DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 28 de octubre de 2003	Sesión No. 19

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Ruego a los legisladores e invitados ocupen sus respectivos lugares.

Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 478 diputadas y diputados.

Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 13:10 horas):

Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

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ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 28 de octubre de 2003.

Sesión solemne para develar en el muro de honor de esta Cámara de Diputados, el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México.

Sesión ordinaria.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Coahuila y Puebla.

Del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Con anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal de 2004. (Votación.)

Con proyecto de punto de acuerdo, por el que se propone la elaboración de una placa conmemorativa del L aniversario de la Incorporación a la Constitución General de la República del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser elegidas. (Votación.)

Iniciativa de diputado

Que reforma el inciso a) del sexto párrafo del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres, con los que remiten copias de las contestaciones del titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Minutas

Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 32, el segundo párrafo del artículo 33 y el artículo 36; y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el orden de los subsecuentes, del artículo 32 de la Ley General de Protección Civil. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Rodolfo Elizondo Torres, Secretario de Turismo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país. (Turno a comisión.)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, instruir al Secretario de Gobernación a convocar a la brevedad posible a una reunión de trabajo deliberativa y de acuerdos, a la que concurran los titulares de las unidades administrativas del Gobierno Federal y de los estados que tengan bajo su responsabilidad la ejecución de programas de atención a migrantes o a mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Alimentación, a cargo de la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que investiguen y resuelvan la problemática de contaminación en la bahía de Guaymas, Sonora, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para destacar el deplorable estado que guardan los aeropuertos de la República y en particular las consecuencias en demérito del servicio, imagen y seguridad del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo en Guadalajara, Jalisco, segundo aeropuerto en importancia del país, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a incorporar la perspectiva de género en las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal con transversalidad, así como crear nuevos mecanismos de asignación presupuestal, distribución y ejecución en los programas de gobierno, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, en relación al proceso seguido por el INEGI en el despido y liquidación de su planta laboral, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, al Instituto Nacional de Ecología, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, se aboquen a la investigación y a tomar medidas urgentes para evitar que en el municipio de Tultitlán, estado de México, se sigan presentando eventos que impactan al medio ambiente, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo Federal a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 el monto necesario para que el INEGI lleve a cabo el VIII Censo Agropecuario, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Contraloría Interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a agilizar las investigaciones en torno a presuntos casos de corrupción en el otorgamiento de permisos de caza por parte de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, por el que propone que la Cámara de Diputados se manifieste en solidaridad con el pueblo boliviano y su nuevo Presidente, Carlos Mesa Gisbert, en relación con la solución pacífica del conflicto de ese país, a cargo de la diputada María Marcela González Salas y Petricoli, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, para que en su presupuesto del próximo año distribuya mayor cantidad de recursos para la generación de nuevas plazas de trabajo para investigadores científicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, por el que solicitan informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas sobre la situación de desplazados internos en la denominada zona de conflicto en el estado de Chiapas y a la Comisión de Concordia y Pacificación, de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal, suscrita por los diputados Emilio Zebadúa González y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Efemérides

Sobre la conmemoración del Día Mundial de Información sobre el Desarrollo.

Sobre el Día de la Organización de las Naciones Unidas.

Sobre la conmemoración del nombramiento de don Miguel Hidalgo y Costilla como generalísimo del Ejército Insurgente, en la ciudad de San Francisco de Acámbaro.

Sobre el XLIX aniversario luctuoso de Enrique Flores Magón.»

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor Secretario.

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, por lo que se solicita a las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintitrés de octubre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos diecinueve diputadas y diputados, a las diez horas con veintiséis minutos del jueves veintitrés de octubre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Durango, con acuerdo relativo a los programas de Subsidio a la tortilla y Oportunidades. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tlaxcala, con acuerdo por el que solicita que esa entidad federativa sea considerada en el programa denominado Marcha Hacia el Sur. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo octogésimo sexto aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

José Manuel Carrillo Rubio, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos sexto y del cincuenta y seis al sesenta y uno de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se turna a la Comisión de Gobernación.

José Antonio Cabello Gil, del Partido Acción Nacional, que reforma el párrafo segundo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Antonio Mejía Haro, a nombre propio y del diputado Pascual Sigala Páez, ambos del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, que deroga la fracción décima bis del artículo treinta y cuatro para pasar a ser fracción octava del artículo treinta y dos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía el Informe de Evaluación correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal de dos mil tres, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gastos, así como el cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados establecidos en las reglas de operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A las once horas con veinte minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos cincuenta diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.

La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas:

Ocho, con proyectos de decreto por los que se concede el permiso necesario para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros.

Una, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso necesario para que el ciudadano Tomás Roberto González Sada pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.

Una, con proyecto de decreto que concede permiso a nueve ciudadanos para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de la República Italiana en México.

Se turnan a la Comisión de Gobernación.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma el artículo segundo transitorio del decreto que reforma los artículos treinta, treinta y dos y treinta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete. Es de segunda lectura.

Fundamenta el dictamen a nombre de la comisión el diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática.

Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México; Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; Alvaro Elías Loredo, del Partido Acción Nacional; y J. Jesús Lomelí Rosas, del Partido Revolucionario Institucional.

Rectifica hechos el diputado Alfredo del Mazo González, del Partido Revolucionario Institucional.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en votación económica y la Secretaría recoge la votación respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y seis votos en pro, treinta y siete en contra y dieciséis abstenciones.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo segundo transitorio del decreto que reforma los artículos treinta, treinta y dos y treinta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos constitucionales.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Adrián Villagómez García, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una Comisión Especial de Fruticultura. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, del Partido Acción Nacional, para exhortar a las legislaturas de los estados a que legislen en materia de transparencia y acceso a la información. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las elecciones para la renovación de las dirigencias locales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Se turna a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a diversas autoridades federales para que se integre una Comisión Especial Binacional México-Estados Unidos de América para el esclarecimiento de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública.

Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Partido Revolucionario Institucional, para revisar y modificar los criterios de asignación de los recursos del ramo treinta y tres. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Virginia Yleana Baeza Estrella, del Partido Acción Nacional, para exhortar a los ejecutivos federal y estatales a fin de que establezcan políticas que incentiven la contratación de personal, considerando a los mayores de cuarenta y cinco años de edad. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Santiago Cortés Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el presupuesto de las escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con el presupuesto de los órganos de enlace legislativo del Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Jesús Humberto Martínez de la Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de diputados de ese partido de los estados de Coahuila y Tamaulipas, en relación con la entrega de agua a los Estados Unidos de América en el marco del Tratado para la Distribución de Aguas Internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Recursos Hidráulicos.

Pascual Sigala Páez, del Partido de la Revolución Democrática, para crear la Comisión Especial para el Desarrollo Forestal.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, para que el Ejecutivo Federal incorpore la perspectiva de género en la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Alejandro Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para que se apliquen los programas necesarios a fin de que los reos realicen trabajos a favor de la comunidad para obtener beneficios. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Quintín Vázquez García, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue la detención de indígenas del estado de Hidalgo en Guadalajara, Jalisco. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Pedro Avila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar la modificación del turno dado por la Presidencia el catorce de abril de dos mil tres, a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción décima del artículo treinta y uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y reforma y adiciona la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Remítase a la Mesa Directiva.

La Secretaría da lectura a dos solicitudes de excitativa de los diputados:

Marcelo Herrera Herbert, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral tres del artículo cuarenta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el ocho de abril de dos mil tres. Rectifica hechos el diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, solicita aclaraciones de procedimiento y el Presidente las hace. La Presidencia formula la excitativa que corresponde.

María Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Gobernación, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo setenta y cuatro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada el once de septiembre de dos mil tres. La Presidencia hace la excitativa respectiva.

En el capítulo de agenda política, el diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, de Convergencia, comenta las comparecencias de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el Pleno y comisiones de la Cámara de Diputados.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia, se refiere al proceso y a los criterios para designar a los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral. Para el mismo tema habla la diputada Margarita Martínez López, del Partido Revolucionario Institucional.

En el capítulo de efemérides, se refieren a la promulgación de la Constitución de Apatzingán, los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México; Inelvo Moreno Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática; Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía, del Partido Acción Nacional; y Consuelo Muro Urista, del Partido Revolucionario Institucional.

Conmemoran el Día del Médico, los diputados: Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México; Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Angel Llera Bello, del Partido Acción Nacional y Martín Remigio Vidaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.

Antes de la intervención del diputado Vidaña Pérez, la Secretaría informa del registro final de cuatrocientos treinta y cinco diputadas y diputados.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente levanta la de hoy a las quince horas con treinta minutos, citando a la sesión solemne para develar en los Muros de Honor el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México, que se efectuará el martes veintiocho de octubre de dos mil tres, a las once horas y al término de la misma a sesión ordinaria.»

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta...

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde su curul):

Para una aclaración.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Para una aclaración, adelante diputado.

Activen el sonido en la curul del diputado Elpido Concha, por favor.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde su curul):

Señor Presidente, únicamente solicito, al respecto del punto de acuerdo que un servidor presentó a esta soberanía el día jueves, le solicito porque el Presidente mandó este punto de acuerdo a la Comisión de Hacienda. Mi solicitud es, como se trata de un incremento de recursos al Ramo 33 para proyectos productivos, solicito sea turnado este punto de acuerdo también a la Comisión de Presupuesto, nada más, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Voy a solicitar que haga esta solicitud a la Presidencia de la Mesa Directiva para poder turnarla a la comisión que usted indica, que no va haber ningún inconveniente.

Gracias, señor diputado.

Adelante, señor Secretario.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

No habiendo quien haga uso más de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Aprobada el acta.

El diputado Armando Neyra Chávez (desde su curul):

Señor Presidente, por favor, para hacer una aclaración al acta.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Pero ya está aprobada el acta señor diputado, no hay lugar a solicitud.

El diputado Armando Neyra Chávez (desde su curul):

Para rectificar hechos.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

No hay discusión, ya está aprobada el acta, lo lamento, señor diputado.

El diputado Armando Neyra Chávez (desde su curul):

Es muy grave lo que usted está haciendo.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Continúe la Secretaría.

El diputado Armando Neyra Chávez (desde su curul):

Antes de que terminara la votación le solicité el uso de la palabra y no me la dio.

No hay mayoría, señor Presidente, para la aprobación del acta.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Está aprobada el acta, si quiere hacer una aclaración desde su curul, por favor actívese el sonido.

El diputado Armando Neyra Chávez (desde su curul):

Gracias, señor Presidente.

Obviamente que se votó por una minoría y ante los medios seguimos quedando muy mal; si usted checa el presupuesto, el anteproyecto que se va a discutir aquí, hay dos cosas que nos afectan, la más grave, salvo la mejor opinión de los coordinadores de los diputados de los estados, y en el caso particular como coordinador de los diputados obreros, no hubo el tiempo suficiente para que se conociera esto y lo más grave, que en un lugar donde se hacen las leyes estamos violando la reglamentaria.

¿Cómo es posible que aquellos compañeros que tengan más de 75 mil pesos de sueldo no se les dé aumento? Eso no es posible, es muy vergonzante.

Yo creo que debemos de meditar, como se han meditado otras cosas.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Diputado, con todo respeto, ya se aprobó el acta, lo que usted está mencionando no es ni siquiera tema del acta; más adelante se va a discutir el punto de acuerdo a que usted hace referencia y podrá hacer uso de la palabra en la tribuna en su momento.

El diputado Armando Neyra Chávez (desde su curul):

Yo lo haré, pero le suplico a usted para conocimiento de nosotros, nos diga con cuántos votos fue aprobada el acta, es lo que tenemos que cuidar, porque en este país a lo único que se le hace caso es a los medios de información, por favor.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Fue votación económica, señor diputado, fue votación económica; si usted hubiera gustado una votación nominal, hubiera hecho la solicitud antes, para saber el número exacto de la votación.

Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE COAHUILA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.--- LVI Legislatura.

C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

El H. Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, en la décima sesión de su Diputación Permanente, correspondiente al segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura, celebrada el día 2 de septiembre de 2003, conoció sobre la propuesta de punto de acuerdo en relación con el campo mexicano, presentada por el diputado Fernando Castañeda Limones, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Previa discusión, se aprobó por unanimidad el siguiente:

Acuerdo

Primero.- Envíese un respetuoso comunicado a la Presidencia de la República para solicitarle que, en el marco del encuentro ministerial de la Organización Mundial del Comercio, se busque proteger por todos los medios los intereses de los campesinos mexicanos.

Segundo.- Solicítese al Ejecutivo federal que inicie el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito entre el Gobierno Federal y las organizaciones campesinas desde el 16 de junio del presente año en Palacio Nacional.

Tercero.- Solicítese a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que considere como estratégico y prioritario en el próximo Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal el destino de los recursos federales en favor de mejores subsidios para el sector agropecuario, y

Cuarto.- Túrnese el presente punto de acuerdo a la Comisión de Fomento Agropecuario para su análisis y seguimiento.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley Orgánica del Congreso, hacemos de su conocimiento lo anterior para la consideración que se estime procedente, anexando copia fotostática simple del documento que originó el presente acuerdo.

Atentamente.

Saltillo, Coahuila, a 3 de septiembre de 2003.--- Lic. y Profr. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica), Oficial Mayor del Congreso.»

«Punto de acuerdo que presenta el diputado Fernando Castañeda Limones del grupo parlamentario ``Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta'', del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el campo mexicano

C. Diputado Fernando de la Fuente Villarreal, Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado.--- Presente.

Compañeras y compañeros legisladores, en el discurso que practican políticos y gobernantes del sistema mexicano, se abordan los temas relacionados con el campo mexicano, se mencionan cifras, se expresan datos y se promete que, ahora sí, se realizarán acciones que respondan a las necesidades y eleven las condiciones de los trabajadores agrícolas y de sus familias, palabras que siguen siendo huecas pues, la realidad de las áreas rurales de nuestro país dista mucho de la fraseología que se expresa en los pronunciamientos del Gobierno Federal cuando toca temas relacionados con el sector rural.

Una descripción dramática y paradójica de los campesinos es la que el historiador inglés Eric Hobsbawm, quien en 1976 decía: ``esparcidos por el campo puede uno observar ciertos seres, machos y hembras obscuros, lívidos y quemados por el sol pegados a la tierra que cavan y remueven con invencible tesón. Que tienen algo que parece voz articulada, y cuando se yerguen sobre sus pies dejan ver un rostro humano. Son verdaderamente seres humanos... Gracias a ellos, los otros seres humanos no han de sembrar, labrar ni segar para vivir. Por eso no debería faltarles el pan que ellos mismos siembran'' (final de la cita).

Los efectos de la globalización, la firma de tratados comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, los acuerdos bilaterales que suscribe nuestro país con otras naciones del mundo y el fortalecimiento de organismos e instituciones de corte internacional, como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, que en la medida en que pasa el tiempo, imponen a las naciones políticas económicas, de desarrollo y hasta de programas de producción alimentaria.

El capital financiero internacional va adquiriendo, a través de estos organismos internacionales, una importancia fundamental y decisiva en la política nacional de gran número de países. A nadie es ajeno el concepto de que el capital no tiene patria y que los grandes consorcios internacionales que manejan la economía mundial pueden desestabilizar en cuestión de horas la economía de los países en vías de desa-rrollo.

El flujo de capitales que se mueve en las bolsas del mundo es capaz de alterar la vida económica de un país en un solo día, basta recordar las graves crisis económicas que han sufrido nuestro país y otros países del mundo por el movimiento y saqueo de capitales, producto de la especulación de los dueños del dinero; como ejemplo pudiéramos citar los desequilibrios sufridos por nuestro país en lo que el mundo de las finanzas se conoció como el efecto tequila, en Brasil el efecto samba y en Asia el efecto dragón y el más reciente fenómeno fue el que se presentó en Argentina.

Recientemente, organizaciones civiles y campesinas se han pronunciado en favor de mantener la soberanía alimentaria de los países y contra la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, donde, dijeron, se busca la posibilidad de un desarrollo agrícola nacional. Pretenden crear, siguiendo el mismo efecto globalizador, una economía mundial, donde ``ningún país consuma lo que produce'', lo cual fue señalado por Peter Rosset, de la organización estadounidense Food First, durante su participación en un seminario internacional campesino, donde se analizó el significado y las perspectivas del encuentro ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se realizará del 10 al 14 de septiembre, en Cancún, Quintana Roo.

De concretarse la intención de las grandes empresas transnacionales que controlan gran parte del comercio mundial en materia alimentaria, de acaparar la producción alimentaria comprando al precio que ellos fijen los productos del campo para luego comercializarlos a través de sus propias cadenas comerciales, se reducirían aún más las posibilidades no sólo de desarrollo y de progreso sino hasta de supervivencia de millones de familias que siguen aferradas a su terruño en espera de que las promesas del Gobierno Federal y los acuerdos suscritos entre éste y las organizaciones campesinas empiecen a implementarse y no se conviertan en otra ``buena intención del Gobierno Federal''.

El Partido Revolucionario Institucional mantiene la premisa de que la soberanía alimentaria debe ser el motor fundamental que refuerce nuestra independencia y soberanía nacional; nos pronunciamos en favor de que la producción agropecuaria no debe ser objeto de negociaciones; el derecho del pueblo a la alimentación debe considerarse prioridad estratégica y el camino para la recuperación del bie-nestar social de nuestra nación.

Perder la capacidad productiva de autoconsumo es seguir entregando nuestra patria en pedacitos al capital internacional, por ello es necesario que como representantes populares exijamos el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Ejecutivo federal con las organizaciones campesinas y productores agropecuarios, y solicitar a nuestro gobierno que se pronuncie, en la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio, contra la globalización de la producción alimentaria.

Conscientes estamos del grave deterioro que se manifiesta en el campo mexicano; sabemos de nuestra falta de competitividad en materia de tecnología, en comparación con los países con mayor grado de desarrollo; de igual manera, sabemos que México no cuenta con los recursos para otorgar, en igualdad de proporciones, subsidios para la producción agrícola, pero también sabemos que la nobleza de nuestros campesinos está al margen de toda duda: sin tecnología, sin fuertes apoyos económicos subsidiarios se mantienen ahí, apegados al terruño que los vio nacer, dispuestos para aportar su mejor esfuerzo en beneficio del progreso y bienestar de la sociedad mexicana.

Por todo ello, y en representación del grupo parlamentario ``Luis Donaldo Colosio Murrieta'' del Partido Revolucionario Institucional y con las facultades que me otorgan el artículo 17 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Diputación Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Envíese un respetuoso comunicado a la Presidencia de la República, en el cual se le solicite el retiro de los temas relacionados con la globalización alimentaria del encuentro ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se celebrará del 10 al 14 de septiembre en Cancún, Quintana Roo.

Segundo.- Solicítese al Ejecutivo Federal inicie el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito entre el Gobierno Federal y las organizaciones campesinas desde el 16 de junio del presente año en Palacio Nacional.

Tercero.- Solicítese a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que considere como estratégico y prioritario, en el próximo Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal, el destino de los recursos federales en favor de mejores subsidios para el sector agropecuario.

Cuarto.- Túrnese el presente punto de acuerdo a la Comisión de Fomento Agropecuario para su seguimiento.

Atentamente.

Saltillo, Coahuila, a 2 de septiembre de 2003.--- Por el grupo parlamentario ``Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta'' del Partido Revolucionario Institucional, Dip. Fernando Castañeda Limones.»

Cumplida la encomienda, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE PUEBLA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Continuamos el siguiente documento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado de Puebla.--- LV Legislatura.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En sesión pública ordinaria del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla celebrada con esta fecha fue aprobado acuerdo presentado por diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del cual remito fotocopia, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 16 de octubre de 2003.--- Dip. Humberto Vázquez Arroyo (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado de Puebla.--- LV Legislatura.

El Honorable Quincuagésimo Quinto Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Considerando

Que en sesión pública ordinaria de esta fecha, vuestra soberanía tuvo a bien aprobar el acuerdo presentado por diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Puebla por el que se solicita que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión intervenga ante las instancias correspondientes para que se respeten los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Que, en los últimos días, hemos sido testigos de inconformidad manifiesta y preocupación de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, motivadas por la revisión contractual y de aumento salarial que lleva a cabo el XLII Congreso Nacional Ordinario.

Que en la vocación política nacional tienen que privilegiarse en todo momento el entendimiento y el debido cauce de los problemas sociales. El sistema de seguridad social ha sido y es pilar de las instituciones mexicanas; y una de sus razones, la representación ciudadana.

Que el Instituto Mexicano del Seguro Social es sin duda uno de los organismos públicos más importantes del Estado mexicano. Son de orden público y de interés social su preservación y desenvolvimiento armónico institucional.

Que los reclamos por mejorar las prestaciones laborales de los trabajadores del Seguro Social son principios básicos de las garantías sociales consignadas en la Carta Magna y demás ordenamientos en la materia. Sus objetivos son satisfacer sus necesidades conforme a la situación real de las demandas de la sociedad, lo cual resulta necesario, sin afectar los logros conseguidos a la fecha.

Que el bienestar social es constante preocupación de las organizaciones políticas. En este sentido, se hace necesaria una postura pública del honorable Congreso del estado, ante los planteamientos que, en ejercicio de su derecho de reunión, formulan los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ello nos pronunciamos por la conciliación y el diálogo que permitan, en el marco del derecho, el logro del consenso democrático.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción XI, 65 y 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 88 y 90 del Reglamento Interior del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emite el siguiente

Acuerdo

Unico. Envíese al honorable Congreso de la Unión el presente acuerdo, por el que solicitamos su intervención ante las instancias correspondientes para que se respeten los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a 16 de octubre de 2003.--- Diputados: Humberto Vázquez Arroyo (rúbrica), Presidente; María Leonor A. Popócatl Gutiérrez (rúbrica), vicepresidenta; Daniel Antéliz Magaña (rúbrica), Martín Márquez Silva (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Instituto Federal Electoral.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este medio me permito hacerle llegar el documento Notas para una reforma electoral: una visión de conjunto, que hemos elaborado los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) José Barragán Barragán, Jesús Cantú Escalante, Alonso Lujambio Irazábal, Gastón Luken Garza, Mauricio Merino Huerta, Jacqueline Peschard Mariscal, Virgilio Rivera Delgadillo y yo mismo.

Se trata de un texto que recoge las reflexiones conjuntas, producto de la experiencia derivada del ejercicio de nuestras funciones constitucionales a lo largo de siete años, sobre algunas deficiencias y limitaciones que presenta la legislación electoral. Por ello, con pleno respeto a las atribuciones que la Constitución prevé para las Cámaras del Congreso de la Unión, nos permitimos hacer en dicho documento no sólo un análisis sino, también, una serie de propuestas que desean ser un insumo para la discusión legislativa de eventuales futuras modificaciones a las leyes electorales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 23 de octubre de 2003.--- Mtro. José Woldenberg Karakowsky (rúbrica), Consejero Presidente.»

«Notas para una Reforma Electoral: una Visión de ConjuntoIntroducción

Los tres últimos comicios federales, que se han llevado a cabo sobre la base de las reformas constitucionales y legales promulgadas en 1996, han probado que las normas que regulan nuestro sistema electoral son suficientes para garantizar la organización eficaz, competitiva y transparente de las elecciones. Gracias a esa reforma fue posible superar los cuestionamientos que durante décadas impidieron la aceptación plena de los resultados. Hoy existen reglas e instituciones que hacen más equitativa la contienda por los votos, y que permiten asegurar que los procesos electorales se ciñen a la ley.

No obstante, la aplicación estricta de esas normas ha permitido identificar, también, algunas de sus deficiencias y de sus limitaciones. Ninguna de éstas es tan grave como para impedir que las elecciones federales puedan seguir estando bien organizadas y arrojando resultados transparentes. Pero sería deseable subsanarlas a la luz de la experiencia acumulada en estos años.

Estas notas buscan contribuir a esos propósitos. Los consejeros electorales y el consejero presidente que las suscribimos hemos participado en el órgano de dirección del IFE prácticamente durante todo el periodo en que las normas actuales han estado en vigor, y de ahí que hayamos considerado pertinente aportar un documento que pueda ser útil a los legisladores que tendrán la responsabilidad de diseñar una nueva reforma electoral. Se trata de una visión de conjunto y no de propuestas propias de la técnica legislativa.

Lo que deseamos es señalar algunos de los ámbitos en que convendría promover ciertas modificaciones a las leyes -y, eventualmente, a la Constitución-, así como las razones para hacerlo. Se trata de veintiún temas, agrupados en tres rubros generales: 1) el costo y las condiciones de la competencia; 2) las facultades de la autoridad; y 3) la mejor organización de los procedimientos electorales.

Primer rubro: el costo y las condiciones de la competencia

En este rubro se proponen nueve temas específicos. De éstos, los seis primeros están directamente vinculados a los recursos utilizados por los partidos para financiar sus actividades; dos más se refieren al ingreso de nuevas organizaciones en el sistema de partidos y, en su caso, a su liquidación; y el último, a las normas que regulan a las agrupaciones políticas nacionales. Son los siguientes: 1) la revisión de la fórmula de financiamiento a los partidos; 2) la reducción de la duración de las campañas; 3) la reglamentación de las precampañas internas para la selección de candidatos; 4) la revisión de los métodos para la compra de propaganda en radio y televisión; 5) la modificación de la forma de acceso a las franquicias postales; 6) la reglamentación de las aportaciones de militantes y organizaciones al financiamiento de partidos; 7) la revisión del método para verificar los requisitos que han cumplir las organizaciones que quieran convertirse en partidos; 8) el establecimiento de un procedimiento de liquidación de los partidos que pierdan su registro; y 9) la revisión de las normas que regulan a las agrupaciones políticas nacionales. Las razones para considerar cada uno de estos puntos son las siguientes:

1. La revisión de la fórmula de financiamiento a los partidos

No hay duda de que el modelo constitucional que privilegia el financiamiento público sobre cualquier modalidad de acceso a los recursos de los particulares ha dado muestras de sus beneficios en la medida en que ha permitido una mayor transparencia y una mayor equidad en los dineros que se emplean para financiar al sistema de partidos. Sin embargo, la fórmula empleada para calcular el monto de ese financiamiento público debe revisarse. De un lado, la fórmula que está vigente contempla varios multiplicadores, entre los que se encuentra el número de partidos políticos que, como bien se sabe, puede incrementarse cada tres años cuando las nuevas organizaciones que acreditan los requisitos ordenados por la ley obtienen 2 por ciento de la votación en elecciones federales y representación en las Cámaras del Congreso federal. Así sucedió en el año 2000, cuando el número de partidos que logró los votos suficientes para contar con presencia en la Cámara de Diputados ascendió de cinco a ocho, lo que llevó a incrementar la bolsa de financiamiento público en una proporción equivalente. Además, cada tres años esa bolsa ha de duplicarse para financiar las campañas que realizan los partidos, a pesar de que en las elecciones intermedias solamente se elige a los integrantes de la Cámara de Diputados, y no al Presidente de la República ni a los senadores.

Por estas razones, convendría que los legisladores revisaran la fórmula vigente para el financiamiento público para volverla más estable. Cualquier fórmula que tienda a la certeza en los montos disponibles sería viable: desde un porcentaje fijo del Presupuesto anual de la Federación que los propios diputados deben aprobar, o uno determinado en función del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, hasta el establecimiento de un multiplicador distinto -como el número de partidos con fracciones en ambas Cámaras-, en caso de mantener la fórmula actual, entre otros.

Desde luego, sería muy conveniente que el financiamiento para las campañas de las elecciones intermedias represente solamente 50 por ciento del financiamiento anual para gastos ordinarios. A este punto, todavía cabría agregar el de la duración de las campañas, que se plantea en seguida.

