jubilaciones y pensiones que está, como todos los reglamentos, incorporados al Contrato Colectivo de Trabajo, el sindicato manifestó su voluntad de revisar dicho régimen en un plazo razonable que fue ratificado por votación unánime del Congreso Nacional Ordinario. Esta actitud de presionar al sindicato para aceptar modificar condiciones de jubilaciones en forma abrupta, sin una reflexión seria y responsable como condición para acceder a la firma del contrato colectivo, sólo demuestra insensibilidad y falta de voluntad política para resolver un problema que puede convertirse en una verdadera emergencia nacional.
El sindicato está consciente de las dificultades financieras por las que atraviesa el IMSS, pero también lo está en la situación laboral de que sus trabajadores lo único, lo más importante que puede tener son sus problemas.
Los ingresos del Seguro Social para financiar el seguro de enfermedad y maternidad han sido disminuidos en forma muy importante al cambiar la nueva Ley del Seguro Social, el mecanismo de aportaciones y cuotas, sobre todo para los patrones en relación favoreciéndolos en forma desproporcionada.
Las condiciones salariales de los trabajadores afiliados al IMSS, como política económica del Gobierno Federal, no ha permitido que los salarios de los trabajadores se recuperen en relación al Indice Nacional de Precios al Consumidor. En consecuencia los ingresos del seguro de enfermedad y maternidad quedan muy por debajo de los costos de los insumos del mantenimiento de las unidades y prestaciones de servicios.
La evasión y la elusión de los patrones en cuanto a las cuotas que tienen que aportar a la seguridad social ha sido calculada por el IMSS en una cantidad equivalente al 20% del total de sus ingresos que se deben de tomar medidas serias para corregir que éste es un problema extraordinariamente importante y debe de tener soluciones administrativas.
Mucho menos se concibe que si se pretende detener y posponer un pago raquítico de incremento a los sueldos que no restituyen el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, a la modificación y condiciones laborales del contrato colectivo.
No hay oposición del sindicato de revisar su régimen de jubilaciones y pensiones. Lo que queremos y aceptamos es que se revise con seriedad y objetividad sin sobredimensionar el impacto real de esta prestación.
En mérito a las consideraciones expuestas, me permito proponer a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando que se tramite de inmediato como un asunto de urgente resolución, dado que la fecha del estallamiento de la huelga está fijada para el primer minuto del 16 de este mes de octubre y la huelga es un derecho de los trabajadores que no podremos renunciar.
Punto de Acuerdo
Unico. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social a que dé solución al problema derivado de la firma de la revisión contractual del contrato colectivo de trabajo del IMSS y sus trabajadores y se evite el inicio de una huelga que afectará a las prestaciones, el cuidado y la recuperación de la salud de los trabajadores y sus familias.
Atentamente.
Diputado Roberto Javier Vega Galina, de la fracción parlamentaria del PRI.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para que se exhorte a las autoridades laborales y a las del Instituto Mexicano del Seguro Social a tener una resolución justa en el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo entre dicha entidad y el sindicato de los servidores publicos adscritos a ella, presentada por el diputado Roberto Javier Vega y Galina, del grupo parlamentario del PRI.
El suscrito, diputado Roberto Javier Vega y Galina, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables, viene a presentar ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados haga un exhorto a las autoridades laborales del país y a los órganos directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que, dentro del ámbito de legalidad, propicien la solución al conflicto laboral surgido con motivo de la revisión del contrato colectivo de trabajo (CCT) entre el IMSS y el sindicato que agrupa a sus trabajadores, con fundamento en las siguientes
ConsideracionesEl CCT que rige las relaciones laborales entre el IMSS y sus trabajadores termina su vigencia este 15 de octubre, a las 24 horas.
En tiempo y forma, cumpliendo los requisitos y las formalidades señalados en la Ley Federal del Trabajo, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pliego petitorio para la revisión del pacto colectivo e inició, de común acuerdo con la dirección del IMSS, una serie de pláticas para llegar a los consensos necesarios que permitieran, por una parte, resarcir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios; y, por otra, adecuar algunos artículos de los reglamentos que forman parte del CCT, en cuanto a las condiciones de trabajo.
Después de casi dos meses de pláticas serias y responsables, se llegó al consenso de modificar el contenido y la redacción de 23 cláusulas del CCT y 52 artículos de 18 de los reglamentos incorporados a dicho pacto laboral.
Igualmente, se llegó al consenso de aceptar la última y definitiva oferta del IMSS de aumentar los sueldos y las prestaciones de los trabajadores en 4 por ciento directo al sueldo y en 1.25 por ciento a prestaciones económicas.
Esa propuesta de aumento salarial y de modificaciones del clausulado y reglamentos del CCT fue aprobada unánimemente por 906 delegados efectivos al XLII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, el día de su instalación legal, el 9 del presente mes.
Como el IMSS pretendió condicionar la oferta de aumento salarial a que en el mismo proceso se modificara el régimen de jubilaciones y pensiones que está, como todos los reglamentos, incorporado al CCT, el sindicato manifestó su voluntad para revisar dicho régimen en un plazo razonable, lo cual fue ratificado, por votación también unánime, por los 906 delegados efectivos del Congreso Nacional Ordinario.
Esa actitud de presionar al sindicato para que acepte modificar condiciones de jubilación en forma abrupta, sin una reflexión seria y responsable, como condición para acceder a la firma del CCT, sólo demuestra insensibilidad y falta de voluntad política para resolver un problema que puede convertirse en una verdadera emergencia nacional si, al llegar a la fecha límite, nos obligan a estallar una huelga que no deseamos.
El chantaje no puede ser la base de una relación laboral entre la mayor institución de seguridad social del país y el sindicato de trabajadores al servicio de la seguridad social más grande de Latinoamérica.
El sindicato está consciente de las dificultades financieras por las que atraviesa el IMSS, pero también lo está de que la situación laboral con sus trabajadores no es el único ni el más importante de sus problemas.
Los ingresos del Seguro Social para financiar el seguro de enfermedades y maternidad han sido disminuidos en forma muy importante al cambiar la nueva Ley del Seguro Social el mecanismo de aportaciones y cuotas, sobre todo de los patrones, a quienes se ha favorecido en forma desproporcionada.
La contención salarial de los trabajadores afiliados al IMSS, como política económica del Gobierno Federal, no ha permitido que los salarios de los trabajadores se recuperan en relación con el Indice Nacional de Precios al Consumidor y, en consecuencia, los ingresos del seguro de enfermedades y maternidad quedan muy por debajo de los costos de los insumos, el mantenimiento de las unidades y de la prestación de los servicios.
El incremento constante e indiscriminado, sin justificación, del precio de los medicamentos que se requieren para proporcionar una atención a la salud de calidad es otro de los factores muy importantes que está incidiendo en el desfinanciamiento del seguro de enfermedades y maternidad.
La evasión y elusión de los patrones, en cuanto a las cuotas que tienen que aportar a la seguridad social, han sido calculadas por el mismo IMSS en una cantidad equivalente a 20 por ciento del total de sus ingresos, sin que se tomen medidas serias para corregir este que es un problema extraordinariamente importante y depende de soluciones administrativas que tiene que tomar el instituto.
Tratar entonces de centrar el problema financiero en las prestaciones que otorga a sus trabajadores es una irresponsabilidad que no se concibe, cuando lo importante es la preservación de uno de los mecanismos más importantes para otorgar seguridad y salud a los trabajadores de México.
Menos se concibe si se pretende detener o posponer el pago de un raquítico incremento a los sueldos que no restituye el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, a la modificación de condiciones laborales pactadas en el CCT.
No hay oposición del sindicato a revisar el régimen de jubilaciones y pensiones. Lo que queremos y aceptamos es que se revise con seriedad, con objetividad y sin sobredimensionar el impacto real de esta prestación en el conjunto de las finanzas del instituto.
En mérito de las consideraciones expuestas, me permito proponer a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con la solicitud de que se dé trámite de inmediato como asunto de urgente resolución, dado que la fecha para el estallamiento de la huelga está fijada para el primer minuto del 16 de octubre, y la huelga es un derecho de los trabajadores al que no podemos renunciar.
Punto de AcuerdoUnico. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social a que se dé solución a la problemática derivada de la firma de la revisión del contrato colectivo de trabajo entre el IMSS y sus trabajadores, y se evite el inicio de una huelga que afectará la preservación, el cuidado y la recuperación de la salud de los trabajadores y de sus familias.
Dip. Roberto Javier Vega y Galina (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señoras y señores legisladores. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo su intervención en el caso de pescadores del lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán.
El diputado Abdallán Guzmán Cruz:Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Proposición con punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo su intervención en el caso de los pescadores del lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán.
Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones que se enuncian:
En uno de los lagos más antiguos y representativos del paisaje de nuestro país, donde floreció la cultura más importante del occidente de Mesoamérica, Pátzcuaro, se libra desde hace 10 años una lucha que tiene su origen en la falta de comunicación y sentido común de las autoridades ambientales.
En efecto, cuando aparecieron señales de peligro de la extinción de especies en el lago, principalmente de los peces blanco, achoque y acúmara, en 1998 la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión de Pesca del estado de Michoacán, decidieron declarar una veda a la pesca en general de manera unilateral.
La medida parecía justificada, sobre todo si se toma en cuenta que la captura de pez blanco pasó de 125 toneladas en 1982 a poco menos de 10 toneladas en 1998. A cambio las autoridades ambientales, federales y local, ofrecieron un Programa de Empleo Temporal que tuvo reducido impacto ya que llegó demasiado tarde, la veda iniciaría en marzo de 1999 y concluiría en mayo del mismo año, coincidiendo con la época de cuaresma, los meses de mayor flujo de turistas en la región.
Los pescadores isleños y ribereños del lago de Pátzcuaro, integrados por los municipios de Erongarícuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Pátzcuaro, en 1999 aceptaron la medida y mantuvieron siempre una actitud de disposición al diálogo con el fin de mantener el entorno ecológico. La veda se extendió a todas las especies de peces y anfibios a partir del 1o. de marzo hasta el 25 de abril de 2000, facultando a la Profepa para que inspeccionara y vigilara el cumplimiento de la disposición.
En esta ocasión que se instrumentó la veda no se avisó a los pescadores como se había acordado y en lugar de ello la Semarnat y el Grupo de Operativos Especiales de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Michoacán decomisaron los instrumentos de trabajo y los incineraron en el mismo lugar, lo que causó el enojo de la comunidad.
Esto sucedió el 2 de marzo de 2000 entre la isla de Janitzio y la ribera de Cucuchuchu.
Ante tal situación, un grupo aproximadamente de 300 indígenas a bordo de embarcaciones interceptó a los inspectores y los trasladó a la Jefatura de Tenencia de la isla de Janitzio, porque consideraron que se trataba de una violación a su derecho de pesca.
En la Jefatura estuvieron a disposición de los jefes de tenencia de Janitzio los biólogos Ulises Patchs Rivera y Francisco Mendoza García, así como cuatro policías de Seguridad Pública desde las 13:00 horas del 2 de marzo hasta las 13:00 horas del día 3, cuando se presentaron las autoridades del Gobierno de Michoacán, además de representantes de la Profepa e integrantes de la mesa directiva de los pescadores; después de dialogar con las autoridades se liberaron a los inspectores federales y a los policías.
Resultado de estos acontecimientos se libró orden de aprehensión en contra de los miembros de la Unión de Pescadores de las islas del Lago de Pátzcuaro de Michoacán, bajo los cargos de privación ilegal de la libertad, robo y otros, a pesar de haber firmado los asistentes minutas en el sentido de que los detenidos no interpondrían acciones jurídicas en contra...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le ruego concluir diputado.
El diputado Abdallán Guzmán Cruz:Sin embargo, fueron detenidos Aurelio Guzmán Mateo y Leocadio Ascencio Amaya y trasladados al Centro de Readaptación Social de Morelia, fueron sentenciados a la pena de 20 años de prisión y a una multa de 65 mil pesos, mismas que fueron ratificadas en segunda instancia.
Pescadores del lago de Pátzcuaro, organizaciones sociales, solicitaron la intervención del titular del Poder Ejecutivo Federal, Presidente Vicente Fox, para que otorgara el indulto a los indígenas pescadores...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le ruego concluir, señor diputado.
El diputado Abdallán Guzmán Cruz:Ya termino, señor Presidente.
El 1º de febrero, ante la evidencia de atropellos y debido a la presión social, el Presidente Fox otorgó el indulto ordenando su inmediata excarcelación, sin embargo la orden de aprehensión en contra de dos pescadores, Galdino Quiroz Miguel y Gamaliel Ascencio Amaya permanece vigente.
En contra de esta resolución fue presentado un recurso de revisión, mismo que fue turnado al tribunal colegiado de primer circuito con residencia en Morelia; dicho recurso se declaró improcedente.
La solución jurídica más viable es la cancelación de las órdenes de aprehensión con fundamento en el artículo 200 del Código de Procedimientos Penales...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado, le rogamos que concluya, por favor.
El diputado Abdallán Guzmán Cruz:Termino.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los que suscribimos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República para que desista del ejercicio de la acción penal en contra de Galdino Quiroz Miguel y Gamaliel Ascensio Amaya.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de su competencia y a través de la Unidad para Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, gestione de manera inmediata ante las autoridades correspondientes la promoción del sobreseimiento del caso o reclasificación del delito que se describe en las consideraciones expuestas y se decrete la libertad absoluta de los ciudadanos antes mencionados.
