DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 18 de septiembre de 2003	Sesión No. 7

---

---

ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados, rogando a las personas que no sean legisladores, ocupen sus lugares.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 391 diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:22 horas):

Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

---

ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 18 de septiembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura.

Iniciativa del Congreso del estado de Baja California

Que reforma la fracción II del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. (Turno a comisión.)

Iniciativa de diputados

Que reforma el artículo 9o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Tomás Ruiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Minutas

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental y se deroga el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Vivienda. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis Torres Palomares y Antonio Gracia Delgado, puedan prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco y en Matamoros, Tamaulipas. (Turno a comisión.)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Catalina Gurrola Ponce y Felipe Homero Saldaña López, puedan prestar servicios en la Embajada de Australia en México. (Turno a comisión.)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo adelantar la fecha de presentación del paquete económico, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para demandar al Ejecutivo Federal la cancelación definitiva de la construcción del muelle en Playa del Carmen, Quintana Roo, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat y a la Profepa, para que se suspendan las obras de construcción del muelle de Playa del Carmen, Quintana Roo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la fiscalización de los fondos federales del Ramo 33 por la Auditoría Superior de la Federación, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial en el área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a cargo del diputado Juan Manuel Vega Rayet, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados revise el conflicto de intereses de algunos integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB e instrumente lo necesario para que sean sustituidos en sus cargos en el órgano de gobierno del Instituto, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación con el secreto profesional de los periodistas, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2003, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar que el Poder Ejecutivo Federal emita la declaratoria de desastre natural en diversos municipios del estado de Guanajuato, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Agenda política

Comentarios en torno a las propuestas legislativas de la Comisión Pastoral de la Movilidad Humana sobre los derechos de los migrantes, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Para conmemorar el aniversario de la anexión a México, del estado de Chiapas, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.

Para conmemorar el CXCIII aniversario del inicio de la Independencia de México, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.

Para conmemorar el XVIII aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

El siguiente punto del orden del día es...

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago (desde su curul):

¡Señor Presidente!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago (desde su curul):

Quisiera solicitarle de la manera más atenta y que usted lo ponga a consideración en el momento que sea oportuno, se pueda poner en el orden del día, si este pleno lo aprueba, en la agenda política lo relativo a la libertad de Lorenzo Llona Olalde. Le solicito de la manera más atenta, en el momento que usted lo considere, pueda consultarlo al pleno si es de autorizarse la incorporación de este punto.

Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se instruye a la Secretaría para que consulte en votación económica al pleno si se incluye al término de la orden del día el punto que plantea el señor diputado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se pone a consideración de la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el que se incorpore el referido punto en el orden del día...

¿Cuál es el punto?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El tema que se pide se incluya en el orden del día es un tema relacionado con la libertad de Lorenzo Llona Olalde.

Continúe la Secretaría la consulta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y a los diputados que estén de acuerdo en que se incorpore este punto en el orden del día, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, la mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

---

ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves once de septiembre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos ochenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con veintidós minutos del jueves once de septiembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.

El diputado Rafael Galindo Jaime, del Partido Revolucionario Institucional, aclara que el punto de acuerdo presentado por el diputado Antonio Mejía Haro en la sesión pasada, en relación con la postura del gobierno mexicano en la reunión de la Organización Mundial de Comercio, se hizo a nombre de diputados de los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista de México. Queda constancia de la manifestación del diputado Galindo Jaime en el acta de la presente sesión.

La Presidencia informa que a las puertas del recinto se encuentra la ciudadana Rosario Sáenz López, electa como diputada federal suplente en el segundo distrito del estado de Durango, y acompañada de una comisión designada rinde su protesta de ley y entra en funciones de inmediato.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Con acuerdo para que se guarde un minuto de silencio para recordar de manera solemne el trigésimo aniversario del golpe de Estado en Chile que costó la vida del Presidente Salvador Allende, y el segundo aniversario de los atentados terroristas en las ciudades de Nueva York y Washington, Estados Unidos de América. La Asamblea lo aprueba en votación económica y en consecuencia guarda un minuto de silencio.

Con acuerdo para crear el Comité de Administración. Se aprueba en votación económica.

Oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica la integración de la Junta de Coordinación Política para el Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura. De enterado.

Comunicación del diputado Javier Alejandro Galván Guerrero por la que solicita licencia para separarse del cargo de diputado federal electo en el decimoctavo distrito del estado de Jalisco. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente, y la Asamblea los aprueba en votación económica.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo setenta y cuatro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, y en tanto se designa la comisión, consérvese la iniciativa en la Dirección General de Proceso Legislativo.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo solicita la palabra para el mismo tema. El Presidente informa que se está desahogando el capítulo de iniciativas e instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea si autoriza la intervención y en votación económica la autoriza. En consecuencia, se concede la palabra a la diputada Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, quien se suma a la iniciativa presentada por la diputada Mícher Camarena.

Tres oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se remiten copias de las contestaciones del Procurador Fiscal de la Federación; del Secretario de Hacienda y Crédito Público; y del Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Seguridad Nacional y Gobierno de la Dirección General de Programación y Presupuesto ``A'' de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente. De enterado y en su oportunidad remítanse los dos primeros a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y el tercero a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la glosa del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, Licenciado Vicente Fox Quesada, aprobado por la Asamblea el cuatro de septiembre de dos mil tres.

En el primer turno de oradores para el análisis del Tercer Informe de Gobierno, administración dos mil-dos mil seis, en materia de política interior, la Presidencia concede la palabra a los diputados: Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia; Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo; Leonardo Alvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México; Emilio Zebadúa González, del Partido de la Revolución Democrática; Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional; y Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, del Partido Revolucionario Institucional.

En el segundo turno de oradores, intervienen los diputados: Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia; Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México; Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática; Sergio Penagos García, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña

y Alfonso Rodríguez Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional.

En el primer turno de intervenciones para el análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, en materia de política exterior, suben a la tribuna los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Partido Verde Ecologista de México; Juan José García Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional; y Alfredo del Mazo González, del Partido Revolucionario Institucional.

En el segundo turno intervienen los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Javier Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional; y José Alberto Aguilar Iñárritu, del Partido Revolucionario Institucional.

De conformidad con lo que establece el numeral cinco del artículo séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remítanse las versiones estenográficas de la presente y anterior sesiones en las que se llevó a cabo el análisis del Tercer Informe de Gobierno en materia de política económica, social, interior y exterior, al Presidente de la República para su conocimiento.

El Presidente informa que por un error no se incluyó en el orden del día una solicitud de licencia, y solicita a la Secretaría consultar a la Asamblea si autoriza su inclusión inmediata. En votación económica se autoriza. En consecuencia, la Secretaría da lectura a la comunicación del diputado Guillermo Velasco Rodríguez por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en la quinta circunscripción plurinominal, así como a los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente. La Asamblea los aprueba en votación económica.

El Presidente informa que a las puertas del recinto se encuentra el ciudadano Raúl Piña Horta, electo como diputado federal suplente en la quinta circunscripción plurinominal, y acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley y entra en funciones de inmediato.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, para que productores de la zona norte del estado de Puebla, puedan conocer los avances logrados en cada una de sus especialidades, que les permita competir en mejores condiciones con sus homólogos de otros países y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera el asunto de urgente resolución y sin nadie que solicite el uso de la palabra, aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.

Raúl Rogelio Chavarría Salas, del Partido Acción Nacional, en relación con las personas que resultaron afectadas por las inundaciones que se registraron en el estado de Querétaro, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así lo considera en votación económica y hablan al respecto los diputados: José Manuel Carrillo Rubio, del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Alegre Bojórquez, del Partido Acción Nacional; y José Luis Medina Lizalde, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del Partido de la Revolución Democrática, y a nombre de diputados de los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Convergencia y del Trabajo, para crear una Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales durante el proceso electoral de dos mil tres en el estado de Tabasco. Hablan al respecto los diputados: Lucio Galileo Lastra Marín, del Partido Acción Nacional; y Francisco Herrera León, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación para que en sus resoluciones, cumpla con el mandato contenido en el párrafo cuarto del artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que el sistema de medios de impugnación electoral debe respetar siempre la definitividad de las distintas etapas de los procesos comiciales, y solicita trámite de urgente resolución. El Presidente informa de la recepción de una solicitud suscrita por diversos diputados para que la votación respectiva sea nominal, y por trescientos cincuenta y seis votos en pro y ochenta y cinco en contra se considera de urgente resolución. Hablan al respecto los diputados: Emilio Zebadúa González, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, en dos ocasiones; Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara y José Luis Medina Lizalde, ambos del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera el punto de acuerdo suficientemente discutido en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Jesús Humberto Martínez de la Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que libere recursos adicionales para compensar a los agricultores de los distritos de riego cero veintiséis y cero cincuenta y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea en votación económica así lo considera y hablan al respecto los diputados: Fernando Donato de las Fuentes Hernández y José Manuel Abdala de la Fuente, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; y Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.

Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Guerrero a ejecutar íntegramente la campaña específica de prevención del virus de inmunodeficiencia humana-síndrome de inmunodeficiencia adquirida, iniciada el doce de agosto de dos mil tres y suspendida una semana después. Habla sobre el mismo tema el diputado Mario Moreno Arcos, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Salud, y en tanto ésta se designa, consérvese la proposición en la Dirección General de Proceso Legislativo. Rectifica hechos la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del Partido de la Revolución Democrática.

Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se otorgue un precio especial en la venta de gas licuado de petróleo para uso doméstico a las personas adultas mayores. Para el mismo tema sube a la tribuna el diputado Pedro Avila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, y rectifica hechos el diputado proponente. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y en tanto ésta se designa, consérvese la proposición en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Fernando Ulises Adame de León, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a las autoridades federales a tomar medidas precautorias para garantizar los precios del frijol, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así lo considera en votación económica. Sube a la tribuna el diputado José Isabel Trejo Reyes, del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el tema. Rectifican hechos los diputados: María Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional; Antonio Mejía Haro, Víctor Suárez Carrera y Arturo Nahle García, los tres del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera el asunto suficientemente discutido en votación económica y de la misma forma aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para tomar medidas urgentes a fin de dar respuesta a la demanda de educación media superior del país. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y en tanto ésta se designa, consérvese la proposición en la Dirección General de Proceso Legislativo.

En el capítulo de agenda política, hablan sobre el trigésimo aniversario luctuoso del Presidente Salvador Allende, los diputados: Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática; Rubén Mendoza Ayala, del Partido Acción Nacional; y Fernando Alberto García Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente informa que a las puertas del recinto se encuentra el ciudadano Enrique Guerrero Santana, electo como diputado federal suplente en el decimoctavo distrito del estado de Jalisco, y acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley para entrar en funciones a partir del trece de septiembre de dos mil tres.

Se concede la palabra al diputado Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una propuesta en el sentido de consultar a la Asamblea si es procedente que la Cámara de Diputados se erija en Jurado de Procedencia o turnar los expedientes SI/11/02 y SI/08/02 de la Sección Instructora a la Comisión Jurisdiccional en calidad de proyectos. El Presidente hace aclaraciones sobre la convocatoria que emitiera para que la Cámara de Diputados se erija en Jurado de Procedencia y sobre la intervención del diputado Yunes Linares en la sesión del cuatro de septiembre de dos mil tres.

Con base en lo dispuesto en el artículo dieciocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se concede la palabra a los diputados: Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; y Pablo Alejo López Núñez, del Partido Acción Nacional, en contra.

La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto en votación económica.

La Presidencia informa de la recepción de una solicitud debidamente suscrita para que la votación respectiva sea nominal y explica que el voto por la afirmativa es en pro de la propuesta del diputado Yunes Linares y por la negativa es en contra de ella. En consecuencia, la Secretaría recoge la votación, misma que arroja los siguientes resultados: doscientos cuarenta y cinco votos en pro; doscientos treinta y ocho en contra; y una abstención. El Presidente declara que se revoca la cita para la sesión del día diecisiete de septiembre de dos mil tres, quedando sin efecto la convocatoria para que la Cámara de Diputados se erija en Jurado de Procedencia, y acuerda que los expedientes y los dictámenes respectivos queden bajo la custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo, con el propósito de que la Junta de Coordinación Política, en su oportunidad, haga la propuesta conducente a la Asamblea.

Se concede la palabra al diputado Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer aclaraciones sobre la propuesta por él presentada, en relación con el turno de los expedientes referidos.

Desde su respectiva curul intervienen los diputados: Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la primera para solicitar que los expedientes señalados queden en poder de la Presidencia y la segunda para hacer comentarios en relación con lo votado por la Asamblea; y Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer comentarios sobre su propuesta, solicitando que la Secretaría le dé lectura. La Presidencia instruye a la Secretaría a atender la solicitud.

Sube a la tribuna el diputado Miguel Angel Yunes Linares para rectificar hechos.

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a los artículos dieciocho y diecinueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente hace aclaraciones, reitera que se revoca la convocatoria para que la Cámara de Diputados se erija en Jurado de Procedencia y solicita a la Secretaría consultar a la Asamblea si está de acuerdo con el trámite posterior dictado por la Presidencia o con el solicitado por el diputado Yunes Linares, para los expedientes citados.

Desde su curul el diputado Yunes Linares solicita se dé lectura a la versión estenográfica de la instrucción dada por la Presidencia a la Secretaría sobre el sentido de la votación.

A las veintidós horas con diecisiete minutos el Presidente declara un receso.

En espera de la versión estenográfica.

A las veintidós horas con veinte minutos se reanuda la sesión y el Presidente instruye a la Secretaría dar lectura a la versión estenográfica referida, en la que explica que el voto por la afirmativa es en pro de la propuesta del diputado Yunes Linares y por la negativa es en contra de ella.

El Presidente aclara que se sometió a consideración del Pleno algo que la Presidencia no tenía intención, pues la idea era someter a su consideración la revocación de la decisión de erigir a la Cámara de Diputados en Jurado de Procedencia, pero como los términos planteados fueron los términos registrados en la versión estenográfica, acuerda la revocación señalada y el turno de los expedientes conforme a la propuesta aprobada.

Desde su curul el diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de otros diputados de su grupo parlamentario, reclama el trámite a comisión ordenado por la Presidencia. El Presidente hace aclaraciones. El diputado Gómez Alvarez insiste en reclamar el trámite y solicita ponerlo a discusión y votarlo. En votación económica no se admite la solicitud.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintidós horas con veintinueve minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves dieciocho de septiembre de dos mil tres, a las once horas.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Dígame, señor diputado?

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago (desde su curul):

En virtud de que no fue aprobado por este pleno el punto de la libertad de Lorenzo Llona Olalde, le solicito de la manera más atenta lo pueda incorporar en la próxima sesión en el orden del día.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tomaremos en consideración. Le rogaría que su coordinador tuviera la gentileza de plantearlo en la Junta de Coordinación Política.

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada el acta.

---

SENADOR MARCO ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Esta Presidencia tiene la pena de participar a esta Asamblea que el día 16 de septiembre falleció el senador Marco Antonio Fernández Rodríguez, quien fuera diputado federal en la LVII Legislatura, electo en el I distrito del estado de Nayarit.

Se ruega a los diputados ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

(Minuto de silencio.)

Continúe la Secretaría.

---

COMITE DE ADMINISTRACION
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra el Comité de Administración

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. La Junta de Coordinación Política acordó, el 2 de septiembre de 2003, la creación de un Comité de Administración que le apoyará en todo lo relacionado con sus atribuciones administrativas.

2. Con fecha 11 de Septiembre de 2003, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo relativo a la creación del Comité de Administración como apoyo a las tareas administrativas de la Junta de Coordinación Política.

3. De conformidad con el punto segundo del Acuerdo por el que se crea el Comité de Administración, éste se integrará por dos diputados de cada grupo parlamentario, designados por su respectivo coordinador; el primero con carácter de titular y el segundo con carácter de sustituto.

El Comité de Administración será presidido anualmente por un diputado perteneciente al grupo parlamentario de quien presida la Junta de Coordinación Política.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se adopta el siguiente

Acuerdo

Unico. El Comité de Administración estará integrado por los siguientes diputados:

Por el Grupo Parlamentario del PRI

Titular: Dip. Rafael Moreno Valle Rosas

Sustituto: Dip. Alfredo Gómez Sánchez

Por el Grupo Parlamentario del PAN

Titular: Dip. José González Morfín

Sustituto: Dip. Jaime del Conde Ugarte

Por el Grupo Parlamentario del PRD

Titular: Dip. María Marcela González Salas y Petricioli

Sustituto: Dip. Adrián Chávez Ruiz

Por el Grupo Parlamentario del PVEM

Titular: Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari

Sustituto: Dip. Cuauhtémoc Ochoa Fernández

Por el Grupo Parlamentario del PT

Titular: Dip. Pedro Vázquez González

Sustituto: Dip. Joel Padilla Peña

Por el Grupo Parlamentario de Convergencia

Titular: Dip. Jesús Emilio Martínez Alvarez

Sustituto: Dip. Luis Maldonado Venegas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de septiembre de 2003.--- Dip. Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI; Dip. Francisco Barrio Terrazas, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Dip. Pablo Gómez Alvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; Dip. Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Dip. Jesús Martínez Alvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Convergencia.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado.

Continúe la Secretaría.

---

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto me permito comunicar a usted que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, en la sesión celebrada el día de hoy se llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos de este órgano colegiado, durante el mes de septiembre del presente año, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio, la cual quedó integrada por los siguientes diputados:

Presidente: Dip. René Bejarano Martínez; Vicepresidente: Dip. Efraín Morales Sánchez; Vicepresidenta: Dip. Irma Islas León; Vicepresidenta: Dip. Norma Gutiérrez de la Torre; Vicepresidente: Dip. Arturo Escobar y Vega; Secretario: Dip. Andrés Lozano Lozano; Secretario: Dip. Juan Antonio Arévalo López; Prosecretaria: Dip. María Elena Torres Baltasar; Prosecretario: Dip. Rafael Hernández Nava.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente.

Recinto Legislativo, a 14 de septiembre de 2003.--- Dip. René Bejarano Martínez (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De enterado.

---

LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVII Legislatura.

Dip. Fed. Armando Salinas Torres, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria de la H. XVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California celebrada el 17 de julio del año en curso, se acordó mediante dictamen número 322 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, remitir a esa honorable soberanía iniciativa de decreto que reforma la fracción II del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se anexa copia de la iniciativa de referencia y acta de sesión ordinaria de este Congreso celebrada el 17 de julio de 2003.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ensenada, BC, a 17 de julio de 2003.--- Dip. Héctor Edgardo Suárez Córdova (rúbrica), Presidente; Dip. Raquel Avilés Muñoz (rúbrica), Secretaria.»

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVII Legislatura.

Honorable Asamblea:

La Comisión que suscribe, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 61, fracción I; 62, fracción XVII; 110, fracción III; 115, fracción I; 116; 122; y 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, recibió para su estudio, análisis y dictaminación iniciativa de decreto que reforma la fracción II del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, presentada ante esta soberanía por el Dip. Jesús Gerardo Cortez Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, que se dictamina con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 23 de mayo de 2003, el C. Dip. Jesús Gerardo Cortez Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción II; 28, fracción I; y 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, presentó ante la asamblea la iniciativa de reforma señalada, a fin de que se envíe al Congreso de la Unión para su estudio y aprobación;

II. Recibida que fue la iniciativa de comentario, el Presidente de la Mesa Directiva, diputado Héctor Edgardo Suárez Córdova, de acuerdo con la facultad conferida por el artículo 50, fracciones II, inciso f), y VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, la turnó a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales;

III. Una vez recibida y analizada la iniciativa de referencia, estudiada que fue en todos y cada uno de sus términos, la Comisión que suscribe, en cumplimiento de lo previsto en la fracción III del artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, realizó el presente dictamen, bajo los términos siguientes:

Análisis y Estudio de la Iniciativa:

A) Aspectos Generales

I. Iniciativa de Decreto que Reforma la Fracción II de la Ley Federal del Trabajo.

De la exposición de motivos que se acompaña a la iniciativa en estudio se desprenden los siguientes razonamientos:

Las normas que regulan el ámbito laboral, específicamente las contenidas en la Ley Federal del Trabajo, han sido motivo de un detallado análisis, en virtud de ser necesario adecuarlas a las exigencias de las relaciones laborales actuales.

Uno de los puntos fundamentales que requiere ser tomado en consideración es el referente al impacto que genera el ingreso del trabajador lo relativo al salario que se toma como base para que le sea pagada la indemnización por concepto de prima de antigüedad.

En ese sentido, la presente iniciativa pretende reformar la fracción II del artículo 162 del ordenamiento citado, a efecto de establecer que para determinar el pago de indemnización por concepto de prima de antigüedad que deba otorgarse al trabajador por la separación de su empleo se tome como base el salario que percibe en el momento de que aconteciera el evento, eliminando con ello la limitante de que la base para determinar la indemnización sea del doble del salario mínimo del área geográfica que corresponda. Esto es, si un trabajador gana cinco salarios mínimos diarios y por alguna de las causas establecidas en la fracción III del mismo artículo es separado de su empleo, la indemnización que reciba de parte del patrón tomará como base únicamente lo equivalente a dos salarios mínimos, como establece actualmente el referido artículo, y no los cinco salarios mínimos diarios que percibía el trabajador.

Es evidente entonces que el texto actual de la fracción II del artículo 162 lesiona gravemente la economía de los trabajadores, ya que quienes perciben más de dos salarios mínimos son indemnizados tomando como base un sueldo que no es el que les corresponde.

Por ello, la presente iniciativa pretende que en la indemnización por concepto de prima de antigüedad, les sea respetado a los trabajadores el salario que perciban al momento en que se encuentren en los supuestos que el ordenamiento laboral establece.

II. De la Pretensión Legislativa:

De los razonamientos, expuestos podemos observar que la presente iniciativa pretende reformar la fracción II del artículo 162 del ordenamiento citado, a efecto de establecer que para determinar el pago de indemnización por concepto de prima de antigüedad que deba otorgarse al trabajador por la separación de su empleo se tome como base el salario que percibe en el momento de que aconteciera el evento, eliminando con ello la limitante de que la base para determinar la indemnización sea del doble del salario mínimo del área geográfica que corresponda.

III. Régimen Constitucional:

Por tanto, para efectos de determinar la viabilidad o inviabilidad de la iniciativa en cuestión, procederemos a estudiar y analizar los ordenamientos legales aplicables al caso, que se transcriben para su mayor comprensión:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 116. ...

Los Poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

...

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California:

Artículo 27. Son facultades del Congreso:

I. ...

II. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como proponer la reforma o derogación de unas y de otras;

III. a XXXV. ...

Artículo 28. La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:

I. A los diputados;

II. a VI. ...

Artículo 29. Las iniciativas de ley o decreto deberán sujetarse a los trámites siguientes:

I. Dictamen de comisiones;

II. Discusión;

III. Votación.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California:

Artículo 61. Las Comisiones de Dictamen Legislativo serán las siguientes:

I. De Legislación y Puntos Constitucionales.

II. a III. ...

Artículo 63. Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en el artículo que antecede, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales solicitará a la Dirección de Asuntos Jurídicos Legislativos el estudio y análisis respectivos.

Artículo 116. Las iniciativas de ley o decreto deberán sujetarse a los trámites siguientes:

I. Dictamen de comisiones;

II. Discusión; y

III. Votación.

Artículo 117. Toda iniciativa deberá presentarse al Presidente del Congreso por escrito y firmada, con su exposición de motivos en la cual exponga su autor o autores las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o económicas que justifican, explican, motivan y dan procedencia a la proposición de creación, reforma, derogación o abrogación de una ley, artículo de la misma o decreto.

Artículo 118. Todas las iniciativas se turnarán por el Presidente del Congreso a las comisiones de dictamen legislativo que corresponda conforme a la presente ley; una vez estudiadas, analizadas y discutidas, formularán el dictamen correspondiente, sujetándolo a votación en los términos del artículo 149 de esta ley.

B) Aspectos Particulares:

1. Análisis y Estudio de la Iniciativa

El texto de la iniciativa se transcribe a continuación, así como el artículo vigente cuya reforma se propone (posteriormente emitiremos los comentarios respectivos):

Ley Federal del Trabajo

Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las siguientes normas:

I. ...

II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486;

III. a VI. ...

Artículo 162. ... (Igual al texto)

I. ... (Igual al texto)

II. Para determinar el monto de la prima de antigüedad, se tomará como base el salario que el trabajador se encuentre devengando al momento del pago;

III. ... (Igual al texto)

IV. ... (Igual al texto)

V. ... (Igual al texto)

VI. ... (Igual al texto)

Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Aprobado que sea por la Legislatura del estado el presente decreto en los términos previstos en las leyes de la materia, por conducto de la Mesa Directiva de esta soberanía se remita formalmente esta iniciativa de decreto al Congreso de la Unión para su discusión y votación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexando el acta del Diario de los Debates que motive, así como el acta de sesiones donde se aprobó y demás constancias que el órgano de dirección considere necesarios para su trámite legislativo.

Es conveniente iniciar nuestro estudio señalando que la prima de antigüedad es un derecho que se va creando por los trabajadores a través de su vida laboral dentro de una fuente de trabajo. Por ello, el pago de dicho derecho lo clasifica la Ley Federal del Trabajo dentro de su Título Cuarto, ``Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones''; y, en forma específica, en el Capítulo IV, denominado ``Derechos de Preferencia, Antigüedad y Ascenso'', por lo que debemos entender que la prima de antigüedad es sólo uno de los derechos que por ley van ganando los trabajadores durante su permanencia en las diversas empresas.

La Ley Federal de Trabajo, en el precepto 162, establece las reglas por seguir a efecto del cumplimiento por parte del patrón de este derecho, el cual para efecto de su análisis transcribiremos a continuación:

``Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:''

De la lectura del párrafo que antecede, parecería que hace una diferencia entre trabajadores eventuales y trabajadores de planta, pues únicamente se habla de los segundos. Sin embargo, la siguiente tesis aislada señala lo contrario:

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, enero de 1996

Tesis: I.5o.T.36 L

Página: 327

Prima de antigüedad. El artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo no advierte distinción entre los empleados de planta transitorios y los permanentes. Para efectos de la prestación a que alude el numeral 162 del código obrero, aquélla debe aprontarse en razón del tiempo de duración del vínculo laboral, sin importar si la calidad de planta del trabajador es desempeñada en forma temporal o fija, es decir, si sólo es ocupado por un periodo de tiempo al año o en lapso ininterrumpido, pues el precepto legal en cita no distingue entre uno y otro.

Quinto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito.

Amparo directo 2945/95. Juan Solano Limón, 29 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Constantino Martínez Espinoza. Secretaria: Rosa María López Rodríguez.

En este sentido, considerando que la intención de la ley es proteger en todo momento al trabajador, es lógico concluir que se pretende que el empleado reciba una gratificación por el tiempo laborado en la fuente de trabajo.

Por su parte, la primera fracción del artículo en comento señala: ``La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios''. De lo anterior se desprenden dos situaciones: la primera es la cuantificación en días a que tienen derecho los trabajadores por este concepto; y, en segundo término, señala cuánto tiempo deben laborar los empleados para tener derecho a dichos días. Cabe aclarar que la fracción en comento señala que, por cada año de servicios, se tiene derecho al pago de doce días.

En ese orden, procederemos al análisis de la fracción II del artículo 162 de la ley en comento, la cual señala lo siguiente:

``II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486;''

En este sentido, el numeral 485 de la ley federal en análisis establece: ``La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo''. De lo anterior se obtiene, pues, el monto mínimo sobre el cual se obtendrá la percepción del empleado.

Sin embargo, el precepto en cita es incompleto en su redacción, ya que -como todos sabemos- existen tres áreas geográficas en los límites territoriales de nuestra nación y el numeral que nos ocupa en ningún momento señala cuál será el salario mínimo que ha de considerarse para ese efecto. Dicha deficiencia parece subsanarse con la tesis aislada que se transcribe a continuación:

Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 181-186, sexta parte

Página: 149

Prima de antigüedad, monto de la Interpretación de los artículos 162, fracción II, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 162 de la ley laboral establece el derecho que tienen los trabajadores a percibir la prima de antigüedad. Del mismo modo, la fracción II del referido precepto remite en forma expresa, en cuanto al monto de la prestación aludida, a los artículos 485 y 486 de la ley aplicable, apreciándose de tales disposiciones que el espíritu del legislador estuvo encaminado a regular el monto que debe tomarse en cuenta para el pago de prestaciones como la presente, y así tenemos que tiende a proteger los derechos de los trabajadores, señalando como cantidad mínima al efecto la correspondiente al salario mínimo perteneciente a la zona económica de la fuente de trabajo, en tanto que, para no dejar desprotegida a la empresa, también señala un máximo, que es precisamente el doble del salario mínimo. Por ende, una norma jurídica que se encuentra delimitada por otra u otras de su misma jerarquía, contenida en el mismo cuerpo de leyes, como ocurre en la especie con los artículos 162, 484 y 485 de la Ley Federal del Trabajo, no puede considerarse inconstitucional, ni puede decirse que la aplicación conjunta de tales disposiciones legales implique de manera alguna renuncia de derechos del trabajador y, por consiguiente, al haberse hecho la liquidación con base en los preceptos de mérito, la misma se aprecia legal.

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.

Amparo directo 640/83. Mariano Pérez Gil, 25 de abril de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretario: Nicandro Martínez López.

Nota: En el Informe de 1984, la tesis aparece bajo el rubro ``Interpretación de los artículos 162, fracción II, 484 y 496 de la Ley Federal del Trabajo''.

Por otra parte, el artículo 486 del ordenamiento en cita señala: ``Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes áreas geográficas de aplicación, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos''.

Aquí encontramos el complemento del artículo anterior, al señalar el monto máximo que por ley se tiene la obligación de pagar al trabajador.

Para concluir con la presente fracción, podemos decir que aquí se indica al patrón la posibilidad de determinar un salario mínimo y un máximo. Esto es, si el trabajador al momento de su liquidación tiene un salario mayor que el doble del salario mínimo general del área geográfica donde labore, el patrón puede optar por pagar la prima, tomando como base precisamente el doble del salario mínimo general del área geográfica correspondiente.

Ahora bien, la fracción tercera del numeral que nos ocupa establece: ``La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido''.

Para efectos de determinar el momento en que el trabajador obtiene el derecho de percibir el pago de la prima de antigüedad, se infiere de la redacción de la fracción en cita que es cuando se termina la relación laboral, independientemente de la causa que motive tal circunstancia.

Ahora bien, señala la referida fracción que existen dos supuestos y, con base en ellos, se deberán reunir distintos requisitos: en primer lugar, se debe atender al origen de la terminación laboral, pues si ésta es a iniciativa del empleado, se deberá cumplir el requisito de los quince años de servicio.

Por otra parte, si el trabajador es separado de la fuente de trabajo, con causa justificada, injustificada, o bien que sea el trabajador quien tome la decisión de separarse por alguna causa imputable al patrón (situación que deberá comprobar plenamente), no es necesario cubrir el requisito de los quince años, incluso aun y cuando no haya completado el primer año de servicio, se deberá cubrir dicha prestación.

La fracción cuarta del precepto en cita, regula la manera como será cubierto el pago de este derecho, y tutela el inciso a), ``si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del diez por ciento del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro'', se entiende que el inciso anterior pretende proteger al patrón de la obligación de efectuar una erogación importante.

Por su parte, señala el inciso b), ``si el número de trabajadores que se retire excede del diez por ciento, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje'', como puede observarse, en la lógica del obvio desembolso, la ley le otorga al patrón la posibilidad de diferir un año el pago de dicha prestación.

En cuanto al inciso c), éste señala que ``si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores''. La diferencia principal entre el inciso anterior y el presente, es que en éste se prevé la salida masiva de empleados en un mismo momento, lo cual necesariamente le ocasionaría a la empresa una fuerte erogación; por lo cual se le otorga al patrón la posibilidad de diferir el pago en dos años. Esto es, pagar una parte en el año en que ocurra, y otra al año siguiente.

La fracción quinta, establece que, en caso de muerte del trabajador, los beneficiados del mismo tienen el derecho de exigir el pago de esta prestación, y nos remite al numeral 501, en el cual se cita el orden de importancia de los diferentes beneficiados. Para efectos de lo anterior, y con la finalidad de evitar conflictos a los beneficiarios, es recomendable que el trabajador dirija un escrito al patrón, en el cual señale tanto los beneficiarios como la distribución que desea hacer. Por otra parte, al igual que en la fracción tercera, la obligación del patrón prescribe transcurrido un año del deceso del trabajador, toda vez que es en ese momento cuando nace la obligación de cubrir dicha prestación.

Por su parte, la fracción sexta otorga a la prima de antigüedad autonomía sobre otras prestaciones a que pudiera tener derecho el trabajador o sus beneficiarios. Lo anterior, al señalar: ``la prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independiente de cualquier otra prestación que les corresponda''.

Para finalizar con el análisis legal de la prima de antigüedad, cabe mencionar que en el numeral 439, del ordenamiento en cita se señala como causa de pago para la prima de antigüedad, el despido por causa de la implantación de nueva tecnología.

Ahora bien, una vez realizado el estudio y análisis de este precepto de la Ley Federal del Trabajo y delimitando la intención del legislador inicialista que pretende reformar la fracción II del artículo 162 de la ley en comento, para efecto de adecuarla a las relaciones laborales actuales, por lo que pretende determinar que el pago de indemnización por concepto de prima de antigüedad que deba otorgársele al trabajador por la separación de su empleo se tome como base el salario que percibe en el momento en que aconteciera el evento, eliminando con ello la limitante de que la base para determinar la indemnización sea del doble del salario mínimo del área geográfica que corresponda.

En ese sentido, la Comisión que suscribe, una vez realizado el estudio y análisis jurídico de las disposiciones sobre este tópico, concluye determinar su procedencia, en consecuencia de que las normas que regulan el ámbito laboral deben crear una esfera de protección al trabajador, por otra parte esa protección consiste en adecuarlas a las relaciones laborales actuales.

Al eliminar la limitante establecida en la fracción II del artículo multirreferido y establecer que ``para determinar el monto de la prima de antigüedad se tomará como base el salario que el trabajador se encuentre devengando al momento del pago'', se está procurando ampliar los derechos que esta ley consagra para el trabajador, siendo uno de éstos los adquiridos por la prima de antigüedad.

Una vez realizado el anterior análisis, se da cuenta de los razonamientos que llevaron a esta Comisión a resolver la viabilidad de la iniciativa en comento, por lo que se exponen los siguientes

Considerandos

Primero.- Que es facultad del Congreso del estado iniciar ante al Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como proponer la reforma o derogación de unas y otras, de conformidad con lo previsto en los artículos 27, fracción II, y 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Segundo.- Que dentro de las atribuciones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se encuentra la de conocer los asuntos que están relacionados con las facultades legislativas, acorde con lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California.

Tercero.- Que la iniciativa de reforma en análisis reúne los requisitos que señala el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, consistentes en que sea presentada por escrito y firmada ante el Presidente del Congreso del estado con la exposición de motivos en la que se expongan las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o económicas que justifican, explican, motivan y dan procedencia a la proposición de creación, reforma, derogación o abrogación de una ley o artículo.

Cuarto.- Que con la presente iniciativa, el promovente pretende reformar la Ley Federal del Trabajo, a efecto de establecer en el artículo 162, fracción II, que para determinar el pago de indemnización por concepto de prima de antigüedad que deba otorgarse al trabajador por la separación de su empleo se tome como base el salario que percibe en el momento de que aconteciera el evento, eliminando con ello la limitante de que la base para determinar la indemnización sea del doble del salario mínimo del área geográfica que corresponda.

Quinto.- Que es menester señalar que la iniciativa presentada a esta honorable asamblea legislativa no es violatoria de las disposiciones vigentes ni de precepto legal alguno, sino que va encaminada a reformar el contenido normativo en la materia, para promover guani esfera de protección al trabajador y, con ello, cumplir con las exigencias de las relaciones laborales actuales.

Sexto.- Que la Comisión que suscribe, del análisis y estudio efectuado a la presente iniciativa, considera que es viable y procedente, por lo que, por unanimidad de votos de los diputados presentes, siendo los siguientes: Fernando Jorge Castro Trenti, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Enrique Acosta Fregozo, Laura Sánchez Medrano, deciden resolver a favor el sentido del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto:

Resolutivo

Unico.- Se aprueba la remisión de la iniciativa de reforma a la fracción II del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo al honorable Congreso de la Unión para su correspondiente aprobación y publicación, en su caso, para quedar como sigue:

Artículo 162.- ............ (igual al texto)

I. ... (igual al texto)

II. Para determinar el monto de la prima de antigüedad se tomará como base el salario que el trabajador se encuentre devengando al momento del pago;

III. ... (igual al texto)

IV. ... (igual al texto)

V. ... (Igual al texto)

Transitorios

Primero.- La presente reforma entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Aprobado que sea por esta Legislatura del estado el presente proyecto de iniciativa de decreto en los términos previstos por las leyes de la materia, por conducto de la Mesa Directiva de esta soberanía, se remita formalmente esta iniciativa de decreto al Congreso de la Unión para su discusión y votación de acuerdo con lo previsto en los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexando el acta del Diario de los Debates que motive, así como el acta de sesiones donde se aprobó y demás constancias que el órgano de dirección considere necesarios para su trámite legislativo.

