DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 9 de septiembre de 2003	Sesión No. 5

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 415 diputados. Por lo tanto, señor Presidente, hay quórum.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:27 horas):

Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

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ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Con su permiso, señor Presidente.

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 9 de septiembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Carlos Antonio Herrera Araluce.

El Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del estado de Guerrero invita a la sesión solemne para conmemorar el CXC aniversario de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac y la entrega de la presea ``Sentimientos de la Nación'', que tendrá lugar el 13 de septiembre, a las 18:00 horas, en la catedral de Santa María de la Asunción, en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

De los congresos de los estados de Chihuahua y Jalisco.

Iniciativas de diputados

Que adiciona el inciso j) del artículo 72, reforma las fracciones VI y VII del artículo 73, reforma la fracción IV del artículo 74 y deroga el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia presupuestaria, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Veinte, con los que se remiten los informes de labores de las secretarías de: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Defensa Nacional; Desarrollo Social; Economía; Educación Pública; Energía; la Función Pública; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Salud; Seguridad Pública; Trabajo y Previsión Social y Turismo, de la Procuraduría General de la República y de Petróleos Mexicanos, correspondientes al periodo 2002-2003.

Con el que se envía el informe de avance de gestión financiera correspondiente al ejercicio de 2003, que remite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para dar cumplimiento al artículo 2o., fracción IX; 8o., segundo párrafo; 67, fracción II y 74, fracción XIV, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. (Turno a comisión.)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Para dar cumplimiento al artículo 24, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 y remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2003. (Turno a comisión.)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo al caso de la ciudadana Paulina Ramírez Jacinto, a cargo de la diputada Marcela Lagarde de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, sobre la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Análisis del III Informe de Gobierno, en materia de ``Política Económica y Política Social''.

Agenda política

Comentarios sobre los resolutivos de la Conferencia Binacional de los Trabajadores Migrantes, a cargo del diputado Ricardo Rodríguez Rocha, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre la intolerancia política del gobierno del estado de Aguascalientes, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, Secretaria.

Antes de continuar con el orden del día, voy a rogar a todas las personas que no sean legisladores, tengan la bondad de ocupar sus lugares.

Continúe la Secretaría.

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La Secretaria diputada Maria de Jesús Aguirre Maldonado:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cuatro de septiembre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de cuatrocientos dos diputadas y diputados, a las once horas con veintidós minutos del jueves cuatro de septiembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.

Comunicación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo quincuagésimo sexto aniversario de la Batalla del Molino del Rey. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

Comunicación del Instituto Federal Electoral relativa a la designación de los consejeros del Poder Legislativo que integrarán el Consejo General de ese Instituto. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo relativo al análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada. Se aprueba en votación económica.

El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentran los ciudadanos Bernardo Vega Carlos y Leonardo Alvarez Romo, electos como diputados federales suplentes en el sexto distrito del estado de Sinaloa y en la segunda circunscripción plurinominal, respectivamente y acompañados de una comisión designada rinden su protesta de ley y entran en funciones de inmediato.

Oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica la integración de la Mesa Directiva que funcionará durante el Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura. De enterado.

La Secretaría da lectura a una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Desde su curul la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Partido Revolucionario Institucional, solicita moción de trámite a fin de que la iniciativa de referencia sea impresa y distribuida entre los diputados antes de ser votada. El Presidente considera que no ha lugar la moción, en virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios han solicitado la dispensa de todos los trámites, incluido el referido por la diputada Scherman Leaño.

En votación económica la Asamblea le dispensa todos los trámites a la iniciativa. La Secretaría da lectura al proyecto de decreto respectivo y sin nadie que solicite el uso de la palabra, recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por cuatrocientos sesenta y tres votos en pro, uno en contra y una abstención.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

El Presidente informa de la recepción de una proposición suscrita por diputados de los diversos grupos parlamentarios, para adicionar un quinto resolutivo a la proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial que dé seguimiento a las investigaciones de los homicidios perpetrados contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentada en la sesión del dos de septiembre de dos mil tres. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Luis Antonio Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Poder Ejecutivo a que asuma en la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, la defensa de los intereses del sector rural mexicano, y para solicitarle que los acuerdos y reglas que se adopten en esa organización, sean analizados y sancionados por el Senado de la República. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y en tanto se integra e instala la comisión, consérvese la proposición en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, un informe detallado de las acciones que lleva a cabo para dar cumplimiento al exhorto que le hizo la Comisión Permanente el trece de agosto de dos mil tres. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y en tanto se integra e instala la comisión, consérvese la proposición en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, para que el gobierno federal libere recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, a fin de atender la situación que enfrentan habitantes del estado de Baja California Sur por el paso del huracán ``Ignacio'', y solicita trámite de urgente resolución.

En votación económica la Asamblea considera el asunto de urgente resolución. El Presidente informa de un acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo a la duración de las intervenciones en tribuna.

Hablan en pro del punto de acuerdo los diputados: Narciso Agúndez Montaño, del Partido de la Revolución Democrática; Isidro Camarillo Zavala, del Partido Acción Nacional; Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional y Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México.

La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Francisco Javier Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proceso de extradición del ciudadano Lorenzo Llona Olalde. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y en tanto se integra e instala la comisión, consérvese la proposición en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Comentan la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha tres de septiembre de dos mil tres, los diputados: Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Maldonado Venegas, de Convergencia; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; Horacio Duarte Olivares, del Partido de la Revolución Democrática y Rubén Mendoza Ayala, del Partido Acción Nacional.

El diputado Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, contesta alusiones personales, y los diputados: Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional y Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, rectifican hechos.

Para el mismo tema se concede la palabra a la diputada Rebeca Godínez y Bravo, del Partido Revolucionario Institucional.

Hablan en relación con los cambios en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México; Pascual Sigala Páez, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; José Antonio Cabello Gil, del Partido Acción Nacional y José Manuel Carrillo Rubio, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente informa que con fecha tres de septiembre de dos mil tres, el secretario técnico de la Mesa Directiva hizo entrega a la Presidencia del dictamen de la Sección Instructora correspondiente al expediente SI/11/02, instruido mediante Procedimiento de Declaración de Procedencia en relación con el senador Luis Ricardo Aldana Prieto, en el que propone que sí ha lugar a proceder penalmente en contra del servidor público referido, procedimiento que se inició a solicitud del Ministerio Público Federal adscrito a la Dirección General de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, derivado de la averiguación previa 055/FEPADE/2002; y anuncia a la Cámara de Diputados que debe erigirse en Jurado de Procedencia para que en sesión secreta conozca del asunto, el día diecisiete de septiembre de dos mil tres a las doce horas con treinta minutos. Háganse las notificaciones legales que correspondan y publíquese el presente oficio en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente informa que con fecha tres de septiembre de dos mil tres, el secretario técnico de la Mesa Directiva hizo entrega a la Presidencia del dictamen de la Sección Instructora correspondiente al expediente SI/08/02, instruido mediante Procedimiento de Declaración de Procedencia en relación con el senador Luis Ricardo Aldana Prieto, en el que propone que sí ha lugar a proceder penalmente en contra del servidor público referido, mismo que se inició a solicitud del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República, derivado de la averiguación previa PGR/UEDO/102/2002; y anuncia a la Cámara de Diputados que debe erigirse en Jurado de Procedencia para que en sesión secreta conozca del asunto, el día diecisiete de septiembre de dos mil tres a las dieciocho horas con treinta minutos.

Háganse las notificaciones legales que correspondan y publíquese el presente oficio en la Gaceta Parlamentaria.

Para presentar una moción sobre el trámite dado por la Presidencia a los dos dictámenes referidos, se concede la palabra al diputado Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional.

Rectifican hechos los diputados: Horacio Duarte Olivares, del Partido de la Revolución Democrática; Emilio Chuayffet Chemor, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Germán Martínez Cázares, del Partido Acción Nacional; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, y en la segunda acepta una interpelación del diputado Yunes Linares; Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones; Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, en dos ocasiones y Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México.

Desde su curul el diputado Yunes Linares solicita al Presidente fijar su posición al respecto. El Presidente explica que en su momento intentó dejar la Presidencia para debatir el asunto, pero hubo una reacción en el sentido de que debiera continuar en ella, y señala que están fundadas y motivadas las resoluciones y citas de la Presidencia.

Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, reitera la moción de trámite solicitada por el diputado Yunes Linares. El Presidente hace aclaraciones y considera que no ha lugar la moción. El diputado Gutiérrez de la Garza solicita entonces que la Presidencia fundamente el trámite dictado en relación con los dictámenes de la Sección Instructora y el Presidente atiende lo solicitado.

Rectifica hechos, desde su curul, el diputado Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con veintiséis minutos, citando para la que tendrá lugar el martes nueve de septiembre de dos mil tres, a las once horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Señor diputado:

Con todo respeto, me dirijo a esa Mesa Directiva que usted dignamente preside, para solicitar licencia por tiempo indefinido, al cargo de diputado federal por el II distrito electoral federal del estado de Durango.

Comunico lo anterior por así convenir a mis intereses y solicito atentamente se llame a mi suplente, la C. Rosario Sáenz López, para que ocupe el cargo de diputada federal con fundamento en el artículo 62 constitucional.

Sin otro particular, me es muy grato reiterarle las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 9 de septiembre de 2003.--- Dip. Carlos Antonio Herrera Araluce (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Están a discusión los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Carlos Antonio Herrera Araluce, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el II distrito electoral del estado de Durango, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados los puntos de acuerdo, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobados.

Continúe la Secretaría.

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CONGRESO DE ANAHUAC
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Guerrero.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

El 13 de septiembre de 1813, el Generalísimo Don José María Morelos y Pavón declaró Chilpancingo ``Capital de las Américas'', al instalarse en el templo de Santa María de la Asunción el primer Congreso de Anáhuac, acto histórico del que emanó el documento denominado ``Sentimientos de la Nación'', que fue promulgado el 14 de septiembre del mismo año y que constituye la base del constitucionalismo y de la vida independiente de la nación mexicana.

En ese sentido, para conmemorar este hecho histórico, el 13 de septiembre de cada año el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero celebra sesión pública y solemne en la catedral de Santa María de la Asunción, de la histórica ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para rendir honores al Generalísimo Don José María Morelos y Pavón y a los diputados constituyentes.

Por dicha razón, la Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero tiene el honor de invitar a los diputados al H. Congreso de la Unión para que nos honren con su presencia en la sesión pública y solemne que se celebrará el 13 de septiembre de 2003, a las 18 horas, en la catedral de Santa María de la Asunción, de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para conmemorar el 190 aniversario de la instalación del primer Congreso de Anáhuac y entregar la presea ``Sentimientos de la Nación''.

Su asistencia a este acto, que sentó las bases del constitucionalismo mexicano y de la América Latina, dará reconocimiento cabal a la importancia de los Sentimientos de la Nación.

Atentamente.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 20 de agosto de 2003.--- Diputados: Juan José Castro Justo (rúbrica), Presidente de la Comisión Permanente; Constantino García Cisneros (rúbrica), Secretario; David Jiménez Rumbo (rúbrica), Secretario.»

Cumplida su encomienda, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada Secretaria.

Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: Jesús Emilio Martínez Alvarez, (CD), Oscar González Yáñez, (PT), Juan García Costilla, (PRD), Angel Pasta Muñuzuri, (PAN), Mario Moreno Arcos (PRI) y Leonardo Alvarez Romo (PVEM).

Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE CHIHUAHUA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Con su venia, señor Presidente.

«Escudo.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- LX Legislatura.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.--- México, DF.

Por este conducto me permito enviarle copia del acuerdo número 705/03 II D.P., mediante el cual la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua manifiesta su total apoyo al punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a través del que solicita a la Comisión Federal de Telecomunicaciones establecer una tarifa telefónica reducida, que beneficiaría a personas con discapacidad, a pensionados y a jubilados con bajos ingresos.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2003. Año de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

Chihuahua, Chihuahua, a 6 de agosto de 2003.--- Dip. Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Presidente de la Diputación Permanente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- Secretaría.

ACUERDO No. 705/03 II D.P.

La Diputación Permanente de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su segundo periodo de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional.

Acuerda

Primero. La Sexagésima Legislatura del estado de Chihuahua, de la manera más respetuosa, en apoyo de la propuesta de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que, en el ámbito de sus facultades, implante una tarifa preferencial de servicio telefónico para pensionados y jubilados, así como para personas mayores de 60 años jefes de familia o personas con discapacidad con un ingreso mensual de hasta dos salarios mínimos y cuyas llamadas telefónicas mensuales locales no excedan de 100.

Segundo. Remítase copia del acuerdo a las Legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al H. Congreso de la Unión, para su conocimiento y adhesión, en su caso.

Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo, a los seis días del mes de agosto del año dos mil tres.--- Diputado Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Presidente; diputado Jesús Javier Baca Gándara (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De enterado.

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ESTADO DE JALISCO
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en sesión verificada hoy, aprobó el acuerdo económico número 992/03, del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se manifiesta la solidaridad de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, con la labor que actualmente realiza la Auditoría Superior de la Federación, exhortando a los legisladores federales de todos los partidos políticos que integran la honorable Cámara de Diputados a que respalden las acciones, con apego a derecho realice dicha entidad gubernamental en relación con el esclarecimiento de las irregularidades presentadas en el Fobaproa.

Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 5 de agosto de 2003.--- Lic. Ricardo Homeros Salas Torres (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

CC. Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado.--- Presentes.

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del PRI de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, Salvador Caro Cabrera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, fracción I, y 35 de la Constitución Política del estado de Jalisco y 85, 88, 90, tercer párrafo, 94 y 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, hago uso de esta tribuna con objeto de someter a la elevada consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de

Acuerdo Económico

Lo anterior de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. Que con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre otros efectos, llevaban a la falta de liquidez del sistema bancario, y tras el anuncio de la desincorporación de las instituciones de crédito, el Gobierno Federal instituyó, en 1990, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios, ante posibles crisis económicas, que propiciaron la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, el Fobaproa serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras.

2. Que a finales de 1994 tuvo lugar la crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana. Entre otras reacciones, la crisis provocó el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos, y el cese de pagos por parte de los deudores.

Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos y los ahorradores no hubieran podido disponer de sus depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva, por lo que el Gobierno Federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores sin ninguna afectación a la riqueza de los banqueros.

Los pasivos del Fobaproa ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto de cartera vencida, que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del PIB de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna.

3. Que después de ejercido el fondo de contingencia del Fobaproa empezaron a surgir filtraciones y acusaciones de irregularidades en cuanto a la aplicación de dicho fondo, en el sentido de que fueron incluidos como beneficiarios del rescate bancario empresarios y banqueros que de manera indebida incorporaron sus propios débitos en el rescate. A partir de esta situación la Cámara de Diputados acordó la aplicación de una auditoría especial al Fobaproa, con un costo de 20 millones de dólares, la cual fue encargada a Michael Mackey; el resultado fue una investigación de carácter general, que no esclareció de manera suficiente las dudas sobre las irregularidades y, por ende, no estableció las posibles responsabilidades y, en particular, no llegó a conclusiones que posibilitaran la reducción del monto de los pasivos del Fobaproa.

4. Que el 31 de mayo y el 2 de abril de 1998 el titular del Ejecutivo presentó iniciativas de ley a la Cámara de Diputados para convertir los pasivos del Fobaproa en deuda pública; de igual manera, posteriormente se constituyó el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el cual sustituye al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que surgió con base en la Ley de Protección al Ahorro, la cual tiene como objetivos principales establecer un sistema de protección al ahorro bancario, concluir los procesos de saneamiento de instituciones bancarias, así como administrar y vender los bienes a cargo del IPAB. Por su parte, según esta misma norma legal, el Instituto tiene como objetivos fundamentales, de acuerdo con el artículo 67 de la citada ley: I. Proporcionar a las instituciones, en beneficio de los intereses de las personas a que se refiere el artículo 1º de esa ley, un sistema para la protección del ahorro bancario que garantice el pago, a través de la asunción por parte del Instituto, en forma subsidiaria y limitada, de las obligaciones establecidas en la presente ley, a cargo de dichas instituciones, y II. Administrar, en términos de esta ley, los programas de saneamiento financiero que formule y ejecute, en beneficio de los ahorradores y usuarios de las instituciones, y en salvaguarda del sistema nacional de pagos.

5. Que constituyéndose el IPAB como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, pasa a ser objeto de revisión fiscal por parte de la instancia gubernamental correspondiente, siendo que actualmente le corresponde esta labor a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual sustituye a la Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados.

6. Que el día 28 de julio del presente año la Auditoría Superior de la Federación inició el trámite para que el Gobierno Federal recupere y, en su caso, descuente 50 mil 316 millones de pesos a cuatro bancos, entre ellos Bancomer y Banamex, por créditos que no debieron incluirse en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), rescate que actualmente ya le cuesta al país más de 800 mil millones de pesos, el equivalente a 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) actual. En este mismo orden de ideas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que entre diciembre de 2000 y mayo de este año, el gobierno del Presidente Vicente Fox destinó a la banca comercial 64 mil 656.8 millones de pesos como pago de los intereses generados por el endeudamiento asumido con ella por medio del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), cantidad que equivale a 70.1 por ciento de las ganancias netas de las instituciones bancarias en el mismo periodo, que ascendieron a 92 mil 156 millones de pesos, según sus reportes financieros, e implica que 70 centavos de cada peso de las utilidades conjuntas de los bancos provino del pago de los intereses cubiertos por el Gobierno Federal vía el IPAB (La Jornada, 29 de julio de 2003).

7. Que asimismo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentará denuncias penales y administrativas contra quienes integraron el comité técnico del Fobaproa que otorgó el aval a Bancomer, Banamex, Banorte y Bital para beneficiarse con el Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Además, la ASF aún investiga el destino de 13 mil 18 millones de pesos autorizados para el rescate bancario, cuyos intereses actualizados podrían alcanzar los 30 mil millones.

8. Que las resoluciones del auditor superior de la Federación tienen como base las facultades que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación le señala, en particular las que se encuentran en sus Títulos Tercero, Cuarto y Quinto. No obstante lo anterior, al darse a conocer el informe del auditor superior de la Federación, se ha suscitado una serie de presiones extralegales de diversos actores políticos y económicos afectados por las resoluciones del informe en comento, que tratan de descalificar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y frenar, en el mejor de los casos, el impacto y las consecuencias legales que ellas implican.

9. Que es necesario que la labor ajustada a derecho que desarrollen las instituciones gubernamentales sea consolidada y avalada tanto por la sociedad como por todos los actores políticos, indistintamente de la corriente o signo ideo-lógico a que pertenezcan, ya que en la medida que se desarrolle en nuestro país la competencia o suficiencia en la configuración de las instituciones se permitirá la resolución efectiva de los problemas colectivos presentes y futuros a que se enfrenta nuestra sociedad, de modo que ésta pueda experimentar un desarrollo social y económico sostenido en un contexto en que las libertades básicas, garantías constitucionales y derechos humanos estén razonablemente asegurados.

10. Que, en vísperas de que el Pleno del H. Congreso del estado apruebe la nueva Ley de Fiscalización Superior del estado de Jalisco, la cual creará la Auditoría Superior del estado, consensuada por las diversas fracciones parlamentarias que integran la Legislatura local y reconocida por todos como un avance en la consolidación de las instituciones locales, es necesario que, en un gesto de congruencia política, sea manifestada asimismo la solidaridad de esta Legislatura con la labor que actualmente realiza la Auditoría Superior de la Federación, exhortando a los legisladores federales de todos los partidos políticos que integran la H. Cámara de Diputados a que respalden las acciones que rea-lice dicha entidad, por encima de intereses particulares o de grupo, con el fin de consolidarla como una institución que trabaje con alto sentido de profesionalismo, objetividad y ética política de servicio al interés superior de la nación.

Así, de lo precedentemente considerado y fundamentado, someto a la elevada consideración de esta H. asamblea el siguiente proyecto de dictamen de

Acuerdo Económico

Unico. Gírese atento y respetuoso oficio al C. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, manifestándole la solidaridad de esta LVI Legislatura con la labor que actualmente realiza la Auditoría Superior de la Federación, exhortando a los legisladores federales de todos los partidos políticos que integran la H. Cámara de Diputados a que respalden las acciones que, ajustadas a derecho, realice dicha entidad gubernamental en relación con el esclarecimiento de las irregularidades presentadas en el Fobaproa, así como en la recuperación en favor del erario público de los 50 mil 360 millones de pesos no solventados como pasivo del Fobaproa por parte de cuatro instituciones bancarias, a fin de consolidarla como una institución sólida y solvente, en concordancia con las exigencias actuales de nuestro país, que trabaje con alto sentido de objetividad y profesionalismo y cuya ética política de servicio al interés superior de la nación sea la única que norme sus acciones y hechos.

Atentamente.

Guadalajara, Jalisco, a 5 de agosto de 2003.--- Dip. Salvador Caro Cabrera (rúbrica).»

Cumplida su encomienda, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

De enterado.

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CONSTITUCION POLITICA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una iniciativa que adiciona el inciso j) del artículo 72, reforma las fracciones VI y VII del artículo 73, reforma la fracción IV del artículo 74 y deroga el artículo 75, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia presupuestaria.

Adelante, señora diputada.

La diputada Cristina Portillo Ayala:

Con su venia, señor Presidente.

"Honorable Asamblea:

El control financiero o también denominado poder de la bolsa constituye el instrumento más eficaz del Legislativo en su relación de equilibrio con el Ejecutivo para influenciar el diseño de las políticas públicas, para vigilar su implementación y para frenar la corrupción y la mala administración dentro de la gestión gubernamental.

En nuestro sistema normativo cuatro son las principales facultades en materia hacendaria que otorga actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Poder Legislativo para ejercer el control financiero: aprobación de la Ley de Ingresos; aprobación del Presupuesto de Egresos; revisión del gasto público y contratación de empréstitos.

No obstante, en la práctica, durante décadas el Poder Legislativo nunca ejerció con éxito esta facultad de controlar y fiscalizar el Ejecutivo. La pertenencia de casi la totalidad de sus integrantes al mismo partido político del Presidente de la República, hizo legislaturas dóciles y sumisas que aprobaban automáticamente y sin discusión alguna el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos que les enviaban las autoridades hacendarias.

Desde 1997, sin embargo, la relación entre el Congreso y el Presidente de la República se ha modificado sustancialmente al quedar integrada la Cámara de Diputados de manera plural y no obtener mayoría absoluta ningún partido político en los grupos parlamentarios representados, en aquel año el debate del presupuesto se prolongó casi un mes y pudo provocar una crisis constitucional, ya que es de sobra conocido que su aprobación es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y que no existe un mecanismo alterno para el caso de que el presupuesto hubiera sido rechazado.

De esta manera, la inédita experiencia de Gobierno dividido en el que un partido político tiene el control del Ejecutivo pero pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados ha puesto en evidencia la carencia de normas constitucionales en materia presupuestaria acordes con el nuevo pluralismo político. ``De ahí que una Reforma Hacendaria integral deba plantear al mismo tiempo cambios legales en tres ámbitos a saber: el tributario, el presupuestal y el financiero.

Hasta hoy el debate sobre la Reforma Hacendaria se ha centrado básicamente en los cambios de la estructura tributaria. Empero tan importantes como aquéllos deben considerarse las reformas en materia presupuestaria, con objeto de establecer mecanismos ciertos y estables en el procedimiento de discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y evitar así tensiones políticas y la incertidumbre cada año de una posible parálisis de las funciones del Estado.

En este contexto, la iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía, propone adicionar el artículo 72 inciso j), reformar el artículo 73 fracciones VI y VII, reformar el artículo 74 fracción IV y derogar el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para revisar la naturaleza jurídica actual del paquete financiero, con objeto de prohibir de manera expresa cualquier partida secreta, adelantar la fecha de presentación del Presupuesto general del Estado, establecer mecanismos adecuados de solución para el supuesto de que el paquete financiero no sea aprobado por el Legislativo en el plazo constitucional, prohibir expresamente el veto presidencial al Presupuesto general del Estado y terminar con la dualidad de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, que atenta contra los principios de universalidad y unidad; para darles a ambos al carácter de ley y con ello otorgar al Senado participación en el examen, discusión y aprobación de un solo documento que aborde simultáneamente el origen y la aplicación de los recursos públicos.

La actual dualidad de Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley de Ingresos, atenta contra los principios formales de unidad e universalidad que doctrinariamente deben regir en materia presupuestaria.

Es incongruente que el Presupuesto de Egresos de la Federación que habrá de regir durante todo un año, sea competencia exclusiva de una de las cámaras y cualquier modificación posterior a dicho presupuesto, si se produce por un nuevo gasto no previsto en el mismo, tenga que ser obra de las dos cámaras.

Como consecuencia la presente iniciativa considera modificar las disposiciones referentes a la naturaleza jurídica del presupuesto, unificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en un solo documento que se denominaría Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación, dar a los presupuestos generales del Estado el carácter de ley y con ello dar facultad a la Cámara de Senadores en el procedimiento de examen, discusión y aprobación.

La unificación de egresos e ingresos en una sola ley, no sólo terminaría con una absurda reminiscencia del unicamarismo, inicialmente establecido en la Constitución de 1857, que al ser suprimido obviamente excluyó al Senado de la aprobación del presupuesto, sino que al abordar simultáneamente el origen y la aplicación de los recursos públicos, haría plenamente acorde el Presupuesto de la Federación con los principios de unidad y universalidad que doctrinariamente rigen en materia presupuestaria, lo que en forma plena permitiría vincular expresamente al presupuesto con las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, dándole mayor claridad y transparencia tanto para efectos de la revisión de la Cuenta Pública como para convertirlo en un instrumento de la eficiencia administrativa y de la efectividad programática.

El plazo actualmente concedido para la presentación del paquete financiero es notoriamente insuficiente. A partir de que el Ejecutivo Federal hace llegar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, el órgano legislativo respectivo cuenta con escasas cuatro semanas para examinar y discutir miles de documentos, para sostener audiencias con las autoridades hacendarias, para desarrollar un dictamen legislativo, para debatir la ley y votarla.

Este apretado periodo contrasta con las 28 semanas aproximadamente que tiene el Ejecutivo para elaborar el anteproyecto de la ley presupuestal con el apoyo de cientos de especialistas en todas las áreas presupuestales del Gobierno Federal. Por ello en el proyecto se propone el 15 de septiembre como fecha límite para que el Ejecutivo Federal haga llegar la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación y el Legislativo cuente cuando menos con un lapso de 90 días para su examen, discusión y aprobación, a excepción del año en el que el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en el que podrá hacerlo hasta el 15 de diciembre como se previene en la redacción actual.

El derecho comparado demuestra que en los sistemas bicamarales de América Latina el Poder Legislativo tiene un promedio de 66 días para aprobar el Presupuesto, mientras que los sistemas unicamarales conceden un promedio de cien días a su Poder Legislativo para examinar y aprobar el Presupuesto. En las disposiciones constitucionales en materia presupuestaria existe otro vacío legal, no se determina qué debe observarse para el caso de que el presupuesto no sea aprobado al 1º. de enero.

La ausencia de alguna disposición que prevea una salida para el caso de que el presupuesto no sea aprobado en el plazo constitucional, es una situación que podría generar conflictos irresolubles de gobernabilidad y poner en serio riesgo la estabilidad financiera, económica y política de México.

En el proyecto de reforma constitucional que se somete a consideración de esta Cámara se acoge el sistema de mantener vigente el presupuesto general del Estado del año anterior hasta en tanto se realice la aprobación del nuevo, es decir, se decide una prórroga temporal. La prórroga de la vigencia del anterior para el caso de que llegados al inicio del año fiscal no se cuente con un presupuesto aprobado evitaría cualquier posibilidad de parálisis del Estado al suspenderse los servicios públicos básicos, al permitirse extender la vigencia del presupuesto del año anterior en caso de no aprobarse el nuevo proyecto. Dentro del plazo constitucional se evitaría en los hechos cualquier crisis de gobernabilidad.

Se contribuiría al fortalecimiento de las facultades de control que en materia presupuestaria corresponden a los legisladores al concederles mayor tiempo para analizar las propuestas y presentar contrapropuestas y en la práctica se haría más eficiente el ejercicio del gasto por parte de las dependencias y entidades públicas.

Y en virtud de que sólo se contempla la posibilidad de prorrogar temporalmente la vigencia del presupuesto del año anterior, actualizado en supuesto de que el proyecto no sea aprobado dentro del plazo establecido en la Constitución, de acuerdo con el proyecto que presento, se faculta y obliga a la Comisión Permanente a convocar al Congreso a un periodo extraordinario de sesiones que iniciaría el 2 de enero para examinar, discutir y aprobar la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Mexicana.

Por otra parte, la pluralidad con la que hoy están conformadas ambas cámaras del Congreso de la Unión, exige replantear en forma inmediata los términos, condiciones de procedencia del veto.

En lo que se refiere a la mayoría exigida para superarlo y en los casos en que no procede por disposición constitucional expresa, seguir requiriendo el voto aprobatorio de las dos terceras partes del número total de miembros presentes en las condiciones de pluralidad y correlación de fuerzas que ahora se viven en las dos cámaras del Congreso, hace prácticamente insuperable el veto trastocando la institución de un mero acto de colaboración legislativa, en instrumento que rompe la perfecta división de poderes, al irrogar al Ejecutivo influencia decisiva en el procedimiento de formación de leyes y anular poder de decisión de las mayorías parlamentarias.

Es por ello que la presente iniciativa pretende adicionar el inciso j) del artículo 72 constitucional para incluir por su trascendencia, dentro de los casos en que no procede el veto, por disposición constitucional expresa a la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación.

Su efecto suspensivo hace inaceptables las graves consecuencias que para la estabilidad política y económica del país ocasionaría la interposición de un veto presidencial contra la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación.

Sólo es cuestión de imaginar a las instituciones de la República sin autorización, para realizar gastos de inversión a consecuencia de la promoción de un veto.

Finalmente, por ser fuente de corrupción, descrédito y desconfianza en la Administración Pública Federal, la prohibición expresa en el texto constitucional que cualquier partida secreta del Presupuesto que se propone en el proyecto, implicaría un importante paso hacia delante en la nueva forma de ejercicio republicano de Gobierno.

Agradeciendo la atención prestada, solicito al señor Presidente instruya a la Secretaría para que en el texto íntegro de la exposición de motivos y el contenido de la iniciativa se inserte en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 72, inciso j); reforma el artículo 73, fracciones VI y VII; reforma el artículo 74, fracción IV; y deroga el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia presupuestaria, presentada por la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD.

La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa de decreto que adiciona el artículo 72, inciso j); reforma el artículo 73, fracciones VI y VII; reforma el artículo 74, fracción IV; y deroga el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia presupuestaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El control financiero, o también denominado poder de la bolsa, constituye el instrumento más eficaz del Legislativo en su relación de equilibrio con el Ejecutivo, para influir en el diseño de las políticas públicas, para vigilar su implantación y para frenar la corrupción y la mala administración dentro de la gestión gubernamental.

Sobre la base de este poder, que fue el primero que se opuso con éxito a la arbitrariedad de los monarcas, surgió la función legislativa, como compensación al consentimiento que hacían las asambleas a los soberanos para recaudar tributos o exigir prestaciones.

Con el Estado moderno, el poder de la bolsa se hizo mucho más complejo, los parlamentos han sido dotados de atribuciones de las que depende de manera muy directa la obtención de ingresos para el Estado y la consiguiente asignación de los recursos obtenidos a determinados objetivos.

Empero, el control financiero no se detiene ahí sino que, también con base en él, se ha instaurado una serie de mecanismos para asegurar que la utilización de los recursos presupuestarios se efectúe de acuerdo con las prescripciones aprobadas por el Legislativo, así como dentro del marco que para el efecto han establecido las normas constitucionales y legales.

En nuestro sistema normativo, cuatro son las principales facultades en materia hacendaria que otorga actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Poder Legislativo para ejercer el control financiero: aprobación de la Ley de Ingresos, aprobación del Presupuesto de Egresos, revisión del gasto público y contratación de empréstitos.

No obstante, en la práctica, durante décadas el Poder Legislativo nunca ejerció con éxito esa facultad de controlar y fiscalizar al Ejecutivo. La pertenencia de casi la totalidad de sus integrantes al mismo partido político que el Presidente de la República hizo Legislaturas dóciles y sumisas que aprobaban automáticamente y sin discusión alguna el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos que les enviaban las autoridades hacendarias.

Desde 1997, sin embargo, la relación entre el Congreso y el Presidente de la República se ha modificado sustancialmente, al quedar integrada la Cámara de Diputados de manera plural y no obtener mayoría absoluta ninguno de los grupos parlamentarios representados.

En aquel año, el debate del Presupuesto se prolongó casi un mes y pudo provocar una crisis constitucional, ya que es de sobra conocido que su aprobación es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y que no existe un mecanismo alterno para el caso de que el Presupuesto hubiera sido rechazado.

De esa manera, la inédita experiencia de gobierno dividido, en el que un partido político tiene el control del Ejecutivo pero pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, ha puesto en evidencia la carencia de normas constitucionales en materia presupuestaria, acordes con el nuevo pluralismo político.

Y de ahí que una verdadera reforma hacendaria integral deba plantear, al mismo tiempo, cambios legales en tres ámbitos: tributario, presupuestal y financiero. Hasta hoy, el debate sobre la reforma hacendaria se ha centrado básicamente en los cambios de la estructura tributaria. Empero, tan importantes como aquéllos deben considerarse las reformas en materia presupuestaria, con objeto de establecer mecanismos ciertos y estables en el procedimiento de discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y evitar así tensiones políticas y la incertidumbre cada año de una posible parálisis de las funciones del Estado.

En ese contexto, la iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía propone adicionar el artículo 72, inciso j); reformar el artículo 73, fracciones VI y VII; reformar el artículo 74, fracción IV; y derogar el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para revisar la naturaleza jurídica actual del Presupuesto, con objeto de prohibir de manera expresa cualquier partida secreta; adelantar la fecha de presentación del Presupuesto general del Estado; establecer mecanismos adecuados de solución para el supuesto de que el paquete financiero no sea aprobado por el Legislativo en el plazo constitucional; prohibir expresamente el veto presidencial al Presupuesto general del Estado; y terminar con la dualidad de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, que atenta contra los principios de universalidad y unidad, para dar a ambos el carácter de ley y, con ello, otorgar al Senado participación en el examen, discusión y aprobación de un solo documento que aborde simultáneamente el origen y la aplicación de los recursos públicos.

A) Disposiciones relativas a la naturaleza jurídica del Presupuesto

Desde una perspectiva jurídica, el Presupuesto es un mandato del Legislativo al Ejecutivo mediante el que se le marca cuánto y en qué gastar, sentando las bases de la disciplina en la gestión financiera durante el ejercicio de su vigencia. Constituye la autorización indispensable para que el Poder Ejecutivo efectúe la inversión de los fondos públicos y la base para la rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.

El Presupuesto es uno de los instrumentos fundamentales de la política económica y social del gobierno. Es el medio más eficiente para la planificación social y para la implantación de un orden justo en la distribución del ingreso nacional. Doctrinaria y constitucionalmente, tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo.

El marco de interacción entre el ciclo económico y el ciclo presupuestario es un elemento clave para el diseño y la programación de las políticas públicas. El proceso de elaboración del Presupuesto no puede separarse en ningún momento de la política económica general, de todo el programa de política económica y, desde luego, de los acontecimientos que se producen a escala internacional.

En la doctrina, el Presupuesto comprende no sólo los egresos sino, también, los ingresos. Por ello, autores como Jéze han sostenido que el Presupuesto es una mezcla de actos jurídicos reunidos en un solo documento, que para su análisis debe dividirse en cuanto a recursos y gastos.

En la Enciclopedia jurídica Omeba se define como ``documento que contiene el cálculo de ingresos y egresos previsto para cada periodo fiscal y que, sistemáticamente, debe confeccionar el Poder Ejecutivo de acuerdo con las leyes y prácticas que rigen su preparación''. Mientras, Henri Capitant, en su Vocabulario jurídico, sostiene que es un acto mediante el cual se prevén y autorizan respectivamente los recursos y los gastos anuales del Estado o de otros servicios sometidos por las leyes a las mismas normas.

Sin embargo, en México, por una posición jurídica que se inició en la Constitución de 1824 y que han reiterado nuestras Constituciones posteriores, se ha distinguido entre los gastos a los que se engloban con el término ``Presupuesto de Egresos de la Federación'', y los ingresos o contribuciones que se concretan en lo que se denomina Ley de Ingresos.