Gracias es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Poder Ejecutivo su intervención en el caso de los pescadores del lago de Patzcuaro, Michoacán, presentada por el diputado Abdallan Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del PRD.
Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las consideraciones que se enuncian.
En uno de los lagos más antiguos y representativos del paisaje de nuestro país, donde floreció la cultura más importante del occidente de Mesoamérica, Pátzcuaro, se libra desde hace diez años una lucha que tiene su origen en la falta de comunicación y sentido común de las autoridades ambientales.
En efecto, cuando aparecieron señales de peligro de extinción de especies en el lago, principalmente de los peces blanco, achoque y acúmura, en 1998, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión de Pesca de Michoacán decidieron declarar una veda a la pesca en general de manera unilateral. La medida parecía justificada, sobre todo si se toma en cuenta que la captura de pez blanco pasó de 125 toneladas en 1982 a poco menos de 10 en 1998.
A cambio, las autoridades ambientales federales y locales ofrecieron un programa de empleo temporal, que tuvo reducido impacto, ya que llegó demasiado tarde. La veda iniciaría en marzo de 1999 y concluiría en mayo del mismo año, coincidiendo con la época de cuaresma, los meses de mayor flujo de turistas en la región.
Los pescadores isleños y ribereños del lago de Pátzcuaro, integrado por los municipios de Erongarícuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Pátzcuaro, aceptaron en 1999 la medida y mantuvieron siempre una actitud de disposición al diálogo con el fin de mantener el entorno ecológico.
La veda se extendió a todas las especies de peces y anfibios a partir del 1 de marzo y hasta el 25 de abril de 2000, facultando a la Profepa para que inspeccionara y vigilara el cumplimiento de la disposición.
En esta ocasión que se instrumentó la veda no se avisó a los pescadores como se había acordado, y en lugar de ello la Semarnap y el Grupo de Operativos Especiales de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Michoacán decomisaron instrumentos de trabajo y los incineraron en el mismo lugar, lo que causó el enojo de la comunidad; esto sucedió el 2 de marzo de 2000, entre la isla de Janitzio y la ribera de Cucuchuchu.
Ante tal situación, un grupo de alrededor de 300 indígenas, a bordo de sus embarcaciones, interceptó a los inspectores y los trasladó a la Jefatura de Tenencia de la isla de Janitzio, porque consideraron que se trataba de una violación a su derecho a la pesca.
En la Jefatura estuvieron a disposición de la Jefatura de Tenencia de Janitzio: Ulises Pech Rivera y Francisco Mendoza García y cuatro policías de Seguridad Pública, desde las 13 horas del 2 de marzo hasta las trece horas del día 3, cuando se presentaron autoridades del gobierno de Michoacán, representantes de la Profepa e integrantes de la mesa directiva de los pescadores. Después de dialogar con las autoridades se liberó a los inspectores federales y a los policías.
Como resultado de estos acontecimientos se libró orden de aprehensión en contra de miembros de la Unión de Pescadores de las Islas del Lago de Pátzcuaro de Michoacán, bajo los cargos de privación ilegal de la libertad, robo y otros; a pesar de haber firmado los asistentes minutas en el sentido de que los detenidos no interpondrían acciones jurídicas en contra.
Sin embargo, fueron detenidos Aurelio Guzmán Mateo y Leocadio Ascencio Amaya y transladados al Centro de Readaptación Social de Morelia. Fueron sentenciados a una pena de 20 años de prisión, una multa de 65 mil 400 pesos, misma que fue ratificada en segunda instancia.
Pescadores del lago de Pátzcuaro, organizaciones sociales, sus abogados y diputados federales solicitaron la intervención del titular del Poder Ejecutivo federal, Presidente Vicente Fox Quesada, para que otorgara el indulto a los indígenas pescadores.
El 1 de febrero de 2002, ante la evidencia de atropellos y debido a la presión social, el Presidente Fox otorgó el indulto, ordenando su inmediata excarcelación.
Sin embargo, la orden de aprehensión en contra de otros dos pescadores, Miguel Galdino Quirós y Gamaliel Asencio Amaya, permanece vigente. En contra de esta resolución fue presentado un recurso de revisión, mismo que fue turnado al Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito con residencia en la ciudad de Morelia. Dicho recurso se declaró improcedente.
En virtud de lo anterior, los señores Galdino Quirós y Asencio Amaya viven en constante zozobra, ante el temor de que sean detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.
La solución jurídica más viable es la cancelación de las órdenes de aprehensión, con fundamento en el artículo 200 del Código de Procedimientos Penales, el cual establece que si por datos posteriores el Ministerio Público estimare que ya no es procedente una orden de aprehensión, o que debe reclasificarse la conducta o hecho por los cuales se hubiese ejercitado la acción y la orden no se hubiese ejecutado aún, pedirá su cancelación o hará la reclasificación, en su caso, con acuerdo del procurador de Justicia o del funcionario que corresponda, debiendo este acuerdo constar en el expediente; o bien, promover su sobreseimiento y la libertad absoluta del inculpado.
Nuevamente se solicitó al Ejecutivo federal su intervención para cancelar las órdenes de aprehensión de los pescadores indígenas mencionados y el Presidente Fox giró las instrucciones al secretario Santiago Creel Miranda y al titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, los cuales tienen pleno conocimiento del caso e hicieron el compromiso hace más de un año de buscar una pronta solución. Sin embargo, después de varios meses la situación permanece en las mismas condiciones, sin justificación alguna para su retardo.
Consideramos que, al haber resuelto favorablemente con los detenidos que fueron indultados, el Ejecutivo federal sentó un precedente que debe considerarse para que las órdenes de aprehensión pendientes sean dejadas sin efecto. No puede darse un trato diferenciado para un mismo hecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los que suscribimos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoUno. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que desista del ejercicio de la acción penal en contra de Miguel Galdino Quirós y Gamaliel Ascencio Amaya, en virtud de los antecedentes antes expuestos.
Dos. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia y a través de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos gestione de manera inmediata ante las autoridades correspondientes la promoción de sobreseimiento del caso o reclasificación del delito que se describe en las consideraciones expuestas y se decrete la libertad absoluta de los ciudadanos antes mencionados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2003.--- Diputados: Abdallán Guzmán Cruz, Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Alejandro Saldaña Villaseñor, Narciso Agúndez Montaño, Agustín Miguel Alonso Raya, Rosa María Avilés Nájera, Héctor Miguel Bautista López, Francisco Javier Carrillo Soberón, Francisco Chavarría Valdeolivar, Adrián Chávez Ruiz, César Antonio Chávez Castillo, Santiago Cortés Sandoval, Tomás Cruz Martínez, María Angélica Díaz del Campo, Horacio Duarte Olivares, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Rafael Flores Mendoza, Rogelio Franco Castán, Rafael García Tinajero Pérez, María Elba Garfias Maldonado, Ana Lilia Guillén Quiroz, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, María del Rosario Herrera Ascencio, Marcelo Herrera Herbert, María Marcela Lagarde y de los Ríos, J. Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez, Javier Manzano Salazar, Jorge Martínez Ramos, Antonio Mejía Haro, Martha Lucía Mícher Camarena, Francisco Mora Ciprés, Marcos Morales Torres, Inelvo Moreno Alvarez, Juan Pérez Medina, Cristina Portillo Ayala, Carlos Hernán Silva Valdés, Israel Tentory García, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Enrique Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a fin de que instruya a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público para que diseñen de inmediato instrumentos para incorporar a la economía informal a sistemas formales que garanticen seguridad social y se simplifique el régimen fiscal del pequeño contribuyente, hasta por cinco minutos.
El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo:Con permiso de la Presidencia; de los compañeros de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados federales:
Acudo a esta tribuna con la representación de los diputados federales del sector obrero y del estado de Nuevo León de mi partido, el Revolucionario Institucional, a fin de manifestar la profunda preocupación por el desempleo que está creciendo de manera alarmante en todo el país.
En los anexos del pasado informe se dice que la tasa de desempleo abierto a julio de 2003 era del 3.52%, que según el sector empresarial es ya superior al 4% y la tendencia es al aumento.
En este sentido, se informa también que el Gobierno Federal dio a conocer nuevas medidas fiscales presupuestarias y de financiamiento para la ocupación productiva y el au-toempleo.
A través de cinco programas de los cuales en tres de ellos se informa se lograron colocar a 1 mil 543, 2 mil 800 y 2 mil 131 personas respectivamente. Como se puede apreciar, las cifras de colocación son irrisorias y evidencían la falta de resultados del Gobierno Federal en dichos programas.
Según estadísticas que proporciona el INEGI este desempleo está impactando básicamente a los obreros mexicanos quienes ante esta penosa realidad, han emprendido todos sus esfuerzos a buscar la manera de obtener un ingreso que les permita la satisfacción de las necesidades más elementales de sus familias dedicándose a actividades que están consideradas dentro de lo que se ha dado a denominar de economía informal.
El Presidente de la República ha reconocido que el problema del desempleo es el gran reto, que las familias mexicanas se siguen sacrificando ante la falta de una respuesta vigorosa a fondo a este grave problema. Sólo cabe preguntar: ¿hasta cuándo vamos a dar esa respuesta vigorosa?, ¿hasta cuándo se van a seguir sacrificando las familias mexicanas?
Está bien que se reconozca que el crecimiento económico y la generación de empleos han sido insuficientes, pero con el simple reconocimiento no es suficiente, hay que actuar, la realidad es que ante la falta de un empleo dentro de la llamada economía informal, los trabajadores se han visto en la necesidad de realizar toda clase de actividades, como lo ha sostenido el Secretario de Economía.
Estas actividades se desarrollan sin ningún sistema de seguridad social y sin un régimen fiscal que los proteja dejándoseles en total indefensión. Insisto, estos trabajadores han sido desplazados de sus empleos porque no hemos tenido la capacidad de ofrecerles alternativas dignas.
Nos preocupa también que el Ejecutivo Federal informe que se combatirá esta economía informal por las distorsiones que ella ocasiona, por lo que cabría preguntarse: ¿cuál es la posición real?, se combate esta economía informal como lo sostiene el Presidente o se fomenta como un mecanismo para combatir el desempleo como lo sostiene el Secretario de Economía?
No estamos de acuerdo en que el desempleo sea un riesgo de la vida y lo afrontemos como tal, por cierto sin apenarnos.
El sector obrero reclama mayor seriedad, las cifras y los porcentajes no reflejan plenamente el significado de la pobreza y la extrema pobreza que ocasiona la falta de empleo; las cifras son frías y la realidad es muy candente y eventualmente explosiva. Se debe de hacer un mayor esfuerzo como Gobierno ante esta realidad, la economía informal ahí está en todas sus manifestaciones siendo cada vez más, por lo que debemos contar con mecanismos que permitan a quienes se dedican a estas actividades, gozar de la seguridad social, a que ellos y sus familias tienen derecho para una vida digna.
Busquemos procedimientos para esta seguridad social. Por otra parte, la anarquía actual que se está dando en el régimen tributario para el pequeño contribuyente por su complejidad, inhibe el cumplimiento de estas obligaciones y coloca al contribuyente en la disyuntiva del no pago y eventualmente de la ilegalidad.
Por ello, se propone se implementen mecanismos simplificados de recaudación para el pequeño contribuyente, quizá volver al Sistema de Cuota Fija entre otros, dejando los sistemas sofisticados de recaudación cibernética para el contribuyente mayor.
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fin de que instruya a las secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y Trabajo y Previsión Social, para que diseñen de inmediato instrumentos para incorporar a la Economía Informal, temas formales que garanticen a quienes se dedican a estas actividades ahora informales, Seguridad Social y se simplifique el régimen fiscal del pequeño contribuyente.
Diputados federales por el sector obrero y del estado de Nuevo León del Partido Revolucionario Institucional.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que instruya a las secretarias de Economía, y de Hacienda y Crédito Publico a que diseñen de inmediato instrumentos para incorporar la economía informal a sistemas formales que garanticen a quienes se dedican a estas actividades, ahora informales, seguridad social y se simplifique el régimen fiscal del pequeño contribuyente, presentada por el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 14 de octubre de 2003
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales del sector obrero y del estado de Nuevo León, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, ante esta honorable asamblea presentamos una proposición con punto de acuerdo.
Acudo a esta tribuna con la representación de los diputados federales del sector obrero y del estado de Nuevo León, de mi partido, el Revolucionario Institucional, a fin de manifestar la profunda preocupación por el desempleo que está creciendo de manera alarmante en todo el país.
En los anexos del pasado Informe se dice que la tasa del desempleo abierto a julio del 2003 era del 3.52 por ciento (que, según el sector empresarial, es ya superior al 4 por ciento) y la tendencia es al aumento.
En este sentido se informa también que el Gobierno Federal dio a conocer nuevas medidas fiscales, presupuestarias y de financiamiento para la ocupación productiva y el autoempleo, a través de cinco programas, de los cuales en tres de ellos se informa que se logró colocar a 1,543, 2,800 y 2,131 personas, respectivamente. Como se puede apreciar, las cifras de colocación son irrisorias y evidencian la falta de resultados del Gobierno Federal en dichos programas.
