DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 23 de septiembre de 2003	Sesión No. 8

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 367 diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:18 horas):

Gracias, señor Secretario.

Se ruega a todas las personas que no sean legisladores, tengan la bondad de ocupar sus lugares.

Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

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ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 23 de septiembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comparecencia del Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica, que con motivo del CLXXXII aniversario de la Consumación de la Independencia Nacional, tendrá lugar el 27 de septiembre a las 10:00 horas en la Columna a la Independencia, en Paseo de la Reforma y Río Tiber, delegación Cuauhtémoc.

De la diputada María de la Luz Arias Staines.

Protesta de diputados.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite copia de la contestación del director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Iniciativas de diputados

De Ley de Protección Civil para las Areas Rurales, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal a fin de que a la brevedad posible expida y publique el Reglamento de Ley de Energía para el Campo y demás disposiciones administrativas necesarias, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México, a cargo del diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar el esclarecimiento del asesinato de la licenciada Griselda Teresa Tirado Evangelio, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo relativo a un homenaje de la LIX Legislatura, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para que el Fonden libere y entregue de manera inmediata, los recursos para las regiones declaradas como zonas de desastre y puedan resolver urgentemente las contingencias presentadas, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados, se pronuncie y exhorte al Presidente de la República, para apoyar las iniciativas tendientes a favorecer la más rápida retirada de las tropas de ocupación norteamericanas del territorio iraquí, la transferencia del poder a los representantes de ese pueblo y el respeto irrestricto a su soberanía nacional, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados, se pronuncie para que se suspendan de inmediato los cortes de suministro de energía eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad, está llevando a cabo contra los productores del campo chihuahuense, que utilizan sistemas de riego por bombeo y restituya el servicio a los afectados, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y demás actores institucionales que participan en el Sistema Nacional de Protección Civil, lleven a cabo las acciones necesarias, tendientes a fortalecer las medidas preventivas, de reconstrucción y de rehabilitación, en las zonas afectadas por la acción de diversos fenómenos de origen hidrometeorológico, en donde se privilegie la protección de la vida y bienes de las personas, así como del medio ambiente, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la situación en Unión Hidalgo, Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la situación de la niña Lizeth Peña Sosa, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados se pronuncie a favor de un convenio de liquidación de adeudos definitivos, con costos para los productores que les permitan recuperar su capacidad productiva, en un plazo de 30 meses, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación con las personas que resultaron damnificadas por las inundaciones en el estado de Michoacán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se revise el dictamen y se discuta en el pleno, la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y la comparecencia en comisiones unidas del titular de la Sagarpa, a cargo del diputado Oscar Martín Ramos Salinas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se exhorte a la Sagarpa, para que entregue de inmediato a los productores agropecuarios de Tamaulipas los apoyos pendientes, autorizados en el presupuesto de 2003, para el Programa de Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales, a cargo del diputado Baltazar Hinojosa Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que solicita una sesión solemne el día 16 de octubre, para conmemorar el Quincuagésimo aniversario del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres a votar y ser elegidas, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat, así como a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, a que se realicen los trámites correspondientes para la detención de los dos desembarcos en el puerto de Veracruz, de sorgo, maíz y trigo genéticamente modificados, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)»

Cumplida su instrucción, señor Presidente.

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Por lo que se les pide a los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Gracias.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dieciocho de septiembre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos noventa y un diputadas y diputados, a las once horas con veintidós minutos del jueves dieciocho de septiembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día. Desde su curul el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, solicita se consulte a la Asamblea si aprueba inscribir un punto en el orden del día, relativo a la liberación de Lorenzo Llona Olalde. La Presidencia atiende la solicitud y la Asamblea no admite la inscripción del asunto en votación económica.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

Desde su curul el diputado Gilberto Ensástiga Santiago solicita inscribir el tema de la liberación de Lorenzo Llona Olalde en el orden del día de la próxima sesión y el Presidente le solicita que el coordinador de su grupo parlamentario lo plantee en la Junta de Coordinación Política.

La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.

El Presidente informa del sensible fallecimiento del senador Marco Antonio Fernández Rodríguez, quien fuera diputado en la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso de la Unión, y puestos todos de pie se guarda un minuto de silencio en su memoria.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo por el que se integra el Comité de Administración. Se aprueba en votación económica.

Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

El Congreso del estado de Baja California remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción segunda del artículo ciento sesenta y dos de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

El diputado Tomás José Ruiz González, del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo nueve-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

La Cámara de Senadores remite tres minutas proyectos de decreto por los que:

Se expide la Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental, y se deroga el artículo doscientos tres de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en tanto éstas se designan, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Se reforma la fracción decimatercera del artículo once de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita los permisos necesarios para que:

Los ciudadanos Luis Torres Palomares y Antonio Gracia Delgado, puedan prestar servicios en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

Los ciudadanos María Catalina Gurrola Ponce y Felipe Homero Saldaña López, puedan prestar servicios en la Embajada de Australia en México.

Se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, y en tanto se designa, consérvense en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Juan Carlos Pérez Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a adelantar la fecha de presentación del denominado paquete económico, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, así lo considera y hablan en pro los diputados: Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Miguel Angel Toscano Velasco, del Partido Acción Nacional; Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, y Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul el diputado Guillermo Huízar Carranza, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una aclaración sobre el punto de acuerdo. El Presidente señala que se pondrá a consideración de la Asamblea, y ésta considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica, aprobándolo de la misma manera. Comuníquese.

Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Ejecutivo Federal la cancelación de la construcción del muelle en Playa del Carmen, Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Jesús Emilio Martínez Alvarez, de Convergencia, en relación con la fiscalización de los fondos federales del ramo treinta y tres por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y solicita trámite de urgente resolución. La Secretaría, en votación económica, consulta a la Asamblea si considera el asunto de urgente resolución, y acto seguido declara que la mayoría se manifiesta por la negativa. El Presidente turna la proposición a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Desde su curul el diputado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, objeta la declaración de la Secretaría sobre el resultado de la votación. El Presidente hace aclaraciones y señala que el asunto ya está votado. El diputado González Schmal solicita se repita la votación y el Presidente hace aclaraciones de procedimiento. El diputado González Schmal solicita quede constancia de lo anterior en el Diario de los Debates. El Presidente informa que quedará constancia en el Diario de los Debates y en el acta de la presente sesión.

Juan Manuel Vega Rayet, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una comisión especial para el análisis de las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con algunos integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y solicita trámite de urgente resolución. Hablan sobre el tema los diputados: Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, y Leonardo Alvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México. La Asamblea no considera el asunto de urgente resolución y el Presidente turna la proposición a la Junta de Coordinación Política.

Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el secreto profesional de los periodistas.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña

Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

J. Miguel Luna Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Ejecutivo Federal emita la declaratoria de desastre natural para los efectos de las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales, en diversos municipios del estado de Guanajuato, y solicita trámite de urgente resolución. Hablan al respecto los diputados: Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional; Armando Rangel Hernández, del Partido Acción Nacional; Alejandro Saldaña Villaseñor, del Partido Revolucionario Institucional, y Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática. Rectifican hechos los diputados: Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Partido Acción Nacional; Pascual Sigala Páez, del Partido de la Revolución Democrática; Ernesto Herrera Tovar, del Partido Acción Nacional, y Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación económica y de la misma forma aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

En el capítulo de agenda política, hablan sobre las propuestas legislativas de la Comisión Pastoral de la Movilidad Humana en relación con los derechos de los migrantes, las diputadas: Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, y María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México. Rectifica hechos el diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el capítulo de efemérides, hablan sobre el aniversario de la anexión del estado de Chiapas a México, los diputados: Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México; Gerardo Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Janette Ovando Reazola, del Partido Acción Nacional, y María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional.

Se refieren al centésimo nonagésimo tercer aniversario del inicio de la Independencia de México, los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México; Omar Ortega Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia de la diputada Amalia Dolores García Medina

Sergio Vázquez García, del Partido Acción Nacional, y Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.

Para hablar sobre el decimoctavo aniversario de los sismos de mil novecientos ochenta y cinco suben a la tribuna los diputados: Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, quien solicita guardar un minuto de silencio como homenaje a quienes perdieron la vida por esos sismos, la Presidenta atiende la solicitud y puestos todos de pie se guarda el minuto de silencio; Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México; Ernesto Herrera Tovar, del Partido Acción Nacional, y

Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña

Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Partido Revolucionario Institucional.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo por el que se establecen las bases para las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada y el calendario para las comparecencias ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Desde su curul el diputado Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo, hace una precisión sobre la fecha de la comparecencia del Secretario de Gobernación y el Presidente instruye a la Secretaría a tomar nota. Se aprueba en votación económica.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cuarenta y nueve minutos, citando para la que tendrá lugar el martes veintitrés de septiembre de dos mil tres, a las once horas.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Gracias.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada el acta.

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ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO. SECRETARIO DE GOBERNACION
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señoras y señores legisladores, se encuentra en el salón de recepción de esta Cámara de Diputados, el Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, invitado a la sesión de esta fecha en que se llevará a cabo el análisis del III Informe de Gobierno.

Se designa en comisión para que lo reciban y lo introduzcan a este recinto a los siguientes diputados: Consuelo Muro Urista, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Armando Rangel Hernández, Federico Döring Casar, César Chávez Castillo, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Pedro Vázquez González y Jesús González Schmal.

Se pide a la comisión cumpla con su cometido.

(La comisión cumple con su cometido.)

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por esta Asamblea y que norma el procedimiento para el análisis del III Informe de Gobierno, nos acompaña el Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

Para dar cumplimiento al punto 3º. numerales I, II, III y IV del mencionado acuerdo se han inscrito para hacer preguntas y réplicas, los siguientes diputados: Jesús Martínez Alvarez, por el Partido de Convergencia; Alejandro González Yáñez, por el Partido del Trabajo; Manuel Velasco Coello, por el Partido Verde Ecologista de México; Horacio Duarte Olivares, por el Partido de la Revolución Democrática; Sergio Penagos García, por el Partido Acción Nacional; Jorge Romero Romero, por el Partido Revolucionario Institucional; Gilberto Ensástiga Santiago, por el Partido de la Revolución Democrática; Enrique Burgos García, por el Partido Revolucionario Institucional; Julián Angulo Góngora, por el Partido Acción Nacional y Rebeca Godínez y Bravo, por el Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para formular su cuestionamiento, el señor diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Señor Secretario, con su permiso, señor Presidente de la Mesa Directiva:

Hemos hecho llegar a usted algunas inquietudes de parte del grupo parlamentario de Convergencia; sin embargo, voy a referirme al fondo de lo que es la visión y la posición de nuestro partido respecto de esa Secretaría a su digno cargo.

Señor Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, bienvenido a esta casa que como exlegislador no le es ajena; conoce usted muy bien la importancia de estas reuniones que pueden dar gran vitalidad y eficacia a la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Forma usted parte de un Gobierno que despertó grandes expectativas entre los mexicanos. Estará usted de acuerdo en que éstas no han llegado aún a ser realidades, el cambio prometido sigue siendo difuso en los temas de fondo. Para algunos mexicanos el cambio ya no es el futuro que se espera, sino el pasado que se quedó en promesa.

La alternancia en el poder abrió la posibilidad histórica de construir la colaboración real entre poderes. La correcta y adecuada coordinación de la Administración Pública Federal y el fortalecimiento de un verdadero pacto federal como lo establece nuestra Constitución, facilitando así una nueva relación con los diversos actores políticos para darle rumbo y dirección a nuestra nación.

Pero a tres años de distancia debemos asumir que se dejaron de lado los compromisos de instalar un gobierno de transición. De iniciar la gran Reforma del Estado y la obligada revisión integral de la Constitución, compromisos y tareas que hubiesen permitido la culminación de una auténtica transición pactada que debió contener las nuevas reglas del juego democrático como piso indispensable para encontrar los comunes denominadores y enfrentar juntos los grandes retos sociales de la pobreza, el desarrollo económico con equidad y la implantación impostergable de la cultura del Estado de Derecho.

Sin embargo, hoy encontramos, como expresión ciudadana generalizada, que se percibe una falta de coordinación al interior del Gobierno; que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha permanecido estancada; que las autoridades que deben procurar justicia y seguridad, son rebasadas por los hechos; que en muchas de las entidades federativas no existe asomo de transición alguna y los ciudadanos se quejan de que se encuentran a merced de la soberbia, la prepotencia y el abuso de poder de muchos mandatarios estatales.

El no haber asumido con toda decisión las responsabilidades que conlleva la alternancia, nos arroja un presente donde el signo de los tiempos parece ser la indiferencia y la dispersión. Ante ése estancamiento se corre el peligro de degradar los avances democráticos y caer en la tentación restauradora del autoritarismo.

México requiere respuestas, algunas serán expuestas hoy por usted sin embargo, preocupa la ausencia de decisiones. Ha generado malestar y preocupación hacia la política lo que se manifestó con un gran abstencionismo el pasado 6 de julio, la falta de respuestas puede llevar al país del desinterés a la ingobernabilidad.

La Secretaría de Gobernación es la única instancia facultada por la Constitución para conducir la política interna del país; se constituye por tanto, en el espacio gubernamental que debería reflejar la parte sustantiva de la nueva arquitectura institucional de la transición.

La sociedad demanda la nueva Secretaría de Gobernación, con facultades y capacidad para conducir un concurrente proyecto de nación. La impresión que tenemos millones de mexicanos es que el Gobierno sea dispersado, que se diluyan las líneas de mando, se opacan las responsabilidades y los funcionarios públicos actúan por su propia cuenta sin la instancia de coordinación que correspondería a una renovada Secretaría de Gobernación.

En consecuencia, es pertinente la pregunta: ¿tienen los responsables de la política interior los instrumentos legales, las facultades, atribuciones y los recursos para cumplir con su finalidad? Nosotros pensamos que muchas de ellas han sido transferidas a otras dependencias, particularmente a las del área económica cuando se pensó que la economía y las libres fuerzas del mercado resolvían por sí solas los problemas del país ocasionando con ellos el debilitamiento de la política interior y reduciendo notablemente su capacidad de negociación.

Los conflictos entre los tres órdenes de gobierno, entre los poderes y al interior de la administración pública no son nuevos pero se han acentuado. Lo más grave, sin embargo, es que carecemos de medios de solución cuya responsabilidad parece habérsele trasladado al tiempo pero el tiempo no resuelve, acumula. El tiempo por sí mismo no resuelve los conflictos, los agudiza y en su momento los detona.

Una constante en la opinión pública es la preocupación por la ausencia de políticas de Estado; es decir, grandes definiciones de criterios claros y marcos de referencia que orienten de manera consistente y duradera la acción pública. Para alcanzarlo se requiere una relación distinta entre el Poder Ejecutivo y el Congreso; no será desprestigiando a los legisladores, confrontándolos a través de los medios electrónicos y tratando de imponer plazos fatales como se lograrán los acuerdos duraderos. Aún estamos a tiempo de recuperar lo mejor de nuestras instituciones y hacer de la política un instrumento que entregue resultados.

Convergencia, tal como lo afirma en su plataforma electoral, tiene un alto compromiso con la estabilidad y la gobernabilidad. Para nosotros, estos son requisitos esenciales para el avance democrático por el que trabajamos los mexicanos.

Como lo afirmaba el maestro universitario Jesús Reyes Heroles: ``la estabilidad política es un valor primordial que las sociedades que lo tienen, subestiman, lo dan de por sí y para siempre''.

La Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad y el deber de facilitar los espacios de negociación que convoquen a todas y cada una de las fuerzas políticas a trabajar con el mejor de los ánimos por el país.

La práctica de negociar sólo con las dirigencias de los partidos de mayor representación, es una forma deliberada de exclusión; una manera de mutilar la pluralidad pensando quizás que con esto se pueden lograr acuerdos y soluciones rápidas.

Devolvamos a la política la altura y la dignidad que ésta merece.

Su trabajo, señor Secretario, será en buena medida determinante para lograrlo.

Convergencia reitera su compromiso con la necesidad de una revisión integral de la Constitución General de la República; de una reforma integral de la Ley de la Administración Pública Federal para actualizar las facultades y atribuciones de la Secretaría; asimismo, vemos conveniente retomar el carácter republicano y federalista del pacto de la unión impulsando la transición en todos los niveles de gobierno.

Aceptemos el desafío de hacer de los siguientes tres años un periodo de avance para el país, sin refugiarnos en pretextos, sin caer en el desanimo, sin pasar la página antes de tiempo. Estamos obligados a culminar la transición con éxito, más allá de periodos de gobierno o de términos de legislaturas, trabajemos por el país.

La consolidación de la democracia es una asignatura pendiente que sólo tendrá soluciones mediante el fortalecimiento y en su caso, con la transformación de nuestras instituciones.

Desde nuestra condición obligadamente transitoria, trabajemos para lo permanente. Lo único que no requiere justificaciones es el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Dejemos de pensar en las razones por las que no se pudo lograr lo prometido, pensemos en lo que podemos hacer para que se cumpla y hagamos lo que tengamos que hacer, en un clima de pluralidad y convergencia y en un marco de colaboración sin subordinación.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el Secretario de Gobernación, para dar respuesta.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, diputado Presidente; señoras y señores legisladores:

Antes de iniciar las respuestas a los cuestionamientos que me han formulado con toda anticipación, quiero expresar en primer lugar, que celebro estas nuevas bases que se han establecido para el desarrollo de las comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo Federal. Este nuevo formato, ofrece sin duda, para todos nosotros, para las legisladoras y los legisladores y también para los funcionarios de la Administración Pública Federal, una oportunidad para aprovechar de mejor manera nuestro compromiso que tenemos ante ustedes y ante el pueblo de rendir cuentas de una manera cabal, clara y transparente.

Ahora, pasaré a contestar las preguntas que de manera específica me ha formulado el grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político Nacional y que ha expresado el diputado Jesús Martínez Alvarez, en su reciente intervención.

En primer lugar, su pregunta respecto al Programa Nacional de Seguridad Pública, me da la oportunidad de precisar que a partir del 1º. de diciembre del año 2000, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al crearse la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Desde entonces, la Secretaría de Gobernación no cuenta con atribuciones en esta materia, es decir, las vinculadas al Programa Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, con todo gusto le ofrezco ser conducto para hacer llegar sus cuestionamientos, sus preguntas, al titular de esa dependencia.

Por otra parte, se me pregunta ¿de quién depende el Cisen? Esta institución es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica y operativa y depende directamente del titular del ramo. Tal y como lo señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, auxilia a la dependencia a la Secretaría de Gobernación, a través de un sistema de información dirigido a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

Su normatividad interna regula con precisión los mecanismos de control de confianza, que son para todos los funcionarios del Cisen, para todo su personal, incluyendo por supuesto los delegados de cada una de las entidades federativas, como también se me señala en la pregunta; además cada delegación cuenta con un presupuesto propio para el desarrollo de sus funciones, lo que permite asegurar la autonomía y la eficacia de su desempeño. Los delegados estatales del Cisen son nombrados por el director general en acuerdo con el propio titular de la dependencia.

Ahora, en una segunda instancia me referiré a la presentación de iniciativas respecto de leyes estatales de transparencia y acceso a la información oficial.

En primer lugar le informo que la presentación de tales iniciativas corresponde exclusivamente a la competencia de que tienen ese derecho en los propios congresos locales, sin embargo, para el Gobierno Federal lo ideal sería que cada entidad federativa tuviera como referencia cuando menos, como piso mínimo, la ley aprobada por el Congreso Federal o que incluso fuera más allá de ella en materia de transparencia y de acceso a la información oficial.

Tengo conocimiento en esta materia de que los gobiernos estatales se encuentran elaborando sus propias leyes, cinco de ellos las tienen ya en vigor y otros 10 están a punto de ser aprobadas por sus respectivos congresos.

En cuanto a su pregunta en relación a la Reforma del Estado, que me acaba igualmente de reiterar en su reciente intervención, me permito informarle que el gobierno del Presidente Fox no ha abandonado el propósito de realizar una revisión integral de nuestra Constitución. De hecho, las conclusiones y propuestas de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado que trabajó durante el periodo de transición de nuestro gobierno, así como las conclusiones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, forman parte de ese proceso de revisión integral de nuestra Constitución. Las conclusiones de ambos ejercicios se entregaron a la pasada LVIII Legislatura, particularmente a las comisiones especiales de la Reforma del Estado tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores.

Adicionalmente el proceso de revisión integral de nuestra Constitución continuó en lo que denominamos la Mesa Central de Partidos Políticos Nacionales. También la revisión se ha llevado a cabo en los grupos de trabajo que hemos conformado al amparo de la Conferencia Nacional de Gobernadores y también de la Conferencia de Municipios de México. Los esfuerzos en éstos dos últimos casos se han concentrado particularmente en la revisión respecto al federalismo y al fortalecimiento municipal.

A partir de todos estos esfuerzos de las distintas instancias donde hemos podido abrir foros para revisar nuestra Carta Magna, hemos recibido propuestas y planteamientos que estamos en proceso de revisión y de conclusiones por parte del Gobierno de la República para preparar un conjunto de iniciativas que se presentarán ante esta soberanía. Estamos platicando con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para determinar el método de la presentación que habremos de hacer de este conjunto de iniciativas. Lo importante para el Gobierno Federal es asegurarnos que las iniciativas prosperen, con independencia de quien deba de presentarlas.

Entre las reformas que habremos de impulsar desde el Ejecutivo menciono aquellas que incorporan a los derechos humanos y su protección en el propio texto de nuestra Constitución; a las que permiten el fortalecimiento de los tres poderes y una mejor colaboración entre ellos; a las que otorgan autonomía constitucional al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; a las que amplían la democracia participativa mediante el referéndum y la iniciativa ciudadana; a la reelección consecutiva de legisladores federales, locales e integrantes de los ayuntamientos a las que reducen el costo de nuestra democracia, sumamente alto, por cierto, y unifican calendarios electorales entre otras reformas.

Por último, lo relativo al Consejo Nacional en Contra de la Discriminación, le informo que dado su creación fue aprobada durante el presente año, la partida correspondiente en el presupuesto tendrá que darse hasta el presupuesto del siguiente año.

Por el momento opera con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, el próximo presupuesto deberá incluir la partida correspondiente y esperemos que después de las consideraciones que ustedes planteen al presupuesto, pueda ser aprobada en su integralidad a partir del siguiente año para que pueda empezar a trabajar con eficacia.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Esta Presidencia, pregunta al señor diputado Jesús Martínez Alvarez, ¿si desea hacer uso de su derecho de réplica?

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez (desde su curul):

Sí, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, señor diputado, hasta por cinco minutos.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Sí, señor Presidente.

Estoy consciente de que a partir del primero de diciembre del año 2000, la Secretaría de Seguridad Pública empezó a manejar los fondos de uno de los temas más sensibles para la población de este país; pero nos preocupa que este Programa de Seguridad Nacional, que fue conceptualizado en la Secretaría de Gobernación en el año de 1996, haya destinado, desde esa fecha, hasta este año del 2003, más de 40 o 50 mil millones de pesos y una de las inquietudes consiste desde que en su origen estos fondos fueron abiertos, según tenemos entendido, en un fideicomiso en Banrural, que entendemos también, es una institución cuyo objetivo fundamental es precisamente atender al campo y no a la seguridad pública.

Por eso la pregunta iba en el sentido de si estos fondos han sido debidamente utilizados para la seguridad pública y si han sido debidamente verificados, porque tenemos entendido que en muchas partes de la República estos recursos han servido de cajas chicas de diferentes mandatarios estatales.

Por otro lado, la inquietud sobre el Cisen, la entendemos desde el punto de vista de que el objetivo fundamental es prever con oportunidad y eficacia los riesgos y las amenazas a la seguridad nacional.

Lamentablemente y tengo que decírselo, señor Secretario, es de que esta dependencia como verdadero organismo autónomo que es, en varios estados de la República ya los delegados estatales en muchos lados, dependen de los ejecutivos estatales y por lo tanto la preocupación va en el sentido de que cómo le llega la información al titular del ramo, tamizada, distorsionada y entonces qué pasa con la seguridad nacional. Nos preocupa y nos inquieta que no existan métodos confiables de verificación de que no se esté presentando esta situación en varias entidades del país.

Por otro lado, entendemos perfectamente bien, que la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, es quizá uno de los pasos más definitivos en la transición de la democracia de este país.

Sin embargo, no entendemos la democracia que se dé solamente en uno de los órdenes de gobierno, debe haber transición política en el país, en la medida en que se dé en los tres niveles de gobierno, es decir, el gobierno estatal, el gobierno municipal y no debe quedar solamente al criterio del Ejecutivo en turno si tiene o no la responsabilidad ante los mexicanos, de querer o no enviar su iniciativa, porque creo que todos los mexicanos tenemos derecho para saber cómo se manejan, no solamente los recursos federales como hoy tenemos la oportunidad y las acciones que el Gobierno Federal realiza; los mexicanos tenemos derecho de saber también cómo se manejan los recursos estatales que incluso son superiores muchas veces a los propios que maneja el Gobierno Federal.

Y por último, le pedimos su total apoyo y su respaldo para que el Consejo Nacional contra la Discriminación, cuente con su total respaldo. Creemos que es una de las instituciones que visten a nuestro país. Creemos que es una de las instituciones que fue reconocida durante el largo recorrido que hizo el distinguido mexicano Gilberto Rincón Gallardo; por todo el mundo fue recibido con una gran aceptación y por lo tanto merece el respaldo y el reconocimiento de México.

Muchas gracias, señor Secretario.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, para formular sus preguntas, el diputado Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo.

El diputado Alejandro González Yáñez:

Con la venia de la Presidencia; ciudadano Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación; compañeras y compañeros legisladores:

El 6 de julio de 2000 hubo alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Pero hasta ahora no hubo alternativa. El 6 de julio de 2000 hubo alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Pero hasta ahora no hay transición democrática. El país se encuentra en el estancamiento económico y también en el estancamiento político.

Consideramos que es responsabilidad de todos los actores la necesidad de asumir la reforma democrática del Estado bajo los siguientes ejes programáticos:

Primero. Reforma de los poderes públicos.

Segundo. Desarrollo de la democracia participativa.

Tercero. Una nueva reforma electoral de naturaleza democrática y pluripartidista.

Cuarto. Un federalismo democrático y un municipalismo libre.

La independencia y el fortalecimiento de los Poderes de la Unión, debe estar por encima de cualquier interés particular. Por ello, la reforma democrática del Estado debe dirigirse a fortalecer el Poder Legislativo, a acotar las atribuciones del Ejecutivo y a garantizar la autonomía del Poder Judicial.

La reforma federalista sigue pendiente; los estados y municipios no cuentan con los recursos suficientes y las atribuciones fiscales que necesitan urgentemente. Un federalismo sin recursos ni autonomía política y administrativa plena, no es un federalismo democrático.

Por lo anteriormente expuesto nos parece pertinente, ciudadano Secretario, formularle los siguientes cuestionamientos:

Primero. ¿El Ejecutivo Federal está de acuerdo o no, en otorgar el permiso correspondiente para la transmisión permanente en la televisión abierta, del Canal del Congreso?

Segundo. ¿El Ejecutivo Federal está de acuerdo en reactivar la mesa para la reforma democrática del Estado teniendo como sedes alternas tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo?

¿El Ejecutivo Federal está de acuerdo para fortalecer la democracia participativa, adicionando a la figura de referéndum e iniciativa ciudadana las figuras del plebiscito, presupuesto participativo, consulta ciudadana, afirmativa ficta, afirmativa ficta parlamentaria, gobierno comunitario como cuarto nivel de gobierno, rendición de cuentas, auditoría social, revocación de mandato, licitación abierta de la obra y adquisiciones públicas y el derecho a la voz ciudadana?

Y finalmente, el cuarto cuestionamiento, ¿está de acuerdo el Ejecutivo Federal en impulsar una reforma electoral democrática y pluripartidista que contenga las siguientes características?

Prohibir la publicidad gubernamental en los tres niveles de gobierno en tiempos de campaña electoral;

Prohibir el financiamiento de origen privado a los partidos políticos porque ha sido la puerta para los escandalosos y reprobables casos como el Pemexgate y los Amigos de Fox;

Acabar con el secreto bancario en relación con el manejo financiero de los partidos políticos;

Sanción en el mismo proceso electoral a quien violente los topes de gasto de campaña;

Regulación de las precampañas en el sentido que se cuente lo que se gasta en ellas dentro de los topes de los gastos de campaña;

Modificar la fórmula de asignación de los recursos financieros a los partidos, pasando del actual 70-30 al 50-50 para que exista mayor equidad;

Garantizar en la ley que regula los medios de comunicación el acceso igualitario de todos los partidos;

Recuperar la figura de las candidaturas comunes;

Flexibilizar la conformación de las coaliciones;

Reformular la asignación de diputados de representación proporcional, de tal manera que se evite la sobrerrepresentación y la subrepresentación; de acuerdo con la actual fórmula, actualmente hay diputados en esta LIX Legislatura que tienen un costo de aproximadamente 50 mil votos y otros diputados que tienen un costo aproximado a los 100 votos;

Restituir el voto de los partidos en los órganos electorales;

Establecer como obligatorio el debate público entre candidatos;

Abrir el tiempo del Estado en los medios de comunicación a los partidos políticos;

Acotar la injerencia de los consejos y tribunales electorales de orden federal y estatal en la vida interna de los partidos;

Inhabilitar a los consejeros electorales ciudadanos, federales y estatales, para que al separarse del cargo no puedan ocupar otros puestos públicos de designación o de elección popular, de dirección partidista o de dirección en instituciones de educación.

Señor Secretario; la situación política del país demanda un esfuerzo que sea coherente y responsable para que las instituciones públicas, al unísono, impulsemos la democracia que merecemos.

Esperamos respuestas puntuales a nuestros cuestionamientos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el Secretario de Gobernación, para dar respuesta.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, señor Presidente:

La intervención del diputado Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, aborda sin duda, temas de gran relevancia para el futuro de la democracia de nuestro país y sobre todo para el futuro de nuestras instituciones.

Estamos recorriendo caminos distintos en la vida política del país. El Congreso hoy en día tiene una centralidad política innovadora. Las entidades federativas representadas por sus gobiernos locales que han conformado su conferencia al igual que los municipios, igualmente señalan derroteros distintos. Estamos viviendo una política viva, una revitalización de las instituciones, muy alejada del estancamiento político.

Sus preguntas, señor diputado, se refieren, por una parte, a la opinión del Ejecutivo respecto al acceso del Canal del Congreso, a una frecuencia de televisión abierta y por la otra, a una consideración mucho más amplia en torno a la reforma política electoral y a la Reforma del Estado.

Estoy consciente de que cada uno de los 29 planteamientos que ha formulado, amerita por sí mismo una amplia discusión. Abordaré, sin embargo, de manera puntual, tantos temas como me sea posible en el tiempo asignado. Si una pregunta no pudiera tener respuesta por los límites de tiempo, con mucho gusto se la haré llegar de manera personal al grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Con respecto al Canal del Congreso, se ha hecho una consulta preliminar, subrayo la palabra preliminar, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la información que hemos recibido es que actualmente se encuentran ya adjudicados los canales analógicos respecto de la Ciudad de México. Sin embargo, en función de las frecuencias y de los canales disponibles en las diferentes entidades del país y ciudades, el Ejecutivo Federal estará en la mejor disposición para evaluar la asignación de un permisionario para el Congreso de la Unión.

Por lo que hace a sus propuestas alternas para la mesa de Reforma del Estado, el Ejecutivo está plenamente dispuesto a adoptar la modalidad, la metodología que la Cámara de Diputados convenga para llevar a cabo la discusión de la Reforma del Estado.

Lo importante para el Gobierno Federal es que se retomen los trabajos de reforma de la Reforma del Estado de inmediato y que lleguemos a acuerdos sobre esa reforma. El tiempo sin duda apremia para todos y estamos conscientes de que el método que se convenga debe ser un método claro, preciso para que el ejercicio resulte exitoso desde el punto de vista Legislativo.

En relación con los planteamientos de democracia participativa, refrendamos los acuerdos que en esta materia se tomaron en la mesa central de partidos políticos respecto a la Reforma del Estado. En ellos destacan las figuras del referéndum y de la iniciativa ciudadana.

Del resto de los mecanismos que usted, señor diputado hizo referencia, estamos en el mejor ánimo con disposición abierta de abordarlos para analizar sus modalidades, valorar sus alcances y también sus límites.

Creemos en la necesidad de ampliar la democracia participativa y contar con los instrumentos efectivos para ello.

Finalmente, en relación a las 15 propuestas que usted plantea en materia electoral, me permito agruparlas, para darles respuesta, en tres grandes categorías:

En primer lugar, en materia de transparencia y de rendición de cuentas estamos de acuerdo, como Gobierno, en convenir límites a la publicidad gubernamental en tiempos electorales. Deberán, sin duda, precisarse los plazos. Deberán, sin duda también, convenir en lo que se acuerde obligue por igual, en aras de la equidad, a los tres órdenes de gobierno: el Federal, el estatal y el municipal y que sea además aplicable tanto a campañas federales como a campañas del ámbito local.

Igualmente coincidimos en la necesidad de transparentar el manejo financiero de los partidos políticos, de regular precampañas y hacer obligatorio el debate público entre los candidatos. Nos sumamos a la propuesta de sancionar a quienes excedan los topes de campaña, pero también habrá que decir que en aras de la equidad debemos de establecer que la sanción también sea aplicable a cualquier candidato o partido no solamente al ganador de la elección.

En lo que se refiere al acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, estamos convencidos de que igualmente debe de garantizarse la equidad. Por su parte el acceso de los partidos a tiempos del Estado está garantizado, en primer lugar por la ley, y su asignación es determinada por las autoridades electorales, en particular el Instituto Federal Electoral.

Finalmente, en términos de las nuevas fórmulas de representación que usted plantea, el Ejecutivo está dispuesto a revisar con partidos políticos y legisladores los mecanismos que permitan una asignación de curules que refleje de la mejor manera el voto ciudadano. De tal suerte que pueda eliminarse lo más posible la sobre y subrepresentación. Igualmente estamos convencidos de flexibilizar la conformación de coaliciones con miras a, por una parte, fortalecer el sistema de partidos y esto es fundamental en nuestra democracia, contar con partidos fortalecidos; y por la otra, igualmente importante, facilitar la construcción de mayorías parlamentarias.

Para terminar quisiera también dejar asentado que para el Ejecutivo Federal los objetivos esenciales de una reforma electoral que todavía está pendiente, pensamos que deben dirigirse a los siguientes principios:

Primero. A que como principio general a consolidar el sistema de partidos.

Segundo. A mejorar las condiciones de equidad en la competencia. Todavía nos falta trabajar para que podamos ver, cada vez más, competencia política equitativa.

Tercero. A generar incentivos para la construcción de mayorías parlamentarias. Ahí uno de los aspectos fundamentales que vemos que obstruyen esta construcción de mayorías parlamentarias es el calendario desordenado que tenemos desde el punto de vista electoral.

Cuarto. Principio a mejorar los mecanismos de cooperación entre los poderes. Tenemos que establecer los incentivos que nos permitan colaborar, porque así lo dispone la propia Constitución, de que los poderes deben de poder constituir los canales de la voluntad popular y de la conformación del Estado mexicano.

Quinto. A disminuir los costos de nuestra democracia. Tenemos condiciones económicas que ameritan que revisemos lo que nos está costando nuestra democracia.

Sexto. Y por último, el último y sexto principio, ampliar los mecanismos de rendición de cuentas para el Gobierno, para los distintos poderes e igualmente para las fuerzas políticas del país.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para formular su réplica, el diputado Alejandro González Yáñez.

El diputado Alejandro González Yáñez:

Con la venia de la Presidencia:

Señor Secretario: le agarramos la palabra. Hemos escuchado que se pronuncia abiertamente a favor de la figura de referéndum y de la iniciativa ciudadana o iniciativa popular.

Le proponemos a esta soberanía que la semana que entra, una vez nombrada una comisión plural, pase a la redacción de la iniciativa conjunta, que permita impulsar ya el proceso legislativo para crear en este país la democracia participativa, la democracia directa, la democracia semidirecta.

Si esta soberanía se pronuncia a favor estaremos inaugurando nuevas prácticas democráticas en nuestra nación.

En el caso de las demás figuras de la democracia participativa, los invitamos a ustedes y al Poder Ejecutivo a seguirlas examinando y considerando.

En relación a los compromisos que se están adquiriendo en este momento frente a la nación, nos permitimos proponer un método que permita operar y viabilizar dichos compromisos. No es el proceso más conveniente volver a la retórica o a la demagogia, por lo tanto el tema del método de trabajo es central.

Nuestra propuesta es la siguiente: que identifiquemos los puntos de plena coincidencia, que identifiquemos los puntos de plena divergencia, que identifiquemos los puntos insuficientemente definidos, que donde haya acuerdo pasemos a avanzar de inmediato.

En México no están dadas las condiciones para construir una transición tipo la española, para un gran paquete, un gran acuerdo nacional. Nuestra percepción es una construcción democrática gradual.

Para que no se estanquen los puntos de acuerdo es necesario entonces irlos desahogando de inmediato; esto implica que vayamos a una reforma democrática del Estado en términos consensuados y de acuerdo a la velocidad que la coyuntura del país indica.

Señor Secretario Santiago Creel: una vez que escuchamos también su compromiso de reactivar la mesa para la Reforma del Estado, proponemos a esta soberanía que en unas semanas más pasemos a dicha instalación, de tal manera en que lo que hoy se reinicia pase a ser viable.

México espera de estas comparecencias acuerdos y compromisos. México no quiere que sigamos viviendo en el mismo régimen, en las mismas viejas prácticas antidemocráticas, en las mismas perversiones electorales. México hoy reclama respuestas, construcción democrática timón y rumbo firme para arribar a la democracia política y a la democracia económica.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, para formular sus cuestionamientos, el señor diputado Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Manuel Velasco Coello:

Con la venia de la Presidencia; señor Secretario; compañeras y compañeros diputados:

La inmovilidad política y la falta de oficio es lo que ha caracterizado al Gobierno del Presidente Vicente Fox que no ha sido capaz de lograr los acuerdos que el país necesita.

Le ha sido imposible asimilar la complejidad de la realidad democrática del México de hoy que obliga a todos los actores políticos a crear consensos sólidos a través del diálogo político y la capacidad de negociación.

Ha preferido realizar una campaña mediática que busca desprestigiar al Poder Legislativo a pesar de que el 72% de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal de diciembre del año 2000 a agosto de 2003, han sido aprobadas.

¿Por qué se busca responsabilizar al Congreso de la falta de resultados del Ejecutivo cuando no ha sido capaz de definir el rumbo del país? ¿Es que la competitividad política es demasiado para nuestro Gobierno? ¿Acaso le sería más cómodo gobernar con un sistema de partido único?

Ya es hora de que asuma su responsabilidad democrática, este Gobierno no puede seguir esperando que las reformas sean aprobadas en automático o como ocurrió durante más de 70 años. El cambio no es coherente con el comportamiento político de la actual administración.

En todo el informe del Presidente Fox se observa claramente que las cuatro reformas que asumen como vitales son: la Reforma del Estado, la Reforma Hacendaria, la Reforma Energética y la Reforma Laboral.

Representan los retos del Gobierno y las metas a cumplir si se quiere lograr un crecimiento económico sostenido y aspirar al desarrollo. Se nos repite una y otra vez que estas cuatro reformas son imprescindibles para México, aunque hasta la fecha no se ha ofrecido ningún estudio claro del porqué.

Las reformas propuestas por el Ejecutivo carecen de contenido, es prudente y necesario convocar a la unidad y a los acuerdos pero no alrededor de fórmulas vacías y de reformas de las que ni el Congreso ni la sociedad saben nada.

Es necesario profundizar más en este sentido, ¿sobre qué bases analizaremos los nuevos diputados? ¿Sobre qué diagnóstico formularemos las propuestas que se esperan con premura? Tal parece que el Ejecutivo no espera acuerdos, sino milagros.

En el Partido Verde Ecologista de México creemos que a pesar de la ausencia de estudios gubernamentales que incluyan la participación de la sociedad y que den sustento a las propuestas del Ejecutivo, dichas reformas son necesarias; sin embargo, consideramos que la Reforma del Estado es una precondición para que el resto de las reformas sean funcionales, sin ellas el desarrollo económico, social y político son inalcanzables.

La Reforma del Estado entró en una nueva fase cuando el Presidente de la República delegó al Poder Legislativo la realización de las reformas estructurales, el aumento en el poder real del Congreso es un hecho que muestra la profundidad de los cambios que se han logrado en nuestro tránsito a la democracia y que han dejado atrás el régimen presidencialista, pero el desentendimiento del Ejecutivo ante su responsabilidad de hacer propuestas coherentes, que conduzcan al consenso y a la consolidación democrática es una falta que será juzgada por la historia.

La división de poderes significa un balance de fuerzas y no un choque entre éstas; visión de Estado es lo que necesita nuestro Gobierno.

Por otro lado, no hay que perder de vista que la gobernabilidad democrática y la vigencia de un Estado de Derecho es una condición necesaria para el desarrollo sustentable; sin duda, gran parte de los conflictos políticos del país se encuentran relacionados con el uso y la explotación de recursos naturales, en particular agua y tierra.

La deforestación y los asentamientos irregulares constituyen elementos de tensión en las zonas de conflicto, los cuales amenazan la conservación de ecosistemas, por lo que su prolongación viene acompañada de graves riesgos ecológicos.

Demandamos se garantice la seguridad jurídica en las zonas en conflicto y la integridad de los recursos naturales, como es el caso de los Chimalapas y Montes Azules.

Una visión integral de la gobernabilidad y del desarrollo del país se encuentra ausente.

Una de las mayores preocupaciones de diversos organismos internacionales y de la sociedad en general, es la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno.

No existe una relación de confianza entre la sociedad y las autoridades, sino por el contrario, la ciudadanía teme a quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad, el orden y la justicia. El Gobierno Federal dice tener una política de Estado en este ámbito, pero los ciudadanos no la percibimos; es necesario redoblar esfuerzos en esta materia puesto que los avances, si es que los hay, no son suficientes para disminuir el sentimiento de indefensión entre los ciudadanos.

Por otra parte, la situación por la que atraviesan los mexicanos migrantes y sus familias al escapar de la pobreza en la que viven para buscar el sueño americano, es penosa.

En la búsqueda de las oportunidades de desarrollo que no les ofrece México, nuestros compatriotas recorren cientos o miles de kilómetros exponiéndose a toda clase de peligros dentro y fuera del territorio nacional.

La migración es un tema fundamental para el desarrollo y los derechos humanos, éstos involucran cada vez más las áreas sociales, económicas y culturales incluyendo el derecho a una vida digna, el derecho al trabajo y el derecho de las minorías a disfrutar de su propia cultura, lengua y religión.

Por su parte, el desarrollo humano busca expandir las opciones de mujeres, niños y hombres de generaciones presentes y futuras. Por ello los derechos humanos y el desarrollo humano se encuentran íntimamente ligados; es hora de que el Gobierno de la República reconozca esta íntima relación entre los derechos humanos y el desarrollo.

En este sentido, es obligación del Estado proteger los derechos y promover el bienestar de sus ciudadanos tanto dentro del territorio nacional como más allá de nuestras fronteras.

De la misma manera, el Partido Verde Ecologista de México está preocupado por los derechos de las mujeres. Los atroces acontecimientos de Ciudad Juárez, donde más de 350 mujeres han sido asesinadas impunemente, es una terrible prueba del rezago que aún sufre el país en este aspecto, además de ser un problema de seguridad nacional.

Señor secretario: ¿Hasta cuándo cesarán estos crímenes? ¿Qué resultados podemos esperar del programa integral de seguridad pública para Ciudad Juárez? ¿Acaso no se ha considerado la posibilidad de que el o los asesinos de nuestras mujeres provengan del otro lado de las fronteras? ¿Qué otras medidas se están tomando para proteger los derechos de las mujeres?

Finalmente, estos dos temas son el reflejo de que la zona fronteriza con Estados Unidos adolece de serios problemas de seguridad, compartir 3 mil 118 kilómetros de frontera, se dice difícil, pero significa una de las colindancias más largas y llenas de movimiento entre dos naciones. Entre los indicadores más evidentes de esta relación bilateral están los 310 millones de personas que cruzan la frontera al año. Esperamos que el Gobierno Federal esté consciente de los retos que significa.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Se concede el uso de la palabra al Secretario de Gobernación, para dar su respuesta.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, señor Presidente:

Gracias al diputado Manuel Velasco, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En su intervención se refiere usted, señor diputado, a dos grandes temas. Por una parte al papel del Congreso y del Ejecutivo en algo que hoy resulta fundamental, la construcción de acuerdos políticos. Y el segundo, el segundo tema que usted aborda se refiere a los derechos humanos y a la política de estado del gobierno del Presidente Fox, en esta materia. Abordaré ambos asuntos.

Con respecto a la construcción de acuerdos políticos, quiero aclarar en primer lugar, que el Ejecutivo Federal siempre ha hablado de una corresponsabilidad, corresponsabilidad entre poderes, particularmente Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, corresponsabilidad también entre las distintas fuerzas políticas del país, en función a la distribución en la correlación de fuerzas de nuestra nación.

También, siempre hemos destacado desde la Secretaría de Gobernación, no solamente la productividad de la LVIII Legislatura pasada, sino también la centralidad y autonomía de esta soberanía.

Las pasadas elecciones refrendaron la pluralidad que rige nuestra vida política en el país y con ella, de nueva cuenta el mandato a construir acuerdos, a construir mayorías, entre los grupos parlamentarios, entre las fuerzas políticas, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y, entre también, los distintos órdenes de gobierno.

Por su parte el Poder Ejecutivo ha asumido su responsabilidad en el proceso legislativo y habrá que decirlo, somos parte del proceso legislativo como poder. Hemos presentado 86 iniciativas de ley y 92 instrumentos internacionales a ser ratificados por el Senado de la República; muchas de estas iniciativas, la gran mayoría constituyen reformas de fondo, por los efectos que logran sobre la vida económica, social y política del país.

Entre ellas y para poder fundamentar mi argumento, permítanme mencionar la Reforma Constitucional Indígena que presentó el Poder Ejecutivo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley de Servicio Público de Carrera que ordena a la administración pública, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que da origen a la comisión, la creación igualmente del Seguro Popular, todas ellas fueron aprobadas por esta soberanía.

Adicionalmente el Ejecutivo presentó un proyecto de nueva Hacienda Pública Distributiva que incluía 17 iniciativas, de las cuales fueron aprobadas 11 de ellas y también un paquete de Reforma Eléctrica que comprende seis iniciativas y que aún está pendiente por dictaminarse en las comisiones respectivas de la Cámara de Senadores.

El equipo de gobierno del Presidente Fox tiene muy claras las prioridades y podemos resumirlas de la siguiente manera:

En materia económica, sin duda, lo más importante es la recuperación del crecimiento económico, mediante la reactivación del mercado interno; la generación de empleos; el impulso a la inversión y el incremento de la competitividad.

En materia social las prioridades igualmente están claras: se concentran en abatir la pobreza, en crear redes de protección social a través de los distintos programas sociales.

En materia política la prioridad es modernizar el marco institucional para ser socialmente eficaz nuestra democracia.

Finalmente, respecto a su aseveración, señor diputado, sobre la falta de acuerdos, baste recordar que el Congreso aprobó precisamente lo que usted ya informó: 72 iniciativas que envió el Poder Ejecutivo y en la gran mayoría de los casos estas iniciativas fueron aprobadas por consenso amplio. Además habrá que mencionar que fueron resueltos y aprobados tres paquetes económicos igualmente por consenso.

Hablando de acuerdos y ya fuera del trabajo legislativo, asimismo hemos tenido avances relevantes. En primer lugar la agenda política, social, económica e internacional convenida en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional y también el acuerdo que llevamos a cabo sobre el campo mexicano, el Acuerdo Político para el Campo, así como más de 100 acuerdos que han solucionado conflictos agrarios, conflictos de índole religioso, laborales, electorales, entre otros.

Me parece a mí que todos estos ejemplos de acuerdos políticos; 257 nuevos ordenamientos de la pasada legislatura; el Acuerdo Político para el Campo y los distintos acuerdos particulares en cada uno de los conflictos que se han planteado, muestran con claridad que es factible llevar a cabo y construir acuerdos políticos y estoy convencido que no necesitamos milagros para llegar a acuerdos, y también estoy convencido de que México pasa hoy por un dinamismo político de carácter democrático que nos obliga a todos a ser responsables.

El Poder Ejecutivo asume plenamente su responsabilidad en lo que toca a la consecución de los acuerdos políticos y particularmente la Secretaría a mi cargo.

Respecto a los derechos humanos, el Gobierno Federal impulsa una política integral para su promoción y defensa. Entre las acciones concretas destacan la creación de la Comisión Intersecretarial para coordinar y articular los esfuerzos en esta materia; el establecimiento de una fiscalía especial para reparar las violaciones del pasado; la presentación igualmente de una iniciativa de reforma constitucional para que México ratifique el Estatuto de Roma y también en el envío de iniciativas para que tratados inter- nacionales sean ratificados por el Senado, que suman 26 de ellos. Además se ha establecido en nuestro país una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También puedo mencionar en materia de derechos humanos la atención a más de 2000 casos de excarcelaciones. Igualmente puedo mencionar las medidas de protección a los defensores y promotores de los derechos humanos, que les hemos brindado a través de la Secretaría de Gobernación y un diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil en esta materia.

En relación a la situación de nuestros migrantes, se han realizado diversos operativos exitosos en contra de redes de traficantes del crimen organizado en esta materia, baste mencionar la aprehensión de toda la banda que tuvo qué ver con el crimen ocurrido en Victoria, Texas, donde fallecieron 14 mexicanos.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Gracias, señor Secretario.

Para hacer uso del derecho de réplica del Partido Verde Ecologista de México, tiene la palabra, y hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Kahwagi Macari.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari:

Con su venia, señor Presidente:

Señor Secretario, agradezco su respuesta puntual a nuestro planteamiento y celebro la oportunidad que este intercambio nos brinda para discutir el rumbo que el Ejecutivo Federal pretende dar a nuestro país.

