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DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares | PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano |
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala |
| AÑO I | México, DF, 30 de septiembre de 2003 | Sesión No. 10 |
Desde su curul el diputado Pedro Avila Nevárez, solicita la inscripción de una proposición con punto de acuerdo. El Presidente explica el procedimiento para la elaboración del orden del día y solicita al diputado Avila Nevárez hacer llegar su petición a la Junta de Coordinación Política
Dos comunicaciones del Congreso del estado de Guanajuato por las que remite los decretos mediante los que se determinan los límites entre los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón y de Moroleón y Uriangato. De enterado
El Presidente informa que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de las comisiones ordinarias de la LIX Legislatura se abordará en el transcurso de la sesión
Oficio del Congreso del estado de Chihuahua con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 190-bis del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto a publicidad y propaganda durante procesos electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación y en tanto se designa queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo
El diputado Enrique Ariel Escalante Arceo presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de convenios entre las entidades federativas. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y en tanto se designa queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo
El diputado Luis Antonio González Roldán presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos: 24, 28, 30, 38 y 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre la creación de partidos políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación y en tanto se designa queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo
Oficio de la Cámara de Senadores por el que remite iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo al Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, presentada por el senador Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en tanto se designa queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo
Oficio de la Cámara de Senadores por el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, referente a cuotas compensatorias y presentada por el senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en tanto se designa queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, del Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía y del Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, sobre la entrada de llantas usadas a México. De enterado; remítanse a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en tanto se designan las comisiones, consérvense en la Dirección General de Proceso Legislativo
Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, del Secretario Técnico de Planea-ción sobre la ampliación de periodo de vigencia del esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país en la región fronteriza. De enterado; remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento y en tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo
Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, del Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, en relación con el proceso penal del ciudadano Armando Villarreal Martha. De enterado; remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y en tanto se designa la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo
Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso necesario para que la ciudadana Erika Silvia Rempening Rico pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Alemania en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en la zona media del estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Gobernación y en tanto se designa queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en tanto se designa queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo
Oficio de los ciudadanos Ricardo Franco Guzmán y Adrián Franco Zevada con el que solicitan el permiso necesario para prestar servicios en la Embajada de Belice en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y en tanto se designa queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo
El diputado Inti Muñoz Santini presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Senado de la República a restituir en su recinto la exposición denominada: "Violencia desde el Noviazgo, una Mirada desde el Faro". Se turna a la Junta de Coordinación Política
La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con la sesión solemne para inscribir en letras de oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo
El diputado Quintín Vázquez García presenta proposición con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial encargada de coadyuvar con las instancias correspondientes y verificar la pronta aplicación de los recursos del fondo revolvente del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Se turna a la Junta de Coordinación Política
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con los hechos sucedidos el 10 de junio de 1971. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo
El diputado Jorge Legorreta Ordorica presenta proposición con punto de acuerdo, para que a la Comisión Nacional del Deporte se le asigne mayor presupuesto en el ejercicio fiscal de 2004. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo
El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez presenta proposición con punto de acuerdo, para que el pleno de la Cámara de Diputados acuerde criterios generales para la selección de candidatos y la elección de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral para el ejercicio 2003-2010. Se turna a la Junta de Coordinación Política
Habla al respecto el diputado Emilio Zebadúa González
La diputada María Cristina Díaz Salazar presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal que el gasto del sector salud no se reduzca para el ejercicio fiscal de 2004. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo
El diputado Adrián Chávez Ruiz presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar la excarcelación del líder del Frente Estatal Pesquero de Sinaloa, Jesús Leyva, y exhortar a la Comisión Nacional de Pesca a reforzar las actividades de ordenamiento pesquero en el país. Por lo que se refiere a la solicitud, se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y en lo referente al exhorto se turna a la Comisión de Pesca, y en tanto se designan, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo
La diputada María del Carmen Izaguirre Francos presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con la política de empleo del Gobierno Federal. Se considera de urgente resolución, comuníquese
La diputada María Guadalupe Morales Rubio presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con el fallecimiento de recién nacidos en el hospital 1º de octubre del ISSSTE
Se considera el asunto de urgente resolución, hablan en pro los diputados:
José Angel Córdova Villalobos
Concepción Olivia Castañeda Ortiz
Rectifica hechos el diputado Jesús Porfirio González Schmal
Contesta alusiones personales la diputada María Cristina Díaz Salazar
Suficientemente discutido el punto de acuerdo se aprueba. Comuníquese
El diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra presenta proposición con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial de asuntos de la frontera sur. Se turna a la Junta de Coordinación Política
El diputado Daniel Ordóñez Hernández presenta proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Secretario de Gobernación a que convoque, mediante la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, a un debate amplio y abierto con la participación ciudadana, asociaciones religiosas e instituciones académicas para emitir el proyecto de Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Se turna a la Comisión de Gobernación y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu presenta proposición con punto de acuerdo, para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Gobernación a que con la mayor brevedad se liberen los recursos del fondo revolvente del Fonden y del Fondo de Apoyo para Contingencias a los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca, Acaponeta y El Nayar, del estado de Nayarit
Se considera de urgente resolución y hablan en pro los diputados:
Manuel Pérez Cárdenas
Joel Padilla Peña
Se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese
La diputada Laura Elena Martínez Rivera presenta proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales, que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluidos varios tratados internacionales por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo
Intervienen sobre el tema los diputados:
María Avila Serna
Eliana García Laguna
Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre
Jesús Porfirio González Schmal
Se refieren al XL aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, los diputados:
Juan Fernando Perdomo Bueno
Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Francisco Javier Carrillo Soberón
Francisco Javier Salazar Díez de Sollano
Sergio Arturo Posadas Lara
Para referirse al CCXXXVIII aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, se concede la palabra a los diputados:
Jaime Miguel Moreno Garavilla
Fernando Espino Arévalo
Ana Lilia Guillén Quiroz
Marko Antonio Cortés Mendoza
Miguel Amezcua Alejo
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con acuerdo para la integración de las comisiones ordinarias de la LIX Legislatura
Sin discusión se aprueba
De la próxima sesión
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Se informa a la Presidencia que en el sistema electrónico de asistencia, existen registrados 329 diputados, señor Presidente. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:21 horas):Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Martes 30 de septiembre de 2003.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del Congreso del estado de Guanajuato.