Según estadísticas que proporciona el INEGI, este desempleo está impactando básicamente a los obreros mexicanos, quienes ante esta penosa realidad han emprendido todos sus esfuerzos a buscar la manera de obtener un ingreso que les permita la satisfacción de las necesidades más elementales de sus familias. Dedicándose a actividades que están consideradas dentro de lo que se ha dado en denominar la ``economía informal''.
El Presidente de la República ha reconocido que el problema del desempleo es el gran reto. Que ``las familias mexicanas se siguen sacrificando ante la falta de una respuesta vigorosa, de fondo, a ese grave problema''.
Sólo cabe preguntar: ¿hasta cuándo vamos a dar esa respuesta vigorosa; hasta cuándo se va a seguir sacrificando a las familias mexicanas?
Está bien que se reconozca que el crecimiento económico y la generación de empleos han sido insuficientes, pero el simple reconocimiento no es suficiente, hay que actuar.
La realidad es que, ante la falta de un empleo dentro de la llamada economía formal, los trabajadores se han visto en la necesidad de realizar toda clase de actividades dentro de la llamada economía informal, como lo ha sostenido el secretario de Economía.
Estas actividades se desarrollan sin ningún sistema de seguridad social y sin un régimen fiscal que los proteja, dejando en total indefensión a dichos trabajadores que, insisto, son esencialmente trabajadores que han sido desplazados de sus empleos y a los que no hemos tenido la capacidad para ofrecer alternativas.
Nos preocupa también que el Ejecutivo Federal informe que se combatirá esta economía informal por las distorsiones que ocasiona. Por lo que cabría preguntarse: ¿cuál es la posición real: se combate esta economía informal, como sostiene el Presidente, o se fomenta como un mecanismo para combatir el desempleo, como sostiene el secretario de Economía?
No estamos de acuerdo en que el desempleo sea un riesgo de la vida y lo afrontemos como tal; por cierto, sin apenarnos.
El sector obrero reclama mayor seriedad de los integrantes del gabinete en estos temas tan delicados. No es con ocurrencias como se puede enfrentar este grave problema del desempleo.
Las cifras y los porcentajes no reflejan plenamente el significado de la pobreza y la extrema pobreza que ocasiona la falta de empleo. Las cifras son frías y la realidad es muy candente y eventualmente explosiva.
Se debe hacer un mayor esfuerzo como gobierno ante esta realidad, la economía informal ahí está en todas sus manifestaciones, creciendo cada vez más, por lo que debemos contar con mecanismos que permitan que quienes se dedican a estas actividades gocen de la seguridad social a que ellos y sus familias tienen derecho para una vida digna. Busquemos procedimientos para dar esta seguridad social y facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones.
Por otra parte, la anarquía actual que se está dando en el régimen tributario para el pequeño contribuyente, por su complejidad, inhibe el cumplimiento de estas obligaciones y coloca al contribuyente en la disyuntiva del no pago y eventualmente de la ilegalidad.
Debemos contar con un sistema de recaudación fiscal eficiente para este pequeño contribuyente, que atiendan a nuestra realidad particular, siempre pensando en el contribuyente, en hacerle fácil el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no sólo la comodidad de las instancias recaudadoras, o el afán de modernizar sólo por la modernidad.
Procedimientos improvisados, o no probados suficientemente en su aplicación, como el implementado a través de medios cibernéticos, lejos de facilitar el cumplimiento de las obligaciones, las obstaculizan por su complejidad. Dejando la autoridad de recaudar elevadas sumas por esta ineficiencia.
Por ello se propone que se implementen mecanismos simplificados de recaudación para el pequeño contribuyente (quizás volver al sistema de cuota fija, entre otros), dejando los sistemas sofisticados de recaudación cibernética para el contribuyente mayor.
Es necesario que también, paralelamente a la revisión del régimen fiscal del pequeño contribuyente, se reviviesen los términos de proporcionalidad y equidad para que todos podamos cumplir adecuadamente nuestras obligaciones tributarias.
Actualmente existe, de manera genérica, la exención de impuestos a aquellos trabajadores con un ingreso de hasta 4 salarios mínimos, que cuando son rebasados son sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta. Esta base se convierte en realidad en 3, porque dentro de los 4 se toman en cuenta la totalidad de las prestaciones. En este sentido, el sector obrero de mi partido presentará ante esta asamblea una iniciativa de ley tendiente a modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para disminuir la carga impositiva de los trabajadores, incrementando hasta los 5 salarios mínimos la base de obligación tributaria de los trabajadores sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta.
Punto de AcuerdoUnico.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fin de que instruya a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a que diseñen de inmediato instrumentos para incorporar a la economía informal a sistemas formales, que garanticen a quienes se dedican a estas actividades, ahora informales, seguridad social y se simplifique el régimen fiscal del pequeño contribuyente.
Diputados federales por el sector obrero y por el estado de Nuevo León de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de octubre de 2003.--- Diputados: Eduardo Bailey Elizondo (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora, Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Alfonso González Ruiz, Adrián Villagómez García (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa, Héctor Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado, Margarita Martínez López (rúbrica), Carlos Mireles Morales (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial de seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo.
El diputado Víctor Suárez Carrera:Con su permiso, señor Presidente; estimadas compañeras y compañeros legisladores:
En representación de 125 diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias de esta legislatura, me permito hacer la siguiente propuesta con punto de acuerdo por la que se crea la Comisión Especial de Seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo de esta Cámara de Diputados.
Los suscritos, diputados federales de las diversas fracciones parlamentarias en esta Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 inciso C, 42 y 43 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, venimos a hacer del conocimiento del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con fundamento en los siguientes:
Antecedentes
El pasado 28 de abril del presente año fue suscrito el Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía Alimentaria entre el Ejecutivo Federal y las organizaciones campesinas de agricultores y de pobladores rurales del país, contando con adhesión de 27 gobernadores estatales.
Dicho acuerdo fue firmado también por las directivas de las comisiones de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados y como testigos de honor por los presidentes de ambas Cámaras del Congreso General.
Este Acuerdo Nacional para el Campo fue resultado de la movilización, la capacidad propositiva y de diálogo de las organizaciones campesinas y de agricultores del país, aunadas a la disposición de negociación del Ejecutivo Federal para atender la emergencia económica, social y ambiental del sector así como para acordar las bases de una nueva política de Estado para el sector agroalimentario y un nuevo trato entre la sociedad urbana y la sociedad rural.
El Acuerdo Nacional para el Campo es un paso importante para atender la crisis sectorial para avanzar en la revalorización de la agricultura y la incorporación de la sociedad rural en un nuevo proyecto de nación y considerar al campo como verdadera prioridad nacional.
En este sentido, se incorporó en el propio acuerdo un apartado para el seguimiento y evaluación del mismo destacando los compromisos establecidos en los numerales 279, 280 y 281 relativas a la creación y funcionamiento de una comisión de seguimiento del acuerdo de alto nivel que tuvo vigencia hasta el 30 de septiembre del año en curso.
Este acuerdo supone la construcción de una verdadera política de Estado para el sector rural en la que la Cámara de Diputados no puede permanecer al margen de su construcción, seguimiento y evaluación. El acuerdo aún se encuentra en su fase inicial de cumplimiento y está por cumplirse la parte más importante de los compromisos referidos a las reformas estructurales entre las que sobresalen las siguientes:
La recuperación de la soberanía alimentaria, por lo que es necesario evaluar el impacto del Capítulo Agropecuario del TLC y los efectos en el comercio trinacional y la rentabilidad de los productores nacionales de los subsidios internos establecidos en la Ley de Seguridad Alimentaria e Inversión 2002 de Estados Unidos.
La aprobación de las iniciativas de ley y modificación al orden jurídico vigente que permitan una planeación y presupuestación agropecuaria multianual.
Las reformas estructurales para una nueva política de Estado agroalimentaria y de desarrollo rural sustentable que por su propia naturaleza requieren de un trabajo continuo a lo largo de los próximos años.
La reestructuración de las instituciones vinculadas al de-sarrollo de la sociedad rural, dada la complejidad y número de compromisos, 282, que constituyen el acuerdo, el atraso en su cumplimiento reconocido por el Ejecutivo Federal y las organizaciones signantes y que es ineludible el compromiso de esta Cámara de Diputados de participar corresponsable y constructivamente en el ámbito de sus facultades y atribuciones en el seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a esta Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo de la Cámara de Diputados, cuyo objeto será contribuir al pleno cumplimiento de dicho acuerdo, así como para su evaluación integral y en concurrencia y con respecto a sus correspondientes ámbitos de competencia con el Poder Ejecutivo Federal, los ejecutivos estatales y las propias organizaciones campesinas de productores de pobladores rurales integrantes de las cadenas agroalimentarias.
Segundo. La comisión se auxiliará para el desarrollo de sus trabajos de las instancias especializadas de la Cámara de Diputados, solicitará el apoyo de las instituciones pertinentes del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos de las entidades federativas y promoverá el establecimiento de una vinculación institucional, sistemática y permanente...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le ruego, concluir señor diputado.
El diputado Víctor Suárez Carrera:De esta Cámara con las instituciones nacionales de educación superior y de investigación, centros de investigación y expertos cuyos conocimientos especializados contribuirán al desarrollo de las tareas encomendadas a dicha comisión.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo, presentada por el diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD.
Los suscritos diputados federales, de los diversos grupos parlamentarios en la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales dos y tres, de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, vienen a hacer del conocimiento del Pleno proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con fundamento en los siguientes
AntecedentesEl 28 de abril del presente año fue suscrito el Acuerdo Nacional para el Campo: por del Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía Alimentaria, entre el Ejecutivo Federal y las organizaciones campesinas, de agricultores y de pobladores rurales del país, contando con la adhesión de 27 gobernadores estatales. Dicho acuerdo fue firmado también por las Directivas de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados y, como testigos de honor, por los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso General.
El Acuerdo Nacional para el Campo fue el resultado de la movilización, la capacidad propositiva y de diálogo de las organizaciones campesinas y de agricultores del país, aunadas a la disposición de negociación del Ejecutivo Federal para atender la emergencia económica, social y ambiental del sector, así como para acordar las bases de una nueva política de Estado para el sector agroalimentario y un nuevo trato entre el Estado, la sociedad urbana y la sociedad rural.
El Acuerdo Nacional para el Campo es un paso importante para atender la crisis sectorial, para avanzar en la revalorización de la agricultura y la incorporación de la sociedad rural en un nuevo proyecto de nación, y considerar el campo verdadera prioridad nacional.
En este sentido, se incorporó en el acuerdo un apartado para su seguimiento y evaluación, destacando los compromisos establecidos en los numerales 279, 280 y 281, relativos a la creación y el funcionamiento de una Comisión de Seguimiento del Acuerdo de alto nivel, que tuvo vigencia hasta el 30 de septiembre del año en curso.
El numeral 276 del acuerdo establece: ``Los firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo promoverán ante el H. Congreso de la Unión, con estricto respeto a su soberanía y marco normativo, la creación de una comisión, o la asignación de funciones de las ya constituidas, con objeto de dar seguimiento y la evaluación de los resultados de este Acuerdo Nacional para el Campo''.
El acuerdo supone la construcción de una verdadera política de Estado para el sector rural; la H. Cámara de Diputados no puede permanecer al margen de su construcción, seguimiento y evaluación.
El acuerdo se encuentra en una fase inicial de cumplimiento y aún está por cumplirse la parte más importante de los compromisos, referidos a las reformas estructurales, entre los que sobresalen los siguientes:
La recuperación de la soberanía alimentaria, para lo que es necesario evaluar el impacto del Capítulo Agropecuario del TLCAN, y los efectos en el comercio trinacional y la rentabilidad de los productores nacionales, de los subsidios internos establecidos en la Ley de Seguridad Alimentaria e Inversión 2002 de Estados Unidos;
La aprobación de las iniciativas de ley y modificaciones al orden jurídico vigente, que permitan una planeación y presupuestación agropecuaria multianual;
Las reformas estructurales para una nueva política de Estado agroalimentaria y de desarrollo rural sustentable, que por su propia naturaleza requieren un trabajo continuo a lo largo de los próximos años;
El establecimiento de las bases jurídicas e institucionales de una política integral de Estado en la materia;
La eliminación de las asimetrías y desigualdades entre el desarrollo de la sociedad rural y la urbana; y, por último
La reestructuración de las instituciones vinculadas al desa-rrollo de la sociedad rural.
Dada la complejidad y número de compromisos (282) que constituyen el acuerdo y el atraso de su cumplimiento, reconocido por el Ejecutivo Federal y las organizaciones signantes, es ineludible el compromiso de la honorable Cámara de Diputados de participar corresponsable y constructivamente, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, en el seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se crea la Comisión Especial de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo de la honorable Cámara de Diputados, cuyo objeto será contribuir al pleno cumplimiento de dicho acuerdo, así como para su evaluación integral, en concurrencia y con respeto a sus correspondientes ámbitos de competencia con el Poder Ejecutivo Federal, los Ejecutivos estatales y las propias organizaciones campesinas, de productores, de pobladores rurales e integrantes de las cadenas agroalimentarias.