En ese orden, por Presupuesto de Egresos de la Federación se designa la suma total de los gastos estimados, junto con sus respectivos programas asociados para ser ejercidos a lo largo de cada año fiscal. Para cubrir esos gastos, el Presupuesto se acompaña por la Ley de Ingresos, que determina los recursos financieros que se derivan de la recaudación tributaria, de la venta de bienes y servicios públicos proporcionados por el gobierno, y por el nivel de endeudamiento público.

Es decir, en nuestro sistema jurídico el Presupuesto de Egresos de la Federación es un documento legalmente vinculante por medio del cual la Cámara de Diputados otorga atribuciones de gasto a las agencias del Gobierno Federal. Porque además, conforme a la misma tradición constitucional mexicana, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación ha sido una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados desde 1874, y el Senado interviene sólo en el examen y en la aprobación de la Ley de Ingresos.

En el artículo 51, la Constitución de 1857 suprimió el Senado y depositó el Poder Legislativo federal en una sola asamblea, llamada Congreso de la Unión.

Al restablecerse el bicamarismo, mediante reforma del 13 de noviembre de 1874, la aprobación del Presupuesto de Egresos se reservó como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y el Senado perdió competencia para participar en el proceso presupuestal.

Aunque censurado y convincentemente rebatido desde su implantación por los máximos doctrinarios del derecho constitucional mexicano, el Constituyente de 1917 confirmó este sistema y ha permanecido inalterado desde entonces.

La actual dualidad de Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley de Ingresos atenta contra los principios formales de unidad y universalidad que doctrinariamente deben regir en materia presupuestaria.

El proceso de revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados es un resabio del unicamarismo inicial de la Constitución de 1857, que exige revisión inmediata.

Como sostiene Felipe Tena Ramírez, es incongruente que el Presupuesto de Egresos de la Federación que habrá de regir durante todo un año sea competencia exclusiva de una de las Cámaras y cualquier modificación posterior de dicho Presupuesto, si se produce por un nuevo gasto no previsto en él, tenga que ser obra de las dos Cámaras.

Lo principal, como la aprobación de los gastos de todo el año, incumbe a una sola Cámara, mientras que lo accesorio, como la aprobación de gastos posteriores, corresponde a las dos Cámaras.

También resulta contradictorio imponer al Senado la responsabilidad de decretar los impuestos necesarios para cubrir gastos, en cuya adopción no tiene injerencia. O que el Congreso de la Unión tenga como una de sus facultades crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones (artículo 77, fracción XI) y que corresponda sólo a la Cámara de Diputados (al aprobar el Presupuesto) precisar las retribuciones que correspondan a los empleos establecidos por el Congreso.

El Senado de la República se integra con representantes de los estados de la Federación y del Distrito Federal (es el órgano legislativo de federalismo). Es innegable su legitimación en la asignación de los recursos federales a los estados miembros, que se determinan al examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos.

Como consecuencia, la presente iniciativa considera modificar las disposiciones referentes a la naturaleza jurídica del Presupuesto; unificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en un solo documento, que se denominaría Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación; dar a los Presupuestos generales del Estado el carácter de ley; y, con ello, dar facultad a la Cámara de Senadores en el procedimiento de examen, discusión y aprobación.

Al efecto, se propone la reforma de la fracción IV del artículo 74 y la derogación del artículo 75 de la Constitución General de la República, para trasladar las distintas disposiciones en materia presupuestaria allí contenidas a las facultades del Congreso, aprovechando los espacios de las fracciones VI (hoy derogada) y VII (que se refiere precisamente a las contribuciones necesarias por cubrir el Presupuesto) del artículo 73.

Las facultades de control presupuestario continuarían contenidas en el ámbito del artículo 74, fracción IV, para seguir siendo competencia exclusiva de la Cámara de Diputados, con la representación de la nación que asigna a los miembros de este órgano legislativo el artículo 51.

En tal virtud, examinadas a profundidad para hacerlas acordes con la nueva naturaleza jurídica del Presupuesto General de la Federación, la nueva redacción del artículo 73, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluiría las siguientes disposiciones en materia presupuestaria:

A.1. Unificación de los ingresos y los egresos en una sola ley

El enfoque que la doctrina actual da al Presupuesto subraya su carácter esencialmente dinámico y flexible, fruto de la plasmación cuantitativa y cualitativa de una triple vertiente instrumental: de política económica, de programación de la actividad pública y de negociación de intereses de agentes con capacidad de representación y toma de decisiones.

La situación de la economía en cada momento condiciona la orientación de la política económica. Recíprocamente, la política económica persigue determinados objetivos que afectarán el desenvolvimiento económico. Cualquier decisión sobre ingresos y gastos públicos tendrá incidencia relevante sobre el conjunto de la economía. Y, correlativamente, la situación económica y los objetivos definidos para la política económica también afectarán la recaudación y la evolución de los gastos.

La moderna labor de presupuestación implica realizar un diagnóstico de la calidad económica y social para detectar los problemas sobre los que la política económica actuará, determinar los objetivos perseguidos: función estabilizadora, función redistributiva, provisión de bienes y servicios, y la concreción de éstos en los programas de gasto; decidir qué medidas deben ser implantadas; y determinar el costo de tales medidas, analizando sus efectos en relación no sólo con los objetivos perseguidos sino también con otros objetivos, variables y medidas que compiten por los mismos recursos.

La Ley General de Presupuesto en todo Estado democrático no debe, pues, limitarse a aprobar los créditos necesarios para la ejecución de los programas de gasto, sino que también debe expresar los recursos con que han de financiarse dichos créditos, en el objetivo de replantear los mecanismos de programación-presupuestación para compatibilizar los planos y programas en la realidad, así como para reorientar el flujo de efectivo de las dependencias a efecto de liberar más recursos para otras acciones fundamentalmente del gobierno.

Empero, además, siendo el resultado de un complejo proceso de negociación en que confluye multiplicidad de intereses de carácter político, social y económico externos, pero también internos a la propia organización administrativa, es contundente que el procedimiento de aprobación del Presupuesto de Egresos no debe ser obra de una sola de sus Cámaras sino del Congreso General en su conjunto, como máximo órgano de representación nacional.

La unificación de egresos e ingresos en una sola ley no sólo terminaría con una absurda reminiscencia del unicamarismo inicialmente establecido en la Constitución de 1857, que al ser suprimido excluyó al Senado de la aprobación del Presupuesto, sino que al abordar simultáneamente el origen y la aplicación de los recursos públicos, haría plenamente acorde el Presupuesto de la Federación con los principios de unidad y universalidad que doctrinariamente rigen en materia presupuestaria.

Lo anterior, en forma plena, permitiría vincular expresamente el Presupuesto con las metas y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, dándole mayor claridad y transparencia tanto para efectos de la revisión de la Cuenta Pública como para convertirlo en un instrumento de la eficiencia administrativa y de la efectividad programática.

Como con absoluta convicción y claridad ha demostrado el ex diputado federal Mauricio Rossell en la obra Congreso y gobernabilidad en México, revisar el formato de presentación del Presupuesto de Egresos permitiría que los legisladores concentren sus decisiones fundamentadas en acuerdos macroeconómicos que permitan sustentar una política económica de Estado con visión de largo plazo, así como en la selección de las operaciones gubernamentales que deban tener apoyos presupuestales.

De esa forma será posible no sólo propiciar un desarrollo económico sostenido, sino contar con elementos para evaluar los avances del plan y los programas. Asimismo, permitiría establecer normas operativas claras para mejorar el control y la distribución del gasto público, al tiempo que se incrementarían los ingresos gubernamentales por concepto de derechos, productos y aprovechamientos.

En síntesis, la unificación de la hoy Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en un solo documento, que se denominaría Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación, permitiría mejorar simultáneamente el proceso de toma de decisiones y el de rendición de cuentas.

A.2. Fecha de presentación del Presupuesto general del Estado

Como precisa el maestro Elisur Artega Nava, en la Constitución de 1857 el Congreso de la Unión gozaba de un plazo amplio para estudiar, discutir y aprobar el Presupuesto. Debía presentarse el penúltimo día del primer periodo de sesiones, lo que significaba que debería obrar en su poder a mediados de diciembre de cada año. El proyecto pasaba a una comisión de legisladores, nombrada el mismo día en que la recibía, para su examen y dictamen. Este, junto con el proyecto, debía presentarse en la segunda sesión del segundo periodo ordinario de sesiones, lo que denotaba que debería serlo a principios de abril.

Durante varias décadas, ya vigente la Constitución de 1917, el titular del Ejecutivo hacía llegar a los legisladores los respectivos proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para que los examinaran en plazos verdaderamente ridículos, a veces un par de días, actitud tecnocrática que atentaba contra la soberanía de los órganos legislativos y contribuía a su descrédito.

Pretendiendo remediar la incongruencia, se reformó el párrafo segundo del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo en su redacción actual: ``El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos''.

No obstante, el plazo actualmente concedido sigue siendo igualmente insuficiente. A partir de que el Ejecutivo federal hace llegar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, el órgano legislativo respectivo cuenta con escasas cuatro semanas para examinar y discutir miles de documentos, para sostener audiencias con las autoridades hacendarias, para desarrollar un dictamen legislativo, para debatir la ley y votarla.

Ese apretado periodo contrasta con las 28 semanas, aproximadamente, que tiene el Ejecutivo para elaborar el anteproyecto de la ley presupuestal con el apoyo de miles de especialistas en todas las áreas presupuestales del Gobierno Federal.

El derecho comparado demuestra que, en los sistemas bicamarales de América Latina, el Poder Legislativo tiene un promedio de 76 días para aprobar el Presupuesto, mientras que los sistemas unicamarales conceden un promedio de 100 días a su Poder Legislativo para examinar y aprobar el Presupuesto.

Como concibe Mauricio Rossell en la obra citada, el mantenimiento de un plazo tan reducido para analizar y aprobar el paquete financiero no sólo no es realista sino que, de hecho, ha vuelto nugatoria la facultad de control presupuestal del Legislativo y se ha constituido en un foco de alerta más en materia de gobernabilidad.

Por ello, es necesario anticipar la fecha en que el Ejecutivo debe presentar el paquete financiero para su discusión a por lo menos 90 días a la fecha límite para su aprobación.

En la iniciativa se propone el 15 de septiembre como fecha límite para que el Ejecutivo federal haga llegar la iniciativa de Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, y el Legislativo cuente cuando menos con un lapso de 90 días para su examen, discusión y aprobación, a excepción del año en que el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83, en el que podrá hacerlo hasta el 15 de diciembre, como se previene en la redacción actual.

Igualmente, en el texto constitucional reformado se mantendría la posibilidad de ampliar el plazo de presentación de la iniciativa, siempre que medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, debiendo comparecer en todo caso el secretario de despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.

A.3. Prohibición expresa de cualquier partida secreta

La fiscalización de las finanzas públicas es una de las principales áreas que definen la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en México.

El presidencialismo que ha operado es distinto del sistema presidencial que asienta nuestra Constitución, esencialmente porque no han funcionado los controles constitucionales que el Legislativo puede y debe ejercer sobre el Ejecutivo.

Los últimos gobiernos crearon y desarrollaron una administración pública que, en algunas de sus áreas, fue penetrada desde arriba por la corrupción y el enriquecimiento ilícito, con núcleos burocráticos que manipulan la ley de acuerdo con sus intereses.

La discrecionalidad y la corrupción en el ejercicio de la economía pública llegaron en los años noventa a sus niveles más altos. Durante el ``salinismo'', el gobierno intervino directamente en la configuración de un nuevo poder financiero, emprendió las privatizaciones sin sujeción a la normatividad de parte fundamental de los activos de la nación y ejerció, a través de los recursos del Ramo 23 y de la partida secreta (entre otros), el equivalente a cerca de 500 mil millones de pesos del Presupuesto, sin control alguno.

El buen ejercicio de mando de un gobierno democrático debe comenzar por una adecuada administración, con respeto irrestricto de la ley, honestidad a toda prueba, transparencia y rendición periódica de cuentas a los ciudadanos y organización eficiente y responsabilidad social.

El nuevo ejercicio republicano de la política debe construirse sobre la base de una administración pública sometida plenamente al derecho, que represente el fin del poder absoluto y unipersonal del Poder Ejecutivo sobre las decisiones de gasto, ingreso y deuda pública y sobre las políticas de estabilización y ajuste.

La ley debe impedir que el ejercicio de la autoridad degenere en prácticas patrimonialistas.

Por ser fuente de corrupción, descrédito y desconfianza en la Administración Pública Federal, la prohibición expresa en el texto constitucional de cualquier partida secreta en el Presupuesto implicaría un importante paso hacia adelante en la nueva forma de ejercicio republicano del gobierno.

A.4. Reconducción presupuestaria

En las disposiciones constitucionales en materia presupuestaria existe otro vacío legal: no se determina qué debe observarse en caso de que el Presupuesto no sea aprobado al 1 de enero.

Si acaso el artículo 75 constitucional previene que la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley y, en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

La ausencia de alguna disposición que prevea una salida en caso de que el Presupuesto no sea aprobado en el plazo constitucional es una situación que podría generar conflictos irresolubles de gobernabilidad y poner en serio riesgo la estabilidad financiera, económica y política de México.

En el derecho constitucional comparado se establecen esencialmente dos mecanismos para garantizar la disponibilidad de un Presupuesto al inicio de cada ejercicio fiscal: uno, vigente en países como Perú, Bolivia y Chile, si el proyecto del Ejecutivo no es aprobado en los plazos que la Constitución establece, de forma automática adquiere fuerza de ley; y el otro, al que se sujetan países como España, Venezuela, Guatemala y Honduras, si el Presupuesto no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo.

En la presente iniciativa se acoge el sistema de mantener vigente el Presupuesto general del Estado del año anterior hasta en tanto se realice la aprobación del nuevo. Es decir, se decide por una prórroga temporal.

La prórroga de la vigencia del anterior para el caso de que, llegados al inicio del año fiscal no se cuente con un Presupuesto aprobado, evitaría cualquier posibilidad de parálisis del Estado al suspenderse los servicios públicos básicos.

Al permitirse extender la vigencia del Presupuesto del año anterior en caso de no aprobarse el nuevo proyecto dentro del plazo constitucional, se evitaría en los hechos cualquier crisis de gobernabilidad; se contribuiría al fortalecimiento de las facultades de control que en materia presupuestal corresponden a los legisladores, al concederles mayor tiempo para analizar las propuestas y presentar contrapropuestas; y, en la práctica, se haría más eficiente el ejercicio del gasto por parte de las dependencias y las entidades públicas.

Además, ante la posibilidad de prórroga del Presupuesto del año anterior, la presión de la opinión pública apresuraría al Ejecutivo y a legisladores a alcanzar consensos antes de la expiración del plazo constitucional, y el Presupuesto se manifestará como resultado de un auténtico proceso de negociación de todos los sectores sociales del país.

A.5. Periodo extraordinario de sesiones del Congreso para aprobar el Presupuesto general del Estado

En virtud de que sólo se considera la posibilidad de prorrogar temporalmente la vigencia del Presupuesto del año anterior, actualizado el supuesto de que el proyecto no sea aprobado dentro del plazo establecido en la Constitución, de acuerdo con la iniciativa se faculta y obliga a la Comisión Permanente a convocar al Congreso a un periodo extraordinario de sesiones, que iniciaría el 2 de enero, para examinar, discutir y aprobar la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

B) Prohibición expresa del veto presidencial en materia presupuestaria

Existe consenso absoluto en que la excesiva concentración de poderes públicos y políticos en el titular del Ejecutivo, fundada lo mismo en disposiciones legales que en prácticas metaconstitucionales, en los hechos ha impedido el ejercicio democrático de la función pública y distorsionado la práctica republicana del equilibrio entre los poderes, constituyéndose en un serio obstáculo para la transición democrática.

Como una de las decisiones políticas fundamentales, en nuestro orden constitucional la idea central de la división de poderes se estructuró en su concepción clásica como un medio para preservar la libertad y evitar el abuso de poder: que el poder detenga al poder, que lo detenga por y para la gobernabilidad y la libertad del ciudadano, a través de la interdependencia, colaboración y coordinación entre los tres poderes públicos.

En la circunstancia política y social actual del país, ya nadie pone en duda que, mediante reformas constitucionales pertinentes, es necesario restaurar ese sentido original del principio de división de poderes, en aras de reforzar el sistema de frenos y contrapesos, para motivar una sana colaboración y coordinación entre los poderes públicos y generar un nuevo arreglo y equilibrio.

Para reforzar el sistema de pesos y contrapesos, deben ser revisados e instaurarse reformas constitucionales a los dos mecanismos principales a través de los cuales el Constituyente del 17 formó la división de poderes y la realización de su interdependencia y colaboración: uno, el que previene la obligada concurrencia de dos poderes públicos en el procedimiento de formación de un acto, para su validez; el otro, el que otorga a uno de los poderes algunas de las facultades que no son peculiares de ese poder sino de alguno de los otros dos.

En el caso específico del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya adición se propone, en sus incisos a), b), c) y j), sanciona el veto como un acto de colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, como un acto integrante de la función legislativa, que asocia al Ejecutivo a la responsabilidad en la formación de leyes.

Técnicamente, el Constituyente concibió el veto como una institución de procedencia, de naturaleza suspensiva y alcances muy limitados, para que el Presidente de la República estuviese en condiciones de hacer llegar al Congreso de la Unión información, objeciones y cuestionamientos adicionales que pudieran no haber sido tomados en cuenta al discutirse y aprobarse la respectiva iniciativa durante el proceso legislativo seguido.

Empero, nunca se pensó en instaurar la figura jurídica del veto como un instrumento de carácter absoluto e insuperable que alterara la perfecta división de poderes y entregara al Ejecutivo la parte decisiva en la formación de leyes.

Si bien el poder hegemónico del Presidente de la República y la integración del Congreso de la Unión casi en su totalidad con legisladores de un solo partido político hicieron que, durante décadas, la institución del veto tuviera una realidad meramente teórica, sin efectividad práctica, en la que --como acertadamente apreciaba el doctor Jorge Carpizo-- parecía más bien que el Presidente legislaba y el Legislativo ejercía una especie de derecho de veto respecto a los proyectos presidenciales no importantes.

La pluralidad con que hoy están formadas ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a riesgo de distorsionar la naturaleza jurídica de la institución como solo acto de colaboración, exige replantear en forma inmediata los términos y las condiciones de procedencia del veto, por lo que se refiere a la mayoría exigida para superarlo y a los casos en que no procede por disposición constitucional expresa.

Seguir requiriendo el voto aprobatorio de las dos terceras partes del número total de miembros presentes, en las condiciones de pluralidad y correlación de fuerzas que ahora se viven en ambas Cámaras del Congreso, hace prácticamente insuperable el veto, trastocando la institución de un mero acto de colaboración legislativa en instrumento que rompe la perfecta división de poderes, al irrogar al Ejecutivo influencia decisiva en el procedimiento de formación de leyes y anular el poder de decisión de las mayorías parlamentarias.

Por ello, la presente iniciativa pretende adicionar el inciso j) del artículo 72 constitucional para incluir, por su trascendencia, dentro de los casos en que no procede el veto, por disposición constitucional expresa, a la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y a las reformas constitucionales. En cuanto que si actualmente existe criterio casi unánime en nuestros tratadistas de que las reformas constitucionales no pueden ser objeto de veto por tratarse de actos del poder revisor de la Constitución, que es un órgano de jerarquía superior al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo, ubicado entre el Poder Constituyente y los poderes constituidos; y que respecto al Presupuesto de Egresos tampoco procede el veto, por tratarse de un acto emitido por la Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades exclusivas. Esto, en aplicación de la regla general que se desprende del mismo artículo 72, que sólo hace pertinente el veto respecto de actos del Congreso de la Unión en el desahogo de sus facultades legislativas, pero no respecto a las facultades exclusivas de cada una de las Cámaras.

La unificación de la hoy Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en un solo documento, que se denominaría Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación, daría al Presupuesto general del Estado el carácter de acto del Congreso de la Unión y haría legalmente procedente el veto presidencial en su contra.

Su efecto suspensivo hace inaceptables las graves consecuencias que en la estabilidad política y económica del país ocasionaría la interposición de un veto presidencial contra la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Sólo es cuestión de imaginar las instituciones de la República sin autorización para realizar gastos de inversión a consecuencia de la promoción de un veto.

Resulta apremiante, por tanto, adicionar la norma de nuestra Carta Magna para impedir una interpretación subjetiva del Presidente de la República en turno en tan trascendentes materias, e incluir entre los casos en que no procede el veto presidencial por disposición constitucional expresa a la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y a las reformas constitucionales.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa de decreto que adiciona el artículo 72, inciso j); reforma el artículo 73, fracciones VI y VII; reforma el artículo 74, fracción IV; y deroga el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia presupuestaria

Unico. Se adiciona el artículo 72, inciso j); se reforma el artículo 73, fracciones VI y VII; se reforma el artículo 74, fracción IV, y se deroga el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 72. ...

a) a i) ...

j) El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las reformas constitucionales, a Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación, a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales. Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad para:

I. a V. ...

VI. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación. En la ley constarán todos los ingresos y los egresos fiscales.

El Ejecutivo federal hará llegar al Congreso, a través de la Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de septiembre o hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de la misma.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio del Congreso o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.

Está prohibido establecer cualquier partida secreta en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación.

Si la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación no se aprobara antes del primer día del ejercicio fiscal correspondiente, se considerará automáticamente prorrogada la del ejercicio anterior hasta la aprobación de la nueva ley.

Cuando la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación no se aprobara antes del primer día del ejercicio fiscal correspondiente, la Comisión Permanente deberá convocar al Congreso a un periodo extraordinario de sesiones que dará inicio el día 2 de enero, a efecto de aprobar la ley.

VII. El Congreso, al aprobar la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley y, en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en la ley anterior o en la ley que estableció el empleo.

VIII. a XXX. ...

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a III. ...

IV. Revisar la Cuenta Pública del año anterior.

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y cumplido los objetivos contenidos en los programas. Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización superior de la Federación, si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días del mes de junio.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;

V. a VIII. ...

Artículo 75. Se deroga.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de septiembre de dos mil tres.--- Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

En tanto se designa la comisión, consérvese el documento en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Continúe la Secretaría.

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SECRETARIAS DE ESTADO
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se recibieron veinte oficios con los que se remiten los informes de labores correspondientes al periodo de 2002-2003, de las siguientes secretarías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz. (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Defensa Nacional, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Desa-rrollo Social, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Economía, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Educación Pública, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 8 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Energía, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de esta Secretaría (de Gobernación), cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Marina, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de Petróleos Mexicanos, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Procuraduría General de la República, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de la Reforma Agraria, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Salud, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Seguridad Pública, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.---Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Turismo, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese cuerpo colegiado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El Director General Adjunto, licenciado José Luis Carmona Ruiz (rúbrica).»

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De enterado.

Distribúyanse a los diputados y túrnense a las comisiones correspondientes.

En tanto se designan las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Continúe la Secretaría.

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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Se recibió en esta Secretaría el oficio No. 101.- 01216, de fecha 28 del mes en curso, signado por el C. Lic. José Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual solicita que por este conducto se remita al H. Congreso de la Unión el informe de avance de gestión financiera correspondiente al ejercicio de 2003, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 2o., fracción IX; 8o., segundo párrafo; 67, fracción II, y 74, fracción XIV, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como el original del documento que en el mismo se menciona, para los fines legales procedentes.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 29 de agosto de 2003.--- El Subsecretario, licenciado M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Santiago Creel Miranda.--- Secretario de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a lo dispuesto en los artículos 2o., fracción IX; 8o., segundo párrafo; 67, fracción II, y 74, fracción XIV, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que señalan que, a más tardar el 31 de agosto del año en el que se ejerza el presupuesto respectivo, el Ejecutivo Federal deberá presentar ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el informe de avance de gestión financiera, con la finalidad de que la Comisión de Vigilancia de la honorable Cámara de Diputados, lo turne para su revisión a la Auditoría Superior de la Federación.

Al respecto, por instrucciones del C. Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, me permito remitir a usted el informe de avance de gestión financiera correspondiente al ejercicio de 2003, con el propósito de solicitar su valiosa colaboración para que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por su amable conducto se presente dicho documento a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Me es grato enviarle un cordial saludo y reiterarle la seguridad de mi especial consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 28 de agosto de 2003.--- El Secretario, licenciado José Francisco Gil Díaz (rúbrica).»

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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2003. Además, para dar cumplimiento al artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mismo mes. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de julio de 2002. Finalmente, se incluye la información consolidada de las finanzas públicas y la deuda pública al mes de julio del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 3 de septiembre de 2003.--- El Secretario, licenciado José Francisco Gil Díaz (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

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PAULINA RAMIREZ JACINTO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tienen el uso de la palabra la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo relativo al caso de la ciudadana Paulina Ramírez Jacinto.

La diputada Marcela Lagarde y de los Ríos:

Diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Proposición con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades del estado de Baja California, cumplan con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al caso de Paulina Ramírez Jacinto.

En julio de 1999, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto de 13 años de edad, fue violada en presencia de su familia, quedando embarazada. Junto con su madre, María Elena Jacinto, solicitó la interrupción del embarazo permitido por la ley en caso de violación, de acuerdo con el artículo 136 del Código Penal del estado de Baja California. El aborto por violación es legal en 32 entidades federativas.

Resultado de esta maternidad forzada, en abril de 2000 nació Isaac de Jesús.

Cuando Paulina denunció el delito, ante las autoridades locales éstas emitieron una autorización para que se le practicara el aborto en un hospital del Sistema Público de Salud; sin embargo, los médicos del nosocomio se negaron a hacer la operación aduciendo problemas de conciencia. Como Paulina y su madre insistieron, el Procurador de Justicia del estado de Baja California trató de convencerlas llevándolas a hablar con un sacerdote católico. Paulina y su mamá son católicas. El sacerdote les advirtió que la Iglesia castiga en todos los casos el aborto inducido, con la pena de excomunión. La madre de Paulina refería, semanas más tarde, que ella y su hija confiaban en Dios y sabían que las había perdonado de antemano puesto que Paulina no había sido culpable en modo alguno de su embarazo.

Después de insistir, ya cerca de los tres meses de embarazo, Paulina fue admitida de nuevo en el hospital donde la tuvieron en ayuno durante una semana con el pretexto de practicarle análisis clínicos. En esos días dos mujeres representantes de Provida, visitaron a Paulina y trataron de persuadirla de no abortar, para ello le mostraron videos de abortos tardíos e intentaron aplicar a la niña una técnica de hipnosis que no dio resultado. Paulina y su madre se mantenían firmes en su decisión. Al final, el director del hospital en una conversación privada con la madre de Paulina, advirtió que de practicarse el aborto la niña podría morir o quedar estéril para siempre. La madre de Paulina interpretó está advertencia como una amenaza y sacó a su hija del hospital.

Las autoridades judiciales y de salud en Baja California impidieron que Paulina abortará anteponiendo sus creencias religiosas, a las obligaciones legales de sus cargos.

De esta manera Paulina fue víctima de una doble violencia; la ocurrida en la noche del 31 de julio de 1999 durante el asalto a su casa y la otra, sucedida en los meses siguientes cuando la menor y su familia acudieron a las autoridades bajacalifornianas en busca de justicia, pero entonces la ley también fue violada.

Una vez que nació Isaac y debido a la presión que ejercieron grupos civiles y los propios familiares, la Procuraduría de Derechos Humanos del estado de Baja California, recomendó la destitución del director del Hospital General de Mexicali, por su comportamiento poco profesional. Respecto de este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 18/2000, que envió al gobernador de Baja California, Alejandro González Alcocer, a fin de que Paulina recibiera una indemnización, misma que fue rechazada por el Ejecutivo estatal.

En dicho documento la comisión emitió recomendaciones en los siguientes términos:

1. La familia debe recibir una indemnización por daño moral.

2. Los gastos realizados por la familia deben ser liquidados; salud, educación, vestido, vivienda y demás, a la madre y al hijo.

3. Debe iniciarse un proceso penal contra los funcionarios implicados.

4. El sistema de salud debe organizar cursos de ética médica, derechos humanos y derecho sanitario.

El documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene el carácter de recomendación pública y ha sido emitido, tanto para hacer una declaración respecto de una conducta irregular por parte de servidores públicos, como para que se apliquen las sanciones que correspondan y se subsane la irregularidad cometida.

En un primer momento trascendió que dos de las recomendaciones serían aceptadas por el gobierno del Estado, la indemnización por el daño moral a las víctimas y la impartición de cursos de capacitación genética-médica. Sin embargo, a decir de los propios afectados, nunca se les ha hablado de algún apoyo económico.

El Secretario General de Gobierno, Jorge Ramos, argumentó que el personal de la Procuraduría de Justicia y del Instituto de Salud actuó conforme a derecho y que fueron las víctimas las que decidieron que no se realizara el aborto. Pero el desistimiento de continuar el embarazo de Paulina, fue producto de una serie de actos que viciaron la libre voluntad de ella, su madre, su hermano, como el derecho a la información de la paciente y de su familia, pues sólo se les proporcionaron datos parciales y fatalistas.

A la fecha ningún funcionario estatal ha sido sancionado por violentar los derechos humanos de la menor, a quien obligaron a la maternidad y sólo uno de los dos violadores se encuentra en la prisión. Los delitos cometidos por el director del hospital, van desde la negación de un servicio público al incumplimiento de la orden judicial pasando por abuso de autoridad, violación de confidencialidad médica, afectación de la libertad, la intimidad y la dignidad de la menor, hasta finalmente, el delito de tortura en su acepción amplia: la sicológica.

En días recientes Paulina Ramírez informó que el gobierno estatal suspendió desde el año pasado toda ayuda médica y apoyo para cursar la educación media superior, por lo que se vio obligada a suspender sus estudios para mantener a su hijo, así, ninguno de los requerimientos que ordenó la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California y el gobierno del estado en 2000 avalados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha cumplido. Paulina Ramírez ha señalado que durante más de un año tuvo que trabajar jornadas de hasta 14 horas por las que ganaba 600 pesos mensuales para la manutención de su hijo Isaac. Tuvo que suspender su actividad laboral por fatiga y otros padecimientos, como colitis y una hernia que se le formó tras la cesárea a la que fue sometida en abril de 2000.

Estamos en presencia de un claro ejemplo de la supremacía de las costumbres por encima de las leyes. El caso de Paulina evidencia un problema de la impartición de la justicia en nuestro país, pero también gracias a este caso se debatió el derecho de las mujeres a decidir y se sentó el precedente al impedir que en Guanajuato las mujeres violadas fueran castigadas.

Por lo antes expuesto la que suscribe, diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al gobierno del estado de Baja California y a la Procuraduría de Justicia de la entidad, cumplan con la recomendación 18/2000 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Segundo. Que se restituyan integralmente los apoyos económicos y en especie que venía recibiendo Paulina Ramírez Jacinto hasta hace un año y que ahora la víctima reclama.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2003.--- Está firmada por un conjunto de diputadas y de diputados.--- Voy a leer las firmas para que vean: Jazmín Rosas Montero, Rosa María Avilés, Salvador Martínez de la Rocca, María del Carmen Izaguirre, Gilberto Ensástiga, Sergio Magaña, Miguel Alonso Raya, Susana Manzanares, Francisco Saucedo, Alfonso Ramírez Cuéllar, Angélica de la Peña, Irma Figueroa Romero, Diana Bernal, Emilio Zebadúa, René Arce, Dolores Gutiérrez Zurita, Martha Lucía Micher, Marcela González Salas, Minerva Hernández, Socorro Díaz, Nancy Cárdenas, Inti Muñoz, Dolores Padierna, Pablo Gómez, Edgar Torres, María Guadalupe Morales, Eduardo Espinoza, Daniel Ordóñez, Juan José García Ortega y supongo que también lo firmará la diputada Amalia García.»

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

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ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene la palabra el señor diputado Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la Reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El diputado Antonio Mejía Haro:

Muy buenas tardes, con su venia, señor Presidente; amigas y amigos diputadas y diputados:

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al Ejecutivo Federal a defender los intereses de la nación y a respetar irrestrictamente nuestra Ley Suprema, de las negociaciones de la V Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio.

Consideraciones

Primera. Del 10 al 14 de septiembre del presente, se llevará a cabo en Cancún, la V Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Dicha conferencia será inaugurada por el Presidente de la República y estará presidida por el Secretario de Relaciones Exteriores.

Asistirán los ministros de Comercio de 146 países miembros y 28 países en proceso de adhesión. La delegación mexicana será encabezada por los Secretarios de Economía asistiendo asimismo, cientos de organizaciones campesinas, sindicales, sociales y no gubernamentales y decenas de miles de activistas de todo el mundo que rechazan y proponen alternativas al modelo de globalización impulsado por la OMC.

Segunda. La V Conferencia Ministerial de la OMC, representa un momento decisivo para el avance, estancamiento o fracaso de negociaciones de los temas acordados en la llamada Ronda de Doha, misma que está programada concluir y entrar en vigor a partir del día 1º de enero del 2005.

Más aún, se trata de un momento en que está en riesgo la propia credibilidad de la OMC y el modelo de liberalización comercial impulsado en las últimas décadas por los países en desarrollo y las grandes corporaciones transnacionales.

Tercera. Las negociaciones de temas a debatir en la V Ministerial de la OMC, pueden afectar gravemente los intereses de nuestro país y cuestionar su existencia como país soberano y regido por la Constitución, asuntos tales como la agricultura, servicios, propiedad intelectual, inversión y compras gubernamentales, entre otros, representan temas de interés estratégico nacional que deben ser negociados de cara al interés nacional y al interés público y con respeto irrestricto a nuestra Constitución. Asimismo, deben ser objeto de una amplia participación de la sociedad, los sectores productivos y del propio Poder Legislativo.

Cuarta. Más allá de la formalidad democrática en la que la OMC funciona, es público y notorio que los temas de la agenda de negociaciones y las decisiones se establecen en función de los intereses de los países desarrollados y de sus corporaciones. En este sentido, la OMC pareciera funcionar como un gobierno supranacional que determina no solamente las políticas comerciales internacionales, sino también las políticas económicas, financieras, agrícolas, de bienestar laboral, migratorias, culturales etcétera de los países en desarrollo.

Asimismo, la OMC enfrenta una grave crisis de legitimidad entre la mayoría de los países y la sociedad civil global, debido a la falta de democracia, transparencia y rendición de cuentas.

Quinta. Por su parte, en México, las negociaciones comerciales internacionales desde la adhesión de nuestro país al GATT en 1986, pasando por la negociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, hasta las presentes negociaciones de la OMC, han dejado mucho qué desear en términos de respeto a la Constitución, consulta con los sectores productivos y participación de la sociedad civil e inclusive del propio Poder Legislativo.

En la mayoría de las ocasiones se trata de negociaciones secretas consultando, reflejando el interés a unas cuantas grandes empresas y dando la espalda a la mayoría de los mexicanos.

Por todo lo expuesto anteriormente y con fundamento en lo dispuestos en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos, diputados federales integrantes de distintos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, nos permitimos presentar ante esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con

PuntoS de Acuerdo

Primero. Exhortar al Ejecutivo Federal para que las negociaciones de la V Conferencia Ministerial de la OMC se conduzcan con estricto apego al espíritu y la letra de nuestra Constitución. Defienda la soberanía nacional y el interés público y contribuya activamente a la democratización, transparencia y rendición de cuentas de la OMC.

Segundo. Exhortar al Ejecutivo Federal, para que en el transcurso de la V Conferencia Ministerial de la OMC, establezca sistemáticamente un canal de comunicación entre nuestra delegación oficial y las delegaciones de legisladores mexicanos y representantes de organizaciones sociales y productivas de la sociedad civil presentes en Cancún con motivo de dicha conferencia.

Tercero. Exhortar al Ejecutivo Federal para que proporcione las facilidades requeridas y garantice la libertad de expresión y manifestación de los participantes de la sociedad civil en los eventos paralelos en Cancún, con motivo de la V Conferencia Ministerial de la OMC.

Cuarto. Exhortar al Ejecutivo Federal para que, al término de la V Conferencia Ministerial de la OMC, fortalecer los mecanismos institucionales permanentes de consulta sobre negociaciones comerciales con representantes del Poder Legislativo y de los diversos sectores sociales y productivos del país.