En su respuesta, señala usted que siempre ha hablado de corresponsabilidad entre poderes y que ésta se demuestra en la productividad de la legislatura anterior. Hace también un recuento de las iniciativas presentadas y enfatiza aquellas que lograron su aprobación por el Congreso.

Reconocemos esos logros; sin embargo, también deseamos enfatizar que persisten grandes deudas ante la población, deudas que el Presidente Fox prometió saldar y que aún no han empezado siquiera a revisar.

El Partido Verde Ecologista de México espera ver pronto acciones concretas para retomar el crecimiento, para generar empleos, para disminuir la pobreza, para avanzar en el desarrollo sustentable y para poner en la agenda de los derechos de las terceras generaciones.

Afirma usted que el Gobierno tiene claras sus prioridades, pero debo reiterar que las acciones que se han emprendido, no parecen generar los resultados que garanticen su cumplimiento.

En nuestras preguntas, señalamos la falta de acuerdos que produzcan logros palpables, logros que la población identifique y reconozca como el cumplimiento de las promesas del cambio que lo llevó a votar por Vicente Fox, éstos son los acuerdos a los que se debió dar prioridad desde un principio y su ausencia es evidente para todos.

Pese a ello, señor Secretario, el Partido Verde Ecologista de México valora la convocatoria que hiciera el Presidente Fox a un diálogo productivo y sumaremos nuestra voluntad a la de otras fuerzas políticas para alcanzar acuerdos que traduzcan en mejoras sensibles en el bienestar de los mexicanos.

Nuestra preocupación por el rezago en materia de derechos humanos persistirá mientras se sigan perdiendo vidas humanas. Sí reconocemos la voluntad gubernamental por avanzar en esta materia. Creemos necesario redoblar los esfuerzos para lograr que todas las autoridades de nuestro país, actúen con pleno respeto a los derechos fundamentales de los individuos.

Asimismo, es necesario erradicar, de una vez por todas, el tráfico ilegal de seres humanos. Las acciones mencionadas ayudan, pero es necesario emprender medidas más enérgicas para salvaguardar los derechos de nuestros connacionales.

Finalmente, consideramos que las acciones adoptadas en el plan gubernamental de 40 puntos para Ciudad Juárez, era necesario desde hace tiempo, nos mantendremos vigilantes como todo en la población, sobre su resultado.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, señor diputado.

Toca el turno al Partido de la Revolución Democrática y para ello tiene la voz, su diputado Horacio Duarte Olivares, hasta por 10 minutos.

El diputado Horacio Duarte Olivares:

Gracias señor Presidente; señor Secretario de Gobernación; compañeras y compañeros diputados:

La gobernabilidad política en México se ha sustentado por décadas en la concentración y centralización del poder, en un presidencialismo en el que se ejercieron discrecionalmente facultades metaconstitucionales. El régimen político tuvo así como uno de sus fundamentos acuerdos clientelares que propiciaron el distanciamiento del Estado en la sociedad.

Las decisiones de política pública pocas veces estuvieron apoyadas por una adecuada deliberación pública. La interacción tanto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo como de las autoridades federales y estatales, se alejaron del espíritu constitucional. El perfil de la cultura política predominante no corresponde al que requiere la vigencia y subsistencia de un sistema político democrático.

De este diagnóstico partía el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, para anunciar que el nuevo gobierno emprendería un cambio profundo en las formas de ejercer el poder; así como en la operación de la Administración Pública Federal. A tres años de distancia casi nada se puede ofrecer en los temas sustantivos de la gobernabilidad democrática. La herencia autoritaria aún pesa como una lápida sobre nuestra compleja transición política.

En el Ejecutivo se ha mantenido el sistema político mexicano. Los cambios no aparecen. Las nuevas formas, las nuevas reglas parecieron quedar atrás. El Presidente Fox y su gabinete ha mantenido el sistema que dijo combatir. Es cierto, se han firmado acuerdos, como el Acuerdo Político Nacional para el Desarrollo, pero los resultados no están a la vista.

También se ha mantenido una posición ambigua respecto al Congreso. El Secretario Creel reconoce que hay cooperación del Congreso. Otros miembros del gabinete e incluso el Presidente, fustigaron principalmente a través de su partido, la acción del Congreso.

Por eso la gobernabilidad en el campo derivada del cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, firmado el 28 de abril del 2003 entre el Ejecutivo Federal y las organizaciones campesinas, está en entredicho. La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo que usted preside, está a punto de extinguirse sin haber avanzando en la solución de los problemas que se propuso resolver. Lo que puede conducir a nuevas manifestaciones de inconformidad campesina.

En materia de medios de comunicación el titular del Ejecutivo no ha resistido las tentaciones autoritarias. Baste citar sólo un ejemplo derivado del informe presidencial, según el texto, con objeto de consolidar el marco legal y normativo que rige la comunicación social, se emitieron en octubre del 2002 el nuevo Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión; así como la abrogación del acuerdo por el que se autorizaba a la Secretaría de Hacienda a recibir de los concesionarios el 12.5% de tiempo de transmisión como pago-impuestos, cuyas implicaciones jurídicas, políticas y económicas ni siquiera se registran con suficiencia en el informe.

En el plano jurídico fue prácticamente un consenso de legisladores, partidos políticos y sociedad civil organizada que el Poder Ejecutivo invadió atribuciones del Poder Legislativo al modificar vía reglamento, la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones y permisos, tiempo del Estado y programación, porque fue más allá de lo que la propia ley señala.

Asimismo, invadió la facultad del Congreso de imponer contribuciones, tal como lo establece el artículo 73, fracciones VII y XXIX, numeral cuatro, de nuestra Constitución.

En el terreno político es claro que estamos frente a una acción antidemocrática, autoritaria y popular, que tiró a la basura un proceso de diálogo y revisión integral de la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía, sostenido entre las autoridades gubernamentales, los concesionarios de la industria de la radio y la televisión, los legisladores, el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Ciencias de la Comunicación, la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y los grupos organizados de la sociedad civil.

Asimismo, el decreto restringe objetivamente el acceso a los tiempos oficiales de los medios de comunicación a los Poderes del Estado y los órganos constitucionales autónomos, además de afectar la difusión de sus programas en materia de salud.

Es así que el PRD le plantea cuál fue la razón de Estado para que, a través del decreto del 10 octubre del 2002, el gobierno de Vicente Fox cediera tiempo de transmisión de los concesionarios de estaciones comerciales de radio y televisión que pagaban al Estado.

Cuál es el criterio que utiliza la Presidencia para destinarse el mayor porcentaje del tiempo fiscal en la televisión, estando por encima de los tiempos empleados por las secretarías de Salud, Educación y Medio Ambiente, entre otras.

¿Resulta más importante promover la imagen del Presidente que los programas o acciones de salud, educación o protección civil?

¿En épocas de lluvias o huracanes es posible ver más anuncios del Presidente que de protección civil? ¿Es ése el uso racional de los tiempos oficiales a los que alude el Presidente en su exposición de motivos del decreto del 10 de octubre del 2002?

¿Hasta qué grado existe el compromiso de la Presidencia para revisar la caduca Ley de Radio y Televisión como parte de la necesaria Reforma del Estado? ¿Hasta dónde el Presidente Fox soportará la presión de las estaciones comerciales de radio y televisión para afectar tiempos comerciales y destinarlos a la difusión de programas y acciones oficiales que beneficien a la población y no a su imagen personal?

¿Existe la disposición del Presidente Fox para revisar y reformar el marco legal y los procedimientos para la ratificación de las concesiones en radio y televisión comercial que en el año 2004 vencerán a través de un órgano independiente imparcial en el que el Gobierno no tenga mayor injerencia?

¿Qué criterio, señor Secretario, aplicará el Gobierno Federal para la renovación de las concesiones de radio y televisión, si hoy carecemos de reglas equitativas que permitan cumplir con este requisito mediante asignaciones transparentes, plurales y que busquen poner fin al monopolio en los medios electrónicos de eventuales nuevas concesiones?

Finalmente, plantear algunos temas más. Queremos conocer la opinión del Secretario de Gobernación, y por ende del Poder Ejecutivo, sobre el proceso de adopción del Estatuto de Roma.

También volveremos a insistir sobre el tema de la Fiscalía Especial para delitos del pasado. Creemos necesario que debe incrementarse el personal para que pueda cumplirse puntualmente esta encomienda gubernamental y así los crímenes de la guerra sucia no queden en el olvido ni en el pasado y no vaya a ser una más de las asignaturas pendientes en materia de impunidad.

Y finalmente, hablando de impunidad, queremos saber, ¿cuáles son los avances del Programa Integral de Seguridad Pública para Ciudad Juárez, del cual usted es el responsable por el hecho que dio a conocer el Presidente de la República?

Son algunos temas de los que hoy esperamos contestación puntual del Secretario Creel, que estamos convencidos que en este Congreso tendremos que avanzar en los acuerdos políticos necesarios, pero tiene que haber definiciones claras.

El Presidente de la República y su gabinete, tienen que comprometerse puntualmente con el cambio democrático en nuestro país.

Se ha hablado de las reformas estructurales; se dijo que para el Presidente Fox hay cuatro grandes reformas. Esperamos aquí en esta Cámara de Diputados, esperamos que en el Senado pronto se presenten las iniciativas puntuales, concretas para modificar el marco legal y así garantizar que en nuestro país la transición democrática avance a rumbo firme y que no vayamos a estarnos lamentando en tres años que el viejo sistema que dijeron combatir siga estando floreciente en éste, nuestro país. Es lo peor que nos puede pasar.

Y va a contar con la colaboración del PRD para avanzar en estos temas de la consolidación democrática de nuestra nación.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el Secretario Santiago Creel Miranda, hasta por 10 minutos, para dar respuesta.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, señor Presidente:

Agradezco la intervención del diputado Duarte, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Para el gobierno del Presidente Fox la gobernabilidad democrática tiene una definición muy precisa.

En primer lugar, gobernar a través de los propios instrumentos de la democracia, gobernar con diálogo abierto, con un diálogo incluyente con todas las fuerzas políticas, actores sociales y políticos del país.

Gobernar buscando los acuerdos políticos en los puntos de coincidencia, valorando las convergencias por encima de las diferencias. Gobernabilidad política también significa actuar bajo la frontera del Estado de Derecho, bajo la frontera de las propias instituciones respetando los ámbitos de competencia de los poderes, de los órganos de autonomía constitucional de las entidades federativas, de los municipios y del resto de las autoridades. Y es exactamente lo que está haciendo el gobierno del Presidente Fox, gobernando de manera democrática.

Ahora me referiré a los diversos planteamientos y a las ocho preguntas que de manera muy puntual, diputado Duarte, usted me formula en materia de medios de comunicación.

En primer lugar, afirmo que desde el primer día de la administración del Presidente Fox se ha garantizado plenamente la libertad de expresión y además que la política de comunicación social gubernamental se ha caracterizado por la apertura, la transparencia, el establecimiento de mecanismos para informar ampliamente sobre las acciones, programas y posiciones del Gobierno Federal.

La relación que el Ejecutivo Federal ha mantenido con las empresas de radio y televisión ha sido siempre con base en el marco de las atribuciones que la ley le confiere al propio Ejecutivo.

El Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y el nuevo decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir el pago correspondiente al tiempo fiscal, reportan desde nuestro punto de vista, importantes beneficios tanto para la sociedad como para el Estado.

Ambas modificaciones se ejercieron a través de las facultades propias que tiene el Poder Ejecutivo. Nadie impugnó formalmente esas atribuciones o competencias, habiendo los medios jurídicos abiertos y a disposición para hacerlo.

En términos de los beneficios para los ciudadanos, las últimas reformas reportaron, en primer lugar, que se estableció el derecho de réplica. Además se precisaron los límites del tiempo comercializable y se integró un representante de la sociedad civil como invitado del Consejo Nacional de Radio y Televisión. También se incluyeron los principios de participación ciudadana: solidaridad, respeto a los derechos de los grupos vulnerables y de equidad y género y se otorgaron facilidades para transmitir además, programas en lenguas indígenas.

Igualmente se dio acceso a la información sobre concesionarios y permisionarios aun antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Oficial y también se establecieron criterios más objetivos dentro de los límites de la propia ley para el otorgamiento y refrendo de concesiones.

Asimismo en beneficio del Estado los tiempos fiscales se transmiten hoy de manera proporcional y en mejores horarios, volviéndose sin duda con esto una herramienta de comunicación que garantice incrementos sustanciales en la audiencia y por ello aumenta la recaudación efectiva para el Estado. Es menor el tiempo, efectivamente, si lo medimos en minutos, pero mucho mayor en términos de la audiencia efectiva y eso es lo que vale, que ello ha reportado alrededor de un 100% adicional de audiencia en términos concretos, si hablamos de televisión de un 140% de audiencia efectiva.

Por su parte, en materia de tiempos de Estado, ya no los fiscales, también se lograron avances importantes puesto que ahora se puede fraccionar parte de ellos en segmentos de 20 y 30 segundos. Esto permite a los órganos y a los Poderes del Estado una mucho mejor utilización de los tiempos que le corresponden e incrementa sus audiencias e igualmente la penetración del mensaje de comunicación social de estos órganos y Poderes del Estado.

Ejemplo de ello fueron los cerca de 10 mil anuncios diarios de televisión y más de 28 mil por radio que transmitió el Instituto Federal Electoral durante el pasado periodo de elecciones federales.

Por cierto, habrá que decir que esta reforma permitió evitar las antiguas controversias que se dieron, sobre todo las judiciales, entre algunos miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral y el propio gobierno en el pasado.

Es igualmente importante informarle a esta soberanía que todas las campañas de comunicación social que han solicitado los poderes o los órganos del Estado mexicano han sido atendidas puntualmente a través de estos instrumentos. Los beneficios mencionados y el hecho de dotar a la sociedad de cada vez mejores herramientas de comunicación constituyeron las razones de Estado para publicar el reglamento y el decreto. En ello no hay ninguna pérdida ni tampoco ninguna sesión, los hechos son muy concretos: que el tiempo de Estado no disminuye, por el contrario se aprovecha mejor, mientras que el tiempo fiscal se transmite en horario de mayor audiencia y por lo tanto de mayor valor fiscal para el Estado mexicano.

Igualmente deseo informar a esta soberanía que en materia de comunicación social la Presidencia de la República difunde muchos de los programas y acciones de las distintas dependencias de la administración pública federal. Es por ello que utiliza más tiempo fiscal si se le compara con una dependencia en lo particular.

También habrá que hacer hincapié que la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, ha informado con toda oportunidad a los ciudadanos en riesgo de ser afectados, particularmente por los huracanes y las lluvias en curso, y además hemos igualmente comunicado sobre las medidas de prevención correspondientes mediante boletines informativos y campañas de difusión.

Por último, coincidimos en que la Ley Federal de Radio y Televisión es anacrónica y obsoleta. La expedición del nuevo reglamento y del decreto en nada impide llevar a cabo una reforma de fondo.

Por eso, el Ejecutivo Federal ratifica su posición de participar constructivamente en el análisis y discusión de un nuevo marco jurídico, particularmente tenemos especial interés en un mecanismo que evite la discrecionalidad del Gobierno y transparente el proceso de otorgamiento y refrendo de concesiones.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para formular su réplica, el señor diputado Horacio Duarte Olivares, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Horacio Duarte Olivares:

Gracias, señor Presidente:

Sin duda los planteamientos que ha hecho aquí en esta tribuna el Secretario Creel llaman a alguna reflexión. El habla de estar de acuerdo en un nuevo marco jurídico, él habla de que comparte la preocupación de la necesidad de contar con un marco jurídico claro, transparente en materia de medios de comunicación. Esperamos pronto construir esa iniciativa, esperamos que el Secretario Creel pueda tener pronto en su despacho la firma para que envíe la iniciativa correspondiente. Sé que así como se compromete en esta Cámara enviará la iniciativa necesaria.

También precisar que sin duda algunos de los términos que el Secretario Creel ha utilizado sobre la gobernabilidad democrática, habría que añadirle algunos y precisar otros. En el caso mexicano, sin duda, uno de los valores más importantes de la gobernabilidad democrática debía ser la transformación. Mientras nuestro sistema político no se transforme vamos a seguir transitando en un régimen o en el viejo régimen con nuevos actores.

Yo estoy convencido que en tres años que restan del actual gobierno tendrá que haber un viraje en el nuevo compromiso con la transición democrática. El gobierno del Presidente Fox no puede seguir siendo rehén del viejo sistema y no puede ser cómplice de los que durante setenta años saquearon a nuestra nación.

Por eso, transformación, no conservación de los del viejo régimen ni de los viejos privilegios. Ejercer el liderazgo que el Presidente Fox se comprometió y ejercer el liderazgo significa construcción de consensos, construcción de acuerdos para estas transformaciones. Ejercer el liderazgo no significa ser rehén de los viejos políticos del sistema. Por eso estamos convencidos que es necesario que aquí en esta Cámara los partidos junto con el Ejecutivo avancemos en ese nuevo diseño.

Finalmente decir que el tiempo fiscal sólo trae un beneficio muy claro y concreto, es el beneficio del Presidente de la República, ahí se da su campaña, ahí continúa su campaña. Tan es así que en los textos que se difunden no hablan ya del Gobierno de la República, ahora se dice: ``el Gobierno del Presidente Fox hace X, el gobierno del Presidente Fox hace Y''; ya no se habla de la institución Presidencia de la República, sino de la personalidad del señor Presidente Vicente Fox.

Y finalmente esta actitud es violatoria del artículo 30 del Presupuesto de la Federación, que establece con claridad que los recursos no se pueden utilizar para difundir imágenes personales, para difundir personalidades, como ahora lo viene haciendo el Presidente de la República. Por eso es tan importante este tema, no puede quedar como un tema más, es un tema crucial para la transparencia, para el cambio democrático en nuestro país.

Y finalmente esperamos respuesta también sobre el asunto de Ciudad Juárez, sobre el asunto de la Corte Penal y sobre la fiscalía para investigar los crímenes del pasado, porque estoy convencido que si este país no avanza en esclarecer su pasado, volveremos a estar condenados a repetirlo. Por eso hoy es importante saber y que el Secretario Creel se comprometa. Estoy convencido que así podremos avanzar en un régimen democrático, para que en tres años estemos consolidando el proceso de cambio que se inició, no en el 2000, sino ya hace varias décadas en nuestro país.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para formular sus cuestionamientos, el señor diputado Sergio Penagos García, del Partido Acción Nacional.

El diputado Sergio Penagos García:

Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores, Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

Acción Nacional acude a este nuevo ejercicio de glosa convencido de que en un Estado democrático de derecho, el Ejecutivo no puede sustraerse del ineludible deber de informar a los gobernados.

Es a través de ejercicios republicanos, como éste, que se da plena vigencia a lo que durante muchos años sólo fue una teoría de división de poderes. Hoy que el Poder Legislativo indaga y cuestiona, podemos estar seguros de que nuestra democracia ha dado un paso más hacia su consolidación.

Lo hemos afirmado antes y seguiremos insistiendo en ello, Ejecutivo y Legislativo son poderes distintos y distinguibles, pero no por eso rivales, ambos tenemos una imperiosa necesidad de trabajar por el bien de los mexicanos.

En este sentido es que coincidimos en que el Gobierno de la República que preside Vicente Fox tiene rumbo y objetivos, sin embargo no podemos ignorar que un sector de la sociedad , particularmente aquél representado por las distintas fuerzas políticas con presencia en el Congreso de la Unión, tiene la percepción de que el país no ha experimentado ni en intensidad ni en cotidianidad aquellos cambios necesarios para marcar un parte aguas en la calidad de vida de millones de mexicanos.

Es por eso señor Secretario, que le pregunto: ¿dentro de la competencia de la dependencia a su cargo, qué acciones se han realizado para difundir e informar de manera veraz y objetiva aquellos actos de Gobierno que marcan una manera diferente de gobernar a la del pasado? ¿Por qué parece que algunos ciudadanos no perciben los cambios alcanzados por el Gobierno?

No podemos dejar de reconocer que durante su gestión se ha promovido siempre dentro del margen de la ley, un diálogo civilizado dirigido a construir acuerdos entre todos los actores políticos y sociales, como vía para encontrar soluciones a las diferencias que se dan en el marco de nuestra gobernabilidad democrática.

Sin embargo es común escuchar de partidos políticos y de algunos sectores de la sociedad, la crítica que señala la ausencia de acuerdos de fondo y la explotación de las formas publicitarias. En esa tónica, ¿qué acciones ha emprendido la Secretaría de Gobernación para comunicar con objetividad el estado de la administración y sus avances? Y, más importante, ¿cómo se reflejan estas acciones en la vida de los millones de mexicanos que ven a la política como una actividad que no les atañe en la que no se sienten involucrados?

No ignoramos que la democracia electoral impera hoy día en el país y es resultado de años de esfuerzos y acciones contundentes a efecto de garantizarle a los mexicanos jornadas electorales en las que su voto se respete, cuente y defienda con toda transparencia; sin embargo queremos que nos responda: ¿con qué estrategia el Gobierno Federal ha coadyuvado para despertar e incentivar la participación ciudadana y no sólo nos referimos a los procesos electorales sino más allá de éstos?

Por otro lado, sabemos que nuestro sistema federal surge como una forma de organización política y económica que parte de la premisa de la responsabilidad compartida tanto de la Federación, entidades federativas y municipios, a fin de dar una respuesta más inmediata y eficaz a la demanda de la sociedad. Sin duda el federalismo contribuye a fortalecer la democracia y da claridad en las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno.

De hecho, una de las luchas históricas del PAN ha sido darle impulso al sistema federal como medio para acercar la toma de decisiones a la ciudadanía y combatir el centralismo.

En tal sentido, ¿cuántas y cuáles han sido las transferencias a los estados y municipios? ¿Cómo se fortalece el Pacto Federal con dichas transferencias?

Por otra parte, ¿qué opinión le merece la creación y funcionamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores y cómo pretende el Gobierno sumar los esfuerzos de la Conago dentro de su impulso al federalismo?

Sin lugar a dudas, una de las diferencias positivas del actual Gobierno, es que ya no existe un sistema cuyo ejercicio del poder sea unipersonal, debido a que en las amplias facultades del Presidente anteriormente es metaconstitucionales, hoy tienen un equilibrio ante el fortalecimiento de los Poderes Legislativo y Judicial y del sistema federal.

Sin duda, esto es una señal positiva de que se vive una auténtica división de Poderes federales y no de una mera simulación como en el pasado; no obstante ese clima favorable para la democracia, las instituciones y derechos de los ciudadanos, hay quienes de manera errónea ven en esta situación la existencia de una presidencia débil. ¿Cuáles son sus comentarios al respecto, señor Secretario?

Ahora bien, estamos convencidos de que en materia de seguridad nacional la presente administración ha estado cumpliendo con el objetivo que se trazó en un inicio, realizar un proceso de revisión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido por sus siglas como Cisen, es decir, éste ha dejado de ser el espía de los adversarios políticos; el espía de la oposición al régimen, ya no es más el aparato represor; por el contrario, este proceso ha dado resultado en la actualización de los instrumentos legales e institucionales de investigación, información y análisis en la materia.

De igual forma, estamos conscientes de que se ha instalado el Consejo Interinstitucional del Cisen y se creó el gabinete de seguridad nacional; sin embargo, señor Secretario, es preciso conocer cuál es exactamente la función de la Secretaría a su cargo que desempeña en esta materia. ¿De qué forma coadyuva al combate de los delitos y al crimen organizado? ¿Hasta dónde ha llegado la desclasificación de información por parte del Cisen? ¿Qué hace o de qué forma participa la Secretaría a su cargo para prever los acontecimientos o circunstancias que ponen en riesgo la seguridad nacional?

Otro aspecto que ha caracterizado a la actual administración es la apreciable disminución de conflictos poselectorales, así como una actitud dialogante y de mediación en aquellos casos en que éstos sí se han presentado; sin embargo, le pedimos que nos conteste de qué forma ha ejercido la Secretaría a su cargo las atribuciones con que cuenta en esta materia, ¿cuáles han sido las estrategias y las acciones realizadas durante su gestión?

Estamos convencidos de que las respuestas que le dé a las preguntas que se le planteen durante este ejercicio republicano, indudablemente contribuirán a un mejor entendimiento de la realidad por la que atraviesa el país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el licenciado Santiago Creel Miranda, hasta por 10 minutos, para dar sus respuestas.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, diputado Presidente:

Antes de dar respuesta al planteamiento que me ha formulado el diputado Penagos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito informarles a los legisladores y a las legisladoras de esta soberanía, que las preguntas que no logre yo responder en el tiempo que se me ha asignado para esta comparecencia, las responderé directamente a cada uno de los grupos parlamentarios por escrito, durante esta semana.

Sin duda, una oportunidad para transmitir los resultados de esta administración es el informe anual que presenta el titular del Ejecutivo al Congreso de la Unión. En él se establecen con claridad los logros, los retos, los pendientes y también contiene una buena dosis de autocrítica; todo ello, la glosa, las actuales comparecencias, van a permitir que la ciudadanía esté cada vez mejor informada sobre el estado que guarda la presente administración.

Adicionalmente, el Plan de Comunicación Social del Gobierno difunde cada uno de los programas y de las acciones gubernamentales bajo el estricto cumplimiento de los lineamientos expedidos por la Secretaría a mi cargo; sin embargo, habrá que decir y habrá que reconocer que ante una sociedad plural la interpretación de la realidad nacional, la interpretación de en qué consisten y en qué no consisten los cambios, o de los logros o pendientes, no siempre será la misma en los distintos sectores de la población. Esto es también parte de un sistema democrático.

Las percepciones, o más allá, las interpretaciones unánimes no es algo que pueda o deba darse en una democracia; una democracia implica la pluralidad, implica distintos puntos de vista sobre la misma realidad nacional. Además es importante mencionar que el marco jurídico sobre transparencia está plenamente vigente, lo que garantice el acceso a la información oficial que genera la administración pública, esto también sin duda va a permitir a la ciudadanía estar más objetivamente informada sobre lo que hace o deja de hacer el Gobierno de la República.

También, se ha impulsado la realización de un diagnóstico sobre la cultura política del país y también sobre las prácticas ciudadanas prevalecientes en el país, a través todo esto de una encuesta nacional, sus resultados fueron ampliamente difundidos y estos resultados nos han servido al gobierno para llevar a cabo acciones en materia de desa-rrollo político, que ha puesto en marcha la propia Secretaría de Gobernación.

Para el fomento de la cultura democrática está en plena operación, el convenio suscrito entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Federal Electoral, que tiene por objeto la promoción de la educación cívica, la cultura democrática y precisamente uno de los temas a que se hacía alusión en la intervención, la participación ciudadana. Se cuenta además, con distintos programas de fomento a la cultura democrática que se difunden de manera permanente a través de los medios masivos de comunicación.

Asimismo, se impulsó en la pasada legislatura, la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, que por cierto, fue ya aprobada por esta Cámara y que una vez aprobada por el Senado, estoy seguro que va a abrir paso a una mayor participación de la sociedad civil organizada. Estas son algunas de las acciones que ha impulsado el Gobierno del Presidente Fox en materia de participación ciudadana y también en materia de comunicación social.

Por lo que se refiere a las transferencias federales a estados y a municipios, me permito informarle que en materia de participaciones, es decir, ramo 28 pasaron de 178 mil millones de pesos en el 2000 a 227 mil 500 millones en el 2003, esto equivale a un crecimiento en términos reales de 6.3%.

Por su parte, las aportaciones federales, es decir, ramo 33 ascendieron a 195 mil millones de pesos en el año 2000, frente a un estimado de 235 mil millones de pesos para este año. El crecimiento en términos reales en materia de aportaciones es de 3.2%.

Por otro lado y en relación al señalamiento que usted me hace en vinculación con la Conago, con la Conferencia Nacional de Gobernadores, estamos convencidos que esta conferencia constituye una forma innovadora de mejorar la interlocución entre el Poder Ejecutivo y las entidades federativas del país. También estamos convencidos señor diputado, que el Pacto Federal se fortalece con esta conferencia, al ser una instancia que favorece la concreción de acuerdos políticos, como es el caso del impulso al federalismo que habrá de darse en la próxima Convención Nacional Hacendaria, convenida entre el titular del Poder Ejecutivo y los titulares de las distintas entidades federativas del país.

Por otra parte, me permito señalar que una Presidencia subordinada a los preceptos constitucionales, nunca puede ser una Presidencia débil, por el contrario, en ello, precisamente en ello, radica su fortaleza.

En relación al Cisen, me permito informarle señor diputado, que el Cisen provee de información a todas las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad Nacional y particularmente realiza labores de inteligencia para combatir el terrorismo, la subversión y el crimen organizado.

El Cisen, como toda dependencia del Gobierno Federal, cumple cabalmente con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; además de que en un acto, diría yo, sin precedentes desclasificó toda la información que se resguardaba de las antiguas direcciones federales de seguridad y de investigaciones políticas y sociales.

Por lo que toca a su siguiente planteamiento, relativo a los conflictos electorales o poselectorales, lo que le puedo decir, señor diputado, es que durante esta administración han sido relativamente pocos. La Secretaría a mi cargo ha participado como interlocutor, como mediador en los distintos conflictos, pocos de ellos se han presentado, siempre, habrá que decir, con pleno respeto a las autoridades electorales, a los tribunales electorales y a las competencias locales.

La estrategia de la Secretaría de Gobernación para resolver estos conflictos post o preelectorales no ha sido otra que el diálogo, la transparencia en la negociación, lo que se acuerda en la mesa de trabajo se ratifica ante la opinión pública y también la divisa de la Secretaría ha sido el cumplimiento cabal de la palabra dada. Le damos un valor absoluto a la palabra; es la base de la actividad política y es por ello que honramos la palabra dada en los acuerdos que suscribimos. En todos los casos el objetivo ha sido asegurar la libertad de voto y que la libre voluntad ciudadana prevalezca.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la palabra para formular su réplica, el señor diputado Sergio Penagos García.

El diputado Sergio Penagos García:

Con su venia, diputado Presidente; compañeras y compañeros; señor Secretario:

Sin duda el intercambio de opiniones a través de este ejercicio democrático fortalece las instituciones y permite anclar nuestras acciones bajo un sistema de información y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Una vez más este Congreso con su carácter abierto, público, plural e igualitario, se convierte en el verdadero foro de discusión pública en el que el Gobierno debe de exponer cotidianamente, de igual a igual, los avances, los logros, los retos, pero también el de recibir la crítica o el comentario de lo que falta por hacer a la vista de los representantes de la nación y de la opinión pública en general.

Las relaciones entre el Congreso y el Gobierno, como hoy se significa en este acto, debe ser un ámbito donde se dialogue, se intercambie y discutan las cuestiones que más interesan a la población y que nos permita generar, tanto al Legislativo y al Ejecutivo, bienes públicos a favor de la sociedad.

Señor Secretario: hemos escuchado con atención sus respuestas y compartimos al igual que usted que el Gobierno del Presidente Fox tiene rumbo, programa y objetivos respecto hacia dónde quiere conducir al país, y que no son otros que arribar a mejores estadios de bienestar social, económico y político. No es como en el pasado, en el que prevalecía una visión meramente unipartidista o gobiernista; esta administración ha modificado el trato con las diferentes fuerzas políticas, no bajo una política integrista donde los otros son los enemigos a vencer, por el contrario, el código democrático de este Gobierno ha permitido desplegar un trato cívico y dialogante en la búsqueda de apreciar en las fuerzas políticas distintas, lo que es pertinente y valioso para todos; ha sido un Gobierno capaz de construir los cauces institucionales para la coexistencia en la diversidad, sin desgarrar el tejido social y ha permitido que individuos y grupos sociales, incluso contrarios al Gobierno, puedan ejerce sin necesidad de recurrir a la violencia, sus respectivos derecho.

Incluso en esta administración como en ninguna otra, las libertades, particularmente la de expresión, ha sido ampliamente salvaguardada y respetada; no hay más estado se censura. La presencia de ese panorama no podría entenderse sin la acción de la Secretaría de Gobernación.

En este sentido no podemos negar, ni tampoco las otras fuerzas políticas, que la dependencia a su cargo, señor Secretario, ha sido una instancia promotora en la construcción de acuerdos para la concreción de soluciones. Tenemos, por ejemplo, los acuerdos alcanzados dentro de las mesas de negociación para la Reforma del Estado, instaladas por la Secretaría a su cargo; su intervención para abrir una instancia de conciliación en el asunto del CNI Canal 40, el Acuerdo para el Campo, los Convenios de Descentralización con diversas entidades federativas, el Acuerdo Político Nacional para la Jornada Electoral del 6 de julio pasado, entre otros más.

Aunado a lo anterior y no obstante que no hay un marco institucional claro respecto a la existencia de la Conago, reconocemos que la Secretaría de Gobernación tiene voluntad de interlocución incluyente, de tolerancia y de pluralidad para sumar los esfuerzos de dicho foro, que permitan construir un mejor futuro para la nación; incluso reconocemos que fue el esfuerzo del Ejecutivo el que ideó y facilitó en su momento la conformación de dicho foro, mismo que surgió de las mesas de trabajo con gobernadores que auspicio la Segob.

Qué bueno que hoy algunas fuerzas políticas hayan sufrido la metamorfosis del centralismo hacia el federalismo y qué bueno que se sumen a la bandera histórica del PAN desde 1939, el impulso a un auténtico federalismo y el fortalecimiento de la comunidad política primaria, el municipio, creo que en eso estamos todos de acuerdo.

Ojalá que los que ahora nos exigen, descentralización de la Federación hacia las entidades federativas, prediquen con el ejemplo para descentralizar del Gobierno local al Gobierno municipal o delegacional; congruencia señores gobernadores y Jefe de Gobierno del DF.

En nuestro grupo parlamentario estamos seguros de que en los últimos años México se encamina con paso firme a una plena democracia, que es necesario consolidarla para que su cimentación afecte lo menos posible en los severos reacondicionamientos que se dan en lo social y en lo económico, primordialmente en este tipo de procesos.

Por eso hacemos un llamado al Ejecutivo Federal, para que apriete el paso y se privilegie la política que dé pie a la consolidación de acuerdos, avances y resultados que esperamos todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias diputado.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos para formular sus cuestionamientos, el diputado Jorge Romero Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jorge Romero Romero:

Con su permiso, señor Presidente:

Señor Secretario, en términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 27 fracciones XII, XIII, XIV, XVII, XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en virtud de que en esta ocasión no comparecerá el Secretario de Seguridad Pública y por ser usted el responsable de la política interior del país, por mandato del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como su obligación legal de vigilar el cumplimiento de la Constitución. La inseguridad pública en México hoy es uno de los fenómenos que más vulneran la gobernalidad del país, que usted renuncie a abordar el tema ante esta soberanía, significa renunciar a los equilibrios que soportan lo más fino del tejido social; lo invitamos a actuar con responsabilidad histórica y sobre todo con respeto a esta representación social.

La primera injusticia social es la inseguridad, todos la estamos padeciendo, los mexicanos, sea cual sea nuestro color político, queremos seguridad, existen en la ciudadanía una intensa percepción de inseguridad y violencia, así como de impunidad e ineficacia de la autoridad para enfrentar el problema.

Los indicadores avalan estas percepciones, pues muestran que la incidencia delictiva y la violencia se han disparado, así como un pobre desempeño de las corporaciones policiales.

La ciudadanía establece como prioridad de la agenda nacional el tema de seguridad y diversos sectores de la sociedad y la opinión pública exigen medidas para disminuir la incidencia delictiva y los niveles de violencia en la sociedad.

Señor Secretario: en el informe presentado a esta soberanía, así como en los anexos, hemos encontrado una compilación de actividades que sin duda denotan falta de claridad en cuanto a los resultados específicos que la sociedad reclama urgentemente en materia de seguridad.

El análisis general de todos los indicadores no nos reflejan más que un gran distanciamiento de la realidad del problema de seguridad a como lo concibe el Gobierno Federal. Desde el Ejecutivo aprecian un país que no tiene qué ver con la realidad. Los mexicanos tenemos derecho a conocer el tamaño de la inseguridad, ésa hasta hoy, dimensión desconocida.

Según estudio de organismos no gubernamentales, por cierto, más confiables que las cifras que usted conoce, los realizados por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad y practicados a cargo de cuatro de las empresas encuestadoras más importantes y prestigiadas del país: BIMSA, Berúmen y Asociados, Consulta Mitosvky y Gaos, arrojan que en México durante sólo seis meses del año 2002, en 2 millones de hogares hubo víctimas del delito; que 3 millones 700 mil personas fueron víctimas de la delincuencia; que sólo 17 de cada 100 víctimas denunciaron este delito. El 47% de los delitos se cometieron con violencia. El 44% de los mexicanos se sienten algo o muy inseguros en su entidad. El 22% han modificado sus actividades o hábitos por la inseguridad y que la población percibe que los delitos que tuvieron mayor aumento son los relacionados con el narcotráfico, especialmente en la modalidad de venta de drogas al menudeo, asalto en la vía pública, robo de vehículos y robo o asalto a casas-habitación. Todavía el día de ayer algunos medios de comunicación dieron cuenta de una encuesta que entre otras cosas dice que en el último semestre han sido víctimas de la delincuencia el 20% de los encuestados.

Según su información quisiera que dijera a esta representación cuáles son los resultados concretos y objetivos de los esfuerzos hechos en el país en materia de coordinación y profesionalización de los cuerpos policiacos. ¿Las acciones informadas, señor Secretario, le satisfacen al Gobierno Federal?

De las acciones enumeradas en cuanto a la lucha contra la corrupción en cuerpos policiacos, ¿nos podría usted informar con indicadores precisos los resultados? y ¿cómo explica usted el fracaso del Gobierno Federal en sus proyectos de campaña, al asegurar que la corrupción al interior de las fuerzas de seguridad sería erradicada con tan sólo una transición? o ¿será casualidad que los estudios de corrupción elaborados por organismos no gubernamentales como son Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, aparezca el renglón de seguridad pública como la actividad con mayor corrupción en México y que además considere un incremento en este fenómeno entre los últimos años de su medición?

Queda claro, señor Secretario, que la sociedad no puede detenerse ante la incapacidad de su gobierno para brindarle seguridad en su integridad física, emocional, patrimonial y en su dignidad. Esto ha hecho que en México prolifere la cultura del guarurismo y las policías privadas.

Agradeceríamos su opinión en torno a estas empresas que crecen sin ningún control. Las víctimas en este país son, sin duda, un sector de la sociedad profundamente lastimado. Estas víctimas, que por cierto son muchas, están indignadas y quienes no lo han sido están preocupadas. Pasar de este estado al primero puede acontecer con una inmediatez insospechada. Esto ha propiciado que los mexicanos veamos el problema de la inseguridad como un problema prioritario y de urgente atención.

Si los estándares internacionales recomiendan que los países destinen un promedio del 1.5% de su Producto Interno Bruto al rubro de seguridad, ¿por qué en México el Gobierno Federal propone sistemáticamente a esta soberanía, presupuestos por debajo de este indicador, amén de recortes y subejercicios en este rubro tan importante?

No obstante que las cifras que contiene el apartado relativo, reporta avances en materia de infraestructura penitenciaria, lo cierto es que sólo es una parte. Pero en términos generales el Gobierno Federal y particularmente la Secretaría que usted encabeza ha fracasado en la verdadera readaptación de los reos, a pesar de publicitar diversas acciones como la propuesta de Ley de Justicia Civil del señor Gertz Manero, la cual incluso esta soberanía no conoce, y también la propuesta del famoso Código Penal Tipo, que por cierto no han sido suficientes tres años para que el Legislativo lo conozca.

Señor Secretario, qué se ha hecho para que los estados no sigan con la carga de los reos de orden federal. Hoy escuchamos del Gobierno Federal, en su informe, promesas, pero conservamos la frustración social.

Agradeceremos que en sus respuestas registre usted indicadores precisos de la verdadera readaptación de ciudadanos no dé un recuento de acciones desarticuladas que no dejan de ser un listado de buenas intenciones.

Por otro lado, el informe en comento deja muy claro el manejo discrecional del Fondo de Desastres Naturales. Esta acción del Gobierno, tan sentida en nuestra sociedad, en la cual el principio fundamental de eficiencia es la oportunidad, ha operado con una absoluta ineficacia, violando incluso, por burocratismo, sus reglas de operación, como es el caso de los fenómenos meteorológicos acontecidos entre mayo y junio de este año en los estados de: Oaxaca, Nuevo León, Veracruz y Puebla y a esta fecha, según anexos del informe, están en proceso de evaluación.

Preguntaría yo, señor Secretario, ¿el nuevo Fondo para Desastres anunciado por el Presidente el 19 de este mes operará en las mismas condiciones que el Fonden o es un nuevo argot publicitario?

El flujo comercial y de personas tan importante en nuestras fronteras es, sin duda, el origen de varios problemas en materia de seguridad. La sociedad accesa a los mercados negros con una tolerancia sin igual por parte de la autoridad.

Seguro es de todos sabido que las cifras tan publicitadas por las dependencias del Gobierno Federal no obedecen a una proporcionalidad adecuada, con la dimensión real del problema.

Por enlistar, se considera el tráfico de armas como uno de los mayores problemas de seguridad fronteriza. En el primer semestre de este año se han registrado 750 mil delitos denunciados, calculados en las cuestionables cifras oficiales. El 44% de estos delitos se cometen con armas de fuego.

La vulnerabilidad de nuestras fronteras ha hecho que hoy México sea un país blanco fácil al contrabando, narcotráfico y terrorismo, que se ha consolidado como un fenómeno de moda en la globalidad.

Agradeceríamos nos diera su punto de vista respecto a su posición ante tal fenómeno y esperamos que ésta no coincida con la que se publicitó, sin que usted lo desmintiera en sus declaraciones hechas en Washington en las que usted señala que hay que llegar a un acuerdo migratorio con Estados Unidos, entre otras razones por una muy principal como es la de fortalecer la seguridad de Estados Unidos.

¿Esa es su visión del acuerdo migratorio o es una inteligentísima táctica para ofrecérselo así a Estados Unidos? ¿Dónde creé que está usted, señor Creel, en la vanguardia de la defensa de los derechos de los migrantes o en la retaguardia vergonzante de la colaboración con Estados Unidos?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el Secretario Santiago Creel Miranda, hasta por 10 minutos, para dar sus respuestas.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia señor Presidente:

Precisamente por virtud de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobadas precisamente por esta soberanía, se decidió extraer de la Secretaría de Gobernación todo lo relativo a la materia de seguridad pública.

Precisamente por respeto a nuestra Constitución y a las leyes que emanan de ella, es claro que la competencia en materia de seguridad pública queda a cargo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal.

Sin embargo, me voy a permitir comentar algunos de los datos que me parecen más relevantes en esta materia para satisfacer, en parte, a la pregunta que me formula el diputado Romero, algunas de ellas, por cierto, que no fueron incluidas en lo que publicó la Gaceta y por lo tanto con mucho gusto en fecha posterior a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública habremos de responderle de manera muy puntual como así lo manifestó el diputado Jorge Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

Tal y como lo mencionó el Presidente de la República en su informe, en materia de delitos federales, y aquí habrá que distinguir las encuestas respecto de delitos federales y respecto de aquellos del ámbito local, aunque los dos integran los indicadores de la seguridad pública del país, las responsabilidades son distintas: una a cargo del Gobierno Federal y otra a cargo de los distintos gobiernos de las entidades federativas, al igual que en algunos casos de los gobiernos municipales.

En materia de combate al crimen organizado, los avances han dado como resultado la aprehensión de más de 20 mil personas involucradas en el crimen organizado; todos los carteles de la droga han sido tocados por las fuerzas de seguridad pública, de la Procuraduría General de la República y de Defensa y nuestras Fuerzas Armadas, todos ellos en todas las partes del país y el número que reporta de aprehensiones me parece que es significativo, más de 20 mil personas están sujetas a procesos de índole federal.

Por lo que hace igualmente a una situación vinculada a la seguridad pública, que es el terrorismo, permítame, diputado, manifestarle en primer lugar que el Gobierno de la República ha reprobado esta conducta en los distintos foros que ha comparecido, además de haberse sumado a los esfuerzos internacionales para su combate.

De manera concreta deseo informar a esta soberanía que durante los momentos más críticos del conflicto de Estados Unidos con Iráq, el Cisen, a mi cargo, estuvo en contacto siempre permanente con las agencias internacionales y rea-lizando además las investigaciones correspondientes en el país para salvaguardar a nuestro territorio y evitar que fuera utilizado por grupos terroristas y esto a mí también me parece que es importante mencionarlo, porque otros países viven con el flagelo del terrorismo. Afortunadamente nuestro territorio hasta este momento se ha podido salvaguardar de esas conductas que atentan contra la parte toral del sistema democrático, contra los valores más cercanos al ser humano y ahí hemos podido dar buenas cuentas, como también lo hicimos cuando se instrumentó el denominado plan centinela, con el despliegue en fronteras, puertos, aeropuertos e instalaciones estratégicas de más de 30 mil elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

También cabe decir que mantenemos mecanismos de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos para contar con una frontera segura y garantizar al mismo tiempo el flujo de bienes y personas, además de la operación de un grupo de alto nivel con las autoridades guatemaltecas, al sur de nuestra frontera, y hemos igualmente suscrito diversos tratados internacionales para combatir el crimen organizado y particularmente el terrorismo.

Por lo que hace al acuerdo migratorio, antes de abordar lo que le hemos propuesto al gobierno de Estados Unidos, quiero decirle, señor diputado Romero, que lo primero que nosotros vemos como objetivo y finalidad de ese acuerdo, es una cuestión de seguridad, ¡sí, pero de seguridad para nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera! ¡Y cuando me refiero al tema de seguridad lo vinculo a sus derechos humanos, de ésos más de cuatro millones de mexicanos! ¡Lo refiero a sus derechos laborales y lo refiero a la necesidad de lograr un acuerdo que garantice tales derechos!

¿Qué es lo que hemos propuesto al gobierno de Estados Unidos, que por cierto no está vinculado a la seguridad a la cual usted hace alusión y que por cierto se hizo la rectificación correspondiente cuando uno de los diarios hizo alusión a una supuesta declaración de quien habla? ¿Cuáles son esos puntos concretos que le hemos planteado al gobierno norteamericano en materia del acuerdo migratorio?

1º. Regularizar la situación migratoria de los indocumentados mexicanos.

2º. Establecer un programa de trabajadores temporales. Esto con objeto de poder generar una circulación permanente de aquellos que desean poder ir a trabajar por temporadas al vecino país del norte, pero también que desean regresar a sus lugares de origen.

3º. Que las visas disponibles a los mexicanos correspondan a la realidad migratoria, hoy no corresponden. Simplemente con el flujo de personas que tenemos en la frontera norte, que es de prácticamente un millón de personas diarias, requerimos un tratamiento especial y distinguible de las demás naciones en materia de visas migratorias.

4º. Punto cuarto es fortalecer la seguridad fronteriza con énfasis en el respeto a los derechos humanos, la prevención de muertes y el combate al tráfico de personas, y

5º. Por último, es impulsar igualmente programas de desa-rrollo en las zonas de mayor intensidad migratoria.

En términos del posible acuerdo migratorio también hemos constatado, señor diputado Romero, que se empieza a dar un viraje por parte de las autoridades y legisladores estadounidenses. Se han planteado distintas iniciativas de una y de otra parte, lo que abre sin duda una nueva etapa y refuerza la posición que hemos adoptado como Gobierno Federal sobre este asunto.

El día de hoy reitero ante ustedes que en este momento no hay tema o asunto más importante en la relación bilateral que lograr que nuestros connacionales cuenten con plena vigencia en sus derechos humanos, en sus derechos laborales y en sus derechos civiles.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la palabra para formular su réplica el señor diputado don Jorge Romero Romero, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Romero Romero:

Con su permiso, diputado Presidente:

La seguridad pública es parte de la seguridad nacional. Hace mal el Secretario de Gobernación en deslindarse en una norma que crea una Secretaría que es fundamental para la seguridad nacional y la política interior.

Por otro lado, me queda claro que cuando no hay respuestas a planteamientos concretos, con indicadores puntuales, es porque no hay resultados. Pero eso ya lo sabemos los ciudadanos. Desde luego el planteamiento me queda muy claro: que un discurso se dice en Washington y otro es el que se viene a decir aquí. Por lo menos eso obra en la página de Internet de la Secretaría de Gobernación, en donde por más que busqué nunca encontré la aclaración de la que hoy me vienen a hablar.

Su respuesta, señor Secretario, así sin calificativos, representa a nuestro juicio más un matiz de justificación electoral que de objetividad de resultados.

Seguir buscando en el pasado, como pretende el diputado Penagos, pretextos a la ineficiencia, no es útil para México. Los mexicanos demandamos un gobierno serio, nacionalista, tolerante y sin compromisos partidarios.

En la fracción priísta del Congreso de la Unión hay la plena convicción para construir los acuerdos que requiere el país. Y de usted, señor Secretario, esperamos su responsabilidad constitucional.

Los diputados priístas sabemos que sin conflicto no hay política, pero sin consensos tampoco la hay.

La falta de transparencia en el manejo de los indicadores en materia de seguridad pública que maneja el informe, ha generado una condición social de incertidumbre. La confianza en las cifras gubernamentales no se ganan por ley. Todos sabemos que por falta de credibilidad, exceso de trámites y corrupción en México sólo se denuncian dos de cada diez delitos. Si con este piso empiezan los análisis de las políticas de seguridad, no me queda duda de la imprecisión de las políticas públicas, que lo que generan es que disminuya la confianza ciudadana y no las cifras gubernamentales de inseguridad.

Recuerde que a problemas sociales no hay soluciones individuales. Sin la confianza y participación ciudadana poco se va a lograr.

El Gobierno Federal declaró el año de 2002 como el año de la seguridad pública, sin embargo, es el año en que recorta casi el 50% de las participaciones en seguridad a los estados y desde luego, por problemas de normatividad que claramente puedo sustanciar.