Segundo. La Comisión se auxiliará para el desarrollo de sus trabajos en las instancias especializadas de la H. Cámara de Diputados; solicitará el apoyo de las instituciones pertinentes del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos de las entidades federativas; y promoverá el establecimiento de una vinculación institucional, sistemática y permanente de esta H. Cámara de Diputados con instituciones nacionales de educación superior e investigación, centros de investigación y expertos, cuyos conocimientos especializados contribuirán al desahogo de las tareas encomendadas a dicha Comisión.
Tercero. La Comisión Especial de Seguimiento estará vigente hasta que se haya dado cumplimiento cabal a todos los puntos del Acuerdo Nacional para el Campo o al concluir la presente Legislatura.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 14 de octubre de 2003.--- Diputados: Víctor Suárez Carrera, Alfonso Ramírez Cuéllar, Rafael Galindo Jaime, Pascual Sigala Páez, Rosario Herrera Ascencio, Esteban Valenzuela García, Cruz López Aguilar, Javier Castelo Parada, Nancy Cárdenas Sánchez, Valentín González Bautista, Gonzalo Ruiz Cerón, Antonio Mejía Haro, Clara Marina Brugada Molina, Julio Boltvinik Kalinka, Pablo Gómez Alvarez, Manuel Camacho Solís, Iván García Solís, Gilberto Ensástiga Santiago, José Luis Cabrera Padilla, Angélica Díaz del Campo, Francisco Javier Carrillo Soberón, Elpidio Tovar de la Cruz, Tomás Cruz Martínez, Horacio Duarte Olivares, Marcela Lagarde y de los Ríos, Martha Lucía Mícher Camarena, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Eduardo Espinoza Pérez, Valentín González Bautista, José Luis Naranjo Quintana, Miguel Luna Hernández, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Amalia Dolores García Medina, Francisco Amadeo Espinosa, Marcos Morales Torres, Pablo Franco Hernández, Francisco Javier Obregón Espinoza, Susana Manzanares Córdova, Emilio Serrano Jiménez, Julio César Córdova Martínez, Fermín Trujillo Fuentes, Juan José García Ochoa, Diana Bernal Ladrón de Guevara, Edgar Torres Baltazar, Minerva Hernández Ramos, Bernardino Ramos Iturbide, Angélica de la Peña Gómez, Agustín Rodríguez Fuentes, Gerardo Ulloa Pérez, Rafael García Tinajero, Margarito Fierros Tano, Elba Garfias Maldonado, César Chávez Castillo, Abraham Bagdadi Estrella, Enrique Torres Cuadros, Aballán Guzmán Cruz, Juan Pérez Medina, Inelvo Moreno Alvarez, Zeferino Torreblanca Galindo, Yadira Serrano Crespo, Javier Salinas Narváez, Emilio Zebadúa González, Israel Tentory García, Ana Lilia Guillén Quiroz, Irma Figueroa Romero, Horacio Martínez Meza, Francisco Saucedo Pérez, Gelacio Montiel Fuentes, Francisco Mora Ciprés, Sergio Magaña Martínez, René Arce Islas, Daniel Ordóñez Hernández, Omar Ortega Alvarez, Cristina Portillo Ayala, Francisco Chavarría Valdeolivar, Marbella Casanova Calam, Luis Medina Lizalde, Socorro Díaz Palacios, Rafael Flores Mendoza, Miguel Alonso Raya, Héctor M. Bautista López, Luis Felipe Madrigal Hernández, Rosa María Avilés Nájera, Rocío Sánchez Pérez, Lizbeth Rosas Montero, Adrián Chávez Ruiz, Santiago Cortés Sandoval, Dolores Gutiérrez Zurita, Miguel Angel García Domínguez, Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Alejandro González Yáñez, Carlos Silva Valdés, Lázaro Arias Martínez, Javier Guízar Macías, Hugo Rodríguez Díaz, María Elena Scherman Leaño, Evelia Sandoval Urbán, Arturo Nahle García, Jesús Martínez Alvarez, Jesús González Schmal, Miguel Angel Osorio Chong, Gonzalo Alemán Migliolo, Sergio Posadas Lara, Alejandro Saldaña Villaseñor, Miguel Amezcua Alejo, Oscar Martín Ramos Salinas, José Alfonso Muñoz Muñoz, Jesús Zúñiga Romero, Alfonso Sánchez Hernández, Esteban Valenzuela García, Francisco Alberto Jiménez Merino, Jesús Morales Flores, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Sara Rocha Medina (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene el uso de la palabra el diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que realice las acciones pertinentes, con el objeto de evitar la utilización de los betaanálogos con fines zootécnicos.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; amigos de los medios que nos acompañan:
Pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo con una preocupación reflejada directamente en la gente que consume carne. Directamente porque no ha habido una respuesta a través de la Secretaría de Hacienda, a través de la Secretaría de Comercio, para controlar la introducción de grandes cargamentos de anabólicos, directamente glenbuterol.
Esto no tiene, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco años; estamos hablando de muchos años donde desleales productores ganaderos, hacen y utilizan este tipo de anabólicos para tener grandes y excesivas ganancias, exponiendo la salud, la salud de gran grupo de mexicanos y es por ello que pongo a su consideración este punto de acuerdo económico, con los siguientes considerandos.
Dado que ha sido nula la participación por parte de la Secretaría de Comercio, por parte de la Secretaría de Hacienda, directamente en lo que corresponde a las fronteras y puertos mexicanos, se han girado, se han hecho, innumerables normas oficiales mexicanas, pero ninguna ha contribuido, ninguna ha podido atajar este gran problema, en los
Considerandos
Primero. Que la práctica de incorporar aditivos alimenticios modificadores del metabolismo animal en la dieta de los animales destinados para el consumo humano, se sigue dando en el país sin que exista un mecanismo oficial que garantice su adecuado y prudente uso.
Segundo. Que consecuentemente, se sigue dando un problema de círculo vicioso, identificado como una demanda por parte de cierto grupo de tablajeros, en el sentido de preferir o requerir canales de bovino producidos bajo el efecto de este tipo de aditivos. Con esto quiero abundar en lo siguiente: muchas veces los pequeños productores son presionados por los mismos introductores, a que utilicen este tipo de anabólicos para la conformación del animal y así tener un mejor precio con los tablajeros.
Tercero. Que representa un riesgo para la salud pública el mal uso de aditivos alimenticios modificadores del metabolismo con fines zootécnicos.
Cuarto. Que el público consumidor no dispone de elementos de información que le permitan la diferencia entre carne producida bajo el uso de aditivos alimenticios y productos químicos.
Aquí tenemos un gran problema. Por un lado, la Sagarpa regulariza y autoriza la norma oficial para el zilpalterol, mientras que tenemos de forma clandestina el glenbuterol. Y es la confusión, dado que no podemos diferenciar un animal engordado con glembuterol y otro con zilpalterol.
Quinto. Que la solicitud de registro de fármacos, químicos, biológicos y aditivos para uso alimenticio en animales, obedece a un interés unilateral, sin un requisito de justificación de demanda del mercado por parte de los miembros de la cadena alimenticia, potencialmente beneficiarios o afectados con su aprobación.
Sexto. Que en los requisitos actuales para registro no se solicita un estudio de impacto en la rama de la industria alimentaria en cuestión y
Séptimo. Que bajo la normatividad y legislación actual no existe un marco que obligue a instituciones y dependencias algunas, a implementar un sistema de monitoreo, control y vigilancia que garantice el uso del producto bajo las condiciones en las que se les autorizó.
Se dice que entran grandes cantidades a través de los puertos mexicanos y nadie tiene un control, nadie tiene una bitácora, nadie tiene un seguimiento para qué y para quiénes se está utilizando este tipo de productos.
Se sabe también que en la industria de la farmacia es mínima la utilización, sin en cambio entran toneladas y toneladas de esta clase de anabólicos.
Octavo. Que el marco normativo y legal actualmente existente ha generado un nivel de cuestionamiento a la eficiencia con la que se puede garantizar el ofrecimiento de alimentos inocuos a la población y
Noveno. Que la normatividad existente para regular el registro de fármacos, químicos, biológicos y aditivos para su uso alimenticio en animales, da lugar a interpretaciones de criterio de las autoridades y por ende, crea la posibilidad de decisiones de beneficio unilateral, además de ocasionar inexactitudes e inconsistencias en la metodología.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicítese al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ordene el retiro del mercado de todos los beta análogos existentes para uso zootécnico, hasta un tanto no revise con exactitud el daño que hacen a la salud pública.
Segundo. Solicítese al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, suspenda la autorización de nuevos registros en cualquier forma y presentación, mientras prevalezca esta situación de incapacidad jurídica y técnica dentro de las dependencias responsables de garantizar su buen manejo.
Tercero. Solicítese al Ejecutivo Federal instrucciones a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Salud, Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda, a fin de que sea instaurada una comisión revisora integrada por representantes de estas Secretarías para que sea verificado el marco jurídico actual referente al uso, registro y manejo residual de los betaanálogos.
Es cuanto, diputado Presidente.
El de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo.
Hago entrega del siguiente punto de acuerdo económico.
«El suscrito, diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita al Ejecutivo Federal que realice las acciones que a continuación se presentan, con el objeto de evitar la utilización de los betaanálogos con fines zootécnicos, para lo cual se presenta la siguiente:
Exposición de Motivos1. El persistente uso ilegal de betaanálogos con fines zootécnicos, a pesar de las acciones implementadas hasta la fecha, es prueba fehaciente del fracaso que las mismas han tenido en su objetivo de erradicar este programa;
2. Desafortunadamente la alerta que se presentó a fines del año pasado, cuando en varias regiones del país se diagnosticaron 195 casos ``registrados oficialmente'' de intoxicaciones presentadas en humanos por consumo de clenbuterol residual en tejidos de origen animal (hígado principalmente) sólo dio como consecuencia una tibia reacción de la autoridad, que obligó a emitir la norma emergente NOM-EM-015-ZOO-2002 publicada en el diario oficial de la federación en marzo del año 2000, y que terminó el mismo mes del presente año, sin que se hayan realizado acciones concretas que permitan erradicar la utilización de estos productos. Tal pareciera que para la autoridad la palabra prevención no existe.
3. Sin embargo, a pesar de que las autoridades conocen los riesgos que representa para la salud pública la utilización de estos productos, se sigue autorizando la utilización de betaanálogos como el zilpalterol o la ractopamina, del cual la autorización de registro ya se encuentra en proceso en la Sagarpa.
Estas autorizaciones que emite la Sagarpa se realizan sin tomar en cuenta en su decisión el impacto que el uso comercial del producto pudiera tener en el mantenimiento de la inocuidad alimentaria en la cadena, además de la muy grave deficiencia de no disponer de la capacidad de diagnóstico específico de los residuos de estos productos en todo los tejidos de origen animal potencialmente consumibles por nuestra población.
Si a esto le sumamos que las empresas distribuidoras de betaanálogos con registro no aceptan retirar voluntariamente su producto del mercado, hasta no analizar bien el origen de esta problemática y presentar las acciones conjuntas que deben llevarse a cabo que garanticen, de ser factible, la buena incorporación de esta tecnología.
Tal ha sido la ineficacia de la Sagarpa, que aun inmersos en una problemática ya detectada de irregularidades en el uso de betaanálogos en la cadena de la carne de bovino, otorgan su visto bueno para que un segundo betaanálogo sea autorizado en México para su uso en cerdos (ractopamina).
4. La Secretaría de Economía permite la importación de clenbuterol al país como producto restringido, pero obviamente los volúmenes que se pueden justificar para su uso terapéutico en pacientes asmáticos por ejemplo, en nada justificarían los volúmenes de importación, mucho menos los de contrabando, y además supuestamente no ha habido una acción simultánea de esta dependencia para apoyar en la identificación y auditoría de los importadores registrados que ayudara a identificar los posibles canales de distribución de los betaanálogos.
5. Con el único objeto de eliminar este factor potencial de riesgo a la salud humana es que el de la voz solicita al Ejecutivo tres acciones inmediatas que permitirán la suspensión de la utilización de estos productos, así como iniciar con las investigaciones tanto en el área técnica como en el área jurídica, enfocadas a la solución del problema de abuso en la aplicación de betaanálogos como substancias anabólicas del tejido muscular del ganado.
6. Como primer punto, la formación de una comisión revisora del marco jurídico actual referente al registro de fármacos, biológicos y aditivos alimenticios para uso zootécnico, convocando a representantes de Sagarpa, Secretaría de Salud, Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda, siendo estas las secretarías involucradas, para la revisión de las siguientes normas:
I. NOM-004-ZOO-1994: Control de residuos tóxicos en carne, grasa, hígado y riñón de bovinos, equinos, porcinos y ovinos. La justificación inicial de revisión de esta norma estriba en el hecho de que no incluye la revisión de otros tejidos de origen animal potencialmente consumibles por la sociedad, tejidos que se convierten en estructuras breves del proceso de eliminación de metabolitos provenientes del uso de betaanálogos.
Además se requiere incluir en esta norma los límites máximos permisibles para betaanálogos potencialmente utilizables;
II. NOM-012-ZOO-1993. Especificaciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Se requiere actualizar-revisar los requisitos impuestos a productos de importación, enfatizando en requerimientos insustituibles de libre certificado de uso en el país de origen, como una medida de evaluación del impacto introducido en la cadena alimentaria con su adopción; y,
III. NOM-061-ZOO-1999. Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para consumo animal. Una revisión muy en particular sobre el concepto incluido en esta norma referente a la especificación del requisito de prohibición de un producto, el cual debe cumplir con una condición ``comprobada'' de efecto nocivo, postura que es totalmente contradictoria e incongruente con un principio precautorio de salud pública. En esta misma norma, sopesar el inconveniente que causa especificar requisitos cuando se cubren productos tan disímbolos como fármacos, biológicos y alimenticios y, de ser necesario, emitir normas específicas.