2. La reducción de la duración de las campañas

México es uno de los países de América Latina con campañas más largas. Tomando en cuenta el costo que eso supone y el hecho de que la mayor parte de la comunicación social se despliega hoy en la radio y la televisión, esa duración resulta a todas luces excesiva.

Es un hecho conocido, además, que las campañas demasiado largas no contribuyen a la calidad de la contienda ni a incrementar la participación electoral. Por estas razones y considerando las experiencias de otros países, sería conveniente reducir el periodo de las campañas a la Presidencia de la República, las de senadores y diputados. Y, como consecuencia de esa reducción, podría reducirse también la estimación del costo del financiamiento público. Como se verá en el punto cuatro de este apartado, además, la reducción de la duración de las campañas debería llevar a la prohibición permanente de que terceros contraten propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido o candidato, a efecto de evitar que la ley electoral pueda ser burlada a través los particulares. Actualmente, esta prohibición abarca sólo las campañas electorales.

3. La reglamentación de las precampañas internas para la selección de candidatos

La selección democrática de candidatos forma parte de las obligaciones y de las rutinas de los partidos políticos. Existen tres grandes momentos en que los ciudadanos que aspiran a ocupar un cargo de elección pueden realizar campañas de promoción: 1) con anterioridad a que los partidos políticos abran sus convocatorias para la selección interna de candidatos, en que existe plena libertad para desplegar actos publicitarios; 2) durante el proceso de selección interna de candidatos, que solamente está regulado por los propios ordenamientos de los partidos políticos; y 3) durante las campañas electorales, cuya duración y montos de gasto permitidos están claramente regulados por el Cofipe.

Consideramos que la ley electoral debería regular detalladamente los aspectos financieros de los procesos internos de selección de candidatos y las precampañas que se realizan. La ley debería contemplar la posibilidad de que las personas que compitan por las candidaturas en disputa rindan al partido que los postulará un informe pormenorizado y auditable de los gastos que realizaron para obtenerla. Esta relación debe formar parte de los informes anuales que deben presentarse ante la autoridad electoral.

De otro lado, convendría que la ley fijara plazos para que todos los partidos concluyan dichos procesos internos en fechas similares, así como la prohibición expresa de iniciar actos de propaganda antes del registro oficial de las candidaturas ante el IFE, en aras de salvaguardar la equidad de la contienda. Y, como ya se dijo en el punto anterior, a estas decisiones cabría agregar la prohibición permanente de que particulares contraten propaganda a favor o en contra de partidos o de candidatos.

En lo que se refiere a la etapa previa al inicio formal de los procesos de selección interna de candidatos, sería conveniente que la ley contemplara algún tipo de reglamentación, a fin de evitar situaciones como las que se presentaron en la elección de 2000, que implicaron el despliegue de importantes recursos económicos.

4. La revisión de los métodos para la compra de propaganda en radio y televisión

Más de 50 por ciento de los gastos que realizaron los partidos políticos en las campañas electorales de los años 1997, 2000 y 2003 se destinó a la compra de propaganda en radio y televisión. Bajo esta premisa, es evidente que cualquier fórmula que tienda a reducir el costo de esas compras incidiría directamente en el costo agregado del financiamiento público.

Entre las fórmulas que otros países han utilizado para reducir el costo del acceso partidario a los medios masivos de comunicación destaca el uso exclusivo de tiempos oficiales: tiempos de Estado y fiscales, en franjas de mayor audiencia y no negociables, y distribuidos con criterios de equidad. Esto significaría, obviamente, que ni los partidos ni los particulares podrían contratar tiempos de radio y televisión. Una opción intermedia, que también podría ser útil al mismo propósito, sería la mixtura entre los tiempos de Estado y la compra a través del IFE de tiempos adicionales en periodos de campaña, distribuidos con el mismo criterio de equidad.

Una tercera posibilidad sería que se mantuviera el sistema actual, que combina acceso a tiempos de Estado y compra de spots por parte del IFE con la contratación directa de espacios en medios por parte de los partidos políticos, siempre que se fijaran topes precisos para dicha compra.

En este caso, la ley debería establecer la obligación para los concesionarios de presentar sus pautas de programación durante las campañas, a fin de que la autoridad pueda verificar el cumplimiento de dichos topes.

5. La modificación de las formas de acceso a las franquicias postales

La ley electoral prevé que los partidos políticos pueden hacer uso de las franquicias postales sin limitación alguna, salvo la de ser empleada por cualquiera de los comités formalmente estatuidos. Si bien es cierto que esas franquicias resultan necesarias y deben seguir siendo una prerrogativa partidaria, sería conveniente que se establecieran límites en su uso, dada la carga presupuestal que suponen, pero sobre todo porque no deben existir prerrogativas sin techos específicos.

La ley electoral podría fijar un porcentaje determinado del financiamiento público para distribuirse de manera igualitaria entre los partidos. De esa manera, todos tendrían el mismo acceso a esta prerrogativa sin afectar con la incertidumbre actual el presupuesto y la operación del Servicio Postal Mexicano.

6. La reglamentación de las aportaciones de militantes y organizaciones al financiamiento de los partidos

Actualmente, los partidos pueden fijar libremente los montos máximos de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes y organizaciones, a diferencia de las cuotas que reciben de simpatizantes, que sí tienen un límite establecido en la ley. Cada partido puede decidir modificar dichos montos cada año o bien convertir a quien realiza una aportación muy grande en militante activo, a efecto de hacer nugatorios los límites establecidos para los simpatizantes. Es evidente, por tanto, que para evitar esa ficción, la ley debería fijar un porcentaje del financiamiento público como límite para esas aportaciones en todos los partidos.

7. La revisión del método para verificar los requisitos que han de cumplir las organizaciones que quieran obtener registro como partido político

Es sin duda conveniente que se mantenga franco el derecho de los ciudadanos para formar nuevos partidos políticos. En este sentido, los requisitos que actualmente establece la ley para ese fin son adecuados. Sin embargo, para acreditar que efectivamente se realizaron al menos 10 asambleas estatales con 3,000 afiliados, o 100 asambleas distritales con 300 afiliados cada una, es suficiente la fe de algún notario, de un juez o de un representante legal del IFE. Dado que el IFE otorga el reconocimiento legal a las organizaciones que aspiran a obtener el registro como partido político, sería conveniente que la ley electoral establezca que solamente la propia autoridad electoral verificará, de manera directa e indelegable, el cumplimiento de esos requisitos.

De otro lado, sería conveniente determinar en la ley que un partido que no haya obtenido al menos 2 por ciento de la votación nacional emitida pueda, no obstante, buscar su registro en la siguiente elección federal.

No hay razón suficiente para impedir que un grupo de ciudadanos que desea formar un partido político y que cuenta con una base social real de respaldo político tenga que eludir la ley, adoptando una denominación o emblema distintos. Es nuestra opinión que los derechos políticos de los ciudadanos deben estar por encima de cualquier otra consideración.

8. El establecimiento de un procedimiento de liquidación de los partidos que pierdan su registro

La ley no prevé un procedimiento para liquidar los bienes adquiridos por un partido político que pierda su registro. No hay una disposición normativa específica que obligue a esas organizaciones a rendir cuentas sobre el destino que darán a los bienes que adquirieron como entidades de interés público y que, por esa razón, no pueden emplear para fines particulares. Si la ley les impone una prohibición cuando tienen registro, con mayoría de razón debe imponerles obligaciones cuando lo pierden y han de rendir cuentas sobre la utilización de los recursos que emplearon, a fin de evitar que los bienes adquiridos tengan un destino incierto ante el silencio de la ley.

Por estas razones, sería conveniente establecer una regulación específica para asegurar que los partidos que pierdan su registro estén obligados a realizar un procedimiento de liquidación transparente y vigilado por la autoridad electoral, bajo la responsabilidad de personas físicas previamente designadas, que además haga posible el reingreso del patrimonio final, obtenido durante la vigencia del registro, en las arcas de la Federación.

En este sentido, es necesario agregar la figura jurídica del patrimonio de los partidos políticos como entidades de interés público; las facultades de la autoridad electoral para vigilar y sancionar el procedimiento de liquidación; las responsabilidades específicas de los encargados por cada partido de ese procedimiento; y los plazos y las modalidades de devolución de los bienes restantes a la Federación.

9. La revisión de las normas que regulan a las agrupaciones políticas nacionales

Las agrupaciones políticas nacionales constituyen una figura jurídica indispensable en la legislación electoral. Tienen derecho a participar de una bolsa de financiamiento público para las actividades que la ley les impone y deben rendir cuentas sobre el uso de todos y cada uno de los recursos que emplean en su labor.

Con todo, la legislación electoral no desarrolla un capítulo sobre las obligaciones y los derechos específicos de esas organizaciones de ciudadanos que, por su propia naturaleza, son diferentes de las de los partidos políticos.

Por estas razones, consideramos que una reforma electoral debería incluir la redefinición de los fines, de las prerrogativas, de los derechos y de las obligaciones de las agrupaciones políticas nacionales para distinguirlas con nitidez de las que corresponden a los partidos políticos. Sean embriones de partido o agrupaciones de ciudadanos que contribuyen al desarrollo de la democracia, su definición jurídica en la legislación actual es insuficiente.

Segundo rubro: las facultades de la autoridad electoral

En este rubro se incluyen cuatro temas, vinculados todos con la necesidad de fortalecer algunas de las atribuciones constitucionales y legales de la autoridad electoral, que resultan indispensables para cumplir a cabalidad sus funciones.

Son los siguientes: 1) la inclusión del IFE como sujeto activo de controversia constitucional; 2) la eliminación del secreto bancario, fiduciario y fiscal para efectos de fiscalización de los recursos de partidos y agrupaciones políticos nacionales; 3) el otorgamiento de facultades de investigación y apremio a empresas y personas físicas en el desahogo de quejas administrativas en materia electoral; y 4) la inclusión del criterio de coordinación obligatoria entre el IFE y las autoridades electorales de las entidades federativas para efectos de fiscalización. Las razones para señalar estos temas en particular son las siguientes:

1. La inclusión del IFE como sujeto activo de controversia constitucional

La necesidad de preservar el carácter autónomo del IFE y de garantizar las condiciones jurídicas para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales justifica que este órgano de Estado sea considerado sujeto activo de controversia constitucional. La materia electoral no ha estado exenta de conflictos de competencias, que sin embargo no tienen en las normas actuales una posibilidad diáfana de ser resueltas por el Poder Judicial.

Hay que recordar que el IFE ha tenido dificultades para hacer cumplir sus atribuciones en cuanto al acceso de los partidos políticos a los tiempos de radio y televisión, o para promover campañas de participación ciudadana en las elecciones sin intervención de los gobiernos, dada la actual estructura de distribución de competencias concedidas al Ejecutivo Federal, sólo por citar dos ejemplos conocidos.

En consecuencia, sería conveniente modificar el texto constitucional para dotar al IFE de la posibilidad de iniciar controversias constitucionales en defensa de sus atribuciones y de su autonomía.

2. La eliminación del secreto bancario, fiduciario y fiscal para efectos de fiscalización de los recursos de los partidos y las agrupaciones políticos nacionales.

La fiscalización de los recursos públicos que reciben los partidos políticos es viable, pues al entregarlo directamente el IFE conoce los montos asignados.

En cambio, identificar con exactitud el origen de los recursos que obtienen por financiamiento privado exige confrontar los informes presentados por ellos mismos con otras fuentes de información y, de manera privilegiada, con el sistema financiero nacional. Y en el desahogo de quejas, como ha quedado de manifiesto en distintas ocasiones y como de hecho ha confirmado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es imperativo que la autoridad electoral pueda tener acceso a la información resguardada por el secreto bancario y por el secreto fiscal y fiduciario.

No obstante, la tesis sostenida por el Tribunal Electoral no tiene efectos generales sino que debe reiterarse caso por caso y, por tanto, no suple la necesidad de legislar en esa materia. De no modificarse la ley en ese sentido, sería indispensable que la autoridad electoral cerrara los expedientes sin información suficiente, a la espera de que su decisión fuera impugnada ante el Tribunal Electoral, y éste la devuelva al IFE otorgándole el acceso a la información reservada por los secretos ya mencionados. Es obvio que ese círculo va en detrimento de la justicia pronta y expedita a la que está obligada la autoridad.

Debe aclararse que el IFE en ningún momento ha buscado que la eliminación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal suponga la divulgación pública de los datos. No se trata de acceder a esa información para publicarla. Se trata de dotar a la autoridad de capacidad efectiva para investigar y resolver con acceso pleno a los datos que obran en poder del sistema financiero y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conservando sin embargo la reserva de publicar toda la información que no sea directamente pertinente para la resolución de quejas o para el dictamen de los informes presentados por los partidos.

Por esas razones, consideramos que debe otorgarse al IFE la atribución de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información referente a las operaciones bancarias y financieras de los partidos y las agrupaciones políticos nacionales y, en su caso, de cualquier otra persona física o moral involucrada en los procedimientos de investigación y desahogo de quejas en materia de fiscalización.

Asimismo, debe otorgarse al IFE la facultad de acceder a la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualquiera de sus dependencias respecto a la facturación que cualquier persona moral o física con actividades empresariales haya realizado a cualquier partido o agrupación política nacional. Y, del mismo modo, la posibilidad de requerir a la misma dependencia del Ejecutivo federal la práctica de auditorías a cualquier empresa de carácter mercantil o persona física con actividades empresariales respecto a las actividades desarrolladas con cualquier partido o agrupación política nacional.

De reformarse la ley electoral en ese triple sentido, habría que realizar las reformas pertinentes a la Ley de Instituciones de Crédito y al Código Fiscal de la Federación.

3. El otorgamiento de facultades de investigación y apremio a empresas y personas físicas en el desahogo de quejas administrativas en materia electoral

Por razones similares a las señaladas en el punto anterior, el IFE debería contar con facultades expresas para requerir información a personas o empresas sobre cualquier elemento que obre en su poder y que sirvan para sustanciar quejas en materia electoral. Esto es particularmente relevante en materia de fiscalización de los recursos de los partidos y de las agrupaciones políticos nacionales.

Mientras la ley no contemple la posibilidad de que el IFE, de manera directa, pueda requerir a los particulares para efectos de investigación en materia electoral, éstos podrán negarse a colaborar con la autoridad electoral y solamente podrán ser apremiados, en su caso, por mandato expreso de autoridad judicial competente.

La experiencia ha mostrado que esa facultad puede y debe estar acotada en la propia ley a la investigación de asuntos vinculados a la materia electoral, para evitar molestias innecesarias a los particulares. Pero es claro que mientras el IFE no cuente con medios de apremio directos y explícitamente señalados en la ley, sus facultades de investigación seguirán siendo limitadas.

4. La inclusión del criterio de coordinación obligatoria entre el IFE y las autoridades electorales de las entidades federativas para efectos de fiscalización

Los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en elecciones federales y locales, incluidas las del Distrito Federal, y en consecuencia a destinar sus fondos para cualquier tipo de elección, con independencia de su origen. Sin embargo, nuestro sistema federal impone que las autoridades federales solamente puedan fiscalizar los recursos que se presumen federales, mientras que las autoridades de los estados lo pueden hacer sólo con los recursos que se presumen estatales.

Por esa razón, es necesario modificar el texto constitucional para que el IFE y las autoridades electorales de las entidades federativas queden mutuamente obligados a fijar mecanismos de coordinación que les permitan intercambiar toda la información pertinente relativa al origen y el destino de los recursos utilizados por los partidos y las agrupaciones políticos nacionales, sin vulnerar sus respectivos ámbitos de competencia.

Tercer rubro: la mejor organización de los procedimientos electorales

Finalmente, en este rubro se proponen ocho temas más, que atañen a la mejor organización de los procedimientos que ordena la legislación electoral o que, en su caso, convendría legislar para perfeccionarlos.

Son los siguientes: 1) la definición sobre las modalidades del voto de los mexicanos en el extranjero; 2) la desconcentración de los procedimientos administrativos de sanción a partidos y agrupaciones políticos nacionales; 3) la revisión de las normas para contar los votos de las coaliciones electorales; 4) el establecimiento de una vigencia legal para la credencial de elector con fotografía; 5) la conveniencia de fijar el número de casillas especiales conforme a las condiciones de cada distrito electoral; 6) la posibilidad de acceder a una muestra de la documentación electoral, para realizar estudios específicos; 7) la revisión de los horarios y los plazos para la integración y la apertura de la votación en las casillas; y 8) la conveniencia de concentrar en una fecha las jornadas electorales que se rea-lizan en un mismo año. Las razones para incluir estos puntos son las siguientes:

1. La definición sobre las modalidades del voto de los mexicanos en el extranjero

Este es un tema particularmente complejo. De entrada, hay que reconocer que, más allá del aparente consenso entre los distintos actores políticos sobre el derecho que la Constitución otorga a los ciudadanos mexicanos a participar en las elecciones, todavía no se han analizado puntualmente las distintas implicaciones que la reforma legal y reglamentaria de ese derecho podría traer al sistema electoral en su conjunto.

Cabe recordar que en 1998 el IFE presentó un estudio formulado por especialistas, en el que se concluyó que sí resultaría viable extender el derecho de voto a los mexicanos residentes en el extranjero, pero a condición de que se resolvieran distintos obstáculos de orden legal y operativo. Entre ellos, vale la pena subrayar los siguientes:

a) Habría que precisar, en primer lugar, si el derecho al voto deriva de la residencia o de la nacionalidad, o incluso de una combinación de ambas.

b) Dado que el marco jurídico actual no reconoce la modalidad de voto fuera del territorio nacional, habría que modificar sustancialmente todas las normas que rigen la materia electoral. No es suficiente una reforma del Cofipe.

c) Además de las reformas legales, tendrían que gestionarse, con diversas dependencias públicas y con personas privadas nacionales y aun extranjeras, los apoyos que permitieran al IFE llevar a cabo la organización de las elecciones fuera del territorio nacional. Debe tenerse presente que la facultad del IFE para organizar los comicios federales es constitucional, exclusiva e indelegable a ninguna otra autoridad.

d) Deben resolverse problemas operativos ineludibles que tendría que contemplar la ley con toda precisión, a fin de evitar que los principios de certeza, legalidad y objetividad se pierdan en la aplicación de una legislación incompleta. Entre otros, y dependiendo de la modalidad que se adopte, tendrían que resolverse asuntos como la formación del padrón electoral de ciudadanos residentes en el extranjero; las modalidades de expedición de la credencial para votar con fotografía, fuera del territorio nacional; la ubicación de los centros de votación; la insaculación y capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla en el extranjero; el establecimiento de las reglas que deben regir la rea-lización de campañas electorales fuera del territorio, que no podrían obligar a terceros extranjeros; la determinación de las reglas de ingreso y gasto, así como de los mecanismos de fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos fuera del territorio; las modalidades para sustanciar procedimientos contenciosos en materia electoral, fuera del ámbito nacional; y las características de persecución de delitos electorales cometidos fuera de México.

e) De manera particular, los problemas relativos al financiamiento privado que podrían recibir los partidos en sus campañas fuera del territorio nacional, así como el acceso a los medios de comunicación extranjeros y regulados con las leyes de otros países, resultan temas que la legislación no podría omitir.

f) Por último, la posibilidad del voto de los mexicanos en el extranjero debe tomar en cuenta la dimensión demográfica, pues de acuerdo con el estudio realizado por el IFE conforme al mandato legal, para el año 2000 el número de electores potenciales residentes solamente en Estados Unidos se calculaba en 9.8 millones de ciudadanos (es decir, 14 por ciento de la población en edad de votar).

2. La desconcentración de los procedimientos administrativos de sanción a partidos y agrupaciones políticos nacionales

De conformidad con lo que establece el Cofipe, el IFE desahoga dos tipos de procedimientos administrativos de sanción respecto a las obligaciones de los partidos y las agrupaciones políticos nacionales: los que se refieren a la fiscalización de los recursos que utilizan y los genéricos, que atañen al resto de las obligaciones de los partidos y las agrupaciones políticos.

Sobre la base del ordenamiento legal, el IFE ha desarrollado una reglamentación interna para cada uno de esos procedimientos y, por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha dictado tesis que han venido a complementar el entramado jurídico de lo contencioso electoral.

Sin embargo, a lo largo de estos años han brotado al menos cuatro tipos de problemas que una reforma legal podría resolver: a) los que se refieren a las facultades limitadas de la autoridad electoral en materia de investigación; b) los derivados de la ausencia de un mecanismo de coordinación claro entre autoridades federales y locales en materia electoral, para compartir información y evitar que las indagato- rias resulten insuficientes o redundantes; c) los relacionados con la vida interna de los partidos políticos, que hasta ahora se han resuelto conforme a las sentencias y las tesis emitidas por el Tribunal Electoral, ante la falta de normas legales explícitas; y d) los de orden operativo y aun político, que resultan de la excesiva concentración de esos procedimientos en los órganos centrales del IFE y del Tribunal Electoral.

Sobre los dos primeros asuntos, en este documento ya se ha señalado la conveniencia de dotar de mayores facultades al IFE y de modificar la Constitución para establecer la coordinación obligatoria entre las autoridades electorales de los estados y las federales. No es necesario repetir esos argumentos.

Sobre el tercero, consideramos que conviene aclarar los vacíos legales que hasta ahora ha subsanado el Tribunal Electoral por medio de sentencias, en relación con los derechos y las obligaciones de los militantes y las dirigencias de los partidos políticos y los alcances de los recursos de queja cuando esos derechos u obligaciones sean vulnerados.

Respecto del último punto, consideramos que sería muy conveniente rediseñar el sistema de medios de impugnación para incorporar el criterio de desconcentración por ámbito territorial, en las quejas genéricas y durante los procesos electorales. Hasta ahora, los órganos desconcentrados del IFE (los consejos locales y distritales) y las salas regionales del Tribunal Electoral tienen una mínima participación en el desahogo de esos procedimientos, a pesar de que la experiencia demuestra que la gran mayoría de las quejas se refieren a asuntos de orden estatal o distrital, son presentadas por la representación distrital o local de los partidos políticos y ocurren durante los procesos electorales.

No existe razón para que en la resolución de esas quejas no se aplique un criterio territorial tal, que los asuntos distritales se resuelvan en primera instancia en los consejos distritales y los estatales en los consejos locales, mientras que las salas regionales del Tribunal Electoral podrían operar como segunda instancia.

Siguiendo ese criterio, solamente las quejas que tengan alcance nacional serían resueltas por el Consejo General del IFE y revisadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Este criterio sería aun más útil tomando en cuenta que en los consejos distritales y locales tienen representación los partidos políticos que participan en los procesos electorales.

Conviene insistir en que ese criterio de desconcentración por ámbito territorial y durante los procesos electorales solamente tendría aplicación práctica para las quejas genéricas y no para las relativas a la fiscalización de los recursos de los partidos y las agrupaciones políticos nacionales, ni para la resolución de los conflictos derivados de la vida interna de los partidos, como ya fue mencionado. Pero con esa sola modificación, se incrementaría la posibilidad práctica de impartir justicia electoral de manera más pronta y expedita, y además las resoluciones podrían incidir de manera mucho más efectiva en la solución de los problemas planteados en cada distrito y en cada estado, según el caso.

3. La revisión de las normas para contar los votos de las coa-liciones electorales

Los partidos políticos tienen derecho a establecer convenios de coalición para sumar fuerzas y reforzar su convocatoria a los ciudadanos. Sin embargo, dado que la ley considera las coaliciones como un solo partido político para todos los efectos y por tanto contienden bajo un solo emblema, no es posible identificar el verdadero respaldo electoral de cada fuerza política coligada.

Por esa razón, una reforma pertinente de la ley sería que los votos otorgados a una coalición pudieran diferenciarse claramente por partido político, manteniendo la exigencia de presentar un programa de gobierno y legislativo común, a fin de ir preparando el camino para coaliciones parlamentarias, de gobierno o ambas y no solamente de índole electoral.

4. El establecimiento de una vigencia legal para la credencial de elector con fotografía

El Cofipe no establece un periodo de vigencia para la credencial de elector, por lo que se entiende que ese instrumento es válido hasta en tanto el ciudadano fallezca, le sean suspendidos sus derechos ciudadanos, realice una corrección de datos, cambie de domicilio, sufra algún deterioro grave o sea detectada alguna inconsistencia mediante la técnica censal.

Por esa razón, sería conveniente establecer un periodo de vigencia, que en nuestra opinión debería ser de un mínimo de 12 años. Con esa vigencia, sin una carga presupuestal excesiva, podría además propiciarse la actualización y la depuración permanentes del padrón electoral, la actualización de los rasgos físicos del elector y la sustitución oportuna del material con que se produce la credencial.

De otro lado, una decisión de esa naturaleza haría que los cuadros incorporados a la credencial de elector para el marcaje de las elecciones federales y locales, y que en muchos casos se encuentran ya saturados, dejaran de ser necesarios al sustituirlos por la fecha de vigencia de la credencial.

Y en cuanto a la seguridad que ese marcaje adiciona a la confianza de las elecciones, cabe mencionar que hoy resulta superflua, dadas las garantías que se han adicionado a las listas nominales con fotografía y al proceso de integración y capacitación en las mesas directivas de casilla.

5. La conveniencia de concentrar en una fecha las jornadas electorales que se realizan en un mismo año

La dispersión de las fechas destinadas a las distintas jornadas electorales que se realizan en el país cada año no se compadece de la dificultad ni de los costos que supone su organización. Tampoco del hecho de que, en algunas entidades, se viven elecciones tan frecuentes, que desalientan la participación ciudadana y, en términos generales, contribuyen a incrementar la tensión política que supone la contienda permanente por los votos, en detrimento de otros asuntos de interés nacional.

En suma, la dispersión de los calendarios electorales no contribuye a la consolidación de la democracia.

La concentración de todas las elecciones en una sola fecha produciría efectos contraproducentes, por la eminente atención que genera la elección presidencial. Pero sí es posible, así sea de manera gradual, compactar en una sola fecha las distintas jornadas electorales que se realizan cada año.

Los ciudadanos sabrían que una vez al año se realizan las elecciones, en fecha fija; los partidos políticos podrían concentrar sus esfuerzos y sus gastos de manera mucho más eficaz; y las autoridades electorales podrían mejorar con creces sus vínculos de coordinación.

Una decisión así implicaría modificar la Constitución General y las de los estados, además de las leyes correspondientes, incluyendo los transitorios sobre la duración de los mandatos que deben ser modificados hasta la compactación de las fechas en una sola. Pero no hay duda de las ventajas que una modificación de esa naturaleza traería a los procesos electorales en su conjunto.

6. La conveniencia de fijar el número de casillas especiales conforme a las condiciones de cada distrito electoral

Las casillas especiales son las que prevé el Cofipe para recibir la votación de los ciudadanos en tránsito. Es decir, de quienes se encuentran fuera de su sección electoral, pero dentro del territorio nacional.

En el pasado, esas casillas fueron fuente de dudas e impugnaciones, por lo que el legislador de 1996 decidió acotar su número a un máximo de cinco por cada distrito. Pero, en la práctica, esa limitación legal ha producido la saturación de las casillas especiales en las elecciones 1994 y 2000, en los distritos con mayor población flotante.

Los resultados de los últimos cuatro procesos electorales han demostrado que el comportamiento de la votación en esas casillas ha sido similar al resto, con lo cual las dudas que existieron antes se han disipado.

En consecuencia, es conveniente que se suprima la restricción actual y que se permita a los consejos distritales ampliar el número de casillas especiales a 10, conforme a las características propias de cada distrito.

7. La posibilidad de acceder a una muestra de la documentación electoral para efectos de estudio

El Cofipe consigna la obligación de los presidentes de los consejos distritales de resguardar temporalmente la documentación que integra los expedientes de las mesas de casilla, pero ordena también que esos expedientes sean destruidos una vez concluido el proceso electoral corres- pondiente.