Dado en la Sala de Comisiones ``Dr. Francisco Dueñas Montes'' del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California, a 9 de julio de 2003.--- Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.--- Dictamen No. 322.--- Dip. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente; Dip. Ricardo Rodríguez Jacobo, Secretario; Dip. Raúl Felipe Luévano Ruiz (rúbrica), Vocal; Dip. Enrique Acosta Fregozo, Vocal; Dip. Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Vocal; Dip. Laura Sánchez Medrano, Vocal.»

«Acta de la sesión ordinaria celebrada por la honorable XVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, en el Teatro Universitario ``Lic. Benito Juárez García, de la ciudad de Ensenada Baja California declarado Recinto Oficial'', el día jueves diecisiete de julio del dos mil tres.

Presidencia del C. Dip. Héctor Edgardo Suárez Córdova

(Asistencia de veintitrés ciudadanos Diputados.)

En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las once horas con quince minutos del día jueves diecisiete de julio del año dos mil tres, el C. Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario, proceda a pasar lista de asistencia, contando con la presencia de los ciudadanos Diputados: Alvarado González Arturo, Avilés Muñoz Raquel, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Martín Navarro María Rosalba, Morán Díaz Leopoldo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Quintero Peña Ismael, Rodríguez Jacobo Ricardo, Suárez Córdova Héctor Edgardo, Terrazas Silva Juan y Zavala Márquez Catalino.

No existiendo quórum para Sesionar, el Diputado Secretario decreta un receso de quince minutos, siendo las once horas con dieciséis minutos; reanudándose la Sesión a las once horas con diecisiete minutos.

En seguida el Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario pasar lista de asistencia, contando con la presencia de los ciudadanos Diputados: Acosta Fregozo Enrique, Alvarado González Arturo, Avilés Muñoz Raquel, Castro Trenti Fernando Jorge, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Ferreiro Velazco José Alfredo, Hidalgo Silva Marcelino, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Martín Navarro María Rosalba, Morán Díaz Leopoldo, Osuna Aguilasocho Nicolás, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Quintero Peña Ismael, Ramos García Everardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Rueda Gómez Francisco, Salazar Acuña Edmundo, Salazar Castro Juan Manuel, Sánchez Medrano Laura, Suárez Córdova Héctor Edgardo, Terrazas Silva Juan y Zavala Márquez Catalino.

Se justifica la inasistencia del diputado Alejandro Ruiz Uribe.

Por consiguiente, habiéndose cerciorado y declarado la existencia del quórum para sesionar, se declara abierta la sesión; en seguida el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario dar a conocer el Orden del Día que se propone, siendo el siguiente:

1. Lectura del Decreto No. 200, mediante el cual se declara Recinto Oficial el Teatro Universitario Benito Juárez, del Municipio de Ensenada Baja California, el día diecisiete de julio dos mil tres.

2. Aprobación de las Actas de Sesión Ordinaria y Privada, celebrada los días martes 8 y 15 de julio del 2003.

3. Correspondencia Recibida.

4.Correspondencia Despachada.

5. Informe de Comisiones para Actos Especiales.

6. Informes o Dictámenes que rinden las Comisiones Especiales o Permanentes.

7. Asuntos Generales.

8. Clausura.

Posteriormente, el Diputado Secretario lo somete a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación económica por unanimidad.

En seguida, se procede a desahogar el Orden del Día establecido, iniciando con el primer punto, por lo que el diputado Presidente, solicita a la diputada Secretaria proceda a dar Lectura al Decreto No. 200, mediante el cual se declara Recinto Oficial el Teatro Universitario Benito Juárez, del Municipio de Ensenada Baja California, el día diecisiete de julio dos mil tres.

A continuación, se pasa al segundo punto del orden del día, aprobación de las Actas de la Sesión Ordinaria y privada, celebrada los días 8 y 15 de julio del año en curso; asimismo el diputado Presidente manifiesta que el Acta en mención se encuentra en el correo electrónico de cada uno de los ciudadanos Diputados; por tal motivo se pregunta si tienen alguna enmienda qué hacer, de no ser así se solicita la dispensa de la lectura, así como la aprobación de la misma; resultando aprobada en votación económica por mayoría.

Se continúa con el tercer punto ``Correspondencia Recibida'' y el Diputado Presidente menciona que en virtud de que fue entregada la relación con oportunidad a los ciudadanos Diputados, se solicita la dispensa de la lectura; resultando aprobada por mayoría. Siendo 56 oficios dirigidos a este Congreso del Estado.

Acto seguido, se continúa con el cuarto punto del Orden del Día, ``Correspondencia Despachada'' en donde el Diputado Presidente menciona que en virtud de que fue entregada la relación con oportunidad a los ciudadanos Diputados, se solicita la dispensa de la lectura; resultando apro- bada por mayoría. Siendo 9 oficios despachados a diferentes Dependencias. Asimismo, la Diputada Presidente manifiesta a los ciudadanos que tanto la correspondencia recibida como la despacha queda a su disposición.

Posteriormente, se pasa al quinto punto, ``Informe de Comisiones para Actos Especiales'' y no existiendo ningún informe que presentar, se continúa con el sexto punto del Orden del Día, ``Informe o Dictámenes que rinden las Comi- siones Especiales o Permanentes'' en donde hace uso de la Tribuna el Diputado Juan Manuel Salazar Castro, en su carácter de Presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, para informar que dicha Comisión presentará al Pleno los siguientes dictámenes: 26, Relativos a las Cuentas Públicas de la CESPTE, por el ejercicio fiscal dos mil uno, que será presentado por el mismo, 40, Cuentas Públicas de la Administración Vía Corta, Tijuana-Tecate, por el ejercicio fiscal dos mil uno, que será presentado por el diputado Francisco Rueda Gómez, 43, Cuentas Públicas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecate Baja California, por el ejercicio fiscal dos mil uno, que será leído por el diputado Francisco Rueda Gómez y el 45, Cuentas Públicas del Comité Administrador de Infraestructura Pública y Educativa de Baja California, por el ejercicio fiscal dos mil uno, que será presentado por el diputado Juan Manuel Salazar Castro.

En seguida hace uso de la Tribuna el Diputado Juan Manuel Salazar Castro, para presentar el Dictamen No. 26 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, en donde se establecen los siguientes Punto Resolutivos.

PRIMERO. No se aprueba la Cuenta Pública de Egresos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, al C. Lic. Hugo Adrián Martín Solorio, en su carácter de Director General de la Entidad, por el periodo del primero de enero al 31 de octubre de 2001, por motivo de que la Entidad celebró contrato No. PAFEF-UF-CESPTE-BC-2001-01A de fecha 27 de marzo de 2001 con la constructora San Ignaciano, S.A. de C.V., para llevar a cabo la obra consistente en construcción de línea de conducción de agua potable y planta potabilizadora para el Cereso de Hongo (1ra. Etapa), Tecate, B.C. por un monto de $5,628,038, la cual con base a un proyecto que fue donado por un particular, Ing. Rodrigo Solis y que él mismo elaboró, se obtuvieron los conceptos y cantidades de obra, posteriormente se celebraron dos convenios mediante los cuales el proyecto fue modificado de tal forma que finalmente la obra se ejecutó conforme a un proyecto distinto al original, los motivos principales de la celebración de los convenios fue incluir 203 conceptos de trabajos extraordinarios y obra adicional, lo que ocasionó un incremento de $3,475,768 para quedar el monto total contratado en $9,103,806, lo que representó un incremento del 62% con respecto al costo originalmente contratado, considerándose lo anterior como una modificación sustancial al proyecto original, por lo cual la entidad no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual establece que las entidades contratantes podrán celebrar convenios para modificar los contratos siempre y cuando no se modifique sustancialmente el proyecto, por otra parte, la entidad no cuenta con los planos definitivos de la obra ejecutada; es de otorgarse y se otorga la aprobación de la Cuenta Pública de Egresos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate a la C. Ing. Patricia Ramírez Pineda en su carácter de Director General de la Entidad por el periodo del primero de noviembre al 31de diciembre de 2001.

SEGUNDO. Es de otorgarse y se otorga la aprobación de la Cuenta Pública Patrimonial, de la Cuenta Pública de Ingresos y de la Cuenta Pública de Deuda Pública de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, a los CC. Lic. Hugo Adrián Martín Solorio e Ing. Patricia Ramírez Pineda, en su carácter de Directores Generales de la Entidad, por el período del primero de enero al 31 de octubre y del primero de noviembre al 31 de diciembre de 2001, respectivamente.

TERCERO. Con motivo de lo señalado en el punto resolutivo primero, así como porque la Entidad presenta en su padrón de bienes inmuebles denominado ``Padrón de activo fijo'' bajo el concepto de ``ejercicios anteriores'', saldos globales sin mostrar su integración individual, por un monto de $2,453,811, desconociéndose los efectos que pudieran resultar al integrar dicho saldo, porque no se ha concluido con el proceso de regularización de la documentación legal que muestre los derechos de propiedad o uso sobre algunos bienes inmuebles patrimoniales que se destinan a la operación de los sistemas de agua potable y aguas negras; porque se presenta en los registros contables al cierre del ejercicio, Cuentas por pagar a favor de la Comisión Nacional del Agua, por concepto de derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales, la cantidad de $4,057,031, así como por actualización y recargos la cantidad de $2,582,635, correspondientes a ejercicios de 1997 a 2001. Cabe señalar que la entidad se encuentra en proceso de adherirse al Decreto publicado el 21 de diciembre de 2001, a fin de obtener el beneficio de condonación dea-deudos por concepto de Derechos por el uso o aprovechamiento de Aguas Nacionales al 31 de diciembre de 2001; porque se presenta en los registros contables al cierre del ejercicio, Cuentas por pagar a favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, por concepto de préstamo recibido para el pago de nómina y gasto corriente, adquisición de medidores y pago de derechos a la Comisión Nacional del Agua por $2,170,000, así como gastos administrativos de operación y de obra por $1,658,416 correspondientes a los ejercicios de 1992 a 1995; y porque durante el ejercicio se celebró únicamente una sesión ordinaria y cuatro extraordinarias, incumpliendo con lo establecido en el artículo 1ro. Del Reglamento de la Ley de Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado; túrnese a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, para que en un plazo que no exceda de 60 días se apliquen las medidas correctivas que correspondan y se informe al Congreso del Estado para lo conducente.

No existiendo oradores en contra del dictamen de referencia, el diputado Presidente le solicita al diputado Secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 23 votos a favor, de los siguientes diputados: Zavala Márquez Catalino, Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Acosta Fregozo Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo, Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Sánchez Medrano Laura, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan, Martín Navarro María Rosalba, Avilés Muñoz Raquel y Súarez Cordoba Héctor Edgardo.

Acto seguido, el diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular con 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el Dictamen No. 26 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, en los términos que fue leído por el diputado Juan Manuel Salazar. Dado en sesión ordinaria de la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003, en el Teatro Universitario ``Benito Juárez'', de la ciudad de Ensenada Baja California, declarado recinto oficial del H. Congreso del Estado.

En seguida hace uso de la tribuna el diputado Francisco Rueda Gómez, para presentar el dictamen No. 40 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, en donde se establecen los siguientes Puntos Resolutivos:

PRIMERO. Es de otorgarse y se otorga la aprobación de la Cuenta Pública Patrimonial de la Cuenta Pública de Ingresos y de la Cuenta Pública de Egresos de la administradora de la vía corta Tijuana-Tecate, al C. Ign. Jesús Torres Acevedo en su carácter de director general de la entidad, por el periodo del primero de enero al 31 de diciembre de 2001.

SEGUNDO. Con motivo de que no se ha propuesto a la Junta de Gobierno para su aprobación, los manuales de organización de procedimientos y demás documentos de apoyo administrativo necesarios para el adecuado funcionamiento, siendo obligación de la Dirección General de la Entidad, conforme lo establece el Decreto de Creación en su artículo 13 de la fracción VII; porque no se cuenta con un adecuado control del consumo de combustible que se utiliza en las unidades de transporte, observándose que durante el ejercicio erogó un monto $122, 328, sin haberse especificado en los comprobantes de gastos o en los vales del efectivo entregado, los vehículos a los cuales se les suministró el combustible; porque en la conciliación contable-presupuestal, se presenta partida en conciliación de más en el presupuesto de ingresos, por un monto de $958,194, con motivo de haberse duplicado la afectación presupuestal correspondiente a la recuperación de cuentas por cobrar del ejercicio 2000, asimismo en relación a los egresos se presenta diferencia no aclarada de afectación mayor en los egresos presupuestales por un importe de $57,863; porque se celebró ``Contrato de Servicios de Apoyo Técnico y Operativo por la Operación y Explotación de la Vía General de Comunicación Ferroviaria Tijuana-Tecate'' con la empresa San Diego and Imperial Valley Railroad Company Inc., con vigencia del primero de enero al 30 de junio de 2001, estableciéndose en la Cláusula Segunda: ``Será un precedente de condición para la fecha de entrada en vigor de este contrato, que las copias certificadas de las pólizas de seguros requeridos sean suministrados a ``ADMICARGA'' por ``LA EMPRESA'', y que sean tanto en forma como en fondo satisfactorios para la ADMICARGA, de conformidad con las disposiciones legales aplicables'', señalándose también en dicho contrato, entre otras obligaciones de la Empresa, la de ``Proporcionar al menos una aseguranza de $ 10'000,000.00 (diez millones de dólares U.S.) para responsabilidad general y de $5'000,000.00 (cinco millones de dólares U.S.) por daños a propiedad, mientras se brinda el apoyo técnico y operativo a ``ADMICARGA'' para que realice la operación y explotación de la Vía Corta y la prestación del servicio público de transporte ferroviario que en ella opera. El plazo de la póliza deberá ser igual a la duración de este Contrato''; sin embargo el contrato inició su vigencia y no se obtuvieron las pólizas de seguros citadas, incumpliéndose con las disposiciones contractuales relativas a pólizas de seguros que se debieron recibir de la Empresa; porque se proporcionó copia de la póliza de seguro para cubrir accidentes relacionados con los servicios de apoyo técnico y operativo para la operación y explotación de la Vía General de Comunicación Ferroviaria Tijuana-Tecate y para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga a nombre de Ferrocarriles Peninsulares del Noroeste, S.A. de C.V. (F.P.N.), en lugar de la empresa titular del contrato denominada Carrizo Gorge Railway Inc., asimismo no se proporcionó la documentación que acredite la aceptación de la Entidad en términos satisfactorios tanto en forma como en fondo, de acuerdo a lo establecido en el contrato celebrado el 01 de julio de 2001, así como la aceptación del Gobierno del Estado, en su carácter de Asignatario del Título de Asignación otorgado por el Gobierno Federal; y porque no se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 43 fracción I, último párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, toda vez que la segunda modificación presupuestal efectuada durante el ejercicio fiscal 2001, consistente en transferencias por $135,550 aprobadas por su Junta de Gobierno el 14 de marzo del 2002 fue autorizada extemporáneamente por el Ejecutivo del Estado el 17 de septiembre del 2002; adicionalmente se efectuó modificación presupuestal al cierre del ejercicio 2001, consistente en ampliación por $21,472 omitiéndose la aprobación del Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo establecido en la disposición legal en comento, túrnese a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, para que en un plazo que no exceda de 60 días, se apliquen las medidas correctivas que correspondan y se informe al Congreso del Estado para lo conducente.

No existiendo oradores en contra del Dictamen de referencia, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario lo someta a la consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 23 votos a favor, de los siguientes Diputados: Zavala Márquez Catalino, Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Acosta Fregozo Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo, Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Sánchez Medrano Laura, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan, Martín Navarro María Rosalba, Avilés Muñoz Raquel y Suárez Córdova Héctor Edgardo.

Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular con 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el Dictamen No. 40 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, en los términos que fue leído por el Diputado Francisco Rueda Gómez. Dado en Sesión Ordinaria de la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003 en el Teatro Universitario ``Benito Juárez'' de la ciudad de Ensenada Baja California, declarado Recinto Oficial del H. Congreso del Estado.

En seguida hace uso de la Tribuna la Diputada Laura Sánchez Medrano, para presentar el Dictamen No. 43, de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se establecen los siguientes Puntos Resolutivos:

PRIMERO. No se aprueba la Cuenta Pública Patrimonial y la Cuenta Pública de Egresos del Sistema para el Desa-rrollo Integral de la Familia (DIF Municipal) de Tecate, B.C., a los CC. M.V.Z. Luis Alonso Limón Martínez y Profra. Linda Marisela Martínez García, en su carácter de Directores Generales de la Entidad, por el período del primero de enero al 30 de noviembre y del primero al 31 de diciembre de 2001, respectivamente, por motivo de que la Entidad al cierre del ejercicio, presenta en la Cuenta Inmuebles, Mobiliario y Equipo un saldo de $2'582,584 sobre el cual no se cuenta con un padrón de bienes que contenga la descripción del bien, fecha de adquisición, número de inventario, costo de adquisición, entre otros, que permita la identificación y cuantificación de los mismos y que sea susceptible de ser comparable con el saldo contable; porque la Entidad presenta en sus registros contables al cierre del ejercicio en la cuenta Mobiliario y Equipo, dos vehículos automotores y una impresora con valor contable de $31,610 y $1,693, respectivamente, los cuales no se localizaron físicamente; porque no se ha efectuado conciliación entre la cuenta por pagar con saldo al 31 de diciembre de 2001 por $478,881 relativas a los programas de ``Desayunos Escolares'' y ``Despensas PASAF'' y la cuenta por cobrar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIF Estatal) por $732,144, presentándose una diferencia de menos en los registros contables por $253,263, existiendo incertidumbre sobre los posibles ajustes que pudiesen resultar al conciliarse ambos saldos; porque durante el ejercicio se efectuaron pagos a servidores públicos, por un monto de $117,059 por concepto de trabajos extraordinarios, sin haberse proporcionado evidencia documental de los Trabajos realizados, así como la correspondiente autorización de la Junta de Gobierno; porque no se dio cumplimiento a lo previsto en los Artículos 54, fracción II y 59 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, toda vez que no se elaboraron los avances comparativos mensuales acumulados del Presupuesto de Egresos por programas correspondientes a los meses de abril a diciembre del ejercicio 2001; porque no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43, fracción IV de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, toda vez que no se obtuvo antes de ejercerse la autorización del ayuntamiento de las modificaciones presu- puestales efectuadas consistentes en ampliaciones por $355,203, habiéndose obtenido su autorización extemporáneamente hasta el 26 de marzo de 2002, incumpliéndose además con lo dispuesto en el párrafo penúltimo de la mencionada disposición legal debido a que no se acompañó a dicha modificación la información sobre los programas creados o afectados en su caso; asimismo se incumplió con lo previsto en el Artículo 43, fracción IV y 16 de dicha Ley, toda vez que se omitió la afectación en el Presupuesto de Egresos del Gasto Público por un importe de $241,135, correspondiente a la construcción de la sala de usos múltiples por $168,154, así como para la adquisición de mobiliario y equipo por $72,981, ejerciéndose recursos sin la autorización del Cabildo Municipal; porque no se dio cumplimiento a lo establecido en los Artículos 16, 26 fracción II, 43 último párrafo, 59 y 61 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, toda vez que no se proporcionó la información relativa a la apertura programática, avances y cierre programático del programa: Dirección, situación que limitó el control, seguimiento y evaluación del gasto público en relación al alcance de metas, siendo el presupuesto autorizado y ejercido de este programa de $1,115,577 y $1,611,645, respectivamente, que representa el 42% del Presupuesto total de Egresos ejercido; y porque la estructura programática de la Entidad contempló un total de 129 metas en 7 programas, de las cuales 52 metas que representan el 40% del total, no se proporcionaron las justificaciones sobre la falta de logro de las metas, toda vez que 23 metas no fueron realizadas, 29 metas fueron alcanzadas parcialmente, incumpliéndose con lo previsto en los Artículos 15 fracción IV inciso c) y 16 de la Ley de Fiscalización de las Cuentas Públicas para el Estado de Baja California, al no adjuntar dentro de la Cuenta Pública Anual, informe especificando las causas de las variaciones de las metas; adicionalmente no se dio cumplimiento a lo previsto en el Artículo 4 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California al no basar su programación, presupuestación y ejercicio del gasto público en los lineamientos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

SEGUNDO. Es de otorgarse y se otorga la aprobación de la Cuenta Pública de Ingresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal) de Tecate, B.C., a los CC. M.V.Z. Luis Alonso Limón Martínez y Profra. Linda Marisela Martínez García, en su carácter de Directores Generales de la Entidad, por el periodo del primero de enero al 30 de noviembre y del primero al 31 de diciembre de 2001, respectivamente.

TERCERO. Con motivo de lo señalado en el punto resolutivo primero, así como porque durante el ejercicio se recibieron ingresos por conceptos de subsidio estatal para programa DIF (BECAS), recursos estatales y federales para desayunos escolares y renta de salón Club de la Alegría por la cantidad de $259,604, sin haberse expedido los correspondientes recibos oficiales de ingresos, incumpliéndose lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California; porque durante el ejercicio se expidieron 8 recibos oficiales de ingresos deducibles de impuestos, por concepto de donativos recibidos en especie por la cantidad de $193,162, los cuales fueron registrados en cuentas de orden, sin haberse proporcionado evidencia del control de las entradas, salidas y existencias de dichos donativos; porque al compararse el importe de $145,419 que presenta el ``Reporte de pagos'' neto mensual, elaborado por el Departamento de Coordinación Alimenticia relativo a desayunos escolares fríos y calientes realizados durante el ejercicio, contra los ingresos por cuotas de recuperación por un importe de $120,432 según registros contables al 31 de diciembre de 2001, se presenta una diferencia no aclarada de menos en registros contables de $24,987; y porque no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el cierre presupuestal de egresos correspondiente al ejercicio fiscal de 2001, de conformidad con lo previsto en el Artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, túrnese a la Sindicatura Municipal de Tecate, para que en un plazo que no exceda de 60 días se apliquen las medidas correctivas que correspondan y se informe al Congreso del Estado para lo conducente.

No existiendo oradores en contra del Dictamen de referencia, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 23 votos a favor, de los siguientes Diputados: Zavala Márquez Catalino, Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Acosta Fregozo Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo, Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Sánchez Medrano Laura, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan, Martín Navarro María Rosalba, Avilés Muñoz Raquel y Suárez Córdova Héctor Edgardo.

Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular con 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el Dictamen No. 43 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, en los términos que fue leído por la diputada Laura Sánchez Medrano. Dado en sesión Ordinaria de la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003 en el Teatro Universitario ``Benito Juárez'' de la ciudad de Ensenada Baja California, declarado Recinto Oficial de H. Congreso del Estado.

En seguida hace uso de la Tribuna el Diputado Juan Manuel Salazar Castro, para dar lectura al Dictamen No. 45, de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, en donde se establecen los siguientes Puntos Resolutivos:

PRIMERO. No se aprueba la cuenta Pública Patrimonial del Comité Administrador de Infraestructura Pública y Educativa de Baja California, a los CC. Arq. José Luis León Romero e Ing. Guadalupe Martín Arellano Ramos, en su carácter de Director General de la Entidad, por el periodo del primero de enero al 31 de octubre y del primero de noviembre al 31 de diciembre del 2001, respectivamente, por motivo de que no se incluyó en los estados financieros saldos por un monto de $1´390,089 de las cuentas de balance de la contabilidad extralibros en la que se registraron operaciones relacionados con los recursos otorgados por el Gobierno del Estado, provenientes de los programas: Organismos Descentralizados (ODES) un importe de $1´442,670, Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) un importe de $6´545,912 y Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) un importe de $2´073,931, mismos que se registraron como ingresos propios, desconociéndose los efectos que pudieran derivarse al depurar, conciliar y registrar las operaciones de los ejercicios 2001 y anteriores, no reconocidas en la Cuenta Pública de la Entidad; y por motivo de que al cierre del ejercicio se presenta en la Cuenta de Deudores Diversos, subcuenta Gobierno del Estado saldo por cobrar de $562,952, originada por el registro de las operaciones de los programas Organismos Descentralizados (ODES), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Infraestructura Media Superior, Programa para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (PAFEF) y Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), y de traspasos a las cuentas ``extralibros'', durante el ejercicio se abonó a esta cuenta $473,786 que se afectaron en gastos del ejercicio, reconociéndose como gastos normales y propios sin su debida justificación, no habiéndose comprobado de este importe erogaciones por $241,492, incumpliéndose lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California; por otra parte, no se ha efectuado conciliación de saldos con Gobierno del Estado, toda vez que éste presenta en sus registros contables saldo a cargo de la Entidad por $4,779,664, existiendo diferencia neta no aclarada por $4´216,712, desconociéndose los efectos que pudieran resultar al conciliarse dichos saldos.

SEGUNDO.- Es de otorgarse y se otorga la aprobación de la Cuenta Pública de Ingresos y de la Cuenta Pública de Egresos del Comité Administrador de Infraestructura Pública y Educativa de Baja California, a los CC. Arq. José Luis León Romero e Ing. Guadalupe Martín Arellano Ramos, en su carácter de Director General de la Entidad, por el periodo del primero de enero al 31 de octubre y del primero de noviembre al 31 de diciembre del 2001, respectivamente.

TERCERO.- Con motivo de lo señalado en el Punto Resolutivo Primero, así como porque la Entidad no cuenta con la documentación legal que acredite la propiedad del inmueble identificado con clave catastral IC-089-000 ubicado en el Fraccionamiento Calafia en la Ciudad de Mexicali, B.C., donde se ubican las oficinas administrativas y el almacén, sobre el cual el Comité Administrativo del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) mediante contrato de cesión de derechos cedió a título gratuito los derechos de posesión, dichos inmuebles se encuentran en proceso de regularización y no se han registrado en Cuentas de Orden; debido a que la Entidad no ha regularizado su situación fiscal, debido a que se encuentra dada de alta ante la autoridad hacendaria con obligación fiscal de Retenedora del Impuesto al Valor Agregado (IVA); durante el ejercicio canceló contra Rectificación de Ejercicios Anteriores un importe de $345,969 correspondiente al IVA trasladado de los ejercicios de 1999 y 2000, asimismo, trasladó IVA por un importe de $556,384 de los cuales canceló contra Ingresos un importe de $432,023; porque se determinaron diferencias en los registros de ingresos resultante de comparar las cifras de los registros contables contra las fichas de depósito y las facturas y recibos oficiales expedidos por la Entidad, resultando una diferencia global mayor en registros contables por un importe de $117,120; por otra parte no se localizaron 14 recibos oficiales de ingresos, desconociéndose si fueron elaborados o en su caso cancelados, en virtud de que no se encontró evidencia de su registro contable, expedición o cancelación de los mismos; por motivo de que se incumplió con lo previsto en el Artículo 14 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, que establece: ``Todos los ingresos o entradas de efectivo se ampararán si excepción alguna con la expedición de recibos oficiales debidamente requisitados'', toda vez que fungiendo como intermediaria percibió del Gobierno del Estado recursos para ejecución de obra pública por un importe de $520,032 para su entrega a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, sin haber expedido el recibo oficial de ingresos correspondiente; además porque no se celebraron los Convenios con Gobierno del Estado y con el Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) por los Indirectos cobrados por la supervisión de las obras realizadas dentro de los Programas de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y FOSEG, respectivamente; debido a que la Entidad celebró contrato No. C-CAIPE-MXL-PAFEF-00-01 de fecha 11 de julio del 2000, para llevar a cabo la obra consistente en construcción de la Primera Etapa del Edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicada en la zona del Río entre Calzada Independencia y Quintana Roo, Mexicali, B.C. por un monto de $25´002,231 C/IVA y un plazo de ejecución de 167 días naturales y mediante convenios, cuatro modificatorios y siete adicionales incrementó el monto a $31´531,397 C/IVA y el plazo a 531 días, los cuales representaron aumentos del 42% y 218% en monto y el plazo, respectivamente, adicionalmente se generaron e incluyeron un total de 380 conceptos extraordinarios por un monto de $17´126,487 C/IVA, no contemplados en el presupuesto del contrato lo cual representó el 68% del costo original contratado, esto originado debido a que previamente a la adjudicación del contrato, no se contaba con un proyecto ejecutivo de obra, ya que la misma señala que el proyecto respectivo se fue entregando a la par del avance físico de la obra, por lo tanto no se elaboró debidamente el presupuesto respectivo, incumpliéndose a lo establecido en las fracciones III, VI, IX, X y XII del Artículo 21, tercer párrafo del artículo 24 y Artículo 59, respectivamente, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. Además en levantamiento físico realizado los días 8, 9, 10 y 11 de octubre del 2002, se obtuvieron diferencias de cantidades de trabajo no ejecutadas con respecto a las suministradas por un importe de $683,925 C/IVA; por motivo de que se celebró contrato No. C-CAIPE-BC-MXL-PAFEF-EP-01-05 de fecha 11 de julio del 2001, para llevar a cabo la obra consistente en construcción de la 2da. Etapa del Edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Zona Mexicali, B.C., por un monto de $11´699,009 C/IVA, y un plazo de ejecución de 108 días naturales y mediante tres convenios modificatorios, incrementó el monto a $13´380,495 C/IVA, y el plazo a 156 días, los cuales representaron aumentos del 14% y 44% en monto y plazo, respectivamente, adicionalmente se generaron e incluyeron un total de 396 conceptos extraordinarios por un monto de $6´221,919 C/IVA lo cual representó el 53% del costo original contratado, y a su vez eliminó 370 conceptos, que representan un importe de $4´297,079 C/IVA, significando el 37% respecto al importe originalmente contratado, esto debido a que previamente a la adjudicación del contrato, no se contaba con un proyecto ejecutivo de obra, ya que la misma señala que el proyecto respectivo se fue entregando a la par del avance físico de la obra, por lo tanto no se elaboró debidamente el presupuesto respectivo, incumpliéndose a lo establecido en las fracciones III, VI, IX, X y XII del Artículo 21, tercer párrafo del Artículo 24 y Artículo 59, respectivamente, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Además en levantamiento físico realizado los días 25, 26 y 27 de noviembre del 2002, se obtuvieron diferencias de cantidades de trabajo no ejecutadas, las cuales generaron un pago en exceso de $371,478 C/IVA, de igual forma en el presente contrato fueron autorizados, ejecutados, estimados y pagados entre otros conceptos de trabajos por obra extraordinaria por un importe de $617,791 C/IVA, dichos conceptos fueron por modificaciones realizadas en conceptos de trabajo una vez terminados éstos, y que posteriormente debieron de hacerse adecuaciones en los mismos, ocasionando su demolición por deficiencias en el proyecto y en algunos casos a la mala calidad de los mismos; debido a que la Entidad celebró 14 contratos de obra pública, de los cuales en la ejecución de los trabajos contratados se incurrió en incumplimiento a disposiciones legales de la materia y fallas administrativas y de contrato; porque no se dio cumplimiento a lo previsto en el Artículo 43, fracción I de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, toda vez que se efectuaron modificaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal 2001, consistentes en ampliaciones de partidas por $1´515,878, mismas que fueron autorizadas extemporáneamente por el Ejecutivo del Estado el día 31 de octubre de 2002; de igual forma la Junta de Gobierno autorizó extemporáneamente las modificaciones presupuestales anteriores hasta el 27 de marzo de 2002; asimismo, se incumplió con lo previsto en el último párrafo de la disposición legal en comento y con los artículos 15, fracción IV inciso c), y 16 de la Ley de Fiscalización de las Cuentas Públicas para el Estado de Baja California, al no remitir al Congreso del Estado dentro de la Cuenta Pública Anual, información relativa al cierre programático, informando del alcance de metas y programas; no obstante dicho cierre programático sí fue proporcionado para efectos de fiscalización de la Cuenta Pública Anual; debido a que no se publicaron los estados financieros con cifras al 31 de diciembre del 2001 en el Periódico Oficial del Estado, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 8o. de la Ley para el Control y Vigilancia de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y Fideicomisos; y porque no se ha dado cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio del Decreto de creación, publicado en el Periódico Oficial de fecha 15 de enero de 1999, toda vez que con fecha 7 de diciembre de 1999 la Junta de Gobierno aprobó el Reglamento para el funcionamiento interno del Organismo, siendo que a la fecha no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado de B.C., dado que el Artículo Transitorio Unico del Reglamento establece que entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación túrnese a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental para que en un plazo que no exceda de 60 días, se apliquen las medidas correctivas que correspondan y se informe al Congreso del Estado para los efectos conducentes.

No existiendo oradores en contra del Dictamen de referencia, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 22 votos a favor, de los siguientes Diputados: Zavala Márquez Catalino, Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Acosta Fregozo Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo, Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Sánchez Medrano Laura, Alvarado González Arturo, Terrazas Silva Juan, Martín Navarro María Rosalba, Avilés Muñoz Raquel y Suárez Córdova Héctor Edgardo.

Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en particular con 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el Dictamen No. 45 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, en los términos que fue leído por el Diputado Juan Manuel Salazar Castro. Dado en Sesión Ordinaria de la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003 en el Teatro Universitario ``Benito Juárez'' de la ciudad de Ensenada Baja California, declarado Recinto Oficial del H. Congreso del Estado.

A continuación hace uso de la Tribuna el diputado Jesús Gerardo Cortéz Mendoza, Presidente de la Comisión de Estudios Hacendarios y Presupuesto, para informar que dicha Comisión presentará al Pleno los siguientes Dictámenes: Numeral 26, 27, 29 y 31.

A continuación, hace uso de la voz el diputado Leopoldo Morán Díaz, para dar lectura al Dictamen No. 26 de la Comisión de Estudios Hacendarios y Presupuesto, en donde se establece el siguiente punto RESOLUTIVO:

UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la transferencia de partidas presupuestales al presupuesto de egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del dos mil tres, por la cantidad de $880,953 (OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN), que modifican el presupuesto asignado al ramo 21 de la Secretaría de Seguridad Pública, en las partidas presupuestales siguientes:

No existiendo oradores en contra del Dictamen de referencia, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 17 votos a favor, de los siguientes Diputados: Zavala Márquez Catalino, Hidalgo Silva Marcelino, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velasco José Alfredo, Salazar Acuña Edmundo, Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Sánchez Medrano Laura, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Martín Navarro María Rosalba, Avilés Muñoz Raquel y Suárez Córdova Héctor Edgardo.

Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el Dictamen No. 26 de la Comisión de Estudios Hacendarios y Presupuesto, en los términos que fue leído por el Diputado Leopoldo Morán Díaz. Dado en Sesión Ordinaria de la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003 en el Tea-tro Universitario ``Benito Juárez'' de la ciudad de Ensenada, Baja California, declarado Recinto Oficial del H. Congreso del Estado.

En seguida hace uso de la Tribuna el diputado José de Jesús Rosales Martín, para presentar el dictamen No. 27, de la Comisión de Estudios Hacendarios y Presupuesto, en donde se establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO. Es de aprobarse y se aprueba la ampliación del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del 2003, por la cantidad de $ 650,000 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN), que modifica el presupuesto asignado al Ramo 07 de la Secretaría de Planeación y Finanzas en las partidas presupuestales siguientes:

No existiendo más oradores ni a favor ni en contra del Dictamen de referencia, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando no aprobado en votación nominal: con 13 votos en contra, de los siguientes Diputados: Zavala Márquez Catalino, Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Acosta Fregozo Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo, Sánchez Medrano Laura, Martín Navarro María Rosalba y Suárez Córdova Héctor Edgardo; 10 votos a favor de los siguientes diputados: Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan y Avilés Muñoz Raquel.

Acto seguido, el Diputado Presidente declara no aprobado con 13 votos a en contra, 10 a favor y 0 abstenciones el Dictamen No. 27 de la Comisión de Estudios Hacendarios y Presupuesto, en los términos que fue leído por el Diputado José de Jesús Martín Rosales Hernández.

A continuación el diputado Presidente de la Comisión de Estudios Hacendarios y Presupuesto, solicita que el dictamen No. 27 sea regresado a la Comisión, por lo que el C. Presidente de la Mesa Directiva, le solicita al Diputado Secretario someta a consideración de la Asamblea, la solicitud hecha por el diputado Gerardo Cortez Mendoza, Presidente de la Comisión de Estudios Hacendarios y Presu- puesto resultando aprobada en votación nominal: con 12 votos a favor, de los siguientes Diputados: Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Sánchez Medrano Laura, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan, Martín Navarro María Rosalba y Avilés Muñoz Raquel; 11 votos en contra de los siguientes diputados: Zavala Márquez Catalino, Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Acosta Fregoso Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo y Suárez Córdova Héctor Edgardo.

Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado que con 12 votos a favor, 11 en contra, el dictamen No. 27 de la Comisión de Estudios Hacendarios y Presupuesto, se turna nuevamente a comisiones.

A continuación, hace uso de la Tribuna el diputado Francisco Rueda Gómez, para dar lectura al dictamen No. 29 de la Comisión de Estudios Hacendarios y Presupuesto, en donde se establece el siguiente punto RESOLUTIVO:

UNICO. Es de aprobarse y se aprueba la ampliación al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del 2003, por la cantidad de $10´000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 MN), que modifica el presupuesto asignado al Ramo 10 de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en la partida presupuestal 41107 Otras Ayudas.

Acto continuo, hace uso de la voz el diputado Nicolás Osuna Aguilasocho, en torno al dictamen, para solicitar nuevamente Información referente a los acuerdos firmados con las compañías con las cuales ya se han hecho este tipo de contratos.