Quinto. Señalar, además de no encontrar respuesta de los países desarrollados, las medidas que se pondrán en práctica para la defensa de los productores mexicanos en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo.

Firman la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Cruz López y Rafael Galindo, de Acción Nacional, Juan Molinar, del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Suárez Carrera, Carlos Hernán Silva Valdés, Alfonso Ramírez Cuéllar, Juan José García, Javier Salinas y su servidor, Antonio Mejía Haro.

Es cuanto.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Hay mayoría, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición.

Se ha registrado para intervenir en este tema, el señor diputado don Cruz López Aguilar.

Tiene el uso de la palabra.

El diputado Cruz López Aguilar:

Diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

México, como informó el Ejecutivo Federal, ha venido perdiendo competitividad, incluso en renglones donde presentaba amplias fortalezas, las circunstancias están cambiando rápidamente.

Los campesinos y productores rurales fueron, en términos prácticos, sacrificados en el Tratado de Libre Comercio. Lamentablemente no se han respetado tampoco los plazos acordados ni se han cobrado los aranceles convenidos para productos tan importantes como el maíz y el frijol, dejando en la indefensión comercial a la sociedad rural.

Hablemos de las asimetrías y desigualdades padecidas por los nuestros en los casi 10 años de operación del TLCAN.

Los productores mexicanos, por diferencias en los precios del diesel, la energía eléctrica y costos financieros, tenemos costos de producción 40 dólares por tonelada mayores a los que prevalecen en Estados Unidos y Canadá; mientras Canadá protegió a la agricultura y la leche por considerarlos productos sensibles, nosotros renunciamos a este derecho en el Convenio Bilateral con Estados Unidos, mientras en México los subsidios agrícolas representan apenas el 16% del valor de la producción en Estados Unidos superan el 30%.

La superficie cultivada por productor en Estados Unidos promedia 29 hectáreas y en México sólo 2 hectáreas. El 10% de la población con ingreso más alto en el área rural de México, acapara el 42% del ingreso rural y en Estados Unidos el 30%.

Mientras Estados Unidos ocupa el primer sitio en rango de competitividad, México se ubica en el 43 para igual número de productores. El gasto en investigación agropecuaria en México corresponde al 0.52% del Producto Interno Bruto agropecuario y en Estados Unidos el 2.6%.

En México tenemos únicamente 20 tractores por cada 100 productores y 1 mil 484 en Estados Unidos. El rendimiento de maíz promedia 2.5 toneladas por hectárea en México y en Estados Unidos 8.6 toneladas por hectárea.

Seguramente, compañeros diputados, estarán ustedes pensando, en este momento, por qué los productores y campesinos mexicanos dada par y paridad seguimos sembrando, la respuesta es muy sencilla, no tenemos otras opciones; sin embargo podemos ser sistemáticamente desplazados, como ya viene sucediendo y no está lejos el momento en que la dependencia alimentaria nos ponga de rodillas, por lo pronto el 50% de la alimentación del pueblo de México proviene del exterior.

Los resultados ahí están, la agricultura comercial, la de transición, la de autosuficiencia continúan en crisis. Los ganaderos, los ejidos forestales, los productores de café, los arroceros, los algodoneros, los productores de oleaginosas, sobreviven apenas o están en fase de extinción.

Los argumentos para no cobrar los aranceles pueden ser válidos desde el interés y puntos de vista de los consumidores, pero nosotros, los campesinos ahí estamos, somos el 25% de la población rural, de la población nacional. Aportamos el 20% de los empleos, somos el sector primario y eso no se debe de olvidar, y en lo que va de vigencia del TLCAN, hemos perdido 1 millón 700 mil empleos, lo que explica sobradamente el aumento anual de la inmigración.

El Acuerdo Nacional para el Campo suscrito por el Gobierno Federal y las organizaciones nacionales, compromete al Ejecutivo a defender a los productores nacionales, a medir los impactos del TLCAN en el área rural, a cuantificar los daños de la ley agrícola de Estados Unidos aprobada el año pasado, este pendiente debe ser satisfecho a cabalidad, como lo prometió el Presidente de la República en su informe presentado a esta legislatura.

Los apoyos extraordinarios entregados anualmente a los productores norteamericanos, que sumados a los que ya tenían, son del orden de 770 mil millones de peso anuales, una cifra siete veces mayor a lo que se autorizó a los nuestros en el presente año, ¿ustedes creen que se pueda competir bajo tales condiciones?

El Presidente de la República en su informe habló de la importancia de conseguir la reducción de los subsidios otorgados a los países por los países desarrollados, esto sin duda resulta fundamental, pero en la realidad seguramente será muy distinta y en la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Cancún este tema seguramente será y nuevamente postergado.

Por todo ello, el Gobierno Federal, honrando el Acuerdo Nacional para el Campo y la empecinada realidad comercial internacional, debe agregar a su posicionamiento, si los países desarrollados se niegan a cancelar los subsidios a sus productores.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el señor diputado Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Javier Orozco Gómez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Para los legisladores del Partido Verde es hora de que las políticas comerciales internacionales contribuyan realmente a lograr un comercio más justo y equitativo entre las naciones, en donde el desarrollo sustentable juegue un papel fundamental en todas las negociaciones comerciales.

La Cumbre de la Organización Mundial de Comercio a celebrarse en Cancún, arrancará en condiciones adversas y no se prevén acuerdos que impacten de manera positiva a todos los países por igual, pues difícilmente los países desa-rrollados modificarán su propuesta en materia agrícola y reducción de subsidios.

Sin embargo, esperamos que el Gobierno mexicano aborde de manera decidida los principales temas que aquejan al comercio mundial. En primer lugar, debe exigir el fin del dumping en las exportaciones, es decir, la venta de productos al mercado mundial a precios inferiores del costo de la producción. Está documentado que Estados Unidos y la Unión Europea, incurren en esta práctica en gran escala, afectando principalmente a los productores agrícolas.

En segundo lugar respaldar los conceptos generales del comercio justo, sistema independiente no gubernamental de acuerdos entre productores y compradores que garantiza que los precios pagados a los agricultores y cargados al consumidor final, sean justos y reflejen los costos totales de producción, inclusive los de protección ambiental.

En tercer lugar rechazar las propuestas de la OMC que incrementarían el control monopólico sobre semillas, animales, germoplasma y otros insumos necesarios para los agricultores, en particular, un fuerte rezado a las pretensiones del Gobierno norteamericano y de la Comisión Europea en materia de patentes.

En materia de comercio y medio ambiente hay mucho por hacer; cuando se supriman incentivos equivocados se evitarán daños medio ambientales como la extinción de especies de plantas, la sobrefertilización de los suelos y la sobreexplotación de mares.

Finalmente, insistimos en la necesidad de permitir que las naciones puedan emplear versiones genéricas y más baratas, de ciertas sustancias activas en medicamentos para poder enfrentar enfermedades como el SIDA y el cáncer.

Por todo ello, nos sumamos a este punto de acuerdo, exhortando a nuestro gobierno a realizar un máximo esfuerzo diplomático para alcanzar mayores resultados y para que sus posiciones sean firmes y reflejen realmente el sentir y las preocupaciones de todos los mexicanos. Pero sobre todo, el Presidente de la República se conduzca con estricto apego a la política exterior de México plasmada en nuestra Constitución Política.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, el señor diputado Juan Molinar Horcasitas.

El diputado Juan Molinar Horcasitas:

Con su venia, señor Presidente:

El Partido Acción Nacional coincide con los objetivos y valores señalados en los cinco puntos resolutivos de este punto de acuerdo.

Señalamos ciertamente que diferimos con varias de las consideraciones en él señaladas. Pero que importa más el acuerdo en lo sustantivo que la diferencia en los matices.

De hecho, es deber de lealtad a la verdad reconocer que el propio Ejecutivo Federal ha coincidido con acciones, en los objetivos y valores que persigue este punto de acuerdo.

La negociación del Acuerdo Nacional para el Campo entre las organizaciones nacionales de productores y el Gobierno Federal es una buena muestra de ello. Queda aún mucho por hacer en el cumplimiento de todo lo pactado; por eso es necesario fortalecer el espíritu de colaboración que facilitó el acuerdo y sobre todo renovar los empeños de todos: productores y Gobierno Federal, Poderes Ejecutivo y Legislativo, en el cumplimiento de lo pactado.

Por lo que hace al respeto al derecho de la libertad de expresión, uno de los puntos señalados en este acuerdo, el Gobierno de Vicente Fox ha mostrado en los hechos su absoluto compromiso con las libertades. Lo ha hecho en ocasiones similares a las que en estos días se celebrará en Cancún, lo hará en Cancún y lo hará a lo largo de todo su Gobierno.

El punto trascendente, sin embargo, es que el interés común de los mexicanos está en el fortalecimiento de nuestras posiciones de negociación ante las economías del mundo. En ésta y otras materias la competencia no es entre mexicanos. En materias comerciales, y muy particularmente en asuntos comerciales relacionados con el campo, la competencia es entre México y las economías desarrolladas que quieren liberalismo pero en milpa ajena.

No podemos entrar a una guerra de subsidios con economías que tienen tamaños y capacidades de acción muchas veces superiores a los de los mexicanos, pero sí podemos tomar acciones, tanto en materia comercial como en materia de política interna, que fortalezcan las posibilidades de nuestros productores para prosperar tanto en el comercio interno de sus productos como en la competencia internacional.

El punto de acuerdo presentado el día de hoy comparte estos objetivos; Acción Nacional también los comparte. Señalamos nuestra disposición al acuerdo en lo fundamental y a nunca olvidar que en estas materias la competencia no se da entre mexicanos. La competencia se da con las economías del exterior que se niegan, en todos los casos, a entender las razones ---en algunos casos--- a entender las razones que amparan a las economías en desarrollo.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan José García Ochoa.

El diputado Juan José García Ochoa:

Con su permiso, señor Presidente. Para nosotros, para el Partido de la Revolución Democrática, es muy importante que el Congreso mexicano, a través de esta Cámara, tome un posicionamiento en relación a esta reunión ministerial, que tiene tantas implicaciones en la vida cotidiana no solamente de los mexicanos, sino de muchos ciudadanos del mundo.

Si bien es cierto que la apertura comercial, la apertura de los mercados, ha tenido algunos efectos positivos, la globalización desregulada ha tenido unos altos costos económicos y sociales por lo menos durante las dos últimas décadas.

El comercio mundial en mercancías, servicios y finanzas ha crecido rápidamente, pero además la desigualdad en el seno de las sociedades, tanto las industrializadas como las que están en vías de desarrollo, ha aumentado.

La desigualdad entre las naciones pobres y las ricas refleja un aumento constante y está alcanzando niveles sin precedentes.

Mientras que la teoría keynesiana subrayaba que el Estado tenía la responsabilidad democrática de influenciar el desa-rrollo económico, las teorías neoliberales demandan la separación de la economía y de la política con el objeto final de mantener la economía fuera del control democrático. Por eso todos los esfuerzos que se hagan por regular y por mantener un control democrático de los procesos democráticos, sociales a nivel global, son bienvenidos.

Es importante también señalar que nosotros quisiéramos que el Congreso tuviera mucho mayor participación en la negociación en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Vemos a muchas delegaciones de otros países, en las cuales están inmersos sus legisladores negociando junto con las organizaciones sociales, junto con los productores, y es triste ver que por nuestro sistema político el Congreso mexicano está casi siempre ausente o en un segundo lugar en las negociaciones comerciales. Es importante que nosotros revirtamos esa tendencia a favor de una mayor participación de esta representación popular frente a las negociaciones que involucran finalmente también los intereses de nuestros representados.

Para nosotros es importante también señalar algunos temas, resaltar algunas posiciones que el Gobierno debiera asumir.

Primero. Que debieran concluirse primero los asuntos que están pendientes y posteriormente pasar a lo que se conoce como los temas de Singapur o los nuevos temas.

Creemos que están pendientes todavía por resolver el tratamiento especial y diferenciado, la propiedad intelectual, la salud pública y las modalidades de agricultura, previamente a la inclusión de los nuevos temas en las negociaciones.

Nos parece también importante que mantengamos y fortalezcamos la cobertura de los servicios públicos independientemente de la negociación comercial.

El acceso a los medicamentos debe ser garantizado entendiendo que la salud pública es una prioridad de los estados y no puede ser sujeta tampoco al mercado.

Cada país debe tener la posibilidad de producir o de importar medicamentos genéricos si los necesita, para proteger la salud pública de sus habitantes.

Nos oponemos también y quisiéramos ver al gobierno oponerse a las patentes sobre la vida. También estamos a favor de proteger la independencia de los acuerdos multilaterales ambientales. No admitiríamos, no admitimos que la Organización Mundial de Comercio y sus reglas estén por encima de otros acuerdos en materia ambiental. Creemos que deben prevalecer sobre el comercio, las regulaciones medioambientales.

Otro asunto a resaltar es la perspectiva de la multifuncionalidad de la agricultura en el mundo. Es decir, el tema agrícola es un tema complejo, un tema difícil en el cual se cruzan muchos intereses; pero sí creemos que el tema de la alimentación debe ser un tema de soberanía nacional y que debe de estar garantizado por parte de los Estados la soberanía alimentaria, es decir, la alimentación de su propio pueblo, por encima también de los acuerdos comerciales.

También pensamos que las regulaciones o las reglas en materia de trabajo deben estar también por encima de las regulaciones o de las reglas de comercio.

Las normas, acuerdos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, deben estar también por encima de los acuerdos relacionados con comercio.

Y por último los países deben tener también el derecho a aplicar sistemáticamente los principios de precaución y de sustentabilidad. Creemos que en cada negociación el Gobierno mexicano debe llevar un estudio de impacto ambiental y de impacto social en cada tema que se negocie y tener la libertad de determinar el riesgo que puede existir en cuanto a la salud y el bienestar de sus ciudadanos y del medio ambiente, y de adoptar las medidas de precaución correspondientes.

Nosotros saludamos el documento aquí presentado como punto de acuerdo y sí quisiéramos finalmente decir que el estado mexicano, las autoridades del estado de Quintana Roo, las autoridades municipales, deben garantizar el derecho a la manifestación, garantizar las condiciones humanas incluso para que unas multitudes de este tamaño puedan estar con comodidades en Cancún para poder manifestarse, para poder reunirse, para poder discutir también en los foros que existen.

Y pedimos también, como pedimos de la OMC, al Gobierno mexicano que se conduzca bajo los principios de transparencia en la negociación y de rendición de cuentas de lo negociado a las organizaciones involucradas y también a esta soberanía.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Rodríguez Fuentes.

El diputado Agustín Rodríguez Fuentes:

Muy buenos días, con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El tema que se aborda es algo que debiera de tener una discusión muy profunda no solamente para el evento próximo que se habrá de realizar de la Organización Mundial de Comercio en la ciudad de Cancún, sino que debiera abordarse en su discusión plena las repercusiones y el impacto que ha tenido en nuestro país las decisiones y lineamientos que se toman en la Organización Mundial de Comercio y que, por lo que se ve y se siente, nuestro Gobierno Federal sigue a pie juntillas.

Por eso es importante que pudiéramos tener en este punto de acuerdo abordar el tema del Tratado de Libre Comercio, en su discusión de una sesión plenaria de esta Cámara.

La próxima V Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio contiene en su agenda, entre otros puntos que son esencialmente adversos, a los trabajadores y a los pueblos de la mayoría mundial el planteamiento de liberalizar los servicios en materia de educación, lo que implica una franca amenaza a la existencia del sistema de educación pública, gratuita y laica y sustentada por los recursos del Estado establecido en el artículo 3º Constitucional.

Así, dentro del acuerdo general sobre el comercio y de servicios, en la Organización Mundial de Comercio se pretende imponer a ultranza la apertura y/o privatización de los servicios públicos en general como son: el abastecimiento de agua, la generación y distribución de electricidad, el cuidado y sustento del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales, la atención a las necesidades en materia de salud, educación, cultura, seguridad social, correo, servicios de transporte y municipales. Dicha apertura está contemplada de manera exclusiva y unilateral a favor de los grandes capitales y los monopolios transnacionales, con sedes predominantementes en las potencias hegemónicas. Mientras se excluye de hecho cualquier posible participación de iniciativas de las organizaciones sociales y del sector laboral organizado.

En lo que respecta a la liberalización del comercio en la educación este proceso se ha venido articulando en el marco de las diversas negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, desde las cúspides de las grandes transnacionales y las cúpulas gubernamentales y países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón y Australia han venido integrando una plataforma de propuestas al respecto, convocatoria que no incluye sino que obstruye las demandas y planteamientos de las organizaciones democráticas y de las mayorías demográficas del mundo.

En razón de lo anterior esta Cámara debiera pronunciarse por demandarle, no exhortarle al Ejecutivo Federal, demandarle que sea por una defensa irrestricta de la educación pública laica y gratuita, aumento del presupuesto a las instituciones de educación pública en nuestro país, anteponer en todo momento el derecho a la educación consignado en nuestra Carta Magna, con el que el Estado mexicano retome el papel de eje rector que en materia de educación le corresponde, fortalecer el sistema educativo nacional y finalmente hacer pública la postura del Gobierno mexicano en la V Reunión Ministerial de Cancún; de salvaguardar nuestra soberanía nacional al rechazar cualquier negociación que ponga a la educación como un proyecto comercial cualquiera y a los estudiantes como simples consumidores.

El libre pensamiento no es una mercancía y no está sujeto a presiones de mercado y el embate privatizador no podrá hacer mella en una nación que esté fortalecida en sus instituciones.

Asimismo, expresamos nuestro rechazo a los mandatos del Banco Mundial, disfrazados de la propuesta gubernamental de reforzar supuestamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en los rubros de la administración, sistemas de pensiones y servicios de salud, transfiriéndolos a régimen privado. En la vía de los hechos, la liberalización de los servicios significa la privatización de los servicios de salud de 10.1 millones de mexicanos.

A los asistentes y participantes en la V Reunión Ministerial y a los representantes de las grandes empresas transnacionales, les debemos manifestar que pugnamos por un comercio justo entre los pueblos, por eliminar el tema de la agricultura de las nuevas rondas de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que nos sumamos a las propuestas de las organizaciones campesinas mexicanas por la exclusión definitiva del país y el frijol, del proceso de liberalización comercial del TLC.

Las razones sobran: defensa de la seguridad nacional, de la soberanía alimentaria, la preservación del empleo rural en el escenario de la recesión en México y Estados Unidos; la reintroducción de restricciones cuantitativas a las importaciones de los productos de las cadenas alimentarias clasificadas en la ley además del maíz y frijol como caña de azúcar, trigo, sorgo, arroz, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves y pescados, por sus efectos letales hacia el equilibrio ecológico y la rica biodiversidad; uno de los recursos naturales no renovables y de especial relevancia en la vida y la riqueza de México.

Decimos un no categórico a la introducción y producción local de alimentos orgánicamente modificados, transgénicos en nuestro país.

Por eso resulta importante que debiera aprobarse un pronunciamiento de este tipo manifestado por la Cámara de Diputados, demandándole al Gobierno Federal que será la representación de México en este foro tan importante, en donde se decide el futuro de los mexicanos, en donde nos encontramos ya producto de los lineamientos que se han definido por la Organización Mundial de Comercio, por la Banca Internacional de Desarrollo, por el Fondo Monetario Internacional, en donde se nos ha impuesto un modelo económico neoliberal, producto de esos lineamientos que ha llevado al empobrecimiento a más de 57 millones de mexicanos y que ahora se encuentran en la franja de la pobreza extrema más de 20 millones de mexicanos.

No debemos permitir que se continúe con una línea política, económica y social en una orientación de ese tipo, estas definiciones han generado más empobrecimiento a los mexicanos. Es tiempo de cambiar el rumbo de México.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Oscar González Yáñez.

El diputado Oscar González Yáñez:

Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

La Reunión de la Organización Mundial de Comercio que se celebrará en Cancún representa una enorme oportunidad para que el Gobierno mexicano de una vez y por todas defienda los intereses de los campesinos y de los más pobres de nuestro país.

La apertura salvaje de la economía de nuestro país, producto de la adoptación del modelo neoliberal trajo como consecuencia que la agricultura tradicional mexicana fue arrasada en unos cuantos años.

Como bien se ha dicho, la liberación del comercio canceló todo lo bueno del modelo anterior e instauró todo lo malo de un modelo vigente, la apertura de nuestra economía hacia el exterior altamente valorada por los últimos gobiernos y considerada como ejemplar para sus brillantes logros macroeconómicos, se está desfondando de manera dramática, porque como lo expresó el Presidente Lula da Silva en el Foro Económico Mundial de enero de este año, de nada nos valdrá los esfuerzos entre exportadores que queremos impulsar si los países ricos siguen defendiendo el libre comercio y practicando el proteccionismo.

En la última Reunión de la OMC de 2001 celebrada en Qatar, se acordó cambiar este escenario de desigualdad e ini-quidad, pero a unos cuantos días de una nueva cumbre no se ha cumplido ninguna de las promesas formuladas por dicho foro.

Por su parte, las declaraciones de los países más ricos como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón que son los que dan mayor cantidad de subsidios en el mundo, no muestran disposición para que las cosas sean diferentes.

Estos gobiernos, particularmente los del norte, dedican actualmente 1 mil millones de dólares a subsidios agrarios, lo que significa un mundo seis veces superior a los gastos que se destinan en ayuda al Tercer Mundo. Esto es un hecho revelador que no podemos dejar pasar.

La administración Bush por ejemplo, en su proyecto de Ley para el Campo del año 2002 estipula un incremento del gasto en 8 mil millones de dólares cada año. En conjunto el gobierno de Estados Unidos otorgó para el año 2000 subsidios por 92 mil 536 millones de dólares, en tanto que México para ese mismo año canalizó subsidios al campo por 7 mil 396 millones de dólares, lo cual representa alrededor de unas doce veces menos del que los países del norte destinan a su sector agropecuario.

Las consecuencias de estas políticas de subsidios de los países ricos han tenido un efecto devastador para los campesinos y los pobres del mundo. En México, a partir de la puesta en marcha del TLC en 1994 los precios internos de maíz han caído en más del 70% y por supuesto es la población más desprotegida que sufre los efectos de esta política.

En 1993, una tonelada de maíz tenía un precio promedio de 800 pesos, mientras que el kilo de tortilla valía 50 centavos. Para el 2001 la tonelada de maíz costaba 200 pesos mientras que el kilo de tortilla valía dos pesos.

Quince millones de mexicanos que dependen de este cultivo enfrentan enormes dificultades para subsistir.

Dicho de manera más clara, compañeras y compañeros, están sumidos en la miseria. Durante todos los años de la apertura comercial, nuestro país ha tenido un saldo comercial desfavorable en materia agropecuaria, con excepción de 1995 por cuestiones de la devaluación de nuestra moneda. Hasta el Banco Mundial en los últimos dos años ha recomendado que los países desarrollados reduzcan sus subsidios a la agricultura y disminuyan las barreras arancelarias a los productos de las naciones menos desa-rrolladas; debemos detener cuanto antes la destrucción de los mercados locales y regionales de alimentos de los países en desarrollo, so pena de sufrir un daño que sería irreversible para la población mundial.

En este momento, altamente lesivo para millones de pobres del mundo que viven en el campo, es cuando se celebra esta reunión de la OMC en nuestro propio país. México debe alzar la voz por los pobres del campo; el Ejecutivo Federal tiene que sustentar una postura que reivindique a los campesinos y a los pobres de México y del mundo.

Hace unos cuantos meses, en el Palacio Legislativo, los campesinos decidieron hacerse oír ante la sordera del Presidente. Las organizaciones campesinas hicieron uso de la lucha y la movilización para que se atendieran sus justas demandas.

Los acuerdos firmados por el Ejecutivo Federal y los productores rurales deben ser parte sustancial de la postura que México debe de asumir en el encuentro mundial en Cancún.

Están en juego no sólo el campo sino la soberanía alimenticia y la preservación de la ecología y el medio ambiente. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, consciente de la importancia que representa para los campesinos de México y del mundo la reunión de la OMC en Cancún, considera que nuestros representantes gubernamentales deben plantear las siguientes

Consideraciones

1. El Gobierno de México debe demandar en la reunión de Cancún la revisión y posterior renegociación del Tratado de Libre Comercio.

2. México debe de recuperar su derecho a proteger aquellos cultivos y productos que considere esenciales para la seguridad alimenticia y el desarrollo del país.

3. Los países de la OMC, deben acordar en Cancún un calendario para la eliminación completa del dumping en las exportaciones agrarias.

4. Eliminación de los subsidios directos a la producción y restricción de los apoyos crediticios en la fase de la comercialización de los países desarrollados.

5. Debemos garantizar en materia de agricultura, el derecho que tienen los países en desarrollo a proteger de forma efectiva su sector agrario, en un esquema de economía sustentable y seguridad alimenticia.

6. Otorgar financiamiento preferencial para la capitalización del campo de los países en desarrollo.

7. Respetar y fortalecer las medidas orientadas a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

Por estas consideraciones, el Partido del Trabajo se manifiesta y se pronuncia a favor del punto de acuerdo que se ha manifestado aquí.

Muchas gracias compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Julián Nazar Morales.

El diputado Julián Nazar Morales:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hablar de la OMC, es hablar de un proyecto globalizado que los países del mundo, los grandes capitales avasallan a los países en desarrollo. Es triste llegar a este Congreso y ver que el interés de la gran mayoría de los diputados se transforma más en número que en la realidad que vive el país.

Hace unos días, el 1º de septiembre para ser exacto, me tocó oír un mal chiste que uno de los que cuentan cuentos en México, como es el Presidente de la República, nos dejó un mal sabor de boca; decía: ``que México ha abatido ya el rezago de la pobreza'' y vemos con tristeza de que cada día se incrementa más.

Si tomó como parámetro que revisó las estadísticas de las familias que integran el gabinete hoy, de los que ya emigraron a Estados Unidos y de los que ya murieron de hambre, estoy de acuerdo. En ese sentido, creo que sí ha abatido la pobreza.

La política de los acuerdos nacionales para el campo se ha quedado en mero discurso de las instituciones y del Gobierno. Se ha plasmado un acuerdo emergente para el campo de 2 mil 800 millones de pesos y no se ha llevado a cabo ni siquiera en discurso para ver qué estados o qué parte de la República han aterrizado estos acuerdos; pero lo más triste que vemos, es que no hay un acuerdo de la Cámara de Diputados para hacerse escuchar en ese Organismo Mundial de Comercio, que se va a llevar a cabo en Cancún, para decirles cuál es el posicionamiento de los mexicanos.

Estoy de acuerdo con todos mis compañeros diputados que han hecho uso de la tribuna que nos pongamos de acuerdo hoy, para que junto con el Senado podamos llevar la propuesta política de la Cámara de Diputados en relación al campo de México.

No se puede estar con una política globalizada, cuando se acepta a pie juntillas ser el verdugo de los productores del campo y tener en la miseria más profunda a las personas que dependemos de ellas. Hoy vemos con tristeza los cinturones de miseria que se han integrado en las grandes ciudades y el éxodo de los campesinos, hijos de campesinos que emigran hacia otros países para buscar mejores condiciones de vida.

Este programa del Organismo Mundial de Comercio, es un programa esbozado que trae toda la política en contra de los que menos tienen. Hoy tenemos 25 millones de mexicanos que dependemos del campo, que estamos en el vil abandono y no nada más en el comercio, porque para poder ser realmente rentables en la producción, tenemos que ser realmente acompañados con apoyos fiscales, porque ya no quieren que se llamen subsidios.

Estados Unidos, escuchaba aquí los números que han dado, no 96 mil, este año le destinó un proyecto multianual de 190 mil millones de dólares. Hablaban los ministros de agricultura en 1998, en San Diego, que no sabían cómo repartir esos recursos para hacerlos llegar a los productores del campo, mientras en México aceptamos a pie juntillas la desaparición de todo apoyo fiscal que pueda llevarse a la producción al campo.

Por eso, es importante desde todos los sectores y de todos los partidos que hagamos una causa común. No es posible que digamos, que le vamos a pedir a los países como Estados Unidos que se ha erigido en el primer productor del mundo, a que retire los subsidios, nunca nos va a hacer caso. Mejor le pedimos al Presidente de la República, que establezca reglas claras que permitan mayor agilización para poder hacer llegar los subsidios al campo, para hacer más rentable el sistema alimentario mexicano.

Por eso es importante, que le hagamos un llamado al Presidente de la República, que no agarre al nacionalismo moderno. El nacionalismo moderno que él dio a conocer el día primero, es aceptar la globalización como lo marcan sus reglas. Hay países que hacen oídos sordos a esas reglas de la globalización y que le permiten a sus productores ser rentables .

Esto es más preocupante todavía, unos se están quedando en la revisión del Tratado de Libre Comercio, cuando este Organismo Mundial que se va a llevar en Cancún, trae la llave para llevar un Acuerdo de Libre Comercio con las américas. Eso es realmente lo que están buscando ya en estos escenarios internacionales para ver ese gran mercado que es México y que son los países de Centroamérica, países que no vamos a tener ninguna oportunidad de ser competitivos, pero vamos a ser esclavos en nuestras propias tierras, vamos a ser mano de obra barata como lo anda vendiendo el Presidente, en todos los países que sale fuera a recorrerlos; una mano de obra que únicamente vamos a ser parias de los grandes capitales.

Yo quiero pedirle a todas las fracciones que hagamos un pronunciamiento pero como fracción del Congreso de la Unión: llevar nuestro punto de vista a ese organismo. Esta es una bomba de tiempo social que se está gestando ya desde hace años y que hoy este Gobierno en tres años le ha recortado la mecha para que el estallido se dé antes del 2010. Por eso es preocupante que revisemos bien.

Aquí nos han hecho llegar ya los acuerdos del PPP (Plan Puebla-Panamá). No es más que hacerle más viable al mercado internacional, con todos los destrozos que va a traer para las familias mexicanas. Se habla del ALCA, del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas que va a ser la puntilla del campo de México para desaparecerlo de este programa, por eso es importante que como fracciones y como productores del sector rural, de organizaciones sociales, nos juntemos, nos olvidemos de los colores de partido y hagamos un frente común para defender los principios elementales de las familias campesinas.

No es posible ver a nuestros hermanos, a nuestra familia emigrar hacia otro país donde se está erigiendo como el primer productor del mundo, donde no se tientan el alma para meternos todos los transgénicos, las carnes engordadas con elementos que son dañinos a la salud humana y que no hay quién lo regularice. Hoy empiezo a hablar que ya van a poner algunas condiciones para ver los productos que entran a México, con qué son tratados, mientras Europa lleva 10 años que no le permite a Estados Unidos ningún producto, sea carnícola o sea de producción rural, que pueda entrar a su país si no le garantiza con qué fue cultivado y con qué fue engordado. Por eso yo pido aquí a los compañeros de las diferentes fracciones y pedirle a nuestros coordinadores de fracción que se integre una comisión que vaya a Cancún y les exijan a todos los delegados que vienen del mundo a que no acepten la globalización como una desaparición de la gente rural del campo.

Como líder campesino tenemos la obligación de velar por nuestra gente. Hoy tenemos el abandono total en el campo, no ha aterrizado ningún programa y los tiempos de cultivos no esperan, ni las temporadas de lluvias. Los tecnócratas que han revisado y han hecho las normativas de las instituciones en México no conocen la problemática del campo, por eso les pedimos a todos los compañeros diputados que vienen de mayoría, que somos 300, que platiquemos, que nos juntemos y exijamos políticas que lleguen viables y que sean realmente de alternativas para que nuestra gente pueda tener oportunidad ahí.

Les agradezco a todos y espero contar con el apoyo de mi fracción para que saquemos un punto de acuerdo e ir a exigir ante ese organismo que no nos tomen como mercado, que nos tomen como socio; que nos tomen como pares, pero no que seamos los conejillos de indias para el gran mercado que tiene Estados Unidos.

Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

En relación con el punto de acuerdo presentado por el diputado Antonio Mejía Haro, del PRD, hicieron uso de la palabra los señores diputados Cruz López Aguilar, del PRI; Javier Orozco Gómez, del Partido Verde; Juan Molinar Horcasitas, del Partido Acción Nacional; Juan José García Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; Agustín Rodríguez Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática; Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo y Julián Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutida.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición, por lo tanto, los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese.

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ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día y de conformidad con el artículo 7º numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se llevará a cabo el análisis del III Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, en los temas de Política Económica y Política Social.

Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado en la sesión del jueves 4 de septiembre.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Junta de Coordinación Política, LIX Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la glosa del III Informe de Gobierno del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 numeral 1, inciso b) y 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que a la apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso General, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la Administración Pública del país.

Segundo. Que el artículo 7o. párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General establece que las cámaras del Congreso de la Unión, analizarán el informe presentado por el Presidente de la República y que dicho análisis se desarrollará clasificándose por materias en política interior, política económica, política social y política exterior.

Tercero. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al pleno, proyectos de punto de acuerdo sobre asuntos que deban ser desahogados en ese órgano.

Cuarto. Que la Junta de Coordinación Política en reunión celebrada el 2 de septiembre de 2003, consideró oportuno que con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7o. numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el análisis del informe presentado por el Presidente de la República, se lleve a cabo en lo conducente en las sesiones ordinarias del próximo martes 9 y jueves 11 de septiembre de 2003, en cuyo caso los grupos parlamentarios, en principio, puedan abordar el martes 9 de septiembre los temas de política económica y política social y el jueves 11 política interior y política exterior.

Con base en los considerandos expuestos y con fundamento en los artículos 7o. y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente

ACUERDO

Primero. Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7o. numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el análisis del informe presentado por el Presidente de la República, se llevará a cabo en lo conducente en las sesiones ordinarias del próximo martes 9 y jueves 11 de septiembre de 2003.

Segundo. Para estos efectos el martes 9 se abordarán los temas de política económica y política social, y el jueves 11 política interior y política exterior.

Tercero. En dichas sesiones para cada uno de los temas, los grupos parlamentarios podrán intervenir en dos rondas, hasta por 10 minutos cada una, en cuyo caso se realizarán en orden creciente en razón del número de diputados que integran cada grupo.

Cuarto. Comuníquese a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo, México, DF, 2 de septiembre de 2003.--- Fiman: diputada Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta y Coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Francisco Barrio Terrazas, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Pablo Gómez Alvarez, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro González Yáñez, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Jesús Martínez Alvarez, Coordinador del grupo parlamentario de Convercencia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

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ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO. POLITICA ECONOMICA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En primer lugar, se llevará a cabo el análisis del III Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, en el tema de Política Económica.

De conformidad con el punto tercero del acuerdo dado a conocer, los grupos parlamentarios han inscrito para que intervengan en la primera ronda a los siguientes diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, del Partido de Convergencia; Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México; Guillermo Huizar Carranza, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Angel Toscano Velasco, del Partido Acción Nacional y Tomás José Ruiz González, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, hasta por 10 minutos.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:

Con su permiso, señor Presidente.

Pocos son ya los mexicanos que recuerdan los beneficios de un crecimiento económico sostenido. Las últimas generaciones no han conocido más que breves periodos de crecimiento, seguidos de intensas y frustrantes crisis. Más grave aún es que, como resultado de esos ciclos, la desi- gualdad social y económica se ha profundizado. Cada vez son menos los beneficiados de los frutos de una economía que se dice está en el noveno lugar de las más grandes del planeta, pero que en contraste, se encuentra abajo del lugar 50 en cuanto a ingreso per cápita.

Aunque algunos sectores se han modernizado, son más los que permanecen en el atraso. Son esos sectores los que encuentran la posibilidad de exportación, mientras que el mercado interno se reduce junto con la capacidad de la mayoría de la población, para allegarse los bienes y servicios a los que todos tenemos derecho.

El desarrollo, que debería ser la consecuencia de una economía vigorosa, se encuentra aún muy lejos para la mayoría de los mexicanos. En los últimos años, el gobierno se ha preocupado, y qué bien, por mantener indicadores macroeconómicos de calidad mundial, obteniendo de vez en cuando las mejores calificaciones de los poderes económicos mundiales; pero lamentablemente ni en los mejores momentos del desempeño de la economía, ha sido posible incorporar de manera generalizada a la población; cada vez son más los excluidos.

El Presidente Fox ofreció un crecimiento de la economía del 7% anual, razones de por las que no se ha logrado, válidas o no, salen sobrando. Por eso hasta ahora el proyecto económico de esta administración sigue siendo una promesa. En los últimos años, el PIB no ha podido crecer ni al 2%. ¿Cuánto tendríamos que crecer el resto del sexenio para alcanzar un promedio del 7%? Lógicamente sería imposible lograrlo.