Requerimos certeza en las políticas de seguridad pública, descentralización de responsabilidades y recursos, coordinación interinstitucional, participación ciudadana, etiquetar recursos para seguridad transferidos a los municipios, rediseñar a fondo el sistema penitenciario y mejor aprovechamiento de la tecnología y enfocar mejor el destino de los recursos.

Requerimos mayor transparencia en la obtención de rangos y grados de mando. Se requiere nula tolerancia. Requerimos una revisión a fondo de todo el marco de justicia penal y mayores recursos que permitan que México deje de ser rehén de la inseguridad.

Para concluir, señor Secretario, dejaría una reflexión más que creo indispensable debe hacerse el Gobierno Federal: ¿Todo lo informado en materia de seguridad ha sido de utilidad al ciudadano, al que en estos momentos o en próximos minutos harán víctima de la delincuencia?

Finalmente quiero decir que las elecciones constitucionales, la sociedad ratifica o rectifica su confianza en sus gobernantes. El 6 de julio, señor Secretario, la ciudadanía nos puso a cada quien en su lugar.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Tiene la palabra hasta por 10 minutos, para formular sus preguntas, el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago:

Presidente de la Mesa Directiva; Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda; diputadas y diputados:

En las elecciones del 2 julio de 2000 el voto ciudadano le dio un amplio respaldo al gobierno que usted representa, en las urnas se decidió la alternancia y más aún la imperiosa necesidad de sustituir a las instituciones autoritarias, corruptas y generadoras de desigualdades que hoy padecen millones de mexicanas y mexicanos. Permítame expresárselo de la siguiente forma.

A tres años de su gobierno no hay un verdadero planteamiento en la política interior para reformar las instituciones del Estado, están pendientes el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, un auténtico federalismo y una verdadera promoción y defensa de los derechos humanos.

Señor Secretario: frente a los incumplimientos es oportuno cuestionar ¿qué significado tiene para la historia de México la alternancia en la Presidencia de la República por un partido opositor? ¿Es una simple alternancia sin voluntad política para avanzar a una verdadera transición democrática o es la continuación de más de 20 años de política neo- liberal?

Para usted y su gobierno la transición democrática se agotó en un solo acto, el 2 de julio; las reglas del juego de la política mexicana siguen intactas, no han sufrido una transformación democrática, hay continuidad en el modelo neoliberal de desarrollo económico, al mantenimiento rígido de las instituciones y las excesivas facultades constitucionales del Ejecutivo Federal, aún cuando usted afirme lo contrario.

En esta comparecencia, nos encontramos una vez más con ese sustituto retórico a su quehacer político que lo ha caracterizado, buscando convencer a la sociedad de que vive un sistema democrático sin importar los costos políticos que vendrán por aplazar la transición democrática en este país.

Usted se ha dedicado a administrar las desigualdades a las que a veces quiere confundir con la democracia, por esta razón es importante decirle que no sabemos de qué democracia nos habla en sus discursos y planteamientos públicos porque para usted y su partido la democracia se limita a la mera representación y es terriblemente insuficiente para hablar de lo mismo como lo precisa Pablo González Casanova al señalar que para hablar de democracia es necesario incluir por lo menos cinco categorías: la represión, la negociación, la representación, la participación y la mediación y cuando me refiero a la represión es importante señalar que no nos estamos refiriendo solamente a la represión física, también a la represión moral y también a la represión económica que hoy seguimos padeciendo en este país. Y cuando nos referimos a la mediación estamos hablando de muchos problemas que hasta la fecha no han sido resueltos, por ahí está Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, Acteal y desde luego los más de 500 asesinatos que en la época de Carlos Salinas de Gortari sufrimos los perredistas.

Para pasar a las preguntas, quiero comentarles que en materia de Reforma del Estado es muy importante que nos pueda precisar ¿cuáles son los objetivos y las líneas estratégicas para el impulso de la Reforma del Estado?, ¿Cuál es la disposición del Gobierno del Presidente Vicente Fox para flexibilizar sus posiciones respecto a la Reforma del Estado y que tenga como objetivo primordial el interés social de la población y de país?

Señor Secretario, usted ha señalado que enviará al Congreso una iniciativa de Ley Sobre el Derecho al Voto de Mexicanos Radicados en el Extranjero; sin embargo, a la fecha desconocemos el contenido y los alcances de esta iniciativa.

¿Cuáles son los compromisos del Ejecutivo Federal con el reconocimiento pleno de los derechos políticos en el sentido del derecho de votar y ser votado? ¿Cuándo se presentará la referida iniciativa? ¿Cuál es la base jurídica que se está analizando para su elaboración? ¿Quiénes están participando en la misma? ¿Cuál es el universo de compatriotas que se estarían beneficiando con dicho proyecto? ¿Cómo podrá resarcir el incumplimiento de la Secretaría de Gobernación relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo en la parte que corresponde al fortalecimiento del auténtico federalismo?

En materia de migrantes, ¿cómo piensa manejar la defensa jurídica y política de quienes por razones económicas abandonan el país y están indefensos ante el gobierno de los Estados Unidos de América?

En lo que se refiere a Inmujer ¿cómo explica usted que haya tantos cuestionamientos sobre el subejercicio presupuestal año con año en Inmujer?, tanta inestabilidad a propósito de renuncias de más de un tercio de sus funcionarias y funcionarios de mandos medios y superiores y, sobre todo, una serie de señalamiento de irregularidades como los indicados por el Auditor Superior de la Federación o el tráfico de influencias, entre otros.

Con relación al Fonden es importante insistir ¿cuál es el avance actual financiero y presupuestal en la entrega de recursos del Fonden?, por declaratoria de emergencia y desde luego, ante la magnitud del desastre de las inundaciones de los estados de Guanajuato y Michoacán, no cree usted que los 20 millones de pesos anunciados son insuficientes para atender los daños provocados en la agricultura, la ganadería, los bienes materiales de la población rural y todo lo relacionado a la infraestructura de caminos rurales, vecinales y carreteras estatales y federales.

En materia de derechos humanos es importante saber qué avances se han logrado en el diagnóstico que se está elaborando por la Secretaría a su cargo, como parte del programa de cooperación técnica que se tiene el Gobierno de México con Naciones Unidas sobre derechos humanos.

A qué obedece que la Secretaría no haya cumplido con la recomendación 04/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la sentencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para dar cumplimiento a la demanda del señor José de Jesús Quintero García, ex trabajador de esa dependencia.

Con relación a la autonomía indígena, con base a creación en Chiapas de la casa de la Junta del Buen Gobierno, los llamados ``caracoles'', cómo define usted esta forma de organización. ¿La considera un mecanismo de organización que el Gobierno Federal apoye para reproducirse a los demás pueblos indígenas? ¿Puede hablar usted de gobernabilidad democrática en el marco del Estado de Derecho cuando subsiste un estado de excepción en una parte del territorio nacional?

Dado de que se trata de un ejercicio de autonomía libre y determinación de los pueblos indígenas, ¿cuáles serían las propuestas del Ejecutivo para el nombramiento de sus autoridades y representantes? ¿Cómo establecer una forma política y administrativa, de relación directa y sin intermediarios con las autoridades federales que usted representa? ¿Qué propuestas ha impulsado el Ejecutivo Federal para recuperar la Ley Cocopa?

Señor Secretario, las propuestas que le hemos enviado en tiempo y forma esperamos nos dé respuesta porque algunas que fueron presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, desafortunadamente usted no le dio la atención por el tiempo, yo espero que en este caso sí lo pueda lograr.

Gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Se le concede el uso de la voz al Secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda, para dar contestación a los planteamientos hechos por el diputado.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con la venia del señor Presidente:

Muchas gracias por su intervención, diputado Ensástiga, del Partido de la Revolución Democrática.

En primer lugar, la transición no es solamente un evento, un punto en el tiempo, sino es un proceso; un proceso que involucra a distintos actores, políticos, sociales, que involucra diversas materias y que se consolida en el tiempo. Ese proceso de transición ha ido cambiando nuestras reglas políticas sin duda alguna.

Menciono algunos ejemplos para ver de qué transición estamos hablando.

En primer lugar, ha habido transición en los procesos electorales; hoy en día, el ciudadano puede salir libremente a votar y esto sin duda ha representado un cambio importante; ha habido transición por lo que respecta a las autoridades electorales; igualmente, hoy en día nadie puede poner en duda la imparcialidad de la autoridad electoral federal al igual que las distintas instancias jurisdiccionales; ha habido transición en este recinto, en esta soberanía; hoy día, aquí se presentan las iniciativas, aquí se discuten y aquí se aprueban sin estar subordinadas al Poder Ejecutivo.

Ha habido transición en el Poder Judicial de la Federación, ahora contamos con una Suprema Corte de Justicia que lo mismo resuelve asuntos de carácter político, antes vedados para esa instancia jurisdiccional, como el caso de 1968, que lo mismo resuelve temas intrincados de carácter social, como el derecho a la vida y otros asuntos de materia económica. Hoy día nadie puede decir que la Suprema Corte de Justicia esté subordinada al Poder Ejecutivo.

Lo mismo podría decir de los gobiernos estatales, de los poderes de autonomía constitucional que tenemos en el país. Sin duda esto representa un cambio a partir del proceso de transición que hemos vivido.

De manera concreta, diputado Ensástiga, ahora me voy a permitir referirme a sus planteamientos concretos.

En relación a las juntas de buen gobierno el Ejecutivo Federal, ha manifestado la posición de que el artículo 2º. de la Constitución, apartado A fracción I, podría permitir el encuadre constitucional de estas instancias, ya que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía, para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

Además, el artículo segundo transitorio de esa reforma constitucional, señala la necesidad de que las constituciones locales, reconozcan y regulen también el derecho a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, en consecuencia, el encuadre constitucional podría darse una vez que se reforme la constitución del estado de Chiapas y que efectivamente, los pueblos y las comunidades indígenas correspondientes, así lo determinen de manera libre y sin imposiciones.

Por otro lado, de ninguna manera puede decirse que en Chiapas o en ninguna otra entidad federativa prevalezca un estado de excepción. La situación particular que se vive con el EZLN, se rige por un marco jurídico claramente expresado en la Ley de Amnistía y en la Ley para el Diálogo la Conciliación y Paz Digna en Chiapas, aprobadas por este Congreso en el año de 1994 y en el año 1996.

Finalmente, deseo reiterar que el Ejecutivo cumplió con su compromiso de presentar y además de defender la iniciativa denominada ``Ley Cocopa''. El Constituyente Permanente, la aprobó con modificaciones y habrá que recordar que lo que dice el Constituyente Permanente: es la Constitución y por lo tanto, estamos obligados a respetarla y a cumplirla.

Por lo que hace a la Reforma del Estado, desde la óptica del Ejecutivo los objetivos centrales y líneas estratégicas son las siguientes y las puedo resumir en 10 puntos concretos.

Primero. Que nuestra democracia sea socialmente eficaz. Este quizá es el principal punto de la propuesta.

Segundo. Que el Estado de Derecho tenga plena vigencia y los derechos humanos sean exigibles.

Tercero. Que el ciudadano esté cada vez mejor representado.

Cuarto. Que existan bases más sólidas para poder sostener nuestra gobernabilidad democrática con instituciones modernas.

Quinto. Que se facilite la creación de mayorías.

Sexto. Que se produzca el cambio en las instituciones.

Séptimo. Que el federalismo sea una realidad y el municipio se fortalezca.

Octavo. Que se mejore la rendición de cuentas.

Noveno. Que la ciudadanía esté cada vez mejor informada, y con información de calidad, objetiva, precisa y oportuna.

Décimo. Que se redistribuya el ingreso y la riqueza en el país.

Estos son los objetivos y las líneas de acción estratégica sobre las cuales planteamos los programas y ya las acciones específicas.

Por lo que se refiere al voto de los mexicanos en el extranjero, el Ejecutivo efectivamente prepara una iniciativa, para hacer posible este derecho en las elecciones del 2006, siempre y cuando tenga la anuencia de esta soberanía.

Les informo a las señoras y señores legisladores que estamos trabajando con distintas organizaciones de mexicanos en Estados Unidos para poder lograr un amplio consenso en la materia. Estas mismas organizaciones nos han pedido que no se presente iniciativa por parte del Ejecutivo, hasta en tanto podamos contar con una base de apoyo amplio, no solamente con las organizaciones de mexicanos que trabajan y viven del otro lado de la frontera, sino también con un buen acercamiento con los distintos grupos parlamentarios que conforman esta soberanía. Partimos de la base, eso sí, de que todos los ciudadanos mexicanos que estén del otro lado y que tengan su condición de ciudadanos, puedan votar a través de las formas más seguras, más eficientes, de la tecnología más avanzada que tengamos a disposición.

Por lo que hace al Fonden le daré las cifras, diputado, de la erogación que hemos hecho hasta este momento. Se han otorgado 170 millones de pesos para hacer frente a 34 declaratorias de emergencia; habrá que sumar 569 millones de pesos más para 24 declaratorias de desastre y tenemos comprometidos 793 millones adicionales, para sumar un gran total de 1 mil 362 millones de pesos.

En Guanajuato y Michoacán y sólo por declaratorias de emergencia, se han erogado hasta el domingo pasado, porque todavía vendrán nuevas erogaciones a partir de las lluvias que hemos tenido el lunes y el día de hoy, se han erogado 58 millones de pesos del fondo revolvente del Fonden.

En relación a la defensa de nuestros migrantes que se encuentran en los Estados Unidos, cabe apuntar que la defensa la dan día a día nuestros consulados, desde el punto de vista político hemos expresado la necesidad de lograr el acuerdo migratorio, pero con acciones concretas hemos combatido el tráfico de personas, el rescate a migrantes en zona de riesgo y también con la emisión de la matrícula consular y la defensa de nuestros connacionales sentenciados a pena de muerte y la suscripción de acuerdos internacionales.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor Secretario.

Para ejercer su derecho de réplica, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos, al diputado Gilberto Ensástiga Santiago.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago:

Gracias, señor Presidente:

Quiero entregarle, señor Secretario, una carta de Sofía Lovich, que es esposa de Carlos Manso, quien está detenido en Tehuantepec, Oaxaca, por cuestiones políticas. Me han pedido que la haga llegar. Ojalá y ustedes le den la atención correspondiente.

A mí me parece que es oportuno y con todo respeto planteárselo de la siguiente forma y creo que usted no puede venir a este Congreso a hacer caravana con sombrero ajeno. Todas las reformas relacionadas con el IFE no han sido en esta administración; todas las reformas del Poder Judicial Federal o la Suprema Corte tampoco y si el caso fuera de que han sido en este periodo, son el resultado del diálogo de los partidos políticos y del trabajo de los legisladores, por eso es importante que no hagamos caravanas con sombrero ajeno.

Pero también quiero decirle que al concepto de Reforma del Estado hay que agregarle lo de equidad y género. Esa es una aportación que podemos dar los perredistas y sobre todo nuestras compañeras.

Quiero decirle que las transformaciones que ustedes nos están proponiendo alrededor de las reformas estructurales directa o indirectamente, vienen provocadas por lo que podemos denominar el consenso liberal en el que convergen diversos planteamientos básicos: el económico neoliberal, también conocido como el Consenso de Washington, que usted lo conoce muy bien; éste se refiere a la organización de la economía global con sus sistemas de producción, sus mercados de productos y servicios y sus mercados financieros y promueve la liberación de los mercados, la desregulación, la privatización, el minimalismo estatal, el control de la inflación, la primacía de las exportaciones, el recorte social como lo hemos visto en muchas secretarías, la reducción del déficit público y la concentración del poder mercantil en las grandes empresas multinacionales y del poder financiero de los bancos trasnacionales. Esas son las propuestas que ustedes nos están ofertando y desde luego, las nuevas restricciones a la reglamentación estatal, el nuevo derecho internacional de propiedad para los inversores extranjeros y los creadores intelectuales y la subordinación de los estados a las agencias multilaterales.

El Estado que ustedes nos están proponiendo, deja de ser el espejo de la sociedad en su conjunto para convertirse en lo opuesto, ésta es la realidad de gobierno que estamos viviendo con su partido.

Señor Secretario, para el PRD es muy importante que quede muy preciso en este Congreso. A tres años del actual Gobierno Federal, surgen diversas disyuntivas y para que haya transición democrática, necesitamos reconocer, necesitamos ubicar que el hartazgo de este pueblo de México por más de 70 años de antidemocracia y que fue engañado en las elecciones del 6 de julio de 2000 con el uso abusivo de los recursos que se ejercieron para manipular la voluntad popular.

Hoy debe escucharse, lejos y fuerte, la legitimidad del Presidente de la República está cuestionada y esa autoridad cosmética que utiliza para decirnos que su Gobierno surge de una amplia voluntad popular libre y soberana, se empieza a derrumbar entre los escombros de los engaños, no habrá transparencia y legitimidad en sus acciones hasta que ustedes aclaren al pueblo de México de dónde vinieron los recursos para la campaña de su partido en el Distrito Federal y para la Presidencia de la República, pero también queremos que no haya impunidad y en política interior se ha vacilado frente a esos problemas.

Es cuanto.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Tiene la palabra hasta por 10 minutos para formular sus preguntas, la diputada Rebeca Godínez y Bravo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Rebeca Godínez y Bravo:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los representantes populares de la LIX Legislatura Federal, pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, nos congratulamos de su presencia, señor Secretario, pues ayudará a despejar muchas dudas que la sociedad mexicana tiene sobre el rumbo que lleva nuestro país, al menos eso esperamos con las respuestas concretas y precisas.

Considere que somos portadores de la inquietud ciudadana, es nuestro deseo aclarar actuaciones y decires gubernamentales para hablar lenguajes semejantes y lograr sacar adelante las reformas que México requiere de cara al Siglo XXI, no sólo en el discurso, en los hechos.

El debate sobre la Reforma del Estado yace en la creación de nuevas instituciones públicas autosuficientes, sólidas y eficaces y en la reformulación de muchas de las ya existentes para adaptar al Estado al cambio social experimentado en los últimos años.

México requiere de un Estado fuerte no obeso ni intervensionista, un Estado fuerte en sus finanzas y en sus políticas, que sea capaz de garantizar a la sociedad el acuerdo mínimo de convivencia, garantizar el Estado de Derecho traducido en seguridad jurídica y seguridad pública que hagan realidad el ejercicio pleno de las libertades individuales. Estas son las bases mínimas del contrato social, razón última de la existencia de un Gobierno y precondición para el desarrollo económico y social de cualquier nación.

México no podrá consolidar su régimen democrático si no fortalecemos el Estado de Derecho, si no lo convertimos en los hechos en un país de leyes, con plenas garantías de seguridad y justicia. El principio de legalidad es así la piedra angular del Estado de Derecho; y la autoridad la primera obligada a dar ejemplo en el cumplimiento.

Ninguna autoridad puede hacer más de lo que la ley expresamente le permite.

Defender este principio es nuestra posición como partido. Por mandato de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la Secretaría de Gobernación, la que tiene a su cargo vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de todas las autoridades del país. En este sentido y existiendo disposiciones muy claras en el artículo 115 constitucional ¿por qué afirmó usted que saludaba la creación de las juntas de buen gobierno en algunas regiones de Chiapas? ¿Por qué no cumplió con su responsabilidad frente a los hechos de San Salvador Atenco, que violentaron la celebración de comicios federales? ¿Qué tanto deben extenderse los 15 minutos ofrecidos por el Presidente Fox para solucionar el problema de Chiapas? No olvidemos a nuestros hermanos indígenas.

Como garante de este principio de legalidad, debiera usted cumplir con los artículos 2º., 5º. y 6º. de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que expresamente describen el escudo nacional así como la obligación de que la reproducción de éste debe ser fiel al depositado en el Archivo General de la Nación, mismo que podrá figurar en el papel oficial de las dependencias de los poderes federales.

En este sentido, ¿por qué señor Secretario no hizo nada por detener la muy poco afortunada mutilación del Escudo Nacional? ¿Acaso porque sobre la ley están las instrucciones del Presidente de la República o las recomendaciones de sus avesados mercadólogos?

Los procesos electorales se rigen por supuesto también por el principio de legalidad además del de equidad y transparencia entre otros. En este sentido, ¿qué ha hecho usted para contribuir a la plena vigencia de esos principios? Del mismo modo, ¿considera que ha quedado aclarada suficientemente a más de tres años, su posición frente al caso Amigos de Fox, en el proceso electoral en el que por cierto, usted contendía para la jefatura del Gobierno del Distrito Federal por el mismo partido?

También en el mismo rubro electoral, con la facilidad con la que usted suele establecer compromisos, ofreció en el mes de julio de este año, hacer llegar al honorable Congreso de la Unión, una iniciativa, antes del 1º. de septiembre para hacer realidad el voto de los mexicanos en el extranjero; ¿dónde está dicha iniciativa? ¿Se envió durante el plazo que usted comprometió? Le aseguramos que no obra en poder del Congreso. Pero en todo caso ¿cuál es la mecánica concreta sin discursos, que propone usted para hacer eficaz ese derecho en la práctica?

Del mismo modo señor Secretario, la Subsecretaría de Normatividad de Medios, cuyos resultados no justifican toda esa estructura burocrática, fue el conducto para ejecutar una de las medidas más asombrosas del actual régimen: la de desaparición de los tiempos que concesionarios de radio y televisión estaban obligados a pagar al Estado, como impuesto sustituto. ¿Esto sólo fue por congraciarse con los medios y creer o soñar, que esto evitaría que éstos den a conocer la ineficiencia del gobierno actual ?

En materia de derechos humanos tampoco van bien las cosas. En el anexo del informe referente a la gestión de su Secretaría, se señala que el 11 de marzo de este año, se creó la Comisión Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos y dentro de ésta, la subcomisión de coordinación y enlace para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. En este punto quisiera abundar; ya que éste es quizá uno de los temas que ejemplifica en mayor medida no el Estado de Derecho, sino el estado de impunidad en que vivimos los y las mexicanas. Las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia indican que en 5 años el feminicidio aumentó en 700%, un registro que avanza de manera más alarmante en el Distrito Federal y otras ciudades muy importantes del país.

Es preciso decirlo: la situación de la mujer entró en una fase de colapso. El caso de las mujeres asesinadas ilustra esta parte del problema social femenino. Las mujeres son usadas y literalmente son tiradas. Cuando el Estado enfrenta este tipo de ataques a la sociedad no puede mantenerse especulando sobre atribuciones y competencias de los diferentes niveles de gobierno. Este es un asunto de tal envergadura que merece otra visión.

Señor Secretario; al venir a informar el pasado 1º. de septiembre el Presidente Fox, no muy contento con los resultados de la comisión de su sector, anunció la designación de un comisionado para este caso lacerante para la sociedad mexicana. ¿Significa esto que fracasó usted en el cometido de ofrecer resultados prontos, veraces y verificables en este penoso asunto o bien es práctica generalizada de la administración crear instancias, no importa que sean derogatorias unas de otras, con objeto de tender cortinas de humo porque de antemano se saben ineficaces para ofrecer resultados?

Con esta gran preocupación la sociedad se ha enterado de los desafortunados casos de espionaje telefónico, claro, de los que salen a la luz pública. Pero ¿cuántos más ciudadanos y ciudadanas están siendo oídas todos los días sin que lo sepan?

Queremos saber, señor Secretario, en la dependencia a su cargo qué acciones se han tomado sobre estos lamentables asuntos violatorios de las garantías individuales y de los derechos humanos.

La idea que anima al grupo parlamentario del PRI en la LIX Legislatura es la urgente necesidad de un orden jurídico justo, en un nuevo Estado mexicano que sea garante de un Estado de Derecho y no de una anarquía controlada.

Ya basta de la ausencia del Estado de Derecho y de la vigencia del estado de impunidad. Contamos con una vida política democrática, con gobiernos legal y legítimamente constituidos, con Poderes de la Unión fuertes e independientes y con una sociedad cada vez más participativa y corresponsable de los asuntos públicos. No tenemos pretexto para no ganar la batalla contra la corrupción, la ineficiencia, la violencia, la delincuencia común y el crimen organizado.

Pero lo tenemos que hacer todos y juntos, gobiernos de los tres niveles, de los tres Poderes de la Unión, las fuerzas políticas o sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía, toda.

Señor Secretario: el grupo parlamentario del PRI se compromete a hacer su parte; a usted le pedimos, le exigimos que haga la suya.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

Tiene el uso de la palabra el licenciado Santiago Creel Miranda, hasta por 10 minutos, para dar respuesta a los planteamientos hechos.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con la venia del diputado Presidente:

Le agradezco la intervención a la diputada Rebeca Godínez, del grupo parlamentario del PRI. Pasaré a responder de manera concreta los planteamientos que me ha formulado.

En lo que toca a los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, el Gobierno Federal se ha apegado en todo momento a lo que establece el Marco Jurídico. La Ley Orgánica de la Policía Federal Preventiva, y esto es importante hacer notar, le prohibe a esa policía expresamente intervenir en procesos electorales.

En consecuencia, la seguridad pública durante las jornadas electorales, así sean éstas federales, es de responsabilidad exclusiva de los estados y los municipios. El Gobierno Federal no cuenta con policía federal preventiva para procesos electorales. Así lo establece la Ley Orgánica de la propia policía federal.

El Gobierno Federal solamente puede actuar a partir de la denuncia correspondiente que se le plantee ante la fiscalía especial para la atención de los delitos electorales.

Cabe mencionar que en este caso particular de San Salvador Atenco el Instituto Federal Electoral presentó, efectivamente, una denuncia sobre la no instalación de las casillas electorales en San Salvador Atenco. Pero lo hizo siete días después de ocurridos los hechos. A partir de esta denuncia el Ministerio Público ha abierto ya una investigación, una averiguación previa que aún está en curso.

Con respecto a la legalidad, equidad y transparencia en los procesos electorales, debemos de reconocer que todos los partidos, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las autoridades electorales, hemos contribuido a su plena vigencia. Esto se ha demostrado en los hechos con la drástica disminución de los conflictos pre y poselectorales, con la solución institucional cuando se han presentado impugnaciones y sobre todo con la final aceptación de los resultados por quienes no triunfaron.

También me permito informarles que por otra parte en los asuntos pendientes de la elección del 2000 que aquí se hizo mención a ellos, están siendo atendidos por las autoridades competentes en materia electoral y por supuesto estamos obligados todos a cumplir y a acatar sus resoluciones.

En relación al programa para Ciudad Juárez que es un tema que me ha quedado pendiente por responder, me permito en primer lugar decir que frente a los lamentables hechos de violencia contra las mujeres, ocurridos en Ciudad Juárez, el Gobierno Federal ha asumido su responsabilidad y actualmente colabora con las autoridades locales y con las autoridades municipales particularmente con el ayuntamiento en Ciudad Juárez.

Además mantenemos un diálogo permanente con la sociedad civil y a través de ese diálogo y de la colaboración con el municipio de Juárez y con el Gobierno del estado, el Gobierno Federal elaboró un programa integral que contiene 40 acciones relativas a procuración de justicia, relativas a la prevención del delito y relativas a la promoción de los derechos humanos de la mujer.

Una de estas acciones es la de seguridad pública, que dio inicio el pasado 22 de julio con el envío de 300 elementos y 90 patrullas de la Policía Federal Preventiva. A un mes de trabajo, y éstos son los primeros resultados, se logró reducir el índice delictivo en un 14%.

Confío en que vamos a seguir obteniendo resultados concretos en las investigaciones. En primer lugar, a través de una agencia del Ministerio Público, mixta, de la Procuraduría local y de la Procuraduría General de la República. También vamos a tener resultados en la prevención del delito, pero sobre todo en la reconstrucción del tejido social en Ciudad Juárez.

También me permito agregar que ese programa está hecho en función de tres ejes fundamentales.

El primero de ellos es la Coordinación Interinstitucional. Aquí tienen que participar distintas dependencias del Gobierno Federal, del Gobierno estatal y del Gobierno municipal.

Y además de darse esta Coordinación Interinstitucional a nivel Federal, también hacerlo extensivo a los gobiernos municipales y locales

Igualmente el compromiso del Presidente Fox es hacer todo esto con participación social, con los grupos de organización cívica, fundamentalmente con aquellos que se han dado en torno a la defensa de las familias, al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, al resarcimiento de los daños para las familias. Con todos ellos también trabajar de manera conjunta y de manera cercana. E igualmente hacerlo con transparencia en los hechos.

El compromiso del Presidente es nombrar efectivamente un comisionado especial que está dirigido a reforzar estas acciones de manera concreta. El comisionado o la comisionada que en su caso se nombre, dará seguimiento en Ciudad Juárez a las acciones de colaboración con los gobiernos locales, mantendrá y fortalecerá un canal de comunicación permanente con la sociedad civil, incluyendo por supuesto las organizaciones defensoras de los derechos humanos y promoverá a la vez la reparación del daño a víctimas y familiares.

Pasando a otro tema, que también ha sido un asunto de gran debate de carácter jurídico, es el relativo al logotipo que distingue esta administración. Debe quedar muy claro que no se trata de la reproducción del Escudo Nacional, es un logotipo, algo muy distinto y es una categoría jurídica que no está regulada por la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Tanto no lo está que hay una serie de águilas de diverso tipo en todos los inmuebles públicos del país, una de ellas la tienen aquí presente al entrar a este recinto: cuando abren las puertas se cierra con un águila que se abre y se abre a la mitad.

Por lo tanto, vean ustedes como la interpretación que debe darse debe estar precisamente vinculada a la categoría jurídica que establece y regula la ley de la materia.

Para finalizar con los planteamientos en materia de Estado de Derecho que me ha formulado la diputada que hizo la intervención, ¡deseo expresar, de manera clara y abierta, que repruebo como titular de la Secretaría de Gobernación y rechazo absolutamente la práctica de espionaje telefónico porque atenta contra la intimidad de las personas y viola el Estado de Derecho!

En consecuencia con este dicho, el funcionario de la Secretaría de Gobernación que se vio afectado por esta reprobable conducta, el secretario particular, fue el primero en denunciar tales hechos ante la Procuraduría General de la República. En este sentido estamos coadyuvando con el Ministerio Público Federal para que se deslinden responsabilidades y se castigue a los culpables.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para formular su réplica, la diputada Rebeca Godínez y Bravo.

La diputada Rebeca Godínez y Bravo:

Con su permiso, señor Presidente:

El tiempo para dialogar es corto y los problemas y dudas muchas, donde desafortunadamente no hemos tenido lo que inicialmente le solicité en mi intervención: precisión y claridad en las respuestas.

Le recordamos, señor Secretario, que estamos totalmente a favor de lograr los acuerdos que lleven a la verdadera paz en Chiapas y que se logre el real desarrollo para los pueblos indígenas, no sólo los de ese estado, sino todos los del país; pero dentro de esos acuerdos tendrían que emitirse o modificarse leyes. Mientras esto no suceda queda vigente el municipio como célula principal del Estado de Derecho y no unas juntas que están provocando una total anarquía en ese estado de la República.

Leemos en el informe presentado por el Presidente Fox una serie de acciones tomadas por el Ejecutivo, tomadas para construir una paz digna y justa en el estado de Chiapas. Lo que realmente los chiapanecos y con ellos todos los mexicanos esperamos ver resultados, ver que tan eficientes han sido esas acciones o es una simple enumeración de actividades para llenar las horas de trabajo burocrático.

Que quede claro que no queremos romper el orden social ni tener un Estado autoritario, pero sí uno que sepa ejercer el poder que el pueblo le ha conferido: sin excesos, pero sin vacilaciones. Con diálogo, buscando consensos, pero aplicando la ley.

Le quiero manifestar que esperaba su respuesta respecto al logotipo que tantas veces nos han dicho. El insistir en el uso del escudo mutilado es, permítame decirlo, ¡una necedad que contraviene las disposiciones legales antes invocadas!

¿Los papeles oficiales no merecen el uso de nuestro escudo? ¿No merecen ser identificados con los símbolos patrios que reconocemos todos los mexicanos? ¿Tiene que inventarse uno nuevo para esta administración específicamente?

Sigue quedando en el aire y produciendo suspicacias por qué el caso Amigos de Fox no ha llegado a una resolución y ¿por qué a más de tres años no se ha emitido ninguna sanción? Por otra parte, la celeridad para atender otros casos también causa suspicacias.

El Estado de Derecho en México ha resuelto con sabiduría la relación de la religión con el poder público, estableciendo el principio de laicidad y libertad de creencias religiosas en la propia Constitución. Sin embargo, a nosotros nos parece francamente titubeante su posición en este rubro.

La subsecretaría del ramo denuncia actividades políticas de algunos ministros de culto durante el pasado proceso electoral, pero al término del mismo los exonera señalando que no existe un reglamento que permita sancionarlos.

Le recordamos, señor Creel, que otro Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, aconsejaba no quedar bien con cada uno porque al final se termina quedando mal con todos.

Algunos ciudadanos se preguntan qué significa para usted el cumplimiento de la ley y sus reiteradas manifestaciones de honrar el Estado de Derecho, cuando en su Secretaría se toman acuerdos que la violan constantemente, cuando se habla con tanta ligereza que hace necesario rectificar la información dada, como recientemente en el caso de la supuesta renuncia de la señora Fox a la Fundación ``Vamos México''.

Si ésa es la información de fuentes tan cercanas que tiene la Secretaría de Gobernación, ¿qué podemos esperar acerca de todo lo que sucede en cada uno de los rincones de México? ¿Será por eso que el Presidente Fox al rendir su III Informe de Gobierno ante esta soberanía habló de un país que no todos los mexicanos reconocemos?

Señor Secretario: existe un largo pendiente en la Secretaría a su cargo. Nuestro grupo parlamentario está decidido a dar un cabal seguimiento. Nuestro partido está dispuesto a sacar adelante el reto.

Pongamos manos a la obra y demostremos con hechos que lo único que nos importa es México.

Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Tiene el uso de la palabra el diputado Julián Angulo Góngora, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos, para formular sus preguntas.

El diputado Julián Angulo Góngora:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores; señor Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

La política interna es facultad predominante de la Secretaría a su cargo, en ella convergen una gran variedad de materias, las cuales son ahora objeto de análisis en el marco de la glosa del III Informe de Gobierno, incluso y con el fin de no distraer la función primordial de la política interior respecto a la gobernabilidad democrática, es que por reforma del 30 de noviembre del año 2000, este Congreso aprobó una reforma para que fuera otra dependencia, la Secretaría de Seguridad Pública, la responsable de la seguridad pública en materia federal, por lo tanto ya no es atribución de la Secretaría de Gobernación esta materia distinta y distinguible de la seguridad nacional.

En consecuencia no le abordaré preguntas al respecto sin que soslayemos la importancia del índice delictivo y las medidas para combatirlo. Igualmente es de otro ámbito la reflexión de los llamados guaruras, que sinceramente caracterizaron una época y a una clase dominante en el poder que ahora se pretende ignorar por la oposición.

Ahora bien, comenzaremos por una de las tareas que debido a los fenómenos hidrometeorológicos que acompañan a esta época del año, ha estado en constante operación protección civil.

La acción de la naturaleza es ineludible, avasalladora y en algunos casos devastadora.

Estamos sujetos a su poder, no podemos detenerla, ante ella sólo nos resta prevenir, conservar y proteger la vida y seguridad de las personas, así como su patrimonio constituye una tarea primordial del Estado. Sobre esta premisa, se finca la importancia de la protección civil como una de las herramientas básicas y más importantes para asegurar el pleno y armonioso desarrollo de las sociedades.

La protección civil, debe de estar en continua formación realizando cursos de perfeccionamiento y especialización en diversas ramas para poder afrontar de la mejor manera cualquier situación que se presente como hasta hoy lo ha hecho la Secretaría de Gobernación.

Los nuevos tiempos exigen una sociedad más reclamante, en este tenor, se cuestiona en su comparecencia una supuesta ineficacia del Gobierno Federal ante los desastres que han ocurrido en poblaciones diversas de zonas del país. No obstante que el apoyo de la Secretaría a su cargo ha sido evidente e innegable como silos que ahora cuestionan no recordaran lo que el pueblo de México no ha olvidado, los sismos de 1985 que resaltaron la incapacidad e ineficacia del Gobierno priísta de aquél entonces, la cual obligó a la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales, a hacerle frente a tan graves sucesos.

Esta comparación, aunque moleste, es necesaria; a este respecto le pregunto; ¿está el Gobierno preparado en materia de protección civil?, ¿contamos con recursos para ello? ¿Nos puede informar sobre el fondo preventivo que está por implementarse y que es distinto del Fondo Nacional de Desastres llamado (Fonden)? ¿Cuáles han sido las innovaciones normativas para acelerar la entrega de recursos del Fonden?

Tema de gran importancia es el migratorio, toda vez que atañe a millones de mexicanos, la migración se refiere a todas las formas en que la gente cubre su necesidad de mudar su lugar de residencia. Llama nuestra atención de manera preponderante la necesidad de miles de mexicanos que desde hace décadas emigran a Estados Unidos de América buscando mejores condiciones de vida, el incremento de la emigración de trabajadores mexicanos ha hecho que Estados Unidos cierre sus fronteras y por tanto aumente la migración clandestina, lo cual resulta contra- producente porque no detiene el flujo migratorio y pone en riesgo la vida de éstos; además, los trabajadores ilegales están sometidos a las peores condiciones laborales algunas de las cuales son sumamente precarias o nulas.

Por tanto este tipo de migración expone a nuestros connacionales a situaciones inhumanas, injustas y en general contrarias a valores y principios propios de la dignidad humana.

La problemática de los migrantes se ha tornado cada vez más compleja, su situación legal los hace vivir en una condición de precariedad, preocupante ante esto cabe preguntar, señor Secretario, ¿qué se está haciendo para salvaguardar la seguridad física, patrimonial y jurídica de los mexi- canos que arriesgan sus vidas en busca de oportunidades en Estados Unidos de América?

Y, ¿hasta qué punto el Gobierno mexicano vela por los derechos de los extranjeros que se internan de manera ilegal en territorio nacional?

En otro tema, licenciado Creel, consideramos que es de gobiernos responsables salvaguardar el uso apropiado que se haga de los recursos de la nación al tiempo que se respeten y garanticen los derechos de los ciudadanos.

En materia de radio y televisión, debe promoverse la mayor competencia posible, sin embargo, el Estado debe velar por la plena vigencia de la garantía enmarcada en el artículo 6º. constitucional referente al derecho a la información; sin duda alguna, el Estado tiene la obligación de regular la función social que deben desempeñar los organismos de radiodifusión, así como promover una eficiente utilización y administración de los tiempos a disposición del propio Estado en radio y televisión.

El 10 de octubre del 2002, se publicaron nuevas reglas para el uso y distribución de tiempos oficiales; al respecto le pregunto: ¿qué cambió y qué resultados se han obtenido?

Señor Secretario, coincidimos con el recuento de los logros y avances de esta administración y nos resulta plausible el reconocimiento del Presidente Fox a los retos y los pendientes de cara a la segunda mitad de su gestión; en ese contexto le cuestiono: ¿desde su perspectiva, cuáles son las prioridades de la agenda legislativa del Ejecutivo y en particular de la dependencia a su cargo?

Acción Nacional ha impulsado y concretado la alternancia en el Gobierno Federal.

El PAN ha sido motor del cambio en México. Advertimos que los puntos concretos que el país requiere para la consolidación de la democracia nuestro partido los ha señalado de forma clara y precisa, es así que nuestro grupo parlamentario en esta Cámara de Diputados, durante la LVIII Legislatura presentó un conjunto de iniciativas de ley, con objeto de fortalecer las instituciones del Estado; también, en su reciente plataforma política para esta legislatura, propone diversas reformas en el mismo sentido, todas éstas forman parte de nuestra actual agenda legislativa.

Estamos en un régimen de colaboración de poderes, donde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo participan en el proceso de formación del orden jurídico mexicano; asimismo, nos encontramos que el Ejecutivo y este grupo parlamentario emanan de un mismo partido: Acción Nacional y en efecto, compartimos un mismo proyecto.

Coincidimos con el Ejecutivo Federal que se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la necesidad de emprender una reforma política que se ha denominado Reforma del Estado, con el fin de adecuar y fortalecer las instituciones democráticas del país.

Le pregunto, señor Secretario: ¿presentará el Ejecutivo un paquete de reformas y en qué dirección?

Y por último, señor Secretario, preguntaríamos cuál es la posición del Gobierno mexicano ante el establecimiento de los llamados ``caracoles'', o juntas de buen gobierno en el estado de Chiapas.

Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el Secretario Santiago Creel Miranda, para dar respuesta a las preguntas.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, señor Presidente:

Muchas gracias por su intervención diputado Julián Angulo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

En materia de protección civil, coincido plenamente con usted en que la protección de la vida, la integridad física de las personas, su seguridad, constituye la tarea primordial del Estado; el Gobierno y diría yo los gobiernos, para referirme igualmente a los gobiernos de las entidades federativas, a los gobiernos municipales, están cada vez más preparados para hacer frente a las emergencias y desastres naturales.

En estos primeros casi tres años de esta administración, hemos venido trabajando en una nueva cultura para abordar los problemas de protección civil, una cultura preventiva, la cultura de la prevención para poder anticiparnos a los hechos y que los daños que muchas veces no hay manera de que puedan evadirse, pero sí de disminuirse y es por ello, que hemos venido trabajando con los gobiernos estatales y municipales en la implantación de esta cultura de protección civil.

La atención a la población con motivo de las actividades del volcán Popocatépetl, prácticamente al inicio de nuestra administración y de los huracanes ``Juliette'', ``Isidore'', ``Kena'', ``Ignacio'' y más recientemente el que tenemos todavía en nuestro territorio nacional el ``Marty'', así como de los sismos en las costas de Colima que tuvimos el año pasado, son clara muestra del aumento de la capacidad de respuesta de los distintos gobiernos y también, por otra parte, de la población afectada, así como de las instituciones de protección civil en todo el país.

El fondo preventivo, y esto también ha sido un cuestionamiento objeto de intervenciones anteriores, el fondo preventivo al que usted se refiere señor diputado Angulo, surgió de la Ley General de Protección Civil a partir precisamente de una propuesta conjunta del Ejecutivo y también de legisladores federales, su propósito central es reducir el costo económico del desastre mediante recursos destinados a obras y acciones precisamente preventivas, enmarcados en esta cultura de la prevención de riesgos. Esta semana vamos a publicar sus reglas de operación y entrará en vigor en enero de 2004, a partir de la aprobación del siguiente presupuesto.

Respecto a los migrantes connacionales se mantiene, como lo he reiterado ya en las pasadas intervenciones, un diálogo permanente con el gobierno de Estados Unidos para garantizar que sean respetados sus derechos, los derechos básicos, sus derechos laborales, sus derechos civiles y la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de sus consulados realiza su defensa jurídica de manera permanente.

Por lo que hace a los extranjeros indocumentados que se encuentran en nuestro territorio, el Instituto Nacional de Migración ha emprendido una cruzada para fortalecer el respeto de sus derechos básicos. Al día de hoy habrá que decir que el trabajo ha planteado avances, no todos los que nosotros quisiéramos, pero ha habido resultados y se ha traducido en que al día de hoy, no existe ninguna recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Instituto Nacional de Migración.

También habrá que decir, que se ha trabajado intensamente y se redoblarán los esfuerzos para combatir de manera institucional el tráfico de personas. El intercambio de información con los distintos gobiernos vecinos ha sido fundamental en el caso de Guatemala, Belice y de Estados Unidos, lo cual nos ha permitido desarticular bandas importantes de crimen organizado en materia de tráfico de personas.

En relación a los tiempos oficiales, que fue otros de los cuestionamientos, diputado Angulo que usted me formuló, en materia de acceso a los medios de comunicación como consecuencia del nuevo marco normativo, los tiempos fiscales se transmiten de manera proporcional y en mejores horarios. La audiencia se ha multiplicado por más del doble como ya lo había dicho en una intervención pasada, lo que redunda en un mayor beneficio al Estado mexicano.

En cuanto a los tiempos de Estado, que son distintos a los tiempos fiscales, el nuevo reglamento hace posible que los poderes y órganos del Estado, puedan transmitir hasta 30 mensajes diarios de 20 segundos, en cada una de las emisoras de radio y de televisión del país. En consecuencia, los beneficios de estos tiempos se han incrementado significativamente; en radio los usuarios pasaron de 11 que teníamos en el año 2002 a 35 que tenemos ya en este año de 2003, mientras que en televisión aumentaron de 26 que teníamos en el año del 2002 a 36 que tenemos en el presente año. Además si antes el Ejecutivo Federal era el principal beneficiario de estos tiempos, de los tiempos de Estado, hoy lo son los órganos y las entidades distintas al Poder Ejecutivo.

Un caso concreto de lo que ha cambiado, por ejemplo, es el número sin precedente de anuncios de televisión que durante el pasado proceso electoral el IFE pudo difundir en un solo día en todo el territorio nacional:10 mil anuncios en televisión.

Por lo que hace a la agenda legislativa, otro de los cuestionamientos de su intervención, me permito reiterar por haber ya abundado en ello en alguna intervención anterior, que las prioridades del Ejecutivo se enmarcan en tres grandes ejes:

Primero. El eje de la gobernabilidad democrática para modernizar el marco institucional y adecuarlo a las nuevas condiciones de pluralidad política que vive el país.

Segundo. El eje de la política económica, también se incluye como un eje fundamental para garantizar el desarrollo económico, el fortalecimiento del mercado interno y sobre todo, lo más importante, la generación del empleo.

Tercero. El eje de la política social, que busca incrementar la cobertura de programas de carácter social, mayor inversión en educación, impulso a la construcción de vivienda que trae aparejados múltiples beneficios y dar viabilidad financiera a las instituciones públicas de salud y al sistema de pensiones.

En términos de los derechos humanos, aparte de las intervenciones en donde ya me he referido a ellos, puedo decirle, señor diputado Angulo, que el Presidente Fox y también los integrantes de toda la administración de este gobierno, tenemos un compromiso claro, directo e ineludible con los derechos humanos. Ese compromiso es permanente y es un compromiso en forma creciente.

La manifestación de este compromiso en hechos concretos ha quedado ya referida en mis anteriores intervenciones.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para formular su réplica, el señor diputado don Julián Angulo Góngora.

El diputado Julián Angulo Góngora:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados, señor Secretario de Gobernación:

En este análisis del informe de la Secretaría a su cargo se hace patente la pluralidad y el diálogo que ha caracterizado la gestión de la presente administración para construir acuerdos y consensos, con el fin de lograr el bien común de los mexicanos. Asimismo, queda establecido que este gobierno tiene rumbo, tiene programa y tiene objetivo.

De sus respuestas consideramos que, si bien es cierto que la acción de la naturaleza ha sido severa en los últimos días, también lo es que la Secretaría de Gobernación ha dado resultados a la altura de tan graves situaciones. Efectivamente, la política de protección civil es más que reactiva, preventiva. También estamos ciertos que se ha establecido una política tendiente a la seguridad de los migrantes mexicanos, y en efecto coincidimos en que las acciones que el Gobierno mexicano ha emprendido para la protección y trato de los inmigrantes en nuestro país se fundamenta en la dignidad de la persona y en los derechos humanos.

Estamos seguros que el Gobierno del Presidente Fox ha sostenido como uno de los temas fundamentales de la agenda binacional la regularización de la situación migratoria de nuestros connacionales. Prueba de ello son los trabajos que de manera conjunta lleva a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Gobernación.

Con relación a la fusión de la Subsecretaría de Derechos Humanos con la de temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sabemos que ésta no desaparece, por el contrario, se ha creado la Comisión Intersecretarial de Derechos Humanos, así como enlaces de derechos humanos en todas las dependencias de la Administración Pública Federal, lo que en anteriores administraciones no se dio.

La protección de los derechos humanos en México, ya no es una opción que se tome o se deje, según convenga, a los intereses de la clase gobernante; ahora, los derechos humanos son guía ineludible en la conducción de todos los aspectos de la Administración Pública Federal.

Por tanto, es respetable la inconformidad que se hace de la figura del Escudo Nacional aunque se haga a un lado la inconformidad de millones de mexicanos y partidos políticos por el uso indebido de un partido de los colores de la bandera durante más de 70 años.

Por otra parte, consideramos positivo que ahora los mensajes lleguen a los mexicanos de forma más efectiva con los cambios en los tiempos del Estado, los cuales permiten que la transmisión de las emisiones oficiales sean en horarios de más alta audiencia, esto sin duda fortalece la comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía.

Con esta nueva distribución se propone fomentar la participación plena, responsable y plural de la sociedad, dentro del proceso informativo, lo cual es un sustento básico para la conformación de una opinión pública informada.

Por lo que se refiere a Chiapas, efectivamente el Ejecutivo Federal ha preservado las condiciones de diálogo, concertación, respeto y tolerancia con el EZLN para la búsqueda de una paz digna y permanente. Estamos conscientes que es una tarea conjunta entre poderes y órdenes de gobierno.

Los diputados de Acción Nacional estamos seguros que debemos establecer una patria ordenada y generosa y un futuro digno para las nuevas generaciones, si no ponemos a trabajar todos en una misma dirección, en un mismo sentido.

Los mexicanos vivimos en la pluralidad pero no podemos ni deseamos crecer en la anarquía o el desorden. Sí, tenemos divergencias y distintas formas de llegar a un mismo objetivo, eso es bueno, para eso votaron los ciudadanos el 6 de julio, pero lo hicieron para tener un Congreso que dialoga, que escucha.

El pueblo de México está harto de legislatura de gritos y diferencias irreconciliables; aprovechemos la oportunidad y privilegiemos el diálogo, el consenso y la negociación. En pocas palabras, señoras y señores diputados, lleguemos a acuerdos para la mejor construcción del país, no desperdiciemos ni eludamos la gran responsabilidad que como legislatura tenemos para resolver o atemperar la gran problemática que puede esperar el día de mañana a los mexicanos, debemos de legislar lo que es necesario para México.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para formular sus preguntas, el señor diputado don Enrique Burgos García, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Enrique Burgos García:

Con su anuencia señor Presidente; honorable Asamblea Legislativa; señor Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación:

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por mi conducto exponemos al señor Secretario de Gobernación, algunas consideraciones sobre el tema de Política Interior en el contexto del III Informe de Gobierno presentado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.