De la Junta de Coordinación Política.
Acuerdo para la integración de comisiones ordinarias de la LIX Legislatura.
Iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua
Que adiciona el artículo 100-bis, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
Que reforma y adiciona los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Ariel Escalante Arceo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Oficios de la Cámara de Senadores
Con el que remite iniciativa que deroga el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo al Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, presentada por el senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con el que remite iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, presentada por el senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cuatro, con los que remite copias de las contestaciones: del Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía; del Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y del Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Erika Silvia Rempening Rico, pueda desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en la zona media del estado de Veracruz, teniendo como límites la frontera norte del municipio de Nautla y la frontera sur de los municipios sobre el río Papaloapan. (Turno a comisión.)
Minuta
Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 9º-A de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a comisión.)
Solicitud de particulares
Por la que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ricardo Franco Guzmán y Adrián Franco Zevada, puedan prestar servicios como asesores jurídicos en la Embajada de Belice, en México. (Turno a comisión.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo mediante el cual se hace un exhorto al Ejecutivo del estado de Zacatecas, para que se promulgue la nueva Ley Electoral aprobada por la Legislatura del Estado, a cargo del diputado José Isabel Trejo Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Pendiente de trámite.)
Con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República, a restituir en su recinto de Xicoténcatl la exposición ``Violencia desde el noviazgo, una mirada desde el Faro'', a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación con la realización de la sesión solemne para que se inscriba con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados, el nombre de ``Universidad Nacional Autónoma de México'', a cargo del diputado Maximino Alejandro Fernández Avila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para cambiar el mecanismo de elección de presidentes y secretarios de las comisiones y comités, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial encargada de coadyuvar con las instancias correspondientes y verificar la pronta aplicación de los recursos del fondo revolvente del Fonden, así como su eficiente y eficaz ejercicio, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Comisión Nacional del Deporte, tenga para el año 2004 mayor presupuesto por ser éste, año olímpico, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo a fin de que el pleno acuerde criterios generales para la selección de candidatos, para la discusión correspondiente y para la elección de consejeros electorales del IFE para el periodo 2003-2010, a cargo del diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Convergencia. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo para que instruya al Secretario de Hacienda, ante el escenario que la misma Secretaría de Hacienda proyecta, de una reducción del presupuesto, el gasto del sector salud se atienda con responsabilidad social sin reducción alguna, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar la excarcelación del líder del Frente Estatal Pesquero de Sinaloa, Jesús Leyva, y exhortar a la Conapesca para reforzar las actividades de ordenamiento pesquero en el país, a cargo del diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal a fin de que a partir del inicio de la segunda mitad de su administración, lleve a cabo una revisión en su política de generación de empleos, asimismo ponga énfasis en la recuperación de los mismos, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la PGR, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y a la Contraloría Interna del ISSSTE envíe a la Comisión de Salud de esta soberanía, un informe periódico y detallado de los resultados de las investigaciones realizadas en torno a los fallecimientos de recién nacidos en el Hospital 1o. de Octubre del ISSSTE, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos y programas de desarrollo regional, relacionados con la frontera sur, a cargo del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Gobernación, convoque a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, a la discusión amplia y abierta con la participación ciudadana, asociaciones religiosas e instituciones académicas, para la emisión del proyecto de reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo y al titular de la Secretaría de Gobernación a que a la mayor brevedad posible liberen los recursos del fondo revolvente del Fonden y del Fondo de Apoyo para Contingencias a los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz la Yesca, Acaponeta y el Nayar, del estado de Nayarit, se integre una comisión especial de diputados, que se traslade a las zonas de desastre para su evaluación, a cargo de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo para solicitar se investigue lo relativo a la empresa Carbontec, SA de CV, de la Isla de Cayacal, del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales, que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley incluyendo varios tratados internacionales, a cargo de la diputada Laura Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal respetar lo dispuesto por el decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Efemérides
Sobre el XL aniversario de la nacionalización de la Industria Eléctrica, a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.
Sobre el aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, a cargo de diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor Secretario.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría...