Pero no se trata de quedarse en el reclamo ante la promesa incumplida, sino de recuperar un proyecto que permita, en el menor plazo posible, reemprender un crecimiento económico.

Coincidimos en que reactivar el mercado interno es en este momento el mejor camino para recuperar el crecimiento sostenido y para ello, hay que iniciar una serie de reformas estructurales, concretamente la fiscal, la energética y la laboral.

Sin embargo, sigue habiendo ausencia de un proyecto global. ¿De verdad ampliando la recaudación fiscal, abriendo más a los particulares la producción y distribución de energéticos, flexibilizando la legislación laboral, estaremos sentando las bases para el crecimiento del futuro? Es imprescindible que estas medidas se concatenen con otras, por ejemplo, de política de crédito, de comercio exterior y de inversión pública.

El informe señala que el Poder Ejecutivo dio a conocer el programa para impulsar el desarrollo con base en el fortalecimiento del mercado interno, a fin de atenuar la dependencia del ciclo económico nacional al comportamiento de la economía, en particular de la estadounidense. El programa establece cuatro grandes frentes: competitividad, fomento a la infraestructura física, la apertura eléctrica, participación de empresas nacionales en licitaciones públicas y apoyo a proveedores del sector público y promoción de la inversión a través de medidas fiscales.

¿Cuándo y cómo esperan instrumentar estas medidas, sobre todo la segunda, que está sujeta a que se legisle en materia de apertura del sector eléctrico? Y, si ya hay avances ¿cuáles son?

Otra variable que muestra lo difícil que ha sido fortalecer el mercado interno es el ahorro, que no sólo no se ha sostenido, sino que ha caído al 19.2% del PIB en el primer trimestre del año.

Esperamos que el mercado interno crezca solamente mediante mayor consumo o que a través de mayor ahorro se financien proyectos productivos.

Además, la tasa de desempleo abierto, que es la variable económica que más creció en estos tres años, no nos hace abrigar grandes esperanzas de fortalecer el mercado interno, aun cuando el ingreso de los que sí tienen empleo mejore no será suficiente.

¿Cuál es la relación entre la política laboral y la económica? Hasta ahora pareciera que la atención se centra sobre la reforma a las leyes que regulan el trabajo para darles mayor flexibilidad, sin que haya garantías de que castigar al factor trabajo impulsará una economía pujante, que cada vez absorba más fuente laboral que verdad creemos que la legislación vigente es un obstáculo para propiciar mayores inversiones.

De la estabilidad económica nos parece que la baja inflación de los últimos años, está más ligada a la inactividad económica que a las medidas de atingencia que aplica el Banco de México.

¿Cuáles medidas se han previsto para que una aceleración de la actividad económica, si es que esto fuera posible, no afecte las metas de control de la inflación?

En cuanto a la deuda pública y la salud de las finanzas públicas, y con el fin de saber exactamente es dónde estamos situados y prever situaciones a futuro, ¿cuándo se decidirá el Gobierno a establecer su monto único, agregando de manera clara las deudas contingentes, como los Pidiregas, rescates bancarios, carreteros y fondos de pensiones del IMSS y del ISSSTE?

Uno de los motores para reactivar el crecimiento, es una adecuada política de tasas de interés, pero que además sea llevada a la práctica por los ahorradores e inversionistas y sobre todo por los banqueros para reactivar el crédito.

¿Qué medidas se han tomado y se tomarán para incentivar la operación de los créditos? La creación de un mercado interno fuerte, requiere replantear la política de comercio exterior, es decir, saber cómo se articulará la importación y exportación de bienes servicios con la política de reactivación.

Las cifras desde 1997 nos arrojan un déficit constante, a pesar de que se nos dice que somos potencia exportadora. No hemos tenido la capacidad para vender más de lo que compramos, y entre lo que compramos no están los bienes de capital que requiere una industria fuerte, requisito a su vez de una verdadera reactivación económica.

En conclusión, cómo ayuda la política de comercio exterior al objetivo de fortalecer el mercado interno.

Distinguidos miembros de esta legislatura, el III Informe presidencial destaca de manera reiterada la profunda paradoja que vive el país respecto de una saludable e incluso avanzada macroeconomía y una desigual, precaria e ine-quitativa microeconomía, en la que una gran parte de la sociedad se debate en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Se destaca así que la inflación es la menor en los últimos 34 años, que las tasas de interés son las más bajas en décadas, que disponemos de las reservas internacionales más altas de la historia, que el riesgo-país es sumamente favorable y que tenemos el grado de inversión de las principales agencias calificadoras.

Continúa con contradicciones al subrayar la debilidad fiscal del Estado, y enfatizando un esquema de finanzas públicas sanas pero precarias.

El informe asume que la activación de las reformas estructurales propuestas, fiscal, energética y laboral, constituirá la palanca que liberará el potencial del país, sin indicar políticas o acciones al respecto.

Aun cuando la realidad muestra profundas y abismales inconsistencias, el informe insiste en la voluntad del Estado por hacer convergentes las políticas sociales y económicas, sin embargo, es evidente la ausencia de compromisos puntuales para revertir las progresivas devaluaciones en la calidad de vida de los habitantes del país.

En resumen, la reactivación económica necesita que todas las políticas económicas estén articuladas y que todas propendran al mismo objetivo para que las debilidades, en cualquiera de ellas, puedan ser compensadas con la fortaleza de otras, sin caer en contrasentidos.

Pero sobre todo la economía debe estar al servicio de los mexicanos, hay que insistir, la economía no es un fin, es un medio para el desarrollo y el bienestar de los mexicanos.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.

El diputado Pedro Vázquez González:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Estamos a la mitad del sexenio del gobierno foxista y la economía mexicana se encuentra postrada. En tres años el Producto Interno Bruto ha crecido a la misérrima cifra del cero punto 6%, promedio anual; monto equiparable a la tasa de crecimiento de la década de los ochenta.

Tenemos la más alta tasa de desempleo que se haya visto en la historia reciente del país, si exceptuamos la de 1995 donde la economía mexicana presentó la crisis más aguda en la segunda mitad del siglo pasado.

La deuda pública ha crecido de manera impresionante en los últimos años, en diciembre de 2000 representaba el 36.81% del Producto Interno Bruto y para junio de este año alcanza ya el 43.8% es decir, en tan solo tres años del gobierno del Presidente Fox, la deuda aumentó en 7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.

Si cada punto porcentual del PIB es equivalente a 6 mil 500 millones de dólares, aproximadamente en términos monetarios la deuda creció en 45 mil 500 millones de dólares.

De todo ese monto estratosférico un 20% del PIB es atribuible a los salvamentos de los banqueros, de los proyectos carreteros, de los ingenios y de las líneas aéreas. Estamos hablando de una cantidad que es equivalente a la suma de las reservas del país y que está destinada a cubrir la ine-ficiencia y corrupción de las privatizaciones.

En estas condiciones es imposible consolidar una economía con crecimiento sólido y estable. Todo ello como bien sabemos, se refleja en una caída del empleo. La población desocupada, según información del tercer informe del Presidente Fox, se ha incrementado en un 25% aproximadamente a lo largo de la gestión posfoxista.

Las industrias que han destinado sus productos al mercado externo han sufrido un enorme descenso en su producción; entre ellas la industria maquiladora y automotriz, que han despedido a miles de trabajadores. México ha sido desplazado por China en el mercado estadounidense, no obstante contar con una ventaja geográfica envidiable.

En lugar de enfrentar esa competencia haciendo cosas que dinamicen a la economía, se ha mantenido en una camisa de fuerza a las finanzas públicas, restringiendo las variables macroeconómicas como el tamaño del déficit público, la astringencia en el circulante y controlando la inflación a toda costa; en lugar de aumentar la inversión pública en infraestructura física para desarrollar nuestros puertos, carreteras y los sistemas de riego. Por el contrario, en los rubros presupuestales relacionados con el gato corriente y en particular con las provisiones salariales, el gobierno no tiene empacho en gastar más al presentar sobre ejercicios de 178.8% durante el primer semestre de este año.

Para favorecer a las grandes empresas que están endeudadas en dólares, se mantiene un peso sobrevaluado entre un 15 y 20%, castigando con ello nuestras exportaciones. Este es el Gobierno del cambio.

Con la imposición del gobierno neoliberal en América Latina, en particular en nuestro país, se estableció la supremacía de la moneda sobre la producción y de las finanzas sobre la economía real, dando como resultado un funesto mecanismo de gestión macroeconómica.

Formalmente su función ha sido la estabilidad de precios, pero en realidad ha quedado al servicio de la especulación y la constitución de una gigantesca economía rentista, centrada en la emisión de valores gubernamentales y su acaparamiento por un puñado de capitalistas financieros que son los que en realidad dictan la política monetaria tras la fachada de la autonomía del Banco de México.

El dogma de la estabilidad de precios y su hermano gemelo, la convergencia inflacionaria con Estados Unidos, que son parte de los arreglos secretos de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tienen situada la planta productiva debido a la sobrevaluación cambiaria en un momento especialmente grave, cuando China invade el mercado de nuestro país vecino.

La mortandad de pequeñas empresas, que fueron baluarte de la producción nacional, ha adquirido proporciones de epidemia y pánico ante la indiferencia de las autoridades.

La industria maquiladora se encuentra postrada al borde de una crisis de empleo y agudizará la expulsión de mano de obra y la mortandad de los migrantes, al tener que cruzar la frontera para buscar empleos que no encuentran aquí.

Pero además del candado al crecimiento derivado de las gestiones liberales y en pro de la especulación financiera en la economía, pesan sobre las espaldas del pueblo mexicano los abusos financieros de los grupos de poder. Ante esta situación de privilegio de un grupo económico minoritario que excluye del desarrollo nacional a grandes sectores de mexicanos, el Partido del Trabajo propone la vía social como una alternativa de gestión económica y de fortalecimiento de la planta productiva y del empleo.

Dentro de una nueva correlación política de fuerzas es preciso emprender las siguientes medidas en términos de capacidad productiva:

Crear un fondo de financiamiento para el desarrollo nacional;

Instrumentar una política activa para apoyar a nuestros productores en términos de inversión productiva y de competitividad internacional;

Favorecer el gasto público en infraestructura para que actúe como detonador del empleo, crecimiento y genere bienestar social;

Aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica con recursos públicos;

Liberar a Pemex de su pesada carga fiscal para garantizar su modernización;

Adoptar una política para el desarrollo integral del campo que genere un entorno de certidumbre legal y fomento productivo para los campesinos y demás productores, que incluya la revisión del TLC en esta materia;

Desarrollar la infraestructura en comunicaciones y transportes para integrar eficazmente a todos los productores a la economía nacional y mundial y así abrir oportunidad de desarrollo para todos.

Para liberar recursos financieros proponemos los siguientes puntos:

Restructuración radical del pago de la deuda interna, exigiendo condiciones más favorables a los compradores monopólicos de los papeles estatales;

La racionalización radical del endeudamiento externo, apoyando el establecimiento de sanciones ejemplares a los funcionarios que utilicen su discrecionalidad para usar mecanismos encubiertos de deuda;

Auditoría integral y recuperación de los recursos destinados al megafraude Fobaproa-Ipab;

Aplicar el mismo principio al rescate carretero, ingenios, aerolíneas y Pidiregas;

Combatir a fondo la evasión fiscal de la oligarquía financiera;

Realización de una reforma tributaria integral centrada en gravar las ganancias del capital especulativo, los dividendos no distribuidos y las exenciones a las operaciones de los grupos financieros.

Esta medida debe ser llevada a cabo de manera congruente para dar cobertura al cambio gradual del régimen fiscal de Pemex y a la reducción del IVA del 15% al 10%, manteniendo el régimen actual para medicinas, alimentos, educación y transporte público de pasajeros; reducir a los niveles compatibles con el estándar de vida de la población las percepciones de los altos funcionarios públicos, incluyendo las remuneraciones discrecionales como bonos e incentivos.

Los gobiernos neoliberales, incluyendo la presente administración, han hecho de la estabilidad macroeconómica un fin en sí mismo, privilegiando al capital financiero especulativo y a los grandes monopolios, mientras que le han arrebatado al pueblo mexicano la posibilidad de tener un empleo productivo y digno.

Es hora de revertir esta injusta situación de la economía y la política económica para ponerlas al servicio del pueblo. Es preciso trabajar para los sectores sociales vulnerables de nuestra nación, buscando que tengan capacidad y posibilidad de integración dentro de un modelo basado en la creación de empleos remunerativos, salarios dignos y capacitación continua para el trabajo.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Al analizar los resultados obtenidos en el tercer año de Gobierno de la actual administración, observamos que una vez más los principales logros de política económica han sido la estabilidad de los indicadores macroeconómicos, tales como la inflación, las tasas de interés y el incremento en reservas internacionales.

Sin embargo, al examinar los datos nos damos cuenta de que si bien las tasas de inflación han sido las menores registradas en las últimas tres décadas y quizá para este año logremos una inflación menor al 4%, lo cierto es que éste no es un logro atribuible solamente a la actual administración, sino que es la continuación de una estricta disciplina en la política fiscal y monetaria adoptada años atrás.

Por su parte las reservas internacionales son las más altas únicamente en términos reales, ya que como proporción del PIB, no lo son.

La estabilidad en los indicadores anteriores son condición necesaria para el crecimiento sostenido. Sin embargo, distan mucho de ser condiciones suficientes y nos preocupan que no se hayan puesto en marcha medidas adicionales.

Por otro lado, dentro de la parálisis de la actividad económica, el sector agropecuario es el más perjudicado. Presentó una caída real anual del 0.4%. No entendemos este resultado cuando el presupuesto aprobado por esta soberanía en la Sagarpa, fue de 41 mil 782.7 millones de pesos, 17.5 más que en el año anterior.

De igual manera nos preocupa el sobregiro de más de 2 mil millones de pesos en el Presupuesto del Ramo 23 en tan sólo los seis primeros meses del año. Este sobregiro se debe principalmente al pago de salarios de los funcionarios del Gobierno. Además esta variación representa una violación al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta soberanía.

Pugnamos nuevamente por la austeridad en el gasto corriente y en las percepciones de los funcionarios públicos, por la disminución del costo administrativo del Gobierno Federal y por la total transparencia del ingreso y del endeudamiento que maneja el Gobierno.

Hoy día es evidente que nuestra economía desaprovecha nuestro capital humano que se ha visto forzado a trabajar en la economía informal sin contar con previsión social ni condiciones dignas de empleo. En este sentido, el Gobierno provee la creación de changarros y el autoempleo, los cuales en la mayoría de los casos surgen dentro de la economía informal, en vez de preocuparse por crear las condiciones para que los mexicanos obtengan un empleo seguro y bien remunerado.

Los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, entendemos que los requerimientos de recursos rebasan por mucho los ahorros potenciales por el lado del gasto, que si bien necesarios y convenientes, no sustituyen ni eliminan la urgente necesidad de una reforma tributaria que amplíe la base y haga que todos los mexicanos de acuerdo al beneficio que deriva de su capacidad de pago, contribuyan a solventar estos compromisos. Sin embargo esta reforma debe de ser de fondo y no debe girar en el incremento de impuestos y en la creación de impuestos nuevos, ya que así, estaríamos admitiendo que sean las clases más desprotegidas las que tengan que soportar una carga más y vean disminuidos sus ingresos al tener que pagar, por ejemplo, el IVA en medicinas y alimentos.

En cambio, el Partido Verde propone una reforma que dé privilegio a la revisión exhaustiva de otros tratamientos fiscales especiales, por los cuales se dejen de captar miles de millones de pesos anualmente.

Estamos seguros de que es posible un incremento efectivo de la recaudación al cobrar a quien no paga o cobrar más a quien tiene exenciones o tasas más bajas.

Según los datos de la propia Secretaría de Hacienda, sólo el 30% de los causantes potenciales aportan al fisco por lo que si queremos ampliar la recaudación y queremos que no recaiga en los sectores de ingresos medios debemos ampliar la base gravable.

Asimismo exigimos que el Gobierno Federal cumpla con su responsabilidad y aplique enérgicamente el artículo 131 constitucional, para controlar la competencia desleal de importaciones subsidiarias, dumping, contrabando y piratería que afectan seriamente la actividad y existencia de inversiones, empresas, productos y empleos mexicanos vitales para mantener y aumentar nuestro mercado interno, bienestar y desarrollo integral dentro de una globalización equitativa.

Es necesaria también una reforma fiscal y administrativa de las empresas paraestatales del sector energético, en especial de Petróleos Mexicanos, que de acuerdo con los estados financieros de la propia empresa en el primer semestre del año los impuestos y derechos pagados equivalen al 59.8% de las ventas brutas totales, lo que deja escasos recursos para invertir y obliga al endeudamiento directo o a la forma de los Pidiregas.

Además, consideramos necesario revisar la contribución de estas empresas al desarrollo sustentable de las localidades en donde tienen instalaciones.

En materia de federalismo fiscal requerimos delimitar las potestades tributarias de gasto y de deuda en los tres órdenes de Gobierno. De tal manera que nuestro sistema de coordinación fiscal sea eficiente y equitativo, así como sencillo para el contribuyente.

Para el Partido Verde Ecologista de México la base para lograr más transparencia y equidad en el uso de recursos públicos es la conciliación de un verdadero federalismo fiscal que confiera a los estados y municipios mayores atribuciones y responsabilidades que permitan aumentar la eficiencia en la recaudación fiscal, contribuyendo al aumento de la base gravable y reforzando el pacto federal.

Señoras y señores: ``Las diputadas y diputados del Verde Ecologista entendemos nuestra responsabilidad de coadyuvar en las formas que impulsen la actividad económica del país. Sin duda, el desarrollo económico representa la posibilidad de brindar a los mexicanos la oportunidad de tener empleos bien remunerados y así poder elevar de manera sostenida sus niveles de vida. Ningún país puede darse el lujo de no crecer, como ningún país puede desatender la necesaria equidad en la distribución de la riqueza y el ingreso''.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Guillermo Huízar Carranza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Guillermo Huizar Carranza:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El pasado 1º de septiembre arribamos a la primera mitad del periodo constitucional que corresponde al denominado Gobierno del cambio. Tres años desde que la sociedad mexicana creyó en un cambio que no llega y que a lo mucho ha sido solamente cosmético. Tres años largos, donde la diferencia entre lo prometido y lo cumplido es francamente abismal.

El balance, compañeros legisladores: más pobreza, más inseguridad pública, más desempleo. En cuanto la economía no crece el desaliento sí; las oportunidades no llegan, la desesperanza sí.

Han pasado tres años durante los cuales, completos, se despreció a la política como el instrumento más eficaz de negociación y como la única vía para reconocer que vivimos en una sociedad profundamente plural.

Ahora, claro está, a la luz de los nulos resultados se lanza la convocatoria para que políticamente todos decidamos el rumbo conveniente de la nación. En este sentido los legisladores del Partido de la Revolución Democrática expresamos nuevamente que estamos abiertos a discutir todo lo necesario, estamos preparados para entrar al debate de los grandes temas nacionales, en un clima de armonía republicana y democrática, pero eso sí, no cuenten de una buena vez con nosotros en todas aquellas propuestas que signifiquen retroceso en las condiciones de vida de los mexicanos y las mexicanas, ni de aquellas decisiones que atenten contra la soberanía de la nación.

Compañeras diputadas y compañeros diputados: todos coincidimos en que lograr estabilidad en las cifras macroeconómicas no representa un fin en sí mismo, de hecho de poco o de nada sirve la estabilidad si ésta no se traduce en bienestar y en justicia sociales.

En el Partido de la Revolución Democrática nunca estaremos de acuerdo con un modelo económico que genera nulo crecimiento económico, pobreza y desempleo.

Compañeras diputadas y diputados: el análisis del III Informe del Presidente Vicente Fox, demanda de una gran seriedad, de una gran profundidad en el cruce y en la congruencia de las cifras, porque las contradicciones, las oscuridades y las verdades a medias son evidentes.

En materia de empleo, compañeras y compañeros, tomadas textualmente de la página 219 del anexo del III Informe, 1º de diciembre del año 2000, fecha que marca el inicio de la responsabilidad constitucional, el Instituto Mexicano del Seguro Social contaba con 12 millones 732 mil 430 asegurados; la última cifra disponible, junio del 2003, es de 12 millones 321 mil 932; 410 mil 498 mexicanos y mexicanas que se quedaron sin empleo.

¿Qué mensaje, le pregunto a esta honorable soberanía, qué mensaje, le pregunto al señor Presidente, tenemos y tiene para ellos? ¿Cómo les explicamos qué fue lo que pasó? ¿Les parece, compañeros, decente cuando menos comentarles que no se preocupen, que eso pasa hasta en las mejores familias?

México necesita de la generación de un millón de empleos por año, para absorber cuando menos le crecimiento de su población. Hubo compromiso de este Gobierno de generarlos y sin mayor dificultad simplemente no se ha cumplido. El déficit que ya se lleva acumulado es de 3 millones 500 mil empleos.

En materia de crédito los resultados son francamente de-salentadores y además vergonzosos. El sistema financiero mexicano, a pesar de los favores, léase Fobaproa-IPAB, no ha sido capaz de cumplir con su cometido de impulsar el crecimiento económico nacional. Los demandantes de crédito productivo no encuentran condiciones de acceder a los mercados de dinero, ya sea por los requisitos, ya sea por las propias expectativas de crecimiento de sus negocios o ya sea por el costo.

En resumen, no nos parece inmoral que con todo y el costoso rescate del sistema financiero éste no cumpla con su función. Díganme ustedes ¿qué ganamos con tener las tasas de interés históricamente más bajas si no hay acceso al crédito? No hay más bien más caro en el mercado que el que no existe.

En esta premisa se fundó la negativa de nuestro partido de aceptar la creación del Fobaproa, como la solución, así dijeron, al problema del sistema financiero y por eso seguiremos firmes insistiendo y exigiendo el total esclarecimiento de todo lo oscuro que guarda el mayor fraude cometido en la historia de México.

Más cifras, compañeros: ¿cómo es posible reactivar la economía si el propio Gobierno Federal se empeña en asesorar los recursos fiscales que obtiene? El tema, compañeros, de los subejercicios en el gasto público federal no son novedosos en este recinto legislativo.

Es ya reiterado el reclamo de los representantes en cuanto a la clara deficiencia de aplicar los recursos públicos a cada uno de los programas aprobados por esta Asamblea en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los invito a solicitar de manera firme pero respetuosa una explicación clara y congruente al respecto.

En la página 276 del III Informe se dice, cito textualmente: Por el periodo enero-junio del 2003 el balance público acumuló un superávit, dije bien, superávit, de 62 mil 200 millones de pesos, resultado mayor 147.2% a lo real obtenido en el mismo periodo de 2002. Esta cifra debería darnos vergüenza, dicho superávit, salvo su mejor opinión, es el resultado de la ineficiencia en la aplicación del gasto público asignado a los distintos ramos administrativos de las dependencias de la Administración Pública Federal, quienes producto de su inexperiencia, no son capaces de cumplir con los calendarios de gasto correspondientes.

En ese tenor ¿qué sentido lógico tiene reservar recursos fiscales cuando miles de mexicanos y mexicanas están perdiendo su empleo? ¿Tienen ustedes idea de la cantidad de puestos laborales que pudieron haberse protegido de aplicar oportunamente los recursos asignados?

O, díganme ustedes, ¿a qué mecanismos de estacionalidad ciertamente perversa obedece tal irresponsabilidad?

En el ejercicio lineal de las partidas presupuestadas, con respecto al gasto ejercido, se localiza un subejercicio de 44 mil 252 millones de pesos.

Termino señor Presidente, en 10 minutos resulta muy difícil dar cuenta de las inconsistencias y verdades a medias que presenta este III Informe de Gobierno.

Ya dejamos claro que hay un mayor desempleo, que no cumple con su deber el Sistema Financiero Mexicano, que hay ineficiencia en los calendarios de gastos, que nuestro sistema impositivo es obsoleto e ineficaz. No está cumpliendo el Poder Ejecutivo. No está a la altura de las demandas de los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputado Huízar.

Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Angel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Miguel Angel Toscano Velasco:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Estamos aquí para analizar el trabajo del Gobierno Federal en materia económica, también para encontrar coincidencias y resolver diferencias en beneficio de quienes con su voto confiaron en nosotros para representarnos.

Esta administración ha tenido que enfrentar la debilidad de las economías que mueven al mundo y la incertidumbre de su recuperación. La transición política de nuestro país se ha desarrollado de manera paralela al inicio de un nuevo ciclo de profunda crisis internacional que significó una importante disminución en el ritmo de crecimiento.

Durante casi una década la economía mundial creció a tasas históricas, arrastrando a la de los países emergentes, entre ellos México; estos hechos afectaron sustancialmente el dinamismo de nuestras exportaciones y por tanto el crecimiento de nuestra economía, no obstante la conducción responsable de nuestra política económica y la disciplina y la firmeza en el manejo de las finanzas públicas, han sido un factor fundamental para mantener la estabilidad económica y financiera.

Reconozcamos que el Presidente cumplió con su obligación constitucional en el informe, pues no sólo resaltó los logros de su Gobierno sino que en un afán por informar objetivamente al Congreso, señaló insuficiencias y rezagos. Vemos también en los últimos años, que la endémica debilidad de nuestra Hacienda Pública se ha hecho más apremiante.

Tenemos finanzas públicas sanas sí, pero son precarias e insuficientes para revertir nuestros rezagos acumulados. El presupuesto, admitámoslo, no tiene la capacidad para revertir los desequilibrios sociales; aun así, careciendo de una reforma hacendaría integral, el Gobierno Federal incrementará este año la recaudación en 1.4% del PIB, esto significa 90 mil millones de pesos, lo que significa el aumento más importante desde 1980.

Esto es un mérito innegable de los niveles de cooperación alcanzados entre el Ejecutivo y la pasada legislatura; mucho más se podrá lograr si esta legislatura persevera en la búsqueda de los acuerdos. Es falso que algunas secretarías tengan un subejercicio significativo; no hay que leer el Informe, hay que entenderlo.

Nuestra transición demográfica genera una presión sin precedentes en los servicios de educación superior, medicina especializada y de tercer nivel, vivienda, desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura. No olvidemos los compromisos ya adquiridos en materia de pensiones, sin una reforma hacendaria no habrá Gobierno que les pueda hacer frente.

En este difícil contexto, también hubo logros importantes; para muestra basta recordar que el programa de construcción de vivienda de los últimos tres años ha sido el más vigoroso que se recuerde en los últimos tres lustros; el programa de vivienda es el que más beneficiados ha generado, otorgando a 1 millón 222 mil familias una vivienda propia. Colaboremos todos para que estos éxitos se generalicen en otras áreas de la economía.

La inflación, por su parte, se ha logrado controlar y disminuir; su tasa actual, como ya han dicho, es la más baja de los últimos 34 años. Consecuentemente, las tasas de interés son las más bajas en la historia reciente del país; ahí está puesta la base para la reactivación del crédito bancario del fomento a la inversión.

La estabilidad macroeconómica del país es una realidad, prueba de ello es el grado de inversión otorgado a México por las principales calificadoras de riesgo; esto no es un asunto menor, la estabilidad macroeconómica sí tiene beneficios para los bolsillos de los mexicanos, gracias a ella los mexicanos hemos ahorrado 46 mil millones de pesos en el servicio de la deuda.

A la hora de elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, debemos actuar con seriedad y conservar estos activos de la economía mexicana; podemos prever un presupuesto caracterizado por una política de austeridad en sueldos y gastos operativos encaminada a incrementar sustancialmente el gasto social y la inversión.

Toca su turno al campo, el rezagado desde hace décadas. Este Gobierno ha mostrado disposición para poner en manos de los productores nacionales los instrumentos necesarios que les permitan desarrollarse; la estrategia ya ha arrojado frutos en el sector de los productos modernos pero no así en el sector más rezagado del campo mexicano, que es donde viven la mayoría de los campesinos.

Estrechamente vinculado con el campo está el tema de la infraestructura hidráulica y la conservación de los recursos naturales. El Gobierno encabezado por el Presidente Fox considera al agua y a los bosques como cuestiones de seguridad nacional, el camino ha sido, por tanto, impulsar un cambio estructural en el manejo de estos valiosos recursos diseñando para ello, una política integral que involucre una mayor participación y corresponsabilidad de los diferentes actores.

Por ejemplo, el Programa de Devolución de Derechos a los Municipios reintegra el total de los recursos pagados por el uso, aprovechamiento de aguas nacionales, siempre que exista el compromiso franco de invertir este dinero en infraestructura hidráulica. En menos de dos años el Gobierno Federal ha reintegrado 1 mil 728 millones de pesos a las autoridades locales y municipales, vale la pena enfatizar que se trata de recursos frescos, nunca antes presupuestados, de esta forma y de muchas otras se fortalece al federalismo.

El monto de las inversiones en infraestructura y energía a pesar del contexto económico ha crecido. En estos tres años la inversión impulsada por el sector público alcanzará niveles de más de 680 mil millones de pesos, la mayor en algún periodo similar. La capacidad de generación eléctrica se ha incrementado en 20%, garantizando el suministro hasta el 2006, de ahí en adelante el vigor del sector eléctrico nacional dependerá de lo que en ésta Cámara acor- demos.

Ni en ésa ni en otras reformas estructurales podemos seguir postergando el desarrollo nacional ni debemos dejarlo en manos de la dinámica del mercado exterior. Nuestro futuro depende de la capacidad de llegar a acuerdos en esta Legislatura. El crecimiento promedio de la economía mexicana para el periodo 2002-2006, si se instrumentan las reformas exitosamente, sería de 5.2%, sin ellas el crecimiento sería de tan sólo 3.4%, esto significa cientos de miles de empleos que dependen de lo que en esta Legislatura acordemos. Por ello, el informe fue un llamado a la corresponsabilidad de todos en el progreso de nuestra nación.

Todos los actores de la vida nacional queremos que el bie-nestar cobije a los mexicanos. Asumamos esto en serio, la estabilidad macroeconómica es condición necesaria del bienestar, la inversión productiva pública y privada es el vehículo para mover la economía, el empleo es la caña de pescar que permitirá a los mexicanos preocuparse por su progreso.

El acuerdo en las reformas estructurales es la clave del arco que sostiene toda esta bóveda. El futuro, insisto, depende de lo que acordemos en esta Legislatura.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor Toscano.

Para finalizar la primera ronda de oradores, tiene la palabra el diputado Tomás Ruiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Tomás José Ruiz González:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Indudablemente un tema central en el debate parlamentario es el de la rendición de cuentas.

Mientras la mayoría de los parlamentos y congresos del mundo avanzan en la incorporación de mecanismos que permiten a las representaciones populares conocer y evaluar la tarea de los responsables de la administración pública, en México seguimos aún practicando ritos, que facilitan al Ejecutivo Federal pintar con cifras arbitrariamente escogidas y manipuladas, un país distinto al que día a día vivimos los mexicanos, un país imaginario, de logros y avances que configuran en el mejor de los casos buenos deseos.

En realidad, los resultados en materia económica de la primera mitad del actual sexenio, indican que al Gobierno Federal le sobra publicidad y envoltura y le hace falta sustancia y contenido. Hagamos sólo un recuento, falta de crecimiento económico, incapacidad para generar empleos, bajos salarios, deficientes sistemas de salud, descenso en la inversión nacional y extranjera, poco acceso al crédito y sobre todo el desaliento de los ciudadanos.

Procedamos a analizar con objetividad el informe de gobierno en la parte correspondiente a economía. El objetivo primordial establecido en el Plan de Desarrollo 2001-2006, de encausar al país hacia una senda de crecimiento económico que permita el acceso a mejores oportunidades de empleo o ingreso, se ve lejano a tres años de acciones inconsistentes y equivocadas. Baste citar que mientras en el año 2000 la economía creció 6.6%, en lo que va del primer sexenio gobernado por el PAN el crecimiento ha sido casi nulo, inferior al 1%.

En la actualidad la tendencia mundial para evaluar las políticas públicas emprendidas por los gobiernos se basa principalmente en la generación de empleos, pues bien, en México, como aquí ya se dijo y según datos del Seguro Social, se han perdido alrededor de medio millón de empleos permanentes. Este panorama desolador explica el crecimiento inusitado de dos fenómenos social y económicamente graves: la informalidad y la migración.

Sobre el primero, destaca que casi 11 millones de personas, más de la cuarta parte de la población con empleo, se de-sempeñan en actividades como negocios familiares o la venta en la vía pública, sin registro ante la autoridad y sin contar con las mínimas prestaciones de ley para sus trabajadores.

El Gobierno hace recaer la culpa al entorno internacional, igual lo hizo su partido hace un momento, pero sabemos que hay países que sí han crecido y lo siguen haciendo, en cambio, el Presidente presume los logros alcanzados en materia de estabilidad macroeconómica, las bajas tasas de interés y de inflación; la disminución del servicio de la deuda y el incremento en las reservas internacionales, olvida sin embargo dos cuestiones fundamentales sobre estos temas:

En primer lugar, que la estabilidad macroeconómica no es un fin en sí mismo, sino una condición necesaria, pero no suficiente para elevar el bienestar de la sociedad, cosa que no ha ocurrido en México en los últimos tres años.

En segundo lugar, omite el Ejecutivo Federal reconocer que la estabilidad macroeconómica ya se perfilaba, de hecho se alcanzó desde la pasada administración federal, sólo que entonces con crecimiento de la economía y del empleo.

¡Qué curioso que esta herencia de pasadas administraciones del PRI no las reconozca el actual Gobierno cuando hace el recuento de los que según él son legados del pasado! En la danza de las cifras que con dudoso rigor y en ocasiones fuera de contexto presentó el Presidente el pasado 1º de septiembre, también se destaca un incremento en la recaudación fiscal de 1.4% del PIB. De nuevo el Ejecutivo, al igual que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, olvidó aclarar que más de la mitad de este incremento se dio en 2001, cuando la recaudación todavía reflejó la actividad económica vigorosa del año 2000, dado que la recaudación tributaria siempre sigue con cierto rezago al ciclo económico.

Sin embargo, más grave que esta omisión es la preocupación que causa el uso que le ha dado a esos ingresos adicionales la presente administración federal. Así, mientras el gasto corriente se ha incrementado en el equivalente a 1.5% del PIB, el gasto de inversión presupuestal ha caído 0.3% del producto. Entonces, si partimos de que el 85% del presupuesto programable es gasto corriente y además consideramos que los recursos se ejercen de manera ineficiente, presentándose importantes subejercicios en rubros como inversión en infraestructura ---y créame diputado Toscano que sí entendemos el informe--- no puede extrañarnos el poco impacto que el gasto público está teniendo en la reactivación económica. De hecho, parecería que en lugar de seguir una política anticíclica que ayude a paliar los efectos más agudos de la falta de crecimiento, el Gobierno sigue una política procíclica que acentúa dichos efectos negativos.

Sobre la lluvia de cifras con que nos inundó el Presidente en materia de gasto, podríamos decir mucho más, pero más allá de la frialdad de los números que aquí podrían corregirse, todos sabemos que los mexicanos encuentran hospitales sin médicos, enfermeras o medicinas, donde los plazos son hasta de tres meses para atender afecciones urgentes; que los responsables de la enseñanza en nuestro país trabajan denodadamente para mejorar la calidad de la educación, para ampliar los espacios educativos a miles de jóvenes que aspiran a continuar sus estudios. Esta es la realidad y no el país de las maravillas que se nos pintó el 1º de septiembre.

El Ejecutivo tampoco ha tomado acciones reales para fortalecer el federalismo, más allá de las declaraciones políticas de apoyo a los gobiernos estatales y municipales. En este terreno, la decisión que será efectivamente histórica, es la que se refiere a la iniciativa de mi partido impulsada por los gobernadores de la Conago, de celebrar una Convención Nacional Hacendaria, iniciativa a la que aplaudimos se haya sumado el Presidente de la República.

Preocupa al país la ausencia de rumbo, que en materia económica se traduce en los magnos resultados antes comentados; parecería que en México, por decisión de un gobierno incompetente, nos sentamos plácidamente a esperar la recuperación económica-mundial y en particular la de nuestro principal socio comercial. Sin darnos cuenta, estamos perdiendo la oportunidad de impulsar las transformaciones que nos permitan ---como lo hacen otros países--- mejores resultados aún en el entorno internacional complicado que ha prevalecido en los últimos años.

