DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 11 de septiembre de 2003	Sesión No. 6

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 387 diputados; por lo tanto, hay quórum señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:22 horas):

Se abre la sesión.

Se ruega, antes de dar lectura a la orden del día, a las personas que no sean legisladores tengan la bondad de ubicarse en sus lugares.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

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ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 11 de septiembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Protesta de diputados.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

De la Cámara de Senadores.

Del diputado Javier Alejandro Galván Guerrero.

Iniciativas de diputados

Que adiciona cuatro párrafos al numeral 5 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres, con los que remiten copias de las contestaciones del Procurador Fiscal de la Federación, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del director general adjunto de Programación y Presupuesto de Seguridad Nacional y Gobierno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Análisis del III Informe de Gobierno, en materia de ``Política Interior y Política Exterior''.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que productores de la zona norte del estado de Puebla puedan conocer personalmente los avances logrados en cada una de sus especialidades que les permitan competir en mejores condiciones con sus homólogos de otros países, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, en relación con las personas que resultaron afectadas por las inundaciones que se registraron en el estado de Querétaro, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales durante el proceso electoral del estado de Tabasco de 2003, suscrita por diputados de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Convergencia y del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que en sus resoluciones, dé cumplimiento con mandato constitucional contenido en el párrafo cuarto del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de que el sistema de medios de impugnación electoral en México debe respetar siempre la definitividad de las distintas etapas de los procesos comiciales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que libere recursos adicionales para compensar a los agricultores de los distritos de riego 026 y 050, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del estado de Guerrero a ejecutar íntegramente la campaña específica de previsión del VIH/SIDA, iniciada el 12 de agosto y suspendida una semana después, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para solicitar ayuda para los afectados de la colonia El Molinito, de Naucalpan, estado de México, a cargo del diputado Maximino Fernández Avila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Gobernación a liberar recursos del Fonden para las zonas afectadas por inundaciones en los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Zacatecas, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, con el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a que se adopten las medidas necesarias a efecto de otorgar un precio especial en la venta de gas licuado de petróleo (gas LP) a las personas adultas mayores, para uso doméstico, aplicable en todo el territorio de la República Mexicana, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Profepa para que se suspendan las obras de construcción del muelle de Playa del Carmen, Quintana Roo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales a tomar medidas precautorias para garantizar precios del frijol, ante la inminencia de la cosecha del mismo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para tomar medidas urgentes a fin de dar respuesta en su totalidad a la demanda de educación media superior en el país, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Agenda política

Comentarios en relación con el XXX aniversario luctuoso del presidente Salvador Allende, a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.

Comentarios en torno del II aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.

Efemérides

Para conmemorar el aniversario de la anexión a México del estado de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Continúe la Secretaría.

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Con su permiso, señor Presidente.

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes nueve de septiembre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de cuatrocientos quince diputadas y diputados, a las once horas con veintisiete minutos del martes nueve de septiembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y enseguida al acta de la sesión anterior, misma que la Asamblea aprueba en votación económica.

Comunicación del diputado Carlos Antonio Herrera Araluce por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en el segundo distrito del estado de Durango. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente y la Asamblea los aprueba en votación económica.

La Comisión Permanente del Congreso del estado de Guerrero invita a la Sesión Solemne para conmemorar el centésimo nonagésimo aniversario de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac y la entrega de la presea ``Sentimientos de la Nación''. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Chihuahua, con acuerdo por el que manifiesta su apoyo al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el que solicita establecer una tarifa telefónica reducida a personas con discapacidad, pensionados y jubilados. De enterado.

Jalisco, con acuerdo por el que manifiesta su apoyo a la labor que realiza la Auditoría Superior de la Federación y exhorta a los legisladores federales para que apoyen el esclarecimiento de las irregularidades presentadas en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. De enterado.

La diputada Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo setenta y dos, reforma los artículos setenta y tres y setenta y cuatro, y deroga el artículo setenta y cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia presupuestaria. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, y en tanto se integra e instala la comisión, consérvese la iniciativa en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Veinte oficios de la Secretaría de Gobernación por los que remite los informes de labores de las secretarías de: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Defensa Nacional; Desarrollo Social; Economía; Educación Pública; Energía; Función Pública; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Salud; Seguridad Pública; Trabajo y Previsión Social, y de Turismo; de la Procuraduría General de la República y de Petróleos Mexicanos, correspondientes al periodo dos mil dos-dos mil tres. De enterado, distribúyanse entre los diputados, túrnense a las comisiones que correspondan y en tanto éstas se integran, consérvense en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite el informe de avance de gestión financiera correspondiente al ejercicio de dos mil tres. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y en tanto se integran las comisiones referidas, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal; del costo total de las emisiones de deuda interna y externa; de la evolución de la recaudación; de la recaudación federal participable, y de las finanzas públicas y la deuda pública, correspondiente al mes de julio de dos mil tres. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y en tanto ésta se integra, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

La diputada Marcela Lagarde de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática, presenta proposición con punto de acuerdo en relación con el caso de la ciudadana Paulina Ramírez Jacinto. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y en tanto se integra dicha comisión, consérvese la proposición en la Dirección General de Proceso Legislativo.

El diputado Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática, presenta proposición con punto de acuerdo sobre la reunión de la Organización Mundial de Comercio, y solicita trámite de urgente resolución.

La Asamblea, en votación económica, considera el asunto de urgente resolución.

Hablan al respecto los diputados: Cruz López Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional; Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México; Juan Francisco Molinar Horcasitas, del Partido Acción Nacional; Juan José García Ochoa y Agustín Rodríguez Fuentes, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, y Julián Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional.

La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la glosa del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, aprobado por la Asamblea el cuatro de septiembre de dos mil tres.

En el primer turno de oradores para el análisis del Tercer Informe de Gobierno, administración dos mil-dos mil seis, en materia de Política Económica, la Presidencia concede la palabra a los diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia;

Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña

Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México; Guillermo Huízar Carranza, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Angel Toscano Velasco, del Partido Acción Nacional, y Tomás José Ruiz González, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Desde su curul el diputado Julio Horacio Lujambio Moreno, del Partido Verde Ecologista de México, solicita el uso de la palabra para rectificar hechos. El Presidente informa que el acuerdo para la glosa del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox, no prevé intervenciones para rectificar hechos, aunque a fin de dejar salvados los derechos del diputado Lujambio Moreno, solicita a la Secretaría consultar a la Asamblea si admite su intervención fuera del formato aprobado, y en votación económica no se admite.

En el segundo turno de oradores, intervienen los diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia; Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México; Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Castelo Parada, del Partido Acción Nacional, y Jesús Morales Flores, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

En el primer turno de intervenciones para el análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, en materia de Política Social, suben a la tribuna los diputados: Luis Maldonado Venegas, de Convergencia; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México; Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la Revolución Democrática; Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Acción Nacional, y Heliodoro Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el segundo turno intervienen los diputados: Luis Maldonado Venegas, de Convergencia; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México; Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática; Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, y Luis Felipe Madrigal Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.

Comentan los resolutivos de la Conferencia Binacional de los Trabajadores Migrantes, los diputados: Ricardo Rodríguez Rocha, del Partido Revolucionario Institucional; María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México; Rosa María Avilés Nájera, del Partido de la Revolución Democrática, y Ruth Trinidad Hernández Martínez, del Partido Acción Nacional.

Hablan sobre la intolerancia política del gobierno del estado de Aguascalientes, los diputados: Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo y Francisco Javier Valdéz de Anda, del Partido Acción Nacional.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con dos minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves once de septiembre de dos mil tres, a las once horas.»

Cumplida su encomienda, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Diputados, está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada el acta.

Se encuentra a las puertas de este recinto, la ciudadana Rosario Sáenz López, diputada suplente electa en el II distrito del estado de Durango. Se designa en comisión para que la acompañen... Dígame, diputado.

El diputado Rafael Galindo Jaime (desde su curul):

Nada más una aclaración sobre el acta de la sesión anterior, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Perdóneme, señor diputado, pero ya está aprobada el acta, de cualquier manera la observación puede hacerla desde la tribuna para que quede constancia en el Diario de los Debates.

El diputado Rafael Galindo Jaime (desde su curul):

Gracias, señor Presidente.

Compañeros diputados, es nada más para hacer la aclaración de que la propuesta que se hizo en relación a la postura del Gobierno mexicano ante la reunión de la Organización Mundial del Comercio, no la hizo individualmente el diputado Antonio Mejía Haro; de hecho él mismo lo dijo aquí en la tribuna, que esta propuesta se consensó, se hizo por ocho legisladores ---por cierto algunos del PRD--- me acuerdo yo que uno de ellos, el diputado Ramírez Cuéllar; algunos del PRI, un servidor ---Rafael Galindo--- y también otro diputado, Cruz López.

Fue una propuesta conjunta, señor Presidente, entonces estamos pidiendo que conste en el acta de Asamblea, en el acta de la sesión anterior, que fue una propuesta conjunta de... inclusive otro diputado del Partido Verde Ecologista.

Muchas Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado, su manifestación quedará constancia de ella en el acta de la sesión de hoy.

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DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Rosario Sáenz López, diputada suplente electa en el II distrito del estado de Durango. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Graciela Larios Rivas, Francisco Luis Monarrez Rincón, María Angélica Ramírez Luna, Manuel Enrique Ovalle Araiza, Elpidio Tovar de la Cruz, María Avila Serna, Pedro Vázquez González y Luis Maldonado Venegas.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

Se invita a los presentes a ponerse de pie, por favor.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ciudadana Rosario Sáenz López, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Rosario Sáenz López:

¡Sí, protesto!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. Felicidades diputada.

Gracias, continúe la Secretaría.

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MINUTO DE SILENCIO
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo relativo al 30 aniversario del golpe de estado en Chile y el segundo aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva.--- Presentes.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Junta de Coordinación Política se permite hacer de su conocimiento el presente punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. Que durante la reunión de la Junta de Coordinación Política celebrada el día de hoy los representantes de todos los grupos parlamentarios pusieron de relevancia que mañana, 11 de septiembre de 2003, es el aniversario de dos acontecimientos que en su momento cimbraron al mundo por las repercusiones que ambos trajeron consigo, tanto al país en que tuvieron lugar, como al mundo entero: el golpe de Estado en Chile, y los atentados terroristas en las ciudades de Nueva York y Washington, por lo cual se consideró necesario y oportuno que los representantes de la nación, en el Pleno de esta Cámara de Diputados, recordaran de manera solemne dichos eventos.

Segundo. Que este 11 de septiembre se recuerda un crimen contra la democracia en América Latina: hace treinta años un golpe de Estado segó la vida del Presidente constitucional de Chile, doctor Salvador Allende Gossens, y apagó en la República de Chile una luz que irradiaba esperanzas de democracia, pluralismo y justicia social hacia todo el continente.

Salvador Allende, quien fuera Presidente del Senado Chileno electo en tres ocasiones y que hiciera de esa tribuna pilar en su defensa de la democracia en Latinoamérica, fue asesinado en el Palacio de la Moneda, en una de las peores expresiones de intolerancia, intervención extranjera y terrorismo en América.

Motivados por los lazos de amistad que unen a nuestros pueblos, los miembros de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General recordamos el 30 aniversario luctuoso de un legislador y estadista que luchó hasta el último momento de su vida por los mismos valores democráticos que enorgullecen este Congreso.

Tercero. Que este 11 de septiembre se cumple el segundo aniversario de un crimen de lesa humanidad: los atentados terroristas contra el pueblo de Estados Unidos de América y otras nacionalidades, incluyendo la mexicana.

Hace dos años el mundo entero presenció con estupor cómo un grupo terrorista convertía la aviación civil en un arma para atacar objetivos civiles indefensos, cubriendo de luto a familias y naciones; en ese sentido es de lamentar que familias mexicanas fueran lastimadas en lo más profundo, al sufrir en carne propia la irreparable pérdida de sus seres queridos en estos acontecimientos trágicos.

Los ataques del 11 de septiembre dejaron al descubierto la necesidad de definir y acordar una agenda compartida para prever, condenar y combatir el terrorismo en todas sus expresiones.

Al inicio del siglo XXI, la humanidad no debe permitir retrocesos a la obscuridad de la barbarie; por el contrario, todos estamos obligados a empeñar nuestro mejor esfuerzo para reformular el diálogo multilateral y fortalecer la paz.

Motivados por los lazos de amistad que nos unen con Estados Unidos de América, los miembros de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso General, recordamos el segundo aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, y hacemos votos porque el mantenimiento de la paz y seguridad mundiales sea el camino para el progreso compartido de nuestros pueblos.

En ese sentido, y en uso de las atribuciones antes citadas, esta junta de Coordinación Política se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Que en la sesión ordinaria del día 11 de septiembre de 2003 se guarde un minuto de silencio para recordar de manera solemne dos acontecimientos: el 30 aniversario del golpe de Estado en Chile, que costó la vida al Presidente Salvador Allende; y el segundo aniversario de los atentados terroristas en las ciudades de Nueva York y Washington.

Segundo. Hágase del conocimiento de la Cámara de Diputados de la República de Chile el presente punto de acuerdo en lo relativo al 30 aniversario del golpe de Estado en ese país y la muerte del Presidente Salvador Allende.

Tercero. Hágase del conocimiento de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América el presente punto de acuerdo en lo relativo al segundo aniversario de los atentados terroristas en la ciudades de Nueva York y Washington.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de septiembre de 2003.--- Por la Junta de Coordinación Política. ---Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica), Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica, se pregunta sí se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Gracias.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado.

En consecuencia en los términos del acuerdo tomado por esta Asamblea se ruega a los presentes ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio).

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Comuníquese.

Continué la Secretaría.

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COMITE DE ADMINISTRACION
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Daremos lectura al punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea el Comité de Administración.

«Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea el Comité de Administración.

Exposición de Motivos

Según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene, entre otras atribuciones administrativas, la facultad de elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara, así como asignar los recursos humanos, materiales, financieros y los locales que corresponden a los grupos parlamentarios y también, según lo dispone el artículo 30 del mismo ordenamiento, a los diputados que no forman parte de ellos.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de la fracción IV del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política asume las funciones del Comité de Administración que funcionó hasta el 31 de agosto del 2000. Dicho Comité tenía como funciones principales conocer y poner a consideración de la Junta de Coordinación Política sus opiniones y dictámenes en todo lo relativo a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Cámara, así como sobre políticas, programas y lineamientos relativos a las prerrogativas y subvenciones a los grupos parlamentarios y a los diputados, obras públicas y servicios de todo tipo.

La Junta de Coordinación Política ha asumido por unanimidad el criterio de que los trabajos de la H. Cámara de Diputados se ajusten sistemáticamente a estrictos parámetros de transparencia, racionalidad, pertinencia e impacto social en el uso del conjunto de los recursos a su disposición, de manera que en todos los ámbitos e instancias se mejoren los procesos de trabajo legislativo cualquiera que sea su naturaleza específica y alcance y se favorezca una continua mejoría y eficacia del desempeño de la propia Cámara, de los grupos parlamentarios, de las comisiones y de los legisladores, para cumplir con una debida rendición de cuentas.

Es intención de la Junta de Coordinación Política que el Comité de Administración le provea de los elementos de análisis técnicos y normativos que, en interpretación de una amplia demanda social, coadyuve a la realización de una profunda reforma al interior de la Cámara de Diputados para mejorar la eficacia con la que cumple sus funciones constitucionales.

De acuerdo con los principios generales de organización administrativa conviene contar con una instancia que apoye la toma de decisiones en las tareas administrativas de la Junta de Coordinación Política, por lo que resulta procedente crear un órgano que mediante instrucciones dadas por la propia Junta, coadyuve a una mejor administración de la Cámara de Diputados.

Este órgano, denominado Comité de Administración, quedará establecido institucionalmente, en caso de aprobarse la iniciativa recientemente presentada para su creación, adicionando un párrafo al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General, misma que se encuentra en el Senado de la República para sus efectos relativos.

Por las razones anteriores, se propone la creación del Comité de Administración de la Cámara de Diputados y se establecen los lineamientos para su funcionamiento. Por ello, los suscritos integrantes de la Junta de Coordinación Política en esta LIX Legislatura, en los términos del artículo 34 y del párrafo primero del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. El Comité de Administración tiene por objeto apoyar a la Junta de Coordinación Política en todo lo relacionado con sus atribuciones administrativas.

Con ese carácter podrá elaborar resoluciones, acuerdos, normas, políticas y lineamientos; formulará el anteproyecto anual de presupuesto de egresos de la Cámara y supervisará todo lo relacionado con su ejercicio, control y evaluación, vigilando el uso más eficaz de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos de la Cámara, incluyendo los relacionados con las prerrogativas, apoyos y subvenciones de los grupos parlamentarios, apoyos a las comisiones y comités y los que, en su caso, correspondan a los diputados. Participará, también, en la supervisión de lo relacionado con obras y servicios de cualquier naturaleza, viajes nacionales e internacionales y viáticos, y las otras facultades que le asigne la Junta de Coordinación Política.

El Comité promoverá las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados y de cualquier otro ordenamiento que fortalezca el desempeño y la rendición de cuentas de la Cámara, en estrecha coordinación, en todo lo que proceda, con la Auditoría Superior de la Federación.

La Junta de Coordinación Política instruirá al Comité de Administración sobre los asuntos a su atención, quien los resolverá mediante acuerdos específicos y de cuyo cumplimiento informará formalmente a la Junta.

Segundo. El Comité de Administración se integrará por dos diputados de cada grupo parlamentario, designados por su respectivo coordinador; el primero con carácter de titular y el segundo con carácter de sustituto. Este último podrá acudir a todas las reuniones con derecho de voz, pero sólo ejercerá el voto cuando no asista el titular. En todo caso, el propio coordinador podrá solicitar la sustitución de un miembro, en los términos previstos por el artículo 44, numeral 2, de la Ley Orgánica.

Tercero. El Comité actuará de acuerdo con un programa de trabajo anual que será aprobado por la Junta de Coordinación Política dentro de los primeros 30 días de cada año de ejercicio constitucional. El Comité informará a la Junta de manera mensual.

Cuarto. El Comité de Administración será presidido anualmente por un diputado perteneciente al grupo parlamentario de quien presida la Junta de Coordinación Política.

Quinto. El Presidente tendrá facultades para convocar a las reuniones del Comité, que serán ordinarias para el seguimiento de asuntos programados y extraordinarias cuando por su urgencia o relevancia deba resolverse sobre asuntos que así se consideren. Las ordinarias deberán celebrarse por lo menos una vez al mes, mediante citatorio escrito remitido por lo menos con tres días de anticipación y debidamente recibido. El citatorio a reuniones extraordinarias será también por escrito debidamente recibido, y convocadas con la mayor antelación posible a la fecha de su celebración. En ambos casos los citatorios deberán consignar el orden del día correspondiente. En caso de que el Presidente no convoque a la sesión ordinaria prevista, o a una extraordinaria solicitada, éstas deberán realizarse a convocatoria de por lo menos tres miembros del Comité.

Sexto. El Comité de Administración tomará sus decisiones por consenso. En caso de no lograrse éste, el Comité adoptará sus decisiones por mayoría absoluta, mediante el sistema de voto ponderado, según el cual uno de los diputados, representando a su grupo parlamentario, ejercerá tantos votos como integrantes tenga su correspondiente grupo. El quórum requerido será el de la presencia de la mayoría de los votos posibles.

Séptimo. El Comité de Administración, para cumplir con las facultades que le han sido asignadas, podrá organizarse en los subcomités o grupos de trabajo que estime conveniente crear, definiendo la integración y tareas específicas de los mismos.

Para apoyar sus tareas, el Comité contará con un secretario técnico. El Comité determinará su organización y funcionamiento y los recursos que requiera para cumplir con su responsabilidad.

Octavo. Todo lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política.

Artículo Transitorio

El Comité de Administración comenzará a operar en apoyo de la Junta de Coordinación Política el mismo día que se adopte este acuerdo.

Palacio Legislativo, a 11 de septiembre de 2003. .--- Por la Junta de Coordinación Política. --- Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica), Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Gracias.

Los que estén por la negativa, también sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado.

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CAMARA DE SENADORES
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF

Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes

Tengo el honor de comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Son integrantes de la Junta de Coordinación Política para el primer año de ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura, en los términos del párrafo 51 del artículo 81 de la Ley Orgánica, los siguientes senadores:

Diego Fernández de Cevallos, Presidente; Enrique Jackson Ramírez, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Ortega Martínez, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Gloria Lavara Mejía, Coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Humberto Roque Villanueva, Genaro Borrego Estrada, Jorge Zermeño Infante.

Atentamente.

México, DF, a 2 de septiembre de 2003.--- Senador Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De enterado.

Continué la Secretaría.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Señor diputado:

Con todo respeto, me dirijo a esa Mesa Directiva que usted dignamente preside, para solicitar licencia por tiempo indefinido al cargo de diputado federal por el distrito 18 electoral federal del estado de Jalisco, a partir del día 13 del presente.

Comunico lo anterior por así convenir a mis intereses y solicito atentamente se llame a mi suplente, el C. Enrique Guerrero Santana, para que ocupe el cargo de diputado federal, con fundamento en el artículo 62 constitucional.

Sin otro particular, me es muy grato reiterarle las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 11 de septiembre de 2003.--- Dip. Javier Alejandro Galván Guerrero (rúbrica).»

Están a discusión los siguientes

puntos de acuerdo

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Javier Alejandro Galván Guerrero, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el XVIII distrito del estado de Jalisco, a partir del 13 de septiembre del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continué, señora Secretaria.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Ha sido aprobado por mayoría, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene la palabra la diputada Martha Lucía Mícher Camarena del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que adiciona cuatro párrafos al numeral 5 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Adelante.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena:

Señor Presidente de la Mesa Directiva; diputadas y diputados del honorable Congreso de la Unión:

La suscrita diputada federal, Martha Lucía Mícher Camarena, en representación de las diputadas y los diputados federales que suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, exponemos ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al numeral 5 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), relativo a la incorporación del principio de equidad de género en la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La contribución del IFE a la democratización del país ha sido invaluable. Su presencia ha permitido realizar elecciones creíbles, transparentes y democráticas. Es resultado de la suma de luchas populares y electorales que se dieron a lo largo de cincuenta años para acabar con el fraude y la manipulación electoral del gobierno en turno. Su creación obedece, también, al agotamiento del sistema electoral mexicano que nunca garantizó la legitimidad de los gobernantes surgidos de elecciones permanentemente cuestionadas.

El IFE es, así, una pieza clave en el camino hacia la verdadera democracia y el ejercicio pleno de los derechos políticos ciudadanos, demostrando su efectividad institucional al sustituir a una Comisión Federal Electoral desgastada e inoperante que actuaba como juez y parte al depender del Poder Ejecutivo.

El IFE se constituye a través de la reforma constitucional de 1990 que enuncia las facultades y funciones del nuevo Instituto, sucediéndose las reformas de 1993 y 1994 siendo en ésta donde se crean las figuras de los Consejeros Ciudadanos que son elegidos por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, hasta 1996 no se logra la reforma que otorga autonomía y ciudadaniza el IFE, a través del Consejo General que de conformidad al artículo 73 del Cofipe es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar por la observancia de los principios fundamentales que deben regir en todo proceso electoral, que son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad en todas las actividades del Instituto Federal Electoral.

La formación del Consejo Electoral, integrado con elementos de probado profesionalismo y en un marco de pluralidad política se ha mostrado como componente imprescindible para brindar certeza, credibilidad y legitimidad a los procesos electorales de 1997, 2000 y 2003. Los nueve consejeros del IFE, actualmente en funciones, se encuentran próximos a cumplir con la temporalidad que les ordena su mandato constitucional, por lo que esta H. Cámara de Diputados deberá designar a los siguientes consejeros ciudadanos.

No obstante que las designaciones realizadas por la Cámara, hasta el momento, han cumplido con los principios de profesionalismo y pluralidad consideramos conveniente incluir entre estos principios el de equidad entre los géneros, al momento de la integración de este órgano colegiado.

En este momento de los nueve consejeros ciudadanos que integran el Consejo Electoral solamente una mujer fue designada para ocupar el cargo, Jacqueline Peschard Mariscal, cuya capacidad, compromiso y desempeño es la muestra de la existencia de mujeres con el mismo potencial que los hombres para desempeñarse como consejeras.

La iniquidad de género que se observa en el IFE se reproduce en los órganos electorales estatales de los cuales sólo en uno, el estado de México, la presidencia es ocupada por una mujer y únicamente en Sonora el número de integrantes es equitativo en cuestiones de género.

Existen estados como Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas en donde no se cuenta con ninguna mujer como consejera, en tanto que en los restantes estados participa una sola mujer en los órganos electorales.

En la actualidad, la ley electoral del estado de Chihuahua es la única que prevé que el Instituto Electoral sea integrado sin exceder 70% de ciudadanos del mismo género, siendo así la única legislación que cumple cabalmente con la disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 133, donde se reconocen los tratados, las convenciones y los acuerdos internacionales como actos jurídicos que obligan al Estado mexicano a su observancia.

Entre los compromisos contraídos internacionalmente se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), cuyo Protocolo Facultativo fue ratificado por el Senado el 14 de diciembre de 2001; disponiéndose en el artículo séptimo de la Convención lo siguiente:

``Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.''

Asimismo, la situación que prevalece en la integración de los consejos electorales contraría por la vía de los hechos la postura que México ha mantenido a nivel internacional desde la Convención en Beijing de 1975 hasta los recientes compromisos, cursando por la Plataforma de Acción de Beijing que define que ``las mujeres tienen igualdad de derecho a participar en la gestión de asuntos públicos y, mediante esa participación, a contribuir a redefinir las prioridades políticas... y ofrecer nuevos puntos de vista sobre cuestiones políticas generales''.

En cuanto al contexto normativo nacional, debemos atender a la reciente Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que define el concepto de discriminación en su artículo 4 en cuanto a ``toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social, o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua o religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas''.

Es menester referirse a la viabilidad constitucional de la reforma que se propone, toda vez que el artículo 105 Constitucional en su inciso f) tercer párrafo establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse los casos y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales, ante lo cual cabe aclarar que la modificación que se pretende no interviene de ningún modo en el desarrollo natural y preestablecido de los procesos electorales por venir.

No se trata de una modificación que altere la sustancia de los procesos electorales, ni la estructura administrativa del Consejo General, así como tampoco afecta la esfera competencial ni las funciones del mismo, se trata en sí, de una modificación que incidirá el género de los integrantes del consejo mas no en sus capacidades o desempeño, por lo que la vacatio legis establecida por el artículo 105 Constitucional a las modificaciones fundamentales no aplica para la presente propuesta.

El caso que nos ocupa es una muestra clara de segregación de las mujeres para el ejercicio del poder y la toma de decisiones, el honorable Congreso de la Unión se ha pronunciado mediante de un punto de acuerdo aprobado el pasado 27 de agosto dentro de los trabajos de la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura, a favor de incluir el principio de equidad de género, entre los criterios a observarse en la próxima elección del Consejero Presidente y Consejeros Electorales, con el objeto de permitir la participación equitativa de hombres y mujeres en los cargos que serán ocupados.

Por ello sometemos a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa de reforma que adiciona cuatro párrafos al numeral 5 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para introducir el principio de equidad de género en la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de la siguiente forma:

Artículo Primero. Se adicionan cuatro párrafos al numeral 5 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 74.

1. a 4. ...

5. Los consejeros electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios. Asimismo, se designarán ocho consejeros electorales suplentes, en orden de prelación. La designación será realizada conforme a la normatividad y procedimiento aplicable en materia de votación en la Cámara de Diputados.

En las propuestas formuladas por los grupos parlamentarios deberá observarse el principio de equidad entre los géneros, de tal forma que se garantice la participación equitativa de hombres y mujeres en los cargos que serán ocupados.

En todo caso, en el nombramiento de las y los Consejeros Electorales, incluido el consejero Presidente o Presidenta, no se podrá exceder de dos tercios de integrantes del mismo género.

En relación con las y los consejeros suplentes, deberá asegurarse que de cada bloque de tres, sólo dos de ellos correspondan a un mismo género.

En el caso de los consejos locales del IFE en cada una de las 32 entidades de la República y en los 300 Consejos Distritales se aplicará la misma fórmula de integración del Consejo General.

Toda contravención a esta disposición es nula e impugnable con arreglo a la presente ley.

Transitorios

Artículo Primero. La Cámara de Diputados garantizará que la aplicación de la presente reforma sea efectiva en el próximo nombramiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral a instalarse en noviembre del presente año.

Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo, a los 11 días del mes de septiembre de 2003.--- Diputados: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), Miguel Agustín Alonso Raya (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica), Héctor Bautista López, Diana Bernal Ladrón de Guevara, Julio Boltvinik y Kalinka, Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Marbella Casanova Calam (rúbrica), Santiago Cortés Sandoval (rúbrica), Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), César Antonio Chávez Castillo (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Horacio Duarte Olivares (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), David Ferreira Martínez, Margarito Fierros Tano (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Rogelio Franco Castán, Pablo Franco Hernández (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez (rúbrica), Eliana García Laguna (rúbrica), Amalia García Medina (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Iván García Solís (rúbrica), Elba Garfias Maldonado (rúbrica), Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María Marcela González Salas (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Guillermo Huízar Carranza (rúbrica), María Marcela Lagarde de los Ríos (rúbrica), J. Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez, Susana Manzanares Cordova (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Salvador Martínez Della Rocca (rúbrica), Horacio Martínez Meza (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Francisco Mora Ciprés (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Marcos Morales Torres, Inelvo Moreno Alvarez (rúbrica), Inti Muñoz Santini (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Francisco J. Obregón Espinoza (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Omar Ortega Alvarez (rúbrica), José Agustín Ortiz Pinchetti (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Juan Pérez Medina (rúbrica), Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Bernardino Ramos Iturbide (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Zeferino Torreblanca Galindo (rúbrica), Rafael Tinajero Pérez (rúbrica), Edgar Torres Baltasar (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Emilio Zebadúa González (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica).

Compañeras y compañeros diputadas, diputados: esperamos la voluntad política para hacer visible a las mujeres en la toma de decisión.

Muchas gracias, es todo.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. En tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde su curul):

Señor Presidente, solicito la palabra para el mismo tema.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Diputada, el capítulo es de iniciativas de señores diputados, de acuerdo con el orden del día.

Un momentito, yo consultaré a la Asamblea si le permitimos el uso de la palabra.

Se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se concede el uso de la palabra a la señora diputada.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Se les pregunta a los diputados si están de acuerdo, en la participación de la compañera diputada.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Las suscritas diputadas federales integrantes de los diversos grupos parlamentarios de esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, el día de antier venimos exhortando a esta soberanía y particularmente a la Junta de Coordinación Política, para que en el profesionalismo, seriedad y voluntad política de todos, atendamos un asunto insoslayable que resulta fundamental para la vida política de la nación, el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral, nos sumamos a la iniciativa del PRD, pero consideramos que es pertinente agilizar y observar este trámite, por eso es el motivo de este exhorto.

El IFE es una institución que se ha ganado el reconocimiento de la ciudadanía y goza de amplia credibilidad social. Durante los últimos años su consolidación nos ha otorgado a los mexicanos la certeza de contar con procesos electorales transparentes, justos y equitativos, de ahí que la renovación del Consejo General del Instituto será una decisión trascendental de esta Asamblea, para impulsar el mejoramiento permanente de nuestra vida democrática, si bien el fortalecimiento de la democracia en México es tarea común de todos los mexicanos, esta representación soberana tiene la gran responsabilidad de generar un marco jurídico que haga viable el desarrollo equitativo y democrático de la sociedad en su conjunto, eliminando toda forma de discriminación.

La igualdad es un valor universal reconocido y es a su vez un principio cuya ausencia niega la existencia de la democracia, la igualdad ha sido el ariete principal en la lucha histórica de las mujeres de México por alcanzar el reconocimiento de sus derechos fundamentales.

La igualdad jurídica entre hombres y mujeres elevada a rango constitucional en 1974, es un mandato supremo, cuya eficacia está supeditada a la capacidad del Poder Legislativo para llevarla a la legislación secundaria, asegurando la equidad de género y la no discriminación de las mujeres.

En este contexto al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales realizado el año pasado, aunque perfectible, presenta un avance significativo a favor de la equidad de género, ha de establecer la obligación de los partidos políticos de registrar las candidaturas a diputados y senadores, sin que los candidatos del mismo género representen más del 70% del total de los registros.

La observancia de dicha disposición, tanto por los partidos políticos como por el IFE en el pasado proceso electoral fue positiva. El número de curules ocupada por mujeres en la Cámara de Diputados se incrementó en un 36%, de 84 diputadas que integraron la LVIII Legislatura pasamos a ser 115 en la actual.

Aun cuando prevalecen iniquidades, esta norma se ha venido observando, y la tendencia y la equidad de género es creciente. En materia de equidad de género hemos avanzado, sin embargo, los logros alcanzados son insuficientes.

La Legislatura del Congreso de la Unión debe legislar, para que los hombres y mujeres de México ejerzan plenamente sus derechos, y para asegurarles una igualdad jurídica real, que permita una inclusión equitativa en todos los escenarios de la vida política del país.

En la composición actual del Consejo General del IFE sólo participa una mujer, por cierto, se trata de una mujer que ha tenido una actuación destacada en el ejercicio de su encargo.

Nuestra propuesta va en el sentido de que renovemos el Consejo General del IFE con un verdadero espíritu democrático; que observemos el principio de igualdad para aprobar los nombramientos y que la equidad de género se refleje en la nueva integración del Consejo General, cuando menos en la proporción que el Cofipe exige a los partidos políticos en el registro de candidatos; queremos un nuevo IFE; queremos equidad de género en la integración del Consejo General del IFE, no más del 70% de consejeros generales de un mismo género.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias diputada Diva Hadamira Gastélum.

Continúe la Secretaría.

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PROCURADURIA FISCAL
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. CP/2R/3AE.-2745 de fecha 13 de agosto del año en curso, suscrito por el C. senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 529-I-191/03, signado por el C. Juan Carlos Tamayo Pino, procurador fiscal de la Federación, por el que da contestación al punto de acuerdo presentado por el diputado Alejandro Zapata Perogordo, en relación con el cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 4 de septiembre de 2003.--- El subsecretario, licenciado M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Nos referimos a su oficio número SEL/300/1936/03, recibido el 25 del mes en curso, en virtud del cual, en referencia al diverso de fecha 13 de este mes que, según indica, les dirigiera el senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se sirve informar, para nuestro conocimiento y fines procedentes, un punto de acuerdo bajo los términos transcritos en su propio oficio.

En lo que se refiere a esta unidad jurídica, entre los numerales contenidos en el punto de acuerdo en comento, se observa, en el séptimo de éstos, un exhorto al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a que notifique, en el ámbito de su competencia, a la Procuraduría Fiscal de la Federación, entre otras autoridades, las presuntas irregularidades y/o ilegalidades que deriven de las auditorías mencionadas en el mismo punto de acuerdo, así como de las observaciones que hayan identificado la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en el análisis de las cuentas públicas de 2000 y 2001, una vez que hayan transcurrido los plazos y procedimientos que determine la ley para su aclaración o, en su caso, solventación, a efecto de que se ejerzan las acciones que correspondan conforme a la ley.

Sobre el particular, esta Procuraduría Fiscal de la Federación acusa recibo de su citado oficio número ......... SEL/300/1936/03 y le comunica que ha tomado debida nota del punto de acuerdo que se sirve transcribir en dicho oficio, en especial del contenido del numeral séptimo. Asimismo, esta Procuraduría le manifiesta que permanecerá atenta a lo que, en su caso, le sea notificado en términos de lo señalado en el numeral séptimo antes referido, en cuyo evento, en lo que corresponde al ámbito de su competencia, llevará a cabo las actuaciones que procedan conforme a derecho.

Sin otro asunto a tratar por el momento, hacemos propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 29 de agosto de 2003.--- El Procurador, Juan Carlos Tamayo Pino (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De enterado y en su oportunidad remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. CP/2R/3AE.-2624 de fecha 6 de agosto último, suscrito por el senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente de la Comisión Permanente, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 101-1246 de fecha 1º del mes en curso, suscrito por el C. Lic. José Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el que envía información relativa al monto del costo del financiamiento que el gobierno ha otorgado por concepto de su deuda, tanto externa como interna, en respuesta al punto de acuerdo presentado por el diputado David Penchyna Grub.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 4 de septiembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio No. SEL/1300/1890/03 de fecha 7 de agosto del año en curso, mediante el cual señala que el C. senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se ha dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a mi cargo, comunicando el punto de acuerdo aprobado en sesión de esa fecha, mismo que a continuación se cita:

``Unico.- La Comisión Permanente, con fundamento en el numeral primero del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe detallado que contenga el monto del costo del financiamiento que el gobierno ha otorgado por concepto de su deuda, tanto externa como interna, que contenga la evolución que se prevé al respecto y se informe sobre las renegociaciones de deuda y el monto de que por concepto de liquidaciones o intercambio de instrumentos utilizados por el Gobierno Federal que se hayan realizado en este ejercicio fiscal.''

Al respecto, y con el fin de atender el requerimiento establecido en el punto de acuerdo de referencia, a continuación se da respuesta al mismo.

Con relación al monto del costo del financiamiento que ha otorgado por concepto de su deuda, informo a usted que dicha información se encuentra en el Segundo Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al año en curso, en las páginas 165, 166 y 167 de su anexo, para pronta referencia se anexan copias de los cuadros.

Por lo que se refiere a la información sobre las renegociaciones de deuda y el monto que por concepto de liquidaciones o intercambio de instrumentos utilizados por el Gobierno Federal que se hayan realizado en este ejercicio fiscal, se desea hacer mención que la información correspondiente, se presenta en el Primer y Segundo Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondientes al presente año, que se presenta al H. Congreso de la Unión. Lo anterior, se refleja en las páginas 33 y 34 del citado informe, relativo al primer trimestre, y en las páginas 37, 38 y 39 del segundo informe trimestral, para pronta referencia se anexa copia de las mismas.

Finalmente, me permito comentarle que la revisión al monto esperado del costo del financiamiento de la deuda del Gobierno Federal para 2003 será presentada al H. Congreso de la Unión junto con el paquete presupuestal para el siguiente ejercicio fiscal.

Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 10 de septiembre de 2003.--- Lic. José Francisco Gil Díaz (rúbrica), Secretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De enterado.

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MIGRANTES EN FRONTERA NORTE
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. CP/2R/3AE.-2555 de fecha 30 de julio del año en curso, suscrito por el C. senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar 315-A-08454, signado por el C. Jesús Villalobos López, director general adjunto de Programación y Presupuesto de Seguridad Nacional y Gobierno de la Dirección General de Programación y Presupuesto ``A'' de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da contestación a los apartados 4 y 5 del punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos locales a realizar acciones a fin de disminuir los riesgos para la vida de los migrantes en la frontera norte, presentado por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 4 de septiembre de 2003.--- Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

Se comunica lo anterior, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 27 de agosto de 2003.--- Jesús Villalobos López (rúbrica), Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Seguridad Nacional y Gobierno de la Dirección General de Programación y Presupuesto ``A'' de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El oficio anterior remítase en su oportunidad a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Por lo que al documento al que se acaba de dar lectura, de enterado y en su oportunidad remítase a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

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ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día y de conformidad con el artículo 7º, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se llevará a cabo el análisis del III Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, en los temas de Política Interior y Política Exterior.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado en la sesión del jueves 4 de septiembre.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.--- LIX Legislatura.

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA SOBRE LA GLOSA DEL III INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LIC. VICENTE FOX QUESADA

La Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso b) y 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero.- Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso General, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la administración pública del país.

Segundo.- Que el artículo 7o., párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso General, establece que las cámaras del Congreso de la Unión, analizarán el Informe presentado por el Presidente de la República y que dicho análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.

Tercero.--- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al pleno, proyectos de punto de acuerdo sobre asuntos que deban ser desahogados en ese órgano.

Cuarto.--- Que la Junta de Coordinación Política, en reunión celebrada el 2 de septiembre del 2003, consideró oportuno que con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7o., numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el análisis del Informe presentado por el Presidente de la República se lleve a cabo, en lo conducente, en las sesiones ordinarias del próximo martes 9 y jueves 11 de septiembre del 2003, en cuyo caso los Grupos Parlamentarios en principio puedan abordar, el martes 9 de septiembre los temas de política económica y política social y el jueves 11, política interior y política exterior.

Con base en los considerandos expuestos y con fundamento en los artículos 7o. y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

Primero.--- Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7o., numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el análisis del Informe presentado por el Presidente de la República se llevará a cabo, en lo conducente, en las sesiones ordinarias del próximo martes 9 y jueves 11 de septiembre del 2003.

Segundo.--- Para estos efectos, el martes 9 se abordarán los temas de política económica y política social y el jueves 11, política interior y política exterior.

Tercero.--- En dichas Sesiones, para cada uno de los temas los Grupos Parlamentarios podrán intervenir en dos rondas hasta por 10 minutos cada una, en cuyo caso se realizarán en orden creciente en razón del número de diputados que integran cada Grupo.

Cuarto.--- Comuníquese a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo, DF, a 2 de septiembre de 2003.--- Diputados: Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta y coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Barrio Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, ccordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Jesús E. Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

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ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO. POLITICA INTERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, en primer lugar se llevará a cabo el análisis del III Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, en el tema de Política Interior.

De conformidad con el punto tercero del acuerdo dado a conocer, los grupos parlamentarios han inscrito, para que intervengan en la primera ronda, a los siguientes diputados: Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido de Convergencia; Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo; Leonardo Alvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México; Emilio Zebadúa González, del Partido de la Revolución Democrática; Tomás Trueba Gracian, del Partido Acción Nacional y Francisco Frías Castro, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido de Convergencia.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:

Saludo con respeto a quienes integran esta honorable Asamblea y a su Presidente, así como a la ciudadanía que, al seguir con interés los trabajos, refrenda su plausible participación en la evolución democrática de México.

Timbre de distinción y de honor es, sin duda, formar parte de la Cámara de Diputados, a la que nuestra Ley Suprema le asigna nada menos que la representación de la nación.

Conformar un electo grupo de 500 encargado de representar fielmente la voz y los anhelos de más de 100 millones de seres humanos es ingente responsabilidad y compromiso de talla mayor incluso que la distinción que implica.

Deberán saber nuestros representados que con sólo arribar a este recinto cualquier espíritu sensible a lo nuestro estremece ante el intenso olor a patria que acompaña este imponente y además severo elemento con la presencia de la República.

Desde este ánimo de veneración a nuestros símbolos, héroes e instituciones, de gratitud a los indelebles orígenes, de lealtad a principios y convicciones y de profundo respeto a esta tribuna, que sirve para representar al pueblo de México, es decir, para hacer que su voz se escuche, procedo, como es la encomienda, a referir la política interior en el marco de la glosa al III informe del señor Presidente Vicente Fox.

En ese afán, utilizaré los minutos que restan a esta primera intervención para, por conducto de la mayéutica socrática, someter a la mejor reflexión de ustedes sólo algunas de las interrogantes construidas con voces ciudadanas que, desde Convergencia y desde las demás entidades en que hemos participado, se han podido escuchar con diversidad en el tono y también en la procedencia, pero todas incidiendo en la esfera de la política interior de México.

Para qué hablar de política o participar en ella si está llena de mentirosos, de corruptos y de incapaces. ¿Por qué, en lugar de andar haciendo política, o sea grilla, no se ponen todos a trabajar? ¿Qué sólo saben aplaudirle al Presidente en turno, a pesar de que no cumple lo que sigue prometiendo? ¿Para eso quieren el fuero, para escandalizar en motocicleta, en las mesas de baile o para cometer delitos y evadir a la justicia?

¿Los diputados, bola de holgazanes, siempre está la Cámara vacía, sirven para algo más que para cobrar, dormir, pelear y votar? ¿Confianza? Confianza en quién, en quién se confía hoy por hoy en México. ¿En el Presidente, en los jueces, en el Ministerio Público, en la policía, en los diputados y senadores o acaso en el presidente municipal?

Pero más aún, ¿cuál es el grado de confianza que se registra hoy entre los miembros de la familia que a querer o no sigue siendo la célula básica de nuestro tejido social? ¿Realmente se sigue fomentando desde ella el respeto, el valor y la confianza? ¿Cuál es el marco axiológico social que suple al que vino a desplazar la modernidad? ¿Podemos tener buenos ciudadanos y gobernantes formando hijos sin valores? ¿Actuarán los gobernantes conscientes de que los gobernados antes que todo somos seres humanos? ¿Hay realmente respeto por el derecho e interés por ensanchar la cultura de la legalidad?

¿Para qué sirve la Constitución si nadie la respeta? ¡Nadie la cumple! ni los de arriba ni los de abajo. ¿Para qué tanto cuento con la Constitución y las leyes si ahora se gobierna con acuerdos? ¿O no le hacen ahora más caso a la Conago que a la Constitución?

¿Siguen vigentes los postulados del Constituyente a pesar de las más de 600 reformas que ha sufrido el texto de nuestra Ley Suprema? ¿Se tiene ya un verdadero e integral proyecto de nación que pueda sustituir al que formalmente subsiste?

¿Se puede realmente reformar al Estado? ¿Por qué no se ponen a construir los acuerdos para las reformas que urgen a la nación en vez de propiciar el enfrentamiento entre partidos? ¿Qué no se podrá aprovechar al cúmulo de luces mexicanas y su trabajo histórico para instaurar un sistema de seguridad pública eficiente y eficaz en todo el país?

¿Debemos los mexicanos soportar la vergüenza de que se nos repruebe en derechos humanos por los temas de Ciudad Juárez y de los migrantes? ¿Puede el Presidente representar y comprometer a la nación cuando su elección no esté fincada en una holgada legitimación?

¿Por qué no reelegir a los diputados, senadores y presidentes municipales? Cuando comienzan a aprender, ya se les fue el tiempo, se les terminó el cargo.

¿Debe fortalecerse el sistema de partidos a pesar de lo que cuestan y de cómo lo gastan? ¿No son ya demasiados los partidos que hay en México? ¿Debe seguirse permitiendo que otros nazcan y desaparezcan por regalar despensas y rifar licuadoras?

¿Por qué tantas elecciones y tan costosas para el pueblo? ¿Por qué México no cuenta con una legislación homogénea y estable para regular los ámbitos hacendario y fiscal?

¿Qué no se podrá permitir la inversión privada en el sector energético del país comprometiendo las ganancias para apoyar al sector social?

¿Por qué no modernizar el marco legal encargado de regular las relaciones entre el capital y el trabajo? ¿Será esto posible manteniendo una postura de respeto a las garantías sociales y elevando los índices de productividad a la vez?

¿Debe de participar la ciudadanía en la discusión, diseño, aprobación y aplicación del modelo de desarrollo y del proyecto de nación? Y la figura de la representación, ¡qué!

¿Cómo y hasta dónde hacerlo sin ir en detrimento de los órganos de gobierno encargados de ello? ¿Puede y debe haber participación ciudadana en la rendición de cuentas y en el acto de fincar responsabilidad a los servidores públicos infractores?

¿Debe seguirse considerando al servidor público como delincuente por corrupto salvo prueba en contrario? ¿Qué diferencia debe marcarse entre servidores públicos y servidores privados cuando de llevar una vida cómoda se trate? ¿Unos tienen ese derecho y pueden lucirlo y los otros no?

¿Sólo en el sector público hay corrupción e ineficiencia? ¿Debe el Gobierno fomentar y subsidiar con recursos públicos la participación ciudadana organizada? ¿Cómo evitar la simulación en estas tareas? Reconociendo excepciones y excesos donde se deba.

Estas son simplemente algunas de las interrogantes fincadas en la voz ciudadana.

Antes de fijar nuestra posición, que Convergencia la tiene, por guardar la seguridad de que en esta Cámara hay la capacidad para resolver con hechos éstas y las demás interrogantes termino para fijar nuestra posición en la siguiente intervención, no sin antes formular una última pregunta: ¿No creen que todo esto invita a la más seria de las reflexiones y a actuar inmediatamente y sin vacilaciones?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro González Yánez, del Partido del Trabajo.

El diputado Alejandro González Yáñez:

Con la venia de la Presidencia; legisladoras y legisladores:

México no ha convertido la alternancia política en transición democrática. Vicios y prácticas del viejo régimen siguen marcando la vida de la República. No hay federalismo democrático, el presidencialismo todopoderoso está siendo acompañado por cacicazgos estatales que parece que nos regresan a los tiempos de los señores de horca y cuchillo.

Tenemos una democracia electoral sujeta a perversiones, irregularidades y fraudes, que van desde la compra del voto, la compra de candidatos y hasta la compra de la elección misma.

Por eso y por el desencanto ante las promesas incumplidas de la actual administración federal hemos visto un abstencionismo sin precedente histórico. La reforma democrática del Estado se encuentra entrampada entre posturas regresivas, el gatopardismo y el gradualismo interesado, por una parte; y el clamor popular de nuevas formas y espacios para la participación de la sociedad en la toma de las decisiones en los asuntos públicos.

En materia electoral se pretende ahora incrementar el porcentaje para que un partido confirme su registro. Esto implica allanar el camino a la implantación de un nefasto bipartidismo entre el PRI y el PAN. Quienes buscan concretar este despropósito dan la espalda a la ciudadanía que mayoritariamente votó a favor de un sistema político pluralista y un sistema de partidos plural. Tal como se expresó el pasado 6 de julio, el electorado canceló cinco partidos y reafirmó a los seis que están representados en esta soberanía.

La persistencia del conflicto en Chiapas demostró que la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena aprobada por el binomio PRI y PAN no ha sido el instrumento jurídico adecuado para dar respuesta a las demandas de los 15 millones de mexicanos indígenas.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo reivindica el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y el proyecto de reforma constitucional elaborado por la Cocopa. Esta es la vía correcta para comenzar a saldar la deuda con los pueblos indios.

La democracia representativa que tenemos no satisface a la ciudadanía, hace falta la participación directa de la comunidad en la determinación de las soluciones que México reclama.

Si la democracia no genera bienestar entonces no es democracia. Para democratizar la democracia es indispensable incorporar los instrumentos de la democracia participativa en las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Las figuras que propone el Partido del Trabajo son las siguientes:

Primera. El presupuesto participativo, para que la ciudadanía determine democráticamente las prioridades, acciones y obras que se deberán realizar en los tres niveles de gobierno.

Segunda. La consulta ciudadana, para que la sociedad se exprese respecto de los proyectos y acciones de gobierno y pueda dar a conocer sus demandas y aspiraciones en los diversos órdenes de la vida pública de los tres niveles de gobierno.

Tercera propuesta. La afirmativa ficta, para que la ciudadanía ejerza su derecho de petición y obligue a la autoridad correspondiente a dar respuesta en el marco de sus atribuciones y posibilidades, en el plazo fijado por la ley.

Cuarta propuesta. La afirmativa ficta parlamentaria, para que una iniciativa de ley presentada a los órganos legislativos tenga un plazo perentorio de dictamen, que una vez rebasado obligaría a llevar la iniciativa al pleno para su discusión y eventual aprobación o rechazo.

Quinta propuesta. El gobierno comunitario como cuarto nivel de gobierno, para que con esta forma de gobierno la comunidad defina la construcción de su bienestar colectivo.

Sexta propuesta. Rendición de cuentas, para que los funcionarios y servidores públicos, los partidos, las asociaciones, informen y expliquen sus actos, así como la forma de ejercicio de los recursos públicos y se sancione el incumplimiento y la violación a las leyes.

Séptima propuesta. La auditoría social, para que la ciudadanía fiscalice y haga el seguimiento de las obras y los recursos públicos y garantice su correcta ejecución.

Octava propuesta. La iniciativa popular, para que la población pueda presentar a los órganos legislativos de los tres niveles, proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes respecto de materias de su competencia.

Novena propuesta. Revocación de mandato, para que el pueblo tenga la atribución legal de separar de su cargo a un servidor público de elección popular que no haya cumplido con sus compromisos de campaña o las obligaciones que la ley le impone.

Décima propuesta. El referéndum, para que la ciudadanía manifieste su aprobación o rechazo respecto de la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes, reglamentos y decretos.

Onceava propuesta. El plebiscito, para que los ciudadanos expresen su aprobación o rechazo a las determinaciones administrativas de importancia para la vida pública en los tres niveles de gobierno.

Lo anterior exige de manera urgente que realicemos los cambios constitucionales y la creación de la Ley Federal de Participación Ciudadana. Al mismo tiempo expresamos nuestras propuestas de reforma electoral: prohibir la publicidad gubernamental en el momento de la campaña, prohibir el financiamiento de origen privado para que se cancele la puerta de las ilegalidades como el Pemexgate y Amigos de Fox, acabar con el secreto bancario en relación con el manejo financiero de los partidos políticos, modificar la fórmula de asignación de los recursos de 30 a 70, a 50 a 50.

Recuperar la figura de las candidaturas comunes, reformular la asignación de diputados de representación proporcional de tal manea que se evite la sobrerrepresentación y la subrepresentación.

Termino; la transformación política en México es un imperativo para que la democracia se ponga al servicio del pueblo y sea ejercida por él.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor Diputado Leonardo Alvarez Romo del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Leonardo Alvarez Romo:

Con vuestra venia diputado Presidente; honorable Cámara de Diputados, amigas y amigos de la prensa:

La palabra ``cuerdo'' empieza a parecerse a la palabra ``cambio''. Se dice, se dice, se usa y se usa y en los hechos es al revés, desgastada, desprestigiada, contribuyendo al desencanto de la política, de la política interior.

¿Cómo van a salir las reformas estructurales si a un partido se le envía un fuerte ataque sin precedentes por varios frentes, justo después de que el Presidente Vicente Fox hizo un llamado a la concordia, al consenso, a la unidad nacional, a los acuerdos? ¿Cómo vamos a llegar a entendernos de una vez por todas, si a otro partido se le trata de dar un albazo en esta soberanía dividiendo a los grupos parlamentarios y distanciando al Poder Ejecutivo del Legislativo?

Parte de la política interna, tema que nos interesa aquí, es la relación del Ejecutivo con los partidos políticos, parece ser que hasta antes del informe se trató de que el Presidente llegara a esta soberanía con una aura de aceptación, pero justo al día siguiente comenzó otra vez la falta de tacto, la falta de sensibilidad política.