Señor Secretario: este acto republicano dentro del desenvolvimiento político-jurídico del análisis del III Informe de Gobierno, es oportunidad de pasar revista, al menos en una importante aproximación, a una de las tareas centrales del Ejecutivo, como lo es la política interior.

Compartimos la Cámara de Diputados y un representante del Poder Ejecutivo, un evento de gran relevancia: el acto de comparecer, de informar y dar cuenta a la representación nacional. Sin duda es también la afirmación de que el principio de división de poderes es el factor equilibrador que a través del principio de colaboración, reconstituye la indispensable unidad del Estado y previene contra la acción desarticulada de los tres órganos del poder público.

El análisis del capítulo de política interior, del III Informe, nos lleva necesariamente a formular cuestionamientos y requerir explicaciones, a plantear nuestras divergencias; nuestros señalamientos; pero también para contribuir con propuestas en todo aquello que nos incumbe. Lo hacemos con respeto y cortesía republicana, indispensables para la convivencia de la pluralidad política.

Al abordar la política estamos internándonos a un ámbito esencial e integral de la actividad colectiva, acaso el más relevante, en tanto fundamento de organización, de convivencia y definición de horizontes de las sociedades. Y al inscribirla como interior la advertimos sólo como expresión de espacio sin que se merme ni su naturaleza, ni sus alcances. Por eso suscita un señalado interés el ahondar en el qué, el porqué y el para qué de la instrumentación de la política interior por parte del Ejecutivo Federal.

Es cierto que hemos accedido a una democracia más elevada. También es cierto que no surge de manera espontánea, ni está exenta de riesgos; surge del gran torrente de nuestra historia con encuentros y desencuentros que con todo, cincelaron un país de instituciones que forjaron y precedieron esta etapa de nuestra democracia.

Actualmente el rasgo dominante es de la diversidad. Somos un país esencialmente plural; lo somos en lo económico, en lo cultural, en lo ético y lo somos desde luego en lo político. El nuevo tiempo político mexicano es el de la pluralidad de la nación.

Decíamos que la democracia enfrenta riesgos. La democracia es encuentro y desencuentro; que sólo podemos trascender a través de los acuerdos. Ahora mismo ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta. La gobernabilidad es pues, una hazaña cotidiana que hay que apuntalar día con día. Pero el riesgo mayor de la democracia es ese formalismo gubernamental que impide ver su objetivo último.

La democracia no es un fin en sí mismo, es un medio, un instrumento para promover las libertades, para distribuir los satisfactores que la propia sociedad genera. Resulta insuficiente la democracia si no se traduce en justicia distributiva. Si no somos capaces de lograr que la democracia devenga en justicia, estará latente su precariedad y rondarán los fantasmas de la inconformidad y la desesperación.

Tampoco podemos negar la interdependencia y la globalización de la economía. Es tangible y es de extremos o la enfrentamos construyendo nuestras propias fortalezas o quedamos marginados y confinados dentro de las naciones inviables.

La globalización es un camino de oportunidad. Pero también da nombre a una avidez que amenaza con instaurar un reino de nuevas servidumbres. Nuestras fortalezas descansan entonces en construir como lo ha señalado mi partido, una nueva generación de reformas para el Siglo XXI. Es una expresión con conceptos identificables con la denominada Reforma del Estado. Esa Reforma del Estado probablemente encuentra su vertiente principal en el federalismo, en un nuevo federalismo que además de buscar el equilibrio y el desarrollo entre lo nacional y lo regional, sea esencialmente un federalismo para la eficacia y la eficiencia social, un federalismo que asegure que el ámbito competencial de la Federación y el de cada una de las entidades es supremo en su orden y uno y otro subordinados a la Constitución, un federalismo que impulse un replanteamiento de atribuciones entre los dos órdenes de gobierno.

Las insuficientes económicas de los estados federados y las reversiones políticas y sociales que tienen que enfrentar, agudizan la urgencia de nuevos equilibrios básicos del Pacto Federal.

La fortaleza del Estado federal descansa en la fortaleza de los estados integrantes del pacto de unión.

Advertimos con el mayor interés el impulso que se genera desde los estados para la realización de una convención nacional hacendaria, pero en todo caso el nuevo federalismo que seamos capaces de impulsar tiene que partir del concepto y sentido político del federalismo, es decir, una innovación política e integral del pacto.

Sólo así podrá ser conducible el federalismo fiscal, el federalismo educativo etcétera. Si los estados tienen esquemas fiscales o políticos débiles no podrán construir políticas sociales.

Se percibe en la sociedad la importancia que concede a la democracia electoral, a los partidos y a las instituciones que a ello contribuyen, pero también se advierte su inconformidad con los altos costos que representan las campañas prolongadas, que postergan o condicionan otras actividades; más aun cuando las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría del pueblo de México es de pobreza o de insuficiencia.

No se trata en este acto de asumir posiciones tomadas por anticipado en las que por un lado todo se vea bien o por el otro todo se vea mal, sino advertir lo que a flor de piel angustia a millones de mexicanos y asumir a plenitud de la construcción de propuestas viables, a partir del ámbito de responsabilidad política y jurídica que a cada órgano del poder público le asigna la Constitución.

En ese sentido, señor Secretario, el grupo parlamentario del PRI formula por mi conducto los siguientes planteamientos:

Al inicio de la actual Administración Pública Federal uno de los temas reiterados fue la Reforma del Estado. Cómo concibe el Gobierno Federal esta reforma y en qué consiste. Cuáles son los avances de los trabajos a este respecto.

¿Existen propuestas concretas? ¿Se esperan formas más acabadas de su presentación? A tres años de la actual administración ¿tendrá el tiempo y las condiciones para su implementación? ¿Qué efectos, alcances, transformaciones y resultados, en su caso, esperarían de dicha reforma? En suma, qué ha ocurrido con el tema de la Reforma del Estado.

Cómo conciben al federalismo desde la óptica del Gobierno Federal. Cuál es el grado de desequilibrio entre el orden central y un orden regional. Cuál sería el esquema para abordar el cambio hacia un nuevo federalismo, con qué actores, con qué profundidad, con qué tiempos, con qué resultados.

¿Creé que la Secretaría de Gobernación tenga alguna responsabilidad en la falta de acuerdos? ¿Cuántas iniciativas ha enviado el Ejecutivo al Legislativo sobre las reformas estructurales que el país requiere? ¿Cuál es el nivel de consenso que éstas han alcanzado en la Secretaría a su digno cargo, habiendo incluso creado una Subsecretaría de Enlace Legislativo?

¿Quisiera explicarle al Congreso ese recurrente discurso al pasado como fuente de todos nuestros problemas y el presente como un promotor de todos nuestros avances como nación?

¿Cuál es la postura del Gobierno Federal con relación al costo de la democracia electoral, misma que no se traduce en un mayor desarrollo?

En concreto, ¿cuál es su opinión al financiamiento de los partidos políticos, la homologación del calendario electoral de la República, el porcentaje mínimo requerido para el registro de un partido político y el destino que deben tener los activos y recursos públicos de aquellos que perdieron su registro?

Igualmente ¿qué opinión le merece la asignación presupuestal que actualmente se otorga al Instituto Federal Electoral?

Gracias por sus comentarios anticipados.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda para dar sus respuesta.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, señor Presidente:

En primer lugar agradezco la intervención del diputado Enrique Burgos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en donde aborda distintos aspectos sobre cuestiones de política interior.

Una de ellas, sin duda importante para el Gobierno del Presidente Fox, es la separación del Estado y la Iglesia.

Nos inspira las reformas hechas ya hace dos siglos, en el Siglo XIX por el Presidente Juárez y su proceso de la Reforma.

Nos inspira igualmente los preceptos constitucionales en donde claramente se marca una diferencia entre lo que es el Estado y lo que es la Iglesia.

Como política general preservamos la laicidad del Estado mexicano y la separación de Estado-Iglesia. Garantizamos el pleno ejercicio igualmente de libertad de creencias y de culto para todas las iglesias del país. Promovemos igualmente tolerancia y respeto a la pluralidad.

Nos hemos abocado a tener una interlocución constante y permanente con todas las instituciones religiosas del país.

También nos hemos abocado a resolver los conflictos de intolerancia religiosa mediante una intervención concertada y a cumplir cabalmente con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en el país.

De las denuncias que recibimos en torno al activismo electoral de algunos ministros de culto, fueron 15 de ellas. De esas 15 me permito informar a esta soberanía, que cinco casos fueron sancionados; esto para la información de todas y todos los legisladores. En estos cinco casos se sancionaron fundamentalmente por dos razones que me permito compartir con ustedes:

En primer lugar, porque efectivamente hubo un activismo electoral en contra del Partido México Posible y en contra del Partido Revolucionario Institucional.

Y la segunda causa fue por haber realizado reuniones políticas dentro de un templo. Por lo tanto sí hubo sanciones. Esto debe de quedar muy claro, como claro debe de quedar la separación de la Iglesia y el Estado mexicano.

En torno a la reforma política o del Estado, he abordado ya diversos temas y para no repetir ninguno de ellos me voy a abocar a expresar los puntos de vista del Gobierno de la República en torno al federalismo. Y aquí coincidimos con lo expresado por el diputado Burgos: estamos de acuerdo en que el federalismo debe ser el instrumento que acerque lo más posible la toma de decisiones de los ciudadanos y que esa reforma debe de ser el vehículo propio de la transición y debe ser un medio y no un fin para llegar precisamente al bienestar social que tanto demanda nuestra población.

Su agenda, en materia de federalismo debe comprender, en primer lugar, la redefinición de ámbitos y competencias de la Federación, estados y municipios.

Lo primero en lo que nos debemos de poner de acuerdo, son en los ámbitos, atribuciones y facultades de estos tres órdenes de gobierno. Y esto resulta fundamental en términos de lo que va a realizar la Convención Nacional Hacendaria.

Primero habrá de redefinir ámbitos, competencias y atribuciones y posteriormente ubicar la fuente de financiamiento, el soporte económico de cada una de esas atribuciones, responsabilidades y actuaciones de los tres órdenes de gobierno.

En segundo lugar, una vez que estas definiciones estén dadas habrá que definir las nuevas cargas, responsabilidades y recursos necesarios para hacerles frente.

Es un compromiso del Presidente Fox llevar a cabo la Convención Nacional Hacendaria precisamente para abordar estos asuntos, para redefinir competencias, ingresos y atribuciones y responsabilidades en los distintos órdenes de gobierno, para hacer una redistribución de potestades de carácter tributario, para llevar a cabo la reforma fiscal, la simplificación de la legislación fiscal, la modernización y transparencia de la administración hacendaria que tanto le hace falta igualmente al país, el presupuesto y el gasto público y la fiscalización del gasto, también tendrán que ser objeto de estas discusiones, al igual que el financiamiento, la banca de desarrollo, deuda pública, el sistema de pensiones y la gradualidad con la cual deba de darse esta reforma.

Lo que habremos de hacer, a partir de que se lance la convocatoria el próximo día 29 de septiembre, será en primer lugar establecer una metodología de trabajo para poder arribar a conclusiones, conclusiones que serán sometidas a esta soberanía para que eventualmente haga las consideraciones necesarias, lleve a cabo las discusiones y finalmente apruebe lo que deba hacer la nueva hacienda pública del país, con un sentido federalista y con la redefinición de atribuciones y competencias que se ha planteado.

En relación con las iniciativas de reformas estructurales que el Presidente Fox ha hecho llegar al Congreso, me permito informarles, como ya lo he hecho en otras intervenciones, que han sido la iniciativa denominada Ley Cocopa, el paquete de reforma hacendaria, el paquete de reforma eléctrica, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Oficial, la Ley contra la Discriminación y la reforma constitucional para dar cabida a la Corte Penal Internacional.

En relación al pasado, diputado Burgos, no creo en visiones maniqueas, ni en blancos ni en negros de las cosas, ni de que todo lo hecho en el pasado fue malo y es reprobable, como tampoco que todo tiempo pasado fue mejor. Ubiquémonos en un contexto de realidades. Ubiquémonos dentro de nuestro contexto histórico: de dónde venimos para poder saber a dónde vamos.

Creo firmemente que debemos de tomar ejemplo de muchas gestas históricas que han hecho infinidad de generaciones de mexicanos, gestas patrióticas de muchas mexicanas y mexicanos, que han hecho como resultado la democracia que hoy vivimos. Una democracia que, coincido, es perfectible y que todavía nos falta mucho por realizar; un buen trecho del camino lo podemos andar en los siguientes tres años con esta LIX Legislatura.

¡Aprovecho la oportunidad para reiterarles a las legisladoras y a los legisladores de esta Legislatura que la Secretaría de Gobernación tiene el firme compromiso de establecer un diálogo, sí, pero un diálogo productivo! ¡Un diálogo que les permita a ustedes avanzar en sus tareas legislativas y al Poder Ejecutivo tener mejores instrumentos de gobierno! ¡Si no estamos de acuerdo con muchos de ellos, cambiémoslo. Ustedes, finalmente, tienen la última palabra!

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para formular su réplica, el señor diputado don Enrique Burgos García.

El diputado Enrique Burgos García:

Con su anuencia, señor Presidente; señor Secretario:

Tenemos concepciones distintas, implícito desde luego en un análisis democrático, pero hay algunas percepciones conciliables, sin embargo es necesario reiterar.

Ante el agotamiento del Estado protector y centralizado y el paradigma impuesto por el libre mercado, los mexicanos reclaman del poder público, del que somos parte, reformas innovadoras por encima de visiones fragmentarias, políticas de largo aliento que aseguren certidumbre, viabilidad y sobre todo que promuevan la cohesión de todo el componente social.

El orden mundial que ahora prevalece no ha frenado la pobreza ni ha brindado las oportunidades prometidas. El señalamiento popular es inequívoco: generar empleos, garantizar seguridad pública, mejorar el poder adquisitivo, pro- curar la salud, reformar la educación; la exigencia está a flor de piel y es causa de fuertes tensiones sociales.

Ese es sin duda el epicentro de política, interior o exterior, al fin política, es la razón existencial del Estado, es el fundamento para un gran acuerdo social y es la afirmación del Estado social de derecho, del Estado laico, del Estado soberano, del Estado promotor, del Estado emprendedor.

Las reformas que reclama la sociedad mexicana trascienden lo urgente. Cualquier reforma, laboral, sobre energía, hacienda pública, seguridad social, debe poner la mirada en el bien de la colectividad.

No podemos proclamar que México es grande y maravilloso y al propio tiempo declararlo inepto para sobrevivir en un orden mundial injusto. Más allá incluso de agendas partidarias, debemos seguir el horizonte trazado por las aspiraciones de la gente sencilla que poco entiende de los juegos de la macroeconomía ni encuentra tampoco respuesta en simples salidas populistas.

Enfrentemos de una vez los partidos políticos, los tres poderes, en andar solidario con la sociedad, los desafíos de la modernidad, con las instituciones y los principios que perviven las transformaciones que son menester.

No es preciso comparar nuestras circunstancias con aquellas que vivieron otras generaciones, para percatarnos de las obvias transformaciones históricas o para advertir la complejidad de nuestras horas. Queremos las mismas libertades, la misma justicia, aunque haya cambiado la manera en que concebimos su cumplimiento.

Ahí está la Constitución como guía de nuestros pasos, previsora de su propia reformabilidad, como fuente viva y vigente de reconciliación, como ámbito insustituible de nuevos acuerdos, de nuevas formas para un estado em- prendedor.

Cuando alguien dice que nuestra Constitución ha envejecido, vale recordar las palabras del último sobreviviente de los Constituyentes, don Jesús Romero Flores, cito:

``Estamos ayunos de muchas cosas, mas ante el presente mundo confuso en nuestra Constitución encontramos una síntesis ideológica que nos permite pasar indemnes ante quienes a nombre de la justicia pretenden ahogar la libertad y ante quienes a nombre de la libertad intentan perpetuar la injusticia.

Sí, llegamos tarde al Siglo XX, pero por llegar transformando para mejor construir, por haber determinado popularmente objetivos, normas y métodos para edificar, por haber obtenido síntesis de ideas, nos acercamos antes al Siglo XXI''. Termina la cita.

Y éste, el Siglo XXI ya está aquí, abierto a un pueblo aún esperanzado y expectante de la respuesta que nos fue encomendada a todos nosotros.

Muchas de las encrucijadas de hoy en el horizonte del desa-rrollo nacional sobre bases ciertas, pasan por la necesidad de construir propuestas entre las fuerzas políticas que piensan distinto, pero que deben ver en la factibilidad de su acuerdo el aliciente para que sobre cauces sólidos México asegure un destino con mayor justicia por el pueblo, para el pueblo, con lealtad a la nación y con fidelidad a la Constitución.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Agotada la lista de oradores registrados para el análisis de la política interior dentro del contexto del III Informe de Gobierno, esta Presidencia agradece la presencia del Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, en esta sesión en la que se llevó a cabo el análisis del III Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada.

De conformidad con lo que establece el artículo 7º. numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República para su conocimiento.

Se ruega a la comisión encargada de acompañar al Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, lo haga cuando decida abandonar el recinto.

Se ruega a los diputados permanecer en su lugar, a fin de continuar y agotar los asuntos en cartera.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Continuamos con las comunicaciones.

«Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXXII (182) aniversario de la consumación de la Independencia Nacional, el próximo sábado 27 de septiembre, a las 10:00 horas, que tendrá lugar en la Columna a la Independencia, en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, DF, a 23 de septiembre de 2003.--- Dr. Enrique Semo Calev, Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Adriana González Furlong, María Elba Garfias Maldonado.

Continúe la Secretaría.

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DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia indefinida para separarme de mi cargo como diputada federal, a partir de esta fecha.

Por tal motivo, solicito a usted que realice todos los trámites conducentes que devienen del presente acto jurídico y se llame a mi suplente.

Sin otro particular y para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 22 de septiembre de 2003.--- Dip. María de la Luz Arias Staines, Cuarta Circunscripción, Numeral 3.»

El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez (desde su curul):

Para hablar en contra de la solicitud de licencia, señor Presidente:

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra.

El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez:

Con su permiso, señor Presidente.

Vengo a esta tribuna para invitar a las diputadas y diputados presentes a que reflexionemos sobre esta solicitud.

La Constitución de la República establece diversos mecanismos para que los diputados y senadores soliciten licencia. Uno de ellos es evidentemente ocupar una comisión de empleo en la Federación, lo que hace incompatible la facultad y la responsabilidad del legislador con la de emplea-do de la Federación.

Por su parte, en nuestro Reglamento Interno se establece en dos artículos: en el 47 y 48 esa posibilidad. La diputada ha hecho referencia a un artículo, es el 48 en particular y en éste se establece: ``Que sólo se concederá licencia por causa grave y cuando más, a la cuarta parte de la totalidad de los miembros que deban de componer la Cámara''. Esto es lo que establece el artículo 48 del Reglamento.

La solicitud de licencia tiene que ver con un tema. En esta Cámara se aprobó, en la pasada legislatura, una reforma al Código Federal de Procesos Electorales que obligaba a que los partidos políticos tuviéramos en nuestras listas de registro plurinominal, por cada tercio de propuestas una de género distinto y es el caso, la diputada fue electa en el tercer lugar de la lista plurinominal de la IV circunscripción, con lo cual el Partido Verde Ecologista cumplió con esa obligación legal.

Sin embargo, la ley no fue establecida para que las mujeres que eran electas por esa vía fueran substituidas por un género distinto. Eso, desde nuestro punto de vista, es un fraude a esa decisión de que en esta Cámara las mujeres tuvieran voz.

Hubo 122 mujeres electas; de esas 122 ya nada más quedan 121 porque también el Verde Ecologista solicitó licencia para que fuera sustituida una legisladora por un compañero legislador que ahora ocupa un lugar en esta Asamblea; con ésta serían 120.

Yo quiero recordar que la decisión que tomó la pasada legislatura fue muy provechosa porque el Verde Ecologista, de su grupo parlamentario de 17 integrantes tenía 5 mujeres; el día de hoy tiene 4. Si aprobamos esta decisión tendrá 3 y tendremos que esperar próximas solicitudes para que otros diputados ocupen el lugar que las mujeres deben ocupar en esta tribuna.

Yo estimo, compañeras y compañeros, de manera particular, que si nosotros aceptamos esta licencia que no está fundada de ninguna manera por causa grave sino que es una maniobra, una maniobra porque independientemente del parentesco que está establecido en quienes son hoy diputados propietarios y suplentes, independientemente de eso, lo que se está haciendo es garantizar que las mujeres no tengan un lugar en este espacio de decisión del país y tenemos que pedirle a la diputada que se mantenga aquí, en esta Asamblea y que junto con todas y con todos discutamos los problemas de México.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, un momento diputada.

Concedí el uso de la palabra para rectificar hechos; antes de continuar quisiera que la Secretaría se sirva leer los puntos de acuerdo que se están discutiendo.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Con su venia, señor Presidente.

Están a discusión los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada María de la Luz Arias Staines para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la IV circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, Secretaria.

Pidió el uso de la palabra la diputada Jacqueline Argüelles. ¿Con qué objeto diputada?.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (desde su curul):

Para el mismo tema.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán:

Con su venia, diputado Presidente.

He solicitado hacer uso de la palabra en esta tribuna, ya que el diputado que antecedió a mi participación en la palabra, menciona que ésta solicitud de licencia de la diputada Arias Staines es una maniobra.

Yo quisiera recordarles, diputados asistentes a esta Asamblea del día de hoy, que el Partido Verde Ecologista de México se ha distinguido desde su fundación por ponderar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de participación.

Hemos tenido en las anteriores legislaturas, voy a recordar números, en la LVII Legislatura el grupo parlamentario del Verde estaba integrado por cinco diputados, de los cuales dos eran de genero femenino, otorgando a éste un porcentaje del 40%. En la LVII Legislatura, perdón en la LVIII Legislatura, tuvimos de 16 diputados, ocho diputadas mujeres.

Hay aquí algunos diputados que han compartido otras legislaturas, que conocen el trabajo del Verde Ecologista, incluso en la Asamblea Legislativa, sabrán que en la primera Asamblea tuvimos de tres diputados del Verde, dos mujeres y en la anterior legislatura de ocho diputados, tres éramos mujeres.

Me parece que es muy respetable la postura, diputado, noso-tros compartimos también la lucha de equidad y género y de equilibrio en este recinto parlamentario, sin embargo, me parece también que es muy respetable la decisión de la diputada de separarse del cargo, si así lo decide. Si ella no decide dar a conocer públicamente cuál es la razón de la solicitud de licencia, también me parece que es muy respetable, dado que, usted también ha hecho mención al artículo del Cofipe, donde dice: que las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista, habrá una candidatura de...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señora diputada.

¿Dígame diputada?

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul):

Para hacer una pregunta a la oradora.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Acepta una pregunta?

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán:

Con mucho gusto al termino de mi participación. Permítame un segundo.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán:

En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista, habrá una candidatura de género distinto, lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que en esta materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido.

Me parece que está de más que hagamos memoria o que hagamos comparativos en cuanto a representación, dado que en el Senado, por ejemplo, el Verde Ecologista tiene cinco integrantes de la bancada, de los cuales cuatro son mujeres. El Partido de la Revolución Democrática tiene 16, de los cuales dos son mujeres.

Nosotros hemos tradicionalmente pugnado por la participación de la mujer, como ya les comentaba y por ponerles un ejemplo, el Partido Verde Ecologista de México, hasta el 2001-2002, el 80% de mujeres fuerón presidentas en los comités estatales en la República Mexicana.

Soy una militante del Verde Ecologista desde hace casi 10 años, he tenido la oportunidad, está es mi segunda oportunidad de ser candidata electa a un cargo de elección popular y por ello es que me atrevo a pasar a esta tribuna, a defender la postura del Verde.

Ahora sí, diputada su pregunta, si es tan amable.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante diputada, Martha Lucía Mícher Camarena.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul):

Diputada, fuera usted tan amable de contestarme la siguiente pregunta ¿El suplente de la diputada, es su hijo?

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán:

Sí, es su hijo.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul):

Muchas gracias.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán:

Con respecto a familiares y lazos diputada, me parece que el ordenamiento legal vigente protege los derechos políticos de los ciudadanos en general. De aceptar estos argumentos en contra diputada, de la participación de ciudadanos con vínculos familiares en la vida pública, es con- veniente tomar en cuenta que en el PRD tenemos también a los Batres, a los Robles, las acusaciones por ahí de la familia de Dolores en la Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Cárdenas; tenemos casos así similares en otras bancadas. Yo creo que no toca el caso en este momento hacer alusión a este tipo de lazos y agradezco mucho la participación de la tribuna.

Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena:

Gracias, señor Presidente:

No voy a argumentar en relación al tema de las familias, no lo voy a hacer porque el tema aquí es la acción afirmativa, el tema aquí es las mujeres en los puestos de elección y en los puestos de decisión. El tema así es la visibilización de las mujeres.

Yo quiero, fíjense, vengo a hablar a favor de que esta mujer permanezca en la curul, porque no es un acto que tenga qué ver con la voluntad. Aquí dice únicamente que debe ser por causa grave por la que debe permanecer, primera.

Segunda. No aceptamos que se estén camuflajeando y estén diciendo en ese partido que apoyan a las mujeres en los puestos de decisión, cuando finalmente en las suplencias meten a varones, y cuando sabemos que por cumplir con una regla o con un estatuto o con una ley, finalmente están haciendo desaparecer a las mujeres.

Yo les hago un llamado a las mujeres del Verde Ecologista, yo les pido a las compañeras que no aprueben esto y que hablen con su compañera, porque nos están borrando. Se están haciendo aliadas de borrarnos a las mujeres de los puestos de decisión. No se presten a estas cuestiones y hago un llamado a todos los grupos parlamentarios a que no aprobemos, cuando no es una causa grave y cuando es un fraude a la ley lo que está haciendo el Partido Verde Ecologista, para que lo votemos en contra y no se acepte esta renuncia.

Aclaro. El Partido de la Revolución Democrática ha ganado las elecciones por mayoría, nunca hemos renunciado para dar el puesto a nadie de nuestras familias. Que quede muy claro.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

Se instruye a la Secretaría recabar la votación en relación con los puntos de acuerdo.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

Señor Presidente, solicito la votación nominal. Las personas que están de pie sustentan mi petición.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Muy bien.

Proceda la Secretaría a recabar en votación nominal, la votación de la Asamblea.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Iniciamos.

Rogelio Alejandro Flores Mejía, por la afirmativa

Esthela de Jesús Ponce Beltrán, abstención

Clara Marina Brugada Molina, en contra

José Luis Cabrera Padilla, en contra

Víctor Manuel Camacho Solís, en contra

Raúl Leonel Paredes Vega, a favor

Diego Palmero Andrade, a favor

Ernesto Herrera Tovar, en pro

Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, a favor

Jorge Luis Hinojosa Moreno, a favor

Lorenzo Miguel Lucero Palma, a favor

José Reyes Baeza Terrazas, a favor

José Mario Wong Pérez, a favor

Jorge de Jesús Castillo Cabrera, a favor

Nancy Cárdenas Sánchez, en contra

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, se sugiere a los señores diputados, señoras diputadas que permanezcan en sus asientos para facilitar la votación. Adelante.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Francisco Javier Carrillo Soberón, en contra

María Angélica Díaz del Campo, en contra

Gilberto Ensastiga Santiago, en contra

Jorge Fernando Franco Vargas, en contra

Rodrigo Iván Cortés Jiménez, a favor

José Javier Osorio Salcido, a favor

Federico Döring Casar, en pro

Armando Rangel Hernández, sí

Norberto Enrique Corella Torres, a favor

Patricia Elisa Durán Reveles, a favor

Roberto Colín Gamboa, a favor

Alejandro Higuera Osuna, a favor

Irene Herminia Blanco Becerra, a favor

Nora Elena Yu Hernández, a favor

Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, a favor

Enrique Ariel Escalante Arceo, a favor

María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, a favor

Guillermo del Valle Reyes, a favor

Rosalina Mazari Espin, sí

Miguel Angel García Domínguez, en contra

Emilio Serrano Jiménez, en contra

Juan José García Ochoa, en contra

Iván García Solís, en contra

Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, abstención

Joel Padilla Peña, abstención

Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, no

Juan Francisco Molinar Horcasitas, a favor

Francisco Javier Barrio Terrazas, a favor

José González Morfín, a favor

Germán Martínez Cázarez, sí

Manuel Enrique Ovalle Araiza, a favor

María del Carmen Escudero Fabre, sí

Janette Ovando Reazola, abstención

Rafael Sánchez Pérez, sí

Martha Leticia Rivera Cisneros, en abstención

Juan Fernando Perdomo Bueno, sí

Jesús Porfirio González Schmal, no

Gerardo Montenegro Ibarra, a favor

María Hilaria Domínguez Arvizu, a favor

Cristina Portillo Ayala, Por supuesto que en contra

María Marcela Lagarde y de los Ríos, en contra

Martha Lucía Micher Camarena, en contra

Daniel Ordóñez Hernández, en contra

Luis Eduardo Espinoza Pérez, en contra

Pedro Vázquez, González, en abstención

Alejandro González Yánez, abstención

Francisco Amadeo Espinosa Ramos, abstención

Oscar González Yáñez, abstención

Manuel Pérez Cárdenas, pro

Marisol Vargas Bárcena, me abstengo

Sergio Alvarez Mata, sí

Miguel Angel Rangel Avila, en contra

Alfonso Moreno Morán, abstención

Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, sí

José Felipe Puelles Espina, sí

María Guadalupe Suárez Ponce, a favor

Jorge Alberto Ruiz Esparza Oruña, a favor

Angel Juan Alonso Díaz Caneja, sí

Jorge Luis Preciado Rodríguez, sí

Marco Antonio Gama Basarte, sí

Ricardo Alegre Bojorquez, a favor

María Elena Orantes López, a favor

Claudia Ruiz Massieu Salinas, a favor

Jorge Ortiz Alvarado, a favor

Raúl Pompa Victoria, a favor

Adrián Victor Hugo Islas Hernández, sí

Marco Antonio García Ayala, a favor

José Luis Briones Briseño, a favor

María Sara Rocha Medina, sí

Alfonso Juventino Nava Díaz, sí

Benjamín Sagahon Medina, en contra

Horacio Martínez Meza, en contra

René Arce Islas, en contra

Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, en contra

María Marcela González Salas y Petricoli, en contra

Pablo Gómez Alvarez, en contra

María de los Dolores Padierna Luna, en contra

María Guadalupe Morales Rubio, en contra

Susana Guillermina Manzanares Córdova, en contra

Inti Muñoz Santini, en contra

Salvador Pablo Martínez Della Rocca, en contra

María Viola Corella Manzanilla, en contra

José Antonio Cabello Gil, a favor

José Angel Córdova Villalobos, a favor

Carla Rochín Nieto, abstención

Francisco Javier Lara Arano, a favor

Javier Castelo Parada, en contra

Sergio Penagos García, a favor

Baruch Alberto Barrera Zurita, en contra

Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, en contra

Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, abstención

Margarita Saldaña Hernández, abstención

Angel Pasta Muñuzuri, en contra

Marisol Urrea Camarena, abstención

Lorena Torres Ramos, abstención

Consuelo Camarena Gómez, a favor

Marko Antonio Cortés Mendoza, en contra

Ruben Alfredo Torres Zavala, en contra

Jorge Triana Tena, en contra

Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía, en contra

María Beatriz Zavala Peniche, a favor

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, abstención

Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, abstención

José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, en contra

Norma Patricia Saucedo Moreno, abstención

Francisco Xavier Alvarado Villazón, a favor

Jorge Legorreta Ordorica, a favor

Julio Horacio Lujambio Moreno, a favor

Rogelio Rodríguez Javier, a favor

Campos Eugenio Mier y Concha, a favor

Consuelo Muro Urista, a favor

Jesús Zúñiga Romero, a favor

Jesús María Ramón Valdéz, a favor

Jesús Aguilar Bueno, a favor

Eduardo Olmos Castro, a favor

Laura Elena Martínez Rivera, a favor

Ricardo Rodríguez Rocha, a favor

Rafael Flores Mendoza, en contra

Elpidio Tovar de la Cruz, en contra

José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, en contra

Socorro Díaz Palacios, no

Angélica de la Peña Gómez, en contra

Alfonso Ramírez Cuellar, en contra

Bernardino Ramos Iturbide, en contra

Agustín Rodríguez Fuentes, en contra

Lizbeth Eugenia Rosas Montero, en contra

María Elba Garfias Maldonado, en contra

Jorge Martínez Ramos, en contra

Rocío Sánchez Pérez, en contra

Francisco Javier Saucedo Pérez, en contra

Eliana García Laguna, en contra

Agustín Miguel Alonso Raya, en contra

Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, en contra

Magdalena Adriana González Furlong, abstención

Rodolfo Esquivel Landa, no

Blanca Eppen Canales, en contra

Concepción Cruz García, en contra

Patricia Garduño Morales, sí

José Francisco Javier Landero Gutiérrez, abstención

José María de la Vega Larraga, en contra

Tatiana Clouthier Carrillo, en contra

Ramón González González, en contra

María del Carmen Mendoza Flores, en contra

Luis Andrés Esteva Melchor, a favor

Francisco Juan Avila Camberos, en contra

Gisela Juliana Lara Saldaña, en contra

Gustavo Enrique Madero Muñoz, en contra

Blanca Judith Díaz Delgado, en contra

Ramón Galindo Noriega, en contra

Lucio Galileo Lastra Marín, en contra

Evangelina Pérez Zaragoza, en contra

Manuel Ignacio López Villarreal, a favor

Tomás Antonio Trueba Gracian, sí

José Julián Sacramento Garza, sí

Fernando Espino Arévalo, sí

Raúl Piña Horta, sí

María Avila Serna, a favor

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, a favor

Luis Felipe Madrigal Hernández, a favor

Francisco Herrera León, a favor

Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, sí

Manuel Velasco Coello, sí

Abraham Velázquez Iribe, a favor

Alfredo Villegas Arreola, a favor

Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, a favor

Armando Leyson Castro, sí

Bernardo Vega Carlos, a favor

Oscar Félix Ochoa, a favor

Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón, a favor

Guillermo Huizar Carranza, por la negativa

José Luis Medina Lizalde, en contra

Antonio Mejía Haro, en contra

Arturo Nahle García, en contra

Edgar Torres Baltazar, en contra

Rosa María Avilés Najera, en contra

Minerva Hernández Ramos, en contra

Gelacio Montiel Fuentes, en contra

Adrián Chávez Ruíz, en contra

Renato Sandoval Franco, en contra

José Isabel Trejo Reyes, no

Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, no

Pablo Antonio Villanueva Ramírez, ,sí

Salvador Vega Casillas, sí

José Erandi Bermúdez Méndez, no

José Orlando Pérez Moguel, sí

Adriana González Carrillo, en contra

Sebastián Calderón Centeno, en contra

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, sí

Javier Orozco Gómez, en pro

Luis Antonio González Roldán, sí

Leonardo Alvarez Romo, sí

Alejandra Méndez Salorio, a favor

Jorge Antonio Kahwagi Macari, sí

Hugo Rodríguez Díaz, a favor

Francisco Javier Bravo Carbajal, a favor

Gonzalo Moreno Arévalo, a favor

Sergio Armando Chávez Dávalos, a favor

Homero Díaz Rodríguez, a favor

Guillermo Zorrilla Fernández, a favor

Rómulo Isael Salazar Macías, a favor

Gustavo Moreno Ramos, a favor

Ubaldo Aguilar Flores, a favor

Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, en contra

Víctor Suárez Carrera, no

J. Miguel Luna Hernández, no

Horacio Duarte Olivares, no

Héctor Miguel Bautista López, en contra

Santiago Cortés Sandoval, no

Tomás Cruz Martínez, no

Omar Ortega Alvarez, no

Ruth Trinidad Hernández Martínez, en contra

María Guadalupe García Velasco, en contra

Miguel Angel Llera Bello, en contra

José Jesús Vázquez González, en contra

Patricia Flores Fuentes, abstención

Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, en contra

Francisco Xavier López Mena, no

Alberto Urcino Méndez Gálvez, en contra

Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, no

J. Irene Alvarez Ramos, en contra

Alfredo Gómez Sánchez, sí

Emilio Chuayffet Chemor, sí

Emilio Badillo Ramírez, a favor

Roberto Pedraza Martínez, sí

Miguel Angel Osorio Chong, a favor

Gonzalo Rodríguez Anaya, a favor

Oscar Bitar Haddad, a favor

Moisés Jiménez Sánchez, a favor

Oscar Pimentel González, a favor

Francisco Javier Guizar Macías, a favor

Evelia Sandoval Urban, a favor

Elba Esther Gordillo Morales, a favor

Roberto Rafael Campa Cifrián, a favor

Jorge Uscanga Escobar, a favor

Martín Remigio Vidaña Pérez, a favor

Diva Hadamira Gastélum Bajo, a favor

Pablo Anaya Rivera, a favor

Ernesto Alarcón Trujillo, sí

Juan Bustillos Montalvo, a favor

Concepción Olivia Castañeda Ortiz, a favor

Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo, a favor

Marco Antonio Torres Hernández, a favor

Gonzalo Guizar Valladares, a favor

Alfonso Sánchez Hernández, a favor

Raúl José Mejía González, a favor

Valentín González Bautista, en contra

David Ferreyra Martínez, en contra

Rafael García Tinajero Pérez, en contra

Javier Salinas Narváez, en contra

Jazmín Elena Zepeda Burgos, en contra

Francisco Chavarría Valdeolivar, en contra

Juan García Costilla, en contra

Maki Esther Ortiz Domínguez, en contra

Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, en contra

Virginia Yleana Baeza Estrella, sí

Fernando Fernández García, a favor

Francisco José Rojas Gutiérrez, sí

Arturo Osornio Sánchez, sí

Considerando las faltas creemos que ya no se va a presentar, Armando Neyra Chávez, sí

Félix Arturo González Canto, a favor

Victor Manuel Alcerreca Sánchez, sí

Carlos Martín Jiménez Macías, a favor

José Luis Flores Hernández, a favor

Fidel René Meza Cabrera, a favor

José Guillermo Arechiga Santamaría, a favor

Jesús Morales Flores, sí

José Porfirio Alarcón Hernández, sí

Francisco Alberto Jiménez Merino, a favor

Juan Manuel Vega Rayet, a favor

María Del Carmen Izaguirre Francos, a favor

Graciela Larios Rivas, a favor

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor

Oscar Rodríguez Cabrera, sí

Quintín Vázquez García, sí

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, a favor

José Manuel Carrillo Rubio, a favor

Federico Barbosa Gutiérrez, a favor

Martha Palafox Gutiérrez, a favor

Florentino Domínguez Ordóñez, sí

Fernando Donato de las Fuentes Hernández, a favor

Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, a favor

Oscar Martín Ramos Salinas, a favor

José Alfonso Muñoz Muñoz, a favor

Enrique Burgos García, a favor

Irma Sinforina Figueroa Romero, en contra

María del Rosario Herrera Ascencio, en contra

Yadira Serrano Crespo, en contra

Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, por la negativa

Margarito Fierros Tano, por la negativa

Juan Pérez Medina, no

Salvador Marquez Lozornio, sí

Alfredo Fernández Moreno, sí

Sheyla Fabiola Aragón Cortés, abstención

María del Rocío Jaspeado Villanueva, no

Leticia Socorro Userralde Gordillo, en contra

Pablo Alejo López Núñez, a favor

Fernando Alvarez Monje, a favor

Raúl Rogelio Chavarría Salas, sí

Huberto Aldaz Hernández, no

Gabriela Ruiz del Rincón, abstención

María Eloísa Talavera Hernández, abstención

Arturo Robles Aguilar, a favor

Felipe Medina Santos, a favor

Gaspar Avila Rodríguez, a favor

Guillermo Martínez Nolasco, a favor

Sofia Castro Ríos, sí

Elpidio Desiderio Concha Arellano, sí

Paulo José Luis Tapia Palacios, sí

Gonzalo Ruiz Cerón, sí

Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, sí

Margarita Martínez López, a favor

Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, sí

Roger David Alcocer García, a favor

Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, sí

María Cristina Díaz Salazar, a favor

Eduardo Alonso Bailey Elizondo, a favor.

Juan Carlos Pérez Góngora, a favor

Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, sí

Marcela Guerra Castillo, a favor

María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, a favor

David Hernández Pérez, a favor

Roberto Antonio Marrufo Torres, sí

Lázaro Arias Martínez, a favor

Mario Moreno Arcos, sí

Abel Echeverría Pineda, sí

Alvaro Burgos Barrera, sí

Marcelo Tecolapa Tixteco, sí

Sergio Arturo Posadas Lara, a favor

José Manuel Abdala de La Fuente, por supuesto que sí

Humberto Francisco Filizola Haces, a favor

Cruz López Aguilar, a favor

Ana Lilia Guillén Quiroz, en contra

Abdallán Guzmán Cruz, en contra

Sergio Augusto Magaña Martínez, no

Francisco Mora Ciprés, en contra

Enrique Torres Cuadros, en contra

Inelvo Moreno Álvarez, en contra

Homero Ríos Murrieta, sí

Alfredo Rodríguez y Pacheco, sí

Yolanda Guadalupe Valladares Valle, abstencion

José Eduviges Nava Altamirano, a favor

José Rangel Espinosa, a favor

Marco Antonio Gutiérrez Romero, sí

Víctor Ernesto González Huerta, sí

Teofilo Manuel García Corpus, a favor

Lino Celaya Luría, a favor

Jacobo Sánchez López, sí

Adrián Villagómez García, a favor

Alfonso González Ruiz, a favor

Alfonso Rodríguez Ochoa, a favor

María Esther de Jesús Scherman Leaño, sí

Lomelí Rosas, J. Jesús sí

Rosario Sáenz López, sí

Ángel Heladio Aguirre Rivero, sí

Juan Manuel Dávalos Padilla, sí

Wintilo Vega Murillo, sí

Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, sí

Julio César Córdova Martínez, sí

Rafael Galindo Jaime, sí

Pascual Sigala Páez, en contra

Carlos Hernán Silva Valdés, en contra

Israel Tentory García, en contra

Gerardo Ulloa Pérez, en contra

Abraham Bagdadi Estrella, en contra

Juan Carlos Núñez Armas, sí

Julián Angulo Góngora, sí

José Juan Bárcenas González, a favor

José Luis Treviño Rodríguez, sí

Alvaro Elías Loredo, abstencion

Hidalgo Contreras Covarrubias, a favor

Pablo Bedolla López, sí

Gema Isabel Martínez López, sí

María Isabel Maya Pineda, en contra

Blanca Estela Gómez Carmona, a favor

Rebeca Godínez y Bravo, sí

Julián Nazar Morales, a favor y que el PRD reflexione para que no sean tan contreras porque si se desmayan van a volver en sí en lugar de volver , van a volver en no en lugar de volver en sí

Luis Antonio Ramírez Pineda, sí

Jesús Angel Díaz Ortega, sí

Eviel Pérez Magaña, sí

José Guzmán Santos, sí

Hector Pablo Ramírez Puga Leyva, sí

Carlos Mireles Morales, sí

Humberto Cervantes Vega, sí

Miguel Angel Yúnes Linares, sí

Francisco Luis Monárrez Rincón, sí

Leticia Gutiérrez Corona, sí

José Angel Ibáñez Montes, sí

Fernando Ulises Adame de León, sí

Jaime Fernández Saracho, sí

Pedro Avila Nevárez, sí

Carlos Flores Rico, sí

Miguel Amezcua Alejo, sí

Sonia Rincón Chanona, sí

Roberto Aquiles Aguilar Hernández, sí

Jorge Baldemar Utrilla Robles, sí

Manlio Fabio Beltrones Rivera, sí

Florencio Collazo Gómez, sí

Sami David David, sí

Mario Carlos Culebro Velasco, sí

Belizario Iram Herrera Solís, sí

Francisco Grajales Palacios, sí

Carlos Osvaldo Pano Becerra, sí

Emilio Zebadúa González, no

Rogelio Franco Castán, no

Marcelo Herrera Herbert, en contra

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

¿Faltó algún ciudadano o ciudadana diputado de emitir su voto?

César Amín González Orantes, sí

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

¿Falta algún diputado o diputada?

Jaime Miguel Moreno Garavilla, abstención

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Bien, se va a tomar la votación de la Mesa Directiva.

Marcos Morales Torres, en contra

María de Jesús Aguirre Maldonado, en pro

Amalin Yabur Elías, a favor

Amalia Dolores García Medina, estoy absolutamente en contra

Antonio Morales de la Peña, sí

Francisco Agustín Arroyo Vieyra, sí

Juan de Dios Castro Lozano, abstención

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Tenemos los resultados de la votación: Por la afirmativa, 262 votos

Por la negativa, 138. Abstenciones, 29 votos.

La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobados los puntos de acuerdo.

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DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Alejandro Agundis Arias, diputado suplente electo en la IV circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Rosario Sáenz López, Ernesto Herrera Tovar, Manuel Velasco Coello y Francisco Javier Alvarado Villazón.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ciudadano Alejandro Agundis Arias: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar legal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Alejandro Agundis Arias:

¡Sí, protesto!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Gracias, señor diputado.

Continué la Secretaria.

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EMPRESA NATIONAL CASTINGS
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. CP/2R/3AE.-2393 de fecha 16 de julio último, suscrito por el C. senador Jorge Zermeño Infante, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. DG-053/03, fechado el 29 de agosto último, signado por el C. José Luis Romero Hicks, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, por el que da contestación al punto de acuerdo relacionado con la liquidación de la empresa National Castings de México, SA de CV, presentado por el diputado David Penchyna Grub y por el Congreso del estado de Hidalgo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla Padre de la Patria.''

México, DF, a 8 de septiembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Banco Nacional de Comercio Exterior, SAC.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia a su atento oficio No. SEL/300/1731/03 del 17 de julio del presente, en el que comunica a Bancomext los puntos de acuerdo tomados por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión del 16 de julio pasado, con respecto a la liquidación de la empresa National Castings de México, SA de CV, y en particular al apoyo financiero que se solicita a esta institución mediante la participación con capital de riesgo.

Al respecto, le informo que este asunto se sometió a la consideración del Consejo Directivo de Bancomext en su sesión del 31 de julio del presente, en la que se tomó el acuerdo de buscar un acercamiento con los representantes de la empresa y recabar la información necesaria a fin de analizar el caso.

En ese sentido, he dado instrucciones a la Dirección Ejecutiva Regional Sur para llevar a cabo pláticas con los representantes de dicha empresa. Lo mantendré informado tan pronto como contemos con las resoluciones tomadas por los órganos facultados.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 29 de agosto de 2003.--- José Luis Romero Hicks (rúbrica), Director General.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De enterado y en su oportunidad, una vez constituida, remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

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ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día, son iniciativas de diputados.

Tiene el uso de la palabra el diputado don Luis Antonio Ramírez Pineda del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de Ley de Protección Civil para las Areas Rurales.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

He pedido el uso de la palabra para presentar a la elevada consideración de esta honorable Asamblea, una iniciativa para adicionar al artículo 27 constitucional una fracción XXI destinada a promover una política de protección civil para el campo, con acciones que involucren tanto a los ejidos y comunidades, como al Estado mexicano en todos sus niveles.

Planteo elevar a este rango la iniciativa porque es preciso responder a fondo ante los frágiles programas gubernamentales de atención a los desastres naturales, con leyes que propicien toda una política de protección civil para quienes en el campo, por los daños causados por contingencias ambientales, quedan en la ruina al perder su patrimonio y su trabajo, pero con ello su presente y su futuro.

Si el daño causado por la magnitud de estos fenómenos en las ciudades es lamentable, en la geografía rural es dramático y no se resuelve con láminas y despensas de las acciones asistencialistas. Desde mi perspectiva, se requiere atención inmediata a las urgencias, sí, pero además una política de prevención y de reconstrucción con apoyos gubernamentales y créditos, que resarzan a los campesinos de sus caminos, sus parcelas, su agricultura, ganadería o pequeñas empresas sociales destruidas.

El fenómeno climatológico que en éstas últimas semanas ha azotado a nuestro país, ayer tocó al territorio de Baja California Sur el huracán ``Marty'', ha sido inusual en el volumen de las precipitaciones pluviales, pero no es nuevo; es parte de un acelerado y desconcertante proceso de cambios en el comportamiento climático del planeta. El mundo entero ha sufrido la tragedia de inundaciones, ciclones, terremotos, temperaturas por encima de sus registros históricos, sequías prolongadas, agotamiento de las fuentes hídricas. Han podido atenuar el drama de estos fenómenos generalmente los países desarrollados que cuentan con políticas de planificación urbana, programas de atención a sus paisajes rurales y poseen las más avanzadas tecnologías de la prevención.

Nuestra nación sufre inerme los embates de la naturaleza, porque entre otras cosas es incipiente su cultura de la prevención, sobre todo en las áreas rurales. La respuesta del gobierno a la población afectada, salvo los actos heroicos del Ejército a través del Plan DN-III y los cuerpos de voluntarios en las acciones de las comisiones de protección civil, es deficiente, pues no nos hemos preparado adecuadamente con los instrumentos preventivos de la información; la organización, la coordinación con las instituciones especializadas del gobierno, pero sobre todo no diseñamos con visión las partidas presupuestales para hacer eficiente la participación comunitaria.

Nuestro país es altamente vulnerable a los fenómenos naturales por estar situado en el llamado Cinturón de Fuego del planeta, una zona donde ocurre el 80% de la actividad sísmica y volcánica a nivel mundial. Se encuentra también dentro de 4 de las 6 regiones generadoras de ciclones en el mundo.