La inacción en el campo económico parece ser la única propuesta del actual Gobierno; en una economía globalizada como la que hoy vivimos, que exige una competitividad dinámica y creciente, esta postura se traduce en un retroceso, en una clara pérdida de terreno, así lo registran las diversas mediciones de competitividad mundial en las que México aparece muy por debajo del nivel que tenía hace tres años; paradójicamente, mientras nos mantengamos sentados esperando el tren de la recuperación mundial, no habrá posibilidad de subirnos ni siquiera al último vagón.

Sabedores de esta realidad, la fracción priísta, con una visión responsable y reformista, propondrá al país una opción diferente, una alternativa económica que tenga como principal objetivo, recuperar verdaderamente el crecimiento para generar los empleos que nuestra población demanda. Para ello, sabemos que no hay fórmulas mágicas. Para llegar a la creación de empleos, tenemos que empezar por la inversión.

Por ello, el objetivo urgente de corto plazo que debe orientar el trabajo en materia económica de esta legislatura, es detonar la inversión en sus dos modalidades, pública y privada, éste es el verdadero sentido que debe tener la reforma hacendaria.

Señoras y señores diputados: existen muchas formas de presentar un informe, puede ser contradictorio, ambiguo y más para la venta de imagen que para una efectiva rendición de cuentas.

Sin embargo, el riesgo es que si se falla en el diagnóstico, si no se afoca adecuadamente la realidad, no se acertará en las políticas públicas que se propongan y veremos, como ha ocurrido hasta ahora, falta de proyecto de nación y confusión de los programas de Gobierno.

Ya han pasado tres valiosos años para México, a los priístas nos interesa el país y por eso participaremos en esta legislatura con las mejores ideas y entusiasmo en el diseño del México del Siglo XXI. El llamado que hizo el Presidente a construir los acuerdos con el Congreso de la Unión, nos parece lo más rescatable de su intervención, porque perfiló un ambiente político-constructivo.

Sin embargo, en el pasado predominó la falta de capacidad de diálogo con las fuerzas opositoras. Desde el PRI...

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Señor diputado.

El diputado Tomás José Ruiz González:

Concluyo, señor Presidente.

Sin embargo, en el pasado predominó la falta de capacidad de diálogo con las fuerzas opositoras. Desde el PRI hacemos votos porque en esta ocasión se antepongan los intereses del país a las posiciones partidistas o de grupo.

Muchas gracias.

El diputado Julio Horacio Lujambio Moreno (desde su curul):

Señor Presidente.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Con qué propósito, señor diputado?

El diputado Julio Horacio Lujambio Moreno (desde su curul):

Para hechos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señoras y señores, un momentito diputado, señoras y señores: la Junta de Coordinación Política dio a conocer y se leyó en el pleno de la Asamblea el formato para el análisis del aspecto económico del III Informe de Gobierno.

Están previstas intervenciones, no para hechos sino en una segunda ronda para dar contestaciones. Sin embargo, no quiero quebrantar los derechos del señor diputado Julio Horacio Lujambio Moreno.

Yo voy a instruir a la Secretaría para que consulte a la Asamblea, si fuera del formato, se permite hablar al señor diputado Julio Horacio Lujambio Moreno, como él lo ha señalado, para rectificar hechos.

Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta en votación económica si se le concede el uso de la palabra al señor diputado.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Gracias.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, la mayoría se manifiesta por la negativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias.

Es la Asamblea la que ha tomado la determinación, señor diputado.

Para la segunda ronda se han registrado los siguientes diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, por el Partido de Convergencia; Joel Padilla Peña, por el Partido del Trabajo; Manuel Velasco Coello, por el Partido Verde Ecologista de México; Javier Salinas Narváez, por el Partido de la Revolución Democrática; Javier Castelo Parada, por el Partido Acción Nacional y Jesús Morales Flores, por el Partido Revolucionario Institucional.

Por el Partido de Convergencia, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Fernando Perdomo Bueno.

Adelante, diputado.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:

Con su permiso, diputado Presidente.

Todos los partidos hemos hecho aquí un balance, según nuestra perspectiva, de lo informado por el Presidente de la República. Ni se puede defender lo indefendible, ni se puede criticar sin proponer.

Si bien es cierto que el Ejecutivo tiene la gran responsabilidad sobre los asuntos del día a día, nosotros debemos sumar nuestras voluntades para mandar un claro mensaje a la nación entera en el sentido de que lejos de intereses particulares, los legisladores estamos a favor del pueblo que nos eligió.

Ha llegado el momento en que los mexicanos retomemos el camino al desarrollo, pero no regresando al estatismo populista ni al liberalismo a ultranza, sino encontrando nuestro propio rumbo, uno que incorpore a todos en el esfuerzo y en los beneficios.

Es oportuna la intervención de nuestros compañeros y nos sumamos en el sentido de que el Ejecutivo y nosotros debemos expresar nuestra postura ante la Organización Mundial de Comercio, sobre la corrección del rumbo en la política económica a seguir.

Convergencia acepta la economía de mercado como la mejor manera de organizar la producción de bienes y servicios, pero al mismo tiempo subraya como necesaria la intervención del Estado para asegurar que los beneficios sean producidos y distribuidos, de manera que se garantice una vida plena para toda la sociedad.

Es necesario promover el intercambio comercial de nuestros productos y la llegada de recursos externos para la inversión, pero no a costa del nivel de vida de los mexicanos.

Junto con una adecuada política de apertura que exija reciprocidad y trato justo, se debe desplegar una política de desarrollo industrial nacional que nos dé fortaleza en la competencia económica mundial.

El Estado debe establecer un equilibrio entre las libertades de los individuos y las necesidades básicas de la sociedad, debe mantener el control sobre las áreas estratégicas de la economía y sólo permitir el resto del desarrollo a la iniciativa de personas y grupos sociales.

Proponemos una política que promueva el crecimiento sostenido de la economía a partir del fortalecimiento del mercado interno, vía adecuada para cimentar el desarrollo nacional equilibrado y sostenible. Ello será posible si se canaliza suficiente inversión productiva para generar más empleo y favorecer la productividad en todas las ramas de la economía. Una política fiscal responsable y eficiente que permita captar impuestos a niveles de por lo menos el 25% del PIB.

Los recursos que la sociedad le confía al Gobierno, deben utilizarse para la promoción de la inversión productiva y la instrumentación de programas de beneficio social.

La reforma fiscal que promovemos, debe partir de la confianza en que el contribuyente debe basarse en criterios de equidad y sencillez en su aplicación y estar orientada la promoción de la actividad económica y garantizar seguridad jurídica para el contribuyente. Es inaceptable promover la evasión, y nadie debe hacerlo, como tampoco ningún sistema debe desalentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Tan sólo un ejemplo de nuestro complejo fiscal, es que el año pasado se presentaron 32 mil juicios en contra de la Secretaría de Hacienda, de los cuales el Gobierno Federal perdió 20 mil. Esto no sólo refleja la complejidad del sistema sino que nos lleva a pensar que el costo de las pérdidas recae en el propio contribuyente.

Por otra parte, el Presidente nos informa que las transferencias de los recursos a los estados crecerán en términos reales un 28.5%. Esperamos que se aplique este incremento adecuadamente, para que no haya distintos Méxicos sino un México más fuerte y desarrollado.

Es necesaria también la ampliación de facultades al Congreso en materia económica, para que el Legislativo pueda controlar eventuales modificaciones presupuestarias al gasto autorizado.

Se requiere el establecimiento de un sistema financiero nacional acorde con las necesidades de desarrollo del país, que ponga las bases de una verdadera banca de segundo piso para el fomento económico de las pequeñas y medianas empresas.

Deseamos una reforma energética que garantice la rectoría del Estado y a la vez asegure la autonomía y modernización de Pemex y CFE, para que se genere un verdadero desarrollo.

Proponemos también demandar del Estado una definición urgente de una política industrial, con visión regional, que considere los desequilibrios regionales del país.

Solicitamos una revisión de la política de comercio exterior que instrumente, entre otras estrategias, el fomento de una banca de desarrollo que apoye efectivamente a la pequeña y mediana empresas exportadoras.

Llamo aquí a su atención, el campo es la forma de vida de millones de mexicanos, quienes se esfuerzan por obtener lo mejor de sus tierras para la mayor producción de los alimentos, pero es también el campo la fuente de desarrollo económico de la agroindustria, y en el caso del sur-sureste lo que activa el comercio.

Es necesaria la defensa de los avances en las conquistas y políticas de fomento del desarrollo social del campo mexicano.

Proponemos que el Estado tenga un papel activo, sostenido, para reintegrar a los campesinos y su economía a la vida nacional, reconstruyendo sobre nuevas bases el tejido institucional, para que producir, almacenar y comercializar, sea nuevamente un trabajo digno y rentable, que lleve prosperidad a los hogares de la sociedad rural.

Se dice en el informe que se destinaron 117 mil millones de pesos al campo, 21% más que en el 2000. Les pregunto a mis amigos campesinos: ¿ya recibieron el dinero?, ¿qué impacto tuvo en el desarrollo rural y agropecuario esta cantidad?

Es necesario el reconocimiento y apoyo a las demandas de las organizaciones sociales y económicas del agro mexicano, que reclaman del Estado una interlocución incluyente como expresión de la sociedad rural. Se debe recuperar el papel del ejido mexicano y la pequeña propiedad rural, como actores fundamentales del desarrollo del campo.

Es el momento de construir un gran acuerdo para crear empleos e industrias rurales, recuperar la asistencia técnica, el crédito y la infraestructura de almacenaje y de comercialización.

Convocamos a debatir los perfiles del nuevo entramado institucional, que deberá atender al campo, los términos de un nuevo pacto productivo, las líneas de apoyo a verdaderos programas de desarrollo regional.

Convocamos porque sabemos que es un compromiso social, y nos lo han pedido nuestros amigos de los consejos comunitarios de abasto, a robustecer el Programa de Abasto Rural de Diconsa y sus más de 23 mil tiendas comunitarias.

Proponemos al Ejecutivo la negociación en el marco del TLCAN de un mercado agropecuario de América del Norte, con base en sus ventajas comparativas, eliminando subsidios pero creando fondos compensatorios para el desa-rrollo del campo o con opción a incorporar en otros sectores a los productores afectados.

Y por nuestra parte, cada mexicano debemos de sumarnos a la convocatoria de nuestros productores nacionales para consumir lo que México produce. Todo esto se traducirá en un desarrollo económico y paz social.

Señoras y señores diputados es el tiempo de los acuerdos, Convergencia reitera la invitación para que todos participemos en el diseño de un gran pacto social. El pacto es el acuerdo en lo fundamental que impulse nuestras voluntades hacia un objetivo común; el proyecto es la visión compartida del México que anhelamos y de las personas que queremos habiten en él. Es un pacto que facilitará el desa-rrollo de nuestro país con base en los acuerdos que permitan realizar todas las reformas que la sociedad civil demanda.

Amigos diputados: no se trata de ver quién se lleva la medalla; se trata de ganar la carrera contra la pobreza y el subdesarrollo; se trata de construir un país mejor, más justo y próspero. No perdamos el tiempo, comencemos ya.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo.

El diputado Joel Padilla Peña:

Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros diputados:

En su mensaje político a propósito de su III Informe de Gobierno el Presidente Vicente Fox, utilizó como argumento central la necesidad de instrumentar y aprobar las llamadas reformas estructurales. La organización de su discurso en torno a estas reformas es una cuidadosa manipulación mediática, ya que lamentablemente no se trata ni de reformas ni se pretende tocar la estructura de la economía, sino favorecer a los grupos más voraces del capital financiero. Es una moda propia del neoliberalismo y de la formación de grupos de poder, la apelación al discurso de las reformas estructurales, como lo hicieran en su momento Salinas de Gortari y Zedillo.

Al pueblo de México ya le fue vendida la propuesta de reformas a través de la privatización de las empresas públicas y los bancos, de la apertura de la economía a la competencia externa y de la desregulación de la gestión pública. Y debemos reconocer con toda honestidad que los mexicanos estamos arrepentidos y desencantados de esas dichosas reformas.

Como sabemos los resultados fueron desastrozos, la crisis financiera en México no puede ser separada de la privatización y la desregulación bancaria. La apertura de la economía provocó la profundización de las fallas estructurales del aparato productivo, debilitó el mercado interno y ahondó la dependencia de las importaciones.

El propio programa de apertura se ha envilecido debido a la incapacidad de delimitar las actividades de importación legal con el pernicioso contrabando legal; lo que tiene a la pequeña y mediana empresas al borde de la quiebra.

Para la pequeña y mediana empresas el proceso de desregulación no existe porque siguen atrapadas en la maraña del cohecho y la corrupción impuesta por las entidades que supervisan las actividades empresariales.

Un segundo ciclo de reformas debiera haber empezado por corregir las fallas de la llamada primera generación. Debió ponerse en la agenda política la liquidación forzada de bancos, en lugar de mantenerlos a flote por medio de inversiones multimillonarias de rescate.

Igualmente debió contemplarse seriamente la propuesta de crear bancos estatales con la misión de arbitrar en la fijación de las tasas de interés. Pero en lugar de atacar los graves problemas heredados del primer ciclo de privatizaciones, el Gobierno de Fox se propone emprender una aventura que de consumarse sumirá al pueblo de México en una nueva crisis marcada por carencias fiscales más agudas de las que padecemos en la actualidad.

Esta maniobra aparece bajo el disfraz de la reforma estructural, pero no es más que una pantalla para esconder una maniobra antipopular tendiente a entregar al patrimonio nacional a inversionistas nacionales y extranjeros y seguir exentando a los magnates que eluden el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

En particular es nuestro deber subrayar que la propuesta de privatizar la industria eléctrica es una medida demandada por los grupos de poder. El Partido del Trabajo ha reconocido la necesidad de elevar la captación tributaria y de esta manera potenciar el gasto público como detonante del desarrollo, contraria plenamente a la que enarbola Fox y el Banco Mundial.

El eje de nuestra propuesta es elevar la mínima carga tributaria que pesa sobre los ingresos de capital, como son los dividendos y las ganancias especulativas, además de combatir las sofisticadas reformas de evasión fiscal, como son la consolidación fiscal y el envío de recursos a los paraísos fiscales.

Complementando esta reforma con ajustes a la estructura tributaria actual para eliminar exenciones injustificadas a rentistas y grupos financieros se logrará una verdadera reforma capaz de elevar cualitativamente los ingresos tributarios que se requieren para el desarrollo del país.

Nuestra oposición a la privatización de la industria eléctrica arranca de una evaluación de los resultados de las reformas de primera generación, donde destacan los siguientes elementos: la imposibilidad de poner directrices a los grupos de poder, que introducen sus intereses, capitales y empresas en los esquemas de privatización y los convierten en fuentes de ganancias, de monopolio, burlando a las entidades de regulación gubernamental.

La insuficiencia de los avances tecnológicos para modificar el carácter de los monopolios naturales y con ello la imposibilidad de implementar formas abiertas y justas de competencia.

Nuestra propuesta en torno a la industria eléctrica consiste en reforzar el control y gestión estatal de la misma. La clave de la modernización de la industria eléctrica está en realizar, bajo la rectoría del Estado, las inversiones necesarias para elevar la capacidad de generación y distribución de energía eléctrica.

Las reformas que el Partido del Trabajo propone encontrarán resistencia de los grupos de poder que obviamente se opondrán a la aplicación de impuestos a los dividendos, al saneamiento de los pagarés del Fobaproa y pugnarán por tomar el control monopólico de la empresa eléctrica.

Al mismo tiempo, las mafias incrustadas en las entrañas de la administración pública resistirán hasta el final cualquier intento radical de desarticulación y saneamiento con el propósito de hacer más eficiente la gestión pública.

La clave para revertir la actual correlación de fuerzas radica en buscar una alianza con el pueblo a base de adoptar medidas genuinamente populares que vayan en defensa del empleo y el salario.

A la iniciativa oficial de reformas estructurales que para nosotros son falsas reformas estructurales anteponemos un programa alternativo de corte social que contempla la redistribución de la carga tributaria, un programa de política industrial, la ampliación y modernización de la infraestructura de comunicación y transportes.

Desde la perspectiva del cambio de estrategia macroeconómica hacemos hincapié en la necesidad de una nueva orientación de corte productivista, contemplada en los siguientes lineamientos principales:

Atacar la sobrevaluación cambiaria a través de una estrategia gradual que comience con una reestructuración obligatoria de los grandes grupos privados;

Adoptar un programa de desarrollo de la infraestructura física semejante al de China, con énfasis en los transportes y telecomunicaciones;

Fortalecimiento del mercado interno;

Saneamiento fiscal, regulatorio y corporativo de Pemex para convertirla en una empresa pública moderna.

Consecuentemente, invitamos al Poder Ejecutivo a emprender un ejercicio genuino de transparencia, proporcionar al Congreso la información detallada de quién paga y quién no paga impuestos en México.

Solamente con transparencia, honradez y vocación de servicio público el Presidente Fox alcanzará los cambios que demanda nuestra nación.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Manuel Velasco Coello:

Con la venia de la Presidencia; honorable Asamblea; compañeras y compañeros diputados:

En su mensaje al honorable Congreso de la Unión con motivo de su III Informe de Gobierno, el Presidente Fox reconoce que el crecimiento económico y la generación de empleo han sido hasta hoy insuficientes. Esta afirmación resume la incapacidad del Gobierno Federal para poner en marcha las políticas económicas necesarias que mejoren el bienestar de los mexicanos.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los tres años de esta administración, alcanzará un promedio de poco más del 0.70%, aun si en el mejor de los casos alcanzamos para el 2003 tan sólo un crecimiento del 2%.

Esto representa uno de los desempeños económicos más mediocres, sino es que el más, del México posrevolucionario.

Consideramos como grave error del actual gobierno, justificar su incapacidad con el desempeño económico de otros países. Tener que esperar a que la economía estadounidense recupere el crecimiento para que nuestra economía pueda crecer, también es un argumento pobre e insostenible. Esta estrategia equivocada nos ha mantenido en el estancamiento.

Es necesario revisar la política económica para que la economía sea capaz de tener fuentes de crecimiento internas que sean sostenibles en el largo plazo y menos vulnerables a los choques del exterior.

Se requiere impulsar reformas que constituyan un verdadero mercado interno, consumidor de productos nacionales y motor de la conservación de las fuentes de riquezas naturales. Otros países lo han logrado.

En materia laboral, llevamos casi tres años sin creación de nuevas fuentes de empleo y el rezago acumulado es uno de los más serios en mucho tiempo.

Actualmente la cifra de desempleo abierto general es del 3.52% según cifras preliminares del INEGI, en julio del 2003 con un aumento del 20% respecto al mes del año anterior, convirtiéndose en uno de los más grandes problemas nacionales.

La respuesta del Gobierno es Chambatel y Chambanet, con un vergonzoso nivel de colocación de tan sólo el 7.3 y 6.49% respectivamente, de todas las solicitudes recibidas. Mientras que el número de trabajadores asegurados en el IMSS fue menor en 150 mil trabajadores con respecto al del año anterior. Para hacer frente a esta problemática, nos dice el Presidente: ``La estrategia del gobierno ha sido dinamizar el mercado interno y fortalecer la competitividad''. Esto quiere decir que no se ha hecho nada.

De lo que más ha carecido la actual administración ha sido de acciones eficaces para dinamizar el mercado interno y fortalecer la competitividad.

Si realmente la intención fuera ésa, las políticas fiscal y monetaria deberían ir en el mismo sentido, y hacen lo contrario.

Por encima de la estrategia de crecimiento sigue estando la desestabilización. Además hoy día la mayor preocupación de los inversionistas es precisamente la falta de competitividad en nuestra economía.

Hace poco más de un año el Presidente Fox presentó el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 2002-2006, principal instrumento de coordinación de la política fiscal y monetaria. Su objetivo primordial es generar los incentivos para que tanto el sector público como el privado acumulen recursos que puedan ser canalizados a la inversión productiva.

En palabras del Presidente, el Pronafide debe propiciar las condiciones necesarias para que México cuente con recursos financieros suficientes para sustentar las estrategias económicas y sociales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Este programa pretende el fortalecimiento de las finanzas del Gobierno para reducir la presión que el endeudamiento público ejerce sobre los mercados crediticios y así liberar recursos para el financiamiento del consumo privado y la inversión.

A partir de la presentación de dos escenarios se establece que de haber reformas estructurales el ahorro y la inversión crecerían a un mayor paso que de no contar con ellas. A un año de la presentación de dicho programa, el Pronafide no ha cumplido ni con sus objetivos ni con las necesidades de crecimiento y generación de empleos que exige el país. A un año podemos asegurar que las metas señaladas han quedado muy lejos de ser ciertas.

Es más, el Pronafide tiene metas imposibles de alcanzar: busca pasar de tasas de crecimiento en promedio de 4.5% de 1996 al 2001 a un objetivo del 7% en el 2006; de medio millón de empleos al año a más de 1 millón 200 mil y un aumento del ingreso per cápita real de 2.6 a 5.2%. Todo esto se reduce a que un mayor ingreso, más seguridad en el empleo y mayor productividad darán como resultado mayor capacidad de ahorro y mayor inversión.

En ese sentido es importante destacar que entre las metas señaladas se encuentra el fortalecimiento del sistema financiero, el cual incluye la reestructuración de la banca tanto comercial como de desarrollo, mismas que han resultado muy onerosas para las finanzas públicas. Sólo basta señalar que en el 2002 el balance público como proporción del PIB arrojó un saldo deficitario de 1.23, nivel superior en 0.58 y 0.51 puntos porcentuales al considerado en el programa anual y al registrado un año antes, respectivamente.

La diferencia entre este resultado, el aprobado para 2002, se explica fundamentalmente por el impacto de la liquidación de Banrural y la creación de Financiera Rural, mismas que fueron aprobadas en diciembre de ese mismo año por este Congreso.

Por otro lado, al hacer un análisis en la parte de deuda pública nos encontramos con que el saldo total de las obligaciones garantizadas por el Gobierno Federal asciende a 447 mil millones de pesos, cifra superior en 16 mil millones a la observada al término del año anterior.

El 82.4% de esta enorme cifra corresponde al Fobaproa-IPAB y al Rescate Carretero. Es hora de que la Secretaría de Hacienda defina conceptualmente y trasparente la información de los diversos pasivos que constituyen deuda contingente. Esto ilustra que las reformas estructurales necesarias para el desarrollo del país no vienen exentas de costos fiscales que no han sido contemplados dentro del Presupuesto de Egresos presentados ante el Congreso.

Respecto a otros rubros no contemplados del Pronafide es de suma importancia señalar que a pesar de que el ahorro público puede traducirse en mayor disponibilidad de recursos para la inversión privada, dicha inversión no se traduce en infraestructura o inversión al sector social, dejando dichos sectores con muy pocos recursos disponibles.

En este sentido el Partido Verde considera que la estrategia seguida por el gobierno requiere de un replanteamiento que involucre las condiciones reales por las cuales atraviesa la economía del país, sólo así se podrán alcanzar las metas que permitan un verdadero desarrollo de los mexicanos.

En nombre de mi compañero, el diputado Julio Lujambio, que no se le dio el uso de la palabra, hago los siguientes comentarios.

El dice que lee y entiende el informe presidencial, pero lo que no entiende es que se quieran maquillar cifras.

En materia de energía...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado, se le ha agotado el tiempo, le ruego concluir.

El diputado Manuel Velasco Coello:

Sí. Pido un permiso especial para concluir, señor Presidente.

En materia de energía se habla de un crecimiento del 20%. Hay que recordar, que para las plantas generadoras de electricidad se requiere de siete años de un anteproyecto para su construcción.

En materia de empleo se ofreció 1 millón 350 mil empleos al año. Se han dado menos de 300 mil empleos al año, por lo que el Presidente Fox debe 3 millones de empleos a los mexicanos.

Y en materia de educación, si bien ha crecido el 16%, hay que mencionar que el 47% de ese crecimiento ha sido de educación privada y de educación pública tan sólo un 2.1% en los tres años.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Javier Salinas Narváez:

Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Tres años después, en el llamado gobierno del cambio del Presidente Vicente Fox, viene completamente derrotado por el fracaso, al sostener el continuismo del proyecto neo-liberal y por el repudio del pueblo mexicano por violar sus promesas económicas de campaña, acompañados de quienes hoy en un acto de gatopardismo, sin ninguna autoridad moral ni calidad, vienen a justificar lo que ellos hicieron como colaboradores.

En el recuento de los grandes logros al Presidente se le olvidó mencionar que habría que incluir la producción de muchos pobres, pero también de muchos multimillonarios, la destrucción de la economía productiva y la reducción extrema del mercado interno, el desmantelamiento de las actividades económicas y las funciones sociales del Estado y la mayor dependencia financiera en la historia con Estados Unidos.

El Presidente Fox vino a hablarnos del equilibrio de las finanzas públicas, la estabilidad de la inflación y de las tasas de interés como base de certidumbre para una economía sana. ¿De qué sirven las bajas de interés y la menor inflación si cada día tenemos más desempleados? ¿De qué le sirve a un desempleado que los precios no se incrementen si no percibe ingreso?

Para corroborar lo anterior sólo basta mencionar que la tasa de desempleo abierto registrada al 3 de junio del presente año ascendió a 3.5%, que es el nivel más alto registrado desde el año 1999. Más aún, los trabajadores asegurados permanentes en el IMSS ascienden de acuerdo al promedio del año 2003 a 10 millones 652 mil 474 personas; son inferiores al promedio registrado en el año 2000, lo que significa que no sólo se ha dejado de crear empleos, sino los que existían se han perdido. El dogma equilibrio de las finanzas públicas, la estabilidad de tipo de cambio y de las tasas de interés que fielmente se pregona y defiende se ha sostenido con el tremendo castigo a las finanzas de Pemex, con la trágica decisión de los trabajadores migrantes, con el amparo y protección del capital extranjero y con la desaparición del mercado y el campo mexicano.

Como un ejemplo de esto durante el año 2002 y a pesar de tener ventas netas del orden de los 340 mil millones de pesos y contar con un precio internacional de petróleo favorable, Pemex obtuvo una pérdida neta de poco más de 15 mil 410 millones de pesos. La razón obedece a su tasa fiscal impositiva que fue del orden del 80%.

Pemex ha aportado más de 270 mil millones de pesos al erario público durante los últimos 22 años y de estos soportes nos explicaría el famoso equilibrio macroeconómico un peso sobrevaluado, políticas contraccionistas para reducir la inflación a costa del salario y del empleo, venta de empresas y activos a favor del capital internacional como el caso de Aseguradora Hidalgo explican el logro del Ejecutivo.

Mientras tanto, lo que en realidad ha sucedido es que los niveles de vida de la mayoría de la población se han visto abatidos, la pobreza y la miseria han aumentado en todo el territorio nacional. Los sectores industrial, agrícola y pesquero, en donde la producción ha caído más del 67% no han encontrado los recursos financieros y políticos para su recuperación.

La deuda interna ha seguido aumentando y con ello la vulnerabilidad de la economía y la soberanía nacional. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de estos tres años difícilmente será del 1%, ¿a dónde quedó el 7% prometido?

El crecimiento del PIB per cápita ha sido negativo durante estos tres años; luego entonces, ¿cómo se afirma que ya hay menos pobres, más aun cuando se ha incrementado la población que percibe entre dos y tres salarios mínimos, ya que muchas familias que se encontraban en niveles superiores, han visto disminuir los ingresos?

Cuando el Gobierno de Vicente Fox se inició, la deuda pública social oficial excluyendo el IPAB, los Pidiregas y pensiones, representaba el 23.1% del PIB, para el mes de junio del presente año asciende ya a 24%, es decir, que cada peso que producimos tenemos comprometidos 24 centavos, si incluimos la llamada deuda contingente cada mexicano al nacer debe ya 24 mil 900 pesos.

Así, el equilibrio macroeconómico sólo satisface al gran capital internacional, la macroeconomía que vivimos los mexicanos no es la del bienestar para la familia, sino la de los bajos salarios, la crisis, la inseguridad pública, los servicios médicos insuficientes, en suma, el presente y el futuro inciertos o generó situaciones de optimismo generalizado al prometer cambiar todo y no cambiar nada.

Hay una desafección total de la sociedad colocando el acento en riesgo para poder llevar a cabo la instalación democrática.

Además, se ha continuado permitiendo todo tipo de pillerías y la acumulación de grandes fortunas ilícitas con el Fobaproa; así mientras que el Presidente de la República le destina al Programa de Emergencia para crear Empleos sólo 100 millones de pesos y el de Emergencia para el Campo 2 mil 800 millones de pesos, en el mes de marzo presentó una controversia constitucional para evitar que a Banamex se le descontara del pagaré del Fobaproa poco más de 7 mil millones de pesos, producto de compras ilegales de cartera se le beneficiaron, esta cifra es más del doble de lo destinado en emergencia para el campo y siete veces mayor a lo destinado al Programa Emergente de Creación de Empleos.

Más aún, bajo la administración del Presidente Fox, ya se han destinado a través del Ramo 34 más de 100 mil millones de pesos al rescate bancario y se persiste en entorpecer las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

Señoras y señores diputados, el III Informe de Gobierno confirmó el desencanto de la sociedad y los sectores productivos por el fracaso de la estrategia económica, el balance de lo sucedido en estos tres años de Gobierno muestran que el país se encuentra prácticamente estancado, el desempleo continúa en aumento y la polarización del ingreso y las oportunidades se acentúan cada día.

Debemos reconocer el cúmulo de rezagos a los que nos enfrentamos; la estabilidad macroeconómica no se ha podido traducir en bienestar para millones de familias, esto demuestra claramente el fracaso del modelo económico adoptado; las llamadas reformas estructurales establecidas por el Presidente Fox como condición para el crecimiento y el empleo no son la panacea; el IVA a los alimentos y medicinas tampoco, como tampoco lo es la privatización del sector energético.

Debemos retomar el mercado interno como motor del crecimiento económico; debemos implantar una industria dirigida al fomento del mercado interno, industrial y del campo y no al fomento de ``changarros''; requerimos replantear la política presupuestaria mejorando la calidad del gasto y la inversión social y productiva, la de deuda pública para no continuar subsidiando a la banca como un requisito para iniciar la reforma tributaria, así como el federalismo y la coordinación hacendaria.

El Partido de la Revolución Democrática se pronuncia para que antes de la discusión del presupuesto para el ejercicio fiscal del año venidero se pueda llevar a cabo la convención hacendaria para que sus resultados sean incluidos en la Ley de Presupuesto de Egresos para el siguiente año.

El Estado debe de reactivar la inversión pública directa, mientras que a la inversión pública se le destinan 9.4 centavos de cada peso que se gasta, el gasto corriente y el servicio de la deuda absorben 70 centavos. La inversión pública genera inversión privada, crecimiento económico y empleo.

Para alcanzar los grandes objetivos del desarrollo y bienestar de la gente, el PRD hace un llamado para establecer una estrategia económica que sin ser ajena a la mundialización sea incluyente del capital nacional, donde las contribuciones fiscales sean acordes con la capacidad económica de los individuos, donde no exista impunidad económica y financiera; en suma, donde las y los ciudadanos y su bienestar sea el objetivo final para alcanzar una nominación más justa y equitativa en las oportunidades para todos, para que nadie ostente privilegios individuales o de grupo que sobrepasen el marco del derecho y la ley.

Proponemos impulsar el desarrollo económico que dé paso al crecimiento nacional de manera sustentable; que se puedan cubrir las necesidades de supervivencia personal como las de reconocimiento y sentido de pertinencia, teniendo como esencia el aprovechamiento y el buen uso de recursos naturales en respeto de las próximas generaciones.

Establezcamos renovadas políticas de bienestar, una concreción de las nuevas ideas sobre trabajo y ocupación; un esquema de rendición de cuentas basado en la transparencia para dar un nuevo impulso a la calidad de vida de todos las y los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Javier Castelo Parada, del Partido Acción Nacional.

El diputado Javier Castelo Parada:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

Todos los días y en todos los medios de difusión escuchamos que la transición a la democracia es asunto concluido, que sólo falta su consolidación, lo cierto es que la transición hizo su parte, la alternancia llegó. Esto es sólo el principio de una nueva realidad de un juego democrático distinto.

El ambiente ha cambiado, la distribución del poder en México hace indispensable acordar no sólo el país que queremos forjar sino los mecanismos a través de los cuales lo haremos posible.

La consolidación de la democracia exige reformar alguno de los esquemas que actualmente impiden el flujo de la comunicación y el alcance de acuerdos estables. Si es cierto que la riqueza está en la diversidad y así lo creo, el Congreso es muy rico, esta riqueza es un legado de los ciudadanos que votaron el pasado julio por sumar y no por dividir.

Aprovechemos la pluralidad escuchando atentamente a cada una de las ideologías aquí representadas y juntos innovemos para consolidar los logros obtenidos y superar los rezagos heredados.

En su Informe el Ejecutivo Federal reconoció e invitó a los actores políticos y a todos los representantes de la sociedad mexicana a dialogar y buscar soluciones pactadas; en este tenor, reconoció la importancia de respetar el equilibrio entre los tres poderes de la Unión, al mismo tiempo celebró la mayor independencia y autonomía de los gobiernos locales y municipales; al respecto apuntó: la esencia del federalismo radica en el Gobierno de responsabilidad compartida y en la solución de los problemas locales con una visión nacional.

El Congreso debe estar a la altura de estos retos y fortalecer en la forma que le corresponde y en la medida que se espera de él, un sistema institucional para que la división de poderes no nos lleve a una parálisis en el Gobierno, sino a la suma de voluntades para el logro de resultados.

Respecto al Gobierno Federal, hay voces que se han levantado para señalar inmovilidad ante el entorno adverso que enfrentamos; sin embargo, debemos ser justos y señalar que esta administración ha puesto en marcha diversas acciones y programas para apoyar la reactivación de la economía, especialmente en lo que se refiere a creación de empleos.

El 1º de mayo, se dio a conocer el programa para impulsar el desarrollo con base en el fortalecimiento del mercado interno, su objetivo es atenuar la dependencia que nuestra economía tiene del ciclo económico internacional, constituye el marco para impulsar diversas acciones, entre las que destacan: obras de infraestructura, mayores recursos para vivienda y fortalecer las acciones para combatir el contrabando que tanto afecta a la industria nacional.

En el mismo sentido el pasado 17 de junio se anunció un decreto que modifica la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para establecer un incremento en los beneficios de la reducción inmediata de las inversiones en activos productivos, lo que se traducirá en un incentivo directo a la inversión para impulsar el crecimiento y la generación de empleos.

El 23 de julio se anunció un plan emergente contra el de-sempleo, incluye medidas presupuestarias, fiscales y de financiamiento. Además, se ha hecho de la mejora regulatoria un proceso permanente, a fin de reducir la carga de trámites que pesa sobre la apertura rápida de empresas y la creación de empleos.

Por otro lado, el Gobierno del Presidente Fox, ha impulsado un proyecto carretero gracias al cual, incluido los recursos de 2003 se le habrán invertido 47 mil millones de pesos, en lo que va de la administración. Este monto representa más del doble de la inversión realizada por el Presidente Zedillo, en sus tres primeros años de Gobierno.

El Gobierno Federal, emprendió un programa de redimensionamiento de su estructura y eso le ha traído un ahorro de 27 mil millones de pesos. Asimismo, inició un programa de separación voluntaria y ya hay 22 mil ex servidores públicos que se han beneficiado.

El Ejecutivo Federal ha mostrado su voluntad de apoyar al sector rural, al haber aumentado su presupuesto en 21% comparado con el 2000 y al firmar el Acuerdo Nacional para el Campo.

Los compromisos se han estado cumpliendo el Programa de Energía para vender diesel subsidiado, las tarifas eléctricas para bombeo, el seguro popular para las familias con Procampo de los estados con más alta marginación. La preo-cupación del gobierno en materia de campo es genuina y se traduce en hechos y resultados que favorecen al sector y a la economía nacional.

En todas las dependencias hay esfuerzos del Gobierno tendientes a reactivar la economía. El turismo por ejemplo, alcanzó una captación record de divisas de 8 mil 800 millones de dólares en el 2002.

El aumento del 57% en los apoyos otorgados por la Banca de Desarrollo, los que ya rebasan los 280 mil millones de pesos, es otro elemento positivo. El haber financiado a más de 58 mil proyectos productivos, es otro hecho que muestra que se está trabajando.