Al Partido Verde no sólo se le lanzó un ataque a través del PRI-IFE sino que al día siguiente del informe se cesó al que fuera secretario de la Semarnap y con quien habíamos logrado por fin llegar a acuerdos por el bien de la conservación de los elementos naturales de México.

Después vino el asunto del PRI-IFE promovido por un ciudadano que ni siquiera es militante de nuestro partido; después siguieron los intentos de desafuero al senador González Martínez en base a ridículos argumentos que por supuesto no prosperaron.

Después y con la intención de seguir empañando la imagen del Verde, se nos envía intencionalmente la ya antes probada falta disidencia que hace dos años fue acallada por el propio IFE y ahora viene lo de Amigos de Fox donde hasta Lino Corrodi ya declaró que nosotros no tuvimos nada que ver en aquel asunto.

Y a todo esto hay que sumar que desde los salones de Gobernación se permitió con líneas que esta campaña de desprestigio iniciara y continuara. Hoy es contra nosotros, mañana contra ¿qué otros partidos?

El Secretario de Gobernación declaró que está de acuerdo con la resolución del PRI-IFE es decir, está afirmando que está de acuerdo que es ilegal la forma en cómo se eligió a Vicente Fox como candidato del Partido Verde a la Presidencia de la República en el 2000 con base a nuestros estatutos que ahora son cuestionados y que fueron los que en su momento legitimaron a este Gobierno incluyendo el cargo del propio Secretario Creel.

¿Por qué atacar? ¿Por qué desprestigiar en un momento en que el espíritu de los acuerdos debe merodear en Los Pinos? ¿Qué logros se pueden mencionar dentro de la política interna si con esto vemos que el Gobierno al respecto tiene intenciones de cerrar este año con broche de oro.

El III Informe de Gobierno vino a contribuir a que las fuerzas comenzáramos a creer que ahora sí venía el gran pacto social y político que necesita México. El Presidente pronunció un discurso fraterno, incluyente, pero no se tardaron ni un día en desmantelar otra vez la buena voluntad de los que por fin habíamos pensado en conciliar por México, ¿por qué?... ¿dolió el éxito electoral, el éxito de las alianzas con proyecto?

Qué falta de sensibilidad política, ése fue el tono de los tres años anteriores, parece ser que quisieron inaugurar estos tres otros con la misma ineptitud política y es que hasta en los tiempos se equivocan. Qué error, qué error fue creer en su momento en los que se escondían en el cambio y luego en el espíritu de los acuerdos, cuando en el fondo los grandes engañadores traen rostro hipócrita, lengua larga y espíritu traicionero.

¿Los acuerdos llegarán? Esta es la misión principal de la política interior del Estado, el gran pacto, la Reforma del Estado, pero ya van tres años y no se logra y conste que este Gobierno tiene la responsabilidad histórica por la encrucijada del 2000 y por las expectativas que se detonaron entonces, por la espera de la transición, pero se pretende crear una política de la democracia mediante una estrategia de medios que carece de contenido y de sentido.

Se sobreestima la importancia de la reforma hacendaria y la laboral frente a la reforma política, cuando antes, para llegar a las demás, nos tenemos que poner de acuerdo.

Se propuso diseñar y operar un sistema compartido con las instituciones de prevención, atención y seguimiento de conflictos políticos basado en el uso de tecnología de punta pero esto no supone que sean capaces de interpretar concretamente y correctamente la problemática social, como fue el caso de Atenco y el aeropuerto.

La tecnología y la capacidad de organización no sustituyen la sensibilidad social y política. Aunque se puede rescatar la creación de la subcomisión de coordinación y enlace para prevenir y sancionar la violación contra las mujeres en Ciudad Juárez, sin embargo, éstas siguen muertas esperando justicia.

Al respecto de los derechos humanos, exigimos que se cumpla con todas las recomendaciones que la comisión ha hecho, pues nueve de 11 recomendaciones no han sido cumplidas totalmente.

Aplaudimos que sea tratado el tema del federalismo, de la Convención Nacional Hacendaria y sea establecido un vínculo con la Conago. Bravo por el Acuerdo Nacional para el Campo, aunque si bien fue una señal de buena voluntad, sigue siendo un acuerdo parcial pues se debe asegurar la soberanía alimentaria y se debe incluir a más subsectores y tomar en cuenta el desarrollo sustentable para el campo.

Pero en el conflicto de Santa María Chimalapa con la colonia Cuauhtémoc de Oaxaca, quedan proyectos a desarrollar en la región; sensibilidad política para negociar en materia ambiental y de servicios a infraestructura que no han sido definidos; tenemos que garantizar la integridad de la selva de los chimalapas y destinar la zona a una zona de restauración ecológica.

Después de todo esto, ¿qué sigue? ¿Qué nos frena para llegar a los acuerdos? ¿Qué nos impide darnos la mano y pensar en el país? ¿Qué impide que se den las señales necesarias para que se convoque de una vez por todas a un verdadero pacto social y político, con mesas específicas, tiempos límite e inclusión completa de todos los poderes, todas las fuerzas y todos los sectores para detenernos y pensar en el futuro de México?

Ya no frena a México aquellos golpes de Estado, cuartelazos, asonadas, revoluciones, intervenciones extranjeras, las cuales obstaculizaron la evolución del país en el siglo pasado y antepasado.

¿Por qué si hoy tenemos todo para pactar y nada en contra, por qué nos es tan difícil hacer una tregua y materializar la Reforma del Estado entre todos?

Ojalá que la política interna de este Gobierno se concentre en generar armonía y que los buscadores de talento encuentren actores políticos con maestría no en cosas convencionales sino maestría en sensibilidad política, doctorado en patriotismo y un diplomado en sentido común.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Emilio Zebadúa González, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Emilio Zebadúa González:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

En su mensaje con motivo del III Informe de Gobierno, el Presidente Vicente Fox, hizo un reconocimiento grave a la mitad de su sexenio al hacer suyo el reclamo que la nación entera comparte sobre la falta de experiencia de quienes integran el Ejecutivo Federal y la exigencia de una mejor gestión como gobierno en su conjunto.

Frente a su propio diagnóstico, el Presidente Fox determinó instruir a todo su equipo de trabajo a privilegiar la política. Sin regatearle al Ejecutivo su convocatoria a recurrir a la política y dejando a un lado por ahora, los rezagos, equívocos y omisiones que implica esta confesión por parte del Presidente, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática recoge el llamamiento y expresa su compromiso firme de trabajar a favor de los acuerdos, privilegiando las vías del diálogo y la negociación.

El PRD, está convencido que el proceso de cambio democrático debe avanzar y que el vacío y el estancamiento en que han caído la marcha de la política interior y las reformas al marco institucional del Estado, durante esta primera mitad del sexenio, no pueden ni deben extenderse más tiempo.

En el PRD, nos hacemos cargo de que la ciudadanía y la nación exigen resultados tangibles y concretos que redunden en mejores niveles de bienestar. México necesita de política, pero de política con responsabilidad cívica y de política con rumbo y con liderazgo.

El PRD en el Congreso pondrá de su parte, para buscar que la política de Estado, responda a las demandas sociales y a las exigencias de seguridad, de justicia y de derechos humanos, de las mujeres, de los pueblos indios, de los migrantes y de las mayorías más vulnerables de todo el país.

Las mexicanas y los mexicanos exigen que la política de la República, no sólo sea democrática, sino que a la vez sea eficaz y funcional. El presidente Fox igualmente lo reconoce, pero a tres años de su gobierno la falta de resultados pone a prueba la confianza de los ciudadanos, no sólo en los poderes públicos, sino en la misma democracia.

La ausencia del Gobierno mexicano en tareas fundamentales y esenciales que le son propias al Estado, a cualquier Estado, en cualquier régimen o modelo político, ha pasado de ser anecdótica, a volverse crítica y grave en muchas instancias.

Frente a la tragedia en Ciudad Juárez, donde las mujeres han carecido de la más mínima protección a su integridad física y sus derechos humanos, el Gobierno ha preferido regatear los ámbitos de competencia en materia de seguridad pública y de procuración de justicia.

Igualmente, la casi inexistencia de autoridades federales que resguarden el orden público en los municipios del sur, en Suchiate, en Tapachula o Frontera Hidalgo y Coacahuatán, han permitido que los grupos ilegales de drogas, vehículos, armas y todo tipo de mercancías, así como el tráfico de migrantes indocumentados, se traduzcan permanentemente en un deterioro de las condiciones de seguridad y justicia en la frontera sur.

La ineficacia del llamado orden y respeto foxista, implica el riesgo cotidiano que tienen las mujeres a la salida de las maquiladoras y de los niños y adolescentes a las afueras de las escuelas y más ampliamente del tejido social que nos une como nación desde la frontera norte hasta el estado de Chiapas.

La premisa central y el mínimo denominador de la política interior del presidente Fox, ha sido su insistencia de que habiendo en México un cierto nivel de gobernabilidad democrática y un respeto formal al Estado de Derecho, ello resulta más que suficiente y satisfactorio para su gobierno. En la práctica, sin embargo, ante la inminencia real o latente de conflictos agrarios, inconformidades sociales y asuntos sin resolver, su argumento no convence a la gente y da la impresión nuevamente de que la política foxista se mantiene flotando en el aire, apartada de la realidad que aqueja a muchos estados de la República, centros urbanos y comunidades rurales del país.

Pero es que la doctrina foxista y la política interior se han mantenido en el ámbito del ``ese fer'', de dejar hacer, de dejar pasar, del ¿yo, por qué? En el discurso existe la voluntad de paz, pero el conflicto zapatista ha sido marginado, si no es que ignorado. Al plan original para los primeros 15 minutos del sexenio y la falta de voluntad para lograr que se concretaran los acuerdos de San Andrés en las leyes constitucionales, el Gobierno Federal abandonó cualquier iniciativa o esfuerzo creativo y serio para darles una respuesta a los pueblos indios de México.

En el III Informe de Gobierno, el conflicto con el EZLN no fue siquiera digno de una mención. De la misma manera en el discurso existe una vocación federalista; en la práctica, sin embargo, se sabe en los estados que el esfuerzo por introducir equilibrios políticos y fiscales más justos a favor de las entidades federativas, no ha encontrado el aliento, menos el apoyo decidido del centro; al contrario, promesas y compromisos del Presidente Fox con los estados no reciben seguimiento de su equipo de trabajo o simplemente quedan nuevamente en el aire.

La Convención Nacional Hacendaria es también una propuesta surgida del interior de la República para exigir en la práctica y en un marco formal y extraordinario, lo que a través de los canales normales de gestión y atención en las ventanillas del Gobierno Federal no se ha recibido.

Nuevamente en el discurso el Presidente Fox ha expresado su respeto al Congreso, pero en la práctica ha buscado mantener las ventajas y desequilibrios de un sistema que formal y materialmente sigue siendo presidencialista. Los avances en el fortalecimiento del Congreso han respondido más bien a las iniciativas propias y a las nuevas correlaciones de fuerzas dentro del propio Poder Legislativo. La concepción de su gobierno sobre cómo fortalecer al Congreso se reduce a impulsar la reelección de los legisladores, como si ésa fuera una prioridad para los ciudadanos y no el contar con un Poder Legislativo que disponga de los instrumentos necesarios para participar con verdadera capacidad política de acción y concreción.

Ahora sabemos que sencillamente no hay un plan político y proyecto concertado para, en el ejercicio de los instrumentos que otorga la política y el marco de la ley, resolver desde el Ejecutivo las demandas más apremiantes de la sociedad. La Reforma del Estado, otro de los compromisos iniciales de la actual administración, se ha dejado a la deriva y ahora se reduce a lo más a una serie de planteamientos utilitarios que busca el gobierno para fortalecer al Ejecutivo y darle continuidad a los miembros de su partido en los poderes públicos. Y ante todo esto, el Presidente está satisfecho porque en sus propias palabras: ``No están a la orden del día conflictos inmanejables'', aunque a la vez él mismo reconoce que el ambiente político no puede ser sino complejo.

Es justamente por la complejidad del entorno político por la falta de liderazgo presidencial y por el mal diseño institucional que heredamos del régimen autoritario, que el PRD considera urgente revisar la agenda de la Reforma de Estado y así actualizar y poner al día anticipando los futuros desafíos, los grandes retos de la política nacional.

En particular es indispensable promover un nuevo federalismo, mediante el cual los estados y municipios cuenten con los recursos y las herramientas necesarias para atender los grandes rezagos en materia de educación, salud y seguridad pública, temas en los que las demandas sociales ya desbordan las capacidades de atención de los gobiernos locales ante la indiferencia o desatención de las secretarías de Educación, Salud y Seguridad Pública federales.

Un federalismo integral debe pasar necesariamente por la conclusión de una reforma al status jurídico del Distrito Federal y un desarrollo equilibrado de las áreas metropolitanas en nuestro país. Es necesario además, analizar los alcances y retos de la Cocopa en la actual coyuntura y ante los más recientes acontecimientos suscitados en la zona de influencia zapatista.

Más allá de la retórica, se requiere una reforma a la reforma constitucional, si verdaderamente el Estado mexicano va a poder dotarse a sí mismo de un Marco Jurídico que sea al mismo tiempo viable, práctico y legítimo en relación con las comunidades indígenas del país.

El PRD tiene un compromiso fundamental con los derechos humanos, la justicia y la lucha contra la corrupción y la impunidad, por ello reiteramos la inconformidad con la lentitud e ineficacia en la persecución de los delitos contra los grupos más desprotegidos y vulnerables de la sociedad, así como la falta de resultados en las investigaciones sobre los crímenes del pasado contra miembros de los movimientos políticos y sociales.

Por otra parte, existe un compromiso muchas veces postergado para la extensión de los derechos políticos plenos a los varios millones de mexicanas y mexicanos que a pesar de gozar de derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución, no pueden ejercer su derecho al voto y a la representación directa en el Congreso. Desde 1998, cuando el IFE concluyó sus estudios técnicos sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, desaparecieron las justificaciones oficialistas y las excusas para no concretar la última fase de su incorporación a la nación política.

En nuestra agenda inmediata se encuentra la renovación del Consejo General del IFE, es nuestra obligación elegir a los integrantes del próximo consejo en atención a su carácter apartidista e imparcial. En materia electoral debemos igualmente alcanzar consensos para lograr una mayor racionalidad en el presupuesto público destinado al financiamiento de los partidos políticos y de la autoridad electoral.

De forma paralela, es necesario fortalecer los instrumentos y la capacidad fiscalizadora del IFE. Esperamos en este marco una resolución pronta del caso de ``Amigos de Fox''.

En el ámbito del derecho a la información, la Ley Federal de Transparencia significa un avance indudable, sin embargo, en el marco de una política democrática de comunicación, la campaña proselitista y de propaganda en los medios de parte del Presidente Fox durante el pasado proceso electoral es inaceptable. Debemos rediseñar el marco de participación...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, señor diputado.

El diputado Emilio Zebadúa González:

Concluyo, señor Presidente.

Es necesario, pues, rediseñar el marco de participación de gobiernos, autoridades electorales y partidos políticos en la radio y televisión.

Señoras y señores diputados, el PRD reitera que existen las condiciones y la oportunidad para concretar en plazo breve, una serie de acuerdos para la Reforma del Estado, que hagan a la democracia más transparente, menos costosa, más incluyente y más eficaz.

Hoy, 11 de septiembre, es un día que ha quedado grabado para siempre en la historia, en dos extremos del continente, como una fecha en que se atentó contra la política y la civilidad.

El PRD confía en la democracia y en las vías legales e institucionales para el cambio progresista en México. Por ello, asumimos la obligación de responder a la ciudadanía y de concretar acuerdos que dignifiquen la tarea legislativa del Congreso y fortalezcan a la República.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, el señor diputado don Tomás Trueba Gracian, del Partido Acción Nacional.

El diputado Tomás Antonio Trueba Gracian:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Nos toca a los diputados del grupo parlamentario del PAN, hacer el análisis del informe sobre la política interior de México y lo hemos hecho con seriedad, espíritu crítico y pensando en el bien común como fin último del Gobierno, sin triunfalismos ni falsas modestias.

Encontramos un informe realista que muestra avances en la vida democrática de la nación, en la libertad del ser humano; éstos son dos grandes reclamos históricos de las y los mexicanos. Asimismo, vemos un mensaje de esperanza y una convocatoria al diálogo y al trabajo en equipo, con un alto sentido de responsabilidad.

Nuestro deber mínimo es encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separan, un campo común de acción y de pensamiento y de llegar a él con honestidad.

Hoy, en México el Gobierno del cambio, el ciudadano, está como debió estar siempre en el centro de la política y es su libertad y su participación democrática responsable, la razón de la nueva política de México.

En el III Informe de Gobierno, percibimos a un Ejecutivo sujeto al marco legal que respeta la división de poderes, fortalece el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hoy se da un verdadero equilibrio de poderes que no existía como parte importante del cambio en esta nación. En este marco de respeto y diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, tenemos por resultado que ahora se legisla aquí, en San Lázaro, ya no está el gran legislador en Los Pinos.

Como consecuencia de lo anterior, se han aprobado 62 de las 86 iniciativas presentadas por el Ejecutivo; asimismo se aprobaron 257 iniciativas de ley entre las que destacan la Ley de la Transparencia, Ley del Servicio Civil de Carrera, del Seguro Popular, entre otras, dando un gran impulso a la certidumbre jurídica de los mexicanos, generando credibilidad, confianza y fortaleciendo a las instituciones, como consecuencia de ellos tenemos un clima de libertad y respeto.

Dentro de este marco de diálogo, respeto y separación de poderes, tenemos que entre el Ejecutivo, Legislativo, partidos políticos y actores de la vida sociopolítica nacional, avances en la Reforma del Estado dentro de las mesas de negociación para incluir temas como el referéndum, la iniciativa popular, la autonomía del INEGI, la inclusión de los derechos humanos en la Constitución, reelección de legisladores y presidentes municipales, regulación de tiempos y costos de campaña, entre otros, así como temas del acuerdo por el campo, Chiapas y Ciudad Juárez.

Hoy la esencia del federalismo radica en el Gobierno de responsabilidades compartidas y en la solución de los problemas locales con una visión nacional, como nunca, y siguiendo la vocación historia y visión federalista y municipalista del PAN, el Gobierno de Fox dejó atrás el paternalismo y centralismo autoritario, fortaleciendo el Pacto Federal con más recursos y más responsabilidades a estados y municipios, destacando un aumento del gasto federalizado a un 8.2% del PIB, incentivos económicos para premiar los esfuerzos locales en la recaudación en un 10.8% de las transparencias. Se ha logrado un rediseño en las funciones públicas entre los tres órdenes de gobierno, donde recae cada uno con su obligación.

Hoy es el momento de recordar y ver los logros de un auténtico federalismo; el PAN tiene más de 60 años promoviendo el fortalecimiento municipal y que los avances que tenemos ahora en la democracia y alternancia federal y estatal, han nacido de los municipios, lugar por excelencia ejemplo de pluralidad.

El Poder Ejecutivo facilitó la integración de los gobernadores por una idea que surgió de la primera mesa de trabajo con ellos, dando origen a la Conago y hacemos votos porque los gobiernos estatales sean capaces y tengan la voluntad política de fortalecer a sus municipios. Llegaremos a una federación de municipios.

Hoy es el tiempo del municipalismo y se reconoce en este informe, al hablar de la participación de los municipios en la Convención Nacional Hacendaria y dar pleno reconocimiento a la Conferencia Nacional de Municipios. Entendemos al municipio como un ayuntamiento de voluntades y atmósfera de libertades, es donde realmente se democratiza la ciudad, es el lugar donde tenemos mayor acercamiento del Gobierno y los gobernados.

Ahora es nuestro tiempo, como diputados, terminemos las reformas necesarias, hagamos con armonía y firmeza nuestra tarea. Exhortemos a los congresos locales para que reformen sus constituciones y leyes secundarias a favor del municipio.

Un logro destacable del actual Gobierno, es la gobernabilidad democrática en el marco de una vida institucional a través del diálogo; ya no hay autoritarismo y se respeta el Estado de Derecho.

Hoy tenemos mayor libertad; ésta, que ha sido uno de los más grandes reclamos sociales, en la actitud del actual Gobierno, destaca por su irrestricto respeto la libertad de prensa y de expresión ciudadana que como nunca antes se había dado, ahora sin represión ni amenazas.

No podemos negar que el combate a la corrupción y la impunidad ha tenido avances importantes: ahora gobierno y sociedad trabajan juntos para erradicarla, hay mayor transparencia, se crearon las instituciones necesarias para vigilarla y promoverla.

En cumplimiento a la vocación democrática de un gobierno emanado de Acción Nacional, damos un respetuoso respaldo a la actuación y decisión de las autoridades electorales, mismas que han probado su capacidad profesional, su autonomía y confiabilidad; resultado de lo anterior, por tercera ocasión, se refrenda el mandato plural de la ciudadanía y un gobierno de responsabilidad compartida.

En el renglón de la seguridad hay logros positivos, no sólo se ha combatido el delito, sino que el Gobierno se ha dado a la tarea de promover con éxito la prevención del mismo. El Gobierno ha generado en esta materia coordinación entre las autoridades competentes y responsables en los tres órdenes de gobierno.

En esta administración se ha dado una política garante de la seguridad de los migrantes a la paz de nuestra seguridad fronteriza y nacional. Lo anterior, mediante un trato justo y digno de los inmigrantes asegurados en nuestro país, tal es el caso de la dignificación de las estaciones migratorias. De lo que se trata es de crear las condiciones necesarias para que, dando el ejemplo, podamos exigir con justa razón al vecino del norte.

Por otra parte, el Gobierno no ha renunciado a la búsqueda de una regulación de la situación migratoria de nuestros connacionales a través del acuerdo.

Del informe se deriva que el Ejecutivo ha rendido resultados positivos en protección civil, primeramente porque ha partido de una política preventiva antes que reactiva a fin de evitar el dolor humano, para ello oportuna su intervención en diversas declaratorias de emergencia de desastre.

Al inicio de este Gobierno no existía en ninguna de las dependencias una sola instancia de derechos humanos. El Ejecutivo creó las instancias de derechos humanos en las dependencias, hay acuerdos intersecretariales y oficinas necesarias, se adoptó el paradigma universal de derechos humanos como política de Estado y el Protocolo de Estambul.

Compañeras y compañeros diputados, respondamos al llamado del Presidente, para construir los acuerdos que materialicen el cambio, construyamos a que predomine un clima de entendimiento y encontremos los puntos de acuerdo necesarios para avanzar como nación.

Falta por hacer, y lo reconocemos, pero también debemos reconocer si hay avances y dejar muy claro, no estamos en Acción Nacional para cercar y defender nuestro huequito ni para redondear una capilla exclusivista de vanidades ni por jactancia de creernos capaces.

Estamos para extender de nuevo, a todos, la invitación cordial que exige la nación, de trabajar unidos para lograr el México que todos necesitamos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Frías Castro, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Francisco Cuauhtémoc Frías Castro:

Compañeras y compañeros diputados. La difícil situación que vive México tiene nexos directos con el estilo y el pensamiento político del Gobierno de la República, ideas y decisiones cerradas han conducido a una encrucijada de dimensiones nacionales, donde estamos involucrados los partidos, los ciudadanos, los poderes y los órdenes de gobierno.

Los priístas fuimos testigos de un III Informe de Gobierno contradictorio, en su primera parte el Presidente optó por la expresión optimista de datos favorables a su administración, en la siguiente prefirió la concesión de parte de cómo marcha en realidad la República.

A juzgar por las cifras mencionadas tendríamos que concluir que el Presidente no necesita de las fuerzas políticas y sociales de México, sin embargo, a mitad de su sexenio el titular del Ejecutivo ha sido obligado por las abrumadoras evidencias, a reconocer que su Gobierno tiene saldos negativos.

No son suficientes la sinceridad y el llamado a la unidad cuando se desoyen los reclamos de mayor democracia y de bienestar en toda la nación.

El Presidente convoca a los acuerdos, convencido ahora, que sin ellos no habrá avances sustanciales, pero sus palabras no tienen referencias sólidas y precedentes confiables.

La cambiante textura del diálogo, las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. La falta de negociaciones y de acuerdos concensuados, son elementos que dificultan los acercamientos.

Una política interior útil a la nación, demanda cuanto impostergable equilibrio de poderes, el Ejecutivo debe aceptar en los hechos que la función de los legisladores es vigilar los intereses de la nación y que la República demande el respeto entre los poderes y entre los órdenes de gobierno.

Los asuntos nacionales bien merecen el cambio de orientación de las campañas mediáticas, que pretenden minimizar la tarea legislativa, que en las cifras registradas para la LVIII Legislatura, indican y precisan un alto índice de cumplimiento.

La política interior debe ser también congruente, exige programas, hechos y acciones que alienten el desarrollo de las regiones al impulso de una visión federalista más allá del discurso y la reiteración de buenas intenciones.

Necesitamos, México necesita, un pacto federal fortalecido; un pacto que reduzca y reoriente el gasto corriente y amplíe el de inversión; un federalismo con vocación social y no nominal. Eso queremos los priístas.

Habremos de involucrarnos en una Convención Nacional Hacendaria para lograr ampliar la capacidad de respuesta de estados y municipios a la demanda ciudadana. Así empezaremos de verdad a revertir el centralismo y la condición dadivosa e interpretativa de la vida municipal y estatal.

En el gobierno de Fox, a pesar de sus pronunciamientos reiterados, federalismo y descentralización no van de la mano. Acudo a dos ejemplos concretos: El primero, en el pasado inmediato, en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación fue la intervención oportuna de la LVIII Legislatura con la participación de un gran número de gobernadores, que se evitó la supresión y disminución de los recursos federales destinados a estados y municipios. Segundo, la deficiente y centralista operación y aplicación del Fondo Nacional para Desastres Naturales, ha propiciado que estados, municipios y regiones asoladas y devastadas por diferentes fenómenos de la naturaleza, todavía estén esperando los recursos federales para atender a los cientos de miles de damnificados.

Una política interior viable para el país supone un Estado de Derecho fortalecido en el respeto irrestricto a la ley. El México democrático a que aspira el PRI tiene como rasgos esenciales su capacidad incluyente y su tolerancia, su respeto irreductible por los derechos humanos y la suma de todas las voces en el ejercicio de la función pública.

Los priístas nos preguntamos cómo es posible que el presidente Fox externe su compromiso con el Estado de Derecho y con los valores de la democracia, cuando meses atrás, después de ejercer un gasto desmedido en los medios masivos en apoyo de las campañas de los candidatos de su partido, fue excitado por la autoridad electoral a detener una campaña dispendiosa y ofensiva a la condición de pobreza de millones de mexicanos.

Urge que el Gobierno Federal haga posible la más amplia, plural y enriquecedora participación de la sociedad civil en los asuntos de competencia colectiva. La tarea, de enorme habilidad y decisión democrática y política ni siquiera aparece con nitidez en el III Informe a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo, documento rector de la Administración Pública Federal, se dilata en subrayar la importancia de la participación de los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Gran ausente en el Gobierno del cambio es la ciudadanía y su participación en la vida pública. Es útil para la democracia que la política gubernamental aliente el diálogo y la participación incluyente y plural de todas las fuerzas partidistas sociales y ciudadanas del país.

En seguridad y justicia la impunidad de la delincuencia se traduce en que apenas se denuncia el 30% de los delitos; lo que demuestra, por cierto, la desconfianza social hacia las autoridades y las instituciones.

Se informa de avances sustanciales en la aplicación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al respecto los priístas nos preguntamos: ¿Cómo supone el Ejecutivo Federal que los gobiernos estatales registran e interpretan la ausencia de voluntad política para resolver el problema de reclusorios inconclusos por falta de la participación federal? ¿Dónde estuvo la vocación federalista del gobierno foxista en la atención de las causas penales de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez?

Hoy sabemos que fue la presión de organismos internacionales protectores de los derechos humanos, los que propiciaron el involucramiento del Gobierno Federal.

Habría que preguntarles a los cientos de miles de mexicanos residentes en Estados Unidos qué opinan de las cifras de accidentes y delitos cometidos en las carreteras nacionales, donde en su retorno al país son ultrajados y vejados por las propias autoridades responsables de su seguridad. Son estos mexicanos, pilares de la economía de pueblos enteros, a los que ahora se otorgan facilidades para identificar sus remesas periódicas de dinero; son los mismos que en las aduanas son hostigados u obstaculizados en el traslado a sus lugares de origen.

¿Dónde está la política del Gobierno Federal hacia los migrantes que todavía son víctimas de discriminación, persecución y hostigamiento en Estados Unidos?

El Gobierno de la República no escapa a la corrupción. Aunque en su III Informe el Presidente Fox afirme que se han eliminado los espacios para que prospere, el caso de Guido Belssaso, extitular del Consejo Nacional Contra las Adicciones, lo ilustra, en tanto que el de los Amigos de Fox exhibe cómo puede fundirse lo político con lo judicial.

El desempleo y la pobreza merecieron en el informe cifras que intentaron ocultar una realidad que abruma, pero en la medida en que aumenta peligrosamente la desocupación social, se amplía la seguridad personal y familiar y late el peligro de los conflictos.

El mandato del cambio opera políticamente en contener las expectativas comunitarias y en postergar el diálogo verdadero entre los partidos, las organizaciones y el Gobierno.

En el autodenominado Gobierno del cambio no se ve proyecto, liderazgo ni claridad de rumbo; no hay resultados importantes. A tres años de distancia vemos con preocupación cómo el gobierno de la alternancia democrática no ofrece las respuestas que demanda nuestra nación.

El mejor análisis de la gestión presidencial lo hizo el pueblo de México el 6 de julio último. A esta decisión, al cumplimiento de las expectativas que generó nuestra oferta política, habremos de sujetarnos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Agotado el primer turno de oradores, en el segundo turno se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido de Convergencia.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:

Compañeras y compañeros diputados, señor Presidente:

Ante el panorama de desconfianza que se deriva del pliego de interrogantes que sometí a su consideración en la intervención anterior, qué queda sino reconocer que es menester un trabajo inaplazable y que es precisamente el de recuperar nuestra confianza.

Sin confianza nada sólido estaremos edificando. Sea cual fuese el sector en el que se intente construir, ante el primer huracán podrá quedar destruida cualquier fantasía.

Urge, sin descuidar las exigencias propias de la marcha cotidiana de la nación, convocar a una gran cruzada nacional para recuperar la confianza entre las y los mexicanos.

Es fundamental recobrar, o en su caso robustecer, la fe, la fe en la pareja, en la familia, en las instituciones, en sus conductores y operadores. Hay que imprimir de nuevo la fe en el trabajo de la República porque, como lo propone Osorio en su insigne obra El Alma de la Toga, mal trabajo es el que se realiza sin lucro, pero el que se arrastra sin fe es mil veces más angustioso porque tiene todos los caracteres de la esclavitud.

Huelga señalar que la confianza, cuya pérdida es por cierto fugaz y de recuperación muy dilatada, sólo puede volver llamada por la congruencia y la congruencia implica el vincular lo que se dice, lo que se ha pensado y lo que se está por hacer.

Por ello se debe de hablar con verdad. Decir sí cuando es sí y cuando sí se puede. Y decir no cuando no se pueda.

¿Cómo intentar hablar de política o de política interior frente a la sociedad en el deplorable rango de confianza en que aquella y sus actores se encuentran hundidos?

Es menester en principio explicar a la sociedad que para que se pueda registrar cualquier ejercicio de evolución en la nación, solamente existen dos vías y no más:

Una. La de la revolución, que implica violencia, y

Dos. La de la política, que implica el progreso sustentado en la paz, en la armonía y en la estabilidad a partir del derecho y de las instituciones.

La inmensa mayoría de quienes con honor y orgullo ostentamos la nacionalidad mexicana hemos apostado por la segunda vía: por la de la política.

Inyectemos, pues, por doquier a la política con el suero vital de la verdad.

Decía el Presidente Fox en el informe que hoy se comenta, en algunas de sus partes: ``...el ambiente político está congestionado. Existe desconfianza y recelo social hacia la política''.

Extirpemos, pues, los inveterados vicios que vueltos cáncer infestan hoy a la actividad que desde la helade antigua se consideraba como el auténtico arte de servir a los demás mediante un buen gobierno y conciliando a los más diversos y encontrados intereses sin perjudicar a ninguno y colocando el producto de esa conciliación al servicio del proyecto de nación. ¿Complejo? ¡Claro! Por ello se le elevó al carácter de arte.

Denunciemos con valor la mentira, el incumplimiento a la palabra porque a la palabra hay que devolverle el rango y la cotización que requiere. Es simple y llanamente lo más valioso en el patrimonio del alma el que ni se vende ni se alquila.

Salgamos de la simulación, desterremos la perniciosa y abyecta práctica de premiar la habilidad de ocultar y de falsear.

Fomentemos por todas las vías el rescate del marco axiológico social perdido, desde la familia, que vuelva a cultivarse el respeto hacia las personas y al entorno; que se reimplante la afición por lo bueno, por lo bello, por lo ético, por la cultura de la honestidad, desde la intelectual hasta la material.

Si comenzamos todos hoy, podremos legar un mejor México a nuestros hijos, pero también podremos darle unos mejores hijos a nuestro México.

Podremos advertir que mientras no elevemos los índices de confianza en la política y en los políticos, el país seguirá estando postrado en la improvisación y en los severos riesgos que ello conlleva.

Hay que propiciar con el insustituible concurso de los medios de comunicación, que se difunda lo valioso que a diario ocurre en los espacios institucionales; hay que pugnar porque lo que cultiva y edifica, también se venda. Eso va creando hábito entre los niños y los jóvenes; hay que ensanchar la información y la cultura histórica e institucional de México entre la población; hay que recordar a los gobernantes, cualquier que sea su nivel o adscripción, que el único destinatario de los actos de autoridad, es el ser humano que piensa, que llora, que sueña, que ríe y que también se enfrenta con coraje frente a la falsedad ignominiosa.

No es el destinatario la cifra o el número frío que intenta cubrir metas preestablecidas.

Si como desde ahora en adelante el éxito de toda intención política habrá de cifrarse en la palabra ``alianza'', trabajemos juntos privilegiando nuestras convergencias y postergando nuestras divergencias.

Hagamos una revisión integral de nuestra Constitución y en su caso, no tengamos miedo a darnos una nueva en la que se consigne el nuevo pacto social al que haya de arribarse.

Adecuemos a los retos del mundo actual las estructuras orgánica y funcional de nuestros órganos primarios de gobierno conservando nuestros principios fundamentales. Este es el contenido real de lo que indebidamente ha venido llamándose Reforma del Estado; el Estado no se puede reformar, cambiemos de nombre a esta intención.

Para esta adecuación orgánica y funcional aprovechemos esfuerzos institucionales ya realizados, muy importantes, con la participación alta de la sociedad como el de establecer sistemas y propuestas para revolucionar la administración y procuración de justicia, la seguridad pública integralmente considerada en México. Convergencia presentará diversas iniciativas para revolucionar la justicia en México.

Concertemos y expidamos las normas para reducir y homogeneizar la organización, celebración y periodicidad de los procesos electorales en todo el país, así como para que los partidos políticos se ciñan a un marco que fomente su actuación eficaz, transparente y equitativa, y para ello Convergencia también presentará sendas iniciativas entre las que se incluye la iniciativa de Ley de Partidos Políticos.

El respeto a los derechos humanos requiere apoyo con más recursos, particularmente los programas destinados al asunto de Ciudad Juárez y de los migrantes.

Convergencia se pronuncia por la conveniencia de establecer la segunda vuelta para la elección presidencial, la reelección de diputados y senadores, así como de revisar la adopción de un sistema que optimice la relación operativa entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Pugnaremos porque se prosperen las reformas hacendaria, fiscal, energética y laboral, cuidando siempre que dichas reformas se traduzcan en beneficios tangibles en el desa-rrollo social de la nación.

Convergencia propondrá también una revisión a fondo del marco que regula y establece derechos y obligaciones de los servidores públicos y propiciará una amplísima participación de la ciudadanía en los quehaceres de la agenda legislativa nacional.

En Convergencia, compañeras y compañeros diputados, señoras y señores, nos proponemos pues, como lo propuso el insigne D´Annunzio, demostrar que todos los integrantes de esta honorable Cámara trabajando por México somos capaces de pensar como seres de acción y de actuar como seres de pensamiento.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado don Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.

El diputado Pedro Vázquez González:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo es bienvenida la decisión del Presidente Fox de privilegiar la política en la conducción del país. Llega casi tres años tarde. Nos ofrece reconocimiento implícito de tres años perdidos, sin garantía de que esto represente el abandono del estilo gerencial de conducir a México. Concedemos, sin embargo, el beneficio de la duda. Que el privilegio de la política sirva para afrontar los problemas más sentidos y urgentes de la mayoría de los mexicanos, con la participación de todos, sin favoritismos ni exclusiones.

Necesitamos construir un nuevo pacto social que dé fundamento, certidumbre y viabilidad a la nación. Son muchos y graves los asuntos que nos convocan, el más urgente la necesidad de recursos públicos para promover el empleo y fortalecer el gasto social, lo que redundaría en el mejoramiento notable de la seguridad pública.

El Partido del Trabajo rechaza categóricamente que se destinen los escasos recursos disponibles al pago de los intereses de la deuda y de capital del Fobaproa-IPAB. Está probada la existencia de innumerables fraudes en el rescate bancario. El Ejecutivo Federal debe retirar la controversia constitucional que presentó en abril de este año en contra de la Auditoría Superior de la Federación, por ordenar que no se liquidaran los pagarés del rescate bancario y se profundizara la auditoría a cuatro bancos.

El IPAB debe de cumplir sin reservas el exhorto del Congreso de la Unión de agosto pasado, para que realice las auditorías a los bancos rescatados en 1995.

La independencia, el respeto y el fortalecimiento de los Poderes de la Unión, debe de estar por encima de los intereses de un puñado de rentistas. Por ello, la Reforma Democrática del Estado debe de ser retomada con más apremio y dirigida a fortalecer al Poder Legislativo, a acotar las atribuciones del Ejecutivo y a garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial.

La promoción de la cultura democrática no avanza con los excesos del Ejecutivo en materia de comunicación social. En lugar de cumplir su función de informar con veracidad a la población de sus acciones de gobierno, se ha utilizado para promover la figura presidencial, particularmente durante la campaña electoral federal, con el fin de favorecer al partido en el poder.

La creciente inseguridad que cotidianamente se vive en todo el país, cuestiona al Estado mismo en su obligación de garantizar la integridad física y moral y el patrimonio de los mexicanos.

Los crímenes en contra de mujeres en Ciudad Juárez constituye una vergüenza por la incapacidad de los gobiernos estatales y federal para esclarecerlos y castigar a o los responsables y evitar que sigan ocurriendo.

El PT rechaza que dramas sociales como éste sigan siendo objeto de disposiciones burocráticas y la designación de comisionados, como ofreció el Presidente Fox en su informe, ya que ni siquiera logran su objetivo mediático.

El Poder Legislativo debe de asumir con seriedad la atención a este grave problema que involucra aspectos de seguridad pública, de derechos humanos y de bienestar social, que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, es urgente adoptar otras políticas públicas entre los tres niveles de gobierno, con una clara orientación social, pero también fortalecer la capacidad y los medios materiales para combatir la delincuencia, la impunidad y la corrupción.

La reforma federalista sigue pendiente. Los estados y municipios no cuentan con las atribuciones y los recursos fiscales que requieren urgentemente, no disponen por tanto de autonomía y capacidad presupuestal para satisfacer las necesidades y demandas de la población y fincar las bases para el desarrollo regional sustentable a largo plazo.

Un federalismo sin recursos ni autonomía política y administrativa no es tal, representa la reproducción del esquema centralista del viejo régimen. Necesitamos avanzar más de prisa hacia una nueva relación fiscal, política y administrativa entre la Federación, los estados y los municipios. La sociedad debe de participar directa y activamente a lo largo de este proceso y no ser mero espectador de las decisiones de gobernantes y legisladores.

La gobernabilidad no se ha sustentado en la apertura a la sociedad para que participe en la definición de las políticas públicas y las reformas institucionales que requiere el país.

El empeño del Ejecutivo Federal de mantener las políticas neoliberales en materia económica y social y la ausencia de mecanismos y procedimientos de la democracia participativa, han tendido a hacer de la política interior un mero instrumento para desactivar conflictos; una de sus funciones, pero no debiera ser su ocupación primordial. Necesitamos con apremio construir los acuerdos para redefinir las instituciones y los compromisos de largo plazo del Estado mexicano.

El Partido del Trabajo celebra la solución favorable a los pobladores de Salvador Atenco, es ejemplo de que el neoliberalismo no debe de pasar por encima del interés y la dignidad de los pueblos.

Celebramos también la movilización de los campesinos mexicanos después de varias décadas de paciente espera, en demanda de una solución de Estado a la crisis del sector rural. El Acuerdo Nacional para el Campo es un buen resultado en esa dirección, sin embargo el Partido del Trabajo demanda el cumplimiento puntual de los acuerdos por parte del Ejecutivo Federal. Los programas deben avanzar y los recursos prometidos deben de fluir a los productores sin excusas ni pretextos.

En conclusión, los asuntos del Estado, los problemas de la nación son muchos y se han agravado en esta primera mitad del sexenio del Presidente Fox. Nos convocan a la voluntad política , a la disposición al compromiso serio de todos los actores para la construcción de los acuerdos fundamentales.

La Política Interior debe de ponerse al servicio de este propósito, eso sería en verdad privilegiar la política.

Compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo convoca al Ejecutivo Federal y a las fuerzas políticas representadas en esta soberanía, a que impulsemos los cambios democráticos que el país reclama.

Muchas gracias y es cuanto señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Javier Orozco Gómez:

Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Cuántos de los aquí presentes nos hemos preguntado en los últimos tres años ¿a dónde está el Gobierno? ¿Quién conduce la Política Interior del país? Y la respuesta que hemos encontrado ha sido un simple: ``¿y yo por qué?''.

En efecto, la inmovilidad política y la falta de oficio político es lo que le ha caracterizado al Gobierno del Presidente Fox, el que no ha sido capaz de lograr los acuerdos que necesita el país.

Le ha sido imposible asimilar la complejidad de la realidad democrática del México de hoy que obliga a todos los actores políticos a crear consensos sólidos a través del diálogo político y la capacidad de negociación. Ha preferido una campaña mediática que busca desprestigiar al Poder Legislativo, a pesar de que el 72.1% de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal de diciembre del 2000 a agosto de 2003, han sido aprobadas.

Gobernar por los medios no le ha funcionado al Ejecutivo Federal, al contrario, le ha resultado contraproducente reduciendo la vida política a un mero concurso de popularidad que no difiere mucho en cuanto al fondo de un reality show.

El buen Gobierno es ante todo participativo y transparente, efectivo, equitativo y basado en el Estado de Derecho. El buen Gobierno debe asegurar que las prioridades políticas, sociales y económicas se basan en el consenso de la sociedad y que todas las voces sean escuchadas y tomadas en cuenta, aun aquellas que sean contrarias a su estilo personal de gobernar o bien, reconocer cuando una propuesta opositora sea válida.

Es obligación del Estado diseñar instituciones que permitan el desarrollo nacional estableciendo las condiciones políticas, legales, económicas y sociales que conduzcan a la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la protección del medio ambiente.

El Partido Verde Ecologista de México está convencido de que la sociedad en su conjunto debe construir consensos y definir sus prioridades, así como determinar el balance entre estado y mercado.

A su vez, este Gobierno funciona con una lógica simplista, el desarrollo se reduce sólo al aspecto económico que no equivale al desarrollo político y social ni al desarrollo sustentable, como tampoco asegura el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Esto debe aprenderlo y nunca olvidarlo.

Dentro de las prioridades del Gobierno Federal está la necesidad de la Reforma Hacendaria, de la Reforma Laboral y de la Energética olvidándose de la impostergable necesidad de la Reforma Política del Estado Mexicano, base sobre la cual se garantizará el desarrollo político, económico y social de nuestra nación para las generaciones futuras.

La gobernabilidad democrática es una precondición del desarrollo sustentable; en este sentido, es importante destacar que gran parte de los conflictos jurídicos del país se encuentran relacionados con el uso y explotación de recursos naturales, en particular aguas y tierras.

Según el Gobierno Federal, la construcción de consensos se muestra en la firma del Acuerdo Nacional para el Campo; sin embargo, dicho acuerdo no refleja la resolución de conflictos locales que se han suscitado entre comunidades, así como tampoco justifica los conflictos enfrentados por proyectos de infraestructura, tal como lo demuestra el conflicto de San Salvador Atenco.

Dicho conflicto es un testimonio de la incapacidad del Gobierno por llevar a cabo proyectos de gran envergadura como una posibilidad de comunicarse con la sociedad y ver una salida consensada en aras del bien común. Esperamos que el sistema de información política y social brinde los canales de comunicación para la resolución de conflictos.

En este sentido, la coordinación de los tres órdenes de Gobierno es fundamental para alcanzar las metas de desarrollo que el país exige. En este contexto, el municipio cumple con la obligación de dar representación, coordinar y administrar los recursos de la sociedad a nivel local; es fundamental fortalecerlo y pugnar por una mayor descentralización del gasto que permita dar mayor poder a la población en la toma de decisiones y así fortalecer a las comunidades municipales.

Es necesario dejar atrás el paternalismo centralista de Estado que sólo debilita la capacidad de acciones e iniciativas de los gobiernos y poblaciones locales; es fundamental fortalecer la capacidad de gestión del municipio y darle más herramientas para el desarrollo comunitario, el manejo de recursos naturales y la provisión de servicios públicos.

De igual manera la protección de los derechos humanos que el Gobierno ha efectuado, no incluye el derecho a un medio ambiente sano, a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU no menciona el medio ambiente pero sí cubre asuntos como salud, seguridad y libre determinación y sin duda el deterioro ambiental ha ocasionado que los derechos fundamentales de una creciente población se vean violados. De manera creciente, personas están perdiendo sus formas de vida, sus culturas e incluso su vida debido a los daños ambientales.

En otros países, la noción de los derechos humanos se expande cada vez más hacia áreas sociales, económicas y culturales, incluyendo el derecho a una vida digna, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a las minorías a disfrutar una cultura, lengua y religión.

El desarrollo sustentable debe expandir las opciones de hombres, mujeres y niños, de generaciones presentes y futuras al mismo tiempo que proteger al sistema natural del cual depende la vida. Es así como los derechos humanos y el desarrollo humano se encuentran íntimamente ligados.

Es hora de que el Gobierno de la República reconozca esa íntima relación entre buen Gobierno, derechos humanos y desarrollo. El mayor logro del Gobierno Federal en el ámbito de los derechos humanos, ha sido el establecimiento de un programa de combate a la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez, mismo que se dio tras la muerte de cientos de mujeres en aquella ciudad.

Una visión integral de la gobernabilidad y el desarrollo del país se encuentra ausente.

Es hora que el Ejecutivo Federal reconozca que la gobernabilidad democrática debe ir de la mano de una amplia estrategia de desarrollo; la gestión económica, divorciada de la ambiental y política, no basta. Invitamos a este Congreso y al Ejecutivo a reflexionar al respecto.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Con su venia, señor Presidente.

Con respeto me dirijo a las diputadas y diputados del PRD, PRI, PAN, PVEM, PT y Convergencia.

Diálogo sin saber escuchar; política sin audacia y sentido de la oportunidad; acuerdos ¿cuáles, cómo, cuándo? Vicente Fox tenía un compromiso histórico con la democracia, muchos contribuimos a hacer posible una elección libre en 2000, lo permitieron los opositores al régimen que hicieron de la democracia la causa de su vida y el origen de muchos sacrificios personales. Lo hicieron posible también, quienes dentro del régimen optaron por el diálogo, la no represión, la rendición de cuentas y los acuerdos para abrir la política.

México necesitaba de un líder político que entendiera su responsabilidad histórica, que en la victoria llamara con generosidad a la reconciliación, que con audacia compartiera con los principales líderes de la sociedad y la política el protagonismo del cambio, que emprendiera el proyecto de las reformas institucionales que eran indispensables para consolidar la democracia y el Estado de Derecho, que en efecto privilegiara a la política.

De palabra Vicente Fox parecía que así lo entendía, basta releer dos de sus discursos: el de la protesta constitucional y el del aniversario de la Constitución 2001, para no dudar de que él y sus asesores estaban conscientes de los grandes cambios que se requerían en la política nacional. Su agenda era amplísima, la paz en Chiapas, una comisión de la verdad, una nueva constitucionalidad, una nueva relación con el Congreso. Habló el Presidente de la historia, de Apatzingán, del 1857, comparaba el momento de la entrada de su gobierno con el de 1917, habló de legar a las futuras generaciones la gran constitución social, humanista y democrática del Siglo XXI.

Ahora, en su III Informe, el Presidente pareciera ser otro hombre, no tiene un plan político. Dice que desea privilegiar la política y los acuerdos, sin embargo, incurre en un nuevo error que echa por tierra su propia oferta, sostiene que México debe cambiar a partir del 2006, por la senda del futuro, que ése debe ser nuestro horizonte para concluir las reformas.

El Presidente todavía no se da cuenta de que la oportunidad lo es todo en la política; ni él ni nosotros tenemos tres años, vamos ni siquiera tenemos tres meses para demostrarle a la nación que nuestros llamados a las reformas y al diálogo son verdaderos.

El balance obliga a interrogar ¿por qué después de un compromiso tan grande con el cambio durante tres años, no hubo Reforma de Estado? ¿Por qué el Gobierno le dio mucha más importancia a la apertura del sector eléctrico y de los depósitos de gas de Burgos, que a la consolidación de la democracia? ¿Por qué en vez de abrir al Fobaproa, como él lo ofreció, terminó defendiendo a los banqueros con una controversia constitucional contraria al interés público? ¿Por qué después de tantos discursos a favor de la transparencia la Procuraduría no ha concluido en más de tres años, la averiguación de ``Amigos de Fox'' cuando sabemos que los responsables tienen toda la información?

Sé que algunas de las preguntas que hago son incómodas, duras, pero fue el propio Presidente quien con sus grandes ofertas y omisiones, ha dado lugar a estos cuestionamientos. Las hago, porque sé que este tipo de cuestionamientos serán tema obligado en la lucha política que se avecina. Sé también, porque lo he vivido sexenio tras sexenio, que la lucha política excluyente, que no tiene más horizonte que erguirse sobre las cabezas que corta, sólo le es funcional al autoritarismo, a la consolidación de liderazgos burocráticos o plebiscitarios.

En vez de ello, hago desde esta tribuna un llamado a todos los partidos políticos, incluyendo al de Acción Nacional, al Presidente de la República, a nuestras compañeras y compañeros senadores, a cada uno de ustedes sin ninguna exclusión ni excepción, para que antes que la lucha política se desate y cada quien le eche la culpa a sus adversarios de la falta de resultados, tengamos la frialdad, el patriotismo y la resolución para introducir una agenda mínima de cambios sustantivos, que contribuyan en estos próximos tres años a la estabilidad política y económica.

Tomémosle la palabra al Presidente, privilegiemos la política, que el Congreso ponga los rieles que eviten el descarrilamiento de la nación; construyamos desde el Congreso las garantías de que la sucesión presidencial contribuirá a legitimar a la política, a la democracia, a ser más austera y equitativa la competencia y a ofrecerle a la nación una alternativa para su desarrollo económico y social.

¿En qué podemos coincidir, cómo, cuándo? Hay dos prioridades: la economía y la democracia, es evitar la prolongación del estancamiento del crecimiento del desempleo, o peor aún, un disparo en la tasa de interés con sus consecuencias en la deuda y en el tipo de cambio. El punto de apoyo más sólido para no pasarle la cuenta a los ciudadanos y a las empresas es conducir con éxito una reforma fiscal. Las palabras melosas no son suficientes, cualquier decisión será difícil; hagamos una reforma eficiente y socialmente responsable.

La otra prioridad es consolidar la democracia; hacer gobernable un sistema de tres fuerzas principales; controlar el dinero que va a la política para evitar la corrupción, el control plutocrático y la desconfianza ciudadana hacia la política; asegurar el avance del federalismo y el mantenimiento de la unidad nacional; dar el paso decisivo para alcanzar la autonomía del Ministerio Público; fortalecer los derechos políticos y dentro de un régimen de democracia representativa, la democracia participativa.

Con cinco reformas consolidaremos el cambio democrático: con la reforma del Código Electoral para ampliar la participación, la transparencia y el control del dinero; con el fortalecimiento del Congreso, la creación del gabinete y la ratificación del jefe de gabinete por el Congreso; con la independencia del Ministerio Público; con la ampliación de los derechos políticos; con el sustento del Congreso a la reforma del Federalismo. En esos puntos coinciden los analistas más lúcidos, los hombres y mujeres comprometidos con el cambio democrático.

Las ideas no son nuevas, están claras; las iniciativas están listas. El cómo es decisivo, el mérito debe ser compartido. Necesitamos al PRI, sin su apoyo no se podrá aprobar ninguna reforma legal y menos constitucional; tiene mayoría con el Verde en el Senado. Necesitamos al PAN, sin el Presidente podríamos en esta Cámara superar el veto, pero no podríamos hacerlo en el Senado. Necesitamos al Verde, al PT, a Convergencia, pero no esperemos a los acuerdos que nunca llegan. Con respeto a las dirigencias que elegimos y al mosaico político aquí representado asumamos nuestra responsabilidad con la sociedad y tomemos la iniciativa desde ambas cámaras.

Por sentido común hagamos a un lado lo que nos impide movernos. Ya no tenemos tiempo que perder, hagamos la reforma mínima que consolide la democracia, asegure la gobernabilidad y fortalezca la soberanía. Con un juego inteligente, pero resuelto, vamos a poder dar el paso. Los ciudadanos ya mostraron su decepción en las urnas. Los acomodos y luchas internas no deben de poner en vilo a la sociedad, apuremos el paso. Tengamos la modestia para no hablar de reformas históricas, pero también la honradez para cumplir con nuestra obligación: legitimar a la vida política, evitar a los ciudadanos la decepción con la democracia y tomar las decisiones que se necesitan para facilitar la recuperación del crecimiento y el empleo. Actuemos antes de que el abatimiento de unos se vuelva el abatimiento de todos. El país nos necesita, no lo defraudemos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Sergio Penagos García, del Partido Acción Nacional.