De acuerdo con innumerables estudios, en la última década la incidencia de los desastres en este planeta se ha incrementado en un 300% en relación con la década de los años 60 del siglo pasado. En consecuencia, el costo de los daños ha crecido en un 900% respecto del mismo periodo. Solamente en América Latina los daños de 1990 al 2000 equivalieron a 23 mil 755 millones de dólares.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, ha reportado la pérdida de 10 mil vidas humanas y daños directos a los acervos de capital y al patrimonio de las personas, empresas o instituciones, que ascienden a 14 mil millones de dólares causados por los desastres naturales en México en el periodo de 1980 al 2000. Estas cifras no incluyen los enormes daños causados el año pasado por los huracanes: ``Isidore'' y ``Kena'' en la península de Yucatán y en los estados de Nayarit y Baja California, que cobraron vidas humanas y dejaron cientos de miles de damnificados y pérdidas por casi 300 millones de dólares. Tampoco incluyen los daños del terremoto que golpeó a Colima en enero último.

Estas calamidades, cada vez más frecuentes y destructivas, no son sólo por adversidades del clima, por las ocurrencias naturales, son producto también, de la impreparación de quienes tienen la obligación de prevenir y evitar el caos en los asentamientos humanos donde viven los desplazados por la pobreza.

Responden a la conducta suicida de los hombres, al propiciar la contaminación de los ríos, la destrucción sin misericordia de nuestros bosques y selvas, el deterioro del hábitat, la producción industrial y responsable y el inadecuado manejo de los suelos.

Esta situación grave nos obliga a diseñar por una parte, una política adecuada para frenar el deterioro de la naturaleza atribuible a las actividades humanas, buscando revertir sus procesos negativos. Y por la otra, intensificar una cultura de la prevención y organización campesina para buscar aminorar el sufrimiento de los pobres ante esas catástrofes.

Es cierto que ya contamos a nivel federal con instituciones como el Sistema Nacional de Protección Civil, el Cenapred, el Servicio Metereológico Nacional, el Fonden, el Fapracc y en algunas entidades con leyes de protección civil. Pero lo alcances de esos programas, recursos y decretos, son mayormente urbanos y como lo hemos constatado, es la población campesina la que está sufriendo mayormente las consecuencias de la falta de planeación.

La lección que surge de esas amargas experiencias es el de prepararnos mejor para enfrentar esos fenómenos, a ello responde esta iniciativa de ley que hoy pongo a la consideración de esta soberanía, destinada a crear en los núcleos de la población rural, comisiones de protección civil, ejidal y comunal que permitan incorporar organizadamente a la población campesina en el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.

Con esta iniciativa, planteó que se impulse con la participación campesina, la elaboración y la actualización de los atlas de riesgo que falta elaborar en muchas entidades federativas, pero también que en los presupuestos estatales y municipales, se considere un fondo para la protección comunitaria que puede enriquecer sus acciones con los recursos del Fonden y del Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas.

Por eso, su espíritu involucra la transformación del Fapracc en un instrumento capaz de reponer la capacidad productiva de las tierras y la pérdida de los activos mediante dos vertientes de acción: la cobertura de al menos las tres cuartas partes del valor de la producción y la entrega de un financiamiento a largo plazo sin intereses, para la recuperación de sus activos que les permitan regresar a la actividad económica en el siguiente ciclo productivo.

La profundidad social de esta iniciativa radica su intención de involucrar en responsabilidades de autoprotección civil a los grupos ejidales y comunales, creando sus respetivas comisiones, pero teniendo como rector de las acciones del Gobierno en sus tres niveles.

En su oportunidad, presentaré un punto de acuerdo ante esta soberanía para crear en la Cámara de Diputados la Comisión de Zonas de Desastre, para que evalúe los daños de los fenómenos naturales, promueva la atención integral a los daños ocasionados y no deje sola a la burocracia, que en muchos casos decide arbitrariamente, cuándo y cómo declarar zona de desastre, ante la impotencia de los afectados, que muchas veces son ignorados en su difícil situación.

Con estas consideraciones y propósitos, propongo a esta soberanía la iniciativa que adiciona al artículo 27 constitucional, una fracción XXI que dispone la creación y las funciones de las comisiones ejidales y comunitarias de protección civil, así como la creación de un fondo comunitario específico para estas tareas.

Ruego a usted, señor Presidente, dar a esta iniciativa el curso que dispone el Reglamento, con la propuesta concreta de reforma constitucional, que adiciona un párrafo 21 al artículo 27 constitucional y que a la letra dice:

``Fracción XXI. Se declara de interés público la protección civil para los ejidos y comunidades. En cada núcleo rural se establecerá una Comisión de Protección Civil, cuyos objetivos son: prevenir, atenuar y atender riesgos y daños a las vidas y a los bienes de sus integrantes, causados por desastres de cualquier orden y promover programas para reconstrucción de las áreas agropecuarias, silvícolas y agroindustriales devastadas.

Para estos efectos se coordinarán las autoridades municipales, estatales y federales; el Estado proveerá los recursos necesarios mediante partidas específicas que deberán ser incluidas en los presupuestos anuales de egresos.

La Ley Reglamentaria formulará los mecanismos para el funcionamiento de la Comisión de Protección Civil.

Hago entrega de este documento a la Secretaría señor Presidente.

Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona una fracción XXI al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para promover acciones de protección civil en el campo, presentada por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del PRI.

Luis Antonio Ramírez Pineda, diputado federal, en ejercicio del derecho de iniciativa que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la elevada consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, para adicionar al artículo 27 constitucional una fracción XXI, destinada a promover acciones de protección civil en el campo.

Exposición de Motivos

La crisis que hoy vive el campo mexicano no es producto sólo de ausencia de políticas, de programas cortos de visión o de los severos rezagos que lo ponen en inferioridad de condiciones frente a competidores externos tecnológicamente mejor dotados, financieramente mejor provistos y subsidiados por sus gobiernos.

Los campesinos mexicanos también son víctimas inermes de recurrentes desastres naturales. México es una nación donde cierto tipo de fenómenos naturales, como las sequías prolongadas, las severas inundaciones, los sismos de magnitud variable o las erupciones volcánicas, ocurren con frecuencia.

Hoy mismo, las tormentas tropicales o los huracanes vienen dejando una secuela de desbordamientos e inundaciones que afectan prácticamente todo el país, destruyendo cosechas, viviendas e instalaciones, que afectan a miles de productores, en especial a los más pobres y desvalidos, ante la impreparación o las débiles acciones gubernamentales para evitar o resarcir los cuantiosos daños causados por esos flagelos.

Son hoy Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Morelia. Empero, la amenaza pende permanentemente sobre todo el país. A pesar de ello, no existe en el México una verdadera política de protección y una cultura de la prevención de desastres ambientales.

Nuestro país es sumamente propenso a esos desastres por estar situado en el llamado Cinturón de Fuego del planeta, una zona donde ocurre 80 por ciento de la actividad sísmica y volcánica a escala mundial. Se encuentra también dentro de cuatro de las seis regiones generadoras de ciclones en el mundo. Además, es muy probable que ahora mismo estemos presenciando un incremento de esa vulnerabilidad, dados los estudios que advierten sobre el riesgo de mayor incidencia de fenómenos naturales extremos.

De acuerdo con esos estudios, en la última década la incidencia de los desastres en el mundo se ha incrementado 300 por ciento en relación con la década de sesenta del siglo pasado. En consecuencia, el costo de los daños ha crecido en 900 por ciento respecto del mismo periodo. Solamente en América Latina, los daños de 1990 a 2000 equivalieron a 23,755 millones de dólares.

El norte de México se encuentra bajo la influencia de las franjas de alta presión que generan grandes regiones áridas. La aridez no es por tanto un evento accidental en el norte y el centro de México, sino que representa un factor de riesgo continuo y en crecimiento.

De acuerdo con la Semarnat, 76 por ciento del territorio nacional corresponde a zonas áridas y semiáridas, y 25 por ciento de los 15.7 millones de hectáreas que se siembran anualmente en esas regiones se considera de muy alta siniestralidad.

A esa realidad hay que agregar la incorporación de 250 mil hectáreas anuales al proceso sistemático de desertización, provocado generalmente por el hombre, en nuestro país. Según la misma fuente, en 1999, 387 municipios recurrieron al Fonden debido a ese fenómeno.

En las zonas áridas, afectadas por una desertización creciente, las lluvias no son eventos regularmente distribuidos en el tiempo sino que ocurren como procesos discretos y extraordinarios, como golpes ocasionales y esporádicos de disponibilidad de agua en el ambiente.

La falla en la llegada de esos golpes ocasionales de lluvia a los ecosistemas áridos produce tiempos largos sin humedad disponible; es decir, prolongados periodos de sequía, que se localizan principalmente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, México y Oaxaca.

Sabemos bien que el tejido social, los sistemas humanos, a diferencia de los ecosistemas, no tienen capacidad de adaptación a la sequía. En algunos casos, el consumo de agua se incrementa significativamente durante los periodos de sequía, exacerbando aún más la carencia de agua.

Investigaciones recientes señalan que los ciclos de lluvia y de sequía se encuentran vinculados con fenómenos atmosféricos y oceánicos globales y, especialmente, con el calentamiento y el enfriamiento cíclicos de la costa del Pacífico, vinculados con los fenómenos de El Niño (ciclo de calentamiento) y La Niña (ciclo de enfriamiento).

Existen fuertes evidencias de que la frecuencia de los fenómenos cíclicos oceánicos y atmosféricos puede incrementarse con el calentamiento global del planeta, lo cual vincularía de manera preocupante las sequías en el norte de México con las emisiones de gases de invernadero a escala planetaria, generados en su mayor parte por los países desarrollados y las regiones sobrepobladas, grandes consumidores de energéticos.

Un breve recuento de los grandes desastres ocurridos en los últimos años permite tomar conciencia de la alta siniestralidad a que está expuesto nuestro país, especialmente las zonas agrícolas, en las que vive la cuarta parte de la población nacional; menciono: las sequías en el norte del país en 1980, el sismo que sacudió la Ciudad de México en 1985, el huracán Gilberto en 1998, el huracán Paulina en 1999, las inundaciones en Veracruz en 1999, los efectos del huracán Keith en 2000...

El Centro Nacional de Prevención de Desastres ha reportado la pérdida de 10,000 vidas humanas y daños directos a los acervos de capital y al patrimonio de las personas, empresas e instituciones, que ascienden a 14,000 millones de dólares, causados por los desastres naturales en el periodo 1980-2000.

Esas cifras no incluyen los enormes daños causados el año pasado por los huracanes Isidore y Kenna en la península de Yucatán y en los estados de Nayarit y Baja California, que cobraron vidas humanas y dejaron cientos de miles de damnificados y pérdidas por casi 300 millones de dólares. Tampoco incluyen los daños del terremoto que golpeó Colima en enero último.

Son ciertamente fenómenos y cambios climáticos que tienen múltiples causas, pero hay claros indicios de que responden en gran medida a la acción depredadora y contaminante del hombre. Muchos de esos fenómenos son sin duda producto del saqueo impune e incontenible de nuestros bosques, de la producción industrial irresponsable, del desgaste de los recursos naturales y del inadecuado manejo de los suelos.

Sin embargo, cual sea el origen de esos cambios, importan la lección y el mandato que traen implícitos.

El estudio de Fontecilla y Moreno realizado en 1998 señala la estrecha relación existente entre los desastres naturales, la pobreza y el mal uso del ambiente, así como con la sobreexplotación de los recursos naturales en superficies de alta fragilidad ecológica, la subutilización de recursos potenciales, la laxitud de las medidas de control ambiental --con saldos negativos para los grupos sociales más vulnerables--, el incremento de la infraestructura urbana en las zonas de alto riesgo y el deterioro de la salud ambiental.

La lección que surge de esas amargas experiencias es la necesidad de prepararnos mejor para enfrentar esos fenómenos, una lección que nos hace comprender hasta qué punto, sobre todo en las zonas más pobres, la vida y la economía precarias hacen necesarios y urgentes programas, recursos y políticas de planeación para atender apropiadamente la emergencia y resarcir de manera digna los estragos económicos que sufre la población más necesitada.

Porque, ciertamente, en la mayoría de los casos la constante ha sido la limitación de los recursos institucionales, materiales y financieros, pero también la débil organización y la falta de capacitación de los recursos humanos para atender de manera debida la complejidad de los problemas que acarrean en todas las áreas físicas y humanas esos fenómenos.

Es cierto que ya contamos con instituciones y programas de protección civil, que cada día son más eficaces y que prácticamente se extienden ya a todas las entidades de la República. Sin embargo, los alcances de esas acciones son en su mayoría urbanos y, como hemos visto, la población campesina es la que está sufriendo, inerme, las consecuencias de esa tragedia, por su pobreza, su falta de preparación y su lejanía con las instituciones públicas.

Porque en el campo los fenómenos naturales se vienen dando con mayor frecuencia e intensidad, y prevalecen la incomunicación, el aislamiento y la extrema pobreza --de la población y de las instituciones--. Estamos obligados a mayor presencia del propio esfuerzo de los afectados para prevenir, encarar y sobreponerse a las grandes catástrofes, del orden que sean, al menos hasta que los mecanismos de ayuda puedan acceder y actuar en esas regiones.

La responsabilidad que surge de esa realidad es la de concienciarnos mejor para enfrentar esos fenómenos. A ello responde la iniciativa de ley que pongo a consideración de esta soberanía, destinada a crear obligatoriamente en los núcleos de población ejidales y comunales comisiones de protección civil que permitan incorporar de manera organizada a la población campesina en el sistema nacional de prevención y atención de desastres.

Con la iniciativa se derivará que en la ley reglamentaria se impulsen obligatoriamente, con la cooperación campesina, la elaboración y la actualización de los atlas de riesgo que falta elaborar en muchas entidades federativas y la creación de fondos a escalas federal, estatal y municipal, con un porcentaje considerable destinado a los ejidos y las comunidades que respalden las acciones de la comisión y enriquezcan las aportaciones del Fonden y del Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas (Fapracc).

De igual manera, deberá extenderse entre los campesinos la información científica necesaria para la apropiada comprensión de los fenómenos naturales, para el desarrollo de una cultura de prevención que permita a las organizaciones sociales el manejo, el control y la superación de situaciones de emergencia y de desastre en el campo.

Desde esa perspectiva, la trascendencia social de la iniciativa radica en su intención de involucrar en responsabilidades de autoprotección civil a los grupos de poblaciones ejidales y comunales.

Pienso que es necesario, con base en las milenarias tradiciones solidarias de los campesinos, impulsar una conciencia y una cultura modernas de protección civil que articulen el campo con los esfuerzos nacionales, con un claro principio de solidaridad nacional y con miras a hacer crecer la presencia popular organizada desde las bases en el sistema nacional de toma de decisiones para la protección ciudadana.

La ley reglamentaria habrá de recoger el espíritu de la iniciativa en el sentido de transformar el Fapracc en un instrumento capaz de reponer la capacidad productiva de las tierras y la pérdida de los activos, mediante dos vertientes de acción: la cobertura de al menos las tres cuartas partes del valor de la producción y la entrega de un financiamiento de largo plazo sin intereses para la recuperación de activos, que permitan a los campesinos y productores rurales regresar a la actividad económica en el siguiente ciclo productivo.

Los beneficiarios de esas acciones y apoyos serán quienes resulten afectados, y el nivel del apoyo brindado equivaldrá a la medida del daño. Lo anterior, sin desmedro de la asistencia prevista en el resto de los programas constituidos y operando en los tres órdenes del Poder Ejecutivo.

El campo mexicano cuenta con un consistente, vigoroso y arraigado sistema organizativo y con fuerte tradición solidaria y cooperativa. La estructura básica de la organización campesina, fundada en la ley, es la ejidal-comunitaria. Empero, el hincapié organizativo está puesto en los componentes productivos, sociales y políticos de la vida campesina.

No existe nada específico sobre prevención y atención de desastres naturales. Por el contrario, ante esas calamidades, hay arraigada subcultura de resignación, de resistencia pasiva y de esperar todo del gobierno o de alguna ayuda sobrenatural.

Por eso propongo la obligación de constituir, en cada ejido o comunidad, una comisión de protección civil, como parte obligatoria, permanente y estructural de su organización colectiva y, al mismo tiempo, como la base popular del sistema nacional de protección civil para la prevención y atención de desastres, vinculada estrechamente a los ayuntamientos y a las estructuras estatales.

Se encarga a esas comisiones aportar la información necesaria para la elaboración y actualización periódica del correspondiente atlas de riesgo, en coordinación con las autoridades municipales y las estatales respectivas, y constituirse como base del entramado social responsable de aterrizar los recursos y vigilar su correcta y honesta aplicación.

Se les señala la responsabilidad de organizar e impulsar, en sus correspondientes núcleos de población, las acciones preventivas necesarias, así como los ejercicios preparatorios que les permitan dar, en su oportunidad, respuesta eficiente a situaciones de emergencia.

Se les faculta para asumir, en caso de desastre, para los fines exclusivos de éste, y en acuerdo con las autoridades locales correspondientes, la plena representación, responsabilidades y coordinación de sus respectivos núcleos poblacionales.

Se dispone asimismo, con cargo a los presupuestos anuales de los tres órdenes de gobierno, la asignación de los recursos necesarios para la organización y el funcionamiento de las mencionadas comisiones ejidales y comunitarias de protección civil.

Así, además de sentar las bases para reforzar en el campo, con la participación popular, con una partida específica en los presupuestos estatales y los municipales, el sistema nacional de protección civil para la prevención y atención de desastres, se busca crear entre los campesinos canales de comunicación; estimular conductas preventivas y mejorar la capacidad de actuación colectiva y oportuna ante calamidades de cualquier origen, a fin de evitarlas o enfrentarlas con el menor daño posible, en coadyuvancia con las acciones y los recursos del Estado y de los demás sectores sociales.

Con esos propósitos, en atención a las consideraciones precedentes, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Que adiciona el artículo 27 constitucional.

Artículo Unico. Se adiciona al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una fracción XXI, para quedar como sigue:

Artículo 27

I. a XX. ...

XXI. Se declara de interés público la protección civil para los ejidos y comunidades. En cada núcleo rural se establecerá una comisión de protección civil, cuyos objetivos son prevenir, atenuar y atender riesgos y daños a las vidas y a los bienes de sus integrantes causados por desastres de cualquier orden; y promover programas para la reconstrucción de las áreas agropecuarias, silvícolas y agroindustriales devastadas. Para esos efectos, se coordinarán las autoridades municipales, las estatales y las federales.

El Estado proveerá los recursos necesarios mediante partidas específicas, que deberán incluirse en los presupuestos anuales de egresos.

La ley reglamentaria formulará los mecanismos para el funcionamiento de la comisión de protección civil.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de septiembre de 2003.--- Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales en tanto se designa a la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

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ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:

Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión:

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Por disposición constitucional consignada en el artículo 69 de nuestra Norma Suprema, el Presidente de la República tiene la obligación de asistir a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias y de rendir ante el Congreso un informe del estado que guarda la Administración Pública del país.

El Informe Presidencial debe ser un acto de rendición de cuentas que se hace ante el Poder Legislativo, actuando las dos Cámaras del Congreso como asamblea única y, posteriormente, por separado cada Cámara realiza el análisis del Informe en los cuatro rubros que se señalan en el artículo 7°, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General.

Independientemente de este análisis, la Cámara de Diputados realiza, a través de la Auditoría Superior de la Federación, la revisión de la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal. Está previsto que la Cámara de Diputados aprueba, en uso de facultades exclusivas, el Presupuesto de Egresos de la Federación, previa solicitud que el Ejecutivo Federal hace de las asignaciones presupuestales que requiere para la realización de las actividades de gobierno, y que en la Cuenta Pública se determina la coincidencia o discrepancia de lo autorizado respecto de lo ejercido y la forma en la cual los recursos públicos son utilizados.

Pero este examen es siempre ex post, por lo que es necesario encontrar un mecanismo que sea ágil y permita también un diálogo directo entre el titular del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo.

Es pertinente destacar que la iniciativa del grupo parlamentario del Partido del Trabajo que hoy se somete a su consideración tiene el propósito de establecer en la Constitución ese diálogo entre poderes, ya que el mecanismo actual que se establece en la Ley Orgánica del Congreso únicamente limita al envío, al Presidente de la República, por parte de cada Cámara del Congreso, de las versiones estenográficas de las sesiones en la que se realiza la glosa o comparezcan los secretarios de despacho, solamente para el conocimiento del Presidente de la República.

Lo que nuestro grupo parlamentario plantea es que el Ejecutivo siga asistiendo a la apertura del primer periodo de sesiones del Congreso, que siga presentando su Informe de Gobierno, pero que, además, realizado el análisis por parte de los integrantes de cada Cámara, al final de este ejercicio el Presidente de la República acuda, en la fecha que así se determine, a reunión del Congreso de la Unión para escuchar las opiniones de los legisladores sobre el contenido del Informe y de lo que puede hacerse para mejorar la marcha de la administración pública del país.

El planteamiento anterior tiene una explicación lógica: el Presidente de la República rinde su Informe ante el Congreso en la fecha prevista por el artículo 65 constitucional; esto es, al inicio del noveno mes de año, con lo que se entendería que su Informe abarca de lo realizado por la Administración Pública Federal entre el 1° de septiembre de un año y el 31 de agosto del año siguiente, pero la revisión de la Cuenta Pública abarca lo que el Ejecutivo hizo o no con las autorizaciones de gasto contenidas en el decreto de Presupuesto de Egresos para un ejercicio fiscal, que inicia el 1° de enero y concluye el 31 de diciembre de ese año.

El contenido específico de nuestra propuesta es el establecer una relación directa, respetuosa y continua entre los titulares de dos de los poderes públicos de la nación que el pueblo elige a través de su sufragio.

De todos es sabido que el sistema de división de poderes previsto en la Constitución no es rígido ni inflexible, puesto que la propia Constitución del país establece casuísticamente los casos en que los Poderes Legislativo y Ejecutivo intervienen para la realización de ciertos actos, a manera de ejemplo señalamos los siguientes:

a) El artículo 27, fracción XIX, párrafo segundo, prevé la existencia del Tribunal Agrario, que se integra por magistrados propuestos por el Ejecutivo federal y designados por la Cámara de Senadores, o en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.

b) O la designación del gobernador del Banco de México, prevista en el artículo 28, párrafo séptimo, donde se señala que la conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.

c) O el caso de la suspensión de garantías, prevista en el artículo 29, donde el Presidente de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión, puede suspender garantías individuales en todo el país o en lugar determinado.

d) O la colaboración de los dos poderes en el proceso legislativo, previsto en el artículo 72, en relación con el artículo 89, fracción I.

e) O para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, según se dispone en el artículo 96.

f) O para ratificar el nombramiento de procurador general de la República, según se dispone en el apartado A, primer párrafo, del artículo 102 constitucional.

g) O bien, el procedimiento para designar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, previsto en el artículo 102, Apartado B, párrafo sexto.

En suma, no nos debe espantar el diálogo directo y constructivo entre los titulares del Poder Legislativo y el Ejecutivo, por eso nuestra propuesta se centra en la adición de un segundo párrafo al artículo 69, destacando que es mejor que estas previsiones de relación entre poderes públicos se establezca en la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69.

...

Posterior a la fecha de presentación del Informe del estado que guarda la administración pública del país y hasta el 30 de septiembre, el Presidente de la República asistirá al Congreso de la Unión a escuchar las conclusiones e intercambiar opiniones, sobre el contenido del Informe presentado, con los grupos parlamentarios representados en el Congreso.

Transitorios

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil tres..--- Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Oscar González Yáñez, Francisco A. Espinosa Ramos (rúbricas).

Muchas gracias.

El diputado Iván García Solís (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Es una presentación de iniciativa y no ha lugar a los hechos, en este punto.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. En tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

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LEY DE ENERGIA PARA EL CAMPO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En el siguiente punto del orden del día en proposiciones, tiene la palabra el diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal a fin de que a la brevedad posible expida y publique el Reglamento de Ley de Energía para el Campo.

El diputado José Mario Wong Pérez:

Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a fin de que expida y publique el reglamento congruente con la Ley de Energía para el campo y demás disposiciones administrativas necesarias, y además solicitar la suspensión inmediata de los cortes de energía eléctrica a los productores del campo chihuahuense que utilizan sistemas de bombeo y, en consecuencia, restituir el servicio a los afectados por esta medida, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con base en la necesidad de contar con un instrumento jurídico que impulse la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias, el diputado César Horacio Duarte Jáquez presentó el 29 de noviembre del 2001 la iniciativa de Ley de Energía para el Campo, que fue turnada por el Pleno a la Comisión de Energía para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

El 9 de abril del 2002, a solicitud del diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo, Presidente de la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados se amplió el turno de la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Rural.

Posteriormente la Mesa Directiva de la Comisión de Desarrollo Rural presentó una propuesta de dictamen, que sirvió de base para dictaminar la iniciativa de Ley de Energía para el Campo.

La aprobación de la mencionada ley fue uno de los logros más destacados de la anterior Legislatura, creando la posibilidad de que el Ejecutivo Federal estableciera el programa mediante precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, tales como las gasolinas, diesel, combustóleo y energía eléctrica, con la finalidad de impulsar la productividad y desarrollo de las actividades agropecuarias.

Sin embargo, los beneficios de esta ley no han llegado a la mayoría de los productores como consecuencia de que hasta hoy no se ha cumplido con el artículo segundo transitorio de este cuerpo normativo, que mandata al Ejecutivo Federal que expida, dentro de los 75 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta ley, su reglamento y demás disposiciones administrativas necesarias, considerando que el decreto que contiene la Ley de Energía para el Campo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.

A falta de tales preceptos legales, se han establecido acuerdos mediante los cuales se han otorgado subsidios en los costos de energía eléctrica a los productores del campo, mismos que resultan insuficientes, por la complejidad del trámite necesario para ser acreedores a esos beneficios.

Debido a lo anterior, el mayor número de productores del estado de Chihuahua no han sido beneficiados con las tarifas preferenciales, no pudiendo pagar los altos costos de la energía eléctrica, por lo que la Comisión Federal de Electricidad ha emprendido en distintas regiones del estado la suspensión de su servicio a cientos de pozos agrícolas, poniendo en riesgo la producción de una gran cantidad de cultivos, lo que ya ha originado la toma de diversos inmuebles de instituciones oficiales y el cierre de carreteras, pudiendo alcanzar el conflicto mayor magnitud.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de ustedes, como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal a fin de que con la mayor brevedad expida y publique el reglamento congruente con la Ley de Energía para el Campo y demás disposiciones administrativas necesarias y que en el rubro de la energía eléctrica contenga los precios y tarifas de estímulo fijos no mayores a 15 centavos kilowatt/hora y que, publicado el reglamento, sea éste la base para la negociación de los adeudos de productores con la Comisión Federal de Electricidad para que sean liquidados en un plazo de 39 meses.

Segundo: Que esta Cámara se pronuncie para que no se efectúen cortes de suministro de energía eléctrica a partir del 5 de octubre de 2003, fecha del vencimiento del plazo otorgado por la Comisión Federal de Electricidad. Que este plazo se extienda hasta la conclusión de las negociaciones que se deriven de la publicación del Reglamento de la Ley de Energía para el Campo.

Tercero: Que esta Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal a que se canalicen de inmediato recursos extraordinarios al estado de Chihuahua para avanzar en el programa de uso eficiente del agua y de la energía eléctrica, cuyo requerimiento actualmente es del orden de los 4,500 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre del año 2003.--- Diputados: Mario Wong Pérez, José Reyes Baeza Terrazas, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Jesús Aguilar Bueno, Nora Elena Yu Hernández, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Fernando Ulises Adame de León, Fernando Alvarez Monje, María Avila Serna (rúbricas).

Con esto decirles a todos los partidos políticos de esta Cámara que los exhorto a que unamos esfuerzos para lograr un México mejor para esto.

Con esto invitarlos y exhortarlos a seguir adelante para que votemos por ello, que sea en bien de nuestro México.

Es cuanto, señor Presidente.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema.

El diputado Francisco Chavarría Valdeolivar:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La Ley de Energía para el Campo fue aprobada por la mayoría de las Cámaras de Diputados y Senadores, siendo su propósito fundamental el coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y a la competencia como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países.

El mandato contenido en la Ley de Energía para el Campo reglamenta las disposiciones comprendidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 25, 27 fracción XX y XXVIII, que determinan la obligación del Estado para alentar la actividad económica, promover las condiciones para el desarrollo rural integral y otorgar subsidios a las actividades prioritarias.

Sin embargo, para el Ejecutivo Federal la política agropecuaria continúa ausente como queda de manifiesto en su falta de interés y compromiso con los productores del campo para brindarle los apoyos necesarios, como sería el caso de la no publicación en tiempo del reglamento correspondiente a la ley en comento. Esto es, 75 días hábiles posteriores a la fecha de publicación: 30 de diciembre de 2002.

Con ello ha quedado sin efecto la entrega de la cuota energética a los productores del campo, que comprende los precios y las tarifas de estímulo en gasolina, diesel, energía eléctrica, energéticos empleados directamente en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca ribereña.

Estos apoyos darían lugar a mejores resultados en la productividad del sector y al cumplimiento por parte de los beneficiarios, de los compromisos de mayor eficiencia productiva y energética, como establece la ley referida y se ratifica en el Acuerdo Nacional para el Campo.

Con lo anterior han pasado cuando menos seis meses en el que el Ejecutivo debió cumplir con su responsabilidad constitucional para expedir el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, con lo cual los apoyos pretendidos no atendieron el proceso de producción del actual ciclo agrícola que sin duda resulta ser el más productivo para el país.

En consecuencia, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se adhiere al punto de acuerdo presentado y se pronuncia porque el Ejecutivo Federal atienda de manera comprometida, ágil y expedita, la problemática del campo, donde hoy viven 25 millones de mexicanos y las condiciones de pobreza se presentan con mayor agudeza.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

En virtud de que el diputado orador proponente solicitó que se le diera trámite de urgente y obvia resolución, se instruye a la Secretaría para que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Por la mayoría, señor Presidente, en afirmativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera de urgente resolución.

En virtud de que se han agotado los oradores registrados para este tema, se instruye a la Secretaría para que consulte a la asamblea si está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutida la proposición.

Proceda la Secretaría, en votación económica, a recoger la votación.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada. Comuníquese.

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REGION SUR-SURESTE
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste de México.

El diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:

Subo a esta tribuna con el fin de realizar una proposición con punto de acuerdo para la creación de una Comisión encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos y programas de desarrollo regional para el Sur-Sureste de México.

Los que suscriben, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Asamblea un punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

México se encuentra hoy con un nuevo ejercicio del poder, con una nueva concepción sobre el desarrollo del país y con una maduración en el proceso de democratización que permite una mejora en los niveles político, económico y social.

El Poder Legislativo Federal se concibe así como representante de la sociedad y de las instituciones nacionales, obligado a cooperar en la coordinación y el desarrollo del esfuerzo nacional para abatir el rezago económico, las injusticias sociales y --sobre todo-- los desequilibrios regionales. Y en este punto, respecto a los desequilibrios regionales, cabe señalar la enorme importancia que tiene para el país la búsqueda del desarrollo en la región del sur-sureste.

Como es sabido, esta región --que abarca los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán-- presenta grandes rezagos en diversos sectores, rezagos que deben abatirse.

El desarrollo nacional no ha sido homogéneo; cuestiones de tipo social, económico, geográfico y político han creado atraso y marginación en algunos estados de la República, particularmente en los situados en regiones del sur y sureste. Esta realidad requiere un esfuerzo compartido que permita desarrollar las enormes potencialidades de la región.

En efecto, a México asiste un conjunto humano y material de capacidades y energías magníficas, de grandes posibilidades; y, simultáneamente, existen lamentables carencias, deficiencias: incongruencias inexplicables, que reclaman un esfuerzo organizado y mantenido.

Ante ello, el Gobierno Federal y el Partido Acción Nacional han manifestado su interés en la realización urgente de acciones y programas con el fin de potenciar el desarrollo de esta región en todas sus áreas y, de esa forma, integrarla al desarrollo nacional.

Reconocemos que las anteriores administraciones han realizado acciones y proyectos para la región; sin embargo, no han sido suficientes para lograr asimilar el desarrollo de la región con el centro y el norte del país.

Es importante destacar que en algunos estados las condiciones de atraso y marginalidad han sido la causa de conflictos sociales y políticos cuya solución se encuentra sujeta a la voluntad nacional y de la autoridad pública para abatir el origen de los problemas y no simplemente sus manifestaciones.

Sin duda, los grandes retos que enfrenta la región sur-sureste del país exigen una corresponsabilidad que, valga decir, significa obligación por el bienestar y porvenir de millones de mexicanos. En ese sentido, resulta imprescindible crear los espacios necesarios para impulsar y dar seguimiento a los trabajos realizados para el desarrollo de la región, de manera concreta, en el marco de nuestras facultades y obligaciones, mediante la creación de una comisión especial.

Lograr a través del desarrollo humano, del desarrollo social, del desarrollo económico y del desarrollo sustentable que las personas, las familias y las comunidades mejoren su nivel de vida, sus capacidades y sus condiciones en esta región es parte importante del compromiso de nuestra labor.

La misión de dicha comisión consistirá en coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de competencia del Poder Legislativo federal, a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste.

Igualmente, dicha Comisión contribuirá a impulsar todos los programas que emanan del Ejecutivo Federal, de cualquier forma de organización social que promueva el desa-rrollo y la consolidación de esta región, así como a mantener una comunicación directa y continua con todas las comisiones, dependencias y entidades federales, estatales y municipales que nos permitan coordinar esfuerzos.

Esta es una obligación no sólo moral: los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen como responsabilidad del Estado garantizar el desarrollo nacional de forma integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático, procurando siempre un crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

A dos años de haberse iniciado un esfuerzo conjunto, con el único fin de abatir la problemática y el histórico rezago social que presenta la región, estimamos conveniente ratificar nuestro compromiso de cooperación, con una renovada determinación de promover el desarrollo y el bienestar social de los estados del sur-sureste del país.

Nos subyace una convicción profunda sobre la prevalencia del interés superior del país, de la necesidad de no defraudar las expectativas de la población mexicana, en este caso quienes habitan en el sur-sureste del país, fieles a sus orígenes, que con extraordinaria sabiduría exigen una convivencia más equitativa y democrática.

Nuestra convicción debe ser coadyuvar con todos los actores involucrados a que el sur-sureste del país aspire a tener mejores niveles de vida y cerrar paulatinamente esa enorme brecha de desigualdad.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, el cual establece que el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales para hacerse cargo de un asunto especifico, se somete a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura encargada de coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de competencias del Poder Legislativo Federal, a los proyectos y programas de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.

La Comisión Especial atenderá las proposiciones que, en materia de desarrollo regional para el sur-sureste del país, presenten los legisladores y demás sujetos con derecho a ello, así como los planteamientos que en la materia estipula el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 y los programas regionales que impulsen el Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales y los municipales.

Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Segundo. La Comisión Especial estará integrada por 30 diputadas y diputados, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.

Las propuestas de diputadas y de diputados que corresponda presentar a los diversos grupos parlamentarios para integrar la Comisión Especial de que se trata recaerán preferentemente en integrantes de cada bancada provenientes de las entidades que comprende la región sur-sureste de México.

Tercero. La Comisión Especial impulsará y propondrá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno de la H. Cámara de Diputados los programas y proyectos prioritarios de desarrollo para la región sur-sureste de México, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Cuarto. La Comisión Especial materia del presente acuerdo funcionará por el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Quinto. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2003.--- Diputados: Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Yleana Baeza Estrella, José A. Pablo de la Vega Asmitia, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña (rúbricas).

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado don Amadeo Espinosa, del Partido del Trabajo.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Provengo del estado de Chiapas, que forma parte de esta región sur-sureste del país, que aporta grandes recursos energéticos, acuíferos, al desarrollo del país; es una región que a pesar de su riqueza en hidrocarburos, en la producción de energía eléctrica de origen hidráulico, pues cuenta con un gran rezago histórico: el Gobierno de la República ha echado a andar programas especiales para el desarrollo de esta región y es importante que el Poder Legislativo opine, participe en el desarrollo de estos programas. En este sentido el Partido del Trabajo se suma a la propuesta que los diputados de Acción Nacional han hecho en este momento.

La pasada legislatura contó con el funcionamiento de esta comisión, de la Comisión Sur-Sureste y creemos que es muy importante que la LIX Legislatura, cuente con esta comisión para dar seguimiento y opinar sobre los programas especiales y compensatorios que el Gobierno de la República está desarrollando para promover el desarrollo en el sureste del país.

Por ello, el Partido del Trabajo se suma a la propuesta que se acaba de hacer y considera de urgente resolución la misma.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra...

La diputada Rosa María Avilés Nájera (desde su curul):

Pide la palabra para rectificar hechos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momentito diputada; tengo registrado al diputado Jacobo Sánchez López y al diputado Francisco Herrera León, los dos del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos. La registro.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, el diputado Jacobo Sánchez López del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jacobo Sánchez López:

Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:

Hablar del Sur-Sureste, no es solamente hablar de atrasos, de marginación, de pobreza, de problemas agrarios. Si hablamos de educación aquí se encuentran los índices más altos de analfabetismo. Si hablamos del campo, la producción y la productividad no alcanzan los niveles de competitividad que requieren, sobre todo los mercados nacionales e internacionales.

La infraestructura carretera es insuficiente y la salud en estos estados no alcanzan los niveles aceptables para la mayoría de la población.

Hay que dejar muy claro que la pobreza y la marginación no saben de sexenios ni saben de banderas políticas, por eso en esta actualidad, el principal desafió consiste en disminuir la pobreza, consiste en lograr la justicia social.

Efectivamente, como lo ha expuesto el autor de la proposición que sociedad y Gobierno debemos continuar sumando esfuerzos, debemos fortalecer efectivamente las estrategias pertinentes de política social y se debe dar atención prioritaria a las familias en condiciones de pobreza extrema, a las regiones marginadas, a las comunidades indígenas y a los grupos con mayores ventajas. Sólo así se avanzará en lograr abatir las desigualdades.

Para esta región Sur-Sureste, hay una enorme deuda histórica que la República tiene que saldar. Nos parece de suma importancia el de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste, a través de una comisión que nos permita ser promotores, facilitadores y gestores de inversión en materia de proyectos productivos, anhelando como principales metas el desarrollo humano, el desarrollo social y el desarrollo económico, como principales factores para que las personas, las familias y las comunidades, mejoren sus capacidades y aprovechen todas las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Es necesario impulsar el desarrollo regional y microregional, promoviendo desde el Legislativo una mejor asignación de recursos presupuestales destinados al desarrollo social, con el firme propósito de alentar la diversificación productiva, propiciar una vinculación más estrecha entre el ámbito rural y el urbano y fortalecer la capacidad económica y de gestión de los municipios e intensificar la participación de la población con las acciones y proyectos que reflejen una mejor calidad de vida.

A nosotros nos parece de suma importancia poner un especial énfasis en el respeto a las características particulares de cada entidad y su conglomerado social, así como la preservación de su patrimonio histórico y ecológico siempre mediante un ánimo responsable de colaboración y coordinación a través de los instrumentos de que dispone la Cámara de Diputados.

Por ello recalcamos que es necesario fomentar las capacidades de gestión y autogestión del desarrollo local, prestando atención y promoviendo en su caso los proyectos de desarrollo sustentables impulsados por las instancias sociales de representación indígena, las organizaciones sociales de producción y las agrupaciones de micro, pequeños y medianos empresarios.

Que la creación de esta comisión no sea para dar seguimiento y validar la política económica de expansión en la región. Tiene que haber un verdadero desarrollo sustentable, pero esto, lo recalco, con la participación activa y decidida de los pueblos y comunidades.

Oaxaca como estado en la región Sur-Sureste, se pronuncia a favor del punto de acuerdo que ha hecho aquí el diputado Alonso Díaz Caneja, de Acción Nacional y qué bueno que propone la creación de esta comisión especial, porque con ello implícitamente nos viene a dar la razón a quienes hemos venido sosteniendo señalamientos y críticas muy claras y precisas con respecto a las asimetrías que existen en nuestro país. El hecho de que se trate de manera desi-gual a los desiguales, lo que implica que se tengan que instrumentar acciones que apuntalen el desarrollo, acciones para fortalecer un auténtico federalismo, porque los pueblos no quieren confrontaciones porque rechazan la violencia y quieren un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Por eso es que esta comisión ha crearse no debe verse como un bastión patrimonialista de quienes están haciendo esta propuesta; me refiero en que en esta comisión deben estar los diputados de los estados de esta región, de esos estados con menores índices de desarrollo, los que tienen una alta marginación, los de mayores requerimientos en materia de infraestructura, para con ello lograr propiciar un desarrollo social sustentable.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa María Avilés Nájera, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Rosa María Avilés Nájera:

Con su venia, señor Presidente:

En este país el Partido de la Revolución Democrática ha exigido desde hace muchos años el que el combate a la pobreza tiene que pasar por escuchar y respetar, tanto a los habitantes de los lugares.

En esta ocasión no es la excepción. Nosotros estamos de acuerdo en que esa comisión exista, se cree, pero tenemos que dejar muy claro:

Primero. Que esta comisión no debe de servir para avalar los proyectos del Ejecutivo, que primero fue el Plan Puebla-Panamá y ante el fracaso del Plan Puebla-Panamá se convirtió en el Plan Sur-Sureste. Esto el PRD no lo va a permitir, porque además son los proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Sí queremos decir que estamos de acuerdo en que esta comisión se cree, pero entendiendo que el proyecto o el Plan Sur-Sureste no sólo son carreteras ni son maquiladoras; el Plan Sur-Sureste debe de ser salud, trabajo, vivienda, educación, democracia y el respeto a la biodiversidad, y que a partir de esto sí nos sumamos a la creación de esta comisión para que coadyuvemos al desarrollo de esa zona, de esa región del país, pero siempre y cuando respetemos la soberanía y la autonomía de la región. Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Señoras y señores legisladores, se trata de una proposición en la que se plantee la integración de una comisión.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 34, a la Junta de Coordinación Política le corresponde como facultad, proponer al pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas, así como la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral.

Por consecuencia, esta Presidencia le da el turno a la Junta de Coordinación Política, para que en su oportunidad haga la propuesta correspondiente.

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GRISELDA TERESA TIRADO EVANGELIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra, la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar el esclarecimiento del asesinato de la licenciada Griselda Teresa Tirado Evangelio.

La diputada Rosa María Avilés Nájera:

Con su venia, señor Presidente:

El Estado de Derecho se instaura para que las sociedades funcionen bajo un marco de legalidad, que garantiza que todas las personas que se encuentran bajo ese régimen tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones. La realidad que viven millones de personas en nuestro país nos demuestra que en México está quebrantado ese Estado de derecho.

El hambre, el desempleo, la pobreza, la enajenación, la aculturación, desencadenan fenómenos de marginación, de falta de oportunidades, de injusticia, en particular hacia los más vulnerables, los más pobres.

En el estado de Puebla, se perpetró hace poco más de un mes el asesinato de Griselda Teresa Tirado Evangelio. Esta extraordinaria mujer era una luchadora social irreductible.

Nacida en el seno de una familia totonaca --uno de los grupos indígenas del estado de Puebla, conformado por 100 mil 423 personas, que llegan apenas a 240 mil 34 en todo el país --, logró trascender las limitaciones que le imponía esta sociedad mexicana por ser pobre, por ser indígena y por ser mujer.

Se recibió como licenciada en derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e hizo una maestría en ciencias políticas. Asumió desde el principio de su actividad profesional un compromiso con los de su clase y su sangre y se convirtió en defensora de los derechos humanos. También se desempeñaba como consejera electoral ante el IFE local.

La vida breve de esta mujer (apenas 37 años) es un caso más de millones de personas que ante un hecho incuestionable, como lo es un asesinato, queda demostrado lo vulnerable que es el Estado de Derecho en nuestro país.

Han pasado seis semanas y no se ha logrado el esclarecimiento de este crimen. Fue muerta de tres ---dicen unos, de cuatro dicen otros--- impactos de arma de fuego; murió de manera instantánea, en Huehuetla, Puebla.

En esta región de la sierra de Puebla se ha vivido por muchos años bajo el régimen caciquil, impuesto por intereses de unos cuantos y solapados por los gobernantes en turno. Dado el atraso tecnológico de estas comunidades pequeñas, se hace imprescindible la utilización de la mano de obra y la de los totonacas es una de las más baratas que existen, pero además quien la emplea no está obligado porque no hay autoridad ni programas gubernamentales que lo obliguen a dar la protección como cualquier patrón, como son: un salario justo, condiciones de trabajo que protejan al trabajador, protección a la familia. De hecho, vemos exactamente lo contrario: jornadas de trabajo de sol a sol; empleo de menores de edad, que llegan incluso al rango de cinco o seis años; ancianas y ancianos, todos trabajando en condiciones extenuantes.

Esta, señoras y señores, es parte de la realidad que se vive en las comunidades totonacas y en la sierra norte del estado de Puebla.

Hemos visto a lo largo de más de un mes, declaraciones de autoridades locales y estatales que claman por el esclarecimiento de este crimen, pero hacen acotaciones, pertinentes para ellos, de no ``politizar'' este ``lamentable hecho''.

A poco más de un mes, no se ha llamado a rendir cuentas al presidente municipal de Huehuetla, de quien públicamente se sabe que a los pocos días de ganar la presidencia municipal, difundió un volante en que advirtió que rodarían cabezas de todos aquellos que fueron sus oponentes en la elección de presidente municipal (realizada en noviembre de 2001).

Las autoridades que se han allegado el caso, como es la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, no han dado muestras de tener un avance en dicho esclarecimiento y de velar por el Estado de Derecho y la gobernabilidad.

No hay, en el caso de Tirado Evangelio, actos ni palabras que la vinculen con hechos delictuosos; su desempeño profesional siempre estuvo marcado por la defensa de los derechos humanos y el respeto a la ley.

Independientemente de quién era esta mujer, la cualidad sine qua non es que todos somos iguales ante la ley. Por ende, todos los ciudadanos debemos tener plenamente garantizado que ante una violación flagrante de nuestros derechos, la autoridad velará porque se respeten las leyes, actuará en consecuencia y mantendrá ese principio rector.

Por todo lo expresado, presento a esta Asamblea, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y someto a esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Uno. Que esta honorable Cámara de Diputados, en el marco de la división de poderes y con estricto respeto al federalismo, haga un exhorto al gobernador del estado de Puebla, ciudadano Melquiades Morales Flores, para que conmine a las autoridades correspondientes, que en las indagatorias relativas al asesinato de Griselda Teresa Tirado Evangelio se tomen las medidas necesarias para que el esclarecimiento del crimen avance de manera más pronta y expedita.

Dos. Que el Ejecutivo estatal informe sobre el avance en las indagatorias de este crimen.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de septiembre de 2003.--- Diputados: Rosa María Avilés Nájera, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, José Felipe Puelles Espina, Alejandro González Yáñez, Jesús Martínez Alvarez, Jesús González Schmal, Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbricas).

Es cuanto, señor Presidente.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, señora diputada.

Tiene la palabra la diputada Myriam Arabian Couttolenc, del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo tema.

La diputada Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados:

El grupo parlamentario de Acción Nacional no quiere guardar silencio. El silencio reproduce la violencia; la palabra nos permite rescatar la memoria y actuar por Griselda Tirado, quien fue asesinada en un disparo de escopeta a quemarropa en Huehuetla, Puebla.

Griselda era mujer; defensora de los indígenas y defensora de los derechos humanos con todas sus consecuencias; ello contribuyó a discriminarla primero y a silenciarla después.

El punto de acuerdo que hoy propone nuestra compañera diputada Rosa María Avilés, que esta Cámara se pronuncie por rechazar la violencia de los derechos fundamentales de la persona, la vida, la libertad y el derecho a no ser discriminada por razones de género e ideología, posición política, ni ninguna otra que tenga por objeto o resultado el menoscabo de los derechos de las personas.

Este pronunciamiento debe de alcanzar a quienes hoy, al igual que Griselda defienden en Puebla los derechos humanos y los derechos de los indígenas, aquellos que hoy luchan bajo las amenazas del ayer, bajo la impunidad y el poder sin contrapeso de los cacicazgos.

La investigación y persecución del delito de homicidio es de interés público, repercute en la tranquilidad social y es una condición indispensable para la vigencia del Estado de Derecho.

Es por ello que el Poder Legislativo Federal debe manifestarse por una investigación a fondo, que cumpla con el rigor de la ley, tanto en la condena de quien resulte responsable como en el respeto de las garantías individuales.

El Congreso, además de manifestarse, de rechazar y de exhortar, debe legislar mecanismos como sistemas de información, métodos de coordinación entre procuradurías, garantías de independencia e imparcialidad, reglas sobre la facultad de atracción o el mecanismo que sea necesario para que las leyes federales den respuesta a estos reprobables hechos, siempre que la investigación requiera que la Federación conozca de estos lamentables sucesos.

Hasta entonces y con pleno respeto a nuestro sistema federal y a la soberanía estatal, hoy hacemos un llamado para que las autoridades de Puebla, Ejecutivo y Judicial y en su caso Legislativo, esclarezcan este crimen, no sin olvidar que la responsabilidad constitucional legal y política corresponde al Ejecutivo estatal.

Para nuestra bancada es muy importante colaborar en el fortalecimiento y desarrollo de una democracia completa. Todo menos el silencio, la indiferencia, la desidia, porque la impunidad de un crimen como éste nos condena como país, nos condena como nación.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, señora diputada.

Tiene el uso de la voz el señor diputado Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema y hasta por cinco minutos.

El diputado Fidel René Meza Cabrera:

Con su permiso, señor Presidente; cmpañeras y compañeros diputados:

Con relación al punto de acuerdo que la señora diputada Rosalía Avilés Nájera, del PRD, acaba de presentar, entiendo y comparto desde luego la inquietud ahí manifestada.

Pero es necesario señalar, de manera objetiva, lo que al respecto el gobierno del estado de Puebla, a través del área de procuración de justicia, viene realizando e investigando.

En primer lugar, se tomó la decisión de redactar un punto de acuerdo, con objeto de crear una agencia investigadora especial, con sede en el municipio de Huehuetla, para investigar en forma exclusiva el homicidio cometido en agravio de la señora Teresa Griselda Tirado Evangelio, integrante del grupo Organización Independiente Totonaca, hasta detener a los presuntos responsables de estos hechos delictuosos.