En seguida, hace uso de la voz el diputado Catalino Zavala Márquez, para manifestarse a favor del dictamen, pero también hacer un llamado a los diputados, para concensar y establecer en coordinación con el Ejecutivo y los promotores de Desarrollo de Viviendas de interés social, los estímulos fiscales por ley, asimismo se compromete a presentar el proyecto y la Iniciativa a consideración del pleno, para que estos estímulos queden establecidos en la propia ley de Desarrollo Urbano del Estado.

En seguida y no existiendo más oradores ni a favor y en contra del Dictamen de referencia, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 21 votos a favor, de los siguientes Diputados: Zavala Márquez Catalino, Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Sánchez Medrano Laura, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan, Martín Navarro María Rosalba, Avilés Muñoz Raquel y Suárez Córdova Héctor Edgardo. El diputado Acosta Fregozo Enrique, se abstiene de votar y el diputado Salazar Acuña Edmundo, vota en contra del dictamen.

Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular con 21 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención el Dictamen No. 29 de la Comisión de Estudios Hacendarios y Presupuesto, en los términos que fue leído por el Diputado Francisco Rueda Gómez. Dado en Sesión Ordinaria de la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003 en el Teatro Universitario Benito Juárez García de la ciudad de Ensenada, Baja California, declarado Recinto Oficial del H. Congreso del Estado.

A continuación, el diputado Gerardo Cortez Mendoza, da lectura al dictamen No. 31 de la Comisión de Estudios Hacendarios y Presupuesto, en donde se establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO. Es de aprobarse y se aprueba la ampliación de partidas presupuestales al presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 2003, por la cantidad de $ 1.133,100 (UN MILLON CIENTO TREITA Y TRES MIL CIEN PESOS 00/100 MN), que modifica el presupuesto asignado en las siguientes partidas presupuestales:

Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular con 19 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones el Dictamen No. 31 de la Comisión de Estudios Hacendarios y Presupuesto, en los términos que fue leído por el Diputado Gerardo Cortez Mendoza. Dado en Sesión Ordinaria de la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003 en el Teatro Universitario ``Benito Juárez'' de la ciudad de Ensenada Baja California, declarado Recinto Oficial del H. Congreso del Estado.

A continuación, el diputado Presidente, decreta un receso de cinco minutos, siendo las trece horas con diez minutos, asimismo se reanuda la sesión siendo las trece horas con treinta y cinco minutos.

En seguida el Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario pasar lista de asistencia, contando con la presencia de los ciudadanos Diputados: Acosta Fregozo Enrique, Alvarado González Arturo, Avilés Muñoz Raquel, Castro Trenti Fernando Jorge, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Ferreiro Velazco José Alfredo, Hidalgo Silva Marcelino, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Martín Navarro María Rosalba, Morán Díaz Leopoldo, Osuna Aguilasocho Nicolás, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Quintero Peña Ismael, Ramos García Everardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Rueda Gómez Francisco, Salazar Acuña Edmundo, Salazar Castro Juan Manuel, Sánchez Medrano Laura, Suárez Córdova Héctor Edgardo, Terrazas Silva Juan y Zavala Márquez Catalino.

Se justifica la inasistencia del diputado Alejandro Ruiz Uribe.

Continuando con el punto de Informes o Dictámenes, que rinden las comisiones especiales o permanentes, y hace el uso de la Tribuna el diputado Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para dar a conocer los dictámenes que presenta dicha comisión, siendo los siguientes: Dictamen 321, 322, 323 y 324.

A continuación, hace uso de la Tribuna el diputado Juan Terrazas Silva, para dar lectura al dictamen No. 321, en donde se establece el siguiente punto resolutivo:

PRIMERO: No se aprueba la INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTICULOS 33 FRACCION III, 43, 82, 85, 86, 93 Y 209, ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LOS ARTICULOS 34 Y 244, Y DEROGA FRACCIONES A LOS ARTICULOS 35, 85 Y 235 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en virtud de los argumentos vertidos por la presente Comisión.

No existiendo oradores en contra del Dictamen de referencia, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 23 votos a favor, de los siguientes Diputados: Zavala Márquez Catalino, Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Acosta Fregozo Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo, Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Sánchez Medrano Laura, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan, Martín Navarro María Rosalba, Avilés Muñoz Raquel y Suárez Córdova Héctor Edgardo.

Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular con 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el Dictamen No. 321 de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el diputado Juan Terrazas Silva. Dado en Sesión Ordinaria de la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003 en el Tea-tro Universitario ``Benito Juárez'' de la ciudad de Ensenada, Baja California, declarado Recinto Oficial del H. Congreso del Estado.

A continuación, hace uso de la Tribuna, el diputado Gerardo Cortez Mendoza para dar lectura al dictamen No. 322, en donde se establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.- Se aprueba la REMISION DE LA INICIATIVA DE REFORMA A LA FRACCION II DEL ARTICULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, para su correspondiente aprobación y publicación, en su caso, para quedar como sigue:

ARTICULO 162.- ... ( Igual al texto)

I... (Igual al texto)

II.- Para determinar el monto de la prima de antigüedad, se tomará como base el salario que el trabajador se encuentre devengando al momento del pago;

III... (Igual al texto)

IV... (Igual al texto)

V... (Igual al texto)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La Presente reforma entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Aprobada que sea por esta Legislatura del Estado el presente Proyecto de Iniciativa de Decreto en los términos previstos por las leyes de la materia, por conducto de la Mesa Directiva de esta Soberanía se remita formalmente esta Iniciativa de Decreto al Congreso de la Unión para su discusión y votación de acuerdo a lo previsto por los artículos 71 fracción III y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexando el acta del Diario de los Debates que motive, así como el acta de sesiones donde se aprobó y demás constancias que el órgano de dirección considere necesarios para su trámite legislativo.

En seguida, el diputado Ricardo Rodríguez Jacobo, hace uso de la voz, para hacer una aclaración, respecto del orden de los Transitorios.

El diputado Fernando Jorge Castro Trenti, manifiesta que el diputado Ricardo Rodríguez Jacobo, tiene razón el diputado Ricardo Rodríguez Jacobo, por lo que el C. Presidente, informa que se harán los cambios pertinentes, en relación con la observación hecha por el diputado Ricardo Rodríguez Jacobo.

En seguida y no existiendo oradores en contra del Dictamen de referencia, el Diputado presidente le solicita al diputado secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 23 votos a favor, de los siguientes Diputados: Zavala Márquez Catalino, Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Acosta Fregozo Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo, Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Sánchez Medrano Laura, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan, Martín Navarro María Rosalba, Avilés Muñoz Raquel y Suárez Córdova Héctor Edgardo.

Acto Seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular con 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el Dictamen No. 322 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el Diputado Gerardo Cortez Mendoza. Dado en Sesión Ordinaria de la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003 en el Teatro Universitario ``Benito Juárez García'' de la ciudad de Ensenada, Baja California, declarado Recinto Oficial del H. Congreso del Estado.

A continuación, el diputado Francisco Rueda Gómez, da lectura al dictamen No. 323, en donde se establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO: Se aprueba la INICIATIVA QUE ADICIONA UNA FRACCION III AL ARTICULO 27 Y MODIFICA LA DENOMINACION DEL CAPITULO IV Y REFORMA LOS ARTICULOS 38 Y 39, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, para quedar como sigue:

ARTICULO 27.- Son facultades del Congreso:

I. Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así como participar en las reformas a esta Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos;

II. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como proponer la reforma o derogación de unas y de otras;

III. Elaborar y aprobar el Plan de Desarrollo Legislativo, en los términos de esta Constitución;

IV. Facultar al Ejecutivo con las limitaciones que crea necesarias, para que por sí o por apoderado especial, represente al Estado en los casos que corresponda.

Fijar la división territorial, política, administrativa y judicial del Estado.

V. Crear y suprimir los empleos públicos, según lo exijan las necesidades de la Administración, así como aumentar o disminuir los emolumentos de que éstos gocen, teniendo en cuenta las condiciones de la Hacienda Pública y lo que disponga a la Ley del Servicio Civil del Estado;

VI. Dar las bases para que el Ejecutivo celebre empréstitos, con las limitaciones que establece la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aprobar los contratos respectivos y reconocer y autorizar el pago de las deudas que contraiga el Estado;

VII. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la declaración de Gobernador Electo que hubiere hecho el Instituto Estatal Electoral;

VIII. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en el Municipio respectivo la declaración de munícipes electos que hubiere hecho el Instituto Estatal Electoral;

IX. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desa-parecidos y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la Ley prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convenga;

X. Cumplir con las obligaciones que marca el Artículo 5 de esta Constitución.

XI. Aprobar, para cada Ejercicio Fiscal, las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como el presupuesto de Egresos del Estado;

XII. Revisar, analizar, auditar, dictaminar y discutir anualmente para su aprobación o desaprobación las cuentas públicas anuales del Gobierno del Estado, Municipios, Organismos e Instituciones Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos y demás Entidades que administren recursos públicos o cuando lo estime conveniente;

XIII. Vigilar por medio de una Comisión de su seno el funcionamiento de la Contaduría Mayor de Hacienda.

XIV. Nombrar y remover al Contador Mayor de Hacienda.

XV. Elegir a tres Consejeros integrantes al Consejo de la Judicatura del Estado, a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, así como a los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral Numerarios y Supernumerarios en orden de prelación, del Poder Judicial.

XVI. Designar, en los términos que previene esta Constitución, al ciudadano que deba sustituir al Gobernador en sus faltas temporales o absolutas.

XVII. Convocar a elecciones, cuando fuere necesario, conforme a lo establecido en la Ley.

XVIIII. Resolver acerca de las licencias definitivas de los Diputados, del Gobernador, y renuncia de los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial y de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado electos por el Congreso; así como de la renuncia, remoción y oposición a la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

XIX. Otorgar licencias a los diputados y al Gobernador para separarse de sus cargos; y a los Magistrados del Poder Judicial cuando esto sea por más de dos meses.

XX. Aprobar o reprobar los convenios que el Gobernador celebre con las vecinas Entidades de la Federación respecto a la cuestión de límites, y someter tales convenios a la ratificación del Congreso de la Unión;

XXI. Cambiar provisionalmente, y por causa justificada, la residencia de los Poderes del Estado;

XXII. Resolver las competencias y dirimir las controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior, salvo lo prevenido en los Artículos 76 Fracción VI y 105 de la Constitución General de la República;

XXIII. Dirimir los conflictos que surjan entre el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos;

XXIV. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito, en los términos del Artículo 94 de esta Constitución.

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que refiere el Artículo 93 de esta Constitución y fungir; a través de una Comisión de su seno, como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren;

XXV. Erigirse en Jurado de Sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del Artículo 93 de esta Constitución;

XXVI. Crear o suprimir municipios, en los términos de esta Constitución, así como fijar y modificar la extensión de sus territorios, por el voto de las dos terceras partes de los Diputados integrantes del Congreso;

XXVII. Conceder amnistía por delitos de carácter político de la competencia de los tribunales del Estado, cuando la pena no exceda de tres años de prisión, no se trate de reincidentes y siempre que sea acordada por dos terceras partes de los diputados presentes;

XXVIII. Otorgar premios o recompensas a las personas que hayan prestado servicios de importancia a la Nación o al Estado, y declarar beneméritos a los que se hayan distinguido por servicios eminentes prestados al mismo Estado;

XXIX. Conceder pensiones a los familiares de quienes hayan prestado servicios eminentes al Estado, siempre que su situación económica lo justifique.

XXX. Designar entre los vecinos, a propuesta del Gobernador del Estado, los Concejos Municipales en los términos de esta Constitución y las Leyes respectivas;

XXXI. Legislar respecto a las relaciones de trabajo entre el Estado, los Municipios, las Dependencias paraestatales y paramunicipales y sus trabajadores, con base en lo dispuesto en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XXXII. Nombrar al Procurador General de Justicia del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, en los términos de esta Constitución.

XXXIII. Aprobar los convenios de asociación que celebren los municipios del Estado con los de otras entidades federativas que tengan por objeto la eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan, y

XXXIV. Erigirse en Asamblea de Transición, a más tardar la primera semana del mes de Septiembre del año de la elección, cuyas funciones serán las siguientes:

a) Entregar credenciales de identificación y acceso a los Diputados electos que integran la nueva legislatura, a más tardar el 15 de Septiembre del año de la elección, cuyas constancias de mayoría y validez; de asignación por el principio de representación proporcional o por resolución firme que haya recibido el Congreso del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado.

b) Citar a los Diputados electos a la Junta Previa a celebrarse el día anterior del inicio del ejercicio de la legislatura.

c) Preparar y cumplir el proceso de entrega-recepción de una Legislatura a otra, de todos los efectos administrativos, patrimoniales y legislativos, de conformidad con los procedimientos y demás asuntos que su Ley Orgánica y Reglamento Interior le atribuyan, a fin de conocer el estado que guarda el poder legislativo al término de cada ejercicio constitucional.

XXXV. Formar su reglamento interior y expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los Poderes del Estado.

CAPITULO IV

DE LA PLANEACION LEGISLATIVA

ARTICULO 38.- El Plan de Desarrollo Legislativo aprobará en el segundo periodo de sesiones del inicio de una Legislatura y deberá contener la Agenda Legislativa Básica, la cual se elaborará bajo los principios de economía funcional, eficiencia y democrático.

ARTICULO 39.- El Plan de Desarrollo Legislativo se elaborará, aprobará, evaluará, controlará y coordinará conforme a los procedimientos y plazos que establezca la Ley.

El Plan de Desarrollo Legislativo, se elaborará sin perjuicio del derecho contenido en el Artículo 28 de esta Constitución.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- En los términos del artículo 112 de la Constitución Política del Estado, envíese las presentes reformas constitucionales a los H. Ayuntamientos de la Entidad, para los efectos legales conducentes.

Segundo.- Una vez obtenido el voto aprobatorio en los términos del artículo 112 de la Constitución Política del Estado, remítanse las presentes reformas constitucionales por parte de la Presidencia de este H. Congreso para su publicación.

Tercero.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California.

No existiendo oradores en contra del Dictamen de referencia, el Diputado presidente le solicita al Diputado Secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 22 votos a favor, los siguientes Diputados: Zavala Márquez Catalino, Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Acosta Fregozo Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo, Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Sánchez Medrano Laura, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan, Martín Navarro María Rosalba y Suárez Córdova Héctor Edgardo.

Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular con 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el Dictamen No. 323 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el Diputado Francisco Rueda Gómez. Dado en Sesión Ordinaria de la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003 en el Teatro Universitario ``Benito Juárez'' de la ciudad de Ensenada Baja California, declarado Recinto Oficial del H. Congreso del Estado.

A continuación, los diputados Ismael Quintero Peña y Nicolás Osuna Aguilasocho, para presentar el dictamen No. 324, en donde se establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.- Se aprueba la INICIATIVA DE ACUERDO ECONOMICO QUE PRETENDE QUE ESTA SOBERANIA SOLICITE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EXIJA AL EJECUTIVO FEDERAL, EL RESPETO A LA NORMATIVIDAD DEL ESTADO EN MATERIA AMBIENTAL Y USO DEL SUELO; ASI COMO A SU VEZ INSTRUYA A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y A LA DIRECCION DE ECOLOGIA DEL PODER EJECUTIVO, PARA QUE INFORMEN A ESTA LEGISLATURA TODO LO RELACIONADO CON LA INSTALACION DE LAS EMPRESAS REGASIFICADORAS Y EN PARTICULAR SOBRE EL RESPETO A LA REGLAMENTACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO Y USO DE SUELO DEL ESTADO, en los términos esgrimidos en el cuerpo de este dictamen.

A continuación el diputado presidente, menciona que queda a disposición de la Honorable Asamblea, el dictamen, y hace uso de la voz el diputado Ricardo Rodríguez Jacobo, para manifestar que no está en contra del dictamen, pero cree que hay un problema de semántica jurídica, toda vez que el Gobernador no le puede exigir al Presidente el respeto hacia la normatividad; le debe exigir el cumplimiento, el reconocimiento de validez y el debido cumplimiento a las normatividades.

En seguida hace uso de la voz el diputado Catalino Zavala Márquez, para sumarse a la inquietud del diputado Ricardo Rodríguez Jacobo, pero también le parece que en el dictamen deben de emitirse opiniones, donde se está recomendando la instalación de estas empresas en algún otro punto del Estado.

``Por lo cual recomendamos a las empresas mencionadas, que en atención a su expresado compromiso, a favor del desarrollo sustentable, busquen espacios físicos en el Estado, donde no afecten los ecosistemas protegidos por la política de ordenamiento ecológico de la entidad y coadyuven así al desarrollo económico integral de Baja California'', igualmente solicita se eliminen el párrafo en la página cuatro, donde establece: ``Considerando la importancia que revisten para nuestra entidad, los proyectos de regasificadoras, propuestos por las empresas referidas, los cuales en su conjunto representa una inversión de más de mil millones de dólares, sugerimos sean evaluados otros puntos al sur del municipio de Ensenada'', también solicita que sean eliminados del cuerpo del dictamen, así como también solicita que se elimine el punto seis de los considerandos, en el sentido de que estamos interesados en que se instalen empresas de esta índole en nuestro Estado, por lo que recomendamos a las empresas, busquen otros espacios físicos en nuestro territorio. El punto siete, también debe ser eliminado, dice: que una posible alternativa para instalar gaseras en nuestra entidad, se podría reubicar en los puntos señalados, repite en los considerandos, y el punto número ocho, dice: que definidos los sitios al sur del municipio de Ensenada, para instalar dicha regasificadora.

Asimismo solicita que esta Legislatura, exhorte por conducto de la Presidencia, de inmediato a las comisiones que fueron aprobadas en el pasado pleno, para que convoquen a las instancias del gobierno del Estado, a las dependencias involucradas en este asunto, a los ayuntamientos, a los organismos no gubernamentales y ciudadanos que se han manifestado sobre este asunto, para realizar las reuniones de trabajo necesarias en el municipio de Ensenada y de Tijuana.

En seguida hace uso de la voz el diputado Ismael Quintero, para manifestar que hay una distinción, que uno es el cuerpo de la Iniciativa y la otra es el dictamen que se está emitiendo.

A continuación el diputado Marcelino Hidalgo Silva, manifiesta que el planteamiento hecho por el diputado Ricardo Rodríguez Jacobo, es correcto, pero cree que el problema es el reclamo de los ciudadanos en cuanto a la instalación de las plantas de gas y de las regasificadoras y termoeléctrica, asimismo solicita al Pleno, que el planteamiento que hace el diputado se sume a los trabajos de la Comisión Especial.

Continuando con el debate del dictamen No. 324, hace uso de la voz la diputada María Rosalba Martín Navarro, para sumarse a los comentarios, pero además agrega dos factores importantes: las regasificadoras, probablemente sí sea un desarrollo económico para el Estado, pero antes que observar este desarrollo, se debería observar qué es lo que piensa esta demanda ciudadana, y sobre todo no dejar abierto a que ellos nos indiquen dónde deben de instalarse, sino que haya, que se respete el argumento legal para que no se puedan instalar, ni se deban instalar, ni los gobiernos puedan autorizar en lugares no específicos, por lo que solicita que se regrese el documento íntegro a la Comisión, para que se adecúe el documento y pueda ser votado.

A continuación, hace uso de la Tribuna el diputado Fernando Castro Trenti, para señalar algunos puntos del cuerpo del dictamen expuestos en las páginas 3, 4, 5, 6 y 7 son básicamente una trascripción de lo que presenta el diputado que señala la necesidad de que el pleno se exprese en este punto; en la hoja 15, la comisión empieza a revisar contra lo que señala el inicialista, lo que dice la ley y la opinión de los órganos consultados, podemos observar que en la página 16 en el considerando tercero, dice: que la pretensión del autor de la iniciativa de acuerdo económico, se hace consistir en que esta Legislatura y entonces pasa párrafo por párrafo a señalar lo que nos está planteando el inicialista, en la página 16 considerando tercero, dice: que la pretensión del autor de la iniciativa de acuerdo económico, se hace consistir en que esta Legislatura, en la página 17, en el segundo párrafo, se señala lo que dijo el diputado Catalino, respecto de exhortar a las empresas, para que busquen otras alternativas; asimismo manifiesta que el fin es básicamente el proponer un resolutivo, por lo que propone que se apruebe, respecto a la solicitud de la intervención del Ejecutivo, finalmente, lo que plantea el diputado Catalino Zavala, dejando claro que no es ni debe ser función de esta Legislatura, la reubicación de los sitios, y que podría constituir siguiendo la propuesta de Catalino, un resolutivo señalado que no le compete a esta soberanía, expresarse sobre la orientación o la ubicación de estos sitios, y en cuanto a lo que plantea el diputado Jacobo, le parece que es correcta su expresión, relativa a que tenemos que precisar, que lo que se le solicita al Ejecutivo, es el cumplimiento de la ley; finalmente propone un resolutivo adicional en el que se plantea que no es función de esta Soberanía el establecimiento de sitios o fijar, recomendarle a las empresas que pretenden establecerse sitios para que lo hagan, y en el segundo punto dejar claro que lo que estamos solicitando básicamente es que se dé cumplimiento, a las normas como lo pide el diputado Quintero, y la puntualidad del diputado Rodríguez Jacobo, que se está exigiendo el cumplimiento cabal de las normas, es decir el estado de derecho.

En seguida, hace uso de la Tribuna el diputado Ismael Quintero Peña, para dar lectura al artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, en su artículo 35, dice párrafo segundo, Artículo 35 ``Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la secretaría, se ajustará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así como los programas de desarrollo Urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaraciones de áreas naturales protegidas y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables'', La petición concreta es que se apruebe el resolutivo, que dice que se dé cumplimiento a la ley, como bien lo menciona el diputado Jacobo, también coincide con el diputado Zavala, en que no es nuestra atribución determinar dónde, pero sí tenemos la capacidad para poder promocionar.

A continuación, el diputado Presidente, de la Mesa Directiva, considera suficientemente discutido el tema, y no existiendo más oradores en contra del Dictamen de referencia, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 20 votos a favor, de los siguientes Diputados: Zavala Márquez Catalino, Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Acosta Fregozo Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo, Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan, Martín Navarro María Rosalba y Suárez Córdova Héctor Edgardo.

Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular con 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el Dictamen No. 324 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el Diputado Ismael Quintero Peña. Dado en Sesión Ordinaria de la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003 en el Teatro Universitario ``Benito Juárez'' de la ciudad de Ensenada Baja California, declarado Recinto Oficial del H. Congreso del Estado.

Una vez agotados los Dictámenes, se pasa al séptimo punto del orden del día, Asuntos Generales y hace uso de la Tribuna la Diputada María Rosalba Martín Navarro, para presentar Iniciativa de Reforma que Adiciona el Capítulo Séptimo denominado ``Del Uso del Suelo'' al Título Cuarto de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California.

El C. Presidente turna la Iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, así como a la Comisión de Desarrollo Urbano.

A continuación, el diputado Juan Terrazas Silva, presenta la siguiente Iniciativa de Acuerdo Económico:

PRIMERO. Que este Congreso, envíe un exhorto al Ejecutivo del Estado y a los cinco Ayuntamientos de la Entidad, a efecto de que inicien las acciones que sean pertinentes, para celebrar los convenios que en materia de Transporte prevé la Ley para el Desarrollo Integral de las Personas con Capacidades Diferentes para el Estado de Baja California.

SEGUNDO. Se envíe íntegro a los cinco Ayuntamientos del Estado, el documento que se presenta.

El C. Presidente, turna la iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, así como a la Comisión del Transporte.

En otro tema, hace uso de la Tribuna el diputado Arturo Alvarado González, para presentar Iniciativa de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Urbanización del Estado de Baja California.

El C. Presidente turna la Iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, así como a la Comisión de Urbanización y Obra Pública.

Asimismo el diputado Arturo Alvarado González, presenta el siguiente punto de acuerdo económico:

PRIMERO. Que este Congreso, apruebe la redacción de un texto para rechazar la aprobación de la propuesta de aplicar un cobro de entre 20 y 50 dólares para cada turista que arribe al país, a bordo de cruceros turísticos y que sea enviado a la Cámara de Senadores para su conocimiento.

SEGUNDO. Que este Congreso, apruebe emitir una solicitud al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que incluya este asunto en sus gestiones ante el Gobierno Federal y Promover esta impugnación.

En seguida el C. Presidente, decreta un receso de cinco minutos, siendo las quince horas con cuarenta un minutos y se reanuda la sesión, siendo las quince horas con cincuenta minutos.

Una vez verificado el quórum por pase de lista, se continua con el punto de Asuntos Generales, en donde hace uso de la voz el diputado Raúl Felipe Luévano Ruiz, para presentar Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 140 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California.

El C. Presidente, turna la Iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

En otro tema, hace uso de la Tribuna el diputado Leopoldo Morán Díaz, para presentar Iniciativa de Decreto que adiciona el artículo 38 Bis a la Ley de Puertos.

El C. Presidente, turna la Iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

A continuación el diputado Nicolás Osuna Aguilasocho, hace uso de la voz, para presentar Iniciativa de Reforma al Artículo 239 del Código Federal de Procedimientos Electorales, así como al artículo 386 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California.

El C. Presidente, turna la Iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

En seguida hace uso de la tribuna el diputado Héctor Edgardo Suárez Córdova, Presidente de la Mesa directiva, para dar lectura al siguiente. Con fecha 29 de octubre del año dos mil dos, el Pleno de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, aprobó la integración de una comisión instructora para que se avocara al desahogo de los procedimientos que con motivo de juicio político, sigue este Congreso en contra de algunos servidores públicos del Poder Judicial del Estado.

Toda vez que transcurridos varios meses de la creación de esta Comisión, y a la fecha no se ha rendido informe alguno de sus actuaciones y se desconoce el estado que guardan los procedimientos mencionados, esta Presidencia a mi cargo, con la facultad contenida en el Artículo 50, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en este acto requiere a la Comisión Instructora antes señalada, para que en un plazo que no exceda de 30 días, rinda un informe sobre los avances y desarrollo de los asuntos encomendados.

El C. Presidente turna el punto de acuerdo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias y a la Comisión Instructora de la misma.

Asimismo el diputado Héctor Edgardo Suárez, Presidente de la Mesa Directiva, da lectura al siguiente punto de acuerdo económico:

PRIMERO. Proceda la Secretaría de la Mesa Directiva de este H. Congreso a dar vista a la Lic. María Esther Rentería Ibarra con los anexos técnicos adjuntados a la opinión emitida por el Consejo de la Judicatura local, así como con la prueba superviniente referente a que el 26 de abril de 2001, se hizo del conocimiento de la Comisión Especial, encargada del procedimiento de ratificación, un escrito del Colegio de Abogados de Ensenada, B.C. a través del cual denunciaron violaciones en la designación de jueces de distintos juzgados de la entidad, haciéndosele saber que dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación, podrá por escrito que presente en la oficialía de partes de esta Soberanía, hacer las manifestaciones que a su derecho convengan, respecto de los documentos con los que se da vista.

Para el efecto, notifíquesele el presente Acuerdo Económico, entregándole copia certificada del mismo, adjuntándole copias certificadas de los documentos antes mencionados.

SEGUNDO. Una vez cumplimentado el punto anterior, proceda la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a elaborar el dictamen que contenga la resolución que corresponda en la que se tomen en cuenta las manifestaciones que haga valer María Esther Rentería Ibarra, y sométase al Pleno de esta Soberanía, cumpliéndose con el procedimiento protocolario establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

TERCERO. Hecho todo lo anterior, infórmese al Juez Tercero de Distrito en el Estado del cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, anexádole copia certificada de todas las constancias que así lo acrediten.

En seguida y no existiendo oradores en contra de la dispensa de trámites de la iniciativa de acuerdo económico, de los tres documentos que presenta la Mesa Directiva, el Diputado Presidente le solicita al diputado Secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 19 votos a favor, de los siguientes Diputados; Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Acosta Fregozo Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Sánchez Medrano Laura, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan y Suárez Córdova Héctor Edgardo.

A continuación y no existiendo oradores en contra del Punto de Acuerdo, presentado por el Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 20 votos a favor, de los siguientes Diputados: Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Acosta Fregozo Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo, Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Sánchez Medrano Laura, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan y Suárez Córdova Héctor Edgardo.

Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular con 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el Punto de Acuerdo Económico presentado por la Presidencia de la Mesa Directiva, en los términos que fue leído por el Diputado Héctor Edgardo Suárez Córdova. Dado en la Sesión Ordinaria en la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003 en el Teatro Universitario ``Benito Juárez'' de la ciudad de Ensenada Baja California, declarado Recinto Oficial del H. Congreso del Estado.

En seguida el diputado Presidente de la Mesa Directiva, da lectura al siguiente punto de acuerdo económico.

PRIMERO. Proceda la Secretaría de la Mesa Directiva de este H. Congreso a dar vista a la Lic. Félix Herrera Esquivel con las pruebas que se desahogaron después de su comparecencia ante la Comisión Especial; así como désele vista también con los ``anexos técnicos'' adjuntados a la opinión emitida por el Consejo de la Judicatura local, haciéndosele saber que dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación, podrá por escrito que presente en la oficialía de partes de esta Soberanía, hacer las manifestaciones que a su derecho convenga, respecto de los documentos con los que se le da vista.

Para el efecto notifíquesele el presente Acuerdo Económico, entregándole copia certificada del mismo, adjuntándole copias certificadas de los documentos antes mencionados.

SEGUNDO. Se deje insubsistente la resolución de 29 de Abril de 2001 referente a Félix Herrera Esquivel y una vez cumplimentado el punto anterior, proceda la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a elaborar el dictamen que contenga la resolución que corresponda en la que se tomen en cuenta las manifestaciones que haga valer Félix Herrera Esquivel, y sométase al Pleno de esta Soberanía, cumpliéndose con el procedimiento protocolario establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

TERCERO. Hecho todo lo anterior, infórmese al Juez Segundo de Distrito en el Estado dé cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, anexándole copia certificada de todas las constancias que así lo acrediten.

A continuación y no existiendo oradores en contra del Punto de Acuerdo, presentado por el Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 20 votos a favor, de los siguientes Diputados: Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Castro Trenti Fernando Jorge, Acosta Fregozo Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo, Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Sánchez Medrano Laura, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan y Avilés Muñoz Raquel.

Acto seguido el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular con 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el Punto de Acuerdo Económico presentado por la presidencia de la Mesa Directiva, en los términos que fue leído por el Diputado Héctor Edgardo Suárez Córdova. Dado en Sesión Ordinaria de la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003 en el Teatro Universitario ``Benito Juárez'' de la ciudad de Ensenada Baja California, declarado Recinto Oficial del H. Congreso del Estado.

En seguida el diputado Presidente de la Mesa Directiva, da lectura al siguiente punto de acuerdo económico:

PRIMERO.- Proceda la Secretaría de la Mesa Directiva de este H. Congreso a dar vista al Lic. Jaime Rico Jiménez con las pruebas que se desahogaron después de su comparecencia ante la Comisión Especial; así como désele vista también con los ``anexos técnicos'' adjuntados a la opinión emitida por el consejo de la Judicatura local, haciéndosele saber que dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación, podrá por escrito que presente en la oficialía de partes de esta Soberanía, hacer las manifestaciones que a su derecho convengan, respecto de los documentos con los que se le da vista.

Para el efecto, notifíquesele el presente Acuerdo Económico, entregándole copia certificada del mismo, adjuntándole copias certificadas de los documentos antes mencionados.

SEGUNDO. Se deje insubsistente la resolución de 29 de abril de 2001 referente a Jaime Rico Jiménez y una vez cumplimentado el punto anterior, proceda la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a elaborar el dictamen que contenga la resolución que corresponda en la que se tomen en cuenta las manifestaciones que haga valer Jaime Rico Jiménez, y sométase al Pleno de esta Soberanía, cumpliéndose con el procedimiento protocolario establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

TERCERO. Hecho todo lo anterior, infórmese al Juez Segundo de Distrito en el Estado del cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, anexándole copia certificada de todas las constancias que así lo acrediten.

A continuación y no existiendo oradores en contra del Punto de Acuerdo, presentado por el Presidente de la Mesa directiva, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en votación nominal con 19 votos a favor, de los siguientes Diputados: Hidalgo Silva Marcelino, Osuna Aguilasocho Nicolás, Quintero Peña Ismael, Ferreiro Velazco José Alfredo, Acosta Fragoso Enrique, Ramos García Everardo, Salazar Castro Juan Manuel, Salazar Acuña Edmundo, Morán Díaz Leopoldo, Rosales Hernández José de Jesús Martín, Cortez Mendoza Jesús Gerardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Luévano Ruiz Raúl Felipe, Sánchez Medrano Laura, Alvarado González Arturo, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Terrazas Silva Juan y Avilés Muñoz Raquel.

Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular con 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el Punto de Acuerdo Económico presentado por la Presidencia de la Mesa Directiva, en los términos que fue leído por el diputado Héctor Edgardo Suárez Córdova. Dado en Sesión Ordinaria de la H. XVII Legislatura a los diecisiete días del mes de julio del año 2003 en el Teatro Universitario ``Benito Juárez'' de la ciudad de Ensenada, Baja California, declarado Recinto Oficial del H. Congreso del Estado.

Continuando con el punto de Asuntos Generales, hace uso de la Tribuna el diputado Ismael Quintero Peña, para presentrar la siguiente Iniciativa de Acuerdo Económico:

RESOLUTIVO UNICO. Que esta soberanía por conducto de su Presidencia, envíe atento oficio en el que exhorte al C. Lic. Eugenio Elorduy Walter, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, rea-lice lo conducente a fin de recuperar para los ensenadenses las 14 hectáreas para el Parque Chapultepec de la Ciudad de Ensenada y que indebidamente mantiene el Fraccionamiento Chapultepec, SA de CV y que el título de propiedad dejó clara y expresamente que la transferencia realizada por el Gobierno Federal al Gral. José de Jesús Clark Flores, no incluía de manera alguna el mencionado parque.

El C. Presidente turna el punto de acuerdo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, así como a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

A continuación, hace uso de la voz el diputado Alfredo Ferreiro Velazco, para presentar la siguiente propuesta de acuerdo económico: Es con el fin de exhortar al señor Gobernador, para que inicie la relación de funciones al ámbito municipal, de acuerdo al artículo 115 constitucional, asi mismo, solicita que lo turne a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

El C. Presidente, lo turna a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

A continuación, el diputado Héctor Edgardo Suárez Córdova hace uso de la voz para presentar tres Iniciativas de Acuerdo Económico, relativas a la regularización de Asentamientos Humanos del municipio de Ensenada, en donde da lectura a los siguientes resolutivos:

Puntos de Acuerdo:

PRIMERO. Que esta Soberanía, envíe atento oficio para exhortar al Ejecutivo Estatal, que a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como cabeza del sector a donde converge el organismo establecido para atender asuntos de la regularización de la tenencia de la tierra, en el Estado, para que establezca un programa específico con su propia asignación de recursos, para atender la regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos de Francisco Zarco, Lomas del Sauzal, Tercera Sección de la Colonia Popular 1989, Colonia Morelos 1 y 2 y en la Delegación de Maneadero el asentamiento Cañón Buena Vista en el municipio de Ensenada.

SEGUNDO. Que SIDUE y CORETE, realicen los trabajos técnicos necesarios para determinar el polígono general a regularizar y el sembrado de los lotes ocupados por las familias en los asentamientos mencionados.

TERCERO. Que mediante el programa específico para concluir la regularización y asignación de predio a los poseedores de lotes en las zonas antes mencionadas, se tramite ante la autoridad municipal competente lo necesario para cumplir con el objetivo señalado en los puntos anteriores.

CUARTO. Que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el Organismo CORETE, rindan un informe a esta Soberanía de los avances obtenidos en los puntos antes señalados.

Puntos de Acuerdo:

PRIMERO. Que esta Soberanía, envíe atento oficio para exhortar al Ejecutivo Estatal, que a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como cabeza de sector a donde converge el organismo establecido para atender asuntos de la regularización de la tenencia de la tierra, en el estado, para que establezca un programa específico con su propia asignación de recursos, para atender la regularización de la tenencia de la tierra de estos 50 lotes del denominado asentamiento 2 de septiembre en el Municipio de Ensenada.

SEGUNDO. Que SIDUE y CORETE, realicen los trabajos técnicos necesarios para determinar el polígono general a regularizar y el sembrado de los 50 lotes ocupados por las familias de la zona.

TERCERO. Que mediante el programa específico para concluir la regularización y asignación de predio a los poseedores de lotes en la zona en mención, se tramite ante la autoridad municipal competente lo necesario para cumplir con el objetivo señalado en los puntos anteriores.

CUARTO. Que la Secretaría SIDUE y el Organismo CORETE, rindan un informe a esta Soberanía de los avances obtenidos en los puntos antes señalados.

Puntos de Acuerdo:

PRIMERO. Que esta soberanía, envíe atento oficio para exhortar al Ejecutivo Estatal, que a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como cabeza de sector a donde converge el organismo establecido para atender asuntos de la regularización de la tenencia de la tierra, en el Estado, para que establezca un programa específico con su propia asignación de recursos, para atender la regularización de la tenencia de la tierra de estos 100 lotes del denominado Fraccionamiento del Sol en el Municipio de Ensenada.

SEGUNDO. Que SIDUE y CORETE, realicen los trabajos técnicos necesarios para determinar el polígono general a regularizar y el sembrado de los 100 lotes ocupados por las familias de la zona.

TERCERO. Que la autoridad judicial coadyuve en la atención adecuada y expedita de los trámites que tenga el propietario o representante legal de la tierra, ocupada por estas familias. A efecto de que pueda iniciarse el proceso de regularización.