El diputado Sergio Penagos García:

Buenas tardes.

Con el permiso de la Mesa Directiva.

Los legisladores del grupo parlamentario de Acción Nacional, habiendo realizado un primer análisis del III Informe de Gobierno, presentado por el Ejecutivo Federal ante esta soberanía, percibimos que el país evoluciona, persigue nuevos fines, avanza con rumbo claro.

Advertimos del informe que el Gobierno Federal ha desa-rrollado una serie de acciones contenidas en tres ejes fundamentales:

En lo político, ha instrumento un clima de gobernabilidad democrática, es decir, ha ejercido el Gobierno valiéndose sólo de instrumentos democráticos y respeto al Estado de Derecho; quien en ello pretenda encontrar debilidad, sólo encontrará su propia frustración.

En lo económico, ha preservado la estabilidad macroeconómica, en paralelo a los programas orientados a generar empleos, activar el mercado interno y redistribuir el ingreso.

En lo social, ha asumido una posición que genera oportunidades, desterrando prácticas clientelares y paternalistas del pasado.

Hemos dado grandes pasos hacia la consolidación de la democracia, para que ésta no sea una cuestión exclusiva de la clase política, sino que involucre ciudadanos comprometidos con el desarrollo de nuestro país.

La sociedad decidió que en la pluralidad debemos encontrar el camino cotidiano en nuestro ejercicio democrático del poder. Los mexicanos debemos asumir el compromiso de ser personas que desde banderas ideológicas diversas y más allá de intereses electorales, seamos verdaderos protagonistas del cambio, siendo la única vía para lograrlo, el acuerdo.

Que no sólo propongamos alternativas, sino que además demos la cara a la sociedad, reconociendo el espacio de las coincidencias y siendo partícipes de un diálogo fructífero en soluciones.

Sin duda, del análisis del informe presentado por el Ejecutivo, reconocemos en el Gobierno Federal voluntad y capacidad de propiciar un entorno favorable para el desarrollo político del país y sus instituciones, con una actitud que abona las condiciones para construir acuerdos políticos y consensos sociales que en términos de la Constitución y de las leyes, incentivan y mantengan la gobernabilidad democrática.

De igual forma, reconocemos el ánimo de redoblar esfuerzos a efecto de dar sustento a la unidad nacional, preservar la cohesión social y fortalecer las instituciones del Gobierno mediante una conducta dialogante, clara y transparente y a través de una ética política, consistente en sostener en público el acuerdo en privado, sin dobleces, honrando la palabra empeñada.

Este nuevo ambiente democrático es oportunidad para dar un gran paso hacia delante en la construcción de los acuerdos que desemboquen en las reformas estructurales. Este clima también ha servido para lograr los avances descritos por el Ejecutivo Federal en su informe.

Es en este contexto que el Ejecutivo, como fundamento de sus acciones, ha preservado las condiciones de diálogo en Chiapas, mediante el respeto a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y la Ley de Amnistía, además de cumplir con las tres condiciones que para la reanudación del diálogo estableció el EZLN.

Se liberaron a presos vinculados con el movimiento; se reubicaron las bases militares y se presentó la iniciativa de la Ley Cocopa, la cual concluyó con la reforma constitucional en materia indígena, que abre una ventana de oportunidad para que las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, impulsen las adecuaciones a sus constitucionales locales, haciendo efectivos los principios y derechos de los pueblos indígenas.

Condenamos los hechos inconcebibles perpetrados en contra de las mujeres inocentes en Ciudad Juárez.

Por ello consideramos positiva la respuesta dada a la sociedad abordando el problema de la violencia social, particularmente la violencia de género. Es así que en julio de este año, tal y como nos informa el Ejecutivo, se presentó un programa integral de seguridad pública para Ciudad Juárez, enfocándose en el combate, sanción y prevención de delitos contra la mujer. Destaca el informe de Amnistía Internacional, donde reconoce que esta acción institucional es oportunidad para resolver el problema.

Resulta satisfactoria la creación de la Fiscalía Mixta, cuyo objetivo es la plena colaboración en las investigaciones entre la PGR y la Procuraduría del Estado.

Finalmente, igual complace el anuncio sobre el nombramiento de un comisionado especial, responsable de coordinar la participación del Gobierno Federal en las investigaciones, reflejando así el compromiso del Gobierno para solucionar hechos que tanto ofenden y laceran a la sociedad.

Por otra parte, resaltan los esfuerzos en materia de seguridad pública y de procuración de justicia a nivel federal; en esta administración se han propinado fuertes golpes a diversas organizaciones delictivas que operan en nuestro país, desarticulando importantes cárteles internacionales del tráfico de drogas, así como grupos organizados dedicados al tráfico de personas, órganos, armas, así como a la piratería, contrabando y lavado de dinero. En tal sentido, es sobresaliente la destrucción, sin precedente, de grandes plantíos de marihuana y amapola reflejada en una eficacia que se incrementó en 19.4% y 9.5% anual, respectivamente.

En suma, se detuvieron a más de 22 mil personas entre líderes, financieros, sicarios y lugartenientes ligados al narcotráfico. Estos resultados fueron posibles dado la reestructuración de la PGR, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y la creación de la Agencia Federal de Investigaciones, así como el profesionalismo con el que se han conducido las corporaciones que de ellas dependen, logros de la presente administración.

Es alentador conocer la detención, por parte de la PGR, de varios secuestradores miembros de organizaciones delictivas, de las cuales 10 fueron desarticuladas, sin dejar de mencionar la liberación de 132 víctimas del secuestro.

La confianza en los órganos, pilar del estado democrático, se construye y fortalece a través de la publicidad y la transparencia de sus actos. Al respecto, vemos con satisfacción que el Gobierno ha respondido en tiempo y forma, a los imperativos dispuestos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que hoy permite a los ciudadanos tener acceso a la información que genera el Gobierno, traduciéndose en un mecanismo de evaluación y de rendición de cuentas. Con esta ley ha quedado atrás el ocultamiento a los mexicanos de los asuntos públicos; se hace público lo público.

Es un avance importante de la actual administración conferirle a la hoy Secretaría de la Función Pública, atribuciones para dirigir el sistema del servicio profesional de carrera, con el fin de consolidar el trabajo transparente, profesional, eficaz y honesto de los servidores públicos en beneficio de los ciudadanos. Se sustituye la improvisación con la profesionalización.

Que el servicio público sea una cuestión de actitud y de capacidad, no el alojamiento de compadres y amigo ni el premio o castigo a los políticos.

Compañeras y compañeros diputados: no se puede negar que el Gobierno tiene programa y tiene rumbo.

Por nuestra parte, debemos aceptar que somos corresponsables en darle eficacia a nuestra democracia, respondiendo a las expectativas que los ciudadanos han fincado en esta legislatura; de no hacerlo así, lo que se pone en riesgo es la propia democracia.

Ahora como nunca, este Congreso tiene la oportunidad de ser la caja de resonancia de la sociedad y no sólo del Gobierno o de los partidos. Estamos ante el reto de concretar su fortalecimiento dentro de la división de poderes y el camino para ello se ha iniciado. Es impensable el regreso hacia un Congreso sumiso y ratificador de las decisiones del Ejecutivo Federal, pero tampoco necesitamos una arena de contendientes que buscan hacerse pedazos entre sí. Esto sería condenable.

No debe de tratarse de un Congreso que asuma una posición sistemáticamente obstruccionista de las políticas del Ejecutivo ni se trata de someter o subordinar al Ejecutivo al Poder Legislativo. Debemos buscar una armónica colaboración de los poderes mediante el diálogo y un punto de encuentro en las soluciones de los asuntos nacionales. No es tiempo para las injurias ni para la confrontación o para el oportunismo político.

El mundo sigue su curso y México compite, lo queramos o no, todos los días en un ambiente cada vez más agreste; se acabó el tiempo de las demostraciones insustanciales, estamos ya en el tiempo de las responsabilidades cruciales.

De cara a la sociedad debemos legislar lo que es necesario en lugar de lo que es fácil, debemos resolver lo indispensable en lugar de discutir lo irrelevante, debemos de coincidir en lo esencial y dejar de lado lo superfluo. Si nos separa la dimensión de las ideas, entonces que nos una lo común de las necesidades. ¿Cuándo? Depende de todos nosotros.

Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

A continuación se le concede el uso de la voz al diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Alfonso Rodríguez Ochoa:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El pasado 1º de septiembre se informó a este H. Congreso de la Unión el estado que guarda la nación, el político inglés Oliver Cronwell afirmaba: ``que nunca se va tan lejos como cuando no se sabe a dónde se va'', y ésa es en esencia la perspectiva que se deriva de este III Informe de Gobierno encabezado por el Presidente Fox.

En materia de Política Interior la consolidación de nuestro sistema democrático exige una nueva forma de gobernar, eficaz, eficiente, que privilegie el diálogo, el consenso, la tolerancia para resolver los grandes problemas nacionales.

La relación con los problemas de la nación, hace rato el compañero de Acción Nacional que me antecedió en la palabra, dio a conocer el apoyo que tuvo el Presidente Fox de la LVIII Legislatura, en donde se le aprobaron un buen número de iniciativas que mandó.

Haciendo cuentas fue el 72% de la aprobación de esas iniciativas, pero ¿qué pasó con esta colaboración de la LVIII Legislatura, la respuesta del Ejecutivo cuál fue? La implementación que hizo el Ejecutivo fue una campaña política en los medios de comunicación de desprestigio y de responsabilizar de la inmovilidad e ineficacia del Gobierno a la Cámara de Diputados y en definitiva al Congreso de la Unión.

La historia, señor Presidente, y el 6 de julio, han demostrado la ineficacia de esta política, la gobernabilidad, señor Presidente, requiere del consenso, de la colaboración, de la corresponsabilidad de todas las fuerzas políticas del país, demanda un reconocimiento de la pluralidad y diversidad del Congreso de la Unión.

En el nombre del interés nacional y ante la interpretación errónea sobre las facultades del Ejecutivo que constituían acciones de inconstitucionalidad, el Congreso en la anterior Legislatura, demandó que el Poder Judicial emitiera su resolución, el resultado, el mismo III Informe de Gobierno lo consigna, cuando se señala que se han ceñido a las resoluciones dictadas por el Poder Judicial en casi una docena de acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué estarían haciendo los asesores jurídicos del señor presidente la relación con órdenes de gobierno?

La desestabilización política y económica, el fortalecimiento del federalismo, el acercar la toma de decisiones a la población, sigue siendo una tarea pendiente. La promesa de campaña del Presidente Fox de modificar las distribuciones de las partidas del gobierno federal a los estados y a los municipios, es una tarea incumplida.

La política del gasto público federal no ha impulsado un auténtico federalismo, el desequilibrio regional y sectorial es hoy más manifiesto, amplias zonas del país viven marginadas del desarrollo social y político de la nación.

Gobernabilidad y buen gobierno, una administración pública eficaz y eficiente, es el resultado de un gobierno cercano a la sociedad, de un gobierno que escucha, atiende y resuelve las demandas de la comunidad y que sólo adquiere legitimidad, cuando la población lo define y concibe como un buen gobierno, y este gobierno arroja hasta ahora los siguientes resultados.

Respecto a la utilización eficiente de los recursos públicos, en lo que establece que el gasto destinado a la nómina de la burocracia federal ha disminuido, encontramos que las sumas de las rescisiones de contratos, cancelación de plazas, inducción al retiro o separación voluntaria de los trabajadores federales, en estos tres años de gobierno suman ya la cantidad que supera más de 50 mil plazas de base que han dado de baja. La cifra sin contexto social supondría un adelgazamiento del Estado. Sin embargo, no se dice nada al respecto de los altos sueldos de honorarios de los niveles superiores de gobierno que absorben el ahorro de este personal despedido.

Pero ahorro en nómina ¿para qué? ¿para incrementar el desempleo? ¿Para impactar más a los sistemas de pensionados y jubilados y destinarlo al sueldo de la alta burocracia federal? El gasto en servicios personales con enfoque social en el año 2000 era de 44.9%, ahora para 2003 se redujo al 29%, en tanto el gasto burocrático no sólo no disminuye sino que se ha incrementado de 55% en el año 2000 a 71% en el 2003.

Resolución institucional de conflictos. La resolución de conflictos o su disensión, es tarea del gobierno para conservar y fortalecer el ambiente de paz y armonía social. Los conflictos sociales no se resuelven sólo con una política de medios, con estadísticas y cifras dudosas. El problema del agro mexicano, su crecimiento, su desarrollo, está pendiente. El Acuerdo Nacional para el Campo, si bien representa una concertación política entre el Gobierno Federal y las organizaciones de productores rurales y campesinas a la que se suman los estados, es sólo hasta hoy, un avance mínimo.

Este acuerdo debe reflejarse en cifras duras, reales, de mejoría de la calidad de vida de la población en general, ya que sin datos, sin cifras concretas, sin realidades manifiestas, esa acción de gobierno constituye solo una más de las promesas incumplidas.

El campo requiere de resoluciones integrales para incorporarlo al desarrollo nacional y convertirlo en un sólido sustento de la economía nacional. Es, ha sido y sigue siendo, un factor estratégico para nuestra soberanía nacional. No basta el desplante verbal, se requiere capacidad y convocación al esfuerzo conjunto y solidario de todos los sectores del país. El problema indígena, ese sigue latente; los 15 minutos para resolver el conflicto social ahora ya son tres años.

Construcción de acuerdo. La estabilidad del país, su viabilidad económica, la paz y armonía social, se sustentan en la convivencia, en el respeto de la pluralidad y la diversidad, en la construcción de consensos en torno al proyecto de nación que necesitamos todos los mexicanos.

Las reformas estructurales en materia hacendaria, laboral, eléctrica y la reforma de Estado, deben ser resultado del consenso, de la tolerancia, de la comprensión, de visiones diversas, del reconocimiento y del respeto a la pluralidad política de los diversos intereses de los sectores sociales que conforman nuestra sociedad mexicana.

La voluntad y soberanía popular se depositan en la representación popular que constituye esta Cámara de Diputados. Aquí convergen los diversos intereses de la sociedad plural mexicana. Es aquí señor Presidente, donde se deben de dar los consensos y no en reuniones populares.

La evaluación del III Informe de Gobierno en este rubro de Política Interior, no requiere de mucho análisis, está ahí, a los ojos vistas la falta de consenso, la incapacidad de cabildeo, la inexperiencia política, la cerrazón y ausencia de diálogo del Ejecutivo en turno.

Señor Presidente: ya no más campañas políticas en los medios para presionar al Congreso a la aprobación de propuestas; así no se construyen los consensos, así sólo se pretende imponer visiones no compartidas, cuyo destino sería el fracaso. El cómo, el por qué y el para qué y en beneficio de quiénes, de las reformas estructurales, es un proceso de consenso en el marco de la pluralidad, tolerancia y diversidad de los diversos sectores de la sociedad mexicana representada en esta soberanía nacional

En definitiva, el proyecto de nación lo construimos todas y todos los mexicanos. Aprenda, señor presidente, la lección del 6 de julio. El freno al cambio democrático es la intolerancia, la ineficiencia y la ineficacia.

La sociedad mexicana, su representación nacional que es esta Cámara de Diputados, sabrá conciliar, sabrá consensar, sobre la diversidad de intereses, el supremo interés nacional, que no es otro más que el beneficio de todas las familias mexicanas que representamos todos nosotros.

Por eso, señor presidente y por último, le solicitamos de la manera más atenta solicite al Ejecutivo se ve que les molestan las verdades pero, compañeros, tienen todavía capacidad para responder.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Le ruego, diputado, concluya su intervención.

El diputado Alfonso Rodríguez Ochoa:

Termino, señor Presidente en pedir la manera más atenta que le solicite al Ejecutivo Federal envíe en lo inmediato el proyecto de presupuesto de 2004 a fin de contar con mayor tiempo para su análisis y garantizar este enfoque social que reclaman todas y todos los mexicanos.

Es cuanto.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Se ha agotado la lista de oradores para el análisis del III Informe de Gobierno en materia de Política Interior.

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ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO. POLITICA EXTERIOR
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Continuando con el orden del día, pasamos a la glosa en Política Exterior. Para la primera ronda sobre el análisis del III Informe de Gobierno en materia de Política Exterior, los grupos parlamentarios han inscrito a los siguiente diputados: Jesús González Schmal, de Convergencia; Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Partido Verde Ecologista de México; Juan José García Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; José Antonio de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional y Alfredo del Mazo González, del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los publicistas y mercadólogos políticos que se creyeron creativos e innovadores al mutilar el águila real de nuestro emblema nacional que nos identifica ante el mundo también ahora, en el III Informe, se lanzan a titular pomposamente el capítulo de política exterior en el resumen ejecutivo con el título de: México en las decisiones internacionales, tal como si de veras hoy estuviéramos en aptitud siquiera de influir en las grandes decisiones del concierto internacional.

El haber querido instrumentar la política exterior del país como un recurso efectista en beneficio de una popularidad interna a favor del Presidente y su secretario del ramo ha traído consecuencias exactamente a la inversa.

La llamada gran amistad entre Fox y Bush, que se presumía en la primera visita del mandatario norteamericano al rancho de San Francisco del Rincón, fue sólo un vulgar ardid del visitante, que se llevó en las alforjas de indumentaria vaqueril la promesa de su homólogo mexicano para pagarle supuestos adeudos de miles de millones de metros cúbicos de las aguas del Río Bravo a favor de los agricultores texanos.

El Presidente Fox se rindió ipso facto a la petición de su amigo del norte y cargó a los usuarios de las aguas nacionales del Río Bravo la obligación de pagar cinco años atrasados derivados de una sesgada interpretación del Tratado de Límites y Aguas con los Estados Unidos del año de 1944.

Por lo pronto los campesinos del distrito de riego 025 y 026, de Tamaulipas, se han quedado sin sembrar miles y miles de hectáreas de riego por el logro de Bush en su fugaz viaje al territorio mexicano.

De esta especie han sido las sucesivas recepciones al visitante norteamericano que llegaron al colmo en la Cumbre de las Naciones Unidas, en Monterrey, en marzo de 2001, donde le concedió a éste, evitar el encuentro con el presidente cubano. Para lo que el Gobierno mexicano contrariando el sentimiento nacional de afecto con Cuba y respeto irrestricto a nuestros principios de política exterior y proverbial hospitalidad, implementó el operativo ``comes y te vas'', para congraciarse con George Bush, así haya sido con evidente ridículo internacional que todavía pesa contra nuestro país en los medios diplomáticos latinoamericanos.

El sentido pragmático de la política exterior para hacernos creer que con un activismo internacional oportunista se obtienen ganancias para el país, ha sido la peor inversión de este gobierno que ha echado por la borda décadas de política internacional seria, moderada y participativa, así haya sido valiéndose de la doble cara como el candil de la calle y oscuridad de su casa, pero que, indudablemente, en lo externo produjo prestigio, mérito y resultados positivos hasta que la generación de presidentes tecnócratas de gran proclividad al American Style life le diera la vuelta a una trayectoria positiva de presencia nacionalista de México digna en la comunidad internacional.

Cuando se hablaba de un cambio democrático en México, se pensaba en recobrar la trayectoria de una nación respetada, con contribuciones relevantes a la paz y al desarrollo equilibrado del orbe.

El prestigio de la Doctrina Estrada que preservó a las soberanías de las naciones más débiles de la injerencia de las grandes potencias y bloques hegemónicos o la campaña mundial de la erradicación de las armas nucleares con el Tratado de Tlaltelolco y la espléndida aportación del gran diplomático mexicano Premio Nóbel, Alfonso García Robles a la consecución del desarme, el orden y la paz del planeta, fueron la más fiel y firme prosecución de una política exterior clara y terminante que heredamos del gran presidente Constituyente Venustiano Carranza, que ni con la seducción del dinero y de las armas para precipitar el triunfo de su justa causa contra el usurpador y asesino Victoriano Huerta, consintió un solo ápice a ninguna concesión al gobierno del norte al que obligó a retirar su armada del Puerto de Veracruz.

Todos estos valores, todos estos principios han sido trastocados en una loca carrera al exhibicionismo que ni siquiera en la única posición digna de México respecto a la condena de la ocupación de Iráq tuvo éxito, porque ésta fue emitida con temor, ambigüedad e inseguridad cuando el haber proclamado en esos momentos los principios imperecederos del derecho de gente en el derecho internacional moderno, no sólo hubiera sido en beneficio de los países víctimas de la invasión, sino del propio invasor cuya torpeza e irracionalidad lo ha atrapado en sus propias contradicciones al extremo de que ahora sí a destiempo, con la estela de sangre y dolor en su paso por la barbarie de la devastación, pide urgentemente ayuda y solidaridad a las Naciones Unidas que también sucumbieron en el incontenible extravío de la paranoia de Bush y sus colaboradores. Haber reprobado enérgica y terminantemente en forma instantánea el fatídico atentado del 11 de septiembre nos hubiera acreditado con la misma severidad en la oposición frontal a la guerra contra Irak, respaldados en las investigaciones de las Naciones Unidas, que arrojaban resultados negativos en la inspección de las armas bioquímicas mortíferas.

El desapego conceptual e histórico en la política exterior es evidente. El Presidente Fox apostó ingenuamente a la apertura de las fronteras para la exportación de mano de obra mexicana. Bush le jugó el dedo en la boca. La emigración vergonzante de millones de mexicanos no se da en el dinamismo de los acuerdos y los marcos legales de respeto a la integridad de los trabajadores, sino se da en las condiciones más hostiles que amenazan no solo la vida y la mínima dignidad de quienes comprometen todo para cruzar la frontera, en un instinto de sobrevivencia de los jóvenes mexicanos por los caminos cerrados en su propia patria para la obtención de un trabajo decoroso y remunerativo.

La historia nos enseña, una y otra vez, que si nos alucinamos con el espejismo del norte nuestra vida nacional cada día será peor. Las relaciones comerciales bilaterales por sectores de la economía, como era la tónica antes de Salinas, habían dado su mejor rendimiento y el crecimiento planeado y administrativo en las áreas de mejor conveniencia mutua iba hacia el superávit comercial a favor de México.

El tratado global del TLC fue la respuesta norteamericana a esa tendencia favorable a México que hipnotizó a muchos y que en saldo a 10 años ha sido lo que hoy mismo en Cancún se evidencia como la aplicación del neoliberalismo para encandilar a los países de menor desarrollo, siempre y cuando el proteccionismo y los subsidios estatales se conserven en los países grandes para las exportaciones de sus productos agrícolas y de los de mayor valor agregado. En suma, neoliberalismo de fachada y estatismo detrás de la puerta.

``Concluyo convocando nuevamente a una reflexión seria que Convergencia ha suscrito para llegar al punto que los mexicanos necesitamos con inminente urgencia: reprogramar, reencauzar nuestra política exterior, para salvar la estirpe de nuestro heroico pasado en el mundo y en el concierto internacional.''

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Se solicitó un enroque en los oradores del grupo parlamentario del PT, y en consecuencia se le concede el uso de la palabra al diputado Joel Padilla Peña.

El diputado Joel Padilla Peña:

Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:

Normalmente en los tiempos modernos un Estado nacional con política interior débil tiende a ser un Estado con política exterior fuerte. Lamentablemente este modelo no se aplica al caso de México, que se caracteriza por la debilidad en ambos aspectos.

Entendemos que los partidos políticos, a través de sus grupos parlamentarios, tengamos visiones distintas, por no decir que encontradas, sobre los lineamientos de la política exterior del gobierno mexicano. Pero este ejercicio es eso, hablar sobre las visiones particulares para encontrar puntos en común que nos permitan tener una política consensada entre ésta y otras materias.

Aun así hay cuestiones que son ciertas y no admiten contradicción alguna. Después del 11 de septiembre de 2001 México se quedó sin política exterior, la Cancillería es un limbo en el cual deambulan como fantasmas los espectros de las propuestas del pasado.

El Canciller Derbez intenta, aplicando su leal saber y entender, hacer de la Cancillería un apéndice de la Secretaría de Economía, lo cual aumenta el aislamiento internacional de México y la sensación de incomprensión y hasta de derrota en los foros internacionales.

Entendemos que carecer de una política exterior no sólo es renunciar a proyectar una imagen en el mundo, sino que genera costos enormes que se revierten contra el nivel de vida de la población y disminuyen las oportunidades de capitalizar las ganancias que trae el progreso mundial o, del lado contrario, atenuar el impacto de las desgracias y conmociones mundiales.

La apuesta del Presidente Fox fue clara, se la jugó a la integración con América del Norte y puso todo su empeño para que fuera el eje de la política interior y exterior. Los atentados terroristas derrumbaron esta estrategia del Gobierno mexicano.

Fox y su administración no quieren reconocer que el mundo de hoy está caracterizado por la construcción de nuevas relaciones de fuerza, alianzas, principios y estrategias internacionales que no implican sujeción o sumisión a naciones poderosas.

El Partido del Trabajo ve con extrema preocupación este vacío que enfrentamos, porque aumenta los costos de la transición que vive el pueblo de México. Es nuestro deber exigir la reapertura del debate sobre política exterior y abandonar los formalismos y simulaciones que han caracterizado la acción oficial desde el Gobierno de Estados Unidos; cerró canales privilegiados de comunicación que tuvo efímeramente con el ex canciller Castañeda.

¿Cuáles deben ser los cimientos de una nueva política exterior? En concordancia con la vía alterna en materia económica y política que el Partido del Trabajo ha presentado al Congreso de la Nación, necesitamos nuevos principios que reubiquen a México ante el mundo y la misión que persigue en el nuevo orden mundial.

Los principios que deben regir la política exterior de nuestro país son:

Primero. México no requiere un trato especial o condescendiente de ninguna nación para resolver sus problemas internos y externos y aspirar al progreso social de su pueblo.

La negociación internacional es una relación entre iguales, esto debe aplicarse primordialmente a la relación con Estados Unidos y en particular con la administración del Presidente Bush.

Segundo. La fortaleza interna para reclamar una posición de igualdad en el orden mundial se funda en la capacidad para integrar al país, constituir un liderazgo y dinamizar la economía en condiciones de igualdad social.

Tercero. México cuenta con extraordinarios recursos como su petróleo, su posición geopolítica, su cultura y la magnitud y la diversidad de su población, activos que deben tomarse en cuenta con habilidad estratégica para negociar con otras naciones.

Cuarto. México debe mirar hacia el sur, buscando su integración con el resto de los países de América Latina, dentro del marco de los acuerdos regionales y en correspondencia con los valores continentales como son una misma historia, una misma lengua y mismos valores.

Aplicando estos principios en correspondencia con los cambios en el orden mundial, México debe abrir un nuevo capítulo en su relación con Estados Unidos, abandonando la sumisión, exigiendo reparaciones materiales y morales por la mortandad de migrantes y demandando la revisión en sus acuerdos bilaterales y multilaterales como el TLC que está ya agotado.

El estrechamiento de los lazos con los países latinoamericanos es el paso complementario e implica ante todo una rectificación diplomática con el Gobierno cubano y un acercamiento políticamente coordinado con los gobiernos de Brasil y Argentina, que simbolice la lucha contra un orden mundial injusto.

Recientemente el actual presidente Argentino al declarar la moratoria de la deuda externa, ha dado un claro ejemplo de la postura que debe asumirse frente al Fondo Monetario Internacional y los organismos financieros internacionales.

Los Mandatarios de nuestros países tienen que asumir con plena independencia de criterio, que por sobre los intereses del orden mundial están los intereses de sus pueblos,

Compañeras y compañeros diputados, debemos reencauzar la política exterior mexicana, recuperando los valores esenciales que le dieron lustre al país en el orden internacional, pero reconociendo que hace falta incorporar otros principios para insertarnos a las nuevas condiciones mundiales.

Sólo de esta manera lograremos estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo, sólo de esta forma México podrá aprovechar los beneficios del intercambio mundial para que ello se traduzca en bienestar y desarrollo para nuestro pueblo.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputado.

A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Fuertes críticas y nuevas consideraciones han sido propuestas a raíz de la presentación del III Informe de Gobierno

En materia de política exterior, no podemos hacer la excepción, a la crítica objetiva de los resultados presentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nuestro grupo parlamentario considera de singular relevancia promover y garantizar los principios de política a nivel internacional.

Compartimos el interés de la Secretaría al realzar el papel del Gobierno mexicano dentro de las Naciones Unidas, mas no consideramos que haya sido una buena decisión habernos integrado al Consejo de Seguridad.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconoce logros realizados en la Cancillería en materia de migración, se reconocen los programas exitosos como el Programa del Consulado Móvil, el uso de la promoción de la matrícula consular y los programas de Salvamento del Desierto y Riesgo del Desierto

Sin embargo, consideramos que son insuficientes las medidas que han adoptado para garantizar la mayor seguridad y bienestar a nuestros conciudadanos y migrantes.

Debemos recordar que por primera vez en la historia de Estados Unidos, los mexicanos ocupan el primer lugar en las comunidades extranjeras que habitan en dicho territorio donde según un estudio realizado por el Centro de Estudios de Migración de Washington, uno de cada tres extranjeros es mexicano y lo cual nos obliga tanto a Estados Unidos como a nosotros a fortalecer los programas de cooperación y ayuda a los migrantes y buscar concretar una agenda migratoria favorable para los ciudadanos mexicanos, así como la firma de un acuerdo en la materia donde se reconozca que el problema es una responsabilidad compartida.

En este sentido, enfatizamos la propuesta presentada para la creación de una coordinación especial y así acelerar este proceso de negociación.

Una gran obligación que debemos de atender, es la de dar cabal cumplimiento a todos los compromisos adquiridos por México y por esto resulta muy importante para nuestras relaciones bilaterales el cumplimiento del Tratado de la Distribución de Agua. En dicho tratado el Partido Verde propone la renegociación del presente y que se caracteriza por ser desfavorable para la nación y obsoleto.

Hacemos un llamado al señor Derbez para que negocie la deuda actual con la finalidad de evitar nuevas presiones de nuestro país vecino. De esta forma, el nuevo acuerdo a negociar debe examinar los mecanismos necesarios para que México pueda cumplir cabalmente con el compromiso de enviar agua a la Unión Americana, pero considerando los factores climáticos, la capacidad de aprovechamiento del río y el crecimiento demográfico de los estados relacionados así como tomar en cuenta el desarrollo agrícola que pueda derivarse en el futuro.

De esta forma, aprovechamos esta intervención para hacer un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que intensifique las negociaciones diplomáticas en busca de lograr acuerdos y elaborar convenios sobre límites y aguas internacionales con Estados Unidos.

Si bien nuestras prioridades comerciales y políticas miran hacia el norte, de manera similar debemos mirar hacia el mundo en busca de nuevos proyectos multinacionales que fomenten nuestras relaciones comerciales, políticas y de medio ambiente con el resto de los países con quienes no tenemos aún ese tipo de relaciones.

Por otra parte, respecto al medio ambiente, el Partido Verde Ecologista de México manifiesta su preocupación en la negociación del Plan Puebla-Panamá. Aclaro que nuestra postura no es de obstaculizar el desarrollo y progreso del país y de los países limítrofes, sin embargo en materia de política exterior pugnamos por una negociación bilateral y regional del proyecto con visión conservacionista y de desarrollo sustentable.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Juan José García Ochoa:

Gracias señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

La política exterior es el conjunto de actividades que van orientadas hacia la defensa y promoción de los intereses, derechos y cultura de los mexicanos en el exterior, así como en el interior del país frente a los intereses extranjeros.

Para el ejercicio de esta política, el Ejecutivo Federal debe ceñirse a los principios constitucionales de política exterior como son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

El Partido de la Revolución Democrática ha ejercido siempre su derecho a disentir con las políticas gubernamentales pero también es un partido que es honesto en el reconocimiento cuando las acciones de Gobierno son congruentes con el interés nacional, por ello hoy es momento de reconocer la actuación del Ejecutivo Federal en relación al conflicto entre Estados Unidos e Iraq, una posición de independencia y digna, contraria al unilateralismo, al uso de la fuerza al margen de las Naciones Unidas y a la pérdida de vidas inocentes en Iraq por parte de una coalición que hoy está plenamente comprobado, invadió un país sin tener autorización del Consejo de Seguridad sin tener pruebas fehacientes de que ese país representara una amenaza para nadie.

Una guerra por el control del mercado petrolero mundial, una guerra injustificada contra la que salimos a la calle millones de ciudadanos en todo el mundo, una guerra que dejó miles de familias en la miseria, sin hogar o con la ausencia de alguno de sus integrantes.

Esta guerra debilitó la aplicación del principio del multilateralismo en las relaciones internacionales y constituyó un duro golpe a las Naciones Unidas, esta institución que sigue siendo una garantía de las relaciones equitativas entre las naciones económica y militarmente desiguales; por ello, hoy en congruencia con la postura internacional de nuestro país, hacemos un llamado al Ejecutivo para que continúe impulsando el sistema de Naciones Unidas en aras de fortalecerlo, democratizarlo y asegurar su prevalencia en el derecho internacional.

Nuestro país ha tenido también participaciones importantes y dignas de reconocerse en foros de vital importancia para los derechos de los mexicanos y para la protección del medio ambiente.

Saludamos la firma del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y que en el momento que quede aprobada la reforma constitucional que se encuentra hoy en calidad de minuta en esta Cámara de Diputados, asegurará que los ciudadanos mexicanos vivan donde vivan y estén donde estén, queden protegidos en última instancia por esta Corte penal contra delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Es de resaltarse también la promoción de la firma del Protocolo de Kyoto que establecería compromisos entre los países para controlar la emisión de gases que causan el efecto invernadero y que son responsables del cambio climático. Lamentamos por cierto que sea Estados Unidos, que producen casi la tercera parte de esos gases en el mundo, los más reacios a firmar este trascendental acuerdo y llamamos también al Ejecutivo a que prepare nuestra propia transición en materia jurídica y de política pública para asegurar que cumplamos con los compromisos firmados en el Protocolo de Kyoto.

Dudas tenemos en cambio, de la actuación del Ejecutivo en las negociaciones comerciales, en particular en las que se llevan a cabo en la Organización Mundial de Comercio y aquellas que se realizan para la llamada ``Area de Libre Comercio de las Américas''.

Lamentamos mucho la falta de transparencia en las negociaciones, la falta de participación del Congreso y de las organizaciones de productores en las mesas, la nula discusión pública de los objetivos generales y particulares de la negociación y por supuesto la ausencia de la rendición de cuentas que a nadie de lo negociado. El Gobierno Federal tiene que entender que la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en esta materia, antes que debilitar la posición negociadora de nuestro país la fortalece.

En el Plan Nacional de Desarrollo se estableció como prioridad el objetivo de diversificar nuestras relaciones con el exterior. En el PRD creemos en este objetivo y reconocemos todo aquello que se haga para alcanzarlo, así lo creemos porque fortalecería con ello la independencia de nuestro país, pero es muy poco lo que se ha hecho para diversificar nuestras relaciones. Diversificación no es sólo firmar más acuerdos comerciales, no es tampoco hacer más giras de trabajo por el mundo, diversificar implica tomar medidas de política interna y externa para impulsar que se abran oportunidades de negocio viable, no sólo en Estados Unidos, sino también en otras latitudes.

Para diversificar se requiere, por ejemplo, modificar criterios y políticas en la banca de desarrollo orientada a la exportación, tener una política de apoyos fiscales para la diversificación, que el Gobierno sea más activo en la bús- queda de nichos de exportación alternativos; esa política no la hemos visto, en la práctica se sigue llevando al límite la dependencia económica hacia un solo mercado y hacia una sola economía, la de Estados Unidos destinatario de casi el 90% de lo que exportamos.

También se señala como objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo, el fortalecimiento del servicio exterior de carrera, pero resulta lamentable que hoy el 47.5% del cuerpo diplomático no provenga del servicio exterior de carrera, aun cuando la nueva Ley del Servicio Exterior estipula, que no debe ser mayor del 30%, es más, de los 93 nombramientos que ha hecho el Ejecutivo Federal en su gestión, 44 no provienen del servicio exterior de carrera. La promoción y defensa de los derechos humanos como uno de los ejes de una nueva política exterior, fue uno de los objetivos que se trazó en el Plan Nacional de Desarrollo también.

Sin embargo, muchas han sido las dificultades para cumplir este objetivo, sin dejar de reconocer la importancia que nuestro país tenga hoy un mayor activismo internacional en la materia, especialmente en el señalamiento de violaciones sistemáticas y generalizada, no es suficiente con buenas intenciones. Una política activa de promoción de derechos humanos debe cuidar en sobremanera la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. En gobiernos anteriores prevaleció la pasividad en la acción internacional en favor de los derechos humanos como medida de protección, frente a opiniones de otros países en relación a una lamentable situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en México.

Con el Gobierno del Presidente Fox, la relación con las organizaciones no gubernamentales y las diversas comisiones, aun en la materia, sigue siendo mala; si no se cumplen las recomendaciones, si se prefiere desaparecer esta área de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, si en fin, no damos resultados creíbles a nuestra propia casa, el activismo internacional se verá seriamente cuestionado y no se cumplirá con el objetivo trazado.

El PRD es un partido que se ha forjado en la lucha por los derechos humanos, políticos, sociales, económicos de los mexicanos. Nos identificamos también con quienes luchan por ellos dentro y fuera del país, es más muchos de nuestros dirigentes y militantes han sido objeto en el pasado de violaciones a sus derechos fundamentales. Por ello queremos un Gobierno más activo en la defensa y promoción de los derechos de todas y de todos, en nuestro país y en cualquier lugar del mundo donde sean violados.

Particularmente nos lastima la situación que enfrentan los mexicanos que residen en el exterior. Hay más de 22 millones de ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos, de ellos, casi 5 viven en condición de indocumentados lo que merma de manera adicional, sus ingresos, sus prestaciones, su seguridad personal y sus derechos sociales. Todos son ciudadanos como nosotros, deberían tener los mismos derechos que nosotros, pero no los tienen, deberían contar con la protección del Estado mexicano, pero no cuentan en la mayoría de los casos con él.

Los mexicanos en el exterior representan un poder de consumo similar al de todos los que vivimos en México, envían anualmente 10 mil millones de dólares a sus familias, se trata de una parte de México que se tuvo que ir por falta de oportunidades acá, que en muchos casos logra salir adelante a pesar de la patrulla fronteriza, a pesar de la discriminación, del discurso xenofóbico de la derecha conservadora norteamericana, de la falta de seguridad en el empleo, de la falta de prestaciones, de la imposibilidad de abrir cuentas bancarias, de obtener licencia de conducir, de entrar a edificios públicos, escuelas, bibliotecas; por todo ello, debiera ser hoy, nuestra prioridad en materia de Política Exterior.

Si bien es importante y estratégico y se debe impulsar, no todo es un acuerdo migratorio, hay responsabilidad del gobierno también en la política de protección de los derechos de los migrantes. El presupuesto para la red de consulados en Estados Unidos, se ha visto reducido año con año, el Programa Nacional para Mexicanos en el Exterior, México-americanos y sus familias en comunidades de origen, ha disminuido su presupuesto de 364 mil 550 millones, que ya era de por sí insuficiente, a 333 mil 323 millones de pesos. La protección consular, la única protección con la que en muchos casos cuentan los mexicanos en el exterior, debe ser considerada un programa estratégico del Gobierno Federal.

Señoras y señores diputados: nuestro país debe construir hoy una Política Exterior de Estado, una Política Exterior que se apegue a los principios constitucionales que defienda la paz y el respeto entre las naciones; una Política Exterior que promueva los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, la democracia, la solidaridad internacional y que sea congruente con su cumplimiento en nuestro territorio; una política exterior que se construya desde abajo, que represente los intereses económicos y sociales de la mayoría de los mexicanos, no sólo de un puñado de personas y de empresas; una política exterior que sirva para que los mexicanos que trabajan en el exterior se sientan protegidos efectivamente por su Estado; para que los productores del campo y la ciudad se sientan apoyados por el Estado para ofrecer sus productos en México y en el mundo sin competencias desleales ni leyes injustas; para que los artistas puedan promover la cultura mexicana con el respaldo de su Gobierno; una política exterior de Estado que se haga pensando en la gente, en las mexicanas y los mexicanos trabajadores, que nos enorgullezca a todos. A eso aspiramos en el PRD y a eso convocamos hoy al Presidente de la República.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Las transformaciones y reajustes que se presentan en el contexto internacional contemporáneo precisan de una política exterior activa y participativa, que nos permita como país aprovechar las oportunidades y afrontar con éxito las adversidades, por ello el grupo parlamentario de Acción Nacional respalda la estrategia desarrollada en materia de Política Exterior por el Gobierno del Presidente Vicente Fox. En lugar de ser simples testigos del mundo y de los procesos que lo transforman, se requiere ser audaces, imaginativos y vigorosos.

Observamos cómo, apoyado por la fuerza de un origen democrático, el actual Gobierno mexicano ha decidido replantear con objetividad y realismo el sentido de su política exterior y el papel que debe asumir en sus relaciones con el resto del mundo, sin dejar de lado los principios de política exterior producto de nuestro devenir histórico, que se encuentran consagrados en la Constitución General de la República. Lo anterior ha permitido que México contribuya positivamente a la causa de la democracia y de la paz verdadera a nivel mundial, que ayude a la organización y fortalecimiento de instituciones que hagan posible la paz y justicia internacionales.

En ese sentido, valoramos la participación de nuestro país como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como producto de un activismo renovado y propositivo en el contexto internacional. Estamos convencidos que esa decisión nos ha permitido influir activamente a favor de un orden internacional más justo y eficaz, cuya vigencia resulta inaplazable. Prueba de ello es la postura que en el seno del Consejo de Seguridad adoptamos con respecto al conflicto en Irak, a favor de la legalidad internacional, de la paz y en contra de la guerra. México no descuidó sus relaciones bilaterales al asumir sus responsabilidades en las Naciones Unidas, dando muestra de una política internacional madura y congruente.

Sin duda, la participación de México en el Consejo de Seguridad facilitó que el interés nacional y las tesis mexicanas se proyectaran e influyeran en este foro político tan relevante, en un momento único, especialmente significativo para el futuro de los equilibrios en el contexto mundial.

Especial énfasis merece la recién aprobada iniciativa mexicana adoptada por unanimidad en el Consejo de Seguridad, para proteger la labor humanitaria del personal de la ONU y tipificar los ataques en su contra como crímenes de guerra.

En el informe que el Presidente Fox presentó ante esta soberanía observamos cómo la presencia de México en el exterior ha transitado hacia una política exterior proactiva, donde nuestro país acompañó su participación en el Consejo de Seguridad con una amplia gama de iniciativas multilaterales en los distintos foros donde participa, principalmente en aquellos temas relativos a la nueva agenda internacional: medio ambiente, recursos naturales, crimen organizado trasnacional, corrupción, narcotráfico, terrorismo, discriminación y derechos de las personas con discapacidad.

Con estas acciones nuestro país reiteró su vocación pacifista y respondió al interés nacional de construir un mundo con reglas más claras, que brinden certidumbre a las naciones, que favorezcan y promuevan activamente el desa-rrollo económico, social y cultural de cada pueblo en condiciones de equidad, seguridad y armonía con plena vigencia del derecho internacional y con preeminencia de enfoques multilaterales justos para atender los principales desafíos de la humanidad.

Por ello continuaremos apuntalando la idea y la tarea de proyectar al mundo una visión diferente de nuestro país, donde la democracia, los derechos humanos y los principios de política exterior de la nación mexicana, habrán de ocupar lugar fundamental. Sin duda, el fortalecimiento de estos valores a nivel internacional, contribuirá también a su consolidación en México.

En este entendido, nuestro grupo parlamentario apoya la visión y los esfuerzos del Gobierno mexicano en el proceso de negociación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que se firmará en diciembre próximo durante la Conferencia Política de alto nivel que celebrará a iniciativa mexicana en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Sabemos que la estrategia del Ejecutivo Federal en materia de política exterior, no se agota en el campo de nuestra participación a nivel multilateral. A lo largo de estos tres años, el Presidente también ha promovido una relación estratégica con los países del América del Norte, América Latina y el Caribe, que incluyen cuestiones como la promoción y defensa de los derechos humanos y la democracia, así como la protección de los migrantes mexicanos.

En este sentido, es importante destacar que el Gobierno de México llevó a la Corte Internacional de Justicia, el caso de 54 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, quienes no tuvieron acceso a la protección consular, como lo establece la Convención de Viena sobre relaciones consulares, con ello, la aplicación de las sentencias de muerte ha sido suspendida.

Entre los esfuerzos desplegados para proteger y ayudar a los migrantes, destaca la expedición en el último año, de más de un millón de matrículas consulares. Estas son aceptadas hoy por más de 150 instituciones bancarias, más de 964 agencias policiacas, 134 ciudades y 37 condados.

Sabemos que la negociación de un acuerdo migratorio con Estados Unidos es complejo y de largo aliento. Por parte de México, existe toda la voluntad política para alcanzar un acuerdo migratorio integral.

En consecuencia, convocamos a todas las fuerzas políticas del país y a los representantes en este Congreso, a que se sumen a las iniciativas del gobierno en el objetivo de buscar y lograr apoyos políticos para esa causa del otro lado de la frontera; sin embargo, estamos conscientes que necesitamos avanzar más para incrementar la seguridad y niveles de protección de las y los mexicanos que viven en el extranjero.

Las acciones de México en el ámbito internacional en materia de Seguridad Nacional y de lucha contra el terrorismo, se complementan con una estrategia interna donde las fuerzas armadas merecen un reconocimiento especial porque han sido ejemplo palpable de servicio al pueblo de México, sumando esfuerzos contra el terrorismo con el Plan Centinela que protege y resguarda las zonas e instalaciones estratégicas de nuestra nación.

Colaborando con las instancias responsables de la seguridad pública para enfrentar el cáncer del narcotráfico, la Armada de México realizó 3 mil 529 operaciones antinarcóticos, logrando conjuntamente una cantidad sin precedente en la captura por delitos contra la salud.

La Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo la aplicación de la directiva Azteca 21 y el Plan General para el Combate Narcotráfico Milenio, que comprenden operaciones permanentes de localización de plantíos y centros de acopio, erradicación e intersección de drogas.

Asimismo, mediante la operación guardián, se incrementó la eficacia de las acciones realizadas en las fronteras norte y sur del país, tendientes a desalentar la introducción de estupefacientes al territorio nacional. Se erradicaron 18 mil 806 hectáreas de cultivo de marihuana y amapola, lo que representó un incremento del 31.9% respecto al primer semestre del año 2003.

El Ejército Nacional y la Armada han actuado con oportunidad ante los desastres naturales no solamente después de los hechos, sino también de manera preventiva como lo fue el traslado oportuno de 45 mil 872 personas a lugares seguros, de las cuales 14 mil 608 fueron atendidas en 67 albergues establecidos anticipadamente, a quienes se pudo poner a salvo de los huracanes ``Kena'', ``Isidore'' e ``Ignacio'' sin ninguna baja civil que lamentar y tres bajas del Ejército en el cumplimiento de su deber, al tiempo que se realizaron obras sociales para mejorar las condiciones de vida de la población en zonas de riesgo.

La Armada de México se ha destacado en el desarrollo marítimo nacional, trabajando por la seguridad de la navegación, el equilibrio ecológico, la educación en estos temas en las zonas costeras. Es de resaltar también la actividad a favor del desarrollo y modernización de los astilleros en el territorio nacional, así como su función como garante de la vida humana en el mar y población civil en zonas y casos de desastre.

La participación de las fuerzas armadas ha sido fundamental para mantener la convivencia pacífica, la seguridad de la nación y fortalecer la soberanía conforme a los valores de la independencia, la libertad y el régimen democrático.

Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario de Acción Nacional, asume el compromiso de fortalecer una política soberana acorde con los nuevos tiempos, retos y desafíos de un mundo cada vez más comunicado e interdependiente.

Pugnamos por la consolidación de un auténtico Poder Legislativo que sepa asumir su responsabilidad histórica de frente a los compromisos de la nación en esta importante hora de la vida de México.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputado.

Tiene la palabra al diputado Alfredo del Mazo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Alfredo del Mazo González:

Con su permiso, señor Presidente; señores diputados:

La política exterior mexicana ha sido timbre de orgullo nacional durante muchas décadas, ha sido baluarte en la defensa de nuestra soberanía y ha sido congruente con nuestros principios y valores. En ella y con ella, hemos podido reflejar al mundo nuestra determinación de ser un pueblo independiente e insojuzgable, de ser un pueblo con cultura y raíces milenarias y de ser un pueblo con verdadera vocación pacifista. Etapas difíciles y críticas de nuestra historia, se han podido superar con el acierto oportuno y consecuente de esa misma política exterior.

Celebramos por ello, que en el mensaje del Presidente Fox, se haya dicho por primera vez que, cito: ``... nos ha guiado un nacionalismo moderno, firme y comprometido con sentido de la historia y visión del futuro'', fin de la cita. Como propósito, lo compartimos.

Sin embargo, es de mencionarse que en dicho mensaje se da cuenta en forma por demás sucinta y fugaz, de un tema profundamente relevante, complejo y decisivo para la marcha del país. Al ser tan breve, resultó insuficiente, por decir lo menos en un tema tan relevante, al ser tan breve resultó que, al referirse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde además se hace evidente que no existía un diseño claro y estratégico de lo que pretendíamos, es decir, fuimos al Consejo de Seguridad sin proyecto y a juzgar por los resultados ha tenido más costos que beneficios.

Es correcto afirmar que México supo mantener una vocación pacifista en uno de los momentos más difíciles que ha conocido la humanidad en los últimos tiempos, así lo reconocemos. Sin embargo, ha llegado el momento de otorgar mayor coherencia y precisión a nuestras visiones pacifistas.

Nuestro país se caracterizó durante la etapa bipolar, por patrocinar mecanismos, instituciones e iniciativas, que coadyuvaron con éxito, y lo hicieron, a promover la distensión y el desarme.

Hoy, ante las complejidades internacionales, debemos retomar nuestras tradiciones y raíces filosóficas, ser más específicos e imaginativos, para proponer sólidas iniciativas de paz.

Debemos alentar el multilateralismo como la forma de resolver conflictos y encontrar soluciones a las controversias, la democratización de las instituciones y organismos institucionales, así como el fortalecimiento de la ONU permitirán encontrar un equilibrio a las relaciones internacionales.

La globalización plantea nuevos retos que debemos considerar sin hacer a un lado nuestros principios básicos de política exterior. Los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio son actores reales, nuestro país no puede aislarse de ellos, pero debemos decididamente fomentar su democratización.

La relación con Estados Unidos no se ha fortalecido en la realidad, como señala en su informe el Presidente, si bien es cierto que ello es consecuencia, en alguna medida, de que México afirmó con denuedo su vocación pacifista frente al conflicto de Iraq.

También lo es que la relación ha tenido deteriores por errores cometidos en el tratamiento de la relación bilateral.

Al inicio de esta administración, sin bases suficientes, se creó una expectativa desproporcionada de un acuerdo migratorio integral, las declaraciones reiteradas de Washington en esta materia no resultan alentadoras, en relación con las expectativas que se generaron.

Desde luego el tema siempre resulta complejo y difícil, tiene en algunos casos, para nosotros, estado de emergencia, por ejemplo, la demanda enérgica de protección mínima a la seguridad física de los migrantes, la profunda preocupación y el dolor de las muertes acontecidas, más de 300 en los últimos meses. El TLC en su renglón agropecuario o el pago de deuda con agua que hacemos a los Estados Unidos.

Resulta por tanto poco pertinente, hablar en este capítulo del crecimiento de las remesas que envían nuestros compatriotas a sus familias en México, pues además ello es reflejo del casi nulo crecimiento económico, que impide la generación de oportunidades de empleo.

Ante las circunstancias que presenta el panorama mundial, los lamentables atentados ocurridos en Nueva York, hace hoy justamente dos años, es obvio que las políticas de seguridad nacional han cobrado una nueva dimensión, nos solidarizamos con el profundo dolor de tanta gente inocente de Estados Unidos, de México y de muchos otros países que lo sufrieron.

En este tema es necesario tomar clara conciencia que la agenda de seguridad hemisférica ha sido diseñada unilateralmente y pretende permear todos los ámbitos de la toma de decisiones, ello rebasa cualquier instrumento o institución bilateral o multilateral, lo cual es inaceptable.

Por otro lado, es necesario mencionar que no se refleja un esfuerzo real en la diversificación de nuestras relaciones, prueba de ello es que el Acuerdo de Asociación Económica y Concertación Política y de Cooperación firmado con la Unión Europea, no recibe la atención pertinente, y hay que señalar que durante el último año se registró una sensible disminución el 20% de la inversión europea en nuestro país, tampoco hay avances en materia comercial.

La política exterior requiere de una clara redefinición de prioridades y de ejes conductores con visión de estado, donde prevalezca el interés nacional y vuelva nuestra mirada hacia el sur, fortaleciendo nuestros lazos con Latinoamérica, retomando el papel de liderazgo que a través de muchos años de una política exterior ejemplar nos habíamos ganado.

Por ello, mi partido planteará, hoy mismo, con el mayor ánimo constructivo, propuestas adicionales específicas que vayan conformando realmente una agenda de estado con un diseño estratégico integral, que corresponda a esta nueva época y que conjugue la globalización y la seguridad nacional.

No debemos olvidar que cualquier política exterior, dará resultados insuficientes, por intensa y acertada que sea, si no está acompañada de un avance en la competitividad de nuestro país.

Desgraciadamente la tendencia que aquí observamos resulta muy desfavorable y por ello preocupante. Hemos pasado del lugar 38 en el 2000, al 41 en el 2001 y al 43 en el 2002. Sin duda, éste es un elemento fundamental del desarrollo. El factor crucial de la competitividad de una economía reside en su capacidad para dar lugar a procesos autosostenidos de innovación que no estamos generando por falta de políticas públicas de apoyo a los sectores productivos; entre ello, crédito insuficiente e infraestructura moderna.