Esa obligación, si bien tiene un sentido jurídico claro respecto a la definitividad de los actos electorales, impide sin embargo conocer información que sería de una enorme utilidad para la planeación de los procesos electorales siguientes.

Si el IFE estuviera facultado para acceder a una muestra -se subraya: a una muestra- de las actas de la jornada electoral, de las actas finales de escrutinio y cómputo, de los escritos de protesta, de las listas nominales contabilizadas, de las boletas sobrantes inutilizadas y de las boletas con votos válidos y nulos para cada elección, podrían perfeccionarse los procedimientos electorales con mucho mayor conocimiento de fenómenos que hoy solamente se presumen.

Debe agregarse que esta medida no vulneraría la legalidad de las elecciones ni el secreto del voto, pues no existe ninguna manera de vincular una boleta electoral con un sufragante, y menos aun tratándose de una muestra.

8. La revisión de los horarios y de los plazos para la integración y la apertura de la votación en las casillas

El Cofipe ordena que la instalación de las casillas electorales se realice a las 8:00 horas del primer domingo de julio del año de la elección. También detalla la forma en que deben instalarse las casillas, mediante distintas actividades secuenciales, entre las que están el conteo y la firma de las boletas, la revisión de las distintas actas y del material electoral, el armado de las mamparas y el acondicionamiento del local, entre otras, para culminar ese proceso de instalación con el llenado del acta correspondiente.

Y es entonces cuando el presidente de la casilla procede a anunciar a los ciudadanos el inicio de la votación. Esas actividades de instalación, sin embargo, consumen cerca de 30 minutos en promedio, en los que los ciudadanos que han llegado desde las 8:00 horas deben esperar.

Por esta razón, convendría que la ley distinguiera los horarios destinados a la instalación propiamente dicha, del inicio formal de la votación, con el intervalo ya señalado de 30 minutos.

Mtro. José Woldenberg Karakowsky (rúbrica), Consejero Presidente del IFE; Dr. José Barragán (rúbrica), Consejero Electoral; Lic. Jesús Cantú (rúbrica), Consejero Electoral; Mtro. Alonso Lujambio (rúbrica), Consejero Electoral; Lic. Gastón Luken (rúbrica), Consejero Electoral; Dr. Mauricio Merino (rúbrica), Consejero Electoral; Dra. Jacqueline Peschard (rúbrica), Consejera Electoral; Lic. Virgilio Rivera (rúbrica), Consejero Electoral.»

Cumplida su encomienda, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

De enterado, y túrnese a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

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CAMARA DE DIPUTADOS
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Características del Presupuesto

El Proyecto de Presupuesto elaborado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal del 2004 es un presupuesto austero pues no presenta crecimiento en términos reales respecto al estimado de cierre del 2003.

Se adoptan medidas de racionalidad y austeridad presupuestal para reducir el gasto corriente y financiar nuevos proyectos con los ahorros generados.

Las dietas de los diputados decrecerán 3.0 por ciento en términos reales, pues no se otorgará ningún incremento salarial.

No se autorizan nuevas estructuras administrativas.

En materia de gasto operativo, la política seguida en los capítulos de materiales y suministros y de servicios generales para el 2004 es de 0% de incremento real.

Se promueve un programa de compras consolidadas para obtener mejores cotizaciones en la adquisición de bienes y servicios.

Por lo que respecta a las Subvenciones, serán comprobables, bajo los mismos criterios generales que el resto de los recursos de la Cámara.

Con objeto de transparentar el uso de recursos, la partida 3827, que incluía diferentes rubros de gasto, se propone reclasificarla en diferentes cuentas de gasto, logrando que las subvenciones que se entregan a los grupos parlamentarios tengan una partida independiente, evitando colocarlas en una cuenta globalizadora que genera confusión en cuanto a su monto y objeto.

Se cancelan las previsiones para cualquier bono de retiro.

Se elimina el mes adicional de dieta, acordado en otras legislaturas, que se entregaba a los diputados en el mes de marzo.

Se reestructura el Fondo de Ahorro normándolo en términos similares a los de los servidores públicos de mandos medios y superiores del Gobierno Federal y de la Cámara de Diputados así como del Poder Judicial y el Senado. Se propone una posible aportación de los diputados de 5%, 8% o 12% de la dieta bruta.

Se incluye el pago de todas las contribuciones fiscales: Impuesto sobre la Renta, Impuesto Sobre Nóminas y el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario.

Dentro de los nuevos proyectos se prevén recursos para:

Adquisición de equipo de cómputo e intercomunicación de equipos informáticos.

Mantenimiento y conservación de inmuebles.

El presupuesto original de la H. Cámara de Diputados para el 2004 asciende a 3 mil 401.9 millones de pesos, similar en términos reales respecto del esperado de cierre de 2003.

Política Salarial

Se propone un incremento salarial diferenciado para mandos medios y superiores

Hasta 25 mil pesos 3.0%

De 25 mil hasta 36 mil pesos 2.0%

De 36 mil a 75 mil pesos 1.0%

75 mil pesos o más 0.0%

Dieta de Diputados 0.0%

Política de GastoMateriales y Suministros 3.0%

Servicios Generales 3.0%

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señora Secretaria.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa,...

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Un momento, señora Secretaria.

El diputado Jorge Fernando Franco Vargas (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

El diputado Jorge Franco. Activen el sonido en su curul, por favor.

El diputado Jorge Fernando Franco Vargas (desde su curul):

Con todo respeto para ustedes, compañeros diputados, solicito que este punto de acuerdo se haga por votación nominal.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

No se cumple con los requisitos que establece nuestra normatividad, la solicitud que hace, señor diputado.

El diputado Abel Echeverría Pineda (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

¿Con qué objeto, diputado Abel Echeverría?

El diputado Abel Echeverría Pineda (desde su curul):

Para sumarme a la petición que hace mi compañero diputado, con el sentido de que la votación que se va a hacer sea nominal.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

A solicitud de los diputados y cumplido el requisito solicito a la Secretaría que en votación nominal ponga a consideración del pleno el punto de acuerdo, para lo cual previamente se tiene que cerrar el registro electrónico.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Por lo cual se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 478 diputadas y diputados.

Ciérrese el sistema electrónico.

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CAMARA DE DIPUTADOS
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación nominal, si se aprueba el punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de la Junta de Coordinación Política.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso.

Enciendan el sistema electrónico por 10 minutos.

(Votación.)

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

¡Fundaméntelo diputado! ¡Fundaméntelo diputado! No tiene fundamento alguno, señor Presidente.

Deseo hacer uso de la palabra desde mi curul.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Ciérrese el sistema electrónico.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Estamos en votación y no se puede interrumpir la votación. Está fuera de lugar su solicitud. Hubiera sido antes de ponerlo a votación, señor diputado.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Señor Presidente, se emitieron 224 votos a favor y con un voto del diputado René Arce, que lo hizo antes de que se cerrara, a favor, son 225, 185 en contra y 26 abstenciones.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Aprobado el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Diputados para el año 2004, para el efecto de que se incorpore al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Remítase al Ejecutivo.

Continúe la Secretaría.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

¿Para qué efecto, señor diputado?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Moción de procedimiento.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Adelante diputado, desde su curul.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Señor Presidente, primero quiero mencionar que no hay fundamento alguno para no concederle el uso de la palabra a un diputado cuando lo solicita. Tan es así que inclusive puede suspenderse cuando un orador está en tribuna si un diputado lo solicita.

Recuerde que su actuación es conforme a la normatividad interna, no a la ocurrencia del día.

Impugno, señor Presidente y por eso pretendía hacerlo en su momento porque el acuerdo de esta Presidencia para que la votación fuese nominal fue violatorio del 152 de nuestro Reglamento, el cual es perfectamente claro en que es necesario el apoyo de cuatro diputados más a la solicitud correspondiente.

Las consecuencias de esa votación nominal no deben tener efecto legal alguno, por lo cual solicito se regrese a la Junta de Coordinación Política el punto correspondiente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputado.

Le informo que el artículo es el 148 del Reglamento y no nada más hubo cinco diputados, sino hubo más diputados que pidieron la solicitud nominal, por lo cual es procedente.

Con todo gusto doy los nombres: Jorge Franco, Angel Díaz, Sofía Castro, Pablo Tapia y Abel Echeverría, por lo cual no procede su solicitud.

La diputada Sofía Castro Ríos (desde su curul):

Solicito el uso de la palabra.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

¿Con qué objeto, señora diputada?

La diputada Sofía Castro Ríos (desde su curul):

Señor Presidente, le exijo respeto a cada uno de los diputados que asistimos a este Congreso.

En primer lugar, yo soy Sofía Castro Ríos, del V distrito electoral de Oaxaca, y no he pedido el uso de la palabra, como tampoco se me ha concedido.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Continúe la Secretaría...

Al diputado Gutiérrez de la Garza se le concede la palabra, desde su curul.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Señor Presidente, voy a proceder. ¿Me permite hacer uso de la palabra en la tribuna?

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Desde su curul. No está a discusión ningún tema.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Señor Presidente, me gustaría que me fundamentara el por qué tiene que ser desde mi curul, si es usted tan amable.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Porque entonces le tendría que negar el uso de la palabra porque no estamos a discusión de ningún tema y tiene que seguir la sesión con el orden del día que tenemos.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Señor Presidente, no estoy violentando el orden del día, estoy argumentando una moción de procedimiento conforme al propio Reglamento; vuelvo a solicitarle, de la manera más atenta, me permita pasar a la tribuna, recuerde que su obligación es conducir los trabajos de esta Asamblea. Le vuelvo a solicitar.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Esta Presidencia, sus decisiones están a consideración del pleno. Voy a solicitar a la Secretaría ponga a consideración de la Asamblea si se le concede el uso de la palabra desde la tribuna.

Por favor, señor Secretario.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia se le pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se le concede el uso de la palabra al diputado que así lo solicita.

Por lo tanto, los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

En consecuencia, se le concede el uso de la voz al diputado Gutiérrez de la Garza, desde la tribuna.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza:

Gracias, señor Presidente. Y gracias a la mayoría de esta Asamblea por permitirme el uso de esta tribuna.

Quise en su momento y conforme al propio Reglamento, porque como abogado debe prevalecer el Estado de Derecho y más en esta institución.

El artículo 19 de nuestro Reglamento nos permite impugnar cualesquier acuerdo de la Presidencia. El 148 del mismo ordenamiento legal es muy claro en cuándo una votación puede ser nominal. Establece: ``cuando se pregunte si ha o no ha lugar aprobar algún proyecto de ley en lo general''. Obviamente no es el caso.

Segundo: ``Cuando se pregunte si se aprueba a no cada artículo de los que compongan el indicado proyecto o cada proposición de las que formen el artículo''. Tampoco es el supuesto.

Y tercero, es decir, limitativo: ``cuando lo pida un individuo de la propia Cámara y sea apoyado por otros cinco''.

Usted, señor Presidente, hizo una manifestación de que sí había existido el apoyo de cinco. La ley no establece que sean cuatro. La compañera Sofía Castro, del estado de Oaxaca, fue muy clara en señalar que no había apoyado esa petición. Estamos ante el riesgo de que la resolución correspondiente carezca de validez y sé que todos estamos deseando que esto salga de la mejor manera posible y apegado a derecho.

En tal sentido yo le solicitaría, señor Presidente, que pusiese a consideración de esta Asamblea que este punto en lo particular regrese a la Junta de Coordinación Política. ¿Para qué? Para que como el ente de acuerdo de esta Cámara de Diputados se presente de nueva cuenta y a la brevedad posible el proyecto de presupuesto de esta Cámara de Diputados.

Muchísimas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia quiere aclarar, en primer momento, que la solicitud de los diputados fue enviada a esta Presidencia por escrito a puño y letra del diputado Jorge Franco; en segundo caso, es improcedente regresarlo a la Junta, sino que hubiera sido una votación económica.

Por lo que esta Presidencia insiste en que se ha conducido apegado a Reglamento y que a solicitud por escrito, como lo marca el artículo 148 de nuestro Reglamento, y apegado por los diputados ahí señalados se procedió a la votación nominal.

El diputado Julián Nazar Morales (desde su curul):

¡Pido la palabra!

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

¿Con qué objeto, diputado Julián Nazar?

El diputado Julián Nazar Morales (desde su curul):

Con el objeto de hacerle una observación, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Tiene la palabra hasta por cinco minutos.

El diputado Julián Nazar Morales (desde su curul):

Señor Presidente:

Yo creo que estamos en el máximo órgano donde se legislan las leyes y donde se hace política.

Yo quiero preguntarles a ustedes y a su fracción que están festinando algo que es un desacuerdo generalizado de la Cámara, porque desconocemos el punto que están votando el día de hoy. ¿Cómo van a querer ustedes pactar después, si en forma arbitraria, abusiva, prepotente, arrogante, están imponiendo una iniciativa de ley que al rato se va a hacer decreto? ¿Cómo van ustedes a negociar al rato las reformas estructurales que sus voceros o sus paleros que tienen en Los Pinos están vociferando cada rato que estamos de acuerdo nosotros?

Yo le pido respetuosamente, respetuosamente reconsideren esto, porque para el primer paso que vamos a dar es, vamos a desalojar el pleno de la Cámara y vamos a ver con qué hacen quórum, y después vamos a erradicalizar nuestra posición en la reforma que ustedes están pidiendo. ¡No se puede permitir eso, señor Presidente, como diputados federales!

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

Señor Presidente; diputadas y diputados:

Yo creo que hay, quizá un error o una equivocación en relación con lo que se ha votado. Se ha votado un proyecto para ser remitido al Ejecutivo, a fin de que el Ejecutivo lo incorpore en el proyecto de presupuesto que enviará próximamente a esta Cámara.

La Cámara está ya en un retraso; para que puedan incorporarse al presupuesto las entidades no gubernamentales o que no forman parte de la administración pública, debieron haber entregado hace una semana sus proyectos.

Yo creo que la discusión sobre el presupuesto de la Cámara, la discusión sobre el presupuesto del Senado, de la Corte y del IFE, que son las entidades que el Presidente incorpora tal y como llegan los proyectos al proyecto general de presupuesto, serán analizados por la Cámara de Diputados cuando se analice el presupuesto.

Este no es un decreto, este es simplemente una comunicación al Ejecutivo, para que el Ejecutivo incorpore en el proyecto de presupuesto lo que la Cámara le está enviando, de acuerdo con la ley; esto es por un lado.

Por otro lado, yo creo que no empieza bien una legislatura cuando después de que se acaba de votar, quienes perdieron la votación piden que no valga lo que la mayoría decidió, eso, señor Presidente no puede ser.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Ha pedido el uso de la palabra el diputado Jorge Franco, desde su curul.

El diputado Jorge Fernando Franco Vargas (desde su curul):

Yo quiero decirle, señor Presidente, que sí, efectivamente, en mi calidad de diputado federal solicité el uso de la palabra para pedir votación nominal del punto de acuerdo propuesto, junto y después me precedió en la palabra otro diputado, mas nunca y se lo quiero decir de manera pública aquí ante el pleno de la Cámara, lo hice por escrito; nunca lo manifesté por escrito, ni obra oficio mío dirigido ante ustedes para ese efecto. Y los demás diputados, es responsabilidad de ellos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado, por la aclaración. Ofrezco una disculpa.

A esta Presidencia llegó la solicitud, se aclara que nuestro apoyo técnico tomó los nombres.

Pide la palabra el diputado Miguel Angel Yunes Linares.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul):

Señor Presidente; compañeros diputados:

Dice Pablo Gómez que mal empieza una legislatura cuando plantea que se eche atrás una votación que se acaba de autorizar. Bueno, pues tiene muy flaca la memoria, porque apenas hace unos días al inicio de esta legislatura, en septiembre, planteó algo que no tenía ningún sustento y que era exactamente lo mismo que hoy viene a rechazar.

Yo creo, señor Presidente, que este tema planteado por la Junta de Coordinación Política debe ser un tema que logre consenso. No sucedería nada si nos ponemos de acuerdo los señores legisladores y se toma la decisión de devolver este asunto, como lo ha planteado el diputado Gutiérrez de la Garza, a la Junta de Coordinación Política, con la atenta solicitud de que el mismo día de hoy se pudieran reunir a analizar las inquietudes que se manifestaran y de inmediato, es posible que hasta en el curso de esta misma sesión, si decretáramos un receso, se pudiera plantear de nuevo este asunto. Creo que eso sería lo procedente, podríamos coincidir, no creo que haya de parte de ninguno de los diputados algo que esté en contra de esta idea.

Muy atentamente propongo que se devuelva a la Junta, que se reúna la Junta, son unos cuantos elementos, que se dé curso a las inconformidades y que el mismo día de hoy se pueda presentar de nuevo al pleno.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia informa que al elaborar el orden del día fue un punto de acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política, se estableció en el orden del día, está publicado en la Gaceta Parlamentaria y, en consecuencia, puso en votación el punto de acuerdo, una votación que ya se pidió que fuera nominal y donde ya se dio. Lo que usted solicita está fuera de Reglamento

Y le voy a conceder el uso de la palabra al diputado Pablo Alejo.

Activen el sonido por favor para el diputado Alejo.

El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde su curul):

Para solicitarle, señor Presidente, que continúe el siguiente punto del orden del día, en virtud de que consideramos que este punto ha sido agotado, ha sido argumentado, votado en su momento y de acuerdo a nuestro Reglamento, al propio Acuerdo Parlamentario que establecimos, éste es un asunto que inclusive ya ha pasado turno por la Junta de Coordinación Política, de tal manera que yo creo que estamos en posición de continuar nuestra sesión y olvidarnos de que se vuelva a votar un punto que ya está votado, que se analizó y en su momento pues que la mayoría de este pleno decidió que se continuara. Por lo tanto solicito nuevamente se continúe con la sesión, señor Presidente, y pasemos al siguiente punto del orden del día.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Es la postura de esta Presidencia, respetando al voto mayoritario que se dio en este pleno, por lo cual solicito a la Secretaría continúe con el orden del día.

El diputado Gutiérrez de la Garza quiere hacer uso de la palabra.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Señor Presidente, efectivamente hubo un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, pero lamentablemente por una mala conducción de la Presidencia de esta Mesa Directiva, se vicia el resultado final de ese proyecto de presupuesto a ser enviado al Ejecutivo.

Si usted hubiese mantenido la votación económica habla-ríamos de otra situación, sin embargo usted de manera contraria a lo que dispone el propio Reglamento y así se ha hecho mención en este pleno, lo somete a votación en vota- ción nominal. Por consecuencia el efecto final es un acto viciado, por lo tanto señor Presidente le estamos tendiendo un puente para salvar su error y es que se regrese a la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes.

Ojalá, señor Presidente, que en cumplimiento a lo que dispone inclusive la propia legislación, actúe usted con la tolerancia, prudencia y ese tipo de características por las cuales fue electo como integrante de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados.

Le vuelvo a solicitar, señor Presidente, que someta a consideración de este pleno que el asunto se envíe a la Junta de Coordinación Política, para así obtener el acuerdo correspondiente.

Gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Esta Presidencia no tiene ninguna otra intención más que cumplir el Reglamento y el voto que ya se dio.

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RECESO
El Presidente diputado Anonio Morales de la Peña (a las 14:08 horas):

En consecuencia, decreto un receso de 15 minutos para que la Junta de Coordinación Política analice y valore este tema.

(Receso.)

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CAMARA DE DIPUTADOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 15:07 horas):

Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría dé lectura a un oficio presentado por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en acuerdo con los demás coordinadores.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Señores diputados:

«Del grupo parlamentario del PRI, addendum al Anteproyecto de Presupuesto anual de la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal 2004.

Ciudadanos diputados:

El día de hoy la Junta de Coordinación Política presentó al Pleno de esta Cámara un ``Anteproyecto de Presupuesto'' para el Ejercicio Fiscal 2004.

El texto del oficio suscrito por el Dip. Roberto Campa Cifrián, señala con precisión que el propósito de la presentación citada es ``someterlo a consulta del Pleno''.

Es claro que la votación de hoy no tuvo como objetivo aprobar en definitiva nuestro Presupuesto, sino sólo consultar al Pleno respecto de un anteproyecto que será remitido al Ejecutivo para su incorporación en la de ``Presupuesto de Egresos de la Federación'' que, en términos del artículo 74 fracción IV de la Constitución deberá presentar a esta soberanía a más tardar el día 15 de noviembre.

Una vez que esta iniciativa se presente, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la analizará y dictaminará y posteriormente será sometida a este pleno para su discusión y aprobación en su caso. En sus reuniones podrán estar presentes no sólo sus integrantes sino cualquiera de los ciudadanos diputados que así lo deseen, quienes tienen derecho a voz.

Adicionalmente, la iniciativa presupuestal -como cualquier otra- es modificable en la medida en que no coincida con la voluntad soberana de este Pleno.

Una vez aprobado el presupuesto, el procesamiento interno del mismo se dará de acuerdo con nuestras normas y prioridades parlamentarias, y respetando siempre los derechos de los servidores públicos y legisladores que servimos a México desde este órgano.

México, DF, a 28 de octubre de 2003.--- Rúbrica»

Cumplida su encomienda, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señora Secretaria.

De enterado y remítase este addendum al Ejecutivo junto con el punto de acuerdo ya aprobado.

Con relación al siguiente punto de acuerdo ése se ha pospuesto .

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ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

En consecuencia y continuando con el orden del día, tiene la palabra el diputado Jorge Legorreta Ordorica del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma el inciso a) del sexto párrafo del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El diputado Jorge Legorreta Ordorica:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El día 6 de julio del año en curso tuvo verificativo la jornada electoral para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

El día 9 del mismo mes, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal realizó el cómputo de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y ordenó la entrega de las constancias de asignación correspondientes.

Inconformes con la asignación de diputados ordenada en el acuerdo referido, el 14 de julio citado los partidos políticos de la Revolución Democrática y Acción Nacional interpusieron en su contra recursos de apelación que fueron resueltos por el Tribunal Electoral del Distrito Federal mediante sentencia del 11 de agosto pasado.

La citada sentencia resolvió que lo apegado a la norma es otorgar el número de diputados al Partido de la Revolución Democrática que les sea suficiente para llegar a la barrera legal establecida en el marco jurídico.

No conformes con la resolución, el 16 de agosto del año en curso los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Acción Nacional promovieron en su contra sendos juicios de revisión constitucional electoral.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se abocó al análisis del citado juicio por lo que se realizó un estudio de las normas jurídicas que tienen relación con el caso a resolver.

De dicho estudio se desprende que, el artículo 122, base primera, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alude a un sistema de elección de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que comprende un principio de mayoría relativa y uno de representación proporcional.

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su artículo 37 prevé que la Asamblea Legislativa se integrará con 40 diputados por mayoría relativa y 26 por representación proporcional, estableciendo diversas reglas que implican la combinación de ambos principios como el que se condiciona el acceso a la asignación de diputados de representación proporcional, a acreditar que participan con candidatos por mayoría relativa en todos los distritos uninominales y que ningún partido podrá contar con más del 63% del total de diputados por ambos principios.

De este último requisito, se ha suscitado parte de la controversia para la asignación de diputados a la Asamblea Legislativa, por lo que proponemos su reforma para que se establezca la limitante de manera similar a la Cámara de Diputados Federal, sobre todo para que acorde a nuestra Carta Magna y a la intención del legislador se establezca correctamente la disposición legal.

Si se establece un principio de analogía con el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su fracción IV establece ``que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios'' y se realiza un análisis de la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se desprende que dicho órgano está compuesto por 500 diputados, de los cuales 300 son de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, lo que representa el 60% para el primero de los principios señalados y el 40% para el segundo de ellos.

Si lo anterior se traslada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se tiene que la misma se compone por 40 diputados de mayoría relativa y 26 de representación proporcional, porcentajes correspondientes al 60 y 40% res- pectivamente; luego entonces se encuentra que la intención del legislador fue tomar el modelo de integración y topes máximos de la representatividad que un instituto político puede tener en un órgano legislativo.

El principio de representación proporcional en la integración de los órganos colegiados se basa en atribuir a cada partido el número de cargos de elección popular que resulte proporcional a los votos que obtiene en la contienda electoral, el cual tiende a garantizar la pluralidad política en la integración de los órganos legislativos siempre buscando tutelar el valor del pluralismo político.

De la interpretación de las diversas disposiciones normativas que regulan la integración de la Asamblea Legislativa, se aprecia que el legislador al establecer las bases para su integración actuó bajo un modelo combinado, un sistema proporcional que reconoce como base la suma de diputados electos por ambos principios para integrar la Asamblea, con lo cual debe entenderse que la distribución de curules por ambos principios debe guardar una correlación lo más próxima cercana posible con el número de votos obtenidos por los partidos políticos.

Los representantes populares a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal son, desde 1993, legisladores locales de un órgano de gobierno, con facultades legislativas que dejan de ser meramente reglamentarias y se convierten en creadoras de ley para el Distrito Federal y, desde agosto de 1996, está integrada por diputados en vez de representantes. De ahí la importancia de consolidar este cuerpo legislativo procurando una verdadera representatividad en la voluntad popular.

Sólo se justifica una sobrerrepresentación cuando los electores así lo han determinado en los triunfos de cada distrito electoral que compone la circunscripción y cuando un partido político, habiendo obtenido por lo menos el 30% de la votación emitida, no alcance la mayoría absoluta del órgano de que se trata le sean asignados el número de curules suficientes para lograr esa mayoría. Denominada ésta como ``cláusula de gobernabilidad'', atiende a una particular y específica preocupación del legislador de garantizar la estabilidad y eficacia de las actividades legislativas.

Fuera de los casos antes referidos, es que atendiendo al contexto de la normatividad electoral se debe evitar de manera contundente el otorgamiento de diputaciones que no se encuentren respaldadas por el voto ciudadano, tratando de obtener un equilibrio entre la votación emitida a favor de un partido político y las curules obtenidas por ambos principios en el órgano público de que se trate, pues justamente la finalidad de introducir el principio de representación proporcional en el ordenamiento jurídico mexicano, fue atemperar las distorsiones que produce el principio de mayoría relativa y procurar que la votación de cada uno de los partidos políticos se vea reflejado en las posiciones que obtengan en el órgano público con lo cual se fomenta y fortalece el pluralismo político y democrático.

Asimismo consideramos necesario el establecer un límite para que ningún partido político pueda contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Asamblea que excede en ocho puntos a su porcentaje de votación emitida en el Distrito Federal.

En este sentido, desde 1996, en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se introducen dos modificaciones que definitivamente acercaban la legislación electoral a la intencionalidad de ofrecer un marco jurídico más justo en términos de representatividad.

Primeramente se fijó un límite para la asignación de curules en la Cámara, a la que puede acceder un solo partido, ya sea por la vía de distritos de mayoría, como por el sistema de representación proporcional de hasta 300 lugares. En segundo lugar, se estableció que ningún partido podría contar con un número de diputados electos que significa una sobrerrepresentación de más del 8% respecto de los votos que obtuvieran, margen que también se utiliza para evitar una disparidad en la integración de los congresos de los estados de Campeche, Chihuahua y Tabasco.

Con la reforma planteada se otorga certidumbre en la aplicación del principio de proporcionalidad pura prevista por el legislador y evita claramente disfuncionalidades que se podrían suscitar por interpretaciones erróneas.

Por último, y en virtud de que se encuentra publicada la presente iniciativa de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria, omitiré el articulado de la misma y solicito a la Mesa Directiva su publicación en el Diario de los Debates.

Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el inciso a) del sexto párrafo del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del PVEM.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.--- Presente.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que se turne a la comisión correspondiente, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

El día seis de julio del año en curso tuvo verificativo la jornada electoral para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

El día nueve del mismo mes, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal realizó el cómputo de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y ordenó la entrega de las constancias de asignación correspondientes.

Inconformes con la asignación de diputados ordenada en el acuerdo referido, el catorce de julio citado los partidos políticos de la Revolución Democrática y Acción Nacional interpusieron en su contra recursos de apelación, que fueron resueltos por el Tribunal Electoral del Distrito Federal mediante sentencia del once de agosto pasado.

La citada sentencia resolvió que lo apegado a la norma es otorgar el número de diputados al Partido de la Revolución Democrática que le sea suficiente para llegar a la barrera legal establecida en el marco jurídico.1

No conformes con la resolución, el dieciséis de agosto del año en curso los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Acción Nacional, promovieron en su contra sendos juicios de revisión constitucional electoral.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se abocó al análisis del citado juicio, por lo que se realizó un estudio de las normas jurídicas que tienen relación con el caso a resolver. De dicho estudio se desprende que:

El artículo 122, base primera, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alude a un sistema de elección de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que comprende un principio de mayoría relativa y uno de representación proporcional.

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en su artículo 37, prevé que la Asamblea Legislativa se integrará con cuarenta diputados de mayoría relativa y veintiséis de representación proporcional, estableciendo diversas reglas que implican la combinación de ambos principios, como el que se condicione el acceso a la asignación de diputados de representación proporcional a acreditar que participan con candidatos por mayoría relativa en todos los distritos uninominales, y que ningún partido podrá contar con más del sesenta y tres por ciento del total de diputados por ambos principios.

De este último requisito se ha suscitado parte de la controversia para la asignación de diputados a la Asamblea Legislativa, por lo cual proponemos su reforma para que se establezca la limitante de manera similar a la de la Cámara de Diputados federal; sobre todo para que, acorde con nuestra Carta Magna y con la intención del legislador, se establezca correctamente la disposición legal.

Si se establece un principio de analogía con el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su fracción cuarta establece que ningún partido político podrá contar con más de trescientos diputados por ambos principios, y se realiza un análisis de la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se desprende que dicho órgano está compuesto por quinientos diputados, de los cuales trescientos son de mayoría relativa y doscientos de representación proporcional, lo que representa el sesenta por ciento para el primero de los principios señalados, y el cuarenta por ciento para el segundo de ellos.

Si lo anterior se traslada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se tiene que la misma se compone por cuarenta diputados de mayoría relativa y veintiséis de representación proporcional, porcentajes correspondientes al sesenta y cuarenta por ciento respectivamente, luego entonces se encuentra que la intención del legislador fue tomar el modelo de integración y topes máximos de la representatividad que un instituto político puede tener en un órgano legislativo.

El principio de representación proporcional en la integración de los órganos colegiados se basa en atribuir a cada partido el número de cargos de elección popular que resulte proporcional a los votos que obtiene en la contienda electoral, lo cual tiende a garantizar la pluralidad política en la integración de los órganos legislativos, siempre buscando tutelar el valor del pluralismo político.

De la interpretación de las diversas disposiciones normativas que regulan la integración de la Asamblea Legislativa, se aprecia que el legislador, al establecer las bases para su integración, adoptó bajo un modelo combinado un sistema proporcional que reconoce como base la suma de diputados electos por ambos principios para integrar la Asamblea, con lo cual debe entenderse que la distribución de curules por ambos principios debe guardar una correlación lo más próxima o cercana posible al número de votos obtenidos por los partidos políticos.

Los representantes populares a la Asamblea Legislativa de Distrito Federal son, desde 1993, legisladores locales de un órgano de gobierno con facultades legislativas que dejan de ser meramente reglamentarias y se convierten en creadoras de leyes para el Distrito Federal, y desde agosto de 1996 está integrada por diputados en vez de representantes. De ahí la importancia de consolidar este cuerpo legislativo, procurando una verdadera representatividad de la voluntad popular.

Sólo se justifica una sobrerrepresentación cuando los electores así lo han determinado en los triunfos de cada distrito electoral que componen la circunscripción; y cuando un partido político, habiendo obtenido por lo menos el treinta por ciento de la votación emitida, no alcance la mayoría absoluta del órgano de que se trata, le sean asignados el número de curules suficientes para lograr esa mayoría. Denominada ésta como ``cláusula de gobernabilidad'', atiende a una particular y específica preocupación del legislador por garantizar la estabilidad y eficacia de las actividades legislativas.

Fuera de los casos antes referidos, es que, atendiendo al contexto de la normatividad electoral, se debe evitar de manera contundente el otorgamiento de diputaciones que no se encuentren respaldadas por el voto ciudadano, tratando de obtener un equilibrio entre la votación emitida a favor de un partido político y las curules obtenidas por ambos principios en el órgano público de que se trate, pues justamente la finalidad de introducir el principio de representación proporcional en el ordenamiento jurídico mexicano fue atemperar las distorsiones que produce el principio de mayoría relativa, y procurar que la votación de cada uno de los partidos políticos se vea reflejada en las posiciones que obtengan en el órgano público, con lo cual se fomenta y fortalece el pluralismo político y democrático.

Asimismo, consideramos necesario el establecer un límite para que ningún partido político pueda contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Asamblea que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida en el Distrito Federal.

En este sentido, desde 1996 en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se introducen dos modificaciones que definitivamente acercaban la legislación electoral a la intencionalidad de ofrecer un marco jurídico más justo en términos de representatividad.

Primeramente, se fijó un límite para la asignación de curules en la Cámara a la que puede acceder un solo partido, ya sea por la vía de distritos de mayoría o por el sistema de representación proporcional de hasta 300 lugares. En segundo lugar, se estableció que ningún partido podría contar con un número de diputados electos que signifique una sobrerrepresentación de más de ocho por ciento respecto de los votos que obtuviera. Margen que también se utiliza para evitar una disparidad en la integración de los Congresos de los estados de Campeche,2 Chihuahua3 y Tabasco.4

En el marco jurídico electoral del Distrito Federal se hace mención del límite máximo de diputados con que un solo partido puede contar en la Asamblea Legislativa, pero remite de manera clara y precisa la disposición del Estatuto de Gobierno; por lo que no es necesario reformar este ordenamiento jurídico.

Con la reforma planteada se otorga certidumbre en la aplicación del principio de proporcionalidad pura, prevista por el legislador, y se evita claramente disfuncionalidades que se podrían suscitar por interpretaciones erróneas.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país, por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente:

Decreto por el que se reforma el inciso a) del sexto párrafo del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Artículo Unico.- Se reforma el inciso a) del sexto párrafo del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar como sigue:

Título Cuarto

De las Bases de la Organización y Facultades de los Organos Locales de Gobierno del Distrito Federal

Capítulo I

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Artículo 37........

........

Son requisitos para ser diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

De la fracción I a la IX...

...

En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación, se observarán las siguientes reglas:

a) Ningún partido político podrá contar con más de sesenta por ciento de diputados electos mediante ambos principios. Ni podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Asamblea que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación en el Distrito Federal. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Asamblea, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.

........

........

Transitorio

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de octubre del 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, Vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Leonardo Alvarez Romo, María Avila Serna, Maximino Fernández Avila, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Jacqueline Argüelles Guzmán, Fernando Espino Arévalo, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Continúe la Secretaría:

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FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Oficio de la Secretaría de Gobernación.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención a los oficios números D.G.P.L. 59-II-0-13, D.G.P.L. 59-II-0-17 y D.G.P.L. 59-II-0-18, fechados el 23 de septiembre último, suscritos por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes copia del similar número 307-A-734, de fecha 8 del mes en curso, signado por el C. Guillermo Bernal Miranda, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da respuesta a los puntos de acuerdo relativos a las consecuencias de los desastres naturales de origen hidrometeorológico ocurridos en distintos estados de la República Mexicana, así como a diversas acciones por realizar, presentados por los CC. diputados Pedro Avila Nevárez y Ernesto Herrera Tovar.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 17 de octubre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Subsecretaría de Egresos.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/2321/03, de fecha 24 de septiembre de 2003, dirigido al C. secretario de Hacienda y Crédito Público, en el que informa sobre los puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados en su sesión del 23 de septiembre del año en curso, relacionados con las inundaciones en los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Nayarit, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Coahuila, Sinaloa, Baja California Sur y Tabasco. Al respecto, me permito informarle lo siguiente:

En cuanto a los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Durango, conforme al numeral 43 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (ROF), publicadas el 23 de mayo del año en curso, a la fecha se está en espera de que las dependencias y las entidades paraestatales federales, así como las entidades federativas competentes, entreguen a la Coordinación General de Protección Civil (CGPC) sus propuestas de obras y acciones para la reparación de daños, con la respectiva estimación de recursos.

Una vez que la CGPC cuente con tales propuestas, éstas serán enviadas a la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento, la que recomendará, en su caso, la autorización de los recursos por esta Secretaría.

Respecto a los estados de Querétaro, Zacatecas, Coahuila, Sinaloa, Tabasco, Morelos y México, únicamente han solicitado declaratoria de emergencia. Por tanto, a la fecha se encuentra atendida por el fondo revolvente que prevén las ROF en el numeral 31.

Por lo que se refiere al estado de Baja California Sur, respecto de los daños causados por el huracán ``Ignacio'', ya se recibió de la CGPC la solicitud global de recursos y será analizada el próximo jueves 9 en el grupo de revisión previa de la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento.

Sin embargo, conforme a lo establecido en el numeral 46 de las ROF, esta Secretaría autorizó anticipos a las siguientes dependencias y entidad federales:

Comisión Nacional del Agua 1.7 millones de pesos

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 14.2 millones de pesos

En cuanto a los efectos causados por el huracán ``Marty'', se está en proceso de evaluación de daños por parte del comité respectivo. De ser necesario y a solicitud de las dependencias y las entidades federales, podrán otorgarse también anticipos en términos de las ROF.

Por último, sobre el estado de Yucatán, me permito informarle que dicha solicitud fue solventada a 100%, conforme a los montos que se dieron en la entrega de resultados. Asimismo le comento que si éstos fueron insuficientes, el gobierno estatal estará en posibilidades de solicitar a la CGPC un nuevo requerimiento de recursos para ese evento con base en el numeral 71, párrafo último, de las ROF.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 8 de octubre de 2003.--- Guillermo Bernal Miranda (rúbrica), Titular de la Unidad.»

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Túrnese a la Comisión de Gobernación y al promovente para su conocimiento. Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE NAYARIT
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

««Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-26, de fecha 30 de septiembre del año en curso, suscrito por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes copia del similar número 307-A-731, signado por el C. Guillermo Bernal Miranda, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da contestación al punto de acuerdo por el cual se solicita que se apliquen con la mayor brevedad los recursos emergentes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo de Apoyo para Contingencias en Programas de Apoyo para Vivienda, Empleo Emergente y de Ayuda para la Agricultura, Ganadería y Pesca.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 21 de octubre de 2003. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Subsecretaría de Egresos.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/2432/03, de fecha 30 de septiembre de 2003, dirigido al C. secretario de Hacienda y Crédito Público, en el que informa sobre el punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en que se exhorta al Ejecutivo Federal a que, mediante decreto administrativo, agilice y simplifique la liberación de recursos emergentes del Fonden y del Fondo de Apoyo para Contingencias para su ejercicio en nueve municipios del estado de Nayarit, a fin de que se apliquen en programas de apoyo para vivienda, empleo emergente y de ayuda para la agricultura, ganadería y pesca.

Por lo que respecta a esta Secretaría, me permito informarle que, conforme al numeral 43 de las Reglas de Operación del Fonden, publicadas el 23 de mayo del año en curso, a la fecha se está en espera de que las dependencias y las entidades paraestatales federales, así como las entidades federativas competentes, entreguen a la Coordinación General de Protección Civil (CGPC) sus propuestas de obras y acciones para la reparación de daños, con la respectiva estimación de recursos.

Una vez que la CGPC cuente con tales propuestas, éstas serán enviadas a la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento, la que recomendará, en su caso, la autorización de los recursos por esta secretaría.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 9 de octubre de 2003.--- Guillermo Bernal Miranda (rúbrica), Titular de la Unidad.»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Gobernación y al promovente para su conocimiento.

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ESTADO DE PUEBLA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL-59-II-02, de fecha 11 de septiembre del año en curso, suscrito por las CC. secretarias de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 100.- 1792, de fecha 7 del presente mes, signado por el C. CP Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, secretario de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que da contestación al punto de acuerdo relativo a los grupos de productores agrícolas, ganaderos, cafeticultores, fruticultores y floricultores de la zona norte del estado de Puebla y de otras regiones del país, presentado por el diputado René Meza Cabrera.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 17 de octubre de 2003. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de SEGOB.--- Presente.

Me refiero a su oficio No. SEL/300/2202/03, de fecha 17 de septiembre próximo pasado, con el cual comunica puntos de acuerdo aprobados en sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión del 11 de septiembre del presente año. Al respecto, en lo que se refiere al primer punto de acuerdo, que textualmente dice: ``primero. Que las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados promuevan ante la Sagarpa que se amplíe la asesoría técnica y la capacitación a los grupos de productores agrícolas, ganaderos, cafeticultores, fruticultores y floricultores de la zona norte de Puebla y de otras regiones del país que así la soliciten'', le manifiesto lo siguiente:

En el marco de la Alianza para el Campo 2003, el Programa de Desarrollo Rural consta de tres subprogramas, los cuales dan especial atención a grupos y regiones prioritarias, y a la integración de cadenas productivas de amplia inclusión social. Los cuales responden a demandas específicas de los grupos de productores y sus organizaciones; los recursos de estos subprogramas son mayoritariamente de ejecución federalizada y operan con base en los acuerdos del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. La programación, operación, seguimiento y evaluación del programa de desarrollo rural a nivel estatal, es responsabilidad del Comité Técnico del Fideicomiso de Distribución de Fondos, auxiliado por la Comisión Estatal de Desarrollo Rural (CDR), organismo integrado por representantes de los gobiernos estatal y federal.

Para acceder a los apoyos de los subprogramas de desarrollo rural, los solicitantes deberán presentar:

a. Solicitud en formato único de la Sagarpa, conforme al anexo A de las Reglas de Operación.

b. Para grupos de productores (GP), el representante deberá entregar copia del acta de asamblea del GP, en donde le otorgan la representación.

c. Para organizaciones económicas (OE), el representante deberá acreditar su personalidad jurídica y entregar copia del documento que lo justifica.

d. Declarar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que no está recibiendo apoyos de otros programas, para los mismos componentes y conceptos solicitados, así como proporcionar la información que le sea requerida para la evaluación, supervisión y auditoría de los programas.

Es a través del subprograma de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural que se puede atender el punto de acuerdo en mención, ya que cuenta con los componentes de:

Asesoría técnica y consultoría profesional para empresas rurales o redes de proyectos individuales. Para la consolidación de empresas, organizaciones microfinancieras o redes de proyectos individuales conforme a un programa de trabajo (proyectos en marcha), se podrán apoyar acciones de asesoría y consultoría para desarrollar las capacidades de los productores en aspectos técnicos o administrativos, en la evaluación y rediseño de las estrategias comercial y de abasto y en la innovación tecnológica.

Capacitación para empresas rurales. Se apoyan eventos de capacitación implementados por organizaciones económicas formalmente constituidas por al menos 6 socios o empleados.

Conforme lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los distritos de desarrollo rural serán la base geográfica para la cobertura territorial de atención a los productores del sector rural, así como para la operación y segui- miento de los programas productivos, sin detrimento de lo que se acuerde en otros instrumentos jurídicos. Así, la ``Ventanilla de Atención'' de los programas de la Alianza Contigo serán las oficinas de los Distritos de Desarrollo Rural'' (DDR´s) y ``Centros de Apoyo al Desarrollo Rural'' (Cader´s), así como las que determinen los gobiernos estatales y otras dependencias y entidades del Ejecutivo Federal a través de los Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales de Distribución de Fondos.

Por lo anterior, le comunico que están dados los mecanismos de acceso para la asesoría técnica y la capacitación de los productores, únicamente me resta sugerir que éstos se acerquen a las oficinas de DDR´s y Cader´s, así como a las ventanillas determinadas por los gobiernos estatales para que soliciten información o bien el apoyo específico.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 7 de octubre de 2003.--- El C. Secretario del Despacho, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y al promovente para su conocimiento.

Continúe la Secretaría.

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LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 32, el segundo párrafo del artículo 33 y el artículo 36; y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el orden de los subsecuentes, del artículo 32 de la Ley General de Protección Civil.

Atentamente.

México, DF, a 23 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el primer párrafo del artículo 32, el segundo párrafo del artículo 33 y el artículo 36; y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el orden de los subsecuentes del artículo 32 de la Ley General de Protección Civil.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 32, el segundo párrafo del artículo 33 y el artículo 36; y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el orden de los subsecuentes del artículo 32 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 32.- Esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las disposiciones administrativas en la materia regularán los medios, formalidades y demás requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros tendientes a la prevención y atención de desastres, atendiendo al principio de inmediatez.

El plazo para que gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal tengan acceso a los recursos tendientes a la atención de desastres, será de hasta 30 días naturales, contados a partir del día en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre.

En los casos en que los recursos presupuestales para la atención de desastres se hayan agotado, se harán las transferencias de partidas que correspondan para cubrir el evento objeto de la declaratoria relativa.

La retención injustificada de dichos recursos por parte de los servidores públicos federales involucrados en el procedimiento de acceso será sancionada de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

...

...

...

...

a) ...

b) ...

Artículo 33.- ...

Una vez realizada la declaratoria de emergencia, la Secretaría de Gobernación deberá erogar, con cargo al Fondo Revolvente asignado, los montos que a juicio de dicha Secretaría se consideren suficientes para atenuar los efectos del posible desastre, así como para responder en forma inmediata a las necesidades urgentes generadas por el mismo.

Artículo 36.- Las disposiciones administrativas establecerán los procedimientos y demás requisitos para la emisión de las declaratorias de emergencia y de desastre, así como del acceso a recursos para la realización de las acciones preventivas previstas en el presente Capítulo, atendiendo al principio de inmediatez.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El Ejecutivo Federal realizará las modificaciones correspondientes en las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores.--- México, DF, a 23 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- Secretario General de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.---Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 4 al 6 de noviembre del 2003 para que realice una visita de trabajo a los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, en Estados Unidos de América.

Atentamente.

México, DF, a 28 de octubre de 2003.--- Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 4 al 6 de noviembre de 2003, para que rea-lice una Visita de Trabajo a los Estados de Arizona, Nuevo México y Texas, en los Estados Unidos de América.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 28 de octubre de 2003.--- Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- Secretario General de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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CONDECORACION
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Lic. Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.

Atentamente.

México, DF, a 23 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Lic. Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores.--- México, DF, a 23 de octubre de 2003.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández, Secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- Secretario General de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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MIGRANTES MEXICANOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Bazán Flores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, instruir al Secretario de Gobernación a convocar a la brevedad posible a una reunión de trabajo deliberativa y de acuerdos a la que concurran los titulares de las unidades administrativas del Gobierno Federal y de los estados que tengan bajo su responsabilidad la ejecución de programas de atención a migrantes o a mexicanos en el extranjero.

El diputado Omar Bazán Flores:

Con su permiso, señor Presidente:

El suscrito, diputado federal, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía las siguientes propuestas con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a mejorar la acción que se especifica en adelante, en atención a las siguientes

Consideraciones

La migración de mexicanos al exterior ha exigido la atención de todos los órganos de gobierno, debido a las causas y problemática que viven, por esta condición, millones de personas que durante décadas han tenido que emigrar, buscando mejores condiciones y oportunidades a su situación económica, social o política.

Según cifras del censo realizado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en el año 2000 la población mexicana en Estados Unidos creció un 52.9% de 1990 al 2000, pasando de 13.5 millones a 20.6 millones de mexicanos, mexicano-estadounidenses o chicanos (este último descriptor, de acuerdo con el cuestionario sobre el origen hispano del encuestado, censo 2000, pregunta cinco, del cuestionario del Buró de Censos del Departamento de Comercio), siendo el 58.5% de la población hispana. Adicionalmente a estos datos existe uno que es más demostrativo de este problema complejo: mientras el 25.7% de la población estadounidense está integrada por menores de 18 años, un 35% de los hispanos son menores de ésta.

A todos estos datos habrá que agregar un elemento dramático: en lo que va del año se han recibido en nuestro país cerca de 1,200 migrantes muertos en Estados Unidos, muchos de ellos tratando de atravesar los campos de la muerte.

Estos son los datos fríos de un censo, sin embargo nos reflejan lo grande que es este problema para el país, que aunque se esté diciendo que es prioritario, no se ven grandes avances en torno a esto. Más aún, sólo se ha visto discoordinación en las instituciones que se han creado para atender desde ahí a los migrantes.

Por otro lado, los gobiernos estatales han desarrollado su propio esfuerzo para atender a la comunidad migrante originaria de sus estados. Esfuerzos que han permitido responder a los requerimientos que desde el extranjero o en nuestro país se les plantean. Estos gobiernos, que fueron electos por sus ciudadanos, están obligados a realizar las tareas que permitan brindar los beneficios exigidos por su sociedad, y entre éstos está la atención de sus migrantes. De ahí que muchos de ellos hayan creado los órganos administrativos desde donde se realiza esta tarea, sin embargo han enfrentado insatisfacción con la normatividad administrativa, con los instrumentos de coordinación y los procedimientos que se aplican por las instituciones del Gobierno Federal en los programas que tienen que ver con la gestión pública de atención a los mexicanos en el extranjero, independientemente de su estatus jurídico, y en general a los migrantes, al margen de su nacionalidad de origen. En particular, se hace presente una multiplicidad de programas que no guardan conexidad entre sí y, por el contrario, implican una pérdida o, por lo menos, distracción o confusión de esfuerzos que se traducen en una inadecuada atención a la población objetivo de sus atribuciones.

En virtud de lo expuesto, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de acuerdo

Primero: Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir al secretario de Gobernación para convocar con la mayor brevedad a una reunión de trabajo deliberativa y de acuerdos, a la que concurran los titulares de las unidades administrativas del Gobierno Federal que tengan bajo su responsabilidad la ejecución de programas de atención a migrantes o a mexicanos en el extranjero y los titulares de las oficinas equivalentes de los gobiernos de las entidades federativas, con la finalidad de analizar, discutir y definir las normas, procedimientos y mecanismos de coordinación que mejor contribuyan a que, dentro de su respectivo ámbito de competencia, se dé una adecuada, oportuna, eficaz e integral atención a los mexicanos residentes en el extranjero o a aquellos que tengan la calidad de migrantes, independientemente de su nacionalidad de origen.

Segundo: Se fortalezca el Consejo Consultivo del Instituto de Mexicanos en el Extranjero, asegurando la participación de los órganos de atención al migrante de los gobiernos de las entidades federativas, con facultades deliberativas y de decisión en los acuerdos que se discutan y adopten en este órgano.

Tercero: Se establezcan políticas y mecanismos de atención a los migrantes de otra nacionalidad que, habiendo entrado en territorio nacional sin autorización legal y siendo detenidos, se les garantice un mejor trato y protección contra cualquier abuso y violación a sus derechos humanos.

México, DF, a 28 de octubre de 2003.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

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ALIMENTACION
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Alimentación.

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Por cuestiones de tiempo no podré leer el texto completo que el grupo parlamentario del PRD, algunos diputados del PRI y de Convergencia y del PT nos hicieron favor de firmar, sin embargo, aquí hemos reunido alrededor de 132 firmas y que les pedimos a todos ustedes analicen atentamente el documento que se publica hoy en la Gaceta, sobre el punto de acuerdo que proponemos para crear la Comisión Especial de Alimentación, porque el destino de los niños y los adultos mayores que sufren el problema de la desnutrición en varios estados de la República, depende directamente de la Junta de Coordinación y con el asunto del Presupuesto ya se ha hablado que se pretende cerrar solamente a 10 de esas comisiones, entre especiales y subcomisiones que se van a crear.

Por eso, yo les pido muy atentamente que ustedes tomen en cuenta un asunto muy importante:

Primero, que es la única comisión que no existe ni especial ni ordinaria aquí en la Cámara de Diputados; que la Sagarpa tiene un referente en agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación; no existe como tal. Y paradójicamente, fíjense, que yo me pregunto, bueno va a haber una manera de mandar ese documento, pero paradójicamente sí estamos planteando la creación de la Comisión de Alimentación, pues no existe ésta como tal para poder mandar el documento como debería de hacerse.

Y también les pedimos, compañeras y compañeros diputados, que analicen este problema que está asociado al de-sempleo, a la pobreza, a la marginación y a los bajos salarios, entre otros.

Si ustedes han de recordar en la semana pasada, el Día Mundial de Alimentación se habló de manera muy puntual, con cifras alarmantes de desnutrición de los grupos vulnerables. Yo solamente quiero decirles que el Ejecutivo Federal ha planteado como una de sus prioridades la alimentación, al incluirla en la denominación de la Sagarpa.

En contraparte, este Poder Legislativo no tiene una comisión destinada a legislar y promover que todos los mexicanos tengamos una alimentación apropiada y saludable, impulsando aquellas políticas alimentarias tendientes a lograr la soberanía alimentaria que es la condición previa de una auténtica seguridad alimentaria.

Es por todos estos motivos que los legisladores que signamos este documento de la fracción de diputados del PRD, los que nos hicieron favor de signarlo del PRI, del PT y de Convergencia, comprometidos con el bienestar de los mexicanos, consideramos que el grado de inseguridad y dependencia alimentaria no debe ser tratado de manera fragmentada ni ser motivo de propuestas coyunturales ni de corto plazo, que comprometan el futuro de todos los mexicanos.

En virtud de lo que hemos expuesto y en base en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos que el tema de la alimentación en esta Cámara debe ser retomado con gran esmero y por ende, creemos que es necesaria la creación de una Comisión Especial de Alimentación.

Por lo anteriormente expuesto y con sustento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos proponemos:

Primero. Sea creada en el seno de esta soberanía, en el marco de sus atribuciones, una Comisión Especial de Alimentación, que se encargue de la atención de las propuestas legislativas relacionadas con la soberanía alimentaria como un asunto de seguridad nacional, que tenga como funciones:

Contribuir para que el derecho a la alimentación se estipule en nuestra Constitución Política como parte de las garantías individuales que todo ser humano debe gozar.

Realizar aportes legislativos encaminados a lograr el bie-nestar nutricional de la población mexicana, especialmente de los grupos más vulnerables, impulsando el fortalecimiento y la calidad nutritiva de los alimentos.

Coordinarse con otras comisiones de la Cámara de Diputados y con la Sagarpa en las actividades y decisiones legislativas a tomar en materia.

Analizar, proponer y emitir opinión respecto de las iniciativas de ley, decretos, reformas y adiciones en materia alimentaria.

Segundo...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, señora diputada.

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio:

Concluyo, diputado Presidente.

La Junta de Coordinación Política integre y presente al pleno una propuesta plural de integrantes de esta comisión.

Tercero. La Comisión Especial de Alimentación contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica, un informe, ante el pleno de esta soberanía o en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Compañeras, compañeros diputados: les pido muy atentamente su apoyo para que la Junta de Coordinación Política acepte la creación de esta Comisión Alimentaria.

Muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Alimentación, presentada por la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del PRD.

La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, presenta propuesta con punto de acuerdo para solicitar la creación de la comisión especial de alimentación.

Exposición de Motivos

Según la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, ésta existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos e inocuos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. El logro de esta declaración ha sido la meta principal de los países en vías de desarrollo durante los últimos 25 años.