CUARTO. Que mediante el programa específico para concluir la regularización y asignación de predios a los poseedores de lotes en la zona en mención, se tramite ante la autoridad municipal competente lo necesario para cumplir con el objetivo señalado en los puntos anteriores.

QUINTO. Que la Secretaría SIDUE y el Organismo CORETE, rindan un informe a esta Soberanía de los avances obtenidos en los puntos antes señalados.

El C. Presidente, turna las tres iniciativas a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

No existiendo más asuntos que tratar y agotado el Orden del Día, el Diputado Presidente cita a los ciudadanos Diputados integrantes de la Honorable XVII Legislatura del estado para el próximo día viernes ocho de agosto a las dieciséis horas en el Recinto Oficial, en la ciudad de Mexicali, BC, asimismo procede a declarar formalmente levantada la presente Sesión siendo las catorce horas con cuarenta y siete minutos del día jueves diecisiete de julio del año dos mil tres.

La presente Acta fue aprobada en Sesión Ordinaria del día viernes ocho de agosto del año dos mil tres, ante la presencia del Diputado Presidente Héctor Edgardo Suárez Córdova, quien autoriza la presente Acta, asistido de la C. Diputada Secretaria de esta Mesa Directiva, Raquel Avilés Muñoz, quien con su firma da fe.»

Cumplida su encomienda, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

En tanto se designe la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

---

LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene la palabra el señor diputado don Tomás Ruiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Tomás José Ruiz González:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Vengo a presentar a mi nombre y el de mis compañeros diputados priístas veracruzanos, una iniciativa de ley para reformar el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, proponiendo incorporar nuevamente a los puentes de peaje que no son internacionales y que son operados por la Federación en territorio nacional, al esquema de participación de fondos en beneficio de los municipios y entidades donde se ubican tales puentes, quienes podrán obtener hasta el 50% del monto total de los ingresos que se deriven de la operación de los mismos.

Así, los municipios y entidades del país podrán recuperar esta importante fuente de ingresos que sólo para mi estado, Veracruz y sus municipios representa cerca de 100 millones de pesos y que perdieron por una reforma contraria al espíritu federalista publicada el pasado mes de julio, sólo que ahora serán mayores las participaciones, para Veracruz superiores a los 200 millones de pesos.

Permítanme exponer brevemente los antecedentes que dan lugar a la iniciativa que se presenta:

En junio de 1992 fue adicionada la Ley de Coordinación Fiscal para permitir la agrupación de la Federación, los estados y los municipios, a fin de que con aportaciones de cantidades iguales se formasen fondos destinados a la conservación, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad, en los municipios con puentes de peaje operados por la Federación. La aportación de esta última, tenía como límite hasta 1996 el 10% de lo obtenido por la operación del puente. En términos de ley fueron celebrados los convenios correspondientes.

En diciembre de 1995 el honorable Congreso de la Unión, aprobó la modificación del artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer un incremento del porcentaje máximo de aportación de la Federación, de 10 a 25% de los ingresos brutos generados en cada puente. Dentro de este contexto se requirió la celebración de nuevos convenios con los lineamientos vigentes a partir de 1996.

Con motivo de la reforma efectuada al artículo 9-A de la Ley de Mérito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2003 y en vigor a partir del mismo mes y año, se modifica sustancialmente el esquema que había venido operando. El esquema actual deja sin efectos los convenios celebrados con relación a puentes nacionales, ya que únicamente se aplica con los estados y municipios en donde existan puentes internacionales de peaje y siempre que reúnan los requisitos establecidos en el nuevo artículo, en el nuevo texto, perdón del artículo 9-A, por lo que en ese contexto la ley únicamente sería aplicable para cuatro entidades federativas y 11 municipios.

Consecuentemente, todos los estados y municipios involucrados en el esquema vigente hasta el 15 de julio del 2003, dejarían de percibir los recursos federales que se generen a partir de esa fecha.

Por lo anterior, se considera necesario reformar el decreto que modificó al artículo 9-A de la ley en comento, con la finalidad de incorporar nuevamente a los puentes de peaje que no son internacionales, son operados por la Federación y comunican diversos puntos dentro del territorio nacional, beneficiando a los municipios de nueve entidades federativas y 20 municipios adicionales.

A fin de dar certeza y seguridad jurídica a las partes se estima conveniente proponer tres artículos transitorios, el primero para señalar el inicio de vigencia del decreto de reforma; el segundo para establecer que por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continúe efectuando las aportaciones que le correspondan, de conformidad con los convenios que se hubieren celebrado con estados y muni- cipios, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a puentes de peaje operados por la Federación y el tercero, para establecer expresamente que los convenios a que se refiere el artículo 9-A que se reforma por medio de este decreto, podrán ser celebrados a partir del 1° de enero de 2004.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía, la aprobación de la presente iniciativa al artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 9o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los suscritos, diputados federales: Tomás Ruiz González, Ubaldo Aguilar Flores, Ernesto Alarcón Trujillo, Pablo Anaya Rivera, Juan Bustillos Montalvo, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Gonzalo Guízar Valladares, Gustavo Moreno Ramos, Pablo Pavón Vinales, Romulo Isael Salazar Macías, Alfonso Sánchez Hernández, Marco Antonio Torres Hernández, Jorge Uscanga Escobar, Martín Remigio Vidaña Pérez, Miguel Angel Yunes Linares, o Guillermo Zorrilla Fernández, Filemón Arcos Suárez, todos integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucio- nario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos otorgan los artículos 70, 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

En nuestra calidad de representantes populares venimos a presentar ante esta soberanía una iniciativa de ley para reformar el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar, nuevamente, los puentes de peaje que no son internacionales y son operados por la Federación en territorio nacional al esquema de participación de fondos en beneficio de los municipios y entidades donde se ubican tales puentes, quienes podrán obtener hasta el 50% del monto total de los ingresos que se deriven de la operación de los mismos.

En función de lo ordenado en los textos constitucionales y legales invocados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano Legislativo, solicitamos a la Presidencia dé curso y ordene el trámite de esta iniciativa de reforma, en términos de la normatividad vigente.

Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, hacemos a continuación la siguiente

Exposición de Motivos

En junio de 1992 fue adicionada la Ley de Coordinación Fiscal para permitir la agrupación de la Federación, de los estados y de los municipios, a fin de que con aportaciones de cantidades iguales se formasen fondos destinados a la conservación, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en los municipios con puentes de peaje operados por la Federación. La aportación de esta última tenía como límite, hasta 1996, el 10% de lo obtenido por la operación del puente. En términos de ley fueron celebrados los convenios correspondientes.

En diciembre de 1995, el H. Congreso de la Unión aprobó la modificación del artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer un incremento del porcentaje máximo de aportación de la Federación de 10% a 25% de los ingresos brutos generados en cada puente; dentro de este contexto, se requirió la celebración de nuevos convenios, con los lineamientos vigentes a partir de 1996.

Con motivo de la reforma efectuada al artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal mediante decreto del H. Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2003 y en vigor a partir del mismo mes y año, se modificó sustancialmente el esquema que había venido operando.

El esquema actual deja sin efectos los convenios celebrados en relación con los puentes nacionales, ya que únicamente se aplica en los estados y municipios donde existan ``puentes internacionales de peaje'' y siempre que reúnan los requisitos establecidos en el nuevo texto del artículo 9-A, por lo que, en ese contexto, la ley únicamente sería aplicable para 4 entidades federativas y 11 municipios.

Consecuentemente, todos los estados y municipios involucrados en el esquema vigente hasta el 15 de julio de 2003 dejarían de percibir los recursos federales que se generen a partir de esa fecha.

Por lo anterior, se considera necesario reformar el decreto que modificó el artículo 9-A de la ley en comento, con la finalidad de incorporar nuevamente a los puentes de peaje que no son internacionales, son operados por la Federación y comunican diversos puntos dentro del territorio nacional y benefician a los municipios de 9 entidades federativas y 20 municipios:

A fin de dar certeza y seguridad jurídica a las partes, se estima conveniente proponer tres artículos transitorios, el primero para señalar el inicio de la vigencia del decreto de reforma, el segundo para establecer que, por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continúe efectuando las aportaciones que le correspondan de conformidad con los convenios que se hubieren celebrado con los estados y muni- cipios con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a puentes de peaje operados por la Federación, y el tercero para establecer expresamente que los convenios a que se refiere el artículo 9-A, que se reforma por medio de este Decreto, podrán ser celebrados a partir del 1 de enero de 2004, y para su suscripción se tomará como base de recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales antes señalados, nos permitimos someter a su consideración la aprobación de la presente iniciativa.

Artículo Unico. Se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 9o.-A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente.

La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 50% del monto total de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50% y estados 50%.

Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la base gravable total de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la Hacienda Pública local con la Federación, para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad.

En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 50%, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el municipio se encuentra en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal.

El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo señalado en el presente artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continuará efectuando las aportaciones que le correspondan de conformidad con los convenios que se hubieren celebrado con los estados y municipios, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a puentes de peaje operados por la Federación.

Tercero.- Los convenios a que se refiere el artículo 9-A, que se reforma por medio de este decreto, podrán ser celebrados a partir del 1 de enero de 2004 y para su suscripción se tomará como base de recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 17 de septiembre de 2003.--- Dip. Tomás Ruiz González, Dip. Ubaldo Aguilar Flores, Dip. Ernesto Alarcón Trujillo, Dip. Pablo Anaya Rivera, Dip. Juan Bustillos Montalvo, Dip. Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Dip. Gonzalo Guizar Valladares, Dip. Gustavo Moreno Ramos, Dip. Pablo Pavón Vinales, Dip. Romulo Isael Salazar Macías, Dip. Alfonso Sánchez Hernández, Dip. Marco Antonio Torres Hernández, Dip. Jorge Uscanga Escobar, Dip. Martín Remigio Vidaña Pérez, Dip. Miguel Angel Yunes Linares, Dip. Guillermo Zorrilla Fernández, Dip. Filemón Arcos Suárez (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Continúe la Secretaría.

---

LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL DAÑO Y EL DETERIORO AMBIENTAL
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LVIII Legislatura.--- Presidencia de la Mesa Directiva.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Presentes.

Me permito remitir a ustedes, para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, minuta proyecto de decreto por el que expide la Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental y se deroga el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Atentamente.

México, D.F., a 30 de abril de 2003.--- Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica) Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, D.F.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se expide la Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental, y se deroga el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Primero: Se expide la ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental en los siguientes términos:

Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental

Artículo 1º. Esta Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular el régimen de responsabilidad civil derivado de los actos u omisiones que causen daño o deterioro ambiental y el mecanismo de su reparación.

Artículo 2º. Para efectos de esta Ley se entiende por:

1. Actividades y obras que generan impacto ambienta, aquellas que se encuentran reguladas por el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

a) Obras hidráulicas, vías generales de oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;

b) Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica;

c) Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la federación en los términos de las leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia nuclear;

d) Producción, almacenamiento, tráfico, transporte, abandono, desecho, descarga, confinamiento, tratamiento, o eliminación de residuos peligrosos o materiales peligrosos, así como las actividades que los generen;

e) Aprovechamientos forestales y especies de difícil regeneración;

f) Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como selvas y zonas áridas;

g) Las actividades industriales, comerciales, de servicios u otras, que sean consideradas como altamente riesgosas según lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás disposiciones jurídicas aplicables;

h) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;

i) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, esteros y lagos, así como en los litorales;

j) Obras y actividades en Áreas Naturales Protegidas competencia de la federación;

k) Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias, y

l) Cualquier otra actividad que produzca daño o deterioro ambiental.

II. Afectación ambiental: La pérdida, menoscabo o modificación negativa de las condiciones químicas, físicas o biológicas de la flora o fauna silvestres, paisaje, suelo, subsuelo, agua, aire o de la estructura o funcionamiento de un ecosistema presentes;

III. Daño: La pérdida o menoscabo sufrido en la integridad o el patrimonio de una persona o personas determinadas, o entidad pública, como consecuencia de los actos u omisiones en la realización de las actividades con incidencia ambiental;

IV. Perjuicio: Ganancia o beneficio racionalmente esperado, que ha dejado de obtenerse en virtud del daño o deterioro ambientales;

V. Deterioro ambiental: La afectación ambiental causada como consecuencia de los actos u omisiones en la realización de las actividades con incidencia ambiental;

VI. Reparación en especie: La restitución de las condiciones químicas, físicas o biológicas de la flora o fauna silvestres, paisaje, suelo, subsuelo, agua, aire o de la estructura o funcionamiento de un ecosistema presentes, al ser y estado anteriores al daño o deterioro ambiental producidos, y

VII. Contener el deterioro ambiental: Todas las medidas tendientes a limitar y evitar el deterioro ambiental en un tiempo y espacio determinados.

Artículo 3º. En los términos establecidos por esta Ley serán responsables las personas físicas o morales, que por sí o a través de sus representantes, administradores o empleados generen daño, o deterioro ambiental, con motivo de sus actos u omisiones en la realización de actividades con incidencia ambiental.

Cuando la responsabilidad por el mismo daño o deterioro ambiental recaiga en diversas personas, serán solidariamente responsables, a no ser que se pruebe de manera plena el grado de participación de cada uno de ellos en la acción u omisión que lo hubiere causado.

Artículo 4º. La responsabilidad regulada en esta Leyes objetiva, atiende al riesgo creado por las actividades con incidencia ambiental, y es exigible con independencia de la culpa o negligencia de la persona que haya causado el daño o el deterioro ambiental.

La responsabilidad por daño o deterioro ambiental con motivo de los actos u omisiones en la realización de las actividades con incidencia ambiental, se presume siempre a cargo de quien o quienes realizan tales actividades, salvo prueba en contrario, siempre y cuando se acredite la relación de causalidad física entre la acción u omisión productora del daño, y el daño o parte del daño o deterioro ambiental causado.

Artículo 5º. No existirá responsabilidad en los siguientes supuestos:

I. Cuando el daño sea producido por dolo, culpa o negligencia inexcusable de la persona que lo hubiera sufrido, y

II. Cuando el daño o el deterioro ambiental tengan su causa exclusiva en caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 6º. Tendrán legitimación activa para exigir la reparación del daño por deterioro ambiental cualquier persona física o moral, que sufra afectación o perjuicio en su persona o patrimonio.

En tratándose de personas físicas, su sucesión estará legitimada para iniciar la reclamación si la persona afectada hubiera fallecido, siempre que la reparación no hubiere sido exigible antes del fallecimiento o que el daño fue re conocido con posterioridad al mismo.

Artículo 7º. Tienen interés jurídico y legitimación activa, y podrán demandar ante los tribunales federales la reparación en especie del deterioro ambiental:

I. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, respecto de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar y todos los demás bienes nacionales respecto de los cuales no intervenga la Procuraduría General de la República;

II. Las entidades federativas, los municipios o delegaciones del Distrito Federal en dónde se haya manifestado el deterioro ambiental;

III. Cualquier persona física que tenga su residencia en el municipio o delegación del Distrito Federal en dónde se dio el deterioro ambiental, y

IV. Cualquier persona moral, sin fines de lucro que actúe en representación de cualquiera de las personal físicas a las que se hace referencia en la fracción anterior, siempre que tenga objeto social la protección el ambiente en general o de alguno de sus elementos, y haya sudo constituida con tres años de anterioridad al acto u omisión que dio origen al deterioro ambiental.

Artículo 8º. Para efectos de la reparación del daño por deterioro ambiental, los afectados por éste podrán solicitar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la formulación de un dictamen técnico al respecto, de conformidad a lo previsto por el artículo 204 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente podrá utilizar la información con la que cuente, incluyendo la relativa al procedimiento administrativo, para la elaboración de los dictámenes a los que se hace referencia en el párrafo anterior. Los gastos por concepto de análisis de laboratorio o de campo que adicional mente se requieran para la dictaminación solicitada correrán a cargo del interesado.

En todo caso, deberán observarse las disposiciones legales sobre confidencialidad de la información industrial y comercial contenida en los expedientes que obren en poder de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Artículo 9º. La reparación del daño a que tienen derecho las personas señaladas en el artículo 6º. de esta Ley, podrán consistir, a elección del ofendido en:

I. La reparación en especie del daño por deterioro ambiental, en términos de la fracción VI del artículo 2º. de esta Ley, o

II. El pago de los daños o perjuicios, y

III. En su caso, el pago de los gastos en que haya incurrido para contener el daño por deterioro ambiental.

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda, se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo.

En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima, o a los herederos del afectado.

El monto de la condena por indemnización se cubrirá en una sola exhibición.

Artículo 10. Quien de conformidad con el artículo r. de esta Ley, ejercite acción civil, podrá solicitar la reparación en especie del deterioro ambiental, y en su caso el reembolso de los gastos en que haya incurrido para contener la agravación del deterioro ambiental.

Si fuese imposible la reparación en especie del deterioro ambiental, se fijará una cantidad a título de indemnización por deterioro ambiental destinado al Fondo para la Restauración y Preservación de los Ecosistemas. La valoración económica de la cantidad a pagar por concepto de indemnización, podrá realizarse por conducto del Instituto Nacional de Ecología, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o instituciones de educación superior o de investigación científica.

El Fondo para la Restauración y Preservación de los Ecosistemas a que se hace referencia en este artículo, será administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del fideicomiso que deberá crearse para el efecto. Esta dependencia deberá presentar un informe anual a la Cámara de Diputados, en el que establezca, de manera detallada, el destino de los recursos que recaude a través del citado Fondo, con motivo de las sentencias que se dicten derivadas de la aplicación de esta Ley, sin perjuicio del que deba rendir para los efectos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 11. En caso de demandas de reparación del daño o deterioro ambiental formuladas por distintas personas, legitimadas de acuerdo con esta Ley, que contengan peticiones incompatibles entre sí, los órganos judiciales deberán dar prevalencia, siempre que sea posible, a la reparación en especie del deterioro ambiental causado.

Artículo 12. La responsabilidad civil regulada en esta Ley se determinará sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que correspondan.

Artículo 13. La responsabilidad civil derivada de un delito o falta administrativa, respecto de los daños por deterioro ambiental o del deterioro ambiental en sí mismo, se regulará por lo establecido en esta Ley.

Artículo 14. La legitimación activa regulada en los artículos 6º. y 7. de esta Ley, incluye en todo caso, la acción para exigir al responsable la adopción de las medidas necesarias que eviten la continuación o la repetición del daño o del deterioro ambiental. Estas medidas podrán comprender la instalación de elementos que prevengan la causa del daño o del deterioro ambiental, la contención temporal de la actividad dañosa y la clausura temporal, permanente, total o parcial, de las instalaciones donde dicha actividad se desa-rrolla, con protección, en todo caso, de los derechos de los trabajadores.

Artículo 15. A los daños que por su menor significación puedan considerarse tolerables según los usos locales, sólo se le podrán aplicar medidas preventivas para contener la causación del daño o deterioro, las cuales únicamente podrán consistir en la adopción de medidas de coste no desproporcionado en relación con los daños que se pretenden evitar. En ningún caso, las medidas provisionales consistirán en la suspensión de la actividad o clausura de las instalaciones, salvo que existiera peligro inminente para la salud pública o el equilibrio ecológico.

No se consideran tolerables daños que hubieren podido evitarse mediante la adopción de medidas preventivas de costo menor a los daños causados.

Artículo 16. Las acciones de reparación del daño y del deterioro ambiental prescriben a los cinco años contados desde el día en que los legitimados en los artículos 6º. Y r. de esta Ley hayan tenido conocimiento de la acción u omisión causante del mismo.

No se entenderá conocido el daño o el deterioro ambiental sino cuando se conozcan o sea exigible que se conozcan las consecuencias principales que pueden derivarse de la acción u omisión generadora de la responsabilidad, al tiempo en que una u otra hayan tenido lugar.

Artículo 17. En todo caso, las acciones de reparación del daño y del deterioro ambiental reguladas en esta Ley prescribirán pasados veinticinco años desde el día en que tuvo lugar la acción u omisión causante del daño o del deterioro ambiental.

Para el caso de acciones u omisiones de carácter continuado o sucesivo, el periodo de veinticinco años empezará a contar desde el día en que hubiera tenido lugar la última de dichas acciones u omisiones.

Artículo 18. Será competente para conocer de las acciones derivadas de esta Ley, a elección de la parte actora, el Juez de Distrito del lugar donde:

I Haya tenido lugar el daño o deterioro ambiental;

II. Haya tenido lugar la acción u omisión que cause el daño o el deterioro ambiental, o

III. Tenga su domicilio el demandado.

Son de aplicación supletoria de la presente Ley, las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 19. Quien haya reparado un daño o deterioro ambiental en aplicación de lo previsto en esta Ley, podrá ejercer cualquier acción de repetición contra otras personas que, al amparo de la misma o de cualquier otra norma, sean responsables del daño o del deterioro ambiental.

Artículo Segundo. Se deroga el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Transitorios

Primero. Esta Ley entrará en vigor sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quienes estén desarrollando alguna de las actividades señaladas en el artículo 20 de esta Ley, al día de publicación de la misma, deberán cumplir las obligaciones establecidas, dentro de los 365 días posteriores a su entrada en vigor.

Tercero. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo que no exceda de un año, deberá efectuar la valoración económica con base en las evaluaciones de impacto ambiental que se hayan realizado con anterioridad a la publicación de la presente Ley, con el objeto de determinar el monto al que ascenderá la cobertura de la garantía financiera o del seguro que se otorgue, para que las obras o actividades a que se refiere el artículo 20 de la presente Ley se puedan seguir realizando.

Cuarto. El régimen de responsabilidad civil regulado en esta Ley será aplicable a los supuestos en que el daño o deterioro ambiental sea resultado de una acción u omisión posterior á la fecha de su entrada en vigor.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 30 de abril de 2003.--- Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica), Presidente; Sen. Lydia Madero García (rúbrica), Secretaria.»

Se devuelve al Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 Constitucional.--- México, DF, 30 de abril de 2003.--- Secretario General de Servicios Parlamentarios licenciado Arturo Garita.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En tanto se designan las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

---

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LVIII Legislatura.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se acuerda devolver a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción decimotercera del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de abril de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

---

LEY FEDERAL DE VIVIENDA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LVIII Legislatura.--- Presidencia de la Mesa Directiva.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Federal de Vivienda.

Atentamente.

México, DF, a 30 de abril de 2003.--- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Vivienda

ARTICULO UNICO: SE REFORMA, el párrafo segundo del artículo 1º; las fracciones I y III del artículo 2º; la fracción VII del artículo 4º; el párrafo primero, las fracciones III y VIII del artículo 6º; el artículo 8º, la fracción VII del artículo 9º; la fracción VII del artículo 10; la fracción IX y el último párrafo del artículo 15; el artículo 17; la fracción II del artículo 20; el párrafo primero y la fracción II del artículo 24; el artículo 31; el artículo 32; el artículo 33; el artículo 41; el párrafo segundo del artículo 46; la fracción XI del artículo 58; el artículo 63; el párrafo primero del artículo 64. SE ADICIONA, un artículo 2° bis, una fracción XI bis del artículo 6º; una fracción I bis al artículo 7º; una fracción IV bis al artículo 10; una fracción VIII bis al artículo 15; un artículo 18 bis; una fracción III al artículo 20; un párrafo segundo al artículo 46, recorriéndose en su orden, el actual párrafo segundo, para ser en adelante párrafo tercero; un párrafo tercero al artículo 49, todos de la Ley Federal de Vivienda, para quedar como sigue:

ARTICULO 1.- .......

El conjunto de instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de los estados y municipios y la concertación con las organizaciones de los sectores social y privado, así como con las comunidades indígenas, conforme a los lineamientos de la política general de vivienda.

ARTICULO 2.-

Los lineamientos generales de la política nacional de vivienda, son los siguientes:

I.- La ampliación de las posibilidades de acceso a la vivienda que permita beneficiar el mayor número de personas, atendiendo preferentemente a la población urbana, rural e indígena de zonas marginadas y de alta marginación.

..........

III.- La ampliación de la cobertura social de los mecanismos de financiamiento para la vivienda, a fin de que se canalice un mayor volumen de recursos a los trabajadores no asalariados, los marginados de las zonas urbanas, los campesinos, los indígenas y la población de ingresos medios;

ARTICULO 2 BIS.-

Las dependencias y entidades públicas del sector, las instituciones de crédito y los organismos sociales y privados promotores de vivienda, deberán garantizar la igualdad de oportunidades de las personas y eliminar cualquier práctica discriminatoria en sus políticas y programas.

Esta Ley prohíbe negar el derecho a la vivienda, por razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil u otras razones arbitrarias, que atenten contra la dignidad humana.

Queda prohibida toda práctica jurídica, administrativa, financiera, comercial o publicitaria discriminatoria que implique, promueva o induzca la limitación a unas personas y la preferencia a otras en el ejercicio de su derecho a una vivienda digan y decorosa.

ARTICULO 4.- ...

I.- .........

VII.- Las bases de coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con los gobiernos de los estados, con los municipios, con los sectores, social y privado, y con las autoridades y representantes de las comunidades indígenas, para el establecimiento del Sistema Nacional de Vivienda.

ARTICULO 6.-

Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Social:

I. .........

II.- Intervenir en la formulación y presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los proyectos de presupuestos anuales de las entidades de la administración pública federal en las que funja como coordinador de sector y que realicen programas de vivienda;

...........

VIII.- Fomentar, en coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios, representantes de los pueblos y comunidades indígenas, en el marco de su autonomía, la constitución de organizaciones comunitarias, sociedades cooperativas, sociedades comunitarias indígenas y otras de esfuerzo solidario para la producción y mejoramiento de vivienda;

...

XI BIS.- Promover acciones para dar una atención preferente a las necesidades de vivienda en las comunidades indígenas a fin de reducir el rezago que enfrentan éstas en relación al resto del país;

XII. ....

ARTICULO 7.-

Las acciones públicas federales de vivienda se programaran a través de:

I. ...

I bis.- El programa nacional de vivienda indígena;

II.- ...

ARTICULO 8.-

El Programa Sectorial de Vivienda será formulado por la Secretaría de Desarrollo Social, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, de las autoridades de las comunidades indígenas, de los grupos sociales, y de los particulares interesados.

Dicha Secretaria, previo dictamen de la de Hacienda y Crédito Público, someterá el Programa a la consideración del ejecutivo federal y una vez aprobado por este, deberá publicarse en el diario oficial de la federación y en dos diarios de mayor circulación en el país, pudiendo publicarse en estos últimos, en forma abreviada. Así mismo, la citada dependencia mantendrá para consulta del público dicho programa sectorial.

ARTICULO 9.-

El programa sectorial de vivienda deberá contener:

I.- .........

VII.- Las bases de concertación con los sectores social y privado, así como con los representantes y autoridades de las comunidades indígenas;

...............

ARTICULO 10.

Las acciones y lineamientos básicos que comprenda el programa sectorial de vivienda serán, cuando menos, los siguientes:

I.- ........

IV bis.- Producción y mejoramiento de la vivienda indígena, así como apoyo para el desarrollo integral de los asentamientos indígenas;

V.- .........

VII.- La tipificación y aplicación de diseños en la construcción de vivienda, la coordinación modular de elementos y componentes y de espacios arquitectónicos, la aplicación de criterios ecotécnicos, y respetando sus usos y costumbres en la conservación y mejoramiento del hábitat en la construcción de vivienda de los Pueblos y Comunidades Indígenas;

VII.- ...

ARTICULO 15.- ...

I.- .......

VIII BIS.- Definición de acciones para atender las necesidades de vivienda de los Pueblos y Comunidades indígenas;

IX.- Los demás datos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría de Desarrollo Social remitirá a la de Hacienda y Crédito Público, en todos los casos, los dictámenes que formule sobre dichos programas operativos para que sean considerados en el proceso de presupuestación.

ARTICULO 17.-

La Secretaría de Desarrollo Social propondrá a las dependencias competentes, medidas de financiamiento y estímulos para el cumplimiento de los programas de vivienda, así como sistemas de control, seguimiento y evaluación de los mismos.

ARTICULO 18 BIS.- Los programas de las entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo acciones para la vivienda indígena, tenderán al mejoramiento y construcción de viviendas que respete la conservación y mejore el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas, para fomentar con ello el arraigo de los indígenas a sus Pueblos y Comunidades, a la utilización preferente de materiales y sistemas constructivos regionales, a la incorporación de elementos constructivos ecológicos, a fin de elevar los niveles de bienestar y mejorar las condiciones sanitarias y calidad de vida de las familias indígenas. Asimismo, se respetara e impulsara la construcción de espacios anexos a las viviendas con fines productivos.

ARTICULO 20.-

Los apoyos e instrumentos que el gobierno federal establezca en materia de suelo para vivienda, se dirigirán preferentemente:

.........

II.- A satisfacer las necesidades de suelo para la ejecución de acciones habitacionales de los organismos y entidades de la Administración Pública Federal, de los organismos de los estados y municipios, de las organizaciones sociales, las comunidades indígenas y los particulares que lo soliciten con arreglo al Programa Sectorial de Vivienda.

III.- A poner en práctica políticas compensatorias que reduzcan los rezagos de vivienda en zonas indígenas y rurales.

ARTICULO 24.-

El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y a solicitud de los Estados, de los Municipios de entidades públicas, de las autoridades de las Comunidades Indígenas, de las organizaciones y grupos sociales y privados que tengan por objeto el desarrollo de fraccionamientos populares o la satisfacción de necesidades de vivienda de interés social, podrá transmitirles áreas o predios del dominio privado de la federación, en los términos de esta ley y de la General de Bienes Nacionales, observando en todo caso:

I. ........

II.- Que el aprovechamiento de los inmuebles sea congruente con el Programa Sectorial de Vivienda, el Programa Nacional de Vivienda Indígena, el correspondiente Programa Estatal de Vivienda, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y sus Declaratorias de Usos y Destinos de Suelos;

..........

ARTICULO 31.-

Las acciones públicas destinadas a fomentar la producción y distribución de materiales básicos para la construcción de vivienda de interés social atenderán preferentemente a las demandas de sociedades cooperativas y organizaciones sociales y comunitarias; a personas de escasos recursos para sus acciones de autoconstrucción de vivienda y a la población rural e indígena para la producción y mejoramiento de su vivienda.

ARTICULO 32.-

La Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con las autoridades competentes, promoverá la explotación de bancos de materiales básicos de construcción localizados en los bienes inmuebles de propiedad federal, sujetándose, para su transmisión o concesión, a lo que dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, salvo lo que, para casos especiales, dispongan otras leyes.

La misma Secretaria otorgará a los gobiernos de los Estados, a los Municipios, a las Sociedades Cooperativas, grupos sociales organizados, comunidades indígenas y a los particulares que lo soliciten, el apoyo y la asesoría necesarios para el estudio, aprovechamiento y explotación de bancos de materiales básicos para la construcción de la vivienda; promoverá ante las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos para ese efecto y ante los gobiernos de los Estados y los Municipios la simplificación de tramites y procedimientos de tramites y procedimientos para la expedición de permisos, licencias o autorizaciones necesarios.

ARTICULO 33.-

Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, podrán promover la celebración de convenios de concertación con las organizaciones sociales, con las comunidades indígenas o con los particulares a efecto de asegurar la producción y distribución de materiales básicos para la construcción de viviendas de interés social.

ARTICULO 41.-

La Secretaría de Desarrollo Social promoverá la aplicación de tecnologías de bajo costo y alta productividad para la construcción de vivienda y, en particular, apoyar a la creación de tecnologías que puedan utilizar las personas o los grupos organizados que autoproduzcan su vivienda. Asimismo, buscará que la tecnología sea la adecuada a los requerimientos sociales y regionales y a las características de la población urbana y rural, estableciendo mecanismos de investigación y experimentación tecnológicas.

ARTICULO 46.-

Con el fin de beneficiar al mayor numero de personas las entidades de Administración Pública Federal, solo podrán conceder a una persona, créditos para la adquisición, construcción, ampliación o mejoramiento de una sola vivienda producida con la aplicación de bienes inmuebles o recursos federales.

Para el otorgamiento de créditos hipotecarios a población indígena, se podrá suplir la presentación de Escritura Pública por documentos avalados por la Autoridad Comunitaria, en los que se acredite la propiedad de acuerdo con sus usos y costumbres.

En el otorgamiento de créditos o para la asignación o enajenación de las viviendas a que se refiere el párrafo anterior, tendrán los mismos derechos todos los posibles beneficiarios, pero en igualdad de condiciones se dará preferencia a las personas de más bajos ingresos, a las mujeres indígenas y las que dentro de estas sean sostén de su familia.

ARTICULO 49.- ...

.........

El estado promoverá la constitución de sociedades cooperativas de vivienda indígena en las comunidades a fin de redoblar esfuerzos tendientes a dotarlas de vivienda digna.

ARTICULO 58.-

Los convenios y acuerdos de coordinación del Gobierno Federal, con los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y los Municipios, para la operación del Sistema Nacional de Vivienda, se referirán, entre otros, a los siguientes aspectos:

..........

XI.- los criterios para la celebración conjunta de convenios de concertación con las organizaciones sociales, con las comunidades indígenas y con los particulares.

ARTICULO 63.-

La Secretaría de Desarrollo Social, en los términos de la Ley de Planeación, de la programación de la vivienda y de los acuerdos y convenios de coordinación que se hayan celebrado con los gobiernos de los Estados y los Municipios, promoverá y celebrará convenios de concertación, en su caso, en los términos del capitulo VI de la Ley de Planeación, con las Cámaras de Industria y de Comercio, con los colegios y asociaciones de profesionistas, con las instituciones docentes y de investigación, con las organizaciones sociales, con las comunidades indígenas y con los particulares interesados en el desarrollo habitacional sobre su participación en el sistema nacional de vivienda.

ARTICULO 64.-

La concertación de acciones de la administración pública federal en materia de vivienda con los grupos y organizaciones sociales, indígenas y privados, se ajustarán a las disposiciones de esta Ley y a la programación de la vivienda y se realizará mediante la celebración de los contratos y convenios de derecho publico que dispone la Ley de Planeación, para establecer, entre otros, los siguientes objetivos:

.........

TRANSITORIO

UNICO.- Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.--- México, DF, a 30 de abril de 2003.--- Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica), Presidente; Sen. Lydia Madero García (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.--- Lic. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Vivienda.

En tanto se designe la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias.

Continúe la Secretaría.

---

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Luis Torres Palomares;

Puesto: Mecánico de mantenimiento/pintor en la Sección Administrativa;

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Nombre: Antonio Gracia Delgado;

Puesto: Chofer;

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento, que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de su identificación.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 2 de septiembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

En tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

---

AUSTRALIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: María Catalina Gurrola Ponce;

Puesto: Asistente consular;

Lugar de trabajo: Embajada de Australia en México.

Nombre: Felipe Homero Saldaña López;

Puesto: Chofer;

Lugar de trabajo: Embajada de Australia en México.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento, que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de su identificación.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 2 de septiembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

En tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

---

PAQUETE ECONOMICO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo adelantar fecha de presentación del paquete económico.

El diputado Juan Carlos Pérez Góngora:

Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales del estado de Nuevo León e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta honorable asamblea presentamos una proposición con punto de acuerdo.

El punto de acuerdo que vengo a presentar a esta tribuna tiene como antecedente la acción soberana de esta Cámara de Diputados en lo que se refiere a la aprobación de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentada por el Ejecutivo, enunciada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 74 establece ...que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de los Egresos de la Federación. El Ejecutivo hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre...

El Presupuesto es uno de los instrumentos fundamentales de la política económica y social del gobierno, es el medio para implementar un orden justo de la distribución del ingreso nacional, canalizar recursos y atención para convertir en hechos las propuestas y los programas sociales que resuelven las necesidades más sentidas; trae consigo la democratización de capital que contribuye al desarrollo económico y social de los mexicanos.

El plazo con que contamos los diputados federales a partir de que el Poder Ejecutivo envía el paquete económico a esta honorable Cámara, para el análisis y aprobación de los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, es considerablemente insuficiente. Por poner un ejemplo, en algunos países de América Latina, como Chile y Brasil, el plazo promedio para desarrollar el trabajo de análisis, acuerdos y aprobación es desde 70 hasta 100 días, mientras que en Estados Unidos se cuenta con 235 días; es decir, México tiene uno de los plazos más cortos para la aprobación del Presupuesto.

Para alcanzar el propósito que enuncia la Constitución Mexicana, la Cámara de Diputados requiere de mecanismos de diseño, conducción y ejecución en la estrategia económica y social, que por su complejidad requieren un proceso de análisis cada vez más exhaustivo. El proyecto económico anual de nuestro país no admite apresurados acuerdos, ni improvisaciones ni ocurrencias; contar con el tiempo necesario que el Legislativo necesita es fundamental para aprobar de una manera responsable el proyecto económico del país, sin perder de vista el impacto y trascendencia que significa la aprobación de éste sobre la economía, el desarrollo y el nivel de vida de la sociedad mexicana.

Los diputados federales estamos listos, tenemos rumbo, hay mando, ánimo de colaboración entre poderes; sabemos que es una tarea que encierra vocación de servicio y convicción de un trabajo responsable. Por estas razones fundamentales es que se considera de suma importancia hacer un exhorto al Poder Ejecutivo a que contribuya con el Poder Legislativo enviando lo más pronto posible el paquete económico a esta honorable Cámara de Diputados y así demostrar apertura y colaboración, y poder instrumentar medidas a mediano y largo plazos que permitan un crecimiento que se refleje en el desarrollo económico de México, logrando un paquete económico que responda a las necesidades que nuestra nación requiere.