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul):
Quiero pedirle con todo respeto que se integre en el orden del día un exhorto a la Cámara de Senadores para que se apruebe la Ley de Armas y de Fuego. Con todo respeto, que se someta señor Presidente, en el orden del día.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Con todo respeto, señor diputado le expreso, lo que le expresamos antes. El orden del día de acuerdo con la Ley Orgánica es preparada con las propuestas de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva.
Yo le pediría que haga llegar su pedimento a la Junta de Coordinación Política para que sea incluido en la orden del día de la siguiente sesión.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul):
Señor Presidente, se está violando el derecho que tengo para hacer una propuesta, el derecho que el pueblo me ha conferido al haber sido electo por el pueblo.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Estamos sujetos a la Ley Orgánica, señor diputado.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul):
Entonces aquí nada más venimos a levantar el dedo.
Continúe la Secretaría, consultando a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Por lo tanto, los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, la mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinticinco de septiembre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEn el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos setenta y dos diputadas y diputados, a las once horas con veintitrés minutos del jueves veinticinco de septiembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba.
Comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Social, licenciada Josefina Eugenia Vázquez Mota, para el análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada.
El Presidente informa que en el salón de recepción se encuentra la Licenciada Josefina Eugenia Vázquez Mota, Secretaria de Desarrollo Social, y designa una comisión para introducirla al recinto.
Con fundamento en el acuerdo por el que se establecen las bases para las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, aprobado por la Asamblea el dieciocho de septiembre de dos mil tres, la Presidencia concede la palabra para formular sus cuestionamientos a los diputados: Luis Maldonado Venegas, de Convergencia; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México; Rafael Flores Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática; y María Guadalupe Suárez Ponce, del Partido Acción Nacional; a quienes en su oportunidad la Secretaria de Desarrollo Social da respuesta.
Ejercen el derecho de réplica en su momento, los diputados: Maldonado Venegas; Espinosa Ramos; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, en lugar del diputado Espino Arévalo; Flores Mendoza; y Armando Rangel Hernández, en lugar de la diputada Suárez Ponce.
Formula sus cuestionamientos el diputado Rafael Galindo Jaime, del Partido Revolucionario Institucional, quien después de las respuestas de la Secretaria compareciente,
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEjerce su derecho de réplica.
Continúan en la formulación de sus cuestionamientos la diputada Socorro Díaz Palacios, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Roberto Pedraza Martínez, del Partido Revolucionario Institucional; a quienes da respuesta en su momento la Secretaria de Desarrollo Social. Ambos diputados ejercen en su oportunidad el derecho de réplica.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional, formula sus cuestionamientos y después de las respuestas de la Secretaria compareciente,
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEjerce su derecho de réplica.
El diputado Felipe Medina Santos, del Partido Revolucionario Institucional, formula sus cuestionamientos y posteriormente a las respuestas de la Secretaria de Desarrollo Social, ejerce su derecho de réplica.
El Presidente agradece la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Licenciada Josefina Eugenia Vázquez Mota, informa que la versión estenográfica de esta sesión será enviada al Presidente de la República para su conocimiento y solicita a la comisión designada acompañar a la Secretaria cuando desee retirarse del salón.
Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del bicentésimo trigésimo octavo aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Comunicación de la Cámara de Senadores por la que remite acuerdo del Congreso del estado de Coahuila por el que solicita se autoricen mayores recursos económicos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Comunicación de la Cámara de Senadores por la que remite acuerdo en relación con el huracán Marty y por el que solicita se incrementen los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Cuatro comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:
Con acuerdo en relación con el secuestro del diputado federal electo Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia. Se aprueba en votación económica. El Presidente se solidariza con el acuerdo aprobado e informa que hará a nombre de la Mesa Directiva los esfuerzos para defender el fuero del diputado secuestrado y lograr la mejor solución.
Con acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, se homologuen los precios del diesel marino y del agropecuario en beneficio de los pescadores de altamar del país. Se aprueba en votación económica.
Con acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, extienda su vigencia al menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil tres. Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra
Se aprueba en votación económica.
Con acuerdo para solicitar la intervención de la Secretaría de Salud en relación con el brote de conjuntivitis en el país. Se aprueba en votación económica.
Oficio de la Cámara de Senadores por el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento setenta y seis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en tanto ésta se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Lázaro Arias Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la liberación del líder cañero Luis Félix Rodríguez Sosa. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación del déficit financiero en la Secretaría de Educación del estado de Guerrero. Se refiere al tema el diputado Abel Echeverría Pineda, del Partido Revolucionario Institucional. Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo cincuenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita una moción de procedimiento que el Presidente atiende y en votación económica la Asamblea desecha la proposición.
Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con la tortuga marina en el estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
José Isabel Trejo Reyes, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo del estado de Zacatecas, a que promulgue la Ley Electoral aprobada por el Congreso Local y solicita trámite de urgente resolución. La Secretaría recoge la votación económica respectiva declarando que la mayoría es por la afirmativa y desde su curul el diputado José Luis Medina Lizalde, del Partido de la Revolución Democrática, solicita se cuenten los votos. El Presidente considera fundada la solicitud e instruye a la Secretaría a recoger la votación nuevamente, misma que arroja los siguientes resultados: ciento sesenta y cinco votos en pro y cincuenta y tres en contra.
