DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 23 de octubre de 2003	Sesión No. 17

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se informa a la Presidencia que existen registrados 319 diputados.

Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 10:26 horas):

Se abre la sesión.

Las personas que no sean legisladores, rogamos que tengan la bondad de ocupar sus lugares.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

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ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 23 de octubre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Durango y Tlaxcala.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica, que con motivo del CLXXXVI aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, tendrá lugar el 27 de octubre, a las 10:00 horas, en la Columna a la Independencia, en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Iniciativas de diputados

Que reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 6, y los artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras, suscrita por los diputados Antonio Mejía Haro y Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que deroga la fracción X-bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Con el que envía el informe de evaluación correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2003, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gastos, así como el cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados establecidos en las reglas de operación de los fondos y programas, a cargo de la Secretaría de Economía para dar cumplimiento a lo dispuesto por el inciso a) de la fracción IV, del artículo 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003. (Turno a comisión.)

Minutas

Proyecto de decreto, que concede permiso al contralmirante CG DEM Eduardo Roberto Zúñiga Martín del Campo, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Naval a los Servicios Distinguidos, que le confiere el Gobierno de la República Argentina. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano mexicano Allan Nahúm Kaim, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto, que concede permiso al teniente coronel de artillería DEM Adolfo Héctor Tonatiuh Velazco Bernal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Eduardo Sojo Garza Aldape, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto, que concede permiso al almirante Marco Antonio Peyrot González, Secretario de Marina, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano mexicano Isaac José Woldenberg Karakowsky, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Perú. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano mexicano Francisco Alfonso Durazo Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto, que concede permiso al vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas, para aceptar y usar la condecoración ``Cruz de la Marina de la Defensa Nacional'', que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano mexicano Tomás Roberto González Sada, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos mexicanos: María de Lourdes López Salinas, Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo, María Cristina López Villafranco, Ignacio Martínez Morales, Everardo Massé Bautista, Luis Antonio Melgoza Martínez, Ana Margarita Ortega Ramírez, María de Jesús Reyes Alvarez y Héctor Abel Soriano Velasco, para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México. (Turno a comisión.)

Dictamen a discusión

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo segundo transitorio del diverso que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para solicitar la constitución de una comisión especial de fruticultura, a cargo del diputado Adrián Villagómez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar a que las legislaturas de los estados cumplan la obligación constitucional de legislar en materia de transparencia y acceso a la información, a cargo del diputado Angel Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones ligadas con las elecciones para la renovación de las dirigencias locales en el sindicato petrolero, a cargo del diputado Francisco Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a distintas autoridades federales para que se integre una comisión especial binacional, con la finalidad de que el Gobierno mexicano, junto con el de Estados Unidos de América, coordinen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los crímenes de mujeres muertas en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para revisar y modificar los criterios de asignación de los recursos del Ramo 33, con el propósito de incrementar estos recursos a los municipios de alta y muy alta marginación, a cargo del diputado Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de los Ejecutivo Federal y estatales, con fin de que establezcan políticas que incentiven la contratación de colaboradores, considerando también a personas mayores de 45 años de edad, a cargo de la diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se incrementen los recursos dirigidos a la ampliación y mantenimiento integral de las escuelas públicas del sistema educativo nacional, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004 se revise el presupuesto asignado a sus órganos de enlace legislativo, a fin de evitar duplicidad de funciones y encontrar posibles fuentes de ahorro de recursos, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, en relación con las entregas de agua a Estados Unidos de América, en el marco del Tratado para la Distribución de las Aguas Internacionales de los ríos: Colorado, Tijuana y Bravo, a cargo del diputado Jesús Humberto Martínez de la Cruz, suscrita por diputados de los estados de Coahuila y Tamaulipas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión para el desarrollo forestal de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que investiguen y resuelvan la problemática de contaminación en la bahía de Guaymas, Sonora, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para que el titular del Poder Ejecutivo Federal incorpore la perspectiva de género en la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Ezcárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para que se apliquen los programas necesarios, con la finalidad de que los reos realicen trabajos en favor de la comunidad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para solicitar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue la detención de indígenas del estado de Hidalgo, en el parque Rubén Darío de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y pugne porque se respeten sus garantías individuales, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para que se modifique el turno que dio la Presidencia de la Mesa Directiva, el 14 de abril de 2003, a la minuta que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma y adiciona la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo del diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Solicitud de excitativas

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios respecto a las comparecencias de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el pleno y comisiones de la Cámara de Diputados, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

Comentarios para que la Cámara de Diputados adopte como criterio para fortalecer el IFE que al menos el 40% de los consejeros electorales acrediten conocimientos en la materia e inclusión de género, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

Efemérides

Sobre la promulgación de la Constitución de Apatzingán, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.

Para conmemorar el Día del Médico, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.

Para conmemorar el Día Mundial de Información Sobre el Desarrollo, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.

Sobre el Día de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputada y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiuno de octubre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos treinta y un diputadas y diputados, a las once horas con quince minutos del martes veintiuno de octubre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Guerrero, con acuerdo relativo a la Secretaría de Educación de esa entidad federativa. De enterado.

Jalisco, con acuerdo por el que solicita se inicien los trabajos de revisión y actualización del marco jurídico aplicable a las condiciones de registro y supervisión de fármacos biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico. Se turna a la Comisión de Salud.

Tlaxcala, con acuerdo en relación con la Norma Oficial Mexicana relativa al empleo de transgénicos. Se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Proposición de la Junta de Coordinación Política de acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la autorización de viajes internacionales de los diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura. Se aprueba en votación económica.

Iniciativas con proyectos de decreto de los congresos de los estados de:

Baja California, que adiciona el artículo treinta y ocho bis a la Ley de Puertos. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, con opinión de la Comisión de Marina.

Jalisco, que reforma los artículos tercero y treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jalisco, que reforma la fracción cuarta del artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que:

Remite copia de la contestación del Coordinador de Proyectos Interinstitucionales de la Dirección de Vinculación Social de la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Nuevo León, en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Remítase copia a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

Solicita el permiso necesario para que cinco ciudadanos puedan prestar servicios y comunica que tres ciudadanos han dejado de prestarlos, en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México. Por lo que se refiere a las solicitudes, se turna a la Comisión de Gobernación, y en lo relativo a quienes han dejado de prestar servicios, se turna a las comisiones de Gobernación de las cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Roberto Antonio Marrufo Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua, a que cumplan con el trasvase pactado en la reunión de noviembre de dos mil dos del Consejo Técnico de la Cuenca Lerma-Chapala. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

José Javier Osorio Salcido, del Partido Acción Nacional, para que se agilicen las acciones encaminadas a otorgar la libertad preparatoria de las personas beneficiadas por la reforma al artículo ochenta y cinco del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

A las doce horas con veintiséis minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos sesenta y siete diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.

Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los recursos federales excedentes y su distribución para gasto de inversión en infraestructura en las entidades federativas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar al Presidente de la República a que aclare el financiamiento de su campaña electoral de dos mil y explique el manejo de recursos de la Asociación Civil denominada ``Amigos de Fox''. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Jesús Emilio Martínez Alvarez, de Convergencia, para que se integre un grupo de trabajo que analice la problemática del campo mexicano. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Homero Díaz Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una Comisión Especial de la región Cuenca de Burgos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Agustín Rodríguez Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la negociación salarial en la Universidad Nacional Autónoma de México y con el presupuesto de las instituciones públicas de educación superior para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así considera el asunto en votación económica y sin que motive debate se aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con los derechos de los migrantes centroamericanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

María Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una Comisión Especial de Zonas de Desastre. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el juicio que se sigue al ciudadano Armando Villarreal Marta, preso en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, para que se decrete parque nacional a la Isla Lobos, ubicada en Tuxpan, Veracruz. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales y del Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Marcos Morales Torres, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la construcción de una unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña

Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

Carlos Osvaldo Pano Becerra, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de otorgar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo, en los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Se turna a la Comisión de Energía.

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los adeudos a los ahorradores defraudados por las cajas de ahorro en el estado de Jalisco. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Belizario Iram Herrera Solís, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concluya los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo y Motozintla-Niquivil-Pavencul, en el estado de Chiapas. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.

La Presidencia informa de la recepción de un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma el artículo segundo transitorio del decreto que reforma los artículos treinta, treinta y dos y treinta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete y la Asamblea aprueba en votación económica su incorporación en el orden del día. Es de primera lectura.

La Secretaría da lectura a la solicitud de excitativa del diputado Pedro Avila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública, en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción décima del artículo treinta y uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y reforma la fracción primera del artículo tercero de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. La Presidencia formula la excitativa que corresponde.

En el capítulo de efemérides, se refieren al Día Mundial de la Alimentación los diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia; Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México; Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Roberto Colín Gamboa, del Partido Acción Nacional; y Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional.

Se refieren al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México; Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

María Guadalupe Suárez Ponce, del Partido Acción Nacional; y Florentino Domínguez Ordóñez, del Partido Revolucionario Institucional.

Oficio de la Cámara de Senadores por el que invita a la sesión solemne en la que se impondrá la Medalla de Honor Belisario Domínguez. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

La Presidencia informa de la recepción de dos comunicaciones y la Asamblea autoriza, en votación económica, su inclusión en el orden del día. En consecuencia, la Secretaría da lectura a la comunicación de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con acuerdo por el que se propone que el Presidente de la Mesa Directiva y los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados suscriban la convocatoria a la primera Convención Nacional Hacendaria, que se aprueba en votación económica; y a la comunicación de los coordinadores de los grupos parlamentarios con acuerdo para crear una Comisión Especial encargada de conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, que se turna a la Junta de Coordinación Política para el efecto de que proponga a la Asamblea la designación de sus integrantes.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de cuatrocientos cincuenta y cuatro diputadas y diputados. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con diez minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veintitrés de octubre de dos mil tres, a las diez horas.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE DURANGO
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado de Durango.--- H. LXII Legislatura.

CC. Diputados Secretarios Cámara de Diputados Palacio Legislativo

En sesión ordinaria verificada el día de hoy, la honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango aprobó un punto de acuerdo en relación con una evaluación crítica de la operación del Programa de Subsidio a la Tortilla en nuestra entidad; sin dejar de reconocer el avance en el número de familias incorporadas, es menester decir que, del total de 330 mil hogares duranguenses, sólo el 17% de ellos son beneficiados por Oportunidades, lo cual es un porcentaje bajo si aplicamos el criterio de que más del 50% de la población en nuestra entidad vive en situación de pobreza extrema.

Punto de Acuerdo

``Unico.- Que esta honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del estado de Durango solicite respetuosamente a la Cámara de Diputados y a los diputados federales duranguenses, en lo particular, pugnen por la conservación del Programa de Subsidio a la Tortilla asignándole recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, y a la Secretaría de Desarrollo Social, que amplíe la cobertura de beneficios del Programa Oportunidades para el estado de Durango.''

Sin otro particular, nos es grato reiterar a usted las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2003 Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria''.--- Victoria de Durango, Dgo., a 7 de octubre de 2003.--- Dip. Isaías Berumen Aguilar (rúbrica), Secretario; Dip. Miguel Astorga Arreola (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE TLAXCALA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

CC. Diputados Secretarios del Honorable Congreso de la Unión.--- Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, y en términos de la resolución aprobada por el Pleno de esta Quincuagésima Séptima Legislatura en su décima novena sesión ordinaria pública, celebrada el nueve de octubre del año en curso, adjunto al presente copia certificada del dictamen y el punto de acuerdo correspondiente por el que esta soberanía les solicita que Tlaxcala sea incluida en el programa de apoyos financieros en zonas marginadas para proteger el empleo y procurar la capacitación de los emplea-dos. Lo anterior para los efectos procedentes.

Sin otro particular, les envío un cordial y respetuoso saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de Xicoténcatl, a 10 de octubre de 2003.--- Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica), Secretario Parlamentario del H. Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

Puntos de Acuerdo

Primero. Solicitar como Poder Legislativo estatal, al titular del Poder Ejecutivo federal, que el estado de Tlaxcala sea considerado dentro del Programa Marcha Hacia el Sur.

Segundo. Que esta soberanía solicite al H. Congreso de la Unión que Tlaxcala sea incluida en este programa de apoyos financieros en zonas marginadas para proteger el empleo y procurar la capacitación de los empleados.

Tercero. Solicitar al titular del Poder Ejecutivo estatal que implemente lo necesario para complementar los recursos federales, previa firma de los convenios respectivos con el Gobierno Federal y con otras instituciones públicas, sociales y privadas, para la ejecución del Programa Marcha Hacia el Sur.

Cuarto. Instrúyase al ciudadano secretario parlamentario de este Congreso del estado para que dé cumplimiento al presente punto de acuerdo.

Quinto. Publíquese el presente punto de acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil tres.--- Dip. Silvestre Velázquez Guevara (rúbrica), Presidente; Dip. Floria María Hernández Hernández (rúbrica), Secretaria; Dip. María del Rayo Netzahualcóyotl Ilhuicatzi (rúbrica), Secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tlaxcala.--- Comisión de Desarrollo Económico.

Honorable Asamblea:

Los que suscriben, Ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico de la LVII Legislatura, presentan a este Honorable Congreso del Estado, el Punto de Acuerdo en el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal, que el Estado de Tlaxcala sea considerado dentro del programa implementado por el Gobierno de la República, para otorgar apoyos financieros a las empresas pequeñas, medianas y grandes que se encuentran en zonas marginadas, para proteger el empleo y procurar la capacitación de los empleados, denominado MARCHA HACIA EL SUR.

Por lo cual, con fundamento en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala; 9, 10, 27, 77, 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, 38 y 53 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los suscritos Diputados proceden a someter a esta Soberanía el presente proyecto de dictamen conforme a los siguientes:

Considerandos

Que el Gobierno Federal está impulsando a través del programa MARCHA HACIA EL SUR, el desarrollo integral y sustentable de zonas marginadas específicas, con el cual busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de ciertas regiones territoriales, mediante apoyos financieros para proteger el empleo, procurar la capacitación de los emplea-dos y así abatir las condiciones de atraso y marginación de los Estados incluidos en dicho programa.

Que la zona de cobertura del programa, comprende los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como regiones de muy alta marginación de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, en los que ciertamente se concentran de forma preponderante, pero no exclusiva, los índices más altos de pobreza y marginación. Estos Estados se verán beneficiados de forma muy importante, con los recursos económicos que se están canalizando a través del programa MARCHA HACIA EL SUR.

El Programa tiene como objetivos, promocionar y gestionar la conservación y la generación de empleos permanentes en calidad y cantidad que permita impulsar la igualdad de condiciones y oportunidades para los hombres y las mujeres en la ZONA DE COBERTURA.

Los recursos del programa son subsidios federales que pueden ser complementados, previa la firma de un convenio de coordinación o colaboración respectivo, con la participación de los gobiernos de los ESTADOS comprendidos en la ZONA DE COBERTURA, así como con otras instituciones públicas, sociales y privadas.

El programa tiene dos tipos de apoyos:

Apoyo económico para la PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA, que cuente con un PROYECTO DE INVERSION para el rubro de CAPACITACION de los hombres y las mujeres que, conforme al número de EMPLEOS COMPROMETIDOS, o en su caso de EMPLEOS POR CONSERVAR, integrarán su fuerza laboral y

Apoyo para la PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA que cuenten con un PROYECTO DE INVERSIÓN para habilitar, remodelar y/o equipar naves industriales, locales o establecimientos comerciales y/o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas.

Los montos de los apoyos que pueden recibir La PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA, que cuente con un PROYECTO DE INVERSION son:

a).- Apoyo económico por proyecto para CAPACITACION de los hombres y las mujeres que integran o integrarán su fuerza laboral por un monto de hasta $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO COMPROMETIDO o en su caso, por EMPLEO POR CONSERVAR, y

b).- Apoyo económico por proyecto para habilitar, remodelar y/o equipar naves industriales, locales o establecimientos comerciales y/o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas, por un monto de hasta $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) por empleo comprometidos, o en caso, por EMPLEOS POR CONSERVAR.

La PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA que cuenten con un proyecto de INVERSIÓN INTENSIVA EN CAPITAL podrán recibir los siguientes apoyos:

a) Apoyo económico por proyecto para CAPACITACION de los hombres y las mujeres que integran o integrarán su fuerza laboral por un monto de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO COMPROMETIDO, o en su caso, por EMPLEO POR CONSERVAR, y

b) Apoyo económico por proyecto para habilitar, remodelar y/o equipar naves industriales, locales o establecimientos comerciales y/o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas, por un monto de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO COMPROMETIDO, o en su caso, por EMPLEO POR CONSERVAR.

La PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA que cuenten con un proyecto de INVERSIÓN ALTAMENTE INTENSIVA EN CAPITAL, podrán recibir los siguientes apoyos:

a) Apoyo económico por proyecto para CAPACITACION de los hombres y las mujeres que integran o integrarán su fuerza laboral por un monto de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO COMPROMETIDO, o en su caso, por Empleo por conservar, y

b) Apoyo económico por proyecto para habilitar, remodelar y/o equipar naves industriales locales o establecimientos comerciales y/o de servicio para el desarrollo de actividades productivas por un monto de hasta $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO COMPROMETIDO, o en su caso por EMPLEO POR CONSERVAR.

Para las personas con discapacidad existen dos tipos de apoyos:

Apoyo económico por proyecto para CAPACITACION de los hombres y las mujeres con DISCAPACIDAD que integrarán su fuerza laboral por un monto de hasta $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO COMPROMETIDO, o en su caso, por EMPLEO POR CONSERVAR.

Apoyo económico por proyecto para habilitar, remodelar y/o equipar naves industriales, locales o establecimientos comerciales y/o de servicio para el desarrollo de sus actividades por un monto de hasta $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO COMPROMETIDO de personas con DISCAPACIDAD, o es su caso, por EMPLEO POR CONSERVAR.

Los Beneficiarios del programa son: La PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA que cuenten con un PROYECTO DE INVERSIÓN en cualquiera de las regiones de la ZONA DE COBERTURA.

Por todo lo anterior se concluye que:

El nivel de apoyo brindado por empleo es muy reducido, pero es un subsidio por lo que son recursos frescos que no se convierte en un pasivo sino en una ayuda y puede significar hasta en un 30% de la inversión.

Se da un mayor apoyo a las personas con discapacidad y a proyectos intensivos en capital, como puede ser internet comunitario, automatización de proceso, etc.

Proyectos como crear hoteles en Exhaciendas o bien automatizar procesos que requieren cursos de capacitación adquieren otra perspectiva.

Por todo lo anterior, consideramos fundamental la incorporación del Estado de Tlaxcala en el programa MARCHA HACIA EL SUR, debido a que, si bien los indicadores de pobreza marginación no son tan dramáticos como en algunos Estados de la Zona de cobertura, si está entre los que presentan mayor atraso con respecto a los Estados que conforman la región centro del país, donde se advierten importantes rezagos estructurales, por lo que es fundamental el apoyar proyectos de infraestructura que modernicen y hagan productivos a los empresarios Tlaxcaltecas.

Aunado a lo expuesto, podemos asegurar que nuestra Entidad no cuenta con una dotación representativa de recursos naturales y requiere mejorar su infraestructura empresarial.

En materia de desempleo, el Estado en el año 2001, registró una tasa de desempleo abierto del 3.5%, superior a la tasa nacional que fue del 2.8% y en el año 2002, se presentó un comportamiento similar al anterior, ya que la tasa de desempleo abierto fue del 3.6% superior a la Tasa Nacional que fue del 2.7%. En la parte de remuneraciones, el 62.9% de la Población Económicamente Activa tiene bajos ingresos salariales, de entre 1 y 2 salarios mínimos. Es importante señalar que éste es uno de los indicadores que muestran, para el caso de Tlaxcala, severos rezagos con respecto a la media nacional.

En suma, las principales razones por las que sostenemos que el Estado de Tlaxcala, debe ser incorporado al PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR, son las siguientes:

1. Originalmente en el 2001, Tlaxcala fue incluida en este Programa ya que algunas de sus regiones cumplían con las características establecidas. No obstante, sin mayor explicación, finalmente no fue considerada del todo en el arranque del Programa.

2. Aun cuando este Programa se enfoca con mayor prioridad hacia entidades de la región Sur-Sureste del país, Tlaxcala debe ser considerada debido a que también participan regiones muy específicas de muy alta marginación de Estados del norte como Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; además de Estados del centro como son Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí y de la Zona del Pacífico tenemos a Michoacán, Jalisco y Nayarit.

3. Nuestra entidad se encuentra dentro del área de influencia de la región centro sur, por su ubicación geográfica estratégica, ya que a través de su territorio confluyen las principales arterias que unen las diversas regiones de nuestro país. El programa carretero de Gan Visión es muestra de ello, de esta manera nos constituimos como un eslabón entre el centro y norte y la región sur y sureste de México, adquiriendo un amplio sentido de pertenencia con esta última.

4. Incluir a Tlaxcala en este Programa evitará el riesgo de que el Estado quede fuera del dinamismo socioeconómico-educativo y ecológico que se dará a la zona de cobertura y permitirá desarrollar otras potencialidades que coadyuven a mantener la estabilidad económica ante el creciente de-sempleo y la contracción de la inversión.

5. Insertar a nuestro Estado en el Programa MARCHA HACIA EL SUR nos ubicará en una situación de previsión, ante los desequilibrios que pueden poner en riesgo el desa-rrollo futuro de la entidad e incluso el propio desarrollo integral de la región, evitando que en pocos años, podamos ser uno de los estados con mayores niveles de atraso y marginación.

En ese sentido, consideramos fundamental la incorporación del Estado de Tlaxcala en el programa de MARCHA HACIA EL SUR, debido a que indiscutiblemente, presenta mayor atraso con respecto a los Estados que conforman la región. No podemos esperar a que nuestras condiciones de desarrollo se reviertan para entonces solicitar nuestra inclusión en este Programa.

Como consecuencia del análisis de estos antecedentes, por unanimidad de votos esta Comisión presenta a la H. Asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

PRIMERO.- Solicitar como Poder Legislativo Estatal, al titular del Poder Ejecutivo Federal, que el Estado de Tlaxcala sea considerado dentro del Programa MARCHA HACIA EL SUR.

SEGUNDO.- Que esta Soberanía solicite al H. Congreso de la Unión, que Tlaxcala sea incluida en este programa de apoyos financieros en zonas marginadas para proteger el empleo y procurar la capacitación de los empleados.

TERCERO.- Solicitar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal que implemente lo necesario para complementar los recursos federales, previa la firma de los Convenios respectivos con el Gobierno Federal y con otras Instituciones Públicas, Sociales y Privadas para la ejecución del programa MARCHA HACIA EL SUR.

CUARTO.- Instrúyase al Ciudadano Secretario Parlamentario de este Congreso del Estado, para que dé cumplimiento al presente acuerdo.

QUINTO. Publíquese el Presente Punto de Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para su conocimiento general.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 9 de octubre de 2003.--- La Comisión de Desarrollo Económico: Dip. José Gilberto Temoltzin Martínez, Presidente; Dip. Alberto Amaro Corona, vocal; Dip. Víctor López Hernández, vocal.»

«El suscrito, licenciado Sergio Cuauhtémoc Lima López, Secretario parlamentario del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, certifica que la presente copia fotostática que consta de siete fojas útiles por un solo lado, concuerda fielmente con su original, la que tengo a la vista y a que me remito, y obra en los archivos de esta Secretaría Parlamentaria a mi cargo.

Por lo que se expide la presente, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los diez días del mes de octubre de dos mil tres.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Secretaría Parlamentaria (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 186 aniversario luctuoso del General Pedro Moreno González, que tendrá lugar el próximo lunes 27 de octubre, a las 10:00 horas, en la Columna a la Independencia, sita en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente que se sirva dictar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de la honorable Cámara de Diputados, que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Dr. Enrique Semo Calev, Secretario.

Cumplida su encomienda, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Jorge Ortiz Alvarado, Ernesto Herrera Tovar y Susana Guillermina Manzanares Córdova.

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LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 6º y los artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

El diputado José Manuel Carrillo Rubio:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, ante ustedes, presenta la siguiente iniciativa bajo la siguiente

Exposicion de Motivos

El establecimiento de los premios de carácter nacional constituidos a mediados de los setenta, como un reflejo del reconocimiento por parte del Estado a la ciudadanía, en especial a aquellos que han destacado o contribuido en diversos ámbitos sociales al desarrollo de nuestra nación, son, sin duda alguna, un aliciente y una constante invitación a todas las mexicanas y mexicanos que día a día se entregan y dedican gran parte a todos su vida (sic) a la realización o impulso de alguna actividad cuyos logros trascienden más allá de lo individual y en ocasiones lo nacional, mostrando al exterior la entrega, la tenacidad, el talento y el coraje, así como la perseverancia de nuestra sociedad mexicana.

El Premio Nacional de Deportes es el claro ejemplo del reconocimiento a aquellos que han encontrado en esta noble actividad la mejor forma de expresar y contribuir a la conformación de una sociedad más vigorosa educando la voluntad, fomentando la disciplina y alertando al espíritu.

Hoy en tiempos de la globalización, el deporte al igual que otras actividades se han visto envueltos en diversos procesos de desarrollo en los que cada vez se necesita el respaldo de un gran número de técnicas metodológicas, científicas, así como de apoyo técnico especializado y financiero que permita competir a nuestros deportistas en el nivel internacional en igualdad de circunstancias con otros países.

En 1999 a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, entró en operación el fideicomiso denominado CIMA, Compromiso Integral de México con sus Atletas, el cual funciona además del aporte económico de las autoridades federales con un gran apoyo de la iniciativa privada, quienes como patrocinadores y con la finalidad de apoyar integralmente a los mejores deportistas del país por medio de becas, contratación de entrenadores, campamentos, competencias, concentración y equipo deportivo, han contribuido al mejor desempeño de nuestros deportistas nacionales.

Es indudable que quienes en los últimos años se han hecho merecedores a este reconocimiento, han contado con un respaldo técnico y financiero que les permite superar con mayor tranquilidad los obstáculos hacia la consecución de una más de sus metas, rebasando la línea del individualismo y convirtiendo las tareas y logros de todo una labor en equipo, lo que ha permitido alcanzar la coherencia entre los objetivos planteados y las acciones requeridas, existiendo, sin lugar a dudas y de manera invariable, la necesidad de seguir contando con su participación.

Estamos conscientes de que el deportista es el principal actor, pero el entrenador además debe poner la información, la experiencia, su tecnología y la responsabilidad de mantener y actualizar la conciencia siempre decidido y de manera entusiasta.

Es por lo anterior que con el fin de reconocer aquellos entrenadores y patrocinadores por sus esfuerzos de superación, apoyo y desempeño en los logros obtenidos por todos aquellos deportistas con quienes se han comprometido, propongo que se incluya dentro del premio nacional de deportes hacer extensiva la candidatura a entrenadores y patrocinadores reconociendo su esfuerzo para contribuir y elevar la eficiencia del deporte.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado José Manuel Carrillo Rubio, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIX Legislatura, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa que reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 6 y los artículos 56, 57, 58, 59 60, y 61 dela Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, con el fin de otorgar en más de una ocasión el Premio Nacional de Deportes a atletas y extender la candidatura a deportistas profesionales, entrenadores y patrocinadores, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El establecimiento de los premios de carácter nacional, constituidos a mediados de los años setentas, como un reflejo del reconocimiento por parte del Estado a la ciudadanía, en especial aquellos que han destacado o contribuido en diversos ámbitos sociales al desarrollo de nuestra Nación; son sin duda alguna un aliciente y una constante invitación a todos los mexicanos que día a día se entregan y dedican gran parte de su vida a la realización o impulso de alguna actividad cuyos logros trascienden mas allá de lo individual y en ocasiones de lo nacional, mostrando al exterior la entrega, tenacidad y perseverancia de nuestra sociedad.

El Premio Nacional de Deportes es claro ejemplo del reconocimiento a aquellos que han encontrado en esta noble actividad la mejor forma de expresar y contribuir a la conformación de una sociedad más vigorosa, educando la voluntad, fomentando la disciplina y alertando al espíritu.

Hoy, en tiempos de la globalización, el deporte al igual que otras actividades se ha visto envuelto en diversos procesos de desarrollo en los que cada vez se necesita el respaldo de un gran número de técnicas metodológicas, científicas así como de apoyo técnico especializado y financiero que permitan competir a nuestros deportistas a nivel internacional en igualdad de circunstancias.

En 1999, previo a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 entró en operación el fideicomiso Compromiso Integral de México con sus Atletas (CIMA), el cual funciona además del aporte económico de las autoridades federales con un gran apoyo de la iniciativa privada quienes como patrocinadores y con la finalidad de apoyar integralmente a los mejores deportistas del país por medio de becas, contratación de entrenadores, campamentos, competencias, concentraciones y equipo deportivo han contribuido al mejor desempeño de nuestros deportistas nacionales.

Es indudable que quienes en los últimos años se han hecho merecedores a este reconocimiento han contado con un respaldo técnico y financiero que les permite superar con mayor tranquilidad los obstáculos hacia la consecución de una más de sus metas, rebasando la línea del individualismo y convirtiendo las tareas y logros en toda una labor de equipo, lo que ha permitido alcanzar la coherencia entre los objetivos planteados y las acciones requeridas, existiendo sin duda alguna y de manera invariable la necesidad de seguir contando con su participación.

Estamos conscientes de que el deportista es el principal actor, pero el entrenador además de poner la información, la experiencia y la responsabilidad debe mantener y actualizar la conciencia, siempre decidido y entusiasta.

Por lo anterior, con el fin de reconocer a los entrenadores y patrocinadores sus esfuerzos de superación, apoyo y de-sempeño en los logros obtenidos por todos los deportistas con quienes se han comprometido, propongo que se incluya dentro del Premio Nacional de Deportes, hacer extensiva la candidatura a entrenadores y patrocinadores reconociendo su esfuerzo por contribuir a elevar la eficiencia del deporte en nuestro país.

Asimismo, con el fin de no limitar la actuación y desarrollo de los deportistas que se han hecho acreedores a dicho premio, sugiero se les permita ser candidatos y recibirlo por más de una ocasión e incluir dentro de los candidatos a los deportistas profesionales, a quienes por su condición no se les debe excluir ya que al igual que un deportista amateur luchan y se esfuerzan con el mismo valor y entereza por hacer de la práctica deportiva un claro ejemplo de la expresión humana y sana convivencia.

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe somete a su consideración el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el párrafo segundo del artículo 6 y los artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61 del Capítulo IX de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 6. Se establecen los siguientes premios, que se denominarán y tendrán carácter de nacionales:

I. ...

...

...

...

XII. ...

La misma persona puede recibir dos o más premios distintos; pero sólo una vez el premio correspondiente a uno de los campos de los conceptos instituidos, o a un sólo concepto si éste no se divide en campos, excepto al de deportes, donde podrá recibirlo por más de una ocasión exclusivamente en la categoría de deportista.

Artículo 7. ...

...

...

...

Artículo 55. ...

Capítulo IX

Premio Nacional de Deportes

Artículo 56. El Premio Nacional de Deportes se concederá en dos campos:

I. La actuación destacada en alguna rama del deporte, dividida en dos categorías:

a) Deportista;

b) Entrenador.

II. El fomento, promoción, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.

Artículo 57. Los premios serán otorgados a quienes por su actuación y desempeño hayan resaltado o sobresalido, durante el año en curso, en el ámbito deportivo amateur o profesional.

En el primer campo, merecen estos premios en la categoría como deportista individuos, equipos o grupos que por mera afición o profesionalmente practiquen los deportes; en la categoría como entrenador deportivo aquellos individuos que en el ámbito amateur o profesional hallan preparado, guiado y llevado a algún individuo, equipo o grupo a la consecución de los mejores y altos logros, durante el año en curso.

En el segundo campo, individuos o personas morales cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación con o sin fines de lucro que impulsen, promuevan y fomenten la práctica deportiva.

Artículo 58. El premio se tramitará en la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular presidirá el Consejo de Premiación. Este se integrará además por el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y los Presidentes de la Confederación Deportiva Mexicana y del Comité Olímpico Mexicano.

Artículo 59. Los premios consistirán en medalla de oro, diploma y estímulo en efectivo, cuyo monto será acordado por el Consejo de Premiación. Si el premio se otorga a un grupo o equipo de deportistas el conjunto recibirá un diploma y cada uno de los individuos medalla. Si son varias las personas premiadas, las preseas consistirán en insignias.

Artículo 60. Por cada año habrá una asignación de premios, que podrán ser hasta cinco en el primer campo en la categoría de deportista y uno solo en la categoría de entrenador, así como en el segundo campo. Si ocurrieren vacantes de premio, así lo declarará el Consejo de Premiación.

Artículo 61. Estos premios se concederán exclusivamente a candidatos propuestos por asociaciones y sociedades deportivas, reconocidas por la Comisión Nacional de Cultura Física o registradas en la Confederación Deportiva Mexicana y los propuestos por los responsables de la información deportiva difundida por prensa, radio o televisión. Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación durante el mes de septiembre y hasta el 15 de octubre de cada año. El Consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los 10 días siguientes y a continuación los pondrá en manos del Jurado, que a más tardar el 10 de noviembre deberá haber entregado su dictamen al Consejo.

Artículo 62. ...

Artículo 63. ...

Transitorio

Unico. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2003.--- Dip. José Manuel Carrillo Rubio.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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ARTICULO 25 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Antonio Cabello Gil:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En obvio de tiempo, me permitiré leer una síntesis de esta iniciativa de decreto que presento y que pretende reformar el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando que el texto íntegro de la misma se inserte en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa nuestro proyecto nacional; es a la vez norma y programa que deriva del proceso histórico del México independiente; refleja un hilo conductor que va desde los Sentimientos de la Nación a la Constitución de 1824, a la 1857 y a la de 1917. Las tres grandes constituciones, emanan de grandes momentos históricos que explican el momento actual que vive nuestro país.

Nuestra Carta Magna es síntesis de un proceso acumulativo que tiene como elementos fundamentales el liberalismo de la Constitución de 1857 y el constitucionalismo social, vanguardia en 1917. Una se superpone a la anterior modificándola en aspectos fundamentales.

Las importantes reformas que se dieron durante el Siglo XX conforman a nuestro país con una estructura jurídica de democracia social avanzada. Es cierto que existe una brecha entre aspectos de nuestra realidad y nuestras aspiraciones, pero es una constitución que ha servido para orientar cambios, recoger reclamos y necesidades y para adecuarnos a las circunstancias del país y del mundo.

El llamado ``Capítulo Económico de la Constitución'', no está, como en otras constituciones de reciente promulgación, en un capítulo propiamente hablando, sino que sus disposiciones se encuentran dispersas a lo largo del texto constitucional.

Cabe señalar que la organización de la actividad económica del Estado mexicano, ha sido producto de una evolución histórica que culmina en la década de los ochenta, particularmente en 1983, año en que se incorpora en el ámbito de la Carta Fundamental un marco regulatorio en materia económica expreso, estableciendo tres paradigmas fundamentales: economía mixta, rectoría estatal y planeación democrática, que se constituyen como pilares sobre los cuales se desarrolla la legislación en la materia.

El artículo 25 de nuestra Norma Fundamental, se refiere a la atribución del Estado para planear, conducir y orientar la actividad económica nacional y para regular y fomentar las actividades que demande el interés general en un marco de libertades. Señala asimismo, la concurrencia de los sectores público, social y privado en el logro de los propósitos generales del desarrollo nacional, sujetándose al principio de legalidad, definiendo el marco de lo que se llama: economía mixta.

En ese sentido dicho precepto constitucional no establece de manera clara los alcances y el contenido del término Estado, pues mientras que en el artículo 3º de la Constitución sí se hace mención del Estado, compuesto por el Gobierno Federal, estatal y municipal, en el artículo 25 no se hace dicha mención.

Por lo cual, la presente iniciativa propone establecer explícitamente en el numeral citado a los órdenes de gobierno estatal y municipal, al igual que al federal como sujetos promotores e impulsores del desarrollo socioeconómico del país, cosa además, que de hecho sucede. De esta manera se pretende fortalecer la unidad nacional a partir de la reivindicación de la función compensatoria del Pacto Federal, ya que el federalismo representa instrumento eficaz para el desarrollo nacional y regional.

Por otra parte, la presente iniciativa pretende evitar en detrimento de nuestro Estado de Derecho una interpretación de los correspondientes preceptos constitucionales, de acuerdo al momento histórico realizada por quien dicta la norma, es decir, el legislador ordinario no puede dictar normas meramente interpretativas cuyo objeto sea precisar el único sentido entre los varios posibles, que deba atribuirse a un determinado concepto o precepto de la Constitución, pues al reducir las distintas posibilidades o alternativas del texto constitucional a una sola, completa de hecho, la obra del poder constituyente y se sitúa funcionalmente en su mismo plan.

En este sentido, el legislador ordinario no debe intentar en ningún modo constituir una interpretación auténtica, esto es, una interpretación dotada del mismo valor que el texto interpretado y es por esto, por la sencilla razón de que no es lo mismo el Poder Legislativo que el poder constituyente.

En razón de lo anterior, resulta pertinente que los preceptos fundamentales contenidos en la Ley Suprema sean definidos por la propia preceptiva constitucional, con la finalidad de que el alcance, contenido y consecuencias que se desprenden de ellos, no sean interpretados en uno u otro sentido por el legislador ordinario, en las normas que al respecto dicte.

Como ejemplo de la importancia de que las normas constitucionales establezcan definiciones, se tiene la descripción que del concepto de democracia se lleva a cabo en el artículo 3º de la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 25 de nuestra Constitución.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia económica, presentada por el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN.

El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo segundo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa nuestro proyecto nacional. Es a la vez norma y programa que deriva del proceso histórico del México independiente. Refleja un hilo conductor, que va de los Sentimientos de la Nación a la Constitución de 1824, a la de 1857 y hasta la de 1917. Las tres grandes Constituciones emanan de grandes momentos históricos, de las tres revoluciones que explican el momento actual de México: la de Independencia, la de Reforma y la Revolución Mexicana.

La Carta Magna actual es síntesis de un proceso acumulativo, que tiene como elementos fundamentales el liberalismo de la Constitución de 1857 y el constitucionalismo social de vanguardia de 1917. Una se superpone a la anterior, modificándola en aspectos fundamentales.

Las importantes reformas que se han dado durante el siglo XX conforman a nuestro país con una estructura jurídica de democracia social avanzada. Es cierto que existe una brecha entre aspectos importantes de la realidad y nuestras aspiraciones, pero es una Constitución que ha servido para orientar cambios, recoger reclamos y necesidades y para adecuarnos a las circunstancias del país y del mundo. Preserva su vigencia porque ha sido dinámica y no estática y, con gran sabiduría en su artículo 135, prevé la forma legítima para su transformación.

El llamado ``capítulo económico'' de la Constitución no está, como en otras Constituciones de reciente promulgación, en un capítulo propiamente hablando, sino que sus disposiciones están dispersas a lo largo de la Carta Magna. Este capítulo económico se puede clasificar en tres vertientes:

a) La parte medular sustantiva del ``capítulo económico.'' El proyecto económico se expresa, como embrión, en los artículos que en el texto originario sustentan el constitucionalismo social y un ``esbozo'' del papel rector del Estado, el 27, el 28, el 123, el 131, el 31 (fracción IV) y el 134. A estos artículos hay que agregar, de manera fundamental, la reforma realizada en 1983, que promulgó los nuevos artículos 25 y 26, que recogen la evolución del desarrollo económico y del Estado mexicano de más de medio siglo de consolidación.

b) Las disposiciones que se refieren a aspectos de política económica-social que conformaron la vertiente mexicana del Estado de bienestar y que los nuevos enfoques teóricos vinculan indisolublemente con la estrategia de desarrollo en sentido integral; es decir, la educación a lo largo de la vida (artículos 3° y 123), la salud (artículo 4°), la seguridad social (artículo 123) y la vivienda (artículos 4° y 123).

c) Las disposiciones orgánicas, relacionadas con las facultades del Ejecutivo y el Legislativo que norman los principales instrumentos para actuar en materia económica: el Presupuesto, la Ley de Ingresos, la deuda pública, las importantes facultades del control del Legislativo en la Cuenta Pública (artículos 73-75) y el nuevo artículo 79, que crea la entidad de fiscalización superior.

En este campo están también las facultades exclusivas del Legislativo federal para legislar en materia económica, como servicios financieros, inversión extranjera, etcétera. Otro aspecto orgánico se refiere a las normas que definen las relaciones y facultades en materia económica y hacendaria entre los tres órdenes de gobierno, por cierto, todavía muy incompletas, incluyendo las recientes reformas al artículo 115, que precisan las facultades hacendarias del municipio.

Este conjunto de disposiciones sustentan, en lo fundamental, un proyecto económico vigente y moderno, sujeto a algunas posibles adecuaciones, y que me referiré a una de ellas en sus principales rasgos.

La organización de la actividad económica del Estado mexicano ha sido producto de una evolución histórica que culmina en la década de los ochenta, específicamente en 1983, año en que se incorpora a nivel de la carta fundamental un marco regulatorio económico expreso estableciendo tres paradigmas esenciales: economía mixta, rectoría estatal y planeación democrática, que se constituyen en los pilares en torno a los cuales se desarrolla la legislación en esta materia.

En efecto, en el artículo 25 se reconoce a la economía mixta bajo rectoría estatal, con lo cual los sectores sociales y privados adquieren un reconocimiento pleno para participar en las tareas del desarrollo económico y social, existencia que había estado presente empíricamente desde la promulgación de la carta de Querétaro.

La rectoría estatal, que deriva originalmente del artículo 27 y que se actualiza en los artículos 25 y 26, implica que el Estado tiene a su cargo la dirección y orientación del desarrollo económico y social del país, responsabilidad que en algunos rubros es exclusiva -titularidad pública exclusiva en recursos naturales no renovables y funciones estratégicas no compartidas- y, en otras, que comparte con los sectores social y privado.

El artículo 25 refiere la atribución del Estado para planear, conducir y orientar la actividad económica nacional y para regular y fomentar las actividades que demande el interés general en un marco de libertades. Señala asimismo la concurrencia de los sectores público, social y privado en el logro de los propósitos generales de desarrollo nacional, sujetándose al principio de legalidad, definiendo el marco de la llamada economía mixta.

Los trascendentales cambios de los años ochenta propiciaron una crisis en el enfoque de los modelos económicos, que ha originado en los últimos años la necesidad de construir un nuevo paradigma para el desarrollo de las sociedades. Esta etapa histórica de búsqueda de respuestas en la economía es también una realidad en el país; sin embargo, parece hoy más urgente en México diseñar un sistema para la democracia que debatir un programa económico. Empero hay que recordar que el desarrollo socioeconómico es tarea esencial del Estado y objeto de las normas de derecho.

Al respecto del Estado mexicano, su desarrollo posrevolucionario está caracterizado por una presencia fuerte en la sociedad: El centralismo fue una reacción al periodo de inestabilidad política que se sucedieron en el país a lo largo del siglo XIX. Después de lograr su independencia de España, en México y los demás países de América Latina se establecieron primitivas ``democracias'' inspiradas en el modelo de Estados Unidos, pero éstas fracasaron en corto tiempo. La rivalidad política desatada entre caudillos degeneró en guerras civiles abiertas. La paz se logró sólo al imponerse dictaduras (Porfirio Díaz). A este respecto, la centralización era una condición vital para consolidar el Estado nación.

La industrialización y la urbanización experimentadas a comienzos del siglo veinte produjeron cambios en el entorno político. En teoría, estas tendencias exigirían la descentralización del poder ya que sus requisitos inherentes hacen que una economía moderna distribuya los recursos políticos y las capacidades afines a una amplia gama de individuos, grupos y organizaciones. Los gremios empresariales, sindicatos obreros y otros intereses económicos exigen todos participar en el gobierno.

Los campesinos, otrora dominados por los terratenientes, migran a las ciudades, donde se convierten en las clases bajas urbanas, organizadas y situadas con más ventaja para ejercer presión sobre la estructura de poder existente.

La participación política, la que inicialmente sólo ejercían las elites tradicionales, se extendió en un intento de hacerle frente al surgimiento de la clase media y los sindicatos.

En México, los dirigentes políticos reconocieron el valor político de las organizaciones proletarias y se apoderaron de ellas. Dado que el mismo gobierno era una fuente de poder económico, los grupos políticos entraron en pugna para adueñarse de él.

Eran comunes las intervenciones militares durante este periodo, en que el poder armado entraba en escena en calidad de agente de las fuerzas civiles para derrocar al presidente del momento y reemplazarlo con otro de su mayor agrado.

Actualmente, tiene una composición política que obliga a suponer que los tiempos del autoritarismo están en transición hacia una redefinición en el ejercicio del poder. Además, a partir de la nueva composición política, la promulgación de normas destinadas a regular las actividades económicas de los mexicanos se ciernen más complejas y existe una oferta diversificada de opiniones de los sectores sociales, partidos políticos, cámaras y asociaciones industriales, etcétera.

En este sentido, desde hace algún tiempo, se ha venido señalando que en un esquema político-social distinto del actual se plasmó la tesis de la intervención estatal a nivel constitucional; esto es, cuando en 1982 al reformarse los artículos 25, 26 y 28 se dio en calificar como ``capítulo económico'' a una serie de disposiciones que tenían que ver con ciertos procesos económicos, como la planeación, los monopolios y las áreas económicas estratégicas y prioritarias.

En ése se afirmaba que se propició más un fenómeno de acotar a la intervención de Estado, como había venido entendiéndose en los años setenta, esto es un crecimiento indiscriminado de estructuras y actividades directas, indiscriminado por medio de la llamada ``rectoría estatal''.

Cuando se lee el artículo 25 de la Constitución, en el concepto de rectoría estatal vemos que se deslindan dos grandes grupos de competencias para el Estado en materia económica: a) un primer grupo que comprende las de planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional, y otro, b) que incluye las de regulación y fomento de las actividades que demande el interés general.

La existencia de una ``Teoría del Estado'' guarda cierta correlación con la existencia de una ``Teoría de la Constitución''. Los norteamericanos han hecho del sentimiento constitucional un dogma práctico, el concepto de Estado no ha merecido sus mayores esfuerzos y el término (State) se ha reservado para designar a cada una de las unidades políticas que forman la Federación, reservándose el vocablo government para designar aquello a lo que nosotros denominamos como Gobierno Federal.

En el caso de México, la Constitución no establece de manera clara, los alcances y el contenido del término Estado, pues mientras en el Artículo 3 se refiere al Estado compuesto por el gobierno federal, estatal y municipal, en el Artículo 25 no se hace esta distinción. Pero, sin duda que el Estado se compone de elementos materiales, como el pueblo y el territorio, definido formalmente, y de elementos abstractos, el gobierno con todos sus ordenes (federal, estatal y municipal para el caso de México), el bien público y el ordenamiento jurídico, definidos también formalmente.

El papel real del Estado es inseparable de quienes efectivamente lo encarnan y lo operan; es decir, no sólo los dirigentes políticos propiamente dichos, sino también y sobre todo el cuerpo burocrático. En todo sistema político, el gobierno incluye siempre dos órdenes de acción, política y administrativa, que se diferencian y se asocian en distintos grados.

El orden de acción política, en el cual nos centraremos, está situado al nivel de la formulación y ejecución de las decisiones que interesan a la sociedad global y a sus principales divisiones y componentes, requisitos que sin duda están integrados en los órdenes estatal y municipal de gobierno; y no se diga pues del orden administrativo de estos mismos ámbitos de gobierno, que en conjunto con el orden federal de gobierno son una parte que integran al Estado.

El federalismo mexicano es un federalismo sui géneris, que partió de una realidad política en la que no había realmente entidades federativas, materia y sujetos del pacto federal. Además, hay que agregar el hecho de que el federalismo mexicano ha estado subordinado al peso enorme del presidencialismo (forma de centralismo político y económico) que quita a los estados e incluso a los municipios funciones, tareas y recursos que les corresponden.

Así, nuestro federalismo ha sido siempre una ficción jurídica y política que deberá terminar para convertirse en una realidad viva y actuante.

Por otra parte, es necesario recordar lo dicho en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que el Estado es el rector y promotor de la actividad económica en México.

Entre otras cosas, el artículo 25 de la Constitución dice: ``Compete al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral... mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución''.

Este texto habla ya de una situación que al no estar definida claramente, puede condicionar lo que los municipios e incluso las entidades federativas puedan hacer en materia de desarrollo económico.

Ciertamente, no estamos pidiendo que los estados o municipios asuman funciones de rectoría económica y que, por tanto, puedan decidir individualmente asuntos de esa naturaleza (tipo de cambio o la emisión de moneda, por ejemplo). No.

Se reconoce evidentemente que estas y muchas otras funciones propias de la actividad económica nacional necesariamente deberán ser asuntos de competencia federal. No obstante, no deja de extrañar que en todo el texto del artículo 25 constitucional no se haga ninguna referencia al papel de promotor del desarrollo económico de sus respectivas comunidades que deben tener y que de hecho tienen -en coordinación con la Federación- los estados y municipios, mientras que sí se hace referencia al sector privado y social.

Cabe destacar que este artículo fue reformado el mismo día de la reforma municipal del 3 de febrero de 1983, dejándose pasar -en aquel entonces y en la reciente reforma al artículo 115- una buena oportunidad para establecer de manera expresa, la labor de los municipios de promover el desarrollo económico de sus comunidades, cosa que de hecho realizan actualmente.

En este contexto, resultaría oportuno promover una reforma constitucional al artículo 25 para prever sin duda alguna, la obligación y competencia de las entidades federativas y de los municipios, en su actividad como promotores del desarrollo económico de sus respectivas comunidades.

El que se considere explícitamente a los órdenes de gobierno estatal y municipal, como sujetos promotores e impulsores del desarrollo socioeconómico del país, es generar un enfoque de economía política, que es el que aquí se sustenta, y que implica no solamente la discusión sobre reasignación de recursos entre factores (capital y trabajo) o agentes de la producción (Estado -gobiernos federal, estatal y municipal- y sectores privado y sector social).

Retomar la perspectiva de la economía política, con esta iniciativa que hoy se presenta, implica el análisis y la búsqueda de mecanismos de incidencia sobre las formas de regulación de las relaciones sociales, con el fin de reestructurar las condiciones de producción y de distribución de la riqueza, no sólo las del mercado. Ello contribuirá a recentrar las políticas de desarrollo no sólo en el funcionamiento de los mercados sino también en el de la sociedad.

Lo anterior también supone un tipo distinto de articulación entre las políticas económicas y sociales, así como sobre la integración de políticas generales de desarrollo. Es decir, el enfoque de la iniciativa puede favorecer la construcción de alternativas, al considerar las causas de las disparidades entre las diversas entidades y municipios, como producto de las propias relaciones económicas, sociales y políticas diferenciadas entre tales órdenes de gobierno y no sólo como resultado de circunstancias unívocas o ``nacionales''.

Por consiguiente, es posible que se ofrezcan políticas alternativas pero concordantes con lineamientos nacionales para buscar reducir desigualdades y fortalecer la capacidad de desarrollo de las entidades y municipios, que evidentemente incluya y establezca prioridades, pero no se circunscriba a visiones centralistas. Además, la iniciativa reconocerá formas de producción alternativas al interior y frente al sistema económico.

Asimismo, la iniciativa busca en forma implícita el fortalecer la unidad nacional a partir de reivindicar la función compensatoria del Pacto Federal, porque el federalismo representa un eficaz instrumento para el desarrollo nacional y regional. Es un marco institucional para distribuir capacidades públicas, recursos y oportunidades que impulsen las aspiraciones políticas, económicas, sociales y culturales de los miembros de la Unión.

Los órganos del poder público tienen que ser partícipes de la renovación de un federalismo que impulse el desarrollo nacional, regional, permanente y sustentable, propiciando el desarrollo equitativo entre todos los miembros de la Federación, a partir de la instrumentación de políticas efectivas tendientes a minimizar las disparidades regionales, garantizando el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos y potencialidades naturales de cada región, ordenándolos en función de un desarrollo económico propio, concurrente y complementario al de la nación en su conjunto.

Por otra parte, la presente iniciativa, pretende evitar, en detrimento de nuestro Estado de derecho, una interpretación de los correspondientes preceptos constitucionales, realizada por quien dicta la norma de desarrollo.

Es decir, el legislador ordinario, no puede dictar normas meramente interpretativas, cuyo objeto sea precisar el único sentido, entre los varios posibles, que deba atribuirse a un determinado concepto o precepto de la Constitución, pues al reducir las distintas posibilidades o alternativas del texto constitucional a una sola, completa de hecho la obra del Poder Constituyente y se sitúa funcionalmente a su mismo plan.

Es preciso señalar que el legislador ordinario no debe intentar en ningún modo constituir una interpretación auténtica, esto es, una interpretación dotada del mismo valor que el texto interpretado, y esto, por la sencilla razón de que no es lo mismo el Poder Legislativo que el Poder Constituyente.

En razón de lo anterior, resulta pertinente que los preceptos fundamentales contenidos en la Ley Suprema, sean definidos por la propia preceptiva constitucional, con la finalidad de que el alcance, contenido y consecuencias que se desprenden de ellos, no sean interpretados en uno u otro sentido por el legislador ordinario, en las normas que al respecto dicte.

Como ejemplo de la importancia de que las normas constitucionales establezcan definiciones, se tiene la descripción que del concepto de democracia, lleva a cabo el artículo 3° de la Constitución federal.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Unico. Se reforma el segundo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en los términos dispuestos en esta Constitución, planearán, conducirán, coordinarán y orientarán la actividad económica nacional, y llevarán a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga la misma.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 23 de octubre de 2003.--- Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY PARA LA RESTAURACION Y CONSERVACION DE LAS TIERRAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras.

El diputado Antonio Mejía Haro:

Buenos días. Con la venia del señor Presidente; estimadas diputadas y diputados:

En respeto del tiempo y en virtud de que la presente iniciativa ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, haré solamente una síntesis de la exposición de motivos que la originaron.