Resulta indispensable reconocer la corresponsabilidad, que en el proceso nos toca apoyamos en una labor conjunta y reconocer que en la apertura de colaboración es necesaria la tarea, concluir el propósito y así alcanzar una visión de futuro, con trabajo que se construye con instrumentos eficaces para los tiempos actuales de nuestro México.

Reconociendo la responsabilidad que nos toca en el proceso de aprobación de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, respetuosamente solicitamos al C. Presidente de la Mesa Directiva que el siguiente punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución y sometido a esta honorable asamblea.

Punto de Acuerdo

Unico.- ``La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que instruya al secretario del despacho correspondiente para que envié a la brevedad posible la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para contribuir a que la discusión y aprobación del paquete económico cuente con el tiempo requerido por los diputados federales de la LIX Legislatura.''

Diputación federal por el estado de Nuevo León del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2003.--- Diputados: Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), coordinador; Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Eduardo Alfonso Bailey Elizondo (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Alfonso González Ruiz (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Margarita Martínez López (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Carlos Mireles Morales (rúbrica), Héctor Gutiérrez de la Garza, Cristina Díaz Salazar (rúbrica).

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

En virtud de que el diputado que ha hecho uso de la palabra ha solicitado que el punto de acuerdo se tramite como de urgente resolución, se instruye a la Secretaría para que consulte en votación económica a la Asamblea si el asunto es considerado de urgente resolución.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Conforme al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.

Señor diputado Pedro Vázquez, tiene el uso de la palabra.

El diputado Pedro Vázquez González:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El paquete económico para el año 2004 es sin duda alguna uno de los actos legislativos más trascendentes que tendremos en este Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de esta Legislatura.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, ha reiterado en múltiples ocasiones a lo largo de las pasadas legislaturas y por supuesto en la actual, la solicitud al titular del Ejecutivo Federal de presentar con tiempo suficiente los proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos, la llamada Miscelánea Fiscal y el decreto de Presupuesto de Egresos entre otras.

No queremos legislar más al vapor, todos nosotros tenemos perfectamente claro que con los plazos que nos imponen los ordenamientos vigentes, difícilmente podremos hacer un análisis cuidadoso y responsable del paquete económico, aunque el asunto tiene más fondo.

El esquema extremadamente centralista de nuestra legislación y la conformación actual de nuestras finanzas públicas, limita la participación y la consulta a la población, a los gobiernos estatales y municipales en esta materia.

No es posible que el paquete económico que define el rumbo de nuestra actividad productiva, esté limitado por lineamientos generales, como el Plan Nacional de Desarrollo, que es producto de una consulta formal pero que no tiene ningún peso específico, en términos de un mandato efectivo de la ciudadanía.

A más de esto, la Ley de Planeación, sólo señala en su artículo 5º que el Ejecutivo Federal remitirá dicho plan para su examen y opinión del Congreso de la Unión.

De otra parte, la estructura del presupuesto, tanto en la parte relativa de los ingresos como de los egresos, tiene una conformación que no permite más que un margen de maniobra muy limitado.

En el decreto de Presupuesto de Egresos, por ejemplo, las posibilidades de manejar los recursos públicos se ven severamente limitados por el pago de la deuda, el rescate de todo tipo, los sueldos y salarios y prestaciones al personal gubernamental.

Tenemos que cambiar esta inercia histórica de la norma jurídica y de la estructura presupuestal, tenemos que romper esta camisa de fuerza que se fue generando desde la década de los ochenta.

Así como las cosas cambiaron para mal, tienen que cambiar para bien. Por eso nuestro grupo parlamentario propone las siguientes medidas para darle un rumbo de equidad y justicia a las finanzas públicas:

1. Es indispensable someter a una consulta nacional los ejes fundamentales del paquete económico sobre el cual se sustenta la Hacienda Pública, la figura democrática que hemos propuesto reiteradamente; el presupuesto participativo tiene que ir tomando forma. Sólo pulsando la opinión ciudadana y dándole cuerpo a nuestros ordenamientos de ingreso y gasto público, podemos aspirar a un ejercicio democrático en este rubro fundamental del país.

2. Requerimos de un tiempo suficiente y amplio para que las diversas opiniones de los grupos parlamentarios representados en esta soberanía, se emitan con toda su fuerza argumental. Sólo así podremos llegar a los acuerdos que satisfagan el interés nacional.

3. Es necesario que la voz de los gobernadores y de los presidentes municipales sea escuchada. La pluralidad política de las entidades federativas demanda hoy como nunca, una participación activa y real para la definición del rumbo de las finanzas públicas. La Conago y sus propuestas, con una expresión clara de que no podemos seguir escamoteando espacios que de manera legítima les corresponden. El Pacto Federal debe de ser reivindicado en espíritu y en su esencia. Aunque todavía es mucho lo que falta por hacer, creemos que tenemos que orientar nuestros esfuerzos legislativos para cambiar este marco real y formal, que no nos permite cumplir con el principio de unas finanzas públicas sanas que se conviertan en el motor de la economía y que tengan un efecto redistributivo para el bienestar de toda la población.

Por todo lo anterior nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo, apoya el punto de acuerdo en comento.

Muchas gracias y es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema se le concede el uso de la palabra al señor diputado don Miguel Angel Toscano Velasco, del Partido Acción Nacional.

El diputado Miguel Angel Toscano Velasco:

Gracias, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El Partido Acción Nacional votará a favor de este punto de acuerdo, porque creemos que los consensos que debemos hacer en esta Legislatura debemos apresurarnos con la presentación del presupuesto por parte del Ejecutivo y el proyecto de Ley de Ingresos y de presupuesto por parte del Ejecutivo. Ya en otros años el Presidente Fox presentó días antes de lo que permite la ley, la presentación ante este pleno.

Quiero decirle al diputado Pérez Góngora, que ojalá se hubiera venido a esta tribuna a presentar una iniciativa para promover una reforma constitucional y avanzar en este tema que es importantísimo. En otros países del mundo la discusión de los presupuestos llevan hasta cinco meses y en algunos casos hasta ocho meses; en México apenas estamos discutiendo el presupuesto del mes de noviembre, en los casos en que no hay elección Presidencial.

Ojalá diputado Pérez Góngora, presentemos juntos una iniciativa para que este tema lo pongamos en la mesa y empecemos a discutir el presupuesto como lo hacen los países del primer mundo. Por supuesto insisto, el Partido Acción Nacional va a votar a favor, a pesar de lo que marca el artículo 74 constitucional, en donde se establece la entrega del presupuesto para el 15 de noviembre.

Estamos seguros que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a presentar el presupuesto antes, para que podamos discutirlo mejor y tener mucho mayor manera de llegar a acuerdos pronto, para esta Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra al señor diputado don Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado René Fidel Meza Cabrera:

Con su permiso, señor Presidente:

Para ser congruente con el punto de acuerdo y cumplir con el artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que dispone lo siguiente, a la letra dice:

Los órganos competentes de la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo las previsiones del ingreso y del gasto público federal, formularán sus respectivos proyectos de presupuesto y los enviarán oportunamente al señor Presidente de la República para que éste ordene su incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto para estar también en concordancia con lo que disponen los artículos 77 y 100, último párrafo, de la Constitución.

Por lo que es pertinente que los órganos competentes de los otros poderes, incluyendo el nuestro, formulen con la misma rapidez sus proyectos de presupuesto.

Desde luego estoy de acuerdo con esto, sugiriendo esta incorporación en relación a las disposiciones argumentadas.

Muchas gracias, con permiso.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Portillo, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Cristina Portillo Ayala:

Con su venia, señor Presidente:

Respecto al punto de acuerdo de proposición que está siendo en este momento, mi fracción parlamentaria está de acuerdo en apoyarlo.

Por supuesto que estamos en este sentido exhortando al Ejecutivo para que presente antes el presupuesto que deberemos de aprobar en esta instancia. Sin embargo, quisiera preguntar a esta Asamblea. ¿Aspiramos a ser una Cámara de exhortos al Ejecutivo o aspiramos a ser una Cámara de leyes, donde vengamos a trabajar en iniciativas de ley y no solamente nos quedemos en una Cámara de exhortos?

En este sentido quisiera recordar que en días pasados presentamos en esta honorable Cámara la iniciativa de ley de reforma para que el Ejecutivo se vea obligado legalmente a presentar antes de tiempo, exactamente el 15 de septiembre, el Presupuesto de Egresos e Ingresos.

Queremos hacer un llamado fraterno a las fracciones del PRI y del PAN para que nos pongamos a trabajar en serio. Llevamos hoy más de una quincena de trabajo legislativo y las grandes fracciones no se han puesto de acuerdo en la conformación de las comisiones.

Si queremos trabajar demostrémoslo. O nos ponemos a trabajar consensos o formamos las comisiones con las grandes mayorías que en este momento representan las bancadas del PRI y del PAN.

Es tiempo de hechos, es tiempo de compromisos con la nación y no solamente de exhortos al Ejecutivo. Hoy es cuando, para darle seguimiento y darle seriedad a la conformación de estas comisiones, para que precisamente en el seno de ellas se trabaje y se legisle para darle una vida legal a estas peticiones que se están haciendo hoy en tribuna.

Hoy está pendiente el dictamen de estas iniciativas que año tras año se han venido presentando y no ha habido un compromiso serio de los partidos, y en este caso me refiero precisamente a las mayorías que integran este consenso, no hay un compromiso serio con la nación.

No queremos demagogia, no queremos más exhortos. Queremos trabajo en comisiones, trabajo serio y en este sentido exhortamos para que, en cuanto se integre la Comisión de Presupuesto y las que han de dictaminar esta iniciativa, se pongan a dictaminar lo más pronto posible para que demostremos como Cámara y ustedes como fracciones mayoritarias, el compromiso real, si es que lo hay, de verdad, de comprometer al Ejecutivo de mandar el Presupuesto para revisarlo.

No es posible que todo el equipo de la Presidencia con miles de funcionarios, tengan meses y meses para trabajar un presupuesto y que la Cámara de Diputados tenga solamente unas semanas para revisarlo.

Demostremos el compromiso que tenemos con la nación, y por supuesto reiterar la acción afirmativa de nuestro partido en este sentido, aprobamos este exhorto pero aprobamos también ponernos a trabajar en comisiones.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera...

El diputado Guillermo Huizar Carranza (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado Guillermo Huizar, adelante.

El diputado Guillermo Huizar Carranza (desde su curul):

Señor Presidente, para solicitarle que por su conducto instruya a la Secretaría o al diputado ponente para el efecto de que el término ``a la brevedad posible'' sea sustituido por una fecha cierta. El término ``a la brevedad posible'' que incluye el texto de su punto de acuerdo propuesto, me parece además de ambiguo, inconveniente. Le solicito que aclare si hay una fecha precisa para solicitarle al Ejecutivo la presentación del paquete o si se estima conveniente que quede con ese término de ambigüedad y solamente se diga ``a la brevedad posible''.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado, se va a poner a consideración de la Asamblea y la Asamblea ha escuchado las indicaciones suyas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a recabar en votación económica la votación.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada. Comuníquese.

---

ESTADO DE QUINTANA ROO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para demandar al Ejecutivo Federal la cancelación definitiva de la construcción del muelle de Playa del Carmen, Quintana Roo.

El diputado Adrián Chávez Ruiz:

Gracias, señor Presidente:

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acude a esta tribuna para exigir la cancelación de un proyecto de gran impacto ambiental sobre un arrecife coralino, que se realiza contra la voluntad de los habitantes de Playa del Carmen.

Antecedentes

El 3 de octubre de 2001, la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó de forma condicionada el proyecto a fin de construir un muelle para embarcaciones de mediano calado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El 9 de enero de 2003, una representante de la comunidad de Playa del Carmen interpuso recurso de revisión para impugnar la resolución administrativa.

En julio del presente año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) clausuró las obras en comento.

El 3 de septiembre de este año, la SCT retiró los sellos de clausura y reanudó las obras.

La autorización del proyecto, por sí misma, sintetiza la ausencia del Estado de Derecho en México y su supeditación a la lógica de acumulación de capital de unos cuantos grupos, beneficiarios reales del modelo de desarrollo aplicado en el país.

Además de las graves violaciones de distintas leyes federales, como las que se derivan de construir en una duna -lo cual lo prohíbe el Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún-Tulum-, no haber realizado la licitación para su autorización por parte de la SCT y, finalmente, no llevar a cabo la consulta pública a que obliga la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el retiro de sellos y la continuación de la obra son muestra clara del menosprecio que hay hacia la voluntad de los habitantes de Playa del Carmen, quienes -de manera sistemática y por vías pacíficas- se han opuesto a la construcción del muelle, pues representa la cancelación de un espacio público que se utilizaba para el esparcimiento de las familias de la localidad, en la única playa de libre acceso de la zona.

El impulso del turismo equilibrado, responsable, no depredador es necesidad y condición indispensable para el desa-rrollo de las comunidades ribereñas y costeras no sólo de esa zona sino del país entero, como han señalado reiteradamente distintas asociaciones ambientalistas, entre las que figuran el Movimiento Ciudadano Ecologista Yax Cuxtal de la región.

Dicha visión la comparten incluso agrupaciones de prestadores de servicios turísticos y hoteleros locales, como la Canirac, la Asociación de Prestadores de Servicios de la Riviera Maya, la Canaco o la Canacintra, que también se oponen a repetir el esquema depredador y antidistributivo que genera situaciones de explosividad social y cinturones de miseria alrededor de las zonas hoteleras de lujo.

Ante ello, existen opciones como el ecoturismo incipiente que se lleva a cabo en el lugar y que, además de involucrar de forma más directa a la comunidad y corresponsabilizarla con la protección de sus recursos, es una opción atractiva para quienes desean visitar el Caribe mexicano, donde todavía es posible observar los arrecifes de coral y tener acceso a las playas en su estado natural.

El argumento supuestamente de mayor peso para la construcción es que se requiere un nuevo muelle a fin de atracar las embarcaciones que trasladan pasajeros a Cozumel.

¡Diputadas y diputados: el muelle actual apenas si opera a 40 por ciento de su capacidad!

En los hechos, éste es uno de los supuestos proyectos ``de desarrollo y generación de empleos'' que, en la práctica, permiten el acceso del capital al uso de los recursos naturales que son propiedad de todos y que se privatizan silenciosamente entregándose a unos cuantos.

Finalmente, es una forma útil para abrir la puerta a los cruceros vacacionales que, según estudios serios, no aportan mayores recursos a los destinos turísticos, no representan ninguna opción útil para generar empleos dignos y -no sólo en México sino en el resto del mundo- evaden impuestos y no otorgan los beneficios sociales a que cualquier trabajador tendría derecho.

El PRD promueve e impulsa el turismo, reconociendo las potencialidades que como nación tenemos en este sector, pero no entregando nuestras riquezas naturales, no contra la voluntad del pueblo y no permitiendo sentar el precedente de impunidad que hoy se da en Playa del Carmen, pero que mañana se podrá repetir en otras partes del país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Demandamos la cancelación de las obras de construcción del muelle en Playa del Carmen, Quintana Roo, por ser violatorio del Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún-Tulum y por no llevarse a cabo la consulta pública que señala el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo. Solicitamos a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Comunicaciones y Transportes que envíen a esta soberanía la información que sustentó la autorización del muelle en comento.

Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En tanto se designa a la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

El siguiente punto de la orden del día es coincidente con el tema que se ha desarrollado por el señor diputado y ha sido retirado por los señores diputados que lo registraron.

---

FONDOS FEDERALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del Partido de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la Fiscalización de los Fondos Federales del Ramo 33 por la Auditoría Superior de la Federación.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente:

Antecedentes y Consideraciones

El 19 de junio la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) envió un comunicado al auditor superior de la Federación de esta H. Cámara de Diputados, en el cual los integrantes de esa agrupación solicitan a este órgano de fiscalización del Poder Legislativo, en su último párrafo, que cito textualmente: ``...en tanto no se aclaren estas controversias de carácter jurídico, suspenda todas las auditorías programadas en el territorio nacional al Ramo General 33, y a que establezcamos una mesa de trabajo y análisis con estas entidades federativas sobre ese punto y el relacionado con los recursos del Ramo General 39...''

Con fecha 1º de julio, el auditor superior de la Federación se dirigió a la Conago señalando claramente las facultades que tiene esta H. Cámara de Diputados de conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución General, así como la preeminencia constitucional del artículo 79, que en su fracción I textualmente señala que ``la entidad de fiscalización superior también fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares''.

Por lo anterior, queremos manifestar nuestra preocupación porque la petición de la Conago no se apega al espíritu y letra de la Constitución y soslaya las facultades que la ley le confiere a la Cámara de Diputados en materia de fiscalización.

Los recursos del Ramo 33 de aportaciones federales para entidades federativas y municipios durante este año ascienden a más de 234 mil millones de pesos. Del total de esta cantidad, si el auditor de la Federación no procede en el ejercicio de sus facultades, no sabremos si los recursos de los programas sociales están llegando a los mexicanos que más lo necesitan. Debemos de presuponer que el manejo de ellos se hace con toda transparencia y, por lo tanto, no procede el intento de evitar una supervisión a todas luces procedente, legal e imprescindible.

La rendición de cuentas de los programas sociales es consustancial a toda democracia, no debemos permitir y dejar la impresión de que los recursos de los programas sociales puedan tener un propósito distinto al que están destinados.

Recordemos que en el año 2004 tendremos elecciones en 10 entidades federativas para elegir gobernador, y en cuatro más, para elegir a presidentes municipales y diputados locales.

En beneficio de la imagen y de la credibilidad de nuestras instituciones y de cada uno de los gobiernos estatales, la petición de no auditar los recursos del Ramo 33 debe ser retirada por el bien del ejercicio del poder público, y por la dignidad del Poder Legislativo, debe ser plenamente rechazada.

México está construyendo su democracia. En esta tarea están participando todos los mexicanos; y uno de los valores de la democracia es la transparencia en el ejercicio del gobierno y en el manejo de los recursos públicos.

No existirá democracia en México si no hay transparencia y rendición de cuentas. Y en esta condición no hay argumento válido para impedir la transparencia, como no lo es desde luego, la invocación de la soberanía estatal, que no es, ni debe ser, una especie de salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.

La rendición de cuentas debe ser práctica cotidiana en México; incluso, nuestra norma debe ser explícita: si no hay rendición de cuentas, no debe haber más recursos.

En el Congreso se hacen las leyes y los primeros obligados a su cumplimiento somos los legisladores y los miembros de los otros poderes.

El Poder Legislativo debe ser garante de la legalidad y la transparencia, y la rendición de cuentas es condición fundamental de la democracia.

En Convergencia creemos que sólo luchando por la legalidad y transparencia podremos construir el país que queremos: justo, próspero y demócrata; por ello el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a todas las entidades federativas que aún no han suscrito los convenios de coordinación y colaboración en materia de fiscalización de los recursos federales que ejerzan, para que lo hagan a la brevedad, en beneficio de la transparencia y de la rendición de cuentas con la que estamos todos comprometidos.

Segundo.- Se exhorta a todas las entidades federativas a que brinden todas las facilidades y los apoyos necesarios a la Auditoría Superior de la Federación para garantizar el cumplimiento de las atribuciones constitucionales de esta Cámara de Diputados respecto a la revisión de la Cuenta Pública.

Tercero.- Reiterarnos nuestro compromiso con la sociedad mexicana de examinar rigurosamente el ejercicio y aplicación de los recursos federales, revisando, con el apoyo de la entidad de fiscalización de la federación, si la gestión financiera se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y si se han cumplido los objetivos contenidos en los programas.

Se solicita, asimismo, que este punto de acuerdo se tramite como de urgente y obvia resolución.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 18 días del mes de septiembre de 2003.

Por el grupo parlamentario de Convergencia: Diputados: Jesús E. Martínez Alvarez (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Juan Fernando Perdomo Bueno y Jesús González Schmal.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Como lo solicita el señor diputado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se considera, por mayoría, en negativa diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, está a discusión la proposición...

¿No se consideró, Secretaria?

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Mayoría por negativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Fue por la negativa. No se considera de urgente y obvia resolución. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

En tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan Manuel Vega Rayet, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial en el Area del Libre Comercio de las Américas...

Señor diputado...

El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde su curul):

Moción, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde su curul):

Objetamos en la toma de la votación el acuerdo que propusimos a esta Asamblea porque en realidad la Secretaría no hizo la cuenta como era debido, sino ciertamente había mayoría. Por favor. Es una propuesta que hizo Convergencia.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado. Pregunte a la Secretaría el resultado de la votación; no solamente lo dio a conocer a la Presidencia en una ocasión sino en segunda ocasión ratificó el punto de vista. Podía usted haber objetado en los términos del 159 que se hubiera repetido, lamentablemente ya está votado. Discúlpeme. Adelante...

El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde su curul):

Señor Presidente. Si es que se puede invocar precisamente el 104 y que se someta nuevamente a votación ese acuerdo que propusimos porque a todos nos consta, los que estamos en la Asamblea, que era mayoría la que aprobaba el acuerdo si no, que se vuelva a tomar. No es a destiempo, señor Presidente cuando se trató...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Sí efectivamente, señor diputado... Señor diputado, perdóneme.

En este caso, la urgente y obvia resolución no es mayoría; es mayoría calificada de dos tercios y en esos términos dio a conocer la Secretaría el resultado de la votación.

Si hay dudas, le señalaba yo el artículo 159 del Reglamento, el procedimiento a seguir es que se repita la votación con personas de pie y personas sentadas; se haga cuenta de los votos y si hay diferencia de tres, cuatro votos, se continúa con votación nominal. En este caso su intervención fue después de que ya se había declarado por parte de la Presidencia y por parte de la Secretaría... Discúlpeme, señor diputado...

El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde su curul):

Correcto, señor Presidente. Que quede simplemente como constancia en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Queda constancia en el Diario de los Debates y en el acta.

---

AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Manuel Vega Rayet, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial en el Area de Libre Comercio.

El diputado Juan Manuel Vega Rayet:

Señor diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado por el XIV distrito de Izúcar de Matamoros, Puebla, e integrante de las filas del Partido Revolucionario Institucional, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) dentro de los trabajos de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Antecedentes

El mundo actual vive inmerso en un proceso de globalización, caracterizado por la interdependencia de los países, no sólo en aspectos económicos sino también políticos, tecnológicos y culturales. Por su parte, el desarrollo tecnológico ha permitido que las telecomunicaciones, la robótica, la informática y la biotecnología representen para el hombre de este siglo una herramienta indispensable para su progreso y desarrollo. Esta interdependencia implica que países como México tengan que involucrarse en este proceso globalizador, en el cual la integración en bloques económicos obliga a hacer más eficientes sus aparatos productivos en aras de la competitividad.

En consonancia con lo anterior, 1994 fue un año decisivo para nuestro país, puesto que se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En ese mismo año participa en la Cumbre de las Américas de Miami, donde surge la propuesta de negociar el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que es un proyecto de libre comercio que comprende 34 países del Continente Americano, el cual es negociado en sintonía con los principios de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Será, igualmente, el tratado más grande del orbe, que conformará la mayor zona de libre comercio del planeta. El propósito es eliminar progresivamente los aranceles a los bienes, servicios e inversiones que se acuerden en las negociaciones entre los países miembros. Esta iniciativa incluye 40 millones de kilómetros cuadrados e incidirá sobre la vida y la economía de más de 800 millones de habitantes, y ha de generar divisas por un monto de 330 mil millones de dólares en inversiones y transacciones de bienes y servicios.

Es en este contexto como surge la propuesta del ALCA, que si bien no es la panacea, si permitirá ser el medio para que los 34 países participantes en el proceso logren finalmente el desarrollo económico y social tan esperado en la región americana, especialmente en América Latina. Como parte de esa inercia, México ha firmado 10 tratados de libre comercio, que comprenden 31 mercados, con lo cual se coloca como el país que más tratados de esta índole a nivel mundial ha firmado.

El ALCA constituye la gran oportunidad para nuestro país de avanzar en el reto de competir en escenarios globales y negociar con los otros 33 países participantes en los rubros que más favorezcan a nuestros productores, en especial a lo que se refiere al tema agrícola.

La última fase de las negociaciones se está llevando a cabo desde el día tres de marzo del presente año en la ciudad de Puebla, sede temporal de este proceso, participando nueve grupos con temas específicos, como: acceso a mercados, compras del sector público, inversión, propiedad intelectual, subsidios y antidumping y derechos compensatorios, solución de controversias, servicios, agricultura y política de competencia y comités especiales relativos a la participación de la sociedad civil, economías pequeñas etcétera.

Bajo una visión integral hemos de considerar el impacto que el ALCA tendrá en los mexicanos, ya que se extiende además a cuestiones como democracia, desarrollo, crecimiento y prosperidad y en los objetivos destaca la promoción de la prosperidad mediante el libre comercio y la contribución al desarrollo sostenible.

Este proceso de negociaciones está proyectado para finalizar el día 31 de enero de 2005, por lo que desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre del mismo año se llevará a cabo la ratificación del tratado por parte de los Congresos de los 34 países miembros. Al ser aprobado por éstos, el ALCA entrará en vigor el 1 de enero de 2006. De ahí que no haya un ámbito más apropiado para discutir este tema que esta Quincuagésima Novena Legislatura, como el órgano constitucional representante de los intereses de los ciudadanos y que tendrá que aprobar los acuerdos negociados en el proceso del ALCA.

Nosotros, como representantes populares, hemos de analizar y reflexionar responsablemente el impacto de este instrumento y garantizar una negociación clara y transparente con conocimiento de los avances, logros y perspectivas de la posición de nuestro país, incidiendo en los compromisos que se han de asumir.

Aún queda mucho trabajo por delante, a medida que continuemos con estas negociaciones, debemos disponer de los estudios especializados en el tema, a fin de coordinar posiciones y promover un amplio debate en el país sobre la participación de México en las negociaciones del ALCA.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Un acuerdo parlamentario que permita crear una Comisión Especial de 10 miembros para el análisis de las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) dentro de los trabajos de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Palacio Legislativo, a 11 de septiembre de 2003.--- Diputados: Juan Manuel Vega Rayet, F. Alberto Jiménez Merino, Jesús Morales Flores, María del Carmen Izaguirre Francos, José Alarcón Hernández, Federico Barbosa Gutiérrez, José Luis Flores Hernández, J. Guillermo Aréchiga Santamaría, Roberto Pedraza Martínez, Marco Antonio Torres Hernández, Carlos Blackaller Ayala, Filemón P. Arcos Suárez Peredo, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Roger David Alcocer García, Ivonne Ortega Pacheco, Paulino Canul Pacab, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbricas).

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

---

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados revise el conflicto de intereses de algunos integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB e instrumente lo necesario para que sean sustituidos en sus cargos en el órgano de gobierno del instituto.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En efecto, vengo a presentar un punto de acuerdo para solicitar a esta Cámara revise el conflicto de intereses de algunos integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB e instrumente lo necesario para que sean sustituidos en sus cargos en el órgano de gobierno del instituto.

Antecedentes

Cuando, el 12 de diciembre de 1998, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en las consideraciones de la comisión que dictaminó dicho ordenamiento se señaló textualmente: ``Vital significado tiene para los integrantes de la comisión que dictamina resaltar la activa participación del Poder Legislativo en el proceso de evaluación y control de este organismo, dada su importancia social''.

Por lo anterior, la propia ley estableció en sus artículos 74 y 79 que el IPAB sería administrado por una Junta de Gobierno, que se formaría por siete vocales: cuatro vocales independientes, el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Considerando

1. Que la inclusión de los vocales independientes se realizó en virtud de que, tal y como se señala en las consideraciones de la comisión que dictaminó dicha ley, era de vital importancia para el Poder Legislativo tener presencia en la Junta de Gobierno del organismo, que se haría cargo de asegurar los depósitos de los ahorradores y que, además, administraría el costoso rescate bancario.

2. Que, además de lo anterior, la inclusión de los vocales independientes fue necesaria en virtud de que, paradójicamente, quienes integrarían parte de la Junta de Gobierno del instituto eran las mismas instituciones que instauraron el rescate bancario y, por tanto, podían ser hasta las mismas personas que formaron parte del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

3. Que lo anterior, combinado con el mandato que la Cámara de Diputados otorgó al IPAB a través del artículo quinto transitorio y que es en esencia la investigación de la legalidad de las actividades que realizó el mismo Fobaproa, se traduciría en un conflicto de intereses de algunos integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB.

4. Que, por ello, el Congreso decidió establecer en el artículo segundo transitorio un texto que dice lo siguiente: ``Ninguna persona que haya sido secretario de Hacienda y Crédito Público, gobernador del Banco de México o Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en tal carácter miembro del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro de 1995 a 1997 podrá participar en la Junta de Gobierno del instituto ni fungir como secretario ejecutivo del mismo''.

5. Que la palabra ``independiente'' estableció claramente su perfil que, en suma, deben ser, como su nombre indica, independientes, neutrales y ajenos al rescate bancario.

6. Que tanto la situación de Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, vocal ``independiente'' en funciones, como la de Jonathan Davis, representante de la CNBV, y la de su suplente, Teresa Fernández, viola flagrantemente el espíritu y la letra de la Ley del IPAB, por haberse desempeñado como miembros del Comité Técnico del Fobaproa o por haber participado en sus sesiones.

7. Que la propia Auditoría Superior de la Federación señaló textualmente, en sus observaciones relativas a la Cuenta Pública de 2001: ``El Comité Técnico del Fobaproa procedió con discrecionalidad y en exceso de sus atribuciones al haber actuado sin reglas y políticas de operación que le permitieran dar transparencia e imparcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos del Gobierno Federal al otorgar su aval en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera''.

8. Que quien otorgó esa firma de ``aval'' fue precisamente Jonathan Davis, actual Presidente de la CNBV, sin estar facultado para ello, y hoy miembro de la Junta de Gobierno del IPAB.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Cámara de Diputados revise el conflicto de intereses de algunos integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB e implante las medidas necesarias para sustituir en sus encargos a Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, vocal; Jonathan Davis, representante de la CNBV; y Teresa Fernández, suplente, quienes se desempeñaron como miembros del Comité Técnico del Fobaproa y hoy son integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB, lo cual viola el artículo segundo transitorio de la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Pero quisiera, diputados, hasta ahí el punto que se somete a consideración de ustedes, quisiera decirles que en la página web del IPAB, viene el acta donde se nombró a Héctor Tinoco como vocal.

Si ustedes, esta acta es del 26 de febrero de 2003. Al final, se presenta el curriculum, la propuesta del que se pretende sea vocal, y al final el Presidente pregunta: ``Está a discusión el dictamen con punto de acuerdo ---y estoy leyendo textualmente---''. El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardiñas dice: ``No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Queda aprobado el punto de acuerdo, señor Presidente. Comuníquese al Ejecutivo''.

Esta acta, legisladores, está violando flagrantemente el artículo 75 de la Ley del IPAB, que obliga a que los vocales sean electos por dos terceras partes de los miembros del Senado o bien, por la misma proporción, dos terceras partes, de los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, regla que no se cumplió en el caso de Héctor Tinoco Jaramillo; se está, además, omitiendo en su curriculum que él fue suplente del Banco de México ante el Comité Técnico del Fobaproa, dato fundamental para que los senadores pudieran tomar una decisión conforme a la ley.

También tengo en mi mano, un pagaré firmado por Jonathan Davis Arzak, cuando era Tesorero de la Federación, como éste, él firmó un sinnúmero de documentos, de pagarés que endeudaron al país, pero quiero decirles que Jonathan Davis es, además de haber firmado los pagarés, está violando flagrantemente porque hoy día asiste, habiendo pertenecido al Comité Técnico del Fobaproa en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así se toma decisiones en la Junta de Gobierno del IPAB.

Y el caso de Jonathan Davis es particularmente importante, ¿cómo puede ser que quien firmó los pagarés, sea el mismo que va a revisar la legalidad de los pagarés? Bueno, esto es, como un obvio conflicto de intereses, es el señor Jonathan Davis está violando la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que obliga a todo servidor público a abstenerse de participar en actos, donde pueda incurrir en conflicto de intereses, y el señor Jonathan Davis incurre también en esto.

¿Cómo les va a quitar los pagarés a los banqueros que él mismo firmó? Es obvio que hay un conflicto de interés muy grave, pero además fue director del Banco del Sureste, fue director del Grupo Financiero del Sureste, ambos quebrados y pasados al Fobaproa, pero en el informe Mackey y en los Bandeport se señala, José Krinc Covián recibió de Banamex 34 millones de dólares para comprar la Casa de Bolsa Bursamex, luego Bursamex se relaciona con el Banco del Sureste, propiedad de su hermano Eduardo Krinc Covián, cuyo director era Jonathan Davis, actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El Banco del Sureste como el grupo financiero desaparecieron, Banamex cargó con los 34 millones de dólares al Fobaproa y el pagaré se lo entregó Jonathan Davis.

El caso de Teresa Fernández también me parece patético...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir diputada.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Concluyo, ella era prosecretaria del comité técnico del Fobaproa y cuando salió Reyes Orona, que era el secretario de dicho comité, Teresa Fernández se convirtió en secretaria del comité. Ella dio fe, escribió las actas, certificó todas las operaciones oscuras de este rescate bancario y hoy que se revisa el rescate bancario ella misma es la que tiene que certificar los actos.

Este no es un asunto menor, señor Presidente, compañeras diputadas y diputados, hoy de siete integrantes sólo funcionan cinco, porque un vocal está vacante y porque el Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez no puede asistir por el mismo asunto. Sólo están cinco, de los cinco tres fueron integrantes del comité técnico del Fobaproa y dos están en minoría. Es un asunto de alta gravedad, porque en este momento se están tomando...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Diputada, le ruego que concluya, por favor.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Quiero señalar finalmente que también se le pretende poner a Luis Maceda Arrigunaga como Procurador Fiscal, pero este señor de acuerdo a la Ley del IPAB, la función que se le da al Procurador Fiscal es justamente de recuperar las fianzas, recuperar los recursos que se encuentren ilegales, por eso llamo su atención, para que esta Cámara haga exigible la ley que aprobó en 1998.

Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias diputada.

Como la diputada que ha hecho uso de la palabra solicitó que este asunto se tramitara... Dígame...

Tiene el uso de la palabra, el señor diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo.

El diputado Joel Padilla Peña:

Con su permiso diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Antes de que se vote y se considere de urgente y obvia resolución, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo quiere dejar su posición al respecto en este punto en comento.

El rescate bancario y sus secuelas han originado una enorme sangría al país, no sólo en referencia a los cuantiosos recursos financieros que se han destinado para tal fin, sino también ha mostrado que el ejercicio gubernamental no tiene la transparencia que los mexicanos demandamos. El asunto que nos ocupa no es nuevo, la sola mención de las palabras IPAB y Fobaproa despierta en el sentir del pueblo mexicano las palabras crimen y desconfianza como sinónimo de la práctica deshonesta que gira alrededor de todo este asunto.

La elección de vocales integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB no ha estado exenta de estas prácticas, quedando sujeta a fuertes debates en esta soberanía.

Buscar la fórmula que permita garantizar la independencia de los vocales en un esquema que de suyo es vertical dada la estructura de la Junta de Gobierno, es sumamente difícil porque bastaría con la simpatía de un solo vocal independiente hacia los intereses gubernamentales o de los grupos de poder que representan, para favorecer los intereses particulares en detrimento del interés general.

Como lo señala el punto de acuerdo, la palabra independiente estableció claramente su perfil que en suma debe ser como su nombre lo indica: independientes, neutrales y ajenos al rescate bancario.

El caso de Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, vocal; Jonathan Davis, representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Teresa Fernández, suplente es muestra clara de la violación del artículo segundo transitorio de la Ley del IPAB, toda vez que se desempeñaron como funcionarios del comité técnico del Fobaproa. Además, es del dominio público que estos funcionarios no se han distinguido precisamente por su honorabilidad y verticalidad en el desempeño de sus tareas.

Por todas estas razones el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, apoya el punto de acuerdo en comento.

Muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado Solís.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jesús González Schmal.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados:

Efectivamente creo que esta propuesta que nos presenta la diputada Dolores Padierna, tiene, como ella misma la calificó, la mayor trascendencia para el futuro de México.

El Fobaproa, un fideicomiso encubierto para rescatar, recoger de los bancos, las supuestas cuentas incobrables, un fideicomiso de carácter privado, fue después trasladado a una deuda pública cuantiosísima, oscura y ciertamente sin que, como dice la Constitución, tuviese una aplicación directa al beneficio nacional y generara con su rentabilidad su propio pago.

Es el Fobaproa de las herencias inconcebibles que el propio Presidente Vicente Fox, recibió de su antecesor Zedillo y que en su campaña había ofrecido depurar con todo rigor para descubrir a quiénes detrás del Fobaproa y después del IPAB, hicieron y amasaron cuantiosísimas fortunas en perjuicio no sólo de la generación inmediata de mexicanos, sino de una secuencia inmensa de generaciones posteriores que van a tener que cargar con esta grave deuda en sus espaldas.

