DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 21 de octubre de 2003	Sesión No. 16

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 331 diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:15 horas):

Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

Se pide a las personas que no sean diputados pasar a ocupar sus lugares.

Proceda la Secretaría.

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ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 21 de octubre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de Guerrero, de Jalisco y de Tlaxcala.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen los lineamientos para la autorización de viajes internacionales de los integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados. (Votación.)

Iniciativa del Congreso de Baja California

Que adiciona el artículo 38-bis a la Ley de Puertos. (Turno a comisión.)

Iniciativas del Congreso de Jalisco

Que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Iniciativas de diputados

De Ley Sobre Derecho a la Alimentación, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite copia de la contestación del coordinador de proyectos interinstitucionales de la dirección de Vinculación Social de la Secretaría de Educación del gobierno de Nuevo León, en relación con el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alfa Sol Ceceña Castro, Arturo Martínez Avila, Ignacio Cortés Llamas, Magdalena Mendoza Mendoza y Edith Salas Pineda, puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General de Guadalajara, Jalisco; y comunica que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Gabriela E. Mucharraz Gómez, Marco Antonio Serrano Sánchez y Liliana Rocha Guerrero, en la Embajada de Estados Unidos de América en México, respectivamente. (Turno a comisión.)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua a que cumplan en sus términos el trasvase correspondiente, según acuerdo pactado en la reunión del Consejo Técnico de la cuenca Lerma-Chapala el pasado noviembre de 2002, por la cantidad de 280 millones de metros cúbicos, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y, en lo conducente, a la Procuraduría General de la República, con el fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias, agilicen las acciones encaminadas al otorgamiento de la libertad en favor de las personas beneficiadas por la reforma del artículo 85 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para convocar a una reunión entre las autoridades hacendarias, la Cámara de Diputados y los gobernadores de las entidades federativas sobre la distribución de los recursos federales excedentes destinados a los estados, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie a favor de exhortar al Presidente Vicente Fox Quesada para que aclare de manera detallada el financiamiento de su campaña electoral de 2000 y que explique el manejo de recursos en el llamado caso ``Amigos de Fox'', a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para integrar un grupo de trabajo, con la participación de las comisiones legislativas que se indique, para formular un análisis integral de la problemática actual del campo, a cargo del diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para crear la comisión especial de la región Cuenca de Burgos, a cargo del diputado Homero Díaz Rodríguez, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de los estados: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2004, establezca montos suficientes para satisfacer las demandas de los trabajadores universitarios, así como para que en la negociación salarial en la UNAM la Rectoría haga un esfuerzo por dar respuesta a las justas demandas del STUNAM, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, y al Instituto Nacional de Migración, para que se revisen los derechos de los migrantes centroamericanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para crear la comisión especial de zonas de desastres, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo intervenga en el juicio que se sigue contra el C. Armando Villarreal Marta, preso en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para que se decrete parque nacional la isla Lobos, que se encuentra en Tuxpan, Veracruz, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para solicitar a los responsables en el Gobierno Federal revisen con la mayor brevedad y hagan un replanteamiento urgente de los procedimientos para agilizar la fluidez de recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para beneficiar a la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social en la delegación Gustavo A. Madero, del Distrito Federal, con la construcción de una unidad de medicina familiar en la avenida Chalma-La Villa, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que adopte las medidas necesarias a efecto de otorgar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para consumos doméstico, comercial, industrial y del campo para los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, que forman la frontera sur, a cargo del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte al gobernador del estado de Jalisco y al Congreso local llevar a cabo la tramitación y cumplimiento de sus obligaciones encaminadas a cubrir el adeudo que como producto del fraude realizado a los ahorradores con la firma del convenio ante el fideicomiso para la liquidación de los ahorradores de las cajas de ahorro encaminado al pago por los gobiernos Federal y estatal, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concluya tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo (54 kilómetros) y Motozintla-Niquivil-Pavencul (48 kilómetros), todos ellos en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Solicitud de excitativa

A las comisiones unidas de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Energía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes catorce de octubre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos veintiún diputadas y diputados, a las once horas con dieciocho minutos del martes catorce de octubre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Con acuerdo relativo a la comparecencia de funcionarios del Ejecutivo Federal ante comisiones para el análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada. Se aprueba en votación económica.

Con acuerdo para la comparecencia del Procurador General de la República para el análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada ante comisiones. Se aprueba en votación económica.

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite copia de la contestación del Director General de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al conflicto iraquí. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores y al promovente para su conocimiento.

Oficio de la Cámara de Senadores por el que remite acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Jalisco para que en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil cuatro, se asignen recursos suficientes para atender las necesidades de los productores, dadas las pérdidas ocurridas durante dos mil tres. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La diputada Socorro Díaz Palacios, del Partido de la Revolución Democrática, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento dos y reforma y adiciona el artículo ciento tres del Código Fiscal de la Federación y que adiciona el artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña

Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.

El diputado Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y que reforma el párrafo tercero del artículo tercero de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y de Energía.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Marco Antonio Torres Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para que el Secretario de Economía comparezca e informe sobre el motivo de la posible importación de ciento doce mil toneladas de azúcar y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, así la considera. Hablan en pro los diputados: Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México; Inelvo Moreno Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática; y Lázaro Arias Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese. Antes de la intervención del diputado Arias Martínez, a las doce horas con diecinueve minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos sesenta y ocho diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.

María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para crear una Comisión Investigadora del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Para solicitar la rectificación del trámite se concede la palabra al diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que la proposición se turne a la Junta de Coordinación Política. El Presidente hace comentarios sobre el turno dado y consulta al diputado Gómez Alvarez si admite que la proposición se turne a la comisión referida y a la Junta de Coordinación Política. Desde su curul el diputado Gómez Alvarez insiste en su solicitud y en atención a ella el Presidente turna la proposición a la Junta de Coordinación Política.

Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, para crear una Comisión Especial que dé seguimiento al proyecto hidroeléctrico El Cajón, en el estado de Nayarit. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Susana Guillermina Manzanares Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a los congresos de los estados a que promuevan la aprobación, ampliación o profundización de leyes de participación ciudadana.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Se turna a la Comisión de Participación Ciudadana.

Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el presupuesto para la educación agrícola superior y la investigación agropecuaria y forestal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Roberto Javier Vega y Galina, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Abdallán Guzmán Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con dos pescadores presos del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional, para incorporar a la economía informal a sistemas formales a fin de garantizar su inclusión en la seguridad social y para que se simplifique el régimen fiscal del pequeño contribuyente. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Víctor Suárez Carrera, del Partido de la Revolución Democrática, para crear una Comisión Especial de seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Gonzalo Moreno Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los beta análogos para fines zootécnicos.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña

Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Alfonso Sánchez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita la recomendación para que una institución académica practique la auditoría ambiental al complejo termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos, de Tuxpan, Veracruz. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Secretaría da lectura a la solicitud de excitativa del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el segundo párrafo del artículo veinticinco y reforma el artículo ciento seis de la Ley del Seguro Social, en materia de régimen financiero del seguro de enfermedades y maternidad, presentada el cinco de noviembre de dos mil dos.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Remítase a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que informa de la fecha de la comparecencia del Secretario de Energía para el análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada. De enterado.

En el capítulo de agenda política, el diputado Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, comenta el dictamen de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral y su aprobación, relativo al expediente Q-CFRPAP diecinueve/cero cero, Partido Revolucionario Institucional contra Alianza por el Cambio.

En el capítulo de efemérides, hablan en relación con el doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos, los diputados: Luis Maldonado Venegas, de Convergencia; Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México; Javier Manzano Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Huberto Aldaz Hernández, del Partido Acción Nacional; y Marcelo Tecolapa Tixteco, del Partido Revolucionario Institucional.

Conmemora el cuadragésimo octavo aniversario luctuoso del ex presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho, el diputado Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional. Sobre el mismo tema, la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, entrega por escrito su intervención y el Presidente instruye su inserción en el Diario de los Debates.

Habla sobre el Día Mundial de la Mujer Rural la diputada María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, del Partido Revolucionario Institucional.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que propone cambios en la integración de las comisiones de: Desarrollo Social; Fortalecimiento del Federalismo; Juventud y Deporte; Marina; Pesca; Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; Reforma Agraria; Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Salud; e informa de una fe de erratas en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Energía. Se aprueba en votación económica.

Desde su curul el diputado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, solicita a la Presidencia convoque a la Junta de Coordinación Política a fin de que atienda a mujeres rurales que se manifiestan afuera de la Cámara de Diputados. El Presidente aclara que ese órgano no depende de la Presidencia, por lo que su Presidenta será quien decida si debe convocarlo.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

A las catorce horas con cincuenta y siete minutos la Secretaría informa del registro final de cuatrocientos sesenta diputadas y diputados.

El Presidente clausura la sesión a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, citando a sesión solemne para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la incorporación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del derecho de las mujeres a votar y ser elegidas que tendrá lugar el jueves dieciséis de octubre de dos mil tres, a las once horas y a sesión ordinaria el martes veintiuno de octubre de dos mil tres, a las once horas.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Por lo tanto, las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE GUERRERO
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo.--- H. Congreso del Estado de Guerrero.--- LVII Legislatura.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de esta Legislatura y en cumplimiento del tercer transitorio del acuerdo parlamentario aprobado el día hoy, relacionado con el Plan de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público de la Secretaría de Educación de Guerrero durante el ciclo escolar 2003-2004, adjunto al presente remito a ustedes copia del acuerdo citado para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, les reitero las seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 24 de septiembre de 2003.--- Lic. Guadalupe Pavía Miller (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo.--- H. Congreso del Estado de Guerrero.--- LVII Legislatura.

La Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa y:

Considerando

Primero.- El miércoles diecisiete de septiembre de 2003, en reunión de trabajo con la Comisión de Educación del honorable Congreso del estado, el ciudadano secretario de Educación de Guerrero, contador público Daniel Pano Cruz, informó acerca de la situación financiera que guarda la institución, sus causas y consecuencias, así como de la próxima emisión de un plan especial de austeridad y racionalidad en el gasto de la secretaría a su cargo.

Segundo.- En conferencia de prensa, el jueves dieciocho de septiembre de 2003, el ciudadano secretario de Educación, expuso las condiciones y las causas que han conducido a esta crisis financiera de la Secretaría de Educación de Guerrero.

Ahí, el ciudadano secretario de Educación informó que la institución arrastra un déficit de 1,790 millones de pesos, mismo que se atribuye a dos causas:

a) Al sucesivo incremento de los días de aguinaldo otorgados al personal docente; en particular, el incremento de 45 a 90 días de aguinaldo, cuya diferencia es financiada ``con el presupuesto destinado al gasto corriente de la SEG'', habiéndose acumulado hasta la fecha ``un déficit por este concepto de 1,460 millones de pesos, de los cuales 570 millones corresponden al aguinaldo de 2003''.

b) Al otorgamiento de 6,500 plazas sin soporte presupuestal, con un costo de trescientos millones de pesos, que, se afirma, fueron destinadas a los egresados de las escuelas normales, a cumplir acuerdos con la parte sindical y a satisfacer peticiones de los partidos políticos, las organizaciones sociales y la gestoría de los diputados.

De esta conferencia de prensa, los medios de comunicación destacaron el riesgo de que la Secretaría de Educación de Guerrero no estuviera en condiciones de pagar salarios y aguinaldos, y el escándalo que se suscitó por el sobregiro de plazas y las afirmaciones acerca de a quiénes se había beneficiado con ellas.

Tercero.- Desde el viernes diecinueve de septiembre, la opinión pública manifestó su preocupación y descontento al respecto, demandando que la Secretaría de Educación informara ampliamente respecto de las causas y consecuencias de la crisis financiera, procediera al deslinde de responsabilidades en cuanto a las plazas otorgadas para que, sin menoscabo del derecho de petición y gestión que asiste a los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones y los representantes populares, se esclarezca si hubo situaciones indebidas y quién o quiénes se beneficiaron de ellas.

Asimismo, se ha exigido que la Secretaría de Educación de Guerrero brinde plenas garantías de que cumplirá con el pago de salarios y aguinaldos, aun cuando ese mismo día funcionarios encargados del área financiera de la Secretaría señalaron que el cumplimiento de estos dos rubros estaba garantizado.

Cuarto.- El Periódico Oficial del gobierno del estado publicó, en su número setenta y cuatro del diecinueve de septiembre, el acuerdo que establece el Plan de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público de la Secretaría de Educación de Guerrero durante el ciclo escolar 2003-2004, en el cual se establecen las medidas que adoptarán la Secretaría de Finanzas y Administración, y la Secretaría de Educación de Guerrero con el apoyo de la Contraloría General del estado, para sanear la situación financiera de esta institución educativa. Al mismo tiempo, diversos sectores de opinión han venido insistiendo en que se den a conocer los resultados de la auditoría practicada a la institución al inicio de este sexenio y en que se finquen las responsabilidades a que haya lugar.

Quinto.- Desde el sábado veinte de septiembre del mismo año, el propio gobernador del estado ha venido acotando el estado real de la situación financiera de la Secretaría de Educación de Guerrero, aclarando que la ``institución no está en quiebra financiera'' y ratificando que está garantizado el pago de los salarios y aguinaldos correspondientes; el gobernador ha convocado a la opinión pública a que se apoyaran las medidas de austeridad y racionalidad puestas en marcha mediante el acuerdo emitido el doce de septiembre del año dos mil tres.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política Local, y 8º, fracción I, y 127, párrafos primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero.- La Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del estado define públicamente su posición ante la situación que prevalece en la Secretaría de Educación de Guerrero, fijándole a esta institución dos compromisos irrenunciables:

1. Que se garantice, sin limitaciones de ninguna clase, la educación básica a todos los niños y jóvenes guerrerenses.

2. Que se dé plena certidumbre al magisterio de Guerrero de que le serán cubiertas, en tiempo y forma, sus legítimas percepciones salariales, así como todas aquellas prestaciones que por ley le corresponda.

Segundo.- Se requiere al ciudadano secretario de Educación de Guerrero para que comparezca ante las comisiones unidas de Gobierno, Educación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del estado de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, e informe de manera amplia y detallada los orígenes, causas y consecuencias de la crisis financiera que atraviesa la secretaría a su cargo y del contenido de las medidas puestas en marcha para enfrentarla; haciendo, en su caso, el deslinde de las responsabilidades a que haya lugar.

Tercero.- Se acuerda solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de los convenios suscritos y en coordinación con la Auditoría General del Estado, audite e informe a esta representación popular de la situación que sobre el particular guarda la Secretaría de Educación de Guerrero para que esta Legislatura esté en condiciones de informar con certidumbre a la sociedad, así como de adoptar las medidas pertinentes.

Transitorios

Primero: Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del gobierno del estado.

Segundo: Remítase el presente acuerdo al ciudadano gobernador del estado, al ciudadano secretario general de Gobierno; al ciudadano secretario de Finanzas y Administración; al ciudadano secretario de Educación de Guerrero; y al ciudadano contralor general del estado para su conocimiento y efectos procedentes.

Tercero: Remítase el presente acuerdo al ciudadano Presidente de la República, al ciudadano secretario de Hacienda y Crédito Público; al ciudadano secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, y a las Cámaras de Senadores y de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento e intervención.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a 24 de septiembre de 2003.--- Diputados: Juan José Castro Justo (rúbrica), Presidente; Constantino García (rúbrica), secretario; David Jiménez Rumbo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De enterado.

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ESTADO DE JALISCO
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado, en sesión verificada hoy, aprobó el acuerdo económico número 1082/03, del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se le solicita respetuosamente que, en coordinación con las secretarías competentes del Ejecutivo Federal, inicien los trabajos tendentes a revisar y actualizar de manera integral el marco jurídico vigente aplicable a las condiciones de registro y supervisión de fármacos biológicos y aditivos alimenticios para uso zootécnico.

Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las acciones que se sirva tomar al respecto las haga del conocimiento de esta representación popular, con la mayor brevedad, a fin de darles el curso correspondiente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 25 de septiembre de 2003.--- ``2003, Año de la Equidad en Jalisco''.--- Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Compañeros Diputados:

Los suscritos diputados, integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del estado de Jalisco y de las Comisiones de Protección y Mejoramiento Ambiental, y de Desarrollo Pecuario, en uso de la facultad que les confieren los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política para el estado de Jalisco y 47-C, 47-D, 85 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el estado de Jalisco, someten a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa de acuerdo económico, con carácter de dictamen, a efecto de que esta soberanía solicite de manera atenta y respetuosa tanto al Ejecutivo Federal como al Congreso de la Unión que den inicio a los trabajos conducentes a revisar y actualizar de manera integral el marco jurídico aplicable al registro y la supervisión de productos farmacéuticos, biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico, bajo los siguientes

Antecedentes

1. La indebida utilización de betanálogos, en específico el clembuterol, en la engorda del ganado ocasionó tan sólo en Jalisco durante 2002, según cifras reportadas en el Segundo Informe de Gobierno del licenciado Francisco Ramírez Acuña, gobernador constitucional del estado, 114 casos notificados de personas intoxicadas por el consumo de hígado de res.

2. Ese grave problema de salud pública es generado por algunos ganaderos que buscan producir ganado musculoso y con poca grasa a base de los productos químicos conocidos como betagonistas, expresamente prohibidos por las autoridades agropecuarias y de salud, como es el caso del clembuterol, situación que no ha pasado inadvertida para la actual Legislatura, habiéndose presentado en una primera instancia el acuerdo económico 204/01, mediante el cual, en apoyo de la Legislatura de Colima, se solicitaba al H. Congreso de la Unión que realizara una investigación sobre el procedimiento llevado a cabo por la entonces Sagar, hoy Sagarpa, que dio como resultado la aprobación y el uso para la finalización de ganado bovino del clorhidrato de zilpalterol para que, en su caso, se exigiera el cumplimiento de las responsabilidades conducentes antes las autoridades competentes. Con posterioridad a dicho acuerdo, esta soberanía, en otras tres ocasiones, ha solicitado la intervención de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Jalisco y a la delegación federal de la Sagarpa para controlar la utilización de esas sustancias, que atentan contra la salud de la población.

3. Los betanagonistas, utilizados como aditivos para incrementar los volúmenes de producción de carne de diversas especies para consumo humano, son sustancias sobre las que es muy razonable exteriorizar la duda sobre los niveles residuales que se pueden encontrar en tejidos de bovinos, como en hígado, médula, ojos, cerebro, testículos, pene, pulmón, corazón, glándula mamaria, lengua y labio, en virtud de que no existe información al respecto, con el consiguiente riesgo en la salud pública. Por ello resulta incongruente que legalmente esté autorizada en México la utilización del clorhidrato de zilpalterol o Zilmax, cuando en el resto del mundo no está autorizada. Debido a lo anterior, desde 2001 se solicitaba a las autoridades de la Sagarpa la suspensión de la utilización de todos los betanálogos, entre otras, por las siguientes razones:

a) Falta de vigilancia sobre la observancia de uso de las indicaciones técnicas para su empleo.

b) Falta de coordinación interinstitucional.

c) Ausencia de límites máximos permisibles bajo normas internacionales.

Considerando

Primero. Que la solicitud de registro de fármacos, químicos, biológicos y aditivos para uso alimenticio en animales obedece a un interés unilateral, sin un requisito de justificación de demanda del mercado por parte de los miembros de la cadena alimentaria potencialmente beneficiarios o afectados con su aprobación.

Segundo. Que en los requisitos actuales para registro no se solicita un estudio de impacto en la rama de la industria alimentaria en cuestión.

Tercero. Que, con la normatividad y legislación actuales, no existe un marco que obligue a instituciones o a dependencia alguna a implantar un sistema de monitoreo, control y vigilancia que garantice el uso del producto en las condiciones en las que se autorizó.

Cuarto. Que el marco normativo y legal actualmente existente ha generado un alto nivel de cuestionamientos a la eficiencia con que se puede garantizar el ofrecimiento de alimentos inocuos a la población.

Quinto. Que la normatividad existente para regular el registro de fármacos, químicos, biológicos y aditivos para uso alimenticio en animales da lugar a interpretaciones de criterio de las autoridades y, por ende, crea la posibilidad de decisiones de beneficio unilateral, además de ocasionar inexactitudes e inconsistencias en la metodología.

Sexto. Que el surgimiento de productos nuevos demanda condiciones de prueba y supervisión no consideradas en las normas actuales, lo que provoca incongruencias científicas y metodológicas y pone en riesgo la salud del consumidor.

Séptimo. Que el principio precautorio reconocido internacionalmente no se aplica o toma en cuenta en este proceso de registro bajo la normatividad y legislación actual en México.

Octavo. Que estas condiciones remarcan la necesidad de revisar el marco normativo y legal vigente con miras a establecer nuevas normas y procedimientos tendentes a garantizar el abastecimiento de alimentos de origen animal y vegetal inocuos para la población.

Noveno. Que la ausencia de un organismo autónomo e independiente que fiscalice, audite y sancione las acciones de las dependencias oficiales involucradas en garantizar la inocuidad alimentaria en México ha provocado el uso y abuso de sustancias que implican un riesgo para la salud de la población.

Décimo. Que, debido a todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario:

1. Una urgente revisión integral, profunda y detallada de las condiciones existentes en México, en contraste con las que deberían de existir, para:

1.1. El registro de fármacos, químicos, biológicos y aditivos para uso alimenticio en animales.

1.2. Los mecanismos y procedimientos legales que garanticen su adecuado uso en forma comercial y que apoyen asimismo a garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos para la población.

Así como incluir en esa revisión:

a) El nocivo acotamiento legal y, por ende, ámbito de responsabilidades en el tema de las diferentes dependencias gubernamentales involucradas y la necesidad de entrelazarlas eficiente y efectivamente en acciones cooperativas y complementarias.

b) El acotamiento legal que mantiene o favorece la desvinculación entre el aspecto de salud animal y sanidad vegetal y, consecuentemente, la inocuidad de los alimentos, con la salud humana, lo que implica una revisión de la actual Ley Federal de Sanidad Animal.

Por todo lo antes expuesto, las comisiones que suscriben el presente proponen ante el Pleno de este H. Congreso la siguiente

Iniciativa de Acuerdo Económico

Primero. Solicítese de manera atenta y respetuosa al Ejecutivo Federal que, a través de la Secretaría de Salud, Secretaría de Economía y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se inicien los trabajos tendentes a revisar y actualizar de manera integral el marco jurídico vigente aplicable a las condiciones de registro y supervisión de fármacos, biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico.

Segundo. Solicítese de manera atenta y respetuosa al H. Congreso de la Unión que, en coordinación con las secretarías competentes del Ejecutivo Federal, se inicien los trabajos tendentes a revisar y actualizar de manera integral el marco jurídico vigente aplicable a las condiciones de registro y supervisión de fármacos, biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico.

Tercero. Expídase una atenta y respetuosa invitación a cada una de las Legislaturas de los estados del país a que se sumen y respalden el presente acuerdo.

Sala de comisiones del Congreso del Estado.--- Guadalajara, Jalisco, a 25 de septiembre de 2003.--- Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental: Diputados: Ena Luisa Martínez Velasco (rúbrica), Presidenta; Ricardo Rodríguez Oropeza, vocal; Martín González Jiménez (rúbrica), vocal; Ignacio Bañuelos Varela (rúbrica), vocal; Ernesto Díaz Márquez (rúbrica), vocal.

Comisión de Desarrollo Pecuario: Diputados: David Mendoza Pérez (rúbrica), Presidente; Ricardo Pedro Chávez Pérez (rúbrica), vocal; Ramiro Heriberto Delgado Saldaña (rúbrica), vocal; José Trinidad Muñoz Pérez, vocal; José León Valle (rúbrica), vocal.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Salud.

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ESTADO DE TLAXCALA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

CC. Diputados Secretarios del Honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, y en términos de la resolución aprobada por el Pleno de esta Quincuagésima Legislatura en su décima séptima sesión ordinaria pública celebrada el dos de octubre del año en curso, les envío el acuerdo por el que esta soberanía exhorta al ciudadano Presidente de la República Mexicana y todas las secretarías del Ejecutivo Federal que tengan injerencia en el presente asunto, a detener el proyecto de norma oficial mexicana propuesto a través de la Sagarpa y la Semarnat, relativa a la autorización del empleo de transgénicos. Lo anterior, para su debido cumplimiento.

Sin otro particular, les envío un cordial y respetuoso saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de Xicoténcatl, a 6 de octubre de 2003.--- Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

Acuerdo

Primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, fracción III, 77, 80 y 81, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 36, 37, fracción XII, 38, fracciones I, II y VIII, 50, fracción II, 124 y 128 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, esta soberanía exhorta al ciudadano Presidente de la República Mexicana y todas las secretarías del Ejecutivo Federal que tengan injerencia en el presente asunto, a detener el proyecto de norma oficial mexicana propuesto a través de la Sagarpa y de la Semarnat, relativa a la autorización del empleo de transgénicos.

Segundo. Esta soberanía se pronuncia en pro de que las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión puedan, en uso de sus facultades constitucionales, ejercer las acciones parlamentarias correspondientes para concretizar el presente acuerdo.

Tercero. Instrúyase al secretario parlamentario para que, en ejercicio de sus funciones, comunique el presente acuerdo al ciudadano Presidente de la República, a las secretarías de Estado involucradas en el presente asunto, así como a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión; y notifíquese a la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Querétaro para los efectos parlamentarios correspondientes.

Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del gobierno del estado.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 2 de octubre de 2003.--- Dip. Silvestre Vázquez Guevara (rúbrica), Presidente; Dip. Flora María Hernández Hernández (rúbrica), Secretaria; Dip. María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi (rúbrica), Secretaria.»

Cumplida su encomienda, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

Continúe la Secretaría.

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VIAJES INTERNACIONALES DE DIPUTADOS
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.--- LIX Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establecen los lineamientos para la autorización de viajes internacionales de los integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.

De conformidad con el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno la designación de delegaciones para atender las invitaciones que se hacen al Congreso General, a las comisiones o comités de la Cámara de Diputados, a las diputadas y diputados en lo personal y para asistir a las sesiones de los organismos parlamentarios de carácter multi- lateral, así como lo relativo a los grupos interparlamentarios de amistad; y con respecto a estas reuniones, en sus recesos la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su presidente.

Expuestas las consideraciones anteriores, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, incisos a) y e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adopta el siguiente:

ACUERDO

UNICO. La autorización de los viajes internacionales de los diputados de la LIX Legislatura se sujetará a los siguientes:

LINEAMIENTOSDe las invitaciones al Congreso de la Unión

1. La Cámara de Diputados de México participará en eventos internacionales; formará parte de los Organismos Internacionales de Parlamentarios; organizará y atenderá Reuniones Interparlamentarias de carácter Bilateral o Regio- nal, y tendrá presencia en eventos internacionales de diverso tipo que sean de interés para sus comisiones o grupos parlamentarios, a través de delegaciones de parlamentarios.

2. Las delegaciones de la Cámara de Diputados serán nombradas por la Junta de Coordinación Política. Cuando por razones de receso u otras causas, la Junta no se reúna, la Presidencia de la misma integrará las delegaciones de conformidad con los presentes lineamientos y en consulta con los coordinadores de los grupos parlamentarios. La junta informará a la Comisión de Relaciones Exteriores, la cual deberá dar seguimiento al desempeño de las delegaciones.

3. La Mesa Directiva de la Cámara atenderá todas las invitaciones que se le formulen, o asistirá a los eventos que considere pertinentes. En esos casos, sólo notificará a la Junta de Coordinación Política sus decisiones.

4. Las Comisiones de la Cámara de Diputados podrán acordar asistir a reuniones de su interés, siempre y cuando los temas de que se trate tengan vinculación con las cuestiones legislativas. En esos casos, la Comisión remitirá su acuerdo a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, la que procederá a revisar la congruencia con los presentes lineamientos, la justificación de la presencia de legisladores en la reunión de que se trate, y la existencia de techo presupuestal para, en su caso, proceder a su autorización. En cualquier circunstancia, las comisiones sujetarán sus propuestas de delegaciones a los criterios establecidos en el presente documento y solo ratificarán su presencia en los eventos cuando se autorice la delegación en los términos del presente artículo.

5. Las delegaciones que se integren deberán reflejar y apegarse a los criterios de pluralidad y representatividad que los Grupos Parlamentarios y los partidos representados en la Legislatura tienen ante el Pleno.

De la participación en los Organismos Parlamentarios de carácter Multilateral

6. Los Organismos Parlamentarios Multilaterales son de carácter permanente, en tal virtud los Grupos Parlamentarios designarán de manera preferente a las diputadas y diputados que participan en forma permanente, con objeto de dar seguimiento puntual a los temas y mantener una posición constante y consecuente sobre los mismos.

7. Las Delegaciones se integrarán invariablemente en función del número de asientos disponibles en cada foro y nunca podrán rebasar el mismo. La composición de las delegaciones será plural, en concordancia con la representación de los diversos Grupos Parlamentarios de la Cámara.

De las Reuniones Interparlamentarias

8. Las Delegaciones de la Cámara de Diputados que participen en las Reuniones Interparlamentarias de carácter internacional, deberán representar la naturaleza bicameral del Congreso de la Unión, dividiéndose entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en igualdad de circunstancias, la representatividad del Congreso y el número de votos que se tenga derecho a ejercer. La Comisión de Relaciones Exteriores participará proponiendo la integración de las Delegaciones, considerando miembros de otras comisiones.

9. De conformidad con la práctica parlamentaria, las Delegaciones que participan en las Reuniones Interparlamentarias que se realicen fuera del territorio nacional serán presididas por la Cámara de Senadores, correspondiendo la Copresidencia a la Cámara de Diputados. Cuando los eventos se realicen en territorio nacional serán presididas por la Cámara de Diputados y copresididos por la Cámara de Senadores.

10. Preferentemente se procurará que en la integración de las Delegaciones ante las Interparlamentarias se tenga un grado de continuidad en la presencia de los legisladores, para que tengan la oportunidad de especializarse en temas y países.

De las invitaciones a Comisiones y/o Comités

11. Cuando la invitación para participar en un evento internacional sea dirigida a una Comisión y/o Comité de la Cámara de Diputados, ésta deberá presentarse ante la Junta de Coordinación Política, marcando una copia a la Comisión de Relaciones Exteriores, acompañada de objetivos de la misión, así como del correspondiente programa de trabajo, proponiendo la integración de la Delegación y el interés que la misma tiene para asistir a dicho evento, al menos con veinte días naturales de anticipación a la fecha en que dé inicio el evento respectivo, a efecto de que, de ser aprobadas, se puedan realizar los trámites administrativos correspondientes.

Las solicitudes de las Comisiones y Comités e invitaciones deberán tener un carácter plenamente parlamentario. Para estos efectos se tomarán en cuenta, los siguientes elementos:

a) Que el evento sea convocado por un organismo parlamentario nacional, regional o mundial.

b) Que los resultados previstos constituyan una contribución al trabajo legislativo de la Cámara.

La Junta de Coordinación Política, podrá autorizar aquellos casos en los que sea evidente una contribución al desarrollo del trabajo legislativo de la Cámara de Diputados.

De las invitaciones a las diputadas y diputados en lo personal

12. En los casos en que una diputada o diputado en lo personal sea invitado a asistir a un evento internacional, incluyendo los de carácter político, académico y/o cultural, la Mesa Directiva de la Comisión o Comité del cual forma parte podrá decidir la aceptación de dicha invitación, la que se someterá a la consideración de la Junta de Coordinación Política.

De la participación de observadores en los eventos internacionales

13. Unicamente en el caso en que en la invitación al Congreso de la Unión y/o una Comisión y/o Comité, establezca la participación de observadores, la Junta de Coordinación Política autorizará el registro, ante el Secretariado del evento, de la diputada o diputado que sea adicionado a la Delegación como observador del mismo.

Los grupos parlamentarios podrán incorporar a uno de sus miembros a la Delegación en calidad de observador, siempre y cuando la invitación al evento así lo establezca.

De los criterios de austeridad y aplicación racional de los recursos

14. La Cámara de Diputados no cubrirá en ningún caso gastos para viajar al exterior que no revistan un carácter manifiestamente parlamentario, y en el cual los resultados de la participación del diputado o diputada no contribuyan al trabajo legislativo de la Cámara.

En los Periodos Ordinarios de Sesiones, sólo podrán autorizarse delegaciones relacionadas con el cumplimiento de los compromisos que la Cámara de Diputados hubiere adquirido previamente con otros órganos parlamentarios.

Los casos de urgencia debidamente justificada, podrán ser aprobados por consenso de la Junta de Coordinación Política.

La comprobación de gastos, pasajes y viáticos correspondientes será responsabilidad del diputado o diputada ante las áreas administrativas de la Cámara, y de conformidad con las normas establecidas para el efecto.

De la entrega de informes.

15. Al finalizar la comisión correspondiente, el presidente deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, marcando copia a la Comisión de Relaciones Exteriores y otra a la Biblioteca de la Cámara de Diputados, un informe sobre el desarrollo y los resultados del evento, así como la documentación que recibió, y de los puntos resolutivos del evento, además de la fecha y lugar a la que fue convocada la próxima reunión.

16. En el caso de las Reuniones Interparlamentarias y de las Sesiones de los Organismos Parlamentarios Multilaterales, la presidencia o presidente de la Delegación Política, deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, marcando una copia a la Comisión de Relaciones Exteriores y otra a la Biblioteca de la Cámara de Diputados, un informe sobre el desarrollo y los resultados del evento y la fecha y lugar en que fue convocada la próxima reunión; así como los compromisos contraídos, previa autorización de la Junta de Coordinación Política.

17. Previamente a su presentación, los informes deberán ser consensuados entre los integrantes de la delegación y, en caso de no existir consenso, cada Grupo Parlamentario podrá elaborar su propio informe, el cual será enviado a la Junta de Coordinación Política y a la Gaceta Parlamentaria para su publicación.

De la autorización de los recursos

18. Las comisiones oficiales que se confiera a las diputadas y diputados de la LIX Legislatura podrán realizarse única y exclusivamente previo oficio de Comisión.

19. Los gastos de transportación y alojamiento de una Delegación que asista a un evento con la representación de la Cámara de Diputados correrán a cargo de ésta.

20. Los gastos de transportación y alojamiento de una delegación que asista a las reuniones de los Organismos Parlamentarios Multilaterales serán sufragados por la Cámara de Diputados.

21. Los gastos de transportación y alojamiento de una Delegación de una Comisión y/o Comité serán cargados al presupuesto de la Comisión correspondiente.

22. Cuando la Comisión y/o Comité decida que solo su presidente asista a un evento los gastos respectivos serán cubiertos por la Cámara de Diputados.

23. Cuando una diputada o diputado atienda una invitación de carácter personal, los gastos respectivos serán cubiertos por la Comisión y/o Comité que autorizó su participación en el evento.

24. El Grupo Parlamentario que incorpore a una Delegación a uno de sus miembros en calidad de observador, deberá cubrir sus gastos de transportación y alojamiento con las prerrogativas de su bancada.

De la asignación de viáticos y boletos de avión

25. Los viáticos que se asignen a los delegados para su participación en eventos internacionales deberán corresponder a las fechas en que se realizarán dichos eventos, tomando en cuenta los horarios y días de traslado, en el entendido de que no se otorgará ningún servicio sin que exista el oficio de la Comisión correspondiente, el cual deberá señalar el periodo efectivo de la reunión o evento.

26. Los boletos de avión que se expidan para tal fin deberán coincidir con la fecha del periodo en que se desarrollará la comisión oficial que motivó la asignación de ese recurso y, cuando la duración del viaje sea mayor a tres horas, se utilizará la clase conocida como "negocios".

27. La asignación de viáticos se apegará a la zonificación y tarifas aprobadas por la Junta de Coordinación Política y, en el caso de los viajes internacionales, se otorgarán por un periodo de hasta ocho días continuos o interrumpidos, los cuales podrán prorrogarse cuando así se justifique ante la Junta de Coordinación Política.

28. Las cuotas que se señalan en las tarifas incluyen los gastos por concepto de hospedaje, alimentación, transporte local, tintorería, lavandería, propinas y cualquier otro gasto similar o ligado a éstos.

29. Cuando los eventos a los que concurran los legisladores comprendan la estancia en dos o más países, la cuota que se asignará es la que marca la tarifa en cada uno de los países y, en caso de que coincida la estancia en dos países en un mismo día, se aplicará la correspondiente al país en que pernocte.

De la comprobación de los viáticos y boletos de avión

30. La comprobación de los viáticos se efectuará con el recibo firmado por la diputada o diputado, en forma automática a su recepción.

31. Lo diputados que realicen viajes nacionales e internacionales deberán regresar el talón del boleto de avión, a afecto de comprobar la realización del mismo.

32. En caso de que, por razones ajenas a su voluntad, la diputada o diputado no pueda atender la comisión conferida deberá reintegrar en un plazo de diez días hábiles, mediante oficio a la Tesorería, los viáticos y los boletos de avión no utilizados. De no llevarse a cabo en ese término, la Tesorería procederá al inmediato descuento de los viáticos y del boleto de avión de las dietas correspondientes a los diputados.

33. Por acuerdo previo de la Junta de Coordinación Política y a solicitud de la Delegación, se podrá autorizar que personal de apoyo, secretarios y/o asesores acompañen a la delegación en el número estrictamente necesario para el buen desempeño de los trabajos, identificándose al personal de referencia con nombre, puesto y actividades a desarrollar para que quede plenamente justificada su asistencia, asignándosele los viáticos correspondientes de conformidad con la tarifa establecida.

34. Las excepciones no contempladas y las infracciones que se presenten serán resueltas por el Pleno de la Junta de Coordinación Política.

35. Todo lo referente a viajes internacionales de los Acuerdos de Lineamientos para la Autorización de Viajes Internacionales de los Diputados del 27 de febrero y 5 de noviembre de 2001 quedan derogados.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a 20 de octubre de 2003.- Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a. Dip. Germán Martínez Cázares), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a. Dip. Cuahutémoc Ochoa Fernández), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús E. Martínez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada.

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LEY DE PUERTOS
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Continuamos con una iniciativa de los congresos de los estados.

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVII Legislatura.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por medio del presente, nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria de la H. XVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, celebrada el día 29 de septiembre del año en curso, se aprobó el dictamen número 331, presentado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual este Congreso del estado envía iniciativa de decreto que adiciona el artículo 38 bis de la Ley de Puertos.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mexicali, BC, a 30 de septiembre de 2003.--- Dip. Héctor Edgardo Suárez Córdova, Presidente.»

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVII Legislatura.

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Dictamen No. 331

En lo General: votos a favor: 20, votos en contra: 0, abstenciones: 0.

En lo Particular:

Una vez aprobado en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen No. 331 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por del diputado: Leopoldo Morán Díaz.

Dado en el salón de sesiones ``Lic. Benito Juárez García'', en sesión ordinaria de la Honorable XVII Legislatura del Estado de Baja California, a los 29 días del mes de septiembre del año 2003.--- Rúbricas.»

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVII Legislatura.--- Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

DICTAMEN: No. 331

Honorable Asamblea:

La Comisión que suscribe, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 61 fracción I, 62 fracción XVII, 110 fracción I, 115 fracción I, 116, 122 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, recibió para su estudio, análisis y dictaminación, INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 38 BIS A LA LEY DE PUERTOS, presentada ante esta soberanía por el DIPUTADO LEOPOLDO MORAN DIAZ, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, misma que se dictamina con base en los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 17 de Julio de 2003, el C. DIP. LEOPOLDO DIAZ, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentó ante la Asamblea, la Iniciativa de Reforma anteriormente señalada.