Los suscritos diputados federales, Antonio Mejía Haro y Pascual Sigala Páez, de la LIX Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el contexto de la crisis del campo que ha ocupado la atención de la agenda nacional, destaca la urgencia de actuar sobre las causas estructurales de la problemática rural, con un enfoque de largo plazo que resuelva de manera significativa, los problemas de la producción y mejore la calidad de vida de la población.

De entre los principales problemas del campo, está la degradación de los recursos naturales que afecta radicalmente a la productividad y con ellos, sus efectos en la problemática socioeconómica en la soberanía alimentaria del país.

En México, la pérdida de recursos forestales y de biodiversidad, la escasez de agua y su contaminación, han alcanzado tales dimensiones, que ubican a estos procesos como materia de seguridad nacional por las implicaciones que conllevan y por el riesgo en la pérdida de su control con los medios nacionales disponibles, lo que hace impostergable la solución de estos problemas.

En México, las tierras están degradadas en un 64%, principalmente por erosión hídrica y eólica, pero sufren también pérdida de nutrimentos, de materia orgánica y de microorganismos del suelo, así como la compactación, acidificación, salinización y otros procesos.

Una superficie de 22 millones de hectáreas, de tierras frágiles no aptas para la agricultura y la ganadería, soportan actividades de productividad marginal que acelera su degradación.

Es preocupante la pérdida de utilidad agrícola de unas 10 mil hectáreas anuales de las mejores tierras de riego por acumulación de sales, lo que ha sumado ya una superficie de 425 mil hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva.

La deforestación afecta a unas 600 mil hectáreas anuales, se ha perdido el 30% de los bosques y de las selvas que se tenían en 1960. Entre las principales causas de la deforestación están: el cambio en la utilización de las tierras para fines agropecuarios; esquemas de concesiones de aprovechamiento forestal con escaso beneficio para los dueños de los recursos; incendios que afectan anualmente 276 mil hectáreas.

La degradación de los recursos naturales provoca pérdidas en la rentabilidad por el orden de los 40 mil millones de pesos anuales, los procesos de deterioro ambiental son la secuela de procesos de desarrollo insustentable. Por ejemplo, detrás de la deforestación está la acumulación de la explotación maderera con criterios extractivos y con escasa o nula participación de los propietarios de los recursos, así como la presión de las poblaciones campesinas crecientes y sin oportunidades económicas alternativas.

En el origen de la erosión está la deforestación de tierras principalmente forestales, el sobrepastoreo y las prácticas de roturación inadecuadas. La atención al problema de la degradación de las tierras ha seguido un enfoque orientado a la restauración a partir de la instauración de los programas de conservación de agua y suelo de la agricultura estadounidense a través de la Fundación Rockefeller y del establecimiento de la llamada Revolución Verde. Estos lineamientos fueron plasmados en la legislación aprobada en 1946.

El enfoque de restauración implica cuantiosas inversiones con escasos resultados, mientras que la causa del mal manejo de las tierras subsiste, por lo que es necesario hacer énfasis en la transformación de las prácticas de manejo de las tierras en el proceso productivo, por tecnologías que tomen en cuenta la conservación y el incremento en la productividad. Se trata de alentar un manejo sustentable de las tierras con prácticas como labranza de conservación, cultivos de cobertera, empleo de cercos vivos, manejo de pastizales y de la carga animal, recuperación de terrenos salinizados de regadío, entre otras.

La dispersión de las políticas impide tomar las medidas adecuadas para resolver los problemas de la degradación de las tierras. Ante esta problemática se ha considerado como urgente el viraje en las políticas en la materia hacia un enfoque preventivo a través de la acción cotidiana de los productores, para lo que es indispensable potenciar la capacidad normativa de la autoridad ambiental sobre las actividades sustanciales del desarrollo rural.

En el seno del Consejo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos, que operó durante el periodo de vigencia de la Semarnat, fue procesado un proyecto de nueva ley, sin embargo no alcanzó a ser abordado, mientras que en este transcurso fue derogada la Ley de 1946 sin ser sustituida, dejando así un vacío legislativo que no ha llenado la Ley Ambiental ni otras disposiciones jurídicas posteriores.

En diciembre de 1999 fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Restauración y Conservación de Suelos, la cual no alcanzó a ser revisada por la entonces Comisión de Ecología, sin que hasta el momento haya sido dictaminada. En la LVIII Legislatura se tuvo el proceso legislativo correspondiente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual recogió algunas disposiciones del proyecto mencionado y en la misma forma fue procesada la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que el proyecto original referente al tema de la conservación de suelos requiere de una nueva revisión.

La Ley para la Restauración y Conservación de Tierras tiene una estructura sencilla y lógica, con cinco títulos: los dos primeros incluyen el encuadre constitucional, propósitos y distribución de atribuciones; un tercer título establece las normas para el uso y aprovechamiento de las tierras en las principales actividades, mientras que el cuarto título define los instrumentos para la prevención y el combate a la degradación y desertificación de las tierras. Un quinto y último título contiene las infracciones y sanciones correspondientes.

El enfoque de la Ley para la Restauración y Conservación de Tierras se aboca principalmente a alentar la utilización de opciones sustentables de manejo y aprovechamiento de las tierras mediante la aplicación coordinada de los recursos públicos, tomando en cuenta las recomendaciones de órganos internacionales que señalan la conveniencia de combatir la desertificación como un enfoque preventivo antes que correctivo, así como se aprovecha el marco jurídico de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. De dicha ley se toma el marco institucional del Sistema Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, la Comisión Intersecretarial, los consejos de Desarrollo Rural Sustentable, sus diversos ámbitos: nacional, estatal, distrital y municipal y la utilización de los distritos de desarrollo rural, como ventanilla única.

De esta manera la Ley para la Restauración y Conservación de Tierras minimiza la necesidad de creación de estructuras onerosas. También de la Ley de Desarrollo Rural se aprovechan las disposiciones que dan prioridad a las acciones de conservación y restauración de tierras para el acceso a los apoyos previstos por la misma, así como la obligatoriedad de las recomendaciones sobrecargan y mal, el mandato para delimitar las tierras frágiles y los contratos de aprovechamiento de tierras.

En resumen, el proyecto del legislativo propuesto instrumenta las disposiciones del Tratado Internacional contenido en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y enfrenta de manera realista el problema de mantener y mejorar las bases productivas y de servicios ambientales del país con un enfoque que apuesta a la participación de los ciudadanos y que significa una reducción neta sustancial del costo administrativo para el erario público.

Con el fin de establecer la necesidad de aprobación de la presente iniciativa, mencionamos lo siguiente:

1. El estado de degradación de las tierras en México requiere de una mayor atención por parte de la sociedad y las autoridades en beneficio del mejoramiento económico de los sectores productivos que hacen uso de ella, elevando la calidad de vida de las poblaciones, especialmente de las más desfavorecidas, que son las que detentan la mayoría de mayoría de las tierras degradadas y la preservación de los diversos servicios ambientales que las tierras presentan en la sociedad en su conjunto.

2. Resulta de todo pertinente y necesaria la emisión de una ley que proporcione capacidad normativa a la autoridad federal en ejercicio de las actividades sustanciales y permitan la utilización de los cuantiosos recursos humanos y materiales ocupados en el desarrollo rural y la lucha contra la pobreza, a fin de dar a éstos un carácter persistente y actuar radicalmente sobre las condiciones básicas de la producción.

3. Es necesario el cumplimiento puntual de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación ratificada por el Senado de la República.

4. Los recientes procesos legislativos referentes al campo hacen necesaria una reformulación de la iniciativa de ley de restauración y conservación de suelos, a la vez que se considera que el concepto más indicado para el término...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, diputado, por favor.

El diputado Antonio Mejía Haro:

Termino, señor Presidente.

...Que la ley proyectada de tierras en su aceptación sistémica que involucra el sustrato no renovable del suelo, así como los organismos vegetales y animales presentes y otros elementos.

Finalmente, el instrumento jurídico que se propone cuenta con las características necesarias para lograr el propósito de rescatar los recursos naturales básicos del país.

Por lo anteriormente expuesto, solicito, señor Presidente, se inserte en el Diario de los Debates y sea turnada esta iniciativa a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Desa-rrollo Rural y Medio Ambiente.

Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras, suscrita por los diputados Antonio Mejía Haro y Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales Antonio Mejía Haro y Pascual Sigala Páez, de la LIX Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el contexto de crisis del campo, que ha ocupado la atención de la agenda nacional, ha destacado la urgencia de actuar sobre las causas estructurales de la problemática rural, con un enfoque de largo plazo, para alcanzar una política de Estado que resuelva de manera significativa los problemas de la producción y supere la inaceptable condición de la calidad de vida de la población, donde se encuentra la mayor proporción de pobres, la pobreza extrema y marginalidad lacerante.

De entre los principales aspectos de la situación actual del campo, está la degradación de los recursos naturales, que afecta radicalmente a la productividad, con sus consecuentes efectos en la problemática socioeconómica y la soberanía alimentaria del país, a la vez que repercute en intereses nacionales estratégicos de conservación de los servicios ambientales, provisión del agua en calidad y cantidad y la diversidad biológica.

En México, la pérdida de recursos forestales y biodiversidad, la escasez del agua y su contaminación, han alcanzado dimensiones que ubican a esos procesos como materia de seguridad nacional, por las implicaciones que conllevan y por el riesgo de pérdida de su control con los medios nacionales disponibles, lo que hace impostergable la solución de estos problemas con carácter urgente y prioritario.

México, en sus 196 millones de hectáreas, cuenta con riquezas naturales extraordinarias que presentan severos daños:

Las tierras están degradadas en un 64%, principalmente por erosión hídrica y eólica, pero sufren también pérdida de nutrimentos, materia orgánica, y organismos microscópicos del suelo, así como compactación, acidificación, y otros procesos. Una superficie de 22 millones de hectáreas de tierras frágiles no aptas para la agricultura y la ganadería soportan actividades de productividad marginal que aceleran la degradación. Estos procesos provocan la reducción de la capacidad de las tierras para captar agua de lluvia en órdenes de magnitud de 40 a 60%, por lo que la degradación de las tierras agrícolas y de pastoreo, al igual que las forestales, es determinante en el mal desempeño de las cuencas hidrográficas.

En particular, es preocupante la pérdida de utilidad agrícola de unas 10,000 hectáreas anuales de las mejores tierras irrigadas por causa de la acumulación de sales, lo que ha sumado ya una superficie de 425,000 hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva.

A un ritmo calculado entre 0.9 y 1.6% anual, la deforestación afecta alrededor de 600,000 hectáreas anuales. Se han perdido el 30% de los bosques y selvas existentes en 1960, ante lo cual, con un esfuerzo enorme, solamente se han reforestado 200 mil hectáreas anuales en los últimos dos años y las plantaciones comerciales son incipientes.

Entre las principales causas inmediatas de la deforestación están: el cambio de utilización de las tierras para fines agropecuarios, promovidas por factores como la dinámica económica y la dinámica de crecimiento poblacional en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que ejercen presiones por medio del costo de oportunidad, al no existir una valoración de los servicios ambientales de los recursos naturales y la biodiversidad; el narcotráfico; la aplicación de esquemas de concesiones de aprovechamiento forestal con escaso beneficio para los dueños de los recursos; así como los incendios, que afectan anualmente un promedio de 276 mil hectáreas (calculado para el periodo de 1991 a 1998), de las cuales el 34% son arboladas y alrededor de una quinta parte de las ellas resultan dañadas letalmente.

La reducción de las superficies arboladas, de su densidad y continuidad, ponen en peligro las especies de flora y fauna que son uno de los activos estratégicos de México. El 3.6% de las especies nativas de México son raras, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial, y la tasa de extinción es de 5.6 especies por año, de acuerdo con cálculos de la Conabio hasta el año de 1995.

La pérdida de capital natural tiene costos inaceptables e imposibles de sufragar por México. El Banco de México estima que solamente por reducción directa en la rentabilidad, la degradación de los recursos naturales provoca pérdidas del orden de los 40,000 millones de pesos anuales mientras que el costo agregado, incluyendo el agotamiento de recursos, es del orden del 10.6% del Producto Interno Bruto.

Las pérdidas por desastres llamados ``naturales'', magnificados o provocados por las acciones del hombre, se estiman en magnitudes de cientos de miles de millones de pesos. Si bien dichos fenómenos no son evitables en el corto plazo, sí pueden ser mitigados sus efectos por medio de la conservación y mejoramiento de las tierras.

Los procesos de deterioro ambiental no son consecuencia inevitable del desarrollo, sino la secuela de procesos de desarrollo insustentable. Por ejemplo, detrás de la deforestación está la acumulación de la explotación maderera con criterios extractivos y con escasa o nula participación de las comunidades propietarias de los recursos, así como la presión de poblaciones campesinas crecientes sin oportunidades económicas alternativas; en el origen de la erosión está la deforestación en tierras preferentemente forestales, el sobrepastoreo de predios mal atendidos o prácticas de roturación inadecuadas. Atender esta problemática constituye un reclamo social creciente, ya que el daño económico que provoca es muy superior al costo de su prevención.

La atención al problema de la degradación de las tierras ha seguido un enfoque principalmente orientado a la restauración, a partir de la instauración de los programas de conservación de agua y suelo, introducidos de la tradición conservacionista de la agricultura estadounidense a través de la Fundación Rockefeller y el establecimiento de la llamada Revolución Verde. Estos lineamientos fueron plasmados en la legislación aprobada en 1946.

El enfoque de restauración implica cuantiosas inversiones con escasos resultados, mientras que las causas del mal manejo de las tierras subsisten, por lo que es necesario hacer énfasis en un nuevo acento en la transformación de las prácticas de manejo de las tierras en el proceso productivo, por tecnologías que tomen en cuenta la conservación e incremento de la productividad, lo que no solamente ha demostrado ser posible, sino también conveniente al productor.

Se trata, pues, de alentar el manejo sustentable de las tierras para generalizar las experiencias exitosas que dan testimonio de la viabilidad de una mejoría demostrada de manera práctica.

En este sentido, es conveniente llamar la atención hacia casos en toda clase de condiciones climáticas, edáficas y socioeconómicas en donde bajas inversiones para cambiar de enfoques tecnológicos, a la vez que arreglos institucionales y concertación social para la gobernabilidad de los recursos de propiedad común, han dado alentadores resultados, como la elevación sustancial de la productividad y reducción de costos con la aplicación de labranza de conservación o el empleo de cultivos leguminosos de cobertura; la contribución a la solución de graves problemas ambientales y sociales mediante el empleo de cercos vivos para proteger los cultivos y suministrar a la vez combustible para uso doméstico; el incremento significativo de la cosecha de becerros en ganadería extensiva de zonas secas al ordenar el uso de los potreros y la carga animal, o la recuperación de terrenos salinizados de regadío, entre otros muchos ejemplos.

Estudios recientes sobre las agriculturas en América Latina muestran situaciones semejantes y remiten a causas estructurales en donde la dispersión de políticas impide tomar las medidas adecuadas para resolver los problemas de la degradación de las tierras y sus funestas consecuencias.

Ante esta problemática, se ha considerado, ya desde las consultas para la formulación del plan de trabajo de la naciente Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la urgencia del viraje en las políticas en la materia, hacia un enfoque preventivo a través de la acción cotidiana de los productores, para lo que es indispensable potenciar la capacidad normativa de la autoridad ambiental sobre las actividades sustanciales del desarrollo, en este caso, del desarrollo rural. En esa ocasión, de hecho, se planteó la necesidad de revisar y poner en efecto la mencionada Ley de 1946.

En el seno del Consejo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos, que operó durante el periodo de vigencia de la Semarnap, fue procesado un proyecto de nueva Ley, que sustituyera el texto legislativo ya referido; sin embargo, otros proyectos legislativos fueron considerados prioritarios en ese tiempo, por lo que el tema no alcanzó a ser abordado en un proyecto legislativo mientras que, en ese transcurso, fue derogada la Ley de 1946, sin ser sustituida y dejando así un vacío legislativo que no han llenado la Ley ambiental ni otras disposiciones jurídicas posteriores.

No obstante, en diciembre de 1999 fue presentada ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Restauración y Conservación de Suelos, misma que fue turnada a la entonces Comisión de Ecología y tuvo lugar un proceso de discusión y negociación con el Ejecutivo y con diversos actores de la Sociedad, que generó una versión avanzada del proyecto legislativo, el cual no alcanzó a ser revisado por la Comisión, sin que hasta el momento haya sido dictaminada.

Asimismo, en la LVIII Legislatura, se tuvo lugar el proceso legislativo correspondiente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual recogió algunas disposiciones del proyecto mencionado y, en la misma forma, fue procesada la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que el proyecto original referente al tema de la conservación de suelos requiere de una nueva revisión.

La LRCT tiene una estructura sencilla y lógica, con cinco títulos; los dos primeros incluyen el encuadre constitucional, propósitos y distribución de atribuciones; un tercer título está dedicado a establecer las normas para el uso y aprovechamiento de las tierras en las principales actividades, mientras el cuarto define los instrumentos para la prevención y combate a la degradación y desertificación de la tierra; un quinto y último título contiene las infracciones y sanciones correspondientes.

El enfoque de la LRCT se aboca principalmente al aliento a la utilización de opciones sustentables de manejo y aprovechamiento de las tierras, mediante la aplicación coordinada de los recursos públicos disponibles, tomando en cuenta las recomendaciones de los órganos internacionales que señalan la conveniencia de combatir la desertificación con un enfoque preventivo, antes que correctivo, así como aprovechando el marco jurídico proporcionado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De dicha Ley se toma, en primer lugar, el marco institucional del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, la Comisión Intersecretarial, los Consejos en sus diversos ámbitos Nacional, Estatal, Distrital y Municipal y la utilización de los Distritos de Desarrollo Rural como ventanilla única. De esta manera la aplicación de la LRCT minimiza la necesidad de creación de estructuras onerosas.

También de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se aprovechan las disposiciones que dan prioridad a las acciones de conservación y restauración de tierras para el acceso a los apoyos previstos por la misma, así como la obligatoriedad de las recomendaciones sobre carga animal, el mandato para delimitar las tierras frágiles y los Contratos de Aprovechamiento de Tierras, en la búsqueda de opciones de diseño institucional que reduzcan las necesidades financieras para la aplicación de la Ley.

En este caso, se puede estimar que la aplicación de los Contratos de Aprovechamiento de Tierras en las zonas con tierras frágiles, puede significar un ahorro neto al fisco del orden de varios miles de millones de pesos, incluyendo en el cálculo el costo administrativo y operativo del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales y la creación de la Comisión de Lucha contra la Desertificación, aprovechando estructuras administrativas ya existentes.

En resumen, el proyecto legislativo que aquí se propone, instrumenta, por fin, las disposiciones del Tratado Internacional contenido en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y enfrenta de manera eficaz y realista el problema de mantener y mejorar la base productiva y de servicios ambientales del país, con un enfoque que apuesta a la participación de los ciudadanos y que significa una reducción neta sustancial del costo administrativo para el erario público a la vez que la disminución del costo de transacción para los particulares.

Con el fin de establecer la necesidad de la aprobación de la presente Iniciativa podemos mencionar lo siguiente:

1. El estado de degradación de las tierras en México requiere de una mayor atención por parte de la sociedad y de las autoridades, en beneficio del mejoramiento económico de los sectores productivos que hacen uso de ellas, de la elevación de la calidad de vida de las poblaciones, especialmente de las más desfavorecidas, que son las que detentan la mayoría de las tierras degradadas, y de la preservación de los múltiples servicios ambientales que las tierras prestan a la sociedad en su conjunto y no solamente a sus dueños directos.

2. Resulta del todo pertinente y necesaria la emisión de una Ley que proporcione capacidad normativa a la autoridad federal en el ejercicio de las actividades sustanciales y permita la utilización de los cuantiosos recursos materiales y humanos ocupados en el desarrollo rural y la lucha contra la pobreza, a fin de dar a éstos un carácter persistente y actuar radicalmente sobre las condiciones básicas de la producción.

3. Es necesario el cumplimiento puntual de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, ratificada por el Senado de la República, entre cuyos compromisos se encuentra la revisión y mejoramiento del marco jurídico relevante a los procesos de degradación de las tierras.

4. Los recientes procesos legislativos referentes al campo, hacen necesaria una reformulación de la iniciativa de Ley de Restauración y Conservación de Suelos, a la vez que se considera que el concepto más indicado para el objeto de la Ley proyectada, es el de las tierras en su acepción sistémica que involucra el sustrato no renovable del suelo tanto como los organismos vegetales y animales presentes y otros elementos del ecosistema, aunque sin abarcar las determinaciones referentes al ámbito de las relaciones de propiedad, que corresponden a la competencia agraria, por lo que se requiere de un nuevo texto, con nueva denominación, que en esta Iniciativa se presenta.

5. La nueva propuesta contiene, por lo demás, diversos ajustes orientados a precisar mejor los conceptos, a compaginar el vínculo con otras leyes y proporcionar mayor claridad en su redacción.

6. El instrumento jurídico que se propone, cuenta con las características necesarias para lograr el propósito de rescatar los recursos naturales básicos del país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de Ley, con Proyecto de Decreto, mediante la cual se crea la Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras, para quedar como sigue:

Ley para la Restauración y Conservación de las TierrasTítulo Primero

Capítulo I

De las Disposiciones Generales

Artículo 1°. La presente Ley es reglamentaria del párrafo tercero de los artículos 27 y el cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de conservación de las tierras y el derecho a un medio ambiente adecuado así como es instrumental de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación, de observancia general en todo el territorio nacional; sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases para:

I. Combatir los procesos de degradación de las tierras en el medio rural y fomentar su restauración, mejoramiento y conservación, con el fin de mantener su calidad y cantidad en beneficio de la población mexicana;

II. Proteger el recurso suelo y evitar el deterioro, pérdida, contaminación, o cualquier factor de degradación que disminuya la capacidad productiva de las tierras y los servicios ambientales asociados a su conservación;

III. Definir los términos de la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales en la restauración, el mejoramiento y la conservación de las tierras;

IV. Promover el manejo sustentable de las tierras y de los recursos naturales, en general, de modo que contribuya al incremento de la producción y de la productividad y al mejoramiento de los niveles de bienestar social, sin afectar la biodiversidad de los ecosistemas;

V. Ordenar la utilización de las tierras de acuerdo a su aptitud y conforme a criterios de aprovechamiento sustentable;

VI. Delimitar las zonas rurales y periurbanas; y

VII. Determinar las bases y cauces para la participación de la sociedad en las tareas de preservación y restauración de las tierras.

Artículo 2°. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Bienes y Servicios Ambientales: Conjunto de bienes tangibles y no tangibles, que contribuyen al mejoramiento de las funciones de los ecosistemas, tales como la recarga de acuíferos, el incremento de la diversidad biológica, la captura de gases y otras;

II. Comisión: Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación;

III. Consejo: Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Desertificación. Se enmarca en el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación;

IV. Consejo Mexicano: El Consejo Mexicano para el Desa-rrollo Rural Sustentable, señalado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

V. Conservación. Las actividades tendientes a mantener o incrementar la capacidad productiva de las tierras, cuando la degradación de las mismas aún permite la producción;

VI. Cuencas: Cuencas hidrográficas, definidas como la unidad territorial, demarcada por una red autónoma de cauces;

VII. DDR: Los Distritos de Desarrollo Rural Sustentable, previstos en la Ley de Desarrollo.

VIII. Degradación de tierras: Procesos que disminuyen la capacidad presente o futura para producir bienes y sustentar la vida, en los términos que establezca el Inventario Nacional de las Tierras;

IX. Desertificación: Pérdida de la capacidad productiva de las tierras causada por el hombre, en cualquiera de los ecosistemas existentes en el territorio de la República Mexicana;

X. Ley: La Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras;

XI. Ley de Desarrollo: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

XII. LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

XIII. Ley Forestal: La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;

XIV. Lucha contra la desertificación: Conjunto de orientaciones e instrumentos de política y acciones para prevenir, controlar y revertir la degradación de las tierras en sus manifestaciones y causas;

XV. Manejo sustentable de cuencas: La gestión en un determinado sistema hidrográfico para aprovechar sus recursos naturales, sin menoscabo de su integridad física, química y biológica;

XVI. Manejo de Tierras: El conjunto de técnicas encaminadas a la prevención, conservación y preservación de la calidad de las tierras;

XVII. NOM: Las Normas Oficiales Mexicanas, expedidas por el Poder Ejecutivo, en los términos de la Ley de Metrología y Normalización.

XVIII. Ordenamiento de la utilización de las tierras: El proceso de distribución equilibrada y sustentable de las actividades agropecuarias y forestales en las áreas con mejores condiciones para su desarrollo;

XIX. Reglamento: El Reglamento de la Ley;

XX. Restauración: Las actividades tendientes a restituir la capacidad productiva de tierras degradadas severamente, hasta niveles que impiden o limitan severamente su uso productivo;

XXI. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXII. Sistema: Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación;

XXIII. Suelo: Sustrato capaz de soportar plantas en un ambiente natural;

XXIV. Tierra: El sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otros componentes de la biosfera y los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan dentro del sistema así como los acondicionamientos de los terrenos, la cubierta forestal y la infraestructura desarrollada en los mismos terrenos.

XXV. Zonas críticas: Las que presentan grados severos de degradación de la tierra, en las que la autoridad, mediante declaratoria, establece un régimen especial de utilización y manejo de las tierras; y

XXVI. Zonas frágiles o tierras frágiles: Tierras que pueden ser degradadas por fenómenos naturales, cambio de técnicas productivas o de utilización.

Artículo 3°. Se declara del interés público:

I. La restauración y conservación de la capacidad productiva de las tierras, así como de las características propicias al incremento de sus servicios ambientales;

II. La conservación y mejoramiento de las partes altas de las cuencas;

III. La declaración de zonas críticas de conservación y restauración de las tierras; y

IV. El ordenamiento territorial de la utilización de la tierra.

Título Segundo

De la Gestión de la Lucha contra la Desertificación

Capítulo I

De la Autoridad en Materia de Lucha contra la Desertificación

Artículo 4°. Las atribuciones que en materia de lucha contra la desertificación corresponden al Estado, serán ejercidas por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y la Comisión, que para el efecto se instruirá en el marco de la Comisión Intersecretarial señalada en la Ley de Desa-rrollo, en coordinación con las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de la competencia que les permita la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría, directamente o a través de sus órganos sectorizados, establecerá los lineamientos, normas e instrumentos de política, así como ejercerá los actos de autoridad, mientras que la Comisión será la responsable de ejecutar y coordinar las acciones de lucha contra la desertificación.

Artículo 5°. Son atribuciones de la Secretaría en materia de lucha contra la desertificación, las siguientes:

I. Formular y conducir la política nacional en materia de tierras;

II. Promover el cumplimiento y activa participación en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, así como coordinar las decisiones y actividades inherentes a la aplicación de dicho tratado y representar al País en las instancias internacionales correspondientes;

III. Promover la creación de incentivos y/o la adecuación de los programas de desarrollo rural existentes, a fin de estimular el uso sustentable de las tierras, en coordinación con las dependencias competentes;

IV. Presidir y coordinar los trabajos del Consejo;

V. Orientar con criterios ecológicos las políticas e instrumentos del desarrollo rural, el fomento agropecuario y lucha contra la pobreza, en cuanto a su impacto en la conservación y restauración de las tierras;

VI. Determinar las modalidades de aplicación de los programas de desarrollo rural en las zonas críticas y en tierras frágiles, en coordinación con las autoridades competentes;

VII. Coordinarse con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de aplicar la presente Ley a través de los Distritos de Desarrollo Rural;

VIII. Autorizar los cambios de utilización de las tierras;

IX. Emitir declaratorias para zonas críticas;

X. Combatir los desmontes;

XI. Regular y fomentar las acciones para la conservación y restauración de las tierras que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal;

XII. Celebrar, conforme a lo previsto en la presente Ley, acuerdos y convenios en materia de conservación y restauración de tierras, con los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como con otras instituciones públicas y personas físicas o morales de los sectores social y privado;

XIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella deriven;

XIV. Imponer las sanciones que correspondan a las infracciones que se cometan en materia de conservación y restauración de tierras; y

XV. Las demás que esta Ley y otras disposiciones jurídicas le señalen.

Artículo 6º. Son atribuciones de la Comisión:

I. Coordinar el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación;

II. Establecer unidades de coordinación y atención al público en los Distritos de Desarrollo Rural;

III. Planear, acordar o ejecutar, directamente o en forma coordinada con los gobiernos de los Estados y Municipios y/o en concertación con las organizaciones sociales, programas especiales para prevenir o controlar la degradación del suelo;

IV. Definir las tierras frágiles, y determinar los parámetros de dicha condición, así como proponer, fundar y concertar la emisión de declaratorias para zonas críticas;

V. Instrumentar las acciones necesarias para conservar y restaurar las tierras en aquellas zonas que lo requieran;

VI. Coordinar la celebración de Contratos de Aprovechamiento de Tierra en las zonas con tierras frágiles;

VII. Restaurar y estabilizar las tierras en las partes altas de las cuencas;

VIII. Realizar, mantener actualizado y difundir el inventario nacional de tierras;

IX. Organizar y operar el Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación;

X. Participar en el Sistema Nacional de Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Sustentable, el Sistema Nacional de Capacitación y asistencia técnica para el Desarrollo Sustentable, el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable y los órganos y mecanismos de coordinación necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

XI. Determinar y revisar periódicamente los coeficientes de agostadero;

XII. Elaborar, directamente o en coordinación con otras dependencias y/o instituciones, estudios de factibilidad para recuperar áreas degradadas;

XIII. Promover, fomentar y evaluar la celebración de Contratos de Aprovechamiento de Tierras en las Tierras Frágiles, de acuerdo con los dispuesto en la Ley de Desarrollo;

XIV. Acordar con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, la instrumentación coordinada de programas prioritarios regionales por actividad o recurso natural;

XV. Concertar con los sectores privado y social la ejecución de programas conjuntos de preservación y restauración de las tierras;

XVI. Fomentar la participación de la sociedad en el combate a la desertificación;

XVII. Promover el manejo sustentable y conservación integral de las tierras y el agua en las cuencas hidrográficas;

XVIII. Celebrar, conforme a lo previsto en la presente ley, acuerdos y convenios en materia de conservación y restauración de tierras, con los gobiernos de las Entidades Federativas, así como con otras instituciones públicas y personas físicas o morales de los sectores social y privado;

XIX. Las demás que esta Ley y otras disposiciones jurídicas le señalen.

Artículo 7º. La coordinación y acciones de lucha contra la desertificación, se llevarán a cabo a través de los Distritos de Desarrollo Rural Sustentable, los cuales deberán contar con una Unidad de Lucha contra la Desertificación, al menos en los distritos que cuenten con zonas de tierras frágiles.

Dichas Unidades operarán en el marco de las disposiciones aplicables para el funcionamiento de los DDR.

Artículo 8º. Los acuerdos y convenios que en materia de tierras celebre la Secretaría con los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, podrán versar sobre los siguientes asuntos:

I. La planeación, instrumentación y ejecución de programas de manejo para atender las zonas críticas por recurso o actividad productiva, de carácter regional para la conservación y restauración de las tierras;

II. La participación en la planeación, constitución y administración de zonas de conservación y restauración de tierras y Unidades de lucha contra la Desertificación;

III. La concertación de acciones e inversiones para la conservación y restauración de tierras con los sectores social y privado;

IV. La planeación, programación ejecución, seguimiento, evaluación y control de acciones tendientes a la conservación y restauración de tierras promoviendo, para ello, la participación social;

V. La participación en los Consejos Regionales de lucha contra la Desertificación; y

VI. Las demás que le señalen esta Ley y otras disposiciones sobre la materia.

Artículo 9º. La Comisión, mediante convenio de coordinación con las dependencias competentes de los gobiernos Federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, podrá establecer y operar Unidades de Lucha contra la Desertificación en los Distritos de Desarrollo Rural existentes en la República, las cuales, con la colaboración de los propios DDR, tendrán los siguientes objetivos:

I. Aplicar localmente la Convención de Lucha contra la Desertificación;

II. Coadyuvar en el establecimiento y cumplimiento de las declaratorias de zonas críticas de conservación y restauración de tierras;

III. Apoyar el proceso de descentralización de responsabilidades y funciones hacia los estados y municipios mediante el establecimiento de instancias locales de administración directa, encargadas de la ejecución, control y vigilancia de los programas de conservación y restauración de tierras;

IV. Promover instancias de planeación participativa y administración autogestiva, a través del reconocimiento de las estructuras que los propios productores y propietarios rurales se han dado;

V. Impulsar la adopción de prácticas de producción y aprovechamiento sustentable a partir del manejo integral de los sistemas de cuencas, subcuencas y microcuencas;

VI. Promover instancias de convergencia de las acciones, servicios y recursos públicos, sociales y privados, destinados a la preservación y recuperación de las tierras; y

VII. Las demás que la Ley y el Reglamento señalen.

Artículo 10. Las Unidades de Lucha contra la Desertificación tendrán las siguientes funciones:

I. Operar y coordinar los servicios técnicos y administrativos que para su funcionamiento resulten necesarios;

II. Elaborar, determinar o aprobar, según sea el caso, los proyectos específicos de conservación o restauración por predio y tipo de tierras;

III. Formular el presupuesto anual de la Unidad a partir de los proyectos específicos, a cuyo cargo correrán los gastos de administración del mismo;

IV. Administrar y difundir la información referente a servicios técnicos y tecnologías;

V. Asesorar a los usuarios en la ejecución de los trabajos de conservación y restauración de las tierras en las técnicas de manejo sustentable;

VI. Ejecutar programas de capacitación y adiestramiento, dirigidos a los usuarios del Distrito, sobre técnicas de manejo de tierras;

VII. Promover y dictaminar la celebración de contratos de aprovechamiento de Tierras;

VIII. Supervisar la correcta realización de los trabajos de conservación y restauración que a los usuarios corresponda, así como el cumplimiento de las limitaciones al uso y aprovechamiento fijadas en el decreto de creación;

IX. Determinar las características de las tierras de cada propiedad o posesión y definir los cultivos que deberán fomentarse;

X. Representar a la Secretaría en el ámbito de su jurisdicción; y

XI. Las demás que esta Ley o su reglamento les señalen.

Capítulo II

De la Participación Social

Artículo 11. La Secretaría promoverá y coordinará el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación a través de la Comisión; el Sistema tendrá las siguientes funciones:

I. Integrar y organizar la participación de las organizaciones de productores rurales y de la sociedad civil en las estrategias y programas del Sistema;

II. Definir los objetivos, políticas, estrategias y programas para el control de la desertificación;

III. Proponer y gestionar ante las instituciones públicas federales responsables de los instrumentos de regulación, fomento y apoyo, los ajustes necesarios para que dichos instrumentos coadyuven de manera más eficaz en el control de la desertificación;

IV. Armonizar las políticas y estrategias mencionadas, con los objetivos, políticas y estrategias de producción rural establecidas por las instancias que tengan jurisdicción en esas materias;

V. Promover la participación de los gobiernos estatales y municipales en las acciones del Sistema;

VI. Las demás que le encomiende el Consejo Mexicano o que establezca el propio Consejo Nacional de Lucha contra la Desertificación.

Artículo 12. El Sistema estará formado por las instituciones y organismos públicos, privados y sociales que puedan contribuir en la lucha contra la desertificación, y contará con un Consejo Consultivo Nacional para la Lucha contra la Desertificación, que será establecido por la Secretaría.

Artículo 13. La Secretaría promoverá el establecimiento de los correlativos Consejos Consultivos Estatales Regionales, Distritales y municipales, en el marco del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable que establece la Ley de Desarrollo.

Artículo 14. El Consejo Nacional y los Consejos Regionales, en el ámbito de sus competencias respectivas, operarán como órganos de consulta y espacios de participación ciudadana, en el ámbito de su respectiva jurisdicción, y tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

I. Fomentar la participación activa y corresponsable de la sociedad en la definición de la política nacional y regional de lucha contra la desertificación, la ejecución de los programas de conservación y restauración de tierras y en el control y vigilancia de las acciones que en esta materia se emprendan;

II. Asesorar a la Secretaría en el diseño y ejecución de las políticas y estrategias nacionales en materia de tierras, así como participar en su control y evaluación;

III. Participar conjuntamente con la Secretaría en la elaboración del Reglamento.

IV. Recomendar al gobierno los lineamientos a seguir en cuanto a la participación de México en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y otros foros y negociaciones internacionales relevantes;

V. Proponer a la Secretaría las recomendaciones que estime pertinentes para mejorar, ejecutar o reorientar políticas, programas, estudios, proyectos y acciones específicas para la lucha contra la desertificación;

VI. Proponer a la Secretaría las reformas legales que considere necesarias para perfeccionar el marco jurídico, mejorar el cumplimiento de sus funciones y promover el desa-rrollo sustentable;

VII. Proponer los lineamientos y metodologías para el levantamiento del inventario nacional de tierras;

VIII. Otorgar anualmente el Premio al Mérito en la Lucha contra la Desertificación;

IX. Promover los Consejos Consultivos Regionales;

X. Atender las consultas que en materia de tierras le sean planteadas por la Secretaría;

XI. Recomendar a la Secretaría el establecimiento de zonas críticas de conservación y restauración en aquellas zonas que a su juicio lo requieran;

XII. Opinar sobre las solicitudes de cambios de utilización de tierras;

XIII. Determinar los componentes técnicos de los Planes de Manejo Sustentable de Tierras aplicables a los Contratos, de acuerdo con el catálogo de tecnologías que determine el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica; y

XIV. Las demás que esta Ley y el Reglamento les señale.

Artículo 15. El Consejo Consultivo Nacional se integrará con los representantes de:

I. La Secretaría, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Desarrollo Social; el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y las demás dependencias y entidades del Gobierno Federal cuyas atribuciones se relacionen con el objeto de esta Ley;

II. Agrupaciones nacionales indígenas, de productores y empresarios;

III. Instituciones públicas o privadas de investigación o educación superior; y

IV. Organizaciones no Gubernamentales cuyo objeto se relacione con la protección, conservación y restauración de las tierras.

Artículo 16. Los Consejos Estatales, Regionales, Distritales y Municipales de Lucha contra la Desertificación en sus respectivas circunscripciones, estarán integradas por:

I. Representantes de los gobiernos estatales y municipales que correspondan;

II. Entidades y dependencias federales que actúen en el ámbito regional;

III. Agrupaciones regionales de indígenas, productores y empresarios;

IV. Instituciones públicas o privadas de investigación o educación superior; y

V. Organizaciones no Gubernamentales cuyo objeto se relacione con la conservación y restauración de las tierras.

Artículo 17. Las bases para la organización, estructura y funcionamiento de los Consejos Consultivos Nacional, Estatales, Distritales, Municipales y Regionales, se sujetarán a lo que disponga el Reglamento de esta Ley.

Artículo 18. Las acciones orientadas a la lucha contra la desertificación, serán coordinadas teniendo en cuenta la existencia de los órganos e instancias de coordinación y participación social consideradas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Título Tercero

De las Normas para el Uso y Aprovechamiento de las Tierras

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 19. El uso y aprovechamiento de las tierras se hará sobre las bases y métodos que tiendan a mejorar su productividad, sin poner en riesgo la calidad de los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas, de modo que no comprometa el patrimonio de las generaciones venideras. Asimismo, la realización de otras actividades observará las medidas necesarias para evitar la desertificación y la degradación de tierras y cuencas. Para ello, la Secretaría expedirá normas, lineamientos técnicos y otras disposiciones para establecer dichas bases y métodos.

Artículo 20. La Secretaría, en coordinación con las dependencias competentes y dentro de las disposiciones establecidas por la Ley de Asentamientos Humanos y demás ordenamientos aplicables, delimitará las zonas urbanas, periurbanas y rurales y establecerá los parámetros, las disposiciones reglamentarias y acuerdos de coordinación para la actualización de dicha delimitación.

Artículo 21. La Secretaría delimitará en el Inventario Nacional de Tierras, las tierras frágiles y las zonas, críticas en las cuales la aplicación de los programas de desarrollo rural deberá realizarse con las consideraciones normativas y modalidades que la Secretaría establezca en coordinación con las dependencias competentes y con la participación del Consejo y el Consejo Mexicano.

Artículo 22. Los recursos aplicados en programas de apoyo en las zonas dictaminadas por la Secretaría en condición de tierras frágiles, serán otorgados a los particulares mediante gestión única y con las prerrogativas y preferencias destinadas a fines de mejoramiento de recursos naturales e incremento de los servicios ambientales, a través de Contratos de Aprovechamiento de Tierras, fundados en Planes de Manejo Sustentable de Tierras, formulados con el apoyo de servicios técnicos que la Comisión instrumentará, en el marco del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica y utilizando tecnologías aprobadas en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica, de acuerdo a las especificaciones que señale el Reglamento.

Artículo 23. La construcción o modificación de obras públicas o privadas, para fines agropecuarios, forestales, pesqueros, mineros, industriales, comerciales, urbanos o de servicios, que directa o indirectamente provoquen un daño a la tierra en el área rural o modifiquen el patrón de drenaje de las cuencas, requerirá autorización de la Secretaría y quedará sujeta a la realización de las acciones compensatorias de conservación y restauración que establezca la Secretaría, los que deberán ser proporcionales a la degradación causada a la tierra, en los términos que señale el Reglamento.

Artículo 24. El Ejecutivo Federal deberá incluir el rubro de Lucha contra la Desertificación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presente para su aprobación a la Cámara de Diputados.

Artículo 25. Los Distritos de Desarrollo Rural, deberán incluir en su programa anual un programa integral de manejo sustentable de tierras agrícolas, pecuarias y forestales, según corresponda, dentro del área de su circunscripción.

Artículo 26. La Secretaría definirá las técnicas recomendables de acuerdo con las características de aptitud y restricciones de utilización de las tierras. Para tal efecto, establecerá procedimientos transparentes y no discrecionales de validación de técnicas recomendadas en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable y del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 27. Los programas de manejo de las tierras agrícolas, ganaderas o forestales, una vez autorizados por la Secretaría, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación.

Artículo 28. Los reglamentos internos ejidales y estatutos comunales a que hace referencia la Ley Agraria, deberán establecer las reglas para el uso, aprovechamiento y conservación de las tierras de propiedad común, dedicadas a las actividades ganaderas o forestales, así como contener las previsiones y medidas organizativas que garanticen una adecuada gestión de tales tierras, por lo que antes de su inscripción el Registro Público de la Propiedad, solicitará a la Secretaría su opinión técnica.

Artículo 29. La Procuraduría Agraria, en coordinación con la Comisión, brindará asesoría especial a los ejidos y comunidades indígenas en la formulación y revisión de sus reglamentos internos o estatutos, a fin de proveer condiciones adecuadas para la correcta gestión de las tierras ganaderas o forestales de propiedad común.

Artículo 30. Se prohíbe la disposición de residuos contaminantes y el uso de los compuestos tóxicos y contaminantes de las tierras que determine la Secretaría mediante la emisión de las NOM correspondientes, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 31. Tienen prioridad para recibir los apoyos contemplados en la Ley de Desarrollo, los productores que seleccionen cultivos y tecnologías sustentables de manejo de tierras, de acuerdo con los procedimientos y normas que establezca la Secretaría.

Capítulo II

Del Uso y Aprovechamiento Agrícola

Artículo 32. Quienes se dediquen a las actividades agrícolas deberán seleccionar cultivos, técnicas y sistemas de manejo que favorezcan la integridad física, química y biológica de la tierra, su capacidad de infiltración hídrica, el ahorro de agua y la protección de los acuíferos. Las dependencias de la administración pública, dentro de su ámbito de competencia, fomentarán la adopción de las medidas señaladas anteriormente.

Artículo 33. Las sociedades de usuarios de los distritos y unidades de riego y de drenaje elaborarán un programa integral de manejo de tierras dentro de su circunscripción, en el que se incluyan las acciones de conservación y restauración en el ámbito predial y en las áreas manejadas directamente por el distrito o unidad. Dicho programa deberá actualizarse anualmente.

Las sociedades de usuarios informarán a la Secretaría dentro de los primeros dos meses de cada año sobre los avances y ejecución del programa.

Artículo 34. La Secretaría verificará el cumplimiento de los trabajos de manejo de tierras en los predios comprendidos dentro de los límites de los distritos y unidades de riego, conforme al procedimiento señalado en la Ley General, así como aplicar las sanciones que, en su caso, correspondan.

Capítulo III

Del Uso y Aprovechamiento Ganadero

Artículo 35. Quienes aprovechen tierras de pastoreo presentarán a la Secretaría, para la autorización de apoyos, un programa de manejo de tierras, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Los ejidos y comunidades y quienes cuenten con superficies con capacidad para menos de 50 unidades animal podrán solicitar a la Secretaría, apoyo para el cumplimiento de esa disposición en los términos establecidos por el Reglamento.

Artículo 36. Es obligatoria la observancia de los límites de carga animal establecidos por los coeficientes de agostadero que determine la autoridad competente. Sólo se podrá asignar una carga mayor, cuando así lo justifiquen los programas de manejo de tierras de pastoreo a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 37. La Procuraduría Agraria brindará asesoría a los ejidos y comunidades en la formulación y revisión de sus reglamentos y estatutos internos, a fin de proveer condiciones adecuadas para la correcta gestión de las tierras de pastoreo de propiedad común.

Capítulo IV

Del Uso y Aprovechamiento Forestal

Artículo 38. Los programas de manejo forestal mediante los cuales son otorgadas las autorizaciones de aprovechamiento, deberán incluir medidas para proteger y conservar las tierras y las cuencas.

Artículo 39. La Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, en el ámbito de su competencia, vigilarán que en la certificación de derechos ejidales, sucesiones y demás procedimientos de traslado de dominio o usufructo en tierras ejidales y comunales, no se asignen parcelas en terrenos forestales, para lo cual la Secretaría dictaminará y certificará la condición forestal de los predios en los términos de la Ley Forestal, los cuales deberán inscribirse en el Registro Nacional para la Lucha contra la Desertificación.

Artículo 40. La autoridad competente brindará asistencia técnica especializada a los grupos indígenas propietarios de tierras forestales, para la formulación del programa de manejo de tierras, para los efectos de la celebración de Contratos de Aprovechamiento de Tierras y la consecuente asignación de apoyos gubernamentales.

Artículo 41. La Procuraduría Agraria brindará asesoría a los ejidos y comunidades en la formulación y revisión de sus reglamentos y estatutos internos, a fin de proveer condiciones adecuadas para la correcta gestión de las tierras forestales de propiedad común.

Capítulo V

Del Uso y Aprovechamiento Minero

Artículo 42. Se requiere autorización de la Secretaría para la realización de actividades de extracción de materiales del subsuelo; exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales, excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta vegetal, las tierras o las cuencas, para lo cual los promoventes presentarán a la Secretaría un programa de manejo que incluya las tierras y los cauces de ríos y arroyos incluyendo sus márgenes hasta cincuenta metros del nivel de aguas máximo extraordinario; los aspectos técnicos y criterios de conservación se sujetarán a lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto emita la Secretaría, sin demérito de otras disposiciones aplicables en términos de la Ley General, la Ley Forestal y las demás que correspondan.

Artículo 43. El aprovechamiento de minerales no concesibles depositados en el lecho de cuerpos o cursos de agua, estará sujeto a las normas y procedimientos que establezca el Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 44. Las personas físicas y morales que se dediquen a las actividades mineras generadoras de residuos contaminantes de las tierras, deberán adoptar procesos de recuperación, eliminación o reuso de los mismos, de manera tal que se evite degradación a las tierras de acuerdo con lo que se señale en la norma oficial mexicana que para el efecto se expida. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será causa de cancelación de la concesión correspondiente.

Capítulo VI

Del Uso para Infraestructura

Artículo 45. La construcción y operación de obras de infraestructura caminera, hidráulica, conducción eléctrica o cualquiera otra que pueda causar degradación a las tierras en cualquiera de sus formas, o alterar las características hidrográficas de las cuencas, tanto en el proceso de ejecución, como en su operación ulterior, deberá hacerse de manera tal que evite dichos daños o, en caso contrario, justificar plenamente su utilidad pública y realizar las medidas de mitigación y compensación que establezca el Reglamento, las NOM y demás disposiciones aplicables.

Capítulo VII

De los Cambios de Utilización de las Tierras

Artículo 46. Los cambios de utilización de la tierra dentro de los márgenes establecidos por esta Ley, la Ley Forestal y correlativas, requiere autorización de la Secretaría, de conformidad con los siguientes criterios:

I. Por excepción

a) De forestal a cualquier otra, de acuerdo con lo establecido en la Ley Forestal; y

b) De ganadera de pastoreo a agrícola, urbana o infraestructura, de acuerdo con lo establecido en la esta Ley, la LGEEPA y demás disposiciones aplicables.

II. Previa autorización:

a) De agrícola permanente a ganadera de pastoreo: mediante un programa de manejo autorizado por la Secretaría, en los términos de lo establecido en la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables; y

b) De ganadera de pastoreo a agrícola, en las zonas consideradas críticas o de tierras frágiles, mediante un programa de manejo autorizado por la Secretaría, en términos de lo previsto la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

III. Sin restricciones

a) De agrícola o ganadero a forestal, quedando los trabajos de forestación o reforestación a lo establecido por la Ley Forestal.

Artículo 47. Cuando se trate de cambios de utilización de la tierra con fines diferentes a los agropecuarios y forestales, se solicitará la opinión del Consejo Consultivo que corresponda.

Artículo 48. Las solicitudes para el cambio de utilización de la tierra en terrenos de uso común ejidales o comunales, requerirán de la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de su asamblea ejidal o comunal, misma que deberá celebrarse cumpliendo con las formalidades exigidas para los asuntos señalados en las disposiciones aplicables de la Ley Agraria.

Capítulo VIII

De las Areas Periurbanas

Artículo 49. La Secretaría, conjuntamente con las autoridades de los estados y municipios, delimitará las áreas periurbanas, en las cuales tendrán prioridad, para todo efecto normativo, de planeación y fomento, sin aspecto paisajístico y la prestación de servicios ambientales a las zonas urbanas contiguas.

Título Cuarto

De los Instrumentos para la Lucha contra la Desertificación

Capítulo I

De las Areas Especiales de Conservación y Restauración de Tierras

Artículo 50. La Secretaría elaborará y ejecutará, en coordinación con las instancias correspondientes, los programas para las áreas críticas y zonas de tierras frágiles, encaminados a revertir la tendencia a la degradación, a partir de los estudios realizados por el Inventario Nacional de Tierras. Los programas de lucha contra la desertificación en las zonas críticas y de tierras frágiles se ejecutarán mediante convenios de concertación con los sectores social y privado y acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades o de los municipios, según sea el caso, conforme a lo establecido por esta Ley y las demás aplicables.

Artículo 51. Las zonas críticas de conservación y restauración de la tierra, requerirán declaratoria por parte del Ejecutivo Federal, en los términos señalados por la LGEEPA.

Artículo 52. Los programas de las zonas críticas podrán ser de carácter preventivo o correctivo. Los programas de carácter preventivo tendrán por objeto preservar la calidad de las tierras en aquellas áreas que aún conserven sus cualidades físicas, químicas o biológicas.

Los programas de carácter correctivo son aquellos que se orientan hacia las zonas críticas de conformidad con los criterios establecidos por el Inventario Nacional de Tierras.

Artículo 53. Los programas mencionados en el artículo anterior establecerán:

I. Los objetivos generales y vigencia;

II. Ubicación de las tierras y las características del área;

III. Estudios del terreno y sus características;

IV. La información sobre la degradación de las tierras;

V. Las actividades de restauración y conservación a realizar;

VI. Los recursos y plazos de la ejecución; y

VII. Las demás que se establezcan en el Reglamento y en las NOM, que para tal efecto emita la Secretaría.

Capítulo II

De los Servicios Técnicos

Artículo 54. La Secretaría participará, con las dependencias competentes, en el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica y el Sistema Nacional de Capacitación y Asesoría, a fin de establecer en éstos, los lineamientos y acciones necesarios para la aplicación de las tecnologías idóneas para la conservación, restauración y manejo sustentable de las tierras y las cuencas, así como para integrar un directorio de Servicios Técnicos que será incorporado al registro.

Artículo 55. La Secretaría establecerá los criterios y procedimientos para la clasificación, evaluación, certificación y autorización de los servicios técnicos, de conformidad con los criterios expresados en el Reglamento, así como en las Normas Oficiales Mexicanas que para el efecto emita la Secretaría.

Los prestadores de los servicios técnicos podrán ser contratados libremente. Cualquier persona física o moral que acredite su competencia y capacidad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, podrá prestar los servicios técnicos.

Artículo 56. La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias competentes, realizará acciones de promoción y difusión de los servicios técnicos.

Artículo 57. Aquellas personas que por carencia de recursos económicos o por el reducido tamaño de sus terrenos no estén en posibilidades de contar con servicios técnicos, podrán recurrir a la Secretaría para que ésta brinde los servicios correspondientes, en los términos que señale el Reglamento de esta Ley.

Capítulo III

Del Fomento y Financiamiento

Artículo 58. La Banca de Desarrollo participará solidariamente en la protección de las tierras y los recursos naturales. Para ello, creará mecanismos de crédito que tengan por objeto la conservación y restauración de tierras y cuencas, debiendo la Banca otorgar a dichos proyectos tasas de interés y condiciones preferentes.

Artículo 59. Las instituciones públicas de financiamiento, crédito y afianzamiento, establecerán mecanismos en sus procedimientos de selección y aprobación de propuestas y solicitudes, para que los proyectos apoyados financieramente, cuenten con méritos en materia de conservación, restauración y manejo sustentable de tierras y cuencas.

Artículo 60. La Comisión y la SHCP coordinarán, con la participación de las Entidades federativas, el establecimiento de fondos para la lucha contra la desertificación, a fin de apoyar la formulación de proyectos y programas para la conservación y restauración de tierras. Dichos fondos se podrán integrar con las asignaciones de los tres órdenes de gobierno; los créditos y apoyos de organismos internacionales; las cuotas y derechos designados para tal efecto; y las aportaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e internacionales.