Asimismo, se decidió oportunamente darle vista al titular de la Procuraduría General de la República, para que dicha dependencia se abocara también, de acuerdo a sus facultades, a la investigación del referido homicidio, con objeto de que con esta decisión no quede la menor duda de que el gobierno del estado, a través del área de procuración de justicia, es el primero interesado en el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos delictuosos y la detención del o los inculpados.

Como en esta investigación y otras del ámbito de esta competencia, el gobierno el estado de Puebla no ha limitado recursos humanos ni materiales para fortalecer la institución de procuración de justicia y así dar mejores resultados a la ciudadanía.

Por ello considero que el punto de acuerdo de la señora diputada, para que fuese completo, debió haber hecho mención con objetividad a lo anteriormente señalado, para en justicia reconocer los esfuerzos que las autoridades del estado vienen realizando en este asunto y que sobre todo esta Asamblea quede debidamente enterada.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Gracias, señor diputado.

En virtud de que la diputada Rosa María Aviles Nájera se ha fundado en el artículo 59, esta Presidencia le ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

En virtud de que se ha agotado la lista de oradores inscritos para este tema, consulte la Secretaría a la Asamblea si éste se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo que se somete a la consideración.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

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ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo relativo a un homenaje de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por 10 minutos.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández:

Con su permiso, señor Presidente:

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jaqueline Argüelles Guzmán, María de la Luz Arias Staines, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raul Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se resuelva como de obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tenemos interés de que se haga un homenaje a la atleta mexicana Ana Gabriela Guevara Espinoza por su destacado desempeño en los Juegos Panamericanos en Santo Domingo 2003 y el Campeonato Mundial de Atletismo de París 2003.

Una de las principales preocupaciones de toda nación es el sano desarrollo tanto físico como mental de sus integrantes y la actividad deportiva incluye estos dos factores de manera integral. Como lo dice el dicho popular de ``mente sana en cuerpo sano'', la actividad deportiva propicia la salud individual y comunitaria.

El actual Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un modelo que impulse la cultura física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la población el acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y el bienestar de la población mexicana.

Sabemos que es necesario aumentar el apoyo, estímulo y calidad de los programas de trabajo para el desarrollo de la cultura física y el deporte, de manera que se generen más y mejores oportunidades para que los individuos y sus comunidades tengan la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral a través de acciones y proyectos que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida.

Aun cuando los recursos no siempre son suficientes, existen atletas que con su empeño y dedicación logran sobresalir a nivel internacional; cosa que nos llena de orgullo y satisfacción.

Uno de esos grandes atletas mexicanos es nuestra velocista Ana Gabriela Guevara quien recientemente conquistó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo en la prueba de los 400 metros, convirtiéndose en la primera mujer mexicana que se proclama campeona en un mundial de atletismo. Ganó con autoridad, fijando un tiempo de 48 segundos con 89 centésimas, manteniendo así una trayectoria invicta en 27 carreras y coronando un año en el que refrendó su título panamericano en Santo Domingo y estableció los tres mejores registros mundiales del año.

Los logros de la plusmarquista han sido muchos. A lo largo de su trayectoria ha logrado escribir una historia única en el deporte mexicano, además de consolidarse como una de las máximas figuras del atletismo mundial.

Los 400 metros planos, es una prueba donde se mezclan resistencia, fuerza, velocidad, inteligencia y estrategia, en la cual, la disciplina, constancia y talento son fundamentales para poder sobresalir y ella lo ha hecho con creces.

Por todo esto el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México desea realizar un homenaje, dentro del recinto legislativo de esta H. Cámara de Diputados, a tan destacada deportista con la intención de seguir estimulando su evolución como atleta y para tener un acercamiento con esa fuente de inspiración del deporte nacional de alto rendimiento.

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se realice homenaje a la velocista Ana Gabriela Guevara Espinoza, en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 23 de septiembre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Roberto Ruiz Esparza, Jacqueline Argüelles Guzmán, María de Luz Arias Staines, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, René Meza Cabrera, Raúl Piña Horta, Dolores Padierna y Alejandro González Yáñez.»

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene el uso de la palabra y para hablar sobre el mismo tema la diputada Jazmín Zepeda Burgos, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El día de hoy no podía pasarse por alto el gran esfuerzo y la tenacidad de una mexicana, Ana Gabriela Guevara, quien desde su infancia ha demostrado en el ámbito deportivo una gran entrega.

Nacida en Nogales, Sonora, miembro de una familia modesta como hay muchas en nuestro país, Ana Gabriela Guevara ha sido motivo de múltiples homenajes muy merecidos. Es por ello que el grupo parlamentario del PRD se une a la propuesta para que en esta LIX Legislatura se rinda un homenaje a tan exitosa atleta.

Todos sabemos que en nuestro país el deporte no cuenta con los apoyos suficientes, por lo que vengo a esta máxima tribuna a exhortar a todos y cada una de las compañeras y compañeros diputados para que en aras de la obtención de mayores recursos para el deporte mexicano, se promuevan los mecanismos necesarios para que la juventud se beneficie y así nuestras niñas y jóvenes tengan una educación sana para que en todas y cada una de las escuelas de este país el deporte se practique con profesionalismo y entrega.

De igual manera como Ana Gabriela Guevara existen grandes deportistas en nuestro país a los que pocas veces recordamos y brindamos el reconocimiento que merecen. Tal es el caso de los atletas con capacidades diferentes como Aarón Covián Martínez, entre muchos otros, que a nivel mundial han sido reconocidos como los mejores, con 34 medallas conseguidas en los Juegos Paraolímpicos en Sydney, Australia, en el 2000, además de un sinnúmero de medallas obtenidas en otros eventos dentro y fuera del país, aunque el futuro de estos deportistas sea verdaderamente incierto por el nulo apoyo que encuentran en el Gobierno Federal.

Lamentamos que este gobierno no tenga aún la sensibilidad de ayuda hacia el deporte, pero no de manera paternalista sino de manera congruente, que permita a cada uno de los jóvenes y niños en el ámbito deportivo, subsanar las necesidades apremiantes del nuevo siglo, ya que de esto dependerá también el mejoramiento de la vida social y cultural de nuestro México.

El deporte pasa por sus peores momentos, los estímulos y programas siempre han sido realizados por quienes desconocen la verdadera problemática. Recordemos que la política nunca ha sido un buen ingrediente, aun cuando los responsables de llevar la política hayan sido deportistas connotados.

El éxito de cada deportista depende, como ya lo he mencionado, de sus condiciones individuales, aunado al hecho de carecer de la infraestructura y equipo adecuados en las diversas entidades federativas por los verdaderos centros de profesionalización se han concentrado únicamente en las grandes ciudades, complicándoles así la situación, por lo que exhorto también en este pleno a las compañeras y compañeros diputados para que se rinda un merecido homenaje a todos estos deportistas.

Concluyo mi exposición con una frase de la UNESCO: ¡Deporte para todos!

Es todo, gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Discúlpeme Secretaria. Discúlpeme Amalín.

Para rectificar hechos se concede el uso de la voz hasta por cinco minutos, al diputado Ruiz Esparza, del Partido Acción Nacional.

El diputado Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña:

Con la venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El Partido Acción Nacional se suma a la propuesta que nos ocupa. Creemos y pensamos que esto es el inicio y el comienzo para que esta legislatura se comprometa a buscar mejores oportunidades para los deportistas mexicanos.

Ana Guevara es un ejemplo para todos los mexicanos y las mexicanas, no solamente para los jóvenes y para los niños sino para todos nosotros. Entonces, nosotros, los diputados en esta LIX Legislatura debemos, y los invito y los exhorto a trabajar en beneficio de todos los deportistas de México. Así como tenemos a Ana Guevara podemos tener a muchos más deportistas destacados.

Tenemos atletas y tenemos futbolistas. Debemos de trabajar para poner en orden, y toco este tema, el fútbol mexicano. Los invito a que nos apoyen y a que trabajemos por el bien del deporte nacional.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera este asunto de urgente resolución.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

En virtud de que la diputada y diputados que se han inscrito para hablar del tema lo han hecho, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Sí, señor Presidente.

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo puesto a su consideración.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría, señor Presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

En consecuencia, aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

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FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para que el Fonden libere y entregue de manera inmediata los recursos para las regiones declaradas como zona de desastre y puedan resolver urgentemente las contingencias presentadas, hasta por 10 minutos.

El diputado Joel Padilla Peña:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

No obstante la pobreza en la que se encuentran millones de mexicanos, ahora se enfrentan a los embates de la naturaleza.

En fechas recientes, los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Nayarit, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Coahuila, Sinaloa, Baja California Sur y el estado de Tabasco no pudieron escapar a las inundaciones y las millonarias pérdidas que ello provoca.

Otros estados del país corren el riesgo de sufrir estas inundaciones y los mecanismos de prevención parecen insuficientes frente a la magnitud de estos fenómenos.

Hasta este momento, el Gobierno Federal no tiene estimada la cantidad de recursos que deberá erogar para la reparación o recuperación total de las viviendas que fueron afectadas o destruidas, de los enseres domésticos y superficies de cultivo.

Se calcula que más de 15 mil productores de los estados que han sido afectados por las precipitaciones pluviales han tenido pérdidas superiores a los 76 mil millones de pesos.

El Fondo de Desastres Naturales, que es el instrumento financiero encargado de hacer frente y de proporcionar recursos para resolver estos problemas, no cuenta con el monto suficiente para hacerlo.

Al mes de junio del presente año, el Fonden había acumulado una disponibilidad financiera de siete mil 58 millones de pesos, de los cuales sólo se han ejercido 701.7 millones de pesos en ese lapso, conforme a los datos del Tercer Informe de Gobierno, lo que representa sólo el 10 por ciento del monto total de recursos que administra actualmente el Fonden.

Frente a la escasez de recursos para enfrentar las calamidades que se derivan de los desastres naturales, los afectados también tienen que enfrentarse a la burocracia del Fonden, porque los recursos no son liberados con oportunidad.

Los estados de Baja California Sur y Yucatán son una clara muestra de lo insuficiente que son los recursos que ejerce el Fonden para ayudar a la población afectada por los fenómenos meteorológicos y de la lentitud con la que llegan los recursos.

A un año de haber sido afectados varios municipios del estado de Yucatán por el huracán Isidore, los productores siguen demandando ayuda del Fonden, porque los 450 millones de pesos que recibieron de ese fondo fueron insuficientes para superar la devastación que sufrieron las actividades económicas en la entidad.

Asimismo, los habitantes del estado de Baja California Sur que fueron afectados por el huracán ``Juliette'' tuvieron que recurrir a esta soberanía para que urgiera al Gobierno Federal a liberar los recursos del Fonden.

Para su mala fortuna, los habitantes de esa entidad aún no se reponían de los embates del huracán ``Juliette'' cuando fueron sorprendidos por el huracán ``Ignacio'', con los resultados desastrosos ya conocidos por la opinión pública. En este caso, tampoco el Gobierno Federal actuó con prontitud. Hoy que el huracán ``Marty'' azotó a la entidad, sus habitantes ya desconfían de que les lleguen los recursos.

El voto del pueblo de México nos permitió acceder a esta representación nacional. Hoy nos demanda que intercedamos ante el Gobierno Federal para que se liberen con prontitud los recursos del Fonden y reciban la ayuda a tiempo para superar los estragos que produjeron las inundaciones.

También nos están solicitando canalizar mayores recursos al Fondo de Desastres Naturales para que esa ayuda llegue a ellos y les pueda servir de algo en la superación de estos momentos difíciles.

Por las consideraciones expuestas, diputados de los distintos grupos parlamentarios, con fundamento en lo que dispone el artículo 59 del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos, para que sea considerado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero.- Que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite al Gobierno Federal la entrega urgente de los recursos del Fondo de Desastres Naturales a los damnificados por los fenómenos meteorológicos ocurridos en los diferentes municipios de las entidades federativas del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de septiembre de 2003.--- Diputados: Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Roberto Campa Cifrián, Jorge Kahwagi Macari, Oscar González Yáñez, Luis Maldonado Venegas, Clara Marina Brugada Molina (rúbricas).

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Esta Presidencia informa que se han inscrito en el uso de la palabra, los diputados Pedro Avila Nevárez, Adrián Chávez Ruiz, Ernesto Herrera Tovar y Quintín Vázquez García.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el primero de los nombrados, el diputado Pedro Avila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Pedro Avila Nevárez:

Con su permiso, señor Presidente.

El suscrito, diputado Pedro Avila Nevárez, del distrito V del estado de Durango, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo.

A efecto que se canalicen a la mayor brevedad posible los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y se incorporen los restantes municipios que hasta el momento no se han declarado en estado de emergencia, con el propósito de brindarle atención y ayuda a los damnificados y la reconstrucción de la infraestructura dañada como resultado del paso del huracán ``Marty'' en Durango.

Consideraciones

A consecuencia de los daños que en vivienda, menaje de casas, carreteras, caminos, puentes, escuelas, centros de salud y de desarrollo así como infraestructura en general que han causado las precipitaciones pluviales que ha dejado el fenómeno meteorológico llamado ``Marty'', lo que ha ocasionado una línea de vaguada y una línea de convergencia que se extiende desde la mesa central hasta el occidente de la mesa del norte, que ha generado precipitaciones del orden de 60 milímetros promedio sobre las cuencas del arroyo Seco y el río Tunal y el río Nazas, por lo que el gobernador del estado, Angel Sergio Guerrero Mier, declaró estado de emergencia y solicitó al Presidente de República, Vicente Fox Quezada, otorgara el beneficio económico del Fondo de Desastres Naturales 2003.

Este evento meteorológico extraordinario ha causado severos daños en el patrimonio de miles de durangueños y atenta contra la salud de los mismos, así como a núcleos agrarios, llámese cosechas y toda clase de bienes inmuebles en municipios como los de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Pueblo Nuevo, Canatlán, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, Zuchilt, Tepehuanes, Guanasevi, entre otros.

Por ello, es urgente dar protección a la vida y a los bienes de la población que ha padecido estas pérdidas y que se encuentra actualmente en el desamparo de menores y adultos, por lo que se hace necesario que de forma inmediata se haga uso de los recursos económicos con los que cuenta el Fonden y dar respuesta oportuna a todos los habitantes que se encuentran en estas lamentables condiciones, ya que hace una año se tuvo otro similar desastre y el Fonden mandó los recursos hasta hace un mes, por eso urge que el Fonden mande ya estos recursos, los libere, para dar solución a los problemas que se cuentan por miles de damnificados en todo el estado de Durango.

Cabe mencionar, que la Comisión Nacional del Agua ha pronosticado la persistencia de lluvias torrenciales con la consecuencia de inundación de la mayor parte de los municipios del estado de Durango.

De conformidad con lo que establece la Ley General de Protección Civil y el Acuerdo que establece las reglas de operación del Fonden vigentes, las cuales precisan que ante la inminencia de que ocurra un desastre natural que ponga en riesgo la vida humana y cuando la rapidez de la actuación por parte del Sistema Nacional de Protección Civil sea esencial, la Secretaría de Gobernación puede emitir una declaratoria de emergencia con el fin de apoyar a la población que pudiera verse afectada mediante acciones encaminadas a la protección de la vida y la salud, alimento, suministro de agua y albergue temporal.

Lo anterior, en complemento a las acciones que deben llevarse a cabo por los gobiernos locales para la prevención y atención de desastres naturales. Debido a la urgencia del caso, nosotros como legisladores debemos gestionar instrumentos necesarios para satisfacción de la demanda ciudadana y cumplirle así al pueblo, que en estos momentos se debate allá en Durango por miles, en la más grande de las desesperaciones y sólo con el apoyo de un Gobierno patriótico como el de Guerrero Mier.

Por todo lo anteriormente proponemos los siguientes

«PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Que la Secretaría de Gobernación a la mayor brevedad posible, agilice los trámites para trasladar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales 2003 al estado de Durango, para dar respuesta a las secuelas que ha dejado el fenómeno meteorológico llamado ``Marty''.

Segundo. Que la Secretaría de Gobernación declare zona de desastre a todo el estado de Durango para la aplicación expedita de los recursos del Fonden, para apoyar la compra de alimentos, agua y ropa, para la población damnificada.

Tercero. Que las secretarías de Desarrollo Social y de Salud, envíen a la brevedad brigadas médicas y de asistencia social, estableciendo todas las medidas pertinentes a la población que sea necesarias.

Cuarto. Que la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, presente a la brevedad un informe de los daños causados a la infraestructura productiva de servicios básicos, de transporte, comunicaciones y vivienda en el estado de Durango, como consecuencia del citado huracán y actualice los recursos necesarios para restablecer a la población duranguense una vida normal.

Atentamente.

México, DF, a 23 de septiembre de 2003.--- Diputado Pedro Avila Nevárez, V distrito.»

A nombre de la tierra de Guadalupe Victoria, de Zarco y de Villa, les pedimos el apoyo a todos compañeros diputados, es por el bien de Durango y por el bien de México.

Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, diputado Avila Nevárez.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, el diputado Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos...

En virtud de que no está en el salón el diputado Adrián Chávez Ruiz, tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Herrera Tovar, del Partido Acción Nacional.

El diputado Ernesto Herrera Tovar:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para que las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y demás actores institucionales que participan en el Sistema General de Protección Civil, lleven a cabo las acciones necesarias tendientes para fortalecer las medidas preventivas de reconstrucción y de rehabilitación en las zonas afectadas por la acción de diversos fenómenos hidrometeorólogicos y donde se privilegie la protección de la vida y bienes de las personas, así como el medio ambiente bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

Conservar y proteger la vida y seguridad de las personas constituye la tarea del Estado, sobre esta premisa se finca la importancia de la protección civil como una de las herramientas básicas y más importantes para asegurar el pleno y armonioso desarrollo de las sociedades.

Está claro que no se puede establecer ninguna política pública sobre bases que no promuevan la prevención y apoyo a la sociedad y sus instituciones, todo esto por los daños provenientes de agentes perturbadores de origen natural y de origen humano. Por lo tanto, en aras de lograr un desa-rrollo sustentable de la sociedad, los estados modernos llevan a cabo el diseño e instrumentación de medidas que reduzcan a eliminar de manera permanente la pérdida de vidas humanas, de sus bienes materiales, el daño al medio ambiente ocasionados todos ellos por los riesgos asociados a la presencia de diversos fenómenos naturales.

La República Mexicana, debido a su posición geográfica, se sitúa como uno de los países con mayor ocurrencia de desastres naturales, los cuales en su gran mayoría se presentan de manera recurrente. Por lo que se refiere a los fenómenos de origen hidrometeorológico, nuestro país es azotado de manera reiterada y constante por estos agentes perturbadores, como son depresiones tropicales, ondas tropicales, huracanes y frentes fríos, pero lo peor de todo resultan los efectos y riesgos asociados a la presencia de dichos fenómenos, como son las inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos, lo que puede generar además de la ya de por sí lamentable pérdida de vidas humanas, la destrucción del patrimonio familiar, de los cultivos, daños a la infraestructura básica, suspensión de la prestación de servicios públicos vitales, como es el suministro de la energía eléctrica, agua, telefonía pública, daños a hospitales y escuelas, entre otros más.

Durante los últimos meses y en particular en las últimas semanas, las lluvias torrenciales que se han registrado en diversos lugares del territorio nacional han puesto en situación crítica a un número considerable de familias mexicanas, así como el desarrollo de las regiones económicas de nuestro país.

Como ejemplo podemos advertir que en Guanajuato se presenta el posible desbordamiento del río Lerma, amenazando seriamente esto a la ciudad de Salamanca. Al respecto, el Gobierno Federal ha tomado cartas en el asunto y ha preparado albergues que pueden recibir entre 800 y 3,000 personas damnificadas y así en los diversos estados donde se han visto afectados por las torrentes tropicales que se han presentado en este país.

Nosotros queremos poner muy en claro en Acción Nacional que el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales han puesto todo de su parte para evitar que los daños de por sí ya tan caóticos, sigan siendo de manera paulatina, se sigan aumentando y sigan siendo desgarradores para nuestros hermanos en desgracia. Me parece que es importante responder a esta necesidad prioritaria de la sociedad mexicana.

La Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación General de Protección Civil, ha liberado los recursos con el procedimiento que establecen las propias normas que este órgano legislativo ha establecido; ha hecho las declaratorias de emergencia en los estados en los que se han presentado. Hemos presentado la declaratoria de desastre por ejemplo en el estado de Guanajuato, en donde el Consejo de Protección Civil que contempla todos los secretarios de protección civil de los municipios y del estado, han evaluado y han hecho la declaratoria de desastre y se está evaluando cuánto dinero se tiene que ir al municipio y al estado de Guanajuato para hacerle frente a estas desgracias naturales.

Haciendo este comentario, nosotros proponemos los siguientes puntos de acuerdo que esperemos sean sumados a los que se han presentado con anterioridad

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. En el sentido de que esta Cámara de Diputados exhorte al Gobierno Federal para que con estricto apego a la normatividad respectiva, se hagan llegar los recursos del Fonden a las diversas comunidades afectadas por los desastres naturales de origen hidrometeorológico.

Segundo. Que se haga un llamado para que la tragedia que enluta varios hogares y daña el patrimonio de nuestros compatriotas, no se utilice como un botín de mercantilismo político por parte de diversos actores involucrados o de un lucrativo negocio de aquellos que sin escrúpulos, median con la tragedia humana y finalmente.

Tercero. Que dada la recurrencia de los fenómenos hidrometeorológicos y sus desastrosos efectos, los tres órdenes de gobierno implementen todas aquellas medidas anticipadas que tiendan a impedir o disminuir las consecuencias que se producen con motivo de la presencia de dichos agentes perturbadores y se enfoque al desarrollo de proyectos y al incremento de la capacidad instalada de la infraestructura básica de servicios públicos y sociales necesarios para la atención de contingencias en las zonas consideradas de riesgo mayor, a efecto de garantizar la continuidad de servicios en caso de la presencia de un desastre de esta naturaleza.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

El último de los oradores inscritos es el diputado Quintín Vázquez García, quien tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos.

El diputado Quintín Vázquez García:

Con su venia, señor diputado Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

En diversas ocasiones se ha venido utilizando esta tribuna para establecer las diferentes posturas de las fracciones parlamentarias; demasiados señalamientos se han vertido respecto de los grandes problemas, por los numerosos daños materiales y desgraciadamente humanos relacionados por el fuerte temporal que viene aquejando al país; estados, municipios, localidades, se han visto seriamente afectados, muchas las peticiones y muchos los reclamos para que se declaren zonas de desastre y se incorporen a la aplicación de los recursos del Fonden.

Pregunto, señor Presidente, ¿si se ha cumplido con lo aprobado por esta soberanía para exhortar a la Secretaría de Gobernación para la rápida aplicación del ejercicio de dichos recursos?

Nuestros hermanos, que tienen varias semanas sufriendo los avatares de la naturaleza, sólo escuchan promesas, sólo escuchan palabras y qué desgracia que el Ejecutivo Federal, en su gira de trabajo por algunos de los estados afectados, manifieste que ni siquiera se tiene una evaluación.

Lo que sí está a su alcance, comenta, es atender con prontitud y eficacia las necesidades de la población damnificada. Algunos quisieran ya que estuvieran dadas esas respuestas.

La urgencia en las zonas afectadas debe verse como tal y no es justo que hoy volvamos a tratar un asunto sobre el cual ya debimos de tener respuesta.

Ruego a usted, señor Presidente, solicite a la Secretaría, dé lectura al comunicado realizado para exhortar a la Secretaría de Gobernación para agilizar la aplicación de los recursos del Fonden en las zonas afectadas y que fue solicitada en esta misma tribuna.

Espero su respuesta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Se ruega a la Secretaría dar lectura a la declaración que se solicita.

Señor diputado, en virtud de que no tenemos a la mano el documento, le rogamos continúe con su intervención.

El diputado Quintín Vázquez García:

Muchas gracias.

Creemos que es sumamente importante reaccionar adecuadamente en este tipo de contingencias. Es necesario encontrar las respuestas positivas, ágiles y eficaces. Es primordial solidarizarnos con nuestros hermanos afectados, protejamos su patrimonio, otorguemos los servicios necesarios para garantizar su integridad física, pero reitero, en los tiempos adecuados.

Nos sumamos en este punto de acuerdo, urgiendo atención inmediata, con claridad, con transparencia, con eficiencia y eficaz cumplimiento.

Por último, creemos que será necesario involucrar a Jalisco, afectado también por los desastres y no dejarlo fuera, en virtud de que existe una declaratoria de la Secretaría de Gobernación, donde los municipios de Tepatitlán de Morelos, Tototlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Ojuelos, Acatic, Valle de Guadalupe, Ponsitlán y San Juan de los Lagos, requieren la atención inmediata. Es urgente que se canalicen esos recursos; es urgente dar esa atención inmediata y oportuna.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Consulte la Secretaría a la Asamblea.

El diputado Arturo Nahle García (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

¿Con qué objeto?

El diputado Arturo Nahle García(desde su curul):

Para el mismo tema.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

El señor diputado Arturo Nahle, hasta por cinco minutos, en términos del 102 del Reglamento.

El diputado Arturo Nahle García:

Gracias, señor Presidente:

En las cuatro últimas sesiones han venido a esta tribuna legisladoras y legisladores de todos los partidos y de diversos estados de la República, con el mismo asunto, con la misma solicitud, con puntos de acuerdo que versan exactamente sobre el mismo tema: el requerimiento, el exhorto a la Secretaría de Gobernación, para que agilice los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, en beneficio de las familias afectadas por el temporal.

Vamos a aprobar seguramente todos los puntos de acuerdo que sobre este tema se presenten; pero no va a servir absolutamente de nada. Nuestro punto de acuerdo debe ser distinto; lo que esta soberanía debe pedir a la Secretaría de Gobernación, es la simplificación de las reglas de operación del Fonden, sino va a pasar, va a seguir pasando exactamente lo mismo, catástrofes van, catástrofes vienen derivadas de inundaciones, de terremotos, de erupciones vol- cánicas, de sequías; y los recursos del Fonden no llegan a los damnificados no por falta de voluntad política de la Secretaría de Gobernación, sino por lo tortuoso, lo engorroso, lo burocrático de las reglas de operación que se aplican para el Fondo Nacional de Desastres Naturales.

Cuando ocurre una desgracia como la que en esta tribuna se ha comentado en Michoacán, en Jalisco, en Baja California Sur, en Durango o en cualquier estado de la República, estas reglas de operación y la Ley de Protección Civil, establecen que las autoridades locales deben pedir primero a la Secretaría de Gobernación, la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de una declaratoria de emergencia. Esta declaratoria de emergencia se publica de inmediato, 4:48 horas cuando mucho. Los efectos de la publicación de esta declaratoria de emergencia que es diferente a una declaratoria de desastre, sólo sirven para que se abra un fondo revolvente que maneja de manera directa la Coordinación de Protección Civil. Ese fondo aplica sólo para despensas, para cobijas y para láminas de cartón.

De poco coadyuvan para mitigar los daños por ejemplo a la infraestructura, a la ganadería o a la agricultura. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de desastre, se tiene que constituir un comité integrado con representantes de los tres niveles de gobierno y este comité a su vez, debe conformar diversos subcomités que van a hacer un recuento y un avalúo de los daños generados por la catástrofe natural.

La constitución de este comité y de estos subcomités, el trabajo de evaluación de los daños que generan los fenómenos naturales, se pueden llevar meses. Una vez concluidos, se remiten a la Secretaría de Gobernación para que los valide, para que los revise y entonces es cuando se publica la declaratoria de desastre y es entonces cuando se abre la llave de los recursos del Fonden.

En esto se pueden ir cinco, seis y hasta siete meses y los recursos del Fonden no se van a aplicar si las autoridades locales no ponen una parte proporcional a la que aporta el Gobierno Federal; si los gobiernos de los estados no tienen presupuestados recursos para estos efectos, jamás, jamás van a llegar los recursos del Fonden a los damnificados.

Nuestro punto de acuerdo, insisto, debe ser en el sentido de exhortar a la Secretaría de Gobernación para que constituyamos un equipo de trabajo plural, plural Ejecutivo-Legislativo que nos permita revisar y simplificar estas tortuosas y burocráticas reglas de operación del Fonden y que nos eviten estar en esta tribuna prácticamente todos los días pidiendo lo mismo y para nada.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene el uso de la palabra, en términos del 102 del Reglamento, el diputado Ernesto Herrera Tovar, hasta por cinco minutos y para rectificación de hechos.

El diputado Ernesto Herrera Tovar:

Con su venia, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados:

Efectivamente, como comenta el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, debemos nosotros y apoyamos esa posición de estar preocupados porque los recursos del Fonden lleguen a tiempo a aquellas comunidades que lo necesitan, en aquellos lugares donde los fenómenos naturales hacen presa de la gente, de sus patrimonios.

Pero hay una cosa que debemos de recordar. El órgano legislativo fue quien fijó las reglas para la liberación de los recursos del Fonden. Nosotros tenemos, como lo comenté en la sesión pasada, tenemos también que asumir nuestra responsabilidad.

En el Senado de la República hay una iniciativa, presentada precisamente en este mismo tema, para evitar trámites burocráticos para que lleguen esos recursos a la gente que más lo necesita.

Nosotros, los diputados, también tenemos esa facultad de iniciativa. Yo pediría, y sumándome a todos los partidos políticos, efectivamente tomar la palabra, sumarnos todos, el Ejecutivo, el órgano legislativo para sacar adelante, dentro del marco normativo, simplificar esas reglas.

No es que el Gobierno Federal esté regateando el entregar los recursos; simplemente se trata de que en este tipo de declaratorias de desastres se actúe de manera más pronta y precisa y olvidémonos ya de esas reglas que hoy día se están fijando, pero que no las fijó ni el propio Gobierno Federal, sino que hay que retomar y hay que ser corresponsables, nosotros, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, para sacar adelante ese tipo de cosas.

Yo lo dije la vez pasada. La protección civil no tiene ni colores ni tintes partidistas. No se puede jugar con la desgracia de nuestros hermanos que han caído en alguno de este tipo de problemática por asuntos de desastres naturales o desastres provocados por negligencia del hombre.

Tenemos que ser justos y darle a cada quien lo que se merece en el tiempo y forma que se estima, pero también, lo comentaba, los órganos, tanto el legislativo como el ejecutivo, debemos ser corresponsables.

Presentemos una iniciativa en donde fijemos todas estas bases, excitemos también al Senado de la República para que esa iniciativa pueda llegar a un dictamen pronto y también estarnos ya cada sesión estar comentando y planteando ese tipo de soluciones que a veces únicamente quedan en el puro exhorto.

Tenemos que fijar las reglas y tenemos que presentar pronto una iniciativa para eliminar este tipo de obstáculos que tal vez hoy día se puede encontrar el Gobierno Federal, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que impidan hacer llegar efectivamente esos recursos, pero vamos, no es culpa del Gobierno Federal.

No se regatean los dineros, simplemente hay que simplificar las cosas a través de un acuerdo entre el Ejecutivo y este órgano legislativo. Yo conminaría a ustedes, compañeros diputados, a que nos sumemos a esta corresponsabilidad y hacer llegar esos dineros a nuestros hermanos que están en desgracia, pero asumiendo nosotros también nuestra propia responsabilidad.

Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el tema.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Permítame, Secretaria. Sí, diputado.

El diputado José Rangel Espinosa (desde su curul):

Es una moción, señor Presidente. Con todo respeto, compañeras y compañeros diputados:

Yo creo que los ciudadanos del pueblo de México esperan mucho más de lo que viene sucediendo en esta legislatura. Y me referiría en concreto al asunto de las comparecencias. Yo creo que debemos suspender esta sesión por falta de quórum y nos daría tiempo para que en la siguiente se incluya en el orden del día la revisión del formato para las comparecencias de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Eso es en concreto lo que se propone y lo someto a consideración.

Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, diputado Rangel Espinosa. Esta Presidencia toma nota.

Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta si se considera de urgente resolución la proposición.

Las compañeras diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

En virtud de que los oradores inscritos para este tema han hecho uso de la palabra, esta Presidencia instruye a la Secretaría para que en votación económica pregunte a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Maria de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Aprobada. Comuníquese.

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IRAK
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Schmal, para proponer un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exhorte al Presidente de la República para apoyar las iniciativas tendientes a favorecer la más rápida retirada de las tropas de ocupación norteamericana del territorio iraquí, la transferencia del poder a los representantes de ese pueblo y el respeto irrestricto a su soberanía nacional, hasta por 10 minutos.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente; diputadas y diputados:

Pedí la palabra con objeto de dar lectura a la propuesta de un punto de acuerdo que Convergencia presentó a la Junta de Coordinación Política y que fue aprobada por ésta, en los siguientes términos:

Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exhorte al Presidente de la República a que apoye las iniciativas tendientes a favorecer la mas rápida retirada de las tropas de ocupación estadounidenses del territorio iraquí, la transferencia del poder a los representantes de ese pueblo y el respeto irrestricto a su soberanía nacional, presentada por el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, en nombre de la Junta de Coordinación Política.

Antecedentes y Consideraciones

Es de sobra conocido que la ocupación militar de Estados Unidos en Irak se ha evidenciado como una guerra sin sustento, al no demostrarse la existencia de armas de destrucción masiva ni de vinculaciones del gobierno depuesto con las organizaciones terroristas a las que se postula como responsables de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

La decisión del gobierno norteamericano de invadir Irak ha constituido un peligroso retroceso en política internacional y ha acarreado un sensible debilitamiento de la Organización de las Naciones Unidas, órgano multilateral por excelencia destinado a la búsqueda de soluciones pacíficas de las controversias.

La ocupación de Irak por tropas norteamericanas y británicas, además de su naturaleza unilateral y carente de sustento, se ha venido complicando de forma creciente como resultado de su incapacidad para restablecer los servicios públicos básicos destruidos durante la guerra, por la ausencia de autoridades administrativas y de seguridad interna, por la ocurrencia creciente de atentados y por el visible escalamiento de la violencia en el que se suman centenas de civiles y militares muertos.

Ante semejante horizonte, el gobierno norteamericano ha iniciado una ofensiva diplomática en la búsqueda de que otros gobiernos compartan los costos militares y financieros de la ocupación, sin perder el mando militar estratégico.

Ante la apertura de sesiones de la Asamblea General de la ONU, esta misma semana, se anuncia la asistencia del Presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, a la sesión inaugural para anunciar un proyecto de resolución en el que se solicita la intervención de la ONU para compartir los costos de la reconstrucción.

Los términos de la ofensiva diplomática son también conocidos; ya se celebraron encuentros, en Ginebra, del secretario del Departamento de Estado norteamericano, Colin L. Powell, con representantes de Francia, Gran Bretaña, Rusia y China; en los que ha quedado claro que los países del continente europeo estiman que ha llegado el momento de orientar su capacidad diplomática a lograr la salida de las tropas norteamericanas de ocupación, a incrementar el papel de la ONU en la transición de gobierno en Irak, y a restablecer la soberanía del pueblo de Irak en la administración, control y seguridad de su nación.

Dada la presencia de México en el Consejo de Seguridad de la ONU y;

Considerando: La ininterrumpida tradición pacifista de México en los foros internacionales,

Considerando: La vigencia del compromiso de nuestro país en defensa del multilateralismo, el reforzamiento de la ONU y la aplicación de las normas internacionales,

Considerando: Que la estabilización de Irak es condición obligada para su reconstrucción.

Se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Primero: La Cámara de Diputados se pronuncia por la salida de las tropas de ocupación del territorio iraquí, y porque éstas sean sustituidas por una fuerza de paz, de modo tal que se favorezca un clima de estabilidad y convivencia ordenada para dar paso a la urgente reconstrucción de la infraestructura de esa nación mediante la transferencia del poder a los representantes de ese pueblo, con respeto irrestricto a su soberanía nacional.

Segundo: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que tanto en el seno de la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad de la ONU, apoye las medidas conducentes a la pronta recuperación de la soberanía del pueblo iraquí sobre su gobierno, territorio y recursos naturales.

Tercero: Esta Cámara exhorta al Senado de la República a emitir una declaratoria conjunta en los términos arriba descritos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2003.--- Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica), Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT y Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Es todo señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Le ruego diputado Jesús González Schmall dejar el original de la propuesta en manos de la Secretaría.

Y esta Presidencia concede el uso de la voz al diputado Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Martínez Ramos:

Con su venia, señor Presidente:

En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, creemos que para el mundo es urgente que las tropas estadounidenses de ocupación se retiren de manera inmediata de Irak, si es que se pretende en un futuro mediano y breve de preferencia, reinstalar la calidad del gobierno soberano de este pueblo, para que la ejerza conforme a las instituciones necesarias para darle viabilidad a su propio estado.

La permanencia de soldados norteamericanos en un territorio que no es el suyo, pone en riesgo la seguridad internacional, que irónicamente es el único principio que hoy por hoy Bush pretende defender.

Los encuentros entre las tropas invasoras y la resistencia iraquí, han sido las causas de cuantiosas bajas en ambos bandos, pero sobre todo, y hay que decirlo con claridad, de un pueblo que está peleando contra la mayor potencia y contra el poderío militar más inmenso que ha habido en la faz de la tierra.

No cabe duda de que la situación en términos de seguridad es entonces inestable y preocupante, por ello consideramos necesario clarificar sobre el punto de acuerdo al cual desde luego nos sumamos y celebramos, lo que significa el arribo de las tropas de paz y el sentido de su presencia en este pueblo musulmán.

En principio para que se lleve a cabo una gran transición rápida y pacífica y se avance en la reconstrucción del estado iraquí, es indispensable y necesario que la ONU asuma la tutela de la administración del territorio, siempre y cuando esta nueva administración por parte del organismo internacional, tenga la capacidad real de revisar y, en su caso, revertir, modificar o tomar las medidas conducentes en cuanto a o que hasta hoy haya hecho la administración norteamericana allá. De esta manera se iniciaría un proceso deseable de fortalecimiento de la ONU y de retorno a la capacidad que ésta debe tener y para ello fue concebida, de atender las responsabilidades del sostenimiento de la paz mundial.

Es urgente que las tropas invasoras norteamericanas salgan de Irak y los cascos azules vigilen y aseguren la transición pacífica, porque a eso irían. La ONU desempeñaría entonces estas funciones una vez que Estados Unidos hayan asumido plenamente los costos políticos y los costos económicos que trajo consigo una acción unilateral de agresión a un pueblo soberano sin ninguna legitimación jurídica internacional.

Exhortamos a que el gobierno mexicano, a través de su representación en la ONU y aprovechando su posición dentro del Consejo de Seguridad, trabaje y promueva una resolución que permita todo lo anterior, que además contenga de manera explícita una ruta crítica que deban seguir tanto la administración civil como las fuerzas de paz en territorio iraquí para que sea entregado el control periódico con fechas, tiempos y movimientos hacia las instituciones que el pueblo iraquí y la sociedad se brinde a sí mismo pero particularmente y con interés especial los recursos abundantes en cuanto a energéticos e hidrocarburos que se encuentran en aquel país y que sabemos han sido ya en corto entregados a un par de empresas transnacionales del mundo pero particularmente llama la atención el tema de Holly Worton de donde viene sabemos todos Dick Chain.

Es indignante entonces que ahora el gobierno estadounidense pretenda repartir los costos de una guerra con la Comunidad Internacional a la que soslayó e ignoró con arrogancia en su momento decíamos que pretenda repartirlo mientras administra las ganancias.

Por eso exhortamos al Presidente Vicente Fox para que en la visita que realizará a la Asamblea General de la ONU, haga un llamado a favor de la restitución del papel que le otorga el Derecho Internacional a este organismo y del principio del multilateralismo real que no es lo mismo que fuerzas multinacionales que hagan el trabajo sucio de restauración a costa de recursos económicos, efectivamente financieros pero sobre todo de vidas humanas, en beneficio y gracias a las presiones y las decisiones unilaterales de aquel gobierno.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias diputado.

Tiene el uso de la palabra y para hablar sobre el mismo tema y hasta por cinco minutos, diputado Rodrigo Iván Cortés del Partido Acción Nacional.

El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez:

Con su venia, señor Presidente:

Desde su origen, el Partido Acción Nacional, como partido humanista, ha reconocido, hecho el fundamento de su acción y el fin de sus esfuerzos, la promoción, salvaguarda y la plena realización de la persona humana. Todo acto que pretenda convertir al ser humano en simple objeto, instrumento o blanco de ataques , es reprobable, por ello el grupo parlamentario de Acción Nacional se suma a este punto de acuerdo corroborado con la firma de nuestro coordinador Parlamentario.

Rechazamos todo acto de terrorismo así como todo acto que atente contra la democracia y el Estado de Derecho de las naciones. Nos indigna la ira injusta que unos seres humanos infringen a otros so pretexto de ideas o sentimientos ya sea de odio o de imperio.

La respuesta de vida ante el dolor evitable que constituye el terrorismo es la responsabilidad internacional, pero al mismo tiempo exhortamos a reconocer y por eso nos sumamos a este punto de acuerdo, la importancia de fortalecer las instituciones multilaterales, organismos y cortes para que en base a reglas de carácter universal se haga frente al látigo del terrorismo.

México ya es parte de todos los instrumentos legales internacionales para combatirlo, nuestro país en congruencia con el humanismo político, ha promovido iniciativas tanto en el consejo de seguridad, en la Asamblea General de las Naciones Unidas así como en la OEA y en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, para no afectar los derechos humanos en el combate contra el terrorismo y lo repetimos por su importancia, para no afectar lo derechos humanos en el combate contra el terrorismo. En ese sentido valga destacar la iniciativa del Gobierno mexicano para calificar los atentados contra organismos y personal humanitario como crímenes de guerra.

Necesitamos y con este exhorto nosotros nos sumamos a tener una globalización razonable, un mundo fundado en derecho, un derecho que humanice la geobalización, que no sólo aspiremos a mejores niveles de vida material o reglas de comercio, sino que nos dirijamos a una convivencia pacífica, ordenada y justa de las naciones y de los estados; que aspiremos a una mundialización que globalice los valores fundamentales del hombre como son la democracia y los derechos humanos, así como la solidaridad responsable de todas las naciones.

Por eso compañeros, estamos seguros que nuestro Presidente de la República hará eco de las voces aquí representadas para llevar esta posición ante las Naciones Unidas.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

En virtud de que se ha solicitado el trámite del 59... Diputado Homero Díaz, ¿con qué objeto?

El diputado Homero Díaz Rodríguez (desde su curul):

Para el mismo tema.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Para hablar sobre el mismo tema, esta Presidencia le concede el uso de la palabra al diputado Homero Díaz, hasta por cinco minutos, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Homero Díaz Rodríguez:

Con la venia del señor Presidente; señoras y señores legisladores:

México se encuentra inscrito del lado de aquellos Estados que construyen el orden mundial desde la perspectiva de la paz y desde la perspectiva del respeto a los derechos de los pueblos. México tiene una tradición centenaria en la política internacional y en ello ha dado muestras y ha defendido el honor y la autodeterminación de los pueblos.

México como Irak, tienen derecho a autodeterminarse; tienen derecho a decidir su propio destino; tienen derecho a insertarse con dignidad y a decidir en el concierto de las naciones no solamente por sí sino por la humanidad entera, el derecho a ir abriendo el camino a las nuevas generaciones.

Nuestro partido, con una clara tradición de respeto a la política de México en el ámbito internacional, desea dejar manifiesto ante esta soberanía nacional que respetamos profundamente al hermano pueblo de Irak y a los demás que componen el orden global. Queremos decir, que debemos de darle una oportunidad a todos los pueblos soberanos, como la exigimos para México. Queremos que esta tribuna de la soberanía sea quien exhorte a nuestro Gobierno, a quien lleva la voz del Estado mexicano para que este punto sea el que dé la luz ante el concierto de las naciones.

Queremos un México respetuoso; queremos una América de integridad; queremos un orden mundial en la globalización, que respete la integridad de los pueblos.

Queremos que se lleve ante la Organización de las Naciones Unidas y que se inscriba en la mente y en el corazón de los pueblos, la máxima de México: ``Entre los Individuos como entre las Naciones, el Respeto al Derecho Ajeno es la Paz''.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, diputado Homero Díaz.

En virtud de que se ha solicitado el trámite del 59 del Reglamento, esta Presidencia instruye a la Secretaría para que en votación económica pregunte si se considera de urgente y obvia resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta en la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.

Por lo tanto, los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Gracias.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

En virtud también de que los oradores inscritos en este tema han hecho uso de la voz, esta Presidencia instruye a la Secretaría para que pregunte a la Asamblea si el tema se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

En consecuencia esta Presidencia instruye a la Secretaría para que pregunte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo propuesto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Por lo tanto, los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Aprobado. Comuníquese.

Esta Presidencia informa a la Asamblea que los siguientes dos puntos del orden del día han sido abordados con anterioridad, en sendos puntos de acuerdo ya aprobados y discutidos por esta Asamblea.

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ESTADO DE OAXACA
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

Es por ello que se le concede el uso de la palabra a la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la situación en Unión Hidalgo, Oaxaca, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados y diputadas:

Los suscritos, diputados y diputadas federales de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, sobre la situación que prevalece en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, al tenor de las siguientes consideraciones:

1. Durante el presente año, los habitantes de Unión Hidalgo, comunidad zapoteca del istmo de Tehuantepec, han vivido una intensa etapa en la lucha por la defensa de sus derechos. Desde febrero de 2003, por demandar transparencia en el uso de los recursos municipales, han vivido y resistido la represión y la persecución de las autoridades municipales.

La lucha de los unihidalguenses comenzó el 26 de diciembre de 2002, cuando el presidente municipal, Armando Sánchez Ruiz, presentó su primer informe de gobierno, en que pudo justificar gastos por sólo 3 de los aproximadamente 11 millones de pesos que recibió el municipio, de la planicie costera del sur del istmo de Tehuantepec.

Dicho presidente municipal es tesorero de la empresa Desarrollo Acuícola Oaxaca-Pacífico, SPR, creada con la intención de esquivar las sanciones que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente había aplicado en febrero de 2001 a Camarón Real del Pacífico, SSS, la cual presidía.

La sanción obedeció a que la empresa desmontó un número considerable de hectáreas de manglar y a que inició trabajos sin contar con el permiso para el uso de la zona de reserva federal marítimo-terrestre. Además, el edil, el síndico y el secretario municipal, abusando de su investidura, han adquirido terrenos comunales.

Para vigilar y garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos municipales y la preservación de su ambiente, ciudadanos unihidalguenses presentaron ante la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local la petición de una auditoría sobre el ayuntamiento. En respuesta, la Legislatura oaxaqueña informó que el 13 de febrero asistiría a Unión Hidalgo una comisión para analizar las finanzas locales.

La comisión no llegó y unos mil habitantes decidieron manifestar su inconformidad frente al palacio municipal. Ahí, el presidente ordenó, según diversos testigos, disparar contra esa protesta pacífica, resultando muerto Manuel Salinas Santiago y heridas 10 personas. Hasta ahora, el crimen sigue impune.

2. El 18 de febrero, un conjunto de ciudadanos presentó la demanda formal de desaparición de poderes ante el Congreso, petición que fue ratificada el 6 de marzo. Hasta el momento, la Legislatura no ha respondido la solicitud: el desvío de fondos municipales y el homicidio y las lesiones contra ciudadanos pacíficos que ejercían su derecho a manifestarse no han significado nada para esa institución.

El presidente municipal formó un grupo de choque con personas ajenas a la comunidad, que amedrentan y golpean a los habitantes. Esas fuerzas han chocado con el pueblo en diversas ocasiones.

El 14 de marzo y el 13 mayo se libraron órdenes de aprehensión contra integrantes del Consejo Ciudadano Unihidalguense. De éstas, se han ejecutado sólo tres: contra Carlos Manzo, detenido el 14 de mayo; y, al día siguiente, contra Luis Alberto Marín López y Francisco de la Rosa Gómez. Este último fue liberado el 11 de julio.

Otros participantes del movimiento tienen órdenes de aprehensión, que penden como amenaza sobre su cabeza. Paradójicamente, la demanda presentada por el pueblo contra los represores no ha recibido el mismo trato: el juez no fincó responsabilidad alguna contra el presidente y el síndico municipales por los hechos del 13 de febrero y sus secuelas.

3. El 22 de mayo, un grupo de ciudadanos de Unión Hidalgo se trasladó a la Ciudad de México para solicitar la intervención de la Secretaría de Gobernación. Permaneció en plantón cinco días, pero regresó sin un compromiso de la institución para resolver el conflicto.

El gobierno mexicano no ha respondido a la recomendación presentada por Amnistía Internacional sobre el caso. Por el contrario, sólo ha informado que se seguirán las averiguaciones emprendidas en el caso y otras, de las cuales no se tenía conocimiento.

El gobernador, José Murat Casab, prometió el 2 de junio una mesa de negociación del conflicto, que no se ha instalado. El 19 de junio murieron en un accidente de carretera Luis de la Rosa y Juanita Gutiérrez, miembros del Consejo Ciudadano Unihidalguense, quienes se dirigían a Oaxaca para dialogar con el gobernador. El 24, Murat Casab se negó a resolver el conflicto hasta antes de las elecciones del 6 de julio. Pasadas éstas, el conflicto no ha avanzado hacia su resolución.

La situación se ha agravado con el asesinato, el 17 de agosto, de Carlos Sánchez López, diputado local y abogado defensor de los presos unihidalguenses. Según las averiguaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, el asesinato obedeció a un asalto callejero. Existen dudas fundadas de que eso haya sido así, por el contexto político en que se dio y porque dicha versión, sostenida desde el primer momento por Wilfredo Almaraz Santibáñez, procurador estatal, no ha tomado en cuenta todas las declaraciones relativas al caso y ha soslayado otras evidencias. El crimen constituye un eslabón más de la cadena de inestabilidad e ingobernabilidad que se vive en la entidad.