Hoy que se advierte esta incompatibilidad, este abierto conflicto de intereses en tres de los miembros del IPAB, de la Junta de Gobierno del IPAB, sería esta Cámara omisa, responsable ante la Nación, si no acepta la importancia y la trascendencia de aprobar este punto de acuerdo para incidir, para aclarar en el fondo qué está pasando con este manejo oscuro de las deudas heredadas del Fobaproa al IPAB y en dónde también la mano de Ernesto Zedillo, está manejando todavía a sus títeres para que en el gobierno de Vicente Fox, se continúe con esta práctica de despojar al pueblo mexicano de verdaderos recursos necesarios para tantas y para tantos servicios sociales y obras públicas de primera necesidad.

Por lo pronto, Convergencia apoya, aprueba este acuerdo y desde luego el trámite de obvia y urgente resolución.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para el mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Leonardo Alvarez.

El diputado Leonardo Alvarez Romo:

Con vuestra venia, señor Presidente; compañeros legisladores:

El Partido Verde se une a esta intención de comenzar a aclarar y a resolver el problema que le dejó a la Nación el Fobaproa-IPAB.

Aplaudimos la iniciativa del grupo parlamentario del PRD y la apoyamos totalmente porque de una vez por todas la rendición de cuentas y el esclarecimiento de los casos como el del Fobaproa, ahora IPAB, debe de ser una de las prioridades de esta Cámara y una de las prioridades del Gobierno de Vicente Fox.

No puede ser que se haya ido el gobierno de Ernesto Zedillo habiendo llevado a cabo el fraude más grande a la nación y que con los momentos históricos del 2000 se le haya otorgado la presea de haber sido el principal responsable de la transición democrática.

La verdad es que el gobierno de Zedillo le heredó al Gobierno actual una deuda millonaria y a todos los mexicanos y a las generaciones futuras y a la historia va a pasar como uno de los grandes defraudadores a la nación.

Por ello el Partido Verde apoya este punto de acuerdo, se une a esta causa y enhorabuena.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Como se ha solicitado reiteradamente que el asunto se tramite como de urgente y obvia resolución, sírvase consultar la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, por la negativa, perdón, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Me repite por favor, Secretaría.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Les pido un favor, con todo respeto, a los diputados. Apoyen para poder llevar algo tan delicado. Para que yo pueda hacerlo, lo voy a decir nuevamente.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... La mayoría por la negativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, no se considera de urgente resolución y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

---

SECRETO PROFESIONAL DE PERIODISTAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con el secreto profesional de los periodistas. Adelante

La diputada Cristina Portillo Ayala:

Con su venia, señor Presidente:

Con punto de acuerdo para que se exhorte al Procurador General de la República a fin de que las directrices institucionales a sus subordinados, asuma el criterio de que el secreto profesional de los periodistas constituye garantías para el buen desempeño de su labor informativa y condición necesaria para que la sociedad mexicana ejerza su derecho a saber todo aquello considerado de interés público.

La que suscribe, diputada federal Cristina Portillo Ayala, y demás diputadas y diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Como es del dominio público, el día cuatro de septiembre pasado, agentes enviados por la Agencia Federal de Investigación (AFI), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), se presentaron en las instalaciones del periódico La Jornada para interrogar al reportero Gustavo Castillo García.

Sin identificarse, sin informar que efectuaban una investigación de cierto tipo y sin cumplir los requisitos que la ley obliga para efectuar un interrogatorio, los agentes pretendían que el periodista Gustavo Castillo revelara qué fuentes le proporcionaron informes sobre la identidad de Luis Antonio Félix, presunto sobrino de Ismael El Mayo Zambada, que fue detenido en junio pasado, durante un operativo en Culiacán.

Lamentablemente no se trata de un hecho aislado, se suma éste al igual denunciado por el diario La Jornada en su edición del 18 de noviembre de 2002, cuando seis de sus reporteros fueron citados y presionados para que revelaran sus fuentes de información en el Pemexgate y el caso Raúl Salinas. Como se suma también a otros tantos casos de acoso del Misterio Público contra periodistas, que se han dado en distintos puntos de la República por el mismo motivo.

En respuesta, a través del subprocurador de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República ofreció establecer directrices institucionales que normarán las circunstancias, condiciones y casos en que un periodista será requerido para rendir su testimonio en la integración de una averiguación previa, respetando, ante todo, su derecho a no revelar sus fuentes de información, según se dijo.

La actitud de inhibición e intimidación de Agentes del Misterio Público contra periodistas, al presionarlos para que revelen sus fuentes de información, preocupa profundamente a la sociedad toda, porque atenta directamente contra una de las bases y fundamentos esenciales de nuestro Estado democrático, el derecho a la información, y pone nuevamente en el centro del debate nacional la necesidad de regular en México el derecho al secreto profesional de los periodistas.

A 26 años de haberse esbozado en nuestra Carta Magna la base constitucional del derecho a la información, al contrario de lo que acontece en más de 80 países, el secreto profesional de los periodistas carece de una regulación legislativa expresa en México. Pero no por ello debe considerarse que este derecho no está reconocido y protegido en nuestro sistema jurídico.

El derecho al secreto profesional de los periodistas se encuentra incorporado al derecho mexicano como una garantía integrante del derecho a la información, contenido en el último enunciado del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo está inserto a través de diversos tratados internacionales que se refieren al derecho a la información y que han sido ratificados por México, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y, en particular, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 establece: ``...Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a su elección...''

Por tanto, toda autoridad pública, y desde luego la Procuraduría General de la República, debe reconocer y proteger al informador como un transmisor de información, como un medio entre la noticia y el público, que está amparado por el secreto profesional como garantía integrante del derecho a la información. Y nunca pretender tergiversar el rol jurídico-social del periodista, al requerirlo para que revele la identidad de la fuente de información o los datos que conduzcan a ella, a modo de pretender convertido en un simple delator llamado a declarar sobre algo que cayó bajo sus sentidos en la legítima búsqueda de noticias.

Claro, siempre en la lógica de que la invocación de este derecho expira en el momento mismo en que el periodista es autor de un delito, toda vez que el secreto profesional protege al periodista únicamente como sabedor del acontecimiento en la búsqueda de material noticioso, nunca como autor o encubridor del hecho.

Al carecer de toda facultad para emitir disposiciones de observancia general, sabemos que las directrices que dicte el ciudadano procurador general de la República no abordarán a plenitud y muchos menos resolverán el tema del secreto profesional de los periodistas. Sin embargo, en tan trascendente cuestión, es preciso, cuando menos mediante disposiciones de carácter interno, unificar el criterio de actuación de los agentes del Ministerio Público y agentes de la AFI en la investigación y persecución de los delitos de su competencia. Cuidando en todo momento, que en el contenido de esas directrices se reconozca el derecho de reserva de las fuentes como una garantía con un doble ámbito de eficacia, para la libertad de conciencia de los informadores y como instrumento para que la sociedad reciba una información libre y veraz.

En vista de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorte al ciudadano procurador general de la República para que en las directrices institucionales a sus subordinados, asuma el criterio de que el secreto profesional de los periodistas constituye garantía para el buen desempeño de su labor informativa y condición necesaria para que la sociedad mexicana ejerza su derecho a saber todo aquello considerado de interés público.

Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 17 de septiembre de 2003.--- Diputados: Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Narciso Agúndez Montaño, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Bagdadi Estrella, Abraham (rúbrica), Héctor Miguel Bautista López, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Clara Brugada Molina (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Marbella Casanova Calam (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolívar (rúbrica), César Antonio Chávez Castillo (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Santiago Cortés Sandoval, Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Horacio Duarte Olivares (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, David Ferreyra Martínez, Margarito Fierros Tano (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Rogelio Franco Castán, Pablo Franco Hernández, Juan García Costilla (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez, Eliana García Laguna (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Juan José García Ochoa (rúbrica), Iván García Solís, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), María Elba Garfias Maldonado (rúbrica), Pablo Gómez Alvarez, Valentín González Bautista, María Marcela González Salas (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), Abdayán Guzmán Cruz, Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Ma. del Rosario Herrera Asencio (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Guillermo Huizar Carranza (rúbrica), Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica), J. Miguel Luna Hernández (rúbrica), Sergio Augusto Magaña Martínez (rúbrica), Susana Manzanares Córdova, Javier Manzano Salazar (rúbrica) Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Horacio Martínez Meza (rúbrica), Jorge Martínez Ramos, José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes, Francisco Mora Ciprés (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Marcos Morales Torres, Inelvo Moreno Alvarez (rúbrica), Inti Muñoz Santini (rúbrica), Arturo Nhale García (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana, Francisco Javier Obregón Espinoza, Daniel Ordóñez Hernández, Omar Ortega Alvarez (rúbrica), J. Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María de los Dolores Padierna Luna, Juan Pérez Medina (rúbrica), Bernardino Ramos Iturbide, Alfonso Ramírez Cuéllar, Agustín Rodríguez Fuentes, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Javier Salinas Narváez (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez, Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Emilio Serrano Jiménez, Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica), Víctor Suárez Carrera, Israel Tentory García, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo (rúbrica), Edgar Torres Baltazar (rúbrica), Enrique Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Emilio Zebadúa González, Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica).

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. En tanto se designe la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Continuando con el orden del día, esta Presidencia informa que el punto de acuerdo sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003 registrado por el Partido Verde Ecologista de México, se pospone.

---

ESTADO DE GUANAJUATO
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

En consecuencia tiene la palabra el diputado Miguel Luna Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar que el Poder Ejecutivo Federal emita la declaratoria de desastre natural en diversos municipios del estado de Guanajuato.

El diputado J. Miguel Luna Hernández:

Con su permiso, señor Presidente:

Proposición con punto de acuerdo para solicitar que el Poder Ejecutivo Federal emita la declaratoria de desastre natural en diversos municipios del estado de Guanajuato que presentamos en el grupo parlamentario del PRD.

Antecedentes

1. Con motivo de las intensas lluvias que se han precipitado en nuestro país, los pobladores de diversos estados de la República han sufrido daños en sus pertenencias, propiedades y sembradíos; incluso, han visto alteradas sus actividades cotidianas por las inundaciones. Las precipitaciones pluviales, sin precedente, han ocasionado ya dolorosas pérdidas humanas. Recientemente, hemos conocido de la dramática situación que viven los ciudadanos de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Michoacán.

2. En Guanajuato, desde hace varios meses, distintos municipios han sufrido lluvias torrenciales e inundaciones, lo que ha deteriorado la ya de por sí difícil situación de sus habitantes. Apenas en julio, la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de desastre natural respecto a los municipios de Abasolo, Pénjamo, Cuerámaro y Romita, para efectos de la aplicación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

3. A lo anterior se sumaron las lluvias torrenciales ocurridas el pasado 12 de septiembre, que obligaron a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia para 12 municipios del estado de Guanajuato, con objeto de dar atención inmediata, con los recursos del Fonden, a la población damnificada.

4. No obstante el apoyo hasta hoy recibido por los afectados en la entidad, y dada la gravedad de las cosas, es evidente que se requerirán acciones más decididas del Gobierno Federal.

Los reportes señalan que, a dos semanas de las fuertes lluvias, en Guanajuato se reportan 50 mil personas afectadas, 9 muertos y 70 mil hectáreas de cultivo siniestradas en 14 municipios. Al menos 10 kilómetros de caminos estatales y federales están dañados: la carretera federal de cuota Querétaro-Celaya permanece cerrada, mientras que la carretera federal libre Irapuato-Salamanca está bloqueada parcialmente. En Pueblo Nuevo, 12 comunidades están incomunicadas.

En Salamanca, 30 colonias han resultado afectadas por la creciente del río Lerma, que amenaza desbordarse nuevamente. En Celaya continúa la evacuación. El albergue acondicionado en el seminario de la diócesis de este municipio ya rebasó su capacidad de atención a damnificados.

Santa Ana Pacueco, Pénjamo, es una comunidad que vive en riesgo sanitario, pues las aguas que la anegan están contaminadas con heces de cerdo. Ahí se perdieron totalmente 180 viviendas. En el Cereso Mil, de Valle de Santiago, se tuvo que desalojar, con diversos contratiempos, a mil internos.

Los 20 millones de pesos que, según el secretario de Gobernación, se destinarán a atender los daños ocasionados por estas lluvias resultan a todas luces insuficientes, dado que, por ejemplo, el fenómeno meteorológico afectaría significativamente las cosechas de 1.1 millones de toneladas de sorgo y 600 mil toneladas de maíz, cuyo valor comercial es de mil 430 millones de pesos y 580 millones de pesos, respectivamente, más un monto no cuantificado por la pérdida en la cosecha de hortalizas y la merma en la producción lechera y en las granjas avícolas que se inundaron en municipios como Apaseo el Grande.

A finales de año, los bolsillos de los productores guanajuatenses resentirán drásticamente los efectos del fenómeno, que a su vez agravará aún más la situación financiera con la banca comercial, en la que se está en cartera vencida.

5. Atenta y sensible a lo que ocurre en el país, la Cámara de Diputados aprobó en la sesión de 11 de septiembre de 2003 un punto de acuerdo a fin de solicitar al Ejecutivo federal apoyo para los damnificados de Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Zacatecas. Sin embargo, la emergencia que se vive en Guanajuato exige a los legisladores hacer más.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un monto de 350 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 destinado al Fondo de Desastres Naturales. El Fonden, de conformidad con el Tercer Informe de Gobierno, tenía al primer semestre de 2003 la cantidad disponible de 7 mil 58 millones de pesos.

El objeto del Fonden es atender los efectos de desastres naturales imprevisibles cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y de las entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.

2. Los recursos del Fonden destinados a atender la emergencia en los municipios del estado de Guanajuato son hasta hoy insuficientes, comparados con los daños provocados por las inundaciones. Así lo confirman las declaraciones del gobernador de la entidad, Juan Carlos Romero Hicks, quien precisó que los 20 millones de pesos anunciados por la Secretaría de Gobernación no alcanzarían para satisfacer las necesidades de los pobladores afectados.

3. La magnitud de los daños provocados por las torrenciales lluvias y las necesidades de apoyo para los afectados tornan urgente la declaratoria de desastre natural por el Ejecutivo de la Unión en varios municipios del estado de Guanajuato.

Esa declaratoria permitiría realizar una evaluación de los daños y permitir que fluyan recursos para satisfacer las necesidades prioritarias de la población ante la catástrofe e iniciar los trabajos para restablecer las vías de comunicación y los servicios públicos indispensables a fin de retornar a la normalidad.

4. Hasta hoy, la colaboración institucional resulta insuficiente, por lo que urge mayor coordinación entre las distintitas dependencias e instituciones encargadas de atender el desastre natural.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador suscrito somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal que emita la declaratoria de desastre natural, para los efectos de las Reglas de Operación del Fonden vigentes, en virtud de los daños provocados por las inundaciones recientes en los municipios del estado de Guanajuato que se listan a continuación: Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Cuerámaro, Huanímaro, Manuel Doblado, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Salvatierra, Valle de Santiago y Villagrán.

Segundo. La Cámara de Diputados se pronuncia porque, en el marco de las Reglas de Operación del Fonden, se incrementen los recursos destinados a brindar ayuda a los damnificados por las torrenciales lluvias en el estado de Guanajuato y porque su entrega sea oportuna.

Tercero. Asimismo, acuerda la formación de un grupo de trabajo, integrado por diputados de los distintos grupos parlamentarios, para que acuda a la región afectada, informe de la magnitud de los daños y constate la aplicación de recursos públicos para atender el desastre.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2003.--- Diputados: Martha Lucía Mícher Camarena, Miguel Luna Hernández, Mario Ernesto Dávila Aranda, Agustín Miguel Alonso Raya, Rubén Alfredo Torres Zavala, Wintilo Vega Murillo, Armando Rangel Hernández, Miguel Angel Rangel Avila, Alfonso Romero Morán, María Guadalupe Suárez Ponce (rúbricas).

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Para este asunto tiene el uso de la palabra el diputado Wintilo Vega Murillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Wintilo Vega Murillo:

Con su venia, señor Presidente:

Hoy venimos, los legisladores priístas de Guanajuato, a sumar nuestra voz, a unir nuestro esfuerzo, a la propuesta de los compañeros del PRD.

Hoy requerimos auxilio para un estado afectado por las inundaciones.

Todo el Bajío es una región con riesgo de inundaciones, palabras textuales señaladas por el Secretario de Gobernación; hoy se reproducen sus advertencias en prácticamente todos los diarios nacionales.

El señalamiento del señor Secretario Creel, desde la Ciudad de México acerca de que el Gobierno Federal está listo para actuar en caso de que se presente una emergencia en la región, parece adecuada, parece previsora pero, para quienes en medio de la inundación y la indefensión civil vivimos el desastre, no nos parece ni provisorio ni adecuado. Hoy quisiéramos escuchar del Secretario Creel, acciones y logros para Guanajuato.

Por eso hoy coincidimos con la propuesta de varios compañeros de otros partidos políticos, de que es urgente, de que es necesario, reclamar apoyo para los ciudadanos guanajuatenses afectados en 25 municipios por las inundaciones.

No tiene caso seguir esperando que las cosas se agraven para poder actuar. ¿Para qué burocratizar un procedimiento formalista si es obvio que para los que allá viven, que para los que allá viven una emergencia, que para los que allá viven una crisis, desde hace más de dos semanas, ya tiene un viso de desastre de mayúsculas proporciones?

Esa es la vara con la que hoy pretende medir el Gobierno Federal y nosotros hoy le reclamamos al Secretario Creel, que haga caso a las palabras del Presidente Fox, que haga caso a las palabras del Presidente que fue y ofreció apoyos para los ciudadanos afectados por las inundaciones. Fue a Guanajuato y dijo: ``que no habría un solo guanajuatense, cuya propiedad hubiera sido afectada, que se quedara sin recibir apoyo del Gobierno Federal. Hoy reclamamos a los miembros del gabinete del Presidente, que hagan caso de sus palabras y dejen de seguirle jugando al gabinete Montessori, donde cada quien hace lo que le da su gana. Hoy reclamamos de los secretarios de despacho que cumplan los ofrecimientos de su jefe, que cumplan para cumplirle a la gente.

Por esa razón es que hoy estamos uniendo nuestra voz a la de otros compañeros diputados, para obtener de esta soberanía la solidaridad para emitir un punto de acuerdo que exhorte al Ejecutivo Federal a declarar zona de desastre al menos 25 municipios del estado de Guanajuato, que se han señalado y que se permita de inmediato fortalecer, mediante el apoyo extraordinario de la Federación, las regiones afectadas, acciones de auxilio y protección civil que vienen prestando diferentes organizaciones de la sociedad; acciones y auxilio de grupos independientes, no son suficientes. Hoy se requiere una acción decidida, una acción que muestre la voluntad del Gobierno Federal para cumplir los ofrecimientos del Presidente.

Hoy le decimos a esta soberanía que los ciudadanos guanajuatenses, por medio de los diputados federales que aquí hemos tomado la palabra, piden y reclaman el apoyo solidario de cada uno de los 498 diputados. Hoy reclamamos en un voto para hacer un punto de acuerdo que tenga eco en las instancias del Gobierno Federal, apoyos concretos para ciudadanos en la desgracia.

Muchas gracias a cada uno de los que se solidaricen con esta acción que estamos proponiendo.

Muchas gracias por el apoyo a los ciudadanos de Guanajuato.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias.

Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Armando Rangel Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Armando Rangel Hernández:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

La pasada semana el día martes 9, mi compañera Carla Rochín, mi compañera Elizabeth Yáñez, trabajando de manera conjunta con las autoridades locales y con el gobernador Juan Carlos Romero Hicks, buscaban agilizar que se declarara zona de desastre esta parte del Bajío.

Dos días después, el jueves se consigue esta declaratoria y al tiempo que se consigue esta declaratoria la fracción Panista guanajuatense, ante esta soberanía también, pide que podamos colaborar a través del Fonden con la aportación de recursos especiales. Ha sido una labor intensa que ha permitido solicitar la cooperación de senadores, de diputados a través de sus participaciones económicas; ha sido visitar también a la sociedad civil, donde hemos encontrado excelente respuesta a través de la Fundación ``Vamos México'', a través de la fundación también del ``Telmex'' y finalmente a través del propio Gobierno Federal.

Llegó el día sábado y el día sábado por la mañana tuvimos los guanajuatenses afectados, la oportunidad de ver, en nuestras propias comunidades y colonias al Presidente de la República, acompañado del señor Javier Usabiaga, acompañado del señor Santiago Creel, acompañado de funcionarios del Gobierno Federal con la capacidad de aportar soluciones a quienes más las necesitaban en ese mismo momento.

Nuestras compañeras diputadas me complace saber que estuvieron organizando a la gente en Pueblo Nuevo, para el llenado de los costales de arena. Me complace ver también cómo colaboraron en el Cereso, a fin de que pudiéramos conseguir la participación de la gente.

Hoy acabamos de oír que hay mucha gente que no se ha dado cuenta de lo que está pasando en Guanajuato y está pasando en Guanajuato que se está poniendo un ejemplo de participación de toda la sociedad, la sociedad acompañada de su Gobierno Federal, acompañada de sus presidentes municipales y acompañada de sus diputados federales. Hoy sabemos los guanajuatenses que no nada más tenemos Presidente de la República; que tenemos también presidentes municipales, regidores y diputados federales que se arremangan los pantalones para andar entre el agua organizando a la población. Hoy sabemos también los funcionarios, la gente que tenemos un cargo de representación, que en Guanajuato tenemos sociedad y tenemos ciudadanía, que nos llena de orgullo a nosotros tener la oportunidad de servir a gente que en lo que aquí discutimos lo que debería de hacerse, en Guanajuato hoy ya lo estamos haciendo.

Indudablemente, amigos legisladores, estamos ciertos de que los recursos hasta ahora conseguidos son insuficientes, de que el esfuerzo no nada más del Gobierno Federal, sino también el propio esfuerzo de la sociedad civil, el propio esfuerzo de los hombres y mujeres que hasta altas horas de la noche participan en aliviar el dolor de sus vecinos es insuficiente. Por ello y ante esta magnitud, también nos sumamos con generosidad y con compromiso a la propuesta que ha venido a poner en esta mesa la gente del Partido de la Revolución Democrática. Estamos ciertos que ahora estas cantidades de recursos adicionales tendrán que ser destinados a buscar la reactivación de la planta productiva por hoy afectada. Estamos ciertos de que necesitamos fortalecer los programas de empleo temporal. Estamos ciertos de que los diputados federales tenemos la obligación permanente de estar con nuestra gente cuando más dolor hay.

Amigos legisladores: creo que así como la gente en Guanajuato se siente orgullosa de lo que están haciendo, a mí también me complace mucho venir hoy a esta tribuna y decir que para mí es un orgullo ser guanajuatense y para mí es un orgullo estar trabajando por las mejores causas de nuestro país.

Muchas gracias y nos sumamos con todo gusto a su iniciativa, en la cual ya estamos trabajando desde hace ocho días.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Saldaña Villaseñor, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Alejandro Saldaña Villaseñor:

Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso; compañeras diputadas y diputados:

Con proposición con punto de acuerdo, me permito hacer uso de esta honorable tribuna para que se exhorte a la Secretaría de Gobernación para que se liberen de verdad recursos del Fondo de Desastres Naturales para todas las zonas afectadas por las inundaciones en el estado de Michoacán, principalmente las comprendidas en el Bajío michoacano, como son los municipios de La Piedad, Numarán, Penjamillo, Ecuandureo, Churintzio, Yurécuaro, Vista Hermosa, Tlazazalca, Briseñas, Tanhuato y Purépero, donde hasta ahorita desgraciadamente las pérdidas económicas agrícolas y ganaderas han sido muy considerables.

Hasta el momento se me reporta un área siniestrada que no tiene ya remedio, de 5 mil hectáreas. Están en el mismo tenor 7 mil más. Esto por los escurrimientos y constantes lluvias que se siguen teniendo. Solicito entonces la intervención de todos y cada uno de los mexicanos, para hacer un frente común para apoyar a nuestros compañeros en desgracia.

También solicito que exista más presencia de Protección Civil y del ejército, pues hasta ahorita se están levantando bordos más altos a la orilla del Lerma para evitar una verdadera catástrofe.

Quiero agradecer públicamente la ayuda que nos ha brindado el ciudadano gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, ha estado pendiente en todo momento de lo que sucede en su estado y eso se lo alabo y se lo respeto. Señor gobernador, estamos conscientes del trabajo que está haciendo por los damnificados en el distrito de La Piedad.

Ojalá tengamos pronta respuesta también de Gobierno Federal, porque también Michoacán forma parte de Guanajuato y los michoacanos también tenemos necesidades y carencias.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Malú Micher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena:

Compañeras y compañeros diputados:

Yo le quisiera sugerir al compañero de Acción Nacional, que entienda el mensaje que queremos mandar todos los diputados y diputadas de Guanajuato. No queremos politizar este asunto, simple y sencillamente queremos hacer un llamado urgente a la Secretaría de Gobernación y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a que desburocratice todos los procedimientos para ayudar a la gente en esta situación de emergencia o de desastre.

Hay una diferencia entre situación de emergencia y situación de desastre, eso nos queda clarísimo; pero quiero decirles, porque me veo obligada, porque vivo en Guanajuato, porque hice nueve horas en la carretera y no había más que un policía recargado en una patrulla junto al señor de la grúa, viéndonos pasar, cuando pudieron haber desviado, desviado al tráfico para que se utilizara la carretera 57, entrar a San Miguel y por esa vía llegar a Guanajuato. Y no lo hicieron hasta que reclamamos e hicimos llamadas, porque la Policía Federal y la Policía Estatal y las instituciones del estado no se han coordinado.

Qué bueno que el Presidente visita Guanajuato, es su tierra y para los que no saben, sábados y domingos descansa en su casa en Guanajuato. Qué bueno que visite y que esté ahí con todas las personas que tienen una gran urgencia, pero les pido por favor, que no politicemos, que le digamos a éste, a este Gobierno, independientemente del grupo parlamentario al que pertenecemos, que urge que los fondos lleguen a la gente que ha recibido cobijas, que ha recibido láminas y que ha recibido costales de frijol.

Qué bueno que lo vean como una prioridad, pero les digo, el Fonden ha destinado nada más a Pénjamo, a Acámbaro, Abasalo y a Romita, como únicos destinatarios de este fondo y lo que estamos pidiendo señoras y señores, es que llegue a toda la gente que lo necesita.

Mi beneplácito por la diputada Elizabeth, que estuvo en los refugios, me consta que así fue y qué bueno que así sea, es nuestra obligación. A mí no me dejaron pasar para ayudar, me dijeron que más ayudaba si no circulaba por esa carretera; pero eso es exactamente lo que hay que seguir haciendo, pero, no puedo sola, necesito que se deje aparte tanto proceso y tanta burocracia para que lleguen fondos a la gente que más lo necesita.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Yáñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para rectificación de hechos hasta por cinco minutos.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles:

Con su venia, señor Presidente.

Es muy importante venir y aclarar cómo fue la situación de Guanajuato, es de gente noble, es de gente bien, reconocer el trabajo realizado por todos los niveles de gobierno.

Yo quiero manifestar que efectivamente desde el viernes estuvimos trabajando en los refugios, que es muy importante decir cuál es la magnitud del daño que tenemos. En la noche del viernes teníamos ya 6 mil 500 personas en los refugios de Celaya, y en el momento que nosotros estábamos con toda la problemática de la alimentación y de las cobijas, se llamó directamente al señor Presidente y a su señora esposa, a las 8:00 de la mañana, para decirles cuál era la magnitud de los daños que teníamos en Celaya.

Para las 9:00 de la mañana teníamos la respuesta de ambos, en decirnos que para las 11:45 de la mañana estarían aterrizando en Celaya y seguirían con Salamanca para poder revisar los daños y hacer reuniones de trabajo, junto con los secretarios involucrados, para poder satisfacer y trabajar conjuntamente, de lo cual quiero manifestarles a ustedes aquí, que desde antes estaban trabajando con la presidencia municipal las instancias del Gobierno Federal que se requería, y todos ellos estaban trabajando de la mano junto con el Ejército, que desde tres días antes estaban 130 personas trabajando junto con la ciudadanía.

Esta es una acción que nos debe de llenar de orgullo, éste es un evento que nos ha hecho manifestar, ante toda la sociedad, la importancia de tener organizaciones civiles, gobiernos Federal, estatal y municipal, que se unen para poder resolver un sistema o un problema de contingencia como lo vivimos en Celaya.

Nosotros contamos con los secretarios, con Josefina Vázquez Mota, con Javier Usabiaga, con el director de la CNA, con Santiago Creel, dando instrucciones precisas y directas de acción. Yo quiero decirles que ellos estuvieron en Celaya el sábado en la mañana; para la noche teníamos los camiones del DIF nacional con 15 mil cobijas y con 30 mil despensas.

También tuvimos la gente necesaria de protección civil, para estar tomando acciones inmediatas. La gente de Gobernación no se han separado de Celaya todo este tiempo ni de Salamanca.

Siento mucho definitivamente que no hayas podido pasar, a la mejor sí sólo había un policía, pero sí se puede decir que los demás estaban construyendo bordes en Celaya, porque teníamos mucho miedo, mucho miedo de que se desbordara el río y arrasara con todo Celaya.

Trabajamos cuatro días, día y noche, haciendo bordes, se llenaron 40 mil costales, scouts, Ejército, policías, ciudadanía, todos trabajamos para que ahorita la gente pueda regresar a sus casas.

Gracias por el Gobierno Federal, gracias por el gobierno estatal, gracias por los presidentes municipales. Me siento orgullosa de ser mexicana, y me siento orgullosa de ser guanajuatense y de ser del Partido Acción Nacional.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Para rectificación de hechos se le concede el uso de la palabra al diputado Pascual Sigala Páez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Pascual Sigala Páez:

Muchas gracias, señor Presidente; con permiso; compañeras y compañeros:

Acudo a esta tribuna con el propósito de sumarme a nombre de los diputados michoacanos al punto de acuerdo que nuestro compañero diputado de La Piedad vino a plantear.

Después de realizar personalmente diversos recorridos por las zonas afectadas y efectuar distintas reuniones de valoración con su gabinete en pleno, el gobernador de Michoacán, el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, confirmó que las lluvias torrenciales e inundaciones por el desbordamiento del río Lerma, han dejado hasta el momento un saldo de 15 mil 182 hectáreas siniestradas en 17 municipios del Bajío y oriente michoacano; 5 mil 255 productores agrícolas con pérdidas parciales y totales; que además de dañar la infraestructura urbana, las inundaciones también han provocado afectaciones de distinta magnitud a 750 viviendas por lo menos, en los municipios de Penjamillo, Maravatio, Sixtos Verduzco, Cojumatlán, Huaníqueo y comunidades de Sahuayo, Briseñas, Zacapu y Morelia.

Que en el marco de las reuniones de valoración a las que concurrieron funcionarios de la Sedagros, Sagarpa, CNA, Secretaría de Salud del estado, Sedeso, Protección Civil y Banobras, se integró un comité estatal de evaluación de daños presidido por las dos dependencias de atención al campo, con el propósito de presentar informes permanentes y completos al señor gobernador del estado, sobre la situación que guardan día a día las zonas damnificadas y para elaborar además plan de obras y acciones inmediatas para auxiliar a los productores y habitantes que han sufrido con estas inundaciones.

Que la situación sigue siendo de suma emergencia y obliga también a las autoridades locales a desplegar medidas preventivas en materia sanitaria y de infraestructura, para evitar el surgimiento de epidemias o la producción de nuevas inundaciones.

Por su carácter imprevisible, la magnitud del desastre natural ocurrido en diversos municipios del Bajío y del oriente michoacano, han superado la capacidad financiera de respuesta del Gobierno del estado de Michoacán, para atender de inmediato los daños a los productos, a los cultivos, a las cosechas, a las viviendas y a la población michoacana.

Que el acuerdo que establece las reglas de operación del Fonden tiene como objetivo atender precisamente los efectos de desastres naturales imprevisibles cuya magnitud supera la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades, así como las entidades estatales y federales.

A la fecha el gobernador constitucional del estado de Michoacán, el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, solicitó oportunamente ante la Secretaría de Gobernación, la emisión de la declaratoria de desastre natural, en virtud de los daños ocasionados en cultivos y viviendas, por lluvias torrenciales e inundaciones ocurridas en los municipios ya señalados.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos y nos sumamos a esta consideración, a esta propuesta que se ha hecho para que el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación, atendiendo a la solicitud formulada por el gobernador de Michoacán, realice la declaratoria de desastre natural para efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales vigente, en virtud de los daños provocados por las lluvias torrenciales e inundaciones en diversos municipios del Bajío y oriente michoacano, liberando de inmediato los recursos con cargo al presupuesto del Fonden, así como los recursos fideicomitidos en el mismo fideicomiso del Fonden.

Me sumo al reconocimiento que ha hecho mi compañero, mi paisano diputado de La Piedad en virtud de que ciertamente el señor gobernador de Michoacán, ha estado pendiente, al tanto, vigilante de buscar ayudar a nuestros paisanos damnificados. Convoco a esta soberanía para que nos sumemos todos a esta propuesta de punto de acuerdo, en virtud de la emergencia y la necesidad que hay de atención para nuestros paisanos damnificados.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Ernesto Herrera Tovar:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Me parece que lo que se ha comentado en esta tribuna es, por supuesto, de interés nacional.

Los desastres que han dejado estas precipitaciones pluviales me parece que en este año han sido catastróficos. Eso lo tenemos que reconocer.

El Gobierno Federal ha hecho lo propio, los gobiernos estatales asimismo y los gobiernos municipales también han atendido esas emergencias.

Los procedimientos para liberar los fondos del Fonden precisamente están en las propias reglas que nosotros los diputados, el órgano legislativo, establecimos en la propia Ley General de Protección Civil y las reglas están fijadas en el marco normativo.

Pero me parece que hay que ser corresponsables en esta atención en desastres, sobre todo desastres naturales, para la atención inmediata a las víctimas que han perdido su patrimonio y que han perdido a sus propios familiares.

En el Senado de la República, la senadora Burgos, del PRD, ha presentado una iniciativa precisamente para agilizar estos procedimientos, para que el Gobierno Federal pueda otorgar de manera más pronta y expedita el apoyo a las comunidades que así lo requieran.

Me parece que además del exhorto hecho al Gobierno Federal, a la Secretaría de Gobernación, debemos ser corresponsables también y solicitar al Senado de la República agilice este dictamen para que esta iniciativa llegue a una aprobación en el Senado de la República y así poder agilizar todos aquellos trámites que hoy día el órgano Legislativo ha establecido a través de una ley y que no es por negligencia que no se destinen esos recursos a tiempo a las poblaciones que así lo requieren.

Simple y sencillamente hay que asumir también nuestro papel en este órgano Legislativo, en el Senado de la República también debemos ser copartícipes de poder hacer eficiente esta entrega de recursos.

Mi reconocimiento al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y municipales porque, dentro de sus facultades, han hecho lo posible para hacer llegar ese apoyo y esa ayuda a todos los damnificados, pero me parece que esto debe de ir un poco más allá, debe de ir desde el ámbito legislativo para aprobar y dictaminar esta iniciativa del Senado de la República y ser corresponsables el órgano Legislativo con el órgano Ejecutivo.

Recordemos que la protección civil no tiene colores ni partidos políticos. Tenemos que hacer llegar esos recursos a la gente que más los necesita, pero también desde el órgano legislativo debemos poner nuestro granito de arena para que esto llegue a producirse en una ley y eficientar más estos procedimientos y que a nuestros hermanos que están en desgracia les lleguen los recursos puntualmente.

Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Se le concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, al diputado Miguel Luna Hernández. Declina. Gracias, diputado.

Está anotado el diputado Wintilo Vega Murillo. Se le concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Wintilo Vega Murillo:

Con su venia, señor Presidente; amigas y amigos diputados:

Qué bueno que podemos escuchar una defensa tan apasionada, qué bueno que podemos encontrar un reconocimiento tan amplio al Gobierno Federal.

Pero lo que queremos escuchar es una defensa apasionada de la gente, de la gente que está con el agua hasta el cuello, de la gente que día con día está viviendo las penurias de sufrir un desastre natural.

Sí es cierto, si es cierto, que haya apoyos. Si hay trabajos, qué bueno, pero Guanajuato requiere más. No es suficiente los 20 millones que se han ejercido hasta ahora. No es suficiente las cobijas que haya llevado la señora esposa del Presidente; qué bueno que las llevó. Qué bueno que fueron los camiones del DIF, qué bueno que haya llegado el apoyo de Vamos México, qué bueno que se cuente, pero se requiere más.

Hoy necesitamos los guanajuatenses una respuesta real, una respuesta verdadera. Hoy necesita la gente sentir que el Gobierno Federal está cumpliendo su palabra. Y no fuimos los diputados de esta legislatura los que fuimos a ofrecer, como lo hizo el Presidente Fox, en los medios de comunicación.

La gente de Guanajuato afectada por las inundaciones requiere más que apoyos publicitarios, más que declaraciones y buenas intenciones, requiere hechos reales y concretos.

No se vale hacer una defensa tan apasionada cuando dejamos y criticamos lo que venimos a pedir en esta tribuna, compañeras y compañeros diputados, es solidaridad de todos, unidos todos para pedir que la Secretaría de Gobernación declare 25 municipios del estado de Guanajuato como municipios en zona de desastre.

No venimos a atacar al Gobierno Federal pero tampoco esperábamos una defensa en esos niveles de pasión.