Señalamos ya el valor histórico de la política exterior mexicana. Pero cabe agregar que ello no hubiera sido posible sin un alto nivel de profesionalismo construido a lo largo de muchos años por nuestro honorable cuerpo diplomático reconocido desde hace décadas como uno de los mejores del mundo; un ejemplo relevante de la administración pública como tal y del servicio de carrera lo representa sin duda la Secretaría de Relaciones Exteriores. De ahí que resulte preocupante la remoción de distinguidos y experimentados embajadores, algunos de ellos eméritos, sin una justificación clara y suficiente.

En sentido semejante podemos hacer nuevamente un llamado al Gobierno Federal a respetar legalidad y a conducir realmente con las cargas de trabajo responsables, a quienes así lo son verbigracia, la Reunión Mundial de Comercio.

Desde el Gobierno Federal surgen señales de la intención de desaparecer el Banco Nacional de Comercio Exterior, institución que ha sido importante factor en el crecimiento de nuestra capacidad exportadora. Casi todos los países y en particular los más desarrollados, cuentan con instituciones semejantes. Nos pronunciamos en definitiva no sólo por conservar esta institución, sino por fortalecerla.

Por todo lo anterior surgen preguntas múltiples que pretenden entender la conducción de la política exterior por ejemplo entre muchas, la nula mención del tema regional ¿indica que México ha renunciado acaso al liderazgo en la materia? ¿continuará México siendo un interlocutor válido con América Latina? ¿cómo interpretar...

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Le ruego diputado concluir.

El diputado Alfredo del Mazo González:

Concluyo señor Presidente.

¿Cómo interpretar el que no se logran alcanzar la presidencia de dos instituciones internacionales no obstante los esfuerzos realizados?

El Partido Revolucionario Institucional no defiende un nacionalismo excluyente que nos aísle y separe del resto del mundo, nuestro proyecto nacional convive con la creciente interdependencia económica mundial, nuestra soberanía y nuestra seguridad nacional son el meollo del interés del país y sabemos que son dinámicas.

Concluyo señor Presidente.

Congruencia, consistencia e imaginación deben respaldar una política exterior moderna que se traduzca en la práctica, en beneficios económicos para las familias mexicanas. Humanismo, bienestar e identidad con profundo sentido de pertenencia a una nación libre e independiente, son finalmente los objetivos que perseguimos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias diputado.

Concluida la primera ronda de intervenciones, se han inscrito para la segunda los siguientes diputados: por el Partido Convergencia, Jesús González Schmal; por el partido del Trabajo, Oscar González Yáñez; por el Partido Verde Ecologista de México, María Avila Serna; por el Partido de la Revolución Democrática, Francisco Saucedo Pérez; por el Partido Acción Nacional, la diputada Adriana González Carrillo y por el Partido Revolucionario Institucional, José Alberto Aguilar Iñárritu.

En consecuencia se le concede el uso de la voz al diputado Jesús Gónzález Schmal, del grupo parlamentario del Partido Convergencia

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente.

Se ha mencionado aquí reiteradamente el potencial, la posibilidad que tiene el rescate de nuestros principios básicos en política exterior, definidos claramente en la fracción X del artículo 89 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta es contundente, clara y refleja sin duda el sentir, el consenso nacional que se plasma en este dispositivo, del cual el gobierno actual, el Ejecutivo en turno, no tendría por qué segregarse ni mucho menos contravenirlo.

Si el postulado señalado dice que dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado, en la conducción --dice el dispositivo--- de tal política el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desa-rrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

De estos valores debe emanar en realidad la política exterior de nuestra nación. Mal se logra ello si advertimos que el último desliz del Ejecutivo de la Unión fue el de enviar al Secretario de Relaciones Exteriores a una junta internacional de carácter económica y comercial en Cancún.

No sólo es un desatino sin consecuencias, sino habla de la desubicación y desconocimiento de las especialidades de la administración pública que si ciertamente derivan de haber improvisado al Secretario de Comercio en Relaciones Internacionales para tapar una súbita renuncia, no podrá ser reversible el daño que se acarrea que en sí mismo se causa a la imagen y a la función primordial de la gran tarea y empresa de la presencia de México en el ámbito diplomático y de relaciones internacionales.

Los signos de ello, del extravío, ya son inequívocos. Suprimir además de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Cancillería y violar sistemáticamente el servicio civil de carrera al extremo de mandar a una Lima Malvido como premio de consolación a una agregaduría cultural o política en la embajada de México en la Gran Bretaña son signos elocuentes de que la praxis en el rubro de las relaciones exteriores realmente no tiene consistencia ni apego a las normas constitucionales básicas.

De ahí que es urgente e inaplazable retomar el rumbo, recuperar el sentido constitucional y definir una política exterior de Estado que recoja verdaderamente los intereses de la sociedad para definir las prioridades en nuestra inserción en el mundo y que contenga además una visión integral que dé cuerpo a una agenda internacional nueva y que incluya, sin lugar a dudas, los temas de trascendencia en el país.

Se requiere mantener otra vez los principios tradicionales de nuestra política exterior dándoles un sentido de modernidad, vinculándolos con el logro de nuestros objetivos externos: privilegiar la actuación multilateral por sobre la unilateralidad para solucionar los problemas internacionales en una agenda que no se limite a los conflictos bélicos sino a la atención de los temas de interés para todos, como lo son, en primera jerarquía, los derechos humanos, la erradicación de la pobreza, el comercio internacional justo y la protección del medio ambiente, con particular exigencia.

Solicitar, como lo sugiere Convergencia, que a la conclusión del periodo de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, se realice una evaluación objetiva de los beneficios que se alcanzaron, en la que participe no sólo el Senado de la República, sino esta Cámara de Diputados.

Seguiremos también insistiendo en la necesidad de evaluar los 10 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y que se busque incorporar lo antes posible, los temas que son de mayor interés para México: trabajadores migratorios y fondos para el desarrollo, así como la revisión del comercio agropecuario que hoy mismo en Cancún está causando ya víctimas y una convulsión internacional que tendrá que trascender en estos tópicos de primera importancia para el futuro de la humanidad en el próximo plazo.

Insistiremos también en que el gobierno en nuestra política exterior retome la gallardía, el verdadero sentido del ejercicio de la autoridad patria en los asuntos internacionales para referirse al gobierno estadounidense en la necesidad de solucionar bilateralmente el problema de los trabajadores migratorios y la protección ineludible de sus derechos fundamentales. También, obviamente, que se redoblen esfuerzos para evitar el tráfico de personas y las muertes de migrantes, cuya responsabilidad evidentemente está en las autoridades nacionales.

Hemos advertido en Convergencia que en el Informe de Gobierno no se incluye ninguna alusión a la necesidad de garantizar a los mexicanos en el extranjero, el pleno goce de sus derechos políticos, básicamente el de votar y ser votados.

Es cierto que se alcanzó un primer inicio de protección al concederle a nuestros migrantes la oportunidad de contar con una credencial de identificación emitida por nuestras autoridades consulares. Pero se requiere no sólo esa primicia, sino a los residentes con derechos en los Estados Unidos y disfrutando de la binacionalidad, otorgarles también la plenitud de sus derechos políticos.

Hacemos entonces un recordatorio de solidaridad con las personas que en esta ocasión y dada la proximidad del acontecimiento en este II aniversario del 11 de septiembre, hemos de demandar y el Gobierno de la República lo debería de hacer en primerísimo lugar, un testimonio de solidaridad con las personas que murieron, entre las que se encontraban varios mexicanos en los atentados a las torre gemelas de Nueva York hace dos años, señalando que la mejor protección contra el terrorismo internacional, lo es la actuación multilateral que garantice la seguridad colectiva, ¿cómo?, con muestras históricas indiscutibles lo ha hecho México durante su larga trayectoria como miembro de la comunidad internacional.

Es todo, muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.

El diputado Oscar González Yáñez:

Con la venia de la Presidencia y la venia de los no asistentes a esta sesión; compañeras y compañeros diputados:

El Presidente Fox y su Canciller, el doctor Derbez, no han querido ver los factores que provocaron el fracaso de su política exterior.

Es necesario el replanteamiento de la política exterior mexicana. Lo primero tiene que ver con la relación hacia un pueblo hermano, como es el pueblo cubano.

Como se sabe, Fox y la Cancillería cegados por las promesas se convirtieron en represores diplomáticos, tomando como excusa una concepción frívola y oportunista de los derechos humanos, que no aplican en el caso de México pero que quieren aplicar en otros países buscando la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio.

El episodio más vergonzoso de esta aventura fue negar hospitalidad en Monterrey al representante del pueblo cubano, obedeciendo indicaciones del mandatario de otro país, dando así muestra clara del servilismo al que puede llegar el Presidente de nuestro país; vienes comes y te regresas, se convirtió en una frase que queda grabada en la memoria del pueblo mexicano, para vergüenza de nuestro propio gobierno.

Otro factor que ha quedado fuera de la agenda es la integración de México con América Latina. La ilusión de que la economía de nuestro país formaba parte de la norteamericana llevó a desdeñar las relaciones históricas de México con nuestros vecinos del sur, con algunas excepciones con algunos hermanos del sur.

El distanciamiento rompió e invalidó de hecho acuerdos añejos que hermanaban a nuestro país, como el Tratado de Asistencia Recíproca que fue cancelado por el gobierno de Fox de manera unilateral.

En un apartado especial se encuentra la ceguera ante la aterradora realidad de nuestros migrantes. Para nuestro gobierno ellos no son prioridad de su política exterior, tal como lo ha planteado el propio canciller Derbez. Este mismo hecho revela el intento de maquillar las cifras del Tercer Informe sobre migrantes muertos en el cruce fronterizo. Para el Gobierno Federal esta realidad se resiste a ser asimilada.

La crisis de identidad creada por la agresión a nuestros connacionales es uno de los síntomas más perturbadores de la falta de liderazgo ante el mundo y un grave motivo de inconformidad de los sectores más sensibles de nuestra población. La gravedad de estos elementos impide resolver la crisis política exterior con simples reacomodos.

El Partido del Trabajo demanda un replanteamiento total de nuestra política exterior, que esté en correspondencia con una nueva realidad mundial. Los ejes de nuestra propuesta en política exterior son los siguientes:

Constitución de un equipo intersecretarial denominado de Emergencia en Política Exterior, que formule los ejes estratégicos y demande garantías y reparaciones al Gobierno mexicano por parte de Estados Unidos por las agresiones sistemáticas a nuestros connacionales.

Demandar la apertura de nuevas negociaciones ante el agotamiento del TLC y la necesidad de llegar a nuevos acuerdos en materia agropecuaria.

Se deberá complementar esta iniciativa con la nueva estrategia en materia migratoria a fin de lograr un enfoque integral que incluya paulatinamente toda la agenda binacional.

Terminar el hostigamiento diplomático al gobierno y al pueblo cubano, como señal clara para restablecer las relaciones históricas entre ambos pueblos y la puesta en marcha de iniciativas de cooperación que fueron interrumpidas o excluídas. ``Lo anterior incluye la formulación de un acuerdo marco para trabajar en una agenda latinoamericana''.

Apertura de negociaciones inmediatas partiendo de un acuerdo con Brasil y Argentina para lanzar una iniciativa que se erija como una alternativa al Tratado de Libre Comercio y Alalca. Tal iniciativa debe contemplar un acercamiento integral al resto de los países de América con el fin de sumar fuerzas y darle viabilidad a una nueva integración latinoamericana.

Hay una necesidad inminente de marcar de manera firme la crítica en contra de las políticas unilaterales de Estados Unidos. No puede un país invadir y matar a su pueblo por intereses económicos y nuestro país tiene que rechazar este tipo de políticas.

Integrar política interior con política exterior, de manera que la demanda de que otros países respeten los derechos humanos quede avalada por hechos de nuestro país.

Los enormes atrasos en materia de derechos humanos, como la impunidad en Ciudad Juárez y el virtual cierre de la investigación sobre los abusos de la guerra sucia de los años setenta, desacreditan cualquier maniobra en los foros internacionales.

México ha sido un baluarte en política exterior y hoy somos prácticamente el hazmerreír de muchas naciones. Un eventual fracaso de la nueva Ronda de la OMC pondría en entredicho la credibilidad de las altas esferas del Gobierno y no haría sino darle un carácter dramático a la ya aguda crisis en política exterior.

Los continuos desaires de Estados Unidos a los representantes de la Cancillería mexicana, van restando credibilidad a una eventual misión de integración hemisférica lanzada por México, lo que tendería a dejar una iniciativa en manos exclusivas de Argentina y Brasil, con un rol subordinado para México. Con esto damos la espalda a nuestra historia.

La debilidad ante el vecino del norte ha aumentado la vulnerabilidad de los mexicanos que cruzan la frontera, de manera que por omisión o incapacidad se convierte en un crimen colectivo.

La humanidad tiró el muro de Berlín. Hoy en la frontera del norte del país suceden otros atrocidios iguales o peores. ¿Qué espera el señor Presidente? ¿Qué la comunidad internacional sea quien salve a nuestros connacionales o tenemos que cumplir la responsabilidad nosotros?

Si no se da un viraje radical en la política exterior, el actual Gobierno pasará a la historia, no por haber inaugurado la transición política, sino por haber renunciado a la política exterior en aras de ganancias efímeras en materia de libre comercio y una enorme sumisión al más grande agresivo de los gobiernos que son Estados Unidos.

El Partido del Trabajo exige un cambio de rumbo, señor Presidente, en la política exterior.

Por su atención compañeros, muchas gracias.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María Avila Serna:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

La política exterior de México se haya en un momento de expansión y de consolidación de nuestros nexos bilaterales y multilaterales con el exterior.

México ha diversificado sus mercados mediante el establecimiento de nuevos tratados de libre comercio y acuerdos de complementación económica. Estas medidas de diversificación de nuestras relaciones comerciales buscan un doble propósito: primero, establecer acuerdos comerciales coherentes, predecibles y razonables; segundo, anular las barreras no arancelarias que entorpecen con diques discrecionales el libre intercambio de bienes y servicios entre dos naciones.

Otras razones que favorecen la puesta en marcha de tratados de libre comercio y de acuerdos de complementación económica, es que coadyuvan al ambiente de negocios y estimulan la inversión extranjera directa. De hecho, es sobresaliente el comportamiento que ha tenido la inversión extranjera directa proveniente de la Unión Europea en la economía mexicana, al grado que la Unión Europea se ha convertido en la segunda fuente de inversión extranjera en México.

En el mundo contemporáneo es innegable la estrecha vinculación que tienen las dependencias de economía o comercio con las de asuntos exteriores, sin embargo consideramos que de conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponde, es importante respetar los fundamentos legales que delimitan las áreas de responsabilidad de la Cancillería y de la Secretaría de Economía, con el fin de evitar un problema jurídico posterior.

La relación con China es una de las relaciones bilaterales más sólidas de nuestro país; China, como México, es una nación milenaria que de acuerdo a su soberanía merece ser tratada con el mismo respeto y consideración que México demanda.

Ahora bien, si actualmente hay competencia en el aspecto de la industria maquiladora o en la balanza de pagos, esas diferencias deben mantenerse en esos planos y resolverse con competividad y rescisiones aduaneras.

La relación diplomática debe mantenerse y fortalecerse para tener un canal de comunicación abierto con la primera nación con la que suscribimos un tratado de nación más favorecida, hace más de un siglo. No es conveniente contaminar la agenda bilateral con China, sería más apropiado privilegiar una política de largo plazo que lastimar la relación México-China.

No obstante, los esfuerzos para generar una política exterior con otros grandes bloques y países, ésta sigue concentrada en la relación bilateral compleja, asimétrica y dinámica con Estados Unidos de América.

Compartir 3 mil 118 kilómetros de frontera se dice fácil, pero significa una de las colindancias más largas y llenas de movimiento entre dos naciones.

Entre los indicadores más evidentes de esta relación bilateral están los 310 millones de personas que cruzan la frontera al año. En este punto se han reflejado los cambios que viven ambos países desde el 11 de septiembre de 2001. Durante muchas décadas, dicha frontera fue un paso abierto, sin embargo, desde 1994 Estados Unidos con sus políticas migratorias fue restringiendo el paso a personas sin documentos forzando a los trabajadores migratorios a transitar por zonas de alto riesgo en los desiertos de Arizona y Nuevo México.

Entre las consecuencias más lamentables de las nuevas restricciones de la Patrulla Fronteriza y del Sistema de Inmigración Estadounidense, ésta aumentó el número de migrantes muertos.

La migración de nuestros compatriotas no es por motivos voluntarios, sino por razones económicas. En los últimos años los estudios del Colegio de la Frontera Norte reporta que se han modificado los patrones de la migración; por un lado, a los estados tradicionalmente expulsores de migrantes, Jalisco, Michoacán, Puebla, Zacatecas, se han sumado otros como el DF, el estado de México y Veracruz que anteriormente podían emplear a su población económicamente activa.

Por otro lado, la migración de mujeres ya comenzó y se ha incrementado año tras año, por lo tanto me gustaría relacionar algunas causas que desde México han estado presionando a que la doble marginación que padecen las mujeres por su condición de mujeres y su pobreza, ahora se añada un tercer factor de marginación, el ser expulsadas de sus comunidades y pasar a ser ilegales en Estados Unidos.

La Matrícula Consular destaca como uno de los logros más relevantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de sus consulados ubicados en Estados Unidos.

Asimismo considero que han sido favorable las nuevas disposiciones bancarias para el envío de remesas con el fin de disminuir los altos costos de envío que repercutían en los paisanos y en sus beneficiarios en territorio nacional, si bien es cierto que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene apenas medio siglo de haber sido proclamada, también lo es que la tendencia de ir reconociendo paulatinamente los derechos fundamentales de todo ser humano se remonta a muchos siglos atrás.

Los países firmantes, al asumir el compromiso internacional y por tanto al formar parte de su legislación interna, se comprometieron a que todos los individuos como las instituciones promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto a los Derechos Universales del Hombre y la Mujer, así como sus libertades y aseguren con medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos.

La materialización de todos los derechos para todas las personas en México exigirá la acción y el compromiso de los principales protagonistas del Gobierno y de la sociedad. Al identificar la lucha por los Derechos Humanos como un proceso común a todas las personas, se lograrán avances enfrentando intereses económicos y políticos muy afianzados.

En especial nos preocupa las violaciones a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Armadas, agentes del Ministerio Público y las diferentes corporaciones policiacas.

Es imperativo y urgente contribuir a superar este problema, ello requiere de parte de todos un espíritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para ese fin.

Consideramos que es condición del Estado de Derecho el ejercicio legítimo de la acción de la justicia y los medios necesarios para ello en un sistema democrático, así como también el rechazo absoluto de la violencia como método de acción política.

Se hace indispensable desterrar y rechazar de manera categórica cualquier forma de acceso al poder por vías distintas de las democráticas. Comprometerse con los derechos humanos implica asumir el compromiso de defender la situación que como seres humanos tenemos en relación a los demás, es necesario formar y educar a nuestros generaciones futuras en el debido respeto de los derechos de las personas.

Para ello se deben incorporar o reforzar en todos los ámbitos de la enseñanza nacional los contenidos del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

México necesita hacer todo lo humano posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas en nuestro territorio, así como coadyuvar con otras naciones para evitar que violadores de los derechos humanos busquen en nuestro país encubrir sus crímenes y fechorías en contra de la humanidad.

En el Partido Verde Ecologista de México valoramos la acertada decisión de la Cancillería al otorgar la extradición del torturador y genocida argentino Miguel Angel Cavallo, a la justicia española. Nuestro grupo parlamentario defiende con fervor la defensa del orden constitucional y la protección a los derechos humanos; el espíritu que nos anima es legar a nuevas generaciones de mexicanos una cultura de convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto.

En virtud de lo anterior, queremos hacer un extrañamiento al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por el cese repentino de Marie Claire Acosta como subsecretaria para Derechos Humanos y Democracia, máxime que la señora Acosta es una persona que goza de una autoridad y carisma entre los organismos civiles y oficiales en todo el mundo.

Si la remoción se debió al informe presentado por la Secretaria de Amnistía Internacional, Irene Kant, relacionado con los asesinatos a mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, consideramos que fue una decisión injusta y torpe.

Finalmente, quisiera señalar que en el III Informe se menciona la entrada en vigor de la Ley de Bioterrorismo aprobada por el Presidente de Estados Unidos. Dicha ley establece medidas para prevenir ataques terroristas usando la cadena de abasto de alimentos, agua y fármacos.

Coincidimos en que dicho ordenamiento entraña el riesgo de convertirse en la práctica en una fortaleza de barreras no arancelarias al comercio, por las facultades discrecionales que les otorga los inspectores de alimentos y medicinas para inspeccionar embarques en otras medidas. Más aún, el grupo parlamentario del Verde Ecologista consideramos que será un fuerte revés para las exportaciones de legumbres, hortalizas y frutas al no tomar las medidas urgentes para articular y responder con una serie de medidas para contar con una frontera segura.

El que las autoridades de Estados Unidos aún no hayan emitido las reglas operativas de la Ley de Bioterrorismo, no impide que desarrollemos mecanismos de verificación y de comprobación de que nuestros productos agrícolas de exportación estén libres de sustancias tóxicas.

Termino. Así y sólo así, mediante acciones proactivas lograremos obtener un trato especial y certificado por inspectores de ambos países para el comercio de alimentos, frutas y legumbres. Lo anterior, enviaría un claro mensaje que entendemos la necesidad en nuestro vecino por tener fronteras seguras y nos permitirá avanzar en otros temas de interés nacional.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

México es un país que a diferencia de lo que dicen los censos de población, cuenta con 125 millones de habitantes. 25 millones de nuestros compatriotas viven en Estados Unidos de América, debido precisamente a que distintos gobiernos incluyendo el actual, no han sido capaces de propiciar un desarrollo regional integral y no han podido ofrecer a su pueblo oportunidades que han generado expulsión y llevado a mexicanos a un ritmo muy acelerado y cada vez más a arriesgar sus vidas y a poner la seguridad de sus familias en riesgo.

Los mexicanos que viven en el extranjero viven en condiciones desfavorables debido a diferencias en la idiosincrasia, en el lenguaje, entre otras cosas de carácter cultural pero el resurgimiento de la ultra derecha, la xenofobia causada por el nacionalismo maniqueo que surge del seno de la propia Casa Blanca y que permea a toda su sociedad. Ser mexicano y vivir en Estados Unidos no es fácil, los esfuerzos que nuestros compatriotas tienen que hacer son mayúsculos.

Si esto es grave para todos los mexicanos que radican en Estados Unidos, la situación es poco menos que terrible para los millones de mexicanos que entraron y se encuentran actualmente en calidad de indocumentados.

Sus derechos en materia laboral son nulos, están negados al acceso a seguridad social y en muchas ocasiones viven en hacinamiento. Esto que suena terrible, es el mejor de los escenarios, las políticas antiemigrantes establecidas por el Gobierno de Estados Unidos están matando mexicanos y la postura de nuestro Gobierno sigue siendo muy débil.

Es evidente que desde los condenables ataques que ocurrieron hoy, hace dos años, las prioridades en política internacional del vecino del norte cambiaron y se entiende, pero las nuestras no. La situación de los mexicanos en el extranjero sigue siendo de urgente resolución y sin embargo, el Gobierno mexicano no está tomando una posición suficientemente enérgica, algún tipo de acuerdo migratorio que permita una mejoría para los migrantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, contrario a los intereses de los mexicanos, está delegando en la Secretaría de Gobernación las negociaciones en materia migratoria, sin tomar en cuenta que el único órgano de gobierno capacitado para la defensa de los mexicanos en el exterior, es la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del grandísimo aparato consular con el que cuenta.

El grupo parlamentario del PRD cree que se debe encontrar un enfoque nuevo en las negociaciones de índole migratorio. Debemos hacer valer la importancia en términos económicos y políticos de los mexicanos que residen en Estados Unidos, debemos coadyuvar para la unificación de los mexicanos y que ellos incidan en la política interior de Estados Unidos. Debemos impulsar el empoderamiento de los grupos de mexicanos, vía el respeto pleno de sus derechos políticos aquí, como sería el voto de los mexicanos en el exterior.

De la misma forma que los derechos de migrantes están siendo relegados, los derechos humanos en general están pasando a segundo término; por una parte Admistía Internacional emite reportes constantes sobre el trato que se le da a los migrantes del sur, que usan como puente a México para llegar a Estados Unidos, por otro lado, las licitaciones de los distintos comisionados de la ONU, que una y otra vez emiten recomendaciones de carácter urgente y otras organizaciones que de igual manera instan al gobierno mexicano, a tomar acciones decididas en el respeto de los derechos humanos hacia el interior, la subsecretaría de Derechos Humanos, era el único instrumento que el Gobierno mexicano tenía para mejorar la relación; la fusión de esta subsecretaría con la de Asuntos Globales y la respectiva de Marie Clare Acosta, es un ejemplo claro de que el Gobierno mexicano no tiene voluntad para mejorar esta situación.

México participa en foros internacionales a favor de la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Para no-sotros es urgente que la defensa, promoción y garantía del ejercicio de los derechos humanos en el mundo, tiene que ser la lucha de cualquier Estado que se precie de soberano y porque la solidaridad es un principio fundamental.

Pero para que nuevos principios de política exterior sean agregados, es necesario que se incluyan en una política exterior de Estado y esto no quiere decir otra cosa que la inclusión de todos los ciudadanos del mundo en la toma de decisiones, porque en última instancia la política exterior debe servir para defender los intereses de todos y no sólo de algunos instalados en la clase política, determinando políticas exteriores que defienda y consoliden a sus regímenes.

La democratización de la política exterior mexicana, vía una política exterior de Estado, es una tarea pendiente y a pesar de eso, absolutamente necesaria. Si no estamos dispuestos a que la política exterior esté sometida al escrutinio público y a la construcción colectiva de la misma, estaríamos dispuestos entonces a que los intereses de nuestro pueblo estén supeditados a coyunturas usualmente generadas por los intereses de los grandes capitales.

La no democratización de la política exterior sería tanto como postrarnos frente a las políticas militaristas, neoconservadoras y neoliberales hegemónicas sin capacidad de ofrecer oposición seria o de ofrecer alternativas mejores.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional.

La diputada Adriana González Carrillo:

Muchas gracias, Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Todas las políticas exteriores de cualquier nación precisan transitar por revisiones y acomodos para seguir siendo eficaces, según las nuevas circunstancias nacionales e internacionales. En ese sentido, es preciso reconocer la realidad para poder comenzar a transformarla. La actual política exterior se caracteriza por un renovado activismo que refleja la voluntad de cambio expresada el 2 de julio, que sin duda significa para nosotros un poderoso instrumento al anclar la transición democrática en nuestro país.

La nación mexicana amplía su existencia más allá de las fronteras del Estado, en tal virtud, la política exterior de la actual administración considera dentro de sus acciones estratégicas, la protección y salvaguarda de los derechos de millones de mexicanos que por diversas razones, algunos en circunstancias de dolor, viven en otro país. Como parte del compromiso asumido en campaña, el Presidente Fox desde el inicio de su administración impulsó y logró colocar en la agenda de la relación bilateral con los Estados Unidos, el fenómeno migratorio como un aspecto prioritario entre ambas naciones. Este hecho constituye por sí mismo un gran avance, ya que en el pasado el tema migratorio era relegado y rebasado por otros temas bilaterales. Este gobierno logró elevar las discusiones sobre el tema al nivel de los presidentes y crear un grupo de trabajo a nivel ministerial, con el propósito de establecer una migración legal, segura y ordenada.

Pese a los lamentables ataques terroristas del 11 de septiembre, en el que fallecieron varios mexicanos, lo cual lamentamos profundamente, los presidentes han continuado subrayando la necesidad de que la agenda bilateral siga avanzando. Prueba de esto es la creación de la sociedad para la prosperidad, una alianza entre el sector público y el sector privado de ambos países, que busca crear empleos en las zonas más rezagadas de nuestro país.

El Gobierno de México sigue y seguirá insistiendo en el tema migratorio, la reforma al sistema migratorio estadounidense está ahora en la agenda política de aquel país. En el Congreso de los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos están incluyendo en sus paquetes legislativos, que de aprobarse estas iniciativas representarían pasos importantes para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos que viven y trabajan en aquel país.

Hoy más que nunca, el tema migratorio sigue vigente. Este gobierno panista se ha preocupado por mejorar la calidad de vida de los mexicanos en el exterior. Entre los logros hay que mencionar la reducción en las cuotas para el envío de remesas como producto del esfuerzo coordinado entre ambos gobiernos, este esfuerzo lidereado por el Ejecutivo ha permitido que más de un millón y medio de paisanos que ahora cuentan con la matrícula consular, hayan mejorado la calidad de vida en el exterior. Este es un asunto en el que creemos hay coincidencia de todas las fuerzas políticas, asumiendo que compete a los tres poderes de la Unión y que requiere particularmente una corresponsabilidad de este Congreso, los invitamos a que con la diplomacia parlamentaria, sumemos esfuerzos en este objetivo.

Unamos fuerzas y avancemos en conjunto en este tema de vital importancia para que no haya en el extranjero un solo mexicano sin respeto a su dignidad y que se vele por sus derechos.

Hay una equivocada impresión de que la protección de los derechos humanos ha pasado a un segundo plano en las prioridades del Gobierno Federal y en particular en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El Presidente Fox, ha dejado claro, una y otra vez, que la atención internacional de los derechos humanos es una política de Estado, es institucional; de hecho, nuestro canciller Derbez, ha ratificado todos los compromisos asumidos por México en esta materia, se reunió recientemente con el señor Compas, representante del alto comisionado para los derechos humanos en México, quien agradeció el apoyo que recibe del Gobierno mexicano.

Los resultados del último año hablan por sí mismos de la importancia que se sigue otorgando a la atención y defensa de los derechos humanos por parte de la Cancillería.

En marzo del presente año se estableció la oficina en México del alto comisionado para los derechos humanos y comenzó la ejecución del Programa de Cooperación Técnica con esa oficina. Concretamente, la elaboración del diagnóstico sobre el estado de los derechos humanos en México será presentado el 10 de diciembre.

Mucho, mucho nos enorgullece que México haya sido el primer país que aplicó el Protocolo de Estambul, mostrando nuestra determinación de asumir el pleno respeto a los derechos humanos como parte de una política de Estado, al tiempo de disponernos al escrutinio internacional. Recordemos que esta administración panista, ha firmado ya 13 acuerdos y tratados internacionales en esta materia.

Por lo anterior, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en este recinto para armonizar nuestra legislación con nuestras posiciones y compromisos internacionales.

Hemos escuchado con atención la participación de nuestros compañeros y compañeras legisladores y coincidimos en que debemos avanzar hoy en la aprobación de la reforma constitucional, que nos permitirá ser parte de la Corte Penal Internacional y quede patente de esta manera, nuestra firme determinación de trabajar todos juntos por los derechos humanos.

México está inserto en el proceso de integración entre naciones, que si bien ha generado una serie de beneficios palpables y cuantificables, también ha resaltado las diferencias entre países ricos y pobres, por lo que pugnamos por una mundialización que equivaldría a la globalización del derecho de la justicia, la política y de la solidaridad.

Por ello buscamos que en el seno de la principal Organización Multilateral de Comercio, la OMC, las naciones ahí representadas tengan igualdad de oportunidades en la competencia y el acceso a los mercados. Ello significa que México pugna por la eliminación de los subsidios agrícolas distorsionadores del comercio internacional y que afectan principalmente a los países menos desarrollados. Al tiempo, lucha por el otorgamiento de un tratamiento especial y diferenciado a los países de acuerdo a su grado de desarrollo económico.

Nos sumamos a la postura del Ejecutivo Federal expresada el día de ayer en Cancún, de no permitir que el bienestar sea restringido a unas cuantas naciones, no nos conformemos con una mundo marcado por la exclusión y la injusticia, ya no podemos postergar la lucha, la batalla contra la pobreza y la marginación, principalmente en nuestro campo.

Hoy debemos poner todo, todo nuestro empeño para articular las relaciones económicas y de comercio y las demandas más apremiantes de nuestras sociedades.

En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos conscientes de que no puede haber una política exterior de estado sin un cuerpo diplomático profesional, de carrera, comprometido con las prioridades nacionales y con la patria mexicana.

Muchos de los temas de política exterior son compartidos por todas las fracciones parlamentarias aquí representadas; migración y derechos humanos son temas prioritarios para nuestro país, por lo que reiteramos nuestro ánimo y disposición para avanzar en la agenda aún pendiente.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Alberto Aguilar Iñárritu del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Alberto Aguilar Iñárritu:

Con su venia, señor Presidente; señoras legisladoras, señores legisladores:

El pasado 1º de septiembre, esta LIX Legislatura escuchó al jefe del Ejecutivo Federal exponer el estado que guarda la política exterior mexicana. En este emblemático día, los legisladores acudimos a esta sesión para hacer una evaluación responsable y propositiva de su informe en la materia.

Aunque en esa ocasión el Secretario del ramo no se encuentre ante esta soberanía, tomaremos las medidas necesarias para hacerle llegar el contenido de nuestras reflexiones.

En un tejido de claroscuros, observamos que se comienzan a corregir algunos de los errores, imprecisiones, insuficiencias, incongruencias, contradicciones e incumplimientos que han perturbado la interlocución del país en el contexto global. Sin embargo, restaurar los daños que ha sufrido la credibilidad de México en el panorama internacional, exige recorrer un camino todavía largo.

El grupo parlamentario del PRI, está dispuesto a entablar un diálogo constructivo con el Ejecutivo para que, en coordinación con nuestra colegisladora, podamos avanzar en un diseño articulado de política exterior para los nuevos tiempos; un diseño que nos reúna a todos en los acuerdos y nos permita actuar como un bloque a favor de los intereses superiores de México. Para alcanzar ese propósito, consideramos necesario hacer una revisión de lo comprometido y no cumplido, durante estos tres años y en su caso, reconocer la imposibilidad de llevarlo adelante, replantearlo o retirarlo de la agenda nacional.

Necesitamos mostrar un rumbo claro, requerimos con toda precisión estratégica y programática, exponer al mundo los intereses nacionales. Debemos revisar la política exterior y definir una agenda de Estado compartida y concreta que establezca objetivos alcanzables en el próximo trienio. Realizarla sin vaivenes, con el valor de la congruencia, con el orgullo de nuestros principios y con la creatividad y pragmatismo necesarios para hacer frente a los nuevos retos.

Después del derrumbe del sistema bipolar y sobre todo del impacto de los atentados del 11 de septiembre, que golpea-ron las instituciones destinadas a procurar el orden jurídico y político global, así como las libertades civiles, nos encontramos en un contexto internacional de incertidumbre, caracterizado por una brutal brecha entre cada vez más pobres y muy pocos ricos, una real amenaza del agotamiento estructural de los recursos naturales y de las fuentes de energía y un creciente debilitamiento de las arquitecturas multilaterales, imprescindibles para la paz, el comercio y el desarrollo sustentable.

Estamos obligados a reformular y puntualizar el rumbo de la política exterior mexicana, algo que en tres años no hemos podido lograr.

Es imprescindible edificar nuevos referentes y mayores márgenes de acción para manejar las contradicciones y los signos que marcan el devenir de nuestros días: soberanía e interdependencia, integración económica y salvaguarda de los intereses nacionales, eficiencia económica y eficacia social, libertad e igualdad, justicia y solidaridad, democracia y gobernabilidad, seguridad y paz.

Nuestra política exterior debe repensarse ante estos retos políticos, económicos y sociales, para hacer proactiva siempre a favor del interés mexicano, articulada con la Política Interior y formar parte de la nueva generación de reformas estructurales. Para lograrlo, proponemos hacer de este espacio legislativo, representativo y plural, un foro permanente de reflexión sobre la política exterior a partir de visualizar los siguientes ejes rectores.

En primer término, la agenda de seguridad hemisférica, que ha sido diseñada unilateralmente como factor determinante que amenaza con permear todos los ámbitos de la toma de decisiones y que en la práctica se sobrepone por encima de todo instrumento o institución bilateral o multilateral.

Debemos trabajar por decidir la seguridad hemisférica en forma integral, asumiendo como hasta ahora una lucha total contra el terrorismo, el narcotráfico y otros males, pero considerando el combate a las asimetrías y la atención al grave status de los recursos naturales y de la energía, para incorporar en ella nuestras posiciones y las de los países vecinos que conformamos lo que denominamos la región inmediata.

En segundo término, debemos abordar como prioridad, la consolidación de una arquitectura multilateral propia de nuestra región inmediata, que comprende América del Norte, América Central y el Caribe.

La tarea es fortalecer los foros existentes y en su caso, diseñar y crear nuevos espacios de negociación de paz y de desarrollo.

Como tercer eje hay que precisar nuestros objetivos en una región estratégica, conformada por América del Sur, Asia, Europa, así como los países petroleros.

En cuarto lugar, gobiernos y legisladores, tenemos que reflexionar hacia el interior de nuestros países e intercambiar experiencias sobre la paz, siendo para nosotros el caso de Colombia el de mayor relevancia, por ser socios del G-3.

En la agenda de la región inmediata un tema prioritario para nuestro país, es la cuestión migratoria entre México y sus vecinos de ambas fronteras, norte y sur, así como redoblar los esfuerzos de cooperación para el desarrollo y fortalecer las ventajas competitivas del área, para atraer proyectos de inversión generadores de empleo.

Es necesario reformular el fenómeno migratorio a través de la construcción de agendas en pro de alcanzar consensos en favor de los derechos humanos de los migrantes, y del reconocimiento a su importante función económica y cultural, para que nunca más sean tratados como invisibles generadores de riqueza en ambos lados de la frontera norte y sur.

Si la migración desafía el rostro de este nuevo siglo, es solamente porque se ha olvidado en la práctica nuestro deber para con la equidad.

La entrada de más de 10 mil millones de dólares por concepto de remesas, no debe ser festejado por el actual Gobierno, honra el patriotismo y la responsabilidad de quienes las envían y cuestiona a quienes han sido incapaces de generar empleos suficientes y han provocado la pérdida de competitividad y la caída en la captación de la inversión nacional extranjera.

Estados Unidos de América debe tomar en cuenta que las acciones unilaterales no son suficientes, para salvaguardar su seguridad y por consiguiente reconocer que los países vecinos son esenciales para solucionar los asuntos estratégicos y prioritarios.

El reto de los tres países de Norteamérica, será hacer lo propio internamente y en conjunto, para crear una relación de sanos y justos equilibrios entre economías distintas con diferentes grados de desarrollo y así reducir las asimetrías existentes.

Señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores: hacemos votos por profundizar la institucionalidad de la relación con Estados Unidos de América y Canadá, para privilegiar reglas claras, responsables y compartidas.

México debe reafirmar su postura solidaria de hermano en América Latina y el Caribe, para fortalecer y ampliar los mecanismos de diálogo y los instrumentos de cooperación para el intercambio comercial y académico.

El progreso compartido y un esquema de seguridad regional en América Central, debe ser nuestra prioridad tangible y concreta.

Nos congratula saber que la relación con Cuba se restablece paulatinamente sobre bases institucionales, después de haber naufragado en una política exterior errática y subjetiva. Comprometemos nuestros buenos oficios para que con los tradicionales lazos de amistad y solidaridad, retornemos pronto a la normalidad.

Las legisladoras y legisladores de mi partido, invitamos al Ejecutivo Federal a la reflexión de dichos ejes propuestos, para transformarse en acciones tangibles en beneficio de la sociedad mexicana.

Consideramos prioritaria la revisión de la actual estructura del Servicio Exterior Mexicano, la distribución del cuerpo diplomático debe responder estratégicamente a nuestros intereses nacionales y con base en ellos determinar la óptima distribución geopolítica de nuestros esfuerzos. Nuestro grupo parlamentario manifiesta su corresponsabilidad y compromiso, para analizar y cuantificar detalladamente el presupuesto anual, requiriendo un intercambio ágil y oportuno de información, de tal manera que se pueda justificar un incremento a la Secretaría de Relaciones Exteriores interesa, una vez habiendo discutido y acordado los temas aquí propuestos.

Reiteramos nuestra intención de ser muy activos en materia de diplomacia parlamentaria y poner nuestros esfuerzos al servicio de las causas de la nación.

La creciente importancia de los parlamentos del mundo en la toma de decisiones, aconseja tomar en cuenta la eficacia política de los intercambios parlamentarios para alcanzar los objetivos trazados por nuestra política exterior.

Muchas gracias.

Señor Presidente, solicito respetuosamente a la Mesa Directiva de esta Cámara, que esta versión sea enviada a la Secretaría correspondiente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Agotada la lista de oradores del III Informe de Gobierno en materia de Política Exterior.

De conformidad con lo que establece el artículo 7º numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las versiones estenográficas de las sesiones del martes 9 y de hoy jueves 11 de septiembre, en las que se llevó a cabo el análisis del III Informe de Gobierno en materia de Política Económica, Social, Interior y Exterior, serán remitidas al Presidente de la República para su conocimiento.

Hago del conocimiento de la Asamblea que por un error no se incluyó en el orden del día, la solicitud de licencia del diputado Guillermo Velasco Rodríguez, con el propósito de no dejar en estado de indefensión a la Asamblea, se instruye a la Secretaría se consulte a la Asamblea, si está de acuerdo en que se resuelva a continuación la licencia de referencia.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se les solicita a los señores diputados si están en afirmativa...

Los diputados que estén en la negativa, favor de manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia continúe la Secretaría con la lectura a la solicitud de licencia del diputado Guillermo Velasco Rodríguez.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto, y con fundamento en el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputado federal.

Por tal motivo, solicito a usted que realice los trámites conducentes que devienen del presente acto jurídico y se llame a mi suplente.

Sin otro particular y para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2003.--- Dip. Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

Se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Están a discusión los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Guillermo Velasco Rodríguez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la V circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a los señores diputados si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Por mayoría a la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobados.

Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano Raúl Piña Orta, diputado suplente electo en la V circunscripción plurinominal.

Se designan en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: José Rubén Figueroa, David Hernández Pérez, Ma. Guadalupe Suárez Ponce, Alejandra Méndez Salorio y Joel Padilla Peña.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Se pide a la comisión cumpla con este encargo.

(La comisión cumple con su cometido)

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ciudadano Raúl Piña Horta: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El diputado Raúl Piña Horta:

Sí, protesto.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Felicidades, señor diputado.

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ESTADO DE PUEBLA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que productores de la zona norte del estado de Puebla puedan conocer personalmente los avances logrados en cada una de sus especialidades que les permita competir en mejores condiciones con sus homólogos de otros países.

El diputado Fidel René Meza Cabrera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 65, 70, 78 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer el presente punto de acuerdo para que las áreas correspondientes del Ejecutivo federal se aboquen a atender de manera inmediata las solicitudes de los agricultores, ganaderos, cafeticultores, floricultores y fruticultores que, a través de sus representantes directos, deseen conocer las condiciones en que productores de otras regiones de México o de otros países están produciendo y comercializando sus productos. Asimismo, que se proporcionen con oportunidad los apoyos correspondientes a los cafeticultores, conforme a los siguientes

Considerandos

En el estado de Puebla, para el ciclo agrícola 2001 se tuvieron, en números redondos, 983 mil hectáreas sembradas, de las cuales sólo 867 mil se lograron cosechar, correspondiendo a esta última cantidad 243 mil hectáreas de riego y 624 mil de temporal.

Ahora bien, no obstante que la producción agrícola en la zona norte del estado es de apenas 9 por ciento respecto a la de la entidad y que un porcentaje importante está dedicado al autoconsumo, un grupo de agricultores está interesado en dedicar un determinado número de hectáreas a productos de exportación, por lo cual desean contar, aparte del apoyo técnico correspondiente, con la posibilidad de conocer directamente lo que sus homólogos de otros países hacen al respecto.

Con relación a la producción de café, en el país se cultivan 760 mil hectáreas en 12 entidades y 391 municipios, pero es de subrayarse que 80 por ciento de esos productores se encuentra en condiciones difíciles.

Nuestro país es uno de los principales productores en el mundo, con una producción anual promedio de 360 mil toneladas, de las cuales se exporta 85 por ciento. Su valor representa 8.5 del PIB agrícola, por lo que constituye una importante fuente de divisas.

A esa actividad se dedican más de 282 mil productores, de los que 66 por ciento es indígena. Se considera que más de 3 millones de mexicanos dependen de esta agroindustria.

Es de destacarse que las plantaciones de café y los cultivos asociados constituyen un importante generador de servicios ambientales, ya que éstos permiten evitar la erosión y facilitan el escurrimiento hidrológico, la fijación de carbono y la biodiversidad.

Sin embargo, la producción nacional de este producto sigue presentando muy bajos rendimientos por hectárea y una limitada participación de los productores en el valor agregado, fundamentalmente por el fuerte minifundio, la carencia de insumos y la falta de equipo e infraestructura de alta productividad y de equipamiento para participar en la cadena producción-consumo.

Los cafeticultores mexicanos han venido atravesando por una de las peores crisis, debido a la disminución de los precios internacionales, por la sobreoferta mundial. Por ello es importante que la LIX Legislatura prosiga los trabajos realizados por el Grupo de Trabajo de Cafeticultura, creado por la anterior Legislatura, para que se emprenda la formación de un proyecto que considere medidas económicas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, así como el análisis de iniciativas orientadas a normar jurídicamente la actividad de esta agroindustria.

En el estado de Puebla se tiene una superficie sembrada de café de más de 70 mil hectáreas; y la zona norte del estado es la que cuenta con el mayor número de éstas, pues comprende 60 por ciento de ellas, con más de 46 mil hectáreas de café.

Sobre las condiciones de desarrollo que guarda la zona norte del estado, basta señalar que, del total de la superficie fertilizada en la entidad, que para el año agrícola de 1999-2000, ascendió a cerca de 732 mil hectáreas, los municipios de la zona norte lograron fertilizar sólo 10 mil hectáreas. De 143 mil hectáreas sembradas con semilla mejorada, sólo 6,463 se tuvieron en la parte norte. De 137 mil hectáreas de superficie con asistencia técnica, en el norte apenas si se tuvieron 8,544 hectáreas. De una superficie atendida con servicios de sanidad vegetal de 113 mil hectáreas, en el norte se tuvieron sólo 6,459 hectáreas. Y de una superficie mecanizada de más de 311 mil hectáreas, la parte norte no contó con ninguna.

Los cafeticultores poblanos han expresado de manera reiterada su preocupación por el hecho de que los tratados comerciales internacionales han impuesto nuevas competencias para el café mexicano, que demandan con urgencia una política integral en materia de comercio exterior que haga frente a dichos problemas y que se considere en ella una capacitación permanente y la posibilidad de que grupos de productores, de modo directo, puedan observar los adelantos tecnológicos logrados en otros países y los procesos de comercialización respectivos.

Diversos grupos de fruticultores y floricultores de la zona norte del estado de Puebla también han manifestado su deseo de mayor asistencia técnica y comercial para ampliar el mercado de sus productos.

Hasta finales de 2000, la entidad contaba con una población ganadera y avícola de cerca de 797 mil bovinos, 454 mil ovinos, 852 mil caprinos, 397 mil equinos, más de 1.3 millones de porcinos y más de 61 millones de gallináceas.

Algunos grupos de ganaderos de la zona norte del estado (donde se incluye sólo ganado bovino, ovino, caprino y equino), que representan 22 por ciento del total de la entidad, también están interesados en ampliar las normas de calidad existentes para mejorar sustancialmente los índices de producción.

Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados promuevan ante la Sagarpa que se amplíe la asesoría técnica y la capacitación a los grupos de productores agrícolas, ganaderos, cafeticultores, fruticultores y floricultores de la zona norte del estado de Puebla y de otras regiones del país que así lo soliciten.

Segundo. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se establezca una partida especial, a efecto de que las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; y de Relaciones Exteriores faciliten el traslado de los grupos de productores que deseen conocer de otras experiencias en diferentes países, a efecto de que puedan aplicar estos conocimientos en proyectos productivos de mayor alcance para la región.

Tercero. Que la Sagarpa y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pongan oportunamente en operación el Fondo de Estabilización de Precios del Café, a efecto de garantizar en condiciones óptimas la comercialización de este producto.

Cuarto. Que, tomando como punto de partida el padrón nacional de productores, que urge concluir, se apliquen con oportunidad los programas de apoyo establecidos para la presente cosecha, y que esta LIX Legislatura prosiga con las actividades realizadas por el Grupo de Trabajo de Cafeticultura.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señor diputado.

Rogamos a la Asamblea guardar orden.

Continúe, señor diputado.

El diputado Fidel René Meza Cabrera:

Gracias, señor Presidente.

Quinto. Que, con base en las acciones hasta hoy llevadas a cabo por la Secretaría de Economía, se redoblen las medidas orientadas a establecer, con la rigurosidad del caso, las restricciones a las importaciones de café procedentes de países con los que México no tiene celebrados convenios de libre comercio, en tanto no queden establecidas, de manera clara, las bases para una política de importaciones de este grano, entre los productores y los industriales nacionales.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señor diputado.

Señoras y señores legisladores: la Ley Orgánica y el Reglamento imponen a la Presidencia la obligación de mantener el orden. He estado llamando la atención al orden, no me queda más lo que la ley determina para ello y el honor de los señores diputados.

Insisto, les pido que permitan continuar al orador.

Adelante, señor diputado.

El diputado Fidel René Meza Cabrera:

Gracias, señor Presidente.

Debido a la importancia de los puntos puestos a consideración y a que, en el caso de los productores cafetaleros, la cosecha inicia en este mes de septiembre, solicito de la manera más atenta al ciudadano Presidente de la H. Cámara de Diputados que el presente punto de acuerdo se someta a consideración del Pleno como de urgente y obvia resolución, agradeciendo de antemano la atención prestada.

Sala de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, México, DF, a 11 de septiembre de 2003.---Dip. René Meza Cabrera (rúbrica).

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Como ha sido solicitado por el diputado que acaba de hacer uso de la palabra, que se considere el asunto como de urgente y obvia resolución, se instruye a la Secretaría se sirva consultar a la Asamblea para que en los términos del artículo 59 se determine si se acepta que el asunto se vea como de urgente y obvia resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los diputados si el asunto en cuestión se considera de urgente y obvia resolución.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Por mayoría se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, está a discusión la proposición.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se instruye a la Secretaría para que en votación económica se pregunte a la Asamblea si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Hay mayoría, señor Presidente, a favor.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada.

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INUNDACIONES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con las personas que resultaron afectadas por las inundaciones que se registraron en el estado de Querétaro.

El diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas:

Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea considerada de urgente y obvia resolución por esta honorable asamblea.

El de la voz, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y en nombre de los diputados panistas de los estados de Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas nos permitimos manifestar lo siguiente:

Dadas las circunstancias de desastre provocadas por las lluvias torrenciales ocurridas en los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Zacatecas, nos vemos en la urgente necesidad de solicitar ante esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo, basado en la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos días del mes de agosto y hasta la fecha, los estados mencionados se han visto afectados por intensas lluvias, ocasionado pérdidas humanas y materiales, y dejando a muchas familias sin un techo donde vivir.

Para las familias que perdieron a sus seres queridos, nuestro más sentido pésame.

Para las decenas de miles de ciudadanos que perdieron sus casas o sus bienes, adquiridos con tanto esfuerzo, nuestra más amplia solidaridad.

A los miembros de la población, a los rescatistas, a los grupos voluntarios y a las asociaciones civiles que están colaborando para restituir las condiciones de vida en los estados les reconocemos profundamente su participación, así como el esfuerzo que ya están desplegando autoridades federales, estatales y municipales. En casos como el presente, es ejemplar y motivante ver cómo la solidaridad y el compromiso que los ciudadanos muestran con su comunidad, ellas y ellos son el principal aliciente para evitar que los daños causados por desastres naturales sean mayores y sus consecuencias se prolonguen.

Hoy ya hay familias enteras que se enfrentan al desamparo. Los damnificados se suman por miles, los recursos estatales y municipales son insuficientes para enfrentar este tipo de contingencia. Y dado que la temporada de lluvias todavía no concluye, lamentablemente podemos prever que habrá todavía más, muchos más daños.

Por ello es necesario emprender acciones preventivas y de reconstrucción inmediata.

Sabemos de la preocupación del Ejecutivo federal por colaborar y resolver con las entidades federativas, con rapidez, los problemas presentados por esta contingencia, que afecta a las familias más vulnerables, pero para ello son indispensables recursos económicos derivados del Fondo de Desastres Naturales.

Solicitamos que las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Salud, y de Defensa Nacional, en los términos de sus atribuciones, sigan actuando con presteza y a través del Fondo de Desastres Naturales apoyen con mayor prontitud a la restauración de la infraestructura material y se tomen medidas para la construcción de obras, que en la medida de lo posible y lo razonable prevengan situaciones como la que hoy padecemos los estados.

Por todo ello, nos permitimos presentar la siguiente proposición de

Punto de Acuerdo

Primero.- Que el Ejecutivo federal, a través de las secretarías mencionadas anteriormente, intervenga, con la finalidad de apoyar a la ciudadanía afectada en lo siguiente:

a) La compra de alimentos, agua, cobijas, medicinas, ropa y calzado para la población damnificada.

b) A los distintos albergues que se han habilitado por la autoridad y mediante brigadas de asistencia social.

c) Así como ayudar a la reconstrucción de todos los bienes perdidos y dar apoyo necesario a los damnificados.

Segundo.- Que la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía sobre la situación que prevalece en los estados afectados -Guanajuato, Jalisco Querétaro y Zacatecas- por las intensas lluvias torrenciales en últimas fechas y sobre las medidas de protección civil que se aplicaron, antes y después, en la zona de desastre.

Tercero.- Solicitamos la pronta y eficaz aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para el rápido suministro de comida, medicinas, ropa y calzado.

Cuarto.- Apelamos a la solidaridad de los diferentes grupos parlamentarios representados en este recinto para que se sumen a este acuerdo.

Por su atención, muchas Gracias.

Diputados: Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica), Germán Martínez Cázares (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Manuel Enrique Ovalle Araiza (rúbrica), Guillermo Enrique Tamborrell Suárez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda (rúbrica), José Julio González Garza (rúbrica), Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Salvador Márquez Lozornio (rúbrica), Alfonso Moreno Morán (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano, Miguel Angel Rangel Avila (rúbrica), Armando Rangel Hernández (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Rubén Alfredo Torres Zavala, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Antonio Cabello Gil (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Lorena Torres Ramos (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica).