7. Como segunda propuesta del presente acuerdo está el retiro del mercado de todos los betaanálogos existentes para uso zootécnico, eliminando así un elemento de distorsión del mercado. Y es que mientras exista el acceso a un producto autorizado, este servirá de pretexto para seguir demandando canales con conformaciones especiales, al mismo tiempo que sirve para encubrir el uso de productos no autorizados; y,
8. Como último punto, se solicita la suspensión inmediata de nuevos registros a betaanálogos, en cualquier forma y presentación, mientras prevalezca esta situación de incapacidad jurídica y técnica de las dependencias responsables en garantizar su buen manejo.
En relación con lo anterior es que se exponen los siguientes:
ConsiderandosPrimero. Que la práctica de incorporar aditivos alimenticios modificadores del metabolismo animal en la dieta de los animales destinados al consumo humano se sigue dando en el país, sin que exista un mecanismo oficial que garantice su adecuado y prudente uso;
Segundo. Que consecuentemente se sigue dando un problema de ``círculo vicioso'' identificado como una demanda por parte de cierto grupo de tablajeros en el sentido de preferir y/o requerir canales de bovino producidas bajo el efecto de este tipo de aditivos alimenticios, y que esto ha obligado a los ganaderos a enfrentar una competencia desleal entre los que prefieren acatar las disposiciones gubernamentales al respecto, y los que no;
Tercero. Que representa un riesgo para la salud pública el mal uso de aditivos alimenticios modificadores del metabolismo con fines zootécnicos;
Cuarto. Que el público consumidor no dispone de elementos de información que le permitan diferencia entre carne producida bajo el uso de aditivos alimenticios y/o productos químicos de aplicación parenteral modificadores de metabolismo con fines zootécnicos y la que no ha sido sujeta a este tipo de procesos, de tal forma que pueda ejercer a voluntad su derecho de elección;
Quinto. Que la solicitud de registro de fármacos, químicos, biológicos y aditivos para uso alimenticio en animales obedece a un interés unilateral, sin un requisito de justificación de demanda del mercado por parte de los miembros de la cadena alimentaria potencialmente beneficiarios y/o afectados con su aprobación;
Sexto. Que en los requisitos actuales para registro no se solicita un estudio de impacto en la rama de la industria alimentaria en cuestión;
Séptimo. Que bajo la normatividad y legislación actual no existe un marco que obligue a institución y dependencia alguna a implementar un sistema de monitoreo, control y vigilancia que garantice el uso del producto bajo las condiciones en las que se autorizó;
Octavo. Que el marco normativo y legal actualmente existente ha generado un alto nivel de cuestionamientos a la eficiencia con que se puede garantizar el ofrecimiento de alimentos inocuos a la población; y
Noveno. Que la normatividad existente para regular el registro de fármacos, químicos, biológicos y aditivos para uso alimenticio en animales da lugar a interpretaciones de criterio de las autoridades y, por ende, crea la posibilidad de decisiones de beneficio unilateral, además de ocasionar inexactitudes e inconsistencias en la metodología.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero.- Solicítese al Ejecutivo Federal que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ordene el retiro del mercado de todos los betaanálogos existentes para uso zootécnico, hasta en tanto no se revise con exactitud el daño que hacen a la salud pública;
Segundo. Solicítese al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación suspenda la autorización de nuevos registros en cualquier forma y presentación mientras prevalezca esta situación de incapacidad jurídica y técnica de las dependencias responsables en garantizar su buen manejo; y,
Tercero. Solicítese al Ejecutivo Federal que dé instrucciones a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Salud; Secretaría de Economía, y Secretaría de Hacienda, a fin de que sea instaurada una Comisión Revisora integrada por representantes de estas secretarías para que sea verificado el marco jurídico actual referente al uso, registro y manejo residual de los betaanálogos.
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica).»
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.Tiene la palabra el diputado Alfonso Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la auditoría ambiental al complejo termoeléctrico ``Presidente Adolfo López Mateos'', de Tuxpan, Veracruz.
El diputado Alfonso Sánchez Hernández:Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputadas y diputados de esta Cámara.
El suscrito, diputado Alfonso Sánchez Hernández, en nombre de la diputación federal veracruzana del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, 36 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; segundo y duodécimo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Integración del Orden del Día, las Discusiones y las Votaciones, nos permitimos someter al Pleno de esta soberanía lo siguiente:
Desde hace 18 años la zona norte el estado de Veracruz tuvo la oportunidad de verse beneficiada con la instalación de un gran proyecto por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que fue el complejo termoeléctrico ``Adolfo López Mateos'' en Tuxpan, Veracruz; desgraciadamente, en la actualidad la población aledaña sufre su más grande decepción al verse dañada en sus actividades (de pesca, agricultura, ganadería y citricultura, caminos, etcétera) y en su salud, como infecciones gastrointestinales, dermatológicas y otro tipo de enfermedades.
Es evidente el grave daño provocado por la contaminación derivada del complejo termoeléctrico ``Presidente Adolfo López Mateos'' de Tuxpan, Veracruz, y por las afectaciones al medio ambiente en general, principalmente al ramo de la pesca y agricultura, ganadería y citricultura, así como a las múltiples denuncias ciudadanas, ya que se ha visto disminuida considerablemente la producción, así también como daños a los caminos de acceso a dicho complejo, para lo cual éstos tuvieron que fraccionar las tierras ejidales de los alrededores.
Es por eso que hacemos un enérgico llamado para que este grave problema sea detenido inmediatamente.
Es claro que la Comisión Federal de Electricidad ha hecho caso omiso a esta problemática, ya que a pesar de estar debidamente acreditado que dicho complejo termoeléctrico en sus actividades no ha sido cuidadoso para respetar los principios de un desarrollo sustentarle eficiente, no ha hecho el más mínimo esfuerzo para subsanar las lesiones provocadas a la sociedad.
Los campesinos y pescadores de esa zona, al verse amenazados por el deterioro ecológico que el complejo viene provocando, han realizado diversas manifestaciones, trayendo como consecuencia graves contingencias, como son bloqueos a los accesos a dicha termoeléctrica.
La Comisión Federal de Electricidad se ha comprometido a otorgar diversas demandas, entre ellas un estudio de impacto ambiental, lo cual arrojaría un resultado de los daños ecológicos provocados a la zona sin que hasta el momento se haya cumplido.
Con base en esta consideración, me permito proponer a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnap), con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 4 y 5, fracción XVIII, y 6 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la auditoría ambiental al complejo termoeléctrico ``Presidente Adolfo López Mateos'' de la Comisión Federal de Electricidad, situado en el municipio de Tuxpan, Veracruz, y se determine en definitiva las afectaciones al medio ambiente, que desde su construcción en 1985 ha provocado, según denuncias públicas de los habitantes y vecinos afectados que residen en los diferentes municipios aledaños a este complejo industrial eléctrico.
Por lo que los legisladores integrantes de la diputación federal veracruzana del grupo parlamentario del PRI, firman: diputados: Alfonso Sánchez Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Pablo Anaya Rivera, Guillermo Zorrilla Fernández, Ernesto Alarcón Trujillo, Miguel A. Yunes Linares.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concluya los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo y Motozintla-Niquivilpavencul, todos ellos en el estado de Chiapas.
¿Se encuentra el diputado Belizario Iram Herrera Solís..?
Por no encontrarse el diputado Belizario Iram Herrera y la diputada María Cristina Díaz Salazar, se posponen estos dos puntos de acuerdo y procederíamos a la solicitud de excitativas.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Excitativas a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD.
El suscrito, doctor Rafael García Tinajero, diputado federal, en nombre de los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito presentar a esta soberanía la solicitud de excitativa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social para que dictaminen la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el segundo párrafo del artículo 25 y reforma el artículo 106 de la Ley del Seguro Social, relativos al régimen financiero del seguro de enfermedades y maternidad, al tenor siguiente
I. Antecedentesa) En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 5 de noviembre del 2002, el diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el segundo párrafo del artículo 25 y reforma el artículo 106 de la Ley del Seguro Social, en relación con el régimen financiero del seguro de enfermedades y maternidad.
b) La Presidencia de la Cámara instruyó para que se turnara a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
c) De las constancias documentales que obran en esta Cámara de Diputados se desprende que, a pesar de haber transcurrido sobradamente el término legal de cinco días que tienen las comisiones para emitir dictamen, esto no fue cumplido.
II. Consideracionesa) La iniciativa pretende fortalecer las finanzas del Instituto en lo que respecta al seguro de enfermedades y maternidad, cambiando el referente del porcentaje utilizado para calcular las cuotas obrero-patronales de manera que la base del mismo ya no sea un porcentaje del salario mínimo como cuota fija patronal por cada trabajador que gane hasta tres salarios mínimos, sino un porcentaje del salario de cotización, hasta el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal.
Igualmente propone derogar la cuota correspondiente al seguro de gastos médicos para pensionados y jubilados para incluirla dentro del porcentaje señalado anteriormente, de tal manera que sea pagada por obreros y patrones.
b) Como se puede apreciar, uno de los objetivos principales de esta iniciativa es fortalecer las finanzas de este seguro, precisamente porque en las versiones oficiales del IMSS se asegura que es un renglón donde se dan los desequilibrios financieros que más afectan a la institución.
c) Aún más, se pretende acabar con la desigualdad que se creó cuando se separó el servicio a jubilados y pensionados del seguro de enfermedades y maternidad.
Por lo anteriormente expresado, solicito a la Presidencia de esta Cámara de Diputados que, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite a las Comisiones de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social para que emitan el dictamen a la iniciativa de referencia.
Palacio Legislativo, a 7 de octubre del 2003.--- Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).»
Es cuanto, señor Presidente.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Remítase a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.
Sí, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7º, párrafos 4 y 5, del mismo ordenamiento hago de su conocimiento que el titular de la Secretaría de Energía, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, realizará su comparecencia ante la Comisión de Energía el lunes 20 de octubre de 2003, a las 17:00 horas.
Lo anterior, con el propósito de que se dé cuenta de este acuerdo al Pleno de la H. Cámara de Diputados.
Atentamente
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de octubre de 2003.--- Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica), Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yánez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:De enterado.
El siguiente punto del orden del día es comentario sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral y su aprobación por el mismo.
Para este efecto, tiene la palabra el señor diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Manuel Velasco Coello:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hace uso de esta tribuna para manifestar su total y enérgica condena a la liviandad jurídica demostrada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, particularmente por seis de los consejeros electorales, mismos que no tienen instrucción legal profesional y que en torno a un dictamen inmoral quebrantaron el Estado de Derecho.
Sin duda los procesos electorales del año 2000 y 2003, fueron intensos e históricos en muchos aspectos, pero tenemos que reconocerlo, existen personas que no permiten la plena legalidad y la certidumbre jurídica para los actores de las campañas electorales.
El Partido Verde ha participado en las elecciones pasadas con estricto apego a la ley y sin ninguna responsabilidad jurídica por aquellos actos cometidos por terceros y que son ajenos a mi partido en la Alianza por el Cambio.
No tememos ni rehuimos a nuestra responsabilidad, a la crítica y los ataques, los asumimos como parte del precio que hay que pagar por impulsar el proyecto que defendemos; sin embargo, resalto que respetamos y acatamos las leyes y a sus instituciones.
Una de ellas es el Instituto Federal Electoral, organismo que tiene entre otras finalidades las de contribuir al desa-rrollo de la vida democrática y preservar el funcionamiento del régimen de partidos políticos.
Nuestra Constitución Política establece que el Consejo General, como Organo Superior de Dirección del Instituto, se integra por un consejero Presidente, ocho consejeros electorales, con exclusivo derecho a voto, representantes del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo.
De lo cual, se advierte que es en los nueve consejeros precitados en los que pasa y pesa el destino político-electoral de nuestro país. Estos obviamente no deberían tener tendencia o filiación partidista; sin embargo, parece que no es así, pues hoy ya existen ex consejeros que militan y participan activamente al interior de partidos políticos.
Por ello asumamos la responsabilidad, para evitar que en el futuro cercano el IFE sirva de trampolín de pretensiones políticas personales, ya que si su actuar se realiza al margen de principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, las determinaciones que a nombre de una probada institución se realizan carecerían a todas luces de legitimidad.
Eso no es el espíritu que debe motivar a los consejeros en su actividad como funcionarios, como sucede con el consejero Alonso Lujambio, que ha favorecido claramente al Presidente de la República y a su partido; de ahí la necesidad de que las resoluciones del Consejo General del IFE sean fundadas, motivadas y que establezcan la plena responsabilidad del acto reclamado y no como parece, se aprovechan de esa circunstancia y lo capitalizan en carreras políticas personales.