Artículo 61. La SHCP realizará las acciones conducentes para que las aportaciones a los fondos que hagan las personas físicas o morales de carácter privado sean deducibles del Impuesto sobre la Renta

Artículo 62. En el marco de los Sistemas de Investigación y Transferencia Tecnológica; y de Capacitación y Asistencia Técnica, los apoyos que se otorguen al tenor de los artículos precedentes, deberán orientarse hacia:

I. Promover la investigación, capacitación, difusión y divulgación del conocimiento para la conservación, restauración y manejo sustentable de las tierras y cuencas;

II. Realizar Inversiones en obras de conservación, restauración y manejo sustentable de las tierras y cuencas;

III. Generación y transferencia de tecnologías, formulación de proyectos y asistencia técnica para la conservación, restauración y manejo sustentable de las tierras y cuencas;

IV. Apoyar la valoración y el pago de servicios ambientales que se generen por las actividades, de conservación, restauración y manejo sustentable de las tierras y cuencas; y

V. Las demás que establezcan la Secretaría y la Comisión, con la participación de las dependencias del Gobierno Federal, las Entidades Federativas, los municipios y los Consejos en sus correspondientes ámbitos de competencia.

Artículo 63. Las previsiones de la Secretaría y la Comisión, en materia de recursos y disponibilidades presupuestarias para un ejercicio fiscal, y las proyectadas en un horizonte de mediano plazo, promoverán la conservación, restauración y manejo sustentable de las tierras y cuencas.

Artículo 64. La administración pública, en el ámbito de su respectiva competencia, podrá establecer las medidas económicas y financieras adecuadas para el fomento de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de las tierras y para canalizar recursos de inversión y financiamiento para obras dentro de los DDR.

Artículo 65. Las autoridades competentes de las Entidades Federativas y los municipios, establecerán las condiciones para canalizar recursos de inversión y financiamiento de obras en los DDR.

Capítulo IV

De la Investigación y Capacitación

Artículo 66. En el marco de los sistemas de Investigación y Transferencia tecnológica, Información y capacitación y asistencia técnica, las instituciones gubernamentales de investigación competentes, incluirán en sus programas de trabajo actividades para la lucha contra la desertificación.

Artículo 67. La Comisión establecerá programas de capacitación directa a productores y los medios para la implantación de un programa permanente de capacitación de productor a productor.

Artículo 68. El Gobierno Federal establecerá, dentro de sus programas, recursos específicos para capacitación en materia de lucha contra la desertificación.

Artículo 69. La Comisión establecerá los medios para contar con un catálogo de técnicas aprobadas de restauración y manejo sustentable de tierras y cuencas, de acceso amplio y expedito, con información oportuna sobre la naturaleza de las técnicas, los fundamentos científicos en que se basan, las referencias bibliográficas correspondientes, los derechos de propiedad intelectual, tanto académica como de patentes, las condiciones necesarias, riesgos y precauciones para su aplicación y un directorio de usuarios y provee-dores.

Artículo 70. La Comisión establecerá y dará continuidad a los padrones de técnicos calificados en materia de lucha contra la desertificación y para la formulación y aplicación de Planes y Contratos de aprovechamiento sustentable de las tierras, incluyendo la selección, capacitación continua, evaluación, certificación, expedición de licencias y registro de los mismos.

Capítulo V

De la Educación y Cultura para la Lucha contra la Desertificación

Artículo 71. La Secretaría promoverá coordinadamente con las dependencias competentes, una cultura que reconozca la importancia de la lucha contra la desertificación, el desarrollo científico y tecnológico, así como la formación de los recursos humanos necesarios para tal efecto, mediante las siguientes acciones:

I. Campañas permanentes y eventos especiales de difusión orientados al logro de la participación organizada de la sociedad en la lucha contra la desertificación;

II. Establecer espacios permanentes orientados a la elevación de la cultura de la lucha contra la desertificación;

III. Diseño, formulación, elaboración y publicación de materiales de comunicación educativa, que oriente la relación de la sociedad con las tierras y cuencas;

IV. Fomentar la capacitación de voluntarios, orientados a la promoción de la lucha contra la desertificación; y

V. Otras que sean de interés para desarrollar y fortalecer una cultura de lucha contra la desertificación.

Artículo 72. La secretaría promoverá el aprovechamiento de las experiencias prácticas y conocimientos generados por los productores rurales.

Artículo 73. En materia de educación para la lucha contra la desertificación, la Secretaría, en coordinación con la SEP y demás dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno, realizará las siguientes acciones:

I. Recomendar y acompañar la actualización permanente de los planes de estudios básico, medio y superior, relacionados con el manejo y aprovechamiento sustentable de las tierras y cuencas;

II. Impulsar programas de educación en materia de lucha contra la desertificación, a propietarios y productores rurales, así como de los pobladores de áreas rurales;

III. Formular programas de becas para estudios en materia de lucha contra la desertificación; y

IV. Otras que sean de interés en la materia.

Capítulo VI

De los Instrumentos de Mercado y el Pago de Bienes y Servicios Ambientales

Artículo 74. En el marco de los tratados internacionales, de las disposiciones aplicables de la Ley General, del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Sustentable y demás disposiciones aplicables, la Secretaría promoverá el desarrollo de mercados de bienes y servicios ambientales que retribuyan a propietarios o productores que adopten un manejo y aprovechamiento sustentable de sus tierras.

Artículo 75. La Secretaría establecerá los acuerdos y acciones conducentes a contar con los conocimientos, acuerdos, procedimientos, disposición de recursos, actividades indicativas, información de mercado y demás elementos necesarios para hacer efectivo el pago de los bienes y servicios ambientales

Artículo 76. La Secretaría promoverá la formación de personas físicas y morales en materia de valoración y certificación de bienes y servicios ambientales, a fin de que presten asesoría a quienes hagan un aprovechamiento y manejo sustentable de sus tierras, y los vinculen con consumidores, usuarios o beneficiarios de los bienes y servicios ambientales, así como con los mercados nacionales e internacionales correspondientes; lo anterior, se hará tomando en cuenta experiencias y esfuerzos ya disponibles.

Artículo 77. Las compras de gobierno preferirán, en igualdad de condiciones, los productos nacionales provenientes de producción sustentable, así como establecerán un padrón oficial de proveedores sustentables para iguales efectos, en los términos que establezcan el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Capítulo VII

De la Información, Inventario y Registro

Artículo 78. La Secretaría, considerando el ordenamiento ecológico general, realizará y actualizará el inventario nacional de las tierras, para determinar los usos potenciales y la calidad de las mismas.

Artículo 79. El inventario deberá contener, por lo menos, los siguientes aspectos:

I. Clasificación y cuantificación de los tipos de tierra;

II. Usos asignados a las tierras;

III. Situación actual y tendencias de los cambios que registren las tierras;

IV. La dinámica de cambios que experimenten las tierras así como sus principales causas;

V. Zonificación de las tierras, especificando las áreas, críticas y las tierras frágiles; y

VI. Las superficies con diversos tipos de degradación.

Artículo 80. Para el levantamiento del inventario nacional de las tierras, la Secretaría determinará la metodología que deberá utilizarse, la periodicidad de actualización, así como los criterios para la zonificación según el tipo de tierra y su grado de conservación, restauración y degradación, para lo cual solicitará la opinión del Consejo.

Artículo 81. El Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación, será de carácter público y en el se inscribirán:

I. El Inventario Nacional de las Tierras;

II. Las autorizaciones de los programas de manejo de tierras, así como sus modificaciones y cancelaciones;

III. Las autorizaciones de cambio de utilización de la tierra;

IV. Las declaraciones de zonas críticas;

V. Los decretos que establezcan las superficies de tierras forestales, que pasen a la administración de la Secretaría por terminación de régimen ejidal;

VI. Los acuerdos y convenios suscritos por la Secretaría, en materia de tierras; y

VII. Las demás disposiciones que esta Ley y su Reglamento señalen.

Artículo 82. A petición de parte, el Registro expedirá las constancias de las inscripciones o documentos que obren en sus archivos.

Artículo 83. La Secretaría procurará la coordinación del Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación, con el Registro Agrario Nacional y con el Registro Público de la Propiedad establecido en cada entidad federativa.

Artículo 84. Los resultados del Inventario Nacional de Tierra, su actualización, así como las inscripciones del Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación y demás información en la materia, se integrarán al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, previsto en la LGEEPA, al Sistema Nacional de Información Forestal, previsto en la Ley Forestal y al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable, previsto en la Ley de Desarrollo.

Título Quinto

De las Infracciones y de las Sanciones

Capítulo I

De las Infracciones

Artículo 85. La falta de cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, será sancionada por la Secretaría.

Artículo 86. La Secretaría está facultada para realizar auditorías técnicas del manejo y restauración de las tierras, con el propósito de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 87. Los usuarios, propietarios o poseedores de las tierras a que se refiere esta Ley estarán obligados a prestar toda la colaboración a las autoridades competentes, a fin de permitirles realizar los exámenes, controles, toma de muestras y acopio de información y cualquier otra operación para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 88. Habrá responsabilidad solidaria en los siguientes supuestos:

I. Cuando los daños causados al suelo se produzcan por acumulación de actividades debidas a diferentes personas;

II. Cuando sean varios los responsables de la infracción y no sea posible determinar el grado de participación; y

III. Cuando no lo especifiquen los contratos que impliquen usufructo por persona diferente de la propietaria.

Artículo 89. Son infracciones en términos de esta Ley, las siguientes:

I. Llevar a cabo el uso del recurso del suelo en contravención a las disposiciones de esta Ley;

II. Cambiar la utilización de la tierra sin contar con la autorización correspondiente;

III. Incumplir compromisos de prevención de erosión y contaminación contemplados en los proyectos para la autorización de uso urbano, industrial, agropecuario, forestal, de infraestructura de servicios, de bancos de materiales y mineros;

IV. Incumplir las especificaciones establecidas en los Planes de Manejo de Tierras al celebrar Contratos de Aprovechamiento de Tierras;

V. Contravenir las disposiciones de las declaratorias de zonas críticas de conservación y restauración de tierras;

VI. Extraer suelos y minerales no concesibles sin las autorizaciones correspondientes;

VII. Causar deterioro a las tierras o a las cuencas por construcción o modificación de obras públicas o privadas con fines urbanos, industriales, agropecuarios, forestales, pesqueros, mineros, comerciales y de servicios;

VIII. Realizar cualquier acción que comprometa la capacidad productiva del suelo, o reduzca los servicios ambientales que del mismo deriven;

IX. Obstaculizar al personal autorizado de la Secretaría la realización de visitas de inspección o auditorias técnicas;

X. Incurrir en falsedad respecto de cualquier información o documento que se presente a la Secretaría;

XI. Practicar el sobrepastoreo de los terrenos más allá de la carga animal autorizada por la instancia competente; y

XII. Las demás que señale la Ley.

Capítulo II

De las Sanciones

Artículo 90. Para el caso de las fracciones mencionadas en el artículo anterior, la Secretaría podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones, sin demérito de las previstas en otros ordenamientos legales aplicables:

I. Multa equivalente de cien a veinte mil días de salario mínimo vigente del área geográfica de que se trate, al momento de imponer la sanción;

II. Suspensión o cancelación definitiva, según sea el caso, en la asignación de apoyos gubernamentales;

III. Clausura temporal o definitiva de las actividades calificadas como infracciones, aunque ésas no requieran autorización;

IV. Suspensión, modificación, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de todas las autorizaciones otorgadas para la realización de las actividades calificadas como infracciones;

V. Imposición de acciones compensatorias de conservación y restauración de las tierras y cuencas.

Artículo 91. En el marco de la Ley y demás disposiciones aplicables, para la imposición de las sanciones se tomará en cuenta:

I. La gravedad de la falta;

II. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse, así como el tipo, localización y cantidad del recurso dañado;

III. La intención de la acción;

IV. El beneficio directamente obtenido por el aprovechamiento del recurso del suelo;

V. La reincidencia si la hubiere;

VI. La ocurrencia en zonas críticas o tierras frágiles;

VII. Las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor; y

VIII. Las demás que señale el Reglamento.

Artículo 92. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la Secretaría solicitará a las autoridades que los hubieran otorgado, la suspensión, modificación revocación o cancelación de las concesiones, permisos, licencias o autorizaciones correspondientes. La Secretaría ejercerá directamente esta atribución cuando le corresponda otorgar los instrumentos respectivos. De igual manera, la Secretaría o el Consejo de Tierras, podrá promover ante autoridades federales o locales competentes, con base en los estudios que elabore, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industria, comercios, servicios, desarrollos turísticos o de cualquier actividad que dañe o pueda dañar las tierras o cuencas.

Artículo 93. Si una vez transcurrido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido y resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, la autoridad podrá imponer multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las mismas exceda el monto máximo permitido en el artículo 90.

Artículo 94. Las resoluciones dictadas por la Secretaría con motivo de la aplicación de esta Ley, su Reglamento y Disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas mediante el recurso de inconformidad previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Transitorios

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. En la observancia del presente ordenamiento jurídico, se aplicará de manera supletoria la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Artículo Tercero. El Ejecutivo, con la participación del Consejo, expedirá el Reglamento dentro del plazo comprendido de 180 días naturales a partir de la publicación de la Ley.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a 23 de octubre de 2003.--- Dip. Antonio Mejía Haro; Dip. Pascual Sigala Páez.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Por lo que se refiere a la iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución que ya se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, insértese su texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La presente iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa que deroga la fracción X bis del artículo 34, para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:

Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados; Secretarios de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión:

``Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción X bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A iniciativa de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio inicio al procedimiento legislativo de dictamen y aprobación en comisión y pleno de esta Cámara, de las reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; dicho decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de noviembre del año 2000.

En las reuniones de las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, convocadas para conocer el dictamen correspondiente, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideró y valoró la necesidad de las reformas a la ley, con el propósito de que el Gobierno entrante contara con los instrumentos legales necesarios para llevar a cabo su tarea.

Los diputados del Partido del Trabajo en la LVIII Legislatura, aprobaron mayoritariamente el contenido de dicho dictamen con una sola excepción, la que correspondía a derogar la fracción VIII del artículo 32 para que ésta pasara como fracción X bis del artículo 34, en el cual también se cambia la denominación de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para pasar a ser Secretaría de Economía.

Debemos destacar, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII derogada del artículo 32 y en la actual fracción X bis del artículo 34, se crea el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad, que atento a lo que se contiene en la fracción de referencia, tiene el propósito básico de apoyar a empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas, a través de acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para destinarlos a los mismos fines.

De lo anterior, se desprende que aquí se desarrolla una tarea que se enmarca en la solidaridad y plena responsabilidad de las personas, que se asocian para conseguir los resultados antes expuestos y que rebasa con mucho la actividad empresarial y de obtención de utilidades, que se desprende de las funciones que la Secretaría de Economía impulsa en este sector de interés privado.

Por eso, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LVIII Legislatura, junto con diputados de otros grupos parlamentarios, sostuvieron la necesidad de que la fracción VIII del artículo 32 permaneciera como actividad a impulsar por la Secretaría de Desarrollo Social y no como al final fue aprobado en la comisión correspondiente y en el pleno de esta Cámara, y posteriormente, el Senado de la República el que pasará al ámbito de la Secretaría de Economía.

Compañeras y compañeros diputados, en noviembre del año 2000, nuestro grupo parlamentario dio la voz de alerta sobre el peligro que significaba trasladar de la Secretaría de Desarrollo Social la responsabilidad de la operación del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad a la Secretaría de Economía.

Para nosotros es sintomático que con el cambio aprobado, las acciones encaminadas a apoyar las iniciativas producidas de grupos sociales organizados en extrema pobreza, para lograr el desarrollo de sus actividades empresariales, iban a ser evaluadas a partir de criterios de rentabilidad haciendo de lado la naturaleza y dirección del Fonaes, que son programas con un alto contenido social.

Para nosotros el Fonaes tiene qué ver más con una función social que con una visión meramente económica, además de ser la única institución que aborda realmente el problema de la pobreza y de la marginación, con una propuesta que busca combatir las causas que generan la exclusión y marginación de amplios sectores respecto al desarrollo nacional.

En la actualidad, el Fonaes no está cumpliendo con una función social, razón que motivó a su creación, ya que la administración en turno y la Secretaría de Estado a la cual se adscribe legalmente no tiene como atribuciones reales la de apoyar a este segmento de la población organizada, que tiene el deseo de producir y comercializar con criterios diferentes a los que se manejan en la iniciativa privada.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estima que es pertinente que hagamos la reforma legal necesaria, con el propósito de que el Fonaes y las actividades que realiza, vuelvan a su ámbito natural del cual no debió salir y que es la Secretaría de Desarrollo Social; hacerlo fue un grave error que es necesario revertir. Estamos a tiempo.

Además en un acto de congruencia sobre este tema, en la comparecencia que la licenciada Josefina Vázquez Mota, como titular de la Secretaría de Desarrollo Social tuvo en la glosa del informe presidencial, se le planteó este tema e incluso la compañera diputada del Partido Acción Nacional Beatriz Zavala, a nombre de su grupo parlamentario, coincidió con la necesidad de regresar el Fonaes a la Secretaría de Desarrollo Social, al igual que los demás grupos parlamentarios.

Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se deroga la fracción X bis, del artículo 34, para pasar a ser fracción VIII actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo primero. Se deroga la fracción X bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII actualmente derogada del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

``Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: primero a octavo, fracción VIII coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas, a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación, de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines, así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado.''

``Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: primero a décimo, fracción X bis, derogada.''

UNICO. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a 23 de octubre de 2003.--- Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Oscar González Yáñez y Francisco Amadeo Espinosa Ramos.''

Muchas gracias. Es cuanto.

«Iniciativa que deroga la fracción X-bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, para que la Secretaría de Desarrollo Social vuelva a hacerse cargo del Fonaes, presentada por el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del PT,.

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción X bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A iniciativa de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio inicio al procedimiento legislativo de dictamen y aprobación en comisión y Pleno de esta Cámara de las reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dicho decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de noviembre del año 2000.

En las reuniones de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública convocadas para conocer el dictamen correspondiente, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideró y valoró la necesidad de las reformas a la ley, con el propósito de que el gobierno entrante contará con los instrumentos legales necesarios para llevar a cabo su tarea. Los diputados del Partido del Trabajo en la LVIII Legislatura aprobaron mayoritariamente el contenido de dicho dictamen, con una sola excepción, la que correspondía a derogar la fracción VIII del artículo 32, para que pasara como fracción X bis del artículo 34, en el cual también se cambia la denominación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por la de Secretaría de Economía.

Debemos destacar que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII, derogada, del artículo 32 y en la actual fracción X bis del artículo 34, se crea el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad, que, atento a lo que se contiene en la fracción de referencia, tiene el propósito básico de ``...apoyar a empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación y evaluación; de aplicación recuperación y revolvencia de recursos para destinarlos a los mismos fines...'', de lo anterior se desprende que aquí se desarrolla una tarea que se enmarca en la solidaridad y plena responsabilidad de las personas, que se asocian para conseguir los resultados antes expuestos y que rebasa con mucho la actividad empresarial y de obtención de utilidades, que se desprende de las funciones que la Secretaría de Economía impulsa en este sector de interés privado.

Por eso, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LVIII Legislatura, junto con diputados de otros grupos parlamentarios, sostuvieron la necesidad de que la fracción VIII del artículo 32 permaneciera como actividad a impulsar por la Secretaría de Desarrollo Social, y no como al final fue aprobado en la comisión correspondiente y en el Pleno de esta Cámara, y posteriormente el Senado de la República, que pasara al ámbito de la Secretaría de Economía.

En noviembre del año 2000 nuestro grupo parlamentario dio la voz de alerta sobre el peligro que significaba trasladar, de la Secretaría de Desarrollo Social, la responsabilidad de la operación del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad a la Secretaría de Economía.

Para nosotros es sintomático que, con el cambio aprobado, las acciones encaminadas a apoyar las iniciativas producidas por grupos sociales organizados en extrema pobreza, para lograr el desarrollo de sus actividades empresariales, iban a ser evaluadas a partir de criterios de rentabilidad, haciendo de lado la naturaleza y dirección del Fonaes, que son programas con un alto contenido social.

Para nosotros Fonaes tiene que ver más con una función social que con una visión meramente económica, además de ser la única institución que aborda realmente el problema de la pobreza y de la marginación con una propuesta que busca combatir las causas que generan la exclusión y marginación de amplios sectores respecto al desarrollo nacional.

En la actualidad, Fonaes no está cumpliendo con una función social, razón que motivó su creación; ya que la administración en turno y la secretaría de Estado a la cual se adscribe legalmente, no tiene como atribuciones reales la de apoyar a este segmento de la población organizada, que tiene el deseo de producir y comercializar con criterios diferentes a los que se manejan en la iniciativa privada.

Por ello compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estima que es pertinente que hagamos la reforma legal necesaria, con el propósito de que el Fonaes y las actividades que realiza vuelvan a su ámbito natural del cual no debió salir y que es la Secretaría de Desarrollo Social, hacerlo fue un grave error que es necesario revertir. Aún estamos a tiempo.

Además, en un acto de congruencia sobre este tema, en la comparecencia de la licenciada Josefina Vázquez Mota como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, con motivo de la glosa del Informe Presidencial, se le planteó este tema, e incluso la compañera diputada del Partido Acción Nacional Beatriz Zavala, en nombre de su grupo parlamentario, coincidió, al igual que los demás grupos parlamentarios, en que debe regresar el Fonaes a la Secretaría de Desarrollo Social.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que se dispone en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción X bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se deroga la fracción X bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32

A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VII. ...

VIII. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación y evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;

IX. a XVII. ...

Artículo 34

A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a X. ...

X bis. Derogada

XI. a XXX. ...

Transitorio

Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil tres.--- Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica), Francisco A. Espinosa Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Gobernación.Continúe la Secretaría.

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SECRETARIA DE ECONOMIA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Se recibió en esta Secretaría el oficio número..... STPCE/1188/2003, fechado hoy, signado por el C. licenciado Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, en el que solicita que, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción IV del artículo 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, se haga llegar el informe de evaluación correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2003 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados establecidos en las reglas de operación de los fondos y los programas a cargo de la Secretaría de Economía señalados en el anexo 13 del citado Presupuesto de Egresos.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como los anexos que en él se mencionan, para los fines procedentes.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Economía.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en la fracción X del artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, le solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de que se envíe a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, el informe de evaluación relativo al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2003 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y los objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación de los fondos y los programas a cargo de la Secretaría de Economía señalados en el anexo 13 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 (PEF). Los fondos y programas son éstos:

1. Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes).

2. Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur).

3. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim).

4. Programa Marcha hacia el Sur (PMS).

5. Programa de Encadenamientos Productivos (Pidecap).

6. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fampyme).

7. Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (Cetro-Crece).

8. Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos (Facoe).

9. Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Foafi).

10. Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (Compite).

11. Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi).

Cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 54, fracción IV, inciso a), del PEF, los resultados deben presentarse a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, fecha que se cumple el 21 de octubre de 2003.

Lo anterior, toda vez que, de conformidad con el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes de la Unión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

``2003. Año CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México DF, a 21 de octubre de 2003.--- Lic. Adalberto Núñez Ramos (rúbrica), Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace.»

«Informe de evaluación correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2003 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de resultados establecidos en las reglas de operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía, señalados en el Anexo 13 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003.--- Secretaría de Economía.--- Octubre 21 de 2003.

FERNANDO CANALES CLARIOND, Secretario de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 54 fracción IV inciso a) del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2003; 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y

CONSIDERANDO

Que el 14 de marzo de 2002 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los acuerdos por los que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), del Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (CETRO) y de la Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECE) y del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) y que siguen vigentes a la fecha.

Que el 25 de abril de 2003 fueron publicadas en el DOF las reglas de operación Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME), del Programa de Encadenamientos Productivos (FIDECAP), y del Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE).

Que el 8 de mayo de 2003 fueron publicadas las reglas de operación del Programa Marcha Hacia el Sur.

Que el 15 de mayo de 2003 fueron publicadas las reglas de operación del Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos (FACOE)

Que el 4 de junio de 2003 fueron publicadas las reglas de operación del Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOAFI).

Que el 4 de julio de 2003 fueron publicadas las reglas de operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM).

Que el 29 de julio de 2003 fueron publicadas las reglas de operación del Programa Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES).

Que los recursos de dichos fondos y programas son públicos y en su calidad de subsidios deben destinarse a actividades prioritarias de interés general con criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad, para la promoción del desarrollo económico y la generación de ingresos y empleos, y

Que para dar seguimiento a la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2003, es necesario que se reporten trimestralmente el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación de los fondos y programas, a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Por tal motivo se presenta el siguiente:.

INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2003 SOBRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO, A NIVEL DE CAPITULO Y CONCEPTO DE GASTO, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS CON BASE EN LOS INDICADORES DE RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SEÑALADOS EN EL ANEXO 13 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003.

1.- INTRODUCCIÓN

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001--2006 (PND) se establece que uno de los propósitos centrales del Gobierno Federal es el logro de un crecimiento con calidad, a través de cinco grandes vertientes: Conducción responsable de la economía, aumentar y extender la competitividad del país, generar un desarrollo incluyente, lograr un desarrollo regional equilibrado y establecer las condiciones para alcanzar un desarrollo sustentable.

La Secretaría de Economía (SE) desempeña una función estratégica en el logro del crecimiento con calidad, dada su injerencia en la promoción del desarrollo económico. Para ello realiza un conjunto de acciones orientadas a consolidar un sector productivo amplio, moderno y competitivo a través de la operación de un conjunto de programas de apoyo que buscan imprimir un mayor impulso a la actividad económica en todas las regiones del país.

Para propósitos estratégicos, los esquemas de promoción y apoyo empresarial están organizados en dos vertientes que atienden necesidades específicas y se articulan entre sí. La primera de ellas contempla a un conjunto de programas que apoyan las iniciativas productivas de individuos y grupos sociales de bajos ingresos, mediante la instrumentación de acciones orientadas a facilitar el acceso a servicios de financiamiento y de capacitación a los emprendedores con pequeños proyectos productivos viables, quienes tradicionalmente han carecido de acceso a los mismos. La segunda vertiente se encuentra delineada en el Programa Nacional de Desarrollo Empresarial 2001--2006, mismo que articula el conjunto de políticas, programas y acciones que permitirán cumplir con el objetivo de incrementar la competitividad de las empresas del país, en particular de las micro, pequeñas y medianas.

La articulación de estas dos vertientes tiene el propósito de generar una secuencia continua y articulada de apoyos para las empresas de todas las dimensiones y alcances, pertenecientes a todos los sectores económicos, que se inicia con los apoyos a las iniciativas productivas de las personas de bajos ingresos, continúa con los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa y culmina con el impulso a la actividad exportadora. El propósito central es lograr que los esfuerzos de los emprendedores mexicanos, independientemente de su grado de desarrollo, encuentren un respaldo institucional que favorezca la consolidación y crecimiento de sus proyectos, con el fin de que adquieran la capacidad de enfrentar los retos que impone la competencia.

PRIMERA VERTIENTE ESTRATEGICA: EL APOYO Y FOMENTO AL MICROEMPRENDEDOR Y A LA EMPRESA SOCIAL

En esta vertiente la SE apoya las iniciativas productivas de los emprendedores de bajos ingresos mediante un conjunto integral de programas de fomento que atienden la demanda de apoyos mediante una serie de instrumentos adecuados a cada tipo de necesidades productivas. En esta demanda de recursos para crear o consolidar proyectos productivos se identifican fundamentalmente dos tipos de apoyos: aquellos destinados a proyectos individuales que surgen como una alternativa de autoempleo, y los que se dirigen a crear o consolidar proyectos productivos que tratan de darle impulso al esfuerzo colectivo de grupos sociales organizados.

Dichos apoyos se otorgan a través de tres programas: FOMMUR, FONAES, y el PRONAFIM.

Tanto el PRONAFIM como el FOMMUR operan esquemas de apoyo que funcionan con base en la tecnología de microcrédito, que consiste en el otorgamiento de una secuencia de préstamos, con montos inicialmente reducidos pero crecientes en el tiempo y con tasas de interés de mercado, a personas en lo individual u organizadas en grupos solidarios que asumen un compromiso colectivo de pago.

El préstamo a personas que se organizan en grupo para garantizar solidariamente el pago proporciona los incentivos para que estos se constituyan con individuos que son buenos pagadores, es decir, el esquema logra que aquellos individuos con bajo riesgo de incurrir en incumplimiento de pago se autoseleccionen para formar parte del grupo. Al mismo tiempo, se genera un monitoreo entre los miembros del grupo que reduce al mínimo el riesgo de hacer un selección equivocada, dado que cada uno de ellos tiene buena información respecto a las características reales de los otros miembros y existe el incentivo para hacer un uso provechoso de esa información debido a que la permanencia de cada uno en el programa depende de que los demás sean buena paga.

El otorgamiento de créditos por ciclos en montos crecientes genera incentivos dinámicos que ayudan a propiciar conductas favorables al pago de los préstamos, ya que con el aliciente de acceder a créditos mayores los beneficiarios cumplen con el compromiso contraído.

Adicionalmente, ambos programas coadyuvan en la creación de un sistema de instituciones de microfinanciamiento, independientes sólidas y financieramente autosustentables, a través de apoyos directos para actividades de capacitación, asistencia técnica y adquisición de infraestructura.

Asimismo, el FONAES otorga aportaciones de recursos financieros para el fortalecimiento patrimonial de fondos de fomento que aplican la tecnología de microcrédito.

Por otra parte, el FONAES otorga financiamiento en condiciones preferenciales (montos suficientes para cubrir altos requerimientos de capital, tasas blandas, plazos de recuperación acordes con la maduración de los proyectos) para la creación y consolidación de proyectos productivos propuestos por grupos sociales en los ámbitos rural y urbano. En la empresa social el grupo asume la responsabilidad y la toma de decisiones, y los beneficios son propiedad de los socios que a su vez son dueños y trabajadores de la empresa. En general, las ganancias son reinvertidas para alcanzar el objetivo social de la empresa. Los apoyos se otorgan bajo las siguientes modalidades: crédito para gastos de inversión y de inicio de operación, así como para capital de trabajo, capacitación, asistencia técnica y aportaciones para la constitución de fondos y cajas solidarias de ahorro.

SEGUNDA VERTIENTE ESTRATEGICA: IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y AL DESARROLLO REGIONAL

El Ejecutivo Federal, a través de la SE implementa una política integral para el desarrollo de las empresas, la cual promueve la intensa participación de las entidades federativas, de los municipios e instituciones educativas y de investigación, así como la acción comprometida de los organismos empresariales, de los empresarios y emprendedores. Los empresarios y sus organizaciones, desde sus regiones, municipios y entidades, promueven los proyectos que reciben apoyos de la SE y con base en la vocación productiva, así como en las perspectivas y tendencias sectoriales de cada entidad, inciden directamente en la formulación de los mismos.

La política integral para el desarrollo de las empresas comprende un conjunto de estrategias, acciones e instrumentos de corto, mediano y largo plazo que apoyan a las empresas y a los emprendedores de las diversas regiones y sectores económicos del país, y propone la participación activa y corresponsable de los actores y la acción subsidiaria de las instancias de Gobierno.

En correspondencia con la demanda social se ha continuado apoyando a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del país con diversos servicios a los que tradicionalmente no tenían acceso y que resultan determinantes para su éxito: capacitación empresarial, asesoría, asistencia técnica, consultoría, formación de emprendedores, desarrollo de oferta exportable, centros de vinculación, fondos de garantía y bancos de datos. Todo ello a través de los programas: FAMPYME, FIDECAP, FOAFI y COMPITE.

A su vez el Programa Marcha Hacia el Sur continuó apoyando la atracción de proyectos de inversión en las zonas de mayor rezago económico del país, mediante estímulos económicos a la localización de unidades productivas en dichas zonas. Asimismo, a través de los apoyos brindados a la Red CETRO-CRECE, se ha brindado un apoyo importante al desarrollo de la competitividad empresarial de las PYMES a través de la identificación de sus necesidades y del acercamiento de las herramientas apropiadas para ser productivas y competitivas.

Finalmente, como parte del conjunto de acciones que tienen por objeto desarrollar una infraestructura para la distribución y comercialización de productos mexicanos en distintas regiones del mundo, consolidando la presencia de las PYMES en los mercados internacionales, se operó el programa Centros de distribución en Estados Unidos (FACOE), mismo que permite a tales empresas vincularse a bajo costo con clientes potenciales en el exterior.

Al cierre de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había autorizado modificaciones al presupuesto autorizado del Sector por 15.6 MDP, debido a:

Ampliaciones:

-Recuperaciones de bienes siniestrados por 0.3 MDP.

-Recursos de asesorías para negociaciones internacionales por 8.0 MDP.

-Ingresos excedentes del FONAES para ser transferidos al BANSEFI con el fin de dar cumplimiento a un convenio interinstitucional que involucra recursos por 21.2 MDP.

-Adquisición de equipo de sonido y capacitación e instalación de los sistemas de telefonía de la Torre Insurgentes y del edificio de la calle de Morelia por 0.1 MDP.

Reducciones:

-Transferencia de recursos del acuerdo comercial del área Asia-Pacífico (APEC), al Ramo 23 por 14.0 MDP.

Programas con Reglas de Operación

Presupuesto Autorizado y modificaciones

El presupuesto original autorizado de los programas con reglas de operación para el ejercicio fiscal 2003 fue de 2,009.2 MDP.

Al cierre de septiembre se tienen ampliaciones por ingresos excedentes del FONAES por 21.2 MDP, los cuales fueron transferidos al BANSEFI en el marco de un convenio interinstitucional.

Presupuesto modificado, programado y ejercido

Al cierre de septiembre de 2003 los programas con reglas de operación presentan un presupuesto programado de 1,626.2 MDP, equivalente al 80.1 por ciento del presupuesto modificado 2003 autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los cuales se ejerció el 74.0 por ciento (1,203.0 MDP). Existen recursos pendientes de ejercer por 423.2 MDP, los cuales se aplicarán en el transcurso del cuarto trimestre dado que ya están comprometidos en los convenios suscritos principalmente con los gobiernos de las entidades federativas.

Explicación de las variaciones entre el presupuesto Programado y el Ejercido

Las variaciones se explican por:

3.- PRINCIPALES ACCIONES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS.

En esta sección del informe al tercer trimestre de 2003 se destacan las principales acciones desarrolladas por los fondos y programas para operar y asegurar la mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. En el Anexo I del presente documento se reporta el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en sus reglas de operación para el presente ejercicio fiscal.

I.- FONDO NACIONAL DE APOYOS PARA EMPRESAS EN SOLIDARIDAD (FONAES)

Objetivo: El facultamiento empresarial integral de las personas de bajos ingresos a través de la prestación de diversos servicios orientados a facilitar el acceso de las mismas al crédito, al microcrédito, a capital de riesgo y a la formación de habilidades empresariales y administrativas básicas.

Características: El FONAES promueve, desarrolla y consolida vocaciones y capacidades empresariales de personas, familias o grupos de personas de bajos ingresos, con un enfoque de desarrollo regional, productivo y sustentable para mejorar su calidad de vida. Sus objetivos y acciones se encaminan a facilitar el proceso de desarrollo económico a partir del apoyo a proyectos productivos, afirmando su vocación social mediante el apoyo a la población de escasos recursos a través del impulso a la operación de pequeños negocios viables. Así, el FONAES tiene una importante participación en las acciones que impulsan el desarrollo incluyente y participativo, generando oportunidades de acceso al financiamiento y la formación empresarial para la competitividad.

ACCIONES RELEVANTES

En cumplimiento a las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, y como resultado de las mesas de trabajo realizadas con las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo, el pasado mes de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad.

Durante el segundo y tercer trimestre, en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo, FONAES ha dado seguimiento a los asuntos de su competencia, principalmente a través de mesas de trabajo con las organizaciones firmantes y diversas gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.

En atención a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el pasado 22 de mayo se instaló el portal de Transparencia de FONAES con la información dispuesta en el artículo siete de la ley referida y el 10 de junio se instaló el Módulo de Atención al Público. Entre otras acciones, se definieron las funciones para los servidores públicos habilitados, se designaron los enlaces de las Unidades Administrativas, se elaboró la propuesta de procedimientos internos a realizar en las Representaciones Estatales y Oficinas Centrales y se inició la elaboración del Sistema Interno para el Control y Seguimiento de la Información.

Desde la fecha de instalación del Modulo de Atención al Público se han recibido 47 solicitudes de información procedentes, de las cuales 46 han sido atendidas en su totalidad y una está en proceso de atención.

Del 19 al 21 de agosto, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Empresas Sociales Exitosas FONAES 2003, con la participación de 103 empresas de 29 entidades federativas. En dicho evento, inaugurado por el Presidente Vicente Fox Quesada, se contó con la participación de varias entidades del sector público como Bancomext, FONART, FIRA, Nacional Financiera, la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, el Sistema de Atención Tributaria y Fundes México, entre otros participantes, que difundieron información de sus dependencias y programas entre los empresarios sociales.

Durante este encuentro, el 39% de las empresas asistentes lograron concretar enlaces comerciales con diferentes compradores. Adicionalmente, y con el propósito de intercambiar experiencias con los participantes, se impartieron conferencias por parte de directivos de importantes empresas nacionales como BIMBO, S.A., COMEX, S.A. de C.V. y Cooperativa Cruz Azul, S.C.L.

En materia de formación empresarial, se financió la participación de 7 empresas sociales en el Diplomado sobre Formación para el Desarrollo de Empresas Rurales, impartido por el Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial (IPADE) en coordinación con el INCA Rural, por medio del cual se busca desarrollar las capacidades empresariales de los participantes fortaleciendo la visión de negocios que tienen los empresarios rurales.

Durante el tercer trimestre, se financió la realización de talleres de planeación estratégica en aspectos ganaderos, a fin de promover el asociacionismo de productores del estado de Nayarit. En el estado de Jalisco se llevaron a cabo dos talleres dirigidos a cooperativistas. Asimismo, se iniciaron las actividades correspondientes al Programa de Pasantes y Becarios en 10 entidades federativas.

También durante este periodo, el FONAES participó en la constitución del Fideicomiso ADMIC Nacional, el cual opera la tecnología del microcrédito y cuyo radio de acción se encuentra en los estados de Nuevo León y Coahuila.

En materia de apoyos para la comercialización los recursos otorgados en los estados de Hidalgo, Durango, Jalisco y Guanajuato, han fortalecido la red de insumos y permitido compactar en volumen para abaratar precios, logrando con ello disminuir los costos de producción del maíz blanco, cebada y melón, apoyando las políticas de blindaje agropecuario.

Durante el tercer trimestre, también se destinaron recursos a los estados de Guanajuato y Michoacán que permitieron la integración de redes de granos e insumos, con lo cual se logró la generación de un importante número de empleos. De igual manera, en el estado de Hidalgo los apoyos para la comercialización lograron la articulación de una cadena de miel de agave y nopal deshidratado, acciones que dan valor agregado a la producción primaria y permiten a los beneficiarios incursionar en nuevos mercados.

En el estado de Oaxaca, los apoyos de comercialización para el sector cafetalero han permitido complementar los recursos que las organizaciones obtuvieron a través del Fondo Concursable y con ello lograr la utilización eficiente de los recursos públicos otorgados por el FONAES, potenciando sus beneficios a un mayor número de organizaciones y fortaleciendo la red de integración de las organizaciones cafetaleras en proyectos sustentables.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS CUMPLIMIENTO DE METAS.

Los resultados alcanzados en los primeros nueve meses del año con los apoyos operados cumplieron o rebasaron las metas esperadas sobre todo en los apoyos para financiar actividades productivas, debido principalmente a una importante demanda y a la instrumentación de programas especiales como el Programa de Apoyo Emergente al Sector Empresarial en el estado de Colima.

Las acciones para impulsar el desarrollo empresarial, mostraron un comportamiento superior a las metas programadas, vinculado a la realización de jornadas y talleres de capacitación y al inicio del Programa de Pasantes y Becarios en diversas entidades.

En el caso de acciones de estímulo y apoyo a la comercialización, éstas tuvieron un menor avance (36%) debido, por un lado, a la reprogramación de eventos para el cuarto trimestre y, por otro, a cierto nivel de desconocimiento del tipo de apoyo denominado Valor Agregado a Insumos entre la población objetivo, lo que ha generado un escaso número de solicitudes para el mismo. A fin de subsanar este problema, se ha solicitado a las Representaciones Estatales una mayor promoción de este tipo de apoyo.

En el caso de Fondos, las aportaciones para la consolidación de estos instrumentos están sujetas a que concluya la tramitación, aún en curso, de los registros y renovación de los mismos. Dichas acciones llevan un adelanto importante para el caso de ocho fondos por lo que se estima que durante el cuarto trimestre se ejercerán los recursos programados para el ejercicio 2003.

Las acciones realizadas por instancias apoyadas por el FONAES, caso específico de los microcréditos, muestran un avance del 80% sobre la meta programada para el periodo, cifra que puede aumentar debido a que a la fecha varias de estas instancias no han remitido en su totalidad la información relativa al número de microcréditos otorgados. Se han instrumentado diversos mecanismos para recopilar esta información y dar cuenta de la meta 2003.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Los objetivos del FONAES, conforme a las reglas de operación 2003 vigentes a la fecha, son:

General

Impulsar el trabajo productivo y empresarial de la población rural, campesinos, indígenas y grupos de áreas urbanas del sector social, mediante los apoyos que se otorgan.

Específicos

Fomentar y Promover:

La formación de capital productivo a través del financiamiento de proyectos viables y sustentables;

El facultamiento empresarial;

El asociacionismo productivo, gremial y social, y

La formación de grupos y empresas de mujeres con proyectos productivos.

En cumplimiento a esos objetivos, durante el periodo enero-septiembre de 2003 se otorgaron 2,922 apoyos para la formación de capital productivo: 482 para apoyar el capital de trabajo de proyectos productivos, 265 empresas fueron beneficiadas a través de capital de riesgo, se apoyó la constitución de 1,347 microempresas, se otorgaron recursos para la constitución de 35 cajas solidarias, se apoyaron 134 empresas para realizar actividades de comercialización, fueron apoyados 518 proyectos sustentados por mujeres y se otorgaron recursos a través de apoyos de capital de trabajo y capital de riesgo a 8 proyectos estratégicos de impacto regional. Asimismo, a través del presupuesto destinado al rubro estratégico se apoyaron 133 proyectos bajo la modalidad de capital de trabajo, capital de riesgo e impulso pro- ductivo de la mujer a fin de dar suficiencia presupuestal a estos instrumentos.

La forma de integración y trabajo de estas empresas y proyectos fomentan el asociacionismo y permiten la organización de los productores en torno a actividades tendientes a lograr unidades productivas con características empresariales.

A fin de fomentar y promover el facultamiento empresarial y con ello alentar la competitividad de los beneficiarios del FONAES, se apoyó la realización de 17,355 acciones de desarrollo empresarial y de apoyo y estímulo a la comercialización.

Por lo que respecta al fomento y promoción de grupos y empresas de mujeres, se apoyaron, como ya se mencionó, 518 proyectos productivos a través de impulso productivo de la mujer.

De manera general, la convergencia de estos objetivos específicos permite impulsar el trabajo productivo y empresarial de la población rural, campesina, indígena y grupos de áreas urbanas del sector social.

CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS

Con respecto a la estrategia de Equidad de Género, se llevaron a cabo diversas acciones de capacitación y desarrollo, entre ellas tres Jornadas Regionales de Formación Empresarial para mujeres del estado de San Luis Potosí, beneficiando a un total de 120 empresarias en temas de desarrollo humano, organización social y formación empresarial. En el estado de Baja California Sur, se impartieron 5 cursos taller sobre ``Desarrollo Humano y Equidad'', beneficiando a 210 mujeres; se realizaron seis Jornadas Regionales de Formación Empresarial en el estado de Jalisco y una en Morelos, beneficiando a un total de 676 empresarias sociales. Asimismo, se llevaron a cabo tres talleres de capacitación en el estado de Nuevo León en los que participaron 170 empresarias sociales.

La Coordinación de Desarrollo Productivo de la Mujer (CDPM) inició trabajos para la implementación de los programas INCORPORATE y DIME, cuya finalidad es involucrar al personal del FONAES en las acciones que se desa-rrollan a su interior en beneficio de las mujeres, así como desarrollar un modelo integral para la inserción económica de este sector de la población.

En lo que se refiere al Modelo de Indicadores de Mujeres para Análisis Cuantitativo y Cualitativo Totalizado de la Operación (MIMPACCTO) para la generación de indicadores en materia de mujeres, que tiene contemplado implementar la CDPM, se ha trabajado en la integración de la información que ha arrojado la revisión y análisis de las cédulas sobre las Características Socioeconómicas de las Mujeres aplicada en 2001 y del Sistema Integral en Línea (SIEL) ), a fin de contar con información que permita conocer y valorar los efectos de la intervención institucional e instrumentar acciones más pertinentes para la atención de sus iniciativas productivas.

Entre otras acciones, la CDPM dio seguimiento a los trabajos del programa de Cooperación Técnica-Científica con el Instituto Nacional de la Mujer de Honduras, con quien programó el taller seminario sobre Formulación de Proyectos con Enfoque de Género a impartirse en el mes de octubre en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Asimismo, la CDPM participó en la I Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre México y República Dominicana, y ha participado de manera periódica en reuniones con la Unidad Coordinadora del Proyecto Generosidad (Instituto Nacional de las Mujeres - Banco Mundial), para evaluar y aprobar proyectos orientados a fortalecer la capacidad de las mujeres líderes como parte del componente CONVIVE.

En materia de Desconcentración, se formuló el Programa de Actualización de Procedimientos Administrativos Desconcentrados en Representaciones Estatales, el cual tiene como objetivo evaluar el desempeño de dichos procedimientos a efecto de llevar a cabo las adecuaciones necesarias en un marco de mejora continua, y proceder a su actualización en todas las Representaciones del FONAES y la Dirección General de Administración y Finanzas.

En dicho Programa, se establece la realización de un diagnóstico sobre el desempeño del Manual de Procedimientos Administrativos en Representaciones Estatales, así como la realización de adecuaciones y acciones de mejora requeridas de acuerdo a los resultados obtenidos en dicho diagnóstico.

Con relación a la estrategia de Desarrollo Empresarial, se han llevado a cabo diversas acciones de capacitación y asistencia técnica en beneficio tanto de productores como de productoras de distintos estados del país, entre ellas tres Jornadas de Capacitación dirigidas a empresarias sociales, beneficiando a 310 grupos y empresas sociales de Querétaro, Distrito Federal, Estado de México y Morelos, talleres de planeación estratégica en el área ganadera, dos talleres dirigidos a cooperativas del estado de Jalisco (Actualización sobre Cooperativismo y Aspectos Legales, Fiscales y Contables de las Cooperativa) beneficiando a 22 grupos. Asimismo, se iniciaron las actividades correspondientes al Programa de Pasantes y Becarios en Chiapas, Campeche, Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.

Por lo que corresponde a la estrategia de Desarrollo Regional, se firmó un convenio modificatorio con el Colegio de Posgraduados, con el propósito de ampliar al mes de octubre el plazo para la conclusión y entrega final de 163 estudios estratégicos y 50 proyectos de inversión en materia de desarrollo local y regional.

Durante el tercer trimestre, se entregaron 261 apoyos que por su perfil, se estima impulsarán el desarrollo regional de su entorno. Conjuntamente suman 45. 9 millones de pesos Cabe señalar que 136 han sido cubiertos con recursos del rubro de Proyectos Estratégicos y los 125 restantes fueron financiados con 18,922 miles de pesos del presupuesto asignado a la Dirección General de Empresas Sociales del Sector Primario. Estos apoyos se agrupan en 13 proyectos de desarrollo regional de los cuales 3 corresponden a la vertiente pecuaria, 8 son proyectos agrícolas, uno forestal y uno extractivo.

Para la instrumentación y consolidación de la estrategia de Fondos Macro se llevaron a cabo acciones con Fondos y Fideicomisos de los estados de Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Yucatán orientadas a la definición o ajustes en la estrategia de Fondo Macro en cada una de esas entidades federativas.

Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo diversas acciones con el propósito de complementar o fortalecer el patrimonio de Fondos Macro en Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Adicionalmente, se realizaron acciones orientadas a la definición o ajuste de la estrategia de Fondo Macro en los estados de Nayarit, Puebla y Veracruz.

Asimismo, se emitió una nueva estrategia de compactación de instrumentos en Fondos Macro y depuración de Fondos; para ello, se realizaron reuniones con la participación de las Secretarías de Economía, de la Función Pública y de Hacienda y. Crédito Público. Actualmente, se cuenta con proyectos de modificación a los convenios o contratos constitutivos de los Fondos y Fideicomisos, mismos que se someterán a consulta ante la SHCP a fin de contar con las autorizaciones necesarias para la implementación de la estrategia referida.

En el marco de la estrategia de Personas con Discapacidad, la Coordinación de Desarrollo Productivo de la Mujer, en respuesta a los trabajos de la Subcomisión de Economía para la Promoción de Personas con Discapacidad, elaboró el programa Emprendedores con Discapacidad (ECODIS), que incluye las siguientes estrategias: vinculación efectiva que ponga al alcance de las personas con discapacidad todas las modalidades de apoyo con las que cuenta el FONAES; sensibilizar al personal del FONAES a efecto de que permitan y promuevan la inserción de las personas con discapacidad al desarrollo económico; financiar proyectos productivos; diseño y construcción de indicadores de diagnóstico, programación y resultados; diseño y elaboración de una base de datos que registre información básica para la identificación de las personas, grupos y/o empresas sociales de y con personas con discapacidad.

Durante el tercer trimestre, la CDPM, en el marco del programa ECODIS, participó en la elaboración del folleto informativo sobre la oferta gubernamental de la Secretaría de Economía para personas con discapacidad, donde se incluyen los diferentes tipos de apoyo del FONAES dirigidos a este sector de la población.

A invitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se participó como Coordinador de Mesa en el evento Rehabilitación para el Trabajo. Como integrante de la Subcomisión de conomía para la Promoción de Personas con Discapacidad, se asistió a la 15ª Reunión Bimestral de dicha Subcomisión.

Asimismo, se han financiado 8 proyectos productivos y se encuentran en revisión 25 solicitudes más. De igual forma, se encuentra en proceso la integración de información estadística sobre este sector de la población con el propósito de que las Representaciones Estatales del FONAES cuenten con información suficiente para la programación e implementación de estrategias adecuadas a las necesidades de estas personas.

II. FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES (FOMMUR)

Objetivo: Establecer un mecanismo de microfinanciamiento a favor de las mujeres rurales por conducto de organismos intermediarios, para fomentar la inversión productiva, impulsar el ahorro y propiciar la capitalización del sector rural.

Características: Estos microfinanciamientos se caracterizan por ser accesibles y oportunos a fin de impulsar proyectos de inversión productiva, generadores de autoempleo e ingresos, rentables y recuperables a corto y mediano plazo.

La mecánica del programa tiene dos etapas, en la primera de ellas el FOMMUR otorga a los OI apoyos de dos tipos:

1. Líneas de crédito para otorgar microcréditos, recuperables a una tasa de interés positiva en términos reales.

2. Recursos no recuperables, pero decrecientes en el tiempo, para actividades de promoción, capacitación, asistencia técnica y adquisición de infraestructura, con objeto de favorecer su desarrollo.

Estos apoyos son por un monto de hasta 20 por ciento del total de las líneas de crédito otorgadas en el primer año de operaciones con el FOMMUR, de hasta 15 por ciento en el segundo año, hasta 10 por ciento en el tercero y hasta 5 por ciento a partir del cuarto año para los OI que tengan grupos de mujeres en el primer ciclo de financiamiento.

En la segunda etapa los OI otorgan microcréditos a las mujeres rurales bajo la siguiente mecánica:

1. Los microcréditos se otorgan a mujeres que viven en el medio rural en condiciones de pobreza y se organizan en grupos solidarios.

2. Estos grupos se forman con mujeres que habitan en una misma localidad y aceptan obligarse colectivamente a responder por los préstamos de toda integrante del grupo que no cumpla con el pago de su crédito.

3. Por lo anterior no se requiere entregar garantías para respaldar el pago de los microcréditos.

4. Al constituirse un grupo solidario las mujeres que lo integran asumen un compromiso de ahorro semanal cuyo monto lo fijan ellas mismas. Las propias mujeres del grupo recaban los recursos ahorrados y deciden el uso que darán a los mismos.

5. El financiamiento se otorga como una secuencia de cuatro préstamos con un monto inicialmente reducido, pero que crece en cada préstamo posterior. La devolución de los préstamos se realiza a corto plazo y el acceso a préstamos. 18 sucesivos está condicionado a que se pague el que se haya contratado previamente.

6. La tasa de interés que se paga por los microcréditos es determinada por cada OI, en un nivel que le permita recuperar sus costos y que además tome en cuenta las condiciones de su mercado.

Así pues, el esquema operativo del FOMMUR constituye un mecanismo que induce el desarrollo de una oferta de servicios financieros en beneficio de las mujeres de bajos recursos que viven en el medio rural. Dicho esquema busca que la prestación de tales servicios sea rentable para un conjunto de instituciones dispuestas a asumir el riesgo, y que el contar con esos servicios sea beneficioso para los grupos de población que tradicionalmente han carecido de acceso a los mismos. Es decir, el FOMMUR hace posible que las motivaciones de los OI para ofrecer microcréditos y de las mujeres rurales para solicitarlos sean compatibles, de modo que el resultado final es que una parte importante de la población menos favorecida hace uso de tales servicios financieros y se beneficia con ello.

Al cierre del tercer trimestre de 2003 bajo el esquema del FOMMUR se otorgaron 98,590 microcréditos. Para lograr lo anterior se canalizó un monto de recursos equivalente a 191.8 millones de pesos que incluye 20. 5 millones para capacitación y asistencia técnica. Tales recursos permitieron apoyar las actividades productivas de cerca de 100 mil mujeres rurales y apoyar el desarrollo institucional de los organismos intermediarios.

III. PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)

Objetivo: Crear las condiciones adecuadas que permitan el acceso a servicios de financiamiento a individuos de escasos recursos con capacidad e iniciativa productiva a fin de otorgarles la oportunidad de alcanzar, por sí mismos, mejores condiciones de vida en forma permanente al incorporarse a la actividad productiva del país.

Características: Para lograr su objetivo, el programa apoya la conformación de un sistema nacional de instituciones microfinancieras que otorgan directamente microcréditos a las personas de bajos ingresos que tienen un proyecto productivo viable pero carecen de acceso a los servicios de la banca comercial. Los apoyos consisten en líneas de crédito y asistencia técnica, así como acciones de capacitación en las áreas de sistemas de información gerencial, desarrollo de tecnologías y habilidades especializadas para atraer ahorro y manejo eficiente del portafolio.

RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2003

Al tercer trimestre de 2003 se incorporaron 18 instituciones de microfinanciamiento, las cuales se suman a las 31 que se incorporaron en 2001 y 2002 para totalizar 49 microfinancieras operando bajo el esquema del PRONAFIM. Al cierre del mes de septiembre se han otorgado líneas de crédito por un monto total de 199.9 millones de pesos, de los cuales el 64% han sido destinados a ampliaciones crediticias para reforzar a las microfinancieras que ya trabajaban con el Programa, mientras que el 36% restante fue destinado a nuevas microfinancieras Estos recursos han permitido otorgar en el mismo lapso 104,707 microcréditos en beneficio de igual número de personas.

Actualmente, el PRONAFIM tiene presencia en 24 de las 32 entidades federativas del país a través de 49 instituciones de microfinanciamiento, las cuales han recibido apoyos para la apertura de 45 nuevas sucursales.

Las acciones de capacitación y asistencia técnica se proponen al Comité Técnico con fundamento en los resultados que arrojen los diagnósticos que se realizan a las instituciones de parte del Programa. La experiencia de estos 2 años de trabajo demuestra que, en la mayoría de los casos, las instituciones que más requieren de capacitación y asistencia técnica son aquéllas que se caracterizan por ser instituciones de reciente creación, con un bajo patrimonio, una cartera limitada y contar con poco personal.

Las temáticas de la capacitación y la asistencia técnica que ofrece el Programa responden a la demanda y las necesidades detectadas por los diagnósticos realizados a las instituciones. La capacitación se imparte a través de talleres, entre los cuales destacan los de administración de cartera y control de la morosidad o el de capacitación para el manejo de bases de datos. Las acciones de asistencia técnica más frecuentes son aquéllas destinadas a fortalecer la revisión y documentación de los procesos de promoción y otorgamiento de crédito, el proceso de toma de decisiones administrativas e identificación de puntos críticos, asistencia técnica para la revisión de sus controles internos y seguimiento de la cartera, entre otros.

Durante el mes de julio tuvo lugar en la ciudad de Guanajuato el II Taller Nacional de Promotores ``El oficial de crédito como factor de cambio y desarrollo en las IMF´S''. Este taller se celebró entre el 17 y el 19 de julio y estuvo dirigido a los oficiales de crédito y al personal en general de las instituciones de microfinanciamiento y tenía como objetivo fortalecer la formación y el desempeño de este personal dentro del contexto de las operaciones diarias de la institución. El objetivo del taller se logró al generar información y conocimiento sobre las mejores prácticas en el sector de las microfinanzas, lo cual ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones que trabajan con el Programa.

IV. ESTRATEGIA DE MICROCRÉDITO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

La Secretaría de Economía es responsable de la operación coordinada del PRONAFIM, FOMMUR y FONAES a favor del desarrollo de un sistema nacional de instituciones que generen una oferta de microcrédito para atender las necesidades de financiamiento de la población de bajos ingresos.

El esquema de coordinación de estos tres programas contempla fundamentalmente la formación de microfinancieras. Específicamente, se apoya a instituciones con el fin de que acrecienten sus capacidades técnico-operativas y, consecuentemente, reciban líneas de crédito del PRONAFIM para aplicar los recursos al otorgamiento de microcréditos bajo su propia metodología. Asimismo, el PRONAFIM opera internamente una modalidad de apoyo que se orienta a la incubación de instituciones de microfinanciamiento, en la cual se incluye a organizaciones de carácter privado y social con un entrenamiento inicial y disposición a incursionar en las microfinanzas.

El esquema de vinculación y coordinación estratégica entre los programas antes mencionados ha permitido incrementar la capacidad de apoyo a las iniciativas productivas de la población de bajos ingresos.

Durante el trimestre Julio-Septiembre el Programa Marcha Hacia el Sur atendió 28 proyectos de inversión, superando en un 27. 27 por ciento la meta de 22 proyectos que se programó atender en el trimestre. De los proyectos atendidos se apoyaron 12, que significó un cumplimiento del 50 por ciento de la meta del periodo.

En cuanto al número de empleos comprometidos se alcanzó un 38.64 de la meta programada para este trimestre. Este desfase en el cumplimiento de la meta se explica por el nuevo enfoque que se le dio al programa, privilegiando el apoyo a nuevos sectores, no sólo al textil-confección que ya mostraba signos de desaceleración.

Esto es, se comprometieron apoyos por 20.3 millones de pesos para 12 proyectos productivos; estos proyectos comprometen una inversión de 713. 6 millones de pesos, y comprometen la generación de 3,907 empleos. En el periodo enero-septiembre de 2003 los apoyos comprometidos suman 25. 5 millones para 18 proyectos, los cuales involucran una inversión total de 788 millones.

Durante el trimestre se asistió a la Semana Nacional Pyme 2003 y a las expos México Textil y Material World. Asimismo se realizaron 12 gestiones y 18 vinculaciones.

A continuación se realiza el cuadro descriptivo de los proyectos por Estado.

VI. FONDO DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FAMPYME)

Objetivo: Incrementar la competitividad de las PYMES, en el ámbito del desarrollo empresarial y del conocimiento, para que generen, adopten o mejoren sus procesos operativos, administrativos y de gestión para fortalecer su participación en los mercados nacional e internacional.

Características: El programa está orientado a brindar herramientas a las PYMES para impulsar su competitividad desde el ámbito del desarrollo de sus procesos, operación y formación de habilidades empresariales de sus operadores, para consolidar así su crecimiento y productividad, así como favorecer una adecuada inserción en las cadenas productivas industriales, comerciales y de servicio.

El fortalecimiento de la capacidad competitiva de las empresas y el apoyo a la formación de nuevos emprendedores con estándares de calidad internacional se basa en el desa-rrollo de habilidades y competencias orientadas a la productividad, el servicio, la mejora e innovación de procesos, productos y tecnología, desarrollo sustentable, gestión del conocimiento, administración del cambio y cultura informática.

Al mes de septiembre de 2003 se realizaron las acciones siguientes:

Se firmaron los siguientes convenios:

De Coordinación con los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Sinaloa.

De Colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción -- CMIC, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido--CAINVE, Cementos Mexicanos-CEMEX, la Fundación de Desarrollo Sostenible en México, A. C. FUNDES, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, A. C.-FUMEC, la Fundación Pro-empleo Productivo, A.C. Industrializadora de Maíces Mexicanos, S. A. de C. V. la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas--CANAGRAF y la Cámara Nacional de la Industria Textil-CANAINTEX.

Mediante la firma de convenios se comprometieron recursos para apoyar 71 proyectos aprobados, 28 de los cuales son de capacitación, 25 de consultoría, 16 de estudios y metodologías y 2 de innovación y desarrollo tecnológico.

Los recursos comprometidos ascienden a 48.04 millones de pesos, de los cuales 14. 27 millones son para capacitación, 22.83 millones para consultoría, 6.40 millones son para estudios y metodologías y 4.54 millones son para innovación y desarrollo tecnológico.

A través de los proyectos comprometidos se apoyará a 7,858 empresas, de las cuales 5,340 son micro, 1,438 son pequeñas y 1,080 son medianas.

De los 71 proyectos comprometidos, 7 son liderados por mujeres y un proyecto incluye atención a discapacitados.

Asimismo, el Consejo Directivo del FAMPYME aprobó 78 proyectos: Aguascalientes (11), Chiapas (2), Distrito Federal (1), Guanajuato (4), Guerrero (6), Michoacán (2), Morelos (3), Oaxaca (4), Puebla (2), Querétaro (1), Tabasco (4), Tlaxcala (2), Tamaulipas (1), Veracruz (4), Yucatán (2), Zacatecas (4), Asociación de Empresarios de Iztapalapa (2), Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica--CANIFARMA (1), Cámara Nacional de Empresas de Consultoría--CNEC (1), Universidad Anáhuac del Sur (1), Cámara Nacional de la Industria de Transformación-CANACINTRA (9), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo--CANACO (4), Asociación Mexicana de Parques Industriales-AMPIP (3), Instituto Tecnológico Autónomo de México--ITAM (1), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente-- ITESO (1), EMA/CONCAMIN (1), AMIRE (1); actualmente se está en el proceso de ministración de recursos.

Finalmente, durante los meses de julio, agosto y septiembre se continuó con actividades de seguimiento de los proyectos apoyados por el FAMPYME en el 2002, para lo cual se mantuvo relación directa con las diferentes Delegaciones Federales de esta Secretaría, así como con las Secretarías de Desarrollo Económico de las los gobiernos de las entidades federativas.

VII.- CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (CETRO) Y CENTROS REGIONALES PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (CRECE)

Objetivo: Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas mediante servicios de consultoría y capacitación para que por sí mismas logren su desarrollo a través de la identificación de sus necesidades y el acercamiento de las herramientas apropiadas para ser competitivas, de modo que se consoliden como negocios rentables a largo plazo.

Características: Este programa ofrece servicios de consultoría por medio de la realización de un diagnóstico integral y la formulación de un plan de acción y su seguimiento. Los servicios de capacitación empresarial consisten en la transmisión de conocimientos, experiencias y metodologías que permiten al participante resolver problemas en el manejo de los negocios y plantear alternativas de solución más adecuadas.

La red de centros regionales para la competitividad empresarial se caracteriza por ser la más grande del país, con presencia en todas las entidades federativas y 98 oficinas a lo largo de la república mexicana. Cuenta con la certificación de calidad ISO 9001-2000, así como con una plantilla de 278 consultores certificados por la norma CONOCER.

Los consultores de la red se distinguen por ofrecer excelencia en el servicio, creatividad y habilidad para vislumbrar alternativas de solución a los problemas de las empresas en el corto plazo.

Durante el tercer trimestre de 2003, los Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECE) atendieron a 2,665 empresas, lo que significó el 114 por ciento de la meta establecida para este trimestre (2,337 empresas). En lo que va del año se han atendido 7,088 empresas, lo que representa el 106 por ciento de la meta del periodo.

En el periodo enero -- septiembre, la composición de la cartera es de 83 por ciento micro empresas, 12 por ciento pequeñas y 5 por ciento medianas, por lo que a sector se refiere el 32 por ciento de las empresas son del sector industrial, 37 por ciento al comercio y 31 por ciento al sector servicios.

En el periodo julio -- septiembre del presente año, los CRECE impartieron capacitación a 7,979 empresarios, lo que significó el 88 por ciento de la meta del periodo (9,053 participantes), pertenecientes a 1,448 empresas. En lo que va del año se han capacitado 22,110 de 4,426 empresas, lo que representó el 93 por ciento de la meta del periodo (23,792). Desde que se incorporó la capacitación empresarial (enero de 1999) como un servicio adicional, suman ya 106,053 capacitados que laboran en 20,962 empresas del país.

Ejemplos de las estrategias seguidas por estos Centros son la realización de cursos a escala masiva y la participación con expositores en foros del sector de las MIPYMES organizados en conjunto con Organismos y Cámaras empresariales, además de la impartición conjunta con Instituciones Académicas de algunos seminarios y diplomados en las áreas de interés detectadas en las comunidades empresariales de sus respectivas localidades.

En el periodo julio -- septiembre se evaluaron 2,148 casos de éxito (91 por ciento de la meta del periodo fijada en 2,372 empresas). Durante lo que va del año se han evaluado 6,069 empresas, lo que representa el 91 por ciento de la meta del periodo. En forma acumulada se han resuelto 31,066 casos desde el inicio de la Red.

Para incrementar el número de casos de éxito y elevar el nivel de satisfacción de los usuarios, se está trabajando en nuevos procesos y en el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas que permitan disminuir los tiempos de atención en beneficio de un mayor seguimiento, lo que va a permitir un mejor desarrollo y mayor supervisión a las tareas establecidas en el plan de acción.

La forma de evaluar la efectividad de la intervención del personal de los Crece en las empresas, es a través de la generación adicional de ingresos en estas. Los casos evaluados como exitosos durante el tercer del año reportaron un incremento promedio del 40 por ciento en sus ingresos, lo que significó un aumento de 15.7 pesos en ventas por cada peso invertido en su atención por la Red.

Derivado de la intervención de los CRECE en las empresas, durante el trimestre julio - septiembre se apoyó a la conservación de 5,353 empleos. Cantidad que sumada a la obtenida desde el inicio de actividades de la RED, suma ya 198,543.

Los casos de éxito en el mismo trimestre han apoyado a la generación de 362 empleos, lo que nos da una participación de la RED en apoyo a la generación de empleos de 14,273 desde su inicio.

Como resultado del trabajo de los CRECE en las empresas, se ha detectado la necesidad de estudios profundos en áreas específicas, para lo cual se requieren los servicios de consultores especializados (consultores externos). En el periodo julio -- septiembre 2003, se registraron 563 vinculaciones con consultoría externa (96 por ciento de la meta para este lapso, establecida en 584 empresas). Durante el año se vincularon 1,323 empresas con consultores externos lo cual representó el 87 por ciento de la meta del periodo (1,525). Desde el inicio de la Red se ha vinculado a 5,793 empresas.

Con el objeto de complementar el proceso de consultoría en las empresas en que se detecta necesidad de recursos, los CRECE realizan acciones de vinculación con instituciones financieras locales y nacionales. En el tercer trimestre de 2003 fueron vinculadas 597 empresas al sistema financiero nacional, lo que representa el 88 por ciento de la meta establecida para el trimestre (682 casos). En el periodo enero -- septiembre 1,635 empresas fueron vinculadas al sector financiero, lo cual representó el 97 por ciento de la meta del periodo (1,684 empresas). En forma acumulada desde el inicio de la Red, la canalización con instituciones financieras suma 5,877 empresas.

VIII.- PROGRAMA DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN EN ESTADOS UNIDOS (FACOE)

Objetivo: Incrementar la presencia de las PYMES mexicanas en los mercados internacionales y su participación en los montos totales de exportación, a través de un esquema de apoyos temporales en promoción, comercialización y distribución de productos nacionales

Características: La estrategia para consolidar la oferta exportable de las PYMES incluye el establecimiento de espacios de promoción y comercialización de productos mexicanos en el exterior. Para ello se considera la participación, directa o indirecta, de multiplicadores de apoyo en el fomento de la competitividad de las empresas, como dependencias de gobiernos estatales y municipales, cámaras, asociaciones, confederaciones, consejos y organismos empresariales e instituciones educativas, entre otros.

El Programa Centros de Distribución tiene como objetivo incrementar el volumen de exportación de la micro, pequeña y mediana empresa mexicana hacia los Estados Unidos de Norteamérica y otros mercados internacionales, a través de apoyos temporales en promoción, comercialización y distribución de sus productos.

Al tercer trimestre de 2003:

Se recibieron propuestas de proyectos de Centros Pymexporta e Incubadoras de Exportación a través de Cédulas de Proyecto.

Se realizaron análisis de factibilidad de las propuestas de proyectos, de acuerdo a los lineamientos del Manual de Operación del Programa para someterlos a aprobación del Consejo Directivo.

El Consejo Directivo del programa ha sesionado en tres ocasiones en el trimestre, destacando la aprobación de 104 cédulas de proyectos del FACOE.

Se han ministrado un total de 19.5 millones de pesos y se comprometieron recursos por 58.3 millones de pesos en este trimestre que se ejercerán durante el cuarto trimestre del año, con lo que se alcanzará un ejercicio de 79.0 millones de pesos, de acuerdo a lo programado.

Se tienen aprobados en este trimestre los siguientes proyectos:

Con base en los proyectos aprobados, se espera obtener los siguientes resultados:

Consolidación de 11 centros Pymexporta (ANADEGES; Naucalpan, Edo. Mex.; Zamora y Morelia, Mich.; Monclova, Coah. ) además de los Estados de Puebla, Tabasco, Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas.

Implementación de diversos proyectos del Programa de Oferta Exportable en 7 Entidades Federativas (Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Tlaxcala, Durango, Morelos, Querétaro)

ð Concertación de diversos proyectos del programa de Oferta Exportable con organismos Empresariales (AMACUP, CANACO, COMCE, principalmente).

IX.- PROGRAMA DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS (FIDECAP)

Objetivo: Establecer un mecanismo de apoyo financiero para impulsar la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas a la cadena productiva nacional, comercial y de servicios, promoviendo y facilitando la identificación de oportunidades de negocio, fomentando la constitución de fondos de garantías y apoyando proyectos de alto impacto para diversos sectores o regiones productivas del país.

Características: Entre sus propósitos se encuentran contribuir a la generación de empleos permanentes y bien remunerados, integrar eficientemente las cadenas productivas, facilitar el acceso de las PYME a esquemas financieros en apoyo a dichas cadenas, fomentar la integración o la asociación empresarial y la creación de nuevas empresas.

Fortalecer los eslabones que integran las cadenas productivas del tejido industrial del país es una de las más altas prioridades del Programa de Desarrollo Empresarial, con el fin de convertirlas en detonadores del desarrollo regional, del mercado interno y de la generación de más y mejores empleos.

`` Durante los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron las siguientes acciones:

ð Durante el trimestre, el Consejo Directivo del Fondo aprobó 162 proyectos: Aguascalientes (9), Baja California (8), Baja California Sur (2), Coahuila (4), Chihuahua (15), Distrito Federal (5), Durango (5), Estado de México (6), Guanajuato (2), Guerrero (3), Hidalgo (5), Jalisco (10), Michoacán (3) Morelos (8), Nayarit (8) Nuevo León (5), Oaxaca (10), Puebla (14), Quintana Roo (6), Sinaloa (3), Tabasco (10), Tlaxcala (2), Zacatecas (9), así como de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (5), de la Fundación Mexicana para al Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (FUNTEC) (1), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (3) y de Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) (1), mediante las cuales se apoyarán 16,087 MPYMES.

Se firmaron los siguientes convenios:

De coordinación con Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala; mediante estos convenios se comprometieron apoyos por 62.6 millones de pesos en beneficio de 44 proyectos.

De colaboración con la Cámara de la Industria Textil y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática para apoyar 5 proyectos por un monto de 9.7 millones de pesos.

En los meses de julio, agosto y septiembre se continuó con actividades de seguimiento de los proyectos apoyados por el FIDECAP en el 2002, para lo cual se han realizado las siguientes actividades:

Con el fin de efectuar la revisión de los informes mensuales y finales, se ha mantenido contactó con funcionarios estatales y de las delegaciones federales de la Secretaría de Economía de las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, así como con CANAINVEST, COCAMIN, CANACINTRA.

En el tercer trimestre que se reporta que los estados de Nayarit y Zacatecas han concluido la entrega de informes mensuales y finales de los proyectos apoyados por el FIDECAP en el 2002.

En este trimestre se rebasaron las metas de proyectos aprobados de 162 al acumulado del segundo y tercer trimestre que es de 100 proyectos.

Respecto a la ministración de los apoyos a los estados y organismos para detonar los proyectos que el Consejo Directivo determinó viables en término de los criterios de elegibilidad de las Reglas de Operación, y toda vez que prácticamente están comprometidos la totalidad de los recursos del Fondo, se agilizará la canalización de los mismos a los proyectos apoyados.

X.- FONDO DE APOYO PARA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (FOAFI)

Objetivo: Fomentar y constituir esquemas e instrumentos que apoyen el acceso de las PYMES a los servicios del Sistema Financiero Nacional.

Características: El FOAFI tiene como propósito generar las condiciones para el acceso al crédito y el financiamiento de las PYMES, apoyándolas en su viabilidad financiera y proveyendo instrumentos que les permitan el acceso al financiamiento.

Para lograr lo anterior, instrumenta acciones para que la banca de desarrollo y la banca comercial realicen en forma más expedita la tramitación del crédito para que todas aquellas PYMES que requieran financiamiento lo puedan obtener con mayor facilidad.

Parte fundamental para lograr la competitividad de las empresas lo representa el acceso al financiamiento. Por ello, se han desarrollado diversas estrategias que articulan acciones con los gobiernos estatales, la banca de desarrollo y la banca comercial para generar esquemas de acercamiento entre los empresarios y las instituciones financieras.

Las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOAFI), fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2003, fecha en que se inició la recepción de solicitudes de apoyo del FOAFI, para el presente ejercicio fiscal.

A partir del mes de junio a la fecha, FOAFI ha recibido 41 solicitudes formales de apoyo, 19 de los proyectos presentados han sido aprobadas por el Consejo Directivo del Fondo.

Al tercer trimestre del año se han ejercido recursos de 4 proyectos (Fondo de garantía para MIPYMES, Fondo de garantía para PYMES a través de instituciones financieras, Fondo de garantía para Emprendedores a través de instituciones financieras y Fondo de garantía para microcréditos a través de instituciones financieras) por un monto de 79.3 millones de pesos; 5 proyectos están en proceso de formalización por 24.4 millones de pesos y 10 proyectos están pendientes de formalización por 44.5 millones.

Debido a la demanda insatisfecha de apoyos, se solicitó una transferencia de recursos del FAMPYME y FIDECAP por 30 millones de pesos, con la cual se apoyarán 3 proyectos, 2 de ellos de cobertura nacional y el tercero con el Gobierno del DF, estos proyectos ya han sido preaprobados por el Consejo Directivo del FOAFI y su puesta en marcha está sujeta a la realización de la transferencia.

Adicionalmente, como producto de los proyectos aprobados durante 2002, se han otorgado apoyos a 7,072 MIPYMES con una derrama crediticia de 719 millones 300 mil pesos.

XI.- COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COMPITE)

Objetivo: Incrementar la productividad de la industria con acciones de bajo costo e impacto inmediato a través de la aplicación de una metodología que permite a las empresas incrementar su productividad.

Características: Este programa aplica un modelo de intervención rápida de carácter teórico-práctico que se aplica en forma intensiva dentro de las instalaciones de la empresa durante 4 días continuos a grupos de entre 5 y 15 personas, el cual permite proporcionar a las empresas las herramientas necesarias para agilizar el volumen y flujo de producción, eliminar desperdicios, reducir inventarios en el proceso y optimizar el espacio en planta.

Durante el periodo Enero --Septiembre, COMPITE reforzó su presencia en el aparato productivo nacional de consultoría y capacitación especializada para micro, pequeñas y mediana empresas. Se han realizado mas de 10 mil 700 servicios y se han atendido 7,765 MIPYMES.

En los primeros nueve meses se impartieron mas de 151 mil horas efectivas de consultoría y capacitación, en las que participaron 46,435 obreros, empleados y directivos.

Durante el tercer trimestre del 2003 se otorgaron 357 servicios a empresas con las líneas de apoyo de consultoría (talleres y calidad) lo que representa el 105 por ciento de la meta establecida para el periodo (340). Asimismo se impartieron 123 cursos de capacitación en sus dos modalidades:

Cursos cerrados, esto es, cursos dirigidos a una o varias empresas del mismo sector productivo. En este caso el número de cursos fue de 66 y el número de empresas atendidas fue de 48.

Cursos abiertos, dirigidos al público en general con el propósito de apoyar el desarrollo de habilidades gerenciales. Se impartieron 57 cursos abiertos durante el tercer trimestre.

Del total de apoyos canalizados el 55 por ciento se proporcionó a las microempresas. La distribución de apoyos por tamaño fue:

En cuanto a las empresas encabezadas por mujeres, en talleres y calidad se destinaron apoyos del orden de 7.3 millones de pesos, en beneficio de 96 empresas dirigidas por mujeres, 22.2 por ciento del monto global ejercido.

Para capacitación se otorgaron apoyos por un total de 1.5 millones de pesos, de los cuales 693.3 miles de pesos se utilizó para apoyar la capacitación de mujeres. Asimismo, se apoyaron 7 empresas que emplean personas con discapacidad.

Al cierre del tercer trimestre, están en marcha los siguientes nuevos proyectos:

Consultoría Grupal en Calidad para Micro Empresas. Este nuevo servicio combina las ventajas de al capacitación grupal en aula para la transmisión de los conceptos teóricos básicos del conocimiento, interpretación e implementación de la norma, con la consultoría in situ en cada empresa para el establecimiento efectivo de los sistemas de calidad. El proceso comprende un total de 120 horas efectivas de consultoría sumando el tiempo en aula y la consultoría presencial para cada empresa, en el que participan en grupos de 4 a 8 empresas del mismo giro de actividad y región. Típicamente el proceso integro puede durar 6 meses.

Primer Diplomado en Gestión de la Calidad para PYMES. En el mes de septiembre, se dio inicio al Diplomado que en 176 horas efectivas divididas en 7 módulos aplicados en 26 sesiones entregará a los asistentes una rica información referente a la aplicación de la norma internacional de calidad ISO 9000 versión 2000 en pequeñas empresas, de tal forma que los participantes podrán quedar habilitados como responsables de la introducción y mantenimiento de sistemas de calidad en sus empresas.

Por otra parte, con el propósito de mantener la actualización en materia de normatividad en el ámbito de calidad, se participa en COTENNSISCAL (Comité Técnico Nacional de Normalización de Sistemas de Calidad) dentro de los grupos de trabajo de ``Consultoría'', ``Efectos económicos de la ISO 9000'', ``Sistema de Gestión de la Calidad para el COTENNSISCAL'', IWA1 (Directrices para Aplicar el Sistema en Hospitales) y grupo técnico de trabajo de seminarios realizado el 10 y 11 de julio.

COMPITE mantiene convenios para complementar el apoyo a las MIPYMES con prácticamente todos los Gobiernos Estatales. Los estados que a la fecha carecen de estos son: Sonora, Baja California, Guanajuato, Campeche y el Distrito Federal. En los Estados de México, Puebla y Zacatecas se continúan las negociaciones para concretar en breve la formalización de este tipo de instrumentos de apoyo.

También se tienen suscritos convenios similares en algunos municipios entre los que destacan: Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Comitán en Chiapas; Matías Romero, Oaxaca; Tampico, Tamaulipas y Colima, Colima. Cabe destacar que desde 1999 año con año el municipio de Tepic ha firmado convenios con COMPITE para apoyar a las empresas de la entidad.

Adicionalmente durante el presente año se han firmado convenios con, entre otras, las siguientes instituciones: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de.39 Quintana Roo y Mazatlán (CMIC), CANACINTRA Tijuana, Puebla, Yucatán, Campeche, San Luis Potosí, Tlaxcala y Oaxaca; COPARMEX Oaxaca, CANACO Tijuana, San Luis Río Colorado, Los Mochis y Morelos, y el Consejo Nacional de Organismos Estatales de la Calidad (CONOREC) y el CCE -- del Caribe. La actividad promocional realizada por las cámaras permite tener un acercamiento importante con las empresas de la región.

Asimismo, se tienen convenios con 34 diferentes organizaciones gremiales que promueven los servicios del COMPITE entre sus agremiados y cerca de 15 más con distintas instituciones educativas para el desarrollo empresarial dentro de sus comunidades. En este caso, destacan el Tecnológico de Monterrey, el Centro de Vinculación Empresarial del Instituto Tecnológico de México y la Universidad del Estado de México, entre otras.

XII.- FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI)

El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) es una entidad pública del Gobierno Federal coordinada por la Secretaría de Economía, encargada de conducir la política de fomento minero del país. No recibe aportaciones del erario y su finalidad es fomentar el desarrollo de la minería nacional mediante apoyos financieros y asistencia técnica para los pequeños productores y las empresas dedicadas a las actividades de exploración, explotación, beneficio, comercialización, industrialización y consumo de minerales y sus derivados.

Objetivo: Fomentar el desarrollo de la minería nacional y su cadena productiva, mediante apoyos de asistencia técnica y financiera a personas físicas y morales, dedicadas a la explotación, beneficio, comercialización y consumo de minerales y sus derivados, así como a los prestadores de servicios relacionados con el sector minero.

Características: Las principales actividades a financiar mediante la operación de los diferentes tipos de crédito que otorga el FIFOMI son: extracción, beneficio, fabricación, industrialización, distribución, comercialización y prestación de servicios a la minería nacional. Asimismo, el FIFOMI considera susceptibles de apoyo a las personas físicas o empresas de la cadena productiva de la minería en cuyo proceso productivo se utilicen insumos de origen mineral, o bien se lleve a cabo la comercialización de minerales.

Las empresas que participan en la proveeduría de la minería y su cadena productiva también son sujeto de los apoyos financieros que ofrece el FIFOMI a través del financiamiento a proveedores.

El FIFOMI acepta la incorporación de la banca comercial y organizaciones auxiliares incorporadas a ella, banca de desarrollo, uniones de crédito, arrendadoras financieras y a sociedades financieras de objeto limitado, cuyo objetivo específico sea congruente con las actividades elegibles del FIFOMI y los descuentos solicitados sean a favor de sujetos elegibles por la actividad que realizan, habilitándolas en su calidad de intermediarios financieros bancarios y no bancarios.

A su vez, las organizaciones auxiliares de crédito que cuenten con el respaldo de un banco o grupo financiero bancario, que garanticen la totalidad de las obligaciones crediticias contraídas con FIFOMI, ya sea a través de convenio de responsabilidad o mediante carta compromiso para respaldar financieramente las operaciones que realicen o mediante el otorgamiento de aval, gozarán del mismo tratamiento para la operación de los productos financieros que lo establecido para los intermediarios financieros bancarios, lo cual conlleva diversas ventajas en la mecánica de operación, supervisión y formalización crediticia, que agilizan la disposición de recursos.

RESULTADOS OBTENIDOS AL TERCER TRIMESTRE

Derivado de las estrategias de promoción implementadas, se ha generado una demanda mayor a la programada, lo que permitió satisfacer las necesidades de las empresas mineras y de la cadena productiva. Para el período enero-septiembre del.41 presente año, se colocaron créditos por un monto de 1,657 millones de pesos, lográndose un 101% por arriba de lo programado que era de 1,635 millones de pesos.

Por lo que corresponde a la cobranza, se logró una recuperación de cartera de 1,736 millones de pesos, teniendo un avance del 109%, lo que permitió rebasar la meta de 1,594 millones de pesos.

El éxito en la recuperación se debe principalmente a que la promoción y evaluación de créditos se efectuó en forma eficaz, así como de la correcta aplicación de las gestiones de cobro, generando una cartera sana.

Por lo que corresponde a las empresas apoyadas en primer piso, se tiene un avance del 56%.

En materia de empresas apoyadas con Asistencia Técnica, Capacitación y Crédito, la meta era atender a 2,975 empresas, la cual fue superada ampliamente al haberse apoyado a 4,120 empresas, con lo que se superó la meta en un 38 por ciento.

En cuanto a los tiempos de respuesta en las operaciones, se logró cumplir con los indicadores de 24 horas y 7 días para operaciones automáticas y operaciones facultativas, respectivamente.

En resumen, los resultados obtenidos por el FIFOMI en este trimestre son altamente satisfactorios, ya que debido al cumplimiento tanto en las metas como en los indicadores, se han superado ampliamente.

ANEXO I

INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2003 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS, CON BASE EN LAS INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN LAS REGLAS DE OPERA- CIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SEÑALADOS EN EL ANEXO 13 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003.

1 Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES)

INDICADORES DE RESULTADOS

1. Nombre del indicador: Apoyar la creación o consolidación de grupos o empresas sociales con un proyecto productivo (resultado del trimestre)

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado: mayor o igual a 85 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 133.1 por ciento

2. Nombre del indicador: Apoyar la creación o consolidación de grupos o empresas sociales con un proyecto productivo (avance del ejercicio)

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado: mayor o igual a 66 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 88.5 por ciento.

3. Nombre del indicador: Apoyar el facultamiento empresarial de los grupos y empresas financiadas (resultado del trimestre)

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado: mayor o igual a 85 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 119.1 por ciento.

4. Nombre del indicador: Apoyar el facultamiento empresarial de los grupos y empresas financiadas (avance del ejercicio)

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado: mayor o igual a 66 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 79.0 por ciento.

3. Nombre del indicador: Impulsar la formación de grupos y empresas de mujeres con proyectos productivos (resultado del trimestre)

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado: mayor o igual a 85 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 118.5 por ciento.

4. Nombre del indicador: Impulsar la formación de grupos y empresas de mujeres con proyectos productivos (avance del ejercicio)

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado: mayor o igual a 100 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 239.8 por ciento

METAS Y OBJETIVOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2003

1. Apoyar con capital de trabajo a proyectos productivos:

Resultados: Número y monto esperado: 333 (31.3 mdp ** ). Número y monto logrado: 482 (51.1 mdp)

** Millones de pesos

Meta anual: 503 (47.1 mdp)

2. Apoyar con capital de riesgo a empresas sociales:

Resultados: Número y monto esperado: 217 (80.1 mdp). Número y monto logrado: 265 (91.1 mdp)

Meta anual: 328 (120.7 mdp)

3. Constitución de microempresas:

Resultados: Número y monto esperado: 884 (77.0 mdp). Número y monto logrado: 1,347 (97.4 mdp)

Meta anual: 1,483 (116.0 mdp)

4. Otorgar microcréditos a la población objetivo de FONAES:

Resultados: Número esperado: 77,000. Número logrado: 61,679 (son apoyos indirectos otorgados con recursos de los fondos e instituciones de microcrédito)

Meta anual: 109,600

5. Constitución de Cajas Solidarias:

Resultados: Número y monto esperado: 41 (7.1 mdp). Número y monto logrado: 35 (5.1 mdp)

Meta anual: 50 (10.6 mdp)

6. Consolidación de fondos:

Resultados: Número y monto esperado: 4 (25.3 mdp). Número y monto logrado: 1 (5.0 mdp)

Meta anual: 7 (38.1 mdp)

7. Acciones para la formación y el desarrollo empresarial:

Resultados: Acciones y monto esperado: 13,249 (100.2 mdp). Acciones y monto logrado: 16,882 (26.7 mdp)

Meta anual: 19,960 (151.0 mdp)

8. Apoyar a empresas comercializadoras:

Resultados: Número y monto esperado: 138 (40.1 mdp). Número y monto logrado: 134 (40.9 mdp)

Meta anual: 209 (60.5 mdp)

9. Acciones de estímulo y apoyo a la comercialización:

Resultados: Acciones y monto esperado: 1,324 (6.2 mdp). Acciones y monto logrado: 473 (1.4 mdp)

Meta anual: 1,995 (9.4 mdp)

10. Apoyar proyectos productivos de mujeres:

Resultados: Número y monto esperado: 437 (39.5 mdp). Número y monto logrado: 518 (41.4 mdp)

Meta anual: 659 (59.5 mdp)

11. Proyectos estratégicos:

Resultados: Número de proyectos y monto esperado: 15 (53.1 mdp). Número de proyectos y monto logrado: 8 (30.9 mdp)

Meta anual: 23 (80 mdp).

2 FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES (FOMMUR)

INDICADORES DE RESULTADOS

1. Nombre del indicador: Cobertura del programa

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Cobertura esperada: 100 por ciento, cobertura obtenida: 73.6 por ciento

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: La meta no se cubrió debido a que algunos organismos intermediarios no enviaron a tiempo sus propuestas para las renovaciones de los créditos subsecuentes. No obstante, en los trimestres posteriores se espera lograr la cobertura programada para el ejercicio

2. Nombre del indicador: Porcentaje de recuperación de la cartera

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Recuperación esperada: 96 por ciento. Recuperación observada: 99.2 por ciento

3. Nombre del indicador: Avance de créditos otorgados.

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Tasa esperada 100 por ciento. Tasa observada: 73.6 por ciento

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: La meta no se cubrió debido a que algunos organismos intermediarios no enviaron a tiempo sus propuestas para las renovaciones de los créditos subsecuentes. No obstante, en los trimestres subsecuentes se espera lograr la cobertura programada para el ejercicio

4. Nombre del indicador: Capacitación

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado 100 por ciento. Porcentaje observado: 120.0 por ciento.

METAS Y OBJETIVOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2003

1. Capacitación:

Resultado: Cursos esperados 5. Cursos logrados: 6

2. Mujeres beneficiarias:

Resultado:

Primer Ciclo: Esperado 15,000. Logrado: 29,045

Segundo Ciclo: Esperado: 27,919. Logrado: 23,177

Tercer Ciclo: Esperado: 49,070. Logrado: 23,980

Cuarto Ciclo: Esperado: 41,937. Logrado: 22,388

Explicación sobre la diferencia entre la meta esperada y la lograda: Para el segundo, tercero y cuarto ciclo no se cumplió con la meta programada debido a que algunos organismos intermediarios no enviaron a tiempo sus propuestas para las renovaciones de los créditos subsecuentes. No obstante, en el trimestre subsecuente se espera lograr la cobertura programada para el ejercicio.

3. Créditos Otorgados:

Resultado: Créditos esperados: 133,926. Créditos otorgados: 98,590

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: La meta no se cubrió debido a que algunos organismos intermediarios no enviaron a tiempo sus propuestas para las renovaciones de los créditos subsecuentes. No obstante, en el trimestre subsecuente se espera lograr la cobertura programada para el ejercicio.

3 PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)

INDICADORES DE RESULTADOS

1. Nombre del indicador: Cobertura del programa

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado de avance en el número de beneficiarios atendidos: 100 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 95 por ciento

Explicación sobre la diferencia entre la meta esperada y la lograda: Los datos de microcréditos otorgados de enero a septiembre de 2003 tienen un carácter parcial, de modo que se espera completar posteriormente la información relativa a dicho periodo y acreditar el cumplimiento de la meta. Lo anterior se debe a que actualmente está en proceso la implementación de un sistema informático que permitirá contar con información de manera más expedita.

2. Nombre del indicador: Porcentaje de recuperación de cartera

Periodicidad: Semestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado de cartera recuperada: 100 por ciento de los programado. Porcentaje observado: 86.3 por ciento

Explicación sobre la diferencia entre la meta esperada y la lograda: Una de las microfinancieras pertenecientes al programa se está retrasando en el pago de la cartera. El caso está siendo debidamente estudiado

3. Nombre del indicador: Créditos otorgados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado de créditos otorgados: 100 por ciento de los programado. Porcentaje observado: 95 por ciento

Explicación sobre la diferencia entre la meta esperada y la lograda: Los datos de microcréditos otorgados de enero a septiembre de 2003 tienen un carácter parcial, de modo que se espera completar posteriormente la información relativa a dicho periodo y acreditar el cumplimiento de la meta. Lo anterior se debe a que actualmente está en proceso la implementación de un sistema informático que permitirá contar con información de manera más expedita.

4. Nombre del indicador: Capacitación

Periodicidad: Trimestral.48

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado de individuos capacitados: 56.0 por ciento respecto a lo programado. Porcentaje observado: 53.5 por ciento

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Como resultado de las acciones emprendidas en el plan emergente de capacitación y asistencia técnica, se comienza a experimentar los primeros resultados positivos en la materia

5. Nombre del indicador: Monto promedio del microcrédito otorgado a cada beneficiario

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Monto esperado: $2,250.00 Monto observado: $3,851.88

6. Nombre del indicador: Plazo promedio ponderado de los microcréditos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Plazo promedio ponderado esperado: 180 días. Plazo observado: 185 días

7. Nombre del indicador: Plazo promedio para otorgar el microcrédito, reportado por la microfinanciera

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Plazo esperado: 10 días. Plazo observado: 10 días

8. Nombre del indicador: Visitas de seguimiento a las microfinancieras

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje de avance en el número de visitas a microfinancieras: 96.0 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 95 por ciento

METAS Y OBJETIVOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2003

1. Integrar al programa un total de 20 microfinancieras en el 2003

Resultados: Número esperado de microfinancieras: 11. Número obtenido: 18

2. Incubación de 4 nuevas instituciones de microfinanciamiento:

Resultados: Número esperado de incubaciones:2. Número logrado: 0.

3. Apoyar la apertura de 20 sucursales de microfinancieras incorporadas al programa:

Resultados: Número esperado de sucursales: 11. Número logrado: 28

4. Cobertura del programa:

Resultados: Número esperado de microcréditos: 106,192. Número logrado: 104,707

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Los datos son preliminares.

4 PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR (PMS)

INDICADORES DE RESULTADOS

1. Nombre del indicador: Índice de proyectos de inversión atendidos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número de proyectos que se esperaba atender: 60. Número de proyectos atendidos: 82

2. Nombre del indicador: Índice de proyectos comprometidos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de proyectos: 61. Número observado de proyectos: 18

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Existen varios proyectos en proceso de evaluación, además de esto cada uno de los proyectos de inversión es distinto, razón por la cual para los próximos meses se espera comprometer los proyectos pendientes

3. Nombre del indicador: Índice de empleos comprometidos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de empleos: 23,600. Número observado de empleos: 5,362

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Existen varios proyectos en proceso de evaluación, por la cual, para los próximos meses se espera cumplir con lo programado

4. Nombre del indicador: Índice de participación por tamaño

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Distribución de la atención entre empresas pequeñas medianas y grandes esperada: 10, 70 y 20 por ciento, respectivamente. Distribución obtenida: 16, 33 y 51 por ciento respectivamente

5. Nombre del indicador: Índice de participación por sector

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Participación esperada: 85, 7.5 y 7.5 por ciento para los sectores: industria, comercio y servicios, respectivamente. Participación observada: 88, 12 y 0 por ciento respectivamente.

5 FONDO DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FAMPYME)

INDICADOR DE RESULTADOS

1. Nombre del indicador: Índice de proyectos apoyados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado de proyectos apoyados: 80.0 por ciento. Resultado obtenido: 8.5 por ciento

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Al mes de septiembre se firmaron 22 convenios de coordinación con Aguascalientes, Baja California, Colima, Coahuila, Chihuahua, Durango, estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Sinaloa, así como de colaboración con la CANACOPE --Ciudad de México, CMIC, CAINVE, CEMEX, FUNDES, FUMEC, Fundación Pro-empleo Productivo, A. C., Industrializadora de Maíces Mexicanos, S. A. de C.V., CANAGRAF y CANAINTEX, mediante los cuales se comprometieron recursos para 89 proyectos que apoyarán a MIPYMES con acciones de capacitación, consultoría, elaboración de estudios y metodologías e innovación y desa-rrollo tecnológico

METAS Y OBJETIVOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2003

1. Apoyar proyectos de capacitación, consultoría básica y especializada, formación de capacitadores y consultores y elaboración y desarrollo de programas y metodologías a fin de incrementar la competitividad de las MIPYMES:

Resultados: Número de proyectos esperado: 0. Número de proyectos logrado: 1.

6 RED CETRO-CRECE

INDICADORES DE RESULTADOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

1. Nombre del indicador: Índice de empresas atendidas

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de empresas atendidas: 2,337. Número observado: 2,655

2. Nombre del indicador: Índice de capacitación empresarial

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Se esperaba capacitar a 9,053 personas. Se capacitó a 7,979

3. Nombre del indicador: Índice de vinculación financiera

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Índice esperado: 682. Índice observado: 598

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: La variación negativa se debe a que varias de las solicitudes de financiamiento realizadas durante los meses de julio y agosto se encuentran en proceso de evaluación por parte de las instituciones financieras

4. Nombre del indicador: Índice de vinculación a la consultoría externa

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Índice esperado: 584. Índice obtenido: 560

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: La variación negativa se debe a que varios proyectos que se están realizando con consultores externos aun están en proceso

5. Nombre del indicador: Índice de empleos conservados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del indicador: Empleos conservados: 1,784

6. Nombre del indicador: Índice de empleos generados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Empleos generados: 121

INDICADORES DE GESTIÓN

1. Nombre del indicador: Índice de empresas atendidas

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Universo de empresas: 100 por ciento. Empresas atendidas: 0.45 por ciento

2. Nombre del indicador: Índice de participación por tamaño

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Micro Empresa 82 por ciento, Pequeña Empresa 11 por ciento y Mediana Empresa 7 por ciento

3. Nombre del indicador: Índice de participación por sector

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Industria 34 por ciento, Comercio 38 por ciento, Servicios 28 por ciento

4. Nombre del indicador: Índice de casos de éxito

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: 95 por ciento de efectividad en casos de éxito. 5 por ciento de casos terminados en el periodo

5. Nombre del indicador: Índice de satisfacción de clientes

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: De acuerdo con la más reciente encuesta de satisfacción del cliente, las empresas atendidas en consultoría evalúan el servicio en 8.83 en una escala del 1 al 10, y en el servicio de satisfacción el servicio en 9.05 en una escala del 1 al 10

6. Nombre del indicador: Índice de incremento en casos resueltos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: 14 por ciento de incremento en casos de éxito en relación al trimestre inmediato anterior

7. Nombre del indicador: Índice de participación de los ingresos propios, con respecto al gasto de operación

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje de participación: 20 por ciento

8. Nombre del indicador: Índice de incremento en los ingresos propios, con respecto al año anterior

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Incremento: 38 por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior

9. Nombre del indicador: Índice de incremento en ventas en casos de éxito

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Variación: 40 por ciento

10. Nombre del indicador: Índice de costo--beneficio

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: $15.4

11. Nombre del indicador Índice de casos de éxito por consultor

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador Casos resueltos por consultor: 5.7 en el periodo

12. Nombre del indicador: Índice de consultores certificados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Consultores certificados: 278

METAS Y OBJETIVOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2003

1. Captación de empresas: Resultados: Número de empresas esperado: 2,337. Número de empresas logrado: 2,655

2. Capacitación de empresarios: Resultados: Número de empresarios esperado: 9,053. Número de empresarios logrado: 7,979

Explicación sobre los avances esperados y los obtenidos: La variación negativa en el indicador se debe a que se dejaron de impartir algunos seminarios de gran audiencia, esto para actualizar los materiales impartidos en ellos

3. Vinculación Financiera: Resultados: Número de empresas esperado: 682. Número de empresas logrado: 598

Explicación sobre los avances esperados y los obtenidos: La variación negativa se debe a que varias de las solicitudes de financiamiento realizadas durante los meses de julio y agosto se encuentran en proceso de evaluación por parte de las instituciones financieras

4. Vinculación a Consultoría Externa:

Resultados: Número de empresas esperado: 584.

Número de empresas logrado: 560

Explicación sobre los avances esperados y los obtenidos: La variación negativa se debe a que varios que se están rea-lizando con Consultores Externos aun están en proceso

7 PROGRAMA DE CENTROS DE DISTRIBUCION EN ESTADOS UNIDOS (FACOE)

INDICADORES DE RESULTADOS

1. Nombre del indicador: Índice de proyectos apoyados por tamaño de MIPYMES

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Micro 18 por ciento, Pequeña 59 por ciento y Mediana 23 por ciento

2. Nombre del indicador: Índice de proyectos apoyados por línea de apoyo

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Capacitación y consultoría: Micro 18 por ciento, Pequeña 59 por ciento y Mediana 23 por ciento Promoción en mercados internacionales: Micro 18 por ciento, Pequeña 59 por ciento y Mediana 23 por ciento Comercialización y distribución de productos: Micro 18 por ciento, Pequeña 59 por ciento y Mediana 23 por ciento

3. Nombre del indicador: Índice de complementariedad

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Recursos aportados por la Secretaria de Economía 19.5 millones de pesos (66.8 por ciento). Recursos aportados por Organismos intermedios 9.6 millones de pesos (33.2 por ciento)

4. Nombre del indicador: Índice de proyectos exitosos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje Observado: 18 por ciento

5. Nombre del indicador: Índice de empleos de discapacitados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado: 0. Porcentaje Observado: 0

6. Nombre del indicador: Índice de proyectos liderados por mujeres

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje Observado: 18

METAS Y OBJETIVOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2003

1. Empresas atendidas:

Resultados: Número de empresas esperado: 55. Número de empresas logrado: 22

Explicación sobre los avances esperados y los obtenidos: En el transcurso del cuarto trimestre se contará con los recursos necesarios para dar cumplimiento a la meta anual

2. Centros de distribución instalados: Resultados: Número de centros instalados esperado: 5.

Número logrado: 5

8 FONDO DE FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS (FIDECAP) INDICADORES DE RESULTADOS

1. Nombre del indicador: Índice de proyectos apoyados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Índice esperado: 1.00. Índice obtenido: 0.28

2. Nombre del indicador: Índice de proyectos apoyados por mujeres

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Índice esperado: 0.22. Índice obtenido: 0.05

3. Nombre del indicador: : Índice de complementariedad

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Índice esperado: 0.40. Índice obtenido: 0.09

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Entre menor sea el valor del índice obtenido con respecto a la meta es mejor porque ello indica que se están consiguiendo recursos de los gobiernos estatales y municipales, así como del sector privado para detonar los proyectos apoyados

4. Nombre del indicador: Índice de asignación de recursos por organismo intermedio

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Índice esperado con gobiernos estatales y municipales y con otros organismos públicos o privados: 0.90 y 0.10, respectivamente. Índice obtenido: 0.25 y 0.03, respectivamente

5. Nombre del indicador: Índice de proyectos apoyados por línea de apoyo

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Índice esperado en ``proyectos productivos'': 0.50. Índice obtenido: 0.10. Índice esperado en infraestructura industrial, comercial o de servicios: 0.30. Índice obtenido: 0.03. Índice esperado en ``centros de atención empresarial'': 0.10. Índice obtenido: 0.08. Índice esperado en ``Promoción empresarial'': 0.10. Índice obtenido: 0.05

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Las variaciones se deben a que en el tercer trimestre los convenios estuvieron en revisión en el jurídico de los gobiernos de los estados

6. Nombre del indicador: Número de empleos permanentes generados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de empleos permanentes: 1,657. Número de empleos obtenidos: 0.0 7.

Nombre del indicador: Índice de empleos de discapacitados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Índice esperado de empleos de discapacitados: 0.05. índice obtenido: 0.0

8. Nombre del indicador: Índice de proyectos exitosos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Índice esperado de proyectos exitosos: 0.75. índice obtenido: 0.0

METAS Y OBJETIVOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2003

1. Apoyo de proyectos relacionados con la integración de cadenas productivas:

Resultados: Avance esperado: 60 proyectos, 86.3 millones de pesos. Avance logrado: 10 proyectos, 7.2 millones de pesos

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Las variaciones se deben a que en el tercer trimestre los convenios estuvieron en revisión en el jurídico de los gobiernos de los estados

9 FONDO DE APOYO PARA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (FOAFI) INDICADORES DE RESULTADOS

1. Nombre del indicador: Índice de fondos de garantía constituidos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Obtenido: 35

2. Nombre del indicador: Factor de multiplicación de los recursos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Obtenido: 21

3. Nombre del indicador: Índice de presupuesto ejercido

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Índice obtenido: 76

METAS Y OBJETIVOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2003

1. Conformación de esquemas de acceso al financiamiento:

Resultados: Avance esperado: 20 fondos. Avance logrado: 7 fondos

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Durante los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron las acciones necesarias para la formalización de 7 proyectos, sin embargo la totalidad serán concretados en el mes de octubre

10 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI) INDICADORES DE EVALUACIÓN

1. Nombre del indicador: Recuperación de Cartera

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Recuperación Esperada: 1,594 millones de pesos. Obtenida: 1,736 millones de pesos

2. Nombre del indicador: Colocación de descuentos de crédito

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Colocación esperada: 1,635 millones de pesos. Colocación obtenida: 1,657 millones de pesos

3. Nombre del indicador: Empresas apoyadas con crédito, capacitación y asistencia técnica

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de empresas apoyadas: 2,975. Número obtenido de empresas apoyadas: 4,120

INDICADORES DE GESTIÓN

1. Nombre del indicador: Tiempo de respuesta en descuento automático

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Tiempo esperado: 24 horas. Tiempo de respuesta observado: 24 horas

2. Nombre del indicador: Tiempo de respuesta en descuento facultativo con intermediarios bancarios y empresas del grupo financiero bancario

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Tiempo de respuesta esperado: 7 días hábiles. Tiempo de respuesta observado: 7 días hábiles

3. Nombre del indicador: Tiempo de respuesta en línea de descuento con intermediarios no bancarios.

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Tiempo de respuesta esperado: 15 días hábiles. Tiempo de respuesta observado: No disponible

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Aún no se cuenta con líneas de descuento con intermediarios financieros no bancarios

4. Nombre del indicador: Importe descontado con intermediarios financieros bancarios y no bancarios

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Importe esperado: 1,472 millones. Importe observado: 1,649 millones de pesos

5. Nombre del indicador: Importe derramado, créditos directos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Importe esperado: 164 millones de pesos. Importe obtenido: 8 millones de pesos

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Este indicador se incrementará en el transcurso del año

METAS Y OBJETIVOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2003

1. Recuperación de cartera:

Resultados: Monto esperado: 1,594 millones de pesos. Monto logrado: 1,736 millones de pesos

2. Colocación de descuentos de crédito:

Resultados: Monto esperado: 1,635 millones de pesos. Monto logrado: 1,657 millones de pesos

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

---

REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Antes de continuar la Secretaría, se le instruye para dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 450 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico, por favor.

Se informa a la Asamblea que quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 30 minutos, para realizarlo con cédula.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias. Continúe la Secretaría.

---

CONDECORACIONES
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.--- Mesa Directiva.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Contralmirante CG DEM Eduardo Roberto Zúñiga Martín del Campo para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Naval a los Servicios Distinguidos, que le confiere el Gobierno de la República Argentina.

Atentamente.

México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano Contralmirante CG DEM Eduardo Roberto Zúñiga Martín del Campo para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Naval a los Servicios Distinguidos, que le confiere el Gobierno de la República Argentina.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos Constitucionales.--- Arturo Garita; Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.--- Mesa Directiva.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Allan Nahúm Kaim para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país.