El Presidente señala que, de acuerdo con el resultado de la votación, queda acreditado que no hay quórum, pues están presentes doscientos dieciocho diputados y con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento seis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, levanta la sesión a las diecisiete horas con nueve minutos, citando para la que tendrá lugar el martes treinta de septiembre de dos mil tres, a las once horas.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Esta a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobada el acta.Continué la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Guanajuato.
C. Dip. Armando Salinas Torre, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal.--- Presente.
Anexo al presente me permito remitir a usted el decreto número 205, aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato en sesión ordinaria celebrada hoy, mediante el cual el Congreso del estado determina los límites entre los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, Gto., para los efectos conducentes.*
Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Guanajuato, Gto., a 24 de julio de 2003.--- Dip. Carlos Vidal Rojas Yerena (rúbrica), Presidente del Congreso del Estado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Guanajuato.
Decreto Número 205La H. Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato decreta:
Artículo Primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato determina los límites entre los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, Guanajuato, con base en una línea divisoria que se desplaza en una línea quebrada, comenzando en el noreste en la colindancia de los dos municipios en cuestión y el municipio de León, y terminando en el suroeste con la colindancia entre ambos municipios y el de Manuel Doblado.
Tiene en su totalidad una extensión de cuarenta kilómetros treinta y cinco metros y cincuenta y cinco centímetros, con un total de 335 (trescientos treinta y cinco) segmentos de líneas rectas con diferente dirección y 336 (trescientos treinta y seis) nodos o puntos de referencia.
El segmento más corto registrado es de catorce metros con veintiséis centímetros; y el más largo, de ochocientos ochenta y cinco metros con cuatro centímetros.
La composición del límite municipal en su porción noreste se desplaza en línea quebrada sobre territorio considerado rural, en una distancia de seis mil trescientos treinta y nueve metros y noventa y seis centímetros, con treinta y nueve segmentos de líneas rectas con diferentes direcciones vectoriales.
En su porción central se desplaza en línea quebrada formando un semicírculo entre las cabeceras municipales de los municipios en cuestión, cruzando por diferentes calles a través de las zonas urbanas, con una longitud de nueve mil ciento seis metros y trece centímetros, con un total de 114 segmentos de líneas rectas con diferentes direcciones vectoriales; y, en su porción suroeste, en línea quebrada sobre territorio considerado rural, con una distancia de veinticuatro mil quinientos ochenta y nueve metros y cincuenta y tres centímetros, compuesta por ciento ochenta y dos segmentos de líneas rectas con diferente dirección vectorial.
Artículo Segundo. Los 336 (trescientos treinta y seis) nodos o puntos de referencia que integran de manera específica la línea divisoria entre los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, Guanajuato, están contenidos en el anexo I que forma parte de este decreto.
Artículo Tercero. Las ortofotos digitales que ubican fotográficamente los 336 (trescientos treinta y seis) nodos que integran de manera específica la línea divisoria entre los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, Guanajuato, están contenidas en el anexo II que forma parte de este decreto.
Artículos TransitoriosArtículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del gobierno del estado.
Artículo Segundo. Para los efectos legales, los habitantes de los municipios de San Francisco del Rincón y de Purísima del Rincón, Guanajuato, que con base en el presente decreto hayan cambiado de municipio continuarán sujetos a la competencia espacial de las autoridades municipales, estatales y federales, actualmente reconocida y durante el año 2003 (dos mil tres), salvo las de materia jurisdiccional.
Artículo Tercero. Los habitantes de los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, Guanajuato, que con base en el presente decreto hayan cambiado de municipio estarán sujetos a la competencia que les sea aplicable como consecuencia del cambio de adscripción municipal, a partir del año 2004 (dos mil cuatro).
Artículo Cuarto. Comuníquese el presente decreto a las siguientes autoridades:
a) Municipales
1. Los cuarenta y seis ayuntamientos del estado de Guanajuato.
b) Estatales
1. Titular del Poder Ejecutivo estatal.
2. Entidades de la administración pública estatal.
3. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y Consejo del Poder Judicial del estado.
4. Organismos autónomos.
c) Federales
1. Titular del Poder Ejecutivo Federal.
2. Entidades de la Administración Pública Federal.
3. Cámara de Diputados federal y Cámara de Senadores.
4. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
6. Organismos autónomos.
Lo tendrá entendido el ciudadano gobernador constitucional del estado y dispondrá que se imprima, publique, circule y que se le dé el debido cumplimiento.
Guanajuato, Gto., a 24 de julio de 2003.--- Dip. Carlos Vidal Rojas Yerena (rúbrica), Presidente; Dip. Jorge Ignacio Luna Becerra (rúbrica), Secretario; Dip. Jesús Domínguez Aranda (rúbrica), Secretario.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:De enterado.La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Guanajato.
C. Dip. Armando Salinas Torre, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal.--- Presente.
Anexo al presente me permito remitir a usted el decreto número 204, aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada hoy, mediante el cual el Congreso del estado determina los límites entre los municipios de Moroleón y Uriangato, Gto., para los efectos conducentes.*
Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Gto., a 24 de julio de 2003.--- Dip. Carlos Vidal Rojas Yerena (rúbrica), Presidente del Congreso del Estado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Guanajuato.