De acuerdo con los informes sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de los últimos 3 años, se puede concluir que alrededor del 65 por ciento de nuestra población vive en condiciones correspondientes a un índice de desarrollo humano medio y bajo. Además, según un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se sufren desnutrición e inseguridad alimentaria en alrededor de 458 municipios ubicados en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, estado de México e Hidalgo, pero también en Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

La alimentación del pueblo mexicano está directamente relacionada con los niveles de ingreso, la distribución del gasto familiar y la cultura alimenticia, entre otros factores -donde la crisis nacional influye fuertemente-, como la caída abrupta de los salarios mínimos reales, las altas tasas de desempleo y subempleo de la población, el deterioro del poder adquisitivo, calculado en por lo menos 60% en la última década, así como el incremento de los precios de los artículos de consumo de primera necesidad, debido a la inflación y el intermediarismo.

El impacto de todas estas variables ha dado como resultado que en nuestro país el 8 por ciento de los niños mexicanos menores de cinco años tengan peso insuficiente; que el 7 por ciento tengan bajo peso al nacer y que el 18 por ciento presente baja estatura. Sin embargo, aunque los niños son el grupo más afectado por la insuficiencia alimentaria, también los adultos mayores y los grupos indígenas la padecen en grado extremo.

Por otra parte, en México el control de la producción y abasto alimentario se está perdiendo. Cada vez somos menos capaces de producir y distribuir nuestros propios alimentos. Dependemos cada vez más de las importaciones, cuya calidad deja mucho que desear.

Lo que trae como consecuencia, además del grado de dependencia, que según la Sagarpa pasó del 7 en el 2001 al 7.3 en el 2002, la pérdida de nuestra soberanía alimentaria nacional.

El Ejecutivo federal ha planteado como una de sus prioridades la alimentación, al incluirla en la denominación de la Sagarpa. En contraparte, el Poder Legislativo no tiene una comisión destinada a legislar y promover que todos los mexicanos tengamos una alimentación apropiada y saludable, impulsando aquellas políticas alimentarias tendientes a lograr la soberanía alimentaria, que es la condición previa de una auténtica seguridad alimentaria.

Por todos estos motivos, los legisladores del PRD, PRI y PT, signantes de este documento, comprometidos con el bienestar de los mexicanos, consideramos que el grado de inseguridad y dependencia alimentaria no debe ser tratado de manera fragmentada, ni ser motivo de propuestas coyunturales, ni de corto plazo que comprometan el futuro de todos los mexicanos.

En virtud de lo que hemos expuesto y con base al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos que el tema de la alimentación en esta Cámara debe ser retomado con gran esmero y, por ende, creemos que es necesaria la creación de una comisión especial de alimentación.

Por lo anteriormente expuesto y con sustento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que sea creada en el seno de esta soberanía, en el marco de sus atribuciones, una comisión especial de alimentación, que se encargue de la atención de las propuestas legislativas relacionadas con la soberanía alimentaria como un asunto de seguridad nacional. Que tenga como funciones contribuir para que el derecho a la alimentación se estipule en nuestra Constitución Política, como parte de las garantías individuales de que todo ser humano debe gozar; realizar aportes legislativos encaminados a lograr el bienestar nutricional de la población mexicana, especialmente de los grupos más vulnerables, impulsando el fortalecimiento y la calidad nutritiva de los alimentos; coordinarse con otras comisiones de la Cámara de Diputados y con la Sagarpa en las actividades y decisiones legislativas por tomar en la materia; y analizar, proponer y emitir opinión respecto de las iniciativas de ley, decretos, reformas y adiciones en materia alimentaria.

Segundo. Que la Junta de Coordinación Política integre y presente al Pleno una propuesta plural de integrantes de esta comisión.

Tercero. La comisión especial de alimentación contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2003.--- Diputados: Narciso Agúndez Montaño, Miguel Alonso Raya, René Arce Islas, Rosa María Avilés Nájera, Abraham Bagdadi Estrella, Héctor Miguel Bautista López, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Julio Boltvinik Kalinka, Clara Marina Brugada Molina, José Luis Cabrera Padilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Marbella Casanova Calam, Santiago Cortés Sandoval, Tomás Cruz Martínez, Francisco Chavarría Valdeolivar, Adrián Chávez Ruiz, César Antonio Chávez Castillo, Angélica de la Peña Gómez, Socorro Díaz Palacios, María Angélica Díaz del Campo, Horacio Duarte Olivares, Gilberto Ensástiga Santiago, Luis Eduardo Espinoza Pérez, David Ferreira Martínez, Margarito Fierros Tano, Irma Sinforina Figueroa Romero, Rafael Flores Mendoza, Rogelio Franco Castán, Pablo Franco Hernández, Juan García Costilla, Miguelángel García-Domínguez, Eliana García Laguna, Amalia Dolores García Medina, Juan José García Ochoa, Iván García Solís, Rafael García Tinajero Pérez, María Elba Garfias Maldonado, Pablo Gómez Alvarez, Valentín González Bautista, María Marcela González Salas y Petriccioli, Ana Lilia Guillén Quiroz, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Abdallán Guzmán Cruz, Minerva Hernández Ramos, María del Rosario Herrera Ascencio, Marcelo Herrera Herbert, Guillermo Huízar Carranza, María Marcela Lagarde y de los Ríos, Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez, Susana Guillermina Manzanares Córdova, Javier Manzano Salazar, Jorge Martínez Ramos, Horacio Martínez Meza, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, José Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía Haro, Martha Lucía Mícher Camarena, Gelacio Montiel Fuentes, Francisco Mora Ciprés, María Guadalupe Morales Rubio, Marcos Morales Torres, Inelvo Moreno Alvarez, Inti Muñoz Santini, Arturo Nahle García, José Luis Naranjo Quintana, Francisco Javier Obregón Espinoza, Daniel Ordóñez Hernández, Omar Ortega Alvarez, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María de los Dolores Padierna Luna, Juan Pérez Medina, Cristina Portillo Ayala, Alfonso Ramírez Cuéllar, Bernardino Ramos Iturbide, Agustín Rodríguez Fuentes, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Javier Salinas Narváez, Rocío Sánchez Pérez, Francisco Javier Saucedo Pérez, Yadira Serrano Crespo, Emilio Serrano Jiménez, Pascual Sigala Páez, Carlos Hernán Silva Valdés, Víctor Suárez Carrera, Israel Tentory García, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Edgar Torres Baltazar, Enrique Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz, Gerardo Ulloa Pérez, Emilio Zebadúa González, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Oscar González Yánez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Alejandro González Yánez, Cruz López Aguilar, Jesús Morales Flores, Humberto Filizola Haces, Humberto Martínez de la Cruz, José Manuel Abdala, Alejandro Saldaña Villaseñor, Alfredo Villegas Arreola, Marco Antonio García Ayala, César Amín González, Belizario Herrera Solís, Juan Antonio Gordillo Reyes, Alberto Jiménez Merino, Juan Manuel Vega Rayet, Gustavo Moreno Ramos, Ubaldo Aguilar Flores, Concepción Castañeda Ortiz, Carlos Jiménez Macías, Benjamín Sagahón Medina, Alfonso Nava Díaz, Sara Rocha Medina, Alvaro Burgos Barrera, Marcelo Tecolapa Tixteco, Carlos M. Rovirosa Ramírez, Mario Moreno Arcos, Pedro Avila Nevárez, Joel Padilla Peña, Jesús González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno, Carlos Silva Valdés (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El siguiente punto del orden del día ha sido retirado por el grupo parlamentario que lo gestionó.

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ESTADO DE JALISCO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para destacar el deplorable estado que guardan los aeropuertos de la República, y en particular, las consecuencias en demérito del servicio, imagen y seguridad del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, en Guadalajara Jalisco, segundo aeropuerto en importancia del país.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente:

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

No obstante que, desde el 25 de septiembre de 2001, el H. Congreso del estado de Jalisco, por conducto de su Comisión de Comunicaciones y mediante un acuerdo económico, hizo saber a la LVIII Legislatura del Congreso federal las lamentables condiciones que guardaba el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, de Guadalajara, Jalisco, a la fecha la situación se ha agravado, sin que haya autoridad en la República que honre el cumplimiento de sus responsabilidades, revocando la concesión otorgada a la empresa Grupo Aeroportuario del Pacífico, por el evidente desprecio a los usuarios y la flagrante inobservancia de las obligaciones contraídas en el título de concesión y de la propia Ley de Aeropuertos del 22 de diciembre de 1995.

Con el consabido argumento de que se requerían inversiones en el servicio aeroportuario mexicano que el Estado no puede realizar, se abrió la participación de la inversión privada en el sistema aeroportuario nacional y, el 9 de febrero de 1998, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos respectivos. Así, entre muchas otras concesiones que se han dado en aeropuertos de la República, con resultados negativos, se concedió a Grupo Aeroportuario del Pacífico la autorización para explotar diversas centrales aéreas del centro-Pacífico y Pacífico-norte, siendo la más importante la de Guadalajara, Jalisco.

Ese grupo aeroportuario tiene como socios una empresa con las siglas AENA, otra denominada Fenosa Dragados, el propio Grupo Aeroportuario del Pacífico y nada menos que ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares), que heredó el paquete.

Es evidente la absoluta falta de inversión de los concesionarios, pese a los exorbitantes ingresos que reciben, entre otros conceptos, por el arrendamiento de los reducidos espacios de tránsito peatonal y espera de pasajeros, del pago mensual por otorgamiento de gafetes, de los espacios de publicidad y del servicio de taxis y autobuses.

El aeropuerto internacional Miguel Hidalgo tiene un aforo en promedio de 20,000 pasajeros diarios que, sin excepción, pagan el Impuesto sobre Derecho de Uso de Aeropuertos y sufren las penalidades de falta de sanitarios, asientos, ventilación y acceso directo al avión, además de esperas infernales cuando existe algún atraso, malos olores, hacinamiento, etcétera.

Se anexa a esta propuesta con punto de acuerdo una lista de las molestias, malos tratos y toda clase de inconvenientes que tiene que pasar un viajero y mucho peor si a sus familiares se les ocurre ir a esperarlo, siendo inconcebible lo que sufre un anciano, un enfermo o un discapacitado y desde luego los turistas nacionales e internacionales.

Para nuestra desgracia, lo que ocurre en Guadalajara es sintomático de lo que sucede en otros aeropuertos concesionados y aun los que están a cargo de ASA, como el de la Ciudad de México, cada día más incómodo y desarticulado en información y atención a los pasajeros.

La situación es grave, delicada y costosa para el país. Si no se procede con energía y, de acuerdo con la ley, se revocan las concesiones que no han cumplido las condiciones legales a que se obligaron, ese daño persistirá en las comunicaciones aéreas y, como ya es sabido, se resienten dramáticamente en el sector turismo, a menos que se quieran condiciones para que arribe al país sólo el subturismo de viciosos y apostadores que aguantan todo con tal de llegar a un lujoso casino y desprenderse de inhibiciones.

Las privatizaciones de por sí no garantizan avance; al contrario, son evidentes los retrocesos. Hace falta el más patriótico compromiso de la autoridad para hacer que se cumpla la ley. La Dirección General de Aeronáutica Civil, adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no puede seguir evadiendo su responsabilidad.

En todo caso, se tendrá que revisar la procedencia de una amplia inversión pública en aeropuertos que ya propala dicha Secretaría, y que puede tener por objeto ocultar la responsabilidad de los concesionarios, trasladando al pueblo las cargas y dejando a los dueños particulares los beneficios.

Por lo expuesto, solicito a esta H. Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicite a la Comisión de Comunicaciones de la LIX Legislatura que requiera la información necesaria y realice las visitas de comprobación in situ para acreditar la existencia de las irregularidades señaladas; y, por consiguiente, sustente las causas de revocación de las concesiones, procediendo, en caso de negativa de la autoridad administrativa, a incoar juicio político al secretario de Comunicaciones y Transportes, ya que es manifiesto que su comportamiento omiso redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2003.--- Dip. Jesús González Schmal (rúbrica).

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.

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PERSPECTIVA DE GENERO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Eppen Canales, a nombre de diputadas de la Comisión de Equidad y Género, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo a instruir a las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal, para que incorporen con transversalidad la perspectiva de género, tanto en las acciones, programas y políticas, como en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La diputada Blanca Eppen Canales:

Con su venia, señor Presidente:

Las diputadas y los diputados abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Equidad y Género de esta Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

A efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a incorporar con transversalidad la perspectiva de género, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2004, así como las acciones, programas y políticas y para que se creen unidades de equidad y género, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestra Constitución Política consagra dos de los más importantes valores universales: el de la prohibición de la discriminación, motivada entre otras causas, por razón del género, y el principio de la igualdad entre varón y mujer.

Sobre esta base legal, las mujeres en nuestros diversos quehaceres hemos respaldado la lucha por el respeto a nuestros derechos y a la igualdad de oportunidades, manteniendo la exigencia de que los asuntos de las mujeres deben de ser una prioridad nacional.

Este Congreso como representante social y particularmente la Comisión de Equidad y Género, ha tenido un papel fundamental para que al interior de las organizaciones públicas se incorpore de forma transversal la perspectiva de género, así como en el seguimiento, evaluación e implementación de los programas y recursos.

Es así que en la pasada legislatura igualmente se exhortó al Poder Ejecutivo Federal, para incorporar la perspectiva de género en el presupuesto y los programas, preocupación que retomamos en esta LIX Legislatura.

Un análisis de las acciones de gobierno sugiere avances en la transparencia presupuestaria durante los últimos años. A partir de esta administración federal, algunas secretarías han venido incluyendo montos y programas destinados a las mujeres, tal es el caso de las Secretarías de Desarrollo Social, Salud, Medio Ambiente, Economía y Trabajo, algunas más han venido constituyendo un área administrativa de equidad y género. Sin embargo, aún falta por hacer más transparente la asignación y el uso de los recursos destinados para mujeres.

En algunas ocasiones este presupuesto se encuentra en la misma partida de otros grupos específicos como indígenas y jóvenes y en otras, no se desglosan los recursos de algunos programas exclusivos para mujeres. Por ello es necesario transparentar y desagregar más el presupuesto, para conocer el monto de los recursos y el impacto de los programas. Es también imperante una mayor profesionalización en esta materia para que las unidades de la administración pública sean sensibles a las diferencias de género.

La forma de hacer partícipes a las mujeres en el desarrollo nacional es poniendo en sus manos los beneficios de los programas materializados en más y mejores servicios, becas para educarse, capacitación para el trabajo, financiamiento para hacer producir sus tierras, otorgarles los títulos de propiedad, dotarles de guarderías para sus hijos y ofrecerles servicios médicos especializados. Sólo así podremos hablar de un desarrollo social incluyente, justo y democrático.

Las mujeres necesitamos que los beneficios nos lleguen, que entren a la casa y se expandan a nuestras familias. Sólo así puede dársele sentido al discurso del cambio.

Por todo lo anterior expuesto y siendo que es responsabilidad compartida de los Poderes Legislativo y Ejecutivo proveer de las condiciones necesarias para garantizar un nivel de vida digno para todas las mujeres, el pleno ejercicio de sus derechos, el acceso a la igualdad de oportunidades, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo Federal que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2004 contenga información desagregada por sexo y que en los tomos anexos se contemple una clave presupuestaria adicional para identificar los programas y los recursos destinados para mujeres y con enfoque de género.

Segundo. Que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo Federal que, a partir del siguiente ejercicio fiscal, todos los programas sociales cuenten con reglas de operación con la transversalidad del enfoque de género y en los informes relacionados con la ejecución de las acciones y de los recursos sean presentados en forma desagregada por sexo, dando cuenta del impacto sobre el bienestar de las mujeres.

Tercero. Que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo Federal que las dependencias y entidades cuenten en su organigrama con un área administrativa de equidad y género encargada del diseño de políticas y programas transversales con enfoque de género.

Solicito, señor Presidente, que esta proposición sea turnada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Equidad y Género y que sea insertado el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a incorporar la perspectiva de género en las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal con transversalidad, así como crear mecanismos de asignación presupuestal, distribución y ejecución en los programas de Gobierno, presentada por la diputada Blanca Eppen Canales, del grupo parlamentario del PRI.

Las diputadas y diputados abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Equidad y Género de esta Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal a incorporar con transversalidad la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, así como en las acciones, programas y políticas, y para que se creen unidades de equidad y género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestra Constitución Política consagra dos de los más importantes valores universales: el de la prohibición de la discriminación, motivada, entre otras causas, por razón del género, y el principio de la igualdad entre varón y mujer.

Sobre esta base legal, las mujeres, en nuestros diversos quehaceres, hemos respaldado la lucha por el respeto a nuestros derechos y a la igualdad de oportunidades, manteniendo la exigencia de que ``los asuntos de las mujeres'' deben ser una prioridad nacional.

Este Congreso, como representante social, y particularmente la Comisión de Equidad y Género, ha tenido un papel fundamental para que en las organizaciones públicas se incorpore de forma transversal la perspectiva de género, así como en el seguimiento, evaluación e implementación de los programas y recursos.

Así, en la pasada Legislatura igualmente se exhortó al Poder Ejecutivo Federal a incorporar la perspectiva de género en el Presupuesto y los programas, preocupación que retomamos en esta LIX Legislatura.

Un análisis de las acciones de gobierno sugiere avances en la transparencia presupuestaria durante los últimos años. A partir de esta administración federal, algunas secretarías han venido incluyendo montos y programas destinados a las mujeres, tal es el caso de las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Medio Ambiente, de Economía, y de Trabajo. Algunas más han venido constituyendo un área administrativa de equidad y género.

Sin embargo, aún falta por hacer más transparente la asignación y el uso de los recursos destinados a las mujeres. En algunas ocasiones, este presupuesto se encuentra en la misma partida de otros grupos específicos, como indígenas y jóvenes, y en otras no se desglosan los recursos de algunos programas exclusivos para mujeres.

Por ello, es necesario transparentar y desagregar más el Presupuesto, para conocer el monto de los recursos y el impacto de los programas. Es también imperante una mayor profesionalización en esta materia, para que las unidades de la administración pública sean sensibles a las diferencias de género.

La forma de hacer partícipes a las mujeres en el desarrollo nacional es poniendo en sus manos los beneficios de los programas, materializados en más y mejores servicios, becas para educarse, capacitación para el trabajo, financiamiento para hacer producir sus tierras, otorgarles los títulos de propiedad, dotarles de guarderías para sus hijos y ofrecerles servicios médicos especializados. Sólo así podremos hablar de un desarrollo social incluyente, justo y democrático.

Las mujeres necesitamos que los beneficios nos lleguen, que entren en la casa y se expandan a nuestras familias, sólo así puede dársele sentido al discurso del cambio.

Por todo lo anteriormente expuesto y porque es responsabilidad compartida de los Poderes Legislativo y Ejecutivo proveer de las condiciones necesarias para garantizar un nivel de vida digno para todas las mujeres, el pleno ejercicio de sus derechos y el acceso a la igualdad de oportunidades, se proponen los siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero.- Que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo Federal que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 contenga información desagregada por sexo, y que en los tomos anexos se contemple una clave presupuestaria adicional para identificar los programas y los recursos destinados para mujeres y con enfoque de género.

Segundo.- Que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo Federal que, a partir del siguiente ejercicio fiscal, todos los programas sociales cuenten con reglas de operación con la transversalidad del enfoque de género, y que los informes relacionados con la ejecución de las acciones y de los recursos sean presentados en forma desagregada por sexo, dando cuenta del impacto sobre el bienestar de las mujeres.

Tercero.- Que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo Federal que las dependencias y entidades cuenten en su organigrama con un área administrativa de equidad y género encargada del diseño de políticas y programas transversales con enfoque de género.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de octubre de 2003.--- Diputadas y diputados: Evangelina Pérez Zaragoza, Angélica Ramírez Luna, Patricia Flores Fuentes, Concepción Cruz García, Marisol Vargas Bárcena, Blanca Eppen Canales, Gisela Lara Saldaña, Diva H. Gastélum Bajo, Elizabeth Sotelo Ochoa, Sara Rocha Medina, Esthela Ponce Beltrán, Marcela González Salas y Petriccioli, Eugenio Mier y Concha Campos, Carlos Rovirosa Ramírez, Leonardo Alvarez Romo, Rocío Guzmán de Paz, Martha Mícher Camarena, Socorro Díaz Palacios (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a las comisiones de Gobernación, Cuenta Pública y Equidad y Género.

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INEGI
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación al proceso seguido por el Inegi en el despido y liquidación de su planta laboral.

El diputado Juan Pérez Medina:

Gracias, señor Presidente:

Los firmantes del escrito, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

1. Que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se rige por la Ley de Administración Pública Federal; y las relaciones laborales, por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado ``B'' del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.Que desde su creación (1983), existen dos tipos de trabajadores: eventuales y tradicionales, con funciones iguales, pero con derechos distintos, reconociendo para los primeros en cita sólo algunos. Por ello, demandaron a la patronal más de 3 mil, encontrándose pendientes del laudo los más de 100 expedientes acumulados desde 1997.

3. Que, de conformidad con los informes proporcionados, en los últimos tres años los salarios del personal de mando se han incrementado en un alto porcentaje, como es el caso del titular, quien recibe 180 mil pesos mensuales, más 100 mil que le entrega Nafin como jubilado; a los puestos de dirección se asignan sueldos que fluctúan entre 120 mil y 140 mil mensuales, mientras que los trabajadores sólo ganan entre 3 mil 200 y 5 mil pesos.

4. Que, de acuerdo con los datos proporcionados por los trabajadores que luchan por la conservación de su empleo, de noviembre de 2000 a la fecha el INEGI ha destinado más de 310 millones de pesos para el programa de liquidación, utilizando 266 millones 200 mil pesos en el pago de 4 mil 793 trabajadores adscritos al Procede.

5. La Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI informa que, por diversos medios, ha buscado hacer saber al secretario de Hacienda y Crédito Público la situación descrita, sin haberlo conseguido, por lo cual tomó como medida alternativa a los trámites oficiosos plantarse desde julio último frente al edificio situado en el número 795 de Insurgentes Sur, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez.

Por expuesto, se presenta a su soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que se turne el presente punto de acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que se cite al titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática con objeto de que informe sobre el proceso de despido y liquidación de los más de 3 mil trabajadores que han demandado a la institución y los más de 5 mil que han sido liquidados.

Segundo. Que se cite al CP Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, para que comparezca ante los integrantes de las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Trabajo y Previsión Social a fin de que proporcione informe detallado sobre la carencia de respuesta al oficio de fecha 27 de marzo de 2003 que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de LVIII Legislatura, atendiendo la solicitud del C. Francisco Javier Farina Tames, representante de la Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI, le hizo llegar.

Tercero. Se exhorte al C. secretario de Hacienda y Crédito Público a que reciba una comisión integrada por demandantes e instruya al titular del INEGI para que preserve los derechos laborales de los trabajadores eventuales e incorpore a las condiciones generales de trabajo todos los que la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado les reconoce.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2003.--- Diputados: Margarito Fierros Tano, Antonio Mejía Haro, José Luis Naranjo Quintana, Enrique Torres Cuadros, Elba Garfias Maldonado, Sergio A. Magaña Martínez, Rafael García Tinajero Pérez, Valentín González Bautista, César Chávez Castillo, Rogelio Franco Castán, Horacio Martínez Meza, Abraham Bagdadi Estrella, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María Angélica Díaz del Campo, María del Rosario Herrera Ascencio, Gerardo Ulloa Pérez, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Adrián Chávez Ruiz, Francisco Mora Ciprés, José Luis Cabrera Padilla, José Luis Medina Lizalde, Emilio Serrano Jiménez, Juan Pérez Medina, Irma Sinforina Figueroa Romero, Inelvo Moreno Alvarez, Carlos Hernán Silva Valdés, Israel Tentory García, Abdallán Guzmán Cruz, Ana Lilia Guillén Quiroz, Agustín Rodríguez Fuentes, Francisco Javier Saucedo Pérez, Eliana García Laguna, Miguel Alonso Raya, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Juan García Costilla, Enrique Torres Cuadros (rúbricas).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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ESTADO DE MEXICO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a varias Secretarías de Estado para que se aboquen a la investigación y a tomar medidas urgentes para evitar que en el municipio de Tultitlán, estado de México, se sigan presentando eventos que impactan al medio ambiente.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En Tultitlán estado de México viven más de 510 mil habitantes y operan cerca de 600 empresas en tres corredores y seis parques industriales.

En 1958 se instaló en un predio de la colonia Lechería una empresa denominada Cromatos de México, que 20 años después fue clausurada. Mucho se ha hablado en torno al foco de contaminación de suelo, agua y aire que representó el cierre de la extinta empresa propiedad de la firma alemana Bayer.

Este añejo problema sigue vigente en la agenda política empresarial porque hoy representa un cementerio de 75 mil toneladas de desechos tóxicos, todos ellos potencialmente cancerígenos, con contenido de cromo total, cromo exavalente, como tres y cromo seis, que se mantienen expuestos a los elementos sin protección adecuada dentro del predio donde se instaló la empresa y que nadie se atreve a remover.

Existen datos de un laboratorio especializado que analizó y confirmó que en las colonias Lechería y Recursos Hidráulicos existe un alto grado de concentración de cromo total en el suelo, el aire, el agua potable y las paredes, y que muy probablemente se encuentre su transporte también vía los productos fabricados dentro del radio de contaminación y la gente que habita la zona.

Se analizaron muestras de suelo, agua potable y paredes de la zona en cuestión y el estudio reveló concentraciones de cromo total que rebasaron la norma oficial............... NOMS/127FSA1/1994 que limita los niveles de cromo total para el agua potable, materiales de concreto y suelo.

Las muestras de paredes y suelo examinadas presentaron concentraciones de cromo total de 1.73 miligramos por cada kilogramo. El resultado rebasa por mucho la norma oficial que permite como referencia sólo una concentración de .05 miligramos por litro.

La Semarnap aceptó que el Gobierno no podrá resolver sólo el problema de la confinación de desechos tóxicos, como el caso de Cromatos de México. Esta Secretaría sostiene que se necesita la mano firme por parte de los tres órganos de gobierno del país, para poner solución al problema de los residuos tóxicos.

Con poco más de un mes al frente de la Semarnap, el licenciado Alberto Cárdenas Jiménez ha supuesto que el Instituto Nacional de Ecología tiene los estudios suficientes para evaluar el foco de contaminación que representa todavía Cromatos de México y expuso que con base en esta información determinarán el impacto, no sólo del caso de Tultitlán en materia de desechos; en el mismo sentido, se condujo al director de la Comisión Nacional del Agua. Estas declaraciones demuestran el total desconocimiento e insensibilidad política por parte de las autoridades ambientales.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aceptó que México carece de zonas especiales para el confinamiento de residuos tóxicos y que el único sitio ubicado en el norte del país es inoperante.

Sin embargo, cabe recordar que la nueva Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada el pasado 8 de octubre, dará pie para la construcción de zonas de confinamiento en el país.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, está comprometido con el cuidado y conservación del medio ambiente, pues es ahí donde los mexicanos construiremos una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza.

Por todo lo anterior, sometemos ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, al Instituto Nacional de Ecología, a la Profepa y a la Comisión Nacional del Agua, se aboquen a la investigación y a tomar medidas urgentes para evitar que en el municipio de Tultitlán, estado de México, se sigan presentando eventos que impactan al medio ambiente, tales como la contaminación que provocan los desechos tóxicos en el predio, donde se ubicó la empresa Cromatos de México, y hecho que sea, se informe al pleno de la Cámara de Diputados sobre su resultado.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, al Instituto Nacional de Ecología, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua que se aboquen a la investigación y a tomar medidas urgentes para evitar que en el municipio de Tultitlán, estado de México, se sigan presentando eventos que impactan al medio ambiente, a cargo del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Metropolitano la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de Salud (Ssa), así como al Instituto Nacional de Ecología (INE), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional del Agua (CNA), a que se aboquen a la investigación y a que tomen medidas urgentes para evitar que en el municipio de Tultitlán, México, sigan presentándose eventos que afecten el ambiente y, hecho que sea, informen al Pleno de la Cámara sobre su resultado.