Atentamente.

México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles; Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano mexicano Allan Nahúm Kaim para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos Constitucionales.--- Arturo Garita; Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.--- Mesa Directiva.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Artillería DEM Adolfo Héctor Tonatiúh Velazco Bernal para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Atentamente.

México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles;Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Artillería DEM Adolfo Héctor Tonatiúh Velazco Bernal para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos Constitucionales.--- Arturo Garita; Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México DF.--- Mesa Directiva.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Eduardo Sojo Garza Aldape para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país.

Atentamente.

México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles; Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano doctor Eduardo Sojo Garza Aldape para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos Constitucionales.--- Arturo Garita; Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.--- Mesa Directiva.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al C. Almirante Marco Antonio Peyrot González, secretario de Marina, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.

Atentamente.

México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles; Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al C. Almirante Marco Antonio Peyrot González, secretario de Marina, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos Constitucionales.--- Arturo Garita; Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.--- Mesa Directiva.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Mtro. Isaac José Woldenberg Karakowsky para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.

Atentamente.

México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles; Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Mtro. Isaac José Woldenberg Karakowsky para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos Constitucionales.--- Arturo Garita; Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.--- Mesa Directiva.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Lic. Francisco Alfonso Durazo Montaño para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.

Atentamente.

México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles; Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Lic. Francisco Alfonso Durazo Montaño para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos Constitucionales.--- Arturo Garita; Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.--- Mesa Directiva.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas, para aceptar y usar la condecoración ``Cruz de la Marina de la Defensa Nacional'' que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.

Atentamente.

México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles; Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas, para aceptar y usar la condecoración ``Cruz de la Marina de la Defensa Nacional'' que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos Constitucionales.--- Arturo Garita; Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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CONSUL HONORARIO
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.--- Mesa Directiva.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Tomás Roberto González Sada para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.

Atentamente.

México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles; Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Tomás Roberto González Sada para que pueda de-sempeñar el cargo de cónsul honorario de Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos Constitucionales.--- Arturo Garita; Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.--- Mesa Directiva.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos mexicanos María de Lourdes López Salinas, Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo, María Cristina López Villafranco, Ignacio Martínez Morales, Everardo Massé Bautista, Luis Antonio Melgoza Martínez, Ana Margarita Ortega Ramírez, María de Jesús Reyes Alvarez y Héctor Abel Soriano Velasco para prestar sus servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.

Atentamente.

México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles; Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana María de Lourdes López Salinas para que pueda prestar sus servicios como auxiliar contable en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo para que pueda prestar sus servicios como auxiliar en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana María Cristina López Villafranco para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Ignacio Martínez Morales para que pueda prestar sus servicios como vigilante en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Everardo Massé Bautista para que pueda prestar sus servicios como empleado auxiliar en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Luis Antonio Melgoza Martínez para que pueda prestar sus servicios como empleado auxiliar en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese en México.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Ana Margarita Ortega Ramírez para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.

Artículo Octavo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana María de Jesús Reyes Alvarez para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.

Artículo Noveno.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Héctor Abel Soriano Velasco para que pueda prestar sus servicios como intendente en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 21 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos Constitucionales.--- Arturo Garita; Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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ARTICULOS 30, 32 Y 37 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo vigésimo transitorio del diverso que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Esta- dos Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Puntos Constitucionales.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las Iniciativas y Minuta siguientes:

I. Iniciativa remitida por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, por la que se deroga el artículo segundo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que modificó los artículos 30, 32 y 37, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997;

II. La Minuta Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo Segundo Transitorio a los Artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997, que remite la H. Cámara de Senadores y;

III. Iniciativa del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, por la que se reforma el artículo segundo transitorio del diverso que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 60, 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMENI. Proceso Legislativo.

A) En sesión celebrada el 18 de febrero del presente año, el pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante acuerdo económico 874/03 aprobó remitir al Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley que deroga el artículo segundo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que modificó los artículos 30, 32 y 37, publicado en el Diario Oficial de la Federacón de fecha 20 de marzo de 1997.

En sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión celebrada el 5 de marzo del año en curso, se dio cuenta del oficio DPL 1692-LVI de fecha 18 de febrero del año 2003 por el que el Honorable Congreso del Estado de Jalisco remitió a esa Alta Tribuna la iniciativa mencionada, habiéndo determinado, la Comisión Permanente, que la referida Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

En la Comisión de Puntos Constitucionales, se recibió el oficio D.G.P.L. 58-II-4-1489 de fecha 5 de marzo del presente año por el que comunicaron la determinación del Pleno de la Comisión Permanente y anexaron la iniciativa que se describe, de la que se dio cuenta a la Comisión de Puntos Constitucionales en su sesión de fecha 20 de octubre de este año, en la que existió el quórum requerido para sesionar, determinándose fuera sometida a consideración de esta Soberanía mediante el dictamen que se presenta.

B) En sesión celebrada en fecha 25 de marzo de 2003 por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Población y Desarrollo, presentaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Segundo Transitorio de los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997. En la precitada sesión, el Pleno de la H. Cámara de Senadores discutió y aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Segundo Transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.

Con fecha 25 de marzo de 2003, la H. Cámara de Senadores envió a la H. Cámara de Diputados la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Segundo Transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.

En sesión celebrada el 27 de marzo de 2003, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, turnó esta Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebrada el 24 de abril de 2003, se dio trámite de recibo correspondiente a la minuta materia de este apartado y existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen, por lo que se ordenó ponerlo a consideración de esta Soberanía para su discusión y resolución constitucional, determinación que, en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura, realizada el 20 de octubre el año en curso y existiendo el quórum requerido para sesionar válidamente se indicó que, en calidad de dictamen, se elevara a consideración de este Pleno.

C) El Honorable Congreso del Estado de Michoacán, en su sesión celebrada el 12 de marzo del año en curso, aprobó el acuerdo por el que se determinó presentar ante la Honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma el artículo segundo transitorio del decreto número 82 aprobado el 5 de marzo de 1997 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997, mediante el cual se reformó, entre otros, el apartado A), el apartado B) se recorre y pasa a ser el C), se agrega un nuevo apartado B), se reforma la fracción I y se agrega un último párrafo al nuevo apartado C) del artículo 37 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho acuerdo fue comunicado a esta Honorable Cámara de Diputados durante su LVIII Legislatura mediante oficio 515-A de fecha 12 de marzo del mismo año, del que se dio cuenta al Pleno en su sesión del día 1° de abril del año en curso, determinándose que se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Recibido el turno en la Comisión de Puntos Constitucionales en su sesión celebrada el 20 de octubre de 2003, existiendo quórum, se sometió a consideración de los integrantes de la misma este proyecto de dictamen, y habiéndose autorizado se ordenó se elevara a la consideración de esta Soberanía.

II. Materia de la Minuta.

Las Iniciativas descritas y la Minuta motivo del presente dictamen proponen la derogación o reformas al ``Decreto por el que se reforma el Artículo Segundo transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.

El texto vigente del Artículo Segundo Transitorio mencionado dispone: ``Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A Constitucional, reformado por virtud del presente decreto, previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los cinco años siguientes a la citada fecha de entrada en vigor del presente''.

En esencia, las iniciativas referidas y la Minuta proponen la correspondiente reforma con objeto de que el beneficio que contempla la disposición citada sea permanente y no quedara limitado a los cinco años que se determinaron al momento de la emisión del decreto, cuya reforma se pretende.

Se argumenta que hace algunos años el Ejecutivo Federal inició Programas de Naturalización y de trámite de la nacionalidad de los mexicanos que viven en el extranjero, predominantemente en los Estados Unidos de América, haciendo una campaña a fin de que los probables interesados pudieran conocer a detalle los requisitos a través de los cuales se pueden recuperar sus derechos como mexicanos, preservando la otra nacionalidad a la que también tienen derecho; no obstante y a pesar de los esfuerzos, la campaña no logró la respuesta esperada, ya que el número de connacionales que efectuaron el trámite apenas excede los 50 000 y los beneficios de la doble nacionalidad no han podido llegar a millones de posibles receptores. Por tanto, al existir una situación desigual entre los que han tramitado y los que no han tramitado la recuperación de su nacionalidad, se propone:

III. Valoración de las Iniciativas y la Minuta.

La Comisión de Puntos Constitucionales tomó en consideración las razones expuestas tanto en las Iniciativas como en la Minuta.

Tradicionalmente el derecho constitucional mexicano había venido considerando la pérdida de nacionalidad mexicana por varias razones. La situación cambió radicalmente por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997, misma que entró en vigor el 20 de marzo de 1998.

Se asentó en el Artículo 37:

A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

Esta disposición, tan categórica, se funda en la decisión constitucional de no privar de su nacionalidad a emigrantes mexicanos que se ven forzados a adquirir la nacionalidad en el país donde trabajan.

El problema se da principalmente en los Estados Unidos de América. Ya la anterior Ley de Nacionalidad de 1993 había considerado el problema al establecer una importante excepción a la pérdida de la nacionalidad por los adquirentes voluntarios de una nacionalidad extranjera: ``No se considerará adquisición voluntaria la naturalización que hubiere operado por virtud de la ley, simple residencia o ser condición indispensable, para adquirir trabajo o conservar el adquirido (Art. 22 fracc. I).

Respecto a la ley vigente, dice la iniciativa en comento, presentada por el Ejecutivo a la Cámara de Senadores el 20 de noviembre de 1996:

``La reforma constitucional propuesta tiene por objeto la no pérdida de la nacionalidad mexicana independientemente de que adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía. Con esta medida, se pretende que quienes opten por alguna nacionalidad distinta a la mexicana, puedan ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias respecto a los nacionales del lugar''.

``Resulta importante acotar que la migración mexicana tiene una serie de características peculiares por las cuales, el sitio de destino, suele ser temporal comparado con los patrones de conducta de otras naciones. Es recurrente que después de cumplir un ciclo productivo en otro país, los mexicanos busquen ingresar a México, reintegrándose a sus comunidades de origen. Sin embargo, durante ese período en el exterior, suelen enfrentar condiciones adversas y en ocasiones discriminatorias por no adoptar la nacionalidad del país receptor. De aprobarse esta reforma constitucional, se subsanarían las preocupaciones de esos mexicanos que, por temor a perder su nacionalidad, no dan el paso para integrarse con plenos derechos a las sociedades donde viven, sea permanente o transitoriamente''.

``Independientemente de las decisiones que tomen, los beneficiarios de esta reforma mantienen inalterables sus vínculos con México. Ello coincide con la preocupación del Estado Mexicano por fortalecer la protección preventiva de su integridad y de sus intereses, al tiempo que se abrirá para aquellos nacionales que hayan emigrado en una mejor perspectiva de desarrollo en su sitio de residencia, en un plano de igualdad frente a los nacionales del país de destino. Esta preocupación hace eco de una sentida demanda de las comunidades mexicanas que radican en el exterior''.

Hasta aquí las consideraciones que se hicieron en las Iniciativas y la Minuta, que explican suficientemente la razón de las reformas hechas a la Constitución y la validez permanente de las mismas. Por tanto, limitar el tiempo para reclamar el beneficio de readquirir la nacionalidad mexicana no tiene sentido.

Esta Comisión considera que por el gran número y dispersión de los emigrantes mexicanos, que alcanza varios millones en los Estados Unidos de América, es de suyo difícil y problemático alcanzar la difusión de las reformas que les conceden el beneficio de la nacionalidad.

Por ello, es de destacarse la preocupación y constante esfuerzo por parte de varios diputados, de los señores senadores y de los diputados integrantes de los Congresos de los Estados, quienes con el permanente interés de velar por nuestros connacionales que, por causas diversas, tienen su residencia en el extranjero, han sido motor y parte fundamental de la reforma constitucional en comento.

No han sido pocas las ocasiones en que los representantes populares han hecho sentir su presencia en diversas acciones, medidas e iniciativas que han tenido y tienen un solo denominador común: La protección y salvaguarda de los derechos de los mexicanos radicados en el extranjero. Por ello, este Cuerpo Legislativo, suma sus esfuerzos a los del Senado de la República y de los Congresos de los Estados a efecto de que con una sola voz los Legisladores respondamos a las legítimas demandas de nuestros connacionales.

Por otra parte el tema migratorio, especialmente con el gobierno de los Estados Unidos de América continua siendo uno de los renglones prioritarios de la agenda nacional y, por tanto, de nuestra agenda legislativa, debe insistirse en su avance; los países receptores de migrantes mexicanos deben tomar conciencia de la importancia que para sus economías representan y por ende, deben otorgárseles las facilidades necesarias para su permanencia y reingreso a su país de origen.

El tema de la migración debe seguir siendo prioritario para los países participantes en el fenómeno migratorio.

La posibilidad de que en cualquier momento, los connacionales que lo deseen y satisfagan los requisitos que la propia Ley señala, puedan recuperar su nacionalidad mexicana, es una cuestión digna de tomarse en cuenta porque despierta indudablemente inquietudes en quienes han adquirido la nacionalidad norteamericana, independientemente de que tengan o no, de manera suficiente, la información necesaria sobre las reformas constitucionales.

Este clima, favorable a incrementar las inquietudes de nuestros connacionales, se ve aumentado con las restricciones de política migratoria que por recientes acontecimientos está tomando el gobierno norteamericano.

No tiene sentido limitar un derecho para que se ejercite en un determinado plazo cuando la intención constitucional, según quedó claro, era favorecer a nuestros conciudadanos en el exterior sin que la misma Constitución, en su texto básico, impusiera limitación alguna. Dicho lo anterior y por coincidir la esencia de las Iniciativas y la Minuta descritas, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO A LOS ARTÍCULOS 30, 32 Y 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE MARZO DE 1997.

ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 30, 32 Y 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE MARZO DE 1997, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

TRANSITORIOS

PRIMERO........

SEGUNDO. Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A), Constitucional previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cualquier tiempo.

TERCERO........

CUARTO........

QUINTO.......

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinte días del mes de octubre del año 2003.--- Diputados: Miguel Angel Yuñes Linares (rúbrica), Presidente; Rubén Alexander Rábago (rúbrica), Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez, Alvaro Elías Loredo (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), secretarios; Gonzalo Alemán Migliolo, Sergio Alvarez Mata (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Francisco Barrio Terrazas, Angel Augusto Buendía Tirado (rúbrica), Enrique Burgos García (rúbrica), Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Horacio Duarte Olivares, Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Germán Martínez Cázares (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, Emilio Zebadúa González (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por la comisión, el señor diputado Arturo Nahle García.

El diputado Arturo Nahle García:

Gracias, señor Presidente; señoras diputadas y señores diputados:

Nuestro país siempre se había puesto al otorgamiento de una doble nacionalidad. La Constitución de 1857, establecía que la calidad de ciudadano mexicano se perdía por naturalizarse en un país extranjero. Así lo recogió también el Constituyente de Querétaro en 1917.

Fue hasta marzo de 1997, 140 años después cuando nuestro país dio un giro de 180 grados en su política normativa en materia de nacionalidad. Gracias a las reformas de ese año, a los artículos 30, 32 y 37 constitucionales, ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad. Y es que el concepto de nacionalidad es uno de los elementos fundamentales de la idea de nación y por consiguiente del concepto de Estado.

La nacionalidad identifica e imprime cohesión e identidad a un determinado grupo social, es un complejo de elementos de contenido social, jurídico, político, cultural y de destino común.

La nacionalidad distingue jurídicamente al mexicano del extranjero. Esta distinción es necesaria para penetrar en la estructura jurídica de la nación mexicana.

Pero la aridez de buena parte del territorio, la dispersión de nuestros habitantes, la falta de infraestructura, fuentes de empleo y ¿por qué no decirlo?, los malos gobiernos, han provocado pobreza extrema en millones y millones de mexicanos y una creciente migración hacia Estados Unidos de América, que hoy se calcula en aproximadamente 23 millones de connacionales.

Los mexicanos que cruzan la frontera nadando el río o caminando por el desierto, obviamente que no lo hacen por gusto, no lo hacen pensando en cristalizar el ``sueño americano'' o como algunos se han atrevido a decir, por simple costumbre. ¡No! los mexicanos se van de México porque aquí no encuentran las oportunidades que les permitan un ingreso y una vida digna para sus familias.

Un factor fundamental en la migración del sur al norte, fue el hecho de que los estados sureños hayan sido territorio mexicano hasta 1848, pero sin duda el factor económico ha sido el más visible en la dinámica de la migración, sobre todo en ciertos periodos como el iniciado en San Francisco en 1849 por la fiebre del oro, la construcción del Ferrocarril Suroeste a finales del Siglo XIX, la expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial, de la cual emergió el Programa Bracero entre 1942 y 1964, y por supuesto las crisis económicas de los últimos 25 años.

Sin embargo, el mercado laboral por sí mismo no hubiera provocado una migración tan grande y tan constante; las relaciones familiares y amistosas, las organizaciones sociales, la comunión política, la lengua, la religión, la identidad cultural, comida, música, vestimentas, festividades, tradiciones, costumbres, literatura etcétera, fueron el hecho natural para la migración de las naciones sin vida que la división jurídica no podía interrumpir.

Los que se fueron y se siguen yendo, no reniegan de su patria, de su nacionalidad; por el contrario, se llevan a otro espacio el orgullo de su origen y allá lo fortalecen y lo heredan a sus hijos. Son orgullosamente mexicanos y México debe de sentirse orgullo de ellos.

A Estados Unidos han ido y regresado mexicanos con su nacionalidad entera, y han ido a reproducir o reconstituir la nacionalidad mexicana ya en proceso de formación antes de 1848. Todos conocemos las dificultades por las que tienen que atravesar los migrantes y sobre todo los indocumentados, no sólo la persecución de las autoridades migratorias y la discriminación racial, sino fundamentalmente la imposibilidad para acceder al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad y a los servicios públicos fundamentales.

Esta situación ha orillado a que cientos de miles de hermanos nuestros opten por adquirir la nacionalidad estadounidense, como el único recurso que les permite obtener la seguridad y garantías que todo ser humano requiere para su desarrollo pleno; pero la nacionalidad también es un sentimiento.

Por eso resultaba absurdo, que los mexicanos que por necesidad adquirían otra nacionalidad, perdieran la mexicana. Resultaba absurdo, porque los nuestros nunca abandonan ese sentimiento, ese sentirse de aquí, porque son de aquí, nacionalidad viene de nacimiento, el vocablo lo dice: ``Si aquí nacieron, de aquí son hasta la muerte'', independientemente de cualquier otra circunstancia.

Aquí nacieron ellos, sus padres y sus abuelos, aquí siguen sus vivos y también sus muertos, aquí está su casa, sus hijos, sus raíces y su corazón y desde el norte con el producto de su intenso trabajo, siguen construyendo esta nación de la que forman parte indisoluble. ¿Qué sería de estados como Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y otros tantos, que su economía descansa en gran medida en las remesas de nuestros connacionales?

Este año dichas remesas se calculan en casi 12 mil millones de dólares, son la tercera fuente de divisas para nuestro país. En las dos últimas décadas se ha incrementado notablemente el número de mexicanos que después de laborar en el vecino país, se jubilan y ya pensionados regresan a su lugar de origen de donde nunca se fueron del todo.

Resultaba totalmente injusto, que volvieran a su casa como extranjeros, como extraños; que acierto del Constituyente Permanente cuando en 1997 modificó el texto y el espíritu del artículo 37.

En Querétaro se estableció que la calidad de ciudadano mexicano se perdía por naturalizarse en país extranjero. Hoy el texto es categórico: ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

Y el Constituyente fue más allá, en el artículo segundo transitorio del decreto respectivo estableció que todos aquellos mexicanos por nacimiento que hubieren perdido su nacionalidad por el hecho de haber adquirido otra, podían recuperarla si así lo solicitaban a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los cinco años siguientes a la fecha de entrada en vigor del citado decreto.

El plazo se venció el pasado 21 de marzo y a la fecha hay millones de mexicanos que no han hecho su solicitud a la Cancillería, por la sencilla razón de que desconocen esta nueva disposición constitucional, así como el procedimiento administrativo para hacer efectivo el beneficio.

La modificación que se pretende a este segundo artículo transitorio del decreto en cuestión, no es simplemente para ampliar el plazo, no, es fundamentalmente para corregir un defecto garrafal. Si el artículo 37, inciso a) establece que la nacionalidad mexicana por nacimiento no se pierde nunca, es absurdo y contradictorio que en el artículo segundo transitorio se otorguen cinco años para recuperarla, o sea, que se fije un plazo para recuperar algo que nunca se ha perdido.

Los congresos de Jalisco y Michoacán...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, señor diputado.

El diputado Arturo Nahle García:

Concluyo, señor Presidente.

Los congresos de Jalisco y Michoacán presentaron a esta soberanía la iniciativa de la que hoy damos cuenta. El Senado de la República dictaminó, discutió y la aprobó el pasado 25 de marzo. Hoy la Comisión de Puntos Constitucionales la pone a consideración de esta honorable Asamblea y por mi conducto el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita su voto favorable.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Después de haber fundamentado por parte de la comisión el dictamen, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se han inscrito para fijar posición los siguientes oradores: diputado Pedro Vázquez González, por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alvaro Elías Loredo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y diputado Jesús Lomelí Rosas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.

El diputado Pedro Vázquez González:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para plantear su posición acerca del dictamen que hoy se discute y se vota.

En el artículo 37 del texto original de la Constitución de 1917 se estableció en la fracción I que la calidad de ciudadano mexicano se pierde: número uno, por naturalización en país extranjero. Dicha fracción I fue reformada el 18 de enero de 1934 y se estableció un Apartado A en el cual se señaló que la nacionalidad mexicana se pierde: número uno, por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera. Y el 20 de marzo de 1997 el artículo 37 fue nuevamente reformado para establecer que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

Esta reforma de 1997 consideraba en el artículo segundo transitorio, que quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrá beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, Apartado A constitucional, reformado por virtud del presente decreto, previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los cinco años siguientes a la citada fecha de entrada en vigor.

El decreto en cuestión entró en vigor el 20 de marzo de 1998 por lo que los cinco años a los que hace alusión el artículo segundo transitorio, vencieron el 20 de marzo del año 2003.

Sin embargo, muchos mexicanos, particularmente los que viven en Estados Unidos de América, no conocieron el contenido de la reforma ni en consecuencia se pudieron acoger a estos beneficios para recuperar la calidad de ciudadanos mexicanos.

La reforma al artículo segundo transitorio que se plantea, tiene la bondad de eliminar el plazo fatal de los cinco años para hacer el trámite de readquisición de la nacionalidad mexicana.

Se plantea en este artículo segundo que hoy discutimos, que el trámite puede hacerse previa solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en cualquier tiempo.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que los millones de mexicanos que se han visto forzados a abandonar el país por no encontrar aquí las oportunidades de empleo y de vida digna y que han adquirido nacionalidad o derechos en el país donde residen, deben de tener la oportunidad de volver a ser lo que por costumbre, tradición y convicción y que fundamentalmente porque sus aportes económicos son el motor de la familia, comunidad, municipio y estado, deben de seguir siendo mexicanos, si así lo quieren.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor en lo general y en lo particular del dictamen que se somete a nuestra consideración.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El día de hoy, se somete al pleno de esta Cámara el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma el artículo segundo transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que quienes hayan perdido su nacionalidad por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera, podrán recuperar la nacionalidad mexicana sin límite de tiempo alguno.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, considera: que este proyecto legislativo intenta otorgar permanentemente el beneficio que contempla nuestra Carta Magna y no de manera limitada como sucede actualmente en donde el plazo de cinco años ya ha prescrito.

Al establecer un modelo constitucional capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades de la nación de una manera eficaz y responsable, logramos que aquellos mexicanos que se vieron forzados a adquirir la nacionalidad del país donde trabajan, puedan concretar en toda su magnitud el beneficio de nuestra Carta Magna.

Son millones los mexicanos que viven más allá de nuestras fronteras, de manera preponderante en Estados Unidos de América, muchos de ellos han solicitado se les otorgue la garantía constitucional, pero muchos más no han logrado ni siquiera conocer del trámite correspondiente; por ello, a pesar de los avances en la legislación federal y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encaminados a proporcionar un Estado de Derecho fundamental, un Estado de Derecho funcional, es necesario que todos los mexicanos por nacimiento puedan ejercer plenamente sus derechos y sus prerrogativas independientemente de la nacionalidad que hayan optado por su lugar de residencia.

En la Constitución actual no se contempló que con el devenir del tiempo se necesitaría de programas, recursos para poder dar a conocer a mexicanos que viven en el extranjero, de manera suficiente, las reformas que evitan la pérdida de la nacionalidad mexicana, por lo que resulta una necesidad dar seguridad, certidumbre y un campo de aplicación real a los decretos de esta soberanía.

La necesidad para obtener un trabajo y la falta de información no pueden ser factores para evitar hacer realidad un derecho otorgado por el Constituyente Permanente. Hagamos los cambios requeridos para que nuestra Constitución sea un ordenamiento legal que pueda concretar plenamente sus disposiciones y no sólo sean sus artículos letra muerta.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México apoyará en sentido favorable el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales.

Es cuanto.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado don Jesús González Schmal, por el grupo parlamentario de Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Es en efecto inaplazable, imprescindible que esta LIX Legislatura acometa la iniciativa de darle indefinidad al ejercicio del derecho a la binacionalidad de nuestros hermanos mexicanos radicados en Estados Unidos.

Fue en realidad un defecto técnico de la iniciativa, de la extraordinaria, de la espléndida iniciativa que reconoció el derecho de nuestros hermanos radicados en la Unión Americana para recuperar su nacionalidad. Luego entonces resulta inconsistente el que se someta a un término fatal de sólo cinco años para ejercer este derecho de recuperación cuando es y está inherentemente vinculado a la misma naturaleza de origen del mexicano que temporal o por alguna razón desconocida radica en otra parte, lejos del territorio nacional.

Por lo mismo y en estos momentos en los que efectivamente en Estados Unidos está resurgiendo el ánimo, la conciencia, el espíritu de mexicanidad en muchos de nuestros paisanos que tuvieron que emigrar y que de alguna manera durante décadas anteriores se sintieron lejanos a la patria, lejanos a la cultura, lejanos a las raíces, hay un evidente fenómeno de recuperación, de rescate de esas raíces, de esos principios, de esos orígenes nacionales mexicanos.

Por lo tanto, limitar esta posibilidad para quien en un momento dado no la puede ejercer dentro de un plazo perentorio limitado, es una inconsistencia legislativa que tenemos que subsanar de inmediato.

De esta suerte celebramos, hemos hecho... consideramos que sea una afortunada iniciativa el reformar este quinto transitorio, para darle indefinidad al plazo para este acto de reencuentro con su patria, reencuentro con sus raíces y el ejercicio posterior a una binacionalidad con todas las prerrogativas que ello entraña.

Por consiguiente también Convergencia se suma con gusto a esta iniciativa y daremos nuestro voto en el sentido afirmativo.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Alvaro Elías Loredo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Alvaro Elías Loredo:

Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Como sabemos, la tradición jurídica de nuestro país había sido la de considerar la nacionalidad mexicana como única, tradición que fue superada por la realidad y la demanda de millones de mexicanos. Es así que con miras a mantener los lazos de unión y vinculación del individuo con su patria, a la par de facilitar las condiciones de una vida digna en otro país, México optó por reconocer la necesidad de proporcionar mayor protección a los mexicanos que residen en el exterior, para que éstos preservaran su nacionalidad independientemente de la que hubiesen adoptado.

En este sentido, en marzo de 1997 se reformaron diversos artículos de la Constitución Mexicana, entre ellos el 37, estableciéndose: ``que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad, permitiéndose como consecuencia tener más de una nacionalidad''.

En efecto, hablar de doble nacionalidad implica que aunque se adquiera otra distinta a la mexicana, México no privará de la nacionalidad mexicana a toda aquella persona que sea mexicana por nacimiento. Así, mediante dicha reforma se reconoció y reguló la situación de millones de mexicanos que residen en el extranjero y que no habían podido obtener la nacionalidad del país donde residen por temor a perder la nacionalidad mexicana y por lo tanto, se encontraban, si bien no indefensos, sí limitados al no poder ejercer sus derechos como cualquier otro nacional.

En varias ocasiones se ha manifestado el hecho que la nacionalidad determina condiciones de existencia en un país, que su situación jurídica tiene implicaciones directas en su desenvolvimiento social, que la carencia de derechos plenos en muchos países significa en la práctica discriminación para acceder al trabajo o limita las condiciones de éste para influir en el rumbo de la nación en la cual viven.

De esta forma, al eliminar el plazo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto por el cual se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de nuestra Constitución, los mexicanos que adquieran la nacionalidad de cualquier otro país, se encontrarán en un plano de igualdad jurídica respecto a los nacionales de ese otro país.

Por su parte México, en México esta situación confiere a todos, los beneficios que la Constitución y las leyes otorgan a los mexicanos por nacimiento, por lo que estando en territorio nacional o en el extranjero el Estado mexicano, lo considerará como nacional mexicano.

Ahora bien, si mediante dicha reforma se ayudó a millones de mexicanos, el plazo para poder gozar de esos beneficios expiró, como ya se dijo, el 20 de marzo del año en curso, según lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional de fecha del 5 de marzo de 1997.

En respuesta a ello, el Senado de la República aprobó iniciativa de decreto, misma que fue turnada a esta soberanía el 25 de marzo del presente año.

La convicción del grupo parlamentario de Acción Nacional, es que se permita a todos los mexicanos por nacimiento y especialmente a todos aquellos que viven en el extranjero, la posibilidad de naturalizarse en el país donde ahora viven al tiempo que aquellas personas de origen mexicano ya naturalizadas en el extranjero, podrían recuperar su nacionalidad.

Es por ello que los diputados federales del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura, votaremos a favor del dictamen que elimina el plazo establecido en el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional de 1997.

Nuestro compromiso es con el respaldo a los millones de mexicanos que residen en el exterior, así como de protección y salvaguarda de sus derechos.

Es convicción del grupo parlamentario del PAN, que mediante la aprobación del presente dictamen, se crearán mayores medios de protección contra cualquier tipo de discriminación y mejores perspectivas económicas, sociales y culturales, al tiempo que se fortalecen los lazos de unión y vinculación del individuo con su patria.

Para Acción Nacional, la nación no está formada por individuos abstractos ni por masas indiferenciadas, sino por personas humanas reales, agrupadas en comunidades naturales como la familia, el municipio, las organizaciones del trabajo o de profesión, de cultura o de convicción religiosa; para nosotros la nación es una realidad viva, con unidad que supera toda división en parcialidades, clases o grupos y con un claro destino.

Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Es la suma de los esfuerzos de esta Cámara de Diputados, el Senado de la República y los congresos de los estados, lo que nos permitirá encarar con éxito los desafíos del presente y del futuro. En esta ocasión, la de proteger los derechos de los mexicanos radicados en el extranjero y el de permitir el arraigo con su país, su historia, sus tradiciones y su cultura.

¡Enhorabuena por los mexicanos, por el Congreso de la Unión y por el interés general de éste, nuestro México!

Sin duda es esto lo que los mexicanos esperan y necesitan dentro y fuera de sus fronteras.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús Lomelí Rosas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado J. Jesús Lomelí Rosas:

El grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, respaldará y votará a favor del presente dictamen, en virtud de las siguientes

Consideraciones

Se encuentra debidamente soportada y fundamentada esta iniciativa por las múltiples propuestas que en el mismo sentido se han expresado en diversos congresos de los estados de la República, en el propio Senado de la República, de varios diputados federales que han hecho uso de la palabra, de varios diputados federales, que representando a las diferentes corrientes y fracciones políticas partidistas en esta Cámara, lo han venido a refrendar en el mismo sentido. Eliminar esos requisitos que son discriminatorios y que habla de una gran solidaridad a los connacionales es un fundamento toral que mueve a nuestro partido.

Fundamentalmente en esencia el dictamen propone la correspondiente reforma con objeto de que el beneficio que contempla la disposición citada sea de carácter permanente y quedará limitado a la voluntad expresa de los interesados. Se ha argumentado incluso que en años anteriores el Ejecutivo Federal, soportado en las opiniones de diversos sectores y diversos segmentos de la sociedad, han apoyado la misma iniciativa. Tradicionalmente el derecho constitucional mexicano había venido considerando la pérdida de la nacionalidad mexicana por varias razones, la situación cambió radicalmente por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación y citada ya por quienes me han antecedido en el uso de la palabra.

El texto del artículo de la Constitución es claro: ningún mexicano podrá ser privado de su nacionalidad. Esta disposición tan categórica se funda en la decisión constitucional de no privar de su nacionalidad a emigrantes mexicanos que se ven forzados a adquirir la nacionalidad en el país donde trabajan. La reforma constitucional propuesta tiene por objeto la no pérdida de la nacionalidad mexicana, independientemente de que se adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía, con esta medida se pretende que quienes opten por alguna nacionalidad distinta a la mexicana puedan ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias respecto a los nacionales del lugar.

Resulta importante acotar que la migración mexicana tiene una serie de características peculiares por las cuales el sitio de destino puede ser temporal, comparado con los patrones de conducta de los nacionales. Es recurrente que después de cumplir un ciclo productivo en otro país, los mexicanos busquen regresar a su nación. Independientemente de las decisiones que tomen los beneficiarios de esta reforma, mantienen inalterables sus vínculos con México; ello coincide con la preocupación del Estado mexicano por fortalecer la protección preventiva de su integridad y de sus intereses, al tiempo que se abrirá para aquellos nacionales que hayan emigrado, en una mejor perspectiva de desarrollo en su sitio de residencia en un plano de igualdad frente a los nacionales del país de destino.

Mi partido, representado en esta Cámara, apoyará esta disposición y este dictamen. Por ello es de destacarse la preocupación y constante esfuerzo por parte de varios diputados, de senadores, diputados locales, dirigentes políticos y sociales. No han sido pocas las ocasiones en que los representantes populares han hecho sentir su presencia en diversas acciones, medidas e iniciativas que han tenido y tienen un solo denominador común, la protección y salvaguarda de los derechos de los mexicanos radicados en el extranjero.

La posibilidad de que en cualquier momento los connacionales que lo deseen y satisfagan los requisitos que la propia ley señala, puedan recuperar su nacionalidad mexicana, es una cuestión digna de tomarse en cuenta porque despierta indudablemente inquietudes en quienes han adquirido la nacionalidad extranjera.

No tiene sentido limitar un derecho para que se ejercite en un determinado plazo cuando la intención constitucional, según ha quedado claro, es favorecer a nuestros conciudadanos en el exterior sin que la misma Constitución en su texto básico impusiera limitación alguna.

Dicho lo anterior y por coincidir con las esencias de las iniciativas presentadas, la fracción que represento, de mi partido el Revolucionario Institucional, votará y solicita a este pleno, hagan lo mismo a favor de esta iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Habiendo fijado posición las distintas fracciones parlamentarias y en virtud de que no se han registrado oradores para hablar en contra o en pro del dictamen, consulte la Secretaría en votación económica.

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Alfredo del Mazo González (desde su curul):

Para rectificar hechos, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le concede el uso de la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Alfredo del Mazo González:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Quisiera hacerles una atenta y cordial invitación a reflexionar por un momento lo que aquí vamos a aprobar y el dictamen que se va a poner a votación, por lo siguiente:

Me parece muy importante facilitar a todos nuestros connacionales la adopción de la nacionalidad de otro país en la forma en que está establecido y puntualizado, pero se estableció el requisito de que en un lapso de cinco años debería de hacerse la manifestación y la expresión de voluntad del ciudadano ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Si nosotros quitamos este requisito de manera absoluta, dejamos a nuestros connacionales sin el planteamiento de reafirmar su voluntad de seguir siendo mexicanos.

A mí me parece que podríamos ampliar los plazos, dar renovaciones, pero el hecho mismo de alejar a nuestros conciudadanos de una obligación ciudadana de dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de quitar la expresión de un acto volitivo posterior que reafirme su voluntad de seguir siendo mexicanos, merece una reflexión más profunda y más cuidadosa. Porque de esta manera, si nosotros exigimos que haya esa manifestación, realmente el ciudadano se sentirá con la obligación de reafirmar su voluntad de seguir siendo mexicano.

Repito, se puedan dar facilidades, ampliar los plazos, etcétera, pero desaparecer esa obligación desde el punto de vista de un plazo dado, me parece que nos aleja de nuestros propios conciudadanos.

Lo pongo a su consideración porque concretamente sugiero que este asunto sea motivo de una reflexión más profunda y lo dejo a su consideración.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría, se abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Se pide, se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

De viva voz, señora diputada, por favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Que activen el micrófono, por favor, de la diputada Mícher.

La diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos (desde su curul):

A favor.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul):

A favor.

El diputado Oscar Rodríguez Cabrera (desde su curul):

Abstención.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Gracias, señora diputada.

Que activen el micrófono en la curul, por favor, de la diputada.

La diputada María Isabel Maya Pineda (desde su curul):

En contra.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Belizario Iram, diputado, por favor, que activen su sistema de voz, ahí está, diputado.

El diputado Belizario Iram Herrera Solís (desde su curul):

Abstención.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

¿Alguien más?

Número de curul, por favor, 068.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

El diputado Buendía.

El diputado Angel Augusto Buendía Tirado (desde su curul):

En contra.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Rodríguez Cabrera, número 68, por favor. ¿Ya votó?

Gracias.

Luis Maldonado, por favor.

El diputado Luis Maldonado Venegas (desde su curul):

Sí, a favor, por favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

La diputada Laguette, por favor, Martha Laguette.

La diputada María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Rafael Moreno Valle.

El diputado Rafael Moreno Valle Rosas (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

A favor.

La diputada Laura.

La diputada Laura Elena Martínez Rivera (desde su curul):

En contra.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

El diputado Suárez y Dávila, por favor.

El diputado Francisco Suárez y Dávila (desde su curul):

En contra.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

El diputado Francisco Rojas.

El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

La diputada Sofía.

La diputada Sofía Castro Ríos (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

¿Algún diputado o diputada que haya faltado que no haya podido votar?

La diputada Rocío Sánchez Pérez (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Activen el sistema, por favor, del diputado que está indicando. Suárez Dávila.

El diputado Francisco Suárez y Dávila (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

La diputada Cristina Díaz.

La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde su curul):

Quiero que me abran mi votación para reconsiderarlo. Es a favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Mayela Quiroga.

La diputada Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (desde su curul):

También, para reconsiderar el voto, a favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

El diputado Tomás Cruz.

El diputado Tomás Cruz Martínez (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

El diputado Ortega.

El diputado Omar Ortega Alvarez (desde su curul):

En pro.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

El diputado Iván García.

El diputado Iván García Solís (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

¿Rectificación de voto?

El diputado Miguel Angel García Domínguez (desde su curul):

Mi sistema no funciona y por eso, tengo que ratificar mi voto, mi sentido de votación es a favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

El diputado José Pérez Wong.

El diputado José Mario Wong Pérez (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

¿Emilio Zebadúa?

El diputado Lázaro Arias Martínez (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Julián Nazar.

El diputado Julián Nazar Morales (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado::

¿Antonio Gordillo?

El diputado Juan Antonio Gordillo Reyes (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

El diputado de Jalisco, Leonel Sandoval.

El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (desde su curul):

Para reconsiderar mi voto, es a favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Emilio Zebadúa.

El diputado Emilio Zebadúa González (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

El diputado Ruiz.

El diputado Gonzalo Ruiz Cerón (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

La diputada Ady García.

La diputada Ady García López (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

El diputado Rodríguez Javier.

El diputado Rogelio Rodríguez Javier (desde su curul):

Para rectificar. A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

El diputado Carlos Rovirosa.

El diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

La diputada Ivonne Ortega.

La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (desde su curul):

Ivonne Ortega, a favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Señor Presidente, se emitieron 386 votos en pro, 37 en contra y 16 abstenciones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado el proyecto de decreto por una votación calificada de 386 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo segundo transitorio del diverso que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.

Pasa a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales.

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FRUTICULTURA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Adrián Villagómez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar la constitución de una comisión especial de fruticultura.

El diputado Adrián Villagómez García:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Los suscritos, diputadas y diputados federales de esta LIX Legislatura, representantes de las regiones frutícolas de nuestro México y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracciones II, LVIII y LXXVIII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Que se constituya la Comisión Especial de Fruticultura, con la finalidad de atender en una manera directa, eficaz y oportuna, a ésta gran rama de la agricultura que representa un fuerte activo de nuestro país, capaz de surtir las necesidades alimentarias de los mexicanos y con un gran potencial exportador.

Como es del conocimiento de todos, el campo mexicano atraviesa por una de las crisis más agudas de su historia. El desarrollo en el sector no ha sido ajeno a los conjuntos de factores internos y externos, que han impactado seriamente el agro.

México es un país rico en recursos naturales, pero tiene limitaciones para la práctica de la agricultura, debido a que más del 70% del territorio nacional es de clima árido y semiárido. En las regiones húmedas existen suelos poco profundos y frágiles. De las 198 millones de hectáreas que conforman la superficie nacional, el 16% son tierras agrícolas, el 12% de agostadero y el 23% son bosques y selvas.

El 60% de las unidades de producción tienen cinco hectáreas o menos, lo que hace imposible la subsistencia normal de los agricultores que se dedican a los cultivos básicos.

De acuerdo al INEGI, en el campo viven cerca de 26 millones de personas en 200 mil comunidades; esto refleja una enorme dispersión de nuestra población en el medio rural. En el año 2001 los productores del campo producían el 75% del maíz que se consumía; el 51% del trigo, el 42% del arroz y el 57% de sorgo. El resto de lo requerido era complementado con importaciones, principalmente de Estados Unidos, incrementando considerablemente nuestra dependencia alimentaria y decrecentando la balanza económica hacia una deficiencia.

Aún más, en los últimos años el ingreso de los productores ha disminuido en un 24.5% en términos reales. La rentabilidad el 16% y el crédito al campo se estima decreció en un 75%.

A raíz de lo anterior es necesario corregir rumbos; construir un nuevo producto de desarrollo rural en donde busquemos tratar de ser lo más eficientes y productivos en todas las ramas de la agricultura y la ganadería y así evitar seguir siendo dependientes de otros países. Y además, cambiar la balanza económica comercial, exportando más de lo que importamos, creando un medio propicio para que a toda la gente del sector rural se le garantice una vida digna, segura, estable y dentro de este gran entorno agropecuario, la fruticultura juega un papel muy importante, ya que los cultivos básicos tienen un 42.72% de la superficie agrícola sembrada y producen el 19.60% de la producción. En cambio los frutales con un 5.67% producen el 20.12%, es decir, el valor de la producción frutícola es mayor.

México es un país en donde la fruticultura tiene un gran potencial de desarrollo. Estamos ubicados en una región geográfica donde producimos una cantidad de especies frutícolas: entre las principales tenemos la naranja, toronja, plátano, mandarina, limón, sandía, mango, uva, aguacate, tuna, guayaba, manzana, durazno, pera, guanábana, papaya, nuez, piña. En total, 74 especies y en una superficie de 1 millón 244 mil hectáreas.

Una gran cantidad de estas frutas no se producen o se producen en baja cantidad en otros países como Estados Unidos de América, Canadá, la Unión Europea, los países orientales etcétera, lo que representa una gran oportunidad de negocio para México; mas sin embargo, por una mala planeación y una falta de leyes que garanticen el financiamiento, el apoyo a la producción, a la comercialización y a la exportación.

Este importante ramo de la agricultura no ha prosperado como debería ser y vemos con gran tristeza que países como Brasil y Chile tomen las riendas y sean los encargados de surtir a los países antes mencionados, creando riqueza y prosperidad, mientras aquí en México nos quedamos con los brazos cruzados e incluso estamos importando frutales de estos países.

La Comisión Especial de Fruticultura tendrá, entre otras responsabilidades, las siguientes:

Primero. Establecer una línea directa de comunicación entre los productores de frutales y el Legislativo.

Segundo. Establecer en las leyes los apoyos a la producción frutícola y su comercialización a través de proyecciones presupuestales programáticas de mediano y largo plazo.

Tercero. Establecer mecanismos tendientes a garantizar que los apoyos y subsidios tengan un destino final para el cual se otorgaron.

Cuarto. Dotar al sector de elementos concretos técnicos, legales y financieros para lograr la conversión productiva del campo.

Quinto. Inducir la generación y establecimiento de cadenas productivas y accionar imperfecciones de los mercados.

Sexto. Aumentar la producción frutícola.

Séptimo. Promover mecanismos para aumentarla día a día.

Con base en lo expuesto anteriormente me permito presentar a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se constituya la Comisión Especial de Fruticultura, encargada del estudio de la problemática de los siguientes productos frutales que propongan alternativas y coadyuve a la conciliación, integración y propuesta de soluciones entre las instancias del Ejecutivo Federal y los agentes productivos del desarrollo sustentable de las regiones y en aras de nuestra soberanía.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar que se constituya una Comisión Especial de Fruticultura, presentada por el diputado Adrián Villagómez García, del grupo parlamentario del PRI.

Los suscritos, diputadas y diputados federales de la LIX Legislatura, representantes de las regiones frutícolas de México, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para que se constituya la comisión especial de fruticultura, con la finalidad de atender de manera directa, eficaz y oportuna esa gran rama de la agricultura, que representa fuerte activo del país, capaz de surtir las necesidades alimentarias de los mexicanos y con gran potencial exportador.

Como es del conocimiento de todos, el campo mexicano atraviesa por una de las crisis más agudas de su historia. El desarrollo del sector no ha sido ajeno a los conjuntos de factores internos y externos que han repercutido seriamente en él, como los procesos de apertura comercial y globalización, iniciados en la década de 1980; la disminución constante de su flujo de valor real en la inversión en el campo; las modificaciones del marco jurídico que inciden en el medio rural; la explosión demográfica; la evolución de la tecnología; y las profundas reformas estructurales de la economía y su contracción.

México es un país rico en recursos naturales, pero tiene limitaciones para la práctica de la agricultura, debido a que más de 70 por ciento del territorio nacional es de clima árido y semiárido; en las regiones húmedas y subhúmedas hay suelos poco profundos y frágiles.

De los 198 millones de hectáreas que forman la superficie nacional, 16 por ciento corresponde a tierras agrícolas; 11 por ciento, a las de agostadero; y 23 por ciento, a bosques y selvas. La tierra per cápita decreció en forma acelerada: en la década de 1960 fue de 0.75 hectáreas, actualmente es de 0.34 y en 2010 será de 0.25 hectáreas.

De las unidades de producción, 60 por ciento tiene cinco hectáreas o menos, lo cual imposibilita la subsistencia normal de los agricultores dedicados a los cultivos básicos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el campo viven cerca de 26 millones de mexicanos; es decir, la cuarta parte de la población, localizados en cerca de 200,000 comunidades. Eso refleja enorme dispersión de nuestra población en el medio rural.

En 2001, los productores del campo producían 75 por ciento del maíz que se consumía, 51 por ciento del trigo, 42 por ciento del arroz y 57 por ciento del sorgo. El resto de lo requerido se complementaba con importaciones, principalmente de Estados Unidos, lo cual incrementaba considerablemente nuestra dependencia alimentaria y reducía la balanza económica hacia una deficiencia.

Aún más, en años recientes el ingreso de los productores ha disminuido en 24.5 por ciento, en términos reales; la rentabilidad, en 16 por ciento; y el crédito al campo, en 75 por ciento.

A raíz de lo anterior, es necesario corregir rumbos y construir un nuevo producto de desarrollo rural, en el que intentemos ser lo más eficientes y productivos en todas las ramas de la agricultura, la ganadería y la pesca, a fin de evitar así seguir siendo dependientes de otros países.

Además, se requiere cambiar la balanza económica comercial exportando más de lo que importamos, creando un medio propicio para todo el sector rural mexicano que le garantice una vida digna, segura y estable.

En ese gran entorno agropecuario, la fruticultura desempeña un papel muy importante, ya que los cultivos básicos tienen 42.72 por ciento de la superficie agrícola sembrada y generan 19.60 por ciento de la producción. En cambio, los frutales, con 5.67 por ciento, producen 20.12 por ciento; es decir, el valor de la producción frutícola resulta mayor.

La fruticultura tiene en México gran potencial de desarrollo. Estamos situados en una región geográfica donde producimos gran cantidad de especies frutícolas, principalmente naranja, toronja, plátano, mandarina, limón, sandia, mango, uva, aguacate, tuna, guayaba, manzana, durazno, pera, guanábana, papaya, nuez y piña; en total: 74 especies, en una superficie de 1,244,000 hectáreas.

Gran cantidad de esas frutas no se produce o se produce en baja cantidad en países como Estados Unidos de América, Canadá, los de la Unión Europea o los de Oriente. Eso representa gran oportunidad de negocio para México.

Sin embargo, por una planeación deficiente y la falta de leyes que garanticen el financiamiento y el apoyo a la producción, a la comercialización y a la exportación, este importante ramo de la agricultura no ha prosperado como debería y vemos con gran tristeza que países como Brasil y Chile toman las riendas y son los encargados de surtir a las naciones mencionadas, creando riqueza y prosperidad; mientras, en México nos quedamos cruzados de brazos e -incluso- importamos frutales de allá.

La comisión especial de fruticultura tendrá, entre otras responsabilidades, las siguientes:

1. Establecer una línea directa de comunicación entre los productores de frutales y el Legislativo.

2. Establecer en las leyes los apoyos para la producción frutícola y su comercialización mediante previsiones presupuestales programáticas de mediano y largo plazos.

3. Establecer mecanismos tendentes a garantizar que los apoyos y subsidios tengan un destino final para el que se otorgan.

4. Dotar de elementos concretos, técnicos, legales y financieros al sector para lograr la conversión productiva del campo.

5. Inducir la generación y el establecimiento de cadenas productivas y atenuar imperfecciones de los mercados frutícolas.

6. Aumentar la producción frutícola.

7. Promover los mecanismos para aumentar los niveles de vida al campesino frutícola.

Con base en lo expuesto, me permito presentar a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a este honorable Pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que se constituya la comisión especial de fruticultura, encargada de estudiar la problemática de los sistemas productivos de los frutales que proponga opciones y coadyuve a la conciliación, integración y propuesta de soluciones, entre las áreas del Ejecutivo federal respectivas y los agentes productivos, en beneficio del desarrollo sustentable de las regiones y en aras de nuestra soberanía.

Dip. Adrián Villagómez García (rúbrica)»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Gracias, señor diputado.

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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a que las legislaturas de los estados cumplan la obligación constitucional de legislar en materia de transparencia y acceso a la información.

El diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para exhortar a las Legislaturas de los estados a que cumplan su obligación constitucional de legislar en materia de transparencia y acceso a la información.

Consideraciones

Desde el punto de vista filosófico, las libertades y derechos fundamentales resultan indispensables para que la persona humana realice sus propios fines, desenvuelva su personalidad y tienda a lograr su felicidad.

El reconocimiento que el orden jurídico estatal hace respecto de ese mínimo de libertades y derechos, y de sus lógicas y naturales derivaciones, así como de otros factores o circunstancias imprescindibles para el desenvolvimiento de la personalidad del hombre, es, pues, lo que constituye los derechos públicos individuales, que en nuestro sistema constitucional reciben el nombre de garantías individuales.

Una de esas preciadas garantías tuteladas por nuestro sistema jurídico es la consistente en el derecho a la información, consagrada en el artículo 6° in fine, que sólo puede concebirse como un derecho público subjetivo, dentro de los auténticos regímenes democráticos.

De hecho, el derecho a la información, en su vertiente de acceso a la información pública, ha adquirido notoria importancia en el mundo de las ideas políticas, sociales y jurídicas del pensamiento contemporáneo; al grado de que se le considera como uno de los rasgos más distintivos de los Estados constitucionales modernos.

Se debe reconocer que en materia de derecho a la información, sobre todo en el aspecto de transparencia y rendición de cuentas de los actos de gobierno, en los últimos años se han realizado esfuerzos importantes tendientes a definir y fortalecer estos derechos, así como a dotar de instrumentos y medios de defensa eficaces, en contra de la falta de garantías de su ejercicio pleno. No obstante, a la fecha existen inercias y falta de voluntad por parte de diversos actores políticos, que imposibilitan un respeto pleno a dicha garantía, y han evitado a toda costa que en órdenes de gobierno distintos del federal la normativa respectiva vea la luz en el derecho positivo.

En este sentido, el derecho que todos los ciudadanos tenemos de conocer sobre las actividades gubernamentales no puede concebirse como el ejercicio de una libertad aislada, ni como un medio al servicio de una ideología, sino como un instrumento de desarrollo político y social; como una fuerza aseguradora de la interrelación entre las leyes y el cambio social que exige nuestra sociedad.

Al respecto, la experiencia nos ha demostrado que cuando las garantías constitucionales no se desarrollan, se convierten en letra muerta que no cumplen su cometido. De ahí que surja la necesidad de que se produzcan preceptos jurídicos al respecto, pues la protección y respeto de una garantía fundamental no se logra únicamente mediante su consagración constitucional, sino que requiere su desarrollo y el establecimiento de los instrumentos, medios y plazos para hacerlo efectivo.

En este orden de ideas, si tal derecho se restringe únicamente al cumplimiento de sus postulados por los órganos federales y, hasta donde se tiene conocimiento, por exclusivamente 14 entidades federativas, las Legislaturas que no han establecido normas respecto de dicha prerrogativa fundamental, actúan en contra de lo previsto en la Constitución General en su artículo 6º in fine.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Que esta Cámara de Diputados exhorte a las Legislaturas de los estados que no han cumplido su obligación constitucional de establecer normas en materia de acceso a la información a que den cumplimiento a dicho mandato, y de esta manera, se fortalezca nuestro Estado de Derecho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2003.--- Diputados: Angel Alonso Díaz-Caneja, Angélica Ramírez Luna, Myriam Arabian Couttolenc, Roberto Ruiz Esparza, José Felipe Puelles Espina, Rogelio Flores Mejía, Felipe Díaz González (rúbricas).

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones ligadas con las elecciones para la renovación de las dirigencias locales en el sindicato petrolero.