II. Recibida que fue la iniciativa en comento, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Edgardo Suárez Córdova, de acuerdo a la facultad conferida por el Artículo 50, fracción II, inciso f), y fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la turnó a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

III. Una vez recibida y analizada la iniciativa de referencia, estudiada que fue la misma en todos y cada uno de sus términos, la Comisión que suscribe en cumplimiento con lo previsto en la fracción III del Artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, realizó el presente Dictamen, bajo los términos siguientes:

ANALISIS Y ESTUDIOS DE LA INICIATIVA:

A) ASPECTOS GENERALES

I.- INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 38 BIS A LA LEY DE PUERTOS

De la exposición de motivos que se acompaña a la Iniciativa en cuestión, se desprenden los siguientes razonamientos:

Ensenada es un puerto dinámico de vocación múltiple, importante por su actividad comercial, pesquera y turística, colocado como uno de los puertos de mayor crecimiento económico a nivel mundial, por su proximidad a la creciente zona del noroeste de México y zona sudoeste de los Estados Unidos de América. La actividad portuaria de Ensenada, a través de todo este tiempo ha logrado mantenerse a pesar de la caída que tuvo en sus operaciones tanto por factores nacionales como internacionales tales como el embargo atunero.

En junio de 1994, el puerto de Ensenada cambia la forma de administrarse debido a la creación de las Administraciones Portuarias Integrales de Ensenada mejor conocida como ``Apis'' la cual tiene su fundamento en la Ley de Puertos, promulgada en 1993 y que busca asentar el nuevo marco de operación de los puertos mexicanos.

Las Apis tienen como principal objetivo administrar, supervisar, controlar y promocionar bienes, servicios y actividades dentro del Recinto Portuario y opera con utilidades y recursos propios logrando su autosuficiencia financiera, gracias a los ingresos que obtiene por concepto de cesiones, tarifas portuarias y prestación de servicios.

Las Apis no presentan en general los servicios portuarios directamente sino que lo hacen a través de empresas privadas a las Apis otorgan concesiones o permisos. El manejo de los contenedores y de carga general lo prestan, prácticamente, empresas privadas.

Por otra parte, cada Apis cubre una contraprestación anual al Gobierno Federal por el uso, explotación y aprovechamiento del Recinto Portuario y su poligonal envolvente. El marco jurídico en el que se sustentan las operaciones y actividades de la administración portuaria está sustentado por la Ley de Puertos, la Ley de Navegación, las reglas de Operación y las distintas disposiciones legales que aplican a su actividad.

Actualmente, el Gobierno Federal participa mayoritariamente en el capital de las 18 Apis constituidas como Entidades Paraestatales, tal es el caso de las Apis de Ensenada, donde el Gobierno Federal tiene casi el total del capital accionario, sin ninguna participación del Estado o Municipio donde se ubica el puerto.

En diciembre del año pasado, el Congreso de la Unión estableció en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de transferir de manera no onerosa, el 20% de las acciones de la sociedad mercantil Administración Portuaria Integral a los Gobiernos de los Estados el 6% de las mismas a los municipios donde se encuentren operando las referidas administraciones portuarias integrales, siempre y cuando así lo soliciten los Estados y los Municipios interesados y se trate de administraciones en que la Federación tenga el 76% de las acciones.

Al amparo de dicha disposición obligatoria para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta Soberanía tuvo a bien exhortar al Ejecutivo de nuestro Estado Lic. Eugenio Elorduy Walter y al Presidente del XVII Ayuntamiento de Ensenada, Dr. Jorge Catalán Sosa, para que solicitaran de manera oficial al Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la transferencia onerosa respecto de la administración portuaria integral ubicada en Ensenada, donde el gobierno Federal tiene la posesión de un porcentaje mayor al 76%.

No obstante y a pesar de las múltiples gestiones y variados esfuerzos que ha estado realizando desde comienzos del año el gobierno estatal y municipal para concretar la transferencia onerosa la Secretaría de Hacienda, así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aún no han terminado por concretar dicha transferencia por una serie de causas, tanto técnicas como contables lo anterior, hace prácticamente nugatoria la disposición del Congreso de la Unión contenida en la Ley de Ingresos de la Federación para el presente Ejercicio Fiscal. Tan larga ha sido la espera que en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2003, se estableció nuevamente, en el artículo Sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2003, con vigencia por todo este año, el mismo contenido del artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos 2002, con la finalidad de facilitar la conclusión de los procesos de transferencia no onerosa que los Estados y Municipios solicitaron durante la vigencia de la Ley de Ingresos para el 2002.

El hecho es que si al concluir el presente ejercicio fiscal, de nueva cuenta no se logra transferir al estado y Municipios los porcentajes de capital a que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación, dejará en total estado de incertidumbre no sólo a nuestras entidades Públicas, sino también a los demás gobiernos estatales y municipales que llegaran a solicitar esta transferencia no onerosa. La falta de observancia de esta disposición, por parte de las Dependencias Federales haría que, aun cuando se ordenara en la siguiente Ley de Ingresos dicha transferencia dentro de su vigencia anual, se correría el riesgo de que, nuevamente, las dependencias federales siguieran sin beneficiar, a los Gobiernos Estatales y Municipales.

Es indudable que el Estado de Baja California y el Municipio de Ensenada cuentan con plena capacidad para administrar este tipo de organismos y tendrían en la transferencia no onerosa de las Apis un importante ingreso no sólo para sanear sus ya mermadas finanzas, sino también para planear, a largo plazo, el desarrollo de nuestras regiones, así que en muchos casos, dependen precisamente de la actividad portuaria, ya sea en el Mar de Cortez o en el Pacífico.

En este sentido se propone que para concretar en definitiva la transferencia de las Apis en beneficio de estados y municipios, así como para remediar lo escaso de la vigencia de la Ley de Ingresos se propone modificar la Ley de Puertos, ordenamientos en el que está prevista la existencia de las Administradoras Portuarias Integrales, a efecto de establecer ahí que las Apis, cuyas acciones pertenezcan en más del 76% al Gobierno Federal, serán transferidas de manera onerosa en un 20% a los Gobiernos Estatales y en un 6% a los de los Ayuntamientos que así lo soliciten, es decir, tal y como originalmente se prevé en la Ley de Ingresos de la Federación, pero a cambio tendrá una vigencia de carácter permanente y no transitoria como actualmente sucede.

II. ANTECEDENTES DE LA REFORMA PRETENDIDA

En congruencia con el Programa de Modernización de la Infraestructura Portuaria y del reordenamiento de sus servicios, el 28 de septiembre de 1992 se expide el decreto para la extinción del órgano desconcentrado Puertos Mexicanos, así como para privatizar la operación de los puertos, reservándose para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la atención de las funciones de autoridad en materia portuaria, mientras que la operación y la prestación de los servicios será atendida por los particulares.

En virtud de la importancia del nuevo marco funcional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de puertos y marina mercante y a efecto de favorecer la participación de los sectores social y privado, en julio de 1993 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la creación de la Unidad para la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, a fin de ejercer la autoridad marítima y portuaria, así como para regular la operación y la prestación de los servicios relativos.

La estructura básica autorizada el 5 de julio de 1993 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el nivel de dirección general, contempló la creación de la Unidad para la Coordinación de Puertos y Marina Mercante y la Dirección General de Puertos, así como el cambio de denominación de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante por la de Marina Mercante.

El 19 de marzo de 1994 se publica en el Diario Oficial el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría, en el que se determina un nuevo arreglo organizacional que contempla cambios en la denominación de algunas unidades administrativas y la creación de otras. Dentro de las áreas de nueva creación, se encuentra la citada unidad que cambió su denominación a Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y las direcciones generales de Puertos y de Capitanías; las dos primeras fueron autorizadas en julio de 1993, sujetas a que se modificara el Reglamento Interior y la última fue creada en marzo de dicho año, las cuales se instrumentan con la responsabilidad de regular, coordinar y vigilar la descentralización y operación del sistema marítimo portuario.

En congruencia con las normas vigentes en materia organizacional determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con lo establecido en el Programa de Mediano Plazo para el Cierre de la Administración, en junio de 1994 se integró un nuevo esquema organizacional para esta dependencia, con el propósito de lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, incrementar los niveles de eficiencia y productividad y alcanzar una mayor calidad de los servicios.

En la presente administración se inició un proceso de modernización administrativa orientado a obtener el óptimo aprovechamiento de recursos, lo que ha propiciado que las unidades administrativas modifiquen sus estructuras con el propósito de estar en congruencia con los requerimientos actuales de operación y sobre la base de incrementar los niveles de productividad de la Secretaría.

III.- DE LA PRETENSION LEGISLATIVA

La presente Iniciativa de reforma, propone modificar la Ley de Puertos, ordenamiento en el que está prevista la existencia de las Administradoras Portuarias Integrales, a efecto de establecer que las (Apis), cuyas acciones pertenezcan en más del 76% al Gobierno Federal, serán transferidas de manera onerosa en un 20% a los Gobiernos Estatales y en un 6% a los de los Ayuntamientos que así lo soliciten, es decir, tal y como originalmente se prevé en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2003, de esta forma, se tendrá una vigencia de carácter permanente y no transitoria como sucede en la actualidad.

IV.- REGIMEN JURIDICO

Para efectos de determinar la viabilidad o inviabilidad de la Iniciativa en cuestión procederemos a estudiar y analizar los ordenamientos legales aplicables al caso, mismos que se transcriben para su mayor comprensión:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSARTICULO 116.-...

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas.

...

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA

ARTICULO 27.- Son facultades del Congreso.

I...

II.- Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como proponer la reforma o derogación de unas y de otras;

III a la XXXV.-...

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ARTICULO 61.- Las Comisiones de Dictamen Legislativo, serán las siguientes:

I.- De Legislación y Puntos Constitucionales.

II a la III...

ARTICULO 63.- Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en el artículo que antecede la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales solicitará a la Dirección de Asuntos Jurídicos Legislativos el estudio y análisis respectivo.

ARTICULO 116.- Las Iniciativas de Ley o Decreto deberán sujetarse a los trámites siguientes:

I.- Dictamen de Comisiones;

II.- Discusión; y

III.- Votación.

ARTICULO 117.- Toda iniciativa deberá presentarse al Presidente del Congreso por escrito y firmada, con su exposición de motivos en la cual exponga su autor o autores las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o económicas que justifican, explican, motivan y dan procedencia a la proposición de creación, reforma, derogación o abrogación de una Ley, artículo de la misma o decreto.

...

ARTICULO 118.- Todas las iniciativas se turnarán por el Presidente del Congreso a las Comisiones de Dictamen Legislativo que corresponda conforme a la presente Ley; una vez estudiadas, analizadas y discutidas formularán el dictamen correspondiente, sujetándolo a votación en los términos del artículo 149 de esta Ley.

B).- ASPECTOS PARTICULARES:

1.- ANALISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA

A efecto de iniciar este estudio, es oportuno y comprender que de la pretensión del legislador se desprende la importancia que sobre ésta tiene la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, en cuanto al artículo sexto transitorio, siendo esta aprobación un antecedente directo, y se dio debido al consenso que a nivel federal se ha establecido en torno a las Entidades Federativas, ya se considera que en la actualidad se encuentran política, social y económicamente con la madurez necesaria para hacerse cargo paulatinamente de las potestades tributarias que concentra la Federación en este sentido, es oportuno señalar como antecedente que los grupos parlamentarios con representación legislativa, en la Cámara de Senadores, se pronunciaron en Diciembre del 2001, para efecto de que se adicionará el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002. Esta adición dispone como en la actual ley de ingresos del Ejercicio Fiscal a este año correspondiente, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transferirá, de manera no onerosa, el 20 por ciento de las acciones de la sociedad mercantil, administración portuaria integral, la Apis, a los gobiernos de los Estados, y el 6 por ciento de las mismas a los municipios donde éstas se encuentran operando, siempre y cuando los municipios interesados así lo soliciten y se trate de administraciones en las que la Federación tenga más del 76 por ciento de las acciones.

En este orden, es oportuno manifestar que con la aprobación unánime de este artículo, se puso de manifiesto que independientemente de las diferencias partidistas e ideológicas, todos los partidos políticos coinciden en que es necesario reformar el marco fiscal de carácter federalista, y que es necesario fortalecer las finanzas de los Estados y Municipios, para lograr impulsar el desarrollo regional y coadyuvar a reducir la desigualdad entre las distintas regiones del país.

Por lo que se ha concluido que Federalismo y descentralización, son conceptos que aún en condiciones de diferencias partidistas y de poderes suscitan el acuerdo de todos. Esta convicción del Poder Legislativo Federal de impulsar una serie de instrumentos con auténtico sentido federalista, es contemplada inclusive por el propio Poder Ejecutivo Federal, ya que en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, se estima necesario continuar impulsando mediante la transferencia a los estados de las entidades, propiedad de la Federación o de sus activos. Pero más allá de la aprobación de instrumentos legales encaminados a resolver la necesidad latente y creciente de las entidades y municipios, de confiar con mayores recursos y que no pueden explotar nuevas fuentes tributarias, es necesario velar por el cumplimento cabal y oportuno de las mismas.

En este orden, el proponente de la iniciativa de decreto referida argumenta que las Administraciones Portuarias Integrales, tienen como principal objetivo administrar, supervisar, controlar y promocionar bienes, servicios y actividades dentro del Recinto Portuario y opera con utilidades y recursos propios logrando su autosuficiencia financiera, gracias a los ingresos que obtiene por concepto de cesiones, tarifas portuarias y prestación de servicios. En este entendido, se rigen por el Programa Maestro de Desarrollo del Puerto, el cual tiene una vigencia de 5 años y es exclusivo de cada puerto, en esta ocasión se cuenta con el segundo programa maestro que comprende 2000-2005. Por otra parte, la Apis cubre una contraprestación anual al Gobierno Federal por el uso, explotación y aprovechamiento del Recinto Portuario y su poligonal envolvente.

Por lo que la propuesta del Legislador, plantea la modificación a la Ley de Puertos, a efecto de que se establezca en dicho ordenamiento el mandato presupuestal expresado por el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, ya que como se ha acotado, a pesar de las múltiples gestiones y variados esfuerzos que en nuestro Estado han realizado desde inicio del año el gobierno Estatal y Municipal de Ensenada, para concretar la transferencia no onerosa, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, no han terminado de concretar dicha transferencia.

Ahora bien, a efecto de ser claros en el análisis de la iniciativa se transcribe a continuación el artículo cuya reforma se propone por el autor de la iniciativa y posteriormente se emiten los comentarios respectivos.

LEY DE PUERTOS

PROPUESTA DEL LEGISLADOR INICIALISTA

ARTICULO 38-bis.- Los Gobiernos de los Estados y Municipios donde se encuentren operando las administraciones portuarias integrales, tendrán derecho a participar de sus acciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de transferir a título no oneroso un 20% a los Estados y un 6% a los Municipios interesados, siempre y cuando:

I.- El Estado o municipio lo soliciten a la Secretaría de Hacienda o al Ejecutivo Federal, y

II.- La Federación tenga más del 76% de las acciones de la Administradora Portuaria Integral de que se trate.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los Gobiernos Estatales y Municipales que con fundamento en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, hubieren solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la transferencia no onerosa de las administradoras portuarias integrales que se encuentren en sus respectivos territorios, se entenderá que también solicitan la transferencia en los términos del Artículo 38-bis del presente Decreto.

TERCERO.- Quedan sin efecto y por tanto se derogan, todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

CUARTO.- Cúmplase con lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

QUINTO.- Una vez hecho lo ordenado en el artículo anterior, túrnese la presente iniciativa al Congreso de la Unión para efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales considera que es necesario que se dé reconocimiento a las facultades tributarias de los Estados y los Municipios, para que éstos cuenten con recursos para poder lograr su desarrollo, por lo que la propuesta del Legislador al pretender reformar la Ley de Puertos, con objeto de establecer en el artículo 38-bis, una disposición que ha sido contemplada en las Leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2002 y 2003, normas transitorias, que rigen para un plazo fijo y al término del cual automáticamente queda abolida su vigencia, consideramos oportuno el que dicha disposición se establezca en una norma permanente como lo es, la Ley en comento, dadas las características propias que las leyes deben cumplir como son la generalidad y permanencia. En este sentido, de lo argüido con anterioridad, se considera procedente la reforma referida, ya que como hemos señalado, a nuestro parecer, es necesario el avance en el esquema fiscal federalista. El cual sólo se logrará en la medida en que proporcione a los Estados y municipios mayores potestades tributarias, administradas hasta hoy por la federación, para que con ello cuenten con más recursos para su desarrollo, por lo que la Comisión que suscribe, estima viable la reforma aludida al artículo en comento, coincidiendo en la necesidad de reformar la ley en comentario.

2.- DE LOS ARTICULOS TRANSITORIOS

En otro orden concebimos a los artículos transitorios como aquellos que se incorporan para regular las situaciones especiales originadas con motivo de la expedición y aplicación de nuevas leyes o normas, o con la abolición y sus efectos, de otras anteriores, por tal motivo, debemos considerar la importancia que revisten toda vez que prevén o resuelven diversos supuestos que con carácter temporal o transitorio, provocan las innovaciones legislativas; viniendo a ser complementarios de aquellos que regulan lo que es la materia propia de la ley o decreto, siendo en consecuencia normas anexas que sólo tienen vigencia con el articulado principal, y que al cumplir su propósito quedan sólo como un dato formal histórico, junto a las normas principales cuya característica es la permanencia. En este entendido, los artículos transitorios se consideran procedentes, solo cabe hacer una observación en el artículo transitorio quinto, se considera oportuno, que se manifieste la mención del artículo 71 de la Carta Magna, ya que es en este artículo donde se faculta a las Legislaturas locales para iniciar leyes o decretos además de que para hacerlo más completo la mención de que se acompañe el acta del Diario de los Debates que origine la presente iniciativa.

Una vez realizado el anterior análisis, se da cuenta de los razonamientos que llevaron a esta comisión a resolver la viabilidad de la iniciativa en comento, por lo que se exponen los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que es facultad del Congreso del Estado, iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como proponer la reforma o derogación de unas y otras, de conformidad con lo previsto por los artículos 27 fracción II y 28 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

SEGUNDO.- Que dentro de las atribuciones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, se encuentra la de conocer los asuntos que están relacionados con las facultades legislativas, acorde con lo previsto por el artículo 61 fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

TERCERO.- Que la iniciativa de reforma en análisis reúne los requisitos que señala el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, consistentes en que sea presentada por escrito y firmada, ante el Presidente del Congreso del Estado con la exposición de motivos en la que se expongan las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o económicas que justifican, explican, motivan y dan procedencia a la proposición de creación, reforma, derogación o abrogación de una ley o artículo.

CUARTO.- Que con la presente iniciativa el promovente de la misma pretende modificar la Ley de Puertos, ordenamiento en el que está previsto la existencia de las Administradoras Portuarias Integrales (Apis) a efecto de que en aquéllas en las cuales las acciones pertenezcan en más del 76% al Gobierno Federal, serán transferidas de manera onerosa en un 20% a los Gobiernos Estatales y en un 6% a los de los Ayuntamientos que así lo soliciten, es decir, tal y como originalmente se previó en las leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales del 2002 y 2003, pero en un ordenamiento con vigencia de carácter permanente y no transitoria como sucede en la actualidad.

QUINTO.- Que es menester señalar, que la iniciativa presentada a esta Honorable Asamblea Legislativa, no es violatoria de las disposiciones vigentes, ni precepto legal alguno, sino que pretende contemplar en una disposición de manera permanente como lo es, el artículo 38 Bis de la Ley de Puertos, la pretensión contenida en los artículos sextos transitorios de las Leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2002 y 2003.

SEXTO. Que la Comisión que suscribe, considera necesario el avance en el esquema fiscal federalista para que se proporcione a los estados y municipios mayores potestades tributarias, administradas hasta hoy por la federación, para que con ello cuenten con más recursos para su desarrollo, por lo que la propuesta del Legislador, toda vez que contribuye a este avance se estimó viable y procedente.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, los siguientes puntos

Resolutivos

PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa de decreto que adiciona el artículo 38 bis de la Ley de Puertos, y se envía al honorable Congreso de la Unión para su correspondiente aprobación y, en su caso, publicación, para quedar como sigue:

Artículo 38 bis.- Los gobiernos de los estados y municipios donde se encuentren operando las administraciones portuarias integrales tendrán derecho a participar de sus acciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de transferir a título no oneroso un 20% a los estados y un 6% a los municipios interesados, siempre y cuando:

I. El estado o municipio lo soliciten a la Secretaría de Hacienda o al Ejecutivo Federal, y

II. La Federación tenga más del 76% de las acciones de la administradora portuaria integral de que se trate.

Artículos Transitorios

Segundo.- Los gobiernos estatales y municipales que con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, hubieren solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la transferencia no onerosa de las administradoras portuarias integrales que se encuentren en sus respectivos territorios, se entenderá que también solicitan la transferencia en los términos del artículo 38 bis del presente decreto.

Tercero.- Quedan sin efecto y por tanto se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

SEGUNDO.- Túrnese la presente iniciativa al Congreso de la Unión para efectos de los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexando el acta del Diario de los Debates que motive, así como el acta de sesiones donde se aprobó.

Dado en el Salón de Usos Múltiples del Edificio Municipal del H. Ayuntamiento en la Ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, al 1º de agosto de 2003.--- Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales: Dip. Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica), Presidente; Dip. Ricardo Rodríguez Jacobo (rúbrica), Secretario; Dip. Felipe Luévano Ruiz (rúbrica), Vocal; Dip. Enrique Acosta Fregozo (rúbrica), Vocal; Dip. Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Vocal; Dip. Laura Sánchez Medrano (rúbrica), Vocal.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, con opinión de la Comisión de Marina.

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ARTICULOS 3º Y 31 CONSTITUCIONALES
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada hoy, aprobó el acuerdo económico número 1092/03, del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se remite iniciativa de ley que reforma los artículos tercero, párrafo primero, fracciones III y VI; y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que sea obligatoria la educación media superior en el país.

Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 2 de octubre de 2003.--- ``2003, Año de la Equidad en Jalisco''.--- Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos Diputados:

José Guadalupe Madera Godoy, diputado de la LVI Legislatura del estado de Jalisco, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del estado de Jalisco, así como en los artículos 85, 88 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tengo a bien someter a la consideración de esta H. Representación popular iniciativa de acuerdo económico con proyecto de dictamen, que envía una iniciativa de decreto al Congreso de la Unión para reformar los artículos 3°, primer párrafo, fracciones III y VI, y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

I

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política del estado de Jalisco, es facultad de los diputados presentar iniciativas de leyes, decretos y, en su caso, de acuerdo económico, como establece el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 71, establece que el derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al Presidente de la República;

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y

III. A las Legislaturas de los estados.

III

En México, a través de la historia se ha reconocido el valor de la educación pública, laica y gratuita como conquista universal del pueblo, como quedó plasmado en los Constituyentes de 1857 y de 1917, además del movimiento educativo de los años veinte, orientado a la cobertura educativa en todas las comunidades del país.

La educación es el medio fundamental para el desarrollo del individuo en la mejora de su nivel de vida; resulta esencial para la transformación de la sociedad en una más justa; representa la base del desarrollo de la cultura y el crecimiento económico de los países.

IV

En nuestro país, el sistema de enseñanza está compuesto por los niveles educativos siguientes: inicial, especial, indígena, preescolar, primaria, secundaria, media superior (bachilleratos y profesional media) y superior (licenciatura y posgrado), donde hasta la fecha, por mandato constitucional, la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria son obligatorias.

El nivel medio superior comprende tres tipos de educación: propedéutica (bachillerato general), propedéutica-terminal (bachillerato especializado o tecnológico) y terminal (profesional medio). Los dos primeros se imparten en las modalidades escolarizada y abierta. La escolarizada atiende generalmente a la población de 16 a 19 años de edad que haya obtenido el certificado de secundaria.

Datos del INEGI dicen que sólo 41 por ciento de la población de entre 16 y 19 años de edad asiste a la escuela. Y, de la población en general, sólo 16.8 por ciento tiene estudios de nivel medio superior.

Por otra parte, desde la perspectiva internacional, según datos actuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en México 53 por ciento de los jóvenes de entre 25 y 29 años de edad no trabaja ni estudia, lo cual es el porcentaje más alto después de Turquía y es uno de los países que tiene más déficit en la enseñanza media y superior.

Además, México está situado en el duodécimo lugar de 16 países de Latinoamérica en cuanto a grado de escolaridad.

Así, resulta necesario e imperioso que el actual gobierno asuma su responsabilidad de brindar más educación y de mayor calidad, en respuesta a los niveles de desarrollo que reclama la sociedad que todos queremos tener.

Para lo anterior, resulta necesario fortalecer el marco jurídico e institucional de nuestro sistema educativo nacional.

V

En ese orden de ideas, el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su fracción V:

``Además de impartir la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, señalados en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación...''

De tal manera, aumentar las obligaciones del Estado en favor de los ciudadanos no contraviene la garantía de que ``todo individuo tiene derecho a recibir educación'' sino, por el contrario, amplía el universo de los derechos de los individuos a una educación con mayor cobertura.

Actualmente, la Ley de Educación del estado de Jalisco, en su artículo 3°, ha protegido el carácter gratuito y obligatorio de la educación media superior, pues establece: ``La educación es un derecho fundamental del ser humano que tiene como propósito su desarrollo integral. La educación primaria, secundaria y media superior tienen carácter obligatorio y gratuito''. En su numeral 6° dispone que el gobierno del estado está obligado a prestar y promover servicios educativos con el fin de que la población pueda cursar la educación media superior.

Asimismo, se observa en la Ley de Educación del Gobierno del Distrito Federal que éste tiene la obligación de atender y prestar a todos los habitantes de la entidad educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Sin embargo, no es suficiente que sólo en algunos estados se considere la obligatoriedad de la educación media superior. Resulta necesario el impulso de esta reforma en todas las entidades de la República para el crecimiento simétrico en materia educativa del país.

Sabemos que no es tarea fácil. La infraestructura y tanto los recursos humanos como los materiales de apoyo que se necesitan para la aplicación de esta política obligarían a nuestra sociedad y su gobierno a realizar una inversión considerable y a destinar recursos crecientes para sostenerlos. Empero, indudablemente, los beneficios nos pondrían en una situación de vanguardia en materia de desarrollo social y calidad de vida.

En consecuencia, la presente iniciativa propone que la educación media superior tenga carácter obligatorio y gratuito en todo el territorio nacional, a fin de acrecentar las posibilidades de sostener y profundizar nuestro desarrollo como sociedad y país, así como de participar creativamente en el orden internacional.

El papel fundamental que representa la educación está creciendo en todo el mundo. El acceso a la educación y la culminación de los estudios son factores clave para el desarrollo de los países.

VI

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 88, 94 y 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, someto a la elevada consideración de ustedes, ciudadanos diputados, el siguiente

Acuerdo Económico con Proyecto de Dictamen

Primero. La LVI Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco tiene a bien poner a consideración del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo que establece el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa de ley que reforma los artículos 3°, primer párrafo, fracciones III y VI; y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que sea obligatoria la educación media superior, con la siguiente propuesta de reforma:

Unico. Se reforman los artículos 3°, primer párrafo, fracciones III y VI; y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3°. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, estados y municipios- impartirá educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior son obligatorias...

I. y II. ...

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y normal para toda la República.

IV. y V. ...

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y normal, los particulares deberán:

a) y b) ...

VII. y VIII. ...

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Segundo. Gírese atento oficio a las H. Legislaturas de los Congresos de los estados integrantes de la nación, con la finalidad de que se sumen al proyecto de reformas de los artículos 3° y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dar el carácter obligatorio a la educación media superior, planteado por la LVI Legislatura del estado de Jalisco.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2003, Año de la Equidad en Jalisco.''

Guadalajara, Jalisco, a 2 de octubre de 2003.--- Dip. Prof. J. Guadalupe Madera Godoy (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada hoy, aprobó el acuerdo económico número 1093/03, del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se remite iniciativa de decreto que reforma el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 2 de octubre de 2003.--- ``2003, Año de la Equidad en Jalisco''.--- Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos Diputados:

El que suscribe, diputado José Trinidad Muñoz Pérez, con base en la facultad que le otorga la Constitución Política del estado de Jalisco en su artículo 28, fracción I, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo en los artículos 85, 88 y 90, tercer párrafo, somete a la consideración de este H. Congreso iniciativa de acuerdo económico que envía al H. Congreso de la Unión iniciativa de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual presenta la siguiente

Exposición de Motivos

I. El municipio, dentro de nuestro sistema jurídico-político, es el fundamento de la organización del Estado. Sus orígenes se remontan a la necesidad misma del ser humano de agruparse para trabajar en común y resolver sus necesidades básicas, no sólo desde un aspecto individual sino, ante todo, social.

Muchas son las posturas sobre la naturaleza de esta institución, aunque la mayoría de ellas coincide en que el municipio es una entidad anterior a la existencia misma del Estado como tal; es decir, una realidad social anterior a la ley y que ésta termina por reconocer y regular la estructura social existente.

Sin ser éste el lugar para profundizar sobre los antecedentes del municipio, éste es una realidad presente tanto desde un punto de vista sociológico y político como jurídico.

II. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo define como la base de la división territorial de las entidades federativas y de su organización política y administrativa.

En ese orden de ideas, el municipio es la institución jurídica, política y social que tiene como propósito la organización de una comunidad en la resolución autónoma de sus problemas y la satisfacción de las necesidades vecinales, a través de un ayuntamiento formado por miembros de dicha municipalidad y elegido de manera directa por sus habitantes.

Aun cuando los elementos que forman esa definición son el resultado de un largo proceso entretejido por cuestiones culturales, políticas y jurídicas, que culmina finalmente en la redacción actual del artículo 115 constitucional, el municipio es una realidad que, a lo largo del devenir histórico de nuestra nación, ha trascendido los conceptos jurídicos que de éste se han elaborado.

De hecho, el municipio constituye la forma de organización más antigua, anterior incluso que los estados, pues las instituciones municipales sirvieron de instrumento jurídico para organizar a los nuevos pueblos y villas españolas en el continente recién conquistado, situación que persistió durante la Colonia y posteriormente en el México independiente.

De esa manera, aunque la primera Constitución Federal, de 1824, no hace referencia directa al municipio, los testimonios de esa época no dejan duda sobre la existencia de los mismos, los cuales fueron organizados por los Estados de acuerdo con el modelo adoptado por la Constitución de Cádiz, promulgada en España en 1812.

Esa incongruencia entre lo señalado en el texto constitucional de 1824 y la realidad efectivamente prevaleciente se explica en parte por la novedad del sistema federalista, que adoptado casi de modo íntegro del modelo norteamericano, resultaba extraño para nuestra idiosincrasia e historia.

De ahí la trascendencia del municipio, pues por ser una forma de vida comunitaria que nace desde los orígenes que tenemos como pueblo, ha sobrevivido a los vaivenes políticos, adaptándose a las nuevas circunstancias que el marco legal le ha impuesto para formar parte armónica del gobierno representativo, democrático y federal.

Hasta la Constitución de 1857 no se menciona expresamente la figura municipal, reservando a cada uno de los estados la reglamentación de la estructura e integración de las municipalidades y los ayuntamientos que los forman.

Por último, en la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, el municipio adquiere la dimensión que actualmente tiene dentro de nuestra organización jurídico-política.

A partir de ese momento se ha profundizado cada vez más sobre la naturaleza, función y atribuciones de los municipios, esfuerzo de reflexión que se ha reflejado en las diversas reformas sufridas por el artículo 115 de la Carta Magna.

Sin embargo, el marco constitucional, como se hace notar en los breves antecedentes expuestos, desde los primeros tiempos de la época independiente ha tenido como espíritu rector la conjugación de dos elementos respecto del ámbito municipal: el reconocimiento de su existencia y el respeto de su autonomía pero, al mismo tiempo, que el ejercicio de esta última se haga en conformidad con las disposiciones emitidas por las Legislaturas estatales, ya que como está planteado por la naturaleza inherente al modo de organización seguido por México, éstas representan el sentir de la población en su conjunto.

III. La autonomía municipal, así como las características de ésta, ha sido tema continuo de debate y lucha política. En ocasiones resultado de un verdadero deseo por aclarar esta cualidad de gobierno, en otras por mero afán retórico, lo cierto es que mucho se ha discutido al respecto, a veces derivándose tesis opuestas.

Algunos tratadistas señalan que dentro de un sistema federal no pueden coexistir dos o más entidades autónomas; otros indican que nada impide la existencia de órganos con autonomía, refiriéndose a las entidades federativas y a los municipios, ya que existe una diferencia en cuanto a jurisdicción territorial y competencial.

En la actualidad, nadie niega que la autonomía del municipio se refiere exclusivamente a los límites que comprende su superficie territorial, así como que ésta requiere ingresos propios que le permitan cumplir las atribuciones que las disposiciones constitucionales y las propias de la entidad de que forma parte le confieren.

En ese orden de ideas, la autonomía municipal no es un postulado absoluto, pues se inscribe en una situación de relación con el Estado, pues se halla inmerso en una unidad política superior. Por ello se necesita comprender en qué consiste la autonomía municipal -a la que la Constitución mexicana no se refiere directamente, pero se infiere al nombrar el municipio como una entidad libre- para establecer así de modo más claro la interacción a que está sujeto con relación al estado y a la Federación.

De acuerdo con el consenso general, la autonomía del municipio comprende tres aspectos fundamentales:

a) El político, entendido como la capacidad jurídica para, de manera democrática, elegir a los ciudadanos que habrán de fungir como miembros del ayuntamiento, sin que otro poder o nivel de gobierno pueda designarlos o violar la decisión popular;

b) El administrativo, corno la facultad para resolver los asuntos propios de la comunidad -su organización interna y la prestación de los servicios públicos, entre otros-, así como la capacidad de reglamentar dichos aspectos; y

c) El financiero; es decir, la capacidad del municipio de tener recursos propios derivados de renglones tributarios específicos, así como la libre disposición de su hacienda y de su patrimonio.

Todos los aspectos anteriores se encuentran plasmados en el contenido del artículo 115 constitucional, la cual señala que los mismos se ejercerán sujetos a las disposiciones que emitan las Legislaturas estatales y siempre que éstas no contradigan los dispositivos de la Ley Suprema.

IV. Dado que la ratio de la presente iniciativa incide en el aspecto de la autonomía financiera, habré de referirme con más profundidad a este tema.

La autonomía en el ámbito financiero implica dos aspectos, indisolublemente unidos para la consecución de las atribuciones de este orden de gobierno: la necesidad de recursos económicos y su aplicación a los distintos rubros de la actividad administrativa y política municipales.

En cuanto al primer aspecto de la autonomía financiera, la Constitución mexicana establece que la hacienda municipal -entendida como el conjunto de ingresos y de bienes patrimoniales de la comuna- se formará de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, desglosando la fracción IV del artículo en comento cuáles serán dichas contribuciones.

Por otro lado, en cuanto al destino de dichos recursos, una vez aprobadas por las Legislaturas estatales las fuentes impositivas de donde podrán recabarse, la Constitución indica que los municipios administrarán libremente su hacienda, mediante la aprobación por el cuerpo colegiado de regidores, del Presupuesto de Egresos, instrumento donde se establecen los montos que habrán de destinarse a cubrir las distintas partidas.

Como se ha sustentado a lo largo de esta exposición de motivos, nunca fue el propósito del Constituyente originario o permanente que la autonomía municipal se llevase a cabo de manera absoluta o arbitraria, pues ello implicaría una trasgresión del sistema jurídico-político de la República.

La cuestión financiera no ha sido la excepción. La intervención de las Legislaturas en este aspecto siempre se ha considerado conveniente para mantener los principios que rigen la vida constitucional.

En cuanto a la captación de ingresos por parte de los municipios, el constitucionalismo mexicano señala claramente que la materia impositiva derivará de normas generales, abstractas, impersonales y coercitivas, características todas éstas de una ley. Por ello, dado que los municipios carecen de facultades legislativas en sentido formal, la actuación de los Congresos estatales en la aprobación de las leyes de ingresos se impone necesaria.

De igual manera, corresponde a las Legislaturas de las entidades federativas la revisión de las cuentas públicas de los municipios, para verificar la exacta aplicación del gasto público y la sanción en caso de irregularidades.

Como se observa, la autonomía financiera de los municipios jamás ha sido ejercida de forma absoluta, por lo que éste no es de ninguna manera un concepto inmutable.

V. El derecho, que se concreta mediante una serie de normas que regulan la vida del hombre en sociedad y las instituciones creadas para satisfacer las necesidades colectivas en la búsqueda del bien común, es una realidad dinámica, que se nutre de los acontecimientos vigentes, así como de las expectativas y los valores sociales que en determinada época se consideran indispensables para la realización de un proyecto común de nación.

De lo contrario, si los conceptos jurídicos fueran estáticos, se corre el riesgo de que la realidad social rebase la realidad jurídica, convirtiéndose esta última en un conjunto de disposiciones anquilosadas que no cumplen la función para la cual fueron expedidas en un principio.

En la actualidad, uno de los criterios fundamentales que deben orientar el ejercicio público y que por ese motivo debe reflejarse en el marco legal, es la racionalidad en la aplicación de los recursos públicos.

El manejo inadecuado del dinero proveniente de los ciudadanos lesiona gravemente la credibilidad de las instituciones públicas y socava los fundamentos del sistema de organización democrática, no sólo cuando de manera totalmente ilícita el erario es destinado a fines indebidos sino, ante todo, cuando se utiliza el propio marco legal para justificar y solapar acciones contrarias a la honestidad que debe regir la utilización del erario por parte de los funcionarios, ya que el manejo transparente de los recursos y el destino adecuado de éstos dependen en gran medida de las decisiones y acciones que esos servidores implanten.

Sin duda, la retribución que reciben los servidores públicos es una constante en la inconformidad ciudadana, que no cuestiona el hecho de que reciban una remuneración justa por la labor que desempeñan, sino que se asignen sueldos desproporcionados con la tarea que realizan y que, en el peor de los casos, no son congruentes con los resultados que demanda de ellos la ciudadanía.

Sobre todo en los ayuntamientos, en aras de una concepción malentendida de la autonomía financiera a que nos hemos referido, ha sido frecuente -más de lo tolerable- que dicho cuerpo colegiado se asigne sueldos que demuestran sólo un interés personal desmedido y que contrasta con la situación económica por la que atraviesan las personas de dichas municipalidades.

La sociedad demanda la racionalidad en la administración del erario público, aplicando los recursos a las áreas que más lo necesiten y actuando con mesura en lo concerniente a la remuneración que los mismos servidores reciben.

VI. La autonomía financiera para la aprobación del Presupuesto de Egresos de los ayuntamientos, que hasta el momento incluye la asignación de los sueldos de sus servidores públicos, debe ser replanteada, pues la situación predominante que se ha señalado exige una clarificación de ese precepto constitucional, de manera que sin atentar contra el espíritu del propio Constituyente, se proponga una solución que, en un contexto de derecho, vaya acorde con los hechos vigentes que tienen que regularse.

En este sentido, la iniciativa que hoy se presenta propone que las Legislaturas estatales emitan las disposiciones a que deban sujetarse los ayuntamientos en materia del monto de los salarios de los servidores públicos.

Lo anterior no viola de ninguna manera la autonomía municipal, principal razón que muchos puristas alzarán como objeción a la propuesta.

En primer lugar, porque la autonomía financiera del ayuntamiento, en lo que a la aprobación del presupuesto se refiere, tiene como contenido teleológico la satisfacción de las necesidades comunitarias, pues nadie mejor que el ayuntamiento, como el orden de gobierno más cercano a los ciudadanos, para saber cuáles son los aspectos prioritarios en que se debe gastar el dinero.