Utilizar de trampolín político un cargo de tan alta y digna responsabilidad, que la nación confiere a esos funcionarios, para preparar su camino a elecciones posteriores, en las que ellos pretenden ser protagonistas y ocupar nuevos cargos que impliquen necesariamente una bandera partidista, además de desacreditarlos como funcionarios, pone en riesgo la credibilidad que los comicios empiezan a tener, sobre todo cuando en la vida democrática vigente se empieza a tener una auténtica democracia, sólo que en ocasiones la imparcialidad cede ante la ambición.
Por tal razón, denunciamos a Alonso Lujambio, a José Woldenberg, a Jacqueline Peschard, a Mauricio Merino, a Gastón Luken y a Eloy Cantú quienes se han aprovechado de su cargo para agraviar a las distintas fuerzas políticas que no son de su agrado o preferencia política y en cambio han preferenciado a otras investigando someramente y no concluyendo a fondo las indagatorias. O ¿acaso en el asunto de ``Amigos de Fox'', no observaron que no existe la más mínima participación del Partido Verde, de sus militantes o de la ``Alianza por el Cambio'' en el financiamiento paralelo y legal que se nos imputa? ¿Qué esa supuesta participación no aparece en las más de 120 mil fojas que integran el de-saseado expediente? Qué asimismo no recibimos recurso alguno de fuentes prohibidas por la ley; desmentimos que hayamos recibidos aportaciones del extranjero, de algún Poder de la Unión o empresas mexicanas de carácter mercantil; que no utilizamos recursos públicos prohibidos ni de fuentes anónimas; ni otorgamos personalidad jurídica a Carlota Robinson o a Lino Corrodi, para realizar actos financieros a nombre de la ``Alianza por el Cambio'' o del Partido Verde; que la investigación es incompleta, sesgada y parcial, ya que no se logra establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar de las conductas ya calificadas y con las cuales nos pretenden sancionar.
Vicente Fox debe dar la cara y responder de estas acusaciones, ya que él y su equipo de campaña cercano fueron los que obtuvieron esos financiamientos ilícitos y entre los cuales se encontraba Luis Felipe Bravo Mena, imputación ésta, realizada por el propio Alonso Lujambio y avalada por el presidente consejero y los consejeros Merino y Pechard. Por lo que emplazamos al Presidente de la República para que aclare a la nación su participación y se pronuncie verazmente en torno a la de nuestro partido. En todo el dictamen de la Comisión de Fiscalización, no se establece responsabilidad del Partido Verde.
Por esto y por lo anteriormente expresado presentaremos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el recurso de apelación correspondiente.
Lino Corrodi se ha pronunciado en nuestro favor sin que nosotros seamos ``Amigos de Fox''; quienes sí lo son y actual en el Gobierno ya lograron someter a sus parciales consejeros convirtiéndolos en servidumbre real de los verdaderos responsables.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
El siguiente punto del orden del día, es comentarios en relación al 12 de octubre.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Maldonado Venegas, del Partido de Convergencia, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Maldonado Venegas:Con su permiso, señor Presidente:
Dos acontecimientos determinaron el paso de la Edad Media a la Epoca Moderna; ambos influyeron de modo determinante en la recomposición de la geopolítica y en el replanteamiento de los esquemas culturales que habían prevalecido inalterables durante el amplio periodo del medioevo europeo.
En efecto, junto a la conquista de Bizancio, el llamado ``Descubrimiento de América'' representó la clave propiciatoria que abriría de modo definitivo el pórtico de la Edad Moderna, dejando tras sí las anquilosadas pautas del espíritu medieval contradictorio y disperso, audaz y retraído, solemne y difuso.
Se discurre en nuestros días si el hecho meritorio que ha de reconocerse a Cristóbal Colón, es propiamente el del descubrimiento de América. Se reflexiona asimismo, acerca de sí la obra humana del almirante genovés, produjo el encuentro de dos mundos o en su caso de dos expresiones diversas de la cultura.
Se propone que lo de América no fue un hallazgo, sino una sublime invención e incluso, se afirma que fue un acto consciente de dominación. Así, así se ha podido salvar el acantilado de cinco siglos de historia, tendiendo puentes de dulcificados dogmas.
Lo cierto es que a partir del encuentro doloroso que representó La Conquista y la sujeción del indígena, del choque de la lanza y el cañón surgiría la mística de los pueblos que recrearon el espacio y el tiempo americano.
Sólo a la luz de estas reflexiones es comprensible que ya en la primera mitad del Siglo XVI, apenas consumada la conquista y definidas las bases del poderío virreinal, las afirmaciones del naciente dominio llevaban implícito el germen de su propia negación.
Un sentimiento en ciernes de identidad se gestaba en el ánimo de los sojuzgados, de los desposeídos y marginados, de los nuevos núcleos sociales calificados por los signos del mestizaje genético y cultural.
Eran relaciones sociales de poder, de clase, de dominante y dominado, de conquistado y conquistador, de amo y vasallo. Encuentro de dos culturas o predominio de una sobre la otra.
Las piedras centenarias del Templo Mayor, al demoler éste, sirvieron para levantar en el mismo sitio la más fastuosa de las catedrales. Ese es el ejemplo más nítido de esa concepción fincada en la subordinación y el dominio asbolutos.
Bastaría exponer que al consumarse la Independencia el rezago educativo representaba un 90% de analfabetas, de manera que si hablamos de encuentro de culturas sólo en ese rubro se puede ver que no hubo tal, tanto que hasta la fecha prevalecen, con una población de 100 millones de habitantes, 12% de analfabetas, indígenas y campesinos que hoy como ayer prevalecen excluidos y marginados, que sufren otros métodos más sofisticados de discriminación y formas más sutiles de explotación.
Así, el cúmulo de rezago que pesa sobre su historia y sobre su destino al paso de medio milenio sigue vigente. Por eso las etnias no tienen algo que conmemorar al 12 de octubre; tampoco el indigenismo ni mucho menos la hispanofobia. Eso está superado por las revoluciones sociales de emancipación y, si mucho me apuran, por la presencia eterna del indio zapoteca de Guelatao.
Esta es la clave de la identidad de los mexicanos. La lucha incesante contra todas las formas de discriminación o de exclusión. Secuelas del descubrimiento o expresiones emergentes que la globalidad contemporánea, despojo, racismo, castas y la perdurabilidad de la discriminación por razones de género, credo, edad o condición socioeconómica.
Hoy los mexicanos somos jurídicamente iguales ante la ley. Nos rige el respeto al espíritu y a la letra de la Constitución General de la República, precisamente definidos en el artículo 2º, así como en el primero de las garantías individuales, lo que determinará que más temprano que tarde podamos romper con cualquier sentido discriminatorio que hubiera perdurado luego del triunfo social de 1917 y los contenidos explícitos en el artículo 3º, que determinan el respeto irrestricto a la libertad de creencias al impartir la educación laica.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano.Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Legorreta Ordorica:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El domingo pasado conmemoramos un año más del encuentro de América.
El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, sin estar consciente del todo, protagonizaba uno de los acontecimientos más importantes de la historia.
Tras su llegada a América ya nada fue igual para el mundo. Se abrieron nuevos horizontes para la conquista y colonización de las tierras descubiertas y las potencias que ganaron los mares ganaron también las tierras.
El propósito del encuentro del nuevo mundo fue buscar una ruta directa entre Europa y Asia, China e India, para facilitar el comercio de las especias. El genovés Cristóbal Colón creía que la forma de llegar a los lugares del lejano oriente era navegar rumbo al occidente por el océano Atlántico; pero se necesitaba a alguien que creyera en él y le aportara los medios necesarios como dinero, hombres y barcos para realizar tal expedición.
Portugal y España fueron los países que emprendieron la búsqueda de esta nueva ruta hacia el lejano oriente. Los portugueses lo hicieron bordeando el continente africano, mientras que los reyes españoles Isabel de Castilla y Fernando de Aragón apoyaron económicamente el proyecto de Cristóbal Colón.
El proyecto sonaba un tanto descabellado pero el potencial en caso de éxito era enorme y así resultó.
La intención de encontrar un nuevo camino dio como fruto encontrar un nuevo continente lleno de posibilidades, de grandes extensiones territoriales, flora, fauna, gastronomía, riquezas naturales y culturales.
El encuentro de América es lo que anuncia y funda nuestra identidad presente. No hay otra fecha que convenga más para marcar el comienzo que la era moderna que el año de 1492 en que Colón atraviesa el océano Atlántico.
Se puede admitir la valentía de Colón, comparada con la de Vasco da Gama o Magallanes, que quizá emprendieron viajes más difíciles pero sabían a dónde se dirigían, esto, fruto de su experiencia.
Por otro lado Colón no tenía la certeza de que al final del océano estuviera el abismo.
Si bien es cierto que el argumento de Colón para convencer a los reyes de su idea fue el oro y la promesa de evangelizar, sus más primitivos deseos, se originaron tal vez en el deseo de descubrir que encontraría al pasar los límites de lo que hasta entonces por esa travesía se consideraba como imposible.
Cierto es que la historia del mundo está hecha de conquistas y derrotas, de colonizaciones y descubrimientos, pero la historia se sigue escribiendo día con día.
Quizá es momento para reflexionar sobre ese espíritu explorador de Colón y podamos aportar ideas a este mundo globalizado. Es tiempo de fortalecer las relaciones de nuestro país con América Latina y España.
Cada año la agenda política entre dichas naciones abarca rubros más significativos tanto para la política y economía nacional como en materia ambiental y científica.
Inspirados en los frutos de los antiguos exploradores, impulsemos un México más competitivo en la generación de investigadores que nos conduzcan a nuevos horizontes, como el que descubrió Colón, pero con nuevas tecnologías acordes a los requerimientos del mundo moderno y el respetuoso equilibrio con el medio ambiente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Javier Manzano Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Javier Manzano Salazar:Gracias, diputado Presidente:
El 12 de octubre de 1492 con el arribo de marinos europeos a este continente, las condiciones de vida para sus habitantes cambiaron violentamente. La invasión impuso una organización colonial: arriba, por encima de todo, los amos, los dueños del progreso, de la historia, de la ciencia, de las armas; abajo, como siempre, los indios, tristes figuras en quienes sus conquistadores justificarían su acción redentora.
A través de cinco siglos la presencia del indio mexicano ha tomado múltiples formas. Ha sido en la Colonia alimento de las minas y las haciendas, motivo de evangelización, despojado de sus tierras en aras de un desarrollo que nunca le ha beneficiado.
En la Independencia, el antiguo régimen se derrumbó ante la cuota de sangre mayoritariamente india, como siempre. Pero la situación para ellos no cambió gran cosa. Otra vez fueron despojados de sus tierras por nuevos latifundistas.
En la Revolución Mexicana Emiliano Zapata luchó por las comunidades y la reforma agraria pudo crear las bases para su desarrollo. El pueblo reconoce su verdadero rostro y en él fundamenta su futuro.
Se habló de nacionalismo, se restituyeron tierras, se concibió a la escuela como casa del pueblo. Hubo la esperanza de integrar miles y miles de comunidades en un esfuerzo común liberador, pero otra vez el desengaño: el indio volvió a ser objeto no sujeto de su liberación.
Para hacer posible y consolidar la entidad nacional era necesario liquidar la diversidad étnica, quitarle lo indio. Y a ello se abocaron las campañas indigenistas que pretendían imponerle formas de cultura que sustituyeran a las propias a través de brigadas educativas de capacitación y de cambio.
Triste paradoja porque no son las culturas étnicas los principales obstáculos a la integración nacional, sino la doble explotación que padecen los indígenas: como clase y como pueblo, es decir, como pobres y como portadores de una identidad diferente. Esta diferencia solo ha servido hasta hoy para discriminarlo, para explotarlo, sin generar esa base de respeto mutuo que lleva al pluralismo y a la verdadera integración nacional.
Compañeros diputados; compañeras diputadas: frescas están en nuestra memoria las imágenes del 1º de enero de 1994. El país se estremece cuando el Ejército Zapatista de liberación nacional nos azota en la cara el verdadero rostro de un México que ingenuamente creíamos superado. Es cierto que hay una reforma constitucional en materia indígena, pero también es cierto que no recoge el espíritu de la mayoría de los mexicanos.
¿De qué nos sirve una reforma inoperante y rechazada por los pueblos a quienes pretendía beneficiar y cuyos efectos son contrarios a lo buscado? ¿De qué nos sirve aducir que el proceso de la reforma sobre la ley de derechos y cultura indígena se apegó estrictamente a la legalidad si eso no trajo como consecuencia la paz? ¿Cuándo se tomará conciencia que la diversidad étnica es una realidad que no debe espantarnos sino fortalecernos?
Por eso el 12 de octubre debe ser una fecha idónea para reflexionar acerca del destino de nuestros pueblos y para comprometernos a que más allá de posiciones partidistas impulsemos una reforma que recoja los Acuerdos de San Andrés, la autonomía y la libre determinación de los pueblos indios como sujetos de derecho público, el uso y disfrute de los recursos naturales, la elección de autoridades municipales y el derecho de asociación regional, son, entre otros temas pendientes que debemos revisar, para saldar la enorme deuda que tenemos pendiente con nuestros pueblos indígenas.
Compañeras diputadas; compañeras diputados: ¡Es hora de que la pobre opinión que la ciudadanía tiene de sus legisladores se revierta y actuemos guiados por los más altos intereses de la nación! ¡Porque antes que miembros de un partido político somos mexicanos y como mexicanos debemos estar a la altura de las circunstancias de nuestro pueblo! ¡Es hora de que no nos desgastemos en cosas inútiles!