Qué bueno que haya a quienes les dé orgullo un gobierno que a la mayoría de los guanajuatenses y a la mayoría de los mexicanos nos causa desilusión. No se trata de estar a favor o en contra, se trata de encontrar una coincidencia para que tengan los que están siendo damnificados por un proceso de un desastre natural, apoyos que puedan convertirse en hechos y obras concretas; apoyos que puedan convertirse en agua potable; apoyos que puedan convertirse en medicinas; apoyos que puedan convertirse en cobijas; apoyos que puedan convertirse en alimentación.

No se trata, repito e insisto, de ver quién está a favor o quiénes son los buenos o quiénes son los malos. Se trata de que unamos nuestras voces y unamos nuestros esfuerzos para que la Secretaría de Gobernación cumpla con lo que es su obligación.

Muchas gracias, compañeras; muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

De conformidad con el artículo 59 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores, si hubiese.

No habiendo oradores, solicito a la Secretaría ponga a votación si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Aprobada. Comuníquese.

---

MIGRANTES
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

En el siguiente punto del orden del día, relacionado con la agenda política, son los comentarios en torno a las propuestas legislativas de la Comisión Pastoral de la Movilidad Humana sobre los Derechos de los Migrantes.

Tiene la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

La diputada Eliana García Laguna:

Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.

El pasado jueves recibimos de parte de la Comisión Pastoral de la Movilidad Humana, una serie de propuestas legislativas que quisiéramos desde esta tribuna poder hacer de su conocimiento.

En principio queremos saludar las resoluciones y las propuestas de la Comisión Pastoral que fueron resultado de tres talleres regionales y de un taller nacional que se realizó entre el 8 y el 11 de septiembre de este año en relación con los derechos de las y los trabajadores migrantes.

Queremos compartir con ustedes estas propuestas que de alguna manera reflejan lo que en las agendas parlamentarias y en los resolutivos que fueron presentados a este pleno el pasado martes 9 de septiembre se han estado de alguna manera poniendo sobre la mesa en la discusión de los derechos plenos en lo social, civil, político, laboral, de las trabajadoras y los trabajadores migrantes en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

Entre las consideraciones principales que resaltan de los resolutivos de la Agenda Pastoral de la Movilidad Humana está la concepción de que el fenómeno de la migración se ha acelerado y se convierte en uno de los grandes retos de la globalización. Que pese a que los esfuerzos se han estado desarrollando por parte de agendas binacionales y las agencias y los diferentes grupos, todavía no se logra abatir el gran rezago que existe a favor de acciones por los derechos de los migrantes y no se han obtenido los resultados esperados.

La migración es un fenómeno de origen, tránsito y destino y significa que cuando se intenta cruzar la frontera se viven condiciones profundamente difíciles, condiciones que ponen en riesgo la integridad física y moral de los mexicanos que cruzan la frontera, de su familia y que pone en riesgo su vida; hay cantidad de mexicanos que han muerto en las fronteras.

Los países que se han convertido en tránsito, se han vuelto sumamente restrictivos en las políticas migratorias y en los mecanismos de control que se están aplicando, sustentados en los argumentos de la criminalidad y el terrorismo.

Los acontecimientos del 11 de septiembre han agravado esta situación de control y el hecho es que se ha incrementado la migración indocumentada, incrementando asimismo los riesgos que se sufren al cruzar.

Hay impunidad y abuso en las acciones policiacas cuando se está cruzando la frontera, sobre todo contra las mujeres y contra las niñas y los niños migrantes. En estas acciones policiacas se violentan preceptos constitucionales y también se violenta la Convención Internacional que recién entró en vigor sobre la protección de los derechos de todos los migrantes y sus familias.

Un aspecto central que nos convoca a unir esfuerzos es una afirmación que se hace en los resolutivos en el sentido de que no existe coordinación en cuanto a los trabajos que se realizan en materia migratoria entre el gobierno y quienes dedicamos nuestra acción para atender este fenómeno mundial.

Los resolutivos nos hacen llegar una serie de propuestas de las que quisiéramos resaltar algunas:

La promoción del desarrollo económico y la creación de empleo en nuestro país, pues esta es una carencia que ocasiona la expulsión de las trabajadoras y los trabajadores hacia mejores destinos donde pueden encontrar oportunidades de trabajo.

Otra de las acciones es el trabajo conjunto para poder dar atención a la problemática del campo y se menciona en particular las tremendas sequías y los desastres naturales que ocasionan problemas de falta de desarrollo en nuestro campo mexicano.

También están planteando el establecimiento de un mecanismo de regulación de la remesa y hacer valer decididamente la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de las y los trabajadores migrantes y sus familiares.

En términos legislativos, las propuestas que están haciendo a esta Cámara de Diputados y que pediríamos que sean turnadas en su momento a las comisiones respectivas para su análisis y dictaminación es el estudio en la comisión respectiva de todas las iniciativas que en materia migratoria quedaron pendientes de dictaminar, para que en breve se les pueda dar trámite y en una búsqueda de consensos podamos trabajar de manera conjunta en abatir el rezago existente.

De igual manera proponen un acuerdo unitario de todas las fracciones parlamentarias que estamos aquí representadas para impulsar la creación de una comisión especial para vigilar y dar seguimiento a los casos de muertes de migrantes.

En el documento Propuestas Políticas Sobre Inmigración para los titulares de los tres Poderes de la Unión, se resaltan cinco propuestas concretas de iniciativas de ley que estando de acuerdo o no con ellas sí nos demuestra el gran compromiso de sectores importantísimos de nuestra sociedad como es la Conferencia Episcopal Mexicana a través de la Comisión Pastoral de la Movilidad Humana, en relación con los derechos humanos de las y los trabajadores migrantes. Por lo tanto estamos solicitando que estos resolutivos también sean turnados a las comisiones respectivas, para que puedan ser discutidos en la agenda sobre el tema migratorio.

Yo quisiera concluir esta presentación citando un fragmento del apartado de conclusiones de los resolutivos que vamos a entregar en este momento a la Mesa Directiva, en donde nos dicen que el esfuerzo es de todos, por ello la responsabilidad tiene que recaer directamente entre quienes estamos involucrados en desarrollar y llevar a la práctica las iniciativas que se dirijan al combate de esta problemática global. Por lo tanto no debemos caminar más en sentidos opuestos cuando el propósito que tenemos es el mismo.

Yo solicitaría a la Mesa Directiva que pudiera ser publicado el documento de los resolutivos en la Gaceta Parlamentaria, para que todas las diputadas y los diputados conozcan las propuestas y puedan ser parte de la agenda que todos podamos defender.

Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señora diputada.

Para referirse al mismo tema, ha solicitado el uso de la tribuna la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. En consecuencia, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos.

La diputada María Avila Serna:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los legisladores del Partido Verde Ecologista de México reconocemos que el fenómeno migratorio se constituye como uno de los principales problemas que aqueja a millones de familias mexicanas, ya que muchas veces ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen las personas se ven obligadas a buscar fuentes de ingreso o seguridad en otros lugares y países.

Esta situación se vuelve particularmente difícil en el tránsito hacia Estados Unidos, ya que se da en condiciones adversas y en el mayor número de casos con un amplio margen de peligro que ponen en riesgo la integridad personal y la vida misma de los migrantes.

Por ello, es urgente la redefinición de estrategias para minimizar estas situaciones y lograr que la ley se aplique de manera puntual y acorde al respeto irrestricto de los derechos humanos. En este sentido el Poder Legislativo tiene mucho qué aportar.

Actualmente se encuentran en comisiones varias propuestas e iniciativas que no han sido dictaminadas y han quedado rezagadas de legislaturas anteriores. Por ello y en atención a las solicitudes de varios grupos organizados de la sociedad civil, solicitamos encontrar los mecanismos que permitan un oportuno y cuidadoso análisis de las iniciativas en materia migratoria que no pudieron ser dictaminadas en legislaturas anteriores, con el fin de abatir rezagos en los temas más recurrentes de afección a los migrantes y a sus familias.

Entre las iniciativas a las que nos referimos se encuentran reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Población, así como diferentes puntos de acuerdo que no han sido atendidos.

La responsabilidad para atender todos estos temas recae directamente entre quienes estamos involucrados en desarrollar y llevar a la práctica las iniciativas que se dirigen al combate de esta problemática.

Exhortamos a todos los diputados y diputadas de la legislatura a trabajar en la atención y solución a estos problemas.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señora diputada.

Continuando con el orden del día, en el apartado de efemérides...

¿Para qué objeto, diputado?... Para rectificar hechos, mismo tema, se le concede el uso de la palabra al diputado Tovar de la Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Elpidio Tovar de la Cruz:

Con su venia, señor Presidente:

Me parece que en los puntos presentados aquí por la diputada Eliana, que tienen que ver con una serie de propuestas políticas de iniciativas de reforma a artículos de la Ley General de Población, a la propia Constitución General de la República, con puntos de acuerdo y con las propuestas de formación de comisiones especiales que vengan a atender el problema de los migrantes, es un asunto de relevante importancia que debiera de tratar esta legislatura; quedaron pendientes en la legislatura anterior y se requiere que se ponga la atención debida a ellos.

El problema que se plantea en las reformas a la Ley General de Población, en su artículo 112, me parece, para añadir un 112-bis y crear un organismo autónomo que sería la Procuraduría General del Migrante o de Migración, que defienda los derechos políticos, civiles, económicos, sociales de los migrantes en el extranjero pero también de los migrantes en el propio territorio nacional.

Las reformas al artículo 138 también de la Ley General de Población, las reformas al artículo 33 de la Constitución General de la República sobre las facultades del Presidente de la República para expulsar del país a los extranjeros que pongan en riesgo la integridad nacional, acuerdos que tienen que ver también con el problema de la migración que es el segundo aspecto de seguridad nacional en el país por el tráfico de personas que es un gran negocio ilícito que produce alrededor de 7 mil 500 millones de dólares anuales a quienes se dedican a esta actividad criminal y que requiere también establecer reformas al artículo 138, decíamos, de la Ley General de Población para aumentar los castigos a quienes se dediquen a esto.

Los acuerdos para establecer marcos jurídicos a las remesas que envían los migrantes a México y que son un total de cerca de 9 mil millones de dólares al año y que producen un gran negocio a las empresas que se dedican las remesas de 1 mil 200 millones de dólares al año y que no hay marcos jurídicos que reúnan realmente las ganancias de estas empresas.

Es decir, se requiere, me parece a mí, poner una atención clara al respecto para poder resolver estos grandes problemas que afectan no solamente el aspecto social de los migrantes sino la economía propia del país.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

---

ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para conmemorar el aniversario de la anexión a México del estado de Chiapas, se han registrado varios señores diputados. Se concede, para ése efecto, el uso de la palabra al señor diputado Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:

Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para participar con mucho agrado en esta sesión, la cual es de gran relevancia para los chiapanecos, la conmemoración del CLXXIX aniversario de la incorporación del estado de Chiapas a la Federación.

Como sabemos, con la consumación del movimiento de independencia en 1821, muchos de los habitantes de la provincia de Chiapas, decidieron adoptar los Tratados del Plan de Iguala y con ello, los Tratados de Córdoba. Sabemos también, que el proceso de integración de Chiapas a la República Mexicana, no estuvo exento de problemas y de movimientos de desestabilización de la entidad, porque en el momento hubo regiones que promovieron incorporarse por obvias razones a Guatemala, como fue el caso de Tuxtla y el Soconusco.

Esta situación se resolvió a través de una consulta pública, donde la decisión mayoritaria resolvió integrarse a la República Mexicana. Tan trascendental decisión se tomó el 14 de septiembre de 1824. El proceso de construcción de las naciones nunca está exento de convulsiones y transformaciones profundas, que trastocan los cimientos y muchas veces modifican la concepción que como país se tiene.

Dada la diversidad pluricultural de nuestro país, el proceso de consolidación como nación sigue en marcha, porque es preciso reconocerlo, hay regiones de nuestra nación que aún no gozan de los beneficios de carácter económico y social.

De todos es sabido que el sureste de nuestro país y concretamente el estado de Chiapas, es una región rica en recursos naturales y humanos, pero a la vez atrasada en niveles de bienestar y donde existen grupos marginados como los indígenas.

El estado de Chiapas ocupa el 3.8% del territorio nacional, es el octavo en extensión, pero es también de los más ricos en biodiversidad, en recursos hidrológicos, así como del subsuelo. Aquí lo mismo encontramos la más amplia variedad de flora y fauna silvestre, como el gran potencial que representa para la generación de energía hidroeléctrica y de yacimientos petrolíferos. Por el contrario es justamente este estado el más pobre y en el que se da la marginación más cruenta. Las condiciones de pobreza se han enquistado hasta lo más profundo de la sociedad; es también la entidad en que una equitativa distribución del ingreso está más lejana.

Es en esta entidad en la que la población indígena ha sufrido los más severos estragos, conformándose una estratificación social en la que algunos mestizos y algunos criollos, han hecho de la explotación humana y de los recursos naturales su botín más preciado.

Como consecuencia de lo anterior, en 1994, estalló un movimiento social de gran trascendencia, no sólo para el estado, sino para el país. El Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, que a pesar de haber puesto el dedo en la llaga al reivindicar a los pueblos y comunidades indígenas y a todos los excluidos del país, aún después de la promesa de resolver su situación en 15 minutos, es una deuda que el Estado mexicano tiene con los indígenas.

Puede aprovecharse esta ocasión para insistir en la necesidad de instrumentar las políticas públicas necesarias, para incorporar al desarrollo nacional a las entidades del sureste mexicano, haciendo notar que el estado de Chiapas, al cual hoy nos estamos refiriendo, necesitan de mayor atención de las autoridades federales.

El Partido del Trabajo ha señalado en reiteradas ocasiones, que el desarrollo de las entidades del sureste debe ser armónico y de ninguna manera deben poner en peligro la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Para nosotros, estas condiciones no se están cumpliendo, ya que se han estado instrumentado políticas públicas ajenas a los intereses del país.

Es inconcebible que el Gobierno Federal esté pensando en un plan energético de la región latinoamericana para beneficiar a nuestro vecino del norte. Siempre hemos estado en la mira de los estadounidenses para aprovechar nuestros recursos naturales; hoy no es la excepción.

Compañeras y compañeros diputados: por otra parte, debemos señalar que Chiapas ha sido cuna de mexicanos ilustres que han contribuido a la grandeza de nuestro país y de sus instituciones en distintos ámbitos. Tenemos la herencia literaria de Rosario Castellanos y Jaime Sabines, grandes políticos como Emilio Rabaza y Belisario Domínguez.

Sobra decirlo, pero debemos reconocer que parte de la riqueza de nuestro país proviene de este estado y por ello debemos rendir un sincero homenaje a la decisión que tomaron los chiapanecos hace 179 años de integrarse a la Federación. Este es un ejemplo más de los mexicanos de que hace falta enarbolar los principios de la unidad y la cooperación entre las distintas regiones del país, que el aprovechamiento de los recursos debe ser de los mexicanos y para los mexicanos.

Finalmente, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo envía a todos los chiapanecos un mensaje de felicitación por la conmemoración de tan sentido acto histórico.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, el señor diputado don Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Manuel Velasco Coello:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El pasado día 14 de septiembre un suceso histórico que fortalece a la nación mexicana y a la unidad entre los mexicanos, el cual forma y realza el sentimiento de un México sin divisiones: la incorporación de Chiapas al Pacto Federal del 14 de septiembre de 1824 es un momento histórico que hoy celebramos con orgullo, sin el cual no podríamos consumar ese sentimiento de unidad que nos caracteriza a cada uno de los mexicanos. A tal acción histórica vale la pena resaltar un poco el marco en el que se desarrolló este acto de fidelidad mexicana.

Después de consumada la Independencia en 1821 se creó un entusiasmo en los habitantes de la provincia de Chiapas, por lo que las autoridades y pobladores decidieron adoptar los tratados del Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, declarando la independencia de Chiapas no reconociendo otro gobierno que el del imperio mexicano.

Después de instalarse la Junta General de Gobierno, después de años de lucha y de difíciles condiciones del país, se decretó la separación de Chiapas al territorio mexicano. El día 23 de enero de 1824, el Ayuntamiento de Ciudad Real pide formalmente su incorporación a México, tiempo después Comitán toma la misma resolución, lo que no ocurre con el ayuntamiento de Tuxtla, que sostiene la conveniencia de unirse a Guatemala. Ante la actitud de los dos ayuntamientos, el Congreso local comunica a todos sus integrantes de la importancia de unirse a una nación que pudiera solucionar los problemas económicos que enfrentaban las provincias, por lo que se determinó realizar una votación para elegir a qué nación debían unirse.

Ante esta actitud y con un espíritu democrático, se decidió llevar a cabo un plebiscito para determinar el destino de la provincia, donde los resultados fueron: 96 mil a favor de México y 60 mil a favor de las provincias de Centroamérica. Así, el 14 de septiembre de 1824 fue proclamada definitivamente la anexión de Chiapas a México. Este hecho confirma la voluntad democrática de Chiapas y del pueblo de México y nos obliga a todos a fortalecer nuestra democracia.

Sin lugar a dudas todos los mexicanos conmemoramos la decisión del pueblo chiapaneco, que hizo de Chiapas el único estado integrante del Pacto Federal que de manera libre eligió sus destinos a la Unión.

En el Partido Verde Ecologista de México, como una de esas fuerzas que participan en la dinámica social, estamos convencidos que el mismo ímpetu que inspiró a los que participaron en el Movimiento de Independencia de Chiapas, su anexión a la Federación y a México, con ese espíritu renovador que se revela contra la injusticia y la arbitrariedad, hoy conduce nuestro actuar en defensa no sólo de los intereses de nuestro país, sino de todos y cada uno de los mexicanos. Así, con esa misma motivación y decisión, impulsamos la constitución de un nuevo federalismo en el Siglo XXI.

Chiapas, en la historia de México independiente, encabeza la lucha por establecer un estado moderno y liberal. El interés y la orientación que Chiapas le imprimió a la construcción del Estado mexicano, fue el de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, velar por la conservación de los elementos naturales, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana dentro de un entorno sustentable.

Debemos valorar la enorme riqueza biológica con que cuenta cada una de las partes que integran nuestro territorio, porque individualmente son porción del crisol que forja nuestra patria. Son el elemento que une a la biodiversidad y da cabida al esplendor natural que contiene este hábitat que llamamos México. Chiapas es y debe ser por siempre el suelo y el aire donde el medio ambiente sea una responsabilidad y garantía de los mexicanos.

Debemos también hacer hincapié en la situación que ha privado en las últimas décadas en este maravilloso estado del cual soy oriundo. Luchemos, pues, con renovado ímpetu y decisión por defender el espíritu que una vez hizo de Chiapas un elemento esencial para la Federación y que mantuvo la creación y desarrollo de un gran país, cuyo adecuado y equitativo aprovechamiento harán por fin realidad los postulados y principios en los que se inspiraron nuestros hermanos mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al señor diputado don Gerardo Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Gerardo Ulloa Pérez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados. En representación de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, expongo lo siguiente:

En el siglo pasado el debate sobre la constitución de un estado federal pasó por decisiones trascendentes, fueron momentos en que los terratenientes y comerciantes procuraban construir una región poderosa y pujante.

La independencia de España debería traducirse en la explotación de los recursos naturales sin necesidad de entregar a la metrópoli los excedentes y éstos quedándose en el país, rendirían frutos que serían suficientes para competir el lugar del desarrollo económico, tal eran los objetivos de la independencia de México.

Sin embargo los intereses regionales no se dejaron sentir como independentistas y procuraban a su vez, obtener el mayor provecho para su clase social. La construcción del federalismo mexicano era también la construcción de una clase poderosa de las riquezas y de la tierra mexicana.

Dispuesta a constituirse en gobierno, de ahí que la lucha entre los modelos de construcción de nación fueran determinantes, entre el centralismo y el federalismo no se encontraban también las aspiraciones independentistas, es aquí que la experiencia histórica chiapaneca nos anuncia esta aspiración del gobierno regional de los criollos y mestizos.

El día 12 de septiembre de 1824 en Ciudad Real, actualmente San Cristóbal de las Casas, en sesión celebrada en la Junta Provisional Gubernativa, se declaró a Chiapas legítimamente integrada a México. La unión fue solemnemente proclamada el 14 de septiembre de ese año.

De tal forma se incorporó Chiapas al Pacto Federal, después de discutir las propuestas y algunas regiones como Tuxtla y el Soconusco, que se orientaba por la elección a Guatemala, debido a que pertenecían a ésta y que por decreto de la regencia declaró su separación de España y Guatemala y su agregación a México el 16 de enero de 1822.

La Constitución de la Federación Mexicana pasó por la adopción de los Tratados del Plan de Iguala y con ello los Tratados de Córdoba, así Chiapas es integrada a la geografía mexicana.

Chiapas por su situación geográfica y por su gran variedad de climas, su biodiversidad, su flora, fauna y sus recursos energéticos, constituye uno de los estados de mayor riqueza en México, siendo también el paso obligado del sinnúmero de turistas que visitan al país anualmente.

Orgullosamente también uno de los estados en donde inciden los grupos sociales más desprotegidos, en donde la diversidad de los grupos étnicos, como son tzotziles, tojolabales, tzeltzales, zoques, mames, mochos y cachiqueles, representan el gran porcentaje de la población de extrema pobreza, además de los hermanos lacandones, quienes se encuentran en continua lucha por la preservación de la selva chiapaneca que lleva su nombre y su espacio natural.

Chiapas ha sido por más desafortunado pero no por el sólo hecho de las luchas sociales sino por el olvido de quienes han tenido que representar sus intereses, de quienes lejos de defender su soberanía y sus habitantes, han ignorado el motivo de su verdadera lucha: la lucha de sus representados.

La lucha de los chiapanecos ha sido incansable, desde los temas de salud, en donde la gran mayoría de los indígenas con los más elementales servicios de salud pública, en donde la incidencia de mortandad entre madres y niños es alta, en donde no existen hospitales de tercer nivel.

En Chiapas el tema de la educación tendrá que ocupar un lugar importante dentro de la agenda legislativa, ya que los espacios educativos en el estado son insuficientes, en donde la marginación y el desempleo son evidentes, en el cual los programas sociales no se cuentan como verdaderos proyectos de generación de empleo, de los cuales se realizan en el escritorio de cualquier Secretaría, capricho de intenciones políticas y mezquinas a favor de quienes lo representan y no del representado.

Por eso a Chiapas a sus 179 años de ser orgullosamente estado mexicano, ha surgido del olvido con el movimiento de 1994. Lamentablemente no tendría que haber sido de otra manera, más que heroicamente como lo hicieron nuestros indígenas mediante las armas.

La rebelión de los indígenas chiapanecos y su demanda de participar directamente en los destinos de sus pueblos de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, pasa por otorgarles a éstos el reconocimiento de que son pueblos integrantes de la nación y de la Federación mexicana.

Que hay municipios mayoritariamente indígenas que se rigen por su cultura y sus costumbres, esta demanda fue negada por este Congreso el 20 de abril del 2001 al aprobar una reforma constitucional, que no dio reconocimiento como sujetos de derecho a los pueblos y comunidades indígenas.

La demanda y autonomía indígenas sigue presente, y en este aniversario debemos ratificar su necesidad como una medida que refuerce el federalismo mexicano.

Por ello, debemos señalar que las experiencias de los municipios que practican en la aplicación de sus costumbres y sus tradiciones, ha sido una práctica en nuestro territorio, que forman parte de la cultura y las tradiciones que ahora el EZLN la retoma como enfrentar su demanda de autonomía.

Por ello, los legisladores debemos apoyar los cambios que en esta materia se generan y que convengan a los estados y a los municipios.

El día de hoy no tendría que manejar estadísticas, como lo ha manifestado el Presidente en unos datos de cifras y números que no son reales, en un país que él le llama o le llamaríamos nosotros un país de ``foxilandia''. No es necesario, únicamente tendré que decir que Chiapas sigue en el olvido. No más olvido.

Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema la diputada Janette Ovando Reazola, del Partido Acción Nacional.

La diputada Janette Ovando Reazola:

Con su venia, señor Presidente:

Hasta antes del 14 de septiembre en 1824 mi estado, Chiapas, pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. Fue hasta el 14 de septiembre de 1824, que habitantes de Ciudad Real y Comitán, movilizaron 96,826 votos de los pobladores de la región, según el registro oficial, a favor de la unión de Chiapas con México.

Si para todos los mexicanos estas fiestas patrias tienen un significado relevante, para los chiapanecos es doblemente así, pues significa un acto de soberanía plena porque el 14 de septiembre en Chiapas, conmemoramos la decisión por convicción de nosotros, para formar parte de ésta que es la República Mexicana.

Chiapas repito, es parte de México por una convicción propia. En Chiapas para llegar a ser mexicanos se debatió las consideraciones de lo que significaba ser mexicano. Chiapas vivió en carne propia la posibilidad de un acuerdo en realidades encontradas cuando un fin superior era necesario. Orgullosamente puedo decir que fue la ciudad de donde yo provengo, San Cristóbal de las Casas, donde se gestó este acontecimiento relevante a nivel nacional.

Con una dotación como decía, de casi 97 mil votos se logró que los chiapanecos decidiéramos el rumbo que tomaría nuestro destino; el rumbo hacia donde queríamos llegar; la isla a donde este barco quería desembarcar.

Acción Nacional, mi partido, visualiza que desafortunadamente al hablar de Chiapas se habla de guerras; se habla de matanzas; se habla de Acteal; se habla de zapatistas; se habla de estadísticas adversas; se habla de pobreza. Desafortunadamente no se ha podido sobresalir lo suficiente hablando de Chiapas, en materia de sus recursos naturales: su petróleo, de la energía eléctrica. No se ha podido hablar lo suficiente de la gran contribución que Chiapas da a México.

Para todo se hacen encuestas actualmente. Desafortunadamente no tenemos una encuesta que pueda medir la belleza de los estados, sin menospreciar algunos de los estados que aquí están representados, sin duda Chiapas sería uno de los más hermosos a nivel nacional.

Acción Nacional espera impulsar, y hago aquí un llamado a todos los legisladores del estado de Chiapas, independientemente del partido al que pertenezcan, para que conjuntamente impulsemos un nuevo Chiapas, un Chiapas de cultura un Chiapas de tradición, un Chiapas de historia, pero sobre todo un Chiapas que hoy más que nunca, sea parte de México y que señale a todos los mexicanos que en nuestro país estamos presentes para construir un Chiapas unido, pero sobre todo un Chiapas unido por México.

Compañeros diputados: recordemos lo que nuestro himno chiapaneco nos exalta a cumplir, que se olvide ya la odiosa venganza; que se olvide por siempre el rencor y que sea nuestra sola esperanza y uno solo también nuestro amor.

Compañeros diputados: tenemos una gran responsabilidad ante 100 millones de mexicanos, ante 100 millones de personas a quienes si nosotros como Congreso no tenemos la capacidad de unirnos en aras de un acuerdo de conveniencia para el país, ellos y nosotros seremos los que sufran esta incapacidad de lograr acuerdos.

Es hora de plasmar en hechos la voluntad de servir a México, pongamos el ejemplo como Chiapas lo dio a la Nación y que nos marca nuestro himno, es el momento de seguir el ejemplo de Chiapas; es el momento de unirnos por un interés superior: el interés de México.

Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Elena Orantes López:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:

Hago uso de esta tribuna en nombre del Partido Revolucionario Institucional para conmemorar el CLXXIX aniversario de la anexión de Chiapas a México.

Orgullosa de ser chiapaneca y en el ámbito de nuestra historia, el pasado 14 de septiembre de 1824 Chiapas, por medio de un plebiscito realizado en cada una de sus regiones en ese entonces llamadas partidos, tomó la decisión de formar parte de la República Mexicana.

Orgullosos de la decisión de nuestros antepasados de pertenecer a esta bella patria no podemos tampoco soslayar el gran olvido en el que ha estado implícito nuestro estado, siendo Chiapas un punto de acuerdo nacional.

Desde 1994 Chiapas ha dado la vuelta al mundo por el levantamiento armado del 1º. de enero, conflicto en el cual en el año 2000 los chiapanecos nos sentimos muy conformados de que el Presidente de la República dijera que lo resolvía en 15 minutos; sin embargo, no dijo ni de qué año porque ha pasado tres largos periodos en los que no se ha podido resolver.

No se ha hecho el avance en los diálogos y en los acuerdos pactados desde esa fecha; por el contrario, los movimientos continúan y se marca un distanciamiento permanente en el Gobierno Federal, estableciendo recientemente municipios autónomos que ahora son denominados juntas de gobierno, que van en contra de la legalidad y del Estado de Derecho que prevalece en nuestra Constitución, recordando que nuestra historia, en el año de 1821 Chiapas respetaba el imperio mexicano y fue en el año de 1823 cuando se declaró independiente y por voluntad propia, a través de plebiscitos, en 1824 decidió anexarse a esta hermosa patria de México.

Es importante mencionar que una gran parte de nuestra población es indígena; representan así un capítulo importante en el gran rezago, pobreza y marginación que existe en el Estado.

En mi identidad de género, quiero referirme al capítulo de las mujeres indígenas, quienes por su condición sufren una profunda desigualdad que ha sido producto de nuestra cultura a lo largo de los años y de nuestra historia.

Es por eso que hoy, en el marco de la conmemoración de la Federación de Chiapas a México, los diputados chiapanecos del Partido Revolucionario Institucional traemos la voz de los pueblos, la voz de los pueblos de Chiapas que a través de su red pluvial de nuestro estado, generada en gran parte por el río Grijalva, proveemos al país de un alto porcentaje de energía hidroeléctrica a través de seis presas ubicadas en la geografía chiapaneca.

Por eso desde aquí y a lo largo de muchos años hemos solicitado una tarifa justa y preferencial para todos nuestros habitantes.

No podía pasar desapercibido en este aniversario de la anexión de Chiapas a México, en la que el campo mexicano y el campo chiapaneco, eminentemente agrícola y ganadero, ha sufrido una gran marginación y una gran crisis.

Vemos entonces que los apoyos y los programas no han sido hoy dados a los campesinos de nuestra tierra. Por ello demandamos la aplicación inmediata de programas para reactivar la ganadería y la agricultura que se encuentra en condiciones deplorables en el estado de Chiapas.

Basta recordar que en el estado existen 163 mil productores de café, que producen 1 millón 600 mil quintales del grano, productores que hoy, debido al precio y a la falta de comercialización, se encuentran verdaderamente en extrema pobreza.

Es importante mencionar que además de todo lo anterior en este estado tan rico, en el que se puede entrelazar una gran riqueza con una enorme pobreza, contamos con campos petroleros que generan también una gran producción de gas y petróleo en la zona norte.

Quiero referirme, por último, a la frontera sur, en donde la falta de una verdadera política económica de seguridad social ha hecho de Chiapas la frontera más pobre de México, a donde es latente la falta de voluntad de la Federación para dar solución a esta problemática de la franja fronteriza con mayor extensión de los estados del sur, donde existe un mayor grado de inseguridad por la sobrepoblación de los indocumentados de los países de Centroamérica, lo cual genera el enrarecimiento del clima social convirtiéndose en un riesgo para la seguridad nacional, porque lo que solicitamos...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir, diputada.

La diputada María Elena Orantes López:

Voltear los ojos a Chiapas y cumplir con sus promesas a los chiapanecos que desde 1824 proclamaron definitivamente la anexión de Chiapas a México, orgullosos de pertenecer a esta patria, orgullo de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias.

---

INDEPENDENCIA DE MEXICO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para conmemorar el CXCIII aniversario del inicio de Independencia, se han registrado para hacer uso de la palabra, varios señores diputados. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al señor diputado Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente:

Cuando la política es vacuidad, improvización, vulgar lucha de poder, es cuando más importante es refrescar la memoria histórica para reencontrar la esencia y el sentido de la nación que no puede quedar a expensas del pragmatismo político, de las ocurrencias en reemplazo de los conceptos y del conocimiento de fondo de las decisiones públicas que deben estar inspiradas en las constantes históricas que nos hacen ser lo que somos: independientes, soberanos, nacionalistas.

Este año en el que se conmemora el CCL aniversario del natalicio del Padre de la Independencia, que ocurriera en 1753 y que a la fecha de su muerte había cumplido 57 años, se declaró por decisión de la legislatura precedente, la LVIII, el año de don Miguel Hidalgo y Costilla.

Por lo mismo es ocasión ésta propicia no sólo para tributarle nuestra gratitud histórica, sino también y sobre todo para retomar sus líneas de pensamiento y objetivos en la revolución de Independencia, la que sólo con las armas de la razón y la fe en la justicia de la causa, la emprendió y llevó a cabo para enfrentarse al ejército realista y a los que también dentro de las autoridades eclesiásticas los coludía con el virrey.

Seguramente en Guadalajara este próximo 6 de diciembre se traerá a la memoria histórica el inmortal bando de la abolición de la esclavitud, en el que se sientan los principios de la igualdad esencial de la persona humana y en el mismo documento se reclama la reivindicación de los marginados, extinción de las alcabalas, aplicación imparcial de la justicia, supresión de los monopolios y fomento a la agricultura, entre otros derechos que se consagran a favor de los pobladores de la América septentrional y para cuya observancia se prescribía, incluso, la pena de muerte para los infractores.

Y si todavía en la política de nuestros tiempos algo tiene qué ver la historia, la magnitud y dimensión de la obra de Hidalgo y de Morelos, les tendríamos que decir a los políticos de nuestros tiempos que más daño que los panfletistas que medran falsificando la verdad histórica ridiculizando a nuestros héroes nacionales para vender grandes volúmenes de sus ediciones comerciales, le hacen el desconocimiento o amnesia de nuestra historia independentista; ni Hidalgo ni Morelos se explicarían cómo a casi 200 años de la gesta independentista todavía no sólo perdimos la mitad del territorio patrio, sino además seguimos volteando al norte para respaldar a los virreyes que nos gobiernan con mentalidad entreguista y personalista.

El repaso de la historia nos llevaría a la toma de conciencia de que la razón y causa de la lucha y el sacrificio de los insurgentes del Siglo XIX sigue siendo la misma lucha de nuestros indígenas y marginados que no encuentran el espacio para la mínima realización humana que antes por la voracidad y codicia de los encomenderos y ahora por la deshonestidad de intereses inconfesables del Fobaproa, del Pemexgate y hasta encubriendo a la Conago para no ser auditado en el uso de los recursos federales.

Así con estas actitudes se siguen repitiendo contra las conductas de los ancestros contra los que se levantaron precisamente la insurrección de Hidalgo y de Morelos. Pensemos y reflexionemos en lo que hoy la historia nos señala y nos recomienda: ``voltear la espalda a estos hechos y no verlos repetidos en nuestra realidad nacional es traicionar el más elemental signo de nuestra identidad nacional''. Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra al señor diputado don Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo.

El diputado Joel Padilla Peña:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El pasado 15 de septiembre celebramos el CXCIII aniversario del inicio de la Independencia de nuestra nación. Fecha histórica que simboliza para todos los mexicanos la gesta heroica de nuestro pueblo para conseguir nuestra independencia del imperio español y liberarnos del yugo explotador al que fuimos sometidos durante casi 300 años.

Nuestra Independencia no fue la obra de caudillos, sino de gente valerosa que creyó en los ideales que impulsaban el cura Hidalgo, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y Guerrero, entre otros.

Este pueblo revolucionario, que estaba integrado por hombres del campo, que se debatía entre la miseria y la exclusión social a la que fueron sometidos por los españoles, a quienes la corona había beneficiado con enormes dotaciones de tierra expropiadas a nuestros pueblos indios de ése entonces.

Nuestros antepasados lucharon contra las fuerzas realistas que representaban los intereses del Rey Fernando VII y no escatimaron recursos para detener al movimiento libertador.

Sin embargo, la fuerza del pueblo se impuso y la Independencia se conseguiría después de más de 10 años de conflicto social, que a la postre sirvió para construir una nación independiente, no sin antes haber rechazado los intentos de establecer monarquías sean criollas como la de Iturbide o extranjeras como la de Maximiliano. Como también lo hace en el presente contra aquellos que con el pensamiento puesto en el pasado intentan revivir épocas imperiales ya canceladas por el heroísmo de nuestro pueblo.

Compañeras y compañeros diputados: una vez que se consiguió nuestra Independencia, nuestros antepasados se abocaron a la valerosa tarea de construir las instituciones que servirían de garante para que México se integrara a la cultura occidental, pero sobre todo para que se construyera el Estado mexicano.

Fue así como durante décadas nuestra nación se debatió en las luchas intestinas por configurar un Estado fuerte, comandado por un bloque hegemónico, con una visión de país que recogiera las aspiraciones de independencia, pero también el proyecto de impulsar el desarrollo de la economía capitalista en el México del Siglo XIX.

Compañeras y compañeros: el movimiento libertario de 1810 triunfó, también triunfó el proyecto de los liberales de conformar instituciones del Estado y de establecer la economía de mercado en nuestra nación. Justo es decirlo, ese triunfo llevó a México y al pueblo trabajador a otro tipo de atadura económica y política más brutal.

El desarrollo de la industrialización iniciada desde los albores del Siglo XIX hasta nuestros días condujo a crear un pequeño grupo de hombres poderosos que lo tienen todo y a una enorme masa de pueblo que no tiene nada, más que su fuerza de trabajo, la cual tiene que vender para poder subsistir.

El grado de industrialización que alcanzó nuestro país nos llevó por la dinámica de los hechos a volvernos dependientes de las corrientes comerciales y financieras de nuestro vecino del norte. Hoy día dependemos en gran medida de su ciclo económico y financiero.