En tal sentido, la remuneración de los servidores públicos no constituye un elemento esencial de dicha autonomía, ya que no afecta la facultad del ayuntamiento para realizar de manera independiente sus atribuciones en favor de los habitantes de la municipalidad, más aún, los sueldos desproporcionados merman la capacidad del erario para solucionar los rezagos por los que atraviesa la mayoría de los municipios del país.

En segundo término, lo que se propone no es en modo alguno extraño a la historia constitucional del municipio. Con anterioridad a las reformas del artículo 115 constitucional del 3 de febrero de 1983, los presupuestos de egresos, al igual que la Ley de Ingresos, debían ser aprobados por las Legislaturas locales, lo cual ciertamente provocó excesos e intromisiones desmedidos en la libertad del ayuntamiento para decidir cómo aplicar su gasto.

Sin embargo, como se explicaba, la emisión de disposiciones en materia de sueldos en nada disminuye la libertad del ayuntamiento. Por el contrario, fortalece el verdadero cumplimiento de esta atribución acorde con su propósito eminentemente social.

Los Congresos estatales, desde el inicio de la vida constitucional mexicana, han actuado como el punto de equilibrio de la relación entre los poderes, de los cuales el municipio forma parte integral para el verdadero funciona- miento del sistema federalista, por lo que no es extraño jurídica, política ni socialmente que el Poder Legislativo asuma esa atribución.

El municipio es autónomo en la medida en que dicha autonomía contribuya a reafirmar la importancia de esta institución para resolver las necesidades de sus habitantes.

Debemos recordar que cualquier concepto jurídico no tiene una razón de ser en sí mismo sino, igual que todo el sistema jurídico, su creación obedece a garantizar la organización armónica de la sociedad y el desarrollo pleno de los gobernados.

Con la iniciativa propuesta se espera generar desde el ámbito constitucional una cultura de racionalidad de sueldos, para las Legislaturas asuman el costo de actuar en contrario.

Por lo anteriormente expuesto, con base en la facultad para iniciar leyes o decretos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a las Legislaturas de los estados en el artículo 71, fracción II, presento el siguiente punto de

Acuerdo Económico

Unico. Gírese atento oficio al H. Congreso de la Unión, adjuntando la exposición de motivos que precede a este acuerdo, a efecto de que se le remita iniciativa de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el texto siguiente:

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Unico. Se reforma el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. a III. ...

IV. ...

a) y b) ...

c) ...

Las Legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles pero, en materia de sueldos de sus servidores públicos, deberán ajustarse al monto y las disposiciones que emitan las Legislaturas de los estados conforme a la ley.

...

V. a VIII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2004, previa su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Envíese el presente decreto a las Legislaturas estatales para el procedimiento de aprobación constitucional.

Atentamente.

Guadalajara, Jalisco, a 2 de octubre de 2003.--- Dip. José Trinidad Muñoz Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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ARTICULO 4º CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra, el señor diputado don Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de Ley Sobre Derecho a la Alimentación.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

He pedido la palabra para proponer a esta soberanía una iniciativa de ley que incluya en nuestra Constitución, el derecho a la alimentación. Lo hago en el marco de dos conmemoraciones establecidas por las Naciones Unidas, que tienen un profundo significado para la humanidad y nuestro país; me refiero al Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre y al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza fijado para el 17 del mismo mes.

Es de una gran trascendencia social el hecho de que la Organización de la Naciones Unidas haya convocado a la comunidad internacional a unir sus esfuerzos para combatir estos graves fenómenos que atentan contra la dignidad de las personas.

Porque el hambre es, sin duda, un producto de la pobreza y ambos la expresión descarnada de injusticia y de graves e intolerables desigualdades sociales. Esas conmemoraciones, establecidas para movilizar las conciencias, nos motivan una sencilla pero profunda reflexión.

¿Cómo lograr que la sociedad entera tome conciencia sobre las dimensiones de problema alimentario en el mundo y desarrolle el sentido de la solidaridad nacional e internacional en la lucha contra la pobreza y sus funestas consecuencias?

¿Cómo resolver el problema moral que tiene la terrible y paradójica coexistencia de la miseria y la abundancia y asegurar el más sagrado de los derechos humanos, el derecho a la vida y por lo tanto al sustento?

Las metas fijadas por la FAO, por disminuir en sólo dos decenios un 50% de los 840 millones de seres humanos que padecen hambre en el mundo, se han quedado en el terreno de los buenos propósitos.

La realidad, es que cada día va aumentando el número de personas que carecen de alimentos para sobrevivir; es una paradoja que mientras las modernas tecnologías de producción agrícola nos permiten producir alimentos con un mínimo de 2 mil 700 calorías diarias per capita para 12 mil millones de seres humanos, casi el doble de los 6 mil 200 millones que hoy pueblan el planeta, nos encontremos ante la más dramática realidad de la injusta distribución de la riqueza que demerita ese esfuerzo productivo y tecnológico.

Otra cifra trágica nos muestra que cada año más de 30 millones de personas mueren de hambre en el mundo.

En México, según cifras oficiales, en comunidades rurales de entre 300 y 3 mil 500 habitantes, se da una incidencia de más del 60% de niños que padecen algún grado de desnutrición.

Se estima que cada año 870 de estos menores fallecen a causa de la desnutrición o como consecuencia de la misma.

El problema del hambre en México no es, como hemos visto, una cuestión de insuficiente producción de alimentos, sino el resultado de su deficiente distribución y del injusto reparto del ingreso.

Por eso, es urgente e indispensable ubicar el problema de la pobreza y el hambre como un compromiso irrenunciable del Gobierno y de toda la sociedad, para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de los mexicanos.

Por eso es imperativo en México proponer acciones y políticas de Estado, que asuman con el rango de interés público, la obligación de ofrecer estímulos y apoyos suficientes a los sectores productivos del campo.

Hasta ahora, los programas asistencialistas no han solucionado el problema de los pobres, porque no combaten las causas, sino maquillan la enfermedad.

Hoy más que nunca, por eso urge elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación y nos corresponde a nosotros como legisladores asumir con responsabilidad el más importante imperativo ético de nuestro tiempo. Este imperativo supone una política de Estado que haga más productivo y eficiente el campo mexicano, implica avanzar con pasos firmes en los apoyos para su reconstrucción y active su economía.

Incluye, también, una mejor distribución del ingreso y la riqueza que comprenda, sobre todo, a los pueblos indios que hasta ahora son los que más padecen hambre y desnutrición, injusticia, indiscriminación.

Pero si bien es cierto que la pobreza de México se concentra hoy en el campo, también golpea con fuerza a las ciudades del país. No podemos ignorar la íntima relación que existe entre la violencia y la inseguridad que hoy campean en las ciudades, con su brusco crecimiento propiciado principalmente por el éxodo rural y con su convulsión social ocasionada por el desempleo, la insolidaridad y las escasas oportunidades para asegurar un futuro digno.

Hasta ahora, la dura realidad del desempleo que se percibe en el cierre de 300 empresas diarias en nuestro país en los últimos meses y la impotencia de las políticas y programas gubernamentales para enfrentar el gramo social de la pobreza, no es sólo ciertamente en nuestro país, sino es un fenómeno mundial.

Las mediciones de la pobreza indican que 1 mil 200 millones de personas viven con menos de un dólar diario, 100 millones de niños no van a la escuela debido a la pobreza, 854 millones de adultos son analfabetas, de los cuales 543 millones son mujeres.

En América Latina 225 millones viven en condiciones de pobreza extrema y en nuestro país más del 53% sufre sus consecuencias; 24 millones de mexicanos perciben menos de un dólar y medio diario en el campo y por tanto, sufren pobreza alimentaria.

Frente a estas cifras, no puede pasar desapercibido otro dato que golpea nuestra conciencia, las tres personas más ricas del mundo poseen una fortuna superior a la suma de los productos internos brutos de los 48 países más pobres; es decir, de la cuarta parte total de los estados en el mundo.

Este panorama sombrío plantea desafíos inescapables a todos los gobiernos y a la sociedad entera de todas las naciones. Pienso que ha llegado el momento de no quedarnos en las simples reflexiones. Por eso vengo a proponer a esta soberanía una iniciativa de ley que propone llenar un gran vacío incorporando a la Constitución un mandato que obligue a nuestros gobiernos en sus tres órdenes, cualquiera que sea su signo político y partidario, a emprender y mantener acciones efectivas para erradicar definitivamente el hambre, la mal nutrición y sobre todo, las causas fundamentales de esos flagelos; la pobreza y las extremas desigualdades sociales.

Es una iniciativa que convierte en mandato constitucional el derecho a la alimentación, es decir, el derecho de todos y de cada uno de los mexicanos, de contar con los recursos necesarios para gozar de una alimentación suficiente en calidad y cantidad, para garantizar su existencia y su desarrollo pleno y saludable.

Incluye la obligación del Estado de garantizar por todos los medios a su alcance, la seguridad y la soberanía alimentaria de la Nación, por encima de cualquier circunstancia, tratado internacional o interés que atente contra las mismas.

Creo, compañeros diputados, que ésta es hoy la mejor contribución que podemos hacer los mexicanos al esfuerzo de las Naciones Unidas en su lucha para asegurar la alimentación para todos.

Por eso hoy, para conmemorar el ``Día Mundial de la Alimentación'' y el de la ``Erradicación de la Pobreza'', planteo en mi iniciativa que se adicione en el artículo 4º constitucional el siguiente párrafo:

Todos los mexicanos tienen derecho a una alimentación sana y suficiente para garantizar su existencia y su pleno desarrollo físico y mental. El Estado proveerá lo necesario y tomará las providencias pertinentes, estableciendo políticas públicas que atiendan esta garantía, con prioridad sobre otras necesidades colectivas.

Hago entrega de esta iniciativa a la Secretaría, señor Presidente.

Muchas gracias.

«Iniciativa de adición al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre derecho a la alimentación, presentada por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del PRI.

Luis Antonio Ramírez Pineda, diputado federal ante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me concede la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a promover la presente iniciativa para adicionar al artículo 4º de la Constitución un párrafo cuarto que eleve a la categoría de garantía constitucional el derecho que tienen los mexicanos a alcanzar una alimentación sana, adecuada y suficiente, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra Constitución, producto de la más importante y trascendente eclosión social de nuestra historia, fue la primera que en el mundo reconoció la prevalencia del interés público sobre el privado, y también la primera que, en función de ese interés, estableció claras y firmes regulaciones a la economía nacional, y dispuso medidas especiales de protección y defensa de las clases y sectores sociales mayoritarios más débiles y desprotegidos.

La iniciativa que aquí presento se inserta en esa misma línea ideológica del Constituyente de 1917, y se ciñe al carácter dinámico y de permanente actualización que su artículo 135 le confiere a la Constitución para que, preservando siempre sus principios torales, se ajuste constantemente a la evolución y a los necesarios cambios y nuevos escenarios de la vida nacional.

Me motiva en esta iniciativa, mi compromiso con ese objetivo fundamental de nuestra historia que es la justicia social, en su vertiente más comprometida, que es la lucha contra la pobreza y el hambre de nuestro pueblo. Me mueven también profundas convicciones nacionalistas que aspiran a una patria próspera, fuerte, independiente y soberana.

Estas son las razones que, en esta hora decisiva de la vida nacional e internacional, me llevan a proponer una adición al texto constitucional, que busca enriquecer los contenidos sociales de su artículo 4º vigente.

Me refiero al derecho de nuestro pueblo, lo mismo que el de todos los pueblos del mundo, a que, al organizarse y subordinarse en repúblicas independientes y justas, tengan asegurado el acceso a una alimentación decorosa, sana y suficiente para cubrir sus necesidades alimentarias básicas, garantizar su salud y permitir el pleno desarrollo de sus potencialidades físicas y mentales.

En su permanente esfuerzo por construir una nación cada día más justa y más próspera, nuestro pueblo ha logrado crear las bases materiales, tecnológicas e institucionales que le permiten hoy garantizar la alimentación de todos los mexicanos.

Como lo constatan los organismos internacionales especializados, México se encuentra hoy entre los países que producen suficientes alimentos o tienen la capacidad económica para importar lo que no puede producir. Pese a ello, las estadísticas oficiales nos indican que el 24.2% de los mexicanos; es decir, algo más de 25 millones de personas, sufren ``pobreza alimentaria'', un eufemismo burocrático que maquilla pero no oculta el hambre que hoy padece cada día uno de cada cuatro mexicanos.

Esta situación es una intolerable anomalía del sistema que actualmente rige la distribución de la riqueza nacional.

Sin embargo, en lugar de aliviar o corregir esta anomalía, los responsables del gobierno la agravan cada día con actitudes y omisiones que abandonan el campo y ponen nuestro mercado interior al servicio de voraces apetitos transnacionales, que de manera desleal e impune arruinan y frustran el esfuerzo productivo de los campesinos y demás productores mexicanos de alimentos.

La presente iniciativa se inserta por tanto en la lucha de los campesinos y del pueblo mexicano por retomar el dinamismo y la vitalidad de nuestro sistema productivo y de distribución de alimentos, y recordar a los gobernantes, por la vía del mandato constitucional, sus obligaciones fundamentales pertinentes.

Vivimos hoy en el mundo un intenso e inédito proceso de integración de las naciones, sus economías y, sobre todo, sus mercados. Este proceso, facilitado por el sorprendente desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la informática, es en esencia el fenómeno que llamamos ``globalización''; un fenómeno del cual ciertamente no podemos ni queremos aislarnos ni quedarnos a un lado. Al contrario, creo que México debe y necesita participar en esa integración, pero no de manera subordinada o a costa de nuestros intereses y derechos fundamentales, menos al precio de nuestra dignidad de país independiente y soberano. Debemos ir a la globalización, pero con nuestra propia propuesta y con nuestra propia estrategia.

Creemos que el camino adecuado es el de la multilateralidad y el del fortalecimiento de las instituciones y la normatividad internacional que respondan de verdad a los intereses de la gran mayoría de naciones, especialmente de los países pobres y en vías de desarrollo, y no sólo a los de los países poderosos y hegemónicos.

La lucha contra el hambre que encabezan las Naciones Unidas y la FAO es un campo propicio para hacer sentir la presencia y el liderazgo solidarios de México.

Hay sobre la materia una abundante y consistente base jurídica que tiene su origen señero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 25.1, esta declaración dice: ``Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, tanto a él como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...''

El 23 de marzo de 1981, el Senado de la República ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. El artículo 11.1 de ese pacto señala que ``los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda; y a una mejora continua de las condiciones de existencia...''

Particularmente importante para comprender los alcances de la iniciativa que presento es el artículo 11.2 de este pacto, el cual señala claramente que ``los Estados parte en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para: a) mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; b) asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan''.

Nuestro país ha ratificado también y, por lo tanto, ha conferido rango constitucional a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada el 2 de mayo de 1948, y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969. Ambos instrumentos internacionales se refieren de manera muy destacada al derecho a la alimentación. En el artículo 12, sobre Derecho a la Alimentación, del protocolo adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se adoptó el 17 de noviembre de 1988, denominado ``Protocolo de San Salvador'', se señala lo siguiente: ``Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual...''

Entre las normas y compromisos internacionales relativos a la alimentación, debo mencionar de manera muy especial la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, adoptada por el pleno de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1974, a la que México se adhirió poco después. En materia de alimentación éste es el instrumento jurídico internacional más relevante, pues expresa la preocupación mundial sobre los cada vez más graves problemas del hambre y la malnutrición. La declaración entera es una grave acusación contra los países que no cooperan lo suficiente para erradicar este flagelo que castiga a la humanidad. Sólo quiero mencionar el artículo 1º, que dice: ``Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer hambre y malnutrición, a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y mentales. La sociedad posee en la actualidad recursos, capacidad organizadora y tecnología suficientes y, por tanto, la capacidad de alcanzar esta finalidad. En consecuencia, la erradicación del hambre es objetivo común a todos los países que integran la comunidad internacional, en especial de los países desarrollados y otros que se encuentran en condiciones de prestar ayuda...''

Todas las naciones del mundo, incluido nuestro país, convocadas por las Naciones Unidas, se reunieron en Roma en 1996, en la Primera Cumbre Mundial sobre el Hambre. Al término de sus deliberaciones, la cumbre se fijó como meta reducir, para el año 2015, a 400 millones los 815 millones que al momento de la cumbre padecían hambre. Sin embargo, en la siguiente cumbre del 2002 se constató que esa meta estaba muy lejos de lograrse y que seis años después de haberla asumido, la comunidad internacional se informaba el pasado 16 de octubre, en palabras del señor Jean Ziegler, relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, que el número de personas con problemas de malnutrición aumentó el año pasado a 840 millones en el mundo, pese al incremento de la producción agrícola y el compromiso mundial de reducir a la mitad el número de hambrientos para el año 2015.

Ante este sombrío panorama, la FAO ha creado el Grupo de Trabajo Intergubernamental para la elaboración de un conjunto de directrices voluntarias con el fin de respaldar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. El Gtig constituye un órgano auxiliar del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y habrá de terminar su labor dentro de un periodo de dos años.

La iniciativa que aquí presento responde a esta iniciativa de la FAO y busca poner a México a la vanguardia de los paí-ses que luchan solidariamente por erradicar de la faz de la tierra el flagelo del hambre y la malnutrición.

No es la primera vez que se formula una iniciativa como la presente. Se ha hecho en el pasado en reiteradas ocasiones, en ambas soberanías, sin que se encontrara el justo eco y seguimiento que merecían. Las iniciativas de los senadores Heladio Ramírez López, Yolanda González Hernández y Arely Madrid Tovilla, entre otros, son un claro ejemplo de estas desafortunadas omisiones.

La débil conciencia de este drama social ha impedido a México incorporar de manera directa en su Constitución el derecho de los mexicanos a la alimentación, más allá de los diversos compromisos y tratados internacionales suscritos y que hacen reconocimiento de ese derecho.

De acuerdo con los principios elementales del derecho constitucional, en general, las Constituciones tienen dos apartados fundamentales en su estructura: la parte dogmática que precisa las garantías que el Estado reconoce a los gobernados como individuos, así como aquellas que benefician a grupos o sectores, y la parte denominada orgánica que establece las instituciones del Estado y la distribución de sus funciones.

Bajo esta perspectiva, es sobremanera conveniente que en la Constitución aparezcan la totalidad de las garantías individuales y sociales que protege nuestro sistema jurídico, mismas que se identifican, en este aspecto, con los derechos humanos. Por tanto, no solamente resulta útil, sino necesario, incluir con precisión este derecho para que exista congruencia con los pactos internacionales suscritos o aceptados por México.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, resulta jurídicamente procedente y socialmente necesaria la inclusión del derecho a la alimentación como garantía individual en el cuerpo de nuestra Constitución, y según mi criterio personal, debe ser en el artículo 4º, paralelamente al derecho a la salud, ya que existe una estrecha y complementaria correlación entre estas dos garantías de la persona humana.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a la elevada consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Unico: Se adiciona al artículo 4º constitucional un párrafo cuarto, recorriéndose los actuales párrafos 4, 5, 6, 7 y 8, que pasan a ser, en consecuencia, 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente, para quedar como sigue:

Artículo 4º. El varón y la mujer...

Toda persona tiene derecho a decidir...

Toda persona tiene derecho...

Todos los mexicanos tienen derecho a una alimentación sana y suficiente para garantizar su existencia y su pleno desarrollo físico y mental. El Estado proveerá lo necesario y tomará las providencias pertinentes, estableciendo políticas públicas que atiendan esta garantía con prioridad sobre otras necesidades colectivas.

Toda persona tiene derecho...

Toda familia tiene derecho...

Los niños y las niñas...

Los ascendientes, tutores y custodios...

El Estado otorgará...

Transitorio

Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Este Congreso deberá abocarse de manera inmediata a la elaboración de la legislación secundaria que permita hacer efectiva la garantía que establece esta ley.

Palacio de San Lázaro, a 21 de octubre de 2003.--- Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica).»

Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Continúe la Secretaría.

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EDUCACION BASICA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Secretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. CP/2R/3AE.-2870, de fecha 27 de agosto último, suscrito por el C. senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No.CPI/246/2003-2004 de fecha 3 del presente mes, signado por el C. profesor Gerardo de Jesús Mendoza Jiménez, coordinador de Proyectos Interinstitucionales de la Dirección de Vinculación Social de la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Nuevo León, mediante el que da contestación al punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas federales, estatales y municipales a realizar las acciones necesarias con el fin de que las escuelas públicas de educación básica sean abiertas a la comunidad con programas que permitan su utilización en actividades de aprendizaje durante los periodos de vacaciones de verano, presentado por el diputado Luis Aldana Burgos.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 14 de octubre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo.--- Gobierno del Estado de Nuevo León.--- Secretaría de Educación.--- Dirección de Vinculación Social.--- Confirmación de Proyectos Interinstitucionales.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Reciba por este conducto un cordial saludo, y aprovecho para dar respuesta al oficio Nº SEL300/2028/03 dirigido al C. gobernador del estado de Nuevo León, licenciado Fernando Elizondo Barragán, y turnado a esta Coordinación para su respuesta.

Al respecto le informo que esta Secretaría organiza desde hace seis años, con presupuesto oficial, el programa ``Veraneando'', que incluye la organización de talleres artísticos y deportivos en escuelas públicas para niños de educación básica durante el receso escolar del verano; estas actividades son gratuitas y se llevan a cabo en todo nuestro estado.

A efecto de que los planteles educativos puedan participar, se emite una convocatoria al inicio del ciclo escolar, misma que se hace llegar a todas las escuelas del nivel mencionado, asimismo, con el propósito de que todos los niños, maestros y padres de familia interesados puedan inscribirse, se difunde a través de volantes, ruedas de prensa y programas de radio y televisión.

Cabe señalar que en el pasado ciclo escolar instalamos 83 centros Veraneando, atendiendo a 93,688 alumnos en tres semanas continuas de actividades.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Monterrey, NL, a 3 de octubre de 2003.--- Profr. Gerardo de Jesús Mendoza Jiménez (rúbrica), Coordinador de Proyectos Interinstitucionales.»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Remítase copia a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno que se menciona:

Alfa Sol Ceceña Castro, como asistente consular en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Arturo Martínez Avila, como mecánico de mantenimiento/fontanero en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Ignacio Cortés Llamas, como asistente consular en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Magdalena Mendoza Mendoza, como asistente consular en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Edith Islas Pineda, como profesora de español en la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de su identificación oficial.

Asimismo hago de su conocimiento que las personas que se mencionan a continuación han solicitado la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar sus servicios al gobierno estadounidense.

Gabriela E. Mucharraz Gómez, como empleada de la oficina de Asuntos Culturales e Informativos en la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Marco Antonio Serrano Sánchez, como operador de computador en la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Liliana Rocha Guerrero, como operadora de conmutador en la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003 Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 10 de octubre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Por lo que se refiere a las solicitudes de permiso, recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación.

Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnense a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

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ARTICULO 4º CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:En relación con la iniciativa presentada por el señor diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por tratarse de una reforma constitucional se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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CUENCA LERMA-CHAPALA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua a que cumplan en sus términos con el trasvase correspondiente, según acuerdo pactado en la reunión del consejo técnico de la cuenca Lerma-Chapala, el pasado noviembre de 2002, por la cantidad de 280 millones de metros cúbicos.

El diputado Roberto Antonio Marrufo Torres:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua a que cumpla en sus términos con el trasvase correspondiente, según acuerdo pactado en la reunión de consejo técnico de la cuenca Lerma-Chapala el pasado noviembre del año 2002 por la cantidad de 280 millones de metros cúbicos.

Los suscritos, diputados federales jaliscienses, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Existen varios documentos firmados por el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades que conforman la cuenca Lerma-Chapala, entre los que destacan los siguientes:

Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, los ejecutivos de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, diversas secretarías de Estado y de entidades paraestatales para llevar a cabo un programa de ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala. 13 de abril de 1989.

Acuerdo de coordinación por el que se constituye el consejo consultivo de evaluación y seguimiento de los compromisos contraídos en el acuerdo de coordinación mencionado en el punto que antecede para llevar a cabo un programa de ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala. 1º de septiembre de 1989.

Acuerdo de coordinación que celebra el Ejecutivo Federal, los ejecutivos de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, diversas secretarías de Estado y entidades paraestatales para llevar a cabo un programa de coordinación especial sobre la disponibilidad, distribución y uso de las aguas superficiales de la propiedad nacional comprendidas en la cuenca Lerma-Chapala. Agosto de 1991.

Consideraciones

El lago de Chapala es el mayor embalse natural de la República Mexicana, formando además uno de los ecosistemas más importantes de México. En su entorno regional se desarrolla una importante actividad económica y social, siendo su principal alimentador de agua el río Lerma, mismo que ha dejado de aportar importantes caudales debido principalmente a la sobreexplotación del recurso hídrico.

Dada la importancia que ejerce la cuenca y el propio lago de Chapala, anteriores gobiernos estatales de Jalisco vislumbraron la trascendencia de su conservación definitiva, gestionando ante el Ejecutivo Federal la firma de acuerdos que preservaran el lago de Chapala.

En los acuerdos de referencia se establecieron las bases que lograrían una distribución justa y equitativa de los aprovechamientos hidráulicos, así como el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala y preservar la calidad de agua y su saneamiento, eficientar el uso de agua y, por supuesto, el manejo y conservación de cuencas y corrientes.

El trasvase acordado al lago de Chapala por la Comisión de la cuenca Lerma-Chapala en noviembre del año 2000 fue del orden de los 280 millones de metros cúbicos, mismos que empezarían a ser transvasados en el primer trimestre del año 2003.

Compañeras y compañeros diputados: a la fecha sólo se han liberado 133 millones de metros cúbicos, restando la cantidad de 147 millones de metros cúbicos, considerándose dentro de éstos los 17 millones de metros cúbicos que fueron desviados por agricultores del distrito de riego número 11 en el punto denominado ``Loma de Toro'' en el estado de Guanajuato.

Compañeras diputadas y diputados: en el presente año se tuvieron abundantes lluvias en la cuenca del río Lerma que mucho beneficiaron a la agricultura. Pero también vino la desgracia en varios compañeros agricultores que perdieron sus cosechas, así como varias...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, señor diputado.

El diputado Roberto Antonio Marrufo Torres:

Termino, señor Presidente.

Principalmente en los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, muy probablemente por la negligencia de la Comisión Nacional del Agua, al hacer caso omiso de los pronósticos metereológicos nacionales que pronosticaban lluvias abundantes, al permitir que las 11 presas más importantes de las cuencas estuvieran al 100%.

No omito mencionar, compañeras y compañeros, que los diferentes acuerdos coordinados, en coordinación señalan que el almacenamiento de estos envases no debería rebasar el 60% de su capacidad, considerando los escurrimientos esperados por el magnífico temporal de lluvias.

Quiero señalar para concluir, señor Presidente, si me permite, que vemos con preocupación la pasividad del exgobernador de mi estado, el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, hoy Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, convirtiéndose recientemente en vocero de la Comisión Nacional del Agua, al sugerir a los jaliscienses que olvidemos el trasvase de Chapala y busquemos la recuperación de la cuenca Lerma-Chapala...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, señor diputado.

El diputado Roberto Antonio Marrufo Torres:

Termino, señor Presidente.

Nos congratula sobremanera también saber que el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez, tiene un programa ambicioso, pero sobre todo un interés de la recuperación de la cuenca Lerma-Chapala, pues cuando fue Gobernador de Jalisco, poco le importó la cuenca y el propio lago de Chapala.

Concluyo y dejo en la Secretaría el documento, señor Presidente.

Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua a que cumplan en sus términos el trasvase correspondiente, según acuerdo pactado en la Reunión del Consejo Técnico de la Cuenca Lerma-Chapala en noviembre de 2002, por la cantidad de 280 millones de metros cúbicos, presentada por el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI.

Los suscritos diputados federales jaliscienses, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Existen varios documentos firmados por el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades que forman la cuenca Lerma, Chapala, Santiago, Pacífico, entre los que destacan los siguientes:

Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, los Ejecutivos de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, diversas secretarías de Estado y entidades paraestatales para llevar a cabo un programa de ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala (13 de abril de 1989).

Acuerdo de coordinación por el que se constituye el Consejo Consultivo de Evaluación y Seguimiento de los Compromisos contraídos en el acuerdo de coordinación mencionado en el punto que antecede para llevar a cabo un programa de ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala (1 de septiembre de 1989).

Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, los Ejecutivos de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco y diversas secretarías de Estado y entidades paraestatales para llevar a cabo un programa de coordinación especial sobre la disponibilidad, distribución y uso de las aguas superficiales de propiedad nacional comprendidas en la cuenca Lerma-Chapala (agosto de 1991).

Consideraciones

El lago de Chapala es el mayor embalse natural de la República Mexicana; forma además uno de los ecosistemas más importantes de México. En su entorno regional se desarrolla una relevante actividad económica y social.

Su principal alimentador de agua es el río Lerma, que ha dejado de aportar importantes caudales debido principalmente a la sobreexplotación del recurso hídrico.

Dada la importancia de la cuenca y del propio lago de Chapala, anteriores gobiernos de Jalisco vislumbraron la trascendencia de su conservación definitiva; gestionaron ante el Ejecutivo Federal la firma de acuerdos que preservarán el lago de Chapala.

En los acuerdos de referencia se establecieron las bases que lograrían una distribución justa y equitativa de los aprovechamientos hidráulicos, así como el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala; preservarían la calidad de agua y su saneamiento; y eficientarían el uso del agua y, por supuesto, el manejo y la conservación de cuencas y corrientes.

El trasvase acordado respecto al lago de Chapala por la Comisión de la Cuenca Lerma-Chapa en noviembre de 2002 fue del orden de 280 millones de metros cúbicos, mismos que empezarían a ser trasvasados en el primer trimestre de 2003.

Compañeros diputados: a la fecha se han liberado sólo 133 millones de metros cúbicos, por lo que restan 147 millones, considerándose en éstos los 17 millones de metros cúbicos que fueron desviados por agricultores del distrito de riego número 11 en el punto denominado Lomo de Toro, Guanajuato.

Compañeros diputados: en el presente año se tuvieron abundantes lluvias en la cuenca del río Lerma, que mucho beneficiaron la agricultura, pero también vimos la desgracia en varios compañeros agricultores que perdieron sus cosechas, así como varias poblaciones devastadas, sobre todo en Guanajuato, Michoacán y Jalisco, muy probablemente por la negligencia de la Comisión Nacional del Agua, que hizo caso omiso a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional respecto a lluvias abundantes, al permitir que las 11 presas más importantes de la cuenca estuvieran a 100 por ciento de su capacidad.

No omito mencionar, compañeros, que los acuerdos de coordinación señalan que el almacenamiento en esos embalses no debería rebasar 60 por ciento de su capacidad, considerando los escurrimientos esperados por el magnífico temporal de lluvias de este año.

Quiero señalar además que vemos con preocupación la pasividad del ex gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez, hoy secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y convertido recientemente en vocero de la Comisión Nacional del Agua: sugirió a los jaliscienses que olvidemos el trasvase a Chapala y busquemos la recuperación de la cuenca Lerma-Chapala con planes de largo plazo que resuelvan la problemática general del agua.

Nos congratula sobre manera saber que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez, tiene un programa ambicioso, pero ante todo un interés por la recuperación de la cuenca Lerma-Chapala, pues cuando fue gobernador de Jalisco poco le importaron la cuenca y el lago de Chapala.

Por lo anterior, los legisladores jaliscienses del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a la consideración de esta honorable representación popular la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua a que cumplan en todos sus términos el acuerdo pactado en la reunión del Consejo Técnico de la Cuenca Lerma-Chapala en noviembre de 2002, donde se especifica que el trasvase al lago de Chapala será por la cantidad de 280 millones de metros cúbicos.

Segundo. Se continúe el trasvase al lago de Chapa cuanto antes por los volúmenes faltantes, que ascienden a 147 millones de metros cúbicos, pues a la fecha se han trasvasado sólo 133 millones de metros cúbicos, más 17 millones de metros cúbicos que fueron desviados en el punto Lomo de Toro, Guanajuato.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de octubre de 2003.--- Diputados: Roberto Antonio Marrufo Torres, Javier Guízar Macías, Quintín Vázquez García, María Esther Sherman Leaño, Lázaro Arias Martínez, Carlos Blackaller Ayala, Francisco Javier Bravo Carbajal, José Manuel Carrillo Rubio, Sergio Armando Chávez Dávalos, Enrique Guerrero Santana, José García Ortiz, Leticia Gutiérrez Corona, J. Jesús Lomelí Rosas, Gonzalo Moreno Arévalo, Hugo Rodríguez Díaz, J. Leonel Sandoval Figueroa, Evelia Sandoval Urbán, David Hernández Pérez (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

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CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene la palabra el señor diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y en lo conducente a la Procuraduría General de la República, con el fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias agilicen las acciones encaminadas al otorgamiento de la libertad a favor de las personas beneficiadas por la reforma al artículo 85 del Código Penal Federal.

El diputado José Javier Osorio Salcido:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El que suscribe, diputado federal José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta Asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y en lo conducente a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se sirvan agilizar las acciones y diligencias necesarias para el otorgamiento de la libertad preparatoria en aquellos casos en que por virtud de las reformas al artículo 85 del Código Penal Federal, sean procedentes otorgárseles a las personas sentenciadas por delitos contra la salud en la modalidad de transportación, que sean primodelincuentes y cumplan los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90 fracción I inciso c) del Código Penal Federal, bajo las siguientes

Consideraciones

Que hoy día existe un número considerable de sentenciados de delitos contra la salud en su modalidad de transportación, que actualmente se encuentran conculcando su pena en las diversas cárceles del país, que no poseían antecedentes penales, que son primodelincuentes; existiendo otro grupo considerable que sin saber las consecuencias y la trascendencia del actuar o que actuaron por causas de necesidad extrema, decidieron transportar esta clase de sustancias ilícitas.

Esta situación provocó gran preocupación por parte de diversos sectores de la sociedad, principalmente de los familiares de las personas sentenciadas que solicitaban una solución a esta problemática.

Ante estos hechos el Congreso de la Unión, consciente de la problemática social que además de afectar a las personas sentenciadas afectaba a sus familiares directamente, aprobó, por consenso de todos los partidos, una iniciativa de reforma al artículo 85 del Código Penal Federal, a efecto de establecer una excepción específica a los casos en que no procedía el otorgamiento de la libertad preparatoria del sentenciado, concretamente en lo relativo en delitos contra la salud en la modalidad de transportación con la finalidad de que la autoridad administrativa competente pueda conceder dicho beneficio preliberacional a las personas que hubieran sido sentenciadas por transportar sustancias ilícitas, siempre y cuando hayan cumplido con una serie de requisitos y condicionantes legales que la propia reforma contempla.

Resulta innegable que la aprobación de esta reforma legal respondió al reclamo y a la solicitud de diversos sectores sociales, así como de numerosos familiares de las personas sentenciadas por este tipo de delitos que exigían la revisión de la situación jurídica de sus familiares sentenciados, en virtud de que un gran número de ellos no poseía antecedentes penales, presentaban un evidente atraso cultural y en algunos casos por extrema necesidad fueron utilizados para transportar este tipo de sustancias ilícitas.

Esta reforma legal abrió la posibilidad de poder otorgar el beneficio preliberacional de la libertad preparatoria a las personas sentenciadas por delitos contra la salud en la modalidad de transportación, que cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto.

Como es de todos sabido, por virtud de reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de noviembre de 2000 los asuntos relacionados para el otorgamiento de estos beneficios preliberacionales, tales como la libertad preparatoria, compete a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien realiza dicha función a través del órgano administrativo desconcentrado: prevención y readaptación social, autoridad que a partir de la entrada en vigor de la reforma en comento ha llevado a cabo brigadas de trabajo en las entidades federativas con motivo de la reforma al artículo 85 del Código Penal Federal.

Sin embargo hasta el momento y a donde tenemos conocimiento no han sido beneficiados por la reforma los sentenciados por este delito. Esta reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2003 y entrando al día siguiente, lo que ha causado de nueva cuenta la preo-cupación de los familiares de diversos sectores sociales, motivo por el cual se considera necesario invitar a la Secretaría de Seguridad Pública que refuerce las acciones necesarias para el otorgamiento de este beneficio preliberacional en los casos legalmente procedentes.

Asimismo sabemos que de conformidad con el artículo 541 del Código Federal de Procedimientos Penales...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, señor diputado.

El diputado José Javier Osorio Salcido:

Un momento, señor Presidente.

Finalmente, dada la importancia que reviste esta situación anteriormente expuesta, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta Asamblea como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para que en el ámbito de su competencia se sirva agilizar todas las acciones y diligencias que sean necesarios para el otorgamiento del beneficio preliberacional de la libertad preparatoria en aquellos casos en que en virtud de las reformas legales al artículo 85 del Código Penal Federal sea procedente conceder dicho beneficio a las personas sentenciadas por delitos contra la salud en la modalidad de transportación y que además sean primodelincuentes y hayan cumplido con los requisitos legales establecidos en los artículos 84, 90 fracción I inciso c del Código Penal Federal.

Segundo. Se solicite a la Secretaría de Seguridad Pública para que en su momento informe a esta soberanía sobre las acciones y avances que realice dicha dependencia para el otorgarmiento y el beneficio preliberacional de la libertad preparatoria en aquellos casos en que por virtud de las reformas legales al artículo 85 del Código Penal Federal sea procedente conceder dicho beneficio.

Tercero. Se exhorte a la Procuraduría General de la República para que dentro del ámbito de su competencia coadyuve con la Secretaría de Seguridad Pública reforzando las acciones que sean necesarias, a efecto de proporcionar oportunamente la información que en su momento le sea solicitada por dicha Secretaría, relativa a los informes a que hace referencia el artículo 541 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que de ese modo la Secretaría de Seguridad Pública se encuentre en posibilidad legal de determinar la procedencia de las solicitudes de libertad preparatoria formuladas por las personas sentenciadas por delitos contra la salud en la modalidad de transportación.

Y como es la conducta de esta Cámara de Diputados el vigilar la vigencia del Estado de Derecho...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, señor diputado, por favor.

El diputado José Javier Osorio Salcido:

... A la ley estrictamente, solicito el apoyo para que sea de pronta y obvia resolución este punto de acuerdo.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y, en lo conducente, a la Procuraduría General de la República a que, en el ámbito de su competencia, agilicen las acciones para otorgar la libertad a las personas beneficiadas por la reforma del artículo 85 del Código Penal Federal, presentada por el diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del PAN.

El que suscribe, diputado federal José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Asamblea, como de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y, en lo conducente, a la Procuraduría General de la República a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se sirvan agilizar las acciones y diligencias necesarias para el otorgamiento de la libertad preparatoria en los casos en que, por virtud de las reformas del artículo 85 del Código Penal Federal, sea procedente otorgarse a las personas sentenciadas por delitos contra la salud en su modalidad de transportación que sean primodelincuentes y cumplan los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), del Código Penal Federal, conforme a las siguientes

Consideraciones

Hoy día, una verdadera política criminal en materia de ejecución de sentencias debe encontrar justificación plena bajo la premisa de la enmienda o corrección del sentenciado, a quien con el otorgamiento de determinados beneficios preliberacionales se estimula, dejando de aplicarse por considerarse innecesaria una sanción cuya finalidad primordial es la readaptación social, la cual deberá estimarse satisfecha, dada la demostración objetiva de la buena conducta del sentenciado, que supone el dominio por el mismo de la causa que lo obligó a delinquir, así como con la existencia de hechos positivos que demuestren su propósito de enmienda; es decir, que el sujeto es apto para vivir en sociedad sin entrar en conflicto con ella.