El Presidente Fox ha emprendido acciones para fortalecer el Pacto Federal. Es muestra de lo anterior el incremento a las transferencias para estados y municipios y la firma del acuerdo para realizar la Convención Nacional Hacendaria.

Compañeras y compañeros diputados: la democracia exige de nosotros esfuerzos que la consoliden y la fortalezcan. La sociedad permanece atenta y espera de sus legisladores los cambios que garanticen la viabilidad de este nuevo sistema político, así se manifestó en la pasada elección.

Los posicionamientos de los representantes de los partidos políticos el día 1º nos causaron alegría y esperanza; todos ellos con gran visión, sensibilidad social y política, mostraron estar atentos a las demandas ciudadanas por mayor cobertura de los servicios de salud, suficiente surtido de medicinas, tanto en el IMSS, como en el ISSSTE, mejores instalaciones y calidad en los servicios educativos en todos los niveles, mayor atención al campo, inversión en infraestructura de comunicaciones, etcétera.

Están conscientes los representantes que para todo lo anterior se requiere que el gobierno cuente con mayores recursos económicos, consideran deben provenir de diversas fuentes: ampliar la base de contribuyentes; reducir los índices de evasión; bajar las fugas por contrabando; continuar con el redimensionamiento del Gobierno para bajar el gasto corriente, pero aunado a todas estas acciones, los representantes de los partidos políticos están ciertos que por el monto de los recursos requeridos para enfrentar los rezagos y sentar bases para el futuro, es imprescindible aumentar los ingresos fiscales mediante una reforma hacendaria. Hay coincidencia que la misma no se debe circunscribir sólo a los ingresos, sino también entrarle al renglón de los egresos, a la distribución de los recursos entre los tres niveles de Gobierno para fortalecer el federalismo.

Los representantes de los partidos han considerado que sin perder el control del Estado ni el dominio de la nación sobre nuestros recursos, se puede llevar adelante la reforma energética, la cual ayudaría también a que el Gobierno cuente con más recursos económicos para atender los reclamos sociales o de mejor infraestructura.

Con la autorización de la inversión privada se le hará frente a las demandas de generar la energía que el crecimiento del país requiere, pero el Gobierno dejaría de realizar las inversiones canalizando los recursos que antes destinaba a la Comisión Federal de Electricidad, para combatir la pobreza.

Hay acuerdo entre los representantes, que el mundo global al que nos enfrentamos nos exige como país el actualizar el Marco Jurídico que rige las relaciones obrero-patronales, por supuesto respetando las conquistas sindicales. La visión de estadistas de los representantes de los partidos políticos nos ha llevado al convencimiento que la reforma laboral no se puede postergar. Los diputados de la LIX Legislatura aceptamos que los tiempos políticos que nos está tocando vivir son los de la corresponsabilidad en el Gobierno de nuestro país, por ello hay la voluntad de todos de entrarle a las reformas estructurales.

En el logro de las mismas debemos ir todos; ningún partido político debe permanecer al margen. Aquí no habrá costos políticos para nadie, sino beneficios para las y los mexicanos y estos beneficios se le deberán al patriotismo y visión de los diputados de todos los partidos de la LIX Legislatura.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jesús Morales Flores, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jesús Morales Flores:

Distinguidos miembros de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados:

Acudo a esta tribuna para expresar como representante popular los sentimientos, pero sobre todo las expectativas y tribulaciones del pueblo ante lo que el Presidente de la República expuso en su III Informe de Gobierno, y es que los mexicanos hemos querido ver más hechos que cifras. Esta soberanía ha escuchado un informe sobrio y mesurado, muy lejos del otrora tono triunfalista utilizado por el Ejecutivo. En muchos momentos se advirtió la necesidad de tender puentes más eficaces entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, el tema central fue la democracia.

Lo mismo se habló de la transición que de las prácticas parlamentarias; de apego a la legalidad que de federalismo; de procuración de justicia que de elecciones; de deudas históricas que de inversiones sin parangón, y por supuesto de reformas estructurales pendientes.

En su informe se advirtió un ánimo de concordia y cuenta nueva, sin dejar de advertir que a partir de ese día empezaba la cuenta regresiva.

Es cierto que existen indicadores estables en nuestra economía, el principal de ellos es el control de la inflación, que se han mantenido unas finanzas públicas sanas y que el monto de la deuda externa es manejable, pero también es verdad que no hay empleos, que los ingresos familiares no cubren la canasta básica y que hay pobreza extrema en más de 40 millones de mexicanos.

Ante el difícil, el aterrador panorama económico ya descrito por mi compañero el diputado Tomás Ruiz, diversos sectores de la economía se han visto seriamente afectados. La estabilidad macroeconómica, es sólo eso, estabilidad, no crecimiento. El gasto social no se ha traducido en beneficios, mucho menos en el campo, donde ha prevalecido el criterio neoliberal de medir su importancia económica en términos de su aportación al Producto Interno Bruto, olvidando que más de una tercer parte de la población económicamente activa vive del agro y que genera una quinta parte de los empleos.

Los programas de desarrollo social que el Presidente presume, pueden ser sorprendentes si sólo se aceptan sus cifras fuera de la realidad existente, empero, estos programas han carecido de la sensibilidad social para abatir la pobreza.

Un aspecto de singular relevancia lo tiene el campo. Efectivamente se acordó un presupuesto de 117 mil millones de pesos mediante el acuerdo nacional para el campo y que se ha creado la Financiera Rural; pero este monto está contabilizado amañadamente porque incluye el destinado a diferentes programas de tipo social, pero lo anterior es apenas una gota de agua en un terreno árido, cuando los campesinos mexicanos han comprobado y vivido en carne propia, la carencia de muchas reglas de operación para hacer efectivos esos recursos observando la ineficiencia administrativa que persiste con el subejercicio del presupuesto dedicado al campo.

Nuestra posición es clara, todas las organizaciones que firmaron y pactaron el Acuerdo Nacional para el Campo, sólo sabrán que éste se cumple cuando los campesinos reciban los recursos autorizados y lleguen los programas, no antes.

Tampoco es válido decir verdades a medias. Es cierto que Liconsa le ha comprado a los productores de leche ocho veces más que en el año 2000, pero a precios muy bajos a los existentes en el mercado y que antes, la compra a los productores nacionales en el 2001 y en el 2002, era mínima por los enormes volúmenes de hoy importación de este producto, conducta que aún persiste.

En el mismo tenor, están la educación, el desarrollo cultural y científico. Las cifras del gasto destinado a estos rubros por sí solas no dicen nada, lo cierto es que son millones los niños que no comprenden lo que leen, principalmente los que viven en la zonas rurales, que son miles los egresados de los centros de estudio de vocación agropecuaria, que no encuentran empleo y que estamos muy lejos de hacer investigación y generar conocimiento en el campo.

El informe en comento, en el que abundan cifras y datos, montos de gasto y beneficiarios, carece de proyecto de una amplia visión, carece de visión social. No se advierte en dónde están las sólidas inversiones en infraestructura como propósitos económicos, como son las comunicaciones, las obras hidráulicas y el desarrollo de las tecnologías aplicadas al campo; tampoco las que deben tener sentido social como las de educación, salud y seguridad.

Así lo revelan los indicadores sobre competitividad internacional en materia económica, así lo confirma la creciente pérdida de empleos en el sector manufacturero industrial y agropecuario, que del crecimiento positivo que tenían en 1999, pasaron a un crecimiento negativo en el 2003. Lo corrobora también el cierre de maquiladoras en la frontera norte y en el centro del país, la incesante migración de los campesinos ante la falta de oportunidades y la cada vez más lejana posibilidad de producir en el campo y exportar en igualdad de condiciones que nuestros competidores.

La eficiencia gubernamental, el desempeño económico y el gasto en infraestructura han disminuido y las razón es una, ha faltado dirección y rumbo que es algo más que promesas y es que las contradicciones e inexactitudes de las que está plagado el informe, reafirman esta visión.

Por eso, hay que decirlo puntualmente y con firmeza, la fracción parlamentaria de mi partido no ha estado cerrada a las reformas que sean necesarias llámense de Estado, energética, hacendaria, de telecomunicaciones o laboral. No es ningún freno para el desarrollo, porque para inducirlo hace falta eficientar la gestión gubernamental.

Prueba de ello es que la LVIII Legislatura pudo hacer reformas importantes para la educación y que el 8% del Producto Interno Bruto, se dedica a ella; igual sucedió con la Ley General de Salud, la de Capitalización del Procampo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Aguas. Las dos últimas, por cierto, vetadas por el Presidente de la República alegando inconstitucionalidad y una autonomía inaceptable de la Comisión Nacional del Agua.

No obstante lo anterior, gracias al trabajo de los diputados, muchas de estas leyes son una realidad y están en la historia reciente de este Palacio Legislativo.

La gobernabilidad del país, no depende exclusivamente del Congreso de la Unión, el Ejecutivo debe encarar su responsabilidad, la obligación de atender los asuntos más importantes del país y tender los puentes necesarios para dialogar y llegar a acuerdos y consensos por encima de intereses partidistas.

La fracción priísta sabe trabajar con responsabilidad y seriedad porque no está en juego la viabilidad de un partido o una corriente ideológica, están en juego los altos intereses de la patria y para ello es necesario apelar a la razón, porque hoy y siempre la honraremos con la congruencia de nuestros actos.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, diputado Jesús Morales Flores.

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ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO. POLITICA SOCIAL
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Esta Presidencia informa que para la primera ronda sobre el análisis del III Informe de Gobierno en materia de ``Política Social'', los grupos parlamentarios han inscrito a los siguientes diputados: Luis Maldonado Venegas, por Convergencia; Amadeo Espinosa Ramos, por el PT; Alejandra Méndez Salorio, por el Partido Verde Ecologista de México; Clara Marina Brugada Molina, por el Partido de la Revolución Democrática; Maki Esther Ortiz Domínguez, por el Partido Acción Nacional y diputado Heliodoro Díaz Escárraga, por el Partido Revolucionario Institucional.

Luego entonces, tiene la palabra hasta por 10 minutos, el diputado Luis Maldonado Venegas, de Convergencia.

El diputado Luis Maldonado Venegas:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Para Convergencia, la gran transición pendiente de México es la transición social; la transición de un país de enormes desigualdades a las de una nación de oportunidades para todos. En ello coincidimos con el mensaje político que el pasado primero de septiembre expuso en esta alta tribuna el Presidente Vicente Fox, al expresar que la dimensión e intensidad de la pobreza conocen en nuestro país desde tiempos históricos, límites ofensivos para la dignidad humana.

No podría ser de otra forma ante el hecho inocultable de una creciente expansión de la marginalidad y la pobreza que actualmente agravia a más de 50 millones de mexicanos; pero en contraste, hemos reflexionado y analizado con enorme reserva, la afirmación consignada en el Informe Presidencial acerca de que hemos avanzado en la reducción de la pobreza y mejorado en la distribución del ingreso.

Sobre el particular y en ánimo de no polemizar ni desviar la atención de esta Asamblea en los siempre controvertidos y controvertibles métodos de medición de la pobreza, me permito reproducir en su expresión textual la parte relativa del informe del panorama social de América Latina 2002-2003 publicado por la CEPAL, fuente citada por el Primer Mandatario, en la que se señala puntualmente: ...pese al decrecimiento de su producto por habitante en 2001-2002, menos 2.6% en el bienio, la última encuesta de hogares disponible para México, mostró una reducción de la tasa de pobreza a nivel nacional de 1.7 puntos porcentuales y de la tasa de indigencia de 2.6 puntos, ambas con respecto a las cifras del 2000.

Es de señalar, agrega el informe, no obstante, que dicha reducción sería atribuible exclusivamente a la baja registrada en las áreas rurales, ya que en las áreas urbanas la pobreza se mantuvo constante y la indigencia incluso aumentó.

Cabe hacer notar, continúa el informe, sin embargo, que probablemente las cifras correspondientes al 2002, no sean del todo comparables con las del 2000 en especial en las áreas rurales, debido a los cambios introducidos en el diseño muestral.

El reporte de la CEPAL habla por sí mismo y no merece mayores comentarios.

Ahora bien, no es debate de las cifras, no es la controversia del número de pobres la que debe llamar nuestra atención sino las proporciones mayúsculas, las proporciones mayúsculas de este desafío, ya que desde los escenarios más críticos a los más conservadores, los datos son concluyentes y en general alarmantes.

Un ejemplo revelador del dramatismo con el que se proyecta esta realidad, corresponde a los siguientes escenarios. Si México lograra mantener un crecimiento económico por persona de 2% anual, situación que no ha ocurrido en los últimos años, le tomaría 60 años eliminar la pobreza extrema y si mantuviéramos una tendencia de abatimiento de la pobreza, como el que se reporta en el Informe Presidencial, requeriríamos un horizonte estimado de 100 años, lo cual es éticamente inadmisible, políticamente inaceptable y socialmente insostenible.

No eludimos reconocer la complejidad estructural que se antepone a todo esfuerzo guiado a resolver las condiciones de pobreza y marginación que prevalecen en el país. Pero precisamente por ello, Convergencia ha sostenido la necesidad de establecer una política social de Estado, con una visión de largo alcance, en un marco legal que confiera certidumbre y estabilidad a los programas sociales y establezca las bases irreductibles de los recursos destinados a este objetivo fundamental, que no puede permanecer supeditado a la lógica del equilibrio macroeconómico y a sus recurrentes crisis financieras, en donde han sido siempre los más pobres de los pobres los paganos de la estabilidad.

Coincidimos, una vez más, con el mensaje presidencial, en que la visión de la política económica y social, deben complementarse y reforzarse mutuamente. Como un partido ideológicamente comprometido con la democracia social, pensamos que es la hora de superar el falso dilema, que por una parte opone la sujeción de la política social al desarrollo económico y por otra esgrime la bandera del relajamiento económico en nombre de un populismo insostenible en el largo plazo.

Falso dilema, porque de hecho, la medida del éxito de una política económica, sólida y sustentable, radica en generar oportunidades productivas y de bienestar para la sociedad en su conjunto.

Queda claro que debemos modernizarnos, ser productivos y competitivos para prevalecer en el mundo global, pero siempre buscando los equilibrios sociales necesarios; de lo contrario seguiremos abonando las frustraciones de un modelo que en el mundo no está demostrando eficacia social, un modelo que es generador de riqueza pero igualmente concentrador del ingreso y por ende un modelo que ha profundizado las asimetrías y desigualdades entre grupos sociales, entre regiones y entre géneros.

El sector exportador debe ser palanca del desarrollo de sectores, como el industrial y el de servicios, que la micro y pequeña empresas, pero equiparable a mayor esfuerzo reclama el sector agrícola y los grupos urbanos precarios y emergentes, inmersos en la economía informal, única alternativa de supervivencia para ampliar sectores marginados excluidos de los derechos laborales, que la protección social y de las oportunidades de un desarrollo sustentable.

Actualmente más del 25% de los mexicanos habita en cuatro grandes cuencas metropolitanas y otro 50% habita en ciudades medias o zonas suburbanas, el efecto de lo anterior, es que el patrón expansivo de la pobreza actualmente es predominantemente urbano sin que exista una red de protección social que inhiba de manera integral este fenómeno lacerante.

El Presidente de la República ha informado que el programa ``Oportunidades'' inició su etapa de atención a zonas urbanas en las que ya se registran 2.5 millones de beneficiarios.

Lo anterior frente a una presión social que hoy concentra en estas áreas a más de 25 millones de personas en situación de pobreza. No descalificamos el esfuerzo pero sí enfatizamos que es insuficiente el avance y el ritmo de su cobertura frente al clima de explosividad social que caracteriza zonas depauperadas, principalmente de las grandes metrópolis.

Sin duda es igualmente alentador que Diconsa como responsable del programa de abasto rural, no haya realizado importaciones de maíz. Así nos lo informó el Presidente de la República. Pero es preocupante que en los anexos de su propio informe, se registra que a la fecha del informe, existen 378 tiendas menos que las registradas a diciembre de 2002, sin soslayar el hecho de que la desaparición de las mismas han ocurrido en localidades de alta y muy alta marginación. Se ha dicho de paso que al término de dos años y medio, se ha registrado cuatro directores de esta empresa actualmente acéfala.

Estos son algunos ejemplos de los claroscuros del III Informe de Gobierno que hoy se glosa, en los que contrasta la voluntad declarativa del Primer Mandatario con la que nadie puede estar en desacuerdo con la magnitud del balance de avances y resultados, con la que nadie puede estar satisfecho.

Para nuestra fracción el mensaje político presidencial tiene una alta razón de Estado, cuando nos convoca a emprender juntos un ejercicio de creatividad jurídica para encauzar nuevas realidades. Para dar sentido y rumbo a estos afanes, Convergencia se pronuncia por concretar el procesamiento de una Ley de Desarrollo Social y porque en la próxima aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, se establezcan recursos irreductibles y crecientes a programas sociales como los que hemos enunciado, en defensa de las instituciones sociales de los tres órdenes de gobierno y en beneficio del tejido social que ha sufrido en los últimos lustros los embates de un modelo económicamente insensible y ajeno al drama social de la pobreza y de la marginación.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, diputado Maldonado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos, según el numeral 3, del acuerdo que rige esta glosa del informe.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La supuesta reducción de la pobreza lograda durante la gestión del Presidente Fox, es una vergonzosa mentira y ofende la inteligencia de los mexicanos.

Las condiciones generales de deterioro social y de la economía desmienten categóricamente las aseveraciones del Presidente de la República. La magnitud de la pobreza en la que se encuentra nuestro pueblo, no corresponde con el que estemos situados como la novena economía del mundo.

El Presidente pretende mantener la gobernabilidad de nuestra nación con base a mentiras sistemáticas. Su gobierno falsea las estadísticas e incluso modificó la metodología para medir la pobreza y ya no hay forma de hacer comparaciones con los años recientes, para ver si se ha mejorado efectivamente en esta materia.

El corazón de la política económica y social, es producir más pobres; es ampliar la brecha entre los explotados y los explotadores. Los hechos de la realidad son contundentes; no admiten polémicas ni controversias.

Hoy el pueblo de México se encuentra ante una de las peores encrucijadas de su historia. El creciente desempleo, la inseguridad pública, la migración masiva de los jóvenes y adultos hacia Estados Unidos, la falta de acceso a la educación superior de cientos de miles de jóvenes, y el de-sempleo de los egresados de las universidades son indicadores reales que hacen trizas las cuentas alegres de los políticos neoliberales. No necesitan ser demostrados, están a la vista de todos.

Y en el caso particular de la educación superior, la matrícula se ha reducido y, por el contrario, se ha dado una privatización silenciosa de ésta con el florecimiento de las universidades privadas.

La situación del campo es mucho más grave que la de otros sectores productivos porque no obstante que el presidente Fox señaló que el gasto para el campo es el más alto de la historia del país, se le olvidó decir que el campo está devastado, que la migración a Estados Unidos crece día con día y que realmente se necesitaría un esfuerzo descomunal para superar los grandes rezagos estructurales que se han acumulado en el medio rural.

Ese es el verdadero rostro de la política social en el marco de los regímenes neoliberales de México y en particular durante los tres años que van de la administración del Presidente Fox.

¿Por qué pretende el Presidente y sus principales colaboradores engañar al pueblo de México y a esta soberanía diciéndonos que la pobreza de ha reducido, cuando las condiciones económicas y sociales se han deteriorado y no hay crecimiento económico ni generación de empleos?

El gobierno foxista tiene que entender que si no hay crecimiento de la economía no puede haber combate a fondo de la pobreza, no puede haber ingresos para los pobladores si no se multiplican los proyectos productivos.

Tampoco puede haber tranquilidad entre las familias mexicanas cuando sus bolsillos están vacíos.

Compañeras y compañeros diputados: el pueblo de México ya no aguanta más; necesita ver resultados, ya no quiere escuchar más promesas y mentiras, ya no soporta que el Presidente y algunos secretarios les digan a los desempleados que deben buscar como alternativa el autoempleo.

De qué se trata. ¿Acaso este gobierno y los grandes capitalistas han abandonado su responsabilidad histórica y moral de garantizar el empleo y el sustento de quienes son los generadores de la riqueza que luego termina concentrada en los bolsillos de unos cuantos poderosos?

Al grupo parlamentario del Partido del Trabajo le queda claro que el Presidente no ha respondido a las exigencias que demanda la solución de los grandes problemas de nuestra nación. Es más, su Gobierno se ha convertido en un obstáculo para dar una salida clara a la crisis económica y social que nos agobia.

Miente cuando dice que los salarios reales han crecido en la industria en 10.5% en los tres años que van de su gobierno. Los hechos en la realidad refutan lo dicho por el Presidente.

Por ejemplo, durante 2003 se autorizó un incremento promedio de los salarios mínimos de apenas 4.5%, mientras que la inflación será por arriba del aumento autorizado. Durante el primero y el segundo año de ejercicio del gobierno foxista las cosas no fueron diferentes en esta materia.

Por lo tanto, la conclusión contundente a la que se puede llegar es que sí hay una caída del salario mínimo real durante el mandato del Presidente Fox y si el incremento de los salarios reales a que alude son los que derivan de los convenios laborales colectivos, entonces debemos señalar que el grueso de la población trabajadora no tiene acceso a este tipo de salarios.

Lo que sí es real es que cada vez es menos la gente que cobra, y las mujeres son las más vulnerables y son cada vez menos los trabajadores que reciben salarios de convenios colectivos.

A diferencia de lo que se dice en el informe, actualmente más de 25 millones de nuestros compatriotas, es decir, más de la mitad de la población económicamente activa, no tiene prestaciones laborales. Casi tres millones y medio de trabajadores agrupados en la población económicamente activa tiene algún tipo de trabajo, en donde sólo sobreviven con las propinas que reciben.

Por su parte el INEGI en su Encuesta de Ingresos y Gasto de las Familias de 2002, reconoce que el ingreso promedio del 10% de los hogares más pobres, es decir, 2.27 millones de familias ocupadas, sobrevive con un ingreso mensual de 1 mil 379 pesos, con una cifra promedio de 4.1 miembros por cada familia y obtiene una percepción diaria por persona de 11.2 pesos.

Mientras el 20%, es decir, 4 millones 930 mil hogares, participa con el 54% del ingreso. Eso demuestra que en nuestra nación existe una concentración cada vez más aguda del ingreso. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres.

El problema de México no es de falta de riqueza, sino de la injusta distribución de ésta.

Por esa razón gran parte de nuestro pueblo ha tenido que recurrir a la creación de changarros informales, pero no por recomendación del gobierno ni del Presidente, sino por una necesidad social de satisfacer el hambre.

Hoy nuestro pueblo está resolviendo su pobreza gracias a las grandes remesas que envían nuestros migrantes a sus familias.

Como se sabe, los programas sociales que el Gobierno Federal tiene para combatir la pobreza, son insuficientes y la cobertura de los mismos es enormemente limitada.

Compañeras y compañeros diputados: tenemos que reconocer que el modelo neoliberal se agotó, la vía autoritaria de modernización que se impuso al pueblo mexicano desde el gobierno gris de Miguel de la Madrid, llegó a su fin. Hoy no hay vuelta de hoja.

En este contexto el régimen foxista ha sido incapaz de articular intelectual y políticamente, un nuevo proyecto de nación que incorpore y recoja las aspiraciones de los amplios sectores de nuestra sociedad, incluso los grandes empresarios le reclaman su incapacidad.

El Partido del Trabajo ha propuesto la vía social para superar los grandes rezagos en materia social de nuestra nación. Estamos a favor de canalizar mayores recursos a la educación, a la vivienda popular, al campo, a los pueblos indios, a los micro, pequeños y medianos empresarios.

Ha llegado la hora de cambiar el rumbo del gasto público que hasta ahora sólo ha servido para rescatar a banqueros corruptos, a concesionarios de autopistas y carreteras, al pago de la deuda interna y externa, así como al pago del costo financiero de los Pidiregas.

México cuenta con recursos financieros para sacar adelante al país. Lo que necesitamos es cambiar el rumbo de esos recursos para que nunca más termine en manos de los saqueadores y de los parásitos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, diputado Espinosa Ramos.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Alejandra Méndez Salorio:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En su III Informe de Gobierno el Presidente Fox nos informó en relación al Proyecto de Desarrollo Humano y Social ``Contigo'', donde se menciona que la pobreza alimentaria se ha reducido en un 3.9%, que el índice de las personas por debajo del desarrollo de capacidades es de un 5.4% y que en el rubro de la población afectada en el área del desa-rrollo, su patrimonio es de 2%.

No nos queda claro que en el informe que nos ha sido entregado, no se haga referencia acerca del dato comparativo del porcentaje total de la población nacional beneficiada.

Estos datos no nos permiten conocer con certeza cuál es la mejora de la población atendida en cada uno de los rubros.

Mucho agradecemos tengan a bien especificar la cantidad de mexicanos beneficiados en trabajo y salario. Sobre la reducción de los niveles de pobreza la estabilidad económica que tenemos ahora no ha permitido una recuperación en los salarios reales, a pesar que la inflación ha disminuido en un 10% del año 2000 a un 4% en el año 2003.

El salario se ha visto dañado por diversos factores como el crecimiento de los índices de desempleo, el estancamiento económico y la desaceleración en la economía, la baja productividad y el cierre de cierres productivos. Principalmente esos factores impiden que el salario alcance un poder adquisitivo superior a los índices inflacionarios. Estos efectos se ven claramente reflejados en la microeconomía.

Si se realizara una encuesta a un número considerable de amas de casa y se preguntara si perciben la recuperación del salario, en el resultado de dicha encuesta no avalarían los datos del informe, sino al contrario, el resultado sería que las compras de bienes son más caros.

En salud y seguridad social sobre el tema de protección social que da atención a todas las niñas y niños menores a los dos años, consideramos que éste es un corto plazo para asegurar crecimiento sano a los infantes. Por ello, deben tomarse medidas de prevención y mejoramiento integral en la salud y evitar que reaparezcan enfermedades erradicadas como el sarampión, que actualmente nos afecta.

Las heridas de salud han aumentado en infraestructura. El Programa Cruzada Nacional por la calidad de servicio de salud ha logrado desarrollar en un porcentaje muy alto, el 60% en el aspecto regular a los medicamentos básicos para la población atendida. Pero, ¿qué ha sucedido con los rezagos que tenemos en prevención y enfermedades en lugares contaminados, en prestaciones de desempleo, en enfermedades de invalidez, en combate a la desnutrición, en recuperación de cuotas de seguridad social en beneficio de los que cotizan? Agradecemos se nos informe con veracidad.

Es evidente que son urgentes los cambios en materia de salud para asegurar el nivel y calidad de vida que requiere nuestra población.

En patrimonio. Sobre el tema generación de operaciones de ingreso hacemos mención a su Programa Habitat se encuentra en la etapa de planeación e identificación de las localidades donde se colocarán los centros estratégicos comunitarios. De lo cual inferimos que el avance del 2% que se menciona fue captado a través de las instrucciones que dependen del Conhabit como son el Infonavitt, el Infonavissste y el Fonhapo. De no ser así, ¿podría aclararnos cuál es el avance de la población beneficiada?

Formación de Patrimonio. 750 mil viviendas, que es la meta del sexenio, son muy pocas comparadas con la población nacional que las requiere y bajo los parámetros mediante los cuales se entrega un crédito de vivienda no será posible cubrir la demanda, ya que para la mayoría de la población es imposible acceder a esos créditos.

Los avances en el tema de incentivar el ahorro han sido en materia de ley y en materia institucional escritos, pero en la realidad cotidiana preguntamos, ¿cómo es posible incentivar el ahorro si el ingreso de una familia no alcanza para cubrir sus necesidades mínimas de subsistencia?

El financiamiento a pequeñas y medianas empresas no logra fortalecer e incrementar el mercado interno y mucho menos subsistir en el mercado de competencia internacional mediante apoyos a exportación como Bancomext.

Cita el informe que la justicia social es parte de una economía eficiente. Por eso preguntamos: ¿Existe en México una economía eficiente?

Como podemos observar existe una relación asimétrica entre política social y política económica, misma que imposibilita alcanzar las metas de gobierno. La realidad económica del país nos impide activar fuentes de trabajo y au- mentar el ingreso familiar, así como obtener créditos, ser más productivos, contar con capacidad de ahorro y construir más viviendas.

Sin más por el momento mucho agradeceremos al Ejecutivo nos haga llegar la información que hemos solicitado de este informe.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, diputada Alejandra Méndez Salorio.

Tiene el uso de la palabra la diputada Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

La diputada Clara Marina Brugada Molina:

Gracias, señor Presidente:

El pasado 1º de septiembre observamos a un Presidente que convierte lo cotidiano en logro y los fracasos en responsabilidad de todos, un gobierno que transita de la autosuficiencia y el voluntarismo al, ¿y yo por qué?, un gobierno que rebautiza los programas e instituciones para encubrir el continuismo y la simulación, un gobierno que juega con las cifras y datos oficiales para presentarlos como logros que no corresponden a la realidad.

A diferencia de lo que afirma el Presidente Fox, lo cierto es que por tercer año consecutivo la economía crecerá menos que la población, que durante este gobierno se dejaron de crear empleos formales; de diciembre de 2000 a junio de 2003, el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social disminuyó en 614 mil.

Según datos del INEGI, en los tres años de este gobierno 270 mil personas pasaron a ser desocupados abiertos y alcanzamos la tasa de desempleo más alta desde 1972.

El saldo de la política destinada a superar la pobreza es el mejor ejemplo de un informe contradictorio. Mientras el Presidente nos informa que es su máxima prioridad, los datos duros nos muestran que la pobreza no se ha reducido, que el presupuesto para combatirlo ha disminuido como proporción del Producto Interno Bruto y que se sigue apostando al fortalecimiento del Programa Oportunidades, antes Progresa, a costa de los programas productivos y alimentarios para la superación de la pobreza.

Ni las ocurrencias ni el continuismo ni los golpes publicitarios, como el risible ``Pa' que te alcance'', sustituyen a una política de Estado que enfrenta de forma integral y responsable las agudas carencias sociales.

El sistema educativo nacional presenta problemas estructurales que se han agudizado en los pasados tres años. Más de un millón de niños y adolescentes se encuentran fuera de la escuela. La oferta educativa media y superior ha disminuido en provecho de la educación privada.

Una muestra emblemática de la ausencia de claridad que existe en el tema educativo, es la afirmación presidencial de que la inversión en educación representa el 6.8% del Producto Interno Bruto y con ello se está cerca de alcanzar la meta del 8% que recomiendan los organismos internacionales y que ahora lo obliga la ley. Pero está sumando peras con manzanas, ya que al incluir al sector privado se contabilizan indebidamente recursos que no son parte del esfuerzo financiero del Gobierno Federal, que sólo destina el equivalente al 4.5% del Producto Interno Bruto.

Los recursos destinados a los pueblos indios resultan absolutamente insuficientes y obedecen a un criterio asistencialista. La paz con justicia y dignidad sigue siendo un expediente muerto que en el informe se presenta como un catálogo de reuniones para engrosarlo; el problema de fondo sigue sin atenderse.

El Instituto del Seguro Social y el ISSSTE son un pilar de la política social, no obstante ambas instituciones sufren un gradual debilitamiento que pone en riesgo su viabilidad futura. Entre junio del 2002 y 2003 se registra una caída de 93 mil 499 cotizantes directos al seguro y un drástico descenso de 3.6 millones en el número total de derechohabientes en 2003 con respecto al año anterior como cifra estimada, es decir, en sólo un año quedarán excluidos de los beneficios de la seguridad social 3.6 millones de personas.

Asimismo, el informe omite tocar una de las desigualdades más lacerantes del país, sólo una quinta parte de los más de 5 millones de adultos mayores de 65 o más años, goza de una pensión de vejez o por jubilación, el resto de ciudadanos de ese grupo de edad nunca tuvo acceso a algún régimen de seguridad social o fue expulsado del mercado formal de trabajo; para ellos no existe futuro y no tiene cabida ni siquiera en el discurso del Gobierno de la alternancia.

Por otro lado, a pesar de que el Gobierno Federal se propuso institucionalizar la perspectiva de género en sus políticas públicas, en el tercer informe la problemática de la mujer es un tema secundario.

Ante la grave situación del país las mujeres siguen siendo las analfabetas, las pobres entre las pobres, las desempleadas y las que mueven por causa de enfermedades curables.

En el renglón de la salud se aportan datos preocupantes, el Presidente afirma que este año hay más médicos y enfermeras, pero lo cierto es que, al cierre del presente ejercicio, se estima que habrá 134.6 médicos por cada 100 mil habitantes, mientras que en el 2002 la relación era de 136.3 por cada 100 mil. Este descenso marginal se observa también en el número de enfermeras.

Las camas censables bajan, las intervenciones quirúrgicas por cada 1 mil habitantes bajan, la vacunación baja, todos estos datos reflejan que la atención a la salud de los mexicanos empeora, que se debilitan las instituciones sociales históricas para abrir la puerta a esquemas de privatización encubierta como el mal llamado seguro popular.

Por cuanto a la política laboral, se señala que la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo impulsada por el Gobierno, permitirá contar con una legislación acorde a los requerimientos de la globalización, pero no se dice que busca facilitar el vestido, crear empleo precario y que ataca los derechos de sindicalización y contratación colectiva.

Las necesidades crecientes de vivienda son atendidas por una política dominada por la escasez de recursos presupuestales, que privilegia la intermediación del sector privado y desatiende a la demanda de las familias de escasos recursos.

Aquí en este tema nuevamente se copetean las cifras al incluir la inversión privada, la estatal, la municipal y la de los trabajadores como parte de las acciones que no realiza el Gobierno Federal.

Pero no sólo eso, falsifican también la verdad afirmando que en dos años el Programa y la Institución de la Fonapo otorgará 256 mil créditos para vivienda cuando en realidad no pasa de 21 mil créditos, es decir, hay una diferencia de 237 mil créditos inventados en este informe.

Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es impostergable un viraje en la política social, para dejar atrás el continuismo de una política asistencial excluyente, ineficaz y parcializada, cuyos resultados han sido nulos ante las crecientes demandas de la población.

En esta legislatura se deben garantizar los mecanismos concretos para elevar el presupuesto educativo al 8%. Se deben fortalecer programas que tengan como propósito una salida productiva a la pobreza y atender las necesidades de financiamiento de las instituciones públicas de salud y seguridad social. Se debe crear la Pensión Universal para los Adultos Mayores, debe concretarse la Ley de Desarrollo Social que garantice la exigibilidad de los derechos sociales y una reforma laboral para democratizar el mundo del trabajo respetando los principios de estabilidad en el empleo y los derechos colectivos.

Debe fortalecerse la política de equidad de género mediante la transversalidad. El centro de la política social debe ser el empleo, los salarios y la redistribución del ingreso que amplíe las oportunidades bajo la mira de los derechos sociales cuyo cumplimiento si bien es responsabilidad de la sociedad con cada uno de sus miembros es fundamentalmente una obligación del Estado.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias diputada Brugada.

Tiene el uso de la palabra la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

La diputada Maki Esther Ortiz Domínguez:

Con su venia señor Presidente.

La política social del Estado es, en esencia, el reflejo de la naturaleza de quien gobierna. El Partido Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política.

Es esta persona la que está vinculada con la sociedad y con las futuras generaciones de manera solidaria; por eso, en el PAN creemos que los seres humanos no son meros beneficiarios de programas asistenciales sino verdaderos agentes de cambio en el proceso. No basta proporcionar bienes y servicios materiales a grupos de población que padecen privaciones sino que deben ampliarse las capacidades y las opciones humanas. Nosotros creemos que esta visión permite dejar atrás el paternalismo, el clientelismo, el populismo y la tecnocracia neoliberal.

La política social que compartimos con el Poder Ejecutivo tiene dentro de sus más altas prioridades el combate a la pobreza. En el informe del Presidente Fox se reconoce que la dimensión e intensidad de la pobreza conocen en nuestro país desde tiempos históricos límites ofensivos para la dignidad humana; este reconocimiento de una indignante deuda de pobreza compromete al Estado por encima de cualquier otra materia a trabajar por su eliminación, reconociendo lo que en nombre de la sociedad como un todo se logra con el esfuerzo y los recursos de todos los mexicanos.