El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Es alto el interés social que hoy expresan los diferentes organismos representativos de la sociedad en lo que suceda en todos los organismos representativos. A ello no debe escapar el de sitios tan importantes como el de nuestro sindicato petrolero.

Las y los inscritos, diputadas y diputados federales de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 20 de octubre se efectuaron elecciones en las diferentes secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, para renovar dirigencias locales de conformidad con las convocatorias dadas el pasado 15 de octubre.

De los informes preliminares recabados por un organismo social llamado. ``Comité de Observadores Independientes'', y por notas periodísticas y voz de mismos trabajadores y a reserva de mayor documentación, se desprende que hay elementos suficientes para cuestionar su legalidad y considerar las violatorias de los derechos humanos y laborales de los trabajadores petroleros.

Consideramos imperativa nuestra participación como órgano Legislativo, dado que se trata de un hecho que pone en riesgo la paz social, la estabilidad de una empresa pública y evidencia la violación de derechos humanos y laborales.

Las principales irregularidades que sustentan la afirmación, fueron documentadas por el Comité de Observadores Independientes, integrado por 34 grupos interdisciplinarios, de organizaciones de derechos humanos, universidades públicas y privadas, sindicatos y organismos no gubernamentales, del que también somos partícipes las legisladoras y legisladores del PRD.

En las secciones 11 de Nanchital, 22 de Agua Dulce, 24 de Salamanca, 26 de las Choapas, 35 de Tula, 48 de Reforma, 34 del Distrito Federal, se repitieron las siguientes irregularidades:

Cambio de horario anunciado en las convocatorias para la realización de las asambleas, acarreo de trabajadores ajenos a la sección en disputa, se permitió la salida anticipada de trabajadores en unidades de la propia administración, se impidió la actividad de estos comités observadores, la mayoría de las asambleas se llevó a cabo cuando aún no se confirmaba quórum, se permitió hacer propaganda en la misma fecha en centros de trabajo.

En algunas secciones se cambió la sede local y se trasladó a un mínimo de personas y se impidió la entrada a las planillas opositoras. Se pidió el ingreso de planillas a los locales de elecciones y las planillas oficiales ganaron por aclamación, sin que se emitieran ni contaran los votos.

Es de mencionar que en las secciones señaladas, se registró la presencia de inspectores de la Secretaría del Trabajo, quienes deberán dar fe de estas anomalías; resulta evidente que hay elementos de peso para inclusive poder anular y reponer estos procesos electorales, en aras de avanzar hacia la democratización del ámbito sindical de nuestro país.

Hablamos en esta ocasión del gremio de los compañeros petroleros, que es nuestra principal empresa pública nacional, y si permitimos la violación de sus derechos humanos y laborales, estaremos sentando un precedente negativo para ulteriores procesos democráticos.

Faltan elecciones en secciones tan importantes, como la de ciudad Pemex en Tabasco el próximo día 28 o el día sábado 25 en ciudad Mendoza, Veracruz, y tememos que se esté arriesgando la paz social.

Por eso proponemos como punto de acuerdo: Uno, se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que haga públicas las actas levantadas por los inspectores comisionados antes descritos, y de esta manera los trabajadores puedan manifestar su conformidad o inconformidad.

Que la Secretaría del Trabajo, no otorgue reconocimiento al proceso hasta en tanto no resuelva las inconformidades, y por lo tanto la legalidad de los mismos procesos y que la administración de Pemex actúe en consecuencia.

Que dado el caso, la Secretaría del Trabajo, admita y tramite en consecuencia a través de la Junta Federal de Conciliación, aquellas nulidades que procedan de las elecciones seccionales, ordenando su inmediata reposición.

Cuarto. La Cámara de Diputados emplaza al director general de Pemex, para que explique formalmente, el traslado y la salida selectiva de trabajadores y el utilizar camiones de la administración en el traslado en el proceso electoral. Se exhorta al director general de Pemex, a no intervenir en la vida interna del Sindicato.

Quiero decir como sindicalista, que nos preocupa el debilitamiento de organizaciones sindicales, cuando se violenta la voluntad de los trabajadores, máxime cuando los trabajadores de la energía deberán jugar un papel clave en la defensa de los recursos estratégicos de la nación.

Muchas gracias señor Presidente, es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al jefe del Poder Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones ligadas con las elecciones para renovar las dirigencias locales del sindicato petrolero, a cargo del diputado Francisco Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del PRD

Las y los suscritos, diputadas y diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 20 de octubre se llevaron a cabo elecciones en las diferentes secciones del sindicato petrolero para renovar dirigencias locales, de conformidad con las convocatorias dadas el pasado 15 de octubre.

De los informes preliminares de las elecciones llevadas a cabo en algunas secciones, notas periodísticas y la voz misma de los trabajadores y a reserva de mayor documentación, se desprende que hay elementos suficientes para declararlas ilegales, ilegítimas y violatorias de los derechos humanos y laborales.

Consideramos imperante nuestra participación como órgano legislativo, dado que se trata de un hecho que pone en riesgo la paz social y la estabilidad de una empresa pública y evidencia la violación de derechos humanos y laborales.

Las principales irregularidades que sustentan la afirmación fueron documentadas por el Comité de Observadores Independiente, integrado por 34 grupos interdisciplinarios de organizaciones de derechos humanos, universidades públicas y privadas, sindicatos y organismos no gubernamentales, del que también somos partícipes las legisladoras y los legisladores del PRD.

En las secciones 11, de Nanchital, Veracruz; 22, de Agua Dulce, Veracruz; 24, de Salamanca, Guanajuato; 26, de Las Choapas, Veracruz; 35, de Tula, Hidalgo; 48, de Reforma, Chiapas; 34, del Distrito Federal; y 14, de Ciudad Pemex, Tabasco, se repitieron las irregularidades siguientes:

1. Cambio de horario anunciado en las convocatorias para la realización de las asambleas;

2. Acarreo de trabajadores y de trabajadoras en vehículos oficiales de la empresa;

3. Permiso de salida anticipada de trabajadores leales a las planillas oficiales, con el fin de garantizar su voto antes que a los demás;

4. Se impidió que el comité de observadores realizara adecuadamente su trabajo;

5. La mayoría de las asambleas se llevó a cabo aun cuando no se había confirmado el quórum reglamentario para su inicio;

6. Se permitió hacer propaganda en favor de planillas oficiales en la misma fecha en que se celebraron las elecciones;

7. En algunas secciones se cambió la sede del local para efectuar las elecciones y se trasladó a una mínima cantidad de personas, en comparación con las que podían votar, garantizando el traslado de gente incondicional a las planillas oficiales; y

8. Se impidió el ingreso de miembros de planillas opositoras a los locales de las elecciones y en el interior las planillas oficiales ganan por aclamación, sin que se emitan y cuenten votos.

Es menester mencionar que en las secciones señaladas se registró la presencia de inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quienes pueden dar fe de esas anomalías en el levantamiento de sus actas.

Resulta evidente que hay elementos de peso para anular y reponer esos procesos electorales, en aras de avanzar hacia la democratización del ámbito sindical del país.

Hablamos en esta ocasión del gremio de trabajadores de la principal empresa pública nacional. Si permitimos la violación de sus derechos humanos y laborales, estaremos sentando un precedente negativo para ulteriores procesos democráticos.

Por lo expuesto, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Uno. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que haga públicas las actas instruidas por los inspectores comisionados para estar presentes en el proceso electoral descrito y, de esa manera, los trabajadores puedan manifestar su conformidad o inconformidad con lo asentado.

Dos. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no otorgue reconocimiento oficial al proceso electoral hasta en tanto no se resuelva la legalidad de éste y la administración de Pemex actúe en consecuencia

Tres. Que la Secretaría del Trabajo admita, tramite y resuelva, mediante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en su caso, la nulidad de las elecciones seccionales ordenando su inmediata reposición.

Cuatro. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al director general de Petróleos Mexicanos, ingeniero Raúl Muñoz Leos, para que explique:

a) Por qué en la Sección 11, de Nanchital, Veracruz, se permitió la salida de manera selectiva a trabajadores antes de finalizar su jornada de labores;

b) Por qué en la Sección 35, de Tula, Hidalgo, permitió que se utilizaran los camiones de la empresa para acarrear trabajadores, a quienes se permitió salir con una hora de anticipación; y

c) Por qué en la Sección 24, de Salamanca, Guanajuato, se permitió que la planilla oficial realizara propaganda político-sindical dentro de las instalaciones y en horas laborales.

Cinco. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a no intervenir en la vida interna del sindicato de esa empresa.

Seis. Que en las elecciones próximas a realizarse, como el próximo martes 28 en la Sección 14 de ciudad Pemex, Tabasco y sábado 25 en Sección 15 de ciudad Mendoza, Veracruz. La STPS atienda cabalmente a su responsabilidad social y Pemex evite acciones que lo involucren en asuntos sindicales.

Como sindicalista vs. Debilitado STARM. Por violentar voluntad de los trabajadores.

-Los trabajadores de la energía hoy jugamos un papel clave en la defensa de nuestros recursos. Extraenergéticos.

-Por voto secreto y directo y uno de los derechos humanos laborables.

Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 23 de octubre de 2003.--- Diputados: Francisco David Carrillo Soberón, Eliana García Laguna, Narciso Agúndez Montaño, Agustín Miguel Alonso Raya, René Arce Islas, Rosa María Avilés Nájera, Abraham Bagdadi Estrella, Héctor Miguel Bautista López, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Julio Boltvinik Kalinka, Clara Marina Brugada Molina, José Luis Cabrera Padilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Marbella Casanova Calam, Francisco Chavarría Valdeolivar, Adrián Chávez Ruiz, César Antonio Chávez Castillo, Santiago Cortés Sandoval, Tomás Cruz Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Socorro Díaz Palacios, María Angélica Díaz del Campo, Horacio Duarte Olivares, Gilberto Ensástiga Santiago, Luis Eduardo Espinoza Pérez, David Ferreira Martínez, Margarito Fierros Tano, Irma Sinforina Figueroa Romero, Rafael Flores Mendoza, Pablo Franco Hernández, Rogelio Franco Castán, Eliana García Laguna, Juan José García Ochoa, Miguel Angel García Domínguez, Iván García Solís, Juan García Costilla, Amalia Dolores García Medina, Rafael García Tinajero Pérez, María Elba Garfias Maldonado, Pablo Gómez Alvarez, Valentín González Bautista, María Marcela González Salas y Petriccioli, Ana Lilia Guillén Quiroz, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Abdallán Guzmán Cruz, Minerva Hernández Ramos, María del Rosario Herrera Ascencio, Marcelo Herrera Herbert, Guillermo Huizar Carranza, María Marcela Lagarde y de los Ríos, J. Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez, Susana Guillermina Manzanares Córdova, Javier Manzano Salazar, Jorge Martínez Ramos, Horacio Martínez Meza, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, José Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía Haro, Martha Lucía Mícher Camarena, Gelacio Montiel Fuentes, Francisco Mora Ciprés, Marcos Morales Torres, María Guadalupe Morales Rubio, Inelvo Moreno Alvarez, Inti Muñoz Santini, Arturo Nahle García, José Luis Naranjo y Quintana, Francisco Javier Obregón Espinoza, Daniel Ordóñez Hernández, Omar Ortega Alvarez, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María de los Dolores Padierna Luna, Juan Pérez Medina, Cristina Portillo Ayala, Alfonso Ramírez Cuellar, Bernardino Ramos Iturbide, Agustín Rodríguez Fuentes, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Javier Salinas Narváez, Rocío Sánchez Pérez, Francisco Javier Saucedo Pérez, Emilio Serrano Jiménez, Yadira Serrano Crespo, Pascual Sigala Páez, Carlos Hernán Silva Valdés, Víctor Suárez Carrera, Israel Tentory García, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Edgar Torres Baltazar, Enrique Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz, Gerardo Ulloa Pérez, Emilio Zebadúa González, Jazmín Elena Zepeda Burgos.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Trabajo.

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CRIMENES DE MUJERES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra, la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades federales para que se integre una comisión especial binacional, con la finalidad de que el Gobierno mexicano, junto con el gobierno de Estados Unidos de América, coordinen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los crímenes de mujeres muertas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La diputada María Avila Serna:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez tienen una historia de más de 10 años en los que las autoridades locales, estatales y federales se han distinguido por su ineficacia.

Los efectos de estos repugnantes hechos han trascendido nuestras fronteras y se han convertido en un ejemplo a nivel mundial de la violencia contra la mujeres y del estado de indefensión en que se encuentran ante la incapacidad de nuestras autoridades de otorgar seguridad a la ciudadanía.

El pasado 11 de agosto de 2003 Amnistía Internacional aseguró en un informe sobre Ciudad Juárez, que el hecho de que no se aborden los homicidios de mujeres pone en duda la capacidad del gobierno de Fox para hacer realidad su retórica sobre derechos humanos, tras denunciar que las autoridades federales toleran estos delitos por la falta absoluta de medidas oficiales para abordarlos.

Por otro lado, el 27 de agosto, luego de realizar un estudio sobre el caso de las cerca de 300 mujeres asesinadas en los últimos 10 años en Ciudad Juárez, la Universidad de California, en Los Angeles, hizo una serie de recomendaciones que incluyen una investigación dirigida por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos de América.

El estudio dice que es imperativo terminar con esta epidemia de violencia en contra de las mujeres y niñas de Ciudad Juárez y también explorar las raíces del silencio que ha protegido a los asesinos por los últimos 10 años; que el Gobierno de México no ha hecho nada para resolver los crímenes y que las muertas de Juárez son un problema fronterizo que no es exclusivo de México sino que también es un problema de Estados Unidos de América.

El reporte de la Universidad de California, en Los Angeles, presenta 10 recomendaciones para ambos gobiernos. Entre las más importantes están que los dos gobiernos unan esfuerzos para resolver y terminar con los crímenes; crear un grupo internacional de investigadores que incluya al FBI además de las procuradurías mexicanas; redefinir dentro de la ley todas las agresiones sexuales y maximizar el castigo a los violadores; que la Asociación de Maquiladoras en Juárez tome medidas para proteger a su personal y para proveer algún sustento a las familias de las víctimas; que Estados Unidos tome más conciencia de la explotación que están sufriendo las mujeres trabajadoras a manos de las empresas maquiladoras estadounidenses.

Aunado a esto, el pasado 13 de octubre un grupo de congresistas de Estados Unidos instó al Presidente de México, Vicente Fox, a resolver urgentemente los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez en el estado fronterizo de Chihuahua y ofreció la colaboración de la oficina Federal de Investigación (FBI), para poner fin a la impunidad que rodea estos crímenes.

En el Partido Verde Ecologista de México consideramos que es impostergable resolver de inmediato la impunidad que existe dentro de nuestras fronteras, es por ello que hacemos un llamado a esta honorable Cámara de Diputados y exhortamos a las Secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que trabajemos arduamente en el constante seguimiento de estos funestos acontecimientos y que junto con las autoridades administrativas correspondientes trabajemos coordinada- mente con las autoridades norteamericanas para que podamos salvar las vidas de las próximas víctimas, para que la justicia impere y para que nuestra sociedad viva en un estado de paz y tranquilidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que de inmediato realicen acciones concretas para la investigación, aclaración y, en su caso, erradicación de los crímenes cometidos en Ciudad Juárez.

Segundo. Que se realicen las gestiones conducentes para que por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores se convoque a los legisladores norteamericanos, para que conjuntamente con la recién creada Comisión Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios a Mujeres en Ciudad Juárez, se realice una reunión con carácter binacional, tendiente a un intercambio de información, de opiniones, criterios y puntos de vista, para que de forma conjunta y coordinada se llegue al esclarecimiento de los multicitados homicidios y para que se cree una comisión binacional que se ocupe de coadyuvar en la erradicación de estos crímenes y que se informe al Congreso de la Unión el resultado de la reunión.

Tercero. Que las autoridades administrativas competentes en México y en Estados Unidos de América, coordinen sus acciones en la solución del flagelo social referido en el presente punto de acuerdo, coadyuvando al fortalecimiento de las relaciones entre ambos gobiernos.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se tenga a bien someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez tienen una historia de más de 10 años, en la que las autoridades locales, estatales y federales se han distinguido por su ineficiencia. Los efectos de estos repugnantes hechos han trascendido nuestras fronteras y se han convertido en un ejemplo a nivel mundial de la violencia contra las mujeres y del estado de indefensión en que se encuentran ante la incapacidad de nuestras autoridades de otorgar seguridad a la ciudadanía.

El pasado 11 de agosto de 2003, Amnistía Internacional aseguró, en un informe sobre Ciudad Juárez, que el hecho de que no se aborden los homicidios de mujeres ``pone en duda'' la capacidad del gobierno de Fox para ``hacer realidad su retórica sobre derechos humanos'', tras denunciar que las autoridades federales ``toleran'' estos delitos por la ``falta absoluta'' de medidas oficiales para abordarlos.

Por otro lado, el 27 de agosto, luego de realizar un estudio sobre el caso de las cerca de 300 mujeres asesinadas en los últimos 10 años en Ciudad Juárez, la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) hizo una serie de recomendaciones que incluyen una investigación dirigida por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).1

El estudio dice que ``es imperativo terminar con esta epidemia de violencia en contra de las mujeres y niñas de Ciudad Juárez, y también explorar las raíces del silencio que ha protegido a los asesinos por los últimos 10 años''; que ``el gobierno de México no ha hecho nada por resolver los crímenes'' y que ``las muertas de Juárez son un problema fronterizo que no es exclusivo de México sino que también es un problema de Estados Unidos de América''.

Mediante esa investigación se detectó que existen patrones similares en cada uno de los casos, víctimas de un grupo demográfico determinado y de la misma clase socioeconómica, con características similares, tales como mujeres jóvenes, pobres, de estatura baja, morenas, trabajadoras, estudiantes y migrantes.

Se establece que los asesinatos similares a los ocurridos en Juárez se han extendido a otras ciudades fronterizas, como en la ciudad de Chihuahua, donde se han registrado alrededor de 14 casos, al igual que en Mexicali, Nogales, Matamoros y Nuevo Laredo.

El reporte de la UCLA presenta 10 recomendaciones para ambos gobiernos. Entre las más importantes están:

Que los dos gobiernos unan esfuerzos para resolver y terminar los crímenes;

1 Sugieren que el FBI investigue asesinatos en Ciudad Juárez; dan a conocer un reporte de la UCLA sobre las muertes de casi 300 mujeres en Chihuahua: Jorge Morales Almada, reportero de La Opinión, 27 de agosto de 2003.

Crear un grupo internacional de investigadores que incluya al FBI, además de las procuradurías mexicanas;

Redefinir dentro de la ley todas las agresiones sexuales y maximizar el castigo a los violadores;

Que la Asociación de Maquiladoras en Juárez tome medidas para proteger a su personal y para proveer algún sustento a las familias de las víctimas;

Que Estados Unidos tome más conciencia de la explotación que están sufriendo las mujeres trabajadoras a manos de las empresas maquiladoras estadounidenses.

La investigadora Alicia Gaspar anunció que el Centro de Estudios Chicanos de la UCLA está organizando una conferencia para tratar a fondo el problema de las muertas de Juárez, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre, durante la celebración mexicana del Día de Muertos, con la participación de periodistas, artistas, académicos y familias de las víctimas. ``Aunque es importante saber quién está matando a las mujeres en Ciudad Juárez, quiénes son los que están ejerciendo el poder a través del cuchillo, la pistola o el soplete'', señaló, ``es aún más necesario investigar por qué''.

Aunado a esto, el pasado 13 de octubre, un grupo de congresistas de Estados Unidos instó al Presidente de México, Vicente Fox, a resolver ``urgentemente'' los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, en el estado fronterizo de Chihuahua, y ofreció la colaboración del FBI para poner fin a la impunidad que rodea estos crímenes.

En una carta enviada al Presidente Fox, los 31 legisladores, encabezados por la demócrata Hilda Solís, pidieron que la Procuraduría General de la República se haga cargo de la investigación de los asesinatos de mujeres, que comenzaron hace 10 años y que ya suman más de 300, según los organismos humanitarios.

La congresista Solís informó que su carta sólo ha tenido una ``escueta'' respuesta firmada por el embajador de México en Estados Unidos, Juan José Bremer, por lo que anunció que, junto con un grupo de colegas, promoverá que el gobierno de George Bush colabore con el de Fox en los casos de ``feminicidios'' de Ciudad Juárez, ya que ``es un problema que afecta los dos países''.

En el Partido Verde Ecologista de México consideramos que es impostergable resolver de inmediato la impunidad que existe dentro de nuestras fronteras; por ello hacemos un llamado a esta H. Cámara de Diputados, y exhortamos a las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de la República, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que trabajemos arduamente, en el constante seguimiento de estos funestos acontecimientos, y que junto con las autoridades administrativas correspondientes trabajemos coordinadamente con las autoridades estadounidenses, para que podamos salvar las vidas de probables víctimas, para que la justicia impere y para que nuestra sociedad viva en un estado de paz y tranquilidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que se considere de obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que de inmediato realicen acciones concretas para la investigación, aclaración y, en su caso, erradicación de los crímenes cometidos en Ciudad Juárez.

Segundo.- Que se realicen las gestiones conducentes a que, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se convoque a los legisladores estadounidenses para que, junto con la recientemente creada Comisión Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, se realice una reunión de carácter binacional, tendiente a un intercambio de información, de opiniones, criterios y puntos de vista para que de forma conjunta y coordinada se llegue al esclarecimiento de los multicitados homicidios y para que se cree una comisión binacional que se ocupe de coadyuvar en la erradicación de estos crímenes, y que se informe al Congreso de la Unión sobre el resultado de la reunión.

Tercero.- Que las autoridades administrativas competentes en México y en Estados Unidos de América coordinen sus acciones en la solución del flagelo social, referido en el presente punto de acuerdo, coadyuvando al fortalecimiento de las relaciones entre ambos gobiernos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador, Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Seguridad Pública.

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MUNICIPIOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado don Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para revisar y modificar los criterios de asignación de los recursos del Ramo 33, con el propósito de incrementar estos recursos a los municipios de alta y muy alta marginación.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano:

Con su venia, señor Presidente:

Como originario de uno de los estados más marginados del país, vengo a esta soberanía a proponer un punto de acuerdo que beneficie a los municipios de alta y muy alta marginación en el país.

El Gobierno debe dar atención especial a los municipios pobres ubicados principalmente en los estados del sur del país, como son, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo con 386 municipios de muy alta marginación; San Luis Potosí , Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacán, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato y Nayarit con 906 municipios de alta marginación.

En estas comunidades más pobres el ingreso de las familias es tan bajo que ni siquiera es suficiente para comer, mucho menos para subsistir en condiciones dignamente decorosas, por lo que la mayoría de sus habitantes optan por emigrar a núcleos urbanos más desarrollados o a Estados Unidos.

En este sentido, es preciso que, más que profundizar en un esquema de ayuda paternalista se adopte un modelo que haga a los habitantes de estas zonas asumir compromisos y responsabilidades con sus familias y su entorno social, a través de apoyos a proyectos productivos en el campo que los arraigue a su tierra, que contribuya a la producción de alimentos, que promueva el autoempleo y que revierta o aminore la emigración que generan.

Financiando proyectos productivos las familias que habitan estas zonas de alta y muy alta marginación podrán generar recursos para alimentar a sus familias, podrán generar ingresos adicionales de la venta de productos excedentes en el mercado que bien pueden dedicarse a cubrir otras necesidades.

El principal instrumento de que disponemos los diputados es la política presupuestal, a nosotros corresponde definir la asignación de los recursos del pueblo de México a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para que el desarrollo sea accesible a todos los mexicanos y no sea privilegio de unos en deterioro de otros.

Si queremos impulsar un auténtico desarrollo compartido, un México sin privilegiados y excluidos, tenemos que aplicar la máxima del derecho natural: dar trato desigual a desi-guales, dar más a quien más lo necesita, estoy seguro que las autoridades municipales están haciendo su mejor esfuerzo para atender a la población más desprotegida, pero también estoy convencido que los recursos del Ramo 33 no son suficientes: en el caso del fondo tres del ramo señalado, son recursos etiquetados para infraestructura municipal, como educación, agua potable, pavimentación o drenaje.

Si bien estos servicios son necesarios e indispensables, su ejecución consume en todos los municipios el 100% de los recursos, en tanto que para financiar proyectos productivos no queda nada. Es por ello que la propuesta que me trae en esta ocasión a esta tribuna, está orientada a incrementar un 25% adicional a lo presupuestado en el Ramo 33 para financiar proyectos productivos en el campo, únicamente en municipios de alta y muy alta marginación.

La propuesta busca alcanzar tres objetivos claros: que los campesinos en condiciones de alta y muy alta marginación cuenten con una fuente estable de ingresos y alimento para sus familias, que se fomente el empleo y que se revierta el crecimiento de la emigración.

Asimismo se buscará que los proyectos estén vinculados con el conocimiento que los campesinos tienen de sus tierras, privilegiando la vocación agrícola del suelo, además de explotar las posibilidades de desarrollo de cultivos en sus respectivas regiones.

Si fomentamos empleos estables a través de una iniciativa de esta naturaleza, abatiremos algunos de los principales rezagos que hoy enfrentan los municipios con alta y muy alta marginación como son un 97% de sus viviendas con pisos de tierra; 85% de sus hogares sin energía eléctrica; y un 96% de sus casas sin agua potable.

Por todo ello, más allá de posicionamientos partidistas, cálculos ideológicos o códigos de estrategia y rentabilidad...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, señor diputado.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano:

... Vengo a proponer para que se revise y modifiquen los criterios de asignación de los recursos del Ramo 33 para que una vez decidido el monto global destinado a los municipios del país, la Cámara de Diputados apruebe un incremento del 25% a esta cifra para destinar estos recursos adicionales a municipios de alta y muy alta marginación y aplicarlos exclusivamente con una normatividad muy clara y precisa a proyectos productivos.

Y para evitar cualquier sesgo ideológico partidista, la definición de los municipios beneficiarios sería conforme a criterios estrictamente técnicos de marginación...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir señor diputado, por favor.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano:

Ya termino, señor Presidente.

De esta manera frenaríamos el creciente o la creciente expulsión de mano de obra a los centros urbanos o a Estados Unidos.

Es cuanto señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de revisar y modificar los criterios de asignación de los recursos del Ramo 33 para incrementarlos a los municipios de alta y muy alta marginación, presentada por el diputado Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del PRI.

Vengo a alzar la voz y a cumplir el compromiso que hiciera con los 68 municipios del II distrito electoral federal de Oaxaca, que comprende las sierras Cuicateca y Mazateca y los valles del distrito de Etla, quienes me brindaron su confianza para ser su representante en esta soberanía.

Consideraciones

Históricamente, México ha sido un país desigual en lo social y lo económico, desequilibrado en la relación campo-ciudad, en el desarrollo de sus estados del norte y del sur.

Vivimos una polarización extrema entre la pobreza y la concentración de la riqueza. Tal parece que nos perfilamos por un camino sin salida hacia dos Méxicos distintos, donde continuarán acentuándose las diferencias entre el norte y el sur.

Mientras los estados del norte luchan y buscan la manera de insertarse económica y socialmente a Estados Unidos, los del sur se parecen cada vez más a nuestros vecinos de Centroamérica.

Falta de fuentes de empleo, de oportunidades y de infraestructura, una población cada día mas empobrecida... Un México así no tiene futuro.

Luchar contra las desigualdades y los desequilibrios es responsabilidad de los tres poderes que integran el Estado nacional, principalmente el Poder Legislativo, por ser el representante de la soberanía popular y, como tal, tenemos la obligación de velar porque se reviertan las injusticias e iniquidades.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, en 1990 el 16.93 por ciento de la población habitaba en municipios de muy alta marginalidad y para 2000 se incrementó a 18.6 por ciento (aproximadamente 20 millones de mexicanos). Es uno de los saldos más patéticos y deplorables del modelo neoliberal puesto en marcha por los gobiernos tecnocráticos de las últimas dos décadas, un modelo acentuado en la presente administración federal.

Ese 20 por ciento de la población que vive en condiciones de muy alta marginalidad prácticamente se duplica al ubicarlo sólo en la región sur del país, debido a las grandes disparidades regionales: por un lado, en la región sur-sureste 47.99 por ciento de la población reside en municipios de alta o muy alta marginalidad, en tanto que en la región noreste es de apenas 4.09 por ciento.

Más aún: la proporción de la población que habita en municipios de alta y muy alta marginalidad en la región sur-sureste creció en cinco puntos porcentuales en la última década del siglo XX.

Es importante señalar que, en el ámbito del Poder Ejecutivo, todos nuestros gobernantes de los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- y de todos los partidos políticos se han pronunciado en favor de combatir la pobreza, el lastre más pesado que cargamos como sociedad.

En el terreno del Poder Legislativo, cuando buscamos el voto popular como regidores, diputados locales, diputados federales o senadores, uno de nuestros compromisos principales es luchar por combatir la pobreza, que tanto lastima nuestro campo. Combatir la pobreza representa compromiso ineludible de todo gobierno; en eso estamos de acuerdo.

Como representante popular, y en lo particular como oriundo de uno de los estados que tiene uno de los índices más altos de marginalidad, me preocupa esa situación de injusticia y oprobio.

A ustedes, compañeros de todos los partidos, mi exhorto respetuoso: tenemos que legislar por todos los mexicanos, pero especialmente por quienes menos tienen.

Tenemos que promover, en el ámbito de nuestras facultades legislativas, políticas públicas que auspicien el crecimiento económico, pero sobre todo la justicia distributiva.

Esta debe dar atención especial a los municipios más pobres, situados principalmente en los estados del sur del país, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, con 386 municipios de muy alta marginación; o San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacán, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato y Nayarit, con 906 municipios de alta marginación.

En las comunidades más pobres de esos estados, el ingreso de las familias es tan bajo, que ni siquiera es suficiente para comer, mucho menos para subsistir en condiciones mínimamente decorosas, por lo que la mayoría de sus habitantes opta por emigrar a los núcleos urbanos más desarrollados y a Estados Unidos.

Emigran también porque los apoyos gubernamentales como Solidaridad, Progresa, Procampo, Contigo u Oportunidades no llegaron y no llegan a sus comunidades, no por falta de voluntad sino simplemente porque no alcanza su cobertura financiera y geográfica.

En este sentido, es preciso que, más que profundizar en un esquema de ayuda paternalista, se adopte un modelo que haga a los habitantes de estas zonas asumir compromisos y responsabilidades con sus familias y su entorno social y económico, mediante el apoyo de proyectos productivos en el campo que los arraiguen a su tierra, contribuyan a la producción de alimentos, promuevan el autoempleo y contribuyan a revertir o aminorar la emigración que generan.

Financiando proyectos productivos, las familias que habitan zonas de alta y muy alta marginalidad podrán generar recursos para alimentar a sus familias e ingresos adicionales de la venta de productos excedentes en el mercado, que bien pueden dedicarse a satisfacer otras necesidades.

El instrumento principal de que disponemos los diputados es la política presupuestaria. Nos corresponde definir la asignación de los recursos del pueblo de México mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de que el desarrollo sea asequible para todos los mexicanos y no privilegio de unos en detrimento de otros.

Si queremos impulsar un auténtico desarrollo compartido, un México sin privilegiados ni excluidos, tenemos que aplicar la máxima del derecho natural: dar trato desigual a desiguales, dar más a quien más lo necesita.

Estoy seguro de que las autoridades municipales hacen su mejor esfuerzo para atender a la población más desfavorecida, pero también estoy convencido de que los recursos del Ramo 33 no son suficientes. En el caso del Fondo Tres del ramo señalado, son recursos etiquetados para infraestructura social municipal, como educación, agua potable, pavimentación o drenaje.

Si bien esos servicios son necesarios e indispensables, su prestación consume en todos los municipios 100 por ciento de los recursos, en tanto que para financiar proyectos productivos no queda nada.

Por ello, la propuesta que me trae en esta ocasión a la tribuna se orienta a incrementar en 25 por ciento lo presupuestado en el Ramo 33 para financiar proyectos productivos en el campo, únicamente en municipios de alta y muy alta marginalidad.

La propuesta busca alcanzar tres objetivos muy claros: que los campesinos en condiciones de alta y muy alta marginalidad cuenten con una fuente estable de ingreso y alimentos para ellos y sus familias; que se fomente el autoempleo en el campo; y que se revierta el crecimiento de la emigración.

Asimismo, se buscará que los proyectos estén vinculados con el conocimiento que los campesinos tienen de sus tierras, privilegiando la vocación agrícola del suelo, además de explorar las posibilidades de desarrollo de cultivos alternativos de alta rentabilidad agrícola, en sus respectivas regiones.

Si fomentamos empleos estables mediante una iniciativa de esa naturaleza, daremos una vida más digna a los campesinos y abatiremos algunos de los principales rezagos que hoy enfrentan los municipios con alta y muy alta marginalidad, como éstos: 97 por ciento de sus viviendas, con pisos de tierra; 85 por ciento, sin energía eléctrica; y 96 por ciento, sin agua potable.

También estaremos contribuyendo a atemperar la desigualdad educativa porque, de acuerdo con datos del último Censo General de Población y Vivienda, mientras que para 2000 el 10 por ciento de la población más pobre apenas tenía cuatro años de educación formal (Población Económicamente Activa), 10 por ciento más rico a escala nacional contaba con 13 años de educación.

La baja escolaridad que registran los municipios con alta y muy alta marginalidad se explica por sus condiciones de pobreza y falta de oportunidades.

Por todo ello, más allá de posicionamientos partidistas, cálculos ideológicos o móviles de estrategia y rentabilidad políticas, es imperativo impulsar un punto de acuerdo orientado a satisfacer las necesidades mínimas de autoconsumo para ese grupo de mexicanos.

Por ello, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Revisar y modificar los criterios de asignación de los recursos del Ramo 33 a fin de que, una vez decidido el monto global destinado a los municipios del país, la Cámara de Diputados apruebe un incremento de 25 por ciento de esa cifra, para destinar esos recursos adicionales a los municipios de alta y muy alta marginación y aplicarlos exclusivamente, con una normatividad muy precisa, a proyectos productivos en el campo.

Para evitar cualquier sesgo ideológico o partidista, los municipios beneficiarios se definirían conforme a criterios estrictamente técnicos de marginación y pobreza, elaborados por las áreas creadas ex profeso, como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

De esa manera frenaríamos el proceso creciente de expulsión de mano de obra barata de nuestros connacionales a los núcleos urbanos y al extranjero, donde acuden a prestar servicios no calificados y mal pagados, por ser ajenos a su vocación y sabiduría ancestral.

Con esos apoyos desarrollarían su potencial productivo en las áreas de su dominio, que les son propias, con independencia de que algunos de ellos, de las comunidades más marginadas del país, opten y no sean obligadas por las circunstancias por la vida urbana.

Crearemos y fomentaremos empleos estables, daremos una alternativa de vida digna a los campesinos más pobres de México.

Diputados: Carlos Pano Becerra, Jesús Morales Flores, Angel Heladio Aguirre Rivero, Elpidio Concha Arellano (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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ADULTOS MAYORES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de los Ejecutivos Federal y estatales con el fin que establezcan políticas que estimulen la contratación de colaboradores, considerando también a personas mayores de 45 años de edad.

La diputada Virginia Yleana Baeza Estrella:

Con su venia señor Presidente; diputadas y diputados:

Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparecen ante esta soberanía para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Poderes Ejecutivos Federal y estatales a fin de que fijen nuevas políticas de contratación de personal considerando a personas de 45 años de edad en adelante, conforme a las siguientes

Consideraciones

Un hecho que lacera a la sociedad mexicana en su conjunto es la inaceptable discriminación laboral que padecen las personas mayores de 45 años. Es sumamente doloroso observar cómo el desempleo y el subempleo en ese sector de la población, que hoy representa 25% de su total y que llegará a 35% para el año 2020, presenta una tendencia al alza, es decir cada día son más y más las y los mexicanos mayores de 45 años que son discriminados.

Hoy no es raro encontrar en las páginas de los periódicos ofertas de trabajo donde claramente se expresa la edad como un requisito indispensable, la de ser menor de los cuarenta y cinco años y hasta menores de treinta, lo cual es a todas luces discriminatorio y atenta en contra de la dignidad de la persona.

El hecho es doblemente lastimoso, ya que por un lado impide que en estos tiempos, en los que se requiere la contribución de todas y todos para poner el país al día y a la vanguardia, se aproveche la experiencia, capacidad y responsabilidad de los adultos mayores de 45 años; y por otro, también muy importante, el desempleo erosiona la dignidad y la posibilidad de realización de las personas, y no apoyarlas sería un acto de injusticia, ya que en términos prácticos estaremos apoyando, por un lado, actos de discriminación laboral y, por otro lado, promoviendo la desigualdad de oportunidades entre las y los mexicanos.

Las personas de 45 años se encuentran en plenitud de sus facultades, físicas y psicológicas, además de encontrarse en una etapa de su vida estable, pero con mayores responsabilidades, por haber formado ya una familia en su gran mayoría. No podemos dejar de lado que las personas de más de 45 años son las que llevan la carga económica de las familias mexicanas, es decir, son las que tienen que cubrir los gastos de educación media superior y superior de sus hijos, muy probablemente pagar el adeudo que implica su vivienda, salud, vestido, etcétera. En otras palabras, son quienes tienen más compromisos y responsabilidades económicas.

No hay argumentos válidos que avalen que las personas de más de 45 años no puedan ocupar una vacante que sólo puede cubrir alguien de menor edad; el argumento más frecuente es que los de más de 45 años carecen de la flexibilidad para adaptarse y aprender de los cambios que se van generando en el ámbito laboral, argumento que consideramos obedece más a prejuicios que a razones.

Por lo anterior, se hace necesario tomar conciencia del severo problema social que representa la discriminación laboral en comento y, como un primer paso, es conveniente que el Estado dé el ejemplo en su abatimiento, ya que, entre otras, tiene la obligación de velar por el desarrollo de todos los mexicanos, creando las condiciones necesarias para que toda la población tenga acceso a un trabajo digno, así como de promover también, mediante su ejemplo, un cambio cultural en el sentido de desalentar la discriminación de cualquier índole y, entre ellas, la discriminación laboral.

Aun cuando sabemos que la problemática referida no se resuelve por completo ni queda agotada con el presente manifiesto, sí creemos que se puede ir abriendo el camino. Por ello presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Unico.- La Cámara de Diputados, en pleno respeto a las competencias atribuidas por nuestra Carta Magna, exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos Federal y estatales a que, dentro de sus respectivas administraciones públicas:

1. Implanten políticas de contratación de personal en las que las personas de 45 años en adelante tengan acceso a las plazas de trabajo.

2. Elaboren programas en los cuales se establezcan los objetivos, tiempos y acciones que se llevarán a cabo para ejecutar las políticas de contratación de personal señaladas en el punto anterior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 23 de octubre de 2003.--- Diputados: Guillermo Tamborrel Suárez, Adriana González Furlong, Yleana Baeza Estrella (rúbricas).

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, se incrementen los recursos dirigidos a la ampliación y mantenimiento integral de las escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional.

El diputado Santiago Cortés Sandoval:

Con su permiso, señor diputado Presidente; con su permiso, compañeras y compañeros legisladores:

El suscrito, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, con base en el artículo 58, para el Gobierno Interior, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, a fin de que en el próximo Presupuesto de Egresos se incrementen los recursos destinados a la ampliación y mantenimiento integral de las escuelas del sistema educativo nacional.

En el México del Siglo XXI, contar con una educación de calidad sigue siendo una promesa, más que una realidad.

Luego de más de 80 años de construcción de un Sistema Educativo Nacional, que tenía como encomienda principal la universalidad de la educación básica, ésta aún no cubre todas las necesidades de los niveles de primaria y secundaria y está muy lejos de cubrirlas en el nivel preescolar, en donde no hay visos de dar cumplimiento a los plazos establecidos en las reformas constitucionales que hace de este nivel educativo, parte de la educación básica obligatoria y qué decir de la Educación Media Superior, donde sólo se cubre la demanda potencial en un 50% y de la Educación Superior, en donde esta demanda sólo se cubre en un 20%, de tal modo que actualmente nuestro sistema educativo no es capaz de hacer realidad el derecho a la educación, consagrado en el artículo 3º de nuestra Carta Magna para todos los niños y jóvenes ni mucho menos otorga una educación de calidad, como lo demuestran múltiples y variadas evaluaciones aplicadas a los distintos tipos y modalidades del servicio educativo.

Uno de estos problemas de fondo, sobre del que quiero llamar su atención, compañeras y compañeros legisladores, es el referido al abandono en que se encuentra la infraestructura escolar. El propio Secretario de Educación Pública durante su comparecencia ante la comisión respectiva de esta Cámara de Diputados, de la pasada legislatura, reconoció que el déficit de inversión en infraestructura en todo el Sistema Educativo Nacional es por un monto aproximado de 30 mil millones de pesos.

Miles de escuelas de todo el país carecen no sólo de computadoras y laboratorios, sino incluso no cuentan con salones, mesabancos, pizarrones, sanitarios dignos e incluso además, carecen de energía eléctrica y agua potable.

El Gobierno Federal, lejos de buscar fórmulas para reducir este rezago, que incide directamente en la baja calidad de la educación, año con año presupuesta menos y muy bajos recursos para este propósito.

Para el presupuesto de 2002, los montos de inversión física contemplados en el ramo 11, que también incluye inversión en espacios administrativos, disminuyeron un 41% con respecto al 2001, y si bien para este 2003, éstos volvieron a crecer en un 24%, significan 1 mil 232 millones de pesos.

En general, los recursos siguen siendo 17% menos en términos reales a los ejercidos en el 2001; la misma caída se registra en este rubro, tanto en la transferencia como en los subsidios otorgados mediante ramo, para la Secretaría de Educación Pública.

Un comportamiento semejante experimenta el presupuesto al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, Capfce, que para el año 2000 contaba con 823 millones de pesos, mientras que para el 2003, sólo cuenta con 146 millones, lo cual representa una caída del 82% en términos reales y que para el próximo año requiere, por lo menos, mil 500 millones de pesos.

Esta insuficiencia de inversión en infraestructura deja en entredicho los esfuerzos que están realizando por elevar la calidad de nuestro Sistema Educativo Nacional, por lo que los propios titulares de educación de los estados en las negociaciones del presupuesto 2003, demandaron la creación de un fondo especial para la infraestructura escolar por 3 mil millones de pesos, pues los recursos contemplados en el Ramo 33, junto con los descentralizados mediante el Capfce, son totalmente insuficientes para ello.

Compañeras y compañeros diputados:

Si queremos que nuestra educación básica realmente contribuya...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, señor diputado.

El diputado Santiago Cortés Sandoval:

Al desarrollo de la nación, debemos pugnar porque aumente al 8% del producto interno nacional bruto para este concepto.

Por lo antes expuesto y fundado, motivado, me permito someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputado el siguiente

Punto de Acuerdo

Se exhorta al Ejecutivo Federal a que programe un incremento de 3 mil millones de pesos en este rubro, para la aplicación y mantenimiento de las escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional dentro de la propuesta de presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Educación y Servicios Educativos, a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004, se considere este incremento sustantivo de los recursos destinados a la ampliación y mantenimiento de escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se incrementen los recursos dirigidos a la ampliación y mantenimiento integral de las escuelas públicas del sistema educativo nacional, presentada por el Diputado Santiago Cortes Sandoval, del grupo parlamentario del PRD.

El suscrito, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, a fin de que en el próximo Presupuesto de Egresos se incrementen los recursos destinados a la ampliación y mantenimiento integral de las escuelas públicas del sistema educativo nacional.

En el México de este siglo XXI, contar con una educación de calidad sigue siendo una promesa, más que una realidad. Luego de más de 80 años de construcción de un sistema educativo nacional que tenía como encomienda principal la universalidad de la educación básica, ésta aún no cubre todas las necesidades de los niveles en primaria y secundaria. Y está muy lejos de cubrirlas en el nivel preescolar, donde no hay visos de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la reforma constitucional que hace de este nivel educativo parte de la educación básica obligatoria. Y qué decir de la educación media superior, donde sólo se cubre la demanda potencial en un 50% y de la educación superior, donde esta demanda sólo se cubre con un 20%.

De tal modo que actualmente nuestro sistema educativo no es capaz de hacer realidad el derecho a la educación consagrado en el artículo 3º de nuestra Carta Magna para todos los niños y jóvenes; ni mucho menos otorga una educación de calidad como lo demuestran múltiples y variadas evaluaciones aplicadas a los distintos tipos y modalidades de servicio educativo.

El sistema educativo ha tenido que enfrentar en los últimos años grandes problemas que le impiden responder a los retos que la globalización demanda. Procesos de descentralización corporativa y parcial, organización burocrática excesiva y preferencial, poca autonomía de gestión en los centros escolares, salarios bajos, entre otros, han sido nudos estructurales que han intentado deshacer distintos planes y programas, sin que se noten aún resultados importantes.

Uno de esos problemas de fondo sobre el que quiero llamar su atención, compañeras y compañeros legisladores, es el referido al abandono en el que se encuentra la infraestructura escolar.

Como profesor de educación básica y como sindicalista comprometido con la superación educativa, conozco de cerca la falta de inmuebles, muebles, materiales y equipos necesarios para el desarrollo de este rubro estratégico de la nación.

El propio secretario de Educación Pública, durante su comparecencia ante las comisiones respectivas de esta Cámara de Diputados en la pasada Legislatura, reconoció que el déficit de inversión en infraestructura en todo el sistema educativo nacional es de un monto aproximado de 30 mil millones de pesos.

Miles de escuelas de todo el país carecen no sólo de computadoras y laboratorios, sino de salones, mesabancos, pizarrones y sanitarios dignos, e incluso de energía eléctrica y agua potable.

El Gobierno Federal, lejos de buscar fórmulas para reducir ese rezago que incide directamente en la baja calidad de la educación, año con año presupuesta recursos muy bajos para este propósito. Para el Presupuesto de 2002 los montos para la inversión física contemplados en el Ramo 11 (que también incluye inversión en espacios administrativos) disminuyeron un 41% respecto al 2001. Y si bien para este 2003 éstos volvieron a crecer un 24% y significan $1,232 millones de pesos, en general los recursos siguen siendo 17% menores, en términos reales, que los ejercidos en 2001. La misma caída se registra en este rubro tanto en las transferencias como en los subsidios otorgados mediante este ramo para la Secretaría de Educación Pública.

Un comportamiento semejante experimenta el presupuesto del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), que para el año 2000 contaba con 823 millones de pesos, mientras que para el 2003 sólo cuenta con 146 millones, lo cual representa una caída del 82% en términos reales y que para el próximo año requiere por lo menos 1,500 millones de pesos.

Esta insuficiencia de inversión en infraestructura deja en entredicho los esfuerzos que se están realizando por elevar la calidad de nuestro sistema educativo nacional. Por lo que los propios titulares de Educación de los estados, en las negociaciones del Presupuesto de 2003, demandaron la creación de un fondo especial para infraestructura escolar por 3,000 millones de pesos, pues los recursos contemplados en el Ramo 33, junto con los descentralizados mediante el CAPFCE, son totalmente insuficientes para ello.

A esto habría que agregar el caso de la educación superior, donde los recursos transferidos para su operación resultan tan insuficientes, que los planes de ampliación y mantenimiento de infraestructura no se contemplan en los programas normales, sino a través de fondos especiales que son otorgados por la SEP mediante concurso.

Si queremos que nuestra educación básica realmente contribuya al desarrollo de nuestra nación, debemos promover el incremento sustancial de los recursos dirigidos hacia ella. Esta soberanía está obligada a promover el incremento de recursos para la educación hasta un monto equivalente al 8% del Producto Interno Bruto, pues a ello mandata la histórica reforma del artículo 25 de la Ley General de Educación. Por tanto, a fin de que esa inversión tenga un sentido estratégico e impacte en la calidad de la educación, les propongo aprobar un incremento especial al presupuesto que en materia de infraestructura educativa realizan tanto el Gobierno Federal como los gobiernos de los estados y los municipios, mediante el gasto federalizado.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, me permito someter a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Ejecutivo federal a que programe un incremento de 3,000 millones de pesos en este rubro para la ampliación y mantenimiento de las escuelas públicas del sistema educativo nacional, dentro de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.

Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Educación Pública y Servicios Educativos a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se considere este incremento sustantivo de los recursos destinados a la ampliación y mantenimiento de las escuelas públicas del sistema educativo nacional.

Diputados: Eduardo Espinoza Pérez, Marcela González Salas, Omar Ortega Alvarez, Elba Garfias Maldonado, César Chávez Castillo, Carlos Silva Valdés, Emilio Zebadúa González, Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía Haro, Guillermo Huízar Carranza, Iván García Solís, Dolores Padierna Luna, Guadalupe Morales Rubio, Santiago Cortés Sandoval, Héctor M. Bautista López, Narciso Agúndez Montaño, Gelacio Montiel Fuentes, Gerardo Ulloa Pérez, Javier Salinas Narváez, Dolores Gutiérrez Zurita, Valentín González Bautista, Javier Manzano Salazar, Yadira Serrano Crespo, Abdallán Guzmán Cruz, Irma Figueroa Romero, Zeferino Torreblanca Galindo, Israel Tentory García, Rogelio Franco Castán, Marcelo Herrera Herbert, Juan García Costilla, Bernardino Ramos Iturbide, Minerva Hernández Ramos, Rosa María Avilés Nájera, Edgar Torres Baltazar, Horacio Martínez Meza, Emilio Serrano Jiménez, Nancy Cárdenas Sánchez, Angélica Díaz del Campo, Eliana García Laguna, Agustín Rodríguez Fuentes, Pascual Sigala Páez, Rafael Flores Mendoza, Adrián Chávez Ruiz, Miguelángel García- Domínguez, Juan José García Ochoa, José Luis Cabrera Padilla, Pablo Franco Hernández, Miguel Luna Hernández, Rocío Sánchez Pérez, José Luis Naranjo Quintana, Clara M. Brugada Molina, Manuel Camacho Solís, Marcela Lagarde y de los Ríos, Susana Manzanares Córdova (rúbricas).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PODER LEGISLATIVO
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004 se revise el presupuesto asignado a sus órganos de enlace legislativo, a fin de evitar duplicidad de funciones y encontrar posibles fuentes de ahorro de recursos.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición con punto de acuerdo.

En las próximas semanas, el Ejecutivo Federal enviará a esta soberanía el paquete económico para el próximo año. Actualmente, en todas las dependencias del Gobierno Federal se elabora el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, por lo cual es tiempo de expresar nuestros puntos de vista para que sean tomados en cuenta.

Todos sabemos que los requerimientos de recursos rebasan por mucho la capacidad de gasto del Gobierno Federal. Es cierta la urgente necesidad de una reforma tributaria, que amplíe la captación de recursos y haga que todos los mexicanos contribuyan a solventar esos compromisos. Empero, también es cierto que tratar de resolver el problema sólo por el lado del ingreso implica que las clases más desprotegidas y los contribuyentes cautivos tengan que soportar una carga mayor.

Para evitar lo anterior, es necesario revisar los tratamientos fiscales especiales, por los cuales se dejan de captar miles de millones de pesos anualmente. Estamos seguros de que es posible un incremento efectivo de la recaudación al cobrar a quien no paga o cobrar más a quien tiene exenciones o tasas más bajas.

Empero, también es muy importante que por el lado del gasto se haga una revisión profunda al destino que se dará a los recursos el próximo año. Los ahorros que se lleven a cabo son necesarios y convenientes, sobre todo cuando observamos que cerca de 80 por ciento del Presupuesto total constituye gasto corriente y sólo 20 por ciento restante se destina a la inversión. Esa desigual distribución explica, en gran parte, la falta de escuelas, de equipo médico y medicinas, de construcción de caminos rurales, etcétera.

Por ello exhortamos al Ejecutivo federal a hacer un máximo esfuerzo de austeridad en el gasto corriente y en las percepciones de los funcionarios públicos para que el costo administrativo del Gobierno Federal disminuya.

Según datos de la Secretaria de Hacienda, el presupuesto destinado al pago de servicios personales tendrá que incrementarse 3 mil 600 millones de pesos, mientras que el destinado a inversión disminuirá significativamente, en casi 30 por ciento.

En este sentido, consideramos, puede haber importantes ahorros en áreas no estratégicas en la administración que no han demostrado eficiencia y sí duplicación de funciones, como la enorme Subsecretaría de Enlace Legislativo que, junto con la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación y todas las direcciones generales de Enlace Legislativo de las diferentes secretarías, no logra cumplir sus objetivos.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004 se revise el monto asignado a sus órganos de enlace legislativo, a fin de evitar duplicación de funciones y encontrar posibles fuentes de ahorro de recursos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de octubre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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TRATADO PARA LA DISTRIBUCION DE AGUAS INTERNACIONALES
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado Jesús Humberto Martínez de la Cruz, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con la entrega de agua a Estados Unidos de América, en el marco del Tratado para la Distribución de las Aguas Internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, suscrita por diputados de los estados de Coahuila y Tamaulipas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jesús Humberto Martínez de la Cruz:

Con su venia, señor Presidente; honorable Cámara de Diputados:

Los suscritos, diputados federales por los estados de Tamaulipas y Coahuila, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ocurrimos a esta soberanía, por mi conducto, a exponer que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo el agua es catalogada como un recurso estratégico y de seguridad nacional, que en términos del Tratado para la Distribución de las Aguas Internacionales, de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, durante los ciclos 25 y 26, nuestro acumuló un faltante de 1 mil 722 millones de metros cúbicos en la entrega de agua comprometida con Estados Unidos y que para reponer dicho faltante, el país se ha visto en la necesidad de tomar las aguas con la que se abastecen los usuarios de las subregiones hidrológicas del medio y bajo Bravo.

Visto en la necesidad de tomar las aguas con la que se abastecen estos usuarios, que afectan 215 mil hectáreas y la economía de más de 15 mil familias de agricultores de la región, vemos que las entregas de agua referidas han generado la necesidad de emprender programas de apoyo para resarcir a los agricultores afectados, particularmente en el ciclo 2001-2002, en el que se tomaron 377 millones de metros cúbicos de las presas Amistad y Falcón.