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le ruego concluir, señor diputado.
El diputado Javier Manzano Salazar:¡Es hora de que no nos desgastemos en luchas inútiles con el único afán de conservar parcelitas de poder! ¡Es hora de que dignifiquemos al Congreso de la Unión y que de su actuación se desprendan los beneficios que espera la inmensa mayoría: los pobres de México y escribamos por primera vez una página diferente en el ejercicio legislativo! ¡Es hora de que entendamos que mientras haya estómagos vacíos no habrá seguridad, estabilidad social ni paz permanente para todos, pues todos navegamos en el mismo barco!
¡Los exhorto, pues, a construir un México donde quepamos todos los mexicanos!
Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Huberto Aldaz Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Huberto Aldaz Hernández:Con su venia, diputado Presidente; compañeras y compañeros, diputadas y diputados:
Destacar las luces o las sombras de una misma historia no siempre depende de la identidad de que la cuenta ni del vencedor o del vencido, sino del sentido y la intención de cómo nos enseñaron esa historia.
Según como nos hayan contado los procesos iniciados el 12 de octubre de 1492 es nuestra referencia. Para algunos podríamos hablar de que el descubrimiento fue en realidad una conquista que destruyó el florecimiento cultural y científico de las civilizaciones precolombinas, como el hecho de que los mayas hubiesen confeccionado un calendario más exacto que el de occidente, que empleaban el sistema vigesimal en matemáticas y usaban una escritura similar a los jeroglíficos egipcios; que construyeron edificios de arquitectura perfecta, terrazas y sistemas hidráulicos para la producción agrícola y asentamientos urbanos; que practicaban la medicina y tenían un sistema social y político que respetaba la comunidad colectiva de la tierra y donde todos los miembros de la comunidad colaboraban en la construcción de obras públicas y que esta conquista se perpetró hasta hoy en la exclusión y marginación social y racial de indígenas y negros en las nuevas colonias, donde los criollos se convirtieron en los amos de las tierras conquistadas, con derecho a gozar de ventajas y privilegios, pero también con derecho a ser la clase dirigente, una suerte de supremacía del colonizador que desde el 12 de octubre de 1492 se refleja en el racismo que persiste de diversas formas en el subconsciente colectivo de América.
Para otros ese momento representa la llegada a nuestras tierras del hombre civilizado, cuya destreza física y mental lo llevó a descubrir nuevos pueblos que vivían en el atraso y la ignorancia; que los hombres blancos traían consigo el adelanto, la religión de la salvación, la pólvora, las armas de fuego, los instrumentos de navegación, la economía mercantilista, la pluralidad política, el hierro, los caballos, la rueda, entre otros, mientras la población originaria seguía luciendo tocados de plumas en la cabeza, profesando religiones bárbaras y enfrentándose pueblo contra pueblo.
Un análisis sereno de ambos relatos, más allá de las fobias y de las filias, nos ayudará a comprender la raíz del México actual, consecuencia viviente del encuentro violento de esos dos mundos y los desafíos de un México hoy pluricultural.
De todas formas defender la dignidad de la persona humana y el bien común, nos obliga a todos los mexicanos y mexicanas a revisar cómo contamos hoy esa historia iniciada el 12 de octubre de 1492, pero sobre todo nos obliga a pensar cómo podremos construir un presente y un futuro digno y justo para los pueblos indígenas y no indígenas de México y de toda América, aún y con todas las luces y sombras presentes en nuestra historia.
Esta legislatura se encuentra hoy frente a la posibilidad de un campo constitucional inédito y prometedor, con el reconocimiento de los derechos de una parte de la sociedad mexicana que es culturalmente diferente y que conforma un sujeto colectivo específico: los pueblos indígenas.
Este reconocimiento nos coloca nuevamente entre los países con procesos constitucionales novedosos hacia la construcción ahora de un estado pluricultural y su consecuencia en el desarrollo institucional y programático que garantice el desarrollo digno y equilibrado de aquellos que siguen siendo social y económicamente marginados y en lo cultural diferentes.
El Estado mexicano necesita en materia indígena de una reforma también de tipo estructural, que responda a una política constitucional y legal, que sea parte de la reforma del Estado y dé vigencia a nuestra constitucionalidad como nación pluricultural que hoy nos reconocemos. Para ello el artículo 2º de la Constitución mexicana, aunque todavía limitado frente a las necesidades indígenas, constituye una plataforma inicial.
Por eso un punto de partida será visualizar que el bien común de los mexicanos y las mexicanas y la unidad nacional se lograrán con un ejercicio real de la interculturalidad nacional, y con la definición de un presupuesto federal.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado, le ruego concluir.
El diputado Huberto Aldaz Hernández:Termino, señor Presidente.
Por eso, la próxima agenda legislativa en materia indígena deberá de partir y avanzar desde los principios básicos del actual artículo 2º constitucional, referidos a la interculturalidad de la nación y al desarrollo sustentable e integral de los pueblos indígenas.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene el uso de la palabra, el señor diputado don Marcelo Tecolapa Tixteco del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Marcelo Tecolapa Tixteco:Con su venia, señor Presidente:
Ni ualauj ipan in tlatoltomilistli, pampa ni quitoco in tlatol de noc niuan, in mexican macehualtin, ni ualauj ni quitoco tlinon ti mati, tlinon ti nemilia, tlinon ti nequi, ipan in matlactli uan ome tonali de, in mestli de octubre.*
Traduzco en español.
Vengo a esta tribuna a expresar la voz de mis hermanos, los indígenas de México, vengo a decir lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos, en el marco de esta fecha 12 de octubre.
El descubrimiento de este continente fue un acontecimiento que marcó la historia universal, que revolucionó la geografía y que abrió nuevos horizontes de comunicación entre todos los pueblos del mundo. Los aborígenes de estas tierras sufrieron vejaciones y excesos del coloniaje, los indígenas mexicanos padecimos la avasalladora presencia y el maltrato físico e ideológico de extranjeros. Desde aquel entonces nos volvimos extranjeros en nuestra propia tierra, sin duda aquel 12 de octubre de 1492 significó un acontecimiento histórico que cambió el mundo.
¡Cómo olvidar esta fecha si con ese hecho nuestro idioma, nuestra religión, nuestra organización y a nosotros mismos nos quisieron exterminar! ¡Cómo no recordar este acontecimiento si con ello comenzó el atraso, la marginación de nuestros pueblos en que hoy se encuentran!
Para los indígenas y para todos los mexicanos este 12 de octubre debe ser motivo de reflexión, los aborígenes o indios como se nos denomina despectivamente, hemos podido mantener nuestra cultura y los más grandes valores nacionales que nos identifican y nos mantienen unidos al resto de los mexicanos.
Hemos realizado un sin fin de contribuciones en todos los aspectos culturales, artísticos, científicos, económicos, sociales y políticos. En todos los continentes se reconocen las valiosas aportaciones de los pueblos indígenas en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales que han permitido la armonía y el equilibrio del hombre con la naturaleza. Los mexicanos debemos estar orgullosos de nuestros aborígenes, de nuestra mexicanidad.
Sin embargo, no obstante a nuestras contribuciones al engrandecimiento de nuestra patria, es menester reconocer que a este sector le han sido escamoteados por siglos su derecho de ser diferentes y hemos sido objeto de la más cruda discriminación. Por lo tanto, mientras no se le dé a los pueblos indígenas un trato justo, difícilmente se logrará una armonía entre la sociedad.
En razón de lo anterior y de la idiosincrasia y especificidades culturales de quienes expreso su voz, hoy en este recinto legislativo considero que es indispensable que se reconozca de manera actuada y efectiva en nuestras leyes tanto federales como locales, los derechos y prerrogativas que demandan los pueblos indígenas.
México signó y ratificó el convenio 169 de la OIT, el cual conforme a nuestra Constitución Federal es ley suprema en toda la República, en el que claramente se reconoce el derecho a que sean respetados nuestros usos y costumbres, nuestra forma de organización interna y la autonomía de nuestros pueblos.
No podemos negar que en nuestro país se han hecho importantes esfuerzos en reconocer nuestros derechos. Las últimas reformas a la ley fundamental así lo demuestran, sin embargo aún son insuficientes puesto que no contienen ni todos los argumentos jurídicos ni toda la demanda indígena; por ello es necesario hacer un mayor esfuerzo, para avanzar en el pleno reconocimiento de esos derechos tantas veces negados y menospreciados.
Este Congreso tiene como uno de sus principios la democracia y la justicia, esa es nuestra causa y seguirá siendo...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor diputado, le ruego concluir.
El diputado Marcelo Tecolapa Tixteco:Termino, señor Presidente.
La democracia también implica ser tolerante ante lo diferente; es reconocer que existen formas de vida distintas a la nuestra, es el respeto a la diversidad.
En atención a lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, es ocasión propicia solicitar su solidaridad y compromiso social con los pueblos indígenas para avanzar en el reconocimiento pleno de nuestro derecho a vivir una vida digna y libre basada en la pluriculturalidad.
¡Nunca más un México sin nosotros!
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre el XLVIII aniversario luctuoso del exPresidente de la República, General Manuel Avila Camacho. Para este efecto se le concede el uso de la palabra al diputado don René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fidel René Meza Cabrera:Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados.
Ayer, 13 de octubre, se cumplieron 48 años del fallecimiento del exPresidente de la República, General Manuel Avila Camacho. Siendo aún muy joven, desde su natal Teziutlán, Puebla, le tocó presenciar los albores de la Revolución y la caída de la dictadura porfirista.
El cobarde asesinato del Presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, perpetrados en febrero de 1913, conmovió a la nación y propició que en 1914 el joven Manuel Avila Camacho, a la edad de 17 años, se incorporara al movimiento revolucionario dándose de alta con el grado de subteniente en la brigada ``Aquiles Serdán''. Muchos fueron los hechos de armas que le permitieron por mérito propio, ir ascendiendo a los diferentes grados del Ejército hasta lograr obtener en enero de 1939, el más alto nivel de la jerarquía militar como es el de general de división.
Tanto en la brigada ``Benito Juárez'' como en la brigada ``Sonora'', esta última al mando del General Lázaro Cárdenas, pero particularmente durante la Guerra Cristera, el general Avila Camacho se distinguió por su entereza y generosidad con que procedió, ya que además de no ordenar el fusilamiento de prisioneros, procuró amnistiar y rendir a los sublevados disminuyendo de esa forma el endurecimiento de la lucha.
Una anécdota que habla del carácter y la personalidad del General Manuel Avila Camacho, se remonta al año de 1923 en el que estando preso en Morelia, Michoacán, es conducido ante el General Castañeda y éste le pide firmar una carta compromiso para no ser (sic) armas contra el movimiento que enarbolaban. El General Avila Camacho, sereno pero enérgico, le contestó: ``General, fusílenme pero lo puedo firmar porque ya le di mi palabra de honor al General Obregón y no tengo dos honores''.
Después de haber participado en una de las campañas electorales más difíciles y apasionadas de esa época, el General Avila Camacho asumió la Presidencia de la República el 1o. de diciembre de 1940. Desde el inicio de su gestión pugnó por una política de unidad nacional y por la realización de un gobierno para todos.
Promulgó la ley que estableció la Campaña Nacional contra el Analfabetismo y creó la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica. En materia de electrificación logró incrementar la capacidad instalada en un 65% y elevó la irrigación en cerca de tres veces más a la obtenida de 1926 a 1940.
En la Segunda Guerra Mundial, ante las agresiones de que fue objeto el país por parte de las potencias del Eje, el Presidente Avila Camacho mantuvo la firmeza y dignidad que el movimiento histórico exigía y declaró la guerra al nazismo alemán y a sus afiliados fascistas de Italia y de Japón.
En esas condiciones el Presidente supo alentar la unidad de todos los revolucionarios de la época, por encima de cualquier diferencia personal o de grupo, por lo que el 11 de septiembre de 1942, en un acto inusitado, se vieron reunidos hombres a quienes la política había llevado por diferentes derroteros, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas del Río, Emilio Portes Gil y Adolfo de la Huerta, todos ellos expresidentes de México, acudían a este acto trascendental de unidad nacional al que el Presidente Manuel Avila Camacho les había convocado.
Desde su campaña política como candidato, Manuel Avila Camacho, de manera sorpresiva se pronunció porque los militares no intervinieran, ni directa ni indirectamente en política, mientras se encontraban en servicio activo, por lo que ya como Presidente de la República, envió un decreto el 3 de diciembre de 1945, donde se ratificaba que los miembros del Ejército y la Armada no siguieran figurando como sectores del Partido de la Revolución Mexicana. Por lo que se prevenía a los militares en servicio activo que cumplieran con la estricta observancia de no participar en asuntos o trabajos políticos.
Finalmente, con una gran visión el Presidente...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le ruego concluir, señor diputado.
El diputado Fidel René Meza Cabrera:Manuel Avila Camacho apoyado por sus correligionarios, tomó la decisión de que nuestra nación debería terminar institucionalmente la etapa del caudillismo.
Finalmente, en un país como el nuestro desligó al Ejército de las relaciones políticas, pues le dio fin y toda la trascendencia a una de las instituciones más importantes del país, como es la Presidencia de la República.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
La diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México ha remitido su intervención por escrito a esta Presidencia y a su solicitud, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
«Escudo.--- Partido Verde Ecologista de México.--- Efemérides Manuel Avila Camacho.