En Tultitlán, México, viven más de 510 mil habitantes y operan cerca de 600 empresas en tres corredores industriales y seis parques industriales, así como una población flotante estimada en 5,000 trabajadores que labora en la industria instalada en el municipio.

En 1958 se instaló en un predio de la colonia Lechería, del municipio mencionado, la empresa Cromatos de México, pero 20 años después fue clausurada. Mucho se ha hablado del foco de contaminación de suelo, agua y aire que representó el cierre de la extinta empresa propiedad de la firma alemana Bayer. El añejo problema sigue vigente en la agenda política y empresarial porque hoy representa un cementerio de 75 mil toneladas de desechos tóxicos, potencialmente cancerígenos (con contenido de cromo total, cromo hexavalente, cromo tres y cromo seis), que se mantienen expuestos a los elementos sin protección adecuada, dentro del predio donde se instaló la empresa, y sin que nadie se atreva a remover.

El periódico El Economista consultó un laboratorio especializado que analizó y confirmó que en las colonias Lechería y Recursos Hidráulicos existe alto grado de concentración de cromo total en el suelo, el aire, el agua potable y las paredes, y muy probablemente se encuentre y se transporte también vía los productos fabricados dentro del radio de contaminación y la gente que habita la zona.

Se mandaron a analizar muestras de suelo, agua potable y paredes de la zona en cuestión. El estudio reveló concentraciones de cromo total que rebasaron la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, que limita los niveles de cromo total para el agua potable, materiales de concreto y suelo.

Las muestras de paredes y suelo examinadas presentaron concentraciones de cromo total de 1.73 miligramos por kilogramo. El resultado rebasa por mucho la norma oficial que permite como referencia sólo una concentración de 0.05 miligramos por litro.

En una entrevista concedida al mismo medio de comunicación, el titular de la Semarnat aceptó que el gobierno no podrá resolver solo el problema de la confinación de desechos tóxicos, como el de Cromatos de México. Refirió que se necesita mano firme de los tres órganos de gobierno del país para solucionar el problema de los residuos tóxicos.

Con poco más de un mes al frente de la Semarnat, el servidor público dijo suponer que el INE tiene estudios suficientes para evaluar el foco de contaminación que representa todavía Cromatos de México.

Expuso que, con base en esa información, determinarán el impacto no sólo del caso de Tultitlán. En el mismo sentido se condujo el director de la CNA, quien dijo desconocer, por el momento, lo que se hace en la zona.

Esas declaraciones demuestran el total desconocimiento e insensibilidad política de las autoridades del gobierno foxista en el problema que nos ocupa.

La Semarnat aceptó que México carece de zonas especiales para el confinamiento de residuos tóxicos, y el único sitio, ubicado en el norte del país, es inoperante. Sin embargo, cabe recordar que la nueva Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada el 8 de octubre del año en curso, dará pie a la construcción de zonas de confinamiento en el país.

Está en riesgo la salud de miles de familias y de trabajadores de más de un centenar de empresas. El problema acumula más de 25 años de negligencia gubernamental y amenaza desbordarse si no es atendido en forma eficiente.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está comprometido con el cuidado y la conservación del ambiente, pues ahí los mexicanos construiremos una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza.

Por eso, desde la más alta tribuna del país se hace un serio y respetuoso llamado a la Ssa y a la Semarnat, así como al INE, a la Profepa y a la CNA, a que realicen en forma conjunta las investigaciones necesarias para que en Lechería, Tultitlán, no suceda una lamentable catástrofe si se actúa con negligencia, lentitud o torpeza.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud, así como al Instituto Nacional de Ecología, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, a que se aboquen a la investigación y a tomar medidas urgentes para evitar que en el municipio de Tultitlán, México, sigan presentándose eventos que afectan el ambiente, como la contaminación que provocan los desechos tóxicos en el predio donde se situó la empresa Cromatos de México; y, hecho que sea, se informe al Pleno de la Cámara de Diputados sobre su resultado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de octubre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Metropolitano.

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CENSO AGROPECUARIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo de exhorto al Ejecutivo Federal, se incorpore en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 el monto necesario para que el Inegi lleve a cabo el VIII Censo Agropecuario.

El diputado Víctor Suárez Carrera:

Gracias, con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados.

El suscrito, diputado federal de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de esta Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, hago del conocimiento del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

La planeación agropecuaria ha sido proscrita en México desde hace dos décadas por instrucciones de los intereses externos; centronizada la llamada mano invisible del mercado como rectora de la política del desarrollo agroalimentario a largo plazo; así han desaparecido, entre otras medidas a favor de la ideología del llamado libre mercado, el Centro de Economía Agrícola y la Subsecretaría de Planea-ción de la Sagarpa. De igual manera, no se ha levantado el Censo Nacional Agropecuario correspondiente al 2001, interrumpiendo así el ciclo iniciado en 1930.

Todo país que se respete, que tenga autonomía y un claro de proyecto de nación, tiene información y estadísticas agropecuarias estructurales, y con esta base formulan planes y programas de desarrollo a mediano y largos plazos, tal es el caso, por ejemplo, de las leyes agrícolas multianuales, las llamadas Farm Bill en Estados Unidos, de la política agrícola común de la Unión Europea y de los planes quinquenales que desde 1949 a la fecha rigen la política de desarrollo en China.

A nivel internacional la FAO promueve la realización de censos agropecuarios nacionales en el marco del Programa del Censo Agropecuario Mundial 2000, que cada país debe ejecutar dentro del decenio 1996-2005.

La Ley de Información, Estadística y Geografía emitida en 1980 y modificada en 1983 otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la atribución de planear, desarrollar y vigilar y realizar el levantamiento de censos, así como de encuestas económicas y sociodemográficas.

En su artículo 90 indica que los censos se practicarán de conformidad con las disposiciones que en cada caso fije el Ejecutivo Federal.

No obstante, que el censo agropecuario se ha realizado cada 10 años, el correspondiente al 2001 no se llevó a cabo debido a la falta de recursos presupuestales, cuyo monto es del orden de 1 mil 200 millones de pesos.

A tres años de la actual administración, pareciera que no es importante la realización del Censo Nacional Agropecuario, como no es importante contar con una política de Estado para la planeación del desarrollo rural sustentable, aun y cuando en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establece un título completo relativo a la planeación y coordinación de la política para el desarrollo rural sustentable.

No hay censos agropecuarios y hay medidas parciales como el levantamiento de padrones de productores agropecuarios en las entidades federativas.

Por su parte el Censo Nacional Agropecuario, con los materiales y técnicas de que se dispone, está diseñado para proporcionar información a niveles de áreas geográficas menores de un municipio, lo que apoyaría una correcta planeación del uso de los recursos que actualmente disponen dichas divisiones político-administrativas.

Finalmente es importante resaltar que sin la información del VIII Censo Nacional Agropecuario no podría cumplirse el numeral 229 del Acuerdo Nacional para el Campo, relativo a la necesidad de contar con una Ley Multianual de Planeación Agropecuaria y Soberanía Alimentaria, compromiso fundamental para sentar las bases para una nueva política hacia el campo, por lo que, ante lo que anteriormente expuesto me permito presentar ante este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar al Ejecutivo Federal, para que incorpore en la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, el monto necesario para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y lleve a cabo el Censo Nacional Agropecuario en su octava versión.

Segundo. Exhortar a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Cuenta Pública, en uso de sus atribuciones y, en su caso, para que incorporen en su dictamen de decreto del PEF 2004, el monto requerido por el Inegi para la realización del VIII Censo Nacional Agropecuario.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta Al Ejecutivo Federal a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 el monto necesario para que el INEGI lleve a cabo el VIII Censo Agropecuario, presentada por el diputado Víctor Suarez Carrera, del grupo parlamentario del PRD.

El suscrito diputado federal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace del conocimiento del Pleno proposición con punto de acuerdo, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

La planeación agropecuaria ha sido proscrita en México desde hace dos décadas por instrucciones de los intereses externos. Se ha entronizado la llamada mano invisible del mercado como rectora de la política de desarrollo agroalimentario de largo plazo.

Así, han desaparecido, entre otras medidas en favor de la ideología del llamado libre mercado, el Centro de Economía Agrícola y la Subsecretaría de Planeación de la Sagarpa.

De igual manera, no se ha levantado el Censo Nacional Agropecuario correspondiente a 2001, con lo cual se interrumpió el ciclo iniciado en 1930.

Todo país que se respete, que tenga autonomía y un claro proyecto de nación, cuanta con información y estadísticas agropecuarias estructurales y, con esa base, formula planes y programas de desarrollo de mediano y largo plazos.

Tal es el caso, por ejemplo, de las leyes agrícolas multianuales (las llamadas Farm Bill) en Estados Unidos, de la Política Agrícola Común en la Unión Europea y de los planes quinquenales que desde 1949 rigen la política de desarrollo en China.

A escala internacional, la FAO promueve la realización de censos agropecuarios nacionales en el marco del programa del Censo Agropecuario Mundial 2000 que cada país debe ejecutar en el decenio 1996-2005.

La Ley de Información, Estadística y Geográfica emitida en 1980 y modificada en 1983, en su artículo 30, inciso III, confiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la atribución de planear, desarrollar, vigilar y realizar el levantamiento de censos, así como encuestas económicas y sociodemográficas.

En su artículo 90 indica que los censos nacionales se practicarán de conformidad con las disposiciones que en cada caso fije el Ejecutivo federal, con atención a las bases siguientes:

Se buscará que la información sea comparable en el tiempo y en el espacio;

Se procurará la adecuación conceptual de acuerdo con las necesidades de información que el desarrollo económico y social impongan; y

Se garantizará la comparabilidad internacional de la información que resulte de los censos mexicanos, atendiendo fundamentalmente a su periodicidad, con relación a la de otros países.

Mediante decreto publicado el 17 de junio de 2003, se confiere al INEGI la atribución de generar estadísticas de interés nacional con base en el levantamiento de censos y encuestas y la explotación de recursos administrativos.

No obstante que el Censo Nacional Agropecuario se ha realizado cada 10 años, el correspondiente a 2001 no se llevó a cabo por la falta de recursos presupuestales, cuyo monto es del orden de mil 200 millones de pesos.

A tres años de la actual administración federal, parecería que no es importante realizar el Censo Nacional Agropecuario, como no es importante contar con una política de Estado para la planeación del desarrollo rural sustentable, aun cuando en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establece un título completo relativo a la planeación y coordinación de la política para el desarrollo rural sustentable.

Es conveniente hacer notar que, durante el segundo semestre de 2001 y todo el año de 2002, en el Comité Técnico de Estadística y de Información Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable, integrado por la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas y el INEGI, así como por las siguientes dependencias: Sagarpa, Sedesol, Semarnat, Ssa, SEP, SCT, SRA y SE, además del Banco de México, se efectuaron preparativos de carácter técnico-metodológico para la realización del censo, como mecanismos de coordinación interinstitucional entre las diversas dependencias, a fin de abatir sus costos; justificaciones técnicas ante la SHCP para la asignación de recursos; identificación sectorial de recursos presupuestales para su ejecución, esfuerzos interinstitucionales importantes que a la fecha han resultado infructuosos.

Ante la imposibilidad de obtener la asignación presupuestal para su ejecución en este año, en el comité referido se acordó promover otros esquemas que permitieran obtener la información parcial del sector agropecuario, como la elaboración de padrones de productores agropecuarios de las entidades federativas.

Lo anterior no resuelve desde luego el problema de fondo, ya que el Censo Nacional Agropecuario, junto con las encuestas por muestreo dirigidas a las unidades de producción rural, es la única herramienta estadística que permite conocer cómo funcionan, estructuralmente, dichas unidades, consideradas el conjunto formado por tierras, animales, bienes, insumos y personas y con una administración única, lo que implica la información de un contexto más amplio que la obtenida por predio o por cultivo y a su vez estatalmente.

Por otra parte, el Censo Nacional Agropecuario, con los materiales y las técnicas de que se dispone, está diseñado para proporcionar información a niveles de áreas geográficas menores que un municipio, lo que apoyaría una correcta planeación del uso de los recursos de que actualmente disponen dichas divisiones político-administrativas.

Finalmente, es importante resaltar que sin la información del VIII Censo Nacional Agropecuario, no podría cumplirse el numeral 229 del Acuerdo Nacional para el Campo, relativo a la necesidad de contar con una ley multianual de planeación agropecuaria y soberanía alimentaria, compromiso fundamental a fin de sentar las bases para una nueva política hacia el campo.

Por lo expuesto, me permito presentar ante el Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al Ejecutivo Federal a que incorpore en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2004 el monto necesario a fin de que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática lleve a cabo el VIII Censo Nacional Agropecuario.

Segundo. Exhortar a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a que en uso de sus atribuciones, en su caso, incorporen en su dictamen de decreto del PEF de 2004 el monto requerido por el INEGI para realizar el VIII Censo Nacional Agropecuario.

México, DF, a 28 de octubre de 2003.--- Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica)»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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CINEGETICA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Maximino Alejandro Fernández Avila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, con punto de acuerdo para que se exhorte a la contraloría interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a agilizar investigaciones en torno a presuntos casos de corrupción.

El diputado Maximino Alejandro Fernández Avila:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

A pesar del avance democrático, de la apertura de la información y de la mayor transparencia en el ejercicio de la función pública, en nuestro país se siguen presentando irregularidades y casos de corrupción que en muchos casos no son debidamente investigados y sancionados.

No debemos olvidar que uno de los mecanismos que permiten el desarrollo de la democracia es la rendición de cuentas y ésta se traduce en la obligación que tienen quienes ejercen el poder público de responsabilizarse de su labor, de someterse a evaluaciones de su desempeño y dar a conocer los resultados de esa evaluación.

Una sociedad será más democrática en la medida en que se evite el conflicto entre la búsqueda del interés personal y el interés colectivo, además la rendición de cuentas y el combate a la corrupción se han convertido en los signos de los últimos años.

Desde muchos ámbitos de la vida nacional se demanda día con día su ejercicio y pleno respeto, por lo que como legisladores de la República tenemos la obligación de exigir a las autoridades su apego irrestricto a esta demanda. En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México le interesa conocer a fondo el estado que guardan las investigaciones en torno a presuntos hechos de corrupción por parte de ex funcionarios de la subsecretaría de gestión para la protección ambiental de la Semarnat, en el otorgamiento de permisos de caza fuera de la legislación vigente.

No debemos olvidar que México es considerado uno de los países mega diversos del mundo, debido en gran parte al alto índice de endemismos presentados en las especies de flora y fauna.

El factor principal de la disminución de la vida silvestre en México ha sido por factores antropogénicos, ya sea en forma directa, a través de una cacería comercial excesiva o indirectamente por invasión o destrucción de los hábitats naturales.

En nuestro país, las actividades cinegéticas se encuentran reguladas, sin embargo, se practican de forma ilegal, problema que se ha agudizado al amparo de la propia autoridad ambiental al expedir permisos de caza fuera de la legislación vigente.

Por este motivo, es de gran importancia que se ejerza de forma estricta la aplicación de las leyes ambientales a fin de conservar la flora y fauna. Grandes proyectos y programas de manejo de la vida silvestre se han implementado como son las Unidades de Manejo Ambiental, las cuales tienen como finalidad el poder reproducir en cautiverio a especies que por sus características se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

Por todo lo anterior y atendiendo al interés de diversas organizaciones ambientalistas, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición como

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Contraloría Interna de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que agilice las investigaciones en torno a presuntos casos de corrupción en el otorgamiento de permisos de caza por parte de la subsecretaría de gestión para la protección ambiental.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Contraloría Interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar las investigaciones en torno a presuntos casos de corrupción en el otorgamiento de permisos de caza por parte de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, a cargo del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Maria Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Pese al avance democrático, la apertura de la información y la mayor transparencia en el ejercicio de la función pública, en el país siguen presentándose irregularidades y casos de corrupción que, en muchas ocasiones, no son debidamente investigados y sancionados.

Uno de los mecanismos que permiten el desarrollo de la democracia es la rendición de cuentas y ésta se traduce en la obligación que tienen los que ejercen el poder público de responsabilizarse de su labor, de someterse a evaluaciones de su desempeño y de dar a conocer los resultados de esa evaluación. Una sociedad será más democrática en la medida en que se evite el conflicto entre la búsqueda del interés personal y el interés colectivo.

Además, la rendición de cuentas y el combate de la corrupción se han convertido en los signos de los últimos años. Desde muchos ámbitos de la vida nacional se demanda día con día su ejercicio y pleno respeto. Por lo mismo, como legisladores de la República, tenemos la obligación de exigir a las autoridades su sujeción irrestricta a esa demanda.

En este sentido, al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México interesa conocer a fondo el estado que guardan las investigaciones en torno de presuntos hechos de corrupción por parte de ex servidores públicos de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat en el otorgamiento de permisos de caza, fuera de la legislación vigente. México es considerado un país megadiverso, debido en gran parte al alto índice de endemismos presentados en las especies de flora y fauna.

El factor principal de la disminución de la vida silvestre en México ha sido antropogénico, ya sea en forma directa, por cacería comercial excesiva, o indirecta, por invasión o destrucción de los hábitat naturales.

En el país, las actividades cinegéticas se encuentran reguladas. Sin embargo, en general se practican de forma ilegal. El problema se ha agudizado al amparo de las autoridades ambientales mismas, por la expedición de permisos de caza al margen de la legislación vigente.

Por ese motivo reviste gran importancia la aplicación estricta de las leyes ambientales, a fin de conservar la flora y fauna silvestres. Grandes proyectos y programas de manejo de la vida silvestre se han implantado, como las unidades de manejo ambiental (o UMA), las cuales tienen como finalidad reproducir en cautiverio especies que, por sus características poblacionales, se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

Por todo lo anterior, y en atención al interés de diversas organizaciones ambientalistas, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Contraloría Interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar las investigaciones en torno de presuntos casos de corrupción en el otorgamiento de permisos de caza por parte de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de octubre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Maria Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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REPUBLICA DE BOLIVIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada María Marcela González Salas y Petricoli, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para una proposición con punto de acuerdo por la que se promueve que la Cámara de Diputados se manifieste en solidaridad con el pueblo boliviano y su Presidente señor Carlos Mesa Gizbert.

La diputada María Marcela González Salas y Petricoli:

Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:

En mi carácter de diputada federal, con fundamento en los artículos 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito presentar ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

En la hermana República de Bolivia, durante septiembre, se produjo una masiva movilización popular, que puso de manifiesto diversos y complejos conflictos sociales; entre otros, el referido a la exportación de gas crudo a Estados Unidos y México, vía Chile.

En respuesta, el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada declaró el país en estado de sitio y reprimió violentamente las manifestaciones.

El pasado 17 de octubre asumió la Presidencia de ese país Carlos Mesa Gisbert, con el respaldo de la inmensa mayoría de la sociedad Boliviana.

Considerando

1. Que es parte de los preceptos del sistema de naciones, y del propio Estado mexicano, pugnar por la solución pacífica de las controversias entre países y dentro de éstos. Saludamos la salida constitucional del diferendo social en la nación hermana y consideramos indispensable manifestar desde ésta, la más alta tribuna del país, nuestra solidaridad con el nuevo gobierno y la soberanía popular bolivianos.

2. Que los pueblos latinoamericanos debemos cooperar unos con otros para consolidar una democracia que tenga como prioridad el desarrollo igualitario de nuestros países y la paz social, a partir del respeto de la soberanía de las naciones.

3. Que debemos oponernos moral y políticamente a cualquier intento de intervención por terceros países que vulnere los preceptos en que coincidimos y que fundamentan nuestra relación como naciones soberanas.

4. Que el nuevo gobierno, del Presidente Mesa, tiene la legitimidad, la voluntad política y la disposición manifiesta de asumir la tarea fundamental de conducir el diálogo nacional en un espíritu fraterno para dirimir de manera favorable las causas de la crisis política en Bolivia y sentar las bases para impulsar el desarrollo democrático y con justicia que demanda ese pueblo hermano.

5. Que nuestra relación con la nación boliviana debe estar ahora, como siempre, signada por el respeto y el reconocimiento del inalienable derecho que, como país soberano, tiene a definir su destino.

6. Que, como nación pluriétnica, multicultural y multilingüe, México reconoce particularmente el valor de la lucha que han dado en Bolivia los pueblos indígenas, así como su trabajo en pos de lograr un entendimiento intercultural que permita que la nueva democracia sea incluyente, pues sólo así pueden forjarse consensos que sustenten el progreso y bienestar de un pueblo.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados manifieste al pueblo de Bolivia y su nuevo Presidente, Carlos Mesa Gisbert, su solidaridad y respeto, así como el atento deseo de que, en la solución del conflicto social que hoy viven, priven el diálogo fraterno, el Estado de derecho y la institucionalidad que hace parte de su soberanía como nación.

Segundo. Que se exhorte al Senado de la República a manifestarse en términos similares.

Dip. Marcela González Salas y Petriccioli (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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INVESTIGACION CIENTIFICA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que en su presupuesto distribuya mayor cantidad de recursos para la generación de nuevas plazas de trabajo para investigadores y científicos.

El diputado Jorge Legorreta Ordorica:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tenemos interés en dar mayor atención al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país mediante la priorización en la distribución de los muy limitados recursos, con la finalidad de acelerar la tecnologización que tenga por objetivo luchar contra la pobreza y la marginación.

El presupuesto destinado al desarrollo científico y tecnológico, ha permitido un escueto crecimiento y es evidente la necesidad de aumentar esta suma a la brevedad pero a pesar de nuestras limitaciones económicas, tenemos que seguir avanzando.

Existe un fenómeno que llama nuestra atención: la fuga de cerebros, que es probablemente el ejemplo más descriptivo de cómo los escasos recursos se pueden desvanecer.

Para darnos una idea más clara, un total de 1 mil 678 mexicanos se doctoraron en universidades estadounidenses entre 1980 y 1998; de estos, apenas el 21% se incorporaron a la actividad científica mexicana, el resto nunca lo hicieron debido principalmente a la falta de plazas de trabajo en el sistema nacional de investigadores; sin embargo, la educación de aquellos que nunca se incorporaron le costó a México aproximadamente 4 mil millones de pesos.

Es necesario aclarar que la idea de formar científicos es para que con ellos podamos crear, innovar y aplicar nuevos conocimientos que beneficien a la sociedad mexicana en su conjunto, orientando su acervo cultural a la solución de problemas que obstaculizan el desarrollo.

El estado tecnológico que guardan algunos asuntos de interés nacional como lo es la micro industria, la salud, la educación, el desarrollo del sector agropecuario, la industria eléctrica y petrolera, la seguridad y la ecología entre otros, es a todas luces insuficiente y en algunos casos propicia la ineficiencia y merma la competitividad de estos sectores.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, conscientes de la importancia que tiene la actividad científica en el desarrollo económico de un país y conscientes también de las limitaciones presupuestales, creemos que es necesario sacrificar sustancialmente el presupuesto destinado a la formación de posgraduados y al fortalecimiento de la educación superior en prenda de poder crear plazas para personal dedicado a la investigación al desarrollo de los centros públicos de investigación, en temas relacionados con el desarrollo nacional como son los siguientes:

Elevar la competitividad y la innovación de la micro, pequeña y mediana industria.

La creación de nuevos programas y mejoramiento de los existentes que tengan por objeto la incorporación de científicos a la investigación en contacto con las necesidades de nuestro país.

Acelerar la tecnologización de las industrias e instituciones del Estado para mejorar su competitividad.

Por todo esto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Unico. Se exhorta al Comité Intersecretarial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que destine un mayor monto en la creación de plazas de trabajo en el Sistema Nacional de Investigación, al momento de integrar su presupuesto para el próximo año, con la finalidad de que científicos mexicanos puedan ejercer la investigación y aportar sus conocimientos para el desarrollo de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, a que en su presupuesto del próximo año distribuya mayor cantidad de recursos para la generación de nuevas plazas de trabajo para investigadores científicos, a cargo del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María de la Luz Arias Staines, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Ciencia y Tecnología la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tenemos interés en dar mayor atención al desarrollo científico y tecnológico del país, mediante la priorización de la distribución de los muy limitados recursos, con la finalidad de acelerar la tecnologización que tenga por objeto luchar contra la pobreza y la marginación.

Si bien la labor científica ha permitido grandes avances y transformaciones de la humanidad, ocasionalmente sus resultados han acentuado las desigualdades entre los pueblos.

Los países que se han esforzado por invertir más en investigación y desarrollo han logrado como resultado elevar su posición competitiva internacional, convirtiendo la actividad científica en un importante recurso económico para la nación.1

El presupuesto destinado al desarrollo científico y tecnológico ha permitido un escueto crecimiento, subordinado a lo urgente e inmediato y es evidente la necesidad de aumentar esta suma con la mayor brevedad.2

Empero, infortunadamente, nuestros compromisos de gasto corriente no permiten aumentar el monto de inversión de este sector. Sin embargo, pese a nuestras limitaciones económicas, ``tenemos'' que seguir avanzando.

Debido a que los recursos en el país son muy limitados, resulta fundamental que el Comité Intersecretarial evalúe con creatividad y certidumbre la integración del Presupuesto para el próximo año porque, de lo contrario, los escasos recursos se perderían.

Cierto fenómeno atrae nuestra atención: la ``fuga de cerebros'', probablemente el ejemplo más descriptivo de cómo los escasos recursos pueden desvanecerse.

Ese fenómeno cuesta miles de millones de dólares a los países en desarrollo.3

Para darnos una idea más clara, un total de 1,678 mexicanos se doctoró en universidades estadounidenses entre 1980 y 1998,4 número equivalente a la cuarta parte de la actual membresía del Sistema Nacional de Investigadores.

Apenas si 21 por ciento de esos egresados se incorporó a la actividad científica mexicana. Los demás se dedicaron a otras actividades o permanecen en Estados Unidos,5 debido a que sus conocimientos académicos no tienen cabida en el Sistema Nacional de Investigadores o a que, simplemente, no les resultó del todo atractivo. De cualquier modo, su educación costó a México unos 394 millones de dólares.

Es necesario aclarar que la idea de formar científicos es para que con ellos podamos crear, innovar y aplicar nuevos conocimientos que beneficien a la sociedad mexicana en su conjunto, orientando su acervo cultural a la solución de problemas que obstaculizan el desarrollo.

El estado tecnológico que guardan ciertos asuntos de interés nacional -como la microindustria, la salud, la educación, el desarrollo del sector agropecuario, la industria eléctrica y petrolera, la seguridad o la ecología- es a todas luces insuficiente y, en algunos casos, propicia la ineficiencia y merma la competitividad de esos sectores.

Al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México parece fundamental aumentar la suma que se incorpora al gasto del sistema de Centros Conacyt.

Es indispensable aumentar la infraestructura física, científica y tecnológica, mediante el acrecentamiento de la inversión, del número de centros de investigación, equipos de laboratorio y otras instalaciones, con la finalidad de otorgar nuevas plazas y categorías en el Sistema Nacional de Investigadores ya que, simplemente, no tiene sentido seguir preparando científicos que se incorporaran a actividades de desarrollo en el extranjero.