El 6 de agosto pasado, en la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura, nuestro grupo parlamentario presentó un punto de acuerdo relativo al asunto, que no se dictaminó. Consideramos indispensable que esta soberanía se pronuncie sin tardanza sobre esos graves acontecimientos, que a cada día amenazan la integridad de ciudadanos cuyo mayor crimen es combatir la impunidad.

Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Convergencia se manifiestan porque el conflicto se resuelva conforme a derecho y porque quienes tienen como deber cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan lo hagan efectivamente. Es intolerable que la protesta ciudadana genere una persecución sin cuartel contra los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los legisladores y las legisladoras suscritos proponen a esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Dentro del marco republicano de división de poderes y con respeto del principio federal, la Cámara de Diputados:

Primero. Manifiesta su preocupación sobre la vigencia del Estado de Derecho en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, la integridad física de sus habitantes, el destino de los recursos públicos federales radicados en ese municipio y la actuación de las autoridades estatales ante la situación ahí generada.

Segundo. Hace un respetuoso llamado al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para que, con la mayor brevedad, atienda las solicitudes de auditoría sobre el ejercicio de recursos municipales de Unión Hidalgo y de desaparición de poderes de éste, presentada por ciudadanos de la localidad.

Tercero. Solicita respetuosamente al Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que se resuelva conforme a derecho la situación de los ciudadanos Carlos Manzo y Luis Alberto Marín López, presos en el Centro de Readaptación Social de Tehuantepec, así como la situación de otros ciudadanos contra quienes se han librado órdenes de aprehensión por su participación en el conflicto.

Cuarto. Solicita respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que finque responsabilidades contra los autores materiales e intelectuales de los actos de violencia cometidos contra la población civil de Unión Hidalgo, y con la mayor brevedad se consignen ante el juez correspondiente, y que profundice en las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Sánchez López, sin soslayar ninguna de las evidencias y líneas de investigación.

Quinto. Finalmente, solicita al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ciudadano José Murat Casab, que atienda con la mayor brevedad el asunto para garantizar la vuelta a la normalidad y la vigencia del Estado de derecho en el municipio citado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2003.--- Diputados: María del Rosario Herrera Ascencio, Jesús Emilio Martínez Alvarez, Alejandro González Yáñez, Inti Muñoz Santini, Adrián Chávez Ruiz, Salvador Martínez Della Rocca, María de los Dolores Padierna Luna, María Guadalupe Morales Rubio, Susana Manzanares Córdova, Horacio Duarte Olivares, Pablo Gómez Alvarez, Marcela González Salas, José Martínez Ramos, Horacio Martínez Meza, Daniel Ordóñez Hernández, Miguel Angel García Domínguez, Emilio Serrano Jiménez, Francisco Chavarría Valdeolívar, Iván García Solís, A. Marcela Lagarde y de los Ríos, Miguel Alonso Raya, César Chávez Castillo, Tomás Cruz Martínez, Omar Ortega Alvarez, Juan García Costilla, Héctor M. Bautista López, Cristina Portillo Ayala, Juan Pérez Medina, Rogelio Franco Castán, Israel Tentory García, Carlos Hernán Silva Valdés, Emilio Zebadúa González, Abdallán Guzmán Cruz, Irma Sinforina Figueroa Romero, Francisco J. Saucedo Pérez, Lizbeth Rosas Montero, Agustín Rodríguez Fuentes, Rosa María Avilés Nájera, J. Miguel Luna Hernández, Gelacio Montiel Fuentes, Angélica de la Peña Gómez, Eliana García Laguna, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Joel Padilla Peña (rúbricas).

Muchas gracias.

El diputado José Guzmán Santos (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Guzmán Santos (desde su curul):

Para rectificar hechos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:

En términos del 102 y para rectificar hechos se concede el uso de la palabra al diputado Guzmán Santos.

El diputado José Guzmán Santos:

Con su venia, señor Presidente.

Unicamente para hacer algunas aclaraciones a la compañera de la fracción parlamentaria del PRD que me antecedió en la palabra, sobre el asunto que plantea en el caso del municipio de Unión Hidalgo, del VII distrito del estado de Oaxaca.

Es importante compañeras y compañeros diputados que en este asunto que explica la compañera no se encuentra en la condición a que ella se refiere. El asunto de Unión Hidalgo tiene antecedentes históricos en la lucha electoral. Desde 1979 yo recuerdo cuando participaba el Partido Popular Socialista en un plebiscito, también tuvimos acontecimientos violentos, donde tuvimos lamentablemente muertos por parte de los compañeros de Unión Hidalgo.

Lo que no se hizo referencia en esta tribuna, de que éste es un asunto de carácter poselectoral. Se habla de hechos violentos que lamentablemente dejaron un muerto en este enfrentamiento porque los compañeros que forman este consejo municipal, a raíz de su derrota en el proceso municipal de octubre, que por cierto no se llevaron a cabo las elecciones en octubre de 2001, precisamente porque los compañeros intentaron violentar este proceso municipal.

Pero con acuerdo del Gobierno y del Instituto Electoral del Estado, se pospuso la elección para el 21 de octubre del mismo mes, en donde triunfó el Partido Revolucionario Institucional. Pero yo quiero aclararle a la compañera que el compañero Manzo, quien hoy está recluido por estos hechos bajo una investigación severa por parte de la Procuraduría del estado, en donde tienen conocimiento los compañeros de la fracción parlamentaria del PRD en el estado, que resulta que este enfrentamiento fue provocado porque ellos convocaron a un mitin en la Casa de la Cultura de Unión Hidalgo, dizque en espera de una comisión de los compañeros diputados que tenían que llegar a explicar en referencia a una auditoría.

Posteriormente ya un poquito alcoholizados los compañeros de esta alianza, donde participan dos, tres compañeros que hay que decirlo, del PRI también, que quedaron con el resentimiento de no participar en este proceso, llegaron enfrente del palacio municipal en donde provocaron a los policías, en donde entraron, provocaron, traían armas. Lamentablemente en esta violencia pues aquí la compañera señala que hubo un muerto. Pero quiero informarle que el compañero que en paz descanse, caído en este encuentro, es un compañero que pertenece al Partido Revolucionario Institucional y que era chofer del propio presidente municipal Armando Sánchez.

Por eso es importante señalarles que este es un asunto que ya está en manos del Poder Judicial del estado, ya hay una investigación severa por parte de la Procuraduría, en donde también se encuentran ya recluidos cuatro policías que participaron en estos hechos, que se encuentran ya recluidos en el Cereso de Tehuantepec.

El compañero Manzo fue detenido no simplemente por este hecho, porque traigo orden de aprehensión también por cuatro bloqueos de carreteras que hicieron en La Venta, en La Ventosa y en el Canal 33.

Yo pienso que aquí hay que revisar este asunto compañeros, porque en estos momentos el municipio de Unión Hidalgo está trabajando. Hace tres días el delegado de gobierno de Ciudad Ixtepec, estuvo platicando con los compañeros del PRD, precisamente por las festividades populares que van a realizarse los días 27, 28 y 29 de este mes, en donde participan los compañeros del PRD. En estas fiestas se acostumbra a cobrar el piso por parte de las personas que llegan a vender en el municipio y de los juegos mecánicos, en donde en estos hechos están cobrando los compañeros que forman parte de este dicho ``consejo'', en donde están violando la ley municipal. Sin embargo por acuerdo, se les está permitiendo cobrar el derecho de piso; donde hay un acuerdo por parte de ellos y por parte del presidente municipal.

Quiero señalarles que el municipio está trabajando donde están incorporados dos compañeros regidores por parte de Acción Nacional, un regidor de obras y el síndico municipal que están trabajando por fuera del palacio, pero no hay ninguna situación crítica que violente la situación.

Yo aclaro esta situación, compañeros, porque no es posible que este asunto lo traslademos... un caso donde se piensa que la situación de Unión Hidalgo se está violentando.

En próximos días se llevarán las fiestas populares, donde se está de acuerdo por parte de los propios partidos políticos, incluyendo la presidencia municipal.

Por eso yo les aclaro a los compañeros del PRD que saquen la información correspondiente con el compañero Félix Serrano, dirigente de la fracción parlamentaria de la Cámara de Diputados del estado de Oaxaca, que con él se ha estado platicando y además él tiene los antecedentes que creo que no le pasaron muy bien a la compañera que me antecedió en la palabra.

Es cuanto señor Presidente.

Muchísimas gracias.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos. En tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:

Pido la palabra.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Con qué objeto?

El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (desde su curul):

Para rectificar hechos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En los términos del 102 y hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:

Con su permiso, señor Presidente.

Como lo señaló el diputado que me antecedió, estamos hablando de un acontecimiento en el municipio de Unión Hidalgo, en Oaxaca, que tiene todo un largo proceso histórico y, señala él, de carácter electoral.

No se trata ahorita de poner una discusión de quién tiene la verdad de los hechos, sino referirnos estrictamente a lo que estamos solicitando en este punto de acuerdo porque las versiones pueden ser diferentes según el lado en el que estamos participando en este tipo de procesos.

A nosotros nos preocupa un problema relacionado al asunto de la integridad física de los habitantes del municipio. Para nosotros sí es un problema no de carácter poselectoral sino de gobernabilidad en el municipio porque tiene diferentes aristas que se han querido presentar de manera pública ante el municipio y ante el Gobierno del estado.

Es un problema relacionado a dar cuentas sobre el manejo de los recursos en el municipio. Tiene que ver también con cuestiones relacionadas al cuidado del medio ambiente en la zona.

Y para nosotros tiene un hecho muy grave cuando hace poco fue asesinado el diputado local Carlos Sánchez López, que venía fungiendo como representante de los compañeros ante el Congreso local, pero también como parte de la defensa que se está organizando de los compañeros presos y detenidos hoy en Tehuantepec.

Queremos insistir nosotros en la necesidad de que se atienda por parte del Congreso del estado la solicitud que tiene este consejo ciudadano del municipio para que se haga la auditoría del ejercicio de los recursos municipales, que se haga independientemente del resultado.

Otro asunto relacionado es que sí estamos preocupados en función del no ejercicio del derecho de manera estricta respecto de los compañeros presos y también estamos solicitando ese apego.

Y finalmente la intervención del gobernador José Murat, que atienda de manera pronta esta situación en razón de nuestra preocupación.

Eso es lo que pedimos, eso es lo que estamos solicitando y no traer aquí un asunto de quién tiene la verdad de los acontecimientos. Finalmente, eso lleva su propio cauce, pero pedimos el respeto correspondiente.

Es cuando, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para rectificar hechos se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Esteva Melchor, del Partido Acción Nacional.

El diputado Luis Andrés Esteva Melchor:

Con su permiso, señor Presidente.

El Partido Acción Nacional desea expresar ante ustedes que no tiene absolutamente ningún inconveniente en apoyar el punto de acuerdo propuesto por los diputados federales del PRD, del PT y de Convergencia.

Consideramos, compañeros diputados, que independientemente de la veracidad de los hechos aquí expuestos y que corresponde precisamente esclarecer a las autoridades competentes, resulta preocupante que en esta comunidad isleña de Oaxaca, permanezca en constante conflicto sin que las instancias distintas del Gobierno estatal actúen con la rapidez que estos casos requieren.

La petición de auditoría al ayuntamiento y posteriormente la petición de desaparición de los poderes municipales ante el congreso del estado, se atiende con una dilación que no ayuda a satisfacer el anhelo de los ciudadanos que desean conocer la verdad sobre el manejo de los recursos públicos, recursos que son del pueblo y para cuya petición les asiste desde luego el derecho. Y para determinar, además, la procedencia o no de la desaparición de los poderes.

Además la falta de esclarecimiento de los hechos delictivos que se suscitaron el 13 de febrero en esa comunidad zapoteca, contribuye a mantener un estado de impunidad que no ayuda a la impartición de justicia.

Esta soberanía, consideramos, debe hacer un respetuoso llamado a los poderes estatales en Oaxaca para que la paz y la tranquilidad vuelvan al municipio de Unión Hidalgo, independientemente de que se cite que se trata de un conflicto de grupos del partido y del color que sean, lo que tiene que hacerse es esclarecerse los hechos que ahí se han suscitado y que constituyen delitos. Y es establecer con toda claridad cuál es el destino de los recursos públicos que el ayuntamiento ha manejado y hasta dónde es o no procedente que desaparezcan los poderes.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema tiene la palabra y para rectificar hechos, la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Sofía Castro Ríos:

Muchas gracias, señor Presidente:

Hago uso de esta tribuna en razón de que la afirmación formulada por la señora diputada del PRD, María Rosario, carece de razón y de sentido. Carece de razón y de sentido en razón de que este planteamiento fue formulado el 19 de agosto en la Comisión Permanente.

Sin embargo aquí ha señalado tres temas absolutamente distintos:

El primero que tiene qué ver con el municipio de Unión Hidalgo.

El segundo que tiene qué ver con un accidente de tres personas que militan en su Partido de la Revolución Democrática, pero que nada tienen qué ver con el municipio de Unión Hidalgo.

Y el tercer tema que tiene qué ver con el homicidio de un diputado local, de Carlos Sánchez López.

Son tres temas que nada tienen qué ver con la paz, con la tranquilidad, con la armonía en la que viven las mujeres y los hombres del municipio de Unión Hidalgo.

Decirles que el compañero, el señor Carlos Manzo está sujeto a un proceso penal derivado de tres expedientes:

El primero, el 139/2003 en cuyo proceso Carlos Manzo está por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo con violencia por equiparación, cuyos ofendidos son: Felipe Martínez Matus y Cruz Rasgado Díaz.

El segundo proceso es el 143/2003 que se instruye en contra de Carlos Manzo y otros por los delitos de tentativa de homicidio calificado, cuyos ofendidos son Amador Zeferino Gómez Cuevas y Alberto Pérez Cruz.

Y el tercer proceso es producto del expediente 72/2003 por el delito de daños en perjuicio del patrimonio municipal de Unión Hidalgo.

En consecuencia vengo a hacer un llamado a la fracción del PRD, al PT y al Partido de Convergencia por la Democracia, a que antes de presentar un punto de acuerdo se informen, se documenten y no vengan a sorprender a esta soberanía cuyo propósito, todos coincidimos en que buscamos la certeza jurídica y buscamos por supuesto que la convivencia de las mujeres y de los hombres de éste gran país se dé en el marco de la legalidad y sobre todo haciendo uso del Estado de Derecho.

Quiero pues dejar constancia de que por el otro lado existe en el Congreso del estado un asunto que ciertamente fue planteado, en donde diversos pobladores de Unión Hidalgo solicitan la suspensión y desaparición del ayuntamiento.

Sin embargo, con fecha 4 de mayo de 2003, fue notificado al ayuntamiento esta solicitud de desaparición de poderes, misma que fue contestada el 28 de mayo de 2003 por el actual ayuntamiento.

Se encuentra, con fundamento en el artículo 98 de la ley municipal para el estado de Oaxaca, en proceso de prueba y están citadas las partes el día 30 de este mes de septiembre para el desahogo de las mismas, a las 12:00 horas.

En consecuencia, tanto el Poder Legislativo del estado de Oaxaca como el Poder Judicial por conducto del juez mixto de primera instancia de Juchitán han tomado nota con precisión de los temas que aquí se han abordado.

``En consecuencia, pues, es necesario que estén informados para venir a hacer un planteamiento y no queremos se sorprenda a las señoras y señores legisladores.''

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para contestar alusiones personales se le concede el uso de la palabra a la diputada María del Rosario Herrera Ascencio.

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

En este país y en varios estados de la República la violación a los derechos humanos es una constante. Por eso se ha tenido que recurrir a instancias internacionales para que al respecto opinen y hagan sus recomendaciones.

Este es el caso y éste es el hecho que nosotros estamos demandando: que se retome la recomendación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. No venimos a pedir aquí que se politice, que se partidice, ni tampoco que nosotros nos convirtamos en juez y parte. Nosotros lo que venimos a pedir es que la ciudadanía de este municipio viva en paz, viva con tranquilidad. ¡Y esto no se va a lograr si no se cumple con una investigación!

¡No venimos nosotros a señalar quienes son los autores materiales e intelectuales de los asesinatos ocurridos, porque detrás de ellos hay familias, porque detrás de ellos hay hijos que quedaron en la orfandad!

¡Nosotros estamos, como legisladores, para vigilar el cumplimiento de la aplicación de las leyes! ¡También estamos para que la ciudadanía que reclama que su voz sea llevada al Congreso, vengamos y planteemos esta serie de demandas!

Quiero decirles que aquí en este recinto se encuentran familiares de los compañeros que fueron asesinados.

Yo les pido, compañeras y compañeros diputados, que aprobemos este punto de acuerdo para que se haga la investigación y, dos, para que en ella también si hay alguna responsabilidad en términos de los recursos utilizados, no seamos nosotros quienes vengamos a liberar de alguna responsabilidad a algún presidente municipal, que sean las autoridades competentes.

Muchas gracias, es todo.

Es cuanto.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos el diputado Jesús Martínez Alvarez, del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente:

Ahora resulta que de las palabras de la compañera diputada la muerte del diputado López Sánchez no tiene nada qué ver ni altera la paz ni la tranquilidad de una población del Istmo de Tehuantepec.

Ahora resulta que el hecho de que algunas personas se trasladaran precisamente a hablar con el gobernador del estado hayan sufrido un accidente y casualmente hubieran perdido la vida. Ahora resulta que los familiares de la persona cuyo homicidio se ha estado denunciando, vienen a esta Cámara de Diputados a pedir justicia precisamente a este pleno, en virtud de que no encuentran ningún apoyo, ningún respaldo en el estado de Oaxaca.

La compañera del diputado del PRD no vino a pedir que se castigue o que se culpe a tal o cual persona, simple y sencillamente ha pedido que se le pida respetuosamente al Congreso local, a la Cámara de Diputados, que haga una auditoría al municipio de Unión de Hidalgo, concretamente al presidente municipal.

¡Qué pena!, ¡qué vergüenza que se venga a defender este tipo de cuestiones! Deberían de unirse todos cuando se solicita una auditoría de malos recursos o de desviación de recursos a cualquier autoridad municipal. Si ese señor, como ustedes lo defienden, no tiene absolutamente nada qué ver, pues afortunadamente qué bueno que así sea, pero lo que no se vale es que se venga a esta tribuna a impedir que simple y sencillamente la Cámara de Diputados cumpla con su compromiso.

Por otro lado, se habla de diversos delitos que se le imputan al compañero que se encuentra detenido actualmente en Tehuantepec y que precisamente era una de las personas que venía defendiendo el diputado López Sánchez.

Al compañero Carlos Manso, se han mencionado aquí diferentes investigaciones y averiguaciones. Quiero decirles a todos los compañeros de esta Cámara de Diputados, que precisamente a petición de Convergencia solicitamos un grupo de especialistas en materia penal, para que soltaran al líder de los trabajadores al servicio del estado de Oaxaca. Estuvieron destacados penalistas que pertenecen al Consejo Nacional de Egresados de Postgrado de Derecho y simple y sencillamente, sin cobrar honorarios, se trasladaron para entrevistarse con el líder que actualmente se encuentra detenido por delitos que le fueron fabricados por el Gobierno del estado, por el simple hecho de ponerse a las órdenes de la burocracia y de los destinos del gobernador del estado de Oaxaca.

Estos compañeros penalistas simplemente por haber visitado al detenido, se les instrumentaron también averiguaciones previas, porque supuestamente le habían llevado recursos económicos y una serie de cuestiones simplemente para amedrentarlos.

Otro dato más respecto a las acusaciones; todo los candidatos a diputados de Convergencia tuvieron órdenes de aprehensión durante el pasado proceso electoral, así es que no me venga usted compañera para decirme que un compañero que se encuentra detenido tiene varias averiguaciones, un servidor se encuentra también acusado en la Procuraduría y el Gobernador del estado está acusado por un servidor de varios delitos que ha cometido y que en su momento los vamos a presentar en esta Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado. ¿Con qué objeto?

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (desde su curul):

Para rectificar hechos, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos en los términos del 102.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:

Con su permiso, señor Presidente:

Ahora resulta que el señor exgobernador de Oaxaca don Jesús Martínez Alvarez viene aquí a darnos cátedra de decencia y de moral cuando en su Gobierno hubo una matanza indiscriminada de campesinos en la Sierra Sur, cuando en su Gobierno se mató a la profesora Orfa Bohorquez en Miahuatlán, el señor diputado Jesús Martínez Alvarez no puede poner un pie en Miahuatlán y eso no lo viene a decir a esta tribuna y tampoco dicen que ha sido protector de delincuentes como el dirigente magisterial de Oaxaca, el dirigente de los burócratas, perdón y ha sido protector de delincuentes, de provocarlos más como Luis Alberto Marín, como Francisco de la Rosa, todo en aras de volver a ser gobernador de Oaxaca y porque en el Congreso del estado no le autorizamos los diputados priístas que somos mayoría para que se reforme la ley y pueda ser gobernador nuevamente después de haber sido interino. ¡Qué lástima diputado Jesús Martínez Alvarez que venga a tratar de engañar a esta soberanía!, cuando todos sabemos que el tema fundamental que usted trae en la bolsa desde que pisó este recinto es el tema de Oaxaca y en el 2004, cuando todos sabemos que en Oaxaca usted y su grupo político ha intentado volver infructuosamente al poder.

Yo quiero pedirle respetuosamente a la compañera del PRD que dejemos pasar el término legislativo de Oaxaca respetando la autonomía de nuestro Congreso para que el 30 de septiembre se reúnan las partes y podamos dirigir en Oaxaca respetando nuestra soberanía el tema de Unión Hidalgo.

No podemos hablar aquí ni juzgar aquí un asunto que poco conocemos, que poco conoce la fracción del PRD porque no tienen un representante aquí en esta legislatura de Oaxaca pero que con toda seguridad las instancias judiciales de nuestra entidad están en la mejor disposición de poder llevar a cabo una investigación profunda que deslinde responsabilidades.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Para contestar alusiones personales se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al señor diputado don Jesús Martínez Alvarez.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Quiero contestarle al ``hijo de papi'' que acaba de hacer uso de la tribuna.

Ha dicho que un servidor no se puede parar en una población del estado de Oaxaca, precisamente en Miahuatlán, por haber sido asesinada una compañera a quien tuve el gusto de conocer hace muchos años en la población de Miahuatlán, por cierto, con características violentas.

Quiero decirle a este señor que hizo uso de la tribuna, que un servidor ha ocupado diferentes cargos de elección popular en el estado de Oaxaca: he sido presidente municipal, diputado federal, gobernador interino y jamás he tenido un solo guardaespaldas o una sola persona que me ande cuidando. Hasta hoy, que he sido amenazado sobre mi integridad física, me he visto obligado precisamente de hacerme acompañar de una persona.

Pero ustedes lo saben bien y lo saben muchos que trabajaron ahí conmigo, jamás he tenido que andarme escondiendo absolutamente de nadie porque siempre he actuado con estricto apego a la ley, con honradez y con responsabilidad. Esos son los hechos y aquí no se trata de venir a engañar a nadie.

Pero el caso que nos ocupa, para que no lo difiera usted, vuelve a ser el planteado por la compañera: se está pidiendo una auditoría para un presidente municipal que hoy me estoy dando cuenta que es corrupto.

Segundo, se está pidiendo que se investigue el proceso del compañero Manzo que se encuentra actualmente detenido; es decir, que se aplique la ley, que rija el Estado de Derecho. Ustedes vienen a oponerse simple y sencillamente a eso y a venirnos a decir que estamos confundidos y que no conocemos lo que está pasando en el santo estado de Oaxaca, donde reina la tranquilidad, donde reina la paz social y donde reinan las garantías para todas las personas que ahí habitamos.

Quiero decirle, por último, compañero Puga, que si usted tiene alguna cosa en concreto en particular le ruego lo diga, no generalice; ya habrá oportunidad en esta tribuna, de poder tratar los temas de fondo del estado, donde se vive una verdadera situación de ingobernabilidad, donde nunca habíamos tenido un gobernador tan corrupto como el que ustedes tienen y como el que lamentablemente tenemos que soportar. Esa es la verdadera realidad, pero en su momento pediremos al pleno de la Cámara, con las pruebas, que se le exija y que se le instruya juicio político, porque tenemos las pruebas hasta este momento, de la corrupción habida en el gobierno del Estado.

Por eso se encuentran detenidas muchas personas, entre ellos el líder de los trabajadores al servicio del Estado pero qué bueno que ustedes dan el tema, porque sé que cuando regresen a sus casitas los van a regañar por haberse metido a esta situación donde no debiera de haber hablado para defender un tema de esta naturaleza.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para rectificar hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Gonzalo Ruíz Cerón, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Gonzalo Ruíz Cerón:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Yo creo que sí ha mal interpretado aquí la participación de los diputados priístas de Oaxaca.

Desde luego que estamos por el Estado de Derecho; desde luego que estamos porque cuando una autoridad municipal o cualquier funcionario público que no esté cumpliendo con la norma establecida, que se aplique la ley y en el caso concreto de Unión Hidalgo los diputados priístas de Oaxaca estamos por ésa, para que si la autoridad municipal ha incurrido en malos manejos, que sea el Congreso del estado a través de la comisión correspondiente, es decir de la Contaduría Mayor de Hacienda del propio Congreso, investigue la solicitud de los ciudadanos de Unión Hidalgo y que proceda en consecuencia.

Yo creo que por eso estamos todos, pero no se trata aquí de politizar un evento que como es natural en Oaxaca sucede frecuentemente como un reclamo de todos los partidos políticos, porque todos ustedes saben, Oaxaca tienen 570 ayuntamientos, 418 por usos y costumbres y 152 por partidos políticos. Es un problema recurrente, cuando no lo exige un partido político lo exige otro.

Lo que creo que debemos hacer todos aquí, es que si ya está encaminado un proceso en el Congreso del estado de Oaxaca, que se vaya hasta las últimas consecuencias para que de lo que resulte, tome la decisión el propio Congreso y que en un momento dado si el Congreso no satisface a las partes, que entonces se tome el punto de acuerdo y se someta a consideración de esta soberanía.

Yo creo que aquí no se vale ni se viene a politizar este tipo de eventos; es un problema como los puede haber en otros estados de la República, como los ha existido en otros estados de la República y el gobierno del estado ha actuado, tan ha actuado que los policías involucrados en este problema ya están en presidio, también está el señor Manzo, que no es la primera ocasión que interviene en la comisión de delitos en el istmo de Tehuantepec, pero que desde luego, también creemos que es necesario que se investigue por las instancias correspondientes, si es que existe alguna inconformidad por alguna de las partes.

Oaxaca, la fracción parlamentaria está porque se llegue a las últimas consecuencias y si el presidente municipal con su cabildo están actuando apegados a derecho, que se mantengan en el ejercicio de su función y si no es así, que también lo conducente se asuma por parte del Congreso del estado de Oaxaca.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra para alusiones y hasta por cinco minutos, el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:

Se nos fue el diputado Jesús Martínez, porque ya no quería escuchar más ¡Ah!, perdón diputado.

A mí me da mucho gusto conocer a mis antepasados y como todos nosotros, excepto usted tenemos ``papi y mami''.

Y quiero nada más aclararle una cosa señor diputado Jesús Martínez Alvarez. Quiero aclararle que uno de los guaruras de usted y de su socio Erisel Gómez Mucamendi, mató apenas hace unos meses a un agente en pleno Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca y era un guarura de usted y de su socio Erisel Gómez Mucamendi.

Pero no vamos a meter en un rejuego de este tipo a la Cámara de Diputados, quiero pedirle señor Presidente, que de considerarlo la Asamblea pertinente dé por concluido el tema y pasar a otro de mayor interés.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra para un asunto distinto, para presentar un punto de acuerdo, en relación a la situación de la niña Lizeth Peña Sosa, la diputada María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México.

Un momentito, dígame.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul):

Pido una moción de orden.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Moción de orden ¿en qué término señor diputado?

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:

Señor Presidente, para solicitarle respetuosamente concluya usted con el punto anterior. Es un punto de acuerdo sobre la situación en Unión Hidalgo y usted no ha dado el turno correspondiente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado, esta Presidencia dio el turno correspondiente, se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, lo que pasa es que después del turno me pidieron la palabra para rectificar hechos y yo la concedí, pero sí se turnó.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul):

¡Ah!; bueno: Muchas gracias; señor Presidente:

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LIZETH PEÑA SOSA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada María Avila Serna. Adelante.

La diputada María Avila Serna:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jaqueline Argüelles Guzmán, María de la Luz Arias Staines, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de salud de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

No todo era felicidad el pasado 15 de septiembre dentro del marco de los festejos del 193 aniversario del inicio de la lucha de Independencia.

Una bala perdida calibre 45 (arma prohibida de uso exclusivo del ejército), que algún irresponsable disparó, hizo blanco en la niña Lizeth Peña Sosa, poniendo en riesgo su vida.

Después de un largo peregrinar de 8 horas y tras haber solicitado atención médica en cuatro hospitales del gobierno del Distrito Federal, ésta le fue negada, bajo el argumento de la falta de personal especializado y material quirúrgico.

Este asunto llegó a oídos de la señora Marta Sahagún de Fox, quien rápidamente movió todas sus influencias y consiguió que la niña fuera recibida y atendida en un hospital privado (el Hospital ABC).

Definitivamente hay que reconocer la buena intención de la primera dama, ya que de forma aparente y gracias a su gestión Lizeth salvó la vida; pero habría que hacer algunas consideraciones al respecto.

La cuenta del hospital Inglés asciende aproximadamente a 80 mil pesos, por lo cual, el señor Alfredo Peña, de oficio taxista y padre de la menor, señaló: ``en el hospital me dicen que no me preocupe y que lo importante es que mi hija esté bien, pero todavía estamos viendo cómo le vamos a hacer para pagar todo ese dinero''.

Y la pregunta es: ¿acaso la intervención de la señora de Fox tendría que haber sido en el sentido de que se atendiera a la niña en cualquier hospital del sector salud y que se le brindara la mejor atención, como todos los mexicanos nos merecemos?

¿Para qué están entonces los hospitales del gobierno? El mensaje que nos dio la señora Marta Sahagún con su acción, es que no sirven para nada; y peor aún, que ni siquiera recomendados por ella podemos acceder a ser atendidos en un hospital del sector salud.

En fin, el asunto es más delicado de lo que parece, si sabemos leer entre líneas.

Por lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Primero.- Se exhorta a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, particularmente a la Secretaría de Salud, a fin de que no se sigan dando este tipo de situaciones y a que se haga una investigación a fondo del asunto y de la situación en que se encuentra el servicio médico en los hospitales del Gobierno del Distrito Federal.

Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jaqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María de la Luz Arias Staines, María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Salud.

El diputado Hugo Rodríguez Díaz (desde su curul):

Señor Presidente, solicito la palabra para rectificar hechos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para rectificar hechos. Un momentito.

En tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Se le concede el uso de la palabra para rectificar hechos, Hugo Rodríguez Díaz.

El diputado Hugo Rodríguez Díaz:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En principio agradeceré puedan escuchar a estas alturas de la reunión de trabajo de esta Cámara, puedan escuchar de viva voz algo que yo como diputado de esta Cámara quiero sembrar en este momento.

Lizeth Peña Sosa, existen, soy médico-oftalmólogo, no es comercial. Lizeth Peña Sosa existen todos los días y en cada momento a lo largo y ancho de este país desde hace unos años.

Hospitales sin medicinas, es un asunto trillado. Lizeth en este caso tuvo esta desgracia, pero los médicos francamente no encontramos una razón por la cual tengamos que enfrentar los que trabajan el IMSS, los maltratos y disgustos de la gente por no cumplir con nuestro deber, porque no tenemos ni con qué trabajar.

Los médicos que trabajan en el sistema de salubridad, vaya un ejemplo en Jalisco, los hospitales civiles que sólo atienden a personas de escasos recursos, nunca como ahora, hemos tenido una problemática como la que actualmente se presenta, desde gente en los corredores, en los pasillos, en el suelo, pero con mínimos recursos para atenderlos.

Es increíble que en instituciones como el ISSSTE, sin salirme del tema compañeros, es increíble que en instituciones como el propio ISSSTE los médicos, para muestra un botón, necesitamos tantos gramos o para pediatría, un ejemplo nada más, necesitamos una ampolleta de insulina que se requiere de un gramo y nos llevan forzosamente una de 20 que se hecha a perder y se despilfarran recursos, estoy seguro, por miles de millones de pesos.

Este caso es un ejemplo claro de lo que nos está pasando, algo tenemos que hacer y claro está, apoyamos la propuesta de la diputada del Verde.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Los siguientes dos puntos de la orden del día han sido retirados por los grupos parlamentarios interesados en registrado.

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LEY DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Oscar Martín Ramos Salinas, del Partido Revolucionario Institucional para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se revise el dictamen y se discuta en el pleno la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y la comparecencia en comisiones unidas del titular de la Sagarpa.

El diputado Oscar Martín Ramos Salinas:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos, diputados federales por el estado de Tamaulipas, en nombre y representación de los productores cañeros del estado, particularmente de la zona cañera de El Mante, y por mi conducto, ante esta tribuna exponemos:

La agroindustria azucarera ha sido parte de la historia de México durante los últimos 500 años.

La revolución del Ejército del Sur, encabezada por Emiliano Zapata, surgió como respuesta al proceso sistemático de acaparamiento y despojo de tierras de comunidades agrarias del estado de Morelos, por hacendados porfiristas propietarios de los ingenios.

Desde las entrañas de los ingenios y de las tierras arrebatadas a los campesinos, los peones de las haciendas y los obreros de la planta industrial le dieron sustancia y rumbo a la Revolución del Sur.

Hoy, como señalan en una presentación pomposamente titulada, ``reforma estructural del sistema-producto caña de azúcar'', funcionarios de la Sagarpa, imbuidos de la nostalgia modernizadora de finales del siglo XIX, proponen la reprivatización de los ingenios, la reconversión, y, por lo tanto, disminución de las actuales superficies sembradas, el cierre y consolidación de ingenios, y el aumento de la superficie por productor, como nueva fórmula para aumentar la competitividad y reducir costos de producción.

La propuesta resume poca imaginación y curiosamente podría, considerando su semejanza indiscutible, calificarse como un clon de la formulada por la administración federal anterior.

El cambio consiste en que los predecesores no se animaron a llevarla a cabo, después de dimensionar la inconformidad social que provocaría, mientras que, por su voluntarismo e insensibilidad, los actuales gobernantes se disponen a llegar hasta las últimas consecuencias.

De tales actitudes y empecinamientos surge la siguiente interrogante: ¿por qué a los productores cañeros y a la industria se les pretende endilgar el mote de incompetentes?

Después del maíz, la caña de azúcar genera mayores ingresos y participa con el 13.5% del valor de la producción agrícola nacional.

La actividad agroazucarera aporta 440,000 empleos permanentes y temporales, y sus beneficios directos van a 2.5 millones de mexicanos.

Esta contribución crece significativamente si consideramos que en agosto de este año el desempleo abierto, según datos del INEGI, alcanzó una cifra de 3.96%, la más alta en los últimos 6 años.

Los productores mexicanos de esta gramínea ocupan el tercer lugar mundial en rendimiento de caña y el 4º en relación con la conversión de ésta en azúcar.

No hay razones para atribuirle a los productores y a la industria la crisis agroazucarera.

Quienes desde el Gobierno Federal proponen una reforma estructural dejando intactas las causas de la problemática de este sistema-producto, deben voltear los ojos a las inconsistentes políticas públicas y de ajuste, al incumplimiento por parte de Estados Unidos de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de compra de excedentes de azúcar mexicana, a la falta de financiamiento para producir y a la inexistencia de instrumentos indispensables para darle orden y certidumbre al mercado.

En el fondo, el rechazo de algunos funcionarios del Gobierno Federal proviene de esa animadversión a lo social.

Todo lo que no se parezca o emule a las formas de producción del modo americano, está condenado.

Pregunto: ¿cómo aceptar bajo esta óptica una actividad en la que las tres cuartas partes de los campesinos son ejidatarios y detentan cada uno una superficie menor de 5 hectáreas?

Sin duda, las reminiscencias y la nostalgia del porfiriato no acaban de morir.

Los costos de producción son altos porque no hay financiamiento; los servicios están por las nubes porque buena parte de los insumos, comercializados y proporcionados por el gobierno federal, son muy superiores a los de nuestros competidores.

Los ingenios que producen azúcar con caña aportada por campesinos, han enfrentado importaciones desleales, o han sido obligados a vender en otros mercados y no en Estados Unidos, por las razones ya mencionadas y además están en crisis, porque cayeron en la trampa de renegociar su deuda en Udis.

¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pagar hasta tres veces un préstamo hipotecario por las mismas circunstancias?

Ahora mismo, ante un discutible desabasto de azúcar refinada, al Gobierno Federal únicamente se le ocurre importar 112,000 toneladas o abrir la frontera a la fructosa extranjera, mientras las plantas nacionales de la industria química del maíz se deterioran inexorablemente.

Cuando el gobierno federal habla en su propuesta de reprivatizar los 27 ingenios expropiados, no menciona la posibilidad de abrir espacios para que los adquieran organizaciones de productores; piensa exclusivamente en la iniciativa privada nacional y extranjera.

Pemex, por su lado, vende a los cañeros diesel, gasolina y gas a precios elevados, pero no avanza en la producción y uso de etanol proveniente de la caña de azúcar para oxigenar sus gasolinas, lo que daría un respiro al envenenamiento del ambiente, certidumbre de precio y orden al mercado de los edulcorantes.

La liberalización amplia de la reforma estructural gubernamental propone:

La democratización de las decisiones y la inclusión de nuevas organizaciones de productores que tengan representatividad.

En el fondo, dada la vitalidad del movimiento cañero, el gobierno busca pulverizar y dividir la lucha de los cañeros.

Su planteamiento general y cauteloso no compromete números ni porcentajes.

Habría que preguntarles ¿dónde termina el deseo democratizador y dónde comienza el objetivo de desintegrar la organización de los campesinos y productores rurales cañeros?

Insiste dicha reforma en la eliminación de restricciones al número de hectáreas sembradas con caña. Enseguida habla de ampliar las zonas de abasto de los ingenios aunque esta medida se contrapone con la idea de eliminar ingenios y reconvertir superficies.

Quizás la motivación se explica cuando señala que de ésta línea de acción dependen una mayor competencia y mejores costos de producción de caña, de donde se deduce que la intención es acabar con un minifundismo, según ellos, improductivo y propiciador de compromisos masivos en el rubro de seguridad social, mal atendidos por cierto a través del IMSS.

Habla también la propuesta de nuevas opciones de pago en especie de la caña y contratos libres. Este punto proyecta la obsesión de eliminar las responsabilidades que al Gobierno Federal le impone el decreto cañero en materia de precios y pago de preliquidaciones y liquidación final.

Prevalece la idea oficial de que se entiendan entre ingenios y cañicultores; cada área de abasto con su planta industrial, una relación entre terceros.

El gobierno no reconoce el interés público de la actividad.

Que cada quien se rasque con sus uñas y así evitamos las movilizaciones y las tomas de oficinas.

Toda esta maquinación expuesta desordenadamente en el documento desemboca en el interés real del gobierno.

El verdadero propósito consiste en abrogar el decreto cañero, sustituirlo por otro, argumentando la necesidad de modernizar la actividad y preparar la creación de un reglamento del sistema-producto, invocando, pues está de moda, la ley de desarrollo rural sustentable.

Con esta estrategia se propone el Gobierno Federal cerrar la puerta a la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, dictaminada en la pasada legislatura, que plantea:

Asumir una efectiva rectoría económica en materia azucarera, la atención mediante una ventanilla única, los términos para la democratización de la organización gremial;

La uniformidad de los contratos de compraventa del crédito y del precio;

El fortalecimiento de la junta de conciliación y arbitraje, y

Sobre todo, la prevalencia del interés público de la actividad, reconociendo su profundo impacto social.

Dicho lo anterior, elevo a la consideración de mis compañeros legisladores la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

1.- La urgencia de revisar el proyecto de dictamen y en su momento discutir en el pleno la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.

2.- La comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en comisiones unidas, para que presente la política de Estado en materia azucarera, y muy especialmente el esquema de financiamiento al campo cañero, a la industria y el sistema de reportos para el manejo racional de los inventarios de azúcar.

La zafra 2003-2004 empieza a finales de este año, las regiones cañeras exigen atención inmediata del H. Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal.

Diputados: Oscar Martín Ramos Salinas, Homero Díaz Rodríguez, José Manuel Abdala de la Fuente, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Humberto Francisco Filizola Haces, Gonzalo Alemán Migliolo, Cruz López Aguilar, Carlos Flores Rico, Sergio Arturo Posadas Lara, Marco A. Torres Hernández, Gustavo Moreno Ramos, Alfonso Sánchez Hernández, Concepción O. Castañeda Ortiz, Guillermo Zorrilla Fernández, Ernesto Alarcón Trujillo, Juan Bustillos Montalvo, Lázaro Arias Martínez (rúbricas).

Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería. En tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno (desde su curul):

Para rectificar hechos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:

Yo me quiero sumar a los comentarios del diputado que me antecedió.

Me parece que es muy importante la atención que le pongamos a esta industria, la más antigua de México, que empezó prácticamente justo en la época de la conquista de México.

Es una industria que durante muchísimos años ha estado pasando por problemas gravísimos desde su campo hasta su fábrica. Por eso es que es una industria que no ha podido modernizarse como lo debiera, porque no ha tenido la atención adecuada ni del gobierno y las decisiones que se han tomado en gobierno desde hace muchos años han sido prácticamente equívocas para esta industria.

En este momento en particular, cuando se menciona que algunos de los ingenios azucareros que el gobierno retomó, volvió a obtener, nacionalizó, expropió; creo que en estos momentos hay que tomar en consideración qué futuro se tiene.

Hace algunos meses, yo diría casi dos años, el Presidente de la República dijo que inmediatamente, 18 meses después, estos ingenios iban a volver a estar en manos de la iniciativa privada.

La verdad es que no ha habido un proyecto claro ni concluyente sobre este aspecto, y creo que es muy importante porque el Presidente debe de poner a consideración de noso-tros las acciones que se van a tomar para que de estos ingenios se decida su futuro. Puede ser por un lado que el gobierno decida privatizarlos pero ¿a quién se los va a dar? ¿A la iniciativa privada extranjera para que venga a explotarlos, destruirlos o desaparecerlos?, ¿a iniciativa privada como ya lo hizo, donde básicamente se enfocaba a intereses de los refresqueros y no de la industria azucarera en sí mismo que eran quienes habían manejado la industria azucarera?, ¿olvidándose también de la oportunidad que le debe de dar a los propios cañeros que ya tienen tantos años dependiendo de la industria azucarera que han enfrentado su patrimonio, que han enfrentado con esfuerzo el desarrollo de esta industria?, ¿es el gobierno que se pretende motivar a un crecimiento de la industria azucarera de esta manera realmente sin un proyecto claro y definido que no ha avanzado?

Pero por si fuera poco, el día 17 de septiembre, la semana pasada el Presidente de la República filtró a través de algunos medios de comunicación la información también de que se va a revocar el gravamen del 20% de impuestos especiales para los refrescos que utilicen fructosa o edulcorantes distintos a la caña de azúcar. De ser así, en caso de que se revocara esta decisión que ya fue autorizada aquí en el Congreso para que se gravara este impuesto para defender a nuestra industria azucarera, realmente se desbarataría todo el concepto y toda la estructura de una industria de la que dependen, como aquí ya dijo nuestro compañero, millones de mexicanos.

Yo creo que es tiempo de tomar muy en serio esta situación; el campo está muy dañado, pero la agroindustria depende precisamente de nuestro campo. Y si no logramos modernizar nuestro campo, no vamos a modernizar tampoco nuestra agroindustria, y si no se tienen políticas industriales claras, que no existen en este momento definitivamente va a desaparecer una agroindustria que genera mucho desarrollo económico en México, empleo a las zonas rurales más graves, más alejadas y por supuesto a la gente que más se empeña a que México salga adelante, que son nuestros campesinos y la gente que trabaja en nuestro campo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Se concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, al señor diputado Marcelo Herrera Herbert, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Marcelo Herrera Herbert:

Con su venia, señor diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Una prioridad de la agenda legislativa del PRD es la atención a la industria azucarera mexicana, como lo es la solución a los problemas más agudos del campo.

La industria azucarera es una de las actividades productivas más importantes del país. Su contribución al desarrollo económico nacional y regional se materializa en el hecho de que participa con el 0.5% del producto interno bruto (PIB) y proporciona sustento a más de 440 mil familias asentadas en 227 municipios en 15 estados de la República.

México se encuentra en el séptimo lugar en la producción de azúcar en el ámbito mundial, con 4.7 millones de toneladas. Lo que garantiza con creces nuestro consumo interno, le permite al sector abastecer a la industria nacional y exportar el dulce.

Sin embargo el apoyo del Estado a esta actividad ha ido en declive, lo que conjugado con decisiones económicas equivocadas, y factores de mercado, tiene a la agroindustria de la caña de azúcar sumida en una crisis estructural.

Conviene recordar que la profundización de esa crisis se inició con la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que permitió que nuestro país alentara el uso de la fructosa en sustitución del azúcar.

En ese mismo sentido afectó a la agroindustria la falta de inversión productiva y la inexistencia de un sistema financiero oportuno que permitiera la capitalización del campo cañero.

Finalmente el fenómeno de la corrupción en la operación de los ingenios y el control corporativo de cañeros y obreros, se han convertido en un lastre para el adecuado desa-rrollo de esta agroindustria y para la superación de su crisis.

Por esa razón el grupo parlamentario del PRD presentó durante la LVIII Legislatura la iniciativa de Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.

El objeto de nuestra iniciativa fue reactivar la agroindustria a través de su reestructuración integral, permitir la libre asociación de productores y jornaleros, estimular la inversión productiva, limitar la importación de fructosa y propiciar la adopción de presupuestos multianuales en su beneficio. Lamentablemente esta iniciativa quedó sin dictaminar.

No obstante los problemas que se viven en el sector azucarero se complican día a día. El 3 de septiembre de 2001 el Presidente de la República expropió 27 ingenios azucareros que se encontraban en quiebra. Con esta medida el gobierno de Vicente Fox creó el Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), a cargo de la Sagarpa. A través del FEESA se canalizaron recursos en ese año por 2 mil 110 millones de pesos, que se manejaron con poca transparencia. Por ejemplo, FEESA nunca denunció los faltantes de azúcar en los almacenes o activos de los ingenios expropiados.

El Consorcio Azucarero, CASE, de Enrique Molina Sobrino, presentó faltantes de azúcar por 226 mil toneladas.

El Grupo Azucarero Mexicano, de Juan Gallardo, los presentó por 66 mil toneladas.

El Grupo Machado, cuya propietaria es Teresa Machado, registró un faltante de 10 mil 500 toneladas.

Por su parte el Grupo Santos lo hizo por 2 mil 200 toneladas.

Por si ello no fuera suficiente, en los próximos tres meses el FEESA tendrá que pagar a los propietarios de los grupos azucareros una cantidad aproximada de 12 mil 500 millones de pesos. Recursos que intentarán obtenerse del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004. Desde nuestro punto de vista la Cámara de Diputados no tiene por qué aprobar esta partida presupuestal.

Por estas razones, urge aprobar el dictamen que crea la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar para sentar las nuevas bases jurídicas que nos permitan reactivar esta importante actividad económica.

Asimismo es conveniente discutir con el titular del ramo los problemas derivados del decreto expropiatorio, cuyas irregularidades pueden afectar las finanzas públicas.

Igualmente establecemos en que el titular de la Sagarpa comparezca ante las comisiones unidas de Desarrollo Rural y Agricultura de esta soberanía.

Es cuanto, señor diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos hasta por cinco minutos, señor diputado.

El diputado Lázaro Arias Martínez:

Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Nuestro compañero diputado Oscar Martín Ramos, de Tamaulipas, ha tocado un tema trascendental para el desarrollo del país, importante para los 15 estados de la República y sobre todo importante para las miles de familias que viven de esta actividad del cultivo y la industrialización de la caña de azúcar.

Los diputados que me antecedieron, hicieron comentarios importantes. Yo quiero aportar y decirles que el cultivo y la industrialización de la caña de azúcar es la única, la única rama de producción en que somos autosuficientes en el país y además tenemos excedencia para la exportación.

Sin duda, si los productores de caña, que somos cerca de 170 mil en el país hemos pasado por crisis muy difíciles, la falta de preliquidaciones, la falta de liquidaciones, en donde muchos productores de caña tuvieron en verdad que sufrir el pago de grandes intereses para poder cubrir el financiamiento otorgado por empresas particulares o ingenios o bancos o préstamos particulares.

Esto dio origen en verdad en septiembre del 2001 a la expropiación de 27 ingenios. Esto dio origen a que la anterior Legislatura, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, aplicara una medida inteligente, acertada, que vino a ser el impuesto especial, impuesto a los edulcorantes que consumieran alta fructosa en lugar de azúcar.

Y aquí están los resultados, hoy se menciona que somos deficitarios, que no somos capaces de producir el consumo interno. ¡Mentiras!, ¡mentiras! Cuando una producción es de 4 millones 900 mil toneladas de azúcar, cubrimos ampliamente el consumo nacional. Sin duda después de la zafra 2001-2002 que produjimos 5 millones 150 mil toneladas de azúcar, que tuvimos el gran problema de poder vender nuestras excedencias y ahí ustedes saben los resultados.

Compañeros diputados: este tema que tocó mi compañero, va a ser un tema de mucho debate, va a ser un tema esencial, no únicamente por lo del impuesto especial. Debemos de seguir manteniendo firmemente la posición de que logremos seguir manteniendo el impuesto especial al edulcorante, pero además nos preocupa que el Ejecutivo Federal sin consultar a esta honorable asamblea, emita un decreto usando las facultades que él tiene para poder cambiar nuestro decreto cañero.

Ya lo decía mi compañero: en donde...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado, le ruego concluir.

El diputado Lázaro Arias Martínez:

Termino, termino señor Presidente.

...En donde van a cambiar el sistema de pago de los productores de caña. 180 pesos, 200 pesos por tonelada, con un subsidio a cinco años, cuando vamos a enfrentar en el 2008 la apertura comercial, la libre asociación, el sistema de pago en especie.