Sin embargo, el aumento de las penas por delitos contra la salud, resultado de las adecuaciones a la ley, especialmente en la modalidad de transporte, limitó en gran medida la posibilidad de considerar situaciones en que fuera procedente otorgar algún tipo de beneficio preliberacional a los sentenciados por ese tipo y modalidad de delitos que hubieren presentado una efectiva readaptación social.

En tal sentido, señalemos que resulta innegable que hoy día un número considerable de sentenciados por delitos contra la salud en su modalidad de transportación se encuentra compurgando su pena en las diversas cárceles del país y no poseía antecedentes penales; es decir, era primodelincuente, existiendo otro grupo considerable que, sin saber las consecuencias y la trascendencia de su actuar o por causas de necesidad extrema, decidió transportar esa clase de sustancias ilícitas.

Esa situación provocó gran preocupación por parte de diversos sectores de la sociedad, principalmente de los familiares de las personas sentenciadas, que solicitaban una solución para el problema.

Ante esos hechos, el Congreso de la Unión, consciente de esa problemática social que, además de afectar a los sentenciados por ese tipo de conductas delictivas que han mostrado una verdadera readaptación social, afecta directamente a sus familiares, aprobó, con el consenso de los partidos políticos, una iniciativa de reformas del artículo 85 del Código Penal Federal a efecto de establecer una excepción específica en los casos en que no procede el otorgamiento de la libertad preparatoria del sentenciado, concretamente en lo relativo a los delitos contra la salud en su modalidad de transportación, con la finalidad de que la autoridad administrativa competente pueda conceder dicho beneficio preliberacional a los que hubieren sido sentenciados por transportar sustancias ilícitas, siempre que hayan cumplido una serie de requisitos y condiciones legales que la propia reforma considera, como los siguientes:

1. Ser primodelincuente;

2. Cumplir los requisitos legales previstos en el artículo 84 del Código Penal Federal, que consisten en haber cumplido tres quintas partes de la condena, haber observado buena conducta durante la ejecución de la sentencia, que del examen de su personalidad se presuma que está socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir, que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado; y

3. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 90, fracción I, inciso c), del Código Penal Federal, relativo a que de sus antecedentes personales, modo honesto de vivir, la naturaleza, modalidades y móviles del delito se presuma que no volverá a delinquir.

Resulta innegable que la aprobación de esta reforma legal respondió al reclamo y solicitud de diversos sectores sociales, así como de numerosos familiares de las personas sentenciadas por ese tipo de delitos, que exigían la revisión de la situación jurídica de sus familiares sentenciados, en virtud que gran número de ellos no poseía antecedentes penales, presentaba un evidente atraso cultural y en algunos casos, por extrema necesidad, fue utilizado para transportar ese tipo de sustancias ilícitas.

Esa reforma legal abrió la posibilidad de poder otorgar el beneficio preliberacional de la libertad preparatoria a las personas sentenciadas por delitos contra la salud en su modalidad de transportación que cumplan todos los requisitos legales establecidos al efecto.

Como es por todos sabido, en virtud de las reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en noviembre de 2000, los asuntos relacionados con el otorgamiento de beneficios preliberacionales, como la libertad preparatoria, competen a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que realiza dicha función mediante el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, autoridad que a partir de la entrada en vigor de la reforma en comento ha estado llevado a cabo brigadas de trabajo en las entidades federativas, con motivo de la reforma del artículo 85 del Código Penal Federal.

Sin embargo, hasta el momento y hasta donde se tiene conocimiento, el número de personas sentenciadas por delitos contra la salud en su modalidad de transportación que ha sido beneficiado por la reforma del artículo 85 del Código Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003 y que entró en vigor el día siguiente ha sido muy reducido.

Ello ha causado de nueva cuenta la preocupación de los familiares y diversos sectores sociales, motivo por el cual se considera necesario invitar a la Secretaría de Seguridad Pública a que refuerce las acciones necesarias para el otorgamiento de este beneficio preliberacional en los casos legalmente procedentes.

Asimismo, sabemos que, de conformidad con el artículo 541 del Código Federal de Procedimientos Penales, tratándose de delitos contra la salud en materia de estupefacientes y psicotrópicos, la Secretaría de Seguridad Pública deberá pedir una serie de informes a la Procuraduría General de la República para que, en vista de dicha información y con los demás datos que hubiere recabado la propia secretaría, ésta resuelva en definitiva sobre la procedencia de las solicitudes de libertad preparatoria.

Esa situación, aplicada al caso concreto de los sentenciados por delitos contra la salud en su modalidad de transportación, que en virtud de las reformas legales mencionadas aspiran a que se le conceda el beneficio de la libertad preparatoria, ha venido retrasado la posibilidad legal de que la autoridad se encuentre en condiciones de resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes planteadas al efecto, toda vez que, hasta donde se tiene conocimiento, en algunos casos falta que la procuraduría proporcione los informes de referencia.

En tal sentido, se considera necesario invitar a la Procuraduría a que refuerce las acciones necesarias a efecto de remitir con la mayor brevedad los informes solicitados por las autoridades correspondientes que hagan posible resolver en consecuencia sobre las solicitudes de libertad preparatoria formuladas.

Finalmente, dada la importancia que reviste la situación expuesta, por la que atraviesa un número considerable de sentenciados por delitos contra la salud en su modalidad de transportación, que consideran que cumplen todos los requisitos legales previstos en el Código Penal Federal, para la procedencia del otorgamiento del beneficio preliberacional de la libertad preparatoria y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta honorable asamblea, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a que, en el ámbito de su competencia, se sirva agilizar todas las acciones y diligencias necesarias para el otorgamiento del beneficio preliberacional de la libertad preparatoria en los casos en que, por virtud de las reformas legales del artículo 85 del Código Penal Federal, sea procedente conceder dicho beneficio a las personas sentenciadas por delitos contra la salud en su modalidad de transportación que, además de ser primodelincuentes, hayan cumplido los requisitos legales establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), del Código Penal Federal.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública que, en su momento, informe a esta soberanía sobre las acciones y los avances que realice dicha dependencia para el otorgamiento del beneficio preliberacional de la libertad preparatoria en los casos en que, por virtud de las reformas legales del artículo 85 del Código Penal Federal, sea procedente conceder dicho beneficio a las personas sentenciadas por delitos contra la salud en su modalidad de transportación que, además de ser primodelincuentes, hayan cumplido los requisitos legales establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), del Código Penal Federal.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que, en el ámbito de su competencia, coadyuve con la Secretaría de Seguridad Pública, reforzando las acciones que sean necesarias a efecto de proporcionar oportunamente la información que en su momento le sea solicitada por dicha secretaría relativa a los informes a que hace referencia el artículo 541 del Código Federal de Procedimientos Penales para que, de ese modo, la Secretaría de Seguridad Pública se encuentre en posibilidad legal de determinar la procedencia de las solicitudes de libertad preparatoria formuladas por las personas sentenciadas por delitos contra la salud en su modalidad de transportación que, de conformidad con las reformas legales del artículo 85 del Código Penal Federal, se encuentren en posibilidad legal de obtener ese beneficio preliberacional por cumplir los requisitos legales establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), del Código Penal, así como tener el carácter de primodelincuentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2003.--- Dip. José Javier Osorio Salcido (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aunque el orador que ha hecho uso de la palabra ha solicitado el trámite de urgente y obvia resolución, esta Presidencia lo turna a la Comisión de Seguridad Pública en virtud de que no se siguió el procedimiento marcado por el acuerdo aprobado por el pleno.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento. Antes de que inicie el señor diputado y por haber concluido el término para el registro electrónico de asistencia, se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

Perdón, señor diputado.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Sí, señor Presidente.

¿Falta alguna diputada o diputado para registrar asistencia?..

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 467 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico, por favor.

Se informa a la Asamblea que quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos, para realizarlo por cédula.

Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

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REUNION AUTORIDADES HACENDARIAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado, Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para convocar a una reunión entre las autoridades hacendarias, la Cámara de Diputados y los gobernadores de las entidades federativas sobre la distribución de los recursos federales excedentes destinados a los estados.

Adelante, diputado Miguel Alonso.

El diputado Miguel Alonso Raya:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este honorable pleno una proposición con punto de acuerdo para convocar a una reunión entre las autoridades hacendarias, la Cámara de Diputados y los gobiernos de las entidades federativas, sobre la distribución de los recursos federales excedentes del petróleo destinados a los estados al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El artículo 21, fracción I, inciso j), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, establece que la suma que resulte de los excedentes de ingresos federales como impuestos, contribuciones de mejoras y derechos normales, extraordinarios y adicionales sobre la extracción del petróleo y sobre hidrocarburos se aplicarán en un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; en un 25% para mejorar el balance económico del sector público y en un 50% para gastos de inversión en infraestructura en las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2001.

Segunda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce en el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2003, la captación de ingresos mayores a los presupuestados, que incluso reportan un superávit de 32 mil 200 millones de pesos por efecto de dos factores favorables, aunque coyunturales: el repunte del precio de exportación del petróleo y los mayores ingresos no recurrentes.

Esta misma situación es corroborada por el comunicado Las finanzas públicas y la deuda pública de agosto de 2003, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 30 de septiembre. Según el documento, los ingresos presupuestarios mostraron un incremento real de 9.9% debido al favorable comportamiento de los ingresos petroleros y de las entidades paraestatales distintas de Pemex, y por el buen desempeño de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado.

La recaudación acumulada a agosto es superior en 13.1% en términos reales a la registrada en el mismo periodo en el año anterior.

Debe recordarse que el presupuesto del Gobierno Federal consideró un escenario en el que el precio del petróleo crudo de exportación sería de 18.35 dólares por barril promedio, cuando en realidad el promedio acumulado en el año al 14 de octubre es de 24.71 dólares por barril.

Como resultado de lo anterior, los recursos excedentes entregados a las entidades federativas ascienden a 7 mil millones de pesos. Sin embargo, según datos revelados por la Subsecretaría de Egresos, al cierre del año se tendrá una reducción en los ingresos fiscales que podría llegar al 14.4%; esto significa sacrificar recursos que se ejercen en el mediano plazo por estar etiquetados para gastos de inversión en infraestructura.

Por todo lo anterior, es fundamental tener información certera de los recursos que tendrán a su disposición los estados y municipios y que ésos no sean reducidos en forma imprevista. Resulta inaplazable transparentarlos, porque de ellos depende en gran medida el cumplimiento de las facultades y la prestación de servicios a que están obligadas las autoridades locales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito, somete a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuerda que un grupo plural de trabajo integrado por diputados federales de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se reúna con los subsecretarios de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Carlos Hurtado López, y de Ingresos, licenciado Rubén Aguirre Pangburn, a fin de recabar información sobre la evolución de los ingresos federales incluidos en el artículo 21 fracción I, inciso j), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 y su distribución para gasto de inversión e infraestructura en las entidades federativas.

Segundo. Asimismo, acuerda invitar a dicha reunión de trabajo a los gobernadores de las entidades federativas que decidan participar en la misma o a la representación que ellos determinen.

Atentamente, diputado Miguel Alonso Raya. Y firman esta proposición con punto de acuerdo diputados del PRD, diputados del PRI, diputados de Convergencia y diputados del Partido del Trabajo.

Gracias por su atención, compañeras y compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, para convocar a una reunión entre las autoridades hacendarias, la Cámara de Diputados y los gobernadores sobre la distribución de los recursos federales excedentes destinados a los estados, presentada por el diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD.

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable Pleno proposición con punto de acuerdo para convocar a una reunión entre las autoridades hacendarias, la Cámara de Diputados y los gobiernos de las entidades federativas sobre la distribución de los recursos federales excedentes destinados a los estados, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

1. El artículo 21, fracción I, inciso j), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 establece que la suma que resulte de los excedentes de ingresos federales como impuestos, contribuciones de mejoras y derechos normales, extraordinarios y adicionales sobre la extracción de petróleo y sobre hidrocarburos se aplicarán en 25 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, en 25 por ciento para mejorar el balance económico del sector público y en 50 por ciento para gasto de inversión en infraestructura en las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2001.

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce en el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2003 la captación de ingresos mayores que los presupuestados, que incluso reportan un superávit de 62 mil 200 millones de pesos, por efecto de dos factores favorables, aunque coyunturales: el repunte del precio de exportación del petróleo y los mayores ingresos no recurrentes.

3. A mayor abundancia, Hacienda informa que los ingresos presupuestarios del sector público a junio se ubicaron en 805 mil 624 millones de pesos; superiores en 50 mil 45 millones al monto previsto. Respecto al primer semestre de 2002, los ingresos presupuestarios aumentaron 14.3 por ciento, en términos reales, impulsados principalmente por el crecimiento real de 28.8 por ciento de los ingresos petroleros, que importaron la cantidad de 251 mil 843 millones de pesos.

4. Durante el primer semestre de 2003, el precio de la mezcla mexicana de petróleo resultó superior en 7.1 dólares al del mismo periodo del año anterior y el volumen de exportación de petróleo fue superior en 95 mil barriles diarios promedio.

5. Esa situación es corroborada en el comunicado Las finanzas públicas y la deuda pública a agosto de 2003, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 30 de septiembre. Según el documento, los ingresos presupuestarios mostraron un incremento real de 9.9 por ciento ``debido al favorable comportamiento de los ingresos petroleros y de las entidades paraestatales distintas de Pemex y por el buen desempeño de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado''.1 La recaudación acumulada a agosto es superior en 13.1 por ciento, en términos reales, a la registrada en el mismo periodo en el año anterior. Debe recordarse que el Presupuesto del Gobierno Federal consideró un escenario en que el precio del petróleo crudo de exportación sería de 18.35 dólares por barril promedio, cuando en realidad el promedio acumulado en el año (al 14 de octubre) es de 24.71 dólares por barril.

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado 103/2003.

6. No obstante, en el informe citado en la segunda consideración, se afirma que ese desempeño positivo de las finanzas públicas se debilitará en el segundo semestre de 2003, debido al carácter transitorio de los factores que permitieron una mejor evolución de los ingresos y al reciente fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a declarar inconstitucional el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, así como el impacto negativo en la recaudación de algunas modificaciones de las leyes fiscales aprobadas en el H. Congreso de la Unión.

7. Como resultado de lo anterior, los recursos excedentes entregados a las entidades federativas ascienden a 7 mil millones de pesos. Sin embargo, según datos revelados por la Subsecretaría de Egresos, al cierre del año se tendrá una reducción en los ingresos fiscales, que podría llegar a 14.4 por ciento. Esto significaría sacrificar recursos que se ejercen en el mediano plazo por estar etiquetados para gastos de inversión en infraestructura.

8. No obstante los avances alcanzados en materia de federalización del Presupuesto, las haciendas públicas locales enfrentan diversos problemas. Las autoridades estatales han contrastado los informes de la autoridad federal, y encuentran serias discrepancias. Los gobiernos estatales y municipales sólo pueden cobrar impuestos de baja potencialidad, como el predial y la tenencia o uso vehicular, que, de cobrarse a 100 por ciento, no aportarían más de una décima parte de los presupuestos estatales. En contraparte, tributos clave cuya recaudación es exclusiva de la Federación, como IVA, ISR y IEPS, constituyen 96 por ciento del ingreso tributario nacional. Por esa dependencia, las modificaciones que se hagan a la recaudación federal afectan sensiblemente las haciendas locales.

9. Por todo lo anterior, es fundamental tener información certera de los recursos que tendrán a su disposición los estados y los municipios y que éstos no sean reducidos en forma imprevista. Resulta inaplazable transparentarlos porque de ellos depende, en gran medida, el cumplimiento de las facultades y la prestación de servicios a que están obligadas las autoridades locales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda que un grupo plural de trabajo integrado por diputados federales de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se reúna con los subsecretarios de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Carlos Hurtado López; y de Ingresos, licenciado Rubén Aguirre Pangburn, a fin de recabar información sobre la evolución de los ingresos federales incluidos en el artículo 21, fracción I, inciso j), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 y su distribución para gasto de inversión en infraestructura en las entidades federativas.

Segundo. Asimismo, acuerda invitar a dicha reunión de trabajo a los gobernadores de las entidades federativas que decidan participar en ella o la representación que ellos determinen.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Diputados: Agustín Miguel Alonso Raya, Narciso Agúndez Montaño, Gelacio Montiel Fuentes, Minerva Hernández Ramos, Arturo Nahle García, José Luis Medina Lizalde, Emilio Zebadúa González, César Antonio Chávez Castillo, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Eliana García Laguna, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Javier Salinas Narváez, José Agustín Ortiz Pinchetti, Roberto Campa Cifrián, Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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VICENTE FOX QUESADA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie a favor de exhortar al Presidente Vicente Fox Quesada, para que aclare detalladamente el financiamiento de su campaña electoral de 2000 y que explique el manejo de recursos en el llamado caso ``Amigos de Fox''.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En las pasadas elecciones federales para elegir Presidente de la República en el año 2002, se realizaron diversas operaciones financieras dirigidas a apoyar en forma paralela al candidato a la Presidencia de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox Quesada, operaciones ahora consideradas por las autoridades electorales como presuntamente ilegales.

El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en atención a una denuncia determinó sancionar a los partidos que conforman dicha alianza, sin realizar una investigación exhaustiva y violentando principios fundamentales del derecho mexicano. Ante tales sanciones originadas en acusaciones falsas e imputaciones arbitrariamente hechas, extensivas a quienes totalmente ajenos a aquellas operaciones nos coligamos en la Alianza por el Cambio.

El Partido Verde Ecologista ha manifestado a la sociedad su enérgica condena por la ligereza jurídica con que se analizaron las más de 120 mil fojas que integran el desaseado expediente, en el cual no existe la más mínima vinculación de mi partido, de sus militantes, de la Alianza por el Cambio como tal o de los propios candidatos que postulamos, en el financiamiento paralelo e ilegal que se nos imputa.

Este financiamiento presuntamente ilegal realizado de manera paralela a la campaña electoral del actual Presidente de la República, pone en entredicho la legitimidad del Gobierno de Vicente Fox y demuestra que si en principio el beneficiario de los recursos ilegales no explica detalladamente el manejo ilegal de los recursos de su campaña y se deslinda de esos manejos, está aceptando de hecho su responsabilidad.

Hasta la fecha, Vicente Fox no ha dado la cara y se ha escondido detrás de la silla Presidencial y de su partido, su silencio y la falta de transparencia afecta seriamente la credibilidad de su Gobierno y defrauda la esperanza de quienes se sumaron a su campaña para hacer posible el cambio.

Esta actitud lastima seriamente la confianza en las instituciones y en los procesos electorales, el abstencionismo registrado en las pasadas elecciones, es una muestra de ello.

Por otra parte, la autoridad del Ejecutivo Federal se ha debilitado, se han disminuido las posibilidades de concretar las reformas estructurales, principalmente la Reforma del Estado. Vicente Fox ha perdido la autoridad moral para denunciar los métodos del antiguo régimen, el cambio es una ilusión, los acuerdos que buscamos todas las fuerzas políticas se darán cuando los tres poderes demostremos transparencia y legitimidad.

Frente a esto, todos los actores políticos, incluyendo el partido del Presidente, debemos hacer a éste, un enérgico llamado para que no ponga en riesgo la gobernabilidad democrática y para que bajo ningún interés particular, partidista o de origen extranjero comprometa su consolidación.

Señor Presidente de la República, demuéstrenos a los mexicanos que no tiene por qué ocultarse, demuéstrenos que la transparencia y la rendición de cuentas son prioridad de su Gobierno y que usted cumple con la confianza que los mexicanos le depositamos hace tres años.

Hoy día nuestro sistema de partidos sufre una crisis de legitimidad que está estrechamente vinculada con el financiamiento de los partidos, actúe en consecuencia contribuyendo al esclarecimiento del manejo financiero de su campaña, no deje dudas de su legitimidad y transparencia, ésta sería una aportación invaluable al fortalecimiento del sistema de partidos, a las autoridades electorales, a los procesos democráticos y principalmente al Poder Ejecutivo que usted encabeza.

El pueblo de México exige una repuesta categórica e ine-quívoca que en el futuro no pueda ser desmentida, estamos convencidos que la mejor acción que se pudiera suscitar en esta Presidencia de la República, es decir, la verdad sobre las operaciones financieras que coadyuvaron al triunfo Presidencial, lo que dejará en claro que la Alianza por el Cambio como tal y el Partido Verde Ecologista de México nunca establecieron ni consintieron un sistema financiero paralelo.

De nada sirve la Constitución y las leyes que de ella emanan si el poder Presidencial se refugia en la oscuridad, si no muestra el valor y el carácter que se requiere para presentarse ante el pueblo que le otorgó su confianza, el pueblo lo pide, la justicia lo necesita y esta soberanía lo demanda.

Por todo lo anterior es que solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, se someta a consideración el siguiente

Punto de acuerdo

Unico. Se exhorta al Presidente Vicente Fox Quesada, para que aclare detalladamente el financiamiento de su campaña electoral del 2000 y que explique el manejo de recursos en el llamado caso ``Amigos de Fox''.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie en favor de exhortar al Presidente Vicente Fox Quesada a que aclare de manera detallada el financiamiento de su campaña electoral de 2000 y que explique el manejo de recursos en el llamado ``Caso Amigos de Fox'', presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se tenga a bien someter a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Punto de Acuerdo

En las pasadas elecciones federales para elegir Presidente de la República en el año 2000, se realizaron diversas operaciones financieras dirigidas a apoyar en forma paralela al candidato presidencial de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox Quesada, operaciones ahora consideradas por la autoridad electoral como presuntamente ilegales.

El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en atención a una denuncia, determinó sancionar a los partidos que conformaron dicha alianza, sin realizar una investigación exhaustiva y violentando principios fundamentales del derecho mexicano.

Ante tales sanciones -originadas en acusaciones falsas e imputaciones, arbitrariamente hechas extensivas a quienes, totalmente ajenos a aquellas operaciones, nos coligamos en la Alianza para el Cambio-, el Partido Verde Ecologista ha manifestado a la sociedad su enérgica condena a la ligereza jurídica con que se analizaron las más de ciento veinte mil fojas que integran el desaseado expediente, en el cual no existe la mínima vinculación de mi partido, de sus militantes, de la Alianza por el Cambio como tal o de los propios candidatos que postulamos, en el financiamiento paralelo e ilegal que se nos imputa.

Este financiamiento ilegal, realizado de manera paralela a la campaña electoral del actual Presidente de la República, pone en entredicho la legitimidad del gobierno de Vicente Fox y demuestra que, si el principal beneficiario de los recursos ilegales no expresa su opinión y se deslinda de esos manejos, no podemos confiar en el Poder Ejecutivo y sus acciones de gobierno.

Hasta la fecha, Vicente Fox no ha dado la cara y se ha escondido detrás de la silla presidencial y de su partido. Su silencio y la falta de transparencia afectan seriamente la credibilidad en su gobierno y defraudan las esperanzas de quienes se sumaron a su campaña para hacer posible el cambio.

Como resultado de esto, la autoridad del Ejecutivo Federal se ha debilitado y han disminuido las posibilidades de concretar las reformas estructurales, principalmente la reforma del Estado. Esta actitud lastima seriamente la confianza en las instituciones y en los procesos electorales; el abstencionismo registrado en las pasadas elecciones es una muestra de ello, por lo que todos los actores políticos, incluyendo el partido del Presidente, le debemos hacer a éste un enérgico llamado para que no ponga en riesgo la gobernabilidad democrática, y para que, bajo ningún interés particular, partidista o de origen extranjero comprometa su consolidación.

Vicente Fox ha perdido la calidad moral para denunciar los métodos del antiguo régimen. El cambio es una ilusión. Los acuerdos que buscamos todas las fuerzas políticas se darán cuando los tres poderes demostremos transparencia y legitimidad.

Señor Presidente de la República: demuéstrenos a los mexicanos que no tiene por qué ocultarse; demuéstrenos que la transparencia y la rendición de cuentas son prioridades de su gobierno y que usted cumple con la confianza que los mexicanos le depositamos hace tres años.

Hoy en día nuestro sistema de partidos sufre una crisis de legitimidad que está estrechamente vinculada con el financiamiento de los partidos. Actúe en consecuencia contribuyendo al esclarecimiento del manejo financiero de su campaña; no deje dudas de su legalidad y transparencia en su financiamiento. Esta sería una aportación invaluable al fortalecimiento del sistema de partidos, a las autoridades electorales y a los procesos democráticos.

El pueblo de México exige una respuesta categórica e inequívoca, que en el futuro no pueda ser desmentida.

Estamos convencidos de que la mejor acción que se pudiera suscitar en esta Presidencia de la República, en el actual momento, es decir la verdad sobre las operaciones financieras que coadyuvaron al triunfo presidencial, lo que dejará en claro que la Alianza por el Cambio como tal y el Partido Verde Ecologista de México nunca establecieron ni consintieron un sistema financiero paralelo.

La sociedad demanda saber la verdad. De nada sirven la Constitución y las leyes que de ella emanan si el poder presidencial se refugia en la oscuridad, elude su responsabilidad y no muestra el valor y el carácter que se requieren para presentarse ante el pueblo que le otorgó su confianza.

El pueblo lo pide, la justicia lo necesita y esta soberanía lo demanda.

Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta y vote el presente documento por tratarse de un asunto de obvia resolución, para que se acuerde:

Unico. Se exhorta al Presidente Vicente Fox Quesada para que aclare detalladamente el financiamiento de su campaña electoral del 2000 y que explique el manejo de recursos en el llamado ``caso Amigos de Fox''.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 21 días del mes de octubre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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CAMPO MEXICANO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para la integración de un grupo de trabajo con la participación de las comisiones legislativas que se indiquen para formular un análisis integral de la problemática actual del campo.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente:

El pasado día 16 de octubre, prácticamente todos los medios de comunicación dieron a conocer la siguiente noticia que cito textualmente: ``exigen senadores de Estados Unidos abrir el mercado mexicano. Senadores de Estados Unidos exigieron al Gobierno Mexicano eliminar las barreras comerciales que han afectado a productores agrícolas de su país, de lo contrario advirtieron que se comenzaría a aplicar medidas contra los exportadores mexicanos y que las inversiones de Estados Unidos en México se podrían congelar''. Estas comunicaciones fueron dirigidas a tres secretarios de Estado.

Nuestra inserción en la globalización se ha dado acompañada de un sistemático desmantelamiento de las instituciones, programas y recursos que estuvieron destinados al campo y hoy nos encontramos ante una situación en la que debemos competir sin tener condiciones para ello, pues no existen las nuevas instituciones que nos hubieran permitido una estrategia de desarrollo económico y social del campo sustentada en la productividad, la inversión continua y el crecimiento distributivo.

Debemos estar conscientes de que la entrada del capítulo agropecuario del TLC debe colocar en los primeros lugares de la agenda nacional el problema del abandono deliberado del campo mexicano; se trata de un problema de carácter estructural y no de una coyuntura pasajera, por eso existen dos grandes modelos de integración al nuevo orden económico internacional; dos caminos de asociación que se han recorrido con resultados totalmente diferentes.

Por una parte, el modelo social demócrata europeo que en la integración de países como España y Grecia a la Comunidad Económica Europea se propusieron y lo lograron que los socios menos desarrollados contaran con recursos, instrumentos y plazos que aseguraran el despegue de las regiones más empobrecidas buscando acabar las desigualdades estructurales y asumiendo los problemas del atraso como un compromiso de corresponsabilidad sostenida.

Por otra parte, el modelo de asociación que ha utilizado Estados Unidos, que asume como naturales y eternas las desi-gualdades, que no se propone liquidarlas y que sólo busca la rentabilidad por encima del desarrollo social.

En el continente americano, la integración económica ha sido un proceso atropellado, autoritario, secreto, lleno de mezquindad y carente de una visión política de largo plazo. Los defensores del modelo norteamericano han insistido en que su camino es el único camino posible; lograron venderlo por un periodo como inevitable y fatal, hoy sabemos que ni es el único rumbo posible ni mucho menos el mejor.

Por ello, no podemos aceptar como una desgracia inevitable la crisis que ha generado la entrada en vigencia del capítulo agropecuario del TLC. No basta revisar el capítulo del tratado, es necesario cambiar el modelo económico por uno nuevo que privilegie lo social; la iniquidad presente en el México de hoy corresponde a un modelo que ha demostrado históricamente su ineficacia; estamos ante el resultado de una estrategia que dejó la regulación de los procesos integradores a las libres fuerzas del mercado, que buscó disminuir el papel y la responsabilidad del Estado que desmontó, deliberada y sistemáticamente la red de instituciones que estaban destinadas al campo mexicano.

Por ello nuestro partido abandera como prioridad nacional la necesidad de un nuevo modelo de integración y desarrollo económico. Se requiere la articulación de un gran consenso que rompa con la dinámica de abandono de la sociedad agraria y recupere el mercado interno como un eje insustituible de nuestro proyecto de nación.

Una nueva estrategia de desarrollo rural requiere también la participación activa de los campesinos en un nuevo pacto para el desarrollo y la productividad en el campo.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente

Punto de acuerdo

Unico. Proponemos a esta soberanía la integración de un grupo de trabajo que tenga por objeto presentar una propuesta al pleno de la Cámara de Diputados para que de manera integral se haga un replanteamiento que permita restablecer las nuevas instituciones, que tengan como finalidad el otorgamiento del crédito, apoyo en asistencia técnica y capacitación, almacenamiento, transporte y comercialización y todas aquellas medidas que propicien que el campo mexicano cuente con los apoyos indispensables que le permite ser competitivo.

Le pediría, señor Presidente, que se turnará a la Junta de Coordinación Política, firmando el presente documento los que integramos el grupo parlamentario de Convergencia.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para integrar un grupo de trabajo, con la participación de seis comisiones legislativas, a fin de practicar un análisis integral de la problemática actual del campo, presentada por el diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

El 16 de octubre, prácticamente todos los medios de comunicación dieron a conocer la siguiente noticia: ``Exigen senadores de EU abrir mercado mexicano: Senadores de Estados Unidos exigieron al gobierno mexicano eliminar las barreras comerciales que han afectado a productores agrícolas de su país. De lo contrario, advirtieron que se comenzaría a aplicar medidas contra los exportadores mexicanos y que las inversiones de Estados Unidos a México se podrían congelar''.

Nuestra inserción en la globalización se ha dado acompañada de un sistemático desmantelamiento de las instituciones, programas y recursos que estuvieron destinados al campo, y hoy nos encontramos ante una situación en la que debemos competir sin tener condiciones para ello, pues no existen las nuevas instituciones que nos hubieran permitido una estrategia de desarrollo económico y social del campo sustentada en la productividad, la inversión continua y el crecimiento distributivo.

Debemos estar conscientes de que la entrada del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tiene que colocar en los primeros lugares de la agenda nacional el problema del abandono deliberado del campo mexicano. Se trata de un problema de carácter estructural y no de una coyuntura pasajera.

Hay dos grandes modelos de integración al nuevo orden económico internacional, dos caminos de asociación que se han recorrido con resultados bien diferentes:

Por una parte, el modelo socialdemócrata europeo que, en la integración de países como España y Grecia a la Comunidad Europea, se propuso -y logró- que los socios menos desarrollados contaran con recursos, instrumentos y plazos que garantizaran el despegue de las regiones más empobrecidas, en busca de acabar las desigualdades estructurales y asumiendo los problemas del atraso como un compromiso de corresponsabilidad sostenida.

Por otra, el modelo de asociación que ha utilizado Estados Unidos, que asume como naturales y eternas las desigualdades, que no se propone liquidarlas y que busca la rentabilidad por encima del desarrollo social.

En el continente americano, la integración económica ha sido un proceso atropellado, autoritario, secreto, lleno de mezquindad y carente de una visión política de largo plazo.

Los defensores del modelo estadounidense han insistido en que su camino es el único posible. Lograron venderlo, por un periodo, como inevitable y fatal. Hoy sabemos que no es el único rumbo posible ni el mejor.

Por ello no podemos aceptar como una desgracia inevitable la crisis que ha generado la entrada en vigencia del Capítulo Agropecuario del TLCAN.

No basta revisar el capítulo del tratado. Es necesario cambiar de modelo económico por uno nuevo que privilegie lo social. La iniquidad presente en el México de hoy corresponde a un modelo que ha demostrado históricamente su ineficacia.

Estamos ante el resultado de una estrategia que dejó la regulación de los procesos integradores a las libres fuerzas del mercado, que buscó disminuir el papel y la responsabilidad del Estado, que desmontó deliberada y sistemáticamente la red de instituciones que estaban destinadas al campo.

En Convergencia estamos convencidos de que el problema del campo sí tiene solución y de que ésta pasa por romper primero con el dogma de que el mercado arregla por sí mismo sus contradicciones.

Se necesita un papel activo y sostenido del Estado mexicano para reintegrar a los campesinos y su economía a la vida nacional. Se requiere reconstruir, sobre nuevas bases, el tejido institucional que garantice los recursos para que producir, almacenar y comercializar sea nuevamente un trabajo digno, rentable y que lleve prosperidad a los hogares de la sociedad rural.

Por ello, nuestro partido abandera como prioridad nacional la necesidad de un nuevo modelo de integración y desarrollo económico. Se requiere la articulación de un gran consenso que rompa con la dinámica de abandono de la sociedad agraria y recupere el mercado interno como eje insustituible de nuestro proyecto de nación.

Una nueva estrategia de desarrollo rural requiere también la participación activa de los campesinos en un nuevo pacto para el desarrollo y la productividad en el campo.

Por lo expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Proponemos a esta soberanía la integración de un grupo de trabajo que tenga por objeto presentar una propuesta al Pleno de la Cámara de Diputados para que, de manera integral, se realice un replanteamiento que permita reestablecer las nuevas instituciones que tengan como finalidad el otorgamiento del crédito; apoyo en asistencia técnica y capacitación; almacenamiento; transporte y comercialización; y todas las medidas que propicien que el campo mexicano cuente con los apoyos indispensables que le permitan ser competitivo.

Dicho grupo de trabajo estaría integrado por miembros de las Comisiones de Agricultura y Ganadería; de Economía; de Hacienda y Crédito Público; de Presupuesto y Cuenta Pública; de Desarrollo Rural; y de Desarrollo Social.

Suplico a usted, ciudadano Presidente, turnar la presente propuesta a la Junta de Coordinación Política.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Diputados: Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús Porfirio González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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CUENCA DE BURGOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Homero Díaz Rodríguez, a nombre de los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para la creación de la Comisión Especial de la región Cuenca de Burgos.

El diputado Homero Díaz Rodríguez:

Con permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:

Los suscritos, diputados federales por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponemos a esta soberanía la creación de la Comisión Especial de la región Cuenca de Burgos, de conformidad con los motivos, fundamentos y puntos que a continuación relatamos.

Exposición de Motivos

1. La región conocida como Cuenca de Burgos abarca una superficie de 28 mil 960 kilómetros cuadrados, que comprende 11 municipios del estado de Tamaulipas, 10 en el estado de Nuevo León y siete municipios en el estado de Coahuila y en ella ha sido descubierto y se encuentra en su primera fase de explotación, el yacimiento de gas natural no asociado más importante de México, que actualmente aporta, 1 mil tres, miles de millones de metros cúbicos diarios de gas que representa el 78% de la producción nacional de este tipo de energético y el 22% de la producción total nacional de gas.

La Cuenca de Burgos tiene una superficie con posibilidades prospectivas de explotación de 110 mil kilómetros cuadrados y sumaría a la Cuenca de Burgos las de Sabinas y Piedras Negras.

La demanda actual de este energético se encuentra 15% sobre el nivel de la oferta y las proyecciones indican que de continuar así, para el año 2006 la demanda podría ser 26% mayor que la oferta.

El antecedente más remoto se ubica en 1945, cuando Petróleos Mexicanos inició la producción en Campo Misión. A mediados de los años ochenta, se descubrió su potencial cuando esta fuente de energía tomo relevancia por su alto valor energético y económico y por la limpieza en el resultado de su combustión, de forma tal, que fue calificado como el energético del futuro.

Es tan importante el proyecto que se desarrolla en la región, que dará a México la posibilidad de satisfacer los requerimientos de la demanda actual, los que exija su crecimiento industrial y le permita exportar.

En virtud de la magnitud del yacimiento y de la importancia del hidrocarburo como fuente de energía, Petróleos Mexicanos inició en 1997 los trabajos exploratorios y de desa-rrollo de campos de la Cuenca de Burgos, que forman parte del proyecto integral Cuenca de Burgos 2000-2012, que contempla cinco proyectos de exploración y 16 proyectos de desarrollo y cuyo objetivo es explotar los yacimientos de gas no asociado, hasta un volumen aproximado de 1 mil 400, miles de millones de pies cúbicos por día en un periodo de 12 años, por parte de Pemex, Exploración y Producción.

Las posibilidades de explotación de la cuenca se extienden al aceite ligero y al gas condensado, así como al aprovechamiento del agua subterránea. El desarrollo del proyecto implicará una inversión del orden de los 52.8 miles de millones de dólares y en él se utilizaran los esquemas que permita la ley o que en el futuro decida esta soberanía.

Sin embargo, un proyecto de tan elevado impacto en la región noreste del país, debe de considerar un crecimiento y desarrollo sustentable de la economía de la zona, así como el beneficio directo de sus habitantes, por lo que es conveniente impulsar la creación de fondos con recursos de Pemex, de los gobiernos de los estados y municipales para el desarrollo de infraestructura básica que permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades de la cuenca; elaborar programas para el aprovechamiento del agua subterránea que en el proceso de exploración detecte Pemex en beneficio de los municipios de la zona que son semiáridos; impulsar la creación de fondos con recursos de Pemex y de los gobiernos de los estados, para apoyar proyectos productivos dirigidos a micro y pequeñas empresas de la región; vigilar el cumplimiento estricto en las condicionantes de los estudios de impacto ambiental y promover la preferencia de los empresarios de la región para proveer los bienes y servicios que requiere el desarrollo del proyecto.

Por ser del interés general de la nación y comprender ámbitos que involucran no sólo a los tres órdenes de gobierno en las entidades federativas en que se ubica la cuenca, sino que implicará la explotación de recursos propiedad de la nación y la transformación económica de una zona extensa que abarca tres estados de la Federación en las cuales la sociedad requiere que se vigile por los gobiernos y por esta soberanía el cumplimiento del proyecto integral de la Cuenca de Burgos, para que se alcancen las metas previstas y se beneficie a los habitantes de la región, preservando la sustentabilidad de su economía, proponemos la creación de una Comisión Especial para la Región Cuenca de Burgos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica, 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta honorable soberanía elevamos la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de la región Cuenca de Burgos, cuyo objeto será dar seguimiento al proyecto integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos de la región denominada Cuenca de Burgos y a la problemática que dicha explotación genere en los municipios y estados en que se encuentra localizada y su impacto ambiental, y realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directamente a sus habitantes.

Segundo. La comisión cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Especial de la región Cuenca de Burgos funcionará por la duración de la LIX Legislatura o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.

Señor Presidente, solicito atentamente que se transcriba íntegramente el contenido de este documento en la versión estenográfica y en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del PRI de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y presentada por el diputado Homero Díaz Rodríguez.

Los suscritos, diputados federales por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponemos a esta soberanía la creación de la comisión especial de la región Cuenca de Burgos, de conformidad con los motivos, fundamentos y puntos que a continuación relatamos.