Conscientes de la importancia de la actividad científica en el desarrollo económico de un país y de las limitaciones presupuestales, creemos necesario sacrificar sustancialmente el presupuesto destinado a la formación de posgraduados y al fortalecimiento de la educación superior en prenda de poder crear plazas para personal dedicado a la investigación y al desarrollo de los centros públicos de investigación en temas relacionados con el desarrollo nacional, como lo siguiente:

Elevar la competitividad y la innovación de las micro, pequeñas y medianas industrias.

Crear de programas y mejoramiento de los existentes que tengan por objeto la incorporación de científicos a la investigación en contacto con las necesidades del país.

Acelerar la tecnologización de las industrias e instituciones del Estado para mejorar su competitividad (Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro, ISSSTE, IMSS, etcétera).

Por todo eso, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al Comité Intersecretarial de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología a que destine mayor monto de recursos a la creación de plazas de trabajo en el Sistema Nacional de Investigadores al momento de integrar su presupuesto para el próximo año, con la finalidad de que científicos mexicanos puedan ejercer la investigación y aportar sus conocimientos para el desarrollo del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de octubre del año 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María de la Luz Arias Staines, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

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ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Zebadúa González, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicitan informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sobre la situación de desplazados internos en la denominada zona de conflicto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Emilio Zebadúa González:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Me permito presentar al conocimiento de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicitan informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sobre la situación de desplazados internos, principalmente en el estado de Chiapas y en otros estados de la República, y a la Comisión de Concordia y Pacificación de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre el EZLN y Gobierno Federal, a partir de los siguientes

Considerandos

Que a raíz del conflicto armado de 1994 en el estado de Chiapas, se presentaron gran cantidad de desplazamientos internos de personas en situación de riesgo de diversos municipios del estado, como Yajalón, Chilón, Las Margaritas, Ocosingo, Marqués de Comillas, Tila, Sabanilla, Salto de Agua, entre otros.

Que dichos desplazamientos implican una gran complejidad por la naturaleza del origen de los conflictos intercomunitarios. Que en nuestro país no existe una legislación particular aplicable a la atención y tratamiento de los desplazados internos, de su cobertura y protección por parte del estado, y que la falta de la misma propicia severos riesgos a la integridad de las personas en situación de desplazamiento interno.

Que por otra parte, existen instrumentos internacionales abocados a la definición y reglamentación del desplazamiento interno, los cuales encuentran sus antecedentes en los Convenios de Ginebra y sus protocolos facultativos, y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, entre otros.

Asimismo, con instrumentos tales como la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas y los Principios Rectores de los Desplazados Internos del representante del Secretario General de las Naciones Unidas para Desplazados Internos, instrumentos todos que deben ser atendidos y aplicados por el Estado mexicano;

Que a falta de instituciones expresamente vinculadas al tratamiento de dicho fenómeno y en virtud de que el 21 de mayo de 2003 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y que esta comisión tiene por objeto orientar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que de conformidad con lo establecido en la citada ley en su artículo 2º, le corresponde a dicha comisión instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas, y que además debe ser obligación del Estado mexicano defender los derechos y las garantías de las personas en situación de desplazamiento interno y su protección y asistencia para garantizar su integridad física y sus derechos elementales; además de que por la misma naturaleza del conflicto zapatista y de la propia dinámica del proceso de diálogo y negociación se expidió el 9 de marzo de 1995 la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en la que se establece la creación de la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa, integrada por miembros del Congreso de la Unión, y que esta comisión tiene como encargo principal el facilitar el diálogo y la negociación entre los representantes del Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que a la fecha y por diversos motivos el diálogo entre el gobierno y el EZLN se encuentra suspendido, y que el Gobierno Federal no ha establecido una estrategia que le permita restablecer condiciones que sean aceptadas por el EZLN para reanudar el diálogo para el proceso de reconciliación y pacificación en Chiapas.

Visto todo lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presente un informe a la Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara de Diputados, información que incluya:

1.- Comunidades Indígenas con desplazados internos.

2.- Medidas de protección adoptadas por el Gobierno Federal contra los desplazamientos de las comunidades o personas indígenas en la denominada zona de conflicto.

3.- Programas y acciones de gobierno que se han aplicado para la atención de las comunidades y personas desplazadas.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Concordia y Pacificación, un informe detallado de las acciones que ha impulsado para facilitar el diálogo y la negociación entre el EZLN y el Gobierno Federal y que en este informe se le pide a dicha comisión incluya un balance objetivo de la dinámica y el desarrollo que ha seguido el conflicto zapatista, en particular en la zona de influencia del propio EZLN, en el estado de Chiapas.

Y finalmente, que haga del conocimiento de esta soberanía, los lineamientos y propuestas que seguirán su curso de acción y trabajo para el próximo periodo.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicitan informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas acerca de la situación de desplazados internos en la denominada zona de conflicto en el estado de Chiapas; y a la Comisión de Concordia y Pacificación, de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal, presentada por el diputado Emilio Zebadua González.

Hago uso de esta tribuna para hacer un proposición con punto de acuerdo por el cual se solicitan informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre la situación de desplazados internos, principalmente en Chiapas y en otros estados de la República; y a la Comisión de Concordia y Pacificación, acerca de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal, a partir de los siguientes

Considerandos

I. Que a raíz del conflicto armado de 1994 en el estado de Chiapas se presentó una gran cantidad de desplazamientos internos de personas en situación de riesgo en diversos municipios (Yajalón, Chilón, Las Margaritas, Ocosingo, Marqués de Comillas, Tila, Sabanilla y Salto de Agua, entre otros). Dichos desplazamientos implican una gran complejidad, por la naturaleza de los conflictos intercomunitarios;

II. Que en nuestro país no existe una legislación particular aplicable a la atención y tratamiento de los desplazados internos, su cobertura y protección por parte del Estado, y que la falta de la misma propicia severos riesgos a la integridad de las personas en situación de desplazamiento interno;

III. Que existen instrumentos internacionales abocados a la definición y reglamentación del desplazamiento interno, los cuales encuentran sus antecedentes en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Facultativos, y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, entre otros; que dichos instrumentos, tales como la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas del 7 de diciembre de 1994, y los Principios Rectores de los Desplazados Internos del representante del secretario general de la ONU para Desplazados Internos deben ser atendidos y aplicados por el Estado mexicano;

IV. Que a falta de instituciones expresamente vinculadas con el tratamiento de dicho fenómeno, y en virtud de que el 21 de mayo de 2003 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Que esta Comisión tiene por objeto orientar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Que de conformidad con lo establecido en la citada ley en su artículo 2°, le corresponde a la Comisión instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas;

VI. Que debe ser obligación del Estado mexicano defender los derechos y las garantías de las personas en situación de desplazamiento interno y su protección y asistencia para garantizar su integridad física y sus derechos elementales;

VII. Que por la misma naturaleza del conflicto zapatista y de la propia dinámica del proceso de diálogo y negociación, se expidió el 9 de marzo de 1995 la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en la que se establece la creación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por los miembros del Congreso; y que esta Comisión tiene como encargo principal facilitar el diálogo y la negociación entre los representantes del Gobierno Federal y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional;

VIII. Que a la fecha, por diversos motivos, el diálogo entre el Gobierno Federal y el EZLN se encuentra suspendido. Asimismo, el Gobierno Federal no ha establecido una estrategia que le permita restablecer condiciones que sean aceptadas por el EZLN para reanudar el diálogo para el proceso de reconciliación y pacificación en el estado de Chiapas.

Visto lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que presente un informe a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con información que incluya:

I. Comunidades indígenas con desplazados internos.

II. Medidas de protección adoptadas por el Gobierno Federal contra los desplazamientos de las comunidades o personas indígenas en la denominada zona de conflicto.

III. Programas y acciones de gobierno que se han aplicado para la atención de las comunidades y personas desplazadas.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Concordia y Pacificación un informe detallado de las acciones que ha impulsado para facilitar el diálogo y la negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal. En este informe se pide a dicha Comisión que incluya un balance objetivo de la dinámica y desarrollo que ha seguido el conflicto zapatista, en particular en la zona de influencia del EZLN en el estado de Chiapas. Y, finalmente, que haga del conocimiento de esta soberanía los lineamientos y propuestas que seguirán su curso de acción y trabajo para el próximo periodo.

México, DF, a 28 de octubre de 2003.--- Dip. Emilio Zebadúa González (rúbrica)»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.

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DIA MUNDIAL DE INFORMACION SOBRE EL DESARROLLO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es efemérides. Comentarios sobre el Día Mundial de Información sobre Desarrollo.

Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El ``Día Mundial de Información sobre el Desarrollo'' fue instaurado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1972, con el objeto de señalar cada año a la atención de la opinión pública los problemas del desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación internacional para resolverlos.

La Asamblea expresó su convicción de que mejorar la difusión de información y movilizar la opinión pública, serían factores importantes para conocer mejor los problemas que afectan el desarrollo y promover así las acciones, en materia de cooperación internacional en este tema.

Si bien es importante que exista una buena difusión sobre los indicadores de desarrollo en los países, más importante es que podamos resolver los problemas de los cuales las cifras son sólo un pálido reflejo.

Lo más triste es que desde hace 31 años en que se tomó esta iniciativa, es muy poco el avance que la comunidad internacional ha logrado en la solución de los problemas más ingentes del desarrollo, los que afectan al mayor número de la población mundial que son: pobreza, desempleo, hambre, desnutrición, vivienda, calidad de vida entre otros.

No hace mucho se celebró La Cumbre del Milenio, auspiciada también por la ONU. Ahí se refrendaron los propósitos para solucionar los problemas del desarrollo, es más, se convocó a una cumbre de la cual la ciudad de Monterrey fue sede, con el objetivo de aumentar el financiamiento al desarrollo y coordinar los esfuerzos internacionales en este tema. El avance ha sido muy poco.

En Convergencia estamos convencidos de que el crecimiento económico que no se traduce en desarrollo de las personas, de sus comunidades y de su país, es un crecimiento sin sentido. La información debe servirnos para guiar nuestras acciones en pro de un desarrollo incluyente y sustentable.

La propia ONU, a través de su programa para el desarrollo, recolecta información sobre los indicadores del desarrollo humano. Estamos recordando el Día de la Información del Desarrollo, así, por qué no ver algunos datos.

México está situado en el lugar número 55 de la clasificación del Programa para el Desarrollo, con un PIB per cápita de 8 mil 430 dólares. Países como Cuba o Costa Rica tienen mejores indicadores de desarrollo humano. El 8% de nuestra población, estamos hablando de 8 millones de seres humanos, vive con menos de un dólar diario, mientras que una vaca europea tiene un subsidio de tres dólares diarios; el 20% más pobre, alrededor de 20 millones de personas participa apenas en el 3.4% del consumo nacional, el 5% de nuestra población esta desnutrida.

La información como puede verse, nos traza de una manera cruda nuestra realidad, lo que tenemos que resolver. Como gobierno, Ejecutivo, Legislativo, debemos tomar las decisiones que permitan corregir el deterioro de nuestro desa-rrollo; como país debemos apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional en pro de mejores condiciones de vida para todos.

Tenemos pues que hacer conciencia en las tareas pendientes que como sociedad debemos de resolver, por ello el grupo parlamentario de Convergencia está convencido y comprometido con el Día Mundial de la Información para el Desarrollo, ya que sin una información veraz, oportuna, completa y transparente de nuestro desarrollo, así como la definición clara de las metas a alcanzar desde el Poder Legislativo, radicalmente desde esta legislatura, no podremos ser artífices del desarrollo de México.

Finalmente, como dijo Rima Calat, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y directora Regional del Programa para el Desarrollo de los Estados Arabes: ``Nosotros podemos liberar nuestras mentes para razonar sin temor, liberar el alma de nuestro pueblo para que pueda respirar y podemos también liberar nuestros sistemas de conocimientos para que lleguen a ser las fuentes de una nueva fuerza en lo económico, en lo social y en lo tecnológico''.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán:

Con su permiso, señor Presidente:

El pasado 24 de octubre celebramos el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, el cual fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 y cuyo objetivo es orientar la atención de la opinión pública mundial hacia los problemas del desarrollo.

Generalmente cuando hablamos de promover el desarrollo del país lo primero que nos viene a la mente es la consecución de un plan enfocado al desarrollo económico, basado en el progreso industrial y en un incremento en el nivel económico de los ciudadanos; sin embargo, el desarrollo de un país también debe contemplar la mejora de la calidad de vida de los habitantes del mismo considerando temas tan importantes como salud, seguridad y el derecho a tener un medio ambiente limpio y sano.

Actualmente la calidad del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales han pasado a ocupar un lugar preponderante en la agenda político-económica de una gran diversidad de países, México entre ellos. La calidad del aire, la calidad y disponibilidad del agua, el desecho de residuos y la rápida urbanización de las áreas verdes son problemas comunes a las ciudades mexicanas de mediano y gran tamaño, afectando a la totalidad de la población. Es así que se reconoce que la única forma por la cual se podría mantener un equilibrio entre uso y conservación de los recursos naturales es mediante un manejo adecuado de los recursos y así poder aspirar a que el crecimiento y la estabilidad que buscamos sean permanentes.

Ante esta problemática y basados en la necesidad de continuar con un desarrollo económico, es que en 1987 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo establece una opción de desarrollo adecuado a las exigencias de continuidad y conservación de los recursos naturales. Así, el concepto de desarrollo sustentable ha sido adoptado por casi todos los países como principio fundamental sobre el cual basan sus políticas de desarrollo y crecimiento económico.

El desarrollo sustentable puede ser visto como un triángulo en donde se equilibran el crecimiento económico, la equidad social y la conservación ambiental, definiéndolo como aquel desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades de la actual generación, sin comprometer las posibilidades de que las próximas generaciones las satisfagan también.

La propuesta de desarrollo sustentable representa una visión ideológica que plantea la necesidad de una fuerte reforma estructural al modelo de desarrollo prevaleciente y es una de las pocas visiones críticas a la sociedad capitalista contemporánea, puesto que además plantea alternativas y propuestas a contracorriente de este modelo.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México trabaja para conseguir el equilibrio entre el desa-rrollo económico, tecnológico e industrial y la conservación del medio ambiente para que los mexicanos vivamos en un ambiente próspero y sano.

Así aprovechamos esta ocasión para exhortarnos a que en nuestro trabajo como legisladores siempre tengamos en cuenta la visión y el compromiso de preservación de los recursos naturales, a fin de mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, tomando en cuenta que las generaciones venideras también tienen el derecho al goce y uso de estos mismos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Para hablar sobre el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Francisco Chavarría Valdeolivar:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Al emitir la resolución 3038, la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó, como lo dice explícitamente el texto de la resolución: ``su convicción de que mejorar la difusión de información y movilizar la opinión pública, especialmente entre la juventud, serían factores importantes para conocer mejor los problemas generales del desarrollo y promover así las acciones en materia de recuperación internacional''.

Ahora bien, cuando el 19 de diciembre de 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió esta resolución, la cual instauró el Día Mundial de Información Sobre el Desarrollo, además de establecer una efemérides destinada a sensibilizar a la opinión pública mundial y a los jóvenes en particular, en torno a los problemas del desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación internacional para resolverlos, se estaba también optando por una cierta idea del desarrollo.

Esta idea del desarrollo, que los miembros del grupo parlamentario del PRD compartimos, está muy alejada de la visión meramente desarrollista que en el mejor de los casos ha acompañado a la génesis intelectual: la implementación política y los resultados socioeconómicos de las políticas públicas de los últimos gobiernos.

En efecto, la concepción de desarrollo subyacente en los diversos programas gubernamentales sectoriales cuando existen, está determinada por la subordinación de la satisfacción de las necesidades sociales de la población al cumplimiento de objetivos de índole financiera y macroeconómica.

Por el contrario, nosotros sostenemos que ninguna política económica es válida si no tiene como objetivo permanente el mejoramiento en la calidad de vida de la población.

Es por ello, que desde nuestro punto de vista, antes de seguir subsidiando a grupos sociales privilegiados que promueven las bondades del libre mercado cuando les conviene, pero que no tienen empacho en buscar el cobijo del estado cuando sus negocios fracasan, como consecuencia del funcionamiento de ese mismo mercado, la política económica debe reorientarse para cumplir los objetivos del desarrollo fijados por la ONU en la Declaración del Milenio.

Esto es, la política económica debe encaminarse al cumplimiento de los siguientes puntos planteados en esa declaración:

Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Lograr la enseñanza primaria universal.

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

Reducir la mortalidad infantil.

Mejorar la salud materna.

Combatir el SIDA.

Garantizar el respeto al medio ambiente.

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

En suma, compañeros y compañeras, de lo que se trata es que todos estemos conscientes de más que ufanarnos de ser la novena economía del mundo, debemos preocuparnos por salir del sitio 55 es que nos ubica la ONU en el reporte de desarrollo humano del 2003.

Mientras el índice de desarrollo humano de nuestro país siga siendo tan bajo, no podremos, indudablemente aspirar a un verdadero desarrollo en México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre el Día de la Organización de las Naciones Unidas.

Se concede el uso de la palabra para hablar sobre este tema al diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El diputado Luis Maldonado Venegas:

Con su permiso, diputado Presidente:

Cuando apenas había cesado el ruido de los cañones, cuando el humo del fuego de las bombas se había disipado, cuando la victoria de los aliados sobre los regímenes del odio hacía creer una vez más en la paz, surgió frente a la Bahía de San Francisco una esperanza para el idealismo internacionalista.

Nuestro país estuvo ahí, prácticamente desde el principio, siendo miembro desde el 7 de noviembre de 1945 y siguiendo una tradición diplomática de gran alcance, concebida por ilustres mexicanos como Isidro Fabela, Genaro Estrada y Alfonso García Robles, entre muchos otros, y desde entonces, ha apoyado al organismo en el cumplimiento de sus objetivos; tanto ha compartido México los ideales de la comunidad internacional, por hacer de este mundo un mundo mejor, que sus principios de política exterior están plasmados en su Constitución.

Noble en sus ideales, la ONU nació en un mundo dominado por la política del poder.

Durante décadas, sus acciones por la paz universal se vieron limitadas por el terrible conflicto de la llamada Guerra Fría; las amenazas a la paz mundial y a la seguridad de los países siguen hoy existiendo, y nuevas formas de agresión aparecen para poner en riesgo la convivencia entre los pueblos, pero tan terrible como las nuevas amenazas del terrorismo, de la delincuencia organizada, por citar dos ejemplos, es la conciencia de que un solo país, gracias a su supremacía militar, puede erigirse en juez universal y decidir cuándo, cómo y a quién castigar.

Por ello hoy resulta de la mayor pertinencia recobrar la declaración sobre los principios de derecho internacional, referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Recordemos estos principios; el primero de ellos establece que los estados en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado.

El segundo, establece que los estados arreglarán sus controversias por medios pacíficos.

El tercero, es el relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados.

El cuarto, la obligación de los estados de cooperar entre sí.

El quinto, se refiere a la igualdad de derechos y de la libre autodeterminación de los pueblos.

A su vez, el sexto de estos principios consagra la igualdad soberana de los estados, que establece que todos los estados tienen iguales derechos e iguales deberes.

Finalmente, el séptimo principio convoca a los estados a cumplir de buena fe las obligaciones contraídas por ellos, de conformidad con la carta.

Nuestro país, conservando su soberanía y su dignidad como nación, debe apoyar estos principios y abogar por las soluciones multilaterales a los conflictos mundiales, debe suscribir todo esfuerzo por fortalecer la acción de la ONU en este campo, porque con ello apoyamos la legalidad del sistema internacional, única garantía de que el poderoso no atropelle los derechos del débil.

En los días que hoy vivimos, resulta imprescindible hacer un llamado a que en la reconstrucción de Irak juegue un papel fundamental la Organización de las Naciones Unidas.

Si bien es cierto que debemos refrendar el apoyo a los objetivos de la ONU y al trabajo que despliega para alcanzarlos, también debemos ser críticos y señalar que la organización requiere ser renovada y reconstituida, para que atienda de mejor manera la problemática del nuevo siglo.

En un marco democrático es más fácil hacer prevalecer el interés de la comunidad por sobre los intereses individuales.

Finalmente, ése era el espíritu de San Francisco y de la resolución de la Asamblea General que hoy recordamos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Joel Padilla Peña:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

La ONU es la expresión más alta, más clara, de la prepotencia y la soberbia de los vencedores. Es el lobo envuelto en piel de oveja. El maquillaje de concordia e igualdad entre las naciones. Lo que supuestamente es la ONU, se le cae a pedazos de manera inevitable.

Nadie que tenga dos dedos de frente y una pizca de sentido común, cree en un organismo que un día sí y otro también, atenta contra los principios más elementales del derecho internacional y de la soberanía de las naciones.

La experiencia más reciente como es el caso iraquí, representa una vergüenza pública. Primero George Bush atropella el acuerdo del Consejo de Seguridad e invade Irak. De ese hecho los altos funcionarios de la ONU, profieren sólo débiles protestas.

Recientemente el mismo Consejo de Seguridad acuerda la creación de una fuerza multinacional para apoyar a los ejércitos invasores comandados por Estados Unidos. De que mueran los soldados invasores, mejor que mueran los de otros países.

En ese pantano cenagoso en que se ha convertido Irak, el fantasma de Vietnam recorre las oficinas del Pentágono y les produce espanto. Esto para citar un hecho reciente, mencionemos uno más, la negativa de los Estados Unidos de América a firmar el Protocolo de Kyoto, que sin exagerar podemos caracterizar como un verdadero genocidio, un atentado en contra de la humanidad.

Nuestro vecino del norte es quien produce más de un tercio de las sustancias contaminantes que producen el ``efecto invernadero'', contribuyendo a los cambios climáticos que están causando alteraciones que afectan a todo el orbe. Pero los daños más graves se manifiestan como siempre sobre los países más pobres. El juez Baltazar Garzón, tendría una causa justa a perseguir.

Compañeras y compañeros legisladores: en el Siglo XX después del término de dos guerras mundiales, se formaron dos organizaciones internacionales para garantizar la paz después de ambos holocaustos. En la primera, se formó la Liga de Naciones, en 1920 y la segunda Organización de las Naciones Unidas, en 1945. Ninguna de las dos logró el objetivo propuesto: la paz.

El mundo siempre ha estado en guerra permanente, si bien con diversos grados de intensidad y tamaño, lo cierto es que tal como lo dijimos al inicio de nuestra intervención, las naciones ganadoras fijan las reglas del juego. Eso ha ocurrido siempre. La pregunta que surge es: ¿qué tendríamos que hacer, cómo construir un organismo mundial en el que prevaleciera la igualdad y la equidad entre las naciones? Este es un reto difícil de asumir, sin embargo necesario porque queda claro que la ONU no garantiza la paz y el equilibrio entre las naciones.

México como país amante de la paz, como nación agredida en el curso de su historia por las grandes potencias, suscribió la Carta de las Naciones Unidas y ha hecho esfuerzos loables en la consecución de la paz. Su tradición diplomática plasmada en la Doctrina Estrada, dan cuenta de ello, el Tratado de Tlatelolco también.

Compañeras y compañeros diputados: el mundo cambió, la ONU, no. En su estructura de decisiones siguen prevaleciendo los dictados de las potencias; sigue prevaleciendo el predominio norteamericano. No tienen cabida en la toma de decisiones nuevos actores, pese a los enormes esfuerzos que han realizado las naciones emergentes por constituir un espacio de poder que sea reconocido en el marco de las reglas del juego internacional, los miembros poderosos de la ONU siguen siendo insensibles a este reconocimiento. ¿Qué se necesita para que ello ocurra?

La historia muestra que sólo la unidad y la comunidad de intereses puede ser capaz de obligar a los poderosos a escuchar las demandas y propuestas de los débiles. Y eso es lo que debe ocurrir, el acuerdo a los débiles para obligar a las potencias a reconocer sus legítimas aspiraciones.

Por desgracia el desarrollo desigual de las regiones y los países prevalecerá por siempre, mientras la búsqueda de lucro siga siendo el móvil fundamental de los poderosos. Esa desigualdad sólo será atenuada si los débiles entienden que la unidad y el acercamiento de sus posiciones e intereses será la única arma con la que cuentan para negociar mayores espacios en la toma de posiciones.

Por lo tanto, la existencia de la ONU sólo tendrá sentido si cumple su papel de solucionar los problemas que aquejan al mundo en sus múltiples facetas.

La ONU será eficaz si es capaz de renovarse sobre la base de reconocer que la equidad y el acatamiento de las reglas y de las decisiones de sus miembros son las únicas armas con las que cuenta el derecho internacional y los pueblos para mantener una paz duradera.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra al señor diputado don Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado Alejandro Agundis Arias:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Al conmemorar un aniversario más de la Organización de las Naciones Unidas los legisladores del Partido Verde Ecologista de México observamos que ante los vertiginosos cambios en la conformación político-social del mundo las Naciones Unidas tienen nuevos e importantes retos que deben enfrentar.

Solamente una profunda reforma podrá garantizar hacer frente con éxito a los retos que enfrenta la humanidad.

El terrorismo está aumentando en su destructividad, en su amplitud y en su dificultad de prevenir. Además, la celeridad de los conflictos étnicos y religiosos también está aumentando, así como el número de países que cuentan con armas de destrucción masiva.

Hoy día existen millones de refugiados en distintas regiones del orbe y cualquier grupo extremista es capaz de generar armas químicas o biológicas.

Ante este panorama deben surgir nuevas estrategias para lograr la paz y la seguridad mundial, así como para estimular el respeto por la diversidad y para compartir valores ético-globales.

En este sentido la Asamblea General de la ONU, que constituye la mayor personificación del carácter democrático y entraña los esfuerzos por emprender una misión global, ha sido progresivamente marginada y degradada tanto dentro de la ONU como en la escena mundial.

Frecuentemente ha abdicado su responsabilidad y ha actuado como si fuera impotente e inferior, de manera que no ha ejercido efectivamente sus atribuciones de amplio alcance.

Al mismo tiempo, el cambiante contexto geopolítico ha magnificado la función del Consejo de Seguridad, en donde podemos ver a las grandes potencias recurriendo cada vez más a este órgano en sus esfuerzos por hacer las veces de policía y poner orden en las regiones inestables del mundo.

En este contexto será de especial importancia reafirmar las atribuciones y funciones de la Asamblea General con respecto a las cuestiones de mantenimiento de la paz y humanitarias, temas que han surgido como preocupaciones centrales de la organización.

Existe la necesidad de ampliar los métodos de solución de estos problemas y de sus causas subyacentes, así como de asegurar que existe mayor participación democrática en las deliberaciones y toma de decisiones en este campo.

De igual manera el surgimiento del Consejo de Seguridad refleja no solamente la gran cantidad de crisis que afectan a muchas partes del mundo, sino también el hecho de que unos pocos países poderosos actúen en gran medida de forma dominante y antidemocrática.

La naturaleza de las reformas del Consejo de Seguridad son, por lo tanto, de fundamental importancia y deberían concentrarse en ampliar la representatividad del Consejo de Seguridad, poner fin al poder de veto y eliminar los escaños permanentes.

La población mundial requiere que las Naciones Unidas tomen el liderazgo que les corresponde en esta nueva gobernabilidad mundial y que se convierta en una organización más efectiva, con una capacidad de respuesta más rápida, flexible, pero enfocada, más delgada y más productiva.

En el aniversario de la fundación de la ONU hacemos votos para que todos los países miembros de la Organización retomen el espíritu que le dio vida y se comprometan a trabajar más duro para aliviar el sufrimiento que pudiera existir en cualquier parte del mundo. Las Naciones Unidas son ahora más que nunca imprescindibles en la creación de un mundo mejor y más seguro para todos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Guadalupe Morales Rubio:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El 24 de octubre pasado se cumplieron 58 años de entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, misma que figura redactada por los representantes de 50 gobiernos reunidos en San Francisco. Una vez ratificada por China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética en 1945 se establece esta fecha emblemática y simbólica como origen de la organización, cuyo objetivo principal es velar por la paz mundial.