Que esta soberanía se vio en la necesidad de autorizar una partida presupuestal de 460 millones de pesos para compensar las afectaciones por las entregas de dichos volúmenes, recursos que resultaron insuficientes y que ameritaron que la actual Legislatura, en punto de acuerdo de fecha 11 de septiembre anterior, solicitara al Ejecutivo recursos adicionales para el efecto.

Que en el pasado ciclo hidrológico 2002-2003, nuevamente se entregaron a Estados Unidos volúmenes por más de 300 millones de metros cúbicos, aunque se hayan solamente suscrito alrededor de 108 millones de metros cúbicos dado que los niveles, la diferencia de niveles pasados por Internet del extranjero, nos da que son alrededor de 321 millones de metros cúbicos de las presas internacionales Amistad y Falcón, lo que afectó la disponibilidad de agua para el próximo ciclo agrícola Otoño-Invierno 2003-2004.

Que pese a que el Ejecutivo Federal, tal como se ratifica en la glosa entregada a esta soberanía en fecha anterior, se comprometiera a reglamentar la cuenca para un uso integral y proporcional de sus aguas, en el pasado ciclo agrícola, aun sin disponer del reglamento, se ejecutó una distribución no proporcional, lo que repercutió en la disponibilidad actual de agua en el medio y bajo Bravo, generando una afectación adicional a la ocasionada por las entregas de agua de las presas internacionales Amistad y Falcón.

Es por todos conocido que este delicado problema ha merecido la atención permanente del Poder Legislativo; múltiples puntos de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del Senado de la República y de esta honorable Cámara de Diputados, así lo acreditan.

Es así, como teniendo en consideración que el problema de agua en la frontera día a día se torna más grave y que una solución de fondo demandará de un término de posiblemente varios años, proponemos la necesidad de un análisis objetivo de la situación actual del problema y de su perspectiva a mediano plazo que genere en forma sistemática, medidas apropiadas para atender la problemática de coyuntura en tanto se resuelve el problema de fondo.

En resumen e independientemente de la atención que amerite el problema en el mediano plazo, nuevamente más de 15 mil familias se verán afectadas por el impacto que genera el desequilibrio hidrológico de la cuenca del río Bravo y que se refleja en una distribución desproporcionada del agua de la cuenca, agravada por la entrega unilateral de las aguas correspondiente sólo al medio y bajo Bravo, aguas que en términos del tratado, no están consideradas para reponer los faltantes que se generan.

Independientemente de confirmar la información con las autoridades competentes, se estima que 321 millones de metros cúbicos tomados de las presas, Amistad y Falcón, más un volumen aproximado de 150 millones de metros cúbicos no trasvasado de la subregión río Conchos, que obligó a la utilización de aguas de la cuenca de río Alamo y río San Juan, afectan en conjunto con más de 470 millones de metros cúbicos la disponibilidad de agua del próximo ciclo, que en términos de la restricción que esto genera sobre el plan de riego en el presente ciclo agrícola, demandará de una asignación de recursos de 630 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004.

En atención a lo anteriormente expuesto, proponemos a ustedes los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se cite a comparecer ante las comisiones de Agricultura y de Recursos Hidráulicos, al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; al titular de la Comisión Nacional del Agua y al comisionado mexicano ante la Comisión Internacional de Límites y Agua, a objeto de analizar el estado actual y las perspectivas del problema.

Segundo. Se exhorte al Ejecutivo Federal que incluya en el proyecto del Presupuesto de Egresos para el 2004, una partida de 630 millones de pesos para compensar las afectaciones generadas por el actual desequilibrio de la cuenca o, en su defecto, que esta soberanía incluya la partida mencionada, tal como ha sido necesario en años anteriores.

Tercero. Se promueva el establecimiento de un convenio permanente para atender las afectaciones que genere el cumplimiento en el tratado descrito, en tanto se resuelve el problema de fondo.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, en relaciona con las entregas de agua a Estados Unidos de América, en el marco del tratado para la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, suscrita por diputados de los estados de Coahuila y Tamaulipas del grupo parlamentario del pri, y presentada por el diputado Jesús Humberto Martínez de la Cruz.

Los suscritos, diputados federales por los estados de Tamaulipas y Coahuila, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ocurrimos por mi conducto a exponer:

Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el agua es catalogada como un recurso estratégico y de seguridad nacional.

Que en términos del Tratado para la Distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, durante los ciclos 25 y 26 nuestro país acumuló un faltante de 1,722 millones de metros cúbicos en las entregas de agua comprometidas con Estados Unidos y que para reponer dicho faltante el país se ha visto en la necesidad de tomar las aguas con que se abastecen los usuarios de las subregiones hidrológicas del medio y bajo Bravo, afectando 215,000 hectáreas y la economía de más de 15 mil familias de agricultores de la región.

Que las entregas de agua referidas han generado la necesidad de emprender programas de apoyo para resarcir a los agricultores afectados; particularmente en el ciclo agrícola 20012002, en el que se tomaron 377 millones de metros cúbicos de las presas internacionales Amistad y Falcón.

Que esta soberanía se vio en la necesidad de autorizar una partida presupuestal de 460 millones de pesos para compensar las afectaciones por las entregas de dichos volúmenes, recursos que resultaron insuficientes y que ameritaron que la actual Legislatura, en un punto de acuerdo de fecha 11 de septiembre anterior, solicitara al Ejecutivo recursos adicionales para el efecto.

Que en el pasado ciclo hidrológico 2002-2003 nuevamente se entregaron a Estados Unidos volúmenes por más de 300 millones de metros cúbicos de las presas internacionales Amistad y Falcón, lo que afectó la disponibilidad de agua para el próximo ciclo agrícola otoño-invierno 2003-2004.

Que pese a que el Ejecutivo federal, tal como se ratifica en la glosa entregada a esta soberanía en fecha anterior, se comprometiera a reglamentar la cuenca para un uso integral y proporcional de sus aguas, en el pasado ciclo agrícola, aun sin disponer del reglamento, se ejecutó una distribución no proporcional, lo que repercutió en la disponibilidad actual de agua en el medio y bajo Bravo, generando una afectación adicional a la ocasionada por las entregas de agua de las presas internacionales Amistad y Falcón.

Es por todos conocido que este delicado problema ha merecido la atención permanente del Poder Legislativo; múltiples puntos de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del Senado de la República y de esta honorable Cámara de Diputados así lo acreditan.

Así, teniendo en consideración que el problema de agua en la frontera día a día se torna más grave y que una solución de fondo demandará de un término de posiblemente varios años, proponemos la necesidad de un análisis objetivo de la situación actual del problema y de su perspectiva a mediano plazo que genere en forma sistemática medidas apropiadas para atender la problemática de coyuntura en tanto se resuelve el problema de fondo.

En resumen, e independientemente de la atención que amerite el problema en el mediano plazo, nuevamente más de 15,000 familias se verán afectadas por el impacto que genera el desequilibrio hidrológico de la cuenca del río Bravo y que se refleja en una distribución desproporcionada del agua de la cuenca, agravada por la entrega unilateral de las aguas correspondientes sólo al medio y bajo Bravo, aguas que en términos del tratado no están consideradas para reponer los faltantes que se generen.

Independientemente de confirmar la información con las autoridades competentes, se estima que 321 millones de metros cúbicos tomados de las presas Amistad y Falcón, más un volumen aproximado de 150 millones de metros cúbicos no trasvasado de la subregión río Conchos, que obligó a la utilización de aguas de las cuencas del río Alamo y río San Juan, afectan en conjunto con más de 470 millones de metros cúbicos la disponibilidad de agua del próximo ciclo, que en términos de la restricción que esto generará sobre el Plan de Riegos en el presente ciclo agrícola, demandará de una asignación de recursos de 630 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004.

En atención a lo anteriormente expuesto proponemos a ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se cite a comparecer ante las Comisiones de Agricultura, y de Recursos Hidráulicos al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; al titular de la Comisión Nacional del Agua, y al comisionado mexicano ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas, a fin de analizar el estado actual y las perspectivas del problema;

Segundo. Se exhorte al Ejecutivo federal a que incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2004 una partida de 630 millones de pesos para compensar las afectaciones generadas por el actual desequilibrio de la cuenca o, en su defecto, que esta soberanía incluya la partida mencionada, tal como ha sido necesario en años anteriores; y

Tercero. Se promueva el establecimiento de un convenio permanente para atender las afectaciones que genere el cumplimiento del tratado descrito, en tanto se resuelve el problema de fondo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2003.--- Diputados: Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Jesús Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), Oscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica), Cruz López Aguilar, Carlos Flores Rico, Sergio Arturo Posadas Lara, Oscar Pimentel González, Jesús María Ramón Valdez, Jesús Zúñiga Romero, Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Eduardo Olmos Castro, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Laura Martínez Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Túrnese a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Recursos Hidráulicos.

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DESARROLLO FORESTAL
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene el uso de la palabra el diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión para el desarrollo forestal de la Cámara de Diputados.

El diputado Pascual Sigala Páez:

Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso; honorable Asamblea:

Primero debo decir que se trata de una propuesta para la creación de una comisión especial; hay un error en la publicación de la Gaceta Parlamentaria.

Las zonas forestales representan un activo importante para el desarrollo de nuestra nación, las actividades forestales son fuente potencial de empleo a través de la silvicultura y las manufacturas, su papel es esencial en la disposición de agua limpia y la reducción de riesgos por sequía, inundaciones y avalanchas.

Los bosques y selvas del país cubren más de 55 millones de hectáreas, de las cuales el 80% es propiedad ejidal y comunal.

De la superficie total de bosques con el que cuenta el país, 22 millones de hectáreas tienen potencial comercial; México además tiene una gran diversidad genética, considerada entre las mayores del mundo.

Sin embargo, en este sector se presentan de manera alarmante problemas sociales, económicos y ambientales, que nos obligan a presentar especial atención, entre estos problemas podemos mencionar los siguientes:

Primero. En las zonas forestales de México viven 12 millones de personas, que son las más pobres; las más pobres de los pobres. La mayor parte de esta población está integrada por pueblos indígenas cuya supervivencia depende de la conservación y el buen aprovechamiento de sus bosques.

Segundo. En México, se aprovechan legalmente 9 millones de metros cúbicos de madera y se consumen 17 millones, por lo que la diferencia proviene evidentemente de la tala clandestina.

El Gobierno Federal ha declarado que los recursos forestales son un asunto de seguridad nacional y, ¿cómo no va a ser un asunto de seguridad nacional, si en nuestro país tenemos 100 zonas críticas, en 500 municipios y 22 estados de la República? ¿Cómo no va a ser un asunto de seguridad nacional, si en nuestro país el Gobierno Federal ha declarado nueve zonas de ingobernabilidad en 89 municipios y 11 estados?

Estas zonas declaradas ingobernables, se ubican en los pulmones forestales más importantes de nuestro país, como son la zona Tarahumara en Chihuahua; la región de la Monarca en Michoacán y estado de México; la región de Ocotán, en Durango; el corredor biológico Ixta-Popo en el estado de México y Puebla; el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, ubicado en el Distrito Federal, estados de México y Morelos; los Chimalapas en Oaxaca y Chiapas; Uxpanapen, Veracruz y Oaxaca, Montes Azules en Chiapas.

Tercero. La constante degradación de los recursos forestales, que hoy es uno de los problemas centrales del país y que está declarado como tema de seguridad nacional, se vincula con políticas y prácticas que han representado una fuerte presión sobre los recursos forestales y que en la mayoría de los casos lleva a su sobreexplotación, como ya lo he señalado.

Cuarto. Aunado a que una de las causas más importantes de la deforestación y degradación, se encuentra en la política agropecuaria que fomenta actividades agrícolas y ganaderas extensivas en áreas de aptitud forestal.

El resultado de las pérdidas de estos recursos son la deforestación, la degradación de los ecosistemas, la erosión, los azolves de lagos y ríos, la disminución en la captación de agua y recargas de mantos acuíferos, las inundaciones, la reducción en el potencial productivo de los suelos e impactos negativos en la biodiversidad.

Por otra parte, en el tema del presupuesto en los últimos años, se habían dado pasos incipientes para corregir asimetrías en el sector, reflejando en el presupuesto de 1997 se establecieron los principales programas Prodefort, Prodeplan, Pronare y se inició el Prosimap, con recursos del Banco Mundial. Estos recursos poco a poco fueron incrementándose, sin embargo, actualmente estamos presenciando otra vez una caída en el presupuesto del sector.

La propuesta que hoy hacemos, responde a las demandas de organizaciones forestales de alcance nacional, como la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, la Unión de Organizaciones en Forestería Comunal, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, los Productores Forestales y Agropecuarios de la República Mexicana y la Unión de Ejidos Forestales de Tamaulipas, entre muchas otras.

Por todo ello compañeras y compañeros diputados, pido su apoyo para la creación de esta comisión especial. Por lo que someto ante esta honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se crea la Comisión Especial para el Desarrollo Forestal, cuyo objetivo será contribuir al impulso y fortalecimiento del desarrollo sustentable de los recursos forestales mediante acciones legislativas que brinden y apoyen la conservación, protección, restauración, fomento y producción, para el bienestar de la sociedad mexicana.

En este acto entrego a la Secretaría para su publicación el punto de acuerdo, así como las firmas de las señoras y señores diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional.

Es cuanto, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el Desarrollo Forestal de la Cámara de Diputados.

Honorable Mesa Directiva; diputadas y diputados.--- Presentes.

Muy buenas tardes:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numeral 2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, acudo ante esta tribuna a proponer un punto de acuerdo de suma importancia para nuestro país y es el relativo a la creación de una Comisión Especial para el Desarrollo Forestal en la Cámara de Diputados.

Las zonas forestales representan un activo importante para el desarrollo de nuestra nación, las actividades forestales son fuente potencial de empleos a través de la silvicultura y las manufacturas; su papel es esencial en la disposición de agua limpia y la reducción de riesgos por sequía, inundaciones y avalanchas.

Los bosques y selvas en el país cubren más de 55 millones de hectáreas, de las cuales el 80% de la superficie forestal es propiedad ejidal y comunal y el 15% propiedad privada y del Estado.

De la superficie total de bosques con que cuenta el país, 22 millones de hectáreas tienen potencial comercial.

Además en las zonas áridas se concentra el 32% de la producción nacional de recursos forestales no maderables.

México tiene una gran diversidad genética; considerada entre las mayores del mundo, lo que es una ventaja comparativa de gran valor, pero no se ha podido aprovechar al máximo. El desarrollo de este potencial serviría como una fuente importante de ingresos para el sector forestal.

La industria forestal es una fuente importante de empleo e ingreso en las zonas rurales y su potencial está lejos de ser aprovechado plenamente.

Sin embargo, en este sector se presentan de manera alarmante problemas sociales, económicos y de carácter ambiental que nos obligan a prestar especial atención a este sector, entre estos problemas podemos mencionar los siguientes:

Primero: En las zonas forestales de México viven 12 millones de personas, que son los más pobres, los más pobres de los pobres. La mayor parte de esta población está integrada por pueblos indígenas cuya supervivencia depende de la conservación y el buen aprovechamiento de sus bosques.

Segundo: El consumo de productos forestales en México asciende a 17 millones de metros cúbicos de los cuáles solo se aprovechan legalmente nueve por lo que la diferencia proviene evidentemente de la tala clandestina

Uno de los problemas principales del manejo forestal en México consiste en que de las 22 millones de hectáreas que tienen potencial para producción comercial maderable, solo 9 millones de hectáreas, están bajo manejo lo que representa el 15% de la superficie total arbolada de 53 millones de hectáreas.

El Gobierno Federal ha declarado que los recursos forestales son un asunto de seguridad nacional.

Y como no va a ser un asunto de seguridad nacional si en nuestro país tenemos 100 zonas críticas en 22 estados y 500 municipios.

Como no va a ser un asunto de seguridad nacional si en nuestro país el Gobierno Federal ha declarado 9 zonas de ingobernabilidad en 11 estados y 89 municipios.

Y decimos ingobernabilidad, por que sin la fuerza pública no es posible que la autoridad llegue a poner orden.

Estas zonas declaradas ingobernables se ubican en los pulmones forestales más importantes de nuestro país como son:

La zona Taraumara de Chihuahua;

La región de la Monarca en Michoacán y estado de México;

La región de Ocotán en Durango;

El corredor Ixtapopi de los estados de México y Puebla;

El corredor biológico Ajusco Chichinautzin, ubicado en el Distrito Federal, estados de México y Morelos;

Coyuca de Catalán en Guerrero;

Los Chimalapas en Oaxaca y Chiapas;

Uxpanapa en Veracruz y Oaxaca; y

Montes Azules en Chiapas.

Todas estas, zonas de ingobernabilidad ubicadas en toda la geografía del país.

Sin embargo, es importante mencionar en la mayoría de los casos no son las comunidades forestales quienes avasallan los bosques, son verdaderas bandas organizadas y armadas quienes en las mayorías de las veces tienen su centro de operaciones en algunas ciudades, y son estas bandas organizadas quienes saquean los productos forestales.

Es nuestra obligación poner un alto a esto, es cierto que no es un asunto sencillo, pero debemos iniciar ahora y noso-tros los diputados tenemos una enorme responsabilidad en este tema.

Tercero: la constante degradación de los recursos forestales, que hoy es uno de los problemas centrales del país, y que está declarado como tema de seguridad nacional, se vincula con políticas y prácticas que han representado una fuerte presión sobre los recursos forestales que, en la mayoría de los casos, han llevado a su sobreexplotación como ya lo he señalado.

Se estima qué existe una superficie forestal degradada cercana a los 30 millones de hectáreas, resultado de los procesos de deforestación. Sin embargo, estas tierras tienen un potencial productivo que puede ser recuperado y aprovechado.

Cuarto: Aunado a esto una de las causas más importantes de la deforestación y degradación se encuentra en la política agropecuaria que fomenta actividades agrícolas y ganaderas extensivas en áreas de aptitud forestal, sin que haya suficientes incentivos e inversiones para ello, el resultado de las perdidas de estos recursos son la: deforestación y degradación de los ecosistemas, la erosión, el asolve de lagos y ríos, la disminución en la captación de agua y recarga de mantos acuíferos, las inundaciones, la reducción en el potencial productivo de los suelos e impactos negativos en la biodiversidad.

En el sector forestal es necesario el incremento y fortalecimiento de los pagos por servicios ambientales y el fortalecimiento del sector forestal a través de la aprobación de un incremento en el presupuesto para este sector.

Por otra parte, en el tema del presupuesto, en los últimos años se habían dado pasos incipientes para corregir la asimetría de atención al sector, reflejada en el Presupuesto, a partir de 1997 se establecieron los principales programas forestales: el Prodefor, Prodeplan y Pronare; y se inició el Procymaf con recursos del Banco Mundial. Estos recursos poco a poco se fueron incrementando, sin embargo, actualmente estamos presenciando otra vez una caída al presupuesto y financiamiento al sector forestal.

En el 2003 se alcanzó una cifra de 1,570 millones de pesos, monto que equivale al 0.45% del presupuesto total asignado a los demás ramos administrativos, no obstante esta cifra representa una disminución en 1.2% del presupuesto con respecto al año anterior.

Para un sector con gran potencial y que además brinda una importante cantidad de servicios ambientales, la asignación de menos del 1% del presupuesto total y de un 2.6% del presupuesto al sector primario, deja en evidencia la importancia que le damos al asunto.

Elogiamos el trabajo realizado por el Congreso en materia de legislación forestal; sin embargo, también observamos que existen serias lagunas legales y existe sobrerregulación de ordenamientos contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Reglamento de Impacto Ambiental, la Ley General de Vida Silvestre, y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que dificultan el desarrollo y control de la actividad forestal y en varios aspectos se da la duplicidad y por consiguiente confusión en la aplicación de estos ordenamientos jurídicos.

Por todo lo anterior, esta Comisión para el Desarrollo Forestal que se propone deberá a través de su trabajo diario, promover la vinculación de la normatividad eminentemente forestal con las leyes de carácter fiscal e impositivo y de aquellas que tienen qué ver con el financiamiento para este sector. Y fortalecer a los ejidos y comunidades, que poseen el 80% de la superficie forestal del país.

La propuesta que hacemos responde a las demandas de organizaciones forestales de alcance nacional como la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, la Unión de Organizaciones de Forestería Comunal, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, los Productores Forestales y Agropecuarios de la Republica Mexicana y la Unión de Ejidos Forestales de Tamaulipas, entre muchas otras y atiende la evidente realidad de este sector.

Es por todo esto compañeros diputados que pido su apoyo para la creación de esta comisión por lo que someto ante todos ustedes los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para el Desarrollo Forestal, cuyo objeto será contribuir al impulso y fortalecimiento del desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales mediante acciones legislativas que brinden apoyo a la conservación, protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad, con base en la opinión, e injerencia en las políticas, instituciones y en la propia legislación.

Segundo. La comisión se auxiliará para el desarrollo de sus trabajos en las instancias especializadas de la H. Cámara de Diputados; solicitará el apoyo de las instituciones pertinentes del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos de las entidades federativas; y promoverá la vinculación institucional, sistemática y permanente de esta H. Cámara de Diputados, con instituciones nacionales de educación superior; centros de investigación y expertos.

Tercero. La Comisión Especial para el Desarrollo Forestal, trabajará coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de manera especial con la Comisión Nacional Forestal con el fin de apoyar las reformas legislativas necesarias para dar continuidad a los trabajos de estas dependencias.

Muchas gracias.

Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 23 de octubre de 2003.--- Diputados: Israel Tentory García, Pascual Sigala, Víctor Suárez, Marcela González Salas, Rosario Herrera A., Cristina Portillo, Enrique Torres Cuadros, Abdallán Guzmán, Carlos Silva, Antonio Mejía Haro, Irma Figueroa Romero, Lázaro Arias Martínez, Margarito Fierro T., Zeferino Torreblanca, Yadira Serrano, Elba Garfias, Juan García Costilla, Eliana García, Gilberto Ensástiga, Horacio Martínez, Agustín Rodríguez Fuentes, Juan José García Ochoa, Nancy Cárdenas, Angélica Díaz del Campo, José Luis Cabrera, Pablo Franco Hernández, Rocío Sánchez Pérez, Minerva Hernández Ramos, Rosa María Avilés, Edgar Torres B., Dolores Gutiérrez Zurita, José Luis Naranjo, Clara M. Brugada, Marcela Lagarde, Eduardo Espinoza Pérez, César Chávez Castillo, Marcelo Herrera Herbert, Emilio Zabadúa, Luis Medina Lizalde, Guillermo Huizar, Iván García S., Dolores Padierna, Guadalupe Morales, Susana Manzanares.»

«Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Formatales, A.C.

Diputado Pascual Sigala Páez.

Distinguido legislador:

Hago referencia al ``Foro de Discusión y Análisis del Proyecto de Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable'' realizado el pasado 10 de octubre del año en curso en el Palacio Legislativo de San Lázaro y que fue presidido por usted.

En dicho foro entre otras propuestas se planteó por los asistentes la posibilidad de que en la presente legislatura se conformara una comisión especial sobre el ámbito forestal.

Al respecto, nuestra organización retoma dicha propuesta y de manera respetuosa le solicitamos que de no existir inconveniente por su conducto se pudiera plantear al pleno de esa H. Cámara de Diputados la conformación de una comisión legislativa especial para el tema forestal, lo anterior permitirá que en el ámbito legislativo se aborde con la atención que merece la problemática forestal de nuestro país, la cual se ha venido agrandando en los últimos años por el ingreso indiscriminado de productos forestales de bajo precio provenientes de distintos países y de los que no se conocen las condiciones de impacto ambiental y sustentabilidad en la que fueron generados y que están deformando de manera dramática el mercado interno mexicano.

Esta problemática reciente viene a sumarse a los problemas añejos que tenemos en materia de pérdida de cobertura forestal, marginación social y de baja productividad en las regiones forestales.

Sin otro particular le reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 22 de octubre de 2003.--- Gustavo Sánchez Valle, Presidente del Consejo Directivo de Red Mocaf.»

«Unión de Ejidos Forestales de Tamaulipas.

C. Ing. Pascual Sigala Páez, diputado federal.--- México, DF.--- Presente:

Por medio del presente nos dirigimos a usted para solicitar su intervención y por su conducto se gestione una comisión especial para la atención al sector forestal, esto derivado de los diferentes foros de discusión de la Ley General y su Reglamento, como es el caso del foro celebrado el día 10 de octubre del presente año en la Cámara de Diputados sobre el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Esto con el fin de recibir, atender y solucionar de manera puntual la problemática del sector forestal en México.

No dudando de su disposición para la presente, a nombre de mis compañeros le enviamos un afectuoso saludo y una felicitación por su trabajo en dicha Cámara.

Atentamente.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 21 de octubre de 2003.--- Lic. José Manuel Ríos Grimaldo, Presidente de Unión de Ejidos Forestales de Tamaulipas.»

«Productores Forestales y Agropecuarios de la República Mexicana, AC, Profoagremex

Diputado federal Pascual Sigala Páez, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural.

Estimado diputado Sigala Páez:

Los productores forestales estamos preocupados por la situación que estamos viviendo en relación con la actividad forestal, que al parecer es una actividad perseguida, ampliamente restringida y duramente sancionada, por lo que agradeceremos cualquier tipo de gestión que pueda hacer a través de la comisión en la que usted colabora y en la cual confiamos plenamente para mejorar, principalmente el marco legal forestal, con todas sus leyes, reglamentos y normas además de la iniciativa de la propuesta de reglamento en donde se le quieren asignar funciones de la secretaría y autoridad a estados y municipios.

Agradecemos la invitación que nos hizo para participar en la reunión del día 10 del presente en la cual nos dimos cuenta de que los asistentes y los diputados presentes tienen la convicción y el interés de mejorar las condiciones de vida de los productores forestales y como consecuencia del medio ambiente y los recursos naturales.

Por lo anterior hacemos la atenta solicitud de que por su conducto se presente al pleno nuestra solicitud, de formar una comisión legislativa especial, para atender la problemática y los temas del sector forestal, con la intención de concientizar a funcionarios y autoridades para regular la indiscriminada importación de productos forestales a la vez que haya una desregulación y mejores incentivos a la actividad forestal para que nuestro país sea competitivo en materia forestal a nivel mundial.

En espera de sus comentarios al respecto los productores forestales le enviamos un afectuoso saludo.

Atentamente.

Miércoles 22 de octubre de 2003.--- Ing. Alfonso Alvarez Delucio, Presidente de Profoagremex.»

«Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC.

Diputado Pascual Sigala Páez, Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Rural.--- H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por medio de la presente quisiera felicitar la disposición e interés que ha tenido para trabajar los temas forestales en conjunto con las organizaciones de productores y de la sociedad civil. El trabajo realizado el pasado 10 de octubre de 2003 en el ``Foro de Discusión y Análisis del Proyecto de Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable'' fue un evento de gran utilidad y un primer paso para fortalecer este escenario de colaboración.

Para seguir avanzando en esta línea, me permito solicitar a usted atentamente la creación de una comisión especial forestal. Como es de su conocimiento el sector forestal está transitando actualmente por una situación de extrema dificultad. Los niveles de producción han descendido a niveles de hace seis años, el empleo se encuentra estancado y el déficit en la balanza comercial ha alcanzado en los últimos tres años, los mil millones de dólares.

Una comisión especial forestal, es importante para impulsar el trabajo que sobre el tema se necesita hacer en esta próxima legislatura. Uno de los temas cruciales que debería atender esta comisión serían las consecuencias del libre comercio sobre el sector forestal. Para el año 2004 se habrán eliminado completamente los aranceles entre México y la mayor región productora de insumos forestales en el mundo que es EUA y Canadá. Las consecuencias sociales, ambientales y económicas de esto deben estar bien documentadas y plenamente reconocidas en el pleno de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento le mando un saludo afectuoso.

México, DF, a 22 de octubre de 2003.--- Msc. Lorena Ibargüen, Coordinadora de Política Pública.»

«Unión Nacional de Organizaciones de Forestaría Comunal AC.

Diputado Federal Pascual Sigala Páez, Secretario de la Comisión de Desarrollo Rural.--- Presente.

Estimado diputado:

La forestería comunal es una actividad forestal comprometida con el manejo y aprovechamiento racional de los bosques, con la transformación y comercialización de los productos que de ellos se obtienen, con la conservación de la naturaleza y con la distribución justa de los beneficios de la riqueza del bosque entre las familias propietarias. Para que esto sea posible es necesario llevar a cabo un manejo patrimonial del bosque que asegure la conservación de los recursos para las generaciones venideras.

El deterioro ambiental del México rural y sus regiones forestales es producto de los cambios desordenados en el uso del suelo y del manejo inadecuado de los bosques.

Este deterioro tiene altos costos para la estabilidad de la economía comunal, para la economía nacional y para la población en general.

Cabe señalar que los bosques fueron declarados Asunto de Seguridad Nacional, en relación a lo anterior y lo expuesto en el Foro de Discusión y Análisis del Proyecto de Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentables celebrado el 10 de octubre de los corrientes en las instalaciones de la Cámara de Diputados, consideramos y proponemos para que a través de su conducto se fortalezca el sector forestal, sin duda su fortalecimiento será posible a través del Congreso, por lo que proponemos sea considerado dentro de la actual legislatura la creación de una comisión especial forestal, con la intención y finalidad de atender con precisión y oportunidad la eterna demanda de los auténticos y legítimos productores silvícolas dueños de los bosques, selvas y zonas Aridas de nuestro glorioso país.

Por su atención a la presente, queda de usted.

Atentamente.

México DF, a 8 de octubre de 2003.--- Ingeniero Luis Roberto Peinado Valles, Secretario Técnico y Consejero.»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El siguiente punto del orden del día consiste en un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente, ha sido retirado por sus promoventes.

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PERSPECTIVA DE GENERO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para que titular del Poder Ejecutivo Federal, incorpore la perspectiva de género en la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Una de las demandas reiteradas en materia de equidad de género ha sido la necesidad de establecer políticas públicas tendientes a eliminar la discriminación de las mujeres e igualar las oportunidades de desarrollo para unas y otros.

Este tema ha cobrado mayor relevancia en el marco de la conmemoración del aniversario número 50 del derecho del voto de las mujeres.

Si bien es cierto que las agendas sobre género incluyen otros asuntos cruciales para superar la discriminación sexual, también es verdad que, por la cantidad de recursos que los gobiernos ejercen mediante sus políticas públicas, éstas son el elemento central para transformar las condiciones de desigualdad.

A pesar de que no existe ningún país en el mundo que ofrezca un trato similar a sus mujeres y sus hombres, resulta profundamente aleccionador reconocer que en la mayoría de las naciones desarrolladas se han impuesto medidas estructurales para cerrar la brecha de la discriminación de las mujeres.

Desafortunadamente, en México prevalece el mito de que los presupuestos son neutrales y que benefician por igual a las personas independientemente de su sexo; no obstante, hay suficientes datos que revelan que el ejercicio presupuestal vigente reproduce la discriminación y no es útil para revertir la deuda histórica que el país tiene para con las mujeres.

El propio Plan Nacional de Desarrollo ofrece un diagnóstico de los problemas que enfrentan las mujeres en el terreno de la educación, el empleo y la violencia; asimismo, plantea los beneficios sociales que se producen cuando las mujeres reciben educación, oportunidades de empleo y una vida sin agresiones.

El plan, por ejemplo, valora que ``la creciente escolaridad de las mujeres tiene consecuencias sociales importantes en el control de la fecundidad, embarazos adolescentes, favorece la defensa de los derechos humanos, sociales, políticos y económicos''.

Por otro lado, los presupuestos sensibles al género reflejan los compromisos que cada gobierno asume frente a las limitaciones de género y existe consenso en cuanto a la urgencia de estrechar la brecha de la desigualdad, construir la ciudadanía plena de las mujeres y hacerlas visibles en espacio público.

En México, pese a las ratificaciones que se han hecho a los instrumentos internacionales para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, observamos que la condición de las mujeres es aún de desventaja.

Por lo anterior, estamos frente a la posibilidad de conmemorar con una participación memorable, el aniversario número 50 del derecho del voto de las mujeres.

Estamos ciertos de que sólo mediante la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto público puede saberse con precisión a quién se dirige cada acción gubernamental, el sexo y grupo de edad de las personas beneficiadas y el monto asignado.

La decisión de incluir transversalmente la perspectiva de género en las políticas, planes y programas nacionales es la estrategia más recomendable para lograr que los presupuestos públicos promuevan beneficios equitativos.

En nuestro país, sólo el gobierno del estado de Oaxaca ha promovido una instrumentación de este tipo con resultados favorables; la experiencia fue dirigida por la ex diputada federal perredista Norma Reyes Terán, actual directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña.

Es claro que estas medidas no son lo único que puede hacerse pero, al igual que la institucionalización de género en la política fiscal, constituiría una iniciativa inédita entre los países de América Latina y de otras latitudes.

La clave para iniciar este proceso de cambio es y será la voluntad política de quienes tenemos responsabilidades públicas; así como en Oaxaca el titular del Poder Ejecutivo, licenciado José Murat, favoreció la iniciativa de su Instituto de la Mujer, esta soberanía se encuentra frente a la oportunidad de impulsar cambios sustanciales en el mismo orden.

Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. El H. Congreso de la Unión solicita al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación de la perspectiva de género en la formulación del presupuesto público.

Ruego a usted, señor Presidente, turnar la presente propuesta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2003.--- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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READAPTACION SOCIAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, para que se apliquen los programas necesarios con la finalidad de que los reos realicen trabajos a favor de la comunidad.

El diputado Alejandro Agundis Arias:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Seguridad Pública la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El gobierno mexicano gasta en manutención por cada recluso el equivalente a $11.86 diarios del erario público.

Sostener a más de 20 mil delincuentes que ocupan un lugar en las cárceles, tan sólo en la Ciudad de México, tiene un costo diario de 120 pesos por interno.

Si tomamos en cuenta que el sistema penitenciario mexicano está integrado por un total de 447 centros penitenciarios en la República y casi todos padecen sobrepoblación, tendremos que la operación de los centros penitenciarios será eventualmente incosteable.

Ese fenómeno es producto del crecimiento del índice delictivo y de la incapacidad de las autoridades para prevenir el delito. La práctica del endurecimiento de las penas, que ha sido vista como una respuesta al problema, ha generado la sobrepoblación preventiva y penitenciaria, el aumento de corrupción y el crecimiento de prisiones de alta seguridad.

Una de las razones principales de ser del sistema penitenciario del país, mediante la privación de la libertad de quienes son sentenciados, estriba en la readaptación social. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 18, inciso B:

Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente...

Infortunadamente, las medidas sustitutivas de la pena privativa de la libertad, como la condena condicional, la caución, el perdón, la represión, la amonestación, la reclusión domiciliaria, la condena de fin de semana, la detención nocturna, el trabajo obligatorio sin detención, retención del jornal o interdicción de profesión y de residencia, consideradas en el Código Penal, han tenido una aplicación muy escasa o nula.

El artículo 27 del Código Penal Federal, Libro Primero, Título Segundo, habla de la semilibertad, que implica alternación de periodos de privación de la libertad y tratamiento en libertad y del trabajo en favor de la comunidad, que consiste en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones educativas públicas o de asistencia social o en instituciones asistenciales privadas; todo esto, con sus respectivas restricciones.

El trabajo en favor de la comunidad puede ser pena autónoma o sustitutivo de la prisión o de la multa. Y en el artículo 70, Libro Primero, Título Tercero, Capítulo VI, del Código Penal Federal, se menciona:

La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52, en los términos siguientes:

I. Por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años;

II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres años; o

III. Por multa, si la prisión no excede de dos años.

La sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio. Tampoco se aplicará a quien sea condenado por algún delito de los señalados en la fracción I del artículo 85 de este código.

Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se turne a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Secretaría de Seguridad Pública cumpla su obligación1 de establecer los programas necesarios ante las instituciones educativas públicas, de asistencia social y privadas asistenciales para que un mayor número de reos obtenga el beneficio establecido en los artículos 27 y 70 del Código Penal Federal; y se aplique el trabajo en favor de la comunidad de manera eficiente, como el citado ordenamiento indica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de octubre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

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ESTADO DE JALISCO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, investigue la detención de indígenas del estado de Hidalgo, en el parque Rubén Darío, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco y pugne porque se les respeten sus garantías individuales.

El diputado Quintín Vázquez García:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Vengo a esta tribuna a presentar esta proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, investigue la detención de indígenas en el parque Rubén Darío, de la ciudad de Guadalajara y pugne porque se respeten sus garantías individuales, bajo los siguientes

Antecedentes

Grave repercusión se manifiesta por la injusta acción de la policía tapatía al detener a más de treinta indígenas del estado de Hidalgo por visitar el parque Rubén Darío de la ciudad de Guadalajara.

Qué injusticia se viene cometiendo al tratar con desigualdad a trabajadoras domésticas que buscan el día de descanso para convivir con sus coterráneos en un parque público de una colonia de la alta sociedad.

¿Qué acaso esos lugares están prohibidos para el esparcimiento de las familias, qué acaso por su condición humilde deben aceptar los ataques y detenciones de una policía que recibe órdenes de sus superiores y que un presidente municipal insensible dicta?

Grave actuación, en pleno siglo XXI, que deja entrever la falta de sentido social de la autoridad panista y que, lejos de resguardar las garantías individuales que merecen nuestros hermanos indígenas, son sujetos de acoso únicamente por visitar un parque dentro de una colonia residencial de Guadalajara.

¿Qué existe detrás de todos estos hechos?

Recordemos, compañeros y compañeras legisladores, que la condición social y económica no es elemento para determinar las acciones de las autoridades y si no alteran el orden social, no tienen por qué ser perseguidos y encarcelados

¿A quién debemos creer?

¿Al supervisor general de la policía de Guadalajara, quien justifica la detención de los indígenas procedentes del estado de Hidalgo porque supuestamente fueron sorprendidos por los elementos policiacos cuando tomaban bebidas alcohólicas?

¿O a los propios trabajadores y trabajadoras que manifiestan que concurren al parque para verse con sus familiares y a convivir sanamente en su día de descanso?

Recordemos que el supervisor general de la policía de Guadalajara fue suspendido 30 días por una gran falta que no ameritaba una sanción administrativa sino la consignación al Ministerio Público en virtud de la detención ilegal contra un ciudadano y que fue señalado como el actor principal.

Quién tendrá más credibilidad, me vuelvo a preguntar.

No es posible que acciones de esta naturaleza pasen desapercibidas.

Es urgente tomar cartas en el asunto e investigar ampliamente y con transparencia lo sucedido en contra de quienes buscan un lugar para encontrarse con sus familias y hermanos indígenas.

Espero que el presidente municipal de Guadalajara corrija esas actitudes, que demuestre respeto a sus semejantes, que vuelva a la sensibilidad social y a la cordura en su toma de decisiones.

Que otorgue el respeto que se merecen todos y todas quienes buscan un lugar para su encuentro y que lo hacen en un parque público, independientemente que se ubique en una zona residencial.

Que las voces en apoyo de los ofendidos se escuchen, como es el caso del vocal presidente de la Junta Local del IFE, quien reprobó ``que se violenten las garantías individuales de las trabajadoras domésticas y personal de servicio, a quienes se detiene por el solo hecho de ser indígenas y de pasear en el parque Rubén Darío, en la colonia Providencia''.

O como la directora del Instituto de las Mujeres en Jalisco, quien comentó: ``me parece que las autoridades deben tener muy claro que de ninguna manera pueden atender esas quejas ciudadanas. Decían que porque estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y creo que no ha habido algún caso comprobado. Las quejas de los vecinos son porque se habían adueñado de su parque, ¿quién se los escrituró?'', enfatizó la directora.

Ante las versiones establecidas y comentadas anteriormente me permito someter a la consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que investigue el asunto de discriminación racial que vienen sufriendo indígenas del estado de Hidalgo por el uso del parque Rubén Darío, ubicado en la colonia Providencia de la cuidad de Guadalajara, por parte de la policía municipal, así como del presidente municipal.

Señor Presidente, por ser un asunto que viola flagrantemente las garantías individuales de los afectados, así como sus derechos humanos, solicito a usted, con base en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sea considerado como de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo, a 23 de octubre de 2003.--- Diputados: Quintín Vázquez García (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carvajal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona, (rúbrica), Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (rúbrica), David Hernández Pérez, Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán (rúbrica), María Esther Scherman Leaño (rúbrica), José Gracia Ortiz (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Miguel Osorio Chong (rúbrica), Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), Oscar Bitar Hadad (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Roberto Pedraza Martínez (rúbrica), Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica), Jorge Romero Romero (rúbrica).»

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No obstante, señoras y señores legisladores, que el diputado que acaba de hacer uso de la palabra solicita que demos trámite en los términos de los artículos 59 y 60 como de asunto de urgente y obvia resolución, no quedaron satisfechos los requisitos del acuerdo parlamentario para los asuntos de urgente y obvia resolución y por lo tanto se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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TARIFAS ELECTRICAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se modifique el turno que dio la Presidencia de la Mesa Directiva el 14 de abril del año 2003 a la minuta que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma y adiciona la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

El diputado Pedro Avila Nevárez:

``En la industria eléctrica nacionalizada ni un paso atrás'': Adolfo López Mateos.

Con su permiso, señor Presidente:

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se detiene el reloj, por favor.

El diputado Pedro Avila Nevárez:

Con permiso de la Presidencia:

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante señor diputado.

El diputado Pedro Avila Nevárez:

El suscrito, diputado Pedro Avila Nevárez, del distrito número 5 del estado de Durango, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de que la minuta que enviara el Senado de la República y que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como la fracción I del artículo 3º de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, sea turnada exclusivamente a la Comisión de Energía, para que emita su respectivo dictamen.

Consideraciones

El pasado 10 de abril el Senado de la República aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de ordenamientos relacionados con el cobro de tarifas de energía eléctrica para uso doméstico. Las reformas en sí tienen como propósito el establecer con toda claridad y transparencia los criterios que se utilizan por diversas dependencias del Poder Ejecutivo Federal, para el cobro de tarifas de electricidad, limitando la facultad discrecional en el esquema de cobro y que ha propiciado el incremento inmoderado sostenido, afectando con ello a millones y millones de mexicanos que no cuentan con los recursos ni para alimentarse ni para vestirse y menos para pagar los altos cobros de energía eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad hace en toda la República Mexicana.

Estas reformas y adiciones conllevan a un nuevo sistema tarifario que simplifique y reduzca la compleja fórmula hasta ahora aplicada por los parámetros que contempla la reforma en lo referente a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que antepone el uso del criterio índice de calor para sustituirlo por la división de temperatura media en verano, lo que implica tomar en cuenta la evolución de los costos económicos de generación, transmisión y distribución pero, sobre todo, el criterio de la evolución de la economía familiar de los mexicanos combinándolo con la temporada de verano de aquellas regiones consideradas de clima extremo, lo que significa que el cobro de las tarifas estará más apegado a la realidad, de acuerdo al clima de cada región y no como ahora sucede, en el que hay una tasación general y que por supuesto no considera la capacidad económica de millones de mexicanos pobres a los que se está explotando inicuamente con estas tarifas que no van con la realidad de nuestro México. Las bondades de estas adiciones y reformas son eventos de justicia social pues en ellas se encuentran las aspiraciones y deseos de millones de mexicanos pobres que no cuentan con la capacidad de pago suficiente para enfrentar los altos costos de la energía eléctrica, que por su propia naturaleza se ha convertido en un servicio de primera necesidad y que el gran mexiquense Adolfo López Mateos nos dejara como herencia a todos los mexicanos.

Por lo anterior, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se modifique el turno que dio la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de fecha 14 de abril del 2003 para que conozca exclusivamente la Comisión de Energía en virtud de que se trata de un asunto de la mayor trascendencia para la economía de muchos mexicanos que día a día enfrenta la disyuntiva de comer o pagar la luz.

Segundo. Una vez turnada dicha minuta a la Comisión de Energía, se excite a dicha comisión para que a la mayor brevedad posible emita el dictamen respectivo.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que se modifique el turno que la Presidencia de la Mesa Directiva dio, el 14 de abril último, a la minuta que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que reforma y adiciona la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, presentada por el diputado Pedro Avila Nevarez, del grupo parlamentario del PRI.

El suscrito diputado, Pedro Avila Nevárez, electo en el distrito número quinto del estado de Durango, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, a efecto de que la minuta que enviara el Senado de la República y que reforma y adiciona la fracción décima del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como la fracción primera del artículo tercero de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía sea turnada exclusivamente a la Comisión de Energía para que emita su respectivo dictamen.

Consideraciones

El pasado 10 de abril, el Senado de la República aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones y ordenamientos relacionados con el cobro de tarifas de energía eléctrica para uso doméstico.

Las reformas en sí tienen como propósito establecer con toda claridad y transparencia los criterios que diversas dependencias del Poder Ejecutivo federal utilizan para el cobro de tarifas de electricidad, lo cual limita la facultad discrecional en el esquema de cobro y ha propiciado el incremento sostenido, afectando con ello a millones de mexicanos que no cuentan con recursos ni para alimentarse o vestir.

Esas reformas y adiciones conllevan a un nuevo sistema tarifario que simplifique y reduzca la compleja fórmula hasta ahora aplicada. Con los parámetros que considera la reforma en cuanto a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se antepone el uso del criterio índice de calor para sustituirlo por la medición de temperatura media en verano, lo cual implica tomar en cuenta la evolución de los costos económicos de generación, transmisión y distribución, pero sobre todo el criterio de la evolución de la economía familiar de los mexicanos, combinándolo con la temporada de verano de las regiones consideradas de clima extremo.

Lo anterior significa que el cobro de las tarifas estará más acorde con la realidad según el clima de cada región y no como ahora sucede: hay una tasación general que, por supuesto, no considera la capacidad económica de millones de mexicanos pobres.

Las bondades de esas adiciones y reformas son eventos de justicia social, pues en ellas se encuentran las aspiraciones y los deseos de millones de mexicanos que no cuentan con la capacidad de pago suficiente para enfrentar los altos costos de la energía eléctrica, que -por su naturaleza- se ha convertido en un servicio de primera necesidad.

Por lo anterior, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se modifique el turno que la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara dio, el 14 de abril de 2003, para que conozca exclusivamente la Comisión de Energía, en virtud de que se trata de un asunto de la mayor trascendencia para la economía de muchos mexicanos que día tras día enfrentan la disyuntiva de comer o pagar la luz.

Segundo. Una vez turnada dicha minuta a la Comisión de Energía, se excite a ésta para que -con la mayor brevedad- emita el dictamen respectivo.

México, DF, a 23 de octubre de 2003.--- Dip. Pedro Avila Nevárez (rúbrica)»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Remítase a la Mesa Directiva.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el diputado don Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Sí, señor Presidente.

«A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Excitativa presentada por el diputado Marcelo Herrera Herbert del grupo parlamentario del PRD en la sesión del jueves 23 de octubre de 2003.

Durante la sesión ordinaria del día 8 de abril del presente año, se presentó ante el Pleno de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados la iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para reformar el artículo 49, numeral 3, con la finalidad de crear el centro de análisis agropecuarios y desarrollo rural sustentable, presentada por grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el documento tiene como objetivo principal establecer un órgano técnico para asegurar que la Cámara tenga personal de apoyo especializado para utilizar la información con efectividad al analizar las políticas del campo, al igual que las iniciativas vinculadas con el desarrollo rural.

El motivo principal que impulsa esta iniciativa es sentar las bases para la evaluación y estudio de la leyes agrarias, que funcione como guía, que retroalimente, rectifique y promueva el desarrollo de estrategias que impacten efectivamente en la calidad de las labores del campo mexicano. Esta pretensión es totalmente indispensable en México, en virtud de que el proceso de construcción de mecanismos institucionales nacionales que atiendan acciones sistemáticas y periódicas en la evaluación de las políticas agrarias se encuentra en crisis permanente.

La cuestión agraria ha sido y es trabajo vital para los campesinos y tarea inconclusa para el Gobierno Federal. Destaca la preocupación de los campesinos, hasta el día de hoy, por la falta de apoyo y la poca sensibilidad de los gobernantes en los programas de impulso para el campo. Esta es una realidad tajante y decisiva para el futuro de las familias que viven de esta actividad. Los problemas se han incrementando constantemente sin que haya alguna institución pública o privada que detenga este conflicto, que en un futuro cercano podría ser de fatales consecuencias para México.

Los legisladores, con este tipo de apoyo técnico, deben encontrar mejores procesos a las acciones financieramente frágiles, burocratizadas y ayunas de soluciones integrales; la autoridad agrícola está impedida para afrontar, atender y resolver la gran cantidad de conflictos agrarios que, por su complejidad, reclaman un programa de acción integral, preciso, diverso, particularizado, profesionalmente manejado y presupuestamente suficiente, sin simulación en el procedimiento conciliatorio. De lo contrario, el Gobierno Federal sólo atinará a localizar desgracias y a lamentar resultados.

La iniciativa busca contribuir a que el cuerpo legislativo se fortalezca en el quehacer parlamentario y tenga -de manera resumida- cuatro espacios:

Primero: Buscar la creación del centro de análisis agropecuario y desarrollo rural sustentable;

Segundo: Se propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para modificar el artículo 49, numeral 3, a fin de dar la congruencia necesaria a la nueva normatividad del centro de análisis agropecuario y desarrollo rural sustentable;

Tercero: Buscar que el Poder Legislativo cuente con un órgano técnico que le permita garantizar mayor autonomía a las decisiones del sector agrario, y

Cuarto: Que el problema del campo debe ser replanteado para sacarlo del marasmo. Su enfoque tradicional ha llegado a su límite; debe actuar como un programa integral, con la participación de los tres niveles de gobierno, ampliando su contenido para la titulación de ejidatarios, pequeños propietarios, colonos, posesionarios, comuneros y dueños de solares urbanos, para impedir, de una vez por todas, que el fantasma de la inseguridad siga rondando el campo mexicano.

En virtud de que han transcurrido más de seis meses sin que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias haya iniciado su análisis, me permito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitar respetuosamente a la Presidencia de esta Cámara tenga a bien formular una excitativa a dicha comisión, a fin de que dictamine la iniciativa en comento.

Dip. Marcelo Herrera Herbert (rúbrica)»

Cumplida su encomienda señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Flexibilizando el reglamento en el 102, le concedo el uso de la palabra para hechos.

El diputado Iván García Solís:

Gracias, diputado Presidente. En este asunto presentado por mi compañero diputado, se pide una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por no haber dictaminado una iniciativa que fue presentada mucho tiempo atrás a otra comisión, a la comisión de la legislatura anterior.

Entiendo, comprendo la urgencia no sólo de mi compañero diputado sino de muchas y muchos diputados que justamente reclaman la lentitud, a veces la omisión de comisiones que no trabajan con rapidez y que no dictaminan en sus materias.

Este asunto es muy grave, forma parte de uno de los temas cardinales que esta legislatura debe abordar que es el enorme rezago legislativo que abarca a muchas comisiones; hace un momento se ha presentado una excitativa de esta naturaleza y que está conectada con esa vieja práctica de dejar que las iniciativas se presenten y nunca haya dictamen sobre ellas.

Esto tenemos que corregirlo y desde luego que nuestra comisión, la comisión que presido, está interesadísima como lo están todas y todos los diputados para que esto cambie pero entiendo que sería injusto, sería inconveniente reconvenir, si ése fuera el sentido, a esta comisión porque no ha dictado sobre un tema que la anterior legislatura dejó dormir, cuando que nosotros apenas tenemos una semana de haber instalado nuestra comisión.

Por tal motivo yo quiero hacer una muy atenta petición al Presidente para que en vez de obsequiar la excitativa que aquí se propone, se dirija a la comisión que presido, y si lo considera conveniente a otras también, con el fin de solicitarnos un informe de porqué la legislatura anterior no dictaminó la iniciativa que se comenta, así como muchas otras que constituyen un considerable rezago como lo hay en la mayoría de las comisiones y en ése sentido nosotros estamos anuentes y más que dispuestos a presentar ése informe en el término más breve posible.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Dígame señor diputado.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Sí, señor Presidente.

Primeramente quisiera que nos ayudase a clarificar, aquí a todo el pleno, cuál es el fundamento para permitir hechos en una excitativa. Primer punto. ¿Por qué? Porque se modifica la petición original.

El informe que menciona el compañero que pasó a hacer uso de la tribuna, nada tiene que ver con la petición de una excitativa que le corresponde la resolución a esta Presidencia. A fin de conducir los trabajos de esta Asamblea de la mejor manera posible, yo quisiera saber, vuelvo a repetir, cuál es el fundamento para en una excitativa señalar hechos.

Y número dos, que no se modifique la petición original en la cual esta Presidencia hará uso de esas atribuciones para excitar o no a la comisión en comento.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Señalé antes de conceder el uso de la palabra, que iba a flexibilizar el Reglamento porque implícitamente en la excitativa se estaba afectando la capacidad de trabajo de una comisión que recién ha sido instalada; por eso dije flexibilizando el Reglamento, lo hice por excepción y no será la regla señor diputado. Tiene razón usted en el fundamento del señalamiento.

Y no obstante que esté recién instalada la comisión, como se da la hipótesis del artículo 87, esta Presidencia de conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que emita el dictamen correspondiente, no señalándole más plazo que el que señala el Reglamento en el artículo 87.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día. Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación, con relación a la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 5 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del 11 de septiembre de 2003.

La que suscribe, en mi calidad de diputada federal de la LIX Legislatura de este H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dirijo a esta soberanía la presente excitativa en virtud de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 27 de agosto, dentro de los trabajos de la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura, fue presentado y aprobado un punto de acuerdo para integrar el principio de equidad entre los géneros, los criterios que deben observarse al momento de realizar la elección del consejero presidente y consejeros electorales para permitir una participación con mayor equidad en un órgano con tanta relevancia y firmeza política.