Exposición de Motivos

I.- La región conocida como Cuenca de Burgos abarca una superficie de 28,960 kilómetros cuadrados, que comprende 17,160 kilómetros cuadrados en 11 municipios del estado de Tamaulipas, 10,600 kilómetros cuadrados en 10 municipios del estado de Nuevo León y 1,200 kilómetros cuadrados en 7 municipios del estado de Coahuila, y en ella ha sido descubierto y se encuentra en su primera fase de explotación el yacimiento de gas natural no asociado más importante de México, que actualmente aporta 1,003 miles de millones de metros cúbicos diarios de gas, que representa el 78% de la producción nacional de este tipo de energético, y el 22% de la producción total nacional de gas.

Se asienta en las regiones hidrológicas 24 y 25, establecidas por la Comisión Nacional del Agua y comprende siete cuencas hidrológicas.

II.- La Cuenca de Burgos tiene una superficie con posibilidades prospectivas de explotación de 110,000 kilómetros cuadrados y sumaría a la Cuenca de Burgos las de Sabinas y Piedras Negras.

III.- El antecedente más remoto se ubica en 1945, cuando Petróleos Mexicanos inició la producción en Campo Misión. A mediados de los años ochenta se descubrió su potencial, cuando esta fuente de energía tomó relevancia por su alto valor energético y económico y por la limpieza en el resultado de su combustión, de forma tal que fue calificado como el energético del futuro.

IV.- La demanda actual de este energético se encuentra 15% sobre el nivel de la oferta y las proyecciones indican que, de continuar así, para el año 2006, la demanda podría ser 26% mayor que la oferta.

Es tan importante el proyecto que se desarrolla en la región, que dará a México la posibilidad de satisfacer los requerimientos de la demanda actual, los que exija su crecimiento industrial y le permitirá exportar.

V.- En virtud de la magnitud del yacimiento y de la importancia del hidrocarburo como fuente de energía, Petróleos Mexicanos inició en 1997 los trabajos exploratorios y de desarrollo de campos en la Cuenca de Burgos, que forman parte del ``Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012'', que contempla 5 proyectos de exploración y 16 proyectos de desarrollo, cuyo objetivo es explotar los yacimientos de gas no asociado hasta un volumen aproximado de 1,400 miles de millones de pies cúbicos por día, en un periodo de 12 años, por parte de Pemex Exploración y Producción.

VI.- Las posibilidades de explotación de la Cuenca se extienden al aceite ligero y al gas condensado, así como al aprovechamiento del agua subterránea.

VII.- El desarrollo del proyecto implicará una inversión del orden de los 52.8 miles de millones de dólares, y en él se utilizarán los esquemas que permita la ley o que en el futuro decida esta soberanía.

VIII.- Sin embargo, un proyecto de tan elevado impacto en la región noreste del país debe considerar un crecimiento y desarrollo sustentable de la economía de la zona, así como el beneficio directo de sus habitantes, por lo que es conveniente impulsar la creación de fondos con recursos de Pemex, de los gobiernos de los estados y municipales para el desarrollo de infraestructura básica que permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidades de la Cuenca de Burgos; elaborar programas para el aprovechamiento del agua subterránea que en el proceso de exploración detecte Pemex, en beneficio de los municipios de la zona, que son semiáridos; impulsar la creación de fondos con recursos de Pemex y de los gobiernos de los estados para apoyar proyectos productivos dirigidos a micro y pequeñas empresas de la región; vigilar el cumplimiento estricto en las condicionantes de los estudios de impacto ambiental, y promover la preferencia de los empresarios de la región para proveer los bienes y servicios que requiera el desarrollo del proyecto.

IX.- Por ser del interés general de la nación y comprender ámbitos que involucran no sólo a los tres órdenes de gobierno en las entidades federativas en que se ubica la Cuenca de Burgos, sino que implicará la explotación de recursos propiedad de la nación y la transformación económica de una zona extensa que abarca tres estados de la Federación, en los cuales la sociedad requiere que se vigile por los gobiernos y por esta soberanía el cumplimiento del Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos para que se alcancen las metas previstas y se beneficie a los habitantes de la región, preservando la sustentabilidad de su economía, proponemos la creación de una comisión especial para la región Cuenca de Burgos.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta honorable soberanía, elevamos la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la comisión especial de la región Cuenca de Burgos, cuyo objeto será dar seguimiento al Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos de la región denominada Cuenca de Burgos, y a la problemática que dicha explotación genere en los municipios y estados en que se encuentra localizada, y su impacto ambiental, así como realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona, que beneficie directamente a sus habitantes.

Segundo. La comisión cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La comisión especial de la región Cuenca de Burgos funcionará por la duración de la LIX Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2003.--- Diputados: Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), Héctor Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Oscar Pimentel González (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Humberto Jesús Martínez de la Cruz (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica), Oscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Mayela de María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Alfonso González Ruiz (rúbrica), Adrián Villagómez García, Margarita Martínez López (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Carlos Mireles Morales, Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Jesús María Ramón Valdés (rúbrica), Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Eduardo Olmos Castro (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Laura Martínez Rivera (rúbrica). »

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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EDUCACION SUPERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2004 establezca montos suficientes para atender las demandas de los trabajadores universitarios, así como para que la negociación salarial en la UNAM, la Rectoría haga un esfuerzo por dar respuesta a las justas demandas del STUNAM.

El diputado Agustín Rodríguez Fuentes:

Muchas gracias.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

He considerado conveniente someter a la consideración de esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo de urgente resolución, en virtud de que hay hasta ahora toda una falta de atención y de sensibilidad para desarrollar con plenitud a la educación pública gratuita y laica en todos sus niveles y a nivel muy particular y especial el nivel medio superior y superior, también de carácter público y gratuito, con el fin de exhortar al Ejecutivo Federal para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2004, establezca montos suficientes para atender las demandas de los trabajadores universitarios, académicos, administrativos, investigadores, así como para que la negociación salarial en la UNAM, la Rectoría haga un esfuerzo para dar respuesta a las justas demandas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El suscrito, Agustín Rodríguez Fuentes, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del PRD, en esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Asamblea, una propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el objeto de que en la negociación salarial que se lleva a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto las autoridades universitarias como las federales, hagan el mayor esfuerzo para atender las demandas del STUNAM.

Así como para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2004, el titular del Ejecutivo Federal contemple los recursos necesarios para responder a plenitud a las demandas de los trabajadores universitarios de las instituciones de educación superior de carácter público y gratuito y además, para que estén en las condiciones de poder cumplir con sus funciones sustantivas, todo ello, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Como cada año, la Universidad Nacional Autónoma de México, por estas fechas enfrenta un proceso de negociación salarial con sus trabajadores, el cual resulta de suma importancia para el resto del país, no sólo por la creciente importancia que reviste para nuestra máxima casa de estudios, sino porque el acuerdo salarial que se alcance en dicha negociación, es tomado como referencia para la negociación que se lleva a cabo en el resto de instituciones públicas de educación superior.

En particular, este año la Universidad enfrenta dos procesos que pueden enturbiar una negociación salarial responsable, constructiva y apegada a los máximos intereses de la nación y a las nobles tareas de la Universidad. Nos referimos en el plano interno, al proceso de sucesión en su Rectoría que deberá culminar en unas semanas con la elección de un rector para los próximos años. En la coyuntura de la sucesión estamos ciertos de que los universitarios sabremos conducirnos responsablemente, evitando una influencia entre este proceso y el de la negociación salarial, pues no es la primera vez que coinciden y se ha salido avante, además de que hoy la Universidad se encuentra trabajando en un clima de respeto e institucionalidad que permiten augurar negociaciones que contribuyen a la estabilidad.

Mas nos preocupa el plano externo que nos resulta amenazante, en tanto nos permite proyectar un escenario óptimo en el que la UNAM cuente con los recursos suficientes para lograr una exitosa negociación salarial y con ello estar en condiciones de cumplir con su importante misión. Concretamente los augurios oficiales de recortes al presupuesto educativo, en particular al subsistema de educación superior, no contribuyen a fortalecer el papel estratégico de ese nivel educativo del país y lejos de apuntar a crear un esquema de negociación, acorde con las más altas responsabilidades del país, señala a la incertidumbre.

Una cosa son las proyecciones de un contexto mundial recesivo y otra plantear que el impacto de esa desaceleración económica sea a costa de la educación pública del país, sobre todo porque existe un mandato de ley que plantea una creciente y sostenida inversión del Estado mexicano de magnitud tal que para el 2006 sea el equivalente del 8% del Producto Interno Bruto.

Es por ello, compañeras y compañeros legisladores, que a fin de que esta negociación salarial en la UNAM camine firmemente a fortalecer su misión histórica, satisfaciendo las legítimas demandas de sus trabajadores y con la intención...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, señor diputado.

El diputado Agustín Rodríguez Fuentes:

Voy a concluir.

Y con la intención de proyectar hacia el próximo año negociaciones salariales en las universidades de todo el país que se alejan del camino del conflicto, es que me permito plantear a esta honorable Asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como a las autoridades educativas y laborales del Poder Ejecutivo Federal, a que en la negociación salarial que se lleva a cabo con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, se hagan los mayores esfuerzos a fin de dar respuestas a las justas peticiones de los trabajadores universitarios.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a integrar una propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004 que contemple recursos suficientes para atender las demandas salariales de los trabajadores universitarios de las instituciones de Educación Superior públicas del país y en particular de la UNAM, y para que estén en condiciones de cumplir con sus actividades sustantivas.

Es todo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Año 2004 establezca montos suficientes para satisfacer las demandas de los trabajadores universitarios, así como para que en la negociación salarial en la UNAM la Rectoría haga un esfuerzo por dar respuesta a las justas demandas del STUNAM, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del PRD.

El suscrito, Agustín Rodríguez Fuentes, diputado federal integrante del grupo parlamentario del PRD en esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable asamblea una propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el objeto de que en la negociación salarial que se lleva a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto las autoridades universitarias como las federales hagan un mayor esfuerzo por atender las demandas del STUNAM, así como para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2004 el titular del Ejecutivo Federal contemple los recursos necesarios para responder a plenitud a las demandas de los trabajadores universitarios de las instituciones de educación superior públicas.

Todo ello al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como cada año, la Universidad Nacional Autónoma de México por estas fechas se enfrenta a un proceso de negociación salarial con sus trabajadores, el cual resulta de suma importancia para el resto de país, no sólo por la creciente importancia que reviste nuestra máxima casa de estudios, sino porque el acuerdo salarial que se alcance en dicha negociación es tomado como tope máximo para la negociación que se lleva a cabo en el resto instituciones públicas de educación superior.

En particular, este año la Universidad enfrenta dos procesos que pueden enturbiar una negociación salarial responsable, constructiva y apegada a los máximos intereses de la nación y a la noble tarea de la Universidad. Nos referimos, en el plano interno, al proceso de sucesión en su rectoría, que deberá culminar en unas semanas con la elección de un Rector para los próximos cuatro años.

En la coyuntura de la sucesión, estamos ciertos de que los universitarios sabremos conducirnos responsablemente evitando una influencia entre este proceso y el de la negociación salarial, pues no es la primera vez que coinciden y se ha salido avante, además de que hoy la Universidad se encuentra trabajando en un clima de respeto e institucionalidad que permiten augurar negociaciones que contribuyan a la estabilidad. Como diputado federal y sindicalista universitario de muchos años, colaboraré con muchos otros en esta tarea.

Más nos preocupar el plano externo, que nos resulta amenazante, en tanto no nos permite proyectar un escenario óptimo en el que la UNAM cuente con los recursos suficientes para lograr una exitosa negociación salarial y con ello estar en condiciones de cumplir con su importante misión.

Concretamente, los augurios oficiales de recortes al presupuesto educativo, en particular al subsistema de educación superior, no contribuyen a fortalecer el papel estratégico de ese nivel educativo del país, y lejos de apuntar a crear un esquema de negociación acorde con las más altas responsabilidades del país, señala a la incertidumbre.

Una cosa son las proyecciones de un contexto mundial recesivo y otra planear que el impacto de esa desaceleración económica sea a costa de la educación pública del país. Sobre todo porque existe un mandato de ley que plantea una creciente y sostenida inversión del Estado mexicano de magnitud tal que para el 2006 sea el equivalente del 8% del Producto Interno Bruto.

Frente a la incertidumbre, el gobierno debe dar confianza y sostener planes a largo plazo.

La UNAM ha sido un baluarte de la educación, la ciencia y la cultura de nuestro país. Como tal, es referencia obligada para toda visión prospectiva que sobre nuestro devenir y sobre los retos que enfrentamos. Como faro que ha contribuido a orientar el camino de distintas casas de estudio de todo el país, los ejemplos que de ella dimanan resultan clave para el continuo funcionamiento de la educación media superior y superior nacional.

Es por ello, compañeras y compañeros legisladores que con base en las anteriores consideraciones me permito plantear el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como a las autoridades educativas y laborales del Poder Ejecutivo Federal, a que en la negociación salarial que se lleva a cabo con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, se hagan los mayores esfuerzos a fin de dar respuesta a las justas peticiones de los trabajadores universitarios.

Segundo.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a integrar una propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004, que contemple recursos suficientes para atender las demandas salariales de los trabajadores universitarios de las instituciones de educación superior públicas del país, en particular de la UNAM.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2003.--- Dip. Agustín Rodríguez Fuentes.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Este tema en el orden del día se consideró plantearlo a la Asamblea, con el propósito de que determine si se considera de urgente resolución.

En esas condiciones, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señora Secretaria.

Se ruega a las galerías, tengan la bondad de guardar el orden correspondiente en esta sesión.

Continúe, la Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Gracias, señor Presidente.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición... No habiendo quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Con todo gusto, señor Presidente.

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada. Comuníquese.

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MIGRANTES CENTROAMERICANOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, y al Instituto Nacional de Migración, para que revisen los derechos de los migrantes centroamericanos.

La diputada María Avila Serna:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La situación de los migrantes centroamericanos en México es indigna, nuestras autoridades son incapaces de brindar atenciones humanitarias, los migrantes son retenidos en malas condiciones, en lugar de enviarlos a su país de origen. Aquellos que logran evadir la autoridad, permanecen en hacinamientos deplorables donde habitan esperando una oportunidad para transitar hacia Estados Unidos de América del Norte.

Los mexicanos debemos actuar con coherencia si demandamos un trato justo para nuestros migrantes en Estados Unidos.

En distintas etapas de la historia de nuestro país se han reconocido los derechos de los migrantes; el primer antecedente es el decreto sobre colonización del 18 de agosto de 1824, el cual ofreció a los extranjeros seguridad de estancia siempre y cuando se establecieran a las leyes vigentes.

En 1886 la Ley de Extranjería y Naturalización definió quiénes eran mexicanos y extranjeros e incorporó el derecho de los migrantes para radicar en el país.

En 1908 es publicada la primera Ley de Inmigración correspondiendo su aplicación a la Secretaría de Estado y al Despacho de Gobernación.

En la ley de 1930 es promulgada una nueva Ley de Migración que recoge buena parte del espíritu de la anterior y simplifica muchos procedimientos. En ésta se incorpora la calidad de inmigrante a quienes tenían el propósito de radicar en el país por motivos de trabajo, así como la de transeúnte para los turistas y visitantes locales.

En 1974 se publica una nueva Ley General de Población en la que se delimitan con mayor cabalidad los derechos políticos de los extranjeros.

Y finalmente en 1999 al ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, los mexicanos reafirmamos la voluntad política de lograr la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios.

Los migrantes centroamericanos sufren violaciones a sus derechos humanos. Nosotros hemos solicitado a Estados Unidos que se respeten los derechos de los migrantes y no lo hemos logrado debido a la relación asimétrica que mantenemos.

Para el Partido Verde Ecologista de México, las alianzas entre las distintas fuerzas políticas han sido fundamentales en distintos momentos históricos y por ello, hay que seguirlas impulsando para crear los consensos que tanto requiere el desarrollo del país; como en este caso donde la defensa verídica de los derechos humanos, la coherencia de nuestros actos y la legitimidad que mostremos a nivel internacional, nos podrá ayudar a fortalecer nuestra presencia para lograr un acuerdo que proteja los derechos de nuestros condicionales y al resto de migrantes de diversas nacionalidades.

Por todo lo anterior es que solicitamos al pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, aplique lo que establece el decreto promulgatorio de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, ratificado el 15 de marzo de 1999.

Segundo. Que el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, diseñe de inmediato instrumentos de política social que consoliden una nueva cultura migratoria con rostro humano para poder brindar un trato digno a nuestros hermanos centroamericanos.

Tercero. Que el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, revise de inmediato y dictamine el estado de sus oficinas representativas, así como el trato que brinda a los migrantes centroamericanos en los estados de Veracruz y Chiapas.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estadios Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Gobernación, y al Instituto Nacional de Migración a que se revisen los derechos de los migrantes centroamericanos, presentada por la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados en la LIX legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

La situación de los migrantes centroamericanos en México es indigna, las autoridades mexicanas, son incapaces de brindar atenciones humanitarias, los retienen en malas condiciones, en lugar de enviarlos a su país de origen. Aquellos que logran evadir la autoridad permanecen en hacinamientos deplorables donde habitan, esperando una oportunidad para transitar hacia Estados Unidos de América. En este sentido, México debe actuar con coherencia, si demandamos un trato justo para nuestros migrantes en Estados Unidos, estamos obligados a dar el mismo trato a los migrantes centroamericanos.

En la historia de nuestro país reconocemos jurídicamente sus derechos. Como describimos a continuación.

El primer antecedente que encontramos es el decreto sobre colonización del 18 de agosto de 1824, el cual ofreció a los extranjeros que se establecieran en el territorio nacional seguridad a sus personas y a sus propiedades, siempre y cuando se sujetaran a las leyes del país.

Posteriormente, el 30 de enero de 1854 fue publicado el decreto sobre extranjería y nacionalidad de los habitantes de la República. Este decreto obligó a los extranjeros a solicitar al Ministerio de Relaciones la carta de seguridad, documento indispensable para gozar de los derechos civiles de la República. Los extranjeros no gozaban de derechos políticos, no podían obtener beneficios eclesiásticos, ni ejercer la pesca en las costas, tampoco hacer comercio con sus buques; y no podían obtener empleos o cargos municipales, ni otros de las carreras del Estado.

El 16 de marzo de 1861 se instauró en la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores un registro para matricular a los extranjeros, a efecto de que hicieran constar su nacionalidad y gozaran de los derechos que les concedieran las leyes y los tratados con las respectivas naciones.

La Ley de Extranjería y Naturalización, del 20 de mayo de 1886, definió quiénes eran mexicanos y extranjeros e incorporó el derecho de estos últimos a radicar en el país. Dispuso que los extranjeros gozarían en la República de los derechos civiles y garantías otorgados por la Constitución a los mexicanos, salvo la facultad del gobierno para expeler al extranjero pernicioso.

El 22 de diciembre de 1908 es publicada la primera Ley de Inmigración, correspondiendo su aplicación a la Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación, a través de inspectores, agentes auxiliares y Consejos de Inmigración. Dicha ley otorgó al gobierno atribuciones para restringir la admisión de extranjeros.

Plutarco Elías Calles, en marzo de 1926, promulgó una nueva Ley de Migración, que derogó la Ley de Inmigración antes mencionada. Dicha norma adoptó una política tendiente a proteger los intereses nacionales y de su economía y estableció la obligación de los extranjeros a someterse a la inspección de las autoridades migratorias, comprobar buena conducta y forma honesta de vivir.

Esta ley enumeró los casos en que no se permitía o se restringía la inmigración de extranjeros, entre ellos la mano de obra extranjera, además de vedar la inmigración de extranjeros narcotraficantes y toxicómanos, y de tipificar por vez primera como delito el tráfico de indocumentados.

Estableció el Registro de Extranjeros y Nacionales, que documentaba las entradas y salidas del país; creó una tarjeta para identificar a los migrantes, registrar los movimientos migratorios y controlar el cumplimiento de las normas, y reguló la salida de trabajadores mexicanos al extranjero.

Esta ley de 1926 se considera, en varios aspectos, precursora de nuestra actual regulación migratoria.

El 30 de agosto de 1930 es promulgada una nueva Ley de Migración, que recogió buena parte del espíritu de la anterior y simplificó muchos de sus procedimientos.

Dicha ley incorporó la calidad de ``inmigrante'' para quienes tenían el propósito de radicar en el país o por motivos de trabajo, así como la de ``transeúnte'' para los turistas y visitantes locales. Dividió el servicio de migración en central, a cargo del Departamento de Migración de la Secretaría de Gobernación, de puertos y fronteras, e interior y exterior. Por virtud de la misma es creado el Consejo Consultivo de Migración. El Registro de Extranjeros quedó a cargo de los ayuntamientos y delegaciones del Distrito y territorios federales, quienes expedirían la tarjeta de registro para que comprobaran su legal estancia.

En agosto de 1936, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, se promulgó la Ley General de Población para regular los asuntos migratorios y los relativos al turismo, la demografía y la identificación y registro de personas. Se creó entonces la Dirección General de Población dentro de la Secretaría de Gobernación. Dicha ley impulsó el incremento de la población, la distribución racional de la misma en el territorio y, de manera especial, la protección a los nacionales.

Igualmente, determinó las calidades migratorias de turistas, transmigrantes, visitante local, visitante, inmigrante e inmigrado, en este último caso después de residir cinco años o por contraer matrimonio con mexicana y tener medios de sustento.

Ratificó el funcionamiento del Registro Nacional de Extranjeros y estableció el servicio de identificación correspondiente, ambos con el auxilio de Hacienda, ayuntamientos y gobiernos de estados. Dispuso que los extranjeros constituyeran depósitos o fianzas para garantizar, en su caso, el pago de repatriación.

Con el fin de ampliar algunos aspectos contemplados en la ley anterior, en diciembre de 1947 se promulgó una nueva Ley General de Población, que permaneció hasta 1974.

Esta ley facilitó la inmigración colectiva de extranjeros sanos, de buen comportamiento y fácilmente asimilables. Suprimió el otorgamiento de fianzas o garantías personales de repatriación. Estableció las tres calidades migratorias hasta ahora vigentes: no inmigrante, inmigrante e inmigrado y circunscribió el Registro Nacional de Extranjeros a las dos últimas calidades. Simplificó los requisitos de internación para inversionistas, técnicos, peritos o personal especializado. Por último, dispuso el establecimiento de estaciones migratorias.

El 7 de enero de 1974 es publicada una nueva Ley General de Población, misma que en lo general preservó las disposiciones de la ley que abrogó.

Dicha norma suprimió la inmigración colectiva y amplió el beneficio de asilo territorial a extranjeros de cualquier nacionalidad. Definió los criterios para negar la entrada al país o el cambio de calidad o característica del extranjero. Determinó la necesidad de permiso previo de la Secretaría de Gobernación para que los extranjeros adquirieran bienes inmuebles, derechos sobre éstos o acciones de empresas. Instituyó el delito por el que se sanciona a quienes lucran con migrantes.

En julio de 1977 la Dirección General de Población se transformó en Dirección General de Servicios Migratorios.

El 19 de octubre de 1993, fue creado el Instituto Nacional de Migración, como órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual tenía por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, al igual que las relaciones de coordinación con las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal que concurrieran en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.

Finalmente el 13 de agosto de 1999, al ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos reafirma su voluntad política de lograr la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios, de acuerdo con lo dispuesto por este instrumento internacional. Todas las disposiciones de esta Convención se aplicarán de conformidad con la legislación nacional, y la siguiente reserva:

El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos hace reserva expresa respecto del párrafo 4 del artículo 22 de esta Convención, exclusivamente por lo que se refiere a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125 de la Ley General de Población.

No obstante de que jurídicamente México ha realizado grandes avances a nivel nacional e internacional, la realidad en la que se encuentran los migrantes centroamericanos en nuestro país es inhumana, el trabajo que debe ser ejercido por el Estado ha sido retomado por las poblaciones mexicanas en el sur del país, a donde estas personas arriban, o por organizaciones no gubernamentales, pero, peor aún, el poco trabajo realizado por el Instituto Nacional de Migración y los organismos de seguridad pública estatales es altamente deficiente e indignante.

El Presidente Vicente Fox, el 15 de Junio de 2001, en su visita oficial a El Salvador, aseveró lo siguiente: ``sabemos que hay un tránsito de personas que pasan por el territorio mexicano en camino hacia Estados Unidos y que, en frecuentes ocasiones, sufren maltratos por parte de funcionarios mexicanos; se aplicará ?mano dura? contra los funcionarios que violen los derechos humanos de los migrantes centroamericanos''.

A pesar de esto, a la fecha no hemos realizado un trabajo sustantivo en relación con esta problemática, los migrantes centroamericanos sufren una situación grave envuelta en violación a los derechos humanos, hambre, hacinamientos deplorables, que pueden traer graves consecuencias; las autoridades mexicanas se justifican argumentando que Estados Unidos suspendió la ayuda económica al Plan Sur, y esta justificación da pie a abusos y actos ilícitos.

Nosotros hemos solicitado a Estados Unidos que se respeten los derechos humanos de los migrantes, y no lo hemos logrado, debido a la relación asimétrica que mantenemos con nuestro vecino del norte, pero irónicamente mantenemos el mismo tipo de relación con nuestros vecinos del sur.

Para el Partido Verde Ecologista de México, las alianzas entre las distintas fuerzas políticas en México han sido fundamentales en distintos momentos históricos, y por ello hay que seguirlas impulsando para crear los consensos que tanto requiere el país, como en este caso, donde la defensa verídica de los derechos humanos, la coherencia de nuestros actos y la legitimidad que mostremos a nivel internacional nos podrán ayudar a fortalecer nuestra presencia para lograr un acuerdo que proteja los derechos de nuestros connacionales y del resto de migrantes de diversas nacionalidades.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país.

Asimismo, es necesario que las diversas áreas de la Administración Pública Federal y la estatal coordinen la ayuda necesaria para nuestros hermanos migrantes centroamericanos, sobre todo porque esa ayuda puede satisfacer la necesidad de muchas comunidades de mexicanos en el extranjero, ser crucial para dar vigencia a los principios de política exterior de México y a los derechos humanos.

Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, aplique lo que establece el decreto promulgatorio de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, ratificado el 15 de marzo de 1999.

Segundo.- Que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, diseñe de inmediato instrumentos de política social que consoliden una nueva cultura migratoria con rostro humano para poder brindar un trato digno a nuestros hermanos centroamericanos.

Tercero.- Que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, revise de inmediato y dictamine el estado de sus oficinas representativas, así como el trato que se brinda a los migrantes centroamericanos en los estados de Veracruz y Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 16 de octubre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Dip Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

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ZONAS DE DESASTRE
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene la palabra la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de Zonas de Desastre.

La diputada María Sara Rocha Medina:

Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea creada al interior de esta Cámara de Diputados, la Comisión Especial de Zonas de Desastre, al tenor de las siguientes

Consideraciones

He decidido hacer uso de esta tribuna para elevar ante ustedes señoras y señores legisladores, mi personal preocupación por la mayor atención que como integrante de uno de los poderes públicos de este país, debemos presentar ante las situaciones de emergencia derivadas de los desastres naturales que han ocurrido en el país.

Celebro que algunos de nuestros compañeros legisladores hayan actuado con toda puntualidad para llamar a la ciudadanía en general para prestar una mayor atención a las situaciones de desastre que han venido sufriendo poblaciones enteras de nuestro país y que nos han hecho reflexionar sobre la necesidad de que a través de la acción legislativa contribuyamos a la de profundización de una auténtica cultura de la protección civil.

Así como en la pasada sesión vino ante esta tribuna mi compañero, el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, para proponer una reforma constitucional y promover acciones de protección civil en el campo, vengo ante ustedes para proponerles que apoyemos decididamente la creación de una comisión de zonas de desastre, como una comisión especial.

Ha sido verdaderamente lamentable que durante las últimas semanas, en que hemos visto como algunos de los desastres naturales que han padecido muchos de nuestros compatriotas en algunas regiones del país no han contado con la respuesta oportuna ni con el recurso suficiente que les permita enfrentarlos en las mejores condiciones.

Ha habido, como consecuencia de ello, pérdidas en infraestructura que a esas poblaciones les tomó pérdidas de vidas humanas y todo esto nos debe llamar a la reflexión y a hacer un replanteamiento serio.

Lamentablemente no contamos hasta este momento con verdadera infraestructura que de manera integral atienda todas y cada una de las fases que deben atender cuando ocurre un desastre natural.

La solución está en crear acciones de políticas públicas en materia no sólo de prevención sino también de planeación y de atención focalizada a zonas de alto riesgo de desastres que abarque a toda la geografía nacional.

Por ello la pertinencia de que contemos con una comisión especial al seno de esta soberanía que de manera específica se aboque a la atención de estos asuntos.

Creemos que con su creación vamos a lograr que los recursos públicos que destinen las autoridades a situaciones de desastre, como es el caso de los recursos del Fonden y del Frapa, serán canalizados con oportunidad a las poblaciones afectadas en tales situaciones de emergencia.

La comisión especial de zonas de desastre coadyuvará para que, frente a tales situaciones de emergencia que se presenten, se pueda contar con los instrumentos adecuados para evaluar y cuantificar la magnitud de los daños causados por los fenómenos naturales y sobre todo para insistir en la simplificación de las reglas de operación y atender y hacer posible que las partidas presupuestarias destinadas a atender tales daños sean canalizadas sin intermediarios ni burocratismo innecesarios que sólo complican la posibilidad de una respuesta eficaz por parte de las autoridades.

Asimismo, deberá abocarse también a brindar una atención pormenorizada y seguimientos adecuados a todas las fases de recuperación por los daños causados y deberá brindar parámetros claros para que en su momento las autoridades correspondientes procedan a la declaración de zonas de desastre.

Por lo anterior someto a la consideración de ustedes, señoras y señores legisladores, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sea creada la Comisión Especial de Zonas de Desastre, que tendrá por objeto llevar a cabo un seguimiento puntual a las acciones de atención y respuesta de las autoridades competentes a situaciones de desastre ocurridas por fenómenos naturales y en que se vea afectada la población de todo el territorio nacional.

Asimismo, la comisión especial coadyuvará con las autoridades competentes y con las organizaciones de la sociedad civil para hacer efectiva la participación comunitaria en el desarrollo de una auténtica cultura de la protección civil y de prevención de desastres naturales.

Segundo. La comisión tendrá, además, por objeto el vigilar que los recursos públicos que las autoridades destinen para la atención de los daños causados, como es el caso del Fonden y del Fapra, entre otros destinados a tales fines por las autoridades de protección civil competente sean canalizados con prontitud a la población de México.

Tercero. La comisión se coordinará estrechamente con las autoridades competentes en materia de protección civil y de prevención de desastres para asegurarse que frente a situaciones de emergencia derivadas de fenómenos naturales como son ciclones, huracanes, terremotos, inundaciones, o fallas geológicas, etcétera, sin ser limitativamente esta descripción, las poblaciones afectadas pueden tener acceso con oportunidad al mayor número de acciones y atención y de regeneración de infraestructura que se destinen para tales fines y que no sean los que restrinjan los apoyos solicitados, bajo el argumento de que se necesita primero evaluar la magnitud de los daños causados...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, señora diputada.

La diputada María Sara Rocha Medina:

Permítame, señor Presidente.

Cuarto. La comisión vigilará porque la declaratoria de zona de desastre que deban ser otorgadas en situaciones de emergencia por las autoridades competentes, sean otorgadas con la oportunidad que dichas situaciones de emergencia reclaman.

Quinto. Que sea turnado a la Junta de Coordinación Política para que ésta se sirva preparar el acuerdo especial que crea esta comisión señalando su objeto, duración, integración y órgano de gobierno conforme a los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Muchas gracias, compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial de Zonas de Desastres, presentada por la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del PRI.

La suscrita, diputada Sara Rocha Medina, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo que se dispone en los artículos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea creada al interior de esta Cámara de Diputados, la comisión especial de zonas de desastre, al tenor de las siguientes

Consideraciones

He decidido hacer uso de esta tribuna para elevar ante ustedes, señoras y señores legisladores, mi personal preocupación por la mayor atención que como integrantes de uno de los poderes públicos de este país debemos prestar a las situaciones de emergencia, sufridas por muchos conciudadanos a lo largo y ancho del país, derivadas de los desastres naturales experimentados en los últimos meses.

Celebro que algunos de nuestros compañeros legisladores hayan actuado con toda puntualidad para llamar la atención, no sólo de nosotros los integrantes del Poder Legislativo, sino de las autoridades del Ejecutivo y de la ciudadanía en general, para prestar una mayor atención a las situaciones de desastre que han venido sufriendo poblaciones enteras de nuestro país por los dramáticos cambios climatológicos que están sucediendo en la naturaleza, y que nos han hecho reflexionar sobre la necesidad de que, a través de la acción legislativa, contribuyamos a la profundización de una auténtica cultura de la protección civil en nuestro país.

Así como en la pasada sesión vino a esta tribuna mi compañero diputado Luis Antonio Ramírez Pineda para proponer una reforma constitucional y promover acciones de protección civil en el campo, pues efectivamente ha sido en las áreas rurales en donde con mayor severidad se han dejado sentir los efectos de los desastres naturales que han ocurrido últimamente; así, hoy vengo ante ustedes para proponerles que apoyemos decididamente la creación de una comisión de zonas de desastres como una comisión especial dentro del catálogo de las que ya existen actualmente en el seno de esta Cámara.

Ha sido verdaderamente lamentable que durante las últimas semanas en que hemos visto cómo algunos de los desastres naturales que han padecido muchos de nuestros compatriotas en algunas regiones del país, como ha sido el caso de Baja California Sur, Sinaloa, y Sonora, por el huracán Marty, o las severas precipitaciones pluviales que han ocurrido en casi toda la región del Bajío, esas poblaciones no han contado con la respuesta oportuna ni con recursos suficientes que les permitan enfrentar en mejores condiciones tales desastres.

Ha habido, como consecuencia de ello, pérdidas en infraestructura, que a esas poblaciones les tomó muchas décadas construir, y hemos tenido que lamentar pérdidas de vidas humanas, como ha sido por ejemplo el caso de las diez personas muertas atribuidas solamente al huracán Marty, y todo esto nos debe llamar a la reflexión y a hacernos un replanteamiento serio sobre qué tanto estamos contribuyendo las autoridades para otorgar una respuesta pronta y efectiva a nuestros paisanos.

Lamentablemente no contamos hasta este momento con una verdadera infraestructura que, de forma integral, atienda la prevención de todos los problemas que padecemos. Es innegable que necesitamos prepararnos adecuadamente para atender todas y cada una de las fases que deben atenderse cuando ocurre un desastre natural.

La solución está en crear acciones de políticas públicas en materia no sólo de prevención sino también de planeación y de atención focalizada a zonas de alto riesgo de desastres que abarque toda la geografía nacional. Necesitamos actuar con sentido de previsión cuando diseñamos y aprobamos las partidas presupuestales para todos y cada uno de los rubros de la administración pública, sin descuidar los recursos que hay que destinar en cuantía suficiente para atender los efectos de cualquier desastre natural. Pero esta responsabilidad no es exclusiva de la autoridad Ejecutiva, es también responsabilidad del Poder Legislativo.

Por ello la pertinencia de que contemos con una comisión especial al seno de esta soberanía que, de manera específica, se aboque a la atención de estos asuntos. Creemos que con su creación vamos a lograr que los recursos públicos que destinan las autoridades a situaciones de desastre, como es el caso de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, y del Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas, Fapracc, serán canalizados con oportunidad a las poblaciones afectadas en tales situaciones de emergencia.

La comisión especial de zonas de desastres coadyuvará a que, frente a tales situaciones de emergencia que se presentan, se pueda contar con los instrumentos adecuados para evaluar y cuantificar la magnitud de los daños causados por los fenómenos naturales, y sobre todo para insistir en la simplificación de las reglas de operación y hacer posible que las partidas presupuestales destinadas a atender tales daños sean canalizadas sin intermediarismos ni burocratismos innecesarios, que sólo complican las posibilidades de una respuesta eficaz por parte de la autoridad. Asimismo, deberá abocarse también a brindar una atención pormenorizada y seguimiento adecuados a todas las fases de recuperación por los daños causados y brindar parámetros claros para que en su momento las autoridades correspondientes procedan a la declaración de ``zona de desastre''.

No es posible que actualmente, una vez que ha ocurrido un fenómeno natural que haya causado daños severos a poblaciones y sus infraestructuras, casi desde el momento mismo en que éste se desata las autoridades competentes en muchas de situaciones requieran de estudios de evaluación de tales impactos que pueden dilatar hasta un mes para poder proceder a llevar a cabo dicha declaratoria. Necesitamos acabar con tales trabas burocráticas y asegurarnos que los recursos públicos se canalicen en los montos adecuados con la rapidez que la situación de emergencia amerita.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de ustedes señores legisladores, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sea creada la comisión especial de zonas de desastre, que tendrá por objeto llevar a cabo un seguimiento puntual a las acciones de atención y respuesta de las autoridades competentes a situaciones de desastre ocurridas por fenómenos naturales y en que se vean afectadas poblaciones de todo el territorio nacional. Asimismo, la comisión especial coadyuvará con las autoridades competentes y con las organizaciones de la sociedad civil a hacer efectiva la participación comunitaria en el desarrollo de una auténtica cultura de la protección civil y de prevención de desastres naturales.

Segundo: La comisión tendrá además por objeto vigilar que los recursos públicos que las autoridades destinen para la atención de los daños causados, como es el caso del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, y del Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas, Fapracc, entre otros destinados a tales fines por las autoridades de protección civil competentes, se canalicen con prontitud a las poblaciones afectadas.

Tercero: La comisión se coordinará estrechamente con las autoridades competentes en materia de protección civil y de prevención de desastres para asegurarse de que, frente a situaciones de emergencia derivadas de fenómenos naturales como ciclones, huracanes, terremotos, inundaciones, fallas geológicas, agrietamientos, sin ser limitativa esta descripción, las poblaciones afectadas puedan tener acceso con oportunidad al mayor número de acciones de atención y de regeneración de infraestructura que se destinen para tales fines, y que no se les restrinjan los apoyos solicitados bajo el argumento de que se necesita primero evaluar la magnitud de los daños causados.

Cuarto: La comisión vigilará por que las declaratorias de ``zona de desastre'' que deban ser otorgadas en situaciones de emergencia por las autoridades competentes sean otorgadas con la oportunidad que dichas situaciones de emergencia reclaman.

Quinto: Que sea turnado a la Junta de Coordinación Política para que ésta se sirva preparar el acuerdo especial que crea esta comisión, señalando su objeto, duración, integración y órganos de gobierno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2003.--- Diputados: Sara Rocha Medina, Luis Antonio Ramírez Pineda, Julián Nazar Morales, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Laura Martínez Rivera, Carlos Jiménez Macías, Fernando Ulises Adame, Claudia Ruiz Massieu Salinas, César Amín González, Alejandro Saldaña Villaseñor, Carlos Pano Becerra, Pablo Anaya Rivera, Oscar Félix Ochoa, Armando Leyson Castro, Francisco Frías Castro, Alfredo Villegas Arreola, Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Fernando de las Fuentes Hernández, Gerardo Montenegro Ibarra, Consuelo Rodríguez de Alba, Rosario Sáenz López, Jaime Fernández Saracho, Francisco Xavier Salazar, Pedro Avila Nevárez, Rosalina Mazari Espín, Arturo Robles Aguilar, Elizabeth Sotelo Ochoa, Rafael Galindo Jaime, Socorro Díaz Palacios, Emilio Zebadúa González, Agustín Rodríguez Fuentes, Martha L. Mícher Camarena, Rafael Flores Mendoza, Elpidio Tovar de la Cruz, Marcela Lagarde y de los Ríos, Daniel Ordóñez Hernández, Emilio Serrano Jiménez, Eliana García Laguna, Susana Manzanares Córdova, Lizbeth Rosas Montero, María Avila Serna, Alejandra Méndez Salorio, Jorge Kahwagi Macari, Raúl Piña Horta, Javier Orozco Gómez, Jesús González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno, Esthela Ponce Beltrán, Francisco L. Monárrez Rincón, Juan Carlos Pérez Góngora, José Luis Briones Briseño, Consuelo Muro Urista, José Alberto Aguilar Iñárritu, Heliodoro Díaz Escárraga, Miguel Angel Osorio Chong, Cruz López Aguilar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Cristina Díaz Salazar, Hilaria Domínguez Arvizu, María Elena Orantes López, Julián Nazar Morales, Guillermo del Valle Reyes, Alfonso Nava Díaz, Benjamín Sagahón Medina, Gonzalo Alemán Migliolo, Sergio Posadas Lara, José Alarcón Hernández, Juan M. Vega Rayet, José Luis Flores Hernández, José Manuel Abdala, Jesús Morales Flores, Omar Bazán, Concepción Castañeda Ortiz, Ubaldo Aguilar Flores, Filemón P. Arcos Suárez y Marco A. Torres Hernández.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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ARMANDO VILLARREAL MARTA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo intervenga en el juicio que se sigue en contra del C. Armando Villarreal Marta, preso en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La diputada Eliana García Laguna:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El 1º de septiembre en esta máxima tribuna el Presidente Vicente Fox negó que en su gobierno hubiera presos políticos.