Es cuanto señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

En virtud de que el señor diputado que ha hecho uso de la palabra solicita que el asunto se discuta y se vote como asunto de urgente y obvia resolución, en los términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se considera de urgente y obvia resolución.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición hecha.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarla... Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera de urgente y obvia resolución.

Está a discusión el punto de acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra...

Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Manuel Carrillo Rubio. ¿Desde su curul diputado o pasa a la tribuna?

El diputado José Manuel Carrillo Rubio:

Con su permiso señor Presidente, muchas gracias; compañeras y compañeros diputados:

Con relación al mismo tema he solicitado el uso de la palabra para abundar un poco más en este punto de acuerdo.

Tan sólo en el estado de Jalisco cerca de 12 mil afectados es el reporte que tenemos ahorita, cerca de 2 mil 500 viviendas se encuentran inundadas, cerca de 8 mil estudiantes se encuentran totalmente sin posibilidad ahorita de tener su educación.

Por eso nosotros proponemos que efectivamente se pueda lograr motivar a los señores gobernadores para que soliciten al Fonden de la Secretaría de Gobernación, pueda servir dar los recursos necesarios para estas emergencias, no solamente para el asunto de las viviendas afectadas de las personas que han sido en este momento dañadas sino para también indemnizar a las cerca de 9 mil hectáreas de granos básicos como el maíz y el sorgo, que han sido registradas.

Además de los estados enunciados por el Partido Acción Nacional, se encuentra también San Luis Potosí y algunos municipios del estado de Zacatecas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Alegre, para el mismo tema.

El diputado Ricardo Alegre Bojórquez:

Con su permiso, señor Presidente:

El desequilibrio ecológico ha tenido como consecuencia más visible el aumento en la ocurrencia de fenómenos naturales devastadores. En lo que va del año, numerosas regiones del mundo se han visto afectadas por lluvias torrenciales que afectan (sic) la vida y la economía de miles de seres humanos. México no ha sido la excepción y en el pasado, ha sufrido incontables veces una situación similar.

Quiero destacar aquí que en cada uno de estos momentos el pueblo mexicano ha dado muestras de una solidaridad sin igual hacia sus semejantes, ahora le tocó el turno al centro del país. Las tormentas padecidas en la entidad han tenido como consecuencia algunas muertes y daños materiales de proporciones alarmantes. La actuación de las autoridades municipales, estatales y federales ha sido decidida y oportuna y especialmente la respuesta de la población merece destacarse pues han dejado de lado sus actividades cotidianas para abocarse con completa entrega a la ayuda incondicional de sus vecinos.

No obstante la magnitud de lo ocurrido, así como el pronóstico de que las lluvias continuarán presentándose en los próximos días, nos llaman a formar un frente común más fuerte, por ello hago un llamado a los sectores organizados de la sociedad civil, para sumar esfuerzos en esta lucha y proteger el patrimonio de la población afectada. Del mismo modo, quiero invitar a todos los legisladores presentes a dejar a un lado las pugnas políticas para enfrentar juntos esta responsabilidad, debemos tomar las decisiones oportunas que nos permitan hacer frente a ése desastre y cumplir así con el compromiso adquirido con este gran país. Pido por lo tanto su respaldo a este punto de acuerdo.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para el mismo tema, se concede el uso de la palabra al señor diputado Luis Medina, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Luis Medina Lizalde:

Compañeras y compañeros diputados:

Las situaciones de emergencia en nuestro país han sido tan torpemente respondidas, que revela que la cultura de la prevención no ha llegado a nuestro país.

En Zacatecas vivimos situaciones derivadas de las lluvias torrenciales y el auxilio de emergencia del Gobierno Federal llega a través de la propaganda, a través de la promoción publicitaria alrededor de la figura presidencial, pero la efectiva ayuda no se hace presente hasta que la familia o la propia comunidad le dio respuesta a la situación.

Por eso es fundamental que reconozcamos que una de las grandes deficiencias que tiene el aparato del Gobierno Federal es su incapacidad para entender lo que es emergencia, porque es inconcebible que el plazo mínimo sea de 120 días, para que le llegue respuesta a personas que se quedarón sin casa, a personas que se quedarón en la total intemperie.

Por eso creo que necesitamos unir esfuerzos y no solamente concretarnos con este punto de acuerdo que respaldamos íntegramente, sino que ejerzamos una severa vigilancia y encontremos caminos para obligar a que se actué con sentido preventivo y no estemos lamentando cíclicamente desgracias absolutamente previsibles. Es todo.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Se pregunta a la Asamblea, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Gracias.

Los que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutido.

Se instruye a la Secretaría para que tome la votación, votación económica.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se aprueba.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Gracias.

Los que estén por la negativa... Por la mayoría en afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado. Comuníquese.

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ESTADO DE TABASCO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, a nombre de los diputados de los grupos parlamentarios del PRD, PAN, Convergencia y Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales, durante el proceso electoral del estado de Tabasco de 2003.

La diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita:

Señor Presidente, solicitó atentamente se publique íntegro este punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:

Las y los suscritos, diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido Convergencia, del Partido del Trabajo, cuyos miembros firman al calce de este punto de acuerdo, venimos a poner del conocimiento del pleno una proposición con punto de acuerdo con fundamento en los siguientes hechos:

En los últimos comicios federales Tabasco fue uno de los estados ganados por el Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, esta tribuna ha recogido testimonios y pruebas fehacientes de cómo el PRI, ha venido utilizando las necesidades del pueblo para mantenerse en el poder en el estado de Tabasco.

El condicionamiento del voto a cambio de apoyos del gobierno estatal a los que la población tiene derecho, está documentado. Cabe recordar que en los procesos electorales estatales de los años 1994 y 2000, a cambio del voto el PRI entregó despensas, molinos, bicicletas, máquinas de escribir y de coser, becas educativas, cheques del Procampo y créditos para vivienda...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, diputada.

Se ruega a la Asamblea se sirva respetar a la oradora.

Adelante.

La diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita:

Gracias, señor Presidente.

Durante el desarrollo de ambos comicios se utilizaron recursos federales destinados al desarrollo social para promover a los candidatos, lo anterior lo pudieron constatar los legisladores del grupo plural creado en la Cámara de Diputados en la LVII Legislatura.

Es importante destacar que en las anteriores elecciones a 1988, el PRI obtenía votaciones del 95% del total; sin embargo, a partir de esa fecha se registra una caída permanente de la votación de ese partido en Tabasco. En los comicios para elegir gobernador en 1994, se le atribuyeron a Roberto Madrazo el 57.5% de los votos emitidos, mientras que en 1997 el PRI obtuvo una votación del 51.6% en la elección federal y del 50% en la local. En los comicios federales del año 2000 en el estado de Tabasco el PRI sólo alcanzó el 39.4% de los votos, perdiendo uno de los dos distritos que comprenden la capital: Villahermosa.

Se debe destacar que durante los comicios federales de julio pasado en Tabasco el PRI alcanzó el 47.7% de los votos, para lo cual utilizó todos los medios a su alcance para mantenerse en el poder: dispendio de recursos públicos; control férreo de los medios de comunicación; uso clientelar de programas sociales; utilización de trabajadores, equipo, vehículo y recursos del Gobierno estatal, como apoyo a las campañas políticas de los 6 candidatos a diputados federales. Asimismo, el empleo de las estructuras corporativas de sindicatos y organizaciones vinculadas históricamente a este partido y una compleja red en la que se mezclan indistintamente funcionarios públicos locales federales, funcionarios electorales, representantes populares, gobernantes, caciques regionales, operadores políticos del grupo madracista, además de los recursos que les proporcionan ciertos grupos de empresarios o banqueros. En Tabasco el 6 de julio pasado se presentaron irregularidades y el proceso resultó una elección de estado.

Ante los próximos comicios que se llevarán a cabo en Tabasco el 19 de octubre entrante, el PRI repite ya la estrategia: utiliza las necesidades de la gente para impulsar candidatos y existen evidencias de que se quiere vulnerar una vez más la voluntad ciudadana y la dignidad del pueblo tabasqueño.

Durante las anteriores legislaturas se crearon comisiones especiales para vigilar el uso de recursos públicos federales en las elecciones de Veracruz y Tabasco en 1997; Nayarit, Guerrero y Coahuila en 1999 y los comicios federales del año 2000 y 2003. Ante estas instancias acudieron ciudadanos de organizaciones civiles a denunciar el condicionamiento de la entrega de apoyos federales a la emisión del sufragio. La responsabilidad de los diputados que integraron dichas instancias de la Cámara de Diputados fue la de interponer el peso moral de la representación popular para inhibir la comisión de ilícitos.

No es ni debe ser función de una comisión de este tipo suplantar autoridades ministeriales y electorales en la persecución de supuestos delitos electorales. La creación y el trabajo de las comisiones especiales constituyen una aportación de la Cámara de Diputados al fortalecimiento de nuestra democracia, al contribuir dentro de las facultades y atribuciones que la ley le concede al ejercicio del sufragio en forma libre y consciente, para que la atención a las carencias del pueblo no sea un medio para condicionar la participación cívica.

En este país y desde el Poder Legislativo impulsamos el respeto y la vigencia de los derechos humanos. ¿Y qué pasa con los derechos políticos de los electores mexicanos?, los cuales al no respetarse afectan más trascendentalmente a la comunidad, sea la nación, el estado o el municipio. Cuando se viola el voto se atenta contra la estructura fundamental de la nación, se afecta en suma el futuro de todos los mexicanos.

Actualmente y de cara a la renovación de las 17 presidencias municipales y del Congreso de Tabasco, no hay en Tabasco certidumbre y garantías. En Tabasco no hay legalidad en los actos de la administración, porque no se da el imperio de la ley. Todavía no somos un régimen democrático; ése es el momento al que no hemos arribado particularmente en Tabasco.

Contamos con leyes, sí, con un orden jurídico, sí, pero este orden jurídico no es emanado de elecciones transparentes y equitativas, lo que nos hace suponer que contamos con un Estado de Derecho débil.

Honorable Asamblea: el respeto a la voluntad ciudadana es el camino para construir un país justo, incluyente, digno y democrático. Convocamos a las legisladoras y legisladores comprometidos con la sociedad a que respondan al pueblo que representan.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados firmantes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 fracciones V y VII; 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 39.1, 42, 43 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 71 y 78 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados acuerda la constitución inmediata de una Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales durante el proceso electoral del estado de Tabasco a desarrollarse el 19 de octubre del 2003.

Segundo. Para efectos de este acuerdo, el proceso electoral del estado de Tabasco comprende todos los actos relativos a la preparación de la elección, la jornada electoral del 19 de octubre del año 2003, sus resultados y declaraciones de validez de la elección de dicha entidad.

Tercero. La Comisión Especial durará en funciones el periodo necesario a fin de cubrir en su totalidad el proceso electoral y el tiempo suficiente para la elaboración del informe final.

Cuarto. La Comisión Especial, objeto del presente acuerdo, se integrará por 17 diputados de los cuales cinco serán designados por el grupo parlamentario del PAN; tres serán designados por el grupo parlamentario del PRD; seis serán designados por el grupo parlamentario del PRI; uno será designado por el grupo parlamentario del Verde Ecologista; uno será designado por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y uno más será designado por el grupo parlamentario de Convergencia.

Es cuanto.

Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvien recursos públicos federales durante el proceso electoral del estado de Tabasco de 2003.

Señor Presidente solicito atentamente se publique íntegro este punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Con el permiso de la Presidencia.

Honorable Asamblea:

Las y los suscritos, diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido Convergencia y del Partido del Trabajo, cuyos miembros firman al calce de este punto de acuerdo, venimos a poner del conocimiento del Pleno una proposición con punto de acuerdo, con fundamento en los siguientes

Hechos

En los últimos comicios federales, Tabasco fue uno de los estados ganados por el Partido Revolucionario Institucional; sin embargo, esta tribuna ha recogido testimonios y pruebas fehacientes de cómo el PRI ha venido utilizando las necesidades del pueblo para mantenerse en el poder en el estado de Tabasco. El condicionamiento del voto a cambio de apoyos del gobierno estatal, a los que la población tiene derecho, está documentado.

Cabe recordar que en los procesos electorales estatales de los años 1994 y 2000, a cambio del voto, el PRI entregó despensas, molinos, bicicletas, máquinas de escribir y de coser, becas educativas, cheques de Procampo y créditos para vivienda. Durante el desarrollo de ambos comicios se utilizaron recursos federales destinados al desarrollo social para promover a los candidatos, lo anterior lo pudieron constatar los legisladores del Grupo Plural creado en la Cámara de Diputados en la LVII Legislatura.

Es importante destacar que, en las elecciones anteriores a 1988, el PRI obtenía votaciones de 95 por ciento del total. Sin embargo, a partir de esa fecha, se registra una caída permanente de la votación de ese partido en la entidad. En los comicios para elegir gobernador en 1994, se atribuyó a Roberto Madrazo el 57.5 por ciento de los votos emitidos, mientras que en 1997 el PRI obtuvo una votación del 51.6 por ciento en la elección federal y del 50.0 por ciento en la local.

En los comicios federales del año 2000, el estado de Tabasco fue uno de los ganados por el PRI; sin embargo, sólo alcanzó el 39.4 por ciento de los votos, perdiendo uno de los dos distritos que comprende la capital, Villahermosa.

Finalmente, se debe destacar que durante los comicios federales de julio pasado, en Tabasco, el PRI alcanzó el 47.7 por ciento de los votos, para lo cual utilizó todos los medios a su alcance para mantenerse en el poder: dispendio de recursos públicos; control férreo de los medios de comunicación; uso clientelar de programas sociales; utilización de trabajadores, equipo, vehículos y recursos del gobierno estatal como apoyo a las campañas políticas de los seis candidatos a diputados federales.

Asimismo, el empleo de las estructuras corporativas de sindicatos y organizaciones vinculadas históricamente con el Revolucionario Institucional, y una compleja red en la que se mezclan indistintamente funcionarios públicos locales y federales, funcionarios electorales, representantes populares, gobernantes, caciques regionales y operadores políticos del grupo madracista. En Tabasco, el 6 de julio pasado se presentaron irregularidades y el proceso resultó una ``elección de Estado''.

El partido de Estado no ha terminado de desaparecer; existe y funciona todavía en las entidades federativas donde no se ha desmantelado y en donde no se ha dado la alternancia en el poder, de manera que la vieja estructura política es determinada por la simbiosis entre partido y gobierno, dirigidos éstos por turbios caciques que hacen uso del dinero público, además de los recursos que les proporcionan ciertos grupos de empresarios o banqueros.

Ante los próximos comicios, que se llevarán a cabo en Tabasco el 19 de octubre entrante, el PRI repite la estrategia: utiliza las necesidades de la gente para impulsar candidatos y existen evidencias de que se quiere vulnerar una vez más la voluntad ciudadana y la dignidad del pueblo tabasqueño.

Durante las anteriores Legislaturas se crearon comisiones especiales para vigilar el uso de recursos públicos federales en las elecciones de Veracruz y Tabasco en 1997, Nayarit, Guerrero y Coahuila en 1999 y los comicios federales del año 2000 y 2003. Ante estas instancias, acudieron ciudadanos y organizaciones civiles a denunciar el condicionamiento de la entrega de apoyos federales a la emisión del sufragio.

La responsabilidad de los diputados que integraron dichas instancias de la Cámara de Diputados fue la de interponer el peso moral de la representación popular para inhibir la comisión de ilícitos. No es, ni debe ser función de una Comisión de este tipo suplantar a autoridades ministeriales y electorales en la persecución de supuestos delitos electorales.

La creación y el trabajo de las comisiones especiales constituyen una aportación de la Cámara de Diputados al fortalecimiento de nuestra democracia, al contribuir, dentro las facultades y atribuciones que la ley le concede, al ejercicio del sufragio en forma libre y consciente, para que la atención a las carencias del pueblo no sea un medio para condicionar la participación cívica.

En este país y desde el Poder Legislativo impulsamos el respeto y la vigencia de los derechos humanos. ¿Y qué pasa con los derechos políticos de los electores mexicanos, los cuales, al no respetarse, afectan más trascendentalmente a la comunidad -sea nación, estado o municipio- que al propio individuo, que de inmediato resiente la transgresión?

Hay que recordar que los derechos políticos, fundamentalmente, consisten en la facultad de participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, de votar y ser elegidos en elecciones auténticas y de tener acceso a todo ello en condiciones generales de igualdad.

Cuando se violan los derechos políticos, más que afectar a personas individuales, se afecta a la pieza maestra que estructura la integración de los Poderes de la Unión, de los estados y, en su caso, de los municipios. Cuando se viola el voto, se atenta contra la estructura fundamental de la nación. Se afecta, en suma, el futuro de todos los mexicanos. Mantener esta situación afecta gravemente derechos fundamentales de los ciudadanos.

Cuando en la mayor parte de México se vive el momento de la democratización, que es el de la devolución de la soberanía al pueblo, donde los partidos políticos alcanzan cierto nivel de igualdad de oportunidades en las contiendas electorales, donde las elecciones son libres, transparentes, pero también equitativas, y es el momento en donde los derechos políticos electorales están garantizados constitucionalmente.

Actualmente, y de cara a la renovación de las 17 presidencias municipales y del Congreso local, no hay certidumbre y garantías, en Tabasco no hay legalidad en los actos de la administración, porque no se da el imperio de la ley. Todavía no somos un régimen democrático, ése es el momento al que no hemos arribado, particularmente en Tabasco. Contamos con leyes, sí; con un orden jurídico, sí; pero este orden jurídico no es emanado de elecciones transparentes y equitativas, lo que nos hace suponer que contamos con un Estado de derecho débil.

Honorable Asamblea: El respeto a la voluntad ciudadana es el camino para construir un país justo, incluyente, digno y democrático. Convocamos a las legisladoras y legisladores comprometidos con la sociedad a que respondan al pueblo que representan.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados firmantes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracciones V y VIII, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 39.1, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta H. asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- El Pleno de la H. Cámara de Diputados acuerda la constitución inmediata de una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales durante el proceso electoral del estado de Tabasco a desarrollarse el 19 de octubre de 2003.

Segundo.- Para efectos de este acuerdo, el proceso electoral del estado de Tabasco comprende todos los actos relativos a la preparación de la elección, la jornada electoral del 19 de octubre del año 2003, sus resultados y declaraciones de validez de la elección de dicha entidad.

Tercero.- La comisión especial durará en funciones el periodo necesario a fin de cubrir en su totalidad el proceso electoral y el tiempo suficiente para la elaboración del informe final.

Cuarto.- La comisión especial objeto del presente acuerdo se integrará por diecisiete diputados, de los cuales cinco serán designados por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tres serán designados por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, seis serán designados por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, uno será designado por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, uno será designado por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, uno será designado por el grupo parlamentario de Convergencia por la Democracia.

Diputados: Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, María Guadalupe Morales Rubio, Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Lucio Galileo Lastra Marín, Lizbeth Rosas Montero, Susana Guillermina Manzanares Córdova, Luis Maldonado Venegas, Angélica de la Peña Gómez, Rogelio Franco Castán, José Luis Cabrera Padilla, Edgar Torres Baltazar, Nancy Cárdenas Sánchez, Cristina Portillo Ayala, María Marcela González Salas y Petricoli, Martha Lucía Mícher Camarena, Víctor Suárez Carrera, Eduardo Espinoza Pérez, César Antonio Chávez Castillo, Salvador Martínez Della Rocca, Carlos Hernán Silva Valdés, María de los Dolores Padierna Luna, Emilio Zebadúa González, Angélica Díaz del Campo, Arturo Nahle García, Iván García Solís, Rafael Flores Mendoza, Antonio Mejía Haro, Ana Lilia Guillén Quiroz, Agustín Rodríguez Fuentes, Clara Marina Brugada Molina (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para hablar sobre este mismo tema, se concede el uso de la palabra al señor diputado Lucio Galileo Lastra Marín, del Partido Acción Nacional.

El diputado Lucio Galileo Lastra Marín:

Gracias, señor Presidente, por permitirme el uso de la palabra; honorable Asamblea:

La democracia como valor fundamental de la sociedad, requiere del trabajo continuo de los partidos políticos para enriquecerla y transparentarla, a fin de lograr que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones políticas del país.

Ninguna autoridad podrá gozar del reconocimiento de sus gobernados cuando no procede de contiendas políticas justas. Y si es reprobable un gobierno que se erige bajo prácticas antidemocráticas, más reprobable es aquel que habiendo surgido de una elección que podemos llamar ``aceptable'', usa su investidura para quebrantar el orden en materia electoral.

Este es el caso del Gobierno del estado de Tabasco, el cual, en su afán de impulsar el triunfo de los candidatos de su partido, da muestras de su autoritarismo violentando el Estado de Derecho y atropellando el avance de la democracia en el Estado.

Con hechos reales, podemos mostrar cómo en Tabasco el clima electoral toma rumbos que de no vigilarse, pueden llevar a la descomposición del ya bastante deteriorado ambiente político de la entidad.

Cabe mencionar, que desde tiempo atrás la inconformidad social crece a consecuencia de la represión e intimidación gubernamental de la cual son objeto los ciudadanos que no simpatizan con el partido del Gobierno del estado.

Por ello subo a esta tribuna para solicitar al pleno su apoyo al punto de acuerdo que solicitamos los partidos firmantes, pero subo también para fortalecer dicha solicitud mostrando cómo el Gobierno del estado participa de manera directa en los procesos electorales que ahora se están desarrollando.

Cabe citar que la represión personal ha llegado a extremos tales que el candidato a la presidencia municipal de Emiliano Zapata, del Partido Acción Nacional, por órdenes superiores, se le negó un permiso sin goce de sueldo a su plaza de base en el hospital del municipio, por lo que se vio obligado a renunciar para poder entrar a la contienda quedando así sin posibilidad alguna de reinstalarse en su trabajo a futuro.

El caso del municipio de El Centro, la situación se torna sumamente delicada, en virtud de que los días 7 y 8 del presente, por instrucciones del gobierno del estado fue retirada la propaganda del Partido Acción Nacional, hecho que incluso la estuvo personalmente supervisando el propio gobernador del estado.

Muestro ante ustedes el oficio P/1184/2003, que con fecha 8 de septiembre emitiera el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, documento en el cual consta que las autoridades del estado, en una amañada interpretación de los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 184 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tabasco, decidieron, unilateralmente, retirar la propaganda del Partido Acción Nacional en el municipio de El Centro y esto por el solo hecho de representar una opción de triunfo en dicho municipio.

En el mismo oficio, el Instituto Electoral de Tabasco destaca que las autoridades del estado violentaron el artículo 3º del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado, en virtud de que la aplicación de las normas del Código citado, son facultad exclusiva del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral, pero en ningún momento es facultad del Gobierno del estado.

Asimismo en el oficio de referencia, se hace mención que de haber anomalías en lo conducente a la propaganda, es facultad de las autoridades municipales el aplicar las medidas necesarias, toda vez que así lo determina el artículo 36 fracciones I, LXI y CCXXXV del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio en cuestión.

Honorable Asamblea: ante la probada arbitrariedad con la que se conduce el Gobierno del estado de Tabasco y atendiendo a la forma autoritaria y antidemocrática con la que procede el licenciado Manuel Andrade Díaz, se hace imprescindible solicitar a esta Cámara de Diputados que se adicionen al punto de acuerdo los aspectos siguientes:

Primero. Que la Comisión Especial se forme con carácter de urgente y que tenga como encargo la vigilancia plena del proceso en todo momento y nos brinde al final, un informe del mismo.

Segundo. Se emita un exhorto a las autoridades del estado, para que se conduzcan con estricto apego a las normas electorales de la entidad, y

Tercero. Se encomie el trabajo imparcial que hasta ahora ha mostrado el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, pidiéndole al mismo tiempo, continúe vigilando el cumplimiento de la ley.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para referirse al mismo tema, se le concede el uso de la palabra al señor diputado Francisco Herrera León, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Francisco Herrera León:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Se ha pedido aquí la conformación de una Comisión Especial para la Vigilancia de los Recursos Federales en Tabasco, en relación con el próximo proceso electoral local del 19 de octubre.

Quiero referirme a este asunto en el cual en Tabasco hay un Gobierno legal y legítimamente constituido, avalado por más de 360 mil votos en las elecciones del 5 de agosto del año 2001; Gobierno que tiene un alto sentido social y que en lugar de andar dilapidando recursos en otra parte, lo invierte en el desarrollo social de su pueblo.

La comisión que aquí se pide en otras ocasiones se ha conformado y en todas ellas, en elecciones pasadas, ha quedado debidamente comprobado en Tabasco hay un uso eficiente, escrupuloso, honesto y eficiente de todos los recursos públicos.

Será porque les duele que en el bastión del sureste para el PRI-nacional, para nuestra corriente política, no hayan podido ganar en las últimas elecciones del 6 de julio una sola posición.

Será porque les duele que de las posiciones que ganaron en las elecciones de 1997, en las últimas del 6 de julio, perdieron de todas todas.

Nosotros planteamos que es importante que se vigilen los recursos que están a disposición de los delegados federales en Tabasco, porque como está asentado en medios de comunicación, como lo dice la gente en Tabasco, en horas hábiles hicieron campaña descaradamente en las elecciones del 6 de julio.

Lo mismo se requiere para efectos del Gobierno del Distrito Federal, que como todo mundo sabe, desvía recursos para aplicarlo en beneficio de la gente que habita en el Distrito Federal y canalizarlo a su partido en el estado de Tabasco.

Nuestra corriente política en Tabasco, nos sentimos orgullosos de tener un gobernador como Manuel Andrade, que le cumple a su pueblo, que trabaja para su gente, y que entrega resultados a la ciudadanía. Que gana muy bien las elecciones porque ha hecho política toda su vida, por supuesto, y a nosotros nos parece este asunto, un asunto meramente intrascendente.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que en sus resoluciones dé cumplimiento con el mandato constitucional contenido en el párrafo cuarto del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Manuel Velasco Coello:

Con la venia de la Presidencia; honorable Asamblea; compañeras y compañeros diputados:

Los diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión que firmamos al calce, integrantes de los grupos parlamentarios de Convergencia por la Democracia, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se considere como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El pasado miércoles 4 de septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución que afecta sensiblemente la vida interna de los partidos políticos, particularmente al Partido Verde Ecologista de México y, todavía más, lesiona el principio de certeza, esencial para el Estado de Derecho.

En dicha resolución, los magistrados del Tribunal fueron más allá de lo que le solicitaron las partes, violentando el principio de legalidad que establece claramente que una autoridad sólo puede hacer lo que la ley le dicta y que, en este caso, impone al Tribunal la obligación de ceñirse a las reclamaciones de quienes solicitan su intervención. Lamentablemente, se vuelve más frecuente la tendencia del Tribunal a manifestarse contradictoriamente. Nunca antes fue puesta en duda en el Instituto Federal Electoral ni en el Tribunal Electoral la inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, por eso resultan poco comprensibles los argumentos esgrimidos por el Tribunal, para declarar parcialmente ineficaces los estatutos referidos, cuando para otros efectos y en muchos otros juicios, su validez nunca estuvo en entredicho.

Por eso hacemos un llamado para que el Tribunal no violente el propósito de la reforma de 1996, que le dio forma actual y no es otra que desterrar dudas, incertidumbres y conflictos en los procesos electorales.

No queremos complacencias, pero tampoco arbitrariedades, queremos hacer un llamado para que el Tribunal, frente a cuestiones que son vitales para la gobernabilidad democrática, haga valer el Estado de Derecho en cualquier circunstancia y dé certidumbre a los actos electorales y a los protagonistas políticos. Ya la Corte ha tenido que zanjar las contradicciones en las que el Tribunal ha incurrido, por sostener para casos análogos criterios diversos.

Los magistrados deben responder a las expectativas que ha depositado la ciudadanía en los órganos encargados de vigilar y procurar el correcto desarrollo de la actividad democrática.

Por todo lo anterior, el grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, en sus resoluciones, dé cumplimiento al mandato constitucional contenido en el párrafo cuarto del artículo 41 de nuestra Carta Magna, en el sentido de que el sistema de medios de impugnación electoral en México debe respetar siempre la definitividad de las distintas etapas de los procesos comiciales y evite con ello intervenir en la vida interna de los partidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estadios Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de septiembre de 2003.--- Diputados: Manuel Velasco Coello, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, María Avila Serna, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Fernando Espino Arévalo, Jesús Emilio Martínez Alvarez, Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Raúl Piña Horta, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Leonardo Alvarez Romo, María de la Luz Arias Staines, Luis Antonio González Roldán, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, José Manuel Carrillo Rubio, Armando Leyson Castro, Wintilo Vega Murillo, Germán Martínez Cázares (rúbricas).

No omito manifestar que se someta a votación nominal de acuerdo al artículo 148.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Efectivamente como lo acaba de mencionar el señor diputado que ha hecho uso de la palabra, esta Presidencia ha recibido un escrito suscrito por el número de diputados que exige el artículo 148 del Reglamento, para que la votación en la que la Asamblea determinará si el asunto se considera de urgente y obvia resolución sea nominal.

Por lo tanto, se instruye a la Secretaría para el efecto de que recabe votación nominal, con el propósito de determinar si se considera el asunto de urgente y obvia resolución.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías, por la afirmativa; el Secretario diputado Marcos Morales Torres, por la negativa; diputados: José Javier Osorio Salcido, a favor; Magdalena Adriana González Furlong, a favor; Rogelio Alejandro Flores Mejía, a favor; Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña, a favor; José Jesús Vázquez González, a favor; Regina Vázquez Saut, a favor; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, a favor; Patricia Garduño Morales, a favor; Jesús Antonio Nader Nasrallah, a favor; José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, a favor; Lucio Galileo Lastra Marín, a favor; Israel Raymundo Gallardo Sevilla, a favor; Arturo Robles Aguilar, a favor; María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, a favor; Graciela Larios Rivas, a favor; Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Raúl Pompa Victoria, a favor; José Alberto Aguilar Iñárritu, a favor; Esthela de Jesús Ponce Beltrán, a favor; Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, por supuesto que en contra; Julio Boltvinik y Kalinka, en contra, desde luego; Clara Marina Brugada Molina, en contra; José Luis Cabrera Padilla, en contra; Víctor Manuel Camacho Solís, en contra; Carla Rochín Nieto, sí; María del Carmen Escudero Fabre, sí; José Guadalupe Osuna Millán, a favor; Diego Palmero Andrade, a favor; Ernesto Herrera Tovar, en pro; Sergio Alvarez Mata, a favor; Jorge Luis Hinojosa Moreno, a favor; Marco Antonio Gama Basarte, a favor; Felipe de Jesús Díaz González, a favor; Rómulo Cárdenas Vélez, a favor; José Reyes Baeza Terrazas, a favor; María Martha Laguette Lardizábal, a favor; Lorenzo Miguel Lucero Palma, a favor; Jesús Aguilar Bueno, a favor; Hernández, a favor; José Mario Wong Peréz, a favor; Nancy Cárdenas Sánchez, en contra; Francisco Javier Carrillo Soberón, en contra; María Angélica Díaz del Campo, en contra; Gilberto Ensástiga Santiago, en contra; Pablo Franco Hernández, en contra; Jorge Carlos Obregón Serrano, a favor; Rodrigo Iván Cortés Jiménez, a favor; José Angel Córdoba Villalobos, a favor; Angel Pasta Muñúzuri, a favor; Ramón Galindo Noriega, a favor; Rubén Maximiliano Alexander Rábago, a favor; Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, sí; Manuel Enrique Ovalle Araiza, a favor; Blanca Judith Díaz Delgado, a favor; Norberto Enrique Corella Torres, a favor; Patricia Elisa Durán Reveles, a favor; Federico Döring Casar, en pro; Irene Herminia Blanco Becerra, a favor; Consuelo Camarena Gómez, sí; Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a favor; Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, sí; Oscar Rodríguez Cabrera, sí; Enrique Ariel Escalante Arceo, a favor; Jesús Humberto Martínez de la Cruz, sí; Guillermo del Valle Reyes, a favor; Rosalina Mazari Espín, a favor; Consuelo Muro Urista, a favor; Miguel Amezcua Alejo, a favor; Alejandro Saldaña Villaseñor, a favor; Miguel Angel García Domínguez, en contra; Iván García Solís, en contra; María Elba Garfias Maldonado, en contra; Oscar González Yáñez, a favor; Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, sí; Janette Ovando Reazola, a favor; Raúl Leonel Paredes Vega, a favor; Germán Martínez Cázares, sí; José González Morfín, a favor; Francisco Suárez y Dávila, a favor; Marisol Vargas Bárcena, a favor; María Eloísa Talavera Hernández, a favor; José Julio González Garza, a favor; Rafael Sánchez Pérez, sí; Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, sí; Hidalgo Contreras Covarrubias, a favor; Manuel Gómez Morín Martínez del Río, sí; Martha Leticia Rivera Cisneros, a favor; Jorge Luis Preciado Rodríguez, sí; Luis Maldonado Venegas, a favor; Martín Carrillo Guzmán, a favor; Salvador Sánchez Vázquez, sí; María Hilaria Domínguez Arvizu, sí; Raúl José Mejía González, a favor; Gerardo Montenegro Ibarra, a favor; María Marcela Lagarde y de los Ríos, en contra; Martha Lucía Mícher Camarena, porque no se puede violar la Constitución, en contra; Daniel Ordóñez Hernández, en contra; Luis Eduardo Espinosa Pérez, en contra; Alejandro González Yáñez, a favor; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, a favor; Pedro Vázquez González, a favor; Joel Padilla Peña, a favor; Pablo Alejo López Núñez, a favor; Francisco Javier Valdés de Anda, a favor; José Orlando Pérez Moguel, sí; Miguel Angel Rangel Avila, a favor; Gustavo Enrique Madero Muñoz, a favor; Rocío Guzmán de Paz, a favor; Alfonso Moreno Morán, a favor; Alberto Baruch Barrera Zurita, sí; Fernando Alvarez Monje, a favor; José Felipe Puelles Espina, sí; María Guadalupe Suárez Ponce, a favor; Ricardo Alegre Bojórquez, a favor; Margarita Angélica Ramírez Luna, a favor; Angel Juan Alonso Díaz Caneja, sí; Norma Patricia Saucedo Moreno, a favor; Lorena Torres Ramos, a favor; Roberto Javier Vega y Galina, a favor; Claudia Ruiz Massieu Salinas, a favor; María Elena Orantes López, a favor; Francisco Suárez y Dávila, a favor; Marco Antonio García Ayala, a favor; Jorge Ortiz Alvarado, a favor; José Luis Briones Briseño, a favor; Carlos Martí Jiménez Macías, sí; María Sara Rocha Medina, a favor; Jorge de Jesús Castillo Cabrera, a favor; Benjamín Sagahon Medina, sí; Alfonso Juventino Nava Díaz, sí; Jorge Martínez Ramos, en contra; Horacio Martínez Meza, en contra; María Marcela González Salas y Petricoli, en contra; René Arce Islas, en contra; Pablo Gómez Alvarez, en contra; María de los Dolores Padierna Luna, en contra; María Guadalupe Morales Rubio, en contra; Inti Muñoz Santini, en contra; Salvador Pablo Martínez Della Rocca, de manera similar en contra; José Isabel Trejo Reyes, sí; María Viola Corella Manzanilla, sí; José Sigona Torres, sí; Rubén Mendoza Ayala, sí; Roberto Javier Vega y Galina, sí; Francisco Javier Lara Arano, sí; María del Carmen Mendoza Flores, sí; Patricia Flores Fuentes, sí; Marisol Urrea Camarena, sí; Margarita Ester Gómez del Campo Zavala, sí; José María de la Vega Larraga, sí; Roberto Colín Gamboa, sí; Sergio Penagos García, sí; Manuel Pérez Cárdenas, sí; María Beatriz Zavala Peniche, sí; Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, sí; Marko Antonio Cortés Mendoza, sí; Alejandro Higuera Osuna, sí; Félix Adrián Fuentes Villalobos, sí; Jorge Legorreta Ordorica, sí; Francisco Javier Alvarado Villazón, a favor; Angel Augusto Buendía Tirado, sí; Rogelio Rodríguez Javier, a favor; Eugenio Mier y Concha Campos, a favor; Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, a favor; Oscar Pimentel González, a favor; Jesús María Ramón Valdez, a favor; Fernando Donato de las Fuentes Hernández, a favor; Jesús Zúñiga Romero, a favor; Eduardo Olmos Castro, a favor; Laura Elena Martínez Rivera, a favor; Ricardo Rodríguez Rocha, a favor; Bernardo Vega Carlos, a favor; Rafael Flores Mendoza, en contra; Elpidio Tovar de la Cruz, en contra; José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, en contra; Socorro Díaz Palacios, no; Angélica de la Peña Gómez, en contra; Cristina Portillo Ayala, por supuesto que en contra; Bernardino Ramos Iturbide, en contra; Agustín Rodríguez Fuentes, en contra; Lizbeth Eugenia Rosas Montero, en contra; Eliana García Laguna, en contra; Rocío Sánchez Pérez, en contra; Francisco Javier Saucedo Pérez, en contra; Agustín Miguel Alonso Raya, en contra; Blanca Eppen Canales, sí; Concepción Cruz García, a favor; Rodolfo Esquivel Landa, sí; Ramón González González, sí; Francisco José Rojas Gutiérrez, a favor; Gisela Juliana Lara Saldaña, a favor; Evangelina Pérez Zaragoza, a favor; José Julián Sacramento Garza, a favor; Fernando Espino Arévalo, a favor; María de la Luz Arias Staines, a favor; María Avila Serna, a favor; Jaime del Conde Ugarte, a favor; Luis Felipe Madrigal Hernández, a favor; Ady García López, a favor; Francisco Herrera León, a favor; Abraham Velázquez Iribe, a favor; Alfredo Villegas Arreola, a favor; Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, a favor; Diva Hadamira Gastélum Bajo, a favor; Armando Leyson Castro, a favor; Esteban Valenzuela García, a favor; Oscar Félix Ochoa, a favor; Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón, a favor; Guillermo Huízar Carranza, en contra; José Luis Medina Lizalde, en contra; Antonio Mejía Haro, en contra; Arturo Nahle García, en contra; Edgar Torres Baltazar, en contra; Rosa María Avilés Nájera, a pesar de los argumentos esgrimidos, en contra; Minerva Hernández Ramos, en contra; Gelacio Montiel Fuentes, en contra; Adrián Chávez Ruiz, un esgrimido, en contra; Javier Castelo Parada, a favor; Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, a favor; Pablo Antonio Villanueva Ramírez, sí; José Erandi Bermúdez Méndez, a favor; Armando Rangel Hernández, sí; Bernardo Loera Carrillo, a favor; Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía, sí; Tomás Antonio Trueba Gracian, sí; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, sí; Javier Orozco Gómez, sí; Raúl Piña Horta, sí; Máximo Alejandro Fernández Avila, en pro; Leonardo Alvarez Monje, a favor; Luis Antonio González Roldán, a favor; Alejandra Méndez Salorio, a favor; Jorge Antonio Kahwagi Macari, a favor; Roberto Rafael Campa Cifrián, a favor; Hugo Rodríguez Díaz, a favor; Gonzalo Moreno Arévalo, por supuesto que a favor; Francisco Javier Bravo Carvajal, a favor; Sergio Armando Chávez Dávalos, a favor; Miguel Angel Yunes Linares, a favor; Guillermo Zorrilla Fernández, a favor; Rómulo Isael Salazar Macías, a favor; Pablo Pavón Vinales, a favor; Ubaldo Aguilar Flores, a favor; Gustavo Moreno Ramos, a favor; Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, en contra; Víctor Suárez Carrera, en contra; Santiago Cortés Sandoval, en contra; Horacio Duarte Olivares, no; Francisco Mora Ciprés, en contra; David Ferreyra Martínez, en contra; Miguel Angel Llera Bello, a favor; Francisco Xavier López Mena, a favor; Alberto Urcino Méndez Gálvez, sí; José María de la Vega Larraga, sí; Alfredo Gómez Sánchez, a favor; Fernando Alberto García Cuevas, a favor; Suaized, a favor; Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, en pro; Félix Arturo González Canto, a favor; Emilio Badillo Ramírez, a favor; Roberto Pedraza Martínez, sí; Gonzalo Rodríguez Anaya, a favor; Oscar Bitar Haddad, a favor; Jorge Romero Romero, a favor; Moisés Jiménez Sánchez, a favor; Manuel Velasco Coello, a favor; Francisco Javier Guízar Macías, a favor; Juan Carlos Pérez Góngora, a favor; Elba Esther Gordillo Morales, a favor; Tomás José Ruiz González, a favor; Jorge Uscanga Escobar, a favor; Homero Díaz Rodríguez, a favor; Pablo Anaya Rivera, a favor; Ernesto Alarcón Trujillo, por la afirmativa; Martín Remigio Vidaña Pérez, a favor; Juan Bustillos Montalvo, a favor; Concepción Olivia Castañeda Ortiz, a favor; Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo, a favor; Marco Antonio Torres Hernández, a favor; Alfonso Sánchez Hernández, a favor; Gonzalo Guízar Valladares, a favor; Valentín González Bautista, en contra; José Luis Naranjo y Quintana, en contra; Omar Ortega Alvarez, no; Javier Salinas Narváez, en contra; Jazmín Elena Zepeda Burgos, en contra; Gerardo Ulloa Pérez, en contra; Francisco Chavarría Valdeolivar, en contra; Juan García Costilla, en contra; María Guadalupe García Velasco, a favor; Leonardo Alvarez Ramos, sí; José Juan Bárcenas González, sí; Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, sí; Carlos Joel Tiscareño Rodríguez, sí; Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, a favor; Virginia Yleana Baeza Estrella, sí; Rubén Alfredo Torres Zavala, a favor, Margarita Saldaña Hernández, a favor; Fernando Fernández García, a favor; Arturo Osornio Sánchez, a favor; Sergio Armando Chávez Dávalos, a favor; Fidel René Meza Cabrera, a favor; José Guillermo Aréchiga Santamaría, a favor; José Luis Flores Hernández, a favor; José Porfirio Alarcón Hernández, sí; Jesús Morales Flores, a favor; Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, a favor; Rafael Moreno Valle Rosas, a favor; Francisco Alberto Jiménez Merino, a favor; Juan Manuel Vega Rayet, a favor; María del Carmen Izaguirre Francos, a favor; Quintín Vázquez García, a favor; Jorge Leonel Sandoval Figueroa, a favor; Evelia Sandoval Urbán, a favor; José Manuel Carrillo Rubio, a favor; Federico Barbosa Gutiérrez, a favor; Martha Palafox Gutiérrez, sí; Florentino Domínguez Ordóñez, sí; Gonzalo Alemán Migliolo, por supuesto que sí; Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, sí; Oscar Martín Ramos Salinas, a favor; José Alfonso Muñoz Muñoz, a favor; Enrique Burgos García, a favor; Irma Sinforina Figueroa Romero, en contra; María del Rosario Herrera Ascencio, en contra; Javier Manzano Salazar, en contra; Rafael García Tinajero Pérez, en contra; Yadira Serrano Crespo, en contra; Carlos Seferino Torreblanca Galindo, por la negativa; Margarito Fierros Tano, en contra; Juan José García Ochoa, en contra; Salvador Márquez Lozornio, sí; Alfredo Fernández Moreno, sí; Edelmira Gutiérrez Ríos, sí; Sheyla Fabiola Aragón Cortés, a favor; Homero Ríos Murrieta, sí; Miguel Angel Toscano Velasco, a favor; Raúl Rogelio Chavarría Salas, sí; Francisco José Rojas Gutiérrez, a favor; Alfredo del Mazo González, a favor; Felipe Medina Santos, a favor; Gaspar Avila Rodríguez, a favor; Guillermo Martínez Nolasco, a favor; Isaías Soriano López, a favor; Sofía Castro Ríos, sí; Paulo José Luis Tapia Palacios, sí; Elpidio Desiderio Concha Arellano, sí; Gonzalo Ruiz Cerón, a favor; Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, a favor; Roger David Alcocer García, sí; Angel Paulino Canul Pacab, sí; Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, a favor; Alfonso Rodríguez Ochoa, a favor; María Cristina Díaz Salazar, a favor; Marcela Guerra Castillo, a favor; Julio Horacio Lujambio Moreno, a favor; Javier Alejandro Galván Guerrero, a favor; David Hernández Pérez, a favor; Roberto Antonio Marrufo Torres, a favor; Lázaro Arias Martínez, a favor; Carlos Blackaller Ayala, sí; Angel Eladio Aguirre Rivero, a favor; Mario Moreno Arcos, a favor; Abel Echeverría Pineda, a favor; José Rubén Figueroa Smutny, sí; Alvaro Burgos Barrera, sí; Marcelo Tecolapa Tixteco, a favor; Humberto Francisco Filizola Haces, a favor; José Manuel Abdala de la Fuente, a favor; Sergio Arturo Posadas Lara, a favor; Cruz López Aguilar, a favor; Por el derecho de los mexicanos a un país donde la ley se acate, no se acuerde, Ana Lilia Guillén Quiroz, en contra; Abdallán Guzmán Cruz, en contra; Sergio Augusto Magaña Martínez, en contra; Enrique Torres Cuadros, en contra; Juan Pérez Medina, en contra; Inelvo Moreno Alvarez, en contra; Alfredo Rodríguez y Pacheco, sí; Jesús Tolentino Román, sí; José Rangel Espinosa, sí; Marco Antonio Gutiérrez Romero, sí; Blanca Estela Gómez Carmona, sí; Jesús Angel Díaz Ortega, sí; Jorge Fernando Vargas Franco, a favor; Eviel Pérez Magaña, a favor; Teófilo Manuel García Corpus, a favor; Lino Celaya Luría, a favor; Eduardo Alonso Bailey Elizondo, a favor; Carlos Mireles Morales, a favor; Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, a favor; María Esther de Jesús Scherman Leaño, sí; J. Jesús Lomelí Rosas, sí; Rosario Sáenz López, sí; Jorge Baldemar Utrilla Robles, sí; Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, sí; Julio César Córdova Martínez, a favor; Rafael Galindo Jaime, sí; Fermín Trujillo Fuentes, sí; Pascual Sigala Páez, en contra; Carlos Hernán Silva Valdés, en contra; Israel Tentory García, en contra; Abraham Bagdadi Estrella, en contra; Marbella Casanova Calam, en contra; Juan Carlos Núñez Arma, sí; Julián Angulo Góngora, sí; Pablo Bedolla López, sí; Rebeca Godínez y Bravo, sí; Víctor Ernesto González Huerta, sí; Gema Isabel Martínez López, sí; María Isabel Maya Pineda, sí; Jacobo Sánchez López, sí; José Guzmán Santos, sí; Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, sí; Margarita Martínez López, sí; Adrián Villagómez García, por supuesto que sí; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, sí; Humberto Cervantes Vega, sí; Leticia Socorro Userralde Gordillo, sí; María del Rocío Jaspeado Villanueva, sí; Julián Nazar Morales, sí; Miguel Angel Osorio Chong, sí; Luis Antonio Ramírez Pineda, sí; Francisco Luis Monárrez Rincón, sí; José Angel Ibáñez Montes, a favor; Saracho, aunque les duela a los contreras, Jaime Fernández Saracho, sí; Pedro Avila Nevárez, sí; Emilio Zebadúa González, no; Rogelio Franco Castán, en contra; Marcelo Herrera Hervert, en contra; Juan Francisco Molinar Horcasitas, a favor; Francisco Javier Barrio Terrazas, a favor; Maki Esther Ortiz Domínguez, sí; Renato Sandoval Franco, sí; Jaime Miguel Moreno Garavilla; a favor; Adriana González Carrillo, sí;

Se va a tomar la votación de la Mesa Directiva.

María de Jesús Aguirre Maldonado, sí; Amalín Yabur Elías, sí; Marcos Morales Torres, no; Antonio Morales de la Peña, sí; Francisco Agustín Arroyo Vieyra, sí; Juan de Dios Castro Lozano; sí;

Señor Presidente, el resultado de la votación: se emitieron 356 votos en pro, 85 en contra.

Por tal motivo, señor Presidente, hay una mayoría afirmativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Quiere indicarme, Secretaria, el total de votos emitidos.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Sí, señor Presidente.

El total de votos son 441.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Y a favor?

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Son 356 a favor, 85 en contra, haciendo un total de 441 diputados que votaron.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera el asunto de urgente resolución.

Está a discusión.

No habiendo oradores, se instruye a la Secretaría para que en votación...

El diputado Emilio Zebadúa González (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Emilio Zebadúa.

El diputado Emilio Zebadúa González:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Acabamos de recordar, hace apenas unos instantes, en el posicionamiento que asumimos todos y cada uno de los partidos políticos aquí representados, la importancia que le conferimos a las instituciones democráticas y al proceso legal para la resolución de los conflictos.

Y sin embargo, de manera sorprendente y lamentable, y en respuesta a un fallo, un fallo individual que afecta los intereses de un partido político, el Partido Verde Ecologista de México, se suman la mayoría de los partidos políticos aquí representados en hacerle de manera irrespetuosa, un exhorto a una de las autoridades en las que la ciudadanía y los propios partidos políticos le hemos depositado toda nuestra confianza.

Adicionalmente, un Poder, el Poder Legislativo asume en sí la interpretación de lo que es o no es, la interpretación legal en materia electoral y se atreve, insisto irrespetuosamente, a exhortar a una institución de un poder público distinto, el Poder Judicial y a la autoridad máxima, a la instancia última en materia electoral, a que se apegue, ni más ni menos a que se apegue a las disposiciones jurídicas que lo rigen.

Me parece a mí que no es un buen principio para esta legislatura, sí vamos a estar exhortando a otros poderes a que conozcan y se atengan al cumplimiento de la ley.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con su venia, señor Presidente:

Da pena la falta de memoria de un ex consejero que aprobó los estatutos; pero da pesar la irresponsabilidad de no conocer la Constitución Política de algunos consejeros, ahora convertidos en legisladores.

El artículo 97, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye y cito textual, que: ``la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual, también podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal''. Fin de la cita constitucional.

Como se denota, encontramos en nuestra Carta Magna un precepto de suma importancia en lo que se denomina el Estado de Derecho, por consiguiente, inmerso en este precepto se vislumbra el sustento de la seguridad jurídica en general de todos los integrantes de nuestro país.

Cabe destacar que los principios de la carrera judicial son los de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia y en sistemas jurídicos como el nuestro, en el que los jueces, además de su elevada tarea de decir el derecho, tienen a su cargo buena parte del gobierno y hasta de la política, en tanto sus decisiones, afectan cuestiones de constitucionalidad, lo que resulta fundamental para la vida del Estado.

Esta resolución que ha dado origen a estas discusiones en tribuna, no sólo violentan al Partido Verde Ecologista de México, violentan a todos los partidos políticos en general. Excesos ya hemos visto muchos, cabría recordar muchas incongruencias e inconsistencias en resoluciones con decisiones muy similares.

Las resoluciones no pueden ser permisibles que las dejemos pasar en este seno, ¿o qué acaso cualquier conculcación que violente y trastoque garantías consagradas para todos en nuestra norma fundamental, en perjuicio de cualquier persona o de un ente de interés público en la aplicación de normas y sanciones con carácter o efectos retroactivos cuando afectan situaciones y derechos que han surgido con apoyo en disposiciones legales, cuando surtió sus efectos y ahora lesionan con efectos posteriores situaciones y derechos que están estrechamente vinculados con su fuente y no pueden apreciarse de manera independiente?

¿Podremos estar de acuerdo, me pregunto, en que se violente, en perjuicio de un ente de interés público, actos que deben ser completamente verificables, fidedignos y confiables de tal modo que ofrezcan certidumbre, seguridad y garantías a los ciudadanos y partidos sobre la actuación honesta de las autoridades electorales, que se violente en perjuicio de persona alguna el inobservar escrupulosamente el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las reglamentan, que se vulnere la conservación de los actos públicos perfectamente reconocidos y convalidados? Esa pregunta se la deberían de hacer algunos legisladores en este Congreso.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hechos, el señor diputado Emilio Zebadúa.

El diputado Emilio Zebadúa González:

Con su permiso, señor Presidente:

Me parece a mí que la intervención del señor diputado que me antecedió, ha clarificado en gran medida el propósito del exhorto que una mayoría de partidos políticos y de legisladores buscan aprobar.

Nos recuerda el señor legislador que el artículo 97, párrafo segundo de la Constitución, le faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para nombrar alguno o alguno de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o designar a uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo quisiere el Ejecutivo federal o algunas de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de algún estado, únicamente para que se averigüe de algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.

Entendemos entonces que lo que buscan los partidos políticos y los legisladores con la aprobación de este exhorto, es iniciar una investigación sobre la posible violación legal en su actuación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Algo aun más grave entonces de lo que yo había considerado en una primera instancia, y además el señor diputado nos aclara, por si hubiera duda, que en efecto no se trata de solamente sancionar con este exhorto a los magistrados que han fungido en su cargo por más de siete años, y como dice gozan de la confianza de la ciudadanía y de los partidos políticos sino además investigarlos por lo que él cree, han sido una serie de contradicciones en la interpretación y la aplicación de la ley durante estos siete años, sin que antes su partido se hubiese expresado de la siguiente manera.

Me parece pues grave que la Cámara inicie sus labores, poniéndose en una posición de confrontación con un órgano electoral, máxima instancia en la interpretación de las leyes en materia electoral como es el tribunal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema la diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara hasta por cinco minutos para hechos.

La diputada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados.

El artículo 49 de la Constitución de la República establece a la letra: ``El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial''. Es indispensable para el equilibrio de poderes, el respeto al Poder Judicial.

El Poder Judicial es un órgano especializado para resolver controversias, como lo establece expresamente en el caso del Tribunal Electoral el artículo 99, el cual señala que el Tribunal Electoral, será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

El Congreso de la Unión en una república emite las leyes, el Poder Judicial las interpreta, ¿cómo podemos hacer juicios sumarios para exhortar al Tribunal a que acate la ley?, ¿acaso hemos analizado, hemos examinado los términos de la resolución del tribunal?