Decreto Número 204
La H. Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato decreta:
Artículo Primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato determina los límites entre los municipios de Moroleón y Uriangato, Guanajuato, con base en una línea divisoria que se desplaza en una línea quebrada, comenzando en el norte en la colindancia de los dos municipios en cuestión y el de Yuriria, los tres del estado de Guanajuato, y terminando en el sur con la colindancia entre ambos municipios y el de Cuitzeo, del estado de Michoacán.
Tiene en su totalidad una extensión de veintitrés kilómetros novecientos sesenta y seis metros y nueve centímetros, con un total de 418 (cuatrocientos dieciocho) segmentos de líneas rectas con diferente dirección y 419 (cuatrocientos diecinueve) nodos o puntos de referencia.
El segmento más corto registrado es de dos metros con noventa y tres centímetros; y el más largo, de quinientos cuarenta y tres metros con treinta y cinco centímetros.
La composición del límite municipal en su porción norte se desplaza en línea quebrada sobre territorio considerado rural, en una distancia de mil catorce metros y sesenta y siete centímetros, con cuarenta segmentos de líneas rectas con diferentes direcciones vectoriales.
En su porción central se desplaza en línea quebrada sobre la parte central de diferentes calles a través de la zona urbana, con una longitud de cuatro mil setecientos sesenta y ocho metros y veintinueve centímetros, con un total de 52 (cincuenta y dos) segmentos de líneas rectas con diferentes direcciones vectoriales; y en su porción sur en línea quebrada, formando una zona irregular circular en la parte final, con una distancia de dieciocho mil ciento ochenta y tres metros y trece centímetros, compuesta por trescientos dieciocho segmentos de líneas rectas con diferente dirección vectorial.
Artículo Segundo. Los 419 (cuatrocientos diecinueve) nodos o puntos de referencia que integran de manera específica la línea divisoria entre los municipios de Moroleón y Uriangato, Guanajuato, están contenidos en el anexo I que forma parte de este decreto.
Artículo Tercero. Las ortofotos digitales que ubican fotográficamente los 419 (cuatrocientos diecinueve) nodos que integran de manera específica la línea divisoria entre los municipios de Moroleón y Uriangato, Guanajuato, están contenidas en el anexo II que forma parte de este decreto.
Artículos TransitoriosArtículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del gobierno del estado.
Artículo Segundo. Para los efectos legales, los habitantes de los municipios de Moroleón y Uriangato, Guanajuato, que con base en el presente decreto hayan cambiado de municipio continuarán sujetos a la competencia espacial de las autoridades municipales, estatales y federales, actualmente reconocida y durante el año 2003 (dos mil tres), salvo las de materia jurisdiccional.
Artículo Tercero. Los habitantes de los municipios de Moroleón y Uriangato, Guanajuato, que con base en el presente decreto hayan cambiado de municipio estarán sujetos a la competencia que les sea aplicable como consecuencia del cambio de adscripción municipal, a partir del año 2004 (dos mil cuatro).
Artículo Cuarto. Comuníquese el presente decreto a las siguientes autoridades:
a) Municipales
1. Los cuarenta y seis ayuntamientos del estado de Guanajuato.
b) Estatales
1. Titular del Poder Ejecutivo estatal.
2. Entidades de la administración pública estatal.
3. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y Consejo del Poder Judicial del estado.
4. Organismos autónomos.
c) Federales
1. Titular del Poder Ejecutivo federal.
2. Entidades de la Administración Pública Federal.
3. Cámara de Diputados federal y Cámara de Senadores.
4. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
6. Organismos autónomos.
Lo tendrá entendido el ciudadano gobernador constitucional del estado y dispondrá que se imprima, publique, circule y que se le dé el debido cumplimiento.
Guanajuato, Gto., a 24 de julio de 2003.--- Dip. Carlos Vidal Rojas Yerena (rúbrica), Presidente; Dip. Jorge Ignacio Luna Becerra (rúbrica), Secretario; Dip. Jesús Domínguez Aranda (rúbrica), Secretario.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:De enterado.El siguiente punto del orden del día es la lectura al acuerdo para la integración de las comisiones ordinarias de la LIX Legislatura.
Se informa a la Asamblea que en razón de los últimos ajustes al acuerdo para la integración de comisiones ordinarias de la LIX Legislatura, la Mesa Directiva difiere este asunto para abordarse más adelante, durante la sesión.
Continué la Secretaría.
«Escudo.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- LX Legislatura.
C. Dip. Lic. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.
Le remito el acuerdo 741/03 IX P.E., aprobado el 26 de agosto del año en curso por el H. Congreso del estado de Chihuahua, mediante el cual se formula iniciativa para adicionar el artículo 190-Bis del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, solicitándole respetuosamente se someta al trámite legislativo.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chih., a 26 de agosto de 2003.--- El Presidente del Congreso del Estado, Dip. Ricardo Arturo Castro López (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- Secretaría.
Acuerdo No. 741/03 IX P.E.La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, en su noveno periodo extraordinario de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional
AcuerdaIniciativa de ley ante el Congreso de la UniónLa Sexagésima Legislatura del estado de Chihuahua ha tenido a bien aprobar la siguiente iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión:
Artículo Unico.- Se adiciona el artículo 190-Bis del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 190-Bis.- Las autoridades federales, estatales y municipales, sea cual sea su rango, se abstendrán de hacer publicidad y propaganda, por cualquier medio, en materia de gestión y obra públicas, treinta días antes del día de las elecciones, sin que esto interfiera en el buen desarrollo de los planes y programas de gobierno.
TransitoriosArtículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a 23 de agosto de 2003.--- Dip. Ricardo Arturo Castro López (rúbrica), Presidente; Dip. Manuel Acosta Lara (rúbrica), Secretario; Dip. Víctor Manuel Rivera Pérez (rúbrica), Secretario.»
Cumplida su encomienda, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora Secretaria.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.Tiene la palabra el diputado Enrique Ariel Escalante Arceo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Enrique Ariel Escalante Arceo:Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El concepto de una Federación parte de la idea de que diversas jurisdicciones autónomas o estados libres, ceden parte de su soberanía con la finalidad de enfrentar determinadas tareas o funciones en forma conjunta o federada, sin perder la potestad de tomar sus propias decisiones respecto a su régimen interior.
Partiendo de ese concepto podemos afirmar que nuestro país ha recorrido todas las frecuencias en el cuadrante entre centralismo y federalismo, desde un México que antes de ser nación se convirtió en país, hasta el México de nuestros días, que siendo ya una nación sólida, con identidad, nos pronunciamos por promover el reconocimiento pleno de los alcances de la soberanía y la libertad de las entidades que conforman nuestra Federación.
Con ese ánimo, he solicitado hacer uso de la tribuna para someter a la consideración del pleno una iniciativa con exposición de motivos y proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de impulsar nuevas facultades para las entidades federativas, haciendo a un lado prejuicios decimonónicos, que lejos de asegurar el Pacto Federal, coartan la libertad de los estados para desarrollar acuerdos o convenios entre sí, que permitan detonar proyectos comunes tendientes a crear espacios de bienestar en el territorio nacional.
La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en su artículo 162, enclavado en el Título Cuarto, Sección Tercera, de las restricciones de los poderes de los estados, prohibía expresamente en su fracción IV que los estados de la Federación entraran en transacción alguna con potencia extranjera; sin embargo, ese mismo artículo en su fracción V permitía a las entidades, previo consentimiento del Congreso General, entrar en transacción o contrato entre ellos.
Asimismo esta fracción, en tratándose de acciones sobre arreglo de límites requería del consentimiento del Congreso General en forma posterior.
La situación varió con el advenimiento de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, que en su artículo 111, fracción I prohibía taxativamente que los estados celebraran alianza, tratado o coalición con otro estado o con potencias extranjeras.
No obstante, esta misma fracción ponderaba la excepción de la coalición entre los estados fronterizos para la guerra ofensiva o defensiva contra los bárbaros .
La Constitución vigente siguió considerando la prohibición de celebrar cualquier tipo de relación contractual entre los estados, en clara tendencia centralista, por el temor al separatismo, circunstancia histórica propia de la primera mitad del Siglo XIX.
En la actualidad la posibilidad de la separación de un estado integrante de la Federación es remota e improbable, debido a la fortaleza y solidez de las instituciones mexicanas, al ambiente de paz que priva en la nación y a la seriedad con la que se conducen gran parte de los gobernantes y representantes populares.
En el texto vigente de nuestra Carga Magna existen dos excepciones a la prohibición de suscribir convenios o acuerdos entre las entidades federativas, las cuales están previstas en los artículos 46 y 119.
El primero, tratándose de convenios amistosos para el caso de problemas limítrofes, con la aprobación del Congreso de la Unión.
El segundo es en materia judicial para el caso de persecución de reos, aunque en este caso no es necesario que sean sancionados por el Poder Legislativo de la Federación.
Es menester dejar atrás el prejuicio histórico del conato separatista, para catapultar a los estados a nuevos espacios donde se cree una alternativa más de desarrollo regional a través de acuerdos o convenios que estén investidos de todos los efectos jurídicos para su debido y puntual cumplimiento.
Por ello, esta soberanía debe considerar una adición al artículo 46 y reformar el artículo 117 fracciones I y II para destrabar viejos resabios y proporcionar la posibilidad a las entidades federativas de contraer convenios o acuerdos entre sí, pero conservando la facultad del Congreso de la Unión para autorizarlos.
Esta medida debe adoptarse no como medio para impedir una remota decisión del territorio federal, sino como una medida clarificadora de las atribuciones y facultades de las entidades federativas que se desprenden por exclusión de las atribuciones y facultades concedidas por la Constitución vigente a la Federación y a los municipios, evitando así cualquier tipo de confusión, controversia o duplicación de funciones.
Por otra parte, será necesario reformar el artículo 105 y adicionarle una nueva fracción tercera con la finalidad de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, mediante un proceso de conciliación, medie entre las partes contratantes en los casos de incumplimiento, modificación o recesión de estos instrumentos de colaboración. Si esta reforma es avalada por el Constituyente Permanente, tendríamos que reformar en breve la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política vigente, a fin de instrumentar el procedimiento por el cual puedan ser ventilados estos casos cuyos fallos sean definitivos, obligatorios e inatacables.