La detención y sentencia de un dirigente campesino que actualmente cumple cinco años de condena en el penal de Ciudad Juárez, por los delitos de: motín, robo calificado, amenazas y lesiones, desmiente las palabras del Ejecutivo Federal vertidas en esta tribuna.

Armando Villarreal Marta, es, entre otros, un preso de conciencia de este Gobierno. Dos hechos objetivos nos dan la razón.

El primero es que el delito de motín sólo es aplicable a las personas que atentan contra la seguridad del Estado, por lo que lo convierte en un delito de carácter político.

Por otro lado, tenemos conocimiento de reuniones del Grupo Guardián, realizadas en Chihuahua, en las que en los asuntos generales se reporta que en el Cereso de Ciudad Juárez, al ingeniero Villarreal Marta se le sentenció a cinco años de prisión y como tiene acumulados otros delitos, lo que es falso porque no existen otros delitos que se le imputen, aun cuando cumpliera su sentencia principal estaría más de cinco años.

Nos llama la atención que en los reportes de inteligencia militar se mencione a un supuesto preso común o nos pone el cuestionamiento de si realmente está siendo un preso político que está siendo negado por el Gobierno Federal.

En junio del 2000, 500 campesinos tomaron la garita aduanal del municipio de Janos, Chihuahua, a 100 kilómetros de Ciudad Juárez, para exigir al Gobierno Federal que se homologaran los precios de la gasolina, del diesel, de la energía eléctrica y de los fertilizantes para que el sector agrícola pudiera competir con sus similares de Estados Unidos. No recibieron una respuesta, sino la amenaza de represión y en un acto de resistencia civil que no aplaudimos pero entendemos, quemaron la garita.

Si el Gobierno tuviera el talento y la sabiduría del gran dramaturgo español Lope de Vega, hubiera sabido que la respuesta no es una responsabilidad individual, pero la insensibilidad del Gobierno Federal culpa a una sola persona que casualmente es el dirigente del Comité Promejoramiento del Agro Nacional, en Chihuahua, es decir, al compañero Armando Villarreal.

La acción emprendida por los campesinos de Chihuahua no fue un caso aislado, en varios lugares de la República se realizaron acciones de campesinos y de líderes agrícolas en contra de la entrada del Tratado de Libre Comercio en su capítulo agropecuario y plantearon su renegociación.

La justicia para el campo mexicano no llega, tampoco la justicia para quienes desde las trincheras luchan por mejores condiciones de producción agrícola. Armando Villarreal Marta es un luchador social. En la demanda de un verdadero sistema de procuración de justicia hemos cues- tionado la perversión de que el Ministerio Público dependiente del Ejecutivo tenga facultades jurisdiccionales, porque esto frecuentemente significa la subordinación del sistema judicial a los intereses políticos del Ejecutivo en turno.

Armando Villarreal Marta es reconocido por haber contribuido a la elaboración de la Ley de Energía para el Campo, ley que está vigente, que se presentó en noviembre del 2001 ante esta Cámara y que se aprobó en diciembre del 2002. Hasta ahora este líder, sentenciado a cinco años de prisión, no se le ha podido comprobar la autoría material ni la autoría intelectual del acto del que se le acusa. Las irregularidades del proceso dan cuenta de la parcialidad con que se realizó todo el procedimiento en primera instancia.

Por lo antes fundado sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Exhortar al Poder Judicial Federal para que en el caso del juicio en etapa de apelación en contra de Armando Villarreal Marta actúe con plena independencia del Poder Ejecutivo Federal y de esta manera se evite la contaminación de factores de carácter político en la sentencia definitiva que emita el juez respectivo.

Firman este punto de acuerdo por la coordinación del estado de Chihuahua del Partido Revolucionario Institucional: el diputado Miguel Lucero, los diputados Jorge Castillo, Jesús Aguilar; por el Partido del Trabajo: Alejandro González Yáñez, Francisco Mario Espinosa Ramos, Joel Padilla; por el Partido de Convergencia: Jesús González Schmal, Juan Fernando Perdomo, Jesús Martínez y 59 diputados de la fracción parlamentaria del PRD.''

Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo a que intervenga en el juicio que se sigue contra el c. Armando Villarreal Marta, preso en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentada por la diputada Eliana Garcia Laguna, del grupo parlamentario del PRD.

Las y los suscritos, diputadas y diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 1 de septiembre, en esta máxima tribuna de la nación, el Presidente Vicente Fox Quesada negó que en su gobierno hubiera presos políticos.

La detención y sentencia de un dirigente campesino que cumple una condena de cinco años por los delitos de motín, robo calificado, amenazas cumplidas y lesiones desmienten las palabras del jefe del Poder Ejecutivo Federal. Armando Villarreal Marta es, entre otros, un preso de conciencia de este gobierno.

Dos hechos objetivos nos dan la razón:

Por un lado, el delito de motín es aplicable sólo a las personas que atentan contra la seguridad del Estado, por lo que este delito reviste carácter político.

Por otro, tenemos conocimiento de reuniones del Grupo de Coordinación Interinstitucional Guardián realizadas en Chihuahua, en las que en asuntos generales se reporta que en el Cereso al ingeniero Villarreal Marta ya lo sentenciaron a cinco años de prisión, pero que como tiene acumulados varios delitos (lo cual es completamente falso, pues no existen otros delitos que se le estén imputando), aun cuando cumpliera su sentencia principal, seguiría en prisión hasta los cinco años o más.

¿Es acaso práctica de inteligencia militar hacer reportes de cada uno de los presos que se encuentran en los penales o sólo de quienes son presos por motivos políticos?

En junio de 2002, 500 campesinos tomaron la garita aduanal del municipio de Janos, Chihuahua, a 100 kilómetros de Ciudad Juárez, para exigir al Gobierno Federal que se homologaran los precios de gasolina, diesel, energía eléctrica y fertilizantes para que el sector agrícola pudiera competir con sus similares estadounidenses.

No recibieron respuesta sino la amenaza de represión. Entonces, quemaron la garita. Si el Gobierno Federal tuviera el talento y la sabiduría del gran dramaturgo español maestro Lope de Vega, habría sabido que la respuesta ante un acto de justicia colectiva es siempre: ¡Fuente ovejuna, señor! Sin embargo, la insensibilidad social del Ejecutivo Federal sólo le permitía considerar que el único responsable era el dirigente principal del Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional, Armando Villarreal Marta.

La acción emprendida por los campesinos de Chihuahua no fue un caso aislado: a ella se sumaron actividades que campesinos de otros estados han realizado después de la entrada en vigor del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

No es de extrañar entonces que, ante la apertura comercial, las desventajas que ha representado para los productores agrícolas y, sobre todo, ante la falta de respuesta del Gobierno Federal a los reclamos de renegociar el TLCAN en la búsqueda de mecanismos para enfrentar la desigualdad y la iniquidad en que los productores agrícolas mexicanos compiten con sus similares de los vecinos países del norte, principalmente con Estados Unidos, éstos realicen acciones de abierta confrontación con el sistema.

La justicia para el moribundo campo mexicano no llega, como tampoco la justicia para quienes desde diferentes trincheras luchan por mejorar las condiciones de producción agrícola. Armando Villarreal Marta es sin duda un luchador social con propuestas, incluso se le reconoce la elaboración de la iniciativa de Ley de Energía para el Campo. Ley vigente presentada en noviembre de 2001 ante la Cámara de Diputados y aprobada en diciembre de 2002 en la LVIII Legislatura, lo que demuestra que los líderes campesinos tienen ideas e iniciativas que confrontar ante las propuestas del Gobierno Federal.

En demanda de un verdadero sistema de procuración de justicia, queremos señalar que el grupo parlamentario del PRD ha cuestionado la perversión de que el Ministerio Público, dependiente del Poder Ejecutivo, tenga facultades jurisdiccionales porque esto frecuentemente significa la subordinación del sistema judicial a intereses políticos del Ejecutivo en turno.

Hasta ahora, a ese líder agrario, sentenciado a cinco años de prisión, no se ha podido demostrar la autoría material o intelectual del acto. Las irregularidades del proceso dan cuenta de la parcialidad con que se realizó todo el procedimiento en primera instancia.

Por lo antes fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al Poder Judicial Federal a que, en el caso del juicio en etapa de apelación contra Armando Villarreal Marta, actúe con plena independencia del Poder Ejecutivo Federal y, de esa manera, se evite la contaminación de factores de carácter político en la sentencia definitiva que emita el juez respectivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2003.--- Diputados: Eliana García Laguna (rúbrica), Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella, Héctor Miguel Bautista López (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Julio Boltvinik Kalinka, Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), Víctor Manuel Camacho Solís, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Marbella Casanova Calam (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), César Antonio Chávez Castillo (rúbrica), Santiago Cortés Sandoval (rúbrica), Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Horacio Duarte Olivares, Gilberto Ensástiaga Santiago (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), David Ferreira Martínez, Margarito Fierros Tano (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Rafael Flores Mendoza, Pablo Franco Hernández, Rogelio Franco Castán (rúbrica), Juan José García Ochoa, Miguelángel García-Domínguez, Iván García Solís (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), María Elba Garfias Maldonado, Pablo Gómez Alvarez, Valentín González Bautista, María Marcela González Salas y Petriccioli (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Guillermo Huízar Carranza (rúbrica), María Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica), J. Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez, Susana Guillermina Manzanares Córdova (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Jorge Martínez Ramos, Horacio Martínez Meza, Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Francisco Mora Ciprés, Marcos Morales Torres (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Inelvo Moreno Alvarez (rúbrica), Inti Muñoz Santini (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), José Luis Naranjo Quintana (rúbrica), Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, Omar Ortega Alvarez (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Juan Pérez Medina (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Bernardino Ramos Iturbide (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Francisco Javier Saucedo Pérez, Emilio Serrano Jiménez, Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Pascual Sigala Páez, Carlos Hernán Silva Valdés, Víctor Suárez Carrera (rúbrica), Israel Tentory García, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo (rúbrica), Edgar Torres Baltazar, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Emilio Zebadúa González, Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Miguel Lucero Palma (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Alejandro González Yánez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Joel Padilla Peña (rúbrica), Oscar González Yánez (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Juan Fernando Perdomo (rúbrica), Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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ISLA LOBOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se decrete Parque Nacional a la Isla Lobos, que se encuentra en Tuxpan, Veracruz.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La conservación de los recursos naturales en México es una de las grandes preocupaciones de todos los sectores. Para lograr los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable propuestos en el Plan Nacional de Desa-rrollo se han instrumentado diversos programas y estrategias a nivel nacional encaminadas a salvaguardar y utilizar en forma racional los recursos naturales de nuestro país.

Uno de los ecosistemas marinos más frágiles son los arrecifes coralinos, los cuales son los sistemas más complejos y diversos del medio marino y por lo tanto requieren de efectivos programas de protección para lograr su supervivencia y continuidad. Los arrecifes son sistemas altamente importantes, cuyo valor biológico y económico es significativo. En estos ecosistemas coexisten miles de especies que representan prácticamente todos los grupos de organismos marinos existentes.

Actualmente los arrecifes coralinos cubren un área de 2 millones de kilómetros cuadrados de mares tropicales, donde se hospedan a una de cada cuatro especies conocidas del océano. Los peces de arrecifes constituyen cerca del 10% de la pesca global, junto con los moluscos, erizos y otras especies que sostienen de 30 a 40 millones de personas, además de amortiguar las marejadas y evitar la erosión.

En aguas territoriales mexicanas los arrecifes que se extienden desde el sur del Caribe mexicano llegan de manera discontinua a Yucatán, Campeche y Veracruz. Se unen al sistema recifal de Belice y a su vez forman parte del sistema recifal del Caribe occidental.

En el estado de Veracruz, frente a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, se encuentra el parque nacional denominado Sistema Recifal Veracruzano, con una extensión total aproximada de 52 mil 238 hectáreas y cuenta con 1.5 millas en su parte más ancha.

Aunado a este Sistema Recifal Veracruzano existen una serie de islas ricas en diversidad marina y que no están consideradas dentro de un programa de manejo de explotación y conservación marino.

Un claro ejemplo es la Isla de Lobos, en Tuxpan, Veracruz, la cual es una de las más grandes y bellas del estado, con un territorio de 300 hectáreas y poseedora de variada fauna en donde se pueden apreciar cebras, venados y avestruces.

Una de las herramientas de conservación con las que cuenta nuestro país es la conformación de áreas naturales protegidas. Entre ellas, una categoría es el Parque Nacional, la cual es definida como el área con uno o más ecosistemas, que se significan de interés general, ya sea por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo o por otras razones análogas.

La Isla de Lobos en Tuxpan, Veracruz, es una maravilla natural que necesita ser protegida con la calidad de parque natural, ya que en México contamos con pequeñas reservas naturales y pocos parques.

Es necesario que la conscientización del desarrollo sustentable lo tengamos presente, pues es el medio ambiente y la naturaleza por lo que debemos luchar los mexicanos debido a que es parte del patrimonio nacional.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está comprometido con el cuidado y conservación del medio ambiente, pues es ahí donde los mexicanos construiremos una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza y por lo tanto, sometemos a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente para que realice los estudios y trámites necesarios para decretar a la Isla de Lobos como Parque Nacional.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que se decrete Parque Nacional la Isla Lobos, situada en Tuxpan, Veracruz, presentada por la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Para que se decrete parque nacional la isla Lobos, que se encuentra en Tuxpan, Veracruz, con base en los siguientes

Antecedentes

La conservación de los recursos naturales en México es una de las grandes preocupaciones de todos los sectores. Para lograr los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, se han instrumentado diversos programas y estrategias a nivel nacional encaminadas a salvaguardar y utilizar en forma racional los recursos naturales de nuestro país.

Uno de los ecosistemas marinos más frágiles son los arrecifes coralinos, los cuales son los sistemas más complejos y diversos del medio marino y por lo tanto requieren de grandes programas de protección para lograr su supervivencia y continuidad. Biológicamente, un arrecife coralino es una comunidad biológica que nace en el piso marino y que consta de una estructura sólida de piedra caliza lo bastante fuerte como para soportar la fuerza de las olas. Los organismos que tienen un exoesqueleto calcificado y las algas son los que dominan en la creación de los corales. La formación de un arrecife coralino depende de la asociación equilibrada de los organismos vegetales y animales, vivos y muertos.

Los arrecifes son sistemas altamente importantes cuyo valor biológico y económico es significativo. En estos ecosistemas coexisten miles de especies que representan, prácticamente, todos los grupos de organismos marinos existentes. Su diversidad es comparable a la de las selvas altas perenifolias y son, probablemente, el sistema más productivo del mundo en términos de biomasa. Incluyen, entre otros, a organismos como: esponjas, corales, poliquetos, moluscos, crustáceos, equinodermos y peces.

Como datos importantes, cabe mencionar que actualmente los arrecifes coralinos cubren un área de 2 millones de kilómetros cuadrados de mares tropicales en donde se hospeda a una de cada cuatro especies conocidas del océano. Los peces de arrecifes constituyen cerca del 10% de la pesca global, junto con los moluscos, erizos y otras especies, que sostienen de 30 a 40 millones de personas, además amortiguan las marejadas y evitan la erosión.

La importancia económica de un sitio rico en biodiversidad se manifiesta principalmente por el turismo ecológico que atrae. Esta es una buena opción económica, ya que los turistas deportivos pagan más a los pescadores por un viaje que los intermediarios por un cierto volumen de pescado. De igual forma, estas zonas son áreas de interés científico, educativo, arqueológico, histórico, cultural, escénico y de recreo. Sin embargo, su estructura y dinámica ecológica se han visto deterioradas, al punto de convertirlas en zonas de devastación, motivadas tanto por los efectos naturales como por los provocados por el hombre.

Entre los factores naturales que afectan al sistema se pueden señalar la presencia de fuertes vientos, así como de huracanes, tormentas y deslaves costeros. Los factores causados por los seres humanos son muy variados, saqueo de colonias enteras para distintas actividades como la construcción; los distintos tipos de pesca, las actividades subacuáticas, además de la explotación irracional y la falta de políticas de desarrollo turístico para evitar el rompimiento del equilibrio ecológico. Así, el manejo turístico de la zona requiere de gran vigilancia y reglas para evitar la captura de ``recuerdos'' y de la excesiva visita de turistas a los arrecifes, ya que estas actividades son perjudiciales para estos ecosistemas.

En aguas territoriales mexicanas, los arrecifes que se extienden desde el sur del Caribe Mexicano, llegan de manera discontinua a Yucatán, Campeche y Veracruz, se unen al Sistema Arrecifal de Belice y a su vez forman parte del Sistema Arrecifal del Caribe Occidental. En el estado de Veracruz, frente a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, se encuentra el Parque Nacional denominado Sistema Arrecifal Veracruzano, con una extensión total aproximada de 52,238 hectáreas y cuenta con 1.5 millas en su parte más ancha. El sistema presenta 20 arrecifes divididos en dos secciones, la del puerto y la de Antón Lizardo, que se delimitan claramente por la desembocadura del tío Jamapa en Boca del Río. Muestran marcadas diferencias entre las zonas expuestas al movimiento del oleaje (barlovento) y las zonas protegidas (sotavento), así como una diversidad intermedia.

Aunadas a este Sistema Arrecifal Veracruzano, existen una serie de islas ricas en diversidad marina y que no están consideradas dentro de un programa de manejo de explotación y conservación marino. Un claro ejemplo es la isla de Lobos, en Tuxpan, Veracruz, la cual es una de las más grandes y bellas del estado, con un territorio de 300 hectáreas y poseedora de variada fauna, donde se pueden apreciar cebras, venados y avestruces.

La sobreexplotación pesquera ha ocasionado que diversas especies como la langosta, el pulpo, el caracol y varias especies de peces se encuentren amenazadas. De igual forma, varios afluentes descargan sus aguas en la región y arrastran al mar gran cantidad de sólidos en suspensión durante época de lluvias; además, todo el año los arrecifes corren el riesgo de ser alcanzados por aguas residuales de diferentes industrias, de ingenios azucareros y de la producción petrolera.

Una de las herramientas de conservación con que cuenta nuestro país es la conformación de áreas naturales protegidas. Entre ellas, una categoría es el parque nacional, la cual es definida como el área con uno o más ecosistemas que signifiquen interés general, ya sea por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo o por otras razones análogas.

Las atribuciones de los parques nacionales están expuestas dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en sus artículos 50 y 51, los cuales establecen que:

``Los parques nacionales se constituirán, tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general ...sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y, en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos.''

Específicamente, en lo referente a la explotación de ecosistemas marinos, el artículo 51 menciona que en estas áreas:

`` ...sólo se permitirán actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas acuáticos y sus elementos, las de investigación, repoblación, recreación y educación ecológica, así como los aprovechamientos de recursos naturales que procedan, de conformidad con lo que disponen esta Ley, la Ley de Pesca, la Ley Federal del Mar, las convenciones internacionales de las que México sea parte y los demás ordenamientos aplicables... Las autorizaciones, concesiones o permisos para el aprovechamiento de los recursos naturales en estas áreas, así como el tránsito de embarcaciones en la zona o la construcción o utilización de infraestructura dentro de la misma, quedarán sujetas a lo que dispongan las declaratorias correspondientes.''

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico.- Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice los estudios y trámites necesarios para decretar la isla Lobos como parque nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de octubre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Muchas gracias, señora diputada.

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FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a los responsables en el Gobierno Federal, revisen a la brevedad y hagan un replanteamiento urgente de los procedimientos para agilizar la fluidez de recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden).

La diputada María Cristina Díaz Salazar:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo.

Alzo la voz por aquellos millones de mexicanos que se han visto afectados en su vida por los fenómenos meteorológicos, que han incidido en nuestro país con graves consecuencias, afectando a más de 14 estados y más de 200 municipios de nuestra República, dejando a su paso daños aún no cuantificados en viviendas, tierras de cultivo e infraestructura y, en consecuencia, miles de ciudadanos damnificados.

Considerando

Que mi partido, el Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa en el Senado de la República para crear el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, el cual fue aprobado en esta H. Cámara el 22 de abril pasado, habiéndose publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio del presente. Desde esta tribuna hago un exigente llamado a las autoridades para que diseñen una estrategia que verdaderamente responda y combata los problemas que a últimas fechas se han presentando por las contingencias meteorológicas, y que la creación y la instalación del Fondo de Prevención de Desastres Naturales sea oportunamente aplicado sin dejar a una lado que los trámites administrativos sean sencillos y ágiles para lograr que este apoyo se refleje inmediatamente en entidades federales, estados, municipios y comunidades de este país. Manifestamos enérgicamente que se vigile que no se convierta éste en un laberinto lleno de enredos burocráticos como lo ha sido hasta el día de hoy el tan socorrido Fonden, que ante situaciones de catástrofe actúa con lentitud, retrasando la fluidez de recursos, agravando más el problema, de por sí serio y de fatales consecuencias.

No perdamos de vista que la prevención nos ayudará a la reducción del impacto de los efectos causados por desastres naturales, en términos de costo beneficio a mediano y largo plazos, representando un menor costo, en comparación con los elevados gastos que implica la atención de los desastres.

Por lo antes mencionado, exijo que se revisen con detenimiento los trámites publicados para acceder al Fopreden, pues no obstante que se trata de un asunto de extrema urgencia, se convierte en un listado de requisitos casi imposibles de cubrir en el corto tiempo que marca el procedimiento para la solicitud de apoyo de dicho fondo, señalado de enero a marzo, y de no cumplir con lo requerido se da por no presentada la mencionada solicitud, y cabe la pregunta:

¿De ser aceptada la petición dentro del plazo que resta, o sea, abril y mayo, habrá la capacidad para efectuar obras o acciones de protección para las zonas de alto riesgo, donde se asienta la población más desprotegida, antes que vuelva a llegar la temporada en que nuestro territorio se ve afectado por un mayor número de fenómenos meteorológicos?

Punto de Acuerdo

Unico.- Por lo anterior solicito a las autoridades correspondientes no actuar con negligencia para evitar agravar más la deteriorada calidad de vida de los afectados, eficientando ambos programas: el Fonden y el Fopreden, y que revisen con la mayor brevedad y efectúen un replantea-miento para agilizar la fluidez de los recursos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2003.--- Dip. Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para beneficiar a la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social en la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, con la construcción de una Unidad de Medicina Familiar en la avenida Chalma-La Villa.

El diputado Marcos Morales Torres:

Con su venia, señor Presidente.

El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

A nivel internacional el derecho a la salud se encuentra establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, suscrito y ratificado por nuestro país el 23 de marzo de 1981. Este ordenamiento considera violaciones al derecho a la salud, los gastos insuficientes o la asignación inadecuada de recursos públicos para tal fin.

Nuestra legislación establece en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la protección de la salud.

El Instituto Mexicano del Seguro Social como organismo público y parte integrante del Sistema Nacional de Salud, tiene la obligación de cumplir con las disposiciones arriba mencionadas. Como parte de ello la Ley del Seguro Social dispone que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene entre sus facultades y atribuciones las de establecer unidades médicas.

En Cuautepec, una de las grandes áreas poblacionales que componen la delegación Gustavo A. Madero y que tiene una población de 300 mil habitantes, las carencias de infraestructura médica obligan a un gran número de derechohabientes del IMSS a acudir a clínicas ubicadas fuera de su entorno habitacional.

No obstante que en la avenida Chalma-La Villa, ubicada en esa demarcación, existe un predio propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde desde al año de 1975 el Instituto afirmó que construiría una Unidad de Medicina Familiar e incluso colocó el letrero indicativo de ello. Desde entonces el IMSS determinó que esa Unidad de Medicina Familiar es necesaria para atender a los derechohabientes de Cuautepec y desde ese año tiene proyectada la construcción de esa obra.

De acuerdo a estudios técnicos del propio instituto en función de la demanda, con la construcción de esta unidad se daría servicio a más de 100 mil habitantes de la zona que son derechohabientes y que actualmente se ven obligados a acudir a otras unidades ubicadas en puntos lejanos y de difícil acceso para ellos, como la Unidad de Medicina Familiar 20 ubicada en Calzada Vallejo, la Unidad de Medicina Familiar 44 ubicada en Ticomán, la UMF número 45 en Magdalena de la Salinas e incluso la UMF 64 ubicada en Tlalnepantla, estado de México. Pero las tres se encuentran saturadas y además implican enormes tiempos de traslado en transporte público de hasta una hora y media de recorrido en promedio para quienes se ven obligados a recurrir al servicio de consulta externa, entre ellas mujeres con niños y personas de la tercera edad. Además del tiempo debe considerarse el costo que tienen que pagar las familias de bajos ingresos para trasladarse, lo que merma aún más su ya de por sí exigua economía.

Hasta ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ha excluido sistemáticamente del proyecto de Presupuesto de Egresos que presenta cada año a la Cámara de Diputados.

Por lo tanto es necesario que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados realice los ajustes pertinentes para que esta obra inicie su construcción cuanto antes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, den su dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004 e incluya una partida de 60 millones de pesos cuyo uso específico sea para la construcción de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS en Cuautepec en el terreno que desde 1975 se tiene destinado para ello en Avenida Chalma-La Villa, delegación Gustavo A. Madero, del Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a 21 de octubre de 2003.

Solicito atentamente, señor Presidente, pudiera dar sus instrucciones para que la presente proposición con punto de acuerdo sea inscrita íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para beneficiar a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en la delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, con la construcción de una unidad de medicina familiar en la avenida Chalma-la Villa, presentada por el diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del PRD.

El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

A escala internacional, el derecho a la salud se encuentra establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, suscrito y ratificado por nuestro país el 23 de marzo de 1981. El punto 12 de la Observación General número 14, que interpreta el contenido del artículo citado y que fue presentado en la sesión ordinaria del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas el 11 de agosto de 2000, indica que el derecho a la salud debe tener las siguientes características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

Esto es, debe contarse con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y éstos deben encontrarse geográficamente cercanos a la población, prestarse sin discriminación y presentar calidad en el servicio.

Aún más, el punto 52 del instrumento citado considera violaciones del derecho a la salud los gastos insuficientes o la asignación inadecuada de recursos públicos para tal fin.

Por otra parte, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la protección de la salud y la Ley General de Salud, reglamentaria del citado artículo, señala en su artículo 2°, fracción V, que entre las finalidades de la protección de ese derecho fundamental está el disfrute de los servicios de salud y asistencia social que satisfagan de manera eficaz y oportuna las necesidades de la población.

Por todo lo anterior, resulta evidente que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como organismo público y parte integrante del sistema nacional de salud, tiene la obligación de cumplir las disposiciones mencionadas.

Como labor fundamental hacia el cumplimiento de esa responsabilidad, el artículo 251, fracción VI de la Ley del Seguro Social dispone que el IMSS tiene entre sus facultades y atribuciones la de establecer unidades médicas para el cumplimiento de los fines que le son propios.

En ese tenor, la falta de infraestructura médica es un problema que afecta todo el país, incluida la Ciudad de México. De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda de 2000, la delegación Gustavo A. Madero cuenta con poco más de 1,259,000 habitantes, lo que la convierte en la segunda demarcación más poblada del Distrito Federal, pues concentra 14.36 por ciento de la población total de la entidad.

En ella se advierte una evidente fragmentación territorial en tres zonas: Cuautepec, que tiene una población de alrededor de 300,000 habitantes, Bosques de Aragón y La Villa. De las tres, Cuautepec presenta las mayores necesidades de atención médica, debido a que en ella habita gran núcleo de población derechohabiente: obreros, empleados, profesionistas, etcétera.

De ahí que las carencias de infraestructura médica hayan obligado al IMSS a que, para dar atención a los habitantes de la zona, los envíe a unidades muy alejadas. Debido a ello, gran número de derechohabientes es obligado a acudir a clínicas situadas fuera de su entorno habitacional.

En la avenida Chalma-La Villa, situada en esa demarcación, hay un predio del IMSS donde desde 1975 éste afirmó que construirá la Unidad de Medicina Familiar (UMF) e incluso colocó el letrero indicativo de ello (Anexo 1).

El terreno de referencia tiene una superficie aproximada de 3,000 metros cuadrados, abundando en que por esa razón desde aquel entonces derechohabientes de Cuautepec se han dirigido reiteradamente a las autoridades para solicitar que el servicio de consulta familiar se les proporcione en su localidad.

De acuerdo con estudios técnicos del propio instituto en función de la demanda, con la construcción de esa UMF se daría servicio a más de 100,000 habitantes de la zona que son derechohabientes del IMSS y que actualmente se ven obligados a acudir a unidades situadas en puntos lejanos y de difícil acceso para ellos, como se observa en el mapa señalado en el Anexo 2.

Por ejemplo, la UMF número 20, situada en la calzada Vallejo 675, Col. Nueva Vallejo; la UMF 44, de avenida Plan de San Luis 20 esquina La Salle, barrio La Purísima Ticomán; la UMF 41, de avenida Colector 15 s/n, esquina Río Bamba, Col. Calputitlán; e incluso a la UMF 64, de Tlalnepantla, México, pero las tres se encuentran saturadas y además implican enormes tiempos de traslado en transporte público de hasta una hora y media de recorrido en promedio para quienes se ven obligados a recurrir al servicio de consulta externa, entre ellos adultos mayores y mujeres que llevan varios hijos.

Además del tiempo, debe considerarse el costo que tienen que pagar las familias de bajos ingresos para trasladarse, lo que merma aún más su ya de por sí exigua economía.

Por ejemplo, en la UMF 20 se atiende a casi 63,000 derechohabientes de la zona, adscritos a 10 consultorios en turnos matutino y vespertino. La población adscrita por médico familiar rebasa 3,000 derechohabientes en el turno matutino y 2,800 en el vespertino, enfatizando que el promedio de traslado en transporte público desde la comunidad de Cuautepec a la UMF 20 es de 90 minutos.

Lo mismo ocurre con la UMF número 44, a la que están adscritos 28,000 derechohabientes de la zona, lo que representa 40 por ciento del total de la población de esa unidad. La población por médico familiar rebasa el indicador óptimo y se ubica en 2,800 derechohabientes.

De tal forma y de acuerdo con lo señalado, queda claro que la construcción de esa obra es prioritaria por razones de salud -ya desde hace más de 27 años- para un enorme número de habitantes de la zona norte de la Ciudad de México, pero no ha podido concretarse debido a que hasta ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ha excluido sistemáticamente del proyecto de Presupuesto de Egresos que presenta cada año a la H. Cámara de Diputados.

Por tanto, es necesario que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados realice los ajustes pertinentes para posibilitar que esa obra inicie su construcción cuanto antes, en beneficio de un núcleo de más de 100 mil derechohabientes del IMSS de la delegación Gustavo A. Madero residente en Cuautepec y que requieren con urgencia servicios médicos de calidad, de fácil accesibilidad.

Desde 1975, el IMSS determinó que esa UMF es necesaria para atender a los derechohabientes de Cuautepec y desde ese año tiene proyectada la construcción de la obra que, por circunstancias ajenas al propio instituto, no se ha realizado, habida cuenta de que, como se mencionó, ya tiene el terreno para su instalación.

Asimismo, es importante mencionar que, de acuerdo con los datos disponibles en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2002, el IMSS llevó a cabo durante ese año la construcción de nuevas UMF de 10 consultorios en diversas regiones del país, como la que se planea construir en Cuautepec, con un costo aproximado de 60 millones de pesos (Anexo 3).

Por lo expuesto, someto a consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados que, en su dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, incluya una partida de 60 millones de pesos cuyo uso específico sea para construir la UMF del IMSS en Cuautepec, en el terreno que desde 1975 se tiene destinado para ello, en la avenida Chalma-La Villa, delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2003.--- Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica).»

Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

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TARIFAS ELECTRICAS
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Tiene la palabra el diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, adopte las medidas necesarias, a efecto de otorgar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo, para los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, que conforman la frontera sur.

El diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra:

Con su venia, señor Presidente.

No puede hablarse de reforma eléctrica si no se plantean tarifas accesibles a la población.

Compañeras y compañeros: los suscritos firmantes, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de otorgar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo, para los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, que conforman la frontera sur; más los estados de Veracruz y Oaxaca bajo los siguientes

Antecedentes

Los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas de la frontera sur, más los estados de Veracruz y Oaxaca cuentan con 16 centrales y 56 unidades hidroeléctricas; 6 centrales y 19 unidades de vapor; 7 centrales y 14 unidades de turbogas, una central y 3 unidades de combustión interna, 2 centrales y 9 unidades de ciclo combinado, una central y 7 unidades geoeléctricas, una central y 2 unidades nucleoeléctricas generadoras de energía eléctrica con una capacidad efectiva de 9 mil 361 megawatts.

El 53% de producción de energía eléctrica a nivel nacional bajo el sistema hidroeléctrico es producido en estos estados de la frontera sur, precisamente en Chiapas con un total de producción de 17 mil 342 gigawatts. Esta aportación energética al país le permite a la Comisión Federal de Electricidad contar con la capacidad necesaria junto con la demás producción aportada por el resto de sus plantas generadoras, poder cumplir con los requerimientos de los usuarios del territorio nacional y de la planta productiva que mueve la economía, situación que le otorga a la empresa paraestatal certidumbre real de abastecimiento para sus consumidores.

Consideraciones

Las entidades que conforman la frontera sur: Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, más los estados de Veracruz y Oaxaca, le han entregado a México miles de hectáreas de sus mejores tierras, sus aguas y hasta su certidumbre y estabilidad agraria para la construcción de las presas hidroeléctricas, las más importantes del país: plantas de vapor, turbogas, combustión interna, ciclo combinado, por lo que sus habitantes esperan del Gobierno Federal recursos, señales de apoyo y responsabilidad de los diputados para que aprueben medidas que les permitan transitar hacia un desarrollo sustentable, sostenido y progresivo.

El aprobar las tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para la frontera sur y los estados de Veracruz y Oaxaca, es reconsiderar la aportación que nuestros estados le han entregado a la Federación en cuanto a sus recursos naturales transformada en energía eléctrica, esto le ha permitido a la Comisión Federal de Electricidad la oportunidad de contar con un alto ingreso producto de la generación de energía eléctrica derivado de ese potencial natural que tienen los estados del sur.

Esto emana de la obligación del Estado mexicano como firmante del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus artículos 2º y 3º y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 15 de no sólo generar condiciones de desa-rrollo en la utilización de los recursos naturales que se extraigan de la región sino también tiene la obligación de generar mecanismos de compensación por la utilización y aprovechamiento de dichos recursos.

Esta aportación energética debe traer beneficios considerables a la población de nuestros estados, teniendo tarifas eléctricas adecuadas a la realidad social, política y económica de la población; por el contrario, los altos cobros en el consumo de energía han obligado a que miles de familias de esa zona del sur, sobre todo chiapanecas, de por lo menos 70 municipios de los 118 que tiene mi Estado, hayan entablado una demanda judicial masiva en contra de la Comisión Federal de Electricidad...

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Le ruego concluir, señor diputado.

El diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra:

...Utilizando la instancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde el organismo público ha ocupado el primer lugar en demandas en su contra en el ámbito estatal en los últimos años por lo que la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno Federal no han sido congruentes en sus políticas públicas al no dar apoyos reales a la población de nuestros estados con grandes rezagos y carentes de alternativas pertinentes para alcanzar el nivel de vida adecuado y el desarrollo progresivo del Estado mexicano.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de alcanzar el beneficio para nuestros hermanos y sus familias en los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas y los estados de Veracruz y Oaxaca, pongo a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados se pronuncia a favor de tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

Segundo. Esta honorable Cámara de Diputados hace un exhorto al jefe del Poder Ejecutivo Federal a que en el ámbito de sus atribuciones dicte de inmediato instrucciones a los secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Desarrollo Social a fin de que en el marco de su competencia contribuyan a implantar medidas necesarias para que en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, se les considere con tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y sobre todo del campo.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que adopte las medidas necesarias a efecto de otorgar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para consumos domestico, comercial, industrial y del campo en Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, que forman la frontera sur, presentada por el diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del PRI.

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de otorgar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo, para los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, que conforman la frontera sur, más los estados de Veracruz y Oaxaca, bajo los antecedentes y consideraciones siguientes.

Antecedentes

Los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, de la frontera sur, más los estados de Veracruz y Oaxaca cuentan con 16 centrales y 56 unidades hidroeléctricas, 6 centrales y 19 unidades de vapor, 7 centrales y 14 unidades de turbogás, 1 central y 3 unidades de combustión interna, 2 centrales y 9 unidades de ciclo combinado, 1 central y 7 unidades eoloelécticas, 1 central y 2 unidades nucleoléctricas; generadoras de energía eléctrica con una capacidad efectiva de 9,361 megawatts.

El 53% de producción de energía eléctrica a nivel nacional, bajo el sistema hidroeléctrico, es producido en estos estados de la frontera sur, precisamente en Chiapas, con un total de producción de 17,342 gigawatts. Esta aportación energética al país le permite a la Comisión Federal de Electricidad contar con la capacidad necesaria, junto con la demás producción aportada por el resto de sus plantas generadoras, para cumplir los requerimientos de los usuarios del territorio nacional y de la planta productiva que mueve la economía, situación que le otorga a la empresa paraestatal certidumbre real de abastecimiento para sus consumidores.

Consideraciones

Las entidades que conforman la frontera sur, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, más los estados de Veracruz y Oaxaca, le han entregado a México miles de hectáreas de sus mejores tierras, sus aguas y hasta su certidumbre y estabilidad agraria, para la construcción de las presas hidroeléctricas (las más importantes del país), plantas de vapor, turbogás, combustión interna, ciclo combinado, por lo que sus habitantes esperan del Gobierno Federal recursos, señales de apoyo y responsabilidad de los diputados para que aprueben medidas que les permitan transitar hacia un desarrollo sustentable, sostenido y progresivo.

Aprobar las tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para la frontera sur, más los estados de Veracruz y Oaxaca, es reconsiderar la aportación que nuestros estados le han entregado a la Federación en cuanto a sus recursos naturales, transformada en energía eléctrica, esto le ha permitido a la Comisión Federal de Electricidad la oportunidad de contar con un alto ingreso producto de la generación de energía eléctrica, derivado de ese potencial natural de los estados del sur.

Esto emana de la obligación del Estado mexicano, como firmante del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2° y 3°) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (artículo 15), de no sólo generar condiciones de desarrollo en la utilización de los recursos naturales que se extraigan de la región, sino también tiene la obligación de generar mecanismos de compensación por la utilización y aprovechamientos de dichos recursos.