Como exjuez de distrito por más de siete años, como magistrada de circuito, como exmiembro del Poder Judicial, les convoco a que respetemos las instituciones de la República, a que no incurramos en intervencionismos que a nada nos autoriza.

Dice el diputado del Partido Verde que en este caso se aplica el artículo 96, porque ese artículo que leyó se refiere a una grave violación de alguna garantía individual.

Diputados y diputadas, ¿cuál garantía individual? Estamos hablando de garantías políticas, de garantías electorales, un juez de distrito desechó la demanda de amparo presentada por el senador Ricardo Aldana el día de ayer, precisamente porque no se le vulneran sus garantías individuales sino garantías políticas, las cuales no están tuteladas por este artículo, y además mandata a la Suprema Corte, que es el órgano máximo del Poder Judicial.

Yo, los convoco, los exhorto, a que respetemos las instituciones de la República, a que no nos erijamos de manera sumaria y sin conocimiento de los fundamentos de la resolución del tribunal en censores, no somos un supremo poder conservador, somos una institución de la República. Respetemos este Congreso y respetemos el Poder Judicial.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra el señor diputado Luis Antonio González Roldán hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con su venia, señor Presidente:

Lo primero que deberíamos establecer aquí es la congruencia. Hace un momento escuchamos un punto de acuerdo donde sí solicitan infiltrarse en la soberanía del Estado de Tabasco.

El texto al que daba lectura un diputado que me antecedió, por el cual daba lectura al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla de violación, grave violación a alguna garantía individual.

Yo quisiera preguntar si el diputado no considera garantía individual ni constitucional, la retroactividad, que la va a encontrar inmersa en el artículo 14, el principio de seguridad jurídica, el principio de certeza.

Nosotros como inquietud permanente y perenne, siempre hemos pugnado por la judicialización de los procedimientos contenciosos electorales en nuestro país. Desde 1977 viene esta inercia, y hasta el día de hoy seguimos construyendo y seguimos avanzando en ese sentido. Pero esta judicialización en el ejercicio contencioso electoral, los actores exponen sus hechos, las argumentaciones y los medios de prueba, ajustándonos a la exigencia técnico-jurídica para su procedencia y fundamentación, por lo cual sólo podemos exigir que se razone y falle en estricto apego a derecho. Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para hablar sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el señor diputado José Luis Medina Lizalde, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Luis Medina Lizalde:

Con su venia, señor Presidente.

Es evidente que el cuestionamiento social a los partidos políticos, nos incluye a todos.

Una de las vías de rectificación de esta realidad procede de la recta impartición de la justicia electoral. Es ampliamente reconocido que el proceso evolutivo democrático, tiene en el progreso del Poder Judicial, en el papel que ha jugado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos tres años, una de sus mejores medallas.

Pretender lesionar el prestigio del Tribunal Federal Electoral como consecuencia de un acuerdo de complicidades conectado con el caso de Ricardo Aldana, es simple y sencillamente actuar con cinismo ante los ojos de la nación. Pretender que en este caso es invocable el principio de no retroactividad que establece el artículo 14 constitucional, es tan disparatado como negar la posibilidad de declarar que una norma es inconstitucional porque ya fue previamente aprobada; porque ya estuvo un periodo, un tiempo, en vigor.

A mí me parece que se está viendo con desconfianza la participación del Poder Judicial en la vida interna de los partidos, en la medida en que los intereses creados al interior de esos partidos ha producido cotos de poder que conspiran contra la democracia.

Entrémosle a vivir una realidad fundada en el derecho y reconozcamos que esta resolución atenta contra el espíritu republicano y contra el sentido común.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los diputados si está suficientemente discutido el tema.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Por la afirmativa está la mayoría, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutido.

Proceda la Secretaría, en votación económica, a consultar a la Asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los diputados si se aprueba el punto en discusión.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría está por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado. Comuníquese.

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ESTADOS DE TAMAULIPAS Y COAHUILA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene la palabra el señor diputado Jesús Humberto Martínez de la Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que libere recursos adicionales para compensar a los agricultores de los distritos de riego 026 y 050.

El diputado Jesús Humberto Martínez de la Cruz:

Con su venia, señor Presidente; Cámara de Diputados:

Los suscritos, diputados federales por los estados de Tamaulipas y Coahuila, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta soberanía exponemos:

Durante el ciclo agrícola 2001-2002, los productores rurales de los distritos de riego 025, bajo Río Bravo; 026, bajo Río San Juan, IV y V unidades, y 050, Acuña-Falcón, no se beneficiaron con el servicio de riego, ya que el Ejecutivo Federal dispuso del agua que les correspondía para abonar el adeudo por este concepto, con Estados Unidos de América, originándoles un quebranto económico cuantificado en 2,295 pesos por hectárea, además de que para cubrir la demanda de agua de uso doméstico de la zona fronteriza fue necesario disponer de agua del distrito 026.

En diversas ocasiones, el tema ha sido analizado y motivado diversos pronunciamientos tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, ambos cuerpos colegiados, que han efectuado acciones de apoyo a los agricultores de estos distritos de riego.

Concretamente, la Cámara de Diputados incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, recursos por 460 millones de pesos destinados a cubrir el daño patrimonial referido, adicionados al presupuesto de la Sagarpa, e instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para pagar a los agricultores las cantidades correspondientes.

Los apoyos económicos establecidos, de acuerdo con la información disponible, fueron aplicados para ese fin, en beneficio de los productores del citado distrito, ya que mediante oficio número 312.A.-000268, de fecha 11 de febrero de 2003, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigido al titular de la Sagarpa, se señaló que estos recursos deberían destinarse únicamente al distrito de riego 025.

El gobernador del estado de Tamaulipas, licenciado Tomás Yarrington Ruvalcaba, informó oportunamente a la Sagarpa el destino de la compensación que por la cantidad antes citada de 460 millones de pesos realizó esa dependencia a los productores del distrito de riego 025, y de las economías obtenidas, que ascienden a un millón novecientos treinta y siete mil cuatrocientos dieciocho pesos, que serán aprovechadas para compensar a los usuarios de los distritos 026, IV y V unidades y 050, las cuales, no obstante, sólo representan aproximadamente el 10% de la necesidad de compensación a productores rurales de ambos distritos, por daños en 8,800 hectáreas, a razón de 2,295 pesos por hectárea, a la vez que ha solicitado a la citada dependencia gestionar ante las instancias competentes, el apoyo que permita cumplir con la justa demanda de nuestros productores.

El gobernador del estado de Coahuila, licenciado Enrique Martínez y Martínez, en reiteradas ocasiones, ha expresado mediante acciones oficiales de gobierno, su solidaridad y apoyo a los productores rurales afectados, y realizado las gestiones pertinentes ante dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, tendientes a resolver la problemática de las familias de los productores, que han resentido los efectos adversos en su economía, a la vez que han visto disminuida su capacidad productiva, en detrimento también de la economía regional. En atención a que en la multicitada partida presupuestal de 460 millones de pesos, no se consideró a los productores de las unidades IV y V del distrito de riego 026 y del 050, Acuña-Falcón, igualmente afectados por los pagos de agua a Estados Unidos, el Senado de la República, a través de sus Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Hacienda y Crédito Público, con fecha 29 de abril del presente año, expidió un dictamen relativo al asunto, en cuyo segundo punto resolutivo, y en lo conducente se determina solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que de las economías obtenidas de la partida presupuestal por 460 millones de pesos, establecida para compensar a los agricultores por los volúmenes de agua que la Federación dispuso para acreditarlos a Estados Unidos y que afectó la disponibilidad de los ciclos agrícolas 2001-2002, se destinen para la aplicación hacia ese mismo efecto, a los distritos de riego 026, unidades IV y V, y 050, Acuña-Falcón, estableciendo que si esos recursos no fueran suficientes, se solicite que éstos sean complementados con recursos provenientes de transferencias de otras partidas presupuestales no ejercidas.

No obstante lo anterior, y con base en la información disponible, a la fecha no ha habido disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Sagarpa, para proceder a la compensación a los productores afectados.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando fundado dar trámite a este asunto como de obvia y urgente resolución, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que destine y libere a la brevedad posible, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los recursos adicionales, suficientes para compensar a los productores de los distritos de riego 026, unidades IV y V, y 050, Acuña-Falcón, por los volúmenes que la Federación dispuso para acreditar a Estados Unidos y que afectó la disponibilidad del ciclo 2001-2002; y

Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, una vez efectuado lo anterior, en coordinación con las autoridades estatales competentes, se realice la entrega de las cantidades correspondientes a los agricultores afectados.

Diputados: Oscar Pimentel González, Jesús María Ramón Valdés, Jesús Zúñiga Romero, Ricardo Rodríguez Rocha, Eduardo Olmos Castro, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Laura Martínez Rivera (rúbricas).

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

En virtud de que el señor diputado que ha hecho uso de la palabra solicita que el asunto se tramite como de obvia y urgente resolución, se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica, si consideran que este tema se tramite como de asunto de urgente resolución.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Por instrucciones de la Presidencia, se le pregunta a los señores diputados en votación económica si consideran que es de urgente y obvia resolución.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia está a discusión el tema.

El señor diputado De las Fuentes tiene el uso de la palabra.

El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández:

Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados:

Sin duda ha sido verdaderamente lamentable el cumplir con el Tratado de Aguas que tenemos celebrado con Estados Unidos de América del Norte, tratado que ha sido cuestionado innumerablemente muchas veces por falta de su vigencia y equidad.

Por ello, en este llamado urgente que estamos haciendo, a través de esta alta tribuna y viendo los ya esperados efectos negativos que con el pago del caudal del agua a Estados Unidos de América del Norte resultan y que han resentido, nuestro estado de Tamaulipas y Coahuila, en perjuicio de nuestros productores en sus ciclos agrícolas.

Por lo cual queremos hacer patente la preocupación de esta Legislatura para que de manera expedita el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación hagan llegar los recursos necesarios para indemnizar a los usuarios de los distritos de riego 026 cuarto y quinto unidades y 050 Acuña-Falcón y de esta manera mitigar por el duro momento que nuestros compañeros y sus familias están pasando y que no pueden esperar más y ver realmente así si el Gobierno Federal voltea su cara al campo y no precisamente para brindarles un subsidio, sino más bien para resarcirles lo que con su trabajo pudieron haber obtenido.

Más aún, queremos hacer en este punto de acuerdo un acucioso señalamiento para que en el presupuesto futuro del Ejecutivo cuente con la provisión necesaria que permita atender los perjuicios que cause seguir cumpliendo con el pago del agua.

Así, de esta manera, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación esté en condiciones de atender este proceso que afecta de manera importante a toda una economía regional.

Asimismo considerar dentro del Presupuesto de Egresos que próximamente estaremos formulando, la posibilidad de inversión en infraestructura hidráulica para la captación y almacenamiento de agua que nos permita aprovechar de mejor manera las escasas precipitaciones pluviales de nuestra región.

Debemos de reconocer las diversas gestiones que tanto los gobernadores de Tamaulipas y de Coahuila, Tomás Yarrington y Enrique Martínez han hecho, al igual que la pasada legislatura y el Senado de la República por tratar de compensar los recursos financieros a los productores y ciudadanos afectados.

Pero en conciencia debemos de seguir señalando de manera severa y puntual que el agua de México debe de beneficiar primero a los nuestros para el consumo humano y para la producción, que ningún tratado, ningún convenio, ninguno, debe de estar por encima de los intereses y bienestar de los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para hablar sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el señor diputado José Manuel Abdala de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Manuel Abdala de la Fuente:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Han sufrido los usuarios de los distritos de riego 025, 026 y 050 y que utilizan aguas de la cuenca del río Bravo, el atropello permanente de la cancelación de sus legítimos derechos de aguas concesionadas, para honrar y favorecer los compromisos con los productores texanos, respondiendo de esta manera a presiones del gobierno de Estados Unidos.

Nunca se ha cumplido con la condición especial que debiera prevalecer de acuerdo con el convenio suscrito desde 1944, cuando la sequía aqueje y afecte la disponibilidad de agua en la cuenca del río Bravo.

Las violaciones a lo convenido están a la vista, se entrega agua de los afluentes no tributarios y con una actitud que pone incluso en riesgo el abasto de agua para el consumo humano en el noreste del país, se modifican minutas y los productores de riego hasta en dos años seguidos terminan siendo productores de temporal y ante la falta de lluvias en años consecutivos ni siquiera siembran.

Cabe aclarar que existe la promesa del Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, de atender este asunto. Ustedes se preguntarán por qué exhortar entonces a las secretarías de Hacienda y Agricultura si contamos con esta promesa. Pero sucede, compañeros diputados, primero, que el daño aconteció en el siglo antepasado y, segundo, que hace dos años, contando incluso con una minuta de compromisos, el apoyo a nuestros compañeros del distrito de riego 025 del norte de Tamaulipas, tardó prácticamente un año; éstos son, entre otros, los argumentos que nos obligan a solicitar la obvia y urgente resolución.

También pedimos que estos recursos tengan suficiencia para atender a todos los afectados, estimados en el orden de 20 millones de pesos.

Termino diciendo que este conflicto hidráulico internacional requiere soluciones de fondo, el mismo que habremos de tratar de nuevo, cuando se replanté la Ley de Aguas devuelta, según lo consignan los medios de comunicación por el Ejecutivo Federal, lo cual en términos prácticos significa un veto presidencial; el segundo en menos de tres años que se ha perpetrado en contra del rural.

Gracias. Es cuanto señor.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra al diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Elpidio Tovar de la Cruz:

Con su permiso, señor Presidente:

Los usuarios de los distritos de riego 026 y 025 de Tamaulipas sufren no sólo los embates de estos tratados internacionales que afectan el agua que reciben para su riego, sino también de algunos asuntos de carácter interno como son el diferendo existente fundamentalmente entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas, por la construcción de la presa El Cuchillo, que afectó e impactó la producción del distrito de riego número 026.

Este distrito de riego número 26 hay alrededor de 5 mil usuario; son 67 mil hectáreas las que abarca este distrito de riego. Cuando en el año de 1952 se emitió un decreto presidencial para que las aguas del río San Juan estuvieran en la presa Mar Terre Gómez y regaran este distrito, los agricultores podían recibir hasta tres riegos en el ciclo.

Hoy, sin embargo, reciben uno solo y esto ha afectado la producción enormemente.

En esta zona del distrito de riego número 26 se produce fundamentalmente el sorgo, los precios de referencia del sorgo por tonelada son de 1 mil pesos y en un año como éste en el que hubo lluvias y más o menos abundantes y que se produce un promedio de tres toneladas por hectárea, podríamos señalar que son tres mil pesos por hectárea lo que se obtiene de la producción. Si consideramos que hay un promedio de 20 hectáreas en un productor, estaríamos considerando aproximadamente 60 mil pesos y el costo de la producción del sorgo absorbe el 75%, solamente el 25% queda de utilidad, de tal manera que los usuarios de estos distritos de riego están sufriendo, sin duda, no solamente la carencia de agua por lo que ya hemos explicado, sino también el efecto de los bajos precios de su producto.

Por esa razón consideramos que es de urgente y obvia resolución y apoyamos la propuesta de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito en este sentido.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra, al señor diputado Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputadas y diputados:

En efecto, 10, 11 años dramáticos de sequía en el norte de la República laceraron los ingresos, las condiciones de vida, las oportunidades de muchas generaciones de jóvenes que entraban a la vida productiva y que no tuvieron otra alternativa que ir a buscar refugio para la sobrevivencia emigrando hacia Estados Unidos de América del Norte.

Es evidente que durante esa época no fue posible por ningún concepto cumplir con las cuantiosísimas cuotas que el Tratado de Limites y Aguas de 1944 impuso a México para retribuir al valle de Texas a los agricultores de ese estado.

No obstante, la infraestructura, las condiciones de productividad de los agricultores de Texas no resintieron las graves carencias del líquido y su Producto Interno Bruto, su producción, continuó en niveles relativamente razonables mientras que la producción en México se redujo dramáticamente.

No obstante esta condición que era palpable, que era conocida por todos, el Presidente Vicente Fox cuando recibe en su rancho San Cristóbal al Presidente Bush apenas en los primeros días de enero de 2001, consiente con él en esta plática que México pagará cinco años atrasados de la dotación del líquido que no había podido cumplir por causas de fuerza mayor, precisamente por la sequía que agobió a todo nuestro territorio.

El hecho ni siquiera se conoció por la prensa en México ni siquiera lo conocimos los mexicanos porque nos lo dijeron las autoridades de agricultura, las autoridades de Relaciones Exteriores, la noticia brotó nada menos que en la prensa de Washington cuando ya los comisionados de la Comisión de Aguas de México estaban acordando con Estados Unidos la forma en que se pagaría esta supuesta deuda del líquido vital.

Y ahí acordaron, en Washington, nos enteramos por el New York Times, que México había cedido en pagar esa deuda y que los paganos, que los afectados directamente en primera instancia, lo serían los agricultores del norte de Tamaulipas, seguirían los de la cuenca del Conchos de Chihuahua y rebotaría también en el norte y en el sur del estado de Coahuila.

Yo creo que era absolutamente posible el defender como una causa de fuerza mayor, la imposibilidad de haber cumplido con el tratado y en todo caso denunciarlo ante La Haya para que se revisase después de más de medio siglo de vigencia y puesto que las condiciones climatológicas de la República y del mundo entero han cambiado, han cambiado dramáticamente.

De esta suerte pues, creo de procedencia inmediata y de ineludible obligación de esta representación, abordar este tema y excitar a las autoridades correspondientes a que den clara información de lo que aquí está pasando tanto de las aguas del Colorado que en efecto nos llegan de Estados Unidos, como las del río Bravo que nosotros les enviamos a los texanos.

De esta suerte podremos tener los elementos y el conocimiento de causa para tomar una decisión, pero sobre todo proteger a los campesinos, a los agricultores nacionales que se han visto castigados por esta unilateral decisión cupular que ciertamente no consultó a la representación nacional ni a ellos mismos, a las asociaciones de campesinos y agricultores de estos estados que sufren la agonía de la falta de agua.

Por tanto, Convergencia se suma a esta resolución, a esta excitativa, a este acuerdo para que de inmediato se solicite a la autoridad competente su informe y su apoyo para la preservación de nuestros derechos acuíferos en esta delicada zona del norte de la República.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica, se le pregunta a los diputados si está suficientemente discutido.

Los que estén por la afirmativa, por favor levantar la mano... Suficientemente discutido.

Los que estén en la negativa, de favor levantar la mano... Mayoría a favor, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a tomar la votación, en votación económica.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Alías:

En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los que estén por la afirmativa, por favor... Aprobado. Comuníquese.

En la negativa... La mayoría afirmativa, diputado Presidente.

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SIDA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene la palabra el señor diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del estado de Guerrero a ejecutar íntegramente la campaña específica de prevención del VIH-SIDA, iniciada el 12 de agosto y suspendida una semana después.

El diputado Inti Muñoz Santini:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

Hacemos uso de la palabra en esta tribuna para proponer a esta soberanía un exhorto para consideración de la Asamblea y recordar que uno de los derechos fundamentales de la población mexicana es el derecho a la salud, tal y como está plasmado en el artículo 4º, párrafo tercero de nuestra Constitución, bajo los siguientes

Considerandos

Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho, el Estado tiene la obligación de proveer los servicios y realizar las acciones necesarias que contribuyan a que así sea. En ese sentido, uno de los instrumentos indispensables para lograr este propósito, son las campañas de prevención de enfermedades.

Como es sabido, una de las epidemias que ha tenido una incidencia constante en el resquebrajamiento de la salud de un segmento de la población mexicana es el VIH/SIDA. Baste señalar, que de acuerdo a los datos proporcionados por CENSIDA, desde 1983 hasta inicios de abril de 2002, se habían diagnosticado en nuestro país 51,684 casos de esta enfermedad. Ahora bien, como no todos los casos son diagnosticados por CENSIDA ni reportados a ésta, la cifra real de afectados es sin lugar a dudas mucho mayor. Esta realidad hace prioritario el diseño y puesta en marcha de programas específicos dirigidos a ese sector de la población para prevenir dicha epidemia.

En función de estas consideraciones, la Secretaría de Salud del estado de Guerrero, a través del Programa de VIH/Sida de aquella entidad y contando con la estrecha colaboración de diversas organizaciones civiles, lanzó una campaña preventiva específica en respuesta a la emergencia epidemiológica. Esta campaña inició el 12 de agosto y debía concluir hasta el 12 de septiembre del presente año.

Es importante destacar, diputadas y diputados, que la campaña en cuestión, observa escrupulosamente las directrices marcadas por la declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA, firmada por nuestro país en junio de 2000 en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Es decir, que se inscribe plenamente en la lucha global contra esta enfermedad que en muchos países se acerca a una pandemia y que no reconoce fronteras ni territoriales, ni sociales, ni económicas, ni religiosas, ni de cualquier otro tipo.

Asimismo, la campaña sigue las pautas fijadas por las recomendaciones del ONUSIDA y está en total concordancia con el Plan Nacional de Acción 2000-2006 para el control del VIH/Sida del Gobierno Federal. En todos estos documentos, se establece como una prioridad el diseño de políticas preventivas dirigidas a los sectores de la población más vulnerables y expuestos a los riesgos de la infección.

La campaña constaría de dos tipos de spots de radio y la publicación de información en medios impresos sobre la prevención del VIH/SIDA a través del uso correcto del condón. Esta información sería retomada de los boletines que la propia Secretaría de Salud estatal emite a los diarios. Sin embargo, desde el inicio de esta campaña, la jerarquía católica en el estado de Guerrero y en particular el Arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, tomó la decisión de cuestionar severamente el desarrollo de la misma, debido a su contenido específico, ya que según él, cito: ``la Secretaría de Salud de Guerrero no llevaría a cabo una campaña donde se promociona el sexo entre hombres y mucho menos que usen condón''. Más aún, el arzobispo aseguró que de él dependía, cito de nuevo: ``que esa campaña no continúe'' y que le constaba que no saldría más esa publicidad.

La actitud del prelado no pasaría de ser una anécdota más de la postura de la jerarquía católica sobre temas de salud sexual, sino fuera porque, ante tal embate, la Secretaría de Salud del estado decidiera, a una semana de haberse iniciado, suspender esta campaña, como sí respondiera a la voluntad del Arzobispo.

Si fuera el caso que la Secretaría de Salud del estado de Guerrero, hubiera suspendido esta campaña por las presiones del Arzobispo de Acapulco, estaríamos frente a una grave violación del carácter laico del Estado mexicano. La definición de las políticas públicas, y más aún las relacionadas con la prevención y la preservación de la salud pública, bajo ninguna circunstancia puede estar sujeta a la voluntad de instituciones de carácter religioso.

Por lo antes expuesto, me permito proponer a esta soberanía que, con toda la autoridad y la responsabilidad que le confiere el ser depositaria de la voluntad popular expresada a través del sufragio, sume su voz a las cada vez más numerosas voces que desde la sociedad civil plantean la urgente necesidad de garantizar el derecho a la salud de los y las mexicanas, la cual se ve amenazada por el avance de la epidemia de VIH/SIDA; así como de reafirmar y defender el carácter laico del Estado mexicano. Para éllo, y con fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso, someto a su consideración el siguiente:

Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución.

Unico: La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del estado de Guerrero, para que a través de la Secretaría de Salud Estatal y el Programa de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, se restablezca de inmediato la campaña preventiva específica que promovía e informaba sobre el uso del condón, iniciada el 12 de agosto del presente año y suspendida una semana después. Asimismo, esta soberanía insta a los gobiernos estatales de toda la República a impulsar y profundizar campañas abiertas de prevención de este tipo en todo el territorio nacional.

Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 11 de septiembre de 2003.--- El diputado Inti Muñoz Santini, grupo parlamentario del PRD.

Asimismo, esta soberanía insta a los gobiernos estatales de toda la República, a impulsar y profundizar campañas abiertas de prevención de este tipo en todo el territorio nacional.

Signan esta propuesta un número importante de diputados del Partido de la Revolución Democrática, el compañero diputado Alejandro González Yáñez, a nombre del grupo parlamentario del PT, también nos han manifestado su intención de signarla los compañeros diputados de la fracción de Convergencia y también diputados del Partido Revolucionario Institucional, han manifestado estar dispuesto a suscribirlo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

El diputado Mario Moreno Arcos (desde su curul):

Señor Presidente, solicito la palabra para rectificar echos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Diputado Mario Moreno, tiene el uso de la palabra.

El diputado Mario Moreno Arcos:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

Primeramente quiero hacer entrega de una estrategia de comunicación educativa y movilización social para la prevención y control del VIH/SIDA.

Con atención hemos escuchado las preocupaciones y la propuesta de punto de acuerdo del compañero diputado, el exhorto más bien del compañero diputado Inti Muñoz acerca de la suspensión de la campaña de comunicación para la prevención y control del SIDA, que vienen desarrollando las autoridades de salud del estado de Guerrero y una gran diversidad de organizaciones civiles.

Como guerrerenses, los diputados federales de nuestra entidad agradecemos la preocupación del compañero diputado, porque esto mucho ayudará a fortalecer el apoyo a estos trabajos. Le agradecemos más, sobre todo, porque esta preocupación por Guerrero pudiera ayudar incluso para que una campaña similar en objetivos y mucho mayor en alcances pronto pudiera existir en el país, y por qué no, en esta capital de la República, parar ampliar la esperanza de vida lamentable y cada vez más amplio grupo bajo riesgo del SIDA.

Deseo en primer lugar compartir con esta soberanía que la campaña a la que se ha referido el compañero diputado no ha sido suspendida ni se ha reducido, ni está referida solamente a una estrategia de comunicación en medios masivos; la campaña que ahora motiva nuestra preocupación es más que una jornada de comunicación, es un amplio programa de desarrollo comunitario y movilización social que la envuelve, que tiene que ver con importantes esfuerzos de prevención y control, que incorpora el trabajo en defensa de los derechos humanos de los pacientes, las acciones para erradicar el estigma y la discriminación de los afectados; programas con enfoque de género y servicios de apoyo comunitario y asesoría legal.

A su vez, la parte de esquema de control y prevención que tiene que ver con la comunicación y divulgación de la campaña tiene vertientes varias, entre las que destacan la utilización en los medios electrónicos impresa y exterior, además de la propia que se desarrolla persona a persona en los grupos y lugares de presencia o existencia de la población objetivo. Dicha campaña de comunicación no se ha suspendido ni mucho menos se ha reducido, sino por el contrario, se ha ampliado al 31 de diciembre de este mismo año.

Ahora bien, tampoco se ha modificado por causa diferente a la propia estrategia creativa y a la conducción técnica de la misma. Marcha en radio, televisión, medios impresos y cara a cara, conforme a las pautas diseñadas y a la disponibilidad presupuestaria. Ello implica, como cualquier otra campaña, a la administración de medios, al control de pautas y a la renovación y reposición de materiales según los efectos y metas que se vayan consiguiendo y a los impactos de aceptación y penetración de los mensajes diseñados.

La siempre difícil aceptación de cualquier campaña que se relacione con aspectos de la vida privada de las personas y de las conductas y preferencias sexuales de los grupos humanos, siempre encontrará explicable resistencia, pero no nadie puede estar por encima de un programa que para nosotros los guerrerenses, tiene la más alta prioridad, salvar la vida de muchos de nuestros hermanos.

Ello no puede ser ignorado si no tomado centralmente en cuenta; es precisamente en función del mejor tratamiento comunicaciones que los programas de comunicación pública deben considerarlos matices necesarios para cumplir con los objetivos de política de salud, tratando de eludir las situaciones de conflicto y confrontación. La salud hoy, es un compromiso de todos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Salud. En tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso legislativo.

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Con qué objeto?

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio (desde su curul):

Para rectificar hechos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le concede el uso de la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos.

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio:

Con su permiso, señor Presidente:

Sin lugar a dudas, todos estamos de acuerdo en que la lucha contra el VIH/SIDA, debe de ser una lucha prioritaria, no tan sólo a nivel nacional sino también para el estado de Guerrero.

El derecho a la salud, es un derecho universal; en el caso que nos ocupa, en el estado de Guerrero el programa fue suspendido, no ha habido promoción en los medios masivos de comunicación que impulsaran la campaña nacional en el periodo establecido.

Públicamente la Secretaria de Salud aceptó que era un programa nacional, pero también se lavó las manos. Necesitamos mayores niveles de coordinación en el sector salud tanto a nivel nacional como a nivel estatal.

Nosotros lo que estamos pidiendo, es que se retome el programa, que los esfuerzos se encaminen para promover el tema del VIH/SIDA, independientemente de los partidos políticos.

Hacemos nosotros este llamado para que los grupos vulnerables se vean favorecidos no de discurso, sino en los hechos. En Guerrero, la lucha contra el SIDA ha provenido también y hay que decirlo, por los organismos no gubernamentales, pero es necesario que en el marco de la campaña nacional en Guerrero, también se le dé continuidad.

Es tanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

Los siguientes dos puntos del orden del día han sido retirados por los diputados que los registraron.

En consecuencia tiene el uso de la palabra, en el siguiente punto del orden del día, el señor...

El diputado Iván García Solís (desde su curul):

Señor Presidente, yo no he retirado mi punto de acuerdo.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Todavía no le corresponde, señor diputado.

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GAS LP
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se instruya que se adopten las medidas necesarias, a efecto de otorgar un precio especial en la venta de gas licuado de petróleo a las personas adultas mayores para uso doméstico, aplicable en todo el territorio de la República Mexicana.

Adelante.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:

Con su venia, diputado Presidente.

El suscrito, diputado Emilio Serrano Jiménez, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de otorgar un precio especial en la venta de gas licuado de petróleo (LP) para uso doméstico a las personas adultas mayores, aplicable en todo el territorio nacional, conforme a los siguientes

Antecedentes

I. Que, de acuerdo con el artículo 7º, fracción II, de la Ley Federal de Competencia Económica, corresponde a la Secretaría de Economía, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras dependencias, determinar mediante acuerdo los precios máximos que correspondan a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o para el consumo popular.

II. Que mensualmente el Ejecutivo Federal publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece el precio máximo del gas LP que rige para ese periodo.

III. Que desde 1946 se inició la comercialización del gas LP como una alternativa para sustituir la utilización de combustibles vegetales, como el carbón y la leña en las casas habitación de las zonas urbanas; en la actualidad, el gas LP es el combustible utilizado por más del 95 por ciento de los hogares mexicanos.

IV. Que a partir de 1994 se inició un proceso de agresivo encarecimiento del producto. En ese año, sufrió un incremento del 22.4 por ciento: en la Ciudad de México, el cilindro de 20 kilogramos se vendió a 18.22 pesos, actualmente tiene un precio de 128.40;

V. Que un proceso de elevación de precios de tales características ha dañado la economía familiar y ha rebasado desproporcionadamente el ingreso de obreros, jornaleros, campesinos, burócratas, discapacitados, jubilados y, en general, de todos los trabajadores mexicanos. Basta destacar que de 1994 a la fecha el salario mínimo se ha incrementado en alrededor de un 86 por ciento y el precio al público del gas LP ha aumentado en 605 por ciento.

VI. Que el precio regulado por la Secretaría de Economía de diciembre de 1999 a septiembre de 2003, tuvo un incremento del 53 por ciento. El precio sigue elevándose, sin una regulación eficiente, en perjuicio de las clases más desprotegidas, incluyendo de manera especial a las personas adultas mayores.

VII. Que Pemex vende dicho producto a las gaseras a 0.55 pesos el kilogramo y el costo de operación es de 1.75 pesos, lo que suma 2.30 pesos. Si las gaseras lo venden al público a 6.42 pesos, tienen una ganancia de más del 300%.

Considerandos

1.- En la reglamentación vigente sobre la comercialización de bienes y servicios básicos, se ha considerado que, por razones de orden público e interés social, es necesario establecer que el gas LP se sujete a un precio máximo de venta al consumidor.

2.- Dicho energético es indispensable para la vida de una familia. A pesar de ser un producto imprescindible, aún hay miles de familias en zonas urbanas que carecen de este servicio, por las condiciones de miseria extrema. Por la vía legislativa, insistiremos, en lo personal y como partido, en presentar una iniciativa que plantee soluciones a este problema.

3.- La transición demográfica por la que atraviesa México al disminuirse la natalidad e incrementarse la esperanza de vida, ha significado el envejecimiento de la población, con las implicaciones económicas, sociales y políticas que acarrea.

4.- Esto es más sensible en relación con el consumo que hacen las personas adultas mayores de este producto, quienes, habiendo entregado su vida, energía y esfuerzo a la sociedad, ven mermadas sus capacidades productivas y sus posibilidades de ingreso.

5.- México tiene alrededor de 7 millones de personas adultas mayores de 60 años y más. De esta población específica, de acuerdo con cifras oficiales, solamente alrededor del 25% goza de una pensión de vejez y de jubilación con un ingreso de 1,230.00 pesos mensuales en promedio.

Las necesidades de esta población son mayores que las del resto, por estar expuesta a enfermedades crónicas degenerativas, lo que aumenta sus requerimientos y encarece su atención a la salud. Añádase que sus capacidades y habilidades han disminuido y que, al ser víctimas de discriminación laboral, e incluso del abandono familiar, sus oportunidades de acceso a un ingreso digno y suficiente son casi nulas.

6.- Las personas adultas mayores deben contar con la garantía de un ingreso que les permita tener una calidad de vida digna y decorosa, por lo que nos permitimos proponer a esta honorable Asamblea que se exhorte al Presidente de la República a que gire sus instrucciones a efecto de que se adopten las medidas pertinentes, a fin de que se otorgue a las personas adultas mayores el beneficio de una reducción del 50 por ciento del precio de venta del gas LP.

Con las facultades que corresponden el titular del Poder Ejecutivo puede instruir al secretario de Economía, a efecto de que en el acuerdo mensual por el que se determina el precio máximo al público por el gas LP se establezca una reducción del 50 por ciento a las personas adultas mayores.

En mérito de lo expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio constitucional de división de poderes, exhorta al C. licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que, en el ámbito de sus facultades, instruya al secretario de Economía, a efecto de que en la fijación del precio máximo al consumidor de gas licuado de petróleo (LP), incluyendo los servicios y costos involucrados en su entrega al usuario final, se establezca una reducción del 50 por ciento en beneficio de las personas adultas mayores.

Segundo.- Para los efectos de este acuerdo, se entenderá por persona adulta mayor la mujer o el hombre que exhiba credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, acta de nacimiento o credencial de elector mediante la que acredite que tiene 60 años o más.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2003.--- Diputados: Emilio Serrano Jiménez, Pedro Vázquez González, Jorge Kahwagi Macari, Jaime Moreno Garavilla (rúbricas).

Hoy en la mañana llegaron un grupo de más de 1 mil 500 jubilados y pensionados a las puertas de este recinto legislativo. Salió una comisión formada por diputados de diferentes fracciones y claramente escuché que decían todos los diputados de todas las fracciones, que iban a apoyar a los adultos mayores.

Su servidor les dijo que no bastan los rollos ni los discursos, el apoyo se ve aquí, aquí donde el voto vale, cuenta y repercute en perjuicio o en beneficio de los adultos mayores.

Quiero hacer notar que el Partido Acción Nacional ve con buenos ojos este planteamiento, el licenciado Federico Döring, diputado federal, el diputado Francisco Salazar, aunque vamos a discutir los métodos. Pero se ve la voluntad.

Sabemos que aquí en el Partido Revolucionario Institucional hay diputados conscientes, no así el vicecoordinador de su fracción.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias.

Para hablar sobre este mismo tema se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Avila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Pedro Avila Nevárez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hace unos minutos escuchábamos al compañero del Partido de la Revolución Democrática, poner aquí a consideración de todos los diputados de este honorable Congreso de la Unión, esa petición tan sentida, este punto de acuerdo tan sentido en donde pide que al gas licuado se le dé un precio especial para las personas adultas mayores que existen en toda nuestra República.

Yo quiero ir más allá, porque fue el gran Presidente Lázaro Cárdenas, salido de las filas de nuestro partido en aquel entonces el PNR, el que nacionalizó el petróleo para todos los mexicanos. Y es precisamente un suplemento del petróleo el que está pidiéndose aquí que se dé a un precio especial para los adultos mayores.

Yo pido aquí a todos los compañeros diputados, que no sólo sea para los adultos mayores ese precio mayor. En Venezuela el Presidente Chávez, el gas se los regala a los pobres de Venezuela. Yo aquí quiero decirles que el gas a la gente humilde de México, se le venda a un precio especial y que no se aumente cada mes como se está haciendo. El Presidente Fox ofreció en su campaña que no iba a aumentarse el gas ni la energía eléctrica, por eso yo pido que esto no sea para los adultos mayores solamente, sino que sea para todos los pobres de México.

Y también pido a este honorable Congreso de la Unión, como se lo pedí al Presidente el día 1º que lo interpelé, que se dé curso a esa iniciativa del Senado de la República, que está aquí el decreto, que se le dé curso para que vuelva el subsidio de la energía eléctrica a todos los pobres de México, que hay por miles y que este gobierno los está haciendo cada vez más pobres.

Nos unimos a esa iniciativa llena de patriotismo. Y yo pido aquí a todos los compañeros diputados, un aplauso para el Presidente Lázaro Cárdenas y para el gran mexicano Adolfo López Mateos, que nacionalizaron el petróleo y la industria eléctrica.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se concede el uso de la palabra al señor diputado Emilio Serrano Jiménez para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:

Con su venia, señor Presidente; compañera, compañeros diputados:

Qué bueno que estamos de acuerdo en uno de los puntos más trascendentales para la vida de los adultos mayores.

Y como decíamos, no basta el discurso ni las palabras bonitas ni el rollo. Qué bueno que estamos de acuerdo y si el Partido Revolucionario Institucional dice que está de acuerdo, le pido al Presidente de la Mesa Directiva que lo ponga a votación en este momento. Vamos a ver si el voto cuenta o no cuenta.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. En tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Procesos Legislativos.

El siguiente punto de la orden del día ha sido retirado por el diputado que lo registró.

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FRIJOL, PRECIOS DEL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, continuando con la orden del día, tiene el uso de la palabra el señor diputado Fernando Ulises Adame de León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales a tomar medidas precautorias para garantizar precios del frijol ante la inminencia de la cosecha del mismo.

El diputado Fernando Ulises Adame de León:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Estoy utilizando este espacio para solicitarle a esta soberanía un punto de acuerdo para la comercialización del frijol, el que se encuentra todavía en las bodegas de los estados de Durango, Zacatecas, Sinaloa y Nayarit, y también para la comercialización del frijol que ya está saliendo de la cosecha del año 2003.

Esto ha generado mucha tensión entre los productores y por eso nos parece relevante tocarlo en este momento.

En los últimos días hemos escuchado una cantidad importante de discursos que se relacionan con la pobreza; hemos visto con interés la vehemencia que utilizamos al hablar de los pobres de México, especialmente de los pobres del campo de México.

No cabe duda que ésta es la tarea más importante que tiene el Gobierno Federal, pero también es la más importante que tienen los gobiernos de los estados y los gobiernos de los municipios; incluso es la tarea más importante que tenemos los diputados y los senadores.

El discurso y el reto tienen que encaminarse a combatir la pobreza en el campo. Hoy como nunca el tema del campo está de moda y lo está de verdad. Todos los días se firman acuerdos, se arrancan programas y se manifiestan grupos, pero para los campesinos, los de a de veras, éste es el tema de siempre.

Escuchamos las voces de los líderes de los países del mundo, escuchamos la voz del nuestro, en donde piden a los países grandes del mundo que se detenga el apoyo desmedido a los apoyos en el campo.

Al final habremos de ver que solamente los que cumplimos ese cometido habremos terminado con nuestros campesinos y los que no se quedarán como dueños de la soberanía de los alimentos en el mundo.

En mi opinión yo creo que nosotros no deberíamos de ser tan buenos. La sociedad ha sido testiga de cómo los productores han dejado de creer y defienden su patrimonio con lo que tienen y con lo que pueden porque es de sus hijos.

Hay muchos casos, incluso hay algunos que se han vuelto célebres: por ejemplo, el de los piñeros de Veracruz y de Oaxaca, el de los cafeteros de Puebla, el de los meloneros de Tlahualilo, el de los lecheros de traspatio de Lerdo, en Durango. Pero también el de los macheteros de San Mateo Atenco, el de los caballos de aquí del Congreso de la Unión y antes que de los de Cancún, los desnudos de los 400 Pueblos.

Pero otros están esperando acercarse al centro del país o llegar a los medios de comunicación donde se les ponga atención.

En nuestros estados nosotros lo vemos, lo vivimos a diario. ¿cómo? Los ganaderos están pasando por su peor crisis, lo mismo que los productores de maíz y de forrajes, no se diga de los forestales o los del semidesierto.

Pero ¡aguas! Pongamos atención especial en los frijoleros de Zacatecas, de Durango, de Chihuahua, de San Luis, de Nayarit y de Sinaloa. Estos productores han empezado ya a manifestarse y están apunto de ser menos pacíficos.

La pregunta es obligada: ¿Para qué dejar que esto suceda? Si todos coincidimos en que los productores de frijol son junto con los ixtleros los más pobres de los campesinos.

Sabemos que para los norteamericanos el frijol es un buen negocio, es una gran empresa. Para nosotros es una forma sencilla de llevar la vida. Es sin duda una actividad que promueve la estabilidad nacional y tal vez hasta sea fuente de seguridad.

Debemos de mostrar en congruencia que lo que hemos dicho todos aquí en esta tribuna, somos capaces de llevarlo a los hechos.

Algunos hemos pensado que hay desaciertos en la comercialización interna del frijol, porque hay que saber que los mexicanos somos grandes consumidores del producto; no somos los más grandes del planeta, pero sí somos también el mercado más atractivo del mundo, por desordenado, porque no tenemos control de calidad y porque en este país todo se vende.

Hay que hacer notar también que desde hace mucho tiempo México no es autosuficiente en producción de frijol.

Poco a poco fuimos perdiendo nuestra superficie y también nuestro interés, aunque la población creció. Hoy nuestra producción promedio no va más allá de 400 kilos por hectárea. Con cuatro hectáreas promedio por productor y con una inversión de hasta 2 mil 300 pesos por hectárea, un precio menor a seis pesos significa pérdida para el productor y lo hay por mucho.

Yo me pregunto: ¿Cómo es que México produce entre 700 y 900 mil toneladas de frijol y consume un millón 200 mil? Es decir, nos faltan de 300 a 500 mil toneladas para satisfacer la demanda nacional. Si los cupos de importación son de apenas de 70 mil toneladas, entonces ¿por qué el frijol de nosotros no se puede vender? No entiendo como es que el frijol norteamericano de más de 5.50 en su precio base, es el que está en los anaqueles todo el año y si consideramos el volumen de importación y el tiempo de permanencia, entonces alguien está jugando con nosotros.

¿Quién se queda con los ocho pesos que es la diferencia del precio entre el productor y el consumidor? ¿Quién permite que los anaqueles estén siempre llenos en los supermercados con frijol de importación?

Escuché con atención al Presidente de la República, Vicente Fox. Lo escuché en su discurso de Cancún y me pareció congruente. Yo creo que está en su papel. Y lo festejo como el resto de los mexicanos, pero algo raro sucede: ¿Por qué Banrural y otro banco en el norte de México? El día de hoy, temprano, estaban en proceso de rematar cerca de 20 mil toneladas de frijol de Durango a 1 peso con 50 centavos. Esto, para cobrar una deuda de 23 millones de pesos que se hizo o que se obtuvo para la comercialización del frijol.

No hay que ser un experto para saber que una sola persona que compre este volumen puede inundar el mercado. No hay que ser muy listo para entender que este volumen de frijol pone en riesgo el precio de toda la producción nacional en este país para el próximo año.

Yo creo, y eso habrá que comprobarlo, que alguien está metiendo la mano en un proceso de esta naturaleza. El ciclo 2003 ya inició su cosecha y habrá nuevamente una producción alta y habrá nuevamente acaparadores que fijen precios por debajo del costo de producción y yo me pregunto: ¿En un solo año más que tengamos de esa naturaleza qué van a hacer los 500 mil productores de frijol? No tenemos 500 mil espacios de trabajo disponibles para ello.

Por todo esto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados federales integrantes de distintos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados nos permitimos presentar a esta honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

``De urgente y obvia resolución:

Primero. Que Banrural detenga en este momento el proceso que ha iniciado para subastar el frijol de Durango. Entendemos que es parte del finiquito de la institución, pero ese frijol en el mercado enviará a la ruina a la mayor parte de los productores de este país.

Segundo. Que se exhorte a la Sagarpa para que considere dentro de su proyecto de programa de egresos del próximo año un apoyo directo a la comercialización del frijol, sin tantos trámites. Un apoyo directo como lo tienen el maíz, el sorgo y el trigo, que si bien el frijol no cotiza en la Bolsa de Chicago, muchos productores mexicanos viven de ello y es producto o es causa de estabilidad social.

Tercero. Solicitar en su momento a los compañeros diputados integrantes de esta Legislatura que van a ser parte de las comisiones de Presupuesto y de Agricultura, que vigilen que dentro del Presupuesto de Egresos esté considerada una partida especial para la comercialización del frijol.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Procure concluir, señor diputado.

El diputado Fernando Ulises Adame de León:

Es cierto que hubo otros proyectos, pero por lo tortuoso se ha generado dificultad en su operación. Para la economía del país el frijol no es un producto estratégico, para la seguridad nacional es un producto de verdad importante.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución para solicitar al Ejecutivo Federal su intervención en el proceso de la comercialización del frijol.

Con su premiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

Utilizo este espacio para buscar en esta soberanía el apoyo para un punto de acuerdo sobre la comercialización del frijol remanente del ciclo 2002 y el que está saliendo del ciclo 2003, pero remarco en el de los estados del centro y del norte que, después de un año, no han podido vender su cosecha y, por lo mismo, se acumula mucha tensión entre los productores.

Considerandos

En los últimos días hemos escuchado una cantidad importante de discursos que, con vehemencia, se refieren a la pobreza y -particularmente- a la que está creciendo en el campo de México. No cabe duda de que ésta es la preocupación fundamental del Gobierno de la Republica y de los otros niveles de gobierno, igual que entre todos los legisladores. El discurso y el reto son detener el avance de la pobreza en el campo.

Hoy, como nunca, el tema del campo está de moda, y lo está de verdad: todos los días se firman acuerdos, se arrancan programas y se manifiestan grupos, pero para los campesinos, los de a de veras, éste es el tema de siempre.

Escuchamos las voces de los líderes de los países pobres, como el nuestro, que piden el cese de los subsidios desmedidos a los productos del campo, pero los grandes no escuchan, solamente nosotros los atendemos. Al final, habremos seguido una instrucción, pero nos habremos quedado sin campesinos.

Los que no obedecieron serán dueños del control de los alimentos. En mi opinión, no deberíamos ser tan buenos.

La sociedad ha sido testigo de cómo los productores han dejado de creer y defienden su patrimonio con lo que tienen o con lo que pueden, porque es el de sus hijos. Hay muchos casos e, incluso, algunos se han vuelto célebres: el de los piñeros de Veracruz y Oaxaca, el de los cafeteros de Chiapas, los meloneros de Tlahualilo y los lecheros de traspatio de Lerdo, en Durango, los macheteros de San Salvador Atenco y hasta los caballos de San Lázaro y antes que los de Cancún, los desnudos de los 400 pueblos.

Pero otros están esperando acercarse al centro de la República o, desde sus comunidades, hacerse notar por los medios de comunicación. En nuestros estados se hallan desesperados los productores de carne de cerdo y de res, los productores de maíz y de forrajes, los forestales madereros y los del semidesierto... Y cuidado, mucha atención a los productores de frijol de Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, San Luis, Guanajuato y Durango.

Estos productores ya empezaron a manifestarse y quieren ser menos pasivos.

La pregunta es obligada: ¿para qué dejar que esto suceda si todos coincidimos en que los productores de frijol son, junto con los ixtleros, los más pobres entre los campesinos?

Para nosotros, a diferencia de los estadounidenses, el frijol no es un buen negocio, no es una gran empresa, sino una forma tradicional y sencilla de llevar la vida. Es sin duda una actividad que promueve la estabilidad nacional y tal vez hasta sea fuente de la seguridad del país.

Debemos demostrar, pues, que hay congruencia entre lo que hemos dicho toda la semana y lo que hacemos realmente.

Algunos hemos pensado que hay desaciertos en la comercialización interna del frijol, pues hay que saber que en verdad somos grandes consumidores, pero ya no los primeros en el mundo. Nos hemos convertido en el mercado blanco más interesante del planeta por lo desordenado, por no tener controles de calidad y porque aquí todo se vende.

Hay que hacer notar también que desde hace tiempo México no es autosuficiente en producción de frijol: poco a poco fuimos perdiendo nuestra superficie y nuestro interés, pero la población creció. Hoy, nuestra producción promedio apenas si es de 400 kilogramos por hectárea, en no más de 4 hectáreas por productor, que invierte alrededor de 2,300 pesos por hectárea por ciclo.

Con esos números, el precio promedio nunca debe ser menor de seis pesos por kilogramo. Y sí lo es, y por mucho.

Me pregunto: si México produce de 700 mil a 900 mil toneladas por año y consume 1 millón 200 mil -es decir, nos faltan de 300 mil a 500 mil toneladas para garantizar el abasto- y si los cupos apenas si son de 70 mil, ¿por qué el frijol de Zacatecas, de Nayarit, de Sinaloa o de Durango tiene cerca de un año en las bodegas o en las casas de los productores sin poder venderse a ningún precio? ¿Por dónde entra el frijol que compite con el nuestro? ¿Quién está jugando con nosotros para permitir que el frijol que se importa de Norteamérica a un precio superior a 5.50 se venda antes que el nuestro?

El frijol de nosotros tiene la misma calidad y presentación y no se vende por encima de tres pesos; y ---créanlo, señores legisladores--- hoy en Zacatecas y Durango hay ofertas de compra de 1 peso con 50 centavos, y ``si queremos''.

¿Quién se queda con los ocho pesos de margen entre el productor y el consumidor? ¿Quién permite que en los anaqueles de los centros comerciales haya sólo frijol pinto americano, negro Michigan o peruano todo el año cuando, por el volumen concertado de importación y por su ritmo de consumo, en un mes debería terminarse?

Escuché con atención al Presidente Fox en su discurso de Cancún y me pareció congruente. Creo que está en su papel, y lo festejo, como el resto de los mexicanos, pero algo raro sucede más abajo.

¿Por qué el Banrural y otro banco privado pretenden subastar a partir de hoy las casi 20 mil toneladas de frijol de Durango en 1 peso con 50 centavos para cobrarse así los 23 millones que facilitó para financiar la comercialización del producto de 2002?

No hay que ser experto para saber que si ese producto es subastado y comprado por una sola persona o por un grupo, va a ofertarse como lote en las grandes cadenas comerciales del país hasta en tres o cuatro pesos. Esa señal la recibirá el mercado como si hubiese frijol en exceso.

Habrá una sensación de saciedad. Sólo por eso, el frijol que se produzca en el próximo ciclo en el país podría venderse por debajo de su costo de producción e, incluso, a dos pesos, como en este año.

Para el ciclo 2003, en el que ya se inició la cosecha, habrá nuevamente una producción alta y se juntará con el remanente del año anterior y será también un pretexto para que los acaparadores fijen ofertas por debajo del costo real. Vender en dos pesos es perder más de tres pesos por kilogramo; y otro año de pérdidas, como el anterior, obligará a que más de medio millón de frijoleros busquen otra cosa que hacer, pero ¿en dónde?

Para generar un empleo, se requiere una inversión importante. Hagamos las cuentas de lo que se requiere para generar otro medio millón. En Durango, hay 40 mil productores de frijol, en Zacatecas 100 mil; ¿cómo enfrentaríamos esa demanda?

Por todo lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales, integrantes de distintos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

1. Que se pida al Banrural que detenga en este momento el proceso que ha iniciado para subastar el frijol de Durango. Entendemos que es parte del finiquito de la institución, pero ese frijol no debe salir al mercado. Debe implantarse una estrategia como la que hace el gobernador de Durango a la Sagarpa para dejar ese frijol como reserva, para no enviar una mala señal al mercado. Por 20 mil toneladas arriesgaremos más de 1 millón.

2. Que se exhorte a la Sagarpa a que considere en su proyecto de egresos para 2004 un apoyo directo a la comercialización del frijol, sin trámites imposibles, un apoyo directo, como lo tienen el maíz, el sorgo o el trigo. Aunque el frijol no cotice en la bolsa de Chicago, es el cultivo más social que tenemos. Hagamos cuentas: un peso por kilogramo, este año son mil millones, menos de 20 por ciento de los apoyos directos que reciben los otros productos. Cuando Estados Unidos retire sus subsidios, nosotros también los retiraremos.

3. Solicitar, en su momento, a los compañeros diputados que van a integrar las Comisiones de Presupuesto y de Agricultura en esta Legislatura que no omitan considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 un apoyo suficiente y directo a la comercialización del frijol, que tenga esquemas más simples y ágiles que los que con buena voluntad se han generado, pero que, por lo tortuoso de su operación, en ningún estado han cumplido su objetivo.

Para la economía de la nación, tal vez el frijol no es un producto estratégico, pero para la estabilidad social del país, bien vale la inversión.

Firman la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución los siguientes legisladores: Fernando Ulises Adame de León, Francisco Luis Monárrez Rincón, Jaime Fernández Saracho, Pedro Avila Nevárez, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Hilaria Domínguez Arvizu, Cruz López Aguilar, Sara Rocha Medina, Wintilo Vega Murillo, Antonio Mejía Haro, Rafael Flores Mendoza, Arturo Nahle García, Amalia García Medina, Guillermo Huízar Carranza, Luis Medina Lizalde, José Isabel Trejo Reyes (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En virtud de que el diputado que ha hecho uso de la palabra solicita que se tramite como asunto de urgente y obvia resolución, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Está a discusión el punto de acuerdo.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado José Isabel Trejo Reyes, del Partido Acción Nacional.