En las últimas dos décadas, nuestros gobiernos nacionales han desencadenado una agresiva e intensa labor a favor de las relaciones comerciales, de la cooperación económica y ayuda a terceros países a través de mecanismos de colaboración como tratados, convenios o acuerdos, cuyos fines han sido crear regiones de bienestar y desarrollo mutuo.
Con ese mismo interés, los poderes de la Federación deberán actuar al interior y estimular a las entidades federativas, para que bajo ese tipo de esquemas y en pleno ejercicio de sus facultades, creen sus propios espacios regionales acordes a su interés común.
Esta reforma se inscribe en el marco del nuevo federalismo. Si esta iniciativa prospera bajo la voluntad mayoritaria de los representantes populares aquí congregados, habremos remontado el tabú manifiesto sobre estos temas que fue divisa de los que nos antecedieron en esta honrosa responsabilidad.
En el Plan Puebla-Panamá, en su punto sobre orientaciones iniciales para un programa de desarrollo integral y sustentable de la región sur-sureste, establece que, la relación bilateral entre los gobiernos estatales y el Gobierno Federal, será complementada cada vez más por una relación regional, en la que los gobiernos de los estados acuerdan entre sí acciones interestatales y forman una base común de acuerdos con el Gobierno Federal.
Dicho plan, continúa diciendo que el principio básico de este modelo es el impulso de la asociación voluntaria entre los gobiernos de los estados para definir y llevar a la práctica una estrategia integral de desarrollo sustentable y proyectos estratégicos regionales.
Esta visión regional de desarrollo sustentable carecería de vigencia y seriedad si no estuviera sujeto a esquemas y mecanismos de carácter jurídico que permitan la asociación de estados entre sí, con la certidumbre de que serán respetados y cumplidos en todos sus puntos.
El éxito de los convenios y acuerdos biestatales o pluriestatales sobre proyectos de visión regional, no pueden garantizarse a través de la simple asociación voluntaria, como propone el plan en comento; en esta clase de mecanismos donde pudieran estar en juego altos intereses de cada estado participante, además de considerables montos presupuestales, es necesaria la existencia de instrumentos de cooperación.
Quizá algunos no perciban la riqueza en la seriedad de convenios y en la variedad de convenios y acuerdos que pueden desprenderse de esta reforma, pero aquellos que la comprendemos y que advertimos su alcance, debemos asumir la tarea de difundirla y defenderla, no sólo por el simple hecho de dejar atrás viejos temores, sino porque esta república en constante perfeccionamiento, merece la oportunidad de ser iniciada en nuevos ámbitos que aseguren su permanencia y su madurez plena.
Y concluyo, diputado Presidente.
En mérito de lo anterior y en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la presente iniciativa de reforma y adiciones a los artículos 46, 105 y 117 de nuestra Ley Fundamental, por lo que solicito a la Presidencia turne el caso a las comisiones competentes, ordene su publicación en la Gaceta Legislativa para mayor información de los diputados, y en su oportunidad, se turne al Senado para que proceda en términos de lo previsto por el artículo 135 constitucional.
Procedo a entregar la iniciativa que nos ocupa a la Secretaría, para su debido trámite.
«CC. Diputados Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Poder Legislativo.--- Presentes.
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados del Poder Legislativo de la Federación la modificación mediante reforma y adición de los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosEn el escenario internacional son innumerables los ejemplos que podríamos esgrimir para valorar positivamente las asociaciones o vínculos diversos entre distintos países. Incluso podríamos decir que este tipo de políticas son las que han marcado el plano de la política internacional.
Por otra parte, en el ámbito nacional podemos ver que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción III, tercer párrafo del inciso i), valora positivamente que dos o más municipios de un mismo estado, previo acuerdo de sus ayuntamientos, puedan coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de bienes y servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Incluso este mismo numeral constitucional prevé la posibilidad de que los municipios asociados pertenezcan a entidades federativas diferentes, con la aprobación de sus respectivas Legislaturas.
Con este antecedente vemos que nuestra Carta Magna pretende impulsar el desarrollo de jurisdicciones autónomas (municipios), incluso cuando éstas no pertenecen a un mismo estado. Es decir, las asociaciones para la provisión de bienes y servicios públicos o para ejercer políticas comunes que redunden en una mejor atención ciudadana son consideradas positivas desde la perspectiva municipal.
Pero, ¿qué sucede con la posibilidad de desarrollar convenios, acuerdos, alianzas o coaliciones entre dos o más entidades federativas? La Constitución, en su artículo 117, es clara y taxativa al señalar que ``los estados no pueden, en ningún caso: I.- Celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado...''
El texto de la fracción de referencia continúa diciendo: ``ni con las potencias extranjeras''. Cabe señalar que esta parte del artículo no se considera dentro del análisis de esta propuesta y su exposición de motivos porque, obviamente, esta última parte de la fracción se refiere a relaciones exteriores, las cuales pertenecen a la administración central, desde el punto de vista de la teoría de asignación de funciones; en nuestro caso nacional, al Gobierno Federal.
En retrospectiva, tomando en cuenta nuestros antecedentes constitucionales, podemos señalar que la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en el Título IV, Sección III, ``De las restricciones de los poderes de los estados'', en el artículo 162, prohibía expresamente, en su fracción IV, que los estados entraran en transacción con alguna potencia extranjera; sin embargo, ese mismo artículo, en su fracción V, permitía a los estados de la Federación, previo consentimiento del Congreso General, entrar en transacción o contrato entre ellos; asimismo, esta fracción, en tratándose de acciones sobre arreglo de límites, requería el consentimiento del Congreso General en forma posterior.