Esta aportación energética debe traer beneficios considerables a la población de nuestros estados, teniendo tarifas eléctricas adecuadas a la realidad social, política y económica de la población. Por el contrario, los altos cobros en el consumo de energía han obligado a que miles de familias de esa zona del sur, sobre todo chiapanecas, de por lo menos 70 municipios de los 118 existentes de mi estado, hayan entablado demanda judicial masiva en contra de la Comisión Federal de Electricidad, utilizando la instancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde el organismo público ha ocupado el primer lugar en demandas en su contra en el ámbito estatal de los últimos años, por lo que la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno Federal no han sido congruentes en sus políticas públicas al no dar apoyos reales a la población de nuestros estados, con grandes rezagos y carentes de alternativas pertinentes para alcanzar el nivel de vida adecuado y el desarrollo progresivo, obligaciones del Estado mexicano, en virtud de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Dado que el 92% de los usuarios de energía eléctrica se ubican dentro del sector doméstico, consumiendo el 51% del total de la energía eléctrica, es necesario implementar mecanismos que sustituyan el rango actual tarifario de los diversos sectores y así poder hacerle frente con equidad y justicia a las condiciones que prevalecen en estas entidades.

Por lo anterior, a estas entidades debe otorgárseles las mismas condiciones, mecanismos y compensaciones similares a las que tienen los estados del norte; dando cabida a iniciativas que fortalezcan los programas orientados al rescate de la justicia social y a su economía, evitando con ello el proceso de discriminación que se ha venido padeciendo; como los aplicados por la Comisión Federal de Electricidad en tarifas que en nada contribuyen al fortalecimiento del desarrollo, sino a hundir a nuestros estados en la miseria.

La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, debe considerar estos estados como una región productora, para que con ello se obtengan tarifas equitativas y justas, tomando en consideración su aportación a la Federación en generación de energía eléctrica y su situación económica, social y cultural.

A estas zonas hay que considerarlas como entidades con problemas de seguridad nacional, por el alto índice de marginación, migración, diferencias étnicas, políticas y por la crisis económica que generan descontento social. En consecuencia es necesario que se destinen mayores recursos federales como parte de un rescate integral, antes de que las condiciones sean más difíciles para la Federación.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de alcanzar el beneficio para con nuestros hermanos y sus familias en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, más los estados de Veracruz y Oaxaca, pongo a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Esta honorable Cámara de Diputados se pronuncie a favor de tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo, en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, más los estados de Veracruz y Oaxaca.

Segundo.- Esta honorable Cámara de Diputados hace un exhorto al jefe del Poder Ejecutivo Federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, dicte de inmediato instrucciones a los secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Desarrollo Social a fin de que en el marco de su competencia, contribuyan a implantar medidas necesarias para que en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, más los estados de Veracruz y Oaxaca, se les considere con tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo.

Palacio Legislativo, a 21 de octubre de 2003.--- Diputados: Sofía Castro Ríos (rúbrica), Lino Celaya Luria (rúbrica), Elpidio Concha Arellano, Eliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Jesús Díaz Ortega (rúbrica), Jorge Franco Vargas (rúbrica), Teófilo García Corpus (rúbrica), José Guzmán Santos (rúbrica), Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Luis Ramírez Pineda, Héctor Ramírez Puga Leyva, Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Paulo Tapia Palacios (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Félix Arturo González Canto, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Angel Augusto Buendía Tirado (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), César Amín González Orantes (rúbrica), Belisario Iram Herrera Solís (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Sami David David, Carlos O. Pano Becerra (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Julián Nazar Morales, Florencio Collazo Gómez, Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Ady García López, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), Amalín Yabur Elías, Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Angel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Yolanda Guadalupe Valladares Valle, Sebastián Calderón Centeno, Janette Ovando Reazola, Francisco Antonio Rojas Toledo, Irene Herminia Blanco Becerra, Francisco Xavier López Mena, Lucio Galileo Lastra Marín, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, María Beatriz Zavala Peniche, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Virginia Yleana Baeza Estrella, José Orlando Pérez Moguel, Abraham Bagdadi Estrella, Emilio Zebadúa González, César Antonio Chávez Castillo, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Marbella Casanova Calam, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Manuel Velasco Coello (rúbrica).»

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Economía.

Tiene la palabra el diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar...

El diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra:

Solicito que se integre en la Gaceta Parlamentaria.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Insértese el texto integro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

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ESTADO DE JALISCO
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Para presentar un punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados exhorte al gobernador del estado de Jalisco y al Congreso local llevar a cabo la tramitación y cumplimiento de sus obligaciones encaminadas a cubrir el adeudo como producto del fraude realizado a los ahorradores de Jalisco. Tiene la palabra el diputado Hugo Rodríguez Díaz.

El diputado Hugo Rodríguez Díaz:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El suscrito, diputado Hugo Rodríguez Díaz, miembro de la actual LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de nuestro Congreso y los demás relativos aplicables, acudo ante ésta, la más alta tribuna política de la nación, a presentar esta propuesta de punto de acuerdo, de la cual muchísimos compañeros diputados tienen conocimiento por ser un fenómeno que se ha presentado en diferentes entidades del país.

Consideraciones

Primera. La Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del 2000, se aprobó tras analizar la problemática que a nivel nacional se creó con el fraude cometido a las cajas de ahorro instaladas en el país.

Actualmente, en el estado de Jalisco quedan aproximadamente 30 mil ahorradores defraudados de distintas sociedades de ahorro y préstamo, que no han visto el beneficio de la ley antes mencionada.

Durante los meses que han transcurrido del año en curso, estos ahorradores han solicitado frecuentemente su derecho un sinnúmero de veces y los funcionarios del Gobierno del estado, incluido el titular jalisciense, dice que sólo se han obtenido como respuesta negativas al cumplimiento en mención.

Al existir la total negativa por parte del Gobierno de Jalisco, la mayoría de los ahorradores defraudados se encuentran actualmente afectados de su salud, inclusive en fase terminal y todos desesperados, molestos, sin saber qué hacer para poder recuperar lo que tanto esta honorable Cámara de Diputados como el Senado de la República, aprobaron y el Ejecutivo Federal ordenó su cumplimiento.

Cabe señalar, que muchos de los ahorradores son personas de la tercera edad y que como jefes de familia, con gran interés esperan que se les cumpla con la recuperación de su patrimonio defraudado.

Como lo hemos visto con otros grupos de personas que han acudido a este Palacio Legislativo, sería muy penoso que tengamos aquí grupos de ahorradores de la tercera edad, solicitando, exigiendo el cumplimiento de apoyo de parte de nosotros, a fin de ser atendidos, dado que ya no tienen a quien acudir y mucho menos en quien confiar, puesto que consideran que el trabajo ordenado por el Senado y por esta Cámara, así como lo ordenado por el Poder Ejecutivo Federal ni tiene valor alguno ni es respetado por las entidades federativas, por lo que los ahorradores defraudados ignoran qué hacer para que el decreto promulgado por el Poder Legislativo y cuya publicación y orden de cumplimiento fue realizada por el Ejecutivo Federal se cumpla, tal y como se ordena en esta ley, a fin de que se les cubra su patrimonio defraudado.

Así las cosas, los ahorradores defraudados se sienten engañados y agraviados simple y sencillamente, porque para el caso que hoy propongo a consideración de esta Asamblea el Gobierno de Jalisco, si bien es cierto realizó los trámites ante el fideicomiso autorizado para el pago, con la aprobación desde el 20 de mayo del año en curso por parte del Comité Técnico para liquidar a los primeros 5 mil 200 ahorradores que pertenecen a 7 distintas sociedades de ahorro y préstamo, sin embargo, en forma irresponsable el Gobierno de Jalisco hasta la fecha ni ha firmado el convenio ni mucho menos ha cumplido con la aportación económica que por orden de la Ley Federal en la materia corresponde.

En estas condiciones, los 5 mil 200 ahorradores defraudados antes mencionados tienen ya 3 años 10 meses que perdieron su patrimonio y que se encuentran al borde de ocasionar problemas fuera de control de los poderes de gobierno.

Ejemplo de cumplimiento de la Ley Federal de Protección a los Ahorradores encontramos en los gobiernos estatales de Tlaxcala, Sonora, Zacatecas, los cuales en tiempo y forma han cumplido con el ordenamiento.

Compañeros legisladores: en atención a las consideraciones antes mencionadas en esta tribuna, pongo este

Punto de Acuerdo

Unico. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta el ciudadano gobernador del estado de Jalisco, así como a la honorable Cámara de Diputados del estado, para llevar a cabo la tramitación y cumplimiento de sus obligaciones encaminadas a cubrir los adeudos que como producto del fraude realizado a los ahorradores de Jalisco con la firma del convenio ante el fideicomiso para la liquidación de los ahorradores defraudados de la caja de ahorro, encaminados al pago por parte de los gobiernos Federal y del estado.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al Gobernador y al Congreso de Jalisco a tramitar y cumplir sus obligaciones a fin de cubrir el adeudo producto del fraude realizado contra los ahorradores de esa entidad federativa, con la firma del convenio ante el Fideicomiso para la Liquidación de los Ahorradores de las Cajas de Ahorro, encaminado al pago por los gobiernos Federal y Estatal, presentada por el diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del PRI.

El suscrito, diputado Hugo Rodríguez Díaz, miembro de la actual LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, acudo ante ésta, la más alta tribuna política de la nación, a presentar esta propuesta de punto de acuerdo para lo cual hago de su conocimiento las siguientes

Consideraciones

1. La Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo Para e1 Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2000, se aprobó tras analizar la problemática que a nivel nacional se creó con el fraude cometido a las cajas de ahorro instaladas en el país.

2. Actualmente, en el estado de Jalisco quedan aproximadamente 30 mil ahorradores defraudados de distintas sociedades de ahorro y préstamo que no han visto el beneficio de la ley antes mencionada.

3. Durante los meses que han transcurrido del año en curso, estos ahorradores han solicitado frecuentemente su derecho en un sinnúmero de veces y los funcionarios del gobierno del estado, incluido el titular del Ejecutivo jaliscience, de quien sólo se ha obtenido como respuesta la negativa al cumplimiento de la ley en mención.

4. Al existir la total negativa por parte del gobierno de Jalisco, la mayoría de los ahorradores defraudados se encuentran actualmente afectados de su salud, incluso en fase terminal y todos desesperados, molestos, sin saber qué hacer para poder recuperar lo que tanto esta H. Cámara de Diputados como el Senado de la República aprobaron y el Ejecutivo Federal ordenó cumplir. Cabe señalar que muchos de los ahorradores son personas de la tercera edad y que como jefes de familia, con gran interés esperan que se les cumpla con la recuperación de su patrimonio defraudado.

5. Como hemos visto con otros grupos de personas que han acudido a este Palacio Legislativo, sería muy penoso que tengamos aquí grupos de ahorradores de la tercera edad solicitando, exigiendo el apoyo de nosotros a fin de ser atendidos, dado que ya no tienen a quién acudir y mucho menos en quién confiar, puesto que consideran que el trabajo legislativo de esta Cámara y del Senado, así como lo ordenado por el Ejecutivo Federal ni tiene valor alguno ni es respetado por las entidades federativas, por lo que los ahorradores defraudados ignoran qué hacer para que el decreto promulgado por el Poder Legislativo y cuya publicación y orden de cumplimiento fue realizada por el Ejecutivo Federal se cumpla tal y como se ordena en esa ley a fin de que se les cubra su patrimonio defraudado.

6. Así las cosas, los ahorradores defraudados se sienten engañados y agraviados simple y sencillamente porque, para el caso que hoy pongo a consideración de esta asamblea, el Gobierno de Jalisco, si bien es cierto que realizó los trámites ante el fideicomiso autorizado para el pago con la aprobación desde el 20 de mayo del año en curso por parte del Comité Técnico para liquidar a los primeros 5,200 ahorradores que pertenecen a 7 distintas sociedades de ahorro y préstamo; sin embargo, en forma irresponsable el gobierno de Jalisco, hasta la fecha, ni ha firmado el convenio, ni mucho menos ha cumplido con la aportación económica que por orden de la ley federal de la materia le corresponde.

7. En esas condiciones, los 5,200 ahorradores defraudados antes mencionados tienen ya 3 años con 10 meses que perdieron su patrimonio y que se encuentran al borde de ocasionar problemas fuera de control de los poderes de gobierno, lo que hace urgente su atención basada en la ley y la justicia.

8. Como ejemplo de cumplimiento de la Ley Federal de Protección a los Ahorradores, encontramos a gobiernos estatales como son los de Aguascalientes, Tlaxcala, Sonora y Zacatecas, que han firmado el convenio de pago y fideicomiso y, sobre todo, pagado a los ahorradores defraudados, además de otros más que se encuentran en trámites ya muy adelantados para cumplir con una obligación moral, legal y justa.

En atención a las consideraciones antes mencionadas en esta tribuna, pongo a su consideración, para ser aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano gobernador del estado de Jalisco, así como a la honorable Cámara de Diputados del estado de Jalisco, a llevar a cabo la tramitación y cumplimiento de sus obligaciones encaminadas a cubrir los adeudos producto del fraude realizado a los ahorradores de Jalisco con la firma del convenio ante el fideicomiso para la liquidación de los ahorradores defraudados de las caja de ahorro encaminados al pago por parte de los gobiernos Federal y del estado de Jalisco.

Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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TARIFAS ELECTRICAS
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Con relación al punto de acuerdo presentado por el diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra sobre las tarifas eléctricas, a propuesta del proponente se turna a la Comisión de Energía y no a la de Economía, como se había hecho el turno.

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ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

A continuación tiene la palabra el diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concluya los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo y Motozintla-Niquivil-Pavencul, todos ellos en el estado de Chiapas.

El diputado Belizario Iram Herrera Solís:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El que suscribe, diputado federal Belizario Iram Herrera Solís, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concluya los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo (54 kilómetros) y Motozintla-Niquivil-Pavencul (48 kilómetros), todos ellos en el estado de Chiapas, bajo las siguientes

Consideraciones

La construcción y mantenimiento en la infraestructura carretera constituye un pilar fundamental en el desarrollo de toda actividad económica, sin embargo hemos sido testigos de las limitaciones de los recursos públicos para cubrir oportunamente las necesidades de inversión en este ramo. Es por ello que resulta obligado que las diversas dependencias encargadas de la realización de las obras de infraestructura carretera obtengan y manejen los recursos de manera eficiente y suficiente, cumpliendo así con sus programas.

El estado de Chiapas tiene la necesidad de consolidar su infraestructura carretera, pues no hay que olvidar que la falta de este rubro ha contribuido en muchos de los problemas sociales y económicos que hoy se viven en el Estado, debido al aislamiento de muchas comunidades y poblaciones subrayando que esta región serrana es la más pobre de las más pobres de Chiapas y puede ser el mejor caldo de cultivo para levantamientos sociales.

Por lo anterior, es menester la conclusión de las obras de los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo y Motozintla-Niquivil-Pavencul, que contribuirán a la promoción de inversiones productivas, turísticas principalmente, la comercialización de productos agrícolas y manufacturados, como lo constituyen el café, el frijol y el maíz, y demás productos del campo de las diversas comunidades y regiones del estado.

Por ser ésta una región eminentemente cafetalera, enclavada en la Sierra Madre del Sur, esta vía de comunicación les permitiría un mayor y pronto acceso a las ciudades, donde sus productos podrían ser considerados a mejores precios y así obtener oportunidad de mayor beneficio en el mercado.

Todos los chiapanecos trabajamos para crear nuevas carreteras en Chiapas, ya que esos caminos nos servirán para abrir nuevos horizontes de justicia, de combate a la pobreza y de oportunidades productivas para todos.

Al referirnos a estas carreteras, cabe hacer mención que gran parte del avance que tuvieron en su construcción se ha venido deteriorando con el tiempo; una por no haberse concluido, y otra, porque nunca ha existido mantenimiento de lo ya avanzado, lo que resulta que sus deterioros le son más costosos a la Federación y, por ende, al pueblo a través de sus impuestos.

Esta vía de comunicación, nos permitiría abatir un rezago social que padece esta zona del estado, al comunicar a los ejidos Honduras, Pablo Galeana, Santa Isabel Sija, capitán Luis Vidal, Cruz de Piedra, Angel Díaz, Las Delicias, entre otros, las cuales estarían conectando a la infraestructura carretera nacional, siendo beneficiadas 140 comunidades y 45 mil habitantes de la región.

Quiero subrayar que en esta zona serrana del estado de Chiapas, se cuenta con un nicho ecológico de excelencia, el cual permite que existan cafetales que producen uno de los granos más calificados en el mundo, por estar enclavados en la biosfera Del Triunfo, con una producción de 400 mil quintales por cosecha, los cuales serían transportados con mayor agilidad y oportunidad a los mercados de este grano. Esto lograría el abatimiento de costos y en consecuencia, tendría un mejor costo-beneficio para los productores directos de este aromático.

Quiero aclarar, que estos tramos carreteros ya se encontraban programados dentro de los proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde 1997, pero a la fecha no se ha visto un avance que lleve a la conclusión de las obras.

Es por ello, y por las consideraciones anteriores, que el suscrito, diputado federal de esta LIX Legislatura, somete a la consideración de esta Asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que concluya la construcción de los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo, con 54 kilómetros y Motozintla-Niquivil-Pavencul, 48 kilómetros.

Segundo. En el caso de no existir el presupuesto para la terminación de estas obras, solicitamos se incluya al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004.

Este punto de acuerdo, lo soportan todos mis compañeros diputados del PRI de Chiapas, del Partido Verde Ecologista, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.

Es cuanto, señor Presidente.

Aquí entrego este documento, firmadito, debidamente firmadito.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que concluya los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo (54 kilómetros) y Motozintla-Niquivil-Pavencul (48 kilometros), en Chiapas, presentada por el diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del PRI.

El que suscribe, diputado federal Belizario Iram Herrera Solís, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior, somete a la consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que concluya los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo (54 kilómetros) y Motozintla-Niquivil-Pavencul (48 kilómetros), en Chiapas, conforme a las siguientes

Consideraciones

La construcción y el mantenimiento de la infraestructura carretera constituyen un pilar fundamental en el desarrollo de toda actividad económica. Sin embargo, hemos sido testigos de las limitaciones de recursos públicos para satisfacer oportunamente las necesidades de inversión en el ramo.

Por ello, resulta obligado que las diversas dependencias encargadas de realizar las obras de infraestructura carretera obtengan y manejen los recursos de manera eficiente y suficiente, cumpliendo así sus programas.

Chiapas tiene necesidad de consolidar su infraestructura carretera, pues no hay que olvidar que la falta de este rubro ha contribuido a muchos de los problemas sociales y económicos que hoy se viven en el estado, debido al aislamiento de muchas comunidades y poblaciones. Subrayemos que esa región serrana es la más pobre de las pobres de Chiapas y puede ser el mejor caldo de cultivo de levantamientos sociales.

Por lo anterior es menester concluir las obras de los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo y Motozintla-Niquivil-Pavencul, que contribuirán a la promoción de inversiones productivas y turísticas y, principalmente, la comercialización de productos agrícolas y manufacturados, como el café, el frijol, el maíz y demás productos del campo de las diversas comunidades y regiones del estado.

Por ser ésta una región eminentemente cafetalera, enclavada en la Sierra Madre del Sur, esta vía de comunicación permitiría mayor y pronto acceso a las ciudades, donde sus productos podrían ser considerados a mejores precios y así obtener la oportunidad de mayores beneficios en el mercado.

Todos los chiapanecos trabajamos para crear carreteras en Chiapas, ya que esos caminos nos servirán para abrir horizontes de justicia, de combate de la pobreza y de oportunidades productivas para todos.

Al referirnos a esas carreteras, cabe mencionar que gran parte del avance que tuvieron en su construcción se ha deteriorado con el tiempo, una por no haberse concluido y otra porque nunca ha existido mantenimiento de lo ya avanzado. Su deterioro es más costoso a la Federación y, por ende, al pueblo mediante los impuestos.

Esa vía de comunicación nos permitiría abatir un rezago social que padece esa zona del estado, al comunicar los ejidos Honduras, Pablo Galeana, Santa Isabel Sija, Capitán Luis Vidal, Cruz de Piedra, Angel Díaz y Las Delicias, los cuales estarían conectados a la infraestructura carretera nacional, siendo beneficiadas 140 comunidades y 45,000 habitantes de la región.

Quiero subrayar que en esa zona serrana de Chiapas se cuenta con un nicho ecológico de excelencia, el cual permite que haya cafetales que producen uno de los granos más calificados en el mundo por estar enclavados en la biosfera de El Triunfo, con producción de 400,000 quintales por cosecha, los cuales serían transportados con mayor agilidad y oportunidad a los mercados de este grano.

Con eso se lograría el abatimiento de costos y, en consecuencia, se tendría un mejor costo-beneficio para los productores directos del aromático.

Quiero aclarar que esos tramos carreteros ya se encontraban programados dentro de los proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde 1997, pero a la fecha no se ha visto un avance que lleve a la conclusión de las obras.

Por ello y por las consideraciones anteriores, el suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que concluya la construcción de los tramos Carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo (54 kilómetros) y Motozintla-Niquivil-Pavencul (48 kilómetros).

Segundo. En caso de no existir presupuesto para terminar esas obras, solicitamos que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.---

Diputados: Jorge Baldemar Utrilla Robles, María Elena Orantes López, Juan Antonio Gordillo Reyes, Julián Nazar Morales, Florencio Collazo Gómez, Roberto A. Aguilar Hernández, Francisco Grajales Palacios, Mario Carlos Culebro Velasco, César Amín González Orantes, Carlos Osvaldo Pano Becerra, Sonia Rincón Chanona, Sami David David, Belizario Iram Herrera Solís, Rubén Mendoza Ayala, Janette Ovando Reazola, Manuel Velasco Coello, Luis Antonio González Roldán, Raúl Piña Horta, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Alejandro González Yánez, Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Emilio Zebadúa González, Rogelio Franco Castán, Marcelo Herrera Herbert, Marbella Casanova Calam (rúbricas).»

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.

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ARTICULOS 30, 32 Y 37 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

La Comisión de Puntos Constitucionales entregó a esta Presidencia, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo segundo transitorio del diverso que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial el 20 de marzo de 1997.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que forme parte del orden del día de esta sesión el dictamen que se menciona como de primera lectura.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea, si se autoriza que forme parte del orden del día de esta sesión el dictamen que se menciona de primera lectura.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Se autoriza.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Puntos Constitucionales.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las Iniciativas y Minuta siguientes:

I. Iniciativa remitida por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, por la que se deroga el artículo segundo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que modificó los artículos 30, 32 y 37, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997;

II. La Minuta Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo Segundo Transitorio a los Artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997, que remite la H. Cámara de Senadores y;

III. Iniciativa del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, por la que se reforma el artículo segundo transitorio del diverso que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 60, 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMENI. Proceso Legislativo.

A) En sesión celebrada el 18 de febrero del presente año, el pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante acuerdo económico 874/03 aprobó remitir al Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley que deroga el artículo segundo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que modificó los artículos 30, 32 y 37, publicado en el Diario Oficial de la Federacón de fecha 20 de marzo de 1997.

En sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión celebrada el 5 de marzo del año en curso, se dio cuenta del oficio DPL 1692-LVI de fecha 18 de febrero del año 2003 por el que el Honorable Congreso del Estado de Jalisco remitió a esa Alta Tribuna la iniciativa mencionada, habiéndo determinado, la Comisión Permanente, que la referida Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

En la Comisión de Puntos Constitucionales, se recibió el oficio D.G.P.L. 58-II-4-1489 de fecha 5 de marzo del presente año por el que comunicaron la determinación del Pleno de la Comisión Permanente y anexaron la iniciativa que se describe, de la que se dio cuenta a la Comisión de Puntos Constitucionales en su sesión de fecha 20 de octubre de este año, en la que existió el quórum requerido para sesionar, determinándose fuera sometida a consideración de esta Soberanía mediante el dictamen que se presenta.

B) En sesión celebrada en fecha 25 de marzo de 2003 por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Población y Desarrollo, presentaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Segundo Transitorio de los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997. En la precitada sesión, el Pleno de la H. Cámara de Senadores discutió y aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Segundo Transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.

Con fecha 25 de marzo de 2003, la H. Cámara de Senadores envió a la H. Cámara de Diputados la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Segundo Transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.

En sesión celebrada el 27 de marzo de 2003, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, turnó esta Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebrada el 24 de abril de 2003, se dio trámite de recibo correspondiente a la minuta materia de este apartado y existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen, por lo que se ordenó ponerlo a consideración de esta Soberanía para su discusión y resolución constitucional, determinación que, en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura, realizada el 20 de octubre el año en curso y existiendo el quórum requerido para sesionar válidamente se indicó que, en calidad de dictamen, se elevara a consideración de este Pleno.

C) El Honorable Congreso del Estado de Michoacán, en su sesión celebrada el 12 de marzo del año en curso, aprobó el acuerdo por el que se determinó presentar ante la Honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma el artículo segundo transitorio del decreto número 82 aprobado el 5 de marzo de 1997 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997, mediante el cual se reformó, entre otros, el apartado A), el apartado B) se recorre y pasa a ser el C), se agrega un nuevo apartado B), se reforma la fracción I y se agrega un último párrafo al nuevo apartado C) del artículo 37 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho acuerdo fue comunicado a esta Honorable Cámara de Diputados durante su LVIII Legislatura mediante oficio 515-A de fecha 12 de marzo del mismo año, del que se dio cuenta al Pleno en su sesión del día 1° de abril del año en curso, determinándose que se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Recibido el turno en la Comisión de Puntos Constitucionales en su sesión celebrada el 20 de octubre de 2003, existiendo quórum, se sometió a consideración de los integrantes de la misma este proyecto de dictamen, y habiéndose autorizado se ordenó se elevara a la consideración de esta Soberanía.

II. Materia de la Minuta.

Las Iniciativas descritas y la Minuta motivo del presente dictamen proponen la derogación o reformas al ``Decreto por el que se reforma el Artículo Segundo transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.

El texto vigente del Artículo Segundo Transitorio mencionado dispone: ``Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A Constitucional, reformado por virtud del presente decreto, previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los cinco años siguientes a la citada fecha de entrada en vigor del presente''.

En esencia, las iniciativas referidas y la Minuta proponen la correspondiente reforma con objeto de que el beneficio que contempla la disposición citada sea permanente y no quedara limitado a los cinco años que se determinaron al momento de la emisión del decreto, cuya reforma se pretende.

Se argumenta que hace algunos años el Ejecutivo Federal inició Programas de Naturalización y de trámite de la nacionalidad de los mexicanos que viven en el extranjero, predominantemente en los Estados Unidos de América, haciendo una campaña a fin de que los probables interesados pudieran conocer a detalle los requisitos a través de los cuales se pueden recuperar sus derechos como mexicanos, preservando la otra nacionalidad a la que también tienen derecho; no obstante y a pesar de los esfuerzos, la campaña no logró la respuesta esperada, ya que el número de connacionales que efectuaron el trámite apenas excede los 50 000 y los beneficios de la doble nacionalidad no han podido llegar a millones de posibles receptores. Por tanto, al existir una situación desigual entre los que han tramitado y los que no han tramitado la recuperación de su nacionalidad, se propone:

III. Valoración de las Iniciativas y la Minuta.

La Comisión de Puntos Constitucionales tomó en consideración las razones expuestas tanto en las Iniciativas como en la Minuta.

Tradicionalmente el derecho constitucional mexicano había venido considerando la pérdida de nacionalidad mexicana por varias razones. La situación cambió radicalmente por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997, misma que entró en vigor el 20 de marzo de 1998.

Se asentó en el Artículo 37:

A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

Esta disposición, tan categórica, se funda en la decisión constitucional de no privar de su nacionalidad a emigrantes mexicanos que se ven forzados a adquirir la nacionalidad en el país donde trabajan.

El problema se da principalmente en los Estados Unidos de América. Ya la anterior Ley de Nacionalidad de 1993 había considerado el problema al establecer una importante excepción a la pérdida de la nacionalidad por los adquirentes voluntarios de una nacionalidad extranjera: ``No se considerará adquisición voluntaria la naturalización que hubiere operado por virtud de la ley, simple residencia o ser condición indispensable, para adquirir trabajo o conservar el adquirido (Art. 22 fracc. I).

Respecto a la ley vigente, dice la iniciativa en comento, presentada por el Ejecutivo a la Cámara de Senadores el 20 de noviembre de 1996:

``La reforma constitucional propuesta tiene por objeto la no pérdida de la nacionalidad mexicana independientemente de que adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía. Con esta medida, se pretende que quienes opten por alguna nacionalidad distinta a la mexicana, puedan ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias respecto a los nacionales del lugar''.

``Resulta importante acotar que la migración mexicana tiene una serie de características peculiares por las cuales, el sitio de destino, suele ser temporal comparado con los patrones de conducta de otras naciones. Es recurrente que después de cumplir un ciclo productivo en otro país, los mexicanos busquen ingresar a México, reintegrándose a sus comunidades de origen. Sin embargo, durante ese período en el exterior, suelen enfrentar condiciones adversas y en ocasiones discriminatorias por no adoptar la nacionalidad del país receptor. De aprobarse esta reforma constitucional, se subsanarían las preocupaciones de esos mexicanos que, por temor a perder su nacionalidad, no dan el paso para integrarse con plenos derechos a las sociedades donde viven, sea permanente o transitoriamente''.

``Independientemente de las decisiones que tomen, los beneficiarios de esta reforma mantienen inalterables sus vínculos con México. Ello coincide con la preocupación del Estado Mexicano por fortalecer la protección preventiva de su integridad y de sus intereses, al tiempo que se abrirá para aquellos nacionales que hayan emigrado en una mejor perspectiva de desarrollo en su sitio de residencia, en un plano de igualdad frente a los nacionales del país de destino. Esta preocupación hace eco de una sentida demanda de las comunidades mexicanas que radican en el exterior''.

Hasta aquí las consideraciones que se hicieron en las Iniciativas y la Minuta, que explican suficientemente la razón de las reformas hechas a la Constitución y la validez permanente de las mismas. Por tanto, limitar el tiempo para reclamar el beneficio de readquirir la nacionalidad mexicana no tiene sentido.

Esta Comisión considera que por el gran número y dispersión de los emigrantes mexicanos, que alcanza varios millones en los Estados Unidos de América, es de suyo difícil y problemático alcanzar la difusión de las reformas que les conceden el beneficio de la nacionalidad.

Por ello, es de destacarse la preocupación y constante esfuerzo por parte de varios diputados, de los señores senadores y de los diputados integrantes de los Congresos de los Estados, quienes con el permanente interés de velar por nuestros connacionales que, por causas diversas, tienen su residencia en el extranjero, han sido motor y parte fundamental de la reforma constitucional en comento.

No han sido pocas las ocasiones en que los representantes populares han hecho sentir su presencia en diversas acciones, medidas e iniciativas que han tenido y tienen un solo denominador común: La protección y salvaguarda de los derechos de los mexicanos radicados en el extranjero. Por ello, este Cuerpo Legislativo, suma sus esfuerzos a los del Senado de la República y de los Congresos de los Estados a efecto de que con una sola voz los Legisladores respondamos a las legítimas demandas de nuestros connacionales.

Por otra parte el tema migratorio, especialmente con el gobierno de los Estados Unidos de América continua siendo uno de los renglones prioritarios de la agenda nacional y, por tanto, de nuestra agenda legislativa, debe insistirse en su avance; los países receptores de migrantes mexicanos deben tomar conciencia de la importancia que para sus economías representan y por ende, deben otorgárseles las facilidades necesarias para su permanencia y reingreso a su país de origen.

El tema de la migración debe seguir siendo prioritario para los países participantes en el fenómeno migratorio.

La posibilidad de que en cualquier momento, los connacionales que lo deseen y satisfagan los requisitos que la propia Ley señala, puedan recuperar su nacionalidad mexicana, es una cuestión digna de tomarse en cuenta porque despierta indudablemente inquietudes en quienes han adquirido la nacionalidad norteamericana, independientemente de que tengan o no, de manera suficiente, la información necesaria sobre las reformas constitucionales.

Este clima, favorable a incrementar las inquietudes de nuestros connacionales, se ve aumentado con las restricciones de política migratoria que por recientes acontecimientos está tomando el gobierno norteamericano.

No tiene sentido limitar un derecho para que se ejercite en un determinado plazo cuando la intención constitucional, según quedó claro, era favorecer a nuestros conciudadanos en el exterior sin que la misma Constitución, en su texto básico, impusiera limitación alguna. Dicho lo anterior y por coincidir la esencia de las Iniciativas y la Minuta descritas, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO A LOS ARTÍCULOS 30, 32 Y 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE MARZO DE 1997.

ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 30, 32 Y 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE MARZO DE 1997, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

TRANSITORIOS

PRIMERO........

SEGUNDO. Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A), Constitucional previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cualquier tiempo.

TERCERO........

CUARTO........

QUINTO.......

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinte días del mes de octubre del año 2003.--- Diputados: Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Presidente; Rubén Alexander Rábago (rúbrica), Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez, Alvaro Elías Loredo (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), secretarios; Gonzalo Alemán Migliolo, Sergio Alvarez Mata (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Francisco Barrio Terrazas, Angel Augusto Buendía Tirado (rúbrica), Enrique Burgos García (rúbrica), Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Horacio Duarte Olivares, Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Germán Martínez Cázares (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, Emilio Zebadúa González (rúbrica).»

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

En virtud de que el dictamen ha sido distribuido entre los diputados, queda de primera lectura.

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TARIFAS ELECTRICAS
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Excitativa a las comisiones unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Pedro Avila Nevarez, del grupo parlamentario del PRI.

Con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de esta Cámara de Diputados se sirva excitar a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, de Energía, y para su opinión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por las siguientes razones:

El 10 de abril pasado fue aprobado por el Senado de la República el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y reforma la fracción I del artículo 3 de la ley de la Comisión Reguladora de Energía, cuya minuta enviada a esta Cámara de Diputados fue turnada para su dictamen a las comisiones ya señaladas.

La importancia de estas reformas radica -refiere la Colegisladora- en que para nadie es desconocido que los criterios utilizados de una manera excesivamente discrecional por parte de las dependencias del Ejecutivo Federal, las tarifas de electricidad se vean incrementadas, sin exponer ni fundamentar las razones por las que se dan dichos aumentos.

Este proyecto se concentra en desarrollar una propuesta para establecer un nuevo sistema tarifario que simplifique y reduzca la compleja fórmula seguida hasta ahora; con los parámetros que contempla la reforma propuesta a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se antepone el uso del criterio índice de calor para sustituir la medición de temperatura media en verano; toma en cuenta la evolución de los costos económicos de generación, transmisión y distribución; la evolución de la economía familiar de los trabajadores; la ampliación de la temporada de verano de seis a ocho meses para aquellas regiones consideradas como de clima cálido, extremo y húmedo, entre otros.

Es decir se trata de que las tarifas eléctricas se fijen con criterios más adecuados a la realidad de cada región que compone el país. No hacerlo condena a muchos estados de la República a pagar tarifas muy elevadas, lo que en un entorno de estancamiento económico multiplica el gasto de los hogares.

Debemos recordar que la minuta recoge los planteamientos, iniciativas y acuerdos que tanto senadores de la República, diputados federales y Legislaturas de los estados presentaron desde el mes de octubre de 2001 durante la pasada LVIII Legislatura, encontrándose reflejados en todos los planteamientos los justos anhelos que motivan expresiones que intentan alcanzar un trato justo en materia de tarifas eléctricas.

El alza a los precios del servicio de energía eléctrica es francamente desmedida y, ante la deficiente situación económica de la mayoría de los sectores de la población, se provoca un mayor empobrecimiento de las familias, creando un ambiente de gran descontento popular y, por consecuencia, un conflicto con el Estado.

Por lo antes expuesto, como diputado federal por el distrito V del estado de Durango, le solicito respetuosamente, señor Presidente:

Unico: Tenga por presentada esta excitativa y se sirva exhortar a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, y para su opinión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dictaminen la minuta de la colegisladora a fin de dar respuesta a los millones de mexicanos que fincan sus esperanzas en los trabajos que este Congreso lleva a cabo.

México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Diputados: Pedro Avila Nevárez, Consuelo Rodríguez de Alba, Elizabeth Sotelo Ochoa, Jaime Fernández Saracho, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Rosario Sáenz López, Jorge Castillo Cabrera (rúbricas).»

Cumplida su encomienda, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señora Secretaria.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones unidas de Gobernación y Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que emitan el dictamen correspondiente.

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DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

El siguiente punto del orden del día en efemérides, es comentario sobre el Día Mundial de la Alimentación.

Han solicitado el uso de la tribuna los siguientes diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia; Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Francisco Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:

Con su venia, señor Presidente:

Pobreza significa escasez de todo lo que hace la calidad de vida digna. Pobreza es desnutrición.

México tiene más de 50 millones de compatriotas sobreviviendo entre pobreza-miseria, llamada pobreza extrema; porque existen trabajadores cuyas familias viven con sólo 20 pesos diarios, cuando a veces, porque sólo pudieron trabajar una o dos horas como asalariados.

¿Qué significaria para esos millones de familias de trabajadores de la ciudad, del campo, festejar un Día Mundial de la Alimentación? Nada absolutamente. Para ellos este día resulta un sarcasmo ante la situación de bajo consumo de alimentos proteínicos, que significan posibilidades de vida digna y de posibles buenos rendimientos escolares a todos los niveles, a menos que tengamos la real convicción de resolver esta situación.

El 16 de octubre debería representar para México hacer un alto en el camino de los errores cometidos históricamente en el manejo de la alimentación popular. El origen de la distribución alimentaria de México es la Reguladora Nacional de Alimentos, la madre adoptiva de la Conasupo.

La reguladora nació con la mayor de las expectativas para la nación. Las colonias populares de la capital de la República esperaban con ansias los camiones, porque traían el bienestar del pan grande, blanco, bien hecho, leche y otros comestibles perecederos, cuyos precios eran simbólicos, como azúcar, arroz, frijol y maíz.

En las escuelas públicas se distribuía una tasa de atole de avena, un pan, un huevo cocido y un dulce.

El gobierno sabía que sólo un pueblo bien alimentado progresa y se desarrolla. Actualmente la canasta básica en México es un eufemismo. La dieta de los pobres es de sobrevivencia.

Para que no eludamos ni la concepción ideológica ni la rea-lidad social que tenemos en nuestro país en este momento hay hambruna en México. De ahí la importancia de la definición del marco conceptual en todas las organizaciones políticas de México.

Mientras haya esos niveles de marginación es necesario arribar a un modelo de prioridad social, ya que no basta con lo económico.

Cuando los especialistas nos hablan de éxitos en la macroeconomía se intenta engañar la realidad de abajo, por llamarla de alguna manera, a la microeconomía, pero en efecto, muy microeconomía, ésta que no sabe de índices ni estadísticas ni porcentajes, sólo de que llegado el caso una madre o un padre desempleado no tienen nada que llevar a su mesa.

Debemos insistir que los intentos de desarticulación de Diconsa han sido un error atentatorio del progreso y desarrollo social contra el pueblo de México, que de su desaparición es como si se hubiera dado la sentencia para cometer un delito de lesa sociedad.

Este es un programa de corresponsabilidad social, ya que cuenta con la participación de la propia ciudadanía que se beneficia del mismo.

Por otro lado, nos vemos afectados por una crisis profunda en el campo. El problema del campo proviene de un modelo que sólo privilegia la rentabilidad económica de los programas. Hoy Convergencia ha presentado una propuesta para buscar soluciones al problema del campo.