Por primera vez una administración se compromete con una metodología para la medición de la pobreza, que permite medir objetivamente avances y transparentar la información. Son el INEGI, PNUD y la CEPAL quienes han señalado que en México ha habido avances en la reducción de la pobreza y en el mejoramiento de la distribución del ingreso en los últimos dos años. No es el PAN quien lo dice, ahí están los datos, ahí están las instituciones.

Si bien hace falta un largo camino para cumplir con los compromisos y superar la pobreza y la desigualdad, hemos tenido avances con acciones de Gobierno como oportunidades, que ha demostrado ser efectivo para identificar los hogares más desprotegidos y combatir la pobreza y la desnutrición y apoyar la salud y la educación.

Para este año, se ha ampliado su cobertura a 4.2 millones de familias y se han asignado 382 mil becas para educación media superior, que nunca se habían otorgado.

Con el fin de apoyar el desarrollo de las comunidades urbanas y rurales, existen los programas de hábitat y micro regiones, que articulan la política social con el desarrollo territorial y humano.

Mejorar la salud de los mexicanos reduciendo la brecha entre estados, regiones y grupos sociales para arribar a un sistema de salud universal, equitativo, democrático y de calidad es un compromiso que concierne al Poder Ejecutivo, Legislativo y a la sociedad.

Los legisladores de Acción Nacional reconocemos los avances logrados en los programas orientados a la población más necesitada. Ejemplo es ``el arranque parejo en la vida'', que parte del principio democrático de que todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades.

Este programa ha beneficiado a más de un millón y medio de niños y mujeres, lo mismo podemos decir del programa de ampliación de cobertura que otorga servicios de salud de primer nivel a la población rural.

Reconocemos el aumento en la cobertura en los tratamientos antirretroviral gratuito a personas con SIDA, pues hoy 9 de cada 10 son tratados, así como el descenso en 68% de la prevalencia de VIH-SIDA en jóvenes a través del Programa de Atención a la Salud Reproductiva del Adolescente.

De igual manera señalamos que aunque se necesita ampliar las iniciativas de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios, los resultados del monitoreo en los indicadores de satisfacción de los usuarios en cuanto a la información de los médicos en el diagnóstico y tratamiento, se ha mantenido por arriba del estandar establecido.

En pleno Siglo XXI no es válido que 45 millones de mexicanos aún no tengan acceso a los servicios de salud.

Respondiendo a ése reclamo se creó el seguro popular, que en sus primeros meses tiene ya 317 mil familias afiliadas. Dependerá en mucho de lo que hagamos en esta Cámara de Diputados para que este programa, junto con la reforma del IMSS y del ISSSTE que sirven a 66 millones de mexicanos sea una nueva esperanza para quienes han carecido de ése fundamental servicio. Si acertamos, no sólo saldaremos una deuda de justicia, sino pondremos un nuevo peldaño para el desarrollo de este país.

Como respuesta al Acuerdo Nacional para el Campo, observamos programas como comunidades saludables y educación saludable, que detectan problemas de salud en grupos indígenas rurales, urbanos y de bajos recursos.

Para abatir el rezago de vivienda este año se asignaron 650 mil créditos y subsidios dirigidos a familias de menores ingresos. Para el PAN, ello significa un avance sustancial en materia de justicia social. La cultura de paz laboral es sin duda uno de los avances que como sociedad hemos dado.

En estos tres años ha disminuido el número de huelgas estalladas y todo el sindicato legalmente establecido es interlocutor válido de este Gobierno.

En coordinación con los sectores productivos y los gobiernos locales, se han implementado esquemas que permiten acercar la demanda con la oferta de empleo y el Fonacot ha fortalecido sus programas otorgando créditos con las tasas más bajas del mercado.

En este rubro el Congreso de la Unión tiene el más importante reto; lograr una nueva Ley Federal del Trabajo que esté a la altura de las necesidades sociales y económicas de la nación.

El informe señala el compromiso gubernamental de establecer las condiciones que ayuden a brindar a la sociedad los conocimientos, habilidades y aptitudes que permitan el desarrollo integral humano.

La educación es una de las prioridades de la política social y por ello el gasto nacional en educación alcanzará 450 mil millones, equivalente al 6.8% del Producto Interno Bruto. Para elevar la calidad de la educación el programa escuelas de calidad, está formando comunidades escolares comprometidas con la calidad educativa, que orientan a la escuela como el centro de su atención, a este programa se destinaron 1 mil 128 millones de pesos este año.

En cultura y fomento al interés por el libro y la lectura además de la red nacional de bibliotecas públicas, se impulsaron programas para dotar a las escuelas y a cada salón de clases con libros que accesan a los educandos a títulos que los adentran a la lectura y sembrarán en ellos el gusto por la lectura.

Frente a los retos de la competitividad mundial el gobierno incrementó en 6.7% el gasto en ciencia y tecnología, que superará los 27 mil millones de pesos. El Sistema Nacional de Investigadores está hoy conformado por más de 9 mil científicos. El capital humano que seamos capaces de crear nos impulsará en los próximos decenios, ahí radica la importancia de la promoción a la juventud y la creación de un ambiente saludable que desarrolle sus capacidades intelectuales y físicas.

Por primera vez se puso en marcha el Programa Nacional de Juventud, cuyo objetivo es impulsar al trabajo coordinado de la sociedad y los tres órdenes de Gobierno. Asimismo, el trabajo de organizaciones y entidades relacionadas con el deporte, se refleja en mejores resultados a nivel internacional en distintos deportes individuales y por equipo. Con la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, la Conade tiene las facultades suficientes para trabajar en el deporte de alto rendimiento y para todos.

En materia indígena se transformó al Instituto Nacional Indigenista en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que queda bajo la dirección de 12 secretarías de Estado y afirma que la relación con los pueblos y comunidades indígenas debe ser de respeto, dignidad y justicia.

Recibimos con particular beneplácito la decisión de nombrar un comisionado especial que esclarezca los oprobiosos homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y reconocemos el importante papel que el Instituto Nacional de la Mujer y la sociedad en su conjunto han desempeñado en este lamentable aspecto.

Otros importantes programas sociales son los del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la campaña contra la prostitución y pornografía infantil, ``Abre los Ojos, pero no Cierres la Boca'' y el programa internacional contra la explotación infantil y en atención de niñas y niños de la calle, el programa ``De la Calle a la Vida'', que junto al denominado conversión, ha beneficiado a cerca de 450 mil personas.

Amigas y amigos legisladores: dejemos a un lado nuestros compromisos partidistas para dar paso al único compromiso verdadero, el del pueblo de México que nos dio la oportunidad de estar aquí, no sólo para ganar un debate, sino para ganar con nuestras propuestas y coincidencias el combate a la pobreza, la marginación y la injusticia social.

Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, diputada.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Heliodoro Díaz Escárraga:

Con su permiso, señor Presidente:

El capítulo social del III Informe de Gobierno no presenta variantes sustantivas respecto a los dos anteriores, pero sí evidencia la desatención a los sectores más vulnerables como los campesinos y particularmente a los más pobres de los pobres: los indígenas.

En la falta de políticas de Estado contra la pobreza está el principal problema que hoy afecta a nuestro país: las asimetrías existentes en el desarrollo nacional provocan injusticia social y desigualdades inaceptables. El cambio ofertado por el titular del Poder Ejecutivo Federal no llega y por el contrario, las diferencias socioeconómicas cada día son más amplias. El desempleo, la emigración de miles de compatriotas hacia el extranjero por falta de oportunidades, el incremento de pobres y pobreza, la desatención a indígenas y zonas de alta marginación sólo crecen; los servicios de educación, salud y vivienda se deterioran.

La supuesta estabilidad macroeconómica que se describe en el III Informe de Gobierno frente al nulo crecimiento, invalidan la posibilidad de conformar una política social de Estado, si es que se tuviera visión o capacidad para formularla.

Una economía sin crecimiento conduce inexorablemente a un estancamiento del desarrollo humano. Los 22 mil 600 millones de pesos destinados por el Presupuesto de Egresos a la pobreza han resultado insuficientes para atender a los más de 50 millones de pobres; el Gobierno Federal, sin embargo, ha esgrimido que la pobreza extrema ha disminuido de un 24 a un 20.3%, apoyado en cifras del INEGI, la ONU y la CEPAL, lo que es incongruente con una realidad de nulo crecimiento que constatamos todos los días.

La interpretación tendenciosa de las estadísticas constituye un agravio a la conciencia nacional. Lo importante no es si avanzamos o no en materia de combate a la pobreza per sé, sino determinar en qué medida lo hacemos en base a una meta: lo que es reducir la mitad para el 2015 la población que vive con menos de un dólar diario, como se pactó en la Convención de Johannesburgo en la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Sustentable.

La CEPAL apenas en febrero pasado, al analizar la pobreza en América, concluyó que sólo 7 de 18 países cumplirán sus metas de reducción de la pobreza, y desafortunadamente nuestro país, México, no se encuentra entre ellos.

En materia de empleo los indicadores también señalan retrocesos. La tasa de desempleo abierto en las zonas urbanas se ha incrementado en el periodo 2000-2002, de 2.2 al 2.7%; la amenaza del desempleo está presente en todos los hogares mexicanos; los desempleados mayores de 35 años difícilmente encuentran trabajo a pesar de su experiencia o capacidad profesional.

En educación se afirma que la inversión alcanza ya el 6.8% del Producto Interno Bruto, lo que nos acerca al 8% recomendado por los organismos internacionales, pero no se dice que el gasto gubernamental representa apenas el 4.2% de ese Producto Interno Bruto.

En el propio sector educativo, prevalece y se han incrementado las deudas de varios estados de la República por el incumplimiento de la Federación de los términos originales de los convenios de descentralización. Existen miles de escuelas de todos niveles, sobre todo en los estados de más alta marginación, donde no hay mobiliario y equipo elemental para que los niños y los jóvenes estudien en condiciones dignas.

En el sector salud se habla de apertura de miles de plazas, cuando son cientos las clínicas y casas de salud que carecen de personal y de medicinas del paquete básico. La calidad de los servicios es una ficción en amplias franjas del país, sobre todo en los estados de la zona sur-sureste.

Programas de estricto sentido social, como el abasto rural, han sido sistemáticamente vulnerados y hoy, como ya se ha dicho aquí, se han visto obligados a cerrar otras 378 tiendas. A esto, preguntamos, ¿se llama política social de rostro humano? El campo sigue siendo el sector más vulnerable en este Gobierno.

El Programa de Empleo Temporal creó 932 mil 574 empleos en el año pasado y en éste se reduce a la tercera parte. El changarrismo, parte de un anecdotario folklórico, es un fraude, una salida falsa, propia de quienes no entienden la realidad nacional ni cómo funciona la economía. Nos quieren convertir en un país changarro.

A otros programas sólo se les cambió de nombre como ``Oportunidades'' y los demás no acreditan ni continuidad ni impacto sustantivo.

Respecto al Programa de Hábitat para el Combate a la Pobreza Urbana, se ha puesto de manifiesto una vez más la vocación centralista de la Sedesol, al querer imponer a las entidades federativas un programa burocrático y aislado del resto de las acciones que llevan a cabo los gobiernos estatales y los municipios.

No hay una política de Estado clara y eficiente para atender a los indígenas de nuestro país, se les conculcan derechos y no se entienden sus aspiraciones a una vida comunitaria plena.

En lo particular y lo digo como diputado oaxaqueño, ni siquiera se ha tenido la valentía para dar paso a una Ley de Amnistía a favor de los indígenas de la región ``loxicha'' de mi estado que contribuya a recomponer el tejido social y a otorgar el perdón a quienes trasgredieron la ley por desesperación, pobreza u olvido.

Para evitar el estallido social debemos impulsar una transformación económica y social de fondo, en vez del asistencialismo y la caridad pública o privada con los que el Ejecutivo trata de paliar la pobreza, la marginación y el rezago dramático que padecemos.

Se requiere plantear iniciativas que impulsen el desarrollo social, que fortalezcan la coordinación con una visión federalista de nuevo corte que reconozca y combata la asimetría entre los estados pobres del sur y los estados ricos del centro y norte de nuestro país.

Ante la falta de rumbo en materia de política social de este Gobierno, valdría, señoras y señores diputados, valdría la pena examinar si procede una reforma constitucional que determine la facultad de la Cámara de Diputados para legislar en materia de coordinación para el desarrollo social, ya que el énfasis en el neoliberalismo del Gobierno Federal y los vicios de confundir política social con prácticas asistenciales, ha acentuado las desigualdades sociales y regionales.

En suma, el Gobierno ha mostrado en este Informe, cifras muy limitadas en materia de política social, y es clara su falta de visión y proyecto para diseñar e impulsar una política social de Estado, por lo que es también claro que en esta materia estamos muy lejos de superar los retos de cobertura, calidad y equidad a favor de la población mexicana en materia de política social.

Es cuanto señor Presidente.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se han inscrito para la segunda ronda los siguientes diputados: Luis Maldonado Venegas por el Partido de Convergencia; Francisco Amadeo Espinosa Ramos por el Partido del Trabajo; Fernando Espino Arévalo por el Partido Verde Ecologista de México; Julio Boltvink y Kalinka por el Partido de la Revolución Democrática; Guillermo Tamborrel Suárez por el Partido Acción Nacional, y Luis Felipe Madrigal Hernández por el Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Maldonado Venegas por el Partido de Convergencia.

El diputado Luis Maldonado Venegas:

Con su permiso señor Presidente.

Ya hemos destacado los efectos de una dinámica demográfica, cuyas tendencias proyectadas para el año 2020 preanuncian una población de 120 millones de habitantes, estos procesos están acompasados con cambios radicales en la estructura poblacional y por rangos de edad, sexo e ingreso.

Hemos empezado a enfrentar algunos de los efectos más destacados de estas nuevas realidades: presión explosiva en materia de empleo, demanda creciente de educación media superior y superior e incremento sustancial de la demanda asistencial y de seguridad social para la tercera edad.

Una vez más, las cifras son reveladoras, en el más reciente informe sobre la situación demográfica del país, se reporta que en México de 13.6 millones de habitantes a principios del Siglo XX, hemos arribado al nuevo milenio con una cifra cercana a los 100 millones, en ese lapso la población urbana pasó de representar el 28% en la primera década del pasado siglo al 65% en la última.

Esta dinámica poblacional nos exige actuar sin demora, si se toma en consideración que durante el presente año se esperan cerca de 2 millones de nacimientos, podríamos concluir que en los próximos 6 años, el crecimiento demográfico de México es equivalente a la población total de países como Chile o Grecia, para la gran mayoría de esos nuevos mexicanos, su futuro está hipotecado, porque la pobreza tiene una regeneración exponencial en un círculo vicioso, en el que se concentran las más altas tasas de natalidad, precisamente en los hogares marginados del medio rural y urbano.

Este proceso ha sido acompañado de un patrón creciente de concentración-dispersión, ya que de las cerca de 200 mil localidades que hay en el país, 185 mil son localidades rurales con menos de 15 mil habitantes, esto es el 36% de la población, de las cuales 90 mil tienen menos de tres viviendas.

Esta alta dispersión poblacional está asociada a las condiciones precarias de vivienda, de educación, salud y servicios básicos, así como a la falta de vías de comunicación y de circuitos eficientes de producción-consumo.

Se encuentra en proceso acelerado la transformación de mano de obra, de una orientada a la industria y los servicios a una alta de especialización tecnológica en el manejo de información y en procesos robotizados, lo que aumentará la brecha entre la capacitación y educación tradicional, con la especialización modular y versátil en el sector moderno de la economía.

En el centro de estos grandes cambios, se encuentra el reto de alentar una política generadora de empleados productivos dignos y justamente remunerados, por ello, cuando afirma el Presidente de la República, que el problema del desempleo es el gran reto, una vez más coincidimos; en efecto, la generación de empleos productivos y justamente remunerados, es el mejor antídoto contra la pobreza ancestral de millones de mexicanos. Pero sin referirnos a la pérdida persistente de fuentes de empleo formal, acumulado en el periodo de gestión del Informe que hoy se debate, bastaría con invocar las cifras de los anexos estadísticos del mismo para advertir una enorme contradicción con esta voluntad política, ya que en ello se reporta también un decrecimiento pronunciado en el Programa de Empleo Temporal, que ha pasado de la generación de cerca de un millón de empleos en el año 2001, a 377 mil en el año de este Informe; equivalente a sólo el 35.8% de los empleos creados en un año. Y el Programa de Jornaleros Agrícolas reporta una disminución de 157 mil beneficiarios con respecto al mes de agosto del año anterior.

Estas alternativas están siendo estranguladas por los recortes presupuestales y la falta de oportunidad en el ejercicio de los recursos, ya que la política hacendaria eliminó al presupuesto del Ramo 26 desde hace 3 años, sus condiciones de flexibilidad y respuesta inmediata.

Por otra parte, cabe recordar que más de 1 millón de jóvenes incorporan anualmente su demanda de empleo, ingreso y vivienda, al rezago preexistente y no será la política de autogestión, la que resuelva por sí sola esta situación. No es la tarea exclusiva del gobierno, pero como gobierno es el primer responsable de concretar las condiciones necesarias para la construcción de un pacto económico y social que concite a las fuerzas productivas sociales, políticas, académicas y financieras, que deban converger en la ampliación de la planta productiva y del empleo.

Coincidimos también en la prioridad que los servicios de educación y de salud merecen, como los dos pilares fundamentales del desarrollo humano y social.

El Presidente de la República reporta en estos rubros la expansión de cobertura del sector salud, así como de la matrícula y cobertura educativa. Pero la sociedad advierte que frente a estas cifras frías y estadísticas, se acrecienta el deterioro en la calidad de estos servicios.

La falta de mantenimiento en sus infraestructuras, en el suministro de medicamentos, en equipos e implementos, en la dotación de mobiliario escolar y materiales didácticos, en la ausencia de un programa largamente demandado de capacitación, superación y desarrollo del magisterio.

La educación y la salud son así dos sistemas de gran cobertura que se encuentran en riesgo de perder el prestigio social que por décadas han sostenido por la falta del apoyo necesario para mantener un orden de competitividad y de calidad.

No es ni ha sido en esta exposición, el propósito de Convergencia, el cuestionamiento o la adhesión gratuita, sino el posicionamiento razonado en un tema crucial para millones de mexicanos.

El titular del Ejecutivo hizo un reconocimiento a la exigencia social de una mejor gestión de gobierno; expresó que necesita el apoyo del Congreso en un esquema de responsabilidad compartida; señaló que las reformas postergadas requieren de acuerdos y consensos.

Es verdad que la gran mayoría de las necesidades y demandas sociales, exigen de fuentes más amplias de ingresos, así como de una mayor transparencia y equilibrio en el gasto público. Sobre el particular, el Primer Mandatario señaló también que a finales del año se habrán acumulado ahorros cercanos a los 27 mil millones de pesos, para invertir más en salud, educación y seguridad; compromiso que ya hemos registrado y tendremos muy presente en los debates del presupuesto de egresos, que esta Cámara deberá aprobar para el ejercicio del 2004.

Convergencia por su parte, ha propuesto que una reducción de las jornadas electorales y del excesivo gasto que se destina a los partidos políticos, podría liberar recursos extraordinarios a favor de estos rubros.

Por ello, todo lo que conlleve a fortalecer nuestras instituciones sociales; todo lo que represente un esfuerzo a favor de los que menos tienen, tendrá el apoyo de nuestra fracción parlamentaria en el consenso con las demás fuerzas políticas y en apoyo a la gestión del Presidente de la República, como tendrá también el disenso franco y abierto en lo que obstaculice y obstruya la atención prioritaria que merece y merecerán los sectores más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La política asistencialista, recomendada por los organismos financieros internacionales, ha mostrado su inviabilidad y ha fracasado rotundamente. El aumento de la pobreza así lo atestigua.

Debemos dar un giro hacia una nueva estrategia que privilegie la inversión productiva, multiplicando la creación de proyectos productivos para elevar la riqueza, generar empleos y aumentar los ingresos de los pobres del campo y de la ciudad.

Mientras tengamos insuficientes fuentes de empleo y mal pagados, no superaremos el círculo vicioso de la pobreza extrema.

Hoy tenemos hospitales, clínicas y centros de salud sin abasto de medicinas y equipo médico porque los recursos públicos se destinan a pagar la cuantiosa deuda pública.

Para darle prioridad a los intereses de los grandes grupos financieros hemos descuidado la formación y preparación de nuestros niños y jóvenes, que son la fortaleza de esta nación tanto en el presente como en el futuro.

Para el Partido del Trabajo, para lograr el desarrollo económico y social, la educación juega un papel estratégico. En un mundo globalizado, donde todo es competencia, si no impulsamos la educación nuestro país no tendrá viabilidad en el futuro.

Sin exagerar, México se juega su futuro con la educación. En nuestra opinión, son tres los aspectos esenciales que deben considerarse en el sistema educativo mexicano para apuntalar nuestro desarrollo en todos los niveles y superar la grave crisis pedagógica y estructural que es un verdadero lastre para que podamos competir con las naciones del primer mundo.

1. La educación básica, que debe ser el nivel en el que tenemos que formar a verdaderos lectores y pensantes, que partiendo del desarrollo de sus destrezas y capacidades tenga las herramientas para que sean los agentes del cambio;

2. Impulsar una educación de calidad que privilegie la capacitación para el trabajo en el ramo de la producción y los servicios;

3. Ampliar la cobertura de la educación superior y hacer especial énfasis en la conformación de un sistema de investigación en ciencias duras y en desarrollo tecnológico.

Con relación al primer aspecto, la educación básica, México tiene fuertes limitaciones que superar de inmediato. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que para resolver esta cuestión es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1. Impulsar la estimulación temprana y la educación inicial;

2. Mejorar la calidad de la educación básica. De nada nos sirve tener una cobertura amplia si la calidad deja mucho que desear.

3. Mejorar de manera sustancial los programas emergentes y compensatorios para grupos socialmente marginados y con rezago educativo. En particular queremos referirnos al punto uno de la estimulación temprana y la educación inicial, aspecto que el Partido del Trabajo ha puesto en el centro de su propuesta en materia educativa. Prueba de ello es que en la pasada legislatura presentamos una iniciativa con proyecto de decreto para elevar a rango constitucional la obligatoriedad del Estado para proporcionar esta modalidad educativa.

Nuestro grupo parlamentario va a insistir en la discusión y aprobación de esta importantísima reforma, que es una exigencia para tener niños cada vez más integrados socialmente y capaces de reconocer el papel que cumple el entorno que les rodea.

El asunto no es menor: impulsar y desarrollar la estimulación temprana y la educación inicial es un asunto vital para el país. La UNESCO, la OCDE e instituciones internacionales de especialistas en educación, señalan que este tipo de educación es fundamental para crear el hombre nuevo, el hombre del Siglo XXI.

Los países desarrollados tienen amplios programas que atienden cada vez más este aspecto. El reconocimiento científico de que la maduración mental de un niño, su inserción en la vida social y el desarrollo de sus habilidades psicomotrices, depende de que se les proporcione este tipo de educación.

En síntesis, la propuesta que plantea el Partido del Trabajo en materia educativa puede resumirse en los siguientes puntos.

Uno. Impulsar el establecimiento de la educación inicial y fortalecer el derecho constitucional de la educación preescolar para que el Estado asuma la responsabilidad de que sea pública y gratuita.

Dos. Destinar mayores recursos para ampliar la cobertura de la educación media y media superior y permitir el acceso de millones de jóvenes que no tienen oportunidades de capacitarse para el trabajo y el desarrollo de todas sus potencialidades.

Tres. Impulsaremos la concreción de la reciente reforma constitucional para que se dé cumplimiento a destinar de forma creciente el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) al ramo educativo.

Cuatro. Impulsaremos la economía del Instituto Nacional de Evaluación educativa para que el trabajo docente y el aprendizaje sean verdaderamente representativos de los parámetros de una educación de calidad.

Cinco. Pugnaremos porque el sentido de la educación se oriente al desarrollo de las habilidades que conduzcan a producir estudiantes pensantes y con capacidad para discernir diferentes situaciones que la vida moderna plantea a las nuevas generaciones.

Un aspecto central de nuestra propuesta está en crear un programa generador de empleos para los egresados de las universidades. Nuestras universidades no pueden seguir siendo fábricas generadoras de desempleados.

México está en la hora de las definiciones; ya no se admiten dudas. Ha llegado el tiempo de impulsar verdaderas transformaciones en el campo de la educación, si queremos emular a los países que partiendo de condiciones sumamente difíciles, utilizaron a la educación como palanca de su desarrollo, lograron mejor desempeño económico y redujeron los niveles de pobreza en una generación.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Fernando Espino Arévalo:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

La educación en México se ha puesto en evidencia en los últimos años por el bajo nivel que presentan los estudiantes desde la educación básica hasta la superior.

Bastaría observar los resultados de los exámenes de admisión que se aplican a los estudiantes que aspiran a ingresar a las instituciones públicas de educación media superior y superior.

Estos resultados no debieran generar angustias ni desencantos en los aspirantes a ingresar a una institución pública de educación media superior y superior, al grado de provocar algunos casos muy lamentables. En todo caso las angustias, desencantos y vergüenza deberían de recaer en el sistema educativo que ofrece el Estado, que no ha sido capaz ni de ofrecer suficientes planteles de educación pública ni de proporcionarles a los educandos una formación educativa de calidad y mucho menos ha sido capaz de prescindir de los exámenes de admisión que por sí mismos cuestionan los certificados de estudios que expide el propio sistema educativo.

El Informe de Gobierno se esmera en reproducir cifras que se comparan con otros periodos gubernamentales, como si la calidad y equidad educativa se sustentarán en cifras y no en resultados objetivos valorables en cambios de actitudes y en el desarrollo armónico de nuestra sociedad.

Se pierden de vista los conceptos fundamentales previstos en el artículo 3º constitucional, que además de prescribir que la educación que imparte el Estado deberá de ser gratuita, laica y obligatoria, además de que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

La Secretaría de Educación Pública ha instrumentado políticas y programas en materia educativa para el Sistema Nacional de Educación Básica y Normalista. Sin embargo, no queda claro que para tal efecto se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III del artículo 3º constitucional, en el sentido de que tales planes y programas de estudio fueran el resultado de considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

Con relación al Programa de Ampliación de Capacidades en México existen 40 millones de personas en condiciones de extrema pobreza. Según datos del INEGI de éstos, el Programa de Desarrollo Humano atiende solamente a 4.2 millones de familias y preguntamos: ¿En qué otro programa se atiende a los que faltan de los 40 millones que están inmersos en condiciones de grave pobreza?

Con relación al Programa Jóvenes con Oportunidades el generar una cuenta de ahorros es un programa que debería de incentivarse en toda la población, pero de qué forma esto nos asegura el término de los estudios de estos jóvenes. Lo anterior es debido a que existen otras razones como la desnutrición, contaminación ambiental, violencia intrafamiliar. El tema de bienestar social no se ve reflejado, ya que muchos jóvenes no pueden terminar sus estudios.

Sobre el Programa Escuela de Calidad el aumentar el número de escuelas y bibliotecas no se traduce en calidad de la educación. Este problema no podrá resolverse hasta que se concrete la reforma educativa en el marco de la reforma del Estado, lo que permitirá alcanzar una mayor calidad en la preparación de nuestros futuros líderes. Esta Reforma del Estado se ve cada día más lejana por falta de interés de un acuerdo real entre los diferentes Poderes del Estado. De los acuerdos debe desprenderse una reforma educativa que incluya a toda la población nacional. Al magisterio, factor fundamental para que sean mejor remunerados moral y económicamente y temas prioritarios como son: la ética social, cultura del deporte, calidad y uso del medio ambiente. Todo esto orientado a elevar la matrícula escolar de los mexicanos, a fin de que cuenten con una educación competitiva que les permita como objetivo fundamental obtener el conocimiento, para así entiendan los contenidos, los asimilen y puedan acceder a trabajos técnicos y profesionales bien remunerados para mejorar su calidad de vida.

También el Estado es responsable de programar la demanda real de profesionistas y técnicos que requiere el país, a fin de que cuando terminen sus estudios tengan asegurado un empleo.

Se hace mención que no se incluyó información ecológica y de cuidado al medio ambiente, así como su difusión en los medios de comunicación.

Equidad. En el tema de equidad se han dado grandes avances en materia de la ley e instituciones. Ahora será labor del Ejecutivo materializar estos avances, a fin de que incluyan a más mujeres al sistema productivo del país, así como previniendo y eliminando la discriminación y acoso sexual en los diferentes sectores que integran la población.

Buscar que los indígenas de nuestro país puedan vivir en condiciones dignas y justas, con respeto, protección a su cultura y etnia a través de crearles una infraestructura que les proporcionen alimentos, salud, educación, empleo, fuentes de producción y capacitación, aspectos que hemos ignorado por más de 500 años.

Un país como el nuestro tiene que acceder a una relación de iguales con el extranjero y para lograrlo es necesario primero que la relación entre los habitantes que vivimos en este país sea simétrica, a fin de vincular y coaccionar a nuestra nación mexicana.

Sobre el Programa E-México, se tienen que incrementar los programas de adquisición de computadoras e infraestructura operativa y capacitación, para que la mayoría de la población beneficiada obtenga en un periodo corto de tiempo acceso a esos equipos. Lamentablemente observamos que el desarrollo de este programa todavía es muy pequeño.

También cabe mencionar que la inclusión social aparte de ser económica también debe de ser comunitaria y cultural. No basta tener avances en materia legislativa federal, es necesario fortalecer el trabajo en espacios públicos en donde se reúnan las personas.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Julio Boltvinik Kalinka:

Con su venia, señor Presidente:

Tres formas brutales de exclusión social fueron objeto de debate nacional en los meses anteriores al informe Presidencial: la pobreza, exclusión de una vida digna; el desempleo, exclusión de la forma aceptada de ganarse la vida, y los rechazos en la educación media superior y superior pública, exclusión del saber y de la movilidad social.

El Gobierno Federal ha estado diciendo desde poco antes de las elecciones, que en México bajó la pobreza y mejoró la distribución del ingreso entre el 2000 y el 2002. Su fundamento son las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH.

El 1º de septiembre Fox presentó dos de los tres milagros que surgen al comparar los datos de las dos encuestas: la disminución de la pobreza, porque suben en plena recesión los ingresos por personas del 80% más pobres de los hogares y la disminución de la desigualdad en la distribución del ingreso, porque bajan los ingresos del 20% más rico de los hogares.

Pero Fox no presentó, quizás porque no lo conoce, el tercer milagro que surge de dicha comparación: el cumplimiento copeteado de su promesa de campaña de generar 1.3 millones anuales de empleos. En efecto, la ENIGH 2002 muestra un aumento de 1.4 millones de empleos anuales.

Los tres milagros se sostienen o se caen juntos al sostenerse o caerse la confiabilidad de la fuente milagrosa. La encuesta especializada en materia de empleo levantada por el propio INEGI, la Encuesta Nacional de Empleo, ENE, que tiene un tamaño de muestra mucho mayor que la ENIGH, niega el tercer y no divulgado milagro, registra en el mismo periodo un crecimiento anual de sólo 550 mil empleos anuales, menos del 40% de lo registrado por la ENIGH:

Al derrumbarse el primer milagro se estremecen los cimientos de los otros dos. Veamos cómo afecta la evolución de la ocupación los niveles de pobreza.

El Gobierno Federal identifica a los pobres con una sola variable, el ingreso por persona, por eso, con una encuesta que reporta aumentos de ingresos por persona en el 80% de los hogares de menores ingresos, la pobreza baja.

Dada la recesión económica y la fecha del anuncio dos semanas antes de las elecciones, la opinión pública reaccionó con total incredulidad. Durante una recesión debemos esperar que disminuyan o permanezcan estancados los ingresos provenientes del trabajo. En efecto, el ingreso promedio del trabajo por hogar decrece en 3%, entre 2000 y 2002 según la SEMIP; sin embargo, si se corrige la evidente sobrestimación del aumento de la ocupación aplicándole al dato del 2000 la tasa de crecimiento de los ocupados obtenida de las encuestas nacionales de empleo, que son el dato más certero, el ingreso del trabajo por hogar decrece ahora y más del doble en 7%.

Este decrecimiento se repite en los cinco quintiles, quintas partes en las que podemos dividir a los hogares del país según su nivel de ingresos, sin corrección la caída se observa de los quintiles 1 del más pobre, del 3 y el 5 del más rico, con la corrección, la ocupación decrece en todos los quintiles particularmente el del más pobre, la ocupación y el ingreso decrecen los quintiles particularmente en el más pobre donde cae 10%.

Con ello no sólo aumentaría la pobreza sino también empeoraría la distribución del ingreso.

Pero aquí aparece otro milagro; algunos rubros de ingresos no asociados al trabajo crecen espectacularmente en todos los quintiles según la SEMIP, por ejemplo la SEMIP reporta un crecimiento del 131% en los recursos recibidos del Procampo por los hogares, reportándose incrementos muy altos en todos los quintiles mientras que según el anexo de su informe estos decrecieron los recursos del Procampo en 2%.

El incremento en las becas y donativos gubernamentales que incluyen oportunidades, también está sobreestimado en las encuestas, 111% contra 59% según los datos administrativos.

En algunos rubros de ingreso el promedio de todos los hogares decrece pero aumenta el de los hogares más pobres contribuyendo a la disminución aparente de la pobreza, es el caso de la renta imputada de la vivienda propia que es un concepto virtual y subjetivo, que aumenta en 38% en el quintil más pobre, más de 1 mil millones de pesos mensuales adicionales para los más pobres sólo por el arte de la magia de la estadística y sólo decrece 320% más rico. Estos ejemplos muestran la escala confiabilidad de la SEMIP en particular de la última, estos aumentos desproporcionados alcanzarían a compensar la pérdida del ingreso por trabajo entre el 80% más pobre si dejamos vivo el milagro de la ocupación, si lo eliminamos y también corregimos la evidente sobreestimación del cambio en el Procampo y otros rubros similares, el aumento en los ingresos no provenientes del trabajo no alcanzarían a compensar la caída de los ingresos derivados del trabajo y la pobreza aumentaría en los dos primeros años de este Gobierno.

Esto está más cerca de la verdad que la versión oficial. Se derrumban los tres milagros.

En su alocución el Presidente dijo: ``las políticas económicas y sociales se complementan y refuerzan mutuamente.'' Si lo dijo como la voluntad que ambas políticas persigan como objetivo central del bienestar de la población, debemos expresar nuestro más amplio acuerdo; si lo dijo como una descripción de la realidad actual no podemos estar más en desacuerdo cuando vemos cómo se subordinan las políticas sociales a las económicas, cómo en aras de los equilibrios macroeconómicos entre los que no se incluye el pleno empleo, se sacrifica todo lo demás generando múltiples formas de exclusión social.

Si esta subordinación de la vida misma a los fetiches del equilibrio financiero no es eliminada, nada podrá hacerse para abatir la pobreza de manera sostenida.

Para lograrlo se requieren importantes reformas del Estado; en primer lugar modificar la Constitución para que el objetivo único del Banco de México deje de ser el combate a la inflación, en segundo lugar, dotar a las secretarías de lo social de dos facultades nuevas, la de formular el proyecto de su presupuesto social integrado y enviarlo directamente a esta Cámara.

En segundo lugar, convertirse por ley en órgano de consulta obligatoria sobre los efectos potenciales en el bienestar de la población de las medidas de política económica antes de que estas sean adoptadas.

Ni la medición ni la evaluación deben seguir en manos del responsable de la política en la materia; el Banco de México no debe seguir midiendo la inflación ni la Sedesol la pobreza; el INEGI no puede seguir dependiendo del Secretario de Hacienda, la autonomía del INEGI sobre la que existe un amplio consenso no la podemos seguir posponiendo.

También deben ser autónomos los organismos que evalúen los programas gubernamentales, en particular los sociales. Hay un avance parcial en este sentido en la minuta que envió a esta Cámara el Senado y que contiene un proyecto de Ley General de Desarrollo Social, mediante la cual se crea el Consejo Nacional de Evaluación que además de la medición de la pobreza, llevaría a cabo la evaluación de los programas sociales.

Tenemos la oportunidad de concretar este cambio, los convoco a que aprobemos en este mismo período de sesiones este proyecto de ley haciéndole algunas precisiones concertadas con el Senado para garantizar su aprobación final.