La suerte de nuestro pueblo ha quedado sellada a los avatares de lo que ocurre en la economía norteamericana, por lo tanto la independencia que persiguieron los revolucionarios de 1810 quedó reducida a una gran dependencia con el imperio. Como tal no podemos lamentablemente hablar de independencia en el México moderno, cuando a todo esto tenemos que agregar la enorme miseria y exclusión social en la que se encuentra la mayor parte de nuestro pueblo.

En ese contexto, para las fuerzas democráticas de este país se impone la urgente tarea de transformar nuestro modelo económico, así como romper con la concentración de la riqueza de unos cuantos para construir un México más independiente, próspero y democrático; sólo de esta manera nuestra nación podrá transitar por un nuevo rumbo que reconozca que el progreso material y social debe estar y ser para el pueblo; ésa será la mejor manera de honrar la memoria de nuestro pueblo libertador, de los héroes que nos dieron patria y que sacrificaron su vida para que disfrutáramos de la libertad, para que fuéramos dueños de nuestro propio destino y que podamos heredar a nuestros descendientes un México con instituciones más sólidas en todos los ámbitos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, para hablar sobre el mismo tema, la diputada Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Alejandra Méndez Salorio:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla convocó a mujeres y hombres para que se levantaran en armas en contra de la tiranía española. Al exhortarlos les dijo: mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, porque nosotros somos los verdaderos dueños de estas tierras. A partir de ese momento se desató en México una cruenta lucha en busca de libertad y justicia.

Aquellos que sobrevivieron a 16 años de sangrienta contienda, tenían muy claro que la libertad ganada en aquella lucha era sólo el primer peldaño, el medio para alcanzar la igualdad entre hermanos, el derecho a un trabajo digno y bien remunerado, a una vivienda, a educación, en fin, a un mejor nivel de vida y a ser felices.

El 27 de septiembre de 1821 se consumó la Independencia de México y ese día, el último de la guerra y el primero de la libertad, el libertador Agustín de Iturbide saludó a la patria independiente con estas palabras: yo señalé el modo de ser felices, a ustedes toca el ser felices.

La libertad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de igualdad, seguridad, propiedad y libertad. A 193 años de celebrar un aniversario más del inicio de nuestra Independencia, urge que trabajemos por el bien de nuestra nación, dejar a un lado nuestras diferencias y atender la llamada de atención que hace la historia y no traicionar a los héroes que nos dieron patria y libertad, porque su lucha surgió para que viviéramos mejor.

Acabar con el mal gobierno fue una de las razones invocadas por Hidalgo al llamar a la insurgencia, para terminar retomando aquel grito de Dolores diciendo: ¡Muera el mal gobierno!

Las excesivas exigencias de la corona española que acompañaron a las reformas armónicas del último cuarto del Siglo XVIII, prepararon el escenario para la rebelión criolla y mestiza de 1810.

La Independencia se distingue en nuestra historia por habernos legado valores y vocación de Estado.

De Miguel Hidalgo la nación heredó por consecuencia de convocar la libertad del yugo conquistador, la abolición de la esclavitud.

Del generalísimo Morelos obtuvimos leyes, Congreso y la Constitución de Apatzingan.

Las mujeres insurgentes Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, nos enseñaron el valor y la tenacidad.

Y de los hermanos Bravo el valor de la patria por encima de los afectos familiares.

Valoremos y acrecentemos el gran sentido de los padres de la patria, forjando un México justo y libre para todos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra, para hablar sobre el mismo tema, el señor diputado don Omar Ortega Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Omar Ortega Alvarez:

Con su venia diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados.

Cuando la mañana del 16 de septiembre de 1810 el padre Hidalgo llamó al pueblo a levantarse en armas, lo hizo con la firme convicción de que los americanos ya éramos mayores de edad y podíamos gobernarnos solos. Sabía que no necesariamente vería el triunfo de su causa, sin embargo había que hacerlo.

A su lucha se sumaron grandes hombres y mujeres con sueños independentistas, entre ellos un discípulo: el padre Hidalgo, el generalísimo don José María Morelos y Pavón.

Juntos, dieron grandes batallas y aunque no vieron culminado su esfuerzo, sembraron la semilla de libertad entre sus habitantes.

De aquél México cómo olvidar aquellos Sentimientos de la Nación y el final trágico de todos ellos, aunque más trágico resultaría su fin si permitimos borrar sus gloriosas en mención de acuerdos de unidad.

Cayeron en defensa de sus sueños, sumando a su causa a miles de desposeídos; a la distancia todo tiene quizá un tono menos dramático pero no por ello menos importante, sin embargo, a esa misma distancia, los elementos que dieron a esa lucha independentista resurgen en nuestro territorio con más y canallescas formas de explotación.

Hoy, ya no hace falta la bayoneta y el cañón; hoy, las nuevas conquistas se hacen por medio del capital y los mercados internacionales. La violencia física se ha cambiado por la explotación del trabajo asalariado; nuestro país, inmerso en este fenómeno que se llama globalización maquila productos que no consumimos y con salarios que sólo permiten la sobrevivencia cotidiana, esto desalienta a los trabajadores porque no se nos habla de independencia y próceres, y sin embargo los trabajadores no son dueños ni de la tierra que pisan.

En este sentido, es evidente que a más de 190 años el proceso de independencia no sólo no se ha concluido sino por el contrario, ha dado marcha atrás en sectores importantes de la economía.

Capitales extranjeros, con la venia del Gobierno, se apoderan de nuestras riquezas y los trabajadores siguen dependiendo de voluntades ajenas. Estos obstáculos no han podido, a pesar de las cruentas batallas, mellar los sueños de independencia de todos los mexicanos.

Convencidos de la construcción de una patria libre y económicamente fuerte, sostengo como el veterano de mil batallas que enarbola la bandera patria en el poema sin precedente de Juan de Dios Peza, que entre otras cosas reza: ``Al defender patria y honor, tiemblo más no retrocedo; tengo brazos sin vigor, pero corazón sin miedo; tanto heroico amigo ausente: Hidalgo, Guerrero, Morelos si vivís aquí en los cielos, velad por este insurgente; por este suelo velad y mantened sobre sus hijos el sol de la libertad. Que el mar se los trague fiero y que sus montañas se allanen antes que lo profanen las plantas del extranjero''.

Los gobiernos tienen una deuda histórica con México. Los sueños de libertad y de independencia económica no deben quedar en los libros de historia, rescatemos esos sueños por el bien de nuestra gente.

Es cuanto.

Presidencia de la diputada Amalia Dolores García MedinaLa Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

Muchas gracias.

Para el mismo tema, la conmemoración del CXCIII aniversario del inicio de la Independencia, tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Vázquez García, del Partido Acción Nacional.

El diputado Sergio Vázquez García:

Con el permiso de la Presidencia.

Las fiestas patrias son la celebración de la Independencia política de México, de su nacimiento como Estado soberano en el concierto internacional de los pueblos, don José González Torres.

Compañeras y compañeros diputados: hace 193 años, en la madrugada de un 16 de septiembre, iniciaba para México una nueva historia y se empezaba a escribir en la vida de un pueblo reprimido esclavizado y ávido de libertad, un destino difícil, doloroso y a la vez lleno de esperanza y de ilusiones.

Hace 193 años, nació para el México del Siglo XIX, una lucha que enarbolaba en cada hombre criollo, indígena o mestizo, el principio de igualdad ante la ley, luchando contra la esclavitud y buscando por supuesto, el nacimiento de un nuevo estado, de una nación, en resumen la independencia del pueblo mexicano.

Un movimiento de independencia que tuvo como principales precursores a Miguel Hidalgo y Costilla, a Josefa Ortiz de Domínguez, Abasolo, Allende, Pedro Moreno y José María Morelos y Pavón, hombres y mujeres, cuyos ideales de libertad, igualdad, soberanía, división de poderes y autodeterminación de los pueblos, quedaron plasmados en dos documentos básicos, en este movimiento armado.

Primero. En el bando en donde se declara la Abolición de la Esclavitud, publicado por el cura Hidalgo, en la ciudad de Guadalajara en el mes de diciembre de 1810.

Segundo. En el Congreso de Chilpancingo en donde José María Morelos y Pavón, publica su documento denominado: ``Sentimientos de la Nación'', en el año de 1813.

Hoy, a 193 años del inicio de nuestra independencia y a 182 años de haberse consumado, esos principios siguen vigentes y están consagrados en nuestra Carta Magna, ideales que establecen en su contenido un respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana y un amplio respeto a las instituciones democráticas.

Hoy, la igualdad ante la ley y el rechazo a las diversas formas de esclavitud establecidas esencialmente en los artículos 1º, 2º, 4º, 6º y 7º constitucional, son respetadas y fomentadas por el gobierno emanado de Acción Nacional. Hoy es respeto a la expresión de las ideas, el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, a la equidad y género son una realidad en el pueblo mexicano.

Hoy, la soberanía y la aleación de poderes, son principios importantes que están establecidos en nuestra Constitución, en sus artículos 39, 40 y 41 y donde se establece claramente la potestad del pueblo mexicano de autodeterminarse, de poder establecer a través de las instituciones democráticas su forma de gobierno que no es otra que la República representativa y Federal.

Estos ideales por los cuales Acción Nacional ha luchado por más de 60 años y que hoy, en este recinto legislativo, a través de su grupo parlamentario ratifica como única forma de establecer para México una vida democrática plena en donde verse la tolerancia, el consenso y el respeto a las instituciones, para lograr con ello mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.

Hoy, en este mes tan importante para México el grupo parlamentario de Acción Nacional hace un llamado a todos los que formamos parte de este Congreso de la Unión, al pueblo de México y sobre todo, a los demás poderes del Estado, que dentro de esa división sana y necesaria que ya existe en nuestro país, no se ciegue la coordinación entre poderes, no se cierre la puerta a los consensos y que no se establezca un falso discurso en este principio fundamental de independencia de poderes, para convertir a cualquiera de estos en dependiente de los otros o se mantenga una distancia tan grande que queden a un lado los grandes temas del país.

Es importante reflexionar que aun cuando han pasado casi 200 años de tener un México independiente, necesitamos consolidarlo cada día más y más esta independencia anhelada. El fomento a una economía sana que se traduzca en bienestar para las familias, la consolidación de nuestras instituciones democráticas que nos haga corresponsables del destino del país, que cumplamos, como dijo Morelos: ``en que la ley que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, apoderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Esto implica, compañeras y compañeros diputados, que el combate a la corrupción sea sin cortapisas, que le demostremos a los mexicanos que depositaron su confianza en nosotros que nadie, nadie puede estar ni debe estar por encima de la ley. Implica además asegurarnos que la sensibilidad con que llegamos a este Congreso no se pierda en el quehacer cotidiano de nuestro parlamento y que esa sensibilidad nos sirva para buscar, como esos héroes que nos dieron patria, mejores leyes, con equidad y sobre todo con sentido social.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

Gracias.

Tiene para el mismo tema el uso de la palabra el diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Más allá de la convivencia y el fervor patriótico que propicia la conmemoración de nuestra Independencia, me pregunto si hay en nuestro mundo global la posibilidad actual y viabilidad futura para nuestra independencia.

Ante los resultados de la semana pasada en Cancún, ¿no será más bien pesimista el panorama para nuestra independencia y soberanía frente a la globalización? En México frente a este fenómeno se replanteó hace unos años el papel del Estado en la economía, abandonándose su carácter de propietario; se impulsaron reformas estructurales en diversos sectores económicos que fueron abiertos a la competencia internacional y a la inversión privada; se trató de reformas que a la distancia se evidencian incompletas, pues no estuvieron acompañadas de medidas que prepararan para la competencia a quienes no lo estaban en ese momento.

Así, la mayor competencia se ha traducido en marginación de amplios grupos, primordialmente en el sector rural. También ha significado que multitud de pequeñas y medianas empresas hayan desaparecido y sientan en riesgo su sobrevivencia, pero en los nuevos retos que enfrenta nuestra independencia no basta ya con mirar sólo al mundo occidental y las potencias económicas que conocemos; es verdad que tenemos al gigante a un lado, pero estamos empezando a ser cabeza de playa en la lucha que se verificará en las próximas décadas y no nos damos por enterados.

Los gigantes asiáticos, sobre todo aquellos cuyo costo laboral se acerca a cero, tienen una clara estrategia económica en la que no somos su principal objetivo, pero sí ya un instrumento en su lucha por acceder a mercados más amplios. En ese intento que es todavía incipiente han dado cuenta ya de varias industrias mexicanas; pregunten a los textileros, a los zapateros, a los jugueteros, a los desempleados de las maquiladoras. Tenemos ya hasta imágenes religiosas y artesanía mexicana ``made in China''. Pudiera ser meramente anecdótico el dato si no fuera trágico para las miles de familias mexicanas que encontraban en su fabricación su diario sustento.

Pero, ¿con qué instrumentos cuenta la nación para enfrentar estos desafíos? En primer término la Constitución mexicana, que prevé el Estado de Derecho, las libertades individuales y las garantías sociales. El Estado que puede mantenernos independientes en la globalización es uno de carácter liberal en lo político, social en sus propósitos y cuya acción siempre esté basada en el derecho; un Estado que honre la Constitución General de la República como la máxima expresión de la soberanía y del acuerdo político.

Entendemos a la soberanía como el factor primordial que une al pueblo de México y nos pronunciamos por la vinculación de nuestro país a la economía mundial, con apego a los principios de independencia, coexistencia pacífica, corresponsabilidad y cooperación mutua entre las naciones.

El desafío moderno para México consiste en evitar el aislamiento para no ser presa fácil y vulnerable a las transformaciones mundiales; participar en la vida política y económica internacional es la mejor defensa de la soberanía. En cada decisión global, regional o bilateral en la que intervenga México debe afirmarse su independencia y la protección de sus intereses.

Es urgente la promoción de un esfuerzo auténtico y sistemático, de carácter interno y externo, para fortalecer a nuestros productores y así penetrar los mercados abiertos por los tratados de libre comercio.

Compañeros legisladores: con la política podemos avanzar independientes en el complicado entorno de la globalidad. La política nos ofrece la posibilidad de modelar la realidad a través de nuestros ideales, es también conciliación de intereses para alcanzar la concordia social nacional y mundial.

Sí es posible la independencia en la globalidad, siempre que exista un compromiso nacionalista y se encuentra la política el sentido y la dirección adecuada frente a los nuevos retos, una política que trascienda a la perplejidad que la ineptitud ha ocasionado y que compartida, construida por todos, pueda conducirnos a mejores estadios de vida a los mexicanos.

En esta Cámara tenemos el reto de impulsar la política, la mejor política, lograr acuerdos y lograr un México fuerte que pueda continuar celebrando cada año, la independencia nacional. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

Gracias, señor diputado.

---

SISMOS DE 1985
La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

Para conmemorar el XVIII aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985, han pedido la palabra diputados de distintos grupos parlamentarios.

Tiene en primer lugar el uso de la tribuna, el diputado Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.

El diputado Oscar González Yáñez:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Seremos muy breves. No debemos olvidar que la prevención es una actividad que debe de asumir el gobierno con conciencia y a cabalidad.

Por eso en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hacemos un llamado a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno, para conjuntar sus responsabilidades y esfuerzos y desarrollar los medios para brindar respuesta oportuna y eficaz, como lo espera la sociedad mexicana cuando se presentan este tipo de fenómenos naturales.

La gran lección que dejó a la sociedad el 19 de septiembre, fue arraigar en ella la solidaridad y la movilización, como formas de cooperación para enfrentar las contingencias de la naturaleza. No lo debemos de olvidar, mucho menos ahora que muchos mexicanos tienen necesidad de la atención, de prevención de fenómenos naturales en todo el país.

Por eso el Partido del Trabajo el día de hoy, no quiere olvidar este hecho y quiere honrar la memoria de las víctimas del 19 de septiembre y solicita a la Presidencia, de la manera más atenta, se guarde un minuto de silencio a manera de homenaje a estos mexicanos que perdieron la vida.

Muchas gracias.

La Presidente diputada Amalia Dolores García Medina:

Gracias, señor diputado.

Atendiendo la solicitud para guardar un minuto de silencio para recordar a los mexicanos, mexicanas que perdieron la vida el 19 de septiembre de 1985, se solicita a todos los legisladores, ponerse de pie.

(Minuto de silencio.)

Muchas gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gilberto Ensástiga Santiago del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago:

Diputadas y diputados; diputada Presidenta:

Eran exactamente las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, un sismo de 8.0 grados sacudió a la Ciudad de México, oficialmente murieron 6 mil personas, más de 2 mil construcciones se desplomaron y otras miles quedaron severamente afectadas.

En medio del drama y del desorden reinante, se registraron también escenas muy emotivas que valen la pena recordar, el rescate de un grupo de niños de los escombros de lo que fue el hospital Juárez, fue una de tantas que quedaron impresas en la memoria colectiva de los mexicanos.

¿Cómo olvidar la solidaridad de quienes abrieron las puertas de sus casas, para alimentar y calmar la sed de socorristas y voluntarios? En las ruinas de los edificios aparecieron miles de voluntarios, llegaban de uno en uno o en grupos pequeños y sin preguntar o decir nada, se convirtieron en rescatistas, entendieron como prioritario evitar más muertes y lo hicieron sólo con sus manos, porque no había otra herramienta al alcance. Cientos de atrapados bajo los escombros deben su vida a estos voluntarios, otros miles organizaron los albergues y el acopio y distribución de víveres y medicinas, para quienes efectivamente lo necesitaban.

Los menos, no hicieron nada, se quedaron pasmados, como si negando la realidad ésta dejara de existir, entre otros, estaban todos los que deberían velar por su seguridad.

Las autoridades en aquel momento minimizaron todo, para ellos seguía siendo el país en el que nada pasaba, si ellos no lo reconocían.

Hoy, es muy importante preguntar si efectivamente estamos preparados para los siniestros, el deber de quienes estamos aquí, quienes representamos al pueblo de México, nos obliga a seguir manifestando esta preocupación, y desde luego que encontremos respuestas de las autoridades cuando se presenten desastres naturales.

Para nosotros es necesario reconocer los logros que se han alcanzado en materia de prevención pero también hay que decirlo, que ningún esfuerzo es suficiente cuando lo que está en peligro son las vidas humanas.

Es importante que en el marco de esta conmemoración, hablemos del heroísmo, es importante que más allá del escarnio que pueda reflejar esta discusión con los hechos que suceden en este país, busquemos reconocer que la solidaridad, que el esfuerzo del 85, que el despertar de las conciencias ciudadanas abrieron un nuevo panorama a varios sectores de esta ciudad que hoy no tienen partido.

Este 19 de septiembre de 2003 al conmemorar 18 años de aquel suceso, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, manifiesta su más sentido pésame a los familiares de todos aquellos que fallecieron durante el sismo de 1985, y a su vez expresa un reconocimiento a todos los héroes anónimos que salvaron muchas vidas humanas, y sobre todo a los pueblos del mundo que con su solidaridad contribuyeron a levantar de los escombros y a reconstruir esta ciudad.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

Muchas gracias diputado.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Jorge Legorreta Ordorica:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8.5 grados Richter, azotó la Ciudad de México dejando miles de muertos y heridos; cientos de edificios cayeron; familias completas quedaron atrapadas bajo los escombros; el Centro Médico Nacional, el edificio Nuevo León en Tlaltelolco y diversos hoteles, restaurantes y edificios se colapsaron ante la incontrolable fuerza de la Tierra.

Ante la catástrofe la sociedad civil reaccionó valerosa y organizadamente. De manera espontánea surgieron cuadrillas de rescate y cientos de grupos vecinales se unieron contra la desesperación y el desamparo que cundía en esos momentos.

El 19 de septiembre es sin duda un hito en la historia social de nuestro país. Fue una dura prueba que la sociedad en su conjunto supo sortear. Fue una muestra del poder de la solidaridad y de la organización comunitaria.

Dieciocho años después podemos afirmar que la sociedad civil tuvo un duro despertar el 19 de septiembre. Pero que fue entonces cuando pudo hacer conciencia de sus capacidades autónomas y de su poder de respuesta.

La transición a la democracia sería impensable sin el acelerado aprendizaje que la sociedad civil tuvo en los momentos, los días y los meses que sucedieron al temblor. La organización social consciente y sostenida que surgió del terremoto, no se agotó en poco tiempo sino que dio lugar a nuevas formas de participación.

Asimismo el gobierno no debe olvidar su responsabilidad en la destrucción de la ciudad. La mala legislación, la especulación inmobiliaria, la corrupción de funcionarios públicos, contribuyeron al colapso de más de 500 mil escuelas, numerosos hospitales, multifamiliares y oficinas públicas. Bien se ha dicho que la corrupción es una pésima constructora.

Asimismo en esta fecha es necesario no olvidar los problemas tan acuciantes por los que atraviesa nuestra ciudad: la contaminación ambiental, problemas de agua, la acumulación de la basura, el crecimiento desmedido y la existencia de múltiples asentamientos irregulares.

El problema del agua ilustra elocuentemente los problemas ecológicos y de planeación por los que atraviesa la ciudad. Es necesario recordar que siete de cada diez litros de agua se extraen del subsuelo capitalino creando grandes oquedades que ponen en peligro a la ciudad en su conjunto. La recarga de los mantos acuíferos del Valle de México es así un tema fundamental para la seguridad de nuestra urbe.

La protección de los bosques que rodean la Ciudad de México es en ese sentido una prioridad que no debemos olvidar. Hacer conciencia de que la seguridad de las viviendas de los capitalinos depende de la captación de agua de los bosques aledaños, es fundamental para entender la complejidad de los problemas por los que atraviesa la Ciudad de México.

Es necesario reconocer los servicios ambientales que proveen dichos bosques, ya que la salud ambiental no es un bien en sí mismo, sino que redunda directamente en cuestiones de vida o muerte.

La Ciudad de México es sólo un ejemplo de las acciones necesarias para la República en su conjunto. Esta es una lección que no debemos olvidar.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada Amalia Dolores García Medina:

Muchas gracias, diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Herrera Tovar, del Partido Acción Nacional.

El diputado Ernesto Herrera Tovar:

Con su venia señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

El 19 de septiembre de 1985 con los primeros rayos del sol miles de hombres, mujeres y niños, se aprestaban a iniciar sus labores. Cientos de fábricas se encontraban trabajando, algunas escuelas ya contaban con la asistencia de alumnos y profesores y en todos los hogares las familias se preparaban para el nuevo día.

Pasadas las 7:00 de la mañana un primer terremoto trastocó los edificios, las calles y las almas de millones de mexicanos que habitamos en esta ciudad capital. Han pasado 18 años desde que ocurrieron los terremotos más catastróficos que se recuerden en la Ciudad de México y en el país; aún tenemos en la memoria las tristes imágenes que fueron comunes durante los funestos días del 19 y 20 de septiembre de 1985.

De acuerdo a cifras oficiales, se estima que en aquel evento murieron alrededor de 10 mil personas y hubo pérdidas materiales por 4 mil millones de dólares

Muchos de los aquí presentes aún no dejamos de pensar que tal vez aquellas escenas dramáticas como las de entonces pudieron evitarse, no porque se puedan adivinar los terremotos y catástrofes naturales, sino porque para nadie era desconocida la situación de vulnerabilidad de la ciudad ante cualquier catástrofe natural.

En ese momento, al igual que hoy día, contábamos con una ciudad mal planificada y con una gran burocracia que se había enriquecido ilegalmente a partir de usar el gobierno y el Estado para negocios particulares y que a la hora de la tragedia permaneció indiferente.

Hoy reafirmamos lo que nuestro partido ha sostenido desde aquel día; el 19 de septiembre de 1985 es un ejemplo claro de la incapacidad y de la corrupción del sistema político que en ese momento prevalecía.

Los sismos del 19 y 20 de septiembre del año 1985 nos han dejado varias lecciones que debemos de considerar para prevenir, en lo posible, y evitar tragedias. En primer lugar, esta tragedia afectó a los más desprotegidos, a los que poco o nada tenían.

Según cifras oficiales, en aquel momento se quedaron sin vivienda más de siete mil personas, hubo más de cuatro mil heridos y aproximadamente 10 mil muertos, la mayoría de ellos mexicanos de clase baja.

Ahí estaban entre los escombros los cadáveres de los trabajadores y costureras, los niños y mujeres, ancianos de las vecindades de las colonias populares. Las familias enteras entre los escombros del edificio Nuevo León en Tlaltelolco.

Cientos de familias tuvieron que vivir a la intemperie en la calle en albergues y campamentos. Esta herida tardó en sanar más de cinco años, debido ya no sólo al sismo sino a que a esto se sumó la incapacidad de los programas de vivienda oficiales en donde además de una gran burocracia y una tramitología interminable hubo de soportar una actitud de corrupción desde funcionarios y dirigentes de estos programas.

Otra lección se refiere a la solidaridad internacional. Miles de toneladas de alimentos y ropa llegó de las organizaciones extranjeras y cuerpos especializados de salvamento. Aún recordamos a los bomberos franceses y a los miembros de Rescate Internacional en las ruinas del hospital Juárez, trabajando noche y día para encontrar a los sobrevivientes mientras hubiera la más mínima esperanza de vida.

De esta fecha al momento la sociedad mexicana ha pasado por varios momentos que la han marcado. Así, las movilizaciones sociales producto de los sistemas que representaron un parteaguas en lo que se refiere a la participación de la ciudadanía en las decisiones de esta ciudad.

De igual manera, julio del 2000 marcó el inicio de la toma de decisiones políticas para que el país retomara el rumbo democrático, para que el país tomara en sus manos las grandes decisiones de su transformación en un país moderno y avanzado.

A 18 años de la tragedia se debe realizar un análisis serio de lo ocurrido, revisar las carencias que a la fecha se tienen para enfrentar una situación de emergencia y valorar los avances en materia de protección civil.

En este sentido hacemos un llamado a las autoridades de la Ciudad de México para que de manera seria den un informe de las condiciones de vulnerabilidad de esta ciudad capital. Esto a fin de establecer las medidas adecuadas en materia de protección civil ya que, como se ha observado, el gobierno de la ciudad ha mostrado un insuperable desprecio a la participación ciudadana en esta materia.

Ejemplo de ello es que no se ha convocado desde hace más de tres años al Consejo de Protección Civil de la Ciudad de México.

El mejor homenaje de parte de los partidos políticos será indudablemente el abandono definitivo de la política de corporativización de las organizaciones vecinales y el manejo de los apoyos directos entre el Gobierno y damnificados, sin ningún uso electoral.

Por su atención, muchísimas gracias.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Se le concede el uso de la palabra, para el mismo tema, a la diputada Claudia Ruiz Masseieu Salinas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Hoy conmemoramos que mañana se cumplen 18 años de los sismos que en 1985 sacudieron a la Ciudad de México. Su saldo fue devastador, los daños sin precedentes en nuestro país. Los daños materiales se cuantifican en lo millonario, pero lo más importante, la pérdida de vidas humanas, se cuantifica en los cientos.

El 19 de septiembre se convirtió en una fecha dolorosa e inolvidable para todos los mexicanos.

El grupo parlamentario del PRI desde esta tribuna, se une al sentimiento de la sociedad mexicana. Desde aquí recordamos con dolor a las víctimas de los sismos y compartimos la pena que sufren quienes perdieron a alguien en ese desastre natural.

Hoy recordamos a las víctimas de ese lamentable sismo; recordamos el dolor de sus familias; pero recordamos también la unidad, la fraternidad y la grandeza del pueblo de México.

El 19 de septiembre de 1985 fue un parteaguas en la madurez cívica de nuestro pueblo, marcó el inicio de la participación ciudadana, como nunca la había visto, pues los mexicanos nos volcamos a la tarea de ayudar a quienes en ese momento requerían asistencia física o material.

Cumplen un año más muchos que fueron rescatados de los escombros y que con su vida atestiguan el heroísmo de los rescatistas que en aquellas horas de dolor y confusión sumaron sus esfuerzos en la tarea de hacer frente a lo inaudito. A ellos los recordamos con respeto y agradecimiento.

Recordamos también a los miles de mexicanos que únicamente con su voluntad y medios personales en jornadas desesperadas de trabajo sumaron esfuerzos para contribuir en las tareas de rescate y atención.

Dieciocho años transcurridos desde aquel dolor humano, pero 18 años desde aquella lección de humanidad también.

En medio de la adversidad los mexicanos todos metimos hombro sin hacer caso de diferencias ficticias, de condiciones ni de ideologías para contribuir a las tareas de salvamento, ayudar al restablecimiento del orden y a la construcción de una cultura de la participación ciudadana y de la prevención que a lo largo de los años en beneficio de los damnificados por otros fenómenos naturales: huracanes, lluvias, inundaciones o fuegos han rendido su fruto.

Hoy, pues, conmemoramos también el despertar de los mexicanos. La movilización ciudadana, producto de los sismos, fue una lección de madurez y responsabilidad cívica que perfilaba al México democrático que hoy vivimos.

Demostramos que con unidad, trabajo conjunto y movilización de la ciudadanía, no hay adversidad que sea insuperable.

La experiencia y capacidad adquiridos desde entonces han sido fuente invaluable de recursos en otros momentos y circunstancias adversas.

Las nuevas generaciones de mexicanos deben de recordar y saber que el 19 de septiembre es una fecha fundamental para entender al México democrático del presente.

La construcción de la cultura de la prevención, la eficientación de los recursos económicos-institucionales y humanos disponibles para hacer frente con prontitud a los desastres naturales y situaciones de emergencia, la cultura de la ayuda, la participación ciudadana, la construcción de un marco jurídico que dote de seguridad y garantía a los mexicanos, es la tarea fundamental, para que cuando lo que no se pueda evitar ocurra, el entramado de condiciones jurídicas, materiales y sociales, constituya una red de seguridad que acote los efectos de lo incontrolable.

Sirva pues esta conmemoración también para actuar, para que todas las autoridades, todos los niveles de gobierno y cada quien en su ámbito de competencia, trabajemos por evitar en la medida de lo posible que estos eventos causen tantos años.

Debemos avanzar en la modernización de las normas de construcción y de asentamientos humanos, en mejorar la calidad de la obra pública, perfeccionar y mejorar las políticas de protección civil y prevención de desastres; evitar lo evitable y que lo inevitable nos encuentre preparados.

En el grupo parlamentario del PRI, nos sumamos con responsabilidad, sobriedad y respeto a todos los mexicanos en la conmemoración de los sismos.

Como legisladores decimos con firmeza que nunca más la ausencia de los mecanismos jurídicos e institucionales o de la normatividad irresponsable, será un factor para la tragedia.

Como uno de los Poderes de la Unión, vigilaremos que la autoridad no mire hacia otro lado y por omisión o inanición genere las condiciones para la catástrofe.

Como mexicanos manifestamos el compromiso inquebrantable de contribuir siempre con aquello que esté a nuestra mano, al auxilio de nuestros compatriotas que se ven afectados por un desastre natural.

Desde el punto de vista legislativo, institucional y personal, poner lo necesario para que el saldo de los sismos de 1985 no se repita nunca, es el tributo más respetuoso y eficaz que podemos rendir a las víctimas de los sismos de 1985.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputada.

Agotada la lista de oradores, sírvase la Secretaría dar lectura a un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y someterlo a la consideración del pleno.

---

ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Proyecto de acuerdo parlamentario presentado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

«Acuerdo parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados.

La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Consulta a la Cámara el presente proyecto de acuerdo

Primero. El presente acuerdo regulará exclusivamente lo relativo al formato que habrá de observarse durante las comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados.

Segundo. Los grupos parlamentarios enviarán sus cuestionamientos al servidor público correspondiente con una anticipación de 72 horas naturales a la realización de la comparecencia, los cuales serán dados a conocer a los medios de comunicación y publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Tercero. Las sesiones en que se desahoguen las comparecencias se desarrollarán conforme a las siguientes bases:

I. El orden de intervención de las diputadas y los diputados para los cuestionamientos y las réplicas será el siguiente: C, PT, PVEM, PRD, PAN, PRI, PRD, PRI, PAN, PRI.

II. En primer término, se presentará el cuestionamiento hasta por 10 minutos.

III. A cada cuestionamiento, el funcionario o la funcionaria responderá hasta por 10 minutos.

IV. En seguida, la legisladora o el legislador podrá hacer una réplica hasta por cinco minutos.

Cuarto. Las comparecencias que se realicen ante comisiones se desarrollarán conforme a estas mismas reglas.

Quinto. Las comparecencias en el pleno serán las siguientes:

Martes 23 de septiembre: Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Jueves 25 de septiembre: Secretaria de Desarrollo Social.

Martes 30 de septiembre: Procurador General de la República.

Jueves 2 de octubre: Secretario de Gobernación.

Las comparecencias en comisión se llevarán a cabo conforme a la programación que acuerde la Junta de Coordinación Política.

Los servidores públicos del Ejecutivo Federal serán citados por el Presidente de la Cámara.

Artículo transitorio

Unico. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a los dieciocho días del mes de septiembre de 2003.--- Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica pa), Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica pa), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Dip. Jesús E. Martínez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Un momento, Secretaria.

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Alejandro González Yáñez(desde su curul):

Para hacer una precisión de la comparecencia del Secretario de Gobernación.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Adelante, por favor.

El diputado Alejandro González Yáñez (desde su curul):

Dice: ``Martes 2 de octubre''. Debe de decir: ``Jueves 2 de octubre''.

Gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Le agradezco y se toma nota.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Sí, señor Presidente.

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Por mayoría, diputado Presidente, ha sido aprobado.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Aprobado.

Continúe la Secretaría con el orden del día.

---

ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Señor Presidente: se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 23 de septiembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaria de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica, que con motivo del CLXXXII aniversario de la consumación de la Independencia Nacional, tendrá lugar el 27 de septiembre a las 10:00 horas en la columna a la Independencia, en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Con el que se remite copia de la contestación del director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, en relación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

---

CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña (a las 15:49 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 23 de septiembre a las 11:00 horas, en la que comparecerá el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Y se les informa que las listas de registro de asistencia estarán desde las 9:30 horas.

---

RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 27 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 391 diputados.

Minuto de silencio: 2.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2.

Efemérides: 3.

Agenda política: 1.

Proposiciones con punto de acuerdo: 5.

Punto de acuerdo aprobado: 2.

Oradores en tribuna: 42

PRI-10; PAN-7; PRD-12; PVEM-5; PT-5. PC-3.

Se recibió:

1 comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

1 iniciativa del Congreso del estado de Baja California;

1 iniciativa del PRI;

1 minuta proyecto de decreto;

1 minuta para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional;

1 minuta para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación por el que se solicitan los permisos necesarios para que 4 ciudadanos puedan prestar servicios en representaciones diplomáticas.

---

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alvarez Romo, Leonardo (PVEM) Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 72

Avila Serna, María (PVEM) Migrantes: 85

Chávez Ruiz, Adrián (PRD) Estado de Quintana Roo: 63

Ensástiga Santiago, Gilberto (PRD) Sismos de 1985: 99

Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Estado de Chiapas: 87

García Laguna, Eliana (PRD) Migrantes: 84

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 72

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Independencia de México: 92

González Yáñez, Oscar (PT) Sismos de 1985: 98

Herrera Tovar, Ernesto (PAN) Estado de Guanajuato: 82

Herrera Tovar, Ernesto (PAN) Sismos de 1985: 100

Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM) Sismos de 1985: 100

Luna Hernández, J. Miguel (PRD) Estado de Guanajuato: 75

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC) Fondos Federales: 65

Méndez Salorio, Alejandra (PVEM) Independencia de México: 94

Meza Cabrera, Fidel René (PRI) Paquete Económico: 61

Mícher Camarena, Martha Lucía (PRD) Estado de Guanajuato: 79

Orantes López, María Elena (PRI) Estado de Chiapas: 91

Ortega Alvarez, Omar (PRD) Independencia de México: 95

Ovando Reazola, Janette (PAN) Estado de Chiapas: 90

Padierna Luna, María de los Dolores (PRD) Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 69

Padilla Peña, Joel (PT) Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 71

Padilla Peña, Joel (PT) Independencia de México: 93

Pérez Góngora, Juan Carlos (PRI) Paquete Económico: 58

Portillo Ayala, Cristina (PRD) Paquete Económico: 62

Portillo Ayala, Cristina (PRD) Secreto Profesional de Periodistas: 73

Rangel Hernández, Armando (PAN) Estado de Guanajuato: 78

Rueda Sánchez, Rogelio Humberto (PRI) Independencia de México: 97

Ruiz González, Tomás José (PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 45

Ruiz Massieu Salinas, Claudia (PRI) Sismos de 1985: 102

Saldaña Villaseñor, Alejandro (PRI) Estado de Guanajuato: 79

Sigala Páez, Pascual (PRD) Estado de Guanajuato: 81

Toscano Velasco, Miguel Angel (PAN) Paquete Económico: 61

Tovar de la Cruz, Elpidio (PRD) Migrantes: 86

Ulloa Pérez, Gerardo (PRD) Estado de Chiapas: 89

Vázquez García, Sergio (PAN) Independencia de México: 96

Vázquez González, Pedro (PT) Paquete Económico: 60

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Estado de Guanajuato: 77, 83

Vega Rayet, Juan Manuel (PRI) Area de Libre Comercio de las Américas: 67

Velasco Coello, Manuel (PVEM) Estado de Chiapas: 88

Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia (PAN) Estado de Guanajuato: 80