Diputadas y diputados: el Día Mundial de la Alimentación en nuestro país qué quiere decir. Sin una reestructuración y correlación de equilibrio entre los productores y consumidores, pasando por el estímulo al consumo interno masivo, éste que implica tener trabajo seguro y bien remunerado, la famosa creación de empleos ausentes durante el trienio, no podremos en el corto plazo abatir la hambruna y lo que significa el bajo consumo de calorías nutricionales y así, por pésima o nula alimentación nutritiva, seguiremos en el subdesarrollo tecnológico, económico, cultural, político y desde luego alimentario.

Por el momento en México no tenemos nada que festejar. Debe rectificarse en cuanto a las instituciones públicas para el desarrollo social. Recuperar toda la solidaridad hacia la organización planificada, bancos de alimentos, cesar desperdicios, ordenar el abasto rural y disminuir el intermediarismo.

La alimentación nutritiva pasa por la elevación del nivel de vida digna de los trabajadores, pero eso esencialmente pasa por un empleo seguro y remunerado. Sin éstos no hay consumo y sin consumo no hay producción.

En cuanto a la alimentación de las clases populares en México, hay estancamiento económico. Qué mal, qué mal por aquellos países en los que no hemos caído en cuenta que el Día Mundial de la Alimentación es para reflexionar pero sobre todo actuar en consecuencia.

Hagamos nuestra tarea. Gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Se le concede el uso de la voz al diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Fernando Espino Arévalo:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

La Organización de las Naciones Unidas instituyó, a partir de 1981, que el 16 de octubre de cada año había de celebrarse el Día Mundial de la Alimentación, cuyo objeto es crear mayor conciencia de la difícil situación en que viven las personas que padecen hambre y están mal nutridas.

El hambre es la manifestación más crítica de la pobreza, es causa de enfermedad y muerte; les arrebata a las personas su potencial de trabajo y atrofia la capacidad de aprender de los niños.

También socaba la paz y la prosperidad de los países y atrapa a las personas en un círculo vicioso de mala nutrición, falta de salud y capacidad disminuida para aprender y trabajar, problema que se transmite de una generación a otra.

Quiero compartir con ustedes que en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, dirigentes de todo el mundo se comprometieron a reducir a la mitad el número de personas que pasan hambre, a más tardar para el año 2015. Pero desafortunadamente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, estima que hay en nuestro planeta 840 millones de seres humanos que sufren de hambre crónica, de los cuales 799 millones viven en países en desarrollo.

Durante los últimos ocho años, ese número ha disminuido sólo 2.5 millones al año. A este ritmo la meta se alcanzará con 100 años de retraso.

Es preciso comentar que el mayor porcentaje de desnutridos vive en zonas rurales, lo que es una paradoja, ya que los campesinos son los que producen los alimentos y sin embargo carecen de ellos.

Con fundamento en ello es que no es sólo importante la voluntad política de los gobiernos para acabar con este problema, sino que toda la población debe sensibilizarse y ayudar a terminar con él; es una cuestión moral eliminar el hambre del mundo.

Una consecuencia de los problemas de desnutrición en el mundo es que anualmente casi 11 millones de niños menores de cinco años mueren directa o indirectamente a causa del hambre y de la mala nutrición, motivo por lo que es urgente atender los problemas nutricionales de los niños, ya que los efectos que provocan son irreversibles, sobre todo si se presentan en los dos primeros años de vida del menor.

En México la situación no es diferente respecto al entorno mundial, ya que 50% de los más de 100 millones de habitantes padece de desnutrición y el país aún está lejos de alcanzar las metas de la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996.

Aclaramos que desde entonces el problema ha descendido tan sólo el 5%, pero sí en cambio el 18% de los mexicanos menores de cinco años, están desnutridos y 27% sufre anemia.

Por lo antes expuesto podemos afirmar que se ha registrado una polarización de los problemas nutricionales en el país, que consiste en la persistencia de altas tasas de desnutrición en el sur del territorio, en estados como: Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, por citar sólo algunos, y en las zonas rurales. Y el aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad, en el norte y en las zonas urbanas.

Lo anterior es un problema de suyo grave pero considero que éste no se debe a la disponibilidad, sino más bien de acceso físico y económico a los alimentos.

Finalmente, si bien la agricultura comercial implica una mayor productividad y mayores ingresos, el uso de agroquímicos representa un problema latente para el ambiente y la salud, tanto en seres humanos como en animales, por lo que considero fundamental que el gobierno como los agricultores mexicanos adquieran una conciencia ambiental y modifiquen sus hábitos, por una agricultura orgánica.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez:

Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:

El Día Mundial de la Alimentación (DMA), fue establecido por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en la XX sesión de la Conferencia de la Organización celebrada en 1979. La fecha elegida: 16 de octubre, es el aniversario de la FAO.

Es así como desde 1979 el DMA se viene celebrando todos los años en más de 150 países. El DMA se aprovecha para recordar la búsqueda constante por parte de la FAO de una solución a largo plazo para el problema del hambre y de la pobreza en el mundo.

Algunos objetivos del DMA son: promover la transferencia de tecnologías al Tercer Mundo y fortalecer la solidaridad internacional y nacional en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza.

En la actualidad en los países ricos y poderosos más del 60% de la producción de cereales sirve para alimentar al ganado, mientras que en los países pobres la escasa producción de cereal es insuficiente para satisfacer la demanda alimentaria de la población.

En México 60 millones de habitantes sufren de desnutrición, por lo que es nuestro deber impulsar, fortalecer y promover políticas públicas para que todos los mexicanos tengan una buena alimentación, pues sólo con mexicanos bien alimentados podremos aspirar al desarrollo integral.

Sin embargo, vemos con tristeza y desencanto que los programas implementados por el gobierno actual para abatir el rezago alimentario son francamente insuficientes, más parecen a veces una broma de mal gusto. Por ejemplo el ``Pa'que te alcance'', que sólo destina 300 millones de pesos para 300 mil personas al año, lo que equivale a 2.7 pesos por persona al día, lo que no alcanza ni para medio kilo de tortillas. Da risa, pero en fin éste es el reflejo del compromiso social del gobierno del cambio.

Señoras y señores: los legisladores del Partido de la Revolución Democrática siempre hemos estado comprometidos en la lucha por llevar alimentos a la mesa de todos los mexicanos. Solos, sin apoyo y aun con la oposición de otras fracciones parlamentarias hemos dado la lucha desde la LV Legislatura, promoviendo que el derecho a la alimentación sea reconocido como garantía constitucional.

Es por eso que hoy, con sorpresa y agrado, recibimos la iniciativa de ley planteada por el grupo parlamentario del PRI. La apoyamos, pero consideramos que es insuficiente plantearlo como ley secundaria.

Como otros derechos reconocidos ya mundialmente, el derecho a la alimentación debe ir al artículo 4º del texto constitucional. ¡Ahí lo queremos ver, porque ahí debe de estar!

Es cuanto.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Roberto Colín Gamboa:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:

Entre los derechos humanos el derecho que tienen las mujeres y los hombres a una alimentación suficiente es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes. Por esta razón es que Acción Nacional acude a esta tribuna hoy, cuando se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, para manifestar que garantizar ésta debe ser en todo momento una de las prioridades del Estado, uno de los objetivos primordiales, puesto que ella constituye una condición esencial para el desarrollo integral de las personas.

Trabajar unidos por la construcción de una alianza internacional contra el hambre constituye este año el mensaje principal de la celebración del día mundial de la alimentación, fecha en que también se conmemora el aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 1945.

Los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de que el Día Mundial de la Alimentación representa una oportunidad para reflexionar sobre el tema, una oportunidad para proponer acciones y soluciones que atiendan de manera urgente a las miles de personas que en todo el mundo mueren a diario o carecen de la posibilidad de desarrollarse de manera integral a consecuencia del hambre y la desnutrición.

El objetivo de este día es propiciar una mayor conciencia sobre la difícil situación en que viven las personas que padecen hambre, que están desnutridas, así como promover en todo mundo la participación de la población en la lucha contra el hambre.

El hambre y la nutrición deficiente constituyen un fenómeno de gran alcance en el mundo. Hoy día casi 800 millones de personas sufren de malnutrición crónica y no pueden obtener alimentos suficientes para satisfacer siquiera sus necesidades mínimas.

Aproximadamente 200 millones de niños menores de 5 años padecen síntomas de malnutrición aguda o crónica. La cifra aumenta en los periodos de escasez estacional de alimentos y en épocas de guerra y desórdenes sociales.

La malnutrición es un factor importante que, aunado a otros, determina cada año la muerte de aproximadamente 13 millones de niños menores de 5 años por enfermedades e infecciones evitables.

En México existen más de 26 millones de personas sin oportunidades para trabajar, sin alimentación sana y suficiente, malnutridas, sin buena salud, sin acceso a la educación y a la vivienda.

De manera alarmante se reconoce que en nuestro país mueren de hambre y desnutrición 350 personas cada 24 horas y de ellas, la mayoría son niños menores de 5 años.

Estos datos hacen urgente e importante tener presente la definición de seguridad alimentaria que, entendida como la situación en la que un individuo, una familia, una comunidad, una región o un país, satisfacen adecuadamente sus necesidades nutricionales, implica también la erradicación del hambre y la desnutrición crónica.

A partir de esta definición es urgente crear las condiciones necesarias para propiciar la seguridad alimentaria en nuestro país y solidarizarnos con otras naciones para garantizarla en el mundo entero.

Acción Nacional lucha por un país donde no haya hambre ni desnutrición, un país en el que todas las personas puedan estar seguras de que disponen de los alimentos necesarios para estar sanas y bien nutridas.

Por ello, Acción Nacional ha impulsado a través de una ley, la donación altruista de alimentos; además, la asignación de mayores recursos para paliar el hambre al tiempo en que promueve la revisión amplia, detallada y específica de las reglas de operación de los programas sociales de Liconsa, de abasto social de tortilla, del Programa Oportunidades y de abasto rural, así como la depuración y ampliación de sus beneficios, a efecto de que los más necesitados sean los verdaderos destinatarios de los beneficios alimenticios que éstos otorgan, lejos de los intereses políticos y partidistas.

Es necesario garantizar la seguridad alimentaria. Se necesitan mayores esfuerzos para conseguirlo, para lograr erradicar el hambre y la desnutrición junto con las terribles consecuencias que ellas acarrean a las generaciones actuales y futuras.

Por ende, Acción Nacional exhorta a los distintos sectores sociales a unirnos para propiciar la seguridad alimentaria que permitirá el desarrollo integral de todos los mexicanos.

Compañeras y compañeros: la contribución de cada uno de nosotros como diputados, a través del impulso a las leyes que controlan, regulan y norman las actividades y programas de abasto social y alimentación, es absolutamente necesaria para garantizar el derecho fundamental de todos los mexicanos a vivir en un país donde no haya hambre.

Asumamos la responsabilidad y oportunidad de contribuir a lograr una patria ordenada y generosa, pero sobre todo, más justa para todos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino:

Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados:

Más de 1 mil 200 millones de personas en el mundo están atrapadas en la franja de la pobreza y de éstas, 840 millones tienen importantes niveles de desnutrición, derivado del insuficiente consumo de alimentos en cantidad y calidad. Las tierras agrícolas están perdiendo su capacidad productiva, la población crece aceleradamente, la degradación ambiental va en aumento.

La pobreza, entendida como la falta de recursos suficientes para adquirir los satisfactores de las necesidades básicas del ser humano, es el resultado de varios factores, de los cuales, la educación, la disponibilidad de recursos naturales y las políticas sociales tienen un papel relevante.

La pobreza se manifiesta con la incapacidad para obtener los alimentos que diariamente requiere el cuerpo humano.

No hay nada que lastime más la autoestima de las personas que carecer de la comida diaria y desconocer la posibilidad de obtenerla en los siguientes días. No puede quien tiene hambre pensar en enviar a sus hijos a la escuela a aprender las lecturas y enseñanzas básicas o pensar en desarrollar proyectos productivos de mayor alcance.

La FAO ha instituido el 16 de octubre, fecha de su fundación en 1945, como el Día Mundial de la Alimentación para recordar el derecho que a ésta tienen todas las personas. En alusión a esa fecha comparto con ustedes algunas consideraciones.

Mucho se ha dicho y escrito sobre cómo combatir la pobreza, muchas banderas se han levantado y muchas promesas se han hecho a su nombre. En México hay 54 millones de pobres. Estoy firmemente convencido que no puede iniciarse un combate serio contra la pobreza si antes no se garantiza dar de comer a los pobres donde ellos produzcan sus alimentos o al menos una parte.

Conocedor de la pobreza desde las entrañas sé lo que se siente no disponer de los alimentos indispensables, pero al mismo tiempo he visto cómo la ignorancia de lo disponible no nos permite aprovechar valiosos recursos. Por eso la educación debe tener un papel más orientado hacia capacitar para la vida y el trabajo, sobre todo cuando en México sólo contamos con 7.8 años de escolaridad y cuando sólo 20 de cada 100 mexicanos que se inscriben a primaria alcanzan el nivel universitario.

Por otro lado el agua es un factor determinante para la vida humana y para la producción de alimentos. No es posible ver ríos en las calles y barrancas arrasando poblados, erosionando el suelo, mientras al siguiente día niños y mujeres pobres tienen que destinar hasta cinco horas para abastecer de agua a la familia o comprar los víveres que se podrían producir con apoyos, capacitación y asesoría.

Es importante tener tranquilidad social mediante programas asistenciales que entregan despensas o cantidades en efectivo. No vengo a discutir su existencia o su pertinencia; en el Día Mundial de la Alimentación vengo a nombre del Partido Revolucionario Institucional a exponer que es urgente complementar esas políticas con aquellas que en un esfuerzo adicional permitan promover el desarrollo duradero de las familias, donde éstas produzcan en pequeños espacios la comida que requieren, porque la hortaliza que una familia de 6 miembros necesita anualmente se puede producir en tan sólo 30 metros cuadrados con invernaderos y riego por goteo, y el maíz y frijol para el mismo periodo sólo requieren de 900 metros cuadrados con riego por goteo y todo esto no cuesta más que cuatro meses de Progresa-Oportunidades.

Necesitamos de manera urgente incrementar la cobertura del Progresa-Oportunidades de 3 a 4 millones de familias, pero también hacer un gran esfuerzo para apoyar el equipamiento, la capacitación y la asesoría para producir lo suficiente para el autoconsumo, para luego conducir a las familias, especialmente a las más pobres, hacia el desarrollo gradual de micro, medianos y macroproyectos.

No necesitamos caridad; necesitamos apoyos sustantivos para el desarrollo. Sólo entonces tendrá algún significado recordar el Día Mundial de la Alimentación.

Muchas gracias. Buenas tardes.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputado.

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DIA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, han solicitado el uso de la tribuna los siguientes diputados:

Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia; María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; María Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y Florentino Domínguez Ordóñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente; diputadas y diputados:

No vengo a hablar aquí, a pesar de ser el Día Conmemorativo de la Erradicación de la Pobreza, porque ésta ha sido una promesa reiterada desde siempre, sin que los hechos, salvo honrosas excepciones, comprueben sólo sea una decisión que no sea una decisión seria, efectiva y posible.

Vengo a hablar del derecho humano fundamental a no ser pobre, ser partícipe real del destino universal de los bienes, como bien lo señaló el Santo de Aquino en su lúcida e insuperable acepción del mensaje cristiano.

De las cinco categorías de derechos humanos, civiles, políticos, culturales, económicos y sociales, que constan desde luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ``la pobreza dice el subdirector general de la UNESCO, Pierre Sané, viola los últimos, los sociales siempre; los penúltimos, los económicos por regla general; los terceros los culturales, con frecuencia y los primeros y segundos civiles y políticos, a veces.''

En esta dimensión, es en esta dimensión que tenemos que reconocer que vivimos en un estado de subversión crónica del orden jurídico, la pobreza es la violencia estructural permanente de los gobiernos que pese a que éstos puedan o quieran legitimarse en su existencia mediante un proceso electoral formal, fallan, yerran, desertan; en el ejercicio del Gobierno se admite ese estado crónico de injusticia.

Fue en este sentido que nuestra Revolución Independentista de hace 200 años y nuestra Revolución Social y Política de apenas 100 años, emergieron para la reivindicación nada menos que del orden social que garantice a todos los mexicanos sin excepción, a no ser pobres.

Pese a la aportación excepcional pionera en su tiempo de la consagración constitucional de las demandas sociales de la no pobreza, los años del nuevo siglo nos sorprenden no sólo con las condiciones infrahumanas acrecentadas en la mitad de los mexicanos sino, además, con una actitud renuente a aceptar que los postulados revolucionarios de 1910 son cosas, dicen, del pasado y de episodios superados.

No podemos soslayar que el obsesivo interés en exportar la fuerza de la mano de obra e inteligencia de los mexicanos, es otra vez una consabida salida para no reconocer que como nación y como gobierno no hemos asumido con la responsabilidad y compromiso las obligaciones contenidas en el texto de nuestra Carta Constitucional que aun antes de la Carta Universal de los Derechos Humanos, ya prescribía el derecho a compartir las condiciones justas del desarrollo nacional absolutamente para todos los mexicanos sin excepción.

El derecho a no ser pobre no puede ser una expectativa inalcanzable, es el derecho humano por excelencia que no puede ser sistemáticamente violado por una supuesta imposibilidad para respetarse; subvertir el orden de justicia de la justicia social, es condenarnos a vivir en la violencia estructural que aniquila a los pueblos y niega la eminente dignidad de la persona humana.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Se le concede el uso de la voz a la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María Avila Serna:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En 1993 el 17 de octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, esta conmemoración se realiza con el propósito de crear conciencia sobre las necesidades para combatir este problema y la indigencia en todos los países, en particular en los países en vías de desarrollo.

En la Cumbre del Milenio los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a reducir a la mitad el porcentaje de las personas que viven en la indigencia, cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día. Actualmente el índice de la reducción de la pobreza no ha logrado alcanzar un tercio de las metas establecidas.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México trabaja para conseguir el equilibrio entre el desa-rrollo económico, tecnológico e industrial y la conservación del medio ambiente para que los mexicanos vivamos en un ambiente próspero y sano.

Cada vez es más evidente que la pobreza, el deterioro del medio ambiente y la sobrepoblación son fenómenos estrechamente relacionados. El daño que ha sufrido y sufre el medio ambiente nos afecta a todos y puede llegar a empobrecernos si no se le pone un remedio. Las tendencias insostenibles del consumo y la producción, especialmente en los países industrializados, agravan la pobreza y los dese-quilibrios ecológicos.

Una de las formas en que podemos definir a la pobreza es aquella que hace referencia a la falta de elementos básicos para la vida íntegra del ser humano; una falta de opciones en sí misma es la ausencia del abanico de posibilidades como son el acceso a la salud, la educación, la cultura, el desa-rrollo humano, la vida social etcétera.

En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, debemos reconocer que lo que acabamos de definir ampliamente representa una amenaza a la seguridad humana por doquier; debemos recordar que la pobreza niega los derechos humanos y no podemos olvidar que una cuarta parte de la humanidad vive en estado de pobreza absoluta, es decir, más de 1 mil millones de personas no pueden adquirir el alimento necesario para llevar una vida activa.

Alrededor de 35 mil niños mueren cada día por esa causa. Cerca de 130 millones de niños no reciben educación básica y de esta cantidad, el 70% son niñas. En promedio, 1 mil 300 millones de personas no tienen acceso al agua potable, ya que el 80% de las enfermedades del mundo se originan por beber agua no potable.

La distribución de la riqueza en el mundo es terriblemente injusta, un 15% de la población posee el 79% de la riqueza mundial y el 85% de la población restante apenas goza del 21%.

La población de los países industrializados representa aproximadamente un 20% de la población mundial pero consume 10 veces más energía comercial que la de los países en desarrollo; además produce un 70% de las emisiones mundiales de monóxido de carbono y el 68% de los residuos industriales del mundo. Un 70% de las personas que viven en pobreza extrema son mujeres.

En lo que nos corresponde como mexicanos, debemos sumar esfuerzos, autoridades y sociedad para combatir y abatir este problema social.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señora diputada.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Tanto en nuestro país como en el resto del mundo, diversidad de voces reconocen a la pobreza como el problema estructural, no resuelto por las sociedades.

Actualmente, según el Banco Mundial, los ingresos de 1 mil 300 millones de personas son de un dólar diario. El próximo año, la cifra ascenderá a 1 mil 500 millones y en 25 años el número de personas con un ingreso diario de un dólar y medio ascenderá a 2 mil 500 millones.

Mientras la pobreza crece planetariamente, sin que los gobiernos sean capaces de ofrecer algunas alternativas eficaces a sus carencias, su derecho a un futuro mejor, la riqueza extrema crece sin control en el mundo entero.

Los ecos de la concentración del ingreso a nivel mundial resuenan en nuestro país según las estimadas cifras oficiales de la Sedesol, uno de cada dos mexicanos está en situación de pobreza y uno de cada cinco sufren de la privación de los alimentos mínimos indispensables para subsistir. La concentración de la riqueza es una política de estado. El 10% más rico de la población se queda con el 35.2% del ingreso nacional y el 10% más pobre con sólo el 1.7%.

¿Qué más se puede esperar de un gobierno que privilegia el rescate bancario y carretero y el pago de la deuda externa, el dispendio y la ineficacia? ¿Qué más puede ofrecer un régimen para el cual la única deuda impagable es la deuda social?

En vez de generar empleos productivos, bien remunerados y estables, el modelo económico vigente crea empleo informal y desamparo, caída salarial y migración forzada.

La función compensatoria del gasto social y de los programas de combate a la pobreza es nulificada por los hechos anteriores. No conforme con esto, el Gobierno Federal se empeña en operar una política social adversa a garantizar educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social, como derechos universales y gratuitos.

El Gobierno ha reducido su política social a programas excluyentes e insuficientes, el Ejecutivo en lugar de asumir sus deficiencias, de escuchar criticas se ha encerrado en el dogmatismo y la insensibilidad.

El Partido de la Revolución Democrática ha sostenido que el combate a la pobreza necesita de un cambio radical, empezando por el modelo económico que ha convertido al aparato productivo, al campo, al mercado interno, en cuerpos enfermizos y endebles.

Señoras y señores legisladores, el mundo necesita que globalicemos la justicia y la equidad, que las acciones de los gobiernos trascienda la retórica y lamento. No podemos aceptar como el destino manifiesto la pobreza de miles de millones de seres humanos. La política económica ha dado sobradas pruebas de su incapacidad para atenuar las desi-gualdades, si queremos honrar los esfuerzos convocados en el Día Internacional para Erradicar la Pobreza, tenemos que atender con urgencia las prioridades de las mayorías, crear condiciones internas de crecimiento, generar empleos productivos y bien remunerados, aumentar los salarios, mejorar la distribución del ingreso, privilegiar al mercado interno. Estas pautas no tienen nada qué ver con la estrategia imperante, pero sí constituyen compromisos concretos que esta soberanía debe asumir.

Nuestro grupo parlamentario formula un llamado a todos los legisladores para que en la próxima discusión sobre el paquete económico para el 2004, asumamos compromisos concretos para defender el gasto social como un instrumento de justicia y equidad, con un manejo transparente y alejado de condicionamientos políticos, por encima de compromisos impuestos y legítimamente a la nación.

Asimismo, convocamos a los integrantes de esta Cámara a dictaminar lo más pronto posible la Ley General de Desa-rrollo Social, para que nuestro país cuente con un instrumento jurídico que ordene una coherencia a las actuaciones sociales del Estado, que proteja el gasto, que posibilite la evaluación imparcial de los programas sociales y establezca por primera vez en la historia, criterios para medir la intensidad y evolución de la pobreza.

Compañeros legisladores, al aprobar esta ley, contribuimos con seriedad a generar instrumentos jurídicos para erradicar a la pobreza.

Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Guadalupe Suárez Ponce:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza nos invita a hacer una profunda reflexión sobre este fenómeno, para impulsar las acciones necesarias y hacerle frente al mismo.

Evidentemente, este día nos convoca a recordar que los sectores de la población más desprotegida esperan que los legisladores cumplamos con nuestra responsabilidad, a efecto de generar las acciones legislativas que contribuyan a la construcción de un México más justo y equitativo. El trabajo tiene que ser de todos.

La forma en que los propios pobres describen lo que significa vivir en la pobreza es un elocuente testimonio de su sufrimiento. En la reciente encuesta realizada por la Sedesol ``Lo que dicen los pobres'', destaca que el 35% de los pobres afirman que la pobreza es no tener para comer, un 34 nos dice, que consiste en la falta de recursos para salir adelante, poco más del 12% la identifica con no tener casa y el 8% con no tener empleo.

En otras palabras, la gran mayoría de los pobres relaciona la pobreza con la carencia de satisfactores inmediatos como la comida, el ingreso o la vivienda.

Como se verifica, la pobreza es una realidad compleja y lacerante, por ello reconocemos el esfuerzo del Gobierno Federal al impulsar una política social integral que atiende diversos aspectos del desarrollo humano. Se avanza, reconocemos que falta pero se avanza hacia una política incluyente y corresponsable entre los tres órdenes de gobierno y con la participación activa de la sociedad, como es el Banco de Alimentos, AC y algunas otras instituciones que también en este día estuvieron teniendo acciones diferentes. Con ello tendremos que alcanzar los niveles suficientes de bienestar con equidad en los espacios rurales y urbanos. Aunque hay todavía muchas cosas por hacer, se ha comenzado ya a sentar las bases de una nueva política social.

Para el Partido Acción Nacional es una prioridad impulsar la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social, con la que se busca establecer los principios y lineamientos generales para configurar e institucionalizar una política social de estado que trascienda las políticas sexenales. Le tomamos la palabra a la compañera que me precedió, estamos de acuerdo.

Asimismo, este Poder Legislativo deberá revisar la distribución de los fondos de aportación federales para garantizar que dichos recursos lleguen a quienes más lo necesitan, pero también premiar la eficiencia y transparencia en la aplicación de los mismos, de tal manera que los estados que mejoren los niveles de bienestar de sus comunidades no vean disminuidos los recursos que les corresponden. Pareciera que algunos gobernadores no quieren que se les terminen los pobres porque les da pendiente que les bajen sus recursos que se les envían del Gobierno Federal.

Tenemos que verter nuestros mejores esfuerzos, a efecto de encontrar desde este Congreso entendimientos y coincidencias que permitan establecer las bases para disminuir no solamente la pobreza, sino las causas de la pobreza. Tenemos que encontrar espacios de grandes acuerdos que permitan darle a las clases más necesitadas de nuestro país las garantías para ejercer efectivamente el único patrimonio de todo ser humano: el ejercicio pleno de sus derechos esenciales.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Florentino Domínguez Ordóñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Florentino Domínguez Ordóñez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores; amigas y amigos de los medios de comunicación:

El día de hoy este diputado tlaxcalteca hace uso de la palabra en la más alta tribuna de la nación para que se escuche la voz de los que menos tienen, la voz de las necesidades de los pueblos, la voz de los más desprotegidos, de los más pobres de Tlaxcala y del país y es que las circunstancias son más que propicias para este fin, pues el pasado 17 de octubre se cumplieron 11 años de la declaración del Día Mundial del Combate a la Pobreza, hecho por demás significativo, pero totalmente insuficiente si no se lleva al centro del interés nacional y se traduce en acciones que se reflejan a favor de los 51 millones de pobres que existen en nuestro país. Y es que en la pobreza, la pobreza persiste a pesar de que las condiciones humanas han mejorado más en el último siglo que en todo el resto de la historia de la humanidad.

La producción de la riqueza mundial, los contactos e intercambios internacionales, la globalización y la capacidad tecnológica son ahora mayores que nunca, pero habrá que subrayarlo: la distribución de estas mejoras ha sido extraordinariamente desigual.

Permítanme sustentar aquí esta afirmación con algunos datos del Banco Mundial. Nuestro mundo se caracteriza por una gran pobreza en medio de la riqueza, de un total de 6 mil millones de habitantes, 2 mil 800, casi la mitad, viven con menos de 22 pesos diarios y 1 mil 200 millones, una quinta parte, con menos de 11 pesos al día; es decir, que 4 mil millones de habitantes equivalentes al 66% del total mundial, viven con un alto grado de pobreza.

Sin embargo, la pobreza, ustedes y yo lo sabemos, no es obra del destino, y por ello, su existencia es sencillamente intolerable e inaceptable y su erradicación debe ser inaplazable en responsabilidad del Estado y eje rector de todas sus políticas públicas.

La solución a la pobreza no se encuentra tan sólo en la aplicación de medidas compensatorias de los niveles de desi-gualdad, sino buscando vías que proporcionen el desarrollo en aquellas regiones y sectores más desfavorecidos.

Habrá que enfatizar, que la mejor política social que puede aplicar un gobierno, no es aquella que está basada en dádivas que sustentan políticas populistas y fomentan mentalidades conformistas, no. La política eficaz, es aquella capaz de proveer a todo ciudadano de un empleo digno y bien remunerado, ¿y por qué no decirlo?, también de una educación de calidad.

Ha quedado más que claro, que el mercado, como muchos proponen, no logra ni resuelve el problema de la pobreza y mucho menos la redistribución equitativa del ingreso, por lo que debemos empeñarnos en insistir que se requiere de la acción rectora del Estado, para corregir las terribles desi-gualdades que aquejan a nuestras sociedades.

Por eso, la fracción parlamentaria del PRI, desde aquí refrenda ante el pueblo de México, su convicción que orientará a nuestro quehacer legislativo, y en el análisis y configuración del Presupuesto de Egresos de la Federación, como instrumento de política económica, deberá de redimensionarse y reencauzarse para combatir la pobreza, que se ha convertido en una seria limitación para la estabilidad política y social de nuestro sistema.

Así pues, en medio de los grandes debates nacionales no debemos perder el sentido de lo prioritario, pues escúchese bien, por encima de los intereses de partido, de ideología o de grupo, están siempre los intereses de México y ese interés no puede ser otro mejor que el combate diario y frontal a la pobreza.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la Cámara de Senadores. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.

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MEDALLA DE HONOR BELISARIO DOMINGUEZ
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LIX Legislatura.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Hago de su conocimiento que el próximo jueves 23 de octubre, a las 11:00 horas, se llevará a cabo en esta Cámara la sesión solemne en la que se impondrá la ``Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República'' para el año 2003.

Me permito comunicar a usted lo anterior, a efecto de que tenga a bien aceptar la invitación que por este medio le formulamos y, asimismo, se dé cuenta a esa asamblea, a fin de que designe una comisión de ciudadanos diputados.

Atentamente.

México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

Cumplida su encomienda, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los diputados Elba Esther Gordillo Morales y Francisco Agustín Arroyo Vieyra.

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En tanto se continúa y concluye el desarrollo de esta sesión, proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por 10 minutos, para verificar la asistencia.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para verificar la asistencia.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ha llegado a la Presidencia una proposición con punto de acuerdo, dos comunicaciones, una de ellas con punto de acuerdo sobre la constitución de una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios a mujeres en Ciudad Juárez y en la República Mexicana. Y otra, de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos sobre la convocatoria a la Convención Nacional Hacendaria.

En virtud de que estas comunicaciones no se encontraban agendadas en el orden del día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si autoriza que formen parte del orden del día de esta sesión, los documentos remitidos por la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si autoriza que formen parte del orden del día de esta sesión los documento remitidos.

Por lo tanto se solicita a las diputadas y a los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se autoriza.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la primera de las comunicaciones de referencia.

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CONVENCION NACIONAL HACENDARIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la suscripción de la convocatoria para la Primera Convención Nacional Hacendaria por el presidente de la Mesa Directiva y los coordinadores de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, presentada por la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos.

Considerando que:

1. El diálogo federalista entre los Poderes Ejecutivos Federal y local y los ayuntamientos ha dado como resultado un proyecto de convocatoria para realizar una Convención Nacional Hacendaria, cuyo propósito central es la revisión integral de las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno, así como la distribución de las responsabilidades de gasto y de las potestades tributarias.

Resulta importante la voluntad de diálogo mostrada por el Poder Ejecutivo en sus ámbitos central y local para juntos encontrar soluciones a los asuntos relacionados con los ingresos y el gasto públicos, así como proponer el reparto de facultades y responsabilidades en materia hacendaria entre los tres ámbitos de gobierno.

2. Ante este diálogo entre los Ejecutivos, es conveniente enfatizar que el principio de división de poderes constituye uno de los fundamentos y características de todo régimen democrático y federal. En México, el artículo 39 de la Constitución General de la República consagra el principio de soberanía del pueblo y el 41 señala que ésta se ejerce a través de los Poderes de la Unión, cada uno con facultades y responsabilidades precisamente definidas.

Así, corresponde al Poder Legislativo, en sus ámbitos federal y local, la facultad de dictar leyes con la participación de los legisladores electos por la voluntad popular. En particular en el ámbito federal, la responsabilidad en los temas hacendarios es exclusiva de la Cámara de Diputados por lo que toca a la aprobación del Presupuesto de Egresos y como Cámara de origen por lo que toca a iniciativas sobre contribuciones o impuestos.

La Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos de la H. Cámara de Diputados propone el siguiente

Punto de Acuerdo

La Cámara de Diputados ve con simpatía el diálogo nacional en materia del federalismo hacendario, orientado a la búsqueda de soluciones al estancamiento de las finanzas públicas, que nos muestran como uno de los países con menor carga tributaria del mundo y, consecuentemente, con niveles de gasto, como proporción del Producto Interno Bruto, más rezagados en relación con las urgentes necesidades sociales y a la creación y mantenimiento de la infraestructura del país. Debemos dar suficiencia presupuestal al gasto público de los tres órdenes de gobierno, así como calidad y eficiencia a nuestras leyes tributarias, por lo que es bienvenido el intercambio de ideas, propuestas y búsqueda de consensos entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, a través de las organizaciones sociales, laborales, empresariales, académicas y gremiales.

Esta Cámara manifiesta su apoyo a la Primera Convención Nacional Hacendaria que encabezarán los representantes del Ejecutivo, en sus ámbitos federal y estatal, y los ayuntamientos. Seguramente, sus conclusiones y acuerdos se traducirán en propuestas que el Poder Legislativo analizará y revisará con esmero para decidir, con base en la soberanía que la Constitución y la voluntad popular le han dado, cuáles de esas propuestas deberán aprobarse y convertirse en leyes de la República.

Por ello se propone que el Presidente de la Mesa Directiva, así como los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias de esta Cámara de Diputados, suscriba la convocatoria a la Primera Convención Nacional Hacendaria.

De esa manera se reconoce la iniciativa de los gobernadores y el Presidente de la República y ofrecemos la colaboración entre poderes, con pleno respeto de las atribuciones que a cada uno asigna nuestra Carta Magna.

Por la importancia y oportunidad de esta cuestión, se solicita que se considere este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2003.--- Diputados: Juan de Dios Castro Lozano (rúbrica), Presidente de la Masa Directiva de la H. Cámara de Diputados; Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.), coordinadora del grupo parlamentario del PRI; Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PAN; Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PRD; Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del PVEM; Alejandro González Yánez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PT; Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.»

Cumplida la instrucción, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo, en votación económica.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la propuesta presentada anteriormente, por lo que se pregunta a las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobada.

Proceda la Secretaría a leer el segundo comunicado.

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FEMINICIDIOS
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Proposición con punto de acuerdo, para que se constituya una comisión especial cuyo objeto sea conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, presentada por la junta de Coordinación Política.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

Los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios representados en esta H. Cámara de Diputados y a su vez integrantes de la Junta de Coordinación Política, presentamos proposición con punto de acuerdo a fin de que, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya una comisión especial cuyo objeto sea ``conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana''.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, le solicitamos a esta Presidencia se turne el presente punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política, a fin de establecer el número de los integrantes que la conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se le hayan encomendado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2003.--- Diputados: Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.), Presidenta y coordinadora del grupo parlamentario del PRI; Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PAN; Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PRD; Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del PVEM; Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PT; Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se turna a la Junta de Coordinación Política para el efecto de que proponga a la Asamblea para su aprobación los integrantes de la comisión de referencia.

Continúe la Secretaría.

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ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 23 de octubre de 2003.

Lectura del Acta de la Sesión Anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Durango y Tlaxcala.

La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica, que con motivo del CLXXXVI aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, tendrá lugar el 27 de octubre a las 10:00 horas en la Columna a la Independencia, en Paseo de la Reforma y Río Tiber, delegación Cuauhtémoc.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo segundo transitorio, del diverso que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

Cumplida su encomienda, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Ciérrese el sistema; diputados que lo harán de viva voz: Roberto Aguilar Hernández y Martha Laguette

Señor Presidente, hay una asistencia de 454 diputadas y diputados.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 15:10 horas):Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre, a las 10:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 3 horas 55 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 331 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 460.

Asistencia al final de la sesión: 0

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2.

Acuerdos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, aprobados: 1.

Proposiciones con punto de acuerdo, aprobados: 1.

Proposiciones con punto de acuerdo: 15.

Excitativas a comisiones: 1.

Efemérides: 2.

Oradores en tribuna: 27

PRI-10; PAN-3; PRD-6; PVEM-5; PC-3.

Se recibió:

3 comunicaciones de los congresos de los estados de: Guerrero, Jalisco y Tlaxcala;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite copia de contestación en relación con punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso necesario para que cinco ciudadanos puedan prestar servicios y comunica que tres ciudadanos han dejado de prestarlos, en diversas representaciones diplomáticas;

1 oficio de la Cámara de Senadores por el que invita a la sesión solemne en la que se impondrá la Medalla de Honor Belisario Domínguez;

1 iniciativa del Congreso del estado de Baja California;

2 iniciativas del Congreso del estado de Jalisco;

1 iniciativa del PRI.

Dictamen de primera lectura:

1 de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, que reforma el artículo segundo transitorio del decreto que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 20 de marzo de 1997.

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DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alonso Raya, Agustín Miguel (PRD) Suárez Ponce, María Guadalupe (PAN). . . . . . . . . . . :

Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe (PVEM) Reunión autoridades hacendarias: 53

Avila Serna, María (PVEM) Isla Lobos: 79

Avila Serna, María (PVEM) Migrantes centroamericanos: 68

Colín Gamboa, Roberto (PAN) Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza: 107

Díaz Rodríguez, Homero (PRI) Día Mundial de la Alimentación: 104

Díaz Salazar, María Cristina (PRI) Cuenca de Burgos: 61

Domínguez Ordóñez, Florentino (PRI) Fondo Nacional de Desastres Naturales: 82 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Día Mundial de la Alimentación: 102

Figueroa Romero, Irma Sinforina (PRD) Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza: 108

García Laguna, Eliana (PRD) Armando Villarreal Marta: 76

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) Día Mundial de la Alimentación: 103

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza: 106

Herrera Solís, Belizario Iram (PRI) Estado de Chiapas: 93

Jiménez Merino, Francisco Alberto (PRI) Día Mundial de la Alimentación: 105

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Vicente Fox Quesada: 56

Marrufo Torres, Roberto Antonio (PRI) Cuenca Lerma-Chapala: 45

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC) Campo mexicano: 58

Morales Torres, Marcos (PRD) Instituto Mexicano del Seguro Social: 83

Osorio Salcido, José Javier (PAN) Código Penal Federal: 48

Pano Becerra, Carlos Osvaldo (PRI) Tarifas eléctricas: 86

Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Día Mundial de la Alimentación: 101

Ramírez Pineda, Luis Antonio (PRI) Artículo 4º constitucional: 38

Rocha Medina, María Sara (PRI) Zonas de Desastre: 72

Rodríguez Díaz, Hugo (PRI) Estado de Jalisco: 90

Rodríguez Fuentes, Agustín (PRD) Educación Superior: 64