Por ello, yo quiero manifestarles a ustedes, compañeros diputados, que en estos momentos hemos iniciado un tema que será trascendental para más de 170 mil familias que viven de esta rama de producción y los empleos que acaba de mencionar mi compañero, cerca de 3 millones de empleos directos e indirectos.

Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Dígame, señor diputado.

El diputado Armando Neira Chávez(desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para el mismo tema.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para rectificar hechos, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

El diputado Armando Neyra Chávez:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Estos son los temas que van a marcar historia en esta LIX Legislatura si permitimos se lesione el acuerdo que tomó la LVIII Legislatura.

El que habla, mi origen obrero desde hace 40 años de la industria embotelladora. Los pequeños productores tienen su conquista como los propios trabajadores azucareros, los productores de la alta fructosa que han intentado sustituir el azúcar de caña, sin pensar que en un momento pueden terminar con los pequeños productores que aquí se ha dicho son 170 mil pequeños productores y a otros tantos de miles de compañeros que les dan trabajo en los ingenios.

La conquista contractual de los compañeros de la industria azucarera de la alta fructosa no tiene 70 años en este país, si los tuviera los compañeros azucareros aquí en este país la caña se produce hace 500 años, sería terminar con dos centros productivos, dos sectores debidamente organizados que como se ha mencionado en esta tribuna, hay problemas pero corresponde a todos resolverlos.

La industria refresquera... se consume en este país 169 litros al año por más de 17 mil millones de litros de refresco, si los dividen en cajas de 24 botellas nos da 2 mil 500 millones de cajas.

Salen diariamente 42 mil camiones a surtir 960 mil puntos de venta. Yo coincido con los compañeros que aún sin tomar en cuenta a los sectores productivos, cualquier pretensión de quitar el Impuesto especial a aquella industria refresquera sin importar marcas que usa la alta fructosa que es el 20% no se debe de quitar este impuesto que es el que ha salvado a los pequeños productores de caña y al sector más organizado que es el sector refresquero de este país.

Hay problemas muy serios de modernizar la industria, hay tiempo para hacerlo, si se están regresando los ingenios, es porque creyeron los empresarios que era un buen negocio y no es negocio, necesitan modernizarse de la maquinaria y se necesitan hacer muchas otras cosas. Yo sugiero que mientras que no se nombre la comisión respectiva, hagamos causa común y pedimos a todos los partidos políticos sin importar las ideologías, salvemos a los pequeños productores, a los embotelladores de este país que dan ocupación a más de 135 mil trabajadores.

Gracias, señor Presidente.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

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ESTADO DE TAMAULIPAS
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Pasando a otro punto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Baltazar Hinojosa Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a la Sagarpa para que entregue de inmediato a los productores agropecuarios de Tamaulipas los apoyos pendientes autorizados en el Presupuesto de 2003 para el Programa de Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales.

El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

Paso a esta tribuna a petición de los campesinos y productores tamaulipecos;

Paso a esta tribuna para llamar nuestra atención sobre las desfavorables condiciones en que viven y trabajan no sólo ellos, sino todos los campesinos y productores agrícolas del país. Paso también para exigir al Gobierno Federal, con razones sencillas pero vitales, la entrega suficiente e inmediata de los apoyos y el ejercicio cabal de los programas y presupuestos aprobados por esta soberanía para el campo mexicano, particularmente los de la zona norte de Tamaulipas.

Los tiempos de la agricultura y la ganadería nada tienen que ver con las disposiciones establecidas en forma centralizada por la burocracia, como la distribución mensual en partes iguales del apoyo al diesel, ni tampoco soportan retrasos en la entrega de los recursos que desembocan las economías forzadas utilizadas como argumento para reducir el déficit presupuestal.

Veamos por ejemplo el caso de nuestro estado, el caso de Tamaulipas.

En el norte de nuestro Estado, sembramos en el ciclo de temprano primavera-verano, desde la primera quincena de enero y hasta la segunda quincena de febrero o más; los distritos de riego de nuestro estado, con muy alto riesgo de convertirse en áreas de temporal por la entrega de líquido a los agricultores texanos y las extensas superficies de temporal con las que contamos, han aportado, en lo que va del presente año, 2 millones 200 mil toneladas de sorgo y 154 mil toneladas de maíz.

Lo corto del periodo de siembra aunado a la escasez de agua obliga a todos a ser más eficientes. Obliga a la mecanización, a la preparación oportuna de las tierras, a la cosecha de agua de lluvia, a la prevalencia del sorgo pero también a la unidad de los productores rurales, campesinos, agricultores y también ganaderos con el Gobierno estatal y con el Gobierno Federal, esas difíciles circunstancias exigen puntualidad pero lamentablemente la realidad es otra.

Con datos al 4 de septiembre de 2003, esta realidad nos dice que a dos meses de terminada la recolección sólo se han entregado los apoyos directos al ingreso de la cosecha a un escaso 27% de los productores registrados en la Sagarpa, mismos que corresponden al 30% de la cosecha y al 29% del monto autorizado; ello por supuesto afecta a todos los agricultores.

Si a ello le agregamos la falta de financiamiento por la desaparición del Banrural, al desinterés de la banca privada por apoyar a los agricultores y al lento despegue que ha tenido la financiera rural, pues obviamente los productores necesitan de estos apoyos, necesitan de estos ingresos para preparar las tierras a tiempo.

Quiero destacar que la preparación debe hacerse en agosto, inmediatamente después de terminada la cosecha en julio. El barbecho y el rastreo no pueden simularse o dejarse de hacer, de lo contrario las tierras no captan la humedad; el agua pasa por encima, arrastra el suelo fértil y se desaprovechan las lluvias importantes de los meses de septiembre a diciembre.

Si esto ocurre, es imposible volver a sembrar en enero.

Por todo ello sin duda, el tema de la oportunidad debe ser un apartado muy importante de la Ley de Planeación Agropecuaria de Seguridad y Soberanía Alimentaria pero sobre todo debemos insistir en el crecimiento real del presupuesto para el campo; la disponibilidad puntual de estos recursos y la certidumbre que deriva de la proyección y la planeación multianual.

Analicemos también el programa de estímulos al diesel en el uso agropecuario.

Al cierre de agosto, transcurridos ocho meses del presente año, de las 31 mil 900 solicitudes registradas por la Sagarpa, en Tamaulipas apenas el 30% ha recibido su tarjeta y únicamente el 40% de los productores que integran el universo del trabajo del programa acudió a registrarse. Este fenómeno denota un avance muy pobre, pero sobre todo una grave falta de promoción adecuada de este programa.

Además de todo esto, debemos enfrentar las pocas o a veces inexistentes opciones de financiamiento agrícola. Ante la lentitud y ausencia de crédito de avío y refaccionario no tenemos muchas alternativas, esta situación requiere ser resuelta con urgencia. Compañeras y compañeros legisladores, es muy importante insistir en la urgencia de atender las demandas del campo mexicano.

En lo que respecta al agro, nos encontramos en desventaja frente a las naciones con economía más robustas y con políticas de apoyo más eficientes, pero sobre todo más oportunas en el campo. Tenemos como ejemplo más próximo los apoyos contra ciclo, las cantidades extraordinarias y la definición de un presupuesto para el periodo 2002-2011, dispuesto en la Ley de Seguridad Agropecuaria Norteamericana.

Ejemplos como éste, evidencian las asimetrías y la debilidad de nuestras propias políticas y programas, así como la falta oportuna, la insuficiencia y la visión de corto plazo a todos los apoyos y los subsidios que disponemos. También hemos presenciado en los últimos días la realidad de lo que quisiéramos llamar libre comercio y hemos constatado la posición de los países desarrollados en el tema de los subsidios agrícolas. Nos ha quedado claro que necesitamos más firmeza y más determinación, para exigir equidad en las condiciones y justicia en el trato con las otras naciones.

Mucha razón se tuvo, cuando por consenso todas las fracciones parlamentarias exigimos mediante el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, el cumplimiento de la defensa de los productores nacionales convenido en el Acuerdo Nacional para el Campo.

Diputadas y diputados:

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento a lo establecido en el artículo 59 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y considerando fundado dar trámite a este asunto como de obvia y urgente resolución, los diputados de Tamaulipas, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición como

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorte a la Sagarpa para que entregue de inmediato a los productores agropecuarios de Tamaulipas, los apoyos pendientes autorizados en el presupuesto del 2003, para el Programa de Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales. Honre en lo convenido en el Acuerdo Nacional para el Campo, utilizar la riqueza de la información en poder de la Sagarpa, obtenida en el ejercicio del Programa de Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Regional, para depurar el universo del Programa del Estímulo al Diesel Agropecuario, reconozca la presencia y capacidad de gestión y divulgación de las organizaciones de los campesinos y productores rurales.

Finalmente, planifique, calendarice y presupueste los programas de apoyo de acuerdo a los requerimientos reales del campo, que lo haga además con una visión de mediano y largo plazos, pero también, que lo haga también en forma multianual.

Agradezco a todos los diputados su atención.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Como lo ha solicitado el diputado, de conformidad con el artículo 59, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sí se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

¿Es mayoría calificada? Le pregunto, Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Es mayoría calificada las dos terceras partes.

Señor Presidente, volvamos a preguntar para volver a contar.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Sí, que se pongan de pie, por favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por favor, poniéndose de pie, por favor.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse ponerse de pie y manifestarlo... Es mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Se considera de urgente resolución.

Se han anotado los diputados: Víctor Suárez Carrera, del Partido de la Revolución Democrática; Rafael Galindo Jaime, del PRI y Elpidio Tovar de la Cruz.

Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Suárez Carrera. Declina.

En segundo lugar el diputado Rafael Galindo Jaime, del PRI, también declina.

En tercer lugar el diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del PRD, declina.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse igualmente manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Suficientemente discutida.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición...

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Aprobada. Comuníquese.

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DERECHO DE LAS MUJERES A VOTAR Y SER ELEGIDAS
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

En el siguiente punto del orden del día, tiene la palabra la diputada Leticia Gutiérrez Corona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el cual solicita una sesión solemne el día 16 de octubre, para conmemorar el L aniversario del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres a votar y ser elegidas.

La diputada Leticia Gutiérrez Corona:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Hablar de ciudadanía de la mujer, como categoría de la democracia, es hoy en día expresión del reconocimiento y respeto del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos y sociedad, nos hemos otorgado para garantizar la participación de la mujer en el ámbito de lo público.

Es decir, a reconocer en la ley la capacidad de la mujer para incorporarse en igualdad de condiciones que el hombre a la vida política, social y económica del país y con ello acceder a espacios de toma de decisiones y al desarrollo.

Lejos está la visión que sobre el otorgamiento de los derechos políticos a la mujer se debatió en el Senado de la República durante la sesión ordinaria del 24 de diciembre de 1952, en la cual un senador manifestaba su rechazo a la reforma constitucional del artículo 4º, argumentando lo siguiente:

``La mujer mexicana tiene todo, la justicia grandiosa que ha necesitado y debido tener, la mujer mexicana, la madre mexicana es la que forma el corazón del niño, es la que educa su espíritu, es la que le imparte su religión y eso es una gran cosa en una sociedad.''

Continuaba señalando el senador: ``El hombre no tiene esas misiones en el hogar, ni puede tenerlas, porque sus ocupaciones políticas le impiden dedicar su tiempo en estas cuestiones. La mujer mexicana maneja el dinero del hogar, influye extraordinariamente en su marido, ¿qué más quiere tener la mujer mexicana?''

Afirmaba también en su intervención: ``Temo que las actividades políticas de la mujer, vayan a contribuir a descuidar más el hogar. Es natural, es otra esfera de acción, tienen que concurrir a los mítines, tienen que estar en las discusiones sobre puntos políticos, tienen que leer todas las cuestiones políticas, tienen que empaparse de la historia política, todo esto, forzosamente, la distrae de las ocupaciones hogareñas''.

Fortalecía su argumentación al señalar: ``En sexo femenino, el 90% son católicas, de lo que resultará que con los derechos políticos de la mujer, los votos que emitan ellas serán a favor de los candidatos católicos''. ¿No es esta una visión demasiado corta?

Por otra parte, en esa misma sesión, otro senador argumentó a favor de esta reforma señalando: ``Que nos acompañen nuestras mujeres para que las responsabilidades sean comunes y resulten parejos los esfuerzos, legalizando su derecho al voto habremos liquidado una deuda de gratitud con ellas. Si en verdad, amamos la democracia, igualemos las condiciones de todos nuestros compatriotas''.

Por ello, un 17 de octubre de hace 50 años, las mujeres mexicanas iniciamos un proceso sin retorno. Vamos por el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos universalmente reconocidos y aceptados. No ha sido fácil, hay que decirlo, tampoco ha sido una concesión gratuita y gentil; ha sido producto de una larga y persistente lucha de mujeres visionarias que protagonizaron a fines del Siglo XIX y principios del XX, importantes y legítimas demandas por las conquistas de sus derechos.

Por ello, los derechos políticos de las mujeres tiene que contemplarse como elemento esencial de la lucha por la plena igualdad de mujeres y hombres y como paso indiscutible hacia el empoderamiento y acceso a todas las oportunidades.

Aún nos falta mucho para que las mujeres tengan no sólo la representatividad política que merecen, sino que también el acceso al bienestar, a la salud, a la seguridad social, al empleo equitativo con salario digno y no discriminatorio.

No basta haber accedido a los derechos políticos sino que se requiere ampliar el ámbito a los derechos civiles, sociales y económicos, a fin de estar en posición de ejercicio de ciudadanía plena.

Es verdad que hemos avanzado en materia electoral al introducir en nuestra legislación la exigencia de una cuota mínima por género en la asignación de candidaturas; sin embargo, todavía son muchos los desequilibrios existentes en el acceso de las mujeres a las posiciones del poder político.

El derecho a participar equitativamente en las decisiones públicas, ya sea a través del voto, de la deliberación o de la toma de decisiones, sigue siendo una asignatura pendiente en México. Del acceso real de las mujeres a este derecho, depende en gran medida el logro del equilibrio entre mujeres y hombres en los demás terrenos de la vida social.

Compañeras diputadas y diputados: hoy sabemos que la igualdad jurídica es importante, pero no suficiente. Apreciamos los avances existentes en nuestro país para el reconocimiento de los derechos de las mujeres o en la eliminación de las leyes que las discriminan. Sin embargo, tenemos aún frente a nosotros una importante tarea legislativa para lograr que nuestros ordenamientos jurídicos no sean una barrera que impida que mujeres y hombres ejerzamos plenamente nuestra ciudadanía.

Por ello esta LIX Legislatura está convocada a defender vigorosamente los derechos alcanzados a favor de las mujeres mexicanas porque este 17 de octubre no podrá ser una conmemoración más; será una sesión para revalorar y dignificar los más altos valores de la democracia como son: la inclusión, el respeto, la pluralidad y la tolerancia. Una oportunidad para reconocer la presencia y participación activa de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad mexicana.

Esta sesión nos permitirá evidenciar el compromiso de lo mucho que hay por hacer y que a pesar de los 50 años cumplidos en estos derechos, persisten actos intolerables de violencia, exclusión y discriminación hacia las mujeres. Porque después de todo no debemos olvidar que la inteligencia y el talento político no tienen sexo.

En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de mis compañeras y compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara de Diputados, someto a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo como asunto de urgente y obvia resolución:

Primero. Se retome el acuerdo aprobado por la LVIII Legislatura el 17 de diciembre de 2002 en el artículo 2º. que a la letra señala: ``la Cámara de Diputados realizará durante el año 2003 a través de sus comisiones y órganos de gobierno, una serie de actos públicos como foros, seminarios legislativos y exposiciones artísticas con objeto de exaltar, reflexionar y recordar la conquista de los derechos políticos y sociales de las mujeres en México y en el mundo''.

Segundo. Se convoque a una sesión solemne de Congreso General de la Cámara de Diputados, el 16 de octubre de 2003 para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la incorporación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas.

Tercero. Para los efectos del punto anterior, que la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados en coordinación con las comisiones a que haya lugar, defina el orden del día y el protocolo de la sesión solemne, debiendo invitar oficialmente a las y los integrantes de esta LIX Legislatura.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que se lleve a cabo una Sesión Solemne el 16 de octubre próximo por el 50 aniversario del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas, presentada por la diputada Leticia Gutiérrez Corona, del grupo parlamentario del PRI.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Hace 50 años, el 17 de octubre de 1953, se reconoció el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas para cargos de representación popular en los ámbitos municipal, estatal y federal, mediante la ley de reforma del artículo 34 constitucional, lo que sin duda constituye una de las acciones más importantes del siglo XX en favor del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mexicanas, lo que permite objetivar en los hechos el disfrute de las prerrogativas que como ciudadanas nos competen.

Esta reforma de la Ley Fundamental contribuye al avance democrático de la nación, pues ningún Estado que se considere democrático y moderno puede consentir en su seno ningún tipo de discriminación y, menos aún, por motivos del sexo a que se pertenece.

En razón de ello, esta Legislatura, como máximo órgano de representación popular, no puede ni debe dejar pasar por alto la conmemoración de una fecha por demás importante en la historia política moderna del país, a partir de la cual México comienza a homologar su legislación fundamental con las más avanzadas del mundo, cumpliendo con ello los diferentes instrumentos internacionales suscritos por el país, en un acto de congruencia con el espíritu legislativo con que el Constituyente originario dio vida a los nuevos postulados y mandatos que debería contener el nuevo constitucionalismo del 17, como respuesta a la opresión e injusticia en que vivían los sectores sociales más desprotegidos y discriminados del país.

Se trata pues, compañeros y compañeras diputados, de rescatar y conmemorar nuestros más altos valores democráticos, como la pluralidad, la inclusión y la tolerancia, en una sesión dedicada a enarbolar la bandera de la equidad social y de género.

Sesión en la que no podemos dejar de recordar la lucha de Josefa Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario, de Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, de Antonia Nava de Catalán, de Carmen Serdán, de Sor Juana Inés de la Cruz y de Margarita Maza de Juárez y de tantas y tantas mujeres que, a través de la historia, han contribuido con su talento y su esfuerzo para que las mujeres del siglo XXI podamos vivir en condiciones más equitativas y más dignas.

Reconocimiento que debemos también hacer extensivo a todos los hombres que hicieron del quehacer público y legislativo un ejercicio constante para ver que un concepto acuñado siglos atrás, como el de la democracia, se transformara traduciéndose en vida cotidiana.

Porque no existe en los tiempos modernos peor forma de esclavitud y opresión que la discriminación, unamos nuestras voces y juntemos este 17 de octubre nuestra voluntad política, para decir a nuestros compatriotas que el Poder Legislativo, que esta Cámara de Diputados no ha olvidado la historia que nos ha dado identidad nacional, que no la ha olvidado porque no está dispuesta a cometer los mismos errores del pasado.

En razón de lo anterior, en nombre de mis compañeras diputadas, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, donde se solicita que la Mesa Directiva de esta H. Cámara, previa sustentación del procedimiento que las leyes en la materia señalan:

Primero. Se retome el acuerdo aprobado por la LVIII Legislatura el 15 de diciembre de 2002 en el artículo segundo, que a la letra señala:

``Artículo 2°. La Cámara de Diputados realizará durante el año 2003, a través de sus comisiones y órganos de gobierno, una serie de actores públicos, como foros, seminarios legislativos y exposiciones artísticas, con el objeto de exaltar, reflexionar y recordar la conquista de los derechos políticos y sociales de las mujeres en México y el mundo.''

Segundo. Se convoque a una sesión solemne de la H. Cámara de Diputados del Congreso General el 16 de octubre de 2003 para conmemorar el 50 aniversario de la incorporación, en la Constitución General de la República, del derecho de las mexicanas a votar y a ser votadas.

Tercero. Para los efectos del punto anterior, que la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, en coordinación con las comisiones a que haya lugar, defina el orden del día y el protocolo de la sesión solemne, debiendo invitar oficialmente a las y a los integrantes de la LIX Legislatura.

Diputadas y diputados: María Avila Serna, Alejandro González Yáñez, Esthela Ponce Beltrán, Leticia Gutiérrez Corona, Sara Rocha Medina, María Hilaria Domínguez Arvizu, Consuelo Muro Urista, Rosalina Mazari Espín, Consuelo Rodríguez de Alba, Graciela Larios Rivas, Martha Laguette Lardizábal, Laura E. Martínez Rivera, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Evelia Sandoval Urbán, Leonel Sandoval Figueroa, Rebeca Godínez y Bravo, Quintín Vázquez García, Rosario Sáenz López, Sonia Rincón Chanona, Ady García López, Martha Lucía Mícher Camarena, Blanca Eppen Canales, Concepción Cruz García, Gisela Juliana Lara Saldaña, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Patricia Flores Fuentes, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Evangelina Pérez Zaragoza, María Beatriz Zavala Peniche, Martha Leticia Rivera Cisneros, María Guadalupe Suárez Ponce, Marisol Vargas Bárcena, Margarita Saldaña Hernández, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandra Méndez Salorio, María Angélica Ramírez Luna, Patricia Garduño Morales, Francisco Rojas, Homero Díaz Rodríguez, José Angel Ibáñez Montes, Fernando Ulises Adame, Jaime Fernández Saracho, Mayela Quiroga Tamez, Margarita Martínez López, Lázaro Arias Martínez, Enrique Guerrero, David Hernández Pérez, Oscar Pimentel González, Javier Guízar Macías, Hugo Rodríguez Díaz, Carlos Flores Rico, María Esther Scherman Leaño, Jesús Lomelí Rosas, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Luis Antonio González Roldán, Manuel Velasco Coello, Antonio Astiazarán Gutiérrez, Angel Aguirre Rivero, Marcelo Tecolapa Tixteco, Alvaro Burgos Barrera, Mario Moreno Arcos, Enrique Burgos García, Miguel Angel Osorio Chong, Carlos Jiménez Macías, José Luis Briones Briseño, Benjamín Sagahón Medina, Luis Antonio Ramírez Pineda, María Elena Orantes López, Raúl Mejía González, Gerardo Montenegro Ibarra, Salvador Sánchez Vázquez, Gonzalo Alemán Migliolo, José Manuel Abdala de la Fuente, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Florencio Collazo Gómez, Jorge Utrilla Robles, Juan Antonio Gordillo Reyes, Francisco Grajales Palacios, César Amín González Orantes, Mario Carlos Culebro Velasco, Belisario Hiram Herrera Solís, Wintilo Vega Murillo, Julián Nazar Morales, Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbricas).

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señora diputada.

La diputada ha solicitado de conformidad con el artículo 59 del Reglamento, que se resuelva de urgente resolución. Esta Presidencia considera que por la importancia del tema se pudiera reconsiderar para que se turne a la Junta de Coordinación Política. A cambio que la proponente insista en su propuesta y lo tendría que poner a la consideración del pleno, en virtud de que el Senado de la República forma parte del Congreso de la Unión, tiene que comunicarse con la colegisladora.

La diputada Leticia Gutiérrez Corona (desde su curul):

Sí, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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GRANOS GENETICAMENTE MODIFICADOS
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

En el último punto de acuerdo se le concede la palabra a la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat, así como a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados a que se realicen los trámites correspondientes para la detención de los dos desembarcos en el puerto de Veracruz de sorgo, maíz y trigo genéticamente modificados.

La diputada Jacqueline Argüelles Guzmán:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Por economía parlamentaria no daré lectura al texto íntegro de este punto de acuerdo; solamente leeré los cuatro puntos de este documento.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice los trámites correspondientes ante las autoridades portuarias a efecto de que se suspenda el desembarco del grano en el puerto de Veracruz de los buques Jin Shang Hai, de bandera china, pero que procede de los Estados Unidos, con 32 mil toneladas de sorgo, trigo y maíz y cuyo arribo se espera a partir del 21 de septiembre y del barco de nombre Fanfer, con bandera de Bahamas, pero con un cargamento de 40 mil toneladas de maíz amarillo, procedente de Estados Unidos, y cuyo arribo se espera a partir del día 22 de septiembre, hasta en tanto se cumpla con toda la normatividad nacional e internacional vigente.

Segundo. Se exhorta a la Semarnat y la Profepa para que se ordene el aseguramiento precautorio del maíz transportado por el barco Ikan Altamira, procedente de Nueva Orleans, con un cargamento de 40 mil toneladas de maíz amarillo y que fondeó en el muelle 6-S del puerto de Veracruz el día 13 de septiembre del presente año, hasta en tanto no se cumpla con los mandatos del Protocolo de Cartagena y de la normatividad nacional vigente.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente, así como a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, para que de manera urgente apliquen medidas acordes a las disposiciones ya vigentes del Protocolo de Cartagena en el sentido de dictar medidas para realizar las evaluaciones de riesgo específicas en los movimientos transfronterizos de los organismos vivos modificados.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados para que coordine las políticas relativas a la importación, movilización, liberación de organismos genéticamente modificados de acuerdo al Protocolo de Cartagena y a la legislación nacional aplicable, así como para que realice una investigación de los hechos antes mencionados y se deslinden responsabilidades conforme a derecho.

Solicito a la presidencia inscribir el presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente modificados a que se realicen los trámites correspondientes para la detención de los dos desembarcos, en el puerto de Veracruz, de sorgo, maíz y trigo genéticamente modificados, presentada por la diputada Jaqueline Argüelles Guzman, del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jaqueline Argüelles Guzmán, María de la Luz Arias Staines, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, en relación con la situación legal ambiental, debido al ingreso de maíz transgénico a nuestro país, violando el Protocolo de Cartagena, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 5 de junio de 1992 es adoptado el Convenio de Diversidad Biológica (CBD), y el 13 de junio del mismo año es ratificado por el Senado de la República.

El 30 de octubre de 1999 el Ejecutivo federal suscribió un acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 1999.

El 29 de enero del año 2000 130 países adoptan el Protocolo de Cartagena, sobre seguridad de la Biotecnología, derivado del Convenio sobre Diversidad Biológica.

El 24 de mayo del mismo año México adopta el protocolo antes mencionado.

El 30 de abril del año 2002 el Senado de la República ratifica por unanimidad el Protocolo de Cartagena.

El día 13 de junio del 2003 el citado Protocolo alcanza el número de ratificaciones requeridas para entrar en vigor (50).

El día 11 de septiembre del 2003 el Protocolo de Cartagena entra en vigor.

El día sábado 13 de septiembre, dos días después de su entrada en vigor, aproximadamente a las 14:00 horas, el barco Ikan Altamira, con bandera de Singapur, proveniente de Nueva Orleáns, Estados Unidos, atraca en el muelle 6-S del Puerto de Veracruz, con objeto de descargar 40,000 toneladas de maíz amarillo.

Consideraciones

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) reconoce el valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes (preámbulo, párrafo primero); asimismo, reconoce que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad (párrafo segundo).

Es importante mencionar que dicho convenio establece también el principio precautorio, en el párrafo noveno, de la siguiente manera: ``cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.

Derivado del Convenio de Diversidad Biológica se crea el Protocolo de Cartagena.

Este protocolo constituye un instrumento internacional jurídicamente vinculante, que regula el movimiento transfronterizo, así como la manipulación, el desarrollo, la utilización y la liberación al medio ambiente de organismos genéticamente modificados, tomando en cuenta los posibles riesgos para el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana.

El Protocolo de Cartagena tiene una especial importancia para los países que poseen una amplia biodiversidad, así como las naciones que han logrado un avance considerable en biotecnología y, en particular, en la producción de organismos vivos modificados (OVM).

A la fecha, el conocimiento científico acerca de los organismos genéticamente modificados es insuficiente para pronosticar el posible impacto ambiental y sobre la salud humana que los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados pueda tener.

El objetivo de este Protocolo es ``contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna, que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos (artículo primero del protocolo). El segundo párrafo del artículo 2 de dicho convenio especifica claramente que: ``las partes velarán porque el desarrollo, la manipulación, el transporte, la utilización, la transferencia y la liberación de cualesquiera organismos vivos modificados se realicen de forma que se eviten o se reduzcan los riesgos para la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana''.

El Protocolo de Cartagena se creó específicamente para controlar el movimiento transfronterizo de todos los organismos vivos modificados, sin excepción alguna, y que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana (artículo 4).

Por otra parte, el principio precautorio, en lo que se refiere al manejo y transporte de organismos genéticamente modificados se establece en el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente. Este principio establece que ``...en caso de presunción de riesgo fitosanitario o de efectos indeseados de organismos genéticamente modificados, ante la insuficiencia de evidencias científicas adecuadas, las orientaciones y medidas correspondientes seguirán invariablemente el principio de precaución''.

México es un país megadiverso, que se reconoce que está entre los primeros doce países con mayor diversidad de plantas y animales a nivel mundial. Es decir, está considerado como un reservorio de especies animales y vegetales, por lo que la NOM-056-FITO-1995, ``por la que se establecen los Requisitos Fitosanitarios para la Movilización Nacional, Importación y Establecimiento de Pruebas de Campo de Organismos Manipulados Mediante la Aplicación de Ingeniería Genética'', la cual define claramente que ``1a introducción de organismos manipulados mediante ingeniería genética para aplicarse en la agricultura, constituye un alto riesgo, por lo que su importación, movilización y uso en territorio nacional, debe realizarse con estricto apego a las medidas de bioseguridad que se establecen para estos organismos''.

Nuestro país no sólo es un país megabiodiverso, sino que está considerado como el primer centro de origen y diversidad del maíz.

El maíz es una especie con polinización cruzada y abierta, donde el viento es el principal vector del polen. La contaminación del maíz criollo con genes de maíz transgénico puede generar un desequilibrio genético en las poblaciones de maíz de origen, con efectos impredecibles, en el genoma de este grano cien por ciento mexicano. Uno de los efectos probables es que, al adquirir el gen de resistencia a herbicidas se conviertan en supermalezas, por lo que tendría que incrementarse el uso de herbicidas, con las consecuentes y terribles resultados que esto tendría.

La introducción de plantas transgénicas amenaza los centros de diversidad en el mundo, como es el caso que nos ocupa. Las plantas silvestres y las variedades de cultivos locales pueden adquirir las características de plantas transgénicas y, con ello, alterar el reservorio natural genético del maíz; además, estas plantas modificadas pueden perjudicar el desarrollo de las plantas naturalmente cultivadas de su entorno, lo que puede provocar graves trastornos en los ecosistemas donde este maíz se siembre.

La introducción de organismos genéticamente modificados (OGM) en los llamados centros de diversidad o de origen, como es nuestro país para el maíz, para su uso directo como semillas o ya sea destinados para alimento de seres humanos o de animales (en granos) o incluso para su procesamiento, como sucede en nuestro país sin etiquetado, sin segregación y sin reglas de monitoreo y vigilancia, constituye una amenaza, tanto a nivel biológico, como cultural, y se arriesga la seguridad alimentaria, ya que pueden ocurrir liberaciones voluntarias o involuntarias al medio ambiente, como sucedió en el sonado accidente en los estados de Puebla y Oaxaca y, que fue documentado y comprobado en la Universidad de Berkeley por el doctor Ignacio Chapela y Mendoza y aceptado por el Instituto Nacional de Ecología el 17 de septiembre del año 2001. En este incidente se aceptó que el porcentaje de contaminación fue de entre 3 y 10 % en 13 comunidades de Oaxaca, y estudios posteriores arrojaron datos que evidencian que entre el 3 y el 13 % de las semillas presentaron secuencias trasgénicas en 15 localidades de Puebla y Oaxaca.

La gravedad del asunto es tal, que en una muestra tomada de los almacenes Diconsa, que importan maíz de Estados Unidos, se encontró un 37% de semillas trasgénicas. Esta empresa reparte maíz a 23,000 comunidades del país.

El maíz que es importado a México de Estados Unidos desde 1987 está compuesto por una mezcla de maíz normal en un 70% y maíz trasgénico en un 30%. A pesar de que se destine a consumo humano no existen mecanismos de control ni seguimiento para evitar que se le destine otro uso como el de forrajeo o para siembra, lo que constituye una liberación al medio ambiente. Es un hecho que las importaciones de maíz, que en un principio se encuentran destinadas como granos para consumo humano o animal, han contaminado con ADN trasgénico a las variedades nativas.

México importa de Estados Unidos más de 5000 toneladas anuales de maíz, el cual va mezclado con 30 % de trasgénico. Dicho maíz no está etiquetado, ni identificado como trasgénico, lo cual es un riesgo más, para el cual no hay ningún control.

A pesar de estos hechos incontrovertibles y graves, no se han tomado las medidas necesarias para proteger las variedades nativas de maíz, y ante la ausencia de una legislación adecuada, en el momento no existe forma de determinar el daño provocado a nuestra biodiversidad.

A pesar de la situación mencionada, el Senado de la República ratificó el Protocolo de Cartagena con fecha 30 de abril del año 2002. Dicha aprobación se realizó con 91 votos en pro y ninguno en contra es decir, por unanimidad. En dicha sesión tomaron la palabra senadores de todos los grupos parlamentarios para apoyar abiertamente su ratificación, reconociendo la necesidad de proteger la biodiversidad mexicana y su extensión mesoamericana a los centros de origen de cultivos como maíz, frijol, tomate, calabaza, chile, cacao, vainilla y aguacate, todos ellos de importancia comercial. Se mencionó la obligación de defender la pureza de los cultivos mexicanos y sobre todo ante la contaminación precisamente del maíz mexicano.

El Protocolo de Cartagena sólo podía entrar en vigor cuando 50 países los ratificaran, lo cual sucedió el 13 de junio del 2003. Así pues, y después de haber cumplido 60 días de su ratificación definitiva entró en vigor el día 11 de septiembre del 2003.

No obstante haber entrado en vigor un protocolo internacional con carácter de vinculante, dos días después se permitió que fondeara en el puerto de Veracruz el barco Ikan Altamira, procedente de Nueva Orleáns, con un cargamento de 40,000 toneladas de maíz amarillo, como consta en los documentos portuarios. Peor aún, entró en aguas mexicanas escoltado por la Armada mexicana para evitar que fuera interceptado por organizaciones ambientalistas que se oponen a la introducción de maíz trasgénico.

Es un hecho irrefutable que este desembarco significa una violación al articulo 8 G del Convenio de Diversidad Biológica que establece que el gobierno está obligado a ``establecer o mantener medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y liberación de los organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología, que es probable que tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana.

Tampoco se han adoptado medidas para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos de los organismos vivos, modificados sobre las especies y variedades autóctonas del maíz y sus especies silvestres, lo cual también contraviene el artículo 10 b del mismo Convenio de Diversidad Biológica.

Haber permitido este desembarco viola y pasa por alto el mandato del Protocolo de Cartagena, en el sentido de que se debe reconocer la crucial importancia que tienen para la humanidad los centros de origen y los centros de diversidad genética.

Se viola también el artículo 2, numeral 1, que ordena tomar todas las medidas necesarias para proteger un centro de origen.

Se viola el artículo 2, numeral 2, que ordena evitar o reducir los riesgos para la diversidad biológica, teniendo en cuenta también los riesgos para la salud humana.

Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida tendiente a minimizar los riesgos. No existe el etiquetado, monitoreo, ni mecanismos eficientes de control y vigilancia. Esto hace sencillamente imposible evitar liberaciones voluntarias o involuntarias al medio ambiente de nuestro país.

En este sentido, las autoridades mexicanas no han vigilado que la manipulación, transporte y transferencia de cuotas de maíz procedente de Estados Unidos, el cual se encuentra mezclado, no constituya un riesgo para las variedades mexicanas, omitiendo abiertamente la aplicación obligatoria del principio precautorio establecido en el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que a la letra dice: ``...en caso de presunción de riesgo fitosanitario o de efectos indeseados de organismos genéticamente modificados, ante la insuficiencia de evidencias científicas adecuadas, las orientaciones y medidas correspondientes seguirán invariablemente el principio de precaución''.

Se viola el artículo 10 del Protocolo de Cartagena, ya que existe falta de aplicación de adopción de decisiones en torno a la posible aprobación, prohibición o solicitud de mayor información adicional pertinente y se ha permitido que ingrese al país grano transgénico sin hacer ninguna evaluación de riesgo.

México, como país importador de maíz transgénico, está obligado a imponer medidas basadas en la evaluación de riesgo, para evitar efectos adversos de los Organismos Vivos Modificados (OVM) en la conservación y utilización sostenible de su diversidad biológica, más aún, tomando en cuenta que es país de origen de dicho cultivo.

Al permitir que ingrese al país maíz trasgénico mezclado con normal, sin ninguna notificación, ni especificación, se esta violando el artículo 18, numeral, 2 del Protocolo de Cartagena, que exige documentación que identifique claramente a los Organismos Vivos Modificados, así como la identidad y rasgos pertinentes. Esta exigencia se omite en los desembarcos, haciendo imposible siquiera el conocimiento del tipo de grano que ingresa, mucho menos su control.

Finalmente, el artículo 420 Ter del Código Penal vigente establece que: ``se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa quien, en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales''.

Tal es el caso que nos ocupa.

Es de hacer notar que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) fue creada con objeto de coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas a la bioseguridad y a la producción, importación, exportación, movilización, propagación, liberación, consumo y, en general, uso y aprovechamiento de organismos genéticamente modificados, sus productos y subproductos. Está constituida por los titulares de Sagarpa, Semarnat, SSA, SHCP, SE, SEP y Conacyt. Sin embargo, pareciera que fue creada para facilitar el movimiento transfronterizo de los organismos genéticamente modificados, de acuerdo con la forma en que se ha venido desempeñando.

Por otra parte, en los próximos días se esperan dos desembarcos más: el primero se espera a partir del 21 de septiembre a bordo de la embarcación de nombre Jin Shang Hai, de bandera China, pero que procede de Estados Unidos, con 32,000 toneladas de sorgo, trigo y maíz. El segundo es el barco de nombre Fanfare, con bandera de Bahamas, pero con un cargamento de 40,000 toneladas de maíz amarillo procedente de Estados Unidos, y cuyo arribo se espera a partir del día 22 de septiembre.

Es imperativo que se detenga el desembarco del grano de dichos buques hasta en tanto no se cumplan todos los requerimientos que impone la normatividad nacional y el Protocolo de Cartagena.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México somete al pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que realice los trámites correspondientes ante las autoridades portuarias a efecto de que se suspenda el desembarco de grano en el puerto de Veracruz de los buques: Jin Shang Hai de bandera China, pero que procede de Estados Unidos, con 32,000 toneladas de sorgo, trigo y maíz y cuyo arribo se espera a partir del día 21 de septiembre. Y del barco de nombre Fanfare, con bandera de Bahamas, pero con un cargamento de 40,000 toneladas de maíz amarillo procedente de Estados Unidos, y cuyo arribo se espera a partir del 22 de septiembre, hasta en tanto se cumpla con toda la normatividad nacional e internacional vigente.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal para la Protección al Ambiente (Profepa) a que se ordene el aseguramiento precautorio del maíz transportado por el barco Ikan Altamira, procedente de Nueva Orleáns, con un cargamento de 40,000 toneladas de maíz amarillo y que fondeó en el muelle 6-S, del puerto de Veracruz el día 13 de septiembre del presente año, hasta en tanto no se cumpla con los mandatos del Protocolo de Cartagena y de la normatividad nacional vigente.

Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a que, de manera urgente, tomen las acciones pertinentes para aplicar medidas acordes a las disposiciones ya vigentes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en Biotecnología, a efecto de preservar y proteger la condición de México como centro de origen y biodiversidad, fundamentalmente en el sentido de dictar medidas para realizar las evaluaciones de riesgo específicas, en los movimientos transfronterizos de los organismos vivos modificados (OVM).

Cuarto.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a que cumpla con el objetivo de su creación y coordine las políticas relativas a la importación, movilización, liberación de organismos genéticamente modificados de acuerdo con el Protocolo de Cartagena y a la legislación nacional aplicable, y a que realice una investigación de los hechos antes mencionados y se deslinden responsabilidades conforme a derecho.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de septiembre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jaqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María de la Luz Arias Staines, María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Se instruye a la Secretaría. Túrnese a la Comisión de Salud. En tanto se designe la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Para el mismo tema se le concede el uso de la palabra al diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Antonio Mejía Haro:

Con la venia del señor presidente. Estimados diputados, diputadas: el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expresa su apoyo al punto de acuerdo en relación a la situación legal ambiental debido al ingreso de maíz transgénico a nuestro país por las siguientes razones:

1. Gracias a sus condiciones terrestres, a su clima, localización, México es un país megadiverso, centro de origen de importantes semillas como el maíz y la calabaza, recursos que deben ser protegidos como estratégicos para el desarrollo integral del país.

2. En la actualidad las evidencias no son concluyentes en torno a los impactos ambientales y a la salud humana, vegetal y animal que pudieran tener el empleo de organismos genéticamente modificados en la producción agropecuaria. Ante esta situación, desde el año de 1998 se prohibió en el país la importación de semillas transgénicas.

3. El año pasado se encontraron evidencias de la presencia de maíz contaminado con maíz transgénico en los estados de Oaxaca y Puebla, donde no está autorizado el uso de estas semillas.

El riesgo para esta gramínea que se domesticó en este país es inminente.

Para los expertos en biodiversidad la pérdida de la diversidad biológica acarrea la pérdida de una posibilidad de sobrevivencia, proceso que ha ocurrido a lo largo de la historia.

4. De acuerdo con las disposiciones del Protocolo de Cartagena, se establece que los países firmantes deberán contar con una legislación que regule el manejo de los organismos genéticamente modificados. En caso de que estos países signatarios no cuenten con una legislación interna en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados al momento de que entre en vigor, aplicarán las disposiciones del Protocolo en ausencia de la legislación.

Este protocolo entró en vigor el pasado 11 de septiembre del año en curso. A la fecha México no cuenta con una legislación nacional, lo que ocasiona que incumpla con las disposiciones más importantes del protocolo, pero lo más grave es que el país no está en posibilidades de garantizar con un marco regulatorio propio la protección de su diversidad biológica, de la salud humana de sus habitantes y la sanidad animal y vegetal y acuícola respecto de los riesgos que se le pudieran presentar en el uso de organismos genéticamente modificados.

En ese sentido se requiere de una legislación que sea acorde con las características y condiciones de la República Mexicana.

5. En el Acuerdo Nacional para el Campo, se establece en el punto 226 que las iniciativas de ley sobre bioseguridad de organismos genéticamente modificados, para la biotecnología, tengan menores posibilidades de contribuir al desarrollo de la agricultura con las medidas de seguridad adecuadas para el medio ambiente y de la salud humana.

El Poder Ejecutivo Federal a través de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y organismos genéticamente modificados y en consulta con las organizaciones campesinas y de productores, contribuirá al desarrollo de un marco jurídico que permita diseñar e instrumentar una política nacional en materia de experimentación, producción, comercialización de los productos biotecnológicos y organismos genéticamente modificados.

México enfrenta entonces retos. Cómo aprovechar al máximo el potencial de la biotecnología, pero con responsabilidad y conciencia. Se requiere proteger la diversidad biológica y atender preventivamente riesgos a la salud humana.

Por lo anterior nos adherimos al punto de acuerdo presentado ante este pleno y consideramos que debe de ser tratado como de urgente y obvia resolución para que se detenga el desembarco del maíz transgénico procedente de Nueva Orleans, Estados Unidos y se ordene en su caso el aseguramiento precautorio hasta en tantos se revise lo estipulado en el Protocolo de Cartagena y en el Convenio de Diversidad Biológica.

Reiteramos la necesidad urgente de legislar en materia de bioseguridad y organismos genéticamente modificados a efecto de garantizar la biodiversidad, la salud pública y la preservación del medio ambiente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia ya turnó el punto de acuerdo a la Comisión de Salud.

Continúe la Secretaría.

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ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 25 de septiembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Eugenia Vázquez Mota.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica, que con motivo del 238 aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 30 de septiembre a las 11:00 horas en el monumento erigido a su memoria, en la Plaza de la Ciudadela y Emilio Dondé, delegación Cuauhtémoc.

Oficio de la Cámara de Senadores.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña (a las 21:17 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 25 de septiembre a las 11:00 horas, en la que comparecerá la Secretaria de Desarrollo Social y se les informa que las listas de registro de asistencia, estarán desde las 9:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 9 horas 59 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 367 diputados.

Comparecencia del licenciado Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 3.

Diputada que solicita licencia: 1.

Diputado suplente que se incorpora: 1.

Proposiciones con punto de acuerdo: 6.

Punto de acuerdo aprobado: 6.

Oradores en tribuna: 79

PRI-24; PAN-11; PRD-17; PVEM-6; PT-5; PC.6; Secretario de Gobernación-10.

Se recibió:

1 Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal;

1 Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite contestación en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;

1 iniciativa del PRI;

1 iniciativa del PT.

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DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alonso Díaz-Caneja, Ángel Juan (PAN) Región Sur-Sureste: 78

Angulo Góngora, Julián (PAN) Análisis III Informe de Gobierno. Secretario de Gobernación: 48, 51

Arabian Couttolenc, Miriam de Lourdes (PAN) Griselda Teresa Tirado Evangelio: 83

Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe (PVEM) Diputada que solicita licencia: 59

Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe (PVEM) Granos genéticamente modificados: 124

Arias Martínez, Lázaro (PRI) Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar: 116

Avila Nevárez, Pedro (PRI) Fondo Nacional de Desastres Naturales: 90

Avila Serna, María (PVEM) Lizeth Peña Sosa: 110

Avilés Nájera, Rosa María (PRD) Región Sur-Sureste: 81

Avilés Nájera, Rosa María (PRD) Griselda Teresa Tirado Evangelio: 82

Burgos García, Enrique (PRI) Análisis III Informe de Gobierno. Secretario de Gobernación: 52, 55

Castro Ríos, Sofía (PRI) Estado de Oaxaca: 105

Cortés Jiménez, Rodrigo Iván (PAN) Irak: 98

Chavarría Valdeolivar, Francisco (PRD) Ley de Energía para el Campo: 76

Díaz Rodríguez, Homero (PRI) Irak: 99

Duarte Olivares, Horacio (PRD) Análisis III Informe de Gobierno. Secretario de Gobernación: 26, 30

Ensástiga Santiago, Gilberto (PRD) Análisis III Informe de Gobierno. Secretario de Gobernación: 39, 42

Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Articulo 69 Constitucional: 73

Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Región Sur-Sureste: 80

Espinoza Pérez, Luis Eduardo (PRD) Diputada que solicita licencia: 58

Esteva Melchor, Luis Andrés (PAN) Estado de Oaxaca: 105

Godínez y Bravo, Rebeca (PRI) Análisis III Informe de Gobierno. Secretario de Gobernación: 43, 47

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Irak: 96

González Yáñez, Alejandro (PT) Análisis III Informe de Gobierno. Secretario de Gobernación: 19, 21

Gutiérrez Corona, Leticia (PRI) Derecho de las mujeres a votar y ser elegidas: 121

Guzmán Santos, José (PRI) Estado de Oaxaca: 103

Herrera Ascencio, María del Rosario (PRD) Estado de Oaxaca: 100, 106

Herrera Herbert, Marcelo (PRD) Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar: 115

Herrera Tovar, Ernesto (PAN) Fondo Nacional de Desastres Naturales: 91, 94

Hinojosa Ochoa, Baltazar Manuel (PRI) Estado de Tamaulipas: 118

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Análisis III Informe de Gobierno. Secretario de Gobernación: 25

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC) Análisis III Informe de Gobierno. Secretario de Gobernación: 14, 18

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC) Estado de Oaxaca: 106, 108

Martínez Ramos, Jorge (PRD) Irak: 97

Mejía Haro, Antonio (PRD) Granos genéticamente modificados: 129

Meza Cabrera, Fidel René (PRI) Griselda Teresa Tirado Evangelio: 84

Mícher Camarena, Martha Lucía (PRD) Diputada que solicita licencia: 60

Nahle García, Arturo (PRD) Fondo Nacional de Desastres Naturales: 93

Neyra Chávez, Armando (PRI) Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar: 117

Ochoa Fernández, Cuauhtémoc (PVEM) Ana Gabriela Guevara Espinoza: 85

Padilla Peña, Joel (PT) Fondo Nacional de Desastres Naturales: 88

Penagos García, Sergio (PAN) Análisis III Informe de Gobierno. Secretario de Gobernación: 31, 34

Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar: 114

Ramírez Pineda, Luis Antonio (PRI) Artículo 27 Constitucional: 67

Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo (PRI) Estado de Oaxaca: 107, 109

Ramos Salinas, Oscar Martín (PRI) Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar: 112

Rodríguez Díaz, Hugo (PRI) Lizeth Peña Sosa: 111

Romero Romero, Jorge (PRI) Análisis III Informe de Gobierno. Secretario de Gobernación: 35, 38

Ruiz Cerón, Gonzalo (PRI) Estado de Oaxaca: 109

Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto (PAN) Ana Gabriela Guevara Espinoza: 87

Sánchez López, Jacobo (PRI) Región Sur-Sureste: 80

Saucedo Pérez, Francisco Javier (PRD) Estado de Oaxaca: 104

Vázquez García, Quintín (PRI) Fondo Nacional de Desastres Naturales: 92

Velasco Coello, Manuel (PVEM) Análisis III Informe de Gobierno. Secretario de Gobernación: 22

Wong Pérez, José Mario (PRI) Ley de Energía para el Campo: 75

Zepeda Burgos, Jazmín Elena (PRD) Ana Gabriela Guevara Espinoza: 86

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APENDICE
C. Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación.--- Presente. Atentamente. Dip. Alejandro González Yánez Dip. Pedro Vázquez González


Plan Nacional de Seguridad PUblica Transparencia y Acceso a la InformaciOn Reforma del Estado Consejo Nacional Contra la Discriminación


I. ESTADO DE DERECHO II. SEGURIDAD III. POLITICA INTERIOR


C. Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación.--- Presente. Reforma del Estado Migrantes Medios de Comunicación Inmujer Fonden Derechos Humanos Autonomía Indígena


Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Cámara de Diputados.--- Presente. I. Conflictos, falta de cooperación y ausencia de rumbo. II. Derechos Humanos. Atentamente