En México hay 21 organismos del sistema que operan en el país. Entre otras actividades fomentan las relaciones de amistad, la cooperación internacional y buscan armonizar los esfuerzos de las naciones por alcanzar propósitos comunes.

Debemos de reconocer que la ONU ha marcado una diferencia fundamental en la historia contemporánea por su aportación a la codificación del derecho internacional, al proceso de descolonización, al fortalecimiento de la maquinaria para la protección de los derechos humanos y a la reconstrucción de las naciones devastadas por conflictos armados.

Desafortunadamente si recorremos la historia de estos 58 años nos damos cuenta que la organización ha presentado muchos esquemas, pero no ha podido disciplinar a sus estados. Básicamente la guerra sigue siendo una forma de interrelacionarse entre los países y las culturas. De ahí entonces si se forma un organismo y éste no cumple con su objetivo se debe plantear una necesaria reformulación de su papel.

La nueva misión que debe enfrentar las Naciones Unidas es la de eliminar el hambre y la pobreza del mundo. El reto más grande que confronta la humanidad es el creciente ensanchamiento de la brecha entre la riqueza y la pobreza, desarrollo y subdesarrollo, propiciado por los fenómenos globalizadores.

Los 54 países son hoy día más pobres de lo que eran en la década de los noventa. De cada seis adultos uno es analfabeta y el 99% de ellos habita en las naciones subdesarrolladas, mientras que el 44% del producto mundial se genera tan sólo en siete naciones en las que únicamente habita el 12% de la población mundial. Además de que las 23 transnacionales más importantes controlan el 70% del comercio mundial.

Ante esta trágica realidad es urgente incorporar a la misión crucial de la ONU el desarrollo social, el desarrollo económico, la seguridad humana y la seguridad internacional. Si verdaderamente aspiramos a un mundo más estable en términos de seguridad, tenemos que solucionar los problemas de pobreza que generan esta inestabilidad.

No podemos hablar de paz mundial si decimos que en el mapa del mundo está lleno de sangre y no mentimos: el conflicto en Medio Oriente, la guerra de Irak y podemos citar un gran número de acontecimientos que nublan la imagen de las Naciones Unidas. Pero no tenemos otra alternativa, debemos fortalecerla; no sería prudente crear otro organismo como la ONU porque generaríamos divisionismos y su destino estaría marcado con el fracaso, guerras y desastre mundial.

En el Partido de la Revolución Democrática nos pronunciamos por la democratización de la ONU. No se puede concebir que sean sólo cinco países los que dicten las pautas sobre los conflictos internacionales.

La organización arrastra el mismo problema que tuvo en la Guerra Fría, el no tener una capacidad de decisión autónoma y seguir dependiendo de la voluntad política de sus miembros más poderosos.

Si queremos fortalecer la organización se tiene que dar participación a todos los países. Debemos pugnar porque la voz de todas las naciones se escuche a través de sus dirigentes, sus intelectuales, sus políticos, sus líderes religiosos, que se escuche a todo el mundo y entonces se forme un consenso mundial.

La ONU es el único elemento con fuerza moral que podemos considerar como factor de unidad para la paz y no hay otro más. Estamos a favor de la unificación.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, señora diputada.

La diputada María Guadalupe Morales Rubio:

Voy, señor Presidente. Estamos a favor de la unificación para la preservación de la paz mundial. La paz en el mundo será conquistada por la democracia, la igualdad, la libertad y la solidaridad, el respeto a la independencia y a la soberanía de los pueblos.

Que no sean las armas la que fortalezca a la ONU, que sea la razón. La guerra que debemos librar, que debemos ganar, es contra el hambre, contra la marginación, bien valdrá la pena.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Para hablar sobre el mismo tema se le concede el uso de la palabra al diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía:

Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados:

El PAN consagra en sus principios de doctrina que la legítima afirmación y defensa de carácter y de las peculiaridades nacionales y el ejercicio legítimo de la soberanía no implica para los miembros de la comunidad internacional la exención del deber de cooperar al bien de la misma, mediante la información de organizaciones supranacionales en diversos niveles y distintas funciones.

Hace ya 58 años que 51 estados del mundo, conmovidos por las catástrofes que habían sacudido a la humanidad a consecuencia de la guerra y preocupados por el destino de las naciones, acordaron crear un organismo internacional que funcionara como un espacio de intermediación entre los países, fue así que se fundó la Organización de las Naciones Unidas.

Entonces como ahora, la razón de ser de la ONU ha sido mantener la paz en el mundo, reafirmar y promover los derechos fundamentales del hombre y la igualdad de las naciones grandes y pequeñas, contribuir al progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, desarrollar la amistad entre los países y erigirse como un centro para ayudar a las naciones a lograr estos objetivos.

Estos ideales se plasmaron por primera vez en la Carta de las Naciones Unidas, en septiembre de 1945 en la ciudad de San Francisco; poco tiempo después, el 22 de octubre del mismo año, se consolidaron en la Institución de la Organización de las Naciones Unidas.

Desde la ONU se promueve la tolerancia y la convivencia en paz, la unión de las fuerzas nacionales para mantener la paz y la seguridad internacional, así como el empleo del mecanismo para alentar el progreso económico y social de todos los pueblos.

Como sabemos, hoy el mundo enfrenta la amenaza del terrorismo. La reciente actuación de la ONU para evitar un conflicto armado en Irak no fue del todo exitosa.

Por tanto, en el marco del aniversario de la ONU, es importante recordar los principios y objetivos que dieron lugar a la fundación de este organismo internacional, a efecto de impulsar una reforma de sus facultades, puesto que hemos sido testigos de las limitaciones de este organismo para garantizar, efectivamente, la paz del mundo.

Como lo manifestara el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en su participación ante este organismo internacional, destacando el deber de revitalizar el compromiso de los estados y naciones con la observancia de normas de alcance y vigencia universales.

La reforma debe concentrarse en el funcionamiento de nuestro sistema multilateral, la labor del Consejo de Seguridad ilustra esta necesidad: sin duda, garantizar el apoyo al desarrollo económico y social de los estados, especialmente de los menos adelantados.

Importante es, garantizar el respeto a la soberanía e independencia de los estados, asegurando al mismo tiempo legitimidad y legalidad de la acción internacional en la lucha contra la impunidad.

Debo resaltar el papel activo de nuestro país en el escenario internacional, tal como lo fue la inclusión de México en el Consejo de Seguridad, dando un gran paso para involucrar a nuestro país en las decisiones internacionales. No obstante aún, se requiere una mayor participación en el devenir y futuro de nuestra región geopolítica y más allá.

En el actual contexto internacional resulta importante formar un grupo de Las Américas en la ONU, que represente a las naciones de todo el continente americano en un frente común para actuar y decidir sobre situaciones de carácter internacional.

Como representante de Acción Nacional propongo retomar la política del buen vecino, que consiste en crear un panamericanismo sincero, cordial, fecundo, que liguen amistad y provecho común a todas las naciones. De esta forma será posible involucrar a nuestros diplomáticos latinoamericanos en temas de otras regiones del mundo y desempeñar un papel más activo en la escena mundial.

Con base en los principios de doctrina de Acción Nacional, reitero ante esta Asamblea y a propósito de esta fecha tan importante, que la política exterior de México debe servir a la causa de la democracia auténtica y de la paz duradera, rechazar cualquier pacifismo y cualquier simulación de democracia y ayudar a la organización y fortalecimiento de instituciones que hagan posible la paz y la justicia internacionales.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, el diputado Eduardo Olmos Castro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Eduardo Olmos Castro:

Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:

Encuentro en la relatoría del arduo camino de la humanidad dos cosas que resaltan: buenos propósitos y cruentas guerras. Esa característica esencial de la humanidad ha sido expuesta desde siempre como una lucha magnética interminable entre el bien y el mal, entre la guerra y la paz, entre los dioses buenos y los demonios terribles.

Al propio tiempo el hombre, materia y espíritu, cuerpo y mente, instinto y reflexión, no parece en la actualidad ser diferente de aquel que ganaba la comida, su espacio y el derecho de reproducirse mediante la demostración de un mayor desarrollo de su fuerza.

Tal pareciera que los miles de años de existencia y evolución y los descubrimientos que ha hecho al conocer las leyes inmutables que rigen su existencia, le han servido a la humanidad más para refinar su crueldad que para llegar a estados superiores de dignificación y de desarrollo.

En los últimos 58 años la Organización de las Naciones Unidas ha sido el referente mundial obligado de la paz. Su presencia, urgida a veces, criticada en otros en los conflictos internacionales y aún en los conflictos domésticos, ha marcado la aspiración de la humanidad por una vida más digna y llevadera frente a los conflictos generados por nuestra incapacidad para romper los límites físicos y mentales que nos dividen por raza, por religión, por política o por tierra, como si ello nos hiciera diferentes.

Arduo e ingrato ha sido este gran proyecto de paz, pero desesperante en la espera ha sido para los países con vocación de paz, como este México nuestro que en la ilusión de una raza universal ha aportado de todo: ilusiones, ideales, hechos y ejemplo.

Este pasado 24 de octubre, como todos los 24 de octubre de los últimos 58 años, recordamos el nacimiento de las Naciones Unidas, el organismo internacional nacido de los propósitos de paz de los hacedores de la guerra.

Muchos ayeres hemos vivido desde la terminación de la Segunda Gran Guerra. Muchas guerras se han iniciado y terminado después el juramento de la paz, ante la posible amenaza de la destrucción universal.

¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el hombre en su vano afán de demostrar que en el íntimo momento que le toca vivir en el infinito, que la inteligencia le sirve más para destruir que para avanzar? La guerra más cercana a las bajas pasiones de la naturaleza, ha sido actriz principal en esta gran obra de teatro de la humanidad que se ha llamado la paz.

Frente a esto, esta generación a la que pertenecemos convoca a quienes creemos en las razones de la superioridad natural de la raza humana, al margen de colores, creencias o ubicación geográfica, a que en un nuevo orden global planteemos la urgencia de marcar nuestra vocación pacifista y la necesidad de garantizar a la humanidad y a las nuevas generaciones, un planeta equilibrado que le permita hacer los avances a que nuestra condición nos obliga y que la parte escondida de nuestros defectos, ha ido destruyendo con las guerras.

Finalizo, citando a Sergio Vieyra de Melo, representante especial de la Onu en Irak y fallecido en el terrible atentado el pasado 19 de agosto en Bagdad.

Decía Vieyra: ``parece ser evidente que ahora es el momento de que todos los Estados redefinan la seguridad global y pongan a los derechos humanos en el centro de dichos debates, Al hacerlo así, cada nación deberá ejercer sus responsabilidades de una manera proporcional a sus medios y sólo entonces, los estados responsables y no sólo aquellos que son los más fuertes, serán capaces de ofrecer una estabilidad duradera a nuestro mundo.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

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MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es: comentarios sobre la conmemoración del nombramiento de don Miguel Hidalgo y Costilla, como Generalísimo del Ejército Insurgente en la ciudad de San Francisco de Acámbaro.

Para hablar sobre este tema se concede el uso de la palabra al diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala:

Con su venia, señor Presidente:

A quienes con honor y lealtad han portado uniforme militar en nuestras fuerzas armadas.

El 22 de octubre de 1810, reunidos en la plaza principal de San Francisco de Acámbaro, Guanajuato, los jefes del Movimiento Insurgente acordaron en Consejo Militar dar a sus huestes la forma verdadera de un ejército conformado y organizado y disciplinado, nombrando al cura don Miguel Hidalgo y Costilla, Generalísimo de las Américas, máxima autoridad civil y militar; a don Ignacio Allende, capitán general; a Juan Aldama, Mariano Jiménez, Joaquín Arias, Mariano Baeza, tenientes generales y a Mariano Abasolo y otros, mariscales de campo, así como a los coroneles, capitanes de caballería y de regimientos. Todos ellos vistieron y estrenaron por primera vez los uniformes acordes a su rango y grados, conformando el Ejército Insurgente mexicano y a partir de esa fecha, solamente don Miguel Hidalgo y don Ignacio Allende podían dar nombramientos civiles y militares y los jefes distantes podían extender grados militares menores a ellos.

La Proclamación se hizo estando en la plazuela principal de la ciudad, caminaron en medio de una valla hasta el altar de la parroquia de San Francisco de Asís, en la cual se celebró una misa de acción de gracias y un Te Deum por este feliz acontecimiento.

Después de este acontecimiento civil y militar, religioso también, don Miguel Hidalgo y sus recién graduados militares pasaron revista a sus tropas de batallones con 1 mil hombres cada uno mandados cada batallón por un coronel, agrupaciones militares que se extendían hasta el Rio Lerma y el Puente de Piedra.

Por todos estos breves acontecimientos aquí descritos, queremos resaltar principalmente que gracias al acuerdo del consejo militar insurgente y ante la anuencia del pueblo mexicano, representado en ése entonces en esa plaza por cerca de 80 mil mujeres y hombres mexicanos.

El nombramiento militar de mayor rango que haya recibido don Miguel Hidalgo y demás caudillos militares, permitieron la integración de un ejército organizado que permitió mayor confianza a sus dirigentes y seguidores. El nombramiento del cura don Miguel Hidalgo y Costilla como Generalísimo de las Américas, permitió la oficialidad del Ejército mexicano, así como el mando político representativo de nuestra nación.

Así en Acámbaro, municipio de Guanajuato, fue escenario del primer antecedente de la agrupación militar representativa de nuestra nación. En Acámbaro nació nuestro glorioso Ejército mexicano, sirva el ejemplo, el cariño, la lealtad y el amor a todos nuestros miembros de las fuerzas armadas que tienen en el cura, que tienen en el Padre de la Patria al primer general mexicano.

Es cuanto, señor Presidente; muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Miguel Hidalgo y Costilla fue un verdadero precursor de las labores sociales, aplicado a su tiempo y a su circunstancia. Tenía los altos relieves de un enciclopedista; amaba las artes; practicaba la música y la literatura y por su trato cordial y agradable, había ganado no solamente el respeto sino también el cariño de sus feligreses.

Al recibir las órdenes sagradas, ocupó varios curatos como el de Colima y San Felipe, hasta que a la muerte de su hermano Joaquín ocupó su lugar como cura de Dolores en 1802. Hidalgo sentía gran entusiasmo por los estudios filosóficos y ellos lo llevaron a la adopción de las ideas liberales que habrían de caracterizarlo y que lo animaron junto a sus seguidores a lanzarse a la lucha que nos liberaría del dominio español, la madrugada del 16 de septiembre de 1810.

Más tarde, el 13 de octubre, don Miguel llega a la ciudad de Acámbaro para reestructurar su ejército que se dirigiría a la Ciudad de México. Días después, el 24 de octubre, en el monasterio de San Francisco de la propia localidad, los demás líderes del movimiento independentista le darían al cura Hidalgo el grado de Generalísimo del Ejército Insurgente y de las Américas, poniendo en sus manos toda la responsabilidad militar, misión que se prolongó por tan solo siete meses más tarde.

Como generalísimo del Ejército Insurgente, triunfó en Guanajuato y Las Cruces. Después de una racha de victorias, los insurgentes llegaron a las puertas de la capital pero por alguna razón que la historia no ha podido aclarar, Hidalgo decidió retirarse.

Sin lugar a dudas, la obra de don Miguel Hidalgo y Costilla representa la libertad del espíritu y la búsqueda de la verdad y es símbolo y modelo a seguir por todos los mexicanos, por ello, a 193 años de su nombramiento como generalísimo del Ejército Insurgente, el Partido Verde Ecologista de México lo recuerda con respeto y gratitud.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

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ENRIQUE FLORES MAGON
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre el XLIX aniversario luctuoso de Enrique Flores Magón. Para hablar sobre este tema se le concede el uso de la palabra al diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Omar Ortega Alvarez:

``Prefiero verlos colgados de un árbol, a que se arrepientan de lo que han dicho y han hecho.''

Margarita Magón.

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Resulta difícil hablar sobre las derrotas, sobre todo de las batallas perdidas de un hombre que, junto con sus hermanos, estuvo parte de su vida en la cárcel por defender sus convicciones, por enarbolar la bandera de la libertad, la democracia y la igualdad. Los finales no tienen que ver con el principio, entre uno y otro quedan las historias no sabidas, las anécdotas jamás contadas; queda la imagen, la pregunta eterna.

Acaso hacer un ligero retrato y, al final se mantiene siempre la misma pregunta; ¿quién fue Enrique Flores Magón? Siendo muy joven, funda junto con sus hermanos en febrero de 1893 ``El Demócrata'', periódico opositor que permanece en circulación sólo tres meses, tras su desmantelamiento y arresto de los magonistas.

Una noche de junio de 1906, estando encarcelados Jesús y Ricardo, un mensajero toca la puerta de donde vive Enrique y su madre, quien se encuentra postrada y agonizando. ``Señora, vengo a ofrecerle una propuesta del señor presidente don Porfirio Díaz, él le promete, bajo la palabra de honor, que en menos de media hora sus hijos estarán libres con la condición de que usted, en su última voluntad, les pida que dejen de atacarle''. ``Dígale al señor Presidente, contesta ella, que prefiero morir sin ver a mis hijos; es más, dígale que prefiero verlos colgando de un árbol a que se arrepientan de lo que han dicho y han hecho''. Y doña Margarita murió sin verlos.

Las palabras de su madre sacudieron profundamente a Enrique, que siguió publicando ``Regeneración'', junto con Eugenio Armous en la imprenta de don Filomeno Mata.

Después de muchos problemas con el aparato de Estado, el 30 de abril de 1902, Jesús decide abandonar la causa, la cárcel ha sido demasiado para él. Enrique, entonces, se convierte en el brazo derecho de Ricardo y estos nuevos compromisos lo llevan a formar parte de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano.

En febrero de 1916, nuevamente es arrestado Enrique junto con su hermano Ricardo, como siempre con lujo de violencia. Al salir de la cárcel en julio del mismo año, Enrique informa a su hermano y camaradas que ya es suficiente y que ha decidido alejarse del núcleo del Partido Liberal Mexicano; también los grandes tienen derecho a retirarse.

Creo que la historia de nuestro país no ha sido justa con los hermanos Flores Magón, no ha reconocido la aportación de sus ideales, que fueron parte de la base de la Constitución de 1917 y sobre todo del artículo 123.

La historia oficial ha pretendido borrar la realidad de los hermanos Flores Magón, los partidos democráticos también los han olvidado, por descuido o por vergüenza de sí mismos; tal vez porque los hermanos Flores Magón son el ejemplo más representativo de lo que es ser revolucionario, sin más esperanza que hacer libre a la patria.

La realidad no se oculta ni se maquilla eternamente, su huella está impresa en los rostros de cada obrero y cada campesino. Las aportaciones de Ricardo, Jesús y Enrique Flores Magón a la formación de ésta, nuestra historia, no se pueden borrar; Cananea, Río Blanco, ``Regeneración'', están ahí, como un claro ejemplo de esperanza y dignidad.

Compañeras y compañeros diputados: en estos tiempos en que no hay mística, en que el gesto altanero y prepotente repele la simpatía, en esta época en que no hay oportunidades a los nuevos valores, el culto a la personalidad y al cacicazgo cierra el paso a cualquier esperanza; época en que se abusa de los medios de comunicación y propaganda, y mientras la miseria aumenta, todos los días se habla de políticas abstenciales: ``Pa' que te alcance'', ``Oportunidades'', ``Progresa'', que son una burla para el pueblo que tiene hambre.

Hoy más que nunca, en el XLIX aniversario del fallecimiento de Enrique Flores Magón, su figura se engrandece para hacer un llamado urgente, a la esperanza y a la razón.

Carlos Alberto Madrazo decía: ``nadie valdrá nunca por sus pensamientos secretos, por su timidez, por lo que quiso hacer sin hacerlo. Los hombres valen por las causas que sirven, por la bandera que enarbolan; por la huella que imprimen a su tiempo''.

Los invito a que juntos emulemos lo que nos legaron los hermanos Flores Magón, forjando el valor para exponer nuestros pensamientos y a asumir con convicción de lucha para construir un mejor horizonte para todos. Sigamos su ejemplo por nosotros y por México.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente:

Efectivamente como aquí se ha dicho, nos convoca esta tarde la memoria luctuosa de Enrique Flores Magón, pero junto con ella la del movimiento magonista, la de la fuerza y el vigor de una corriente que sin duda surcó la historia de México en el tema, sobre todo laboral, en la conquista de los derechos fundamentales del trabajador.

Recordemos y revivamos el Siglo XIX, revivamos el crecimiento y la emergencia de la revolución industrial como la época de la explotación despiadada, de la concentración en grandes zonas y urbes fabriles del mercantilismo como teoría económica que premiaba la concentración del capital, la concentración de la riqueza.

Recordemos también y revivamos el Manifiesto Comunista de 1848, Marx y Engels condenando la concentración y la explotación del trabajador. Recordemos también la encíclica Larerum novarum de León XIII, en 1891 y dentro de estas corrientes sin duda, la más significativa en términos del cambio que México propulsaba en su estructura socio-económica que explotaba inicuamente al trabajador, fue la que representaron los hermanos Flores Magón en los finales del Siglo XIX y en los albores del XX.

Cómo no recordar que precisamente ``Regeneración'', es el periódico emblemático del magonismo que luchó frontalmente contra el porfiriato que lo vio como enemigo principal y que éste, don Porfirio, aborrecía a la prensa independiente que comenzaba ya a revelarse contra la dictadura.

Los hermanos Flores Magón son precisamente pioneros, son adalides de esta libertad de prensa, de este correr la idea por las líneas y por las tintas, para generar la conciencia del cambio fundamental que México necesitaba.

Es evidente que si recogemos el testimonio de la Revolución de 1910 y su culminación en la obra maestra de Venustiano Carranza, en la Constitución de 1917, está en sus postulados, en sus conquistas de justicia social precisamente, el legado de los Flores Magón, de Margarita, de Enrique y de Ricardo.

Reconoceremos también que ellos generan la creación y la organización de la Casa del Obrero Mundial, que es la primera organización independiente de trabajadores que van a emerger en la contienda, en la lucha por el contrato colectivo justo, por la equidad en la distribución del resultado de la producción, por la consideración de las prestaciones y el respeto al trabajo de las mujeres, de los menores y la dignidad fundamental del factor trabajo.

Es en este contexto, que brilla más todavía la aportación de los Flores Magón; es evidente que en la Constitución de 1917 y concretamente en el artículo 123, se va a plasmar la síntesis histórica desde el manifiesto comunista Larérum novárum , el anarcosindicalismo y va a generar una doctrina mexicana propia, que es la doctrina de la reivindicación del trabajo, que es la doctrina que permite conceptualizar que el hombre genera su sobrevivencia en la legitimidad cuando aporta su trabajo, cuando aporta el desgaste de sus fuerzas físicas y que éste requiere y debe ser remunerado con justicia.

El sindicalismo, hoy prostituido, es sin embargo el mecanismo también y la organización que los Flores Magón restituyeron para que la clase laboral recobrara y rescatara sus derechos. Por eso es legítimo, por eso es pertinente en este momento honrar la memoria efectivamente de los Flores Magón para reconocerles su paso tan generoso, tan decisivo en la historia de las reivindicaciones políticas y laborales de los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Continúe la Secretaría.

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ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 30 de octubre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite informe de la visita oficial del licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de su participación en la LVIII Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas. (Turno a comisión.)

Con el que remite copia de la contestación del jefe del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación a los puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite la evaluación de los programas a cargo de la Secretaría de Economía, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) de la fracción IV del artículo 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003. (Turno a comisión.)

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por siete minutos para verificar el quórum.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por siete minutos, para verificar el quórum.

Ciérrese el sistema electrónico.

Señor Presidente, hay un quórum de 453 diputados.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 17:40 horas):Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 30 de octubre a las 10:00 horas y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 8:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 30 minutos, con un receso de 59 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 478 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 478 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 453.

Proposiciones con punto de acuerdo: 11.

Efemérides: 4.

Oradores en tribuna: 31

PRI-5; PAN-2; PRD-8; PVEM-7; PT-1; PC-4.

Se recibió:

2 comunicaciones de los congresos de los estados de: Coahuila y Puebla;

1 comunicación del Presidente del Consejo Nacional del Instituto Federal Electoral;

3 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite copias de contestaciones, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

1 minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 32, el segundo párrafo del artículo 33 y el artículo 36; y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el orden de los subsecuentes, del artículo 32 de la Ley General de Protección Civil;

1 minuta proyecto de decreto por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional;

1 minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a un ciudadano para aceptar y usar la condecoración que le confiere gobierno extranjero;

1 iniciativa del PVEM.

Se aprobó:

1 comunicación de la Junta de Coordinación Política con anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal de 2004.

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DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)
Agundis Arias, Alejandro (PVEM) Organización de las Naciones Unidas: 79
Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe (PVEM) Estado de México: 60
Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe (PVEM) Día Mundial de Información Sobre el Desarrollo: 75
Bazán Flores, Omar (PRI) Migrantes mexicanos: 49
Castro Ríos, Sofía (PRI) desde curul Cámara de Diputados: 34
Concha Arellano, Elpidio Desiderio (PRI) desde curul Acta de la sesión anterior: 14
Chavarría Valdeolivar, Francisco (PRD) Día Mundial de Información Sobre el Desarrollo: 76
Echeverría Pineda, Abel (PRI) desde curul Cámara de Diputados: 32
Eppen Canales, Blanca (PRI) Perspectiva de Género: 56
Fernández Avila, Maximino Alejandro (PVEM) Cinegética: 65
Flores Mejía, Rogelio Alejandro (PAN) Organización de las Naciones Unidas: 81
Gómez Alvarez, Pablo (PRD) desde curul Cámara de Diputados: 35
González Salas y Petricoli, María Marcela (PRD) República de Bolivia: 67
González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Estado de Jalisco: 54
González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Enrique Flores Magón: 85
Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) Cámara de Diputados: 35
Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) desde curul Cámara de Diputados: 33, 35
Herrera Ascencio, María del Rosario (PRD) Alimentación: 51
Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM) Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: 38
Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM) Investigación científica: 68
López Núñez, Pablo Alejo (PAN) desde curul Cámara de Diputados: 35
Maldonado Venegas, Luis (PC) Organización de las Naciones Unidas: 77
Morales Rubio, María Guadalupe (PRD) Organización de las Naciones Unidas: 80
Nazar Morales, Julián (PRI) Cámara de Diputados: 35
Neyra Chávez, Armando (PRI) desde curul Acta de la sesión anterior: 14
Ochoa Fernández, Cuauhtémoc (PVEM) Miguel Hidalgo y Costilla: 84
Olmos Castro, Eduardo (PRI) Organización de las Naciones Unidas: 82
Ortega Alvarez, Omar (PRD) Enrique Flores Magón: 84
Padilla Peña, Joel (PT) Organización de las Naciones Unidas: 78
Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Día Mundial de Información Sobre el Desarrollo: 74
Pérez Medina, Juan (PRD) INEGI: 58
Suárez Carrera, Víctor (PRD) Censo Agropecuario: 62
Torres Zavala, Rubén Alfredo (PAN) Miguel Hidalgo y Costilla: 83
Vargas Franco, Jorge Fernando (PRI) desde curul Cámara de Diputados: 32
Vargas Franco, Jorge Fernando (PRI) desde curul Cámara de Diputados: 35
Yunes Linares, Miguel Angel (PRI) desde curul Cámara de Diputados: 35
Zebadúa González, Emilio (PRD) Estado de Chiapas: 71