Derivado del punto de acuerdo mencionado, el pasado 11 de septiembre de 2003 se presentó ante este Pleno la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 5 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Dicha iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Gobernación, sin que hasta la fecha se haya presentado ante este Pleno el dictamen respectivo.

Aunado a lo anterior es menester considerar que el 31 de octubre del actual es la fecha límite para la renovación del Consejo Electoral, además de que se trata de una iniciativa basada en el consenso, cuyo objetivo ha sido manifiestamente aprobado por esta Cámara.

Por lo anterior, me permito solicitar sea girada esta excitativa toda vez que dada la proximidad de la renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, resulta por demás necesario proceder a la modificación propuesta para coordinar las estructuras gubernamentales a la normatividad internacional de la que México forma parte.

Por la antes expuesto, solicito a la C. Presidencia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se sirva:

Primero.- En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sea girada la excitativa pertinente a la Comisión de Gobernación para que presente al Pleno el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 5 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones Procedimientos Electorales, presentada en la sesión del 11 de septiembre de 2003.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días de octubre de 2003.--- Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Gobernación, para que emita el dictamen correspondiente dentro del plazo a que hace referencia el artículo 87 del Reglamento.

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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En el siguiente punto del orden del día, son comentarios respecto a las comparecencias de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el pleno y comisiones de la Cámara de Diputados.

Para ese efecto, tiene el uso de la palabra el señor diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente:

El día de ayer, la Comisión de Hacienda de esta Cámara recibió del subsecretario de Ingresos, otra variante de los planes del Ejecutivo en materia económica.

Convergencia considera que es fundamental que quienes integramos esta legislatura, modifiquemos radicalmente los mecanismos de trabajo de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Durante varias legislaturas han venido aceptando las inercias que propicia la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como ustedes recordarán los integrantes de legislaturas anteriores se han visto obligados a actuar con una visión cortoplacista, lo que ha conducido, no a pensar en soluciones de fondo, sino a tomar decisiones coyunturales que incidieron en su momento en la Ley de Ingresos y de Presupuesto y Gasto Público, cuyas iniciativas lo sabemos, están totalmente vinculadas.

Por ello, Convergencia sostiene que debemos ser los legisladores quienes establezcamos los criterios que deben contener estas iniciativas. No debemos discutir sólo acerca del presupuesto, sino sobre la manera en la que pretendemos financiar nuestro desarrollo y la forma en que deseamos que debe gravitar en la vida de los mexicanos para su beneficio.

Tampoco podemos entrar a discutirlo, acorralados por el tiempo y sobre todo por las circunstancias, menos aún cuando el planteamiento del Ejecutivo se basa en una lógica del ``todo o nada'' o aceptamos las reformas o no crecemos o hay reforma eléctrica o se acaba la energía o hay reforma laboral o no se crean empleos.

Además de fomentar la cultura del cortoplacismo, esto ha propiciado que el Estado mexicano haya transformado su rol en el desarrollo nacional, cediendo su iniciativa a cambio de una extraña fe en las fuerzas del mercado.

Por ello no extraña que la Secretaría de Hacienda se limite a jugar el papel de un contador eficiente que busca que los números cuadren, sin entender las implicaciones que eso tiene.

Ya no se ve al presupuesto como un instrumento de desa-rrollo, sino que se ha convertido en el recogedor de las asignaturas pendiente que el mercado no puede resolver o que resolvió mal.

Ahí están los rescates bancarios y carreteros; ayer monumentos ejemplares de privatizaciones realizadas con la promesa de que esto sería mejor para los contribuyentes y hoy, deudas monumentales que gravitarán por generaciones en todos los mexicanos.

Ahí están los programas asistencialistas, que buscan atender a quienes el mercado no atiende o incluso expulsa, porque para el mercado sólo existen los que tienen recursos para ingresar en él.

El balance de las cuentas públicas no debe ser un fin en sí mismo, la efectividad de la política fiscal debe juzgarse en la medida en que contribuya a los objetivos nacionales.

Sin desconocer que los tiempos fiscales nos obligan a resolver lo inmediato, nuestra propuesta es que en lugar de concentrarnos en la mera discusión sobre el presupuesto del próximo año, asumamos una perspectiva de mucha mayor amplitud, alcance y profundidad.

Es imprescindible, antes que trabajar sobre el Presupuesto de 2004, que acordemos los principios fundamentales sobre los cuales plantear una estrategia nacional. Discutir el IVA y todas sus posibles variantes sin saber qué queremos en lo general, es debatir sin contexto y por lo tanto, sin rumbo.

Si logramos un consenso respecto de esos principios fundamentales, será más fácil discutir alternativas y opciones; en cambio, si entramos a debatir sin entender qué es lo que deseamos alcanzar, seguiremos como hasta ahora: entrampados en el qué y acaso en el cómo, sin entender el para qué.

Por ello proponemos los siguientes principios:

1º. Ingreso, gasto y deuda pública deben considerarse de manera integral y ser proyectados con un horizonte de 3 años, con revisiones anuales. Esto permitiría fijar metas concretas para dichas variables, al considerar simultáneamente monto y destino del gasto público y la forma de su financiamiento, lo que daría al causante y al inversionista, un marco de certidumbre del cual hoy carece.

2º. A partir de lo anterior, la política fiscal debe servir para mitigar la tendencia excluyente de la economía del mercado, lo que implica que su carácter no sólo debe ser recaudatorio, sino también distributivo.

3º. La recaudación debe hacerse al menor costo para el país y su integración debe abarcar los costos en que incurre la Federación y los estados. Esto se logrará mediante reglas y procedimientos fiscales, si entendemos que la simplificación y la equidad son elementos más eficaces que el exceso de regulación y la vigilancia estrecha.

4º. Es indudable que se debe profundizar en el federalismo fiscal, pero sería prácticamente imposible hacerlo en las semanas que nos quedan y este tema debe considerarse como fundamental y debe incluir, desde luego, los esfuerzos de la recaudación local, así como el transparentar y rendir cuentas, tanto de los recursos federales como estatales, de los tres niveles de gobierno.

5º. La estrategia fiscal debe estimular la distribución del desarrollo a lo largo del territorio nacional.

6º. Por lo que se refiere al presupuesto, éste debe incluir exclusivamente los ingresos, gastos y deuda pública que corresponden solamente al sector central y que corren por cuenta del contribuyente. Esto permitiría darle a estas variables su justa dimensión y su verdadero significado.

Así, al sector paraestatal, entre otros beneficios, se le quitaría un pesado bagaje regulatorio que afecta su eficiencia y nos daría la posibilidad de tener una visión totalmente clara del sector paraestatal, principalmente por lo que se refiere al sector energético, concretamente a Pemex, a la Comisión Federal y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

7º. Al tener la correcta visión de lo que son los ingresos, gasto y deuda pública del sector central y por otra parte del sector paraestatal, estaríamos en condiciones de tener un diagnóstico preciso tanto del sector central como de cada una de las empresas del sector paraestatal, en el que podría-mos definir con toda claridad cuál sería su objetivo fundamental y su visión de largo alcance, de modo que realmente nos comprometamos a que se conviertan en empresas productivas, competitivas y con una visión social bajo la rectoría del Estado.

8º. El gasto público social debe ser expresado con claridad en términos absolutos y relativos, así como en sus objetivos, grados de prioridad y parámetros de medición para evaluar la eficacia de la acción pública y saber en qué medida trasciende en el nivel de vida de los mexicanos menos favorecidos, propósito que justifica este tipo de erogaciones.

9º. La estructuración del presupuesto debe responder a criterios modernos en los que se señalen con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar y la forma de medir los avances. No podemos seguir con presupuestos que son muy puntuales en el señalamiento de acciones, pero muy pobres en proponer la forma de evaluar los resultados.

10º. Los subsidios deben considerarse como parte de la estrategia fiscal, pero al igual que los egresos, deben estar claramente justificados, cuantificados y regulados en términos de su vigencia. Entendamos que los subsidios son una herramienta fiscal tan válida y efectiva como los impuestos, ahí están los productos agrícolas que importamos y cuyos subsidios han desbastado al campo mexicano.

Ante esta situación considero conveniente que las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Gasto Público, a la mayor brevedad informemos a la Secretaría de Hacienda los criterios de lo que debe ser una verdadera reforma fiscal y los criterios de lo que debe ser un presupuesto que permita orientar debidamente el gasto público al desarrollo nacional.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es: comentarios para que la Cámara de Diputados adopte como criterio para fortalecer al IFE, que al menos el 40% de los consejeros electorales acrediten conocimientos en la materia e inclusión de género.

Tiene el uso de la palabra para referirse a este tema, el señor diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

Solicito que, como es agenda política, se marque 10 minutos, de tiempo al orador.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Nuevos tiempos políticos son los de México, en ellos se exige la consolidación de nuestras instituciones, el Instituto Federal Electoral es, entre ellas, fundamental para la evolución democrática y para la transición en que estamos inmersos.

A más tardar el próximo 31 de octubre esta honorable Cámara de Diputados deberá cumplir con la alta encomienda constitucional de renovar el Consejo General, órgano superior de dirección de dicho Instituto, procediendo a la designación de sus nueve integrantes. Como se sabe, el Consejo General es el órgano colegiado que tiene ni más ni menos, que la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, amén de velar porque todas las actividades del Instituto se ciñan a los principios torales que ordena la legislación electoral.

Por otro lado, el IFE en su calidad de autoridad mantiene, como cualquiera otra, la constante exigencia de que sus actos y resoluciones por emitir se cifren en un sólido criterio jurídico.

Por ello, es imprescindible que quienes integramos el pleno de esta Cámara y que por disposición constitucional expresa, habremos de elegir en los próximos días a los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral para el Ejercicio 2003-2010, tengamos presente la conveniencia de favorecer dos criterios esenciales en la toma de esta trascendental decisión.

El primero, el del que el Consejo General se integre con un número razonable, proporcionado de mujeres; el segundo, que no por ello de menor importancia, el de que la mayoría de sus integrantes, mujeres y hombres, sean profesionistas adhesados al estudio, a la correcta aplicación y a la puntual observancia del derecho.

En este mismo sentido el pasado 30 de septiembre, el grupo parlamentario de Convergencia, por voz de su coordinador, el diputado Jesús Martínez Alvarez, presentó un punto de acuerdo por el que precisamente se exhorta a esta Cámara, para que se adopte como criterio de selección de candidatos a los consejeros multicitados, el de que tengan un conocimiento amplio en materia de derecho electoral.

Es menester que quienes hayan de integrar el Consejo General del IFE, tengan pleno conocimiento de su sistema, de su sistema de fuentes, de sus métodos y por supuesto de la mecánica de su aplicación cotidiana de conformidad con la norma jurídica.

Cierto es que hoy por hoy el Instituto Federal Electoral cuenta con un prestigio incuestionable a nivel internacional, que se ha dicho de paso a todos los mexicanos nos enorgullece; sin embargo, no puede soslayarse la realidad de que es una institución que ha acusado lagunas en su regulación y deficiencias en su operación.

Se trata de una institución que debe recobrar sus balances internos, superar los evidentes riesgos de su partidización, ésos que hoy mismo lo acechan. Para lograrlo, es por demás conveniente imprimir el mayor grado de profesionalización en la actuación de los nuevos consejeros electorales y esa impresión, desde su designación misma, es muy saludable.

Los consejeros electorales deben servir con ánimo constructivo y visión de Estado; deben identificarse con la misión real del Instituto y no buscar promoción política ni perseguir el beneficio de personas o de grupos al interior de los partidos.

El IFE debe funcionar mejor a menor costo con absoluta imparcialidad partidista, con mayor autoridad moral, con eficiencia, con eficacia, con agilidad y con diligencia.

Elegir nueve consejeros electorales es un asunto fundamental de trascendencia jurídico-política, es un proceso que requiere de nuestra parte madurez y visión política, con base en los principios rectores que ordena nuestra Constitución exige certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

En el grupo parlamentario de Convergencia, hemos recibido diversas propuestas, algunas de sectores muy calificados del gremio jurídico-nacional, mismas que hemos revisado y seguiremos revisando minuciosamente con los criterios expuestos; las vemos con simpatía y con toda oportunidad, de conformidad con el procedimiento acordado estarán a consideración de esta soberanía.

A guisa de ejemplos simplemente citamos: la propuesta que hace el Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho, organización que aglutina a los especialistas, maestros y doctores en derecho en todo el país y que dirigida a nuestro coordinador parlamentario propone precisamente que se incluya en esta lista a distinguidísimas juristas y a distinguidísimos exponentes del gremio, en orden rigurosamente alfabético:

La doctora Aurora Arnáiz Amigo

El maestro Alberto Beñé Guerra

La doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda

El doctor don Raúl Carrancá y Rivas

Don Emilio O. Rabasa.

El doctor Fernando Serrano Migayón

El doctor Armando Soto Flores

La maestra Rosalba Torre Espinosa

El doctor Diego Valadés.

La amplia y fructífera trayectoria académica, su mostrada vocación de servicio, su entrega histórica al estudio, enseñanza y práctica del derecho, así como su interés permanente por fortalecer a estas instituciones en el país, son algunas de las consideraciones que animaron a los miembros que conforman el Comité Directivo Nacional de este Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho, para dirigir esta excitativa a la coordinación del grupo parlamentario de Convergencia.

Ahí, en el grupo parlamentario de Convergencia, hemos acordado respaldar a las mejores propuestas al margen de su procedencia, pugnando sólo por fortalecer a la institución, que es en este caso la mejor forma de servir a México.

Con base en lo anterior, se promueven las ventajas de contar con profesionistas especializados en el derecho para renovar el Consejo General del IFE y se formula un respetuoso exhorto a todos los grupos parlamentarios de esta honorable Cámara, a través de sus respectivos coordinadores, a fin de que integren sus propuestas con mujeres y hombres que acusen una capacidad histórica probada de servir a México a través del fortalecimiento a sus instituciones y a través de un profundo y constante respeto a nuestro Estado de Derecho.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema, se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Margarita Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Margarita Martínez López:

Con su venia, señor Presidente:

Las mujeres hemos avanzado en espacios, certeza social y jurídica; ha sido una lucha constante, pero sabemos que debemos seguir avanzando en la equidad de género; por esta razón, las diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional, nos sumamos al llamado que el día de hoy el Partido de Convergencia hace en esta tribuna.

La formación de un nuevo consejo electoral es un tema por demás trascendente y vigente, que además por mandato le corresponde a la Cámara de Diputados designar a los que serán los nuevos consejeros ciudadanos.

Entendemos que con esta propuesta no se trata de alterar la estructura administrativa ni las funciones del mismo, sabemos que el IFE ha atendido la demanda de credibilidad y legitimidad en un marco plural. Se trata de que las mujeres debemos participar en las decisiones y ser actoras en los espacios donde se salvaguarda la democracia de nuestro México.

La oportunidad de alcanzar la modernización de nuestra vida política, dentro del escenario que hoy México vive, exige hacer que la política, en cada uno de sus espacios, refleje la inclusión de género.

Las mujeres hoy contamos con experiencia, que contribuye en la construcción de los acuerdos que dan cauces propositivos, eficientes y soberanos. Quienes coincidimos con esto, compartimos una vocación política fundada en los principios de colaboración. Estamos convencidas de la necesidad de promover que esta Cámara de Diputados, adopte como criterio fortalecer al Instituto Federal Electoral y que desde adentro se promueva la inclusión de género en un 40%.

Compañeras legisladoras y legisladores, esta posibilidad abre el espacio donde demostraremos que la participación de las mujeres en el nuevo Consejo del IFE, tendrá ánimo reflexivo, constructivo, propositivo, responsable, abierto a la crítica y al diálogo. Es así como somos las mujeres actoras de México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

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CONSTITUCION DE APATZINGAN
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre la Promulgación de la Constitución de Apatzingán. Para ese efecto se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús González Schmal, por el grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente; diputadas y diputados:

Han transcurrido 189 años desde que José María Morelos y Pavón, ese humilde mexicano, mestizo, hijo de campesinos, discípulo del entonces rector del Colegio de San Nicolás en Valladolid, Miguel Hidalgo y Costilla, asumió su responsabilidad frente a la historia.

Frente a la historia de esta naciente patria que como lo concibió perfectamente el generalísimo Morelos, debía promulgar ya, el decreto para la libertad de la América mexicana. Este decreto que constituye sin duda el primer pacto constitucional de nuestra nación, con el que se iniciaría años después, la vida independiente, republicana y constitucional de nuestro país, hasta nuestros días.

Para el 30 de octubre de ese memorable e irrepetible 1810, Morelos fue nombrado capellán del Ejército Insurgente. Muy pronto, muy pronto después fue trasladado al frente ya, como brigadier, en donde alcanza el grado de heroicidad como estratega militar en la desigual lucha contra las fuerzas realistas que perseguían y que lo perseguían como objetivo central.

No amilanó al espíritu libertario de Morelos, la inicua e irracional ejecución de Hidalgo, Aldama, Allende, Jiménez y otros en Chihuahua, donde fueron decapitados y sus cabezas colgadas en jaulas en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, para escarnio de sus seguidores.

El entonces brigadier Morelos, prosiguió con mayor energía y tesón la campaña. Su ejército llegó a agrupar a 3 mil patriotas que resistieron el Sitio de Cuautla contra los 8 mil realistas de Calleja. Pese al agobio de la contienda bélica, Morelos tuvo tiempo, como nos lo narra Jesús Romero Flores, en su obra ``Banderas Históricas de México'', para atender los ingentes problemas políticos, económicos y sociales que se le acumulaban. Ello se puede incluso comprobar con los voluminosos tomos que forman su vasta correspondencia, sus comunicaciones y sus manifiestos.

Dentro de esta obra, en la intimidad del pensamiento y de su vocación libertaria, Morelos fraguó la idea de darle rumbo y consistencia a una patria naciente que amaba entrañablemente, en la que ante todo debería extinguirse el régimen monárquico, decadente y emerger una República soberana, en la que el ciudadano fuese el depositario y único responsable del destino de su historia y de su propia República, para lo que a Morelos precisamente implicaba el ejercicio de la soberanía.

Es evidente que el Congreso de Chilpancingo muestra la esencia de sus conceptos e ideario nacionalista en lo que llamó Los Sentimientos de la Nación. Estos, que pueden ser las exposición de motivos del proyecto constitucional, se cimentan en la premisa mayor que anuncia que la América es libre e independiente de España y el preámbulo certero y definitivo de que las leyes que dicte este Congreso obliguen a la constancia y al patriotismo, otorguen un justo jornal al pobre para que mejore sus condiciones de vida y se proscriba la esclavitud definitivamente en la patria naciente.

Concluye con una propuesta de enorme histórica: ``que se solemnice el 16 de septiembre de todos los años'', hoy todavía vigente ese precepto, como deberán estar vigentes los ideales, el sentido y la lucha independentista y republicana del generalísimo José María Morelos y Pavón.

¡Que viva siempre y que viva siempre en el testimonio de gratitud de la patria!

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema se le concede el uso de la palabra al diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Pedro Vázquez González:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, acude a esta tribuna para sumarse al homenaje que se tributa a la Constitución de Apatzingán, sancionada el 22 de octubre de 1814 y promulgada dos días después.

Indudablemente el nombre de José María Morelos y Pavón está asociado a lo más grande del patriotismo de los mexicanos. Sus hechos de armas constituyen por sí mismos ejemplos de destreza militar pero, aunado a esto, debe de reconocerse en el genio inmortal de Morelos su ánimo de subordinación a la ley.

Profundo creyente de la soberanía del pueblo, reconoció Morelos que el país necesitaba instituciones jurídicas que sirvieran de basamento a la creación del naciente Estado nacional.

Por ello y una vez que las contradicciones surgidas entre los integrantes de la Junta de Zitácuaro se atenuaron y los éxitos militares de Morelos se acrecentaron, hicieron que de facto éste asumiera la dirección del movimiento insurgente.

Las azarosas vicisitudes de la guerra hicieron que el Congreso de Chilpancingo anduviera de pueblo en pueblo. Su obra cimera fue la Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814, conocida como Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

Aunque la Constitución de Apatzingán careció de vigencia práctica, constituye el hermoso ejemplo de un pueblo sobre la capacidad para dotarse de una constitución.

De dicha norma constitucional destaca el contenido del artículo 2º, en el que se define la soberanía, concebida ésta como la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, disposición que encuentra su complemento en el artículo 5º, que prescribe ``La soberanía reside originariamente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescribe la Constitución''.

Indudablemente estos dos preceptos corresponden a las ideas de soberanía popular, concebidas por Juan Jacobo Rousseau y que se contienen en ``El Contrato Social'' y que reivindica al pueblo como titular originario de la soberanía.

Además, se concibe una vinculación indisoluble entre el pueblo y representación nacional, dado que el artículo 18, que establece que la ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común.

Esta expresión se enuncia por los actos emanados por la representación nacional.

Además en esta carta constitucional se establece un diseño institucional de separación de poderes en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Compañeras y compañeros diputados, sin lugar a dudas el decreto constitucional de Apatzingán contó con la más profunda influencia de las ideas del generalísimo José María Morelos y Pavón, plasmadas en el documento conocido como: ``Los Sentimientos de la Nación''.

Dicho documento se da a conocer el 14 de septiembre de 1813 en la sesión inaugural del Congreso de Chilpancingo. Ahí Morelos establece en el numeral 1 ``que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía'', y que así se sancione, dando al mundo la razón.

Convencido creyente del imperio de la ley en el numeral 12 de dicho documento se señala que: ``como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deberán de ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto''.

Compañeros diputados, no obstante que la Constitución de Apatzingán no tuvo efectos prácticos, su mérito consiste en el reconocimiento de la capacidad del pueblo de México a través de sus representantes para dotarse del andamiaje jurídico que permitiera el funcionamiento de la nación mexicana. Con este documento se contradice la frase del Márquez de Bransfor, Rey de la Nueva España, que afirmó: ``que los naturales de estas tierras únicamente deberían de callar y obedecer, ya que la alta función de gobierno era propia de los españoles peninsulares''.

Con esto termino, señor Presidente. Nuestro grupo parlamentario rinde un tributo a la Constitución de Apatzingán y a don José María Morelos y Pavón, ya que el hombre y la obra están indisolublemente unidos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra al diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Hoy conmemoramos un aniversario más de aquel hecho iné-dito para la historia de nuestro país, y me refiero al día 22 de octubre de 1814; fecha memorable en la cual se publicó en Michoacán el decreto constitutivo para la libertad o como históricamente se le ha conocido ``La Constitución de Apatzingán''.

Después de la muerte de los caudillos, iniciadores de la lucha libertaria, Morelos continuó en la batalla. Su ideal era lograr la total independencia de la corona española y para ello dio a conocer, en Apatzingán, ``Los Sentimientos de la Nación''. Con su propuesta para organizar un gobierno independiente.

Este importante documento donde se estatuye que la soberanía reside en el pueblo y la felicidad de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad, fue pionero de la legislación para una nación independiente. Fue el primero en llamar ``mexicanos'' a los habitantes de este país, sin distinción de raza, quedando suprimidas las castas y abolida la esclavitud.

La Constitución dividió en tres poderes al gobierno nacional e intentó reflejar fielmente el pensamiento del generalísimo don José María Morelos y Pavón.

El periodo que va de 1811 a 1815, se caracterizó por el recrudecimiento de la guerra en el centro del país y por la expresión más clara de los principios ideológicos del movimiento, el Congreso Constituyente promulgó el Decreto Constitucional para la libertad del pueblo mexicano.

El 22 de diciembre de 1815 Morelos fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec; éste hecho propició la fragmentación de las fuerzas insurgentes. En esa gesta heroica se fincaron los sentimientos de nuestra vida democrática, que hoy día con día se consolida y se fortalece para arribar a materializar los ideales del cura Morelos, prócer de nuestra independencia.

Hoy en México vivimos una democracia plena, existe un absoluto respeto al voto popular y a los derechos humanos, a la vida, a la integridad, a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, a la legalidad, a la igualdad y a la seguridad jurídica.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, busca el progreso económico del país, basado en el desarrollo sustentable, la atención inmediata a los grupos sociales más desprotegidos y el equilibrio financiero.

Sin más por el momento, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado don Inelvo Moreno Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Inelvo Moreno Alvarez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El 22 de octubre pasado se conmemoró el CLXXXIX aniversario de la promulgación del decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana, suscrito en Apatzingán, Michoacán, en 1814.

Este ordenamiento constitucional es fiel reflejo de las aspiraciones de libertad y soberanía del pueblo mexicano; por ello, su contenido mantiene en plena vigencia y nos obliga a honrar también la memoria de su más destacado promovente, el ilustre Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón.

La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los Poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, eligiendo las provincias sus vocales y éstos a los demás, que deben de ser sujetos sabios y de probidad, expresó Morelos en ``Los Sentimientos de la Nación'', en 1813.

Hablar del General José María Morelos, es hablar de cada uno de esos hombres que reunidos en el Congreso de Chilpancingo en 1813, pudieron obtener los puntos que hicieron posible la abolición de la esclavitud, los derechos constitucionales de los mexicanos de la América, de esos hombres y mujeres que vivían sumisos en la esclavitud, sometidos por la corona española.

El ideario político y liderazgo de José María Morelos y Pavón, conforman los elementos básicos para la integración del Congreso Constituyente de 1814. Y para proclamar en la Constitución de Apatzingán, la plena independencia del país, de la corona epañola.

El ejemplo de Morelos, de los constituyentes de 1814, de los héroes de la Independencia, de los combatientes de todos los campos de batalla, por la ruptura con el régimen español, son ejes que deben orientar la visión de los legisladores del México de hoy, quienes debemos honrarlos y hacer prevalecer los principios de lealtad a la patria, para detener todo intento de sometimiento con otras naciones.

Pero qué mejor oportunidad que la conmemoración del aniversario de la promulgación del decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana, para realizar un ejercicio retrospectivo, que permita reafirmar los hechos y principios que han conformado a la nación mexicana, y con ello encauzar nuestras labores legislativas hacia el fortalecimiento de la Independencia y la soberanía nacional, esto es, un México fuerte y soberano, libre de presiones extraterritoriales, con valores y principios firmes que protejan y defiendan fielmente los principios constitucionales vigentes de respeto a las garantías individuales, de derecho al trabajo, la salud y la educación para todo mexicano y mexicana y de fortalecimiento y protección de las áreas económicas consideradas como estratégicas para la nación, en particular el petróleo y la energía eléctrica.

Si en la Constitución de Apatzingán se forja el espíritu de independencia de la nación mexicana, en la Constitución de 1917 se reafirma la soberanía del país al depositar el dominio de las industrias del petróleo y la energía eléctrica en el Estado por conducto de las empresas paraestatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

Por ello también cobra vigencia la frase de Napoleón que decía: ``Si tuviera dos Morelos, el mundo sería mío''. Hoy cabe esa expresión para detener los propósitos de privatizar nuestras industrias estratégicas. Si México cuenta con un Morelos en cada legislador, el petróleo y la electricidad continuarán siendo nuestros, de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema se le concede el uso de la palabra a la diputada Margarita Chávez Murguía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía:

Con el permiso de la Presidencia.

Si Morelos viviera nos pediría que actuáramos pensando primero que nada en el bien de la nación.

Compañeros y compañeras diputadas: a nombre de Acción Nacional acudo a esta tribuna para conmemorar que el 22 de octubre de 1814, en el marco de las sesiones del llamado Congreso de Anáhuac, fue redactado el Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, documento al que conocemos con el nombre de Constitución de Apatzingán.

Más que un código político, la Constitución de Apatzingán resumía la ideología del proyecto insurgente y las ideas políticas que predominaban al comenzar el Siglo XIX. El valor de este documento radica en que fue el primer texto de la época moderna que estableció los lineamientos que deberían conducir la nación independiente.

La participación en el movimiento insurgente condujo a don José María Morelos y Pavón a la redacción de varios textos. El más famoso sin duda, el llamado ``Sentimientos de la Nación'', que contiene los principales preceptos y criterios políticos que habrían de regir a la joven nación y que después se ampliaron y precisaron en la Constitución que hoy conmemoramos.

Algunos de los principios fundamentales contenidos en la Constitución de Apatzingán delinearon lo que hasta nuestros días son principios rectores de nuestra nación; la soberanía del pueblo, la defensa a las libertades individuales tales como la libertad de expresión y de pensamiento, la igualdad entre los hombres, el derecho de propiedad, el derecho al trabajo y a la educación. Asimismo el documento declaraba enfáticamente la libertad individual y la abolición de la esclavitud.

Es en esta Constitución donde se inscribieron las bases que constituye nuestra República, ya que en ella se estableció la división de los tres poderes, además se estableció que no podían recaer en manos de una sola persona ni en un único cuerpo.

Con base en la consideración de que era el órgano que expresaba la voluntad y soberanía populares, la Constitución de Apatzingán estableció además la supremacía del Poder Legislativo sobre los otros dos poderes y le confirió el carácter de rector de la nación sobre el cual recaían importantes responsabilidades.

Los diputados de Acción Nacional reconocemos en la Constitución de Apatzingán un documento de gran valor, en la medida en que contiene los principios sustantivos sobre los que hoy se sustenta nuestra nación. La libertad, la igualdad, la soberanía, la independencia, son los principios que han prevalecido, los que han alentado las ideas y acciones de los diversos actores políticos que han construido la historia de México; son principios esenciales e inmutables que deben seguir rigiendo la construcción del país.

La Constitución de Apatzingán sentó el precedente que las siguientes constituciones de la nación, tanto liberales como conservadoras, puesto que los actores de todo signo reconocieron en ella el primer esfuerzo real para crear una Ley Fundamental auténticamente mexicana, no obstante muchos otros contenidos de la Constitución de Apatzingán fueron superados, ya que al momento de ser inscritos resultaban pertinentes, pero al paso del tiempo se hizo necesario desecharlos o transformarlos.

Nuestros nuevos documentos recogieron los principios de aquella Ley Suprema e introdujeron otros que dan cuenta de la evolución de nuestra Historia.

Al respecto Acción Nacional considera pertinente reflexionar y asumir los principios fundamentales que permanecen; sin embargo, las reglas y los mecanismos para ponerlos en práctica y declarar su vigencia, cambian. México, sin duda, ha evolucionado. Hoy los invitamos a que entendamos que cambiar no es traicionar, cambiar es parte esencial del ser humano, de sus obras y de sus leyes.

Hoy que conmemoramos esta Constitución les invitamos a todos ustedes los diputados de Acción Nacional para que juntos asumamos el compromiso de ejercer nuestro trabajo legislativo desde una visión de estado interesada, comprometida y concebida al país, las leyes y reglamentos que permitan la operatividad, la vigencia plena de los principios en los que se funda nuestra historia y que la convicción de los mexicanos han hecho irrenunciables.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra a la diputada Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Consuelo Muro Urista:

Con su permiso, señor Presidente.

Tres siglos de dominio español en los que eran cotidianos y naturales las vejaciones, saqueos, imposición de costumbres y creencias, atropellos y violaciones de todo tipo y por ende, constante e imperturbable la negativa al reconocimiento de la condición humana.

Trescientos años en que toda idea de libertad quedaba acotada y reducida por la realidad a la más auténtica utopía. El 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Michoacán, se aprueba el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, la primera Constitución que habría de vertebrar el andamiaje jurídico de la nueva patria. Esa es la fecha, el evento que hoy convoca a la memoria histórica de los mexicanos, no evocamos únicamente la Constitución por sí, sino a quienes integraron el Primer Congreso Constituyente y realizaron la primera tarea legislativa en nuestro México Independiente.

Destacadamente a don José María Morelos, que fue su figura señera y eje articulador, ``Los Sentimientos de la Nación'' son visión de lo que se pretende, hombres libres, igualdad entre ellos y una nación soberana pero es, ante todo, una proclama de justicia social.

Morelos, después de haber sido el gran genio militar de la Independencia, es el iniciador del Sistema Constitucional Mexicano, no tan sólo es conveniente sino a veces necesario, evocar los grandes momentos de nuestra historia y sus protagonistas, lo es porque ahí están las razones de nuestro ser nacional.

Compañeros y compañeras legisladores: la tarea legislativa es fundamental para el desarrollo de los pueblos, para el avance de las sociedades, para nuestro país lo fue la Independencia, en la reforma, en la Revolución, lo es, en todo tiempo, es el Legislativo el poder que obligadamente resuelve con una visión de más largo plazo, la ley, resultado de nuestro trabajo, es siempre para regir el mañana, para orientar y propiciar el porvenir.

Actuemos en conciencia, busquemos, encontremos, digamos y fortalezcamos nuestras coincidencias y evidenciemos nuestras diferencias, los desacuerdos, pero no temamos a coincidir, coincidencias las hay, debemos consumarlas, convertirlas en norma para beneficio y avance de la sociedad que nos dio la responsabilidad de legislar.

Como partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional abrió los cauces para democratizar las instituciones y lo hicimos eficientemente.

Esta Asamblea en su pluralidad y la alternancia en el Ejecutivo Federal son muestra inobjetable de ello; sin embargo, ante este avance quedó rezagada la tarea de dar eficiencia al Gobierno, la de construir la gobernabilidad democrática, ésa es seguramente una de las principales tareas que se tiene pendiente con la sociedad. Hoy el cambio político quedó trabado en una alternancia.

Entendamos que un sistema de leyes no es para sujetar a la sociedad sino simplemente para ordenarla, es por eso que su revisión interesa a todos, pues la actualización es el recurso único que las mantendrá justas y por ello respetadas; la buena ley no es la que se impone sino la que cautiva, la que seduce la voluntad del ciudadano.

Los diputados priístas de esta legislatura actuamos bajo la conciencia de que nuestra más alta responsabilidad es con México, que estamos en tiempo para impulsar la nueva generación de reformas que el país exige: las reformas del Siglo XXI, las reformas con justicia social como lo pretendiera Morelos en sus ``Sentimientos de la Nación''.

Es cuanto.

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DIA DEL MEDICO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre el Día del Médico. Se concede para ese efecto, el uso de la palabra al diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario de Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Jorge Legorreta Ordorica:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Es un gran orgullo celebrar hoy, 23 de octubre, el Día del Médico.

Mi familia, como seguramente la mayoría de las familias de México, tienen especial gratitud por quienes nos han devuelto más de una vez la salud. Su vocación de servicio, su disponibilidad para atender a aquellos que lo requieren y para salvar vidas, les confiere un lugar muy especial dentro de nuestra sociedad.

Los invito a que reconozcamos y celebremos una vez más el compromiso social y la disciplina con la que los médicos realizan la casi siempre difícil tarea cotidiana, trabajando arduamente incluso en condiciones adversas. Y me refiero a esto ya que a raíz de los desastres naturales que ha tenido que enfrentar nuestro país últimamente, la labor que realiza el médico como vínculo inmediato con las poblaciones afectadas es de vital importancia.

Siempre comprometidos, infatigables, con gran profesionalismo y entrega, colaboran para atender a los heridos, a los enfermos, para evitar epidemias y en general para confrontar todos aquellos que en momentos difíciles los necesitamos.

La salud sin duda es factor determinante en el desarrollo de nuestra sociedad.

El Gobierno Federal tiene que dar la más alta prioridad a la salud como eje fundamental de la política social.

Tenemos también instituciones particulares, con médicos que trabajan arduamente día y noche sin descanso. Hay que estar orgullosos de lo que tenemos, sin embargo, no hay que perder de vista todo lo que falta por hacer.

Si queremos seguir recibiendo el beneficio de la salud futura, hoy nos corresponde colaborar desde nuestra trinchera para mejorar la calidad de los servicios de salud, para que día con día lleguen a más mexicanos, sobre todo a quienes más lo necesitan.

Juntos debemos trabajar para conseguir un sistema de salud más eficiente, más incluyente y más equitativo. Tenemos que ampliar la cobertura de los servicios de salud para así ejercer verdaderamente ese derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos.

Los servicios de salud en México han sido fundamentales en distintos momentos históricos y por ello hay que seguirlos impulsando para crear un verdadero sistema de salud nacional.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país.

México cuenta con una gran tradición médica, con grandes figuras dentro de la historia de la medicina, tanto en instituciones públicas como privadas que han contribuido enormemente en beneficio de la ciencia. En este día queremos agradecer su sabiduría, sus investigaciones, su gran labor al servicio de los mexicanos y su servicio a la patria. Los exhortamos a seguir manteniendo muy en alto el prestigio de su profesión para que los mexicanos sigamos orgullosos de nuestros médicos.

Cada consulta, cada enfermedad curada, cada malestar aliviado, es sin duda un factor determinante en el fortalecimiento de nuestra sociedad.

Por último, enhorabuena a todos y cada uno de los galenos mexicanos que con todas las carencias e insuficiencias del Sistema Nacional de Salud, han logrado contribuir de manera fundamental en el desarrollo de millones de mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Señoras y señores legisladores, antes de dar el uso de la palabra a los dos oradores que quedan registrados en este punto y toda vez que de acuerdo con el acuerdo parlamentario, las sesión no puede prolongarse más de cinco horas. Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por 10 minutos para verificar la asistencia, rogando a los señores legisladores en virtud de que continua la sesión, presten la cortesía debida, escuchando a los oradores.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para verificar la asistencia.

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DIA DEL MEDICO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado Rafael García Tinajero Pérez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez:

Muchas gracias, compañeros legisladores; con su venia, señor Presidente:

Hoy celebramos el ``Día del Médico''.

Yo compañeros, tengo el honor como todos ustedes, de ser representante popular, pero además, junto con otros legisladores tengo también el gran honor de ser médico.

La medicina es una de las actividades más antiguas, hunde sus raíces, en la magia, la religión, la ciencia, el arte, la filosofía. La medicina es una actividad difícil e incomprendida, esto se muestra con la elocuencia en la carta atribuida a Esculapio Dios, de la medicina, que le dirige a su hijo y que dice así:

``¿Quieres ser médico hijo mío, aspiración es ésta de un alma generosa, de un espíritu ávido de ciencia, deseas que los hombres te tengan por un dios que alivia sus males y ahuyenta de ellas el espanto?, ¿has pensado bien en lo que ha de ser tu vida?

Tendrás que renunciar a la vida privada, mientras que la mayoría pueden terminada su tarea, aislarse de los inoportunos, tu puerta quedará siempre abierta a todos, a toda hora del día o de la noche vendrán a turbar tu descanso, ya no tendrás horas que dedicar a la familia a la amistad o al estudio, ya no pertenecerás...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señor diputado.

Voy a pedir a todos los legisladores, a pesar de que se está registrando la asistencia, se haga un esfuerzo para prestar atención al orador.

Continué, señor diputado.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez:

...Tu vida transcurrirá a la sombra de la muerte, entre el dolor de los cuerpos y de las almas, pero sí indiferente a la fortuna a los placeres de la juventud y sabiendo que te verás solo entre las vidas humanas, tienes un alma bastante estoica para satisfacer con el deber cumplido, si te juzgas bien pagado con la dicha de una madre, con la cara de un niño que sonríe porque ya no padece o con la paz de un moribundo a quien ocultas conocer la llegada de la muerte, si ansías conocer al hombre y penetrar todo lo lógico de tu destino, ¡hazte médico, hijo mío!

La cita anterior muestra la admiración que desde la antigua Grecia se tenía por los médicos y por la medicina.

Hoy el status social del médico está a la baja, su papel es cada día más cuestionado, en ocasiones hasta censurado por el público y los medios de comunicación y los gobiernos. Esto podemos atribuirlo en parte al médico, muchos prefieren conocer la biología molecular, en lugar del lado humano de quienes acuden al médico.

A nadie le gusta como paciente, ser manipulado como sustancia química alterada; el paciente es un ser humano que exige ser tratado como tal. Algunos médicos menosprecian otras disciplinas que no sean la suya, con ello pierde la sensibilidad de mucho de lo humano; otros médicos asumen con soberbia la posibilidad de curar todo, sin percatarse de que son numerosos los factores causantes tanto de la enfermedad como del alivio; otros más hacen de la medicina un comercio, pero hay factores ajenos al médico.

Muchos suponen que sabemos y podemos todo sobre la enfermedad, esto no es así, la actividad médica está llena de incertidumbre, es mucho más lo que desconocemos que lo que sabemos, lo que hoy es cierto, mañana a la luz de nuevos conocimientos no lo será más.

Se ha denominado a la medicina como ciencia en sí misma, pero no es así, es cierto que nos apoyamos en ella y en sus métodos, pero nuestra práctica no es ni puede ser como la ciencia: reproducible y precisa, además la ciencia no se basa en calidades tales como el dolor, el sufrimiento, el bienestar, el malestar, el alivio, el gozo, la alegría.

La ciencia trata con generalidades que se vuelven leyes que son incontrovertibles; la medicina trata con seres humanos, cada caso es distinto, no hay enfermedades sino enfermos, lo que es bueno para Juan puede ser malo para Pedro.

El desconocimiento de esta realidad y la exaltación de los medios de los grandes avances tecnológicos en la medicina actual, provoca que muchos pacientes y la sociedad esperen más de los médicos, de lo que humanamente es posible ofrecerles.

Se nos censura y a veces se nos vulnera en lo moral, en nuestro nombre, en lo económico, en lo jurídico y hasta en lo físico; cuando nuestra labor es exitosa, es gracias a Dios, cuando fracasamos, se nos puede llenar de excremento.

El médico también ha perdido prestigio por razones económicas, se nos culpa a veces del encarecimiento de la atención médica, cuando sabemos que el campo de la economía de la salud se ha visto deformado por el surgimiento de una industria de la salud que desplaza al médico del lugar central que ocupaba. Esta industria integrada por los seguros médicos, la químico farmacéutica, los expendedores de material y equipo, los grandes hospitales se apoyan en el médico para su beneficio, convirtiéndolo así en un trabajador asalariado muy mal pagado.

El médico económicamente es explotado, nuestros salarios son bajos, nuestras jornadas de trabajo extenuantes, padecemos desempleo. La crisis económica nos golpea al igual que a otros sectores de la población; no es justo que se nos carguen las culpas de quienes han hecho de la salud un asunto estrictamente mercantil.

Como decía Marx: ``la burguesía ha despojado de su aureo-la a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto, el médico, el jurisconsulto, el sacerdote, el poeta, el sabio, se les ha convertido en sus trabajadores asalariados''.

El médico, caracterizado por la compasión, el altruismo, la generosidad, padece por partida doble los males de nuestro pueblo, pues lo sufre en carne propia y en la de sus pacientes, su actividad lo pone en contacto con la enfermedad, el dolor, la miseria, el hambre, la desesperación, la muerte de los que carecen de lo elemental: salud, empleo, educación, alimento; ha visto crecer estos males y no tiene duda de que el origen de esto es la puesta en práctica de un modelo económico que pone por encima del ser humano al dinero.

El médico, como lo ha señalado Virshaw es el abogado natural de los pobres y esto lo hace revolucionario. Médicos fueron, en México: Valentín Gómez Farías; en Chile, Salvador Allende; en Cuba, Ernesto ``Che'' Guevara...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, señor diputado.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez:

...En China, Lu Sing.

Hubo grandes médicos preocupados por la miseria, como la verdadera enfermedad y esto en ocasiones choca con el poder establecido que hoy es, sin duda, el que enarbola el dinero.

Ese poder pretende transformar en bienes privados los que son derechos públicos y ha puesto entre sus objetivos la salud y la seguridad social de los mexicanos.

Celebremos el día de hoy, reivindicando luchas como las de los médicos de 1965, preámbulo de 1968 y enfatizando que esta generación de médicos mexicanos luchará porque salud y seguridad social sigan siendo considerados como derechos y no como mercancías.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al señor diputado Miguel Angel Llera Bello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Un momento, señora Secretaria, ¿va a hacer una pregunta?

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Sí, ¿falta algún diputado o diputada para verificar su asistencia? ¿Tiene algún problema su curul?, ¿ninguno? Por favor.

Es importante que lo comenten antes de que se venza el término, porque si no, tendríamos problemas, por favor. ¿Qué número de curul?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, señor diputado.

Insisto a los señores legisladores, mientras continúa la sesión, guardar la atención debida, por cortesía, al orador.

El diputado Miguel Angel Llera Bello:

Con el permiso de la Presidencia.

``No más años a la vida, sino más vida a los años'', doctor Pedro Rendón Domínguez.

Compañeras y compañeros diputados: hoy es un día muy especial e importante para todos nosotros, porque se conmemora el Día del Médico y como ustedes saben, los médicos son depositarios de una larga tradición y miembros insustituibles de la sociedad. La medicina es una profesión noble, solidaria, responsable y sobre todo profundamente apreciada y valorada por los mexicanos.

El Día del Médico en México se festeja desde 1937, el 23 de octubre, gracias precisamente al doctor Pedro Rendón Domínguez, médico originario de Jalapa, Veracruz, quien se inspiró en esa fecha porque en 1833, el 23 de octubre, se inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas, que era uno de los seis colegios de enseñanza superior en los que estaba dividida la Dirección de Instrucción Pública, órgano que creó Valentín Gómez Farías para sustituir a la Real y Pontificia Universidad de México. Antes de esa época la celebración del Día del Médico tenía una connotación netamente religiosa...

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Disculpe, señor diputado, pero necesitamos el cierre del sistema, por favor.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego a la Secretaria permita al orador concluir y terminando su intervención hace la excitativa, aunque permanezca un minuto más el tiempo.

Adelante, señor orador.

El diputado Miguel Angel Llera Bello:

...Ya que se veneraba a los diversos santos considerados patronos de la medicina: Rafael Arcángel, San Lucas, San Damián y San Cosme, por lo que no había un día oficial para los médicos, más tarde, de manera institucional se nombró Hipócrates como el ``Padre de la Medicina Moderna''. Con base en los principios de subsidiariedad y corresponsabilidad entre el Estado y los individuos, Acción Nacional plantea la necesidad de establecer un marco legal multipilar en materia de seguridad social a través del cual se garantice una vida digna a los mexicanos, esto es posible gracias al trabajo incansable de todos los trabajadores de la salud en México, está claro, sin embargo, que aún tenemos mucho por hacer.

Hay todavía muchos mexicanos que viven al margen de las condiciones mínimas de salubridad e higiene, mexicanos que están atrapados en un círculo muy injusto de carencias y enfermedad. Para atenderlos, es necesario articular mejor los esfuerzos del Gobierno para que las acciones de salud, alimentación y educación se integren en un programa capaz de promover un desarrollo gradual, pero integral, de las comunidades más marginadas. En estas acciones es invaluable el trabajo que los médicos mexicanos aportan, puesto que conocen la realidad de nuestro país y a diario se sacrifican con su labor en beneficio de todos aquellos que requieren sus servicios.

México cuenta con una espléndida tradición médica y este día es una oportunidad propicia para agradecer y reconocer a los médicos mexicanos por su trabajo y dedicación. Valga pues un abrazo fraterno a todos mis compañeros médicos en este día, pero en especial a aquellos que aun ante situaciones de injusticia laboral y salarial cumplen con amor, entrega y honor con su trabajo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Si quiere dar indicación la Secretaría por si falta alguien de registrar la asistencia.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Desde su curul de viva voz, 313, el diputado Miguel Angel Yunes Linares.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul):

Presente.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

La curul 505, de la diputada Amalia Dolores García Medina.

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde su curul):

Presente.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

El señor diputado García Tinajero, que estaba en tribuna.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde su curul):

Presente.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

La diputada Cristina Portillo.

La diputada Cristina Portillo Ayala (desde su curul):

Presente.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

El diputado Pascual Sigala.

El diputado Pascual Sigala Páez (desde su curul):

Presente.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

El diputado Tentory García.

El diputado Israel Tentory García (desde su curul):

Presente.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Señor Presidente, hay una asistencia de 435 diputadas y diputados.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

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DIA DEL MEDICO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúa la sesión concediéndosele el uso de la palabra al señor diputado Martín Remigio Vidaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez:

Con su venia, señor Presidente.

Hace más de seis décadas y media se instauró en nuestro país el Día del Médico. Ningún reconocimiento y gratitud mayor, solamente a la autora de nuestros días, merece un ser humano ejemplar de enorme nobleza y sacrificio, como son los profesionales mujeres y hombres de la medicina.

Un reconocimiento y felicitación a todos y cada uno de las compañeras y compañeros diputados que ejercen esta noble profesión.

El pueblo de México reconoce a quienes nos han devuelto más de una vez nuestra salud muchas veces quebrantada, a quienes no importándonos dejar a nuestras familias en altas horas de la madrugada o porque nuestro centro de trabajo se ha internado en los lugares más recónditos de una sierra, manifestamos siempre nuestra vocación de servicio para atender a los más necesitados, ante la profesión más importante que el ser humano amerita, ya que sin contar con una buena salud sería imposible estar en esta tribuna.

Es de vital importancia observar que ante el avance acelerado de la ciencia, pero junto con ella la aparición de nuevas y graves enfermedades, es urgente aplicar los recursos necesarios para la creación de nuevos hospitales, con instrumentos de calidad total que permitan a nuestros médicos poder salvar una vida más.

Va pues, mi más alto reconocimiento a mis colegas, mujeres y hombres de honor, con defectos que son opacados con sus virtudes de servicio y vocación, que anteponen a sus propias familias por un paciente que en ocasiones no siempre reconoce el gran esfuerzo y sacrificio a su favor.

Es por eso que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, más que hacer un reconocimiento a los médicos hoy en su día, nos manifestamos a favor de todos ellos, sobre todo los que laboran grandes jornadas en las instituciones de salud pública, para que tengan un mejor nivel de vida, un sueldo acorde a sus esfuerzos, estando seguros de que esta representación legislativa velará en pro de quienes no hacen reparo a favor de nuestra salud, porque y para concluir, quienes amamos a la medicina, irrenunciablemente amamos a la humanidad.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, la cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.

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ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 28 de octubre de 2003.

Sesión solemne para develar en el muro de honor de esta Cámara de Diputados, el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México.

Sesión ordinaria

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso del estado de Coahuila.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres con los que se remiten copias de las contestaciones del titular de la unidad de política y control presupuestario de la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en relación a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

Cumplida su encomienda, señor Presidente.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 15:30 horas):

Gracias, señora Secretaria.

Se levanta la sesión y se cita a sesión solemne, para develar en el Muro de Honor de esta Cámara de Diputados el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México, la que tendrá lugar el próximo martes 28 de octubre a las 11:00 horas, y al término de la misma a sesión ordinaria.

Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 09:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 5 horas 4 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 319 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 450.

Asistencia al final de la sesión: 435.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.

Proposiciones con punto de acuerdo: 14.

Excitativas a comisiones: 2.

Temas de agenda política: 2.

Efemérides: 2.

Oradores en tribuna: 39

PRI-12; PAN-6; PRD-8; PVEM-6; PT-3; PC-4.

Se recibió:

2 comunicaciones de los congresos de los estados de: Durango y Tlaxcala;

1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación;

8 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite minutas con proyectos de decreto, por los que se concede el permiso necesario para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros;

1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto, por el que se concede el permiso necesario para que un ciudadano pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Japón en la ciudad de Monterrey;

1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto, que concede permiso a nueve ciudadanos para prestar servicios en representación diplomática;

1 iniciativa del PRI;

1 iniciativa PAN;

1 iniciativa del PRD;

1 iniciativa del PT.

Dictamen aprobado:

1 de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, que reforma el artículo segundo transitorio del decreto que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997.

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DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Agundis Arias, Alejandro (PVEM) Readaptación social: 141

Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan (PAN) Transparencia y acceso a la información: 113

Avila Nevárez, Pedro (PRI) Tarifas eléctricas: 144

Avila Serna, María (PVEM) Crímenes de mujeres: 118

Baeza Estrella, Virginia Yleana (PAN) Adultos mayores: 125

Cabello Gil, José Antonio (PAN) Artículo 25 constitucional: 23

Carrillo Rubio, José Manuel (PRI) Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles: 20

Carrillo Soberón, Francisco Javier (PRD) Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana: 114

Concha Arellano, Elpidio Desiderio (PRI) Municipios: 121

Cortés Sandoval, Santiago (PRD) Sistema Educativo Nacional: 126

Chávez Murguía, Margarita del Sagrado Corazón de Jesús (PAN) Constitución de Apatzingán: 157

Del Mazo González, Alfredo (PRI) Artículos 30, 32 y 37 constitucionales: 105

Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos (PRI) Perspectiva de Género: 140

Elías Loredo, Alvaro (PAN) Artículos 30, 32 y 37 constitucionales: 103

Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 50

García Solís, Iván (PRD) Ley Orgánica del Congreso: 147

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) Día del Médico: 160

González Roldán, Luis Antonio (PVEM) Artículos 30, 32 y 37 constitucionales: 102

González Roldán, Luis Antonio (PVEM) Constitución de Apatzingán: 156

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Artículos 30, 32 y 37 constitucionales: 102

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Constitución de Apatzingán: 154

Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM) Día del Médico: 159

Lomelí Rosas, J. Jesús (PRI) Artículos 30, 32 y 37 constitucionales: 104

Llera Bello, Miguel Angel (PAN) Día del Médico: 162

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC) Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 149

Martínez de la Cruz, Jesús Humberto (PRI) Tratado para la Distribución de Aguas Internacionales: 130

Martínez López, Margarita (PRI) Instituto Federal Electoral: 153

Mejía Haro, Antonio (PRD) Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras: 29

Moreno Alvarez, Inelvo (PRD) Constitución de Apatzingán: 156

Moreno Garavilla, Jaime Miguel (PC) Instituto Federal Electoral: 151

Muro Urista, Consuelo (PRI) Constitución de Apatzingán: 158

Nahle García, Arturo (PRD) Artículos 30, 32 y 37 constitucionales: 99

Ochoa Fernández, Cuauhtémoc (PVEM) Poder Legislativo: 129

Sigala Páez, Pascual (PRD) Desarrollo forestal: 133

Vázquez García, Quintín (PRI) Estado de Jalisco: 142

Vázquez González, Pedro (PT) Artículos 30, 32 y 37 constitucionales: 101

Vázquez González, Pedro (PT) Constitución de Apatzingán: 154

Vidaña Pérez, Martín Remigio (PRI) Día del Médico: 164

Villagómez García, Adrián (PRI) Fruticultura: 110