Manuel Avila Camacho, nacido en Teziutlán, Puebla el 24 de abril de 1897, ha sido uno de los presidentes más jóvenes y activos en la historia de México ya que a los 43 años de edad, inició su periodo presidencial en 1940, terminando el mismo en 1946.
Hizo sus primeros estudios en su ciudad natal y a los 17 años se incorporó al movimiento revolucionario en las fuerzas constitucionalistas que operaban en la Sierra de Puebla.
En 1920 secundó la rebelión de Agua Prieta y en 1926 fue comisionado para combatir la rebelión cristera en el Bajío en estas acciones, se distinguió por su actitud moderada y conciliatoria, lo que le valió el reconocimiento de parte de los propios jefes cristeros. Posteriormente, en 1929 colaboró bajo el mando del General Lázaro Cárdenas en contra de la rebelión encabezada por el general Escobar en el norte del país.
Ocupó diversos cargos dentro de la Administración Pública, como oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina; y como Subsecretario encargado del despacho y secretario del ramo. Renunció a este último cargo, para contender en las elecciones para Presidente de la República, teniendo como contrincante al general Juan Andrew Almazán.
Su gobierno estuvo marcado por una preocupación en los problemas sociales, acciones que se comprobaron con la creación de diversas instituciones durante su sexenio como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Conasupo. También, se construyeron hospitales y escuelas, además, de que se tomaron medidas como el congelamiento de rentas, en beneficio de las clases populares y el reparto de tierra a los campesinos.
Al saber que la base de una gran nación, esta en su educación, su gobierno le dio un gran impulso a la misma. Estableció la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, donde se llevó a cabo la edición de 10 millones de cartillas y 10 millones de cuadernos de escritura que fueron distribuidos en todo el país.
En lo político, impulsó un sistema pluripartidista y de limpieza en el proceso electoral, y así, se obtuvo como resultado al final de su mandato, unas elecciones pacíficas y ordenadas. Uno de los primeros decretos de Avila Camacho, fue la prohibición a los militares en servicio, de participar en política, lo que contribuyó a la creación de un clima de paz social.
En el contexto internacional, la política exterior constituyó una de las grandes prioridades de su gobierno, ya que tras el hundimiento de los buques ``Potrero de Llano'' y ``Faja de Oro'' por submarinos alemanes, declaró la guerra a las potencias del eje el 22 de mayo de 1942.
México contribuyó a la guerra, abasteciendo de materias primas y minerales estratégicas a las potencias aliadas, así como con hombres en el frente de batalla. En ese marco, las relaciones con Estados Unidos mejoraron considerablemente, se concretó el pago de las compañías petroleras expropiadas, un acuerdo comercial y un tratado para el envío de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos, en el que México aportó 300 mil braceros, para los que buscó un trato justo.
Al terminar su periodo presidencial, se dedicó a labores agrícolas y ganaderas. Manuel Avila Camacho falleció el 13 de octubre de 1955 en el Rancho La Herradura, estado de México.
Sin duda, el presidente Avila Camacho se distinguió por su gran capacidad conciliatoria. Hoy día extrañamos esa virtud dentro del Ejecutivo Federal.
Por su atención. Muchas gracias.
México, DF, a 14 de octubre de 2003.--- Firma Jacqueline AG.»
En el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos, a la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del Partido Revolucionario Institucional, sobre el ``Día Mundial de la Mujer Rural''.
La diputada María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba:Buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hoy es un día importante para la humanidad, conmemoramos el ``Día Mundial de la Mujer Rural''.
Actualmente existe un amplio reconocimiento del importante papel que juegan las mujeres rurales en sus diversos roles, como madres, esposas e hijas, en fin, como mujer productiva, tareas en las que contribuyen para el desarrollo de sus familias y de las economías rurales, pero sobre todo, como participante fundamental en la producción de alimentos.
Nuestro país se ha modernizado y se ha urbanizado; sin embargo, el número de personas que viven en localidades rurales aún es importante. Según el censo de población de vivienda del año 2000, en México habitan en localidades rurales 24.9 millones de personas, es decir, el 25% de la población en general, de las cuales 12.3 millones son mujeres.
La estructura por edad de las mujeres en las zonas rurales, presenta una alta proporción de menores de 15 años. Las mujeres de la zona rural procrean en promedio 3.3 hijos, mientras que las mujeres urbanas tienen 2.6 hijos en promedio, pero los niveles de mortandad infantil son muy altos.
De cada 1 mil nacidos fallecen 48, en comparación con las zonas urbanas, donde fallecen 26 niños por cada mil nacidos.
En las niñas de seis a 14 años en edad para cursar la educación básica, el 13% no asiste a la escuela. Con relación a la población femenil de 15 a 29 años, sólo asiste el 12.9% a la escuela.
El 12% de las mujeres cuenta con la educación básica y con la instrucción media superior y superior; el porcentaje es alarmante, solamente el 7%.
Las mujeres rurales tienen en promedio 4.6 de escolaridad, cuando el promedio nacional para las mujeres es de 8.8 grados.
La seguridad social es un beneficio del cual también están exentas. Sólo el 17% de la población femenina es derechohabiente en alguna institución pública de salud, cuando en el área urbana la mitad de las mujeres goza de esta prestación.
En el medio rural el 16.8% de los hogares tiene como jefa de familia a una mujer y se compone en promedio de 2.3 miembros.
Los ingresos de los hogares rurales con jefatura femenina es de 1 mil 981 pesos y de la familia encabezada por un varón es de 2 mil 771 pesos.
El 59.6% de las mujeres rurales son indígenas y su nivel de vida es más dramático: 40% carece de instrucción. Sólo el 28% ha cursado algún año de primaria y el 17% la terminó; el 11% concluyó la instrucción secundaria y el 4% rea-lizó estudios postsecundarios.
El 56% de las niñas que asisten a primero de primaria en planteles indígenas muestran déficit en talla, lo cual indica desnutrición crónica que refleja las malas condiciones en que han vivido por generaciones.
Al exponer y hacer referencia a los escenarios de vida de las mujeres habitantes de las zonas rurales mexicanas, no se pretende crear un sentimiento de lástima o de conmiseración; se trata de establecer y dar a conocer las míseras condiciones en las que viven millones de compatriotas mujeres rurales, que a pesar de sus situaciones paupérrimas de vida, enaltecen sus habilidades y sus capacidades para sostener unida a su familia en condiciones de pobreza extrema.
Su amor por sus raíces, su apego a sus tierras y costumbres, así como su compromiso social y moral para con los suyos son sentimientos que han perdurado en ellas durante generaciones completas, y con todo ello, son las mujeres rurales las más marginadas en el sector de entre los marginados.
Hoy que conmemoramos este día, les enviamos, desde la más alta tribuna de la nación, un saludo fraternal. Reciban unas palabras de aliento y nuestro reconocimiento para que continúen esforzándose en sus labores y actividades en beneficio de la colectividad campesina.
Sin embargo, las palabras y saludos se las lleva el viento. Debemos hacer conciencia de la deuda social y ancestral que tenemos con nuestras compatriotas. Hagamos el compromiso de buscar y encontrar instrumentos en las políticas públicas que permitan paliar estas infames condiciones de vida en las que ellas viven.
Promovamos e impulsemos medidas.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le ruego concluir, diputada. Por favor.
La diputada María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba:
Si, concluyo, señor Presidente.
Promovamos impulsar medidas que mejoren las condiciones de vida para la mujer rural.
En conclusión: hagamos el compromiso moral de fomentar la inversión pública y privada que les asegure una vida digna y decorosa para ellas y sus familias. Es tiempo de saldar la deuda social que durante muchas generaciones se ha acumulado.
Hagámoslo, aprovechemos la oportunidad histórica que las circunstancias actuales nos han ofrecido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora diputada.
Se instruye a la Secretaría para dar lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política agendada al inicio del orden del día.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y en relación con la propuesta de integración de las comisiones ordinarias, misma que fue aprobada por el Pleno de esta Cámara de Diputados el pasado martes 30 de septiembre del año en curso, le solicitamos que consulte al Pleno las propuestas de modificación y fe de erratas hechas por los grupos parlamentarios de esta LIX Legislatura en las siguientes comisiones ordinarias:
Modificación de integraciónGrupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Comisión de Desarrollo Social
Sale como integrante el diputado Rogelio Rodríguez Javier
Entra como integrante el diputado Eugenio Mier y Concha Campos
Comisión de Fortalecimiento del Federalismo
Sale como integrante el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos
Entra como integrante el diputado Armando Leyson Castro
Sale como integrante el diputado Miguel Osorio Chong
Entra como integrante el diputado Bernardo Vega Carlos
Comisión de Juventud y Deporte
Sale como integrante el diputado Oscar Félix Ochoa
Entra como integrante el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos
Comisión de Marina
Sale como secretario el diputado Francisco Herrera León
Entra como secretario el diputado Rogelio Rodríguez Javier
Comisión de Pesca
Sale como integrante el diputado Bernardo Vega Carlos
Entra como integrante el diputado Esteban Valenzuela García
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
Sale como integrante el diputado Miguel Amezcua Alejo
Entra como integrante el diputado Roberto Pedraza Martínez
Comisión de Reforma Agraria
Sale como integrante el diputado Armando Leyson Castro
Entra como integrante el diputado Oscar Félix Ochoa
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Sale como integrante el diputado Roberto Pedraza Martínez
Entra como integrante el diputado
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Sale como secretario el diputado Sergio Alvarez Mata
Quedando como integrante
Entra como secretario el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien ya era integrante
Comisión de Salud
Entra como integrante la diputada María Angélica Ramírez Luna, para complementar el número de 10 integrantes que le corresponden al PAN
Fe de ErratasGrupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Donde dice Zavala Peniche Margarita, debe decir Zavala Gómez del Campo Margarita
Grupo Parlamentario del Partido Convergencia:
Comisión de Energía
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno aparece como integrante, debe aparecer como secretario
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 14 de octubre de 2003.--- Dip. Roberto Campa Cifrián (rúbrica).»
En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobada.El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde su curul):
Señor Presidente, había solicitado la palabra para la efeméride del Día Mundial de la Mujer Rural. Usted iba a someter a votación la conformación del turno de oradores. Le obvio la necesidad, quiero decirle que hay muchas mujeres del medio rural alrededor de la Cámara de Diputados que ayer tuvieron que llegar al extremo de desnudarse para que pudiéramos escucharlas, para que pudiéramos saber qué están demandando.
Le ruego a usted convoque a la Junta de Coordinación Política para que las mexicanas y mexicanos que están afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro entren para que podamos escuchar cuáles son sus demandas y tener efectos para una determinación de ayuda a las mujeres rurales que hoy están aquí demandando.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor legislador, la Asamblea se ha enterado de su atenta solicitud. La Junta de Coordinación Política no depende de la Presidencia, pienso que la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, si lo estima pertinente y dada la naturaleza del tema tan importante que usted señala, debe convocar a la Junta de referencia.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Dé a conocer el orden del día antes de abrir el sistema electrónico por 10 minutos.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Martes 21 de octubre de 2003.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Proposiciones
Con punto de acuerdo para solicitar a los responsables en el Gobierno Federal revisen a la brevedad y hagan un replanteamiento urgente de los procedimientos para agilizar la fluidez de recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concluya los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo (54 kilómetros) y Motozintla-Niquivil-Pavencul (48 kilómetros), todos ellos en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Belisario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolu- cionario Institucional. (Turno a comisión.)
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
Proceda antes, señora Secretaria, para avanzar en ese tema, antes de leer el orden del día, abrir el sistema electrónico por 10 minutos para verificar la asistencia.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para verificar la asistencia.
Señor Presidente, los diputados que registrarán asistencia de viva voz es en la curul 068, el diputado Oscar Rodríguez Cabrera.
Por favor, señor diputado. Abran el sistema de la curul, por favor.
El diputado Oscar Rodríguez Cabrera (desde su curul):
Presente.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Señor Presidente, el quórum ha sido de 460 diputados, de su asistencia.
Gracias, señora Secretaria.
Se levanta la sesión y se cita a sesión solemne para conmemorar el L aniversario de la incorporación a la Constitución General de la República del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas, que tendrá lugar el próximo jueves 16 de octubre a las 11:00 horas y se cita también a sesión ordinaria para el próximo martes 21 de octubre a las 11:00 horas.Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
Tiempo de duración: 3 horas 30 minutos.
Quórum a la apertura de sesión: 321 diputados.
Asistencia al cierre de registro: 468.
Asistencia al final de la sesión: 460.
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2.
Proposiciones con punto de acuerdo, aprobadas: 1.
Proposiciones con punto de acuerdo: 10.
Excitativas a comisiones: 1.
Temas de agenda política: 1.
Efemérides: 3. Oradores en tribuna: 25
PRI-10; PAN-1; PRD-8; PVEM-3; PT-2; PC-1.
Se recibió:
1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite copia de contestación en relación con punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
1 oficio de la Cámara de Senadores, por el que remite acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Jalisco;
1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de la fecha de la comparecencia del Secretario de Energía;
1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que propone cambios en la integración de comisiones;
1 iniciativa del PRD;
1 iniciativa del PT.