El diputado José Isabel Trejo Reyes:

Con su permiso, señor Presidente; honorables diputadas y diputados:

Hago uso de la tribuna para en alguna medida reforzar el punto de acuerdo acerca de este tema que en opinión del grupo parlamentario del PAN no debe de quedar al margen de las discusiones nacionales, como lo es la comercialización de granos y para el caso debemos subrayar en la situación particular del frijol.

En el contexto de un problema nacional para los productores del frijol, desde septiembre del año 2000 y ante la posible importación de 45 mil toneladas de dicho grano, sin que aún pudieran venderse 120 mil toneladas de frijol mexicano que se encontraba en bodegas, nuestro grupo parlamentario de Acción Nacional, apoyado por el resto de los grupos parlamentarios, planteó al Presidente Fox que detuviera dichas importaciones.

Con el tiempo se obtuvo éxito. También obtuvimos respuesta de la Secretaría de Agricultura y de la propia Cámara de Diputados, ya que se concretó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, un fondo de apoyo para comercializar frijol del orden de los 560 millones de pesos. Diríamos que aquello fue un inicio razonable, ya que el mercado del frijol siempre será difícil, muy difícil, quizá el más complicado mercado de todos los granos básicos nacionales.

Una vez que en el presupuesto se lograron subsidios, se reconoce que entre Aserca, y la Sagarpa, los gobiernos de los estados y productores no se han logrado hasta el momento las mejores condiciones de justa aplicación de dicho subsidio, de ahí que resulte legítimo que en esta Legislatura varios diputados de Zacatecas y de otras entidades productoras de frijol, nos demos a la tarea de buscar alternativas de apoyo, con la intención de concretar mejores opciones en los nuevos mercados del frijol.

Es cierto que los requisitos para el ejercicio del subsidio para la comercialización del frijol parecen tortuosos, por lo que es justo que los diputados de las comisiones legislativas involucradas en el tema, al momento de la respectiva elaboración del Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal lo tomen en cuenta, para que las reglas sean más accesibles, pero también responsables y sobre todo sin ningún margen potencial de manipulación electorera.

La crisis en el precio del frijol es una situación que se presenta recurrentemente y que puede agravarse, ya que se aproximan los periodos de desgravación arancelaria establecidos en el Tratado de Libre Comercio.

Honorable Asamblea legislativa: todos aquí sabemos que el problema principal de la agricultura mexicana no radica esencialmente en la producción sino que se concentra en un altísimo porcentaje directamente en la comercialización, donde la mayor parte de beneficio se la llevan los intermediarios y no le llega a los que producen.

Y para el momento que nos ocupa es necesario subrayar que como resultado del acuerdo nacional para el campo, se tiene como avance la creación de programas especiales con recursos para la capitalización y el fomento productivo del subsector frijolero. Pero naturalmente son insuficientes, por lo que es justo decir aquí y ahora, que muy bien le vendría al campo una gran reforma hacendaria que permita un proceso más agresivo de capitalización de nuestro campo mexicano, que nos permita disminuir las asimetrías y los desleales subsidios de las economías agrícolas altamente apalancadas.

Se han realizado acciones para diseñar dentro del acuerdo instrumentar y vigilar la aplicación de los mejores instrumentos en materia de cupos de importación y en la revisión de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, se acordó una investigación contra prácticas desleales de comercio o de condiciones de salvaguarda.

En el espíritu y letra del acuerdo, en todos los casos las importaciones serán complementarias a la producción nacional y de ninguna manera serán competencia.

Compañeras y compañeros diputados: paralelamente el Gobierno Federal elaboró y remitió a Estados Unidos y Canadá, un documento que aporta elementos técnicos para una posible revisión de las cláusulas negociadas en el Tratado de Libre Comercio para la importación de maíz blanco y frijol.

Nosotros nos comprometemos como grupo parlamentario a darle seguimiento al asunto y a seguir apoyando a los frijoleros de México.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el tema.

Los diputados que estén por la afirmativa...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento señor Secretario ¿Con qué objeto?

Se le concede el uso de la palabra para rectificar hechos hasta por cinco minutos. La diputada, perdón, la diputada Hilaria tiene el uso de la palabra para hechos hasta por cinco minutos.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu:

Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Es muy fácil decir que hay una iniciativa y que sea mandar a Estados Unidos y Canadá y se dice que el origen del problema de las ramas de producción o de las cadenas productivas como la rama que nos ocupa en estos momentos del frijol, se dice que no es problema de la producción sino de la comercialización.

Es un problema de origen, es un problema de política agropecuaria inexacta, inexistente y de una falta de planeación no sólo de las ramas de producción sino de un desarrollo rural integral agropecuario que en estos momentos es uno de los problemas torales y muy sentidos que golpea enormemente a las campesinas y a los campesinos de México.

El problema del frijol para 11 estados productores, nueve de ellos en primavera verano, y dos como Nayarit, Sinaloa otoño-invierno, tenemos siete años pagando un precio de 16 pesos semilla certificada. Cuando nosotros sembramos nos cuesta cada hectárea 7 mil 500 y si no regamos dos, nos cuestan 4 mil pesos hectárea. Los compran a 2 mil 800 tonelada a 2000 o a 200 el kilo o a 400, es lo más, cualquiera de las variedades de que se trate, ni siquiera los costos de producción sacamos mucho menos la autoridad que llegue al bolsillo de la familia campesina y si hay un problema en estos momentos en Durango de una pignoración que tiene Banrural y que lo quiere rematar en una remesa a 150 no es culpa de los productores, es culpa de un sistema caduco, irresponsable, insensible que no he entendido y no se la ha jugado con los productores mexicanos. Por eso apoyo en todos sus términos la propuesta de mi compañero diputado que Banrural se abstenga en estos momentos de hacer esa subasta y que se corte a la Sagarpa para que exista un apoyo adicional para esos productores de esas 40 mil toneladas. Se espera una cosecha en estos momentos de más de 1 millón de toneladas en el país, con estas grandes lluvias, lo dijo mi compañero diputado de mi grupo parlamentario del PRI, nosotros los mexicanos consumimos 1 millón 200 mil toneladas, solo los grupos de importación este año entraron 70 mil toneladas.

El asunto es que hay mucho contrabando de frijoles y ¿qué están haciendo las autoridades hacendarias?, las que están en la frontera por qué permite, que viene a desperdigar nuestra economía de los campesinos de México, por eso exhorto e invito a esta honorable Asamblea que votemos en favor de la propuesta de mi compañero diputado de mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; necesitamos de darle certidumbre, firmeza a los hombres y a las mujeres del campo, ya basta que nosotros los campesinos paguemos por aquellas ciudades y aquellos grandes capitalistas que se han hecho ricos a costa de los pobres.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al señor diputado Antonio Mejía Haro.

El diputado Antonio Mejía Haro:

Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:

La importancia socio-económica del frijol es diferente entre países.

Para Estados Unidos es una fuente importante de divisas, mientras que para México el frijol, junto con el maíz son parte esencial en la alimentación de la mayoría de los mexicanos.

México ocupa el cuarto lugar en producción a nivel mundial, con aproximadamente un millón de toneladas producidas en dos millones de hectáreas; producción similar tiene Estados Unidos pero con una gran diferencia, que las produce en 700 mil hectáreas, el equivalente de lo que siembra el estado de Zacatecas.

Esto se debe a los bajos rendimientos unitarios que tenemos en México de aproximadamente 600 kilogramos por hectárea, contra los obtenidos en Estados Unidos que son del orden de los 1 mil 700 kilogramos. México a partir de los años ochenta se convirtió en un país importador comprando alrededor de 300 mil toneladas anuales, principalmente de Estados Unidos.

No somos un país autosuficiente en frijol, entonces ¿por qué hay excedentes de frijol cada año si los cupos de importación apenas alcanzan a las 75 mil toneladas? La respuesta es sencilla y se encamina a decir que hay contrabando técnico y es contrabando técnico porque no entra en las cajuelas, entra en los furgones, entra en los barcos y debemos parar este contrabando técnico como fue el compromiso en el Acuerdo Nacional para el Campo.

Aproximadamente, el 85% de la superficie que se siembra en el país se realiza bajo condiciones de temporal, por lo que esta actividad depende en buena medida de qué y cuánta agua se distribuya en el ciclo, así como de la presencia de las heladas; o sea, es una actividad totalmente incierta.

Entre los productores de frijol la preocupación nunca desa-parece; si llueve, tienen problemas; si no llueve, también tienen problemas, porque cuando hay cosecha ésta no se las compran o se las compran muy barato, esto debido a un excesivo intermediarismo en la comercialización del frijol. El sistema producto-frijol ha sido uno de los discriminados, aunque aquí se haya dicho lo contrario; solamente en el 2000 se otorgaron esos recursos, de ahí en adelante el frijol no ha sido considerado al igual que es el sorgo o el maíz o las oleaginosas y otros granos.

Se apoyó con 560 millones de pesos en el 2000 lo que eran totalmente insuficientes para tener un acopio que permita incidir en el precio del frijol. La cosecha del ciclo primavera-verano de este año está por iniciarse, tanto en Zacatecas y Durango que produce el 50% a nivel nacional.

Por el régimen de lluvias que hemos tenido se presume que tendremos una cosecha de regular a buena; omito mencionar las cifras para no dar señales negativas al mercado y para no generar más especulación, pero también nos preocupa la información que se ha dicho en esta tribuna de que en el estado de Durango se van a rematar 20 mil toneladas de frijol y esto desde luego, nos afecta, no solamente a Durango, sino a todos los estados productores de frijol, porque puede contribuir al desplome de esta leguminosa.

Por lo anterior, nos manifestamos en pro del punto de acuerdo presentado ante esta honorable Legislatura y proponemos lo siguiente:

1. Que el Gobierno Federal a través de Aserca y el Gobierno del estado de Durango, así como la integradora estatal y el Banrural encuentren estrategias para la comercialización del frijol referido, pero que éste no sea liberado al mercado a precio de remate.

2. Que se constituya una alianza estratégica entre los estados productores de frijol para acordar los precios de salida, de acuerdo a variedades y calidades de la cosecha que se avecina.

La Sagarpa suele destinar cuando menos 650 millones de pesos anuales...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado, le ruego concluir.

El diputado Antonio Mejía Haro:

Termino señor Presidente... por los cinco años siguientes para acrecentar los fondos estatales y así incidir en el precio del frijol.

También es importante que veamos que se excluya del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica al frijol, por razones de seguridad y soberanía alimentarias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra al señor diputado Víctor Suárez Carrera, hasta por cinco minutos, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Víctor Suárez Carrera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

El problema de la comercialización del frijol es un problema recurrente a partir de que por decisión del gobierno priísta de Carlos Salinas de Gortari, se negoció a espaldas de los intereses de la nación y de los productores el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Es importante que el señor diputado que presenta el punto de acuerdo reconozca, que sí hay problemas en la comercialización del frijol es resultado de las decisiones de su partido y de los gobiernos priístas, que han causado la entrega de la soberanía alimentaria de nuestro país.

Porque es muy fácil presentar ahora un punto de acuerdo demagógicamente y no reconocer que la causa de estos problemas es la desaparición de toda intervención del Estado en los mercados, la eliminación de los precios de garantía y el dejar a los pequeños productores de frijol a expensas del llamado mercado libre y de las importaciones.

Si verdaderamente estamos interesados en los problemas de la producción y de la comercialización de los productores del frijol, debemos de pronunciarnos por cambiar este modelo de entrega de la soberanía alimentaria. En ese sentido también es importante que recuperemos el papel del Estado en la regulación y ordenamiento de los mercados agrícolas; son 10 años de fracaso que tenemos que reconocer.

Es importante también otro punto que se le olvida muchas veces a los diputados del PRI y también a los del PAN, necesitamos impulsar la organización autónoma de los productores de frijol. Y basta del control clientelar y corporativo de los productores, como es el caso de algunas de las integradoras estatales de frijol, como la de Durango, que están bajo el control clientelar del gobierno del estado y está sumido en malos manejos, como lo demuestra la auditoría que practica Aserca a la integrada, así que también tenemos que trabajar por la autonomía y la independencia de los productores y eliminar el tutelaje corporativo que tanto daño ha hecho al campo mexicano.

En este sentido como PRD, apoyamos la necesidad de una solución urgente a la problemática de comercialización del frijol, pero en el marco de una estrategia de cambios estructurales. En el Acuerdo Nacional para el Campo, establecimos un compromiso para una nueva política para el campo y la renegociación del apartado agropecuario del Telecan. Ahí los quiero ver a ver si los del PRI, el PAN verdaderamente están en disposición de apoyar a los productores del frijol.

La otra cosa es excluir al frijol del TLC y de todo tratado de libre comercio y necesitamos, insisto, respetar y apoyar la organización autónoma de los productores, porque de esa manera ellos estarán en condiciones de defender sus legítimos intereses y no solamente estar operando en función de los intereses clientelares de muchos gobiernos de los estados, como el Gobierno de Durango.

Propongo finalmente que se llame y exhorte a la Secretaría de Agricultura para una reunión extraordinaria del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, para analizar este punto y proveer las soluciones emergentes, pero en el marco de un cambio estructural.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

El diputado Arturo Nahle García (desde su curul):

Para rectificación de hechos, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra, don Arturo Nahle.

El diputado Arturo Nahle García:

Con su venia, señor Presidente.

El frijol constituye un grano básico, fundamental en la dieta del pueblo mexicano. Nuestro país consume cada año un millón 200 mil toneladas de frijol y nuestro país sólo produce alrededor de un millón de toneladas. No somos pues, como aquí se ha dicho, autosuficientes en la producción de frijol, entonces por qué, entonces por qué los productores de frijol de Zacatecas, Durango, Nayarit, Chihuahua y Sinaloa fundamentalmente, tienen que estar vendiendo su cosecha en dos pesos el kilo, cuando aquí cualquier ciudadano que vaya a un supermercado lo encuentra en 14, 20 y hasta 24 pesos.

La razón es muy sencilla: el año pasado tuvimos una producción récord de frijol gracias a las intensas lluvias que se presentaron. Todavía hay frijol embodegado del ciclo agrícola pasado. Este año se vaticina nuevamente una producción récord gracias a las lluvias que se han registrado en los estados productores. A eso hay que agregar los volúmenes de frijol que se importan producto de los cupos establecidos en el Tratado de Libre Comercio y agregarle además los que ingresan a este país producto del contrabando. Por eso el frijol está como está, porque hay una sobreoferta en el mercado producto también de los tiempos en que se levantan las cosechas de este producto.

Si a eso agregamos que Banrural el día de hoy pretende rematar 20 mil toneladas, con esto vamos a saturar todavía más el mercado y con eso vamos a castigar todavía más el precio de este producto y a los miles y miles de campesinos que se dedican a ello. Por eso este punto de acuerdo, por eso se ha planteado como de urgente y obvia resolución. Estamos pidiendo a Banrural que suspenda ese remate, esa licitación de 20 mil toneladas de frijol a 1.50. Ojalá que contemos con el apoyo y la aprobación de todos ustedes para este punto de acuerdo.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, don Arturo Nahle García.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si los puntos de acuerdo están suficientemente discutidos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente: la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutido.

Proceda la Secretaría a recoger la votación

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría para la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado. Comuníquese.

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EDUCACION MEDIA SUPERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para tomar medidas urgentes a fin de dar respuesta en su totalidad a la demanda de educación media superior en el país.

El diputado Iván García Solís:

Ciudadano Presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados:

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como recibiendo también el apoyo de diputadas y diputados de otros grupos parlamentarios, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, una proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

CONSIDERANDOS

1. La educación es una actividad que cobra una importancia creciente en el mundo y en nuestro país. El desarrollo nacional y la tendencia internacional indican que hoy es indispensable aumentar el nivel de escolaridad y señaladamente reforzar la calidad de la enseñanza.

México es un país en el que pese a avances registrados en décadas anteriores, aún se mantienen elevados déficit de cobertura en diferentes niveles. Ello es especialmente notorio en la educación media superior y superior.

En la primera, para ilustrarlo de manera fehaciente, sólo cinco de cada diez jóvenes en edad de cursarla acceden a cualquiera de las instituciones en que ésta se imparte, repito, sólo la mitad de los que tienen derecho a entrar.

En el ciclo escolar que recién se inicia, muchos miles de alumnas y alumnos de todo el país han quedado fuera de las aulas en el nivel de preparatoria, por la insuficiente oferta de servicio educativo público. Ello, es inaceptable, no sólo por la injusticia que este fenómeno encierra, sino por el hecho de que dicho tramo escolar se convierte de más en más, en una parte de la educación básica. Así ocurre en la mayor parte de los países desarrollados y en otros de similar desarrollo al nuestro.

En el caso del Distrito Federal y su zona metropolitana, por ejemplo, región donde hace algunos años las autoridades educativas federales implantaron el llamado examen único para seleccionar a alumnos solicitantes y distribuirlos en planteles de ese ciclo, se ha hecho más evidente la insuficiente e inadecuada oferta de planteles públicos.

Estimaciones conservadoras sitúan en más de 60 mil el número de alumnas y alumnos que, o fueron rechazados o debido a razones diversas, ingreso prematuro al trabajo, insatisfacción con el lugar que les fue asignado u otras, quedarán fuera de las aulas; es decir, el examen se ha convertido también en un instrumento de eliminación y dijé- ramos, discriminación educativa.

Debe decirse, que el nivel medio superior de la enseñanza es el que cuenta actualmente con un número mayor de modalidades, sin que debiera ser así, la mayor parte de las cuales ofrece a los alumnos no sólo la formación propedéutica necesaria para que puedan continuar sus estudios, sino también salidas terminales para aquellos que no quieran o puedan seguir estudiando.

Este último tipo de opciones, las terminales, que ha sido privilegiado por las autoridades en los últimos 30 años, no es en cambio el preferido por los alumnos y sus familias, quienes en su inmensa mayoría pretenden que sus hijos e hijas sigan estudiando.

Esto hay que tomarlo muy en cuenta para cambiar esta estrategia educativa que tiene ya, dijéramos, poco sentido.

Tampoco es el requerido por los empleadores, esto es muy importante, quienes frecuentemente prefieren a candidatos y candidatas con una mayor y más sólida formación general y no con una especialización superficial y prematura. Tenemos por ello que revisar el sistema de Conaleps, de Cetis, Cebetis etcétera, porque no sólo es inútil para las familias y los alumnos, sino también para las empresas, es decir para aquellos que supuestamente iban a ser los beneficiarios de este sistema.

Frente a lo anterior, se observa el fenómeno de que dada la dinámica demográfica del país y especialmente en las zonas metropolitanas, como así debido al creciente egreso de alumnas y alumnos de escuela secundaria, tanto de primarias como de las secundarias de la Ciudad de México y de otras urbes, se registra una disminución de la matrícula en estos tramos educativos quedando sin uso una gran cantidad de aulas y en ocasiones planteles completos en el turno vespertino.

Se produce así la inaceptable contradicción que yo quiero señalar y enfatizar ante ustedes, que consiste en que centenares y quizá millares de aulas, se encuentran insuficientemente aprovechadas, se encuentran desiertas; véanlo ustedes en los turnos vespertinos de las escuelas secundarias y simultáneamente existen decenas de miles de jóvenes sin escuela preparatoria.

Debe agregarse que la insuficiente oferta oficial de escolarización en el nivel medio superior, deja el campo libre a una mayor incidencia de escuelas privadas, algunas de las cuales, aparte de ser onerosas, no garantizan un nivel de calidad mínimo y en muchos casos carecen incluso del reconocimiento de las autoridades competentes.

Finalmente, habida cuenta de que es responsabilidad, tanto del Gobierno Federal como de los gobiernos de las distintas entidades federativas, proporcionar la educación media superior necesaria, entonces en virtud de ello, consideramos necesario proponer a ustedes el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Artículo primero. Se exhorta a que la Secretaría de Educación Pública, convoque, de manera inmediata, a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como a las universidades e instituciones que imparten educación media superior en el país, a coordinar esfuerzos, éste es el sentido principal del acuerdo, coordinar esfuerzos para poner en marcha un plan destinado a la satisfacción plena de la demanda en educación media superior, el cual toma en cuenta los siguientes elementos favorables:

A) Valorar los déficits existentes y de capacidades de las entidades e instituciones y tomando en cuenta la capacidad de las instituciones mencionadas, ampliar de inmediato los cupos de estas últimas. Es decir, hay escuelas que no tienen suficientes alumnos, hay aulas vacías de distintas modalidades, desde secundarias hasta por ejemplo, la Escuela Nacional de Maestros.

Entonces, puede perfectamente bien, si hay una coordinación inducida y coordinada por la Secretaría de Educación Pública, aprovecharse estos espacios y buscar, mediante la asignación de plazas, simplemente no sólo creación, sino también reasignación de plazas, de manera que estas plazas sirvan para dar surgimiento a turnos de escuela preparatoria ahí donde es posible, donde haya posibilidad de sustituirlos, hacerlos efectivos.

Las entidades participantes, por otra parte, deben hacer un diagnóstico responsable de todo el sistema con objeto de que haya un cambio, una armonización en este subsistema medio que forma parte crecientemente en la educación básica.

En algunas entidades federativas, el Distrito Federal, por ejemplo, la Ley de Educación respectiva señala ya la educación preparatoria como una educación gratuita y obligatoria. Es cierto que esa ley, siendo vigente, no ha entrado en vigor porque la transferencia de los servicios educativos no se ha producido, pero el Gobierno de la Ciudad, como ustedes conocen, hoy mismo se inauguró una nueva preparatoria, está haciendo esfuerzos importantes en esta materia.

Señalo entonces, por último, frente a diputadas y diputados de todos los partidos políticos, la necesidad de tomar cartas en este asunto, el Poder Legislativo tiene facultades, tiene posibilidades, y hay la necesidad nacional de dar escuela secundaria en el nivel superior, es decir, media superior, dar preparatoria a todas y todos los alumnos que la requieren.

Acompañan la firma de este acuerdo el diputado José Angel Ibáñez Montes del Partido Revolucionario Institucional. Firman también las diputadas Tatiana Clouthier y Consuelo Camarena, ambas legisladoras del Partido Acción Nacional. Se unen en este empeño también los diputados Oscar González Yáñez y Francisco Amadeo Mendoza del Partido del Trabajo. Suscribe también el Acuerdo el diputado Jesús González Schmal del Partido Convergencia y lo firman por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Marbella Casanova, el diputado Miguel Alonso Raya y el diputado Salvador Martínez Della Roca, la diputada Lizbeth Rosas Montero y el diputado Agustín Rodríguez Fuentes, la diputada Dolores Padierna y la totalidad de diputadas y diputados del Partido de la Revolución Democrática respaldan este punto de acuerdo que tiene, finalizo, como objetivo buscar un plan de emergencia para alumnas y alumnos de educación media superior.

Muchas gracias.

«Punto de acuerdo para tomar medidas urgentes a fin de dar respuesta en su totalidad a la demanda de educación media superior en el país.

En mi carácter de diputado federal, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito presentar ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes:

Considerandos

1. La educación es una actividad que cobra una importancia creciente en el mundo y en nuestro país. El desarrollo nacional y la tendencia internacional indican que hoy es indispensable aumentar el nivel de escolaridad y, señaladamente, reforzar la calidad de la enseñanza.

2. México es un país en el que, pese a avances registrados en décadas anteriores, aún se mantienen elevados déficits de cobertura en los diferentes niveles educativos. Ello es especialmente notorio en la educación media superior y superior. En la primera, sólo cinco de cada diez jóvenes en edad de cursarla acceden a cualquiera de las instituciones en que ésta se imparte.

3. En el curso que recién se inicia, muchos miles de alumnas y alumnos en todo el país han quedado fuera de las aulas en el nivel de preparatoria. Ello es inaceptable no sólo por la injusticia que este fenómeno encierra, sino por el hecho de que dicho tramo escolar se convierte, de más en más, en una parte de la educación básica.

4. En la mayoría de los estados de la Federación el grado de escolarización en la educación media básica es notoriamente bajo, por lo que se debe hacer un esfuerzo muy grande para proporcionar ese servicio a las decenas de miles de jóvenes que debieran recibirlo.

5. En el caso del Distrito Federal y su zona metropolitana, región donde hace años se implantó el llamado examen único para seleccionar a los alumnos solicitantes y distribuirlos en planteles de ese ciclo, se ha hecho evidente la insuficiente e inadecuada oferta de los planteles públicos. Estimaciones conservadoras sitúan en más de sesenta mil el número de alumnas y alumnos que, o fueron rechazados o debido a razones diversas (ingreso prematuro al trabajo, insatisfacción con el lugar que les fue asignado u otras) quedarán fuera de las aulas.

6. Debe decirse que el nivel medio superior de la enseñanza es el que cuenta actualmente con un número mayor de modalidades, la mayor parte de las cuales ofrece a los alumnos no sólo la formación propedéutica necesaria para que puedan continuar sus estudios en el nivel superior, sino también salidas terminales para aquellos que no quieran o puedan seguir estudiando. Este tipo de opciones, que ha sido privilegiado por las autoridades en los últimos treinta años no es, en cambio, el preferido por los alumnos y sus familias quienes, en su inmensa mayoría pretenden seguir estudiando. Tampoco es el requerido por los empleadores, quienes frecuentemente prefieren a candidatos con una mayor y más sólida formación general y no con una especialización superficial y prematura.

7. Frente a lo anterior, se observa el fenómeno de que, dada la evolución que ha registrado la pirámide de edades en nuestro país y especialmente en las zonas metropolitanas, así como debido al creciente egreso de alumnas y alumnos de la escuela secundaria, tanto las escuelas primarias como las secundarias de la Ciudad de México y de otras urbes, registran una disminución de la matrícula en estos tramos educativos, quedando sin uso una gran cantidad de aulas y, en veces, planteles completos en el turno vespertino. Se produce así la inaceptable contradicción que consiste en centenares y quizá millares de aulas insuficientemente aprovechadas y, simultáneamente, decenas de miles de jóvenes sin escuela preparatoria.

8. Debe agregarse que la insuficiente oferta oficial de escolarización en el nivel medio superior, deja el campo libre a una mayor incidencia escuelas privadas muchas de las cuales, aparte de ser onerosas, no garantizan un nivel de calidad mínimo y, en no pocos casos carecen incluso del reconocimiento de las autoridades competentes.

Finalmente y habida cuenta de que es responsabilidad, tanto del Gobierno Federal como de los gobiernos de las distintas entidades federativas, así como de diversas instituciones de educación superior el proporcionar la educación media superior y tomando en cuenta todo lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a los gobiernos de los estados, al Gobierno del Distrito Federal, así como a las universidades e instituciones que imparten educación media superior en el país, a coordinar escuerzos para poner en marcha un plan destinado a la satisfacción plena de la demanda de educación media superior.

Artículo segundo. Los gobiernos e instituciones participantes, deben considerar la posibilidad de hacer un esfuerzo adicional para ampliar de inmediato sus cupos para dar cabida a un número mayor de solicitantes.

Artículo tercero. Para llevar a cabo el plan mencionado en el artículo primero, debe aprovecharse la infraestructura existente en los términos ya referidos, así como canalizar el número necesario de plazas docentes y de apoyo pedagógico, tanto existentes como nuevas y realizar las adaptaciones que los inmuebles requieran.

Artículo cuarto. Las entidades participantes deben realizar un diagnóstico responsable y profundo de la crisis por la que atraviesa el subsistema de educación media superior en el país, con vistas a elevar la calidad de sus servicios, disminuir su heterogeneidad y dispersión y dotarlo de un sistema de gestión más eficiente y participativo.

Artículo quinto. Los gobiernos e instituciones comprometidas en el plan descrito deben presentar, tanto al gobierno federal como a la Cámara de Diputados, una propuesta de incremento en el presupuesto que será asignado a ese ciclo educativo para el próximo año de 2004.

Palacio Legislativo.--- San Lázaro a 11 de septiembre de 2003.--- Diputado federal Iván García Solis.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

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SALVADOR ALLENDE
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre el XXX aniversario luctuoso del Presidente Salvador Allende.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre este tema, el señor diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado Joel Padilla Peña:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Hoy 11 de septiembre conmemoramos el sacrificio de uno de los líderes sociales más importantes del Siglo XX, de América y del mundo.

Hace 30 años, Salvador Allende prefirió ofrendar su vida, antes que entregar el poder a los sátrapas militares golpistas. En el Palacio de la Moneda luchó a sangre y fuego, defendiendo el poder que el pueblo chileno le otorgó en las urnas. El despuntar de una alba socialista, se vió truncado por el filo de las bayonetas, la esperanza de un mundo mejor sucumbió ante el embate de la reacción, el primer gobierno socialista del mundo, producto del sufragio popular, fue brutalmente aniquilado por los aviesos intereses del capital.

Pasamos de la luz a la oscuridad, el gobierno de Salvador Allende, no sólo era del y para el pueblo chileno, era de todos los seres humanos que anhelamos vivir bajo un sistema social, se pone por delante el interés de las mayorías al interés individual.

En un día como hoy se culminó la conjura que se maquinó desde que Allende ganó la Presidencia en 1970, el gobierno de Estados Unidos bajo el mando del torvo y nefasto Richard Nixon y de los más fieles representantes del capital monopólico de este país, pactaran la muerte de Allende.

Sólo había que desatar los pervertidos de la traición, para que la CIA, las empresas transnacionales, el Ejército y los políticos conservadores chilenos, socavaran los valores democráticos de este pueblo andino y orgullosamente los mantuvo incólumes durante todo el Siglo XX hasta que llegó esa fecha trágica.

Lo que sucedió fue una terrible pesadilla, muertes, tortura y vejaciones sin fin a un pueblo que apostó a una vida más digna y más libre por la vía del socialismo.

En esta hora negra para los pueblos de Latinoamérica resalta la nobleza y la solidaridad de los mexicanos y el gobierno de aquella época para apoyar a los chilenos.

Nuestro país recibió como si fueran propios a todos aquellos que perseguidos por el carnicero Pinochet, la generosidad de nuestra patria en aquellos años, fue altamente compensada por los chilenos y por todos. Como consecuencia, México tuvo en la academia, en la ciencia, en el arte, distinguidos exponentes de aquellas tierras que nutrieron con creces la cultura mexicana.

La imposición de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, no sólo produjo muertes y desolación, sino que a semejanza de la metáfora del huevo de la serpiente en los años previos a la aparición del nazismo en Alemania, durante su gobierno se incubó el nefasto modelo neoliberal.

Estados Unidos no sólo aportó su apoyo económico y logístico para derrocar al gobierno de Allende, sino que contribuyó ideológicamente para la imposición por primera vez en un país subdesarrollado, de la doctrina neoliberal.

Chile fue el laboratorio donde se implementaron las políticas del libre mercado. Los países imperialistas señalan como paradigmático y exitoso el modelo chileno; destacan con euforia el avance y la estabilidad de la economía del país andino. Pero lo que ocultan detrás de esa máscara de triunfalismo, son las severas medidas de ajuste económico a las que Chile fue objeto durante largos años. Todo ello derivó de un altísimo nivel de superexplotación de la clase trabajadora y la apertura salvaje de la economía, lo cual se tradujo en desempleo, incremento de delincuencia social y en un deterioro persistente de las condiciones de vida para la población.

La competitividad de la economía generó nuevas exigencias de calificación de la fuerza de trabajo y mayores presiones para el pueblo, que se tradujeron en falta de oportunidades para la juventud chilena que vio canceladas sus aspiraciones de éxito ante un modelo económico que concentra la riqueza a favor de unos cuantos.

Chile a más de 10 años de haber retornado a la democracia, todavía no mitiga sus heridas. Pinochet protegido por el gobierno inglés y por la clásica prensa de su país, se ha escapado de la justicia pero no del juicio de la historia. Su nombre será recordado con desprecio. Salvador Allende y todos los chilenos muertos o vejados que se sacrificaron por las causas más nobles del pueblo y del ideario socialista, están presentes en todos aquellos que luchamos por un sistema social justo, democrático, libertario...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se agotó el tiempo diputado, procure concluir.

El diputado Joel Padilla Peña:

Y con equidad, que brinde expectativas mejores para todos.

Vamos a terminar, señor Presidente.

Su memoria siempre estará con nosotros. El socialismo es la opción por la que debemos luchar, porque el capitalismo ya no es viable para resolver los graves desequilibrios sociales, por el contrario, es un obstáculo muy poderoso para que millones de seres humanos mujeres, hombres y jóvenes, vean canceladas sus aspiraciones de progreso.

El mejor homenaje que le podemos hacer a Salvador Allende, es recoger sus ideales de justicia y de emancipación revolucionaria de los pueblos oprimidos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al señor diputado Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jorge Martínez Ramos:

Con su venia, señor Presidente.

Empiezo con una cita, compañeras y compañeros diputados, de Hugo Semelman, sociólogo chileno, que dice: ``El sacrificio de Allende demuestra necesidad del político de ser valeroso porque la política es un ejemplo moral. Por esto Salvador Allende es una herencia política, es un modo de entender y construir la historia, de agregarle valor personal, coherencia, compromiso''.

Hoy hace 30 años hermanos chilenos fueron víctimas de una de las peores tragedias ocurridas a la democracia moderna y tuvieron que sufrir uno de los graves genocidios conocido: el asesinato de miles de personas, el exilio de millones, la tortura, la desaparición, el amedrentamiento, la persecución y la pérdida de la práctica totalidad de sus libertades civiles.

El 11 de septiembre muere, junto con el sueño socialista chileno, el compañero Presidente Salvador Allende Gossen, ciudadano de América Latina y luchador incansable de las mejores causas humanas.

Pero el compañero Salvador Allende, hay que recordarlo, llegó a la presidencia de su país dentro de las reglas del juego, llegó dentro del marco democrático exigido, llegó dentro de la legalidad deseada en las sociedades modernas que se ufanan al llamarse democráticas, legítimamente electo y con un proyecto socialista explícito y conocido.

Después, una sórdida escalada de enrarecimiento del ambiente político para descomponer el ánimo de la sociedad fue orquestada y maquinada desde la derecha extrema, al auspicio y en concubinato con el gobierno norteamericano. Otra vez.

Su culminación fue el proyecto golpista casi perfecto que truncó la tradición democrática centenaria de todo un pueblo, dando origen a un momento refundacional de un régimen construido desde el terror y desde el odio.

El palacio de La Moneda fue secuestrado durante casi 18 años por un gobierno ilegítimo, genocida e irracional.

El pueblo chileno ha debido dar, durante estos 30 años, una dura batalla para restituir la democracia arrebatada. Saludamos pues a este pueblo hermano que tuvo que resistir y tuvo que luchar en estas condiciones.

Hemos visto, durante los años ochenta, cómo miles de jóvenes estudiantes, mujeres, obreros, profesionistas salían a las calles enfrentándose a la policía y a sus tanques. Ellos fueron, al igual que la solidaridad internacional de la que México puede sentirse y debe sentirse particularmente orgulloso, la piedra angular de la restitución de la democracia en Chile.

El anecdotario dice que los milicos no podían entender por qué las calles de Chile estaban, de norte a sur, repletas de jóvenes menores de 20 años. Se preguntaban qué había salido mal si ellos no podían haber visto por la televisión más que las mentiras que el gobierno militar ordenaba transmitir metódicamente y con abundancia.

Olvidaban los milicos que la dignidad es más poderosa que las balas y que el pueblo puede inclinarse, pero no renunciará jamás a su derecho a ponerse de pie.

Chile permanece, sin embargo, hasta estos días dividido por quienes sostuvieron y sostienen que el Gobierno de Allende constituía una grave amenaza. Las mentiras permanecen, como permanece en la mayoría de los casos, la impunidad.

Es necesario recordar el horror vivido por nuestros hermanos para entender, pero sobre todo para aprender, cuál es la lógica del poder, cuál la lógica de la hegemonía, de la fuerza.

Es necesario recordar que nuestras democracias han sido y continúan siendo amenazadas por quienes piensan que la justa distribución de la riqueza y el honesto ejercicio del poder político son un desacato y una agresión a sus granjerías y privilegios.

También fue en septiembre, por cierto, cuando asumió el poder el espurio Castillo Armas, derrocando, hace casi 50 años, al Gobierno progresista de Jacobo Arbenz, que vino a morir en México, su tierra hermana.

La historia existe justo para esto, para recordarnos quiénes somos y quiénes son los otros. Qué hemos heredado de los que antes estuvieron y cómo entender hoy día esta herencia.

Los llamados mil días del gobierno de Allende son el testimonio de un Gobierno comprometido con su pueblo, que defendió la soberanía del país con la propia vida del gobernante y empujó más allá de la retórica, toda clase de reformas estructurales para dar cabida a otro tipo de desarrollo, un desarrollo humanista, trazado sobre las sólidas bases de la justicia social, la equidad y el privilegio del interés público, sobre cualquier otro interés privado y particular.

Saludamos, pues, a nuestros hermanos chilenos y recordamos con el dolor profundo este capítulo de la historia latinoamericana que en solidaridad hacemos nuestra.

Allende es Sarvens, es Madero y de alguna manera deseable, somos todos. Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema y hasta por cinco minutos se le concede el uso de la palabra al señor diputado Rubén Mendoza Ayala, del Partido Acción Nacional.

El diputado Rubén Mendoza Ayala:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Hace 30 años una incipiente democracia fue cegada por las fuerzas intervensionistas de un país que no creía en la diversidad política de una nación diferente.

En periódicos, películas y libros, queda inscrito el testimonio vergonzoso de crímenes y relatos que dan cuenta de un pueblo inocente que vive el precio de haberse, según los opresores, equivocado en su decisión.

Nuestra solidaridad se mostró en aquellos años, en aquella ocasión, con la fuerza moral de los mexicanos quienes acogimos gozosos a nuestros hermanos perseguidos chilenos. Las universidades y muchas escuelas y muchos lugares públicos dan testimonio de ello.

Señores, el hecho histórico habrá de hacer suya la frase: ``Quien no aprenda de la historia estará condenado a repetirla''.

Quede un ejemplo en el pasado que vivió el pueblo chileno que es menester defender los principios democráticos, el Estado de Derecho, las instituciones.

Nos solidarizamos con el pueblo chileno, quien en la adversidad superó la dictadura, el oprobio, la vejación y el trauma infringido por quienes sin escrúpulos ni principios, en una falsa búsqueda de la instauración de la democracia, dieron rienda suelta a su espíritu oculto de dominación y primitivismo político.

Sea esta fecha para reflexionar sobre lo que ocurrió a nuestros hermanos chilenos y la democracia que hoy construimos con responsabilidad aquí en México.

El Estado de Derecho y las instituciones deben prevalecer por convivencia y conveniencia propia de la sociedad. ``Nadie está facultado como decía Ferlin Dan La Salle, para alterar la Constitución real de una nación como ocurrió en Chile''. Socavarla, apelar al intervencionismo o ayuda de potencia extranjera, ha dejado huella en nuestro país a través de su historia.

No somos ajenos a ejemplos vergonzosos que han desencadenado el oprobio a la población.

Por ello la solidaridad al pueblo chileno en esta fecha.

Siempre estaremos a favor del respeto a los principios de libertad y democracia.

Un abrazo a nuestros amigos, a nuestros hermanos, el pueblo chileno, fraternal como siempre y nuestro respeto y amistad y admiración perenne por ese esfuerzo de forjar esa brillante democracia. Sea esta ocasión, pues, un momento de reflexión y sea esta ocasión, pues, un momento de gozo y un momento también de tristeza por los acontecimientos que en aquella ocasión acaecieron.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado Fernando Alberto García Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Alberto García Cuevas:

Con su permiso, señor Presidente:

Abordo esta tribuna con el propósito de no pasar por alto un hecho que si bien es cierto ocurrió hace 30 años, pero quedó registrado en la memoria de la historia: el golpe militar ocurrido en Chile, precisamente un día como hoy, 11 de septiembre de 1973, cuando los militares golpistas apoyados y alentados por fuerzas extranacionales asesinaron la democracia chilena que bien llevó al poder de aquella nación a un digno parlamentario chileno como lo fue Salvador Allende.

Recordar la figura de un parlamentario y presidente constitucional como Allende es un honor y al mismo tiempo una responsabilidad de mujeres y hombres comprometidos con la libertad y con la democracia.

Salvador Allende tenía el más alto respeto y reconocimiento en todo el continente porque como senador y líder, luchador por la democracia, siempre fue congruente con el valor de sus ideales. Allende sabía igualmente que el camino a la democracia no era fácil, por el contrario sí complejo y espinoso.

Sin embargo, su vida y sus ideales traspasaron las fronteras mismas de su patria para trascender en la historia como un hombre que supo manejar la poderosa fuerza de los ideales y ser congruente hasta el final de su vida con ello.

Rendir homenaje a Salvador Allende tiene qué ver con nuestro reconocimiento a los hombres que como él han llegado hasta el sacrificio.

Debo señalar también que un gran líder indú expresó en su oportunidad que hacer política sin ideales y sin principios es tan grave como practicar la veneración sin sacrificio. Y ahora particularmente en México en nuestra nación necesitamos reconocer con claridad el lugar que ocupamos en el contexto internacional, que somos una sociedad dinámica de más de 100 millones de seres humanos, con millones de familias pobres que reclaman justicia, que debemos entender que la peor de todas las injusticias es la falta de oportunidades y que los mexicanos no quieren limosna, lo que demandan es justicia, es una oportunidad para su bienestar personal y familiar.

Recordar finalmente a los hombres y mujeres que han hecho patria debe ser ahora fresca referencia que estimule y comprometa nuestra responsabilidad política. Con el pueblo de Chile y con los compromisos que tenemos como legisladores con el pueblo de México reconocer que política es servicio, es compromiso y enriquecida con la fuerza de los ideales habremos de hacer un llamado para hacer causa común a todas las fuerzas políticas, causa común por México y que el ejemplo de hombres como Allende siempre esté latente en nuestra vida para seguir adelante.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

El siguiente punto de la agenda política ha sido retirado por los parlamentarios que lo registraron. Y el siguiente se pospone para la siguiente sesión.

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DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se hace del conocimiento de la Asamblea que se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Enrique Guerrero Santana, diputado suplente electo en el XVIII distrito del estado de Jalisco.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones el 13 de septiembre, a los siguientes diputados: Carlos Blackaller Ayala, Quintín Vázquez García, Adriana González Furlong, Leonardo Alvarez Romo, Joel Padilla Peña y Jesús Emilio Martínez Alvarez.

La Secretaria diputada María de Jesús Andrade Maldonado:

Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ciudadano Enrique Guerrero Santana: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Enrique Guerrero Santana:

¡Sí, protesto!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Felicidades, señor diputado.

Continúe la Secretaría.

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PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE PROCEDENCIA
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Con qué objeto señor diputado?

El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul):

Para hacer una proposición.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¡Hágala!

El diputado Miguel Angel Yunes Linares:

Señor Presidente de esta Cámara, señores diputados:

Antes de iniciar mi intervención formal, quiero referirme a lo sucedido en la sesión del jueves 4 de septiembre.

En mi intervención final expresé que la decisión del diputado Castro era ``una chicana propia de leguleyo''. Quiero pedir a la Presidencia que ordene el retiro de esa expresión, en razón de que no lo merece la Asamblea, no lo merece la altura del debate y no lo merece tampoco Juan de Dios Castro.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Permítame, señor diputado.

Se ruega a los señores legisladores permitan continuar al orador.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares:

Honorable Asamblea; señor Presidente de la Cámara de Diputados:

En la sesión pública de esta Cámara, correspondiente al 4 de septiembre pasado, anunció usted a este órgano que debe erigirse en Jurado de Procedencia el próximo 17 de septiembre. Textualmente dijo lo siguiente:

``Señoras y señores diputados: Con fecha 3 de septiembre de 2003, el ciudadano Secretario Técnico de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, hizo entrega a esta Presidencia del dictamen correspondiente al expediente SI/11/02, instruido mediante Procedimiento de Declaración de Procedencia, en relación con el senador de la República Luis Ricardo Aldana''.

Similar declaración hizo en relación con el expediente SI/08/02. Solicité entonces a usted el uso de la palabra con base en los artículos 18 y 19 del Reglamento para reclamar el trámite dado, toda vez que sus resoluciones no son definitivas sino que siempre están subordinadas al voto de la Cámara.

A la reclamación acerca del trámite que se dio a estos asuntos y respecto de su convocatoria, se adhirieron, como consta en el Diario de los Debates, los diputados Emilio Chuayffet y Héctor Gutiérrez de la Garza, y se produjo la discusión prevista en el artículo 19, participando diputados en pro y en contra de nuestra propuesta de que acatara usted las normas y diera a estos dictámenes el trámite previsto en la Ley Orgánica y en el Reglamento.

Tal y como se plasma en el propio Diario de los Debates, usted, señor Presidente, no consultó a la Asamblea en torno a nuestro reclamo, sino sólo instruyó a la Secretaría para continuar. Inmediatamente después se informó que se habían agotado los asuntos en cartera.

Hoy, cuando con la reiteración del citatorio para erigirnos en Jurado de Procedencia se puede reiterar también la violación a nuestras leyes y a la reglamentación interna de la Cámara, nuevamente venimos a pedirle, señor Presidente, se atenga a esta. Con el permiso de la Asamblea y para que quede registro histórico en el Diario de los Debates, haré referencia a las normas que se han quebrantado: violaciones a la Constitución, se han violentado las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, imparcialidad y objetividad al tomar decisiones que no son competencia del Presidente, decisiones que han lastimado la convivencia en esta Cámara y que lesionan también al Senado de la República.

Las mismas son contrarias a las disposiciones del Título IV de la Constitución que determina procedimientos específicos, no sujetos a interpretación para fincar responsabilidades a los servidores públicos, violaciones a la Ley Orgánica del Congreso General y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

Se han incumplido las disposiciones de la Ley Orgánica y de nuestro Reglamento, el artículo 3º de la Ley determina que la vida de esta Cámara estará normada por la Constitución, la propia ley y el Reglamento, así como por los ordenamientos internos que cada una de las cámaras expida.

El artículo 11 igualmente olvidado, determina que en los asuntos como el que debatimos debe seguirse el procedimiento constitucional y que este debe sustentarse en los principios de legalidad y seguridad jurídica, no en decisiones autoritarias.

Es también obligación de la Presidencia, hasta este momento incumplida, la prevista en el artículo 20 de la ley que le obliga a sujetar su actuación a los principios de imparcialidad, certeza y objetividad y a cuidar en su condición de Presidente de la Mesa Directiva, que los dictámenes cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación.

Se ha dejado de cumplir también lo previsto en el artículo 23 de la misma norma que obliga a dar curso a los asuntos en términos de la normatividad aplicable. Pasó el Presidente de esta Cámara por encima de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, facultada para la integración básica del orden del día de cada sesión y a la cual nunca se dio cuenta con su decisión de convocar en la sesión del día 4 pasado al Jurado de Procedencia.

Este pleno fue testigo de su negativa a consultarlo y subordinar su decisión al voto de la Asamblea, cuando así lo demandamos en cumplimiento del Reglamento.

Quise dejar al final, señor Presidente, la reiteración de nuestro argumento central, el indebido trámite que se dio a un dictamen de la anterior legislatura.

Llamo la atención de la Asamblea y de usted señor Presidente, acerca de lo dicho al anunciar que esta Cámara debe erigirse en jurado de procedencia, dijo lo siguiente, textual: ``El ciudadano Secretario Técnico de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados hizo entrega a esta Presidencia del dictamen''.

Aquí cabe preguntar: ¿cuándo se reformaron la Constitución y las leyes del Congreso para modificar los procesos parlamentarios? ¿Por qué el dictamen no lo turnó la anterior Mesa Directiva directa y formalmente, sino a través de un secretario técnico? ¿A partir de cuándo los dictámenes se entregan a la Presidencia por un secretario técnico y no por la comisión que corresponda? ¿Dónde está regulada la existencia de la secretaría técnica? ¿Dónde están normadas las atribuciones del secretario técnico? ¿Quién lo nombró? ¿Quién es? ¿Por qué si estamos en presencia de un dictamen elaborado por la anterior legislatura no se le dio el mismo curso que a los otros 35 dictámenes que fueron remitidos por la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura para que fueran entregados en condición de proyectos a nuestra Legislatura y turnados a sus comisiones cuando se integren?

Estoy seguro señor Presidente que conoce usted el texto del artículo 60 del Reglamento, mismo que determina que ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comisión o comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado.

Cuando pregunto, ¿se integraron las comisiones de esta Cámara en particular la Jurisdiccional?

Quiénes a nombre de la Comisión Jurisdiccional no se explicarían los motivos del dictamen si un diputado lo solicitara y aun en el supuesto de que nadie pidiera la palabra tal y como lo ordena el artículo 121 del Reglamento?

En la historia de esta Cámara, en su Diario de los Debates quedará para siempre inscrita esta decisión equivocada.

Honorable Asamblea: lo que la última semana hemos vivido en el Congreso de la Unión, no tiene precedente pero tampoco justificación. Da la impresión de que a la demanda de los mexicanos, de impulsar desde el Legislativo iniciativas que sirvan para avanzar en el desarrollo político, económico y social del país, hemos respondido con un debate que lastima la confianza que debe prevalecer entre nosotros.

Nadie puede explicar el porqué. El diputado Castro está obligado a privilegiar los asuntos de interés general, los que en realidad importan a los mexicanos; por ello, una vez más demandamos el cumplimiento de la ley. Solicitamos a usted señor Presidente, consulte a la Asamblea si es procedente que la Cámara se erija en jurado de procedencia o turnar los expedientes SI/11/02 y SI/08/02 a la Comisión Jurisdiccional en calidad de proyectos, como lo dispone el artículo 94 de nuestro Reglamento.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Un momento, señor diputado.

Esta Presidencia, siempre ha estado consciente de la gravedad de este asunto. Estimé y estimo en su momento que la convocatoria emitida por esta Presidencia estuvo ajustada a derecho.

Ya se dio un debate larguísimo en la sesión del jueves de la semana anterior sobre este tema, sin embargo debo aclarar algo: efectivamente está consciente la Presidencia de que no sometió al pleno de la Cámara su decisión y la Presidencia no puede estar por encima de la decisión de la Asamblea.

Sin embargo, explico las razones: acaba de señalar el señor diputado Yunes, que a su propuesta se adhirieron dos diputados. Fui cuidadoso en examinar la versión estenográfica de lo ocurrido en esa sesión, señor diputado, probablemente hubo una o mala interpretación suya o mala interpretación del Presidente, pero de esa versión estenográfica se desprende que usted solicitó el uso de la palabra.

Efectivamente en su intervención pidió se consultara a la Asamblea la decisión del Presidente para que fuera la Asamblea la que determinara si lo apoyaba o si lo revocaba. Está en los términos de los artículos 18 y 19 del Reglamento que son muy claros, pero a esa propuesta, a la propuesta deben adherirse dos diputados de la Asamblea.

Yo registré y registró la Mesa Directiva a los diputados que usted menciona para hacer uso de la palabra, no se adhirieron a la propuesta suya.

Sin embargo, sin embargo... sin embargo, considerando que in dubio pro reo, como dice Carnelutti, en esta sesión y ante su propuesta y no obstante que el debate se dio, consideramos a los diputados que usted acaba de mencionar en este momento, como adheridos a su proposición y abrimos el procedimiento a que hace referencia el artículo 19 y pido el registro de oradores, como dice el artículo 19: dos oradores, hasta dos oradores en contra y hasta dos oradores en pro.

Abro el registro de oradores. En contra..., en contra, dos diputados, señor... para una propuesta, déjeme terminar señor diputado este procedimiento y luego le concedo el uso de la palabra para la propuesta.

Primeramente el procedimiento a que hace referencia el artículo 19. Oradores en pro.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Héctor Gutiérrez de la Garza. ¿Algún otro orador en pro? Miguel Angel Yunes.

Se concede en primer término a los oradores en contra.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Pablo Gómez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Gracias señor Presidente.

Se nos presenta un recurso evidentemente legítimo, intentando revocar la decisión del Presidente que está siempre a la consideración y opinión de la Cámara.

Creo que el Presidente ha convocado correctamente, no se trata de un dictamen que provenga de comisión, si así fuera de todas maneras el proyecto debe votarse en el pleno; ésa es la norma en México y en el mundo.

El Poder Legislativo no se interrumpe cuando cambia la legislatura. Sería absurdo que esa misma norma aplicara al Senado, puesto que el Reglamento es también para el Senado, todos los dictámenes listos como proyecto para el pleno, se regresarán a comisiones, sólo porque cambió la legislatura, cuando se trata exactamente de los mismos senadores.

El Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial no se interrumpen cuando cambian sus titulares. Todas las cosas iniciadas en el Congreso tienen plena validez, independientemente de que cambien los legisladores. Este es un principio fundamental para la estabilidad y permanencia de los poderes públicos del Estado. Y me parece que discutir ese punto es verdaderamente perder el tiempo, no existen los proyectos de dictamen, existen los dictámenes con proyecto de decreto.

No se puede convertir un proyecto en iniciativa por decisión del Presidente de la Cámara. Sólo el pleno puede devolver un proyecto a comisiones, pero no se trata ni siquiera de un proyecto que venga de una comisión, puesto que la Sección Instructora no es una comisión, es un órgano dentro de un procedimiento jurisdiccional. Estamos entonces, frente a un proyecto de una Sección Instructora que debe ser votado por el pleno, en el sentido en que el pleno decida.

¿Por qué votar hoy?, ¿por qué votar hoy, ciudadanos del PAN?, ¿por qué no retirarnos para que la minoría no le imponga a la mayoría de esta Cámara una decisión arreglada en el gobierno? El retiro del quórum es uno de los instrumentos universales de la lucha parlamentaria que el PAN ha utilizado todo el tiempo, que el PRI ha utilizado todo el tiempo. Lo hemos hecho siempre para impedir que una minoría, en un momento determinado, preparada ella y no las otras bancadas, imponga su decisión sobre la opinión mayoritaria de la Cámara.

Esta votación puede ser una votación arreglada, como una pelea de box arreglada, en la que el PRI está presente íntegramente y es el único grupo que está en su totalidad presente.

Que este asunto no estaba en el orden del día para votarse hoy y el Presidente, no obstante, ha admitido el punto sin consultar siquiera a la Asamblea.

Ciudadano Presidente: usted ha alterado el orden del día sin consultar a la Asamblea, ha hecho entonces su parte en una cosa que puede ser muy bien una pelea arreglada. ¿Qué hay detrás de esta pelea arreglada?, evidentemente que un acuerdo político.