En el país, hemos venido adoptando de manera creciente un modelo de bienestar social basado en la atención exclusiva de quienes hayan probado ser pobres extremos; ha sido la adopción acrítica del peor de los modelos de bienestar de occidente, llamado ``modelo residual o liberal''. El universalismo complementado con formas de focalización más eficientes como la geográfica y la autofocalización es una alternativa obvia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, los convoco que organicemos un gran debate nacional sobre el modelo de atención social en esta, la tribuna más alta de la nación. Igualmente los invito a que junto con la sociedad a la que representamos busquemos los mejores caminos para evitar que lo social siga subordinado a lo económico que el bienestar de las personas siga ocupando un lugar menos importante que el control de la inflación o la tasa de interés.

Es cuanto señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional.

El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:

Gracias, con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Hoy, en México la palabra ya no es monopolio de nadie y la libertad de expresión respira sus anchas en todos los espacios del país y en todos los ámbitos del quehacer ciudadano.

Hoy, hemos tenido la oportunidad de escuchar diversas opiniones y cuestionamientos en cuanto al actuar del Ejecutivo Federal desde la perspectiva de las políticas de desa-rrollo social; en algunas de ellas, y nos congratula, percibimos un genuino amor a México, percibimos un deseo positivo de construir, de aportar. De estas opiniones, algunas las compartimos, las hacemos nuestras y junto con ustedes buscaremos impulsarlas.

Otras que nos parece que también fueron vertidas de buena fe y que en principio no compartimos en parte o en su totalidad, las estudiaremos con ahínco, sin prejuicios ni resentimientos y sin otro interés que el bien de la nación.

En cuanto a sus cuestionamientos y pronunciamientos, les expresamos que nos dará mucho gusto conocer sus razonamientos y fundamentos y que será un placer el debatirlos uno a uno teniendo el tiempo necesario.

Los legisladores de Acción Nacional compartimos la visión presidencial de que el reto de hoy es lograr el bien común con plena equidad social, al tiempo de perfeccionar la democracia y hacerla más eficaz.

Estamos de acuerdo en que hoy el poder responde a un esquema de responsabilidad compartida y los legisladores del PAN estamos dispuestos a asumir nuestra parte. Compartimos el proyecto del Presidente Fox, así como el hecho de que para que las y los mexicanos alcancemos una mayor calidad de vida antes, se requiere una profunda reforma estructural que pueda sustentar las políticas de desarrollo social, sólo así estaremos en condiciones de empezar a cubrir el enorme rezago en desarrollo social que tenemos con millones de compatriotas y que nos lacera hasta lo más profundo.

Reconocemos que las carencias siguen siendo excesivas e indignantes y sin triunfalismos también resaltamos los muchos y muy profundos avances y logros alcanzados durante esta administración federal, no porque sean del Presidente o de su equipo de trabajo, los reconocemos, porque son fruto de la creatividad, del trabajo y entrega de muchas y muchos mexicanos, porque marcan un nuevo porvenir en el desarrollo social de México. No hacerlo sería mezquino y ruin, ya que ciertamente denigraría el esfuerzo y entrega de todos ellos.

Las y los mexicanos tenemos una dignidad que debe ser respetada a toda costa, por ello, celebramos y apoyamos el que se dé máxima prioridad al desarrollo social, al combate a la pobreza, a la desigualdad y a la falta de una oportunidad digna para todas y todos.

Apoyamos el que hoy, la política social sea transparente, honesta y eficaz, fincada en la solidaridad y la subsidiaridad, alejada del populismo que denigra y del paternalismo que aniquila a lo más valioso del ser humano. Aplaudimos que la nueva política social sea participativa, que involucre a los tres órdenes de gobierno, la sociedad organizada y a los propios beneficiarios, que su enfoque sea transversal a favor de la equidad de género, de la infancia, de los grupos vulnerables, que dirige sus acciones a las personas a las familias y a las comunidades.

Una política donde se generan sinergias y se busca evitar duplicidades como lo demuestra la estrategia Contigo, que involucra a siete instituciones públicas; una política social donde los beneficiarios están clara y públicamente definidos como ocurre con el padrón único de la Sedesol, que integra 20 programas sociales y que cubre a poco más de 32 millones de personas en más de 9 millones de hogares.

Insistimos en que por primera vez el Gobierno Federal convocó a diversos especialistas en el tema de pobreza, para que desarrollaran una metodología oficial, en virtud de que este fenómeno es multicausal y muldimensional y ahora gracias a esta medición oficial, tenemos un instrumento transparente que permite conocer a través del tiempo, la dimensión y características de la pobreza en nuestro país y consecuentemente generar las acciones y programas específicos para su atención.

Los resultados de la medición de la pobreza alimentaria, avalados por el programa Naciones Unidas para el Desa-rrollo y por la CEPAL, reportan una reducción de la misma en 16% de los dos primeros años de la administración, así como la menor desigualdad en la distribución del ingreso de los últimos diez años, coincidiendo que la disminución de la pobreza es el resultado de una conjugación de factores; particularmente la estabilidad económica reflejada en la recuperación de los salarios reales y el sostenimiento de bajas tasas de inflación.

Dentro de los programas sociales enfocados a la superación de la pobreza destaca ``Oportunidades'', el cual da atención a 21 millones de personas, 8 millones más que al inicio de la administración. Este programa se evaluó por expertos y ahora sabemos que impactó positivamente en la reducción de la marginación de los hogares, que se gasta menos en la focalización de la población beneficiaria, que aumentó favorablemente la nutrición infantil y se redujo la mortalidad materna en 14.6% en los primeros dos años de la administración.

En su componente educativo, la evaluación del programa también reconoce avances importantes, se registra un mayor aprovechamiento escolar en educación básica, un apoyo sustancial en la educación bilingüe básica, el otorgamiento récord del número de becas, cerca de 5 millones, por primera vez, se otorgan becas para estudiantes de educación superior y media superior, por sólo mencionar algunos aspectos que claramente demuestran el compromiso de la administración a favor del desarrollo de las capacidades personales de las y los mexicanos.

Nos queda claro que una de las máximas prioridades del gobierno de la República en materia de política social, es el impulso del desarrollo de los pueblos indígenas con pleno respeto a sus derechos y diversidad cultural, como lo demuestra el presupuesto asignado de más de 17 mil 400 millones de pesos para este año, lo que representa un 11.4% de crecimiento real respecto a 2002. Asimismo, la transformación del INI en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, permitirá vigilar el cumplimiento de lo que dispone el artículo 2º de nuestra Carta Magna.

Compartimos el que los cambios y logros plasmados en el III Informe de Gobierno son valiosos y que nos sitúan en el camino de poner a México al día y la vanguardia; sin embargo, el avance es insuficiente para alcanzar el México que soñamos, de ahí que el reclamo social sea a favor de un cambio más profundo, más dinámico. No podemos soslayar que el pueblo de México nos demanda mejores resultados y para ello es necesario llevar a cabo los consensos necesarios para avanzar en las reformas estructurales que demanda con urgencia el país, no hacerlo sería irresponsable.

En los albores de esta nueva legislatura es necesario reconocer el papel que habremos de desempeñar los legisladores en materia de política social y la enorme responsabilidad que ello representa. La sociedad nos exige actuar con inteligencia, responsabilidad y una visión de largo plazo, es el momento de demostrarle a todos los mexicanos que podemos trabajar juntos en temas apremiantes; el desarrollo social es uno de ellos. Estamos convencidos que es en esta materia, quizá más que en cualquier otra, donde podemos hablar de coincidencias, no sólo por la sensibilidad de estos temas, sino también porque nuestras plataformas legislativas presentan temas comunes.

Los legisladores de Acción Nacional nuevamente le reiteramos a la nación entera nuestro compromiso de aportar de buena fe todo lo que esté a nuestro alcance. Como grupo parlamentario estamos dispuestos a dialogar y a que nos convenzan, siempre que sea con argumentos y razones apegados a derecho, que antepongan los intereses del país a intereses de grupos o personas. Estamos conscientes que con la aportación sana y patriótica de todos nosotros habremos de enriquecer nuestro quehacer y por ende lograremos una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Luis Felipe Madrigal Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Luis Felipe Madrigal Hernández:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En su III Informe de Gobierno, el Presidente Fox expresó haber adoptado el paradigma universal de los derechos humanos como política de Estado. Desde esta perspectiva, la política social debe encaminarse a lograr los siguientes objetivos:

La garantía del derecho al trabajo; la eliminación del hambre y la garantía del derecho a una nutrición adecuada; la eliminación de la pobreza; la elevación continua de los niveles de vida y la distribución justa y equitativa del ingreso; el logro de los más altos niveles de salud para toda la población en forma gratuita; la eliminación del analfabetismo y el derecho a la enseñanza gratuita en todos los niveles; derecho a la vivienda y servicios públicos y sociales.

En la actualidad las políticas públicas emprendidas por los gobiernos, tanto de los países ricos como de los pobres, se enfocan y se evalúan principalmente en términos de generación de empleos. En este rubro, los resultados de estos tres años de gobierno reprueban a la actual administración.

En su tercer informe, el Presidente Fox omitió mencionar el número de empleos permanentes y eventuales que se han perdido durante su gestión, que según datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, son alrededor de 500 mil plazas de empleo permanentes y 95 mil de empleos eventuales.

Los salarios reales han caído un 70% y si no hemos visto un gran estallido social lo debemos a que en todo el territorio nacional han surgido todo tipo de mercados informales, también lo debemos a la migración, cuyas remesas de mexicanos en el exterior, se calculan para este año en más de 12 mil millones de dólares, que representan dos puntos del Producto Interno Bruto y además a que son cada día más los miembros de la familia que contribuyen al sustento familiar.

El triunfalismo exhibido en la tribuna no encontró eco en ninguno de los sectores de la población, los trabajadores y las amas de casa quedaron perplejos ante la afirmación de que el salario real ha aumentado el 10% en un lapso de esta administración.

¿Dónde queda el informe del Banco de México sobre el poder adquisitivo de los salarios y el valor real de los ingresos de los trabajadores que ha llegado a niveles inferiores a los que se tenían en 1968?, ¿cómo debemos tomar la temeraria manifestación de que el INEGI, la CEPAL y la ONU han avalado la disminución de mexicanos en pobreza extrema? Ante esta realidad de aumento del desempleo, crecimiento de la miseria y nulo desarrollo social, podemos concluir que éste, es el sexenio perdido.

Se informa que hay enormes logros en materia de salud, sin embargo, la población percibe el desabasto de medicamentos y el abandono de la infraestructura y equipo médico de las instituciones de salud, que trajo como una de sus consecuencias, la defunción de varios niños en Comitán, Chiapas.

El Ejecutivo dijo que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, impulsan acciones de cambio y reordenamiento de sus estructuras, sin embargo no manifestó que el deterioro de los servicios que otorgan, se debe a políticas previamente instrumentadas para lograrlo y así justificar su privatización.

¿Por qué el surgimiento de enfermedades erradicadas en nuestro país, cuando se han destinado presupuestos para programas preventivos? El Ejecutivo Federal informó que la salud es esencial desde las primeras etapas de la vida y que se ha atendido a un millón de mujeres embarazadas y niños menores de dos años e incluso que se redujo la mortalidad materna; sin embargo, omitió informar de la discriminación de que son objeto las mujeres indígenas embarazadas y en periodo de lactancia del estado de Chiapas al negárseles la atención médica en las instituciones públicas. ¿Por qué no se dijo que la principal causa de muerte de las mujeres en Chiapas es el cáncer cérvico-uterino que sólo en este año ha registrado mil 500 defunciones y que son casos que pueden prevenirse?

La obra realizada por los gobiernos priístas en materia educativa y cultural, ha sido fundamental para el desarrollo de México y constituye un avance social claro e indiscutible. Para el año 2000, el sistema educativo abarcaba, y los invito a que me desmientan, el 30% de la población nacional e incluía a casi todos los niños y jóvenes y se encontraba cerca de alcanzar la cobertura universal.

Desafortunadamente estas cifras significativas no han registrado un avance sustancial en los años recientes y notamos con sorpresa que el sistema de enseñanza empieza a resentir esa falta de atención y recursos, tal y como lo demuestran las más recientes evaluaciones que nuestros niños han obtenido en el contexto internacional.

En materia de medio ambiente no bastan los recursos que se han designado, es necesario que se apliquen con mayor eficacia como en el caso de la evidencia existente de la reforestación de los bosques, que al menos la mitad de su superficie, de esta superficie reforestada se pierde.

Preguntamos, ¿cuándo se va a presentar un programa de inversión progresiva para el tratamiento de aguas residuales en nuestro país?, ¿qué ha pasado con el control de los residuos tóxicos?, ¿por qué la autoridad no ha sido capaz de establecer sitios para su confinamiento?, ¿por qué se constituye en defensor de la biodiversidad en el ámbito internacional y en nuestro país se tolera el exceso de tráfico de especies?

El derecho a la vivienda se encuentra consagrado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos; sin embargo, la obligación del Estado mexicano de realizar este derecho, se ve limitada por la poca inversión del Estado en este rubro, pues de manera irresponsable ha dejado este sector a la iniciativa privada y sólo se atiende a sectores con ingresos superiores a cinco salarios mínimos.

Por otra parte, existe la necesidad de que el Estado constituya reservas territoriales, que ayuden a abatir el costo de la construcción, haciéndolas accesibles a las clases populares.

Debemos recordar que a pesar de la campaña en los medios de comunicación del gobierno del Presidente Vicente Fox, para convencer a los mexicanos de que el obstáculo para el avance del país, a fin de llevar a cabo sus reformas estructurales se encuentran aquí, en el Congreso Mexicano, y dentro de este Congreso, en el PRI en particular, los hechos reales demostraron que de 51 iniciativas enviadas por el Ejecutivo, le fueron aprobadas 45 por los diputados de la anterior legislatura, lo que demuestra que los legisladores de ninguna manera hemos sido el freno de sus propuestas.

La conducción del rumbo nacional a través de los sectores estratégicos del país, ha sido el principio nacionalista de nuestro partido. El desarrollo social no debe estar supeditado a las reformas estructurales que pretendan entregar la riqueza nacional a nuevos colonizadores. Los bienes nacionales son una conquista del pueblo mexicano.

El PRI, como partido de las mayorías, las defenderá obedeciendo al pueblo, así quedó demostrado el 6 de julio, ganando 160 de los 300 distritos uninominales, por eso somos el número uno por la voluntad de los mexicanos y vamos a actuar en consecuencia.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias diputado.

Agotada la lista de oradores del III Informe de Gobierno en materia de Política Social.

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CONFERENCIA BINACIONAL DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es sobre los resolutivos de la Conferencia Binacional de los Trabajadores Migrantes.

Sobre este tema tiene el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Rodríguez Rocha del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Ricardo Rodríguez Rocha:

Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Comentarios sobre los resolutivos de la Conferencia Binacional de los Trabajadores Migrantes.

En todo el mundo millones de personas abandonan sus lugares de origen viviendo o tratando de vivir en países extranjeros.

En algunos casos ese movimiento es voluntario; la gente cruza fronteras por razones de trabajo, estudios o familia. En un número mucho mayor la migración es forzosa, ya que se trata de gente que huye de disturbios o guerras o va en búsqueda de tierra o en dónde trabajar o en un empleo que permita sobrevivir.

El desplazamiento demográfico se ha venido acelerando estos últimos años; al mismo tiempo la típica reacción ante los migrantes y otras personas desplazadas se ha degradado. De la aceptación y ayuda ahora se ha pasado a la hostilidad y al rechazo.

Los derechos humanos fundamentales de los migrantes son violados o ignorados con demasiada facilidad. Esto ocurre principalmente con los que no pueden incluirse en ninguna de las categorías. Por ejemplo ciudadano refugiado, trabajador extranjero registrado o estudiante que normalmente garantiza la protección legal, la violación de sus derechos, contribuye a una mayor desintegración social y a la pérdida gradual del respeto a la ley.

Hoy más que nunca existe la necesidad de promover el desarrollo y la aplicación de las normas internacionales, que haga énfasis en un hecho fundamental: los derechos de los migrantes son derechos humanos.

Por esa razón saludamos con entusiasmo los resolutivos de las organizaciones binacionales en defensa de los derechos de los trabajadores migrantes; un documento que deseamos difundir con el fin de dar voz a millones de compatriotas que viven y sobreviven lejos de sus hogares y familias; trabajadores que con su sacrificio dan alimento al desarrollo económico de muchas regiones de nuestro país y que poco se les ha reconocido por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México.

Reunidos en la Ciudad de México el pasado 30 de agosto trabajadores representantes de la Comisión Binacional Permanente por la Promoción de los Derechos Plenos de los Trabajadores Migrantes, resolvieron un conjunto de acuerdos en los que se conoce como Pacto Tlaltelolco, tendiente a exigir sus derechos políticos electorales, humanos y laborales, mismos que han sido desdeñados por las autoridades mexicanas desde hace muchos años.

Entre los resolutivos de esta reunión destacan: constituirse en una comisión permanente por los derechos políticos plenos de las mexicanas y los mexicanos en el exterior. El derecho a votar, el derecho a ser votado y el derecho a organizarse políticamente. Buscar las reformas constitucionales y de las leyes secundarias necesarias para que tales derechos se ejerzan en las elecciones federales del año 2006 y las subsecuentes. Rechazar la militarización de las fronteras y toda acción y movimiento que tienda a evitar el libre tránsito al que todo ser humano tiene derecho. Exige que el Gobierno de México demande el fin inmediato de las actividades de grupos paramilitares en la franja fronteriza. Condenar la falta de actuación de las autoridades en Ciudad Juárez, en relación con las muertes de centenares de mujeres, asesinatos ligados a la problemática de la migración. Rechazar las deportaciones de trabajadores y trabajadoras por parte de Estados Unidos.

Se manifiestan por un movimiento sindical y laboral único, que trascienda las fronteras, que organice y defienda a los trabajadores en México, Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo, orientando en la recuperación del sector social de la economía. Rechazar la intención de un acuerdo migratorio reducido a un plan de trabajadores huéspedes sin derechos laborales y permanencia en los trabajadores migrantes.

Denuncian las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros, trabajo por día o eventual. Reconocen su derecho a buscar empleos en las calles de los lugares en que residen, su derecho a crear sus propios centros de contratación y rechazar la discriminación de que son objeto y exigen que los consulados mexicanos en Estados Unidos les proporcionen protección como ciudadanas y ciudadanos mexicanos.

Exigen la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e incluir en la nueva revisión un capítulo de derechos de los trabajadores, al tenor de la Convención Internacional de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

Como podemos apreciar, se trata de un conjunto de demandas que justifican por sí mismas la participación de la Cámara de Diputados en la búsqueda de soluciones y alternativas para mejorar la calidad de vida de nuestros connacionales que trabajan en el extranjero y principalmente en Estados Unidos.

La dignidad y los derechos humanos de los migrantes no tienen fronteras.

Muchas gracias. Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, para hablar sobre el mismo tema, la diputada María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María Avila Serna:

Buenas tardes, con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El Partido Verde Ecologista de México contempla como una de sus más altas preocupaciones la situación de los derechos humanos y políticos de nuestros hermanos migrantes.

En relación a la propuesta de la Reunión Binacional de Migrantes, que se realizó el pasado 31 de agosto del presente año, coincidimos en que todos estos trabajadores y sus familias, en pleno uso de sus derechos políticos, deben tener la posibilidad de ejercer su voto y de ser elegidos, acorde a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto creemos que es necesario crear una coordinación para tratar estos asuntos entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Federal Electoral, el Poder Legislativo y las entidades federativas, acorde a la forma como lo contempla el artículo 35 de nuestra Constitución Política.

El Partido Verde Ecologista de México continuará apoyando a todas las instituciones que den atención a los problemas migratorios, así como a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El Partido Verde Ecologista de México, en su preocupación por los migrantes mexicanos desea hacer manifiesto que en el III Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox, el Gobierno maquilló cifras para afirmar que el número de muertos en la frontera han disminuido. Lo que no menciona el III Informe de Gobierno es que en los primeros seis meses de 2002, según publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en su boletín 150 del 4 de julio, murieron 162 indocumentados, de los cuales 117 fueron identificados como mexicanos.

Esto quiere decir que el número total de indocumentados muertos en el primer semestre del año 2003 es menor al de dos años antes, pero es mayor en 13% al del mismo periodo del año anterior, por lo cual el Partido Verde Ecologista de México exige al Presidente Vicente Fox rinda cuentas claras y no se burle de las familias de nuestros migrantes fallecidos y se busque a la brevedad posible la firma de un acuerdo migratorio.

Sin más por el momento, agradezco su atención y muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Para hablar sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra la diputada Rosa María Avilés Nájera, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Rosa María Avilés Nájera:

Con su venia, señor Presidente; diputadas y diputados:

Es una vergüenza haber escuchado el 1º de septiembre en esta tribuna una mención muy leve sobre los migrantes. No sólo son los que a través de las remesas que envían favorecen a este país con el dinero que ingresa. Hay muchos municipios en México que viven gracias a esas remesas. Esos dólares que nos llegan a costa de la discriminación, de la marginación y del olvido.

Quiero hacer una invitación a todas y todos ustedes, para que nos sumemos a este trabajo en la suma de esfuerzos para lograr realmente la dignificación de las migrantes y los migrantes.

No sólo debemos de acordarnos de ellas y de ellos cuando se acercan procesos electorales y así como hacemos en nuestros distritos de ir y prometerles cosas y jamás regresamos ni nos acordamos que existen.

Debemos de pugnar porque exista efectivamente un acuerdo migratorio que no sirva para cuotas políticas de ninguno de los dos lados de la frontera.

Por ello me parece que no sólo debemos de garantizar el bienestar de los migrantes y el que sus derechos más elementales sean respetados del otro lado del río Bravo, sino que en este país debemos de hacernos responsables de que las familias sean precisamente beneficiadas garantizando que el Estado mexicano vigile el bienestar de dichas familias. No hay que olvidar que hay pueblos, muchos pueblos en donde sólo habitan viejos, niñas y niños. Me parece que es una gran deuda que este país tiene con sus migrantes.

Quiero proponer aquí que en una futura sesión podamos discutir previa presentación de un punto de acuerdo, el cómo vamos realmente a concretar ese apoyo a nuestros migrantes.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Para hablar sobre el mismo tema tiene la palabra la diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez, del Partido Acción Nacional.

La diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez:

Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:

Con relación a los resolutivos de la Reunión Binacional de los Derechos Plenos de los Trabajadores Migrantes, manifestamos que Acción Nacional coincide con el espíritu de estos resolutivos y con el espíritu de lograr consensos que lleven a la realidad legislativa la lucha común de los derechos de nuestros hermanos en el extranjero, tanto en sus derechos humanos, políticos, electorales y laborales, los diputados de Acción Nacional nos manifestamos a favor del voto de los mexicanos en el extranjero, a favor de que siga reduciéndose el costo de envío de remesas, a favor de un acuerdo migratorio bilateral, a favor de lograr mejores condiciones de vida para ellos y sobre todo para sus familias.

Así también nos manifestamos en contra de toda acción xenofóbica y represora que pongan en riesgo la vida y dignidad de nuestros connacionales en el extranjero; así también y especialmente, en contra de quienes lucran, trafican, y abusan con la necesidad de nuestros paisanos.

Ante ello convocamos a todos a sumarnos a las iniciativas presentadas por legisladores de Acción Nacional en la LVIII Legislatura, como son, entre otras, la iniciativa que se refiere a la sanción severa, al tráfico de indocumentados y perseguir de oficio el delito de tráfico de migrantes.

También la iniciativa para crear la Unidad de Prevención de Protección de los Migrantes. La iniciativa que se refiere a la reforma a la Ley General de Población para reestructurar las disposiciones legales en materia migratoria.

Señoras y señores:

Es tiempo de trabajar juntos, Ejecutivo y Legislativo, a favor de los mexicanos en el extranjero, empezando por mejorar las condiciones de vida y empleo en nuestro propio territorio. Velar por la vida e integridad de los mexicanos es tarea y debe ser prioridad de todos. La muerte y la salida de su patria de un mexicano es algo que nos duele y lastima.

Por ello, unamos todos nuestros esfuerzos para que en su patria o en el extranjero puedan aspirar realmente a condiciones de vida digna a partir de cambios estructurales en nuestro propio país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

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ESTADO DE AGUASCALIENTES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre la intolerancia política del gobierno del estado de Aguascalientes. Para referirse a este tema se le concede el uso de la palabra al señor diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo.

El diputado Joel Padilla Peña:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para denunciar y rechazar enérgicamente la persecución política de que están siendo objeto dirigentes y militantes de nuestro partido en el estado de Aguascalientes. Los hechos han sido los siguientes:

Se levantaron denuncias penales y se presionó al Poder Judicial para girar órdenes de aprehensión en contra de varios líderes de la Unión Popular Revolucionaria, Asociación Civil y dirigentes petistas.

El 3 de julio de 2001 el señor Alfredo Alvarez Márquez fue privado de su libertad por la orden de aprehensión que giró el juez segundo de lo penal en la entidad y una semana después le fue dictado el auto de formal prisión por el supuesto delito de fraude cometido en agravio de la Secretaría de Desarrollo Social.

El 13 de marzo de 2002 el Segundo Tribunal Colegiado del vigesimotercer circuito con sede en esta ciudad resolvió el amparo en beneficio de Alfredo Alvarez Márquez, ordenando su libertad por falta de pruebas.

En noviembre de 2002 se le volvió a dictar el auto de formal prisión y de nueva cuenta se logró, mediante amparo indirecto, obtener su libertad el 24 de febrero de 2003.

Por considerar que se aplicaba retroactivamente la ley en su perjuicio y por no haber elementos suficientes para configurar el tipo penal sancionado. Sin embargo, hasta la fecha no ha cesado la persecución cernida sobre nuestro compañero.

El 9 de abril del presente año el diputado local por el Partido del Trabajo, Miguel Besoberto Díaz, hizo denuncia pública sobre donaciones irregulares de terrenos propiedad del municipio de Aguascalientes, a una acción civil conformada por cinco personas, entre las que figuraba la esposa del director del Instituto de Salud de la entidad. Se buscó desacreditar al diputado petista, pero éste presentó pruebas fehacientes de dicha donación irregular.

El 10 de abril la Procuraduría General de Justicia del estado presentó solicitud de juicio de procedencia para desaforar al diputado Miguel Besoberto Díaz y a la regidora del ayuntamiento de Aguascalientes Gabriela Martín Morones, ambos dirigentes estatales del Partido del Trabajo, consistente en una averiguación previa de más de 3 mil fojas por los supuestos delitos de fraude, asociación delictuosa y sedición y en la que se pedía la consignación de otros 17 miembros del Partido del Trabajo ante el mismo juez que llevaba la causa penal que el compañero Alfredo Alvarez Márquez. La solicitud de desafuero no fue aprobada por la legislatura local.

El pasado 9 de mayo fue abierta otra averiguación en contra de los miembros de la UPR, ajustada ahora a la reciente reforma penal en la que los delitos que se les imputan son considerados delitos graves. Esta averiguación fue consignada ante el mismo juez antes referido.

El Partido del Trabajo derrotó en los tribunales los excesos del juez que se prestó a convertir la guerra contra el Partido del Trabajo en un asunto de Estado.

Cabe reconocer que el Poder Judicial Federal puso orden en todos y cada uno de los hechos antes descritos. Sin embargo, esta guerra ha proseguido. El pasado 3 de septiembre fueron giradas otras nueve órdenes de aprehensión sobre el mismo asunto en contra de la dirigencia estatal del Partido del Trabajo.

Debe señalarse como hecho relacionado, que varios servidores públicos del Juzgado Segundo de lo Penal han sido removidos por haber fallado en sus actos y resoluciones contra el PT.

En esta ocasión se detuvo con lujo de violencia a uno más de nuestros compañeros, Rodolfo Santoyo, al que ya le fue dictado el auto de formal prisión y se intentó detener al licenciado Guillermo Montoya Contreras, dirigente estatal encargado del área jurídica de nuestro partido.

No se puede omitir que como parte de esta lamentable situación, se ha llegado al extremo de sitiar las oficinas del Partido del Trabajo en la entidad.

Con base en lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, desde la más alta tribuna de la nación hace un respetuoso llamado al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, para que se conduzca con apego a la ley y con base en el diálogo constructivo con todos los actores políticos, restablezca el clima de concordia y civilidad política que demanda la sociedad.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al señor diputado Francisco Javier Valdéz de Anda, del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco Javier Valdéz de Anda:

Con su permiso, señor Presidente:

Vengo a esta tribuna a hacer algunas precisiones en relación a la realidad que se vive en mi estado, el estado de Aguascalientes.

En el estado de Aguascalientes no ha habido en los últimos años ninguna recomendación a los derechos humanos, por violación a los derechos humanos, sino que contrario a ello es el estado donde nació el primer ombudsman en el país y recientemente el Gobierno del estado en funciones fortaleció su margen de intervención convirtiendo la Procuraduría de Protección a los Derechos Humanos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con amplia autonomía y cuya designación de su titular corresponde al Poder Legislativo del Estado.

Asimismo, en nuestro estado se ha considerado por instituciones educativas del más alto nivel como el Tecnológico de Monterrey, que Aguascalientes es un lugar de estabilidad social, política y laboral, con absoluta seguridad jurídica, en donde en los últimos diez años no ha existido una sola huelga. Además el ITAM recientemente en una encuesta nacional definió a nuestro estado como primer lugar en calidad e imparcialidad en administración de justicia.

La estabilidad política ha sido y es piedra angular para lograr lo antes señalado, ya que existe absoluta pluralidad y respeto a todas las fuerzas políticas, teniendo como ejemplo que diversos partidos políticos gobiernan la entidad, destacando que el propio Partido del Trabajo gobierna el municipio de San José de Gracia, el Partido Verde Ecologista el municipio de Rincón de Romos, el PRI en ocho municipios, el PAN la capital del estado y el gobierno del propio estado, existiendo una amplia representación de todos los partidos políticos en el Congreso del estado.

En el caso que se ha planteado en esta tribuna es un caso derivado de particulares, o sea ciudadanos de Aguascalientes en contra del Partido del Trabajo y de sus representantes en el estado relacionado con venta de terrenos en asentamientos irregulares y en perjuicio de personas de escasos recursos, lo cual está considerado como delito en el estado de Aguascalientes.

Esto se lleva bajo un expediente 454/2002 en el Juzgado Segundo de lo Penal debiendo precisar que sólo se encuentra una persona detenida por reincidencias de nombre Alfredo Alvarez y, bueno, pues ponemos también en el expediente a esta Cámara para que conozcan más a detalle.

En el caso que nos ocupa no hay ninguna situación en la que intervenga el Gobierno del estado de Aguascalientes sino que como ya señalé, es un asunto de particulares con el Partido del Trabajo y que se tramitan del Poder Judicial del Estado, respetando cualquier situación que se pudiera derivar del mismo en la impartición de justicia.

Debemos precisar que la intervención del Ejecutivo se concreta a enviar informes que deben rendir las dependencias involucradas a la autoridad judicial, n sin antes señalar que en Aguascalientes el nombramiento del Titular del Poder Judicial del Estado es nombrado por los propios Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia con absoluto respeto del Ejecutivo hacia el Poder Judicial.

Por lo anterior, queremos dejar claro que no hay razón ni causa que pudiera motivar la denuncia del Partido del Trabajo en esta tribuna, que aún teniendo el derecho a hacerlo, el Gobierno del estado de Aguascalientes no solamente ha establecido las bases para un estado pujante, un estado donde se respira estabilidad social y política y si en el caso pudiera haber alguna situación irregular, están las instituciones que hemos llevado, que las hemos desarrollado, juntos todos los partidos, juntas todas las fuerzas políticas para que ahí se diriman y se denuncien las irregularidades.

Aguascalientes, estoy seguro y aquí estamos representados varias fuerzas políticas, vivimos un clima de estabilidad, un clima de desarrollo, un clima verdaderamente que hay que respirar en toda la República Mexicana.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado. Continúe la Secretaría.

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ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Señor Presidente, se han agotado todos los asuntos en cartera. Se va a proceder a la lectura del orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 11 de septiembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Protesta de diputados.

Análisis del III Informe de Gobierno, en materia de ``Política Interior y Política Exterior''.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 18:02 horas):

Gracias, diputada Secretaria.

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 11 de septiembre a las 11:00 horas y se les informa que las listas de registro de asistencia estarán desde las 9:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 6 horas 35 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 415 diputados.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.

Diputado que solicita licencia: 1.

Proposiciones con punto de acuerdo: 1.

Punto de acuerdo aprobado: 1.

Agenda política, temas de: 2.

Oradores en tribuna: 40

PRI-7; PAN-7; PRD-10; PVEM-6; PT-6; PC-4.

Se recibió:

1 invitación de la Comisión Permanente del Congreso del estado de Guerrero;

2 comunicaciones de los congresos de los estados de: Chihuahua y Jalisco;

1 iniciativa del PRD;

Veinte oficios de la Secretaría de Gobernación por los que remite los informes de labores de secretarías de Estado, correspondientes al periodo 2002-2003;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite el informe de avance de gestión financiera correspondiente al ejercicio de 2003;

1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, y del costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de julio de 2003.

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DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético) Avila Serna, María (PVEM) Conferencia Binacional de los Trabajadores Migrantes: 124
Avilés Nájera, Rosa María (PRD) Conferencia Binacional de los Trabajadores Migrantes: 125
Boltvinik Kalinka, Julio (PRD) Análisis III Informe de Gobierno. Política Social: 118
Brugada Molina, Clara Marina (PRD) Análisis III Informe de Gobierno. Política Social: 107
Castelo Parada, Javier (PAN) Análisis III Informe de Gobierno. Política Económica: 99
Díaz Escárraga, Heliodoro (PRI) Análisis III Informe de Gobierno. Política Social: 111
Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Análisis III Informe de Gobierno. Política Social: 116
Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Análisis III Informe de Gobierno. Política Social: 104, 115
García Ochoa, Juan José (PRD) Organización Mundial de Comercio: 72
González Yáñez, Oscar (PT) Organización Mundial de Comercio: 75
Hernández Martínez, Ruth Trinidad (PAN) Conferencia Binacional de los Trabajadores Migrantes: 125
Huizar Carranza, Guillermo (PRD) Análisis III Informe de Gobierno. Política Económica: 85
Lagarde y de los Ríos, Marcela (PRD) Paulina Ramírez Jacinto: 66
López Aguilar, Cruz (PRI) Organización Mundial de Comercio: 69
Madrigal Hernández, Luis Felipe (PRI) Análisis III Informe de Gobierno. Política Social: 121
Maldonado Venegas, Luis (PC) Análisis III Informe de Gobierno. Política Social: 103, 113
Mejía Haro, Antonio (PRD) Organización Mundial de Comercio: 68
Méndez Salorio, Alejandra (PVEM) Análisis III Informe de Gobierno. Política Social: 106
Molinar Horcasitas, Juan (PAN) Organización Mundial de Comercio: 71
Morales Flores, Jesús (PRI) Análisis III Informe de Gobierno. Política Económica: 101
Nazar Morales, Julián (PRI) Organización Mundial de Comercio: 76
Ochoa Fernández, Cuauhtémoc (PVEM) Análisis III Informe de Gobierno. Política Económica: 84
Orozco Gómez, Javier (PVEM) Organización Mundial de Comercio: 71
Ortiz Domínguez, Maki Esther (PAN) Análisis III Informe de Gobierno. Política Social: 109
Padilla Peña, Joel (PT) Análisis III Informe de Gobierno. Política Económica: 93
Padilla Peña, Joel (PT) Estado de Aguascalientes: 126
Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Análisis III Informe de Gobierno. Política Económica: 80, 91
Portillo Ayala, Cristina (PRD) Constitución Política: 16
Rodríguez Fuentes, Agustín (PRD) Organización Mundial de Comercio: 73
Rodríguez Rocha, Ricardo (PRI) Conferencia Binacional de los Trabajadores Migrantes: 123
Ruiz González, Tomás José (PRI) Análisis III Informe de Gobierno. Política Económica: 88
Salinas Narváez, Javier (PRD) Análisis III Informe de Gobierno. Política Económica: 97
Tamborrel Suárez, Guillermo (PAN) Análisis III Informe de Gobierno. Política Social: 119
Toscano Velasco, Miguel Angel (PAN) Análisis III Informe de Gobierno. Política Económica: 87
Valdéz de Anda, Francisco Javier (PAN) Estado de Aguascalientes: 127
Vázquez González, Pedro (PT) Análisis III Informe de Gobierno. Política Económica: 82
Velasco Coello, Manuel (PVEM) Análisis III Informe de Gobierno. Política Económica: 95