Pregunto a la bancada de Acción Nacional, con quien en este momento es el debate, no es con la bancada del PRI, no es con la bancada del Verde, cuya posición ha sido más que clara todo el tiempo; es con la bancada de Acción Nacional. Acción Nacional está permitiendo que se vote para que no haya Jurado de Procedencia. No importa y es más que irrelevante la manera en cómo se negoció esto, el hecho es que Acción Nacional acepta pagar un costo, pagar un costo de la manera más innecesaria frente a un chantaje que yo, ciudadano Barrio, yo no le he hecho a usted un chantaje; es el PRI quien le ha hecho un chantaje al gobierno y usted lo acepta. Usted ha dicho hoy ante los medios de comunicación que se trataba de un chantaje el pedir al PAN que quitáramos el quórum de esta sesión en un punto que no está en el orden del día y de lo que no estábamos informados que se iba a tratar hoy. Lo lógico es, por lo tanto, no impedir que la Cámara pueda tomar una resolución sobre un asunto que no había sido anunciado. Que lo haga el miércoles, si quieren la votación, el miércoles.

Yo llamo a un acuerdo a Acción Nacional, para que junto con el PRD abandonemos esta sesión y votemos el miércoles en Jurado de Procedencia, de acuerdo con la ley, sin transas ni presiones del Ejecutivo, con la dignidad parlamentaria de quien ha dicho que lucharía contra la impunidad. El jurado de procedencia es para luchar contra la impunidad y en esa consecuencia exigimos a Acción Nacional: que cumpla con su promesa, que se sostengan como hombres y mujeres que han luchado para tratar de acabar en este país con la impunidad y las reglas no escritas del viejo sistema.

Hemos proclamado que el viejo sistema ya no existe; éstos son los métodos del viejo sistema. No admitamos el método del viejo sistema y más todavía cuando se trata de un asunto que ha lesionado a la nación en su patrimonio. No es éste un tribunal político, el Jurado de Procedencia; que cada diputado y cada diputada voten en conciencia en los méritos del dictamen y del proyecto de la Sección Instructora.

No hemos tomado una resolución en el PRD del sentido de la votación, porque no es un juicio político, porque no es un acto de control sobre el Ejecutivo; es un pedimento de la procuración de justicia al órgano legislativo competente que es esta Cámara, instaurada y convertida en jurado de procedencia.

Por lo tanto, no se trata de una consigna política contra un senador de la República, sino se trata de reivindicar que en esta Cámara cuantas veces se presente el pedimento de la justicia debe abrirse el Jurado de Procedencia, trátese de quien se trate. ¿Ustedes quieren admitir que hay intocables en este país?

No, ni ustedes, ni los de otro, ni otro, ni cualquier partido, pueden convertirse en intocables en este país. Hay que ir al jurado.

Yo los exhorto a que impidamos que la Cámara se pronuncie hoy inopinadamente sobre una asunto que no estaba agendado y para la cual está convocada para el miércoles.

Es antidemocrática una votación anticipada; es antidemocrático un albazo, es antidemocrático lo que ustedes están haciendo al negarse e impedir que la Cámara se pronuncie sobre un asunto que no estaba a su consideración el día de hoy.

Creo que es un momento de moralidad, de convicción, de fortaleza política. Esperamos su respuesta señores y señoras diputadas de Acción Nacional.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra, en pro de su propuesta, el diputado Miguel Angel Yunes Linares.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Es válida la interpretación de las intervenciones de los diputados Chuayffet y González de la Garza, aceptamos lo que el Presidente ha planteado como adhesión a lo que nosotros propusimos el día 4, es decir, que se sometiera al pleno de esta Asamblea la decisión del Presidente.

Hemos escuchado aquí a un representante de la vieja política, a un representante de ese México que ya se fue, que hoy quiere venir a imponer las condiciones de la minoría a la mayoría de esta Cámara, y quiere venir a imponer sus sofismas y quiere venir a imponer con gritos y con amenazas lo que no puede plantear con razones porque no las tiene.

Viene aquí a decirnos que le extraña que se incluya en el debate de este día este tema, pero no le extrañó el día 4 y no se opuso, es la incongruencia permanente, es el chantaje permanente, es el discurso vitriólico que ya desapareció en el año 2000, el discurso vitriólico que ya no tiene ninguna repercusión en la democracia que vive México.

No, señor Gómez, no destacado maestro de derecho parlamentario. Aquí en esta tribuna lo que valen son las razones y no los gritos; aquí en esta tribuna lo que valen son los argumentos, eso es lo que vale. No hemos venido aquí a dar ningún albazo, hemos venido aquí a plantear con razones jurídicas desde el día 4, reiteradas el día de hoy y listadas en un argumento donde se hace un análisis sistemático de una decisión de la Presidencia que no compartimos. Hemos venido aquí...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señor diputado.

Señoras y señores legisladores, he reiterado en todas las sesiones que el guardar las normas del Reglamento queda al honor de los señores legisladores.

Yo pido a los señores legisladores respeto al orador para que a su vez, cuando hagan uso de la palabra, la Asamblea también les guarde respeto.

Continúe, señor orador.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares:

Gracias, señor Presidente:

Hemos venido aquí a plantear de manera sistemática, con razones jurídicas, con razones jurídicas claras, el porqué no estamos de acuerdo en el procedimiento. Tampoco estamos de acuerdo en que se quieran tender trampas a esta Asamblea.

Aquí no estamos de ninguna manera juzgando un hecho penal, un hecho de otra naturaleza. Una y otra vez lo hemos dicho los diputados del PRI desde esta tribuna, ``no defendemos impunidad, defendemos la legalidad y el Estado de Derecho en la Cámara de Diputados''.

Una y otra vez lo hemos señalado, si el senador Aldana o cualquier otro miembro de nuestro partido o de cualquier otra organización debe ser sometido a proceso, que se sigan las normas legales y que se sigan los procedimientos y que sea sometido a proceso, pero no podemos, de ninguna manera, venir a esta tribuna a sostener que de cualquier manera, en cualquier momento y frente a cualquier petición, así sea infundada, la Cámara debe erigirse el Jurado de Procedencia. Eso, compañeros, va en contra de la Cámara, va en contra del respeto al Poder Legislativo, va en contra al de la fuerza que este Poder debe tener frente a los otros Poderes. No caigamos en el garlito de condenar el fuero por condenarlo. No, señores, el fuero tiene una razón histórica y esa razón histórica es la defensa del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo.

Eso es lo que está en el debate, no las cuestiones de carácter penal; nunca propusimos aquí que se tirara a la basura el dictamen, lo dijimos una y otra vez y lo reiteramos hoy: que se le dé el trámite que la ley señala, que vaya a la sección que corresponda, a la comisión que corresponda, ahí que se discuta y en el momento en que legalmente proceda, que venga a esta Asamblea y aquí lo debatiremos y aquí lo discutiremos y si el dictamen tiene la razón y dice la verdad, estoy seguro que los diputados del PRI, en su momento, votaríamos por él.

No caigamos, compañeros, compañeros todos y particularmente los compañeros del PRD, en estas posiciones de ruptura y de chantaje, no vengamos aquí a reclamarle a los diputados del PRI que cumplamos con nuestra responsabilidad y que estemos todos presentes; si ustedes no vienen, a la Cámara apenas a una semana de iniciado el periodo de sesiones, es responsabilidad de ustedes, no es responsabilidad de nosotros. Aquí estamos cumpliendo con nuestra tarea y con nuestra responsabilidad.

Termino mi intervención insistiendo en nuestra propuesta: la Cámara de Diputados debe iniciar sus trabajos, debe iniciar esta Legislatura sus actividades dando un ejemplo de apego a la ley y de respeto a la vida institucional, debe iniciar también sus actividades, no con estas agresiones hacia los partidos que no coinciden con la minoría, no con estas expresiones de chantaje, sino con una expresión de unidad, con un mensaje al pueblo de México, en el sentido de que estamos aquí para servirle, para hacer lo que el pueblo de México quiere; para escuchar a los compañeros de Zacatecas del PRD, del PRI y del PAN que vienen a hablar de los problemas de quienes producen frijol; para escuchar a los compañeros del norte que vienen a hacer referencia a los problemas del agua, para sacar adelante los asuntos que le interesan al país. Ese es el mensaje que tenemos que mandar y no otro.

Ojalá, ojalá, ojalá y la conducta de todos los diputados distinga a esta Cámara, ojalá y no sean los gritos y las agresiones, los que normen la vida parlamentaria, es nuestra responsabilidad contribuir al prestigio del Poder Legislativo. En el PRI, tenemos ese compromiso.

Vamos a contribuir al prestigio del Poder Legislativo, cumpliendo con nuestra responsabilidad; vamos a contribuir al prestigio del Poder Legislativo, cumpliendo con las leyes; vamos a contribuir al prestigio del Poder Legislativo, haciendo lo que los mexicanos nos demandan cumpliendo con nuestra responsabilidad, viendo por los que nos han traído aquí, por los que nos dieron su confianza, por los que nos dieron su voto. Esa es nuestra postura.

Una y otra vez, con nuestra presencia, en esta tribuna se reiterará.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar en contra de la propuesta del diputado Miguel Angel Yunes, se concede el uso de la palabra al diputado Pablo López Núñez, del Partido Acción Nacional.

El diputado Pablo Alejo López Núñez:

Con su venia, señor Presidente; diputadas y diputados de esta honorable Legislatura:

Acudo a esta tribuna para fijar la posición que sobre este tema tenemos en la fracción parlamentaria el Partido Acción Nacional, y lo hago para dejar en claro la enorme responsabilidad que sobre los temas que más se acercan al álgido en beneficio del país, ha mantenido a lo largo de 64 años el Partido Acción Nacional.

Lo hago porque en Acción Nacional estamos ciertos que siempre apelaremos a la transparencia, al orden, a la legalidad que conduce los actos, en este caso de nuestra fracción parlamentaria.

Aquí se ha dicho, como se ha dicho otras veces, que estamos haciendo arreglos en lo oscuro, como se ha acusado por el PRD en innumerables ocasiones que venimos arreglados, y que no se culpe a Acción Nacional de lo que no se ha podido lograr, buscando acuerdos y consensos, como es la tarea de quien defiende sus posturas.

Acción Nacional ha mantenido desde el inicio de este tema una inquebrantable posición de apoyar la decisión y la convocatoria del señor Presidente de la Mesa Directiva y lo ha hecho y lo sostiene y lo sostendrá durante esta reunión, porque no rehuimos al debate y a la discusión de las ideas, ni mucho menos a la consecuencia de la decisión de la mayoría en esta Asamblea presente.

Aquí estamos, la totalidad de las señoras y señores diputados de Acción Nacional y venimos dispuestos a dar una sola lucha, dispuestos a mantener una sola posición, la posición de la legalidad y esa posición, la de la legalidad, es precisamente la que ha movido al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados.

Esa posición, porque también aquí se dijo erróneamente, haciendo alusión a diferentes artículos, olvidándose que nos encontramos ante un proceso claro, enumerado, paulatino que hay que seguir y que está regulado por una ley, que es fundamento, reglamento de nuestra Carta Magna. Este procedimiento está regulado precisamente en el Título Cuarto de nuestra Constitución, cuya Ley Reglamentaria es la Ley de los Servidores Públicos de la Federación.

Esta ley en su artículo 4º, le ha impuesto al Presidente de la Mesa Directiva, que en cuanto reciba, en cuanto haya recibido el dictamen de la Sección Instructora, sin hacer diferencia de qué Sección Instructora, en cuanto al asunto que se ha ventilado por más de un año y ante el cual acudió el Partido Revolucionario Institucional, ante el cual acudió el propio senador Aldana y su defensa y tuvo oportunidad y se le salvó el derecho de audiencia de aprobar lo que a él correspondía a su saber, ese procedimiento quedó salvado durante un año que duró la instrucción, la etapa de prueba.

De manera que no se venga a esta tribuna a decir que se violentan garantías, que no se venga a esta tribuna que se está queriendo el derecho de alguien, más de 58 solicitudes de amparo denegadas a favor del senador Aldana, prueban que no es el dicho de Acción Nacional ni siquiera el de la instructora ni siquiera el que resulte de la votación que vamos a realizar, quien respalda que se vivió un proceso apegado a la legalidad. Estas 58, todavía el día de ayer resultado de una solicitud de amparo denegada, prueban que ha surtido los extremos de protección a la Constitución.

Por eso hoy aquí a los derechos constitucionales del senador Aldana; por eso hoy aquí Acción Nacional reitera su postura, la convocatoria que en cumplimiento de la ley que regula la materia ha hecho el Presidente de la Mesa Directiva, debe de quedar viva; debe de ser subsecuente y debe de continuarse con el procedimiento que la ley establece puntualmente.

La postura de Acción Nacional, clara, sin esconder la cabeza y sin tener miedo a lo que resulte de la decisión de esta soberanía, es buscar siempre el apego a la legalidad y buscar que se cumpla con los extremos del procedimiento, un procedimiento donde el propio acusado tendrá la oportunidad de demostrar, porque le daremos derecho de audiencia, lo que a su derecho corresponda; donde tendrá derecho a la defensa; donde deberá concurrir el Ministerio Público de la Federación y en donde todos deberemos de decidir libremente y en conciencia, sobre nuestra responsabilidad ante la cara de la ciudadanía y de la nación.

Diputadas y diputados: nuestra posición es inquebrantable que se respete la ley; que continúe el procedimiento enmarcado en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que se haga justicia.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar en pro de la propuesta del diputado Yunes, se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Desde mi lugar si usted lo autoriza, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Dígame.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Para declinar mi participación y en los términos del artículo 115 de nuestro Reglamento, pregunte a esta Asamblea, si el asunto está suficientemente discutido.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le tiene por declinada su intervención, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se le pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera suficientemente discutido; señoras y señores legisladores:

La Mesa Directiva ha recibido un escrito suscrito por seis diputados, los que con fundamento en el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que la propuesta sometida a discusión, sea votada en forma nominal.

Como con este escrito se satisface el requerimiento del artículo 148, proceda la Secretaría a someter y recoger la votación nominal, en el entendido que el ``sí'' será a favor de la propuesta del diputado Yunes, el ``no'' será en contra de la propuesta del diputado Yunes.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

María de Jesús Aguirre, por la afirmativa y Marcos Morales recogerá la votación por la negativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momentito.

Le ruego por favor a todos los señores diputados que durante el transcurso de la votación permanezcan sentados.

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

José Javier Osorio Salcido, no a la propuesta

Magdalena Adriana González Furlong, no

Rogelio Alejandro Flores Mejía, no

Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña, no

José Jesús Vázquez González, no

José María de la Vega Larraga, no

Marisol Vargas Bárcena, en contra

Patricia Garduño Morales, no

Manuel Enrique Ovalle Araiza, en contra

Jesús Antonio Nader Nasrallah, no

José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, en contra

Lucio Galileo Lastra Marín, no

Israel Raymundo Gallardo Sevilla, en contra

Arturo Robles Aguilar, sí

María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, sí

Graciela Larios Rivas, sí

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, sí

Raúl Pompa Victoria, sí

José Alberto Aguilar Iñárritu, sí

Esthela de Jesús Ponce Beltrán, sí

Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, no, por un México sin intocables

Julio Boltvinik Kalinka, no

Clara Marina Brugada Molina, no

José Luis Cabrera Padilla, no

Víctor Manuel Camacho Solís, no

Carla Rochín Nieto, no

María del Carmen Escudero Fabre, no

José Guadalupe Osuna Millán, no

Raúl Leonel Paredes Vega, no

Diego Palmero Andrade, no

Ernesto Herrera Tovar, no

Sergio Álvarez Mata, no

Jorge Luis Hinojosa Moreno, no

Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, no a la propuesta

Gabriela Ruiz del Rincón, no

Marco Antonio Gama Basarte, en contra

Rómulo Cárdenas Vélez, no

Felipe de Jesús Díaz González, no

María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, sí

Lorenzo Miguel Lucero Palma, por supuesto que sí

Jesús Aguilar Bueno, a favor

Yu Hernández, Nora Elena, sí

José Mario Wong Pérez, a favor

Jorge de Jesús Castillo Cabrera, sí

Nancy Cárdenas Sánchez, en contra

Francisco Javier Carrillo Soberón, en contra

María Angélica Díaz del Campo, no

Gilberto Ensástiga Santiago, en contra

Pablo Franco Hernández, en contra

Jorge Carlos Obregón Serrano, no

Rodrigo Iván Cortés Jiménez, no

Federico Döring Casar, en contra

José Angel Córdova Villalobos, no

Angel Pasta Muñuzuri, no

Ramón Galindo Noriega, no

Rubén Maximiliano Alexander Rábago, en contra

Francisco Juan Ávila Camberos, en contra

Blanca Judith Díaz Delgado, no

Norberto Enrique Corella Torres, no

Patricia Elisa Durán Reveles, no

Roberto Colín Gamboa, en contra

Alejandro Higuera Osuna, no

Irene Herminia Blanco Becerra, no

Adriana González Carrillo, en contra

Consuelo Camarena Gómez, no

Enrique Ariel Escalante Arceo, sí

Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, sí

Oscar Rodríguez Cabrera, sí

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, sí

Rosalina Mazari Espín, sí

Guillermo del Valle Reyes, sí

Consuelo Muro Urista, sí

Miguel Amezcua Alejo, sí

Alejandro Saldaña Villaseñor, sí

Miguel Ángel García Domínguez, no

Emilio Serrano Jiménez, con dignidad, no

Juan José García Ochoa, no

Iván García Solís, en contra

María Elba Garfias Maldonado, no

Por la legalidad parlamentaria, responsablemente, Joel Padilla Peña, sí

Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, por supuesto que no

Rubén Alfredo Torres Zavala, por supuesto que no

Janette Ovando Reazola, no

José González Morfín, en contra

Francisco Javier Barrio Terrazas, no

Pablo Alejo López Núñez, no

Germán Martínez Cázares, no

María Eloísa Talavera Hernández, en contra

José Julio González Garza, no

Fernando Álvarez Monje, no

Jaime del Conde Ugarte, en contra

Rafael Sánchez Pérez, no

Hidalgo Contreras Covarrubias, no

Manuel Gómez Morín Martínez del Río, no

Lorena Torres Ramos, no

Martha Leticia Rivera Cisneros, no

Jorge Luis Preciado Rodríguez, no

Luis Maldonado Venegas, sí

Jesús Emilio Martínez Alvarez, sí

Jesús Porfirio González Schmal, no

Martín Carrillo Guzmán, sí

Salvador Sánchez Vázquez, sí

María Hilaria Domínguez Arvizu, sí

Raúl José Mejía González, sí

Gerardo Montenegro Ibarra, a favor

María Marcela Lagarde y de los Ríos, en contra

Horacio Martínez Meza, en contra

Daniel Ordoñez Hernández, en contra

Luis Eduardo Espinoza Pérez, en contra

Pedro Vázquez González, abstención

Alejandro González Yáñez, a favor

Oscar González Yáñez, a favor

Francisco Amadeo Espinosa Ramos, a favor

José Francisco Javier Landero Gutiérrez, en contra

José Antonio Cabello Gil, en contra

Ruth Trinidad Hernández Martínez, en contra

Manuel Pérez Cárdenas, en contra

Marisol Urrea Camarena, no

Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, no

Juan Francisco Molinar Horcasitas, no

Miguel Angel Rangel Avila, no

Gustavo Enrique Madero Muñoz, no

Rocío Guzmán de Paz, no

Alfonso Moreno Morán, no

Baruch Alberto Barrera Zurita, no

José Felipe Puelles Espina, no

María Guadalupe Suárez Ponce, no

Ricardo Alegre Bojórquez, no

María Angélica Ramírez Luna, no

Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, no

Norma Patricia Saucedo Moreno, no

Roberto Javier Vega y Galina, sí

Claudia Ruiz Massieu Salinas, sí

Jorge Ortiz Alvarado, a favor

Francisco Suárez y Dávila, sí

Marco Antonio García Ayala, sí

Alfonso Juventino Nava Díaz, a favor

José Luis Briones Briseño, a favor

María Sara Rocha Medina, sí

Carlos Martín Jiménez Macías, sí

Jorge Martínez Ramos, en contra

Martha Lucía Mícher Camarena, en contra

María Marcela González Salas y Petriccioli, en contra

René Arce Islas, en contra

Pablo Gómez Álvarez, en contra

María de los Dolores Padierna Luna, en contra

María Guadalupe Morales Rubio, en contra

Susana Guillermina Manzanares Córdova, en contra

Inti Muñoz Santini, no

Salvador Pablo Martínez Della Rocca, en contra

José Isabel Trejo Reyes, no

María Viola Corella Manzanilla, no

José Sigona Torres, no

Francisco Javier Lara Arano, en contra

María del Carmen Mendoza Flores, no

Francisco Javier Valdéz de Anda, no

Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, no

María Beatriz Zavala Peniche, no

Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc, no

Marko Antonio Cortés Mendoza, no

Regina Vázquez Saut, no

Félix Adrián Fuentes Villalobos, sí

Jorge Legorreta Ordorica, sí

Francisco Xavier Alvarado Villazón, a favor

Julio Horacio Lujambio Moreno, sí

Ángel Augusto Buendía Tirado, sí

Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, sí

Campos Eugenio Mier y Concha, sí

Oscar Pimentel González, sí

Jesús María Ramón Valdez, sí

Fernando Donato de las Fuentes Hernández, a favor

Jesús Zúñiga Romero, sí

Eduardo Olmos Castro, sí

Laura Elena Martínez Rivera, sí

Ricardo Rodríguez Rocha, sí

Bernardo Vega Carlos, sí

Rafael Flores Mendoza, no

Elpidio Tovar de la Cruz, en contra

José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, no

Socorro Díaz Palacios, no

Angélica de la Peña Gómez, en contra

Cristina Portillo Ayala, en contra

Bernardino Ramos Iturbide, en contra

Agustín Rodríguez Fuentes, en contra.

Lizbeth Eugenia Rosas Montero, en contra

Rocío Sánchez Pérez, en contra

Francisco Javier Saucedo Pérez, en contra

Eliana García Laguna, en contra

Agustín Miguel Alonso Raya, en contra

Blanca Eppen Canales, no

Concepción Cruz García, no

Rodolfo Esquivel Landa, no

Tatiana Clouthier Carrillo, no

Ramón González González, no

Luis Andrés Esteva Melchor, no

Francisco Antonio Rojas Toledo, en contra

Gisela Juliana Lara Saldaña, en contra

Evangelina Pérez Zaragoza, no

José Julián Sacramento Garza, no

Tomás Antonio Trueba Gracián, no

Fernando Espino Arévalo, sí

María de la Luz Arias Staines, sí

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, sí

María Avila Serna, sí

Rogelio Rodríguez Javier, sí

Luis Felipe Madrigal Hernández, sí

Ady García López, sí

Francisco Herrera León, sí

Abraham Velázquez Iribe, sí

Alfredo Villegas Arreola, sí

Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, sí

Diva Hadamira Gastélum Bajo, sí

Armando Leyson Castro, sí

Esteban Valenzuela García, sí

Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón, sí

Guillermo Huizar Carranza, en contra

José Luis Medina Lizalde, en contra

Antonio Mejía Haro en contra

Arturo Nahle García, en contra

Edgar Torres Baltazar, en contra

Rosa María Avilés Nájera, en contra

Minerva Hernández Ramos, en contra

Gelacio Montiel Fuentes, en contra

Adrián Chávez Ruiz, no a la impunidad, en contra

Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, no

Pablo Antonio Villanueva Ramírez, no

Jorge Triana Tena, no

Homero Ríos Murrieta, no

Renato Sandoval Franco, no

José Erandi Bermúdez Méndez, no

José Orlando Pérez Moguel, no

Margarita Saldaña Hernández, no

Armando Rangel Hernández, no

Bernardo Loera Carrillo, no

Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía, no

Javier Orozco Gómez, sí

Raúl Piña Horta, sí

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, sí

Maximino Alejandro Fernández Avila, en pro

Leonardo Alvarez Romo, sí

Luis Antonio González Roldán, sí

Alejandra Méndez Salorio, sí

Jorge Antonio Kahwagi Macari, sí

Manuel Velasco Coello, sí

Javier Francisco Guizar Macías, sí

Hugo Rodríguez Díaz, sí

Francisco Javier Bravo Carbajal, sí

Gonzalo Moreno Arévalo, sí

Sergio Armando Chávez Dávalos, sí

Rómulo Isael Salazar Macías, sí

Guillermo Zorrilla Fernández, sí

Pablo Pavón Vinales, sí

Ubaldo Aguilar Flores, a favor

Gustavo Moreno Ramos, a favor

Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, en contra

Víctor Suárez Carrera, no

Santiago Cortés Sandoval, desde luego no a la impunidad

Omar Ortega Alvarez, no

Jazmín Elena Zepeda Burgos, no

Horacio Duarte Olivares, no

Tomás Cruz Martínez, no

Sergio Vázquez García, no

Miguel Angel Llera Bello, no

Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, no

Francisco Xavier López Mena, no

Alberto Urcino Méndez Gálvez, no

J. Irene Alvarez Ramos, no

Maki Esther Ortíz Domínguez, no

Isidro Camarillo Zavala, no

Alfredo del Mazo González, sí

Emilio Chuayffet Chemor, sí

Fernando Alberto García Cuevas, sí

José Carmen Arturo Alcántara Rojas, sí

Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, sí

Félix Arturo González Canto, sí

Emilio Badillo Ramírez, sí

Roberto Pedraza Martínez, sí

Gonzalo Rodríguez Anaya, sí

Oscar Bitar Haddad, sí

Jorge Romero Romero, sí

Moisés Jiménez Sánchez, sí

Miguel Angel Osorio Chong, sí

Miguel Angel Yunes Linares, sí

Elba Esther Gordillo Morales, sí

Jorge Uscanga Escobar, sí

Roberto Rafael Campa Cifrián, sí

Tomás José Ruiz González, sí

Homero Díaz Rodríguez, sí

Pablo Anaya Rivera, sí

Ernesto Alarcón Trujillo, sí

Martín Remigio Vidaña Pérez, sí

Juan Bustillos Montalvo, sí

Concepción Olivia Castañeda Ortiz, sí

Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo, sí,

Marco Antonio Torres Hernández, por la afirmativa

Alfonso Sánchez Hernández, sí

Gonzalo Guízar Valladares, sí

Valentín González Bautista, en contra

José Luis Naranjo y Quintana, no

David Ferreyra Martínez, en contra

Javier Salinas Narváez, no

Héctor Miguel Bautista López, no

Gerardo Ulloa Pérez, no

Francisco Chavarría Valdeolivar, en contra

Juan García Costilla, en contra

José Juan Bárcenas González, no

María Guadalupe García Velasco, no

Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, no

Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, no

Sergio Penagos García, no

Virginia Yleana Baeza Estrella, no

Francisco José Rojas Gutiérrez, sí

Arturo Osornio Sánchez, sí

Alfredo Gómez Sánchez, sí

Armando Neyra Chávez, sí

Fidel René Meza Cabrera, sí

José Guillermo Aréchiga Santamaría, sí

José Luis Flores Hernández, sí

José Porfirio Alarcón Hernández, sí

Jesús Morales Flores, en favor

Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, sí

Rafael Moreno Valle Rosas, sí

Francisco Alberto Jiménez Merino, a favor

Juan Manuel Vega Rayet, sí

María del Carmen Izaguirre Francos, a favor

Quintín Vázquez García, sí

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, sí

Evelia Sandoval Urbán, a favor

José Manuel Carrillo Rubio, sí

Federico Barbosa Gutiérrez, a favor

Florentino Domínguez Ordóñez, sí

Martha Palafox Gutiérrez, sí

Jesús Humberto Martínez de la Cruz, sí

Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, a favor

Humberto Francisco Filizola Haces, sí

Oscar Martín Ramos Salinas, a favor

José Alfonso Muñoz Muñoz, a favor

Enrique Burgos García, si

Irma Sinforina Figueroa Romero, no

María del Rosario Herrera Ascencio, en contra

Javier Manzano Salazar, en contra

Yadira Serrano Crespo, en contra

Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, por la negativa

Margarito Fierros Tano, no

Rafael García Tinajero Pérez, en contra de la propuesta del diputado Yunes y similares

Salvador Márquez Lozornio, no

Alfredo Fernández Moreno, no

Edelmira Gutiérrez Ríos, no

Sheyla Fabiola Aragón Cortés, no

Patricia Flores Fuentes, no

Javier Castelo Parada, no

Raúl Rogelio Chavarría Salas, no

Huberto Aldaz Hernández, no

Felipe Medina Santos, sí

Fernando Fernández García, sí

Gaspar Avila Rodríguez, a favor

Guillermo Martínez Nolasco, sí

Isaías Soriano López, sí

Sofía Castro Ríos, sí

Paulo José Luis Tapia Palacios, sí

Elpidio Desiderio Concha Arellano, sí

Gonzalo Ruiz Cerón, sí

Heliodoro Carlos Díaz Escarraga, sí

Roger David Alcocer García, por la afirmativa

Angel Paulino Canul Pacab, sí

Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, sí

Alfonso Rodríguez Ochoa, sí

María Cristina Díaz Salazar, sí

Juan Carlos Pérez Góngora, sí

David Hernández Pérez, sí

Roberto Antonio Marrufo Torres, sí

Javier Alejandro Galván Guerrero, sí

Lázaro Arias Martínez, sí

Carlos Blackaller Ayala, sí

Angel Heladio Aguirre Rivero, sí

Mario Moreno Arcos, sí

José Rubén Figueroa Smutny, sí

Abel Echeverría Pineda, sí

Alvaro Burgos Barrera, sí

Marcelo Tecolapa Tixteco, sí

Sergio Arturo Posadas Lara, sí

Cruz López Aguilar, sí

Gonzalo Alemán Migliolo, claro que sí

José Manuel Abdala de la Fuente, sí

Ana Lilia Guillén Quiroz, en contra

Abdallán Guzmán Cruz, con firmeza, no

Sergio Augusto Magaña Martínez, no

Enrique Torres Cuadros, en contra

Inelvo Moreno Alvarez, en contra

Juan Pérez Medina, no

Francisco Mora Ciprés, en contra de Yunes y sus similares que son más baratos

Miguel Angel Toscano Velasco, no

Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, no

María del Rocío Jaspeado Villanueva, no

Leticia Socorro Userralde Gordillo, no

Alfredo Rodríguez y Pacheco, no

José Eduviges Nava Altamirano, sí

Jesús Tolentino Román Bojórquez, sí

José Rangel Espinosa, sí

Marco Antonio Gutiérrez Romero, sí

María Isabel Maya Pineda, sí

Luis Antonio Ramírez Pineda, sí

Jesús Angel Díaz Ortega, sí

Jorge Fernando Franco Vargas, a favor

Eviel Pérez Magaña, sí

Teófilo Manuel García Corpus, a favor

Lino Celaya Luría, sí

Eduardo Alonso Bailey Elizondo, sí

Carlos Mireles Morales, sí

Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, sí

Marcela Guerra Castillo, sí

María Esther de Jesús Scherman Leaño, sí

Leticia Gutiérrez Corona, sí

Rosario Saénz López, sí

José García Ortiz, sí

Carlos Flores Rico, sí

Wintilo Vega Murillo, sí

J. Jesús Lomelí Rosas, sí, confirmando mi voto

Juan Manuel Dávalos Padilla, sí

Juan Antonio Gordillo Reyes, sí

Jorge Baldemar Utrilla Robles, sí

Manlio Fabio Beltrones Rivera, sí

Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, sí

Julio César Córdova Martínez, sí

Rafael Galindo Jaime, sí

Fermín Trujillo Fuentes, sí

Pascual Sigala Páez, en contra

Carlos Hernán Silva Valdés, en contra

Israel Tentory García, en contra

Abraham Bagdadi Estrella, en contra

Juan Carlos Núñez Armas, no

Julián Angulo Góngora, no

José Luis Treviño Rodríguez, no

Álvaro Elías Loredo, no

Pablo Bedolla López, sí

Rebeca Godínez y Bravo, sí

Víctor Ernesto González Huerta, sí

Gema Isabel Martínez López, sí

Blanca Estela Gómez Carmona, sí

José Lamberto Díaz Nieblas, sí

Jacobo Sánchez López, sí

José Guzmán Santos, sí

En espera de su renuncia diputado Castro, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, a favor

Margarita Martínez López, sí

Adrián Villagómez García, por la propuesta del licenciado Yunes, por supuesto y con firmeza, sí

Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, sí

Alfonso González Ruiz, sí

Humberto Cervantes Vega, sí

Francisco Luis Monárrez Rincón, sí

Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, a favor

José Angel Ibáñez Montes, sí

Fernando Ulises Adame de León, sí

Jaime Fernández Saracho, a favor

Por ser la propuesta del licenciado Yunes, justa y apegada al derecho, Pedro Ávila Nevárez, sí

Julián Nazar Morales, sí y por los honrados del PRD que se abra el cochinito de Rosario Robles y Publicorp

Sonia Rincón Chanona, sí

Roberto Aquiles Aguilar Hernández, sí

Florencio Collazo Gómez, sí

Mario Carlos Culebro Velasco, sí

Sami David David, sí

Carlos Osvaldo Pano Becerra, sí

Belizario Iram Herrera Solís, sí

Francisco Grajales Palacios, sí

César Amín González Orantes, claro que sí

María Elena Orantes López, sí

Con extrañeza por el cambio de posición de Juan de Dios Castro, Emilio Zebadúa González, no

Rogelio Franco Castán, no

Marcelo Herrera Herbert, no

Marbella Casanova Calam, en contra

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Se pregunta a los diputados y diputadas si alguien falta de votar.

Salvador Vega Casillas, no

Oscar Félix Ochoa, sí

Benjamín Sahagon Medina, sí

José Reyes Baeza Terrazas, confirmando el voto afirmativo

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, no

Jaime Miguel Moreno Garavilla, por la afirmativa

Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, no

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Nadie más falta de votar

Rubén Mendoza Ayala, no

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Bien vamos a empezar con la Mesa Directiva

Marcos Morales Torres, no

Amalín Yabur Elías, sí

María de Jesús Aguirre Maldonado, sí

Amalia Dolores García Medina, en contra

Antonio Morales de la Peña, no

Francisco Agustín Arroyo Vieyra, sí

Juan de Dios Castro Lozano, no

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Señor Presidente, señores diputados se emitieron 483 votos, de los cuales por la afirmativa 245, por la negativa 238.

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

Una abstención. Rectificando faltó contar una abstención por lo tanto fueron 484 votos efectivos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señoras y señores legisladores:

Quiero ser muy preciso en el acuerdo que tomará la Presidencia. El procedimiento se abrió en función de una solicitud de revocación del acuerdo de la Mesa Directiva, del Presidente de la Mesa Directiva.

El Presidente de la Mesa Directiva no puede estar nunca en los términos del 18 por encima de la Asamblea, estoy sujeto a lo que decida la Asamblea.

En esas condiciones, señoras y señores legisladores, revoco la cita a la sesión del día 17 de septiembre, para que los diputados se constituyan en Jurado de Procedencia, queda sin efecto esa convocatoria.

Un momento, señor diputado; no estaban sometidas, porque no es materia del procedimiento, el resto de las propuestas del señor diputado Miguel Angel Yunes, por lo tanto, la Presidencia acuerda que el expediente con el dictamen quede bajo la custodia de la Dirección de Proceso Legislativo, con el propósito de que la Junta de Coordinación, en su oportunidad, haga la propuesta conducente al pleno de la Cámara.

Puede usted pedir la revocación de mi acuerdo, señor, adelante, don Miguel Angel Yunes.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Sólo para hacer una precisión, traigo el texto que leí y está registrado en el Diario de los Debates, la propuesta concreta es: que se consultara a la Asamblea si es procedente que la Cámara se erija en Jurado de Procedencia o turnar los expedientes 1102 y 0802, los dos de la Sección Instructora a la Comisión Jurisdiccional en calidad de proyectos, como lo dispone el artículo 94 del Reglamento.

La propuesta se votó en este sentido y no otro, se tienen que turnar ambos expedientes a la Comisión Jurisdiccional, como lo dispone el artículo 94 cuando ésta se constituya.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Como la decisión del pleno es la que impera, solicito a la Secretaría, se sirva consultar a la Asamblea, si esta segunda parte que acaba de hacer alusión...

Desde su curul, diputado Pablo Gómez, dígame.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

Tiene efecto la solicitud que hizo el licenciado Yunes era para que la Presidencia revocara, de acuerdo con el 19 del Reglamento. El 19 del Reglamento no menciona un turno, lo que se ha solicitado aquí es la revocación de la decisión del Presidente, pero el 19 del Reglamento no es para votar sobre turnos de algún proyecto que ya estuviera en el pleno a comisión, en tal virtud si se trata de naturaleza diferente.

Si el licenciado Yunes hubiera solicitado que al mismo tiempo se votara, como el pleno lo puede hacer, de acuerdo con otro artículo del Reglamento, regrésese el dictamen a donde tenga que regresarse, otra cosa hubiera sido, pero usted, señor Presidente de la Cámara, sabe muy bien que ha sido llevado de acuerdo con el artículo 19, el artículo 19 no señala en absoluto el regreso de un dictamen, por lo tanto, creo que sí se trata de otra cosa.

No obstante, le propongo un asunto diverso, yo propongo que como el dictamen no procede de la Comisión Jurisdiccional, sino procede de la Sección Instructora, no habiendo constituido la Sección Instructora, el dictamen queda exactamente en la situación en la que está, es decir, en manos de usted que para eso es el Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra diputado Yunes.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul):

Gracias, señor Presidente.

El maestro de Derecho Parlamentario viene aquí a decirnos que el dictamen se regrese. Pues lo tendremos que regresar a quien lo trajo de noche aquí a la Cámara, a Armando Salinas Torre o al secretario técnico anónimo éste, que no sabemos cómo hizo llegar el dictamen a la Presidencia.

Pero no señor Presidente, nuestra argumentación desde el día 4, ha sido perfectamente consistente; ha sido una argumentación sustentada en el artículo 94 parte final, donde claramente se señala que los dictámenes que la anterior Legislatura apruebe y entre ellos la presente, se considerarán proyectos y se turnarán a comisiones.

Esta argumentación señor Presidente, la sostuvimos el día 4 en el debate y es el centro de nuestra argumentación de hoy. La propuesta concreta y la redacté con todo cuidado señor Presidente y es la que usted ha sometido a votación, y ya está tomada la votación y ya se aprobó la propuesta, es en el sentido de que se consulte a la Asamblea si es procedente que la Cámara se erija en jurado de procedencia o turnar los expedientes SI/1102 SI/802, a la Comisión Jurisdiccional en calidad de proyectos, como lo dispone el artículo 94 de nuestro Reglamento.

Le ruego que autorice a la secretaría a que dé lectura a mi propuesta para que no quede ninguna duda.

Y señor Presidente, no metamos a la Cámara en un nuevo debate sin sustento. La propuesta fue perfectamente clara desde el pasado jueves 4 y hoy la reiteramos. Esta soberanía ya ha decidido. Se ha revocado la decisión de usted y se ha tomado la decisión de enviar los expedientes en términos del artículo 94, a donde debían haberse enviado. Si desde un principio se hubiera respetado la normatividad de la Cámara nos hubiéramos evitado todo esto que hemos vivido en el Congreso en la última semana.

Pido al Presidente que autorice a la Asamblea la lectura.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a la lectura.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia se lee la parte que ha solicitado el diputado.

Solicitamos a usted consulte a la Asamblea si es procedente que la Cámara se erija en jurado de procedencia o turnar los expedientes SI/1102 y SI/0802 a la Comisión Jurisdiccional en calidad de proyectos como lo dispone el artículo 94 de nuestro Reglamento.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado Pablo Gómez, desde su curul.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

Presidente, se ha votado a favor, la mayoría ha votado a favor, pero no de una disyuntiva, ha votado a favor. Es imposible votar... por favor señores, cálmense. Es imposible votar a favor de una disyuntiva. Es lógicamente imposible, no se puede votar por algo o por algo diferente. Se ha votado por revocar la convocatoria que usted hizo al jurado de procedencia. Eso fue lo que se ha votado. Es imposible votar, repito porque es una cuestión de lógica muy elemental. No se votó revocación o turno, se votó revocación. De acuerdo con el 19.

Señor Presidente: solamente le recuerdo a usted que éste es un parlamento en el que se vota sí o no, y nadie puede votar sí por dos cosas distintas. Nadie a llegado en un parlamento a ese nivel de absurdo. Bueno, sí han llegado, pero no hay que admitir eso, a menos que el PAN esté de acuerdo, que parece que sí.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado Yunes.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares:

Ah, pero qué resbalón se ha dado el maestro de derecho parlamentario en presencia de todos nosotros.

El dice que no se puede votar por la disyuntiva y es cierto. Lo que aquí se votó, y así lo dijo el Presidente, fue la propuesta del diputado Yunes. No preguntó el Presidente si se votaba por constituir el jurado o se votaba la propuesta.

La votación se tomó en relación con la propuesta a la que dio lectura la Secretaría y la mayoría de esta Cámara determinó que la propuesta era procedente. Está grabado, está ya en el Diario de los Debates, ha ganado la afirmativa y la propuesta es una propuesta firme.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señoras y señores legisladores: ruego a la Secretaría dar lectura a los artículos 18 y 19 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Artículo 18. El Presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto de su respectiva Cámara.

Artículo 19. Ese voto será consultado cuando algún miembro de la Cámara reclame la resolución o trámite del Presidente, previa una discusión en que podrán hablar dos individuos en pro y dos en contra, lo cual se podrá hacer siempre que no haya mediado votación en el mismo negocio y se adhieran a la reclamación por lo menos dos de los individuos presentes.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, Secretaria.

Como se puede advertir claramente del artículo 19, el señor diputado Miguel Angel Yunes solicitó la revocación, se inconformó con el trámite dado por la Presidencia.

La Presidencia, en su convocatoria, no hizo absolutamente ninguna alusión a comisión alguna. Convocó exclusivamente a los diputados para que se constituyeran en jurado de procedencia.

En atención a que el procedimiento seguido en esta Cámara y en este pleno hace unos minutos fue conforme al 18 y el 19 del Reglamento, la litis está en la revocación del trámite dado por la Presidencia.

Esta presidencia insiste en que se revoca de plano lo que la presidencia acordó en la sesión del jueves 4 de septiembre. Queda totalmente sin efectos porque la decisión del pleno ha sido ésa.

Sin embargo, era necesario saber en qué condiciones quedaba el expediente. Ese es un tema en que la Asamblea no se ha pronunciado. Entonces en esas condiciones y toda vez que la asamblea es soberana, y para abrir, como dice el diputado Yunes innecesariamente otro debate, esta decisión última que la Presidencia ha tomado, solicita de la Cámara que sea consultada para ver si está de acuerdo con lo que la Presidencia indica, o está a favor de la propuesta del licenciado Yunes.

Sí, diputado Yunes.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul):

Señor Presidente.

Creo que se puede resolver muy fácil este debate.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Estoy abierto para resolverlo.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul):

Pido a usted ordene a la Secretaría dé lectura a la versión estenográfica de la instrucción que dio usted a la Secretaría acerca de cómo tomar la votación. Le ruego que lo haga por favor en beneficio de la claridad, para que podamos saber cuál fue la instrucción.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Sírvase la Secretaría dar lectura a la versión estenográfica...

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RECESO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 22:17 horas):

Se abre receso de cinco minutos.

Mientras se trae la versión estenográfica, decretamos un receso de cinco minutos.

(Receso.)

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PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE PROCEDENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 22:20 horas): Se reanuda la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la versión estenográfica sobre lo expresado por la Presidencia al tomar la votación en los términos que lo solicitó el señor diputado Miguel Angel Yunes.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Empezamos la lectura, señor Presidente:

``Señor Presidente: se considera suficientemente discutido.

``Señoras y señores legisladores: la Mesa Directiva ha recibido un escrito suscrito por seis señores diputados, los que con fundamento en el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que la propuesta sometida a discusión sea votada en forma nominal.

``Como con este escrito se satisface el requerimiento del artículo 148, proceda la Secretaría a someter y recoger la votación nominal en el entendido que el sí será a favor de la propuesta del diputado Yunes...''

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficiente, señor Secretario.

Concluya, señor Secretario.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Señor Presidente, es que no está bien terminado el párrafo, dice: ``...No, será en contra de la propuesta del diputado... Y no está bien registrado.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, señor diputado Yunes, la Presidencia sometió a consideración del pleno algo que la Presidencia no tenía intención. La idea de la Presidencia era someter a consideración la revocación de la decisión de la Presidencia, pero como los términos planteados por la Presidencia fueron los términos que ha dado lectura en la versión estenográfica, se revoca la decisión de la Presidencia y se acuerda en los términos en que se votó la propuesta.

Señoras y señores... Continúe la Secretaría. Un momento, Secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

Presidente: quiero impugnar con apoyo de los diputados que se pongan de pie para secundar mi proposición.

El trámite que usted dio de enviar a una comisión incompetente un dictamen puesto que no procede de la Comisión Jurisdiccional, el dictamen procede de la Sección Instructora.

De tal manera que yo quiero solicitar la revocación de la resolución que usted ha tomado, pero considerando que son las 22:25 de la noche, le solicito a usted que si no tiene inconveniente registre esta petición para revocar o intentar revocar su trámite para la próxima sesión de Cámara.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señoras y señores: permítanme tomar el acuerdo en relación al pedimento del señor diputado Pablo Gómez.

En los términos del artículo 19 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el asunto está votado. Y con fundamento en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece entre las atribuciones las siguientes: conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y deliberaciones, ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria correspondiente.

Eso es lo que ha hecho la Presidencia.

Señoras y señores:

Continúe la Secretaría...

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

¡Presidente! ¡Presidente!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento Secretaría.

Señor diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

Señor Presidente.

El asunto sobre el trámite de turno a la comisión que usted acaba de acordar después de resistirse durante un buen rato, no puede considerarse que ese turno que usted ha dado es sobre el mismo negocio de la revocación de la convocatoria que usted había hecho para el jurado de procedencia. Usted le dio trámite a una solicitud para revocar la decisión tomada por usted de convocar a jurado de procedencia ahora da otro trámite, pidiendo disculpas al proponente y a la Asamblea por haberse equivocado, pero la equivocación de usted no puede ser de ninguna manera corresponsabilidad de la Cámara, como bien se sabe.

En tal virtud es un negocio diferente, no es el mismo asunto de revocar su anterior resolución, sino de revocar su actual resolución de naturaleza diversa a la convocatoria al jurado de procedencia. Ahora da usted un trámite a una comisión, yo impugno el trámite a una comisión y le pido que acepte, que acepte poner a discusión el trámite mismo que usted ha hecho a fin de que la Asamblea lo vote. ¡Y si usted no está de acuerdo con votarlo, entonces le pido que consulte a la Asamblea si el asunto es de votarse o mi planteamiento se desecha de plano!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado Pablo Gómez: No tengo ningún inconveniente en manifestar que se le tienen hechas las manifestaciones que acaba usted de exponer a la Asamblea. La Presidencia tomó una decisión, pero esto último de una propuesta suya por supuesto que a la Asamblea sí puedo someterlo a votación.

Consulte la Secretaría en votación económica a la Asamblea si se acepta o no la propuesta del diputado Pablo Gómez.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta si se aprueba la propuesta del diputado Gómez.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado Pablo Gómez: es la Asamblea la que ha tomado la determinación.

Continúe la Secretaría.

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ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Señor Presidente: se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 18 de septiembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Secretaría de Gobernación.

Por la que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis Torre Palomares y Antonio Gracia Delgado, puedan presentar servicios en el consulado general de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco y en Matamoros, Tamaulipas. (Turno a comisión.)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Catalina Gurrola Ponce y Felipe Homero Saldaña López, puedan prestar servicios en la Embajada de Australia, en México. (Turno a comisión.)

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 22:29 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 18 de septiembre, a las 11:00 horas, y se les informa que la lista de registro de asistencia estará desde las 9:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 11 horas 7 minutos con un receso de 3 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 387 diputados.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2.

Diputados que solicitan licencia: 2.

Diputados suplentes que se incorporan: 3.

Minuto de silencio: 1.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2.

Análisis III Informe de Gobierno. Política Interior.

Análisis III Informe de Gobierno. Política Exterior.

Efemérides: 1.

Proposiciones con punto de acuerdo: 4.

Punto de acuerdo aprobado: 5.

Proposición aprobada: 1.

Oradores en tribuna: 69

PRI-20; PAN-10; PRD-22; PVEM-7; PT-5; PC-5.

Se recibió:

1 oficio de la Cámara de Senadores por la que comunica la integración de la Junta de Coordinación Política;

3 oficios de la Secretaría de Gobernación por el que remite copias de contestaciones de funcionarios en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;

1 iniciativa del PRD;

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DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)
Abdala de la Fuente, José Manuel (PRI) Estados de Tamaulipas y Coahuila: 97
Adame de León, Fernando Ulises (PRI) Frijol, Precios del: 105
Aguilar Iñárritu, José Alberto (PRI) Análisis III Informe de Gobierno. Política Exterior: 71
Alegre Bojórquez, Ricardo (PAN) Inundaciones: 79
Alvarado Villazón, Francisco Xavier (PVEM) Análisis III Informe de Gobierno. Política Exterior: 55
Alvarez Romo, Leonardo (PVEM) Análisis III Informe de Gobierno. Política Interior: 33
Avila Nevárez, Pedro (PRI) Gas LP: 104
Avila Serna, María (PVEM) Análisis III Informe de Gobierno. Política Exterior: 65
Bernal Ladrón de Guevara, Diana Rosalía (PRD) Tribunal Electoral del Poder Judicial: 93
Camacho Solís, Víctor Manuel (PRD) Análisis III Informe de Gobierno. Política Interior: 46
Carrillo Rubio, José Manuel (PRI) Inundaciones: 79
Chavarría Salas, Raúl Rogelio (PAN) Inundaciones: 77
De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Análisis III Informe de Gobierno. Política Exterior: 58
De las Fuentes Hernández, Fernando Donato (PRI) Estados de Tamaulipas y Coahuila: 96
Del Mazo González, Alfredo (PRI) Análisis III Informe de Gobierno. Política Exterior: 60
Domínguez Arvizu, María Hilaria (PRI) Frijol, Precios del: 111
Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc (PRI) Análisis III Informe de Gobierno. Política Interior: 39
García Cuevas, Fernando Alberto (PRI) Salvador Allende: 121
García Ochoa, Juan José (PRD) Análisis III Informe de Gobierno. Política Exterior: 56
García Solís, Iván (PRD) Educación Media Superior: 114
Gastélum Bajo, Diva Hadamira (PRI) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 24
Gómez Alvarez, Pablo (PRD) Procedimiento de Declaración de Procedencia: 125
González Carrillo, Adriana (PAN) Análisis III Informe de Gobierno. Política Exterior: 69
González Roldán, Luis Antonio (PVEM) Tribunal Electoral del Poder Judicial: 91, 93
González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Estados de Tamaulipas y Coahuila: 98
González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Análisis III Informe de Gobierno. Política Exterior: 52, 62
González Yáñez, Alejandro (PT) Análisis III Informe de Gobierno. Política Interior: 31
González Yáñez, Oscar (PT) Análisis III Informe de Gobierno. Política Exterior: 64
Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen (PRD) Estado de Tabasco: 80
Herrera Ascencio, María del Rosario (PRD) Sida: 102
Herrera León, Francisco (PRI) Estado de Tabasco: 86
Lastra Marín, Lucio Galileo (PAN) Estado de Tabasco: 84
López Núñez, Pablo Alejo (PAN) Procedimiento de Declaración de Procedencia: 128
Martínez de la Cruz, Jesús Humberto (PRI) Estados de Tamaulipas y Coahuila: 94
Martínez Ramos, Jorge (PRD) Salvador Allende: 119
Medina Lizalde, José Luis (PRD) Inundaciones: 80
Medina Lizalde, José Luis (PRD) Tribunal Electoral del Poder Judicial: 93
Mejía Haro, Antonio (PRD) Frijol, Precios del: 111
Mendoza Ayala, Rubén (PAN) Salvador Allende: 120
Meza Cabrera, Fidel René (PRI) Estado de Puebla: 74
Mícher Camarena, Martha Lucía (PRD) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 21
Moreno Arcos, Mario (PRI) Sida: 101
Moreno Garavilla, Jaime Miguel (PC) Análisis III Informe de Gobierno. Política Interior: 30, 41
Muñoz Santini, Inti (PRD) Sida: 99
Nahle García, Arturo (PRD) Frijol, Precios del: 113
Orozco Gómez, Javier (PVEM) Análisis III Informe de Gobierno. Política Interior: 44
Padilla Peña, Joel (PT) Análisis III Informe de Gobierno. Política Exterior: 53
Padilla Peña, Joel (PT) Salvador Allende: 118
Penagos García, Sergio (PAN) Análisis III Informe de Gobierno. Política Interior: 47
Rodríguez Ochoa, Alfonso (PRI) Análisis III Informe de Gobierno. Política Interior: 50
Saucedo Pérez, Francisco Javier (PRD) Análisis III Informe de Gobierno. Política Exterior: 68
Serrano Jiménez, Emilio (PRD) Gas LP: 102, 105
Suárez Carrera, Víctor (PRD) Fríjol, Precios del: 112
Tovar de la Cruz, Elpidio (PRD) Estados de Tamaulipas y Coahuila: 97
Trejo Reyes, José Isabel (PAN) Frijol, Precios del: 109
Trueba Gracián, Tomás Antonio (PAN) Análisis III Informe de Gobierno. Política Interior: 37
Vázquez González, Pedro (PT) Análisis III Informe de Gobierno. Política Interior: 43
Velasco Coello, Manuel (PVEM) Tribunal Electoral del Poder Judicial: 86
Yunes Linares, Miguel Angel (PRI) Procedimiento de Declaración de Procedencia: 122, 126, 135, 136
Zebadúa González, Emilio (PRD) Análisis III Informe de Gobierno. Política Interior: 35
Zebadúa González, Emilio (PRD) Tribunal Electoral del Poder Judicial: 91, 92