La situación varió con el advenimiento de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, que en su artículo 111, fracción I, prohibía taxativamente que los estados celebraran alianzas, tratados o coaliciones con otros estados o con potencias extranjeras; no obstante, esta misma fracción ponderaba una excepción: la coalición entre estados fronterizos para la guerra ofensiva o defensiva contra los bárbaros (sic).
La Constitución de 1857, en su artículo 110, continuó permitiendo los convenios amistosos entre los estados para el arreglo de sus respectivos límites, estableciendo la aprobación posterior del Congreso de la Unión. Esta misma redacción es heredada por la Constitución vigente en su artículo 46.
La Constitución actual siguió considerando la prohibición de celebrar cualquier tipo de relación contractual entre los estados, en clara tendencia centralista, por el temor al separatismo, que había sido circunstancia histórica propia de la primera mitad del siglo XIX.
En la actualidad, la posibilidad de la separación de un estado integrante de la Federación es remota e improbable, debido a la fortaleza y solidez de las instituciones mexicanas, al ambiente de paz que priva en la nación y a la seriedad con la que se conducen gran parte de los gobernantes y representantes populares.
En el texto vigente de nuestra Constitución sólo existen dos excepciones para celebrar convenios entre entidades federativas; la primera está prevista en el artículo 46 constitucional, y son los convenios relacionados con problemas limítrofes. En estos casos, con la aprobación del Congreso de la Unión, pueden suscribirse ``convenios amistosos''.
La otra consta en el artículo 119, segundo párrafo, en cuya parte conducente señala: ``Estas diligencias se practicarán, con intervención de las respectivas procuradurías generales de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que al efecto celebren las entidades federativas''. Los convenios a los que se refiere este numeral constitucional son de índole judicial, mediante los cuales se agilizan las acciones conjuntas de estos órganos persecutores; a diferencia de los anteriores, no necesitan ser sancionados por el Congreso de la Unión.
En el transcurso de la historia, la Federación ha impulsado diversos tipos de sistemas y mecanismos encaminados a la coordinación y la planeación del desarrollo regional. Dentro del marco del federalismo cooperativo, mediante decreto presidencial se instituyeron, en 1942, los Consejos Mixtos de Economía Regional. Con estos mecanismos bipartitas, Federación-estados, se firmaron convenios de cooperación y de ejecución de trabajos, señalándose las aportaciones de ambas partes, donde incluso podían participar particulares.
En un principio, este tipo de mecanismos bipartitas estaba pensado para las entidades menos desarrolladas conforme a la media nacional, sin embargo, todavía eran organismos eminentemente federales. Durante los setenta se inicia la consolidación de los vínculos Federación-estados-municipios en el desarrollo regional, constituyéndose los Comités Promotores de Desarrollo Económico de los Estados (Coprodes) y por primera ocasión se diseñan e instrumentan los Convenios Unicos de Coordinación (CUC), en 1976, como vía de coordinación de acciones en materias de competencia concurrente y de interés común.
Los Coprodes nacen como organismos federales que agrupaban a dependencias y entidades públicas para la realización de acciones en los estados.
A través de los CUC se impulsaron programas que iban desde servicios públicos municipales hasta la ejecución de acciones de vivienda, aplicación de políticas a favor del deporte y la cultura, así como en materia de infraestructura para la educación y la salud. Estos convenios incluían compromisos para la transferencia de recursos financieros y técnicos, así como asesoría desde la Federación hacia los estados, a efecto de apoyarlos y orientarlos en la ejecución de los programas específicos de desarrollo.
Con el ánimo de perfeccionar la estructura de la planeación regional, en 1981 se modificaron sus funciones y se reforzó el marco jurídico, convirtiendo a los Coprodes en Comités de Planeación para el Desarrollo de los Estados (Coplades).
Al surgir estos organismos, se depositó la responsabilidad de su funcionamiento en los gobiernos estatales.
Se realizaron reformas constitucionales diversas y se desarrolló la legislación secundaria que posibilitó el nacimiento, en 1983, del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD), el cual tenía como objetivo la colaboración de los gobiernos estatales y municipales para reorientar el gasto social como punto de partida para el desarrollo regional. Para ello se modifica la denominación de los CUC en Convenio Unico de Desarrollo (CUD), consolidándose como el principal instrumento jurídico-administrativo que enmarcaba el sistema programático y financiero de la coordinación intergubernamental Federación-estado-municipio.
Una década después, en 1992, se sustituye la denominación del CUD por la de Convenio de Desarrollo Social (CDS), conservando las características de su antecesor, pero dándole un nuevo dinamismo a los Coplades, convirtiéndose en instancias fundamentales de negociaciones y gestión intergubernamental en México.
El objetivo de este análisis no es juzgar si esta clase de mecanismos han sido eficaces o no. Lo que pretendemos resaltar es que la figura de los convenios o acuerdos entre distintos órdenes de responsabilidad gubernativa siempre ha funcionado en forma vertical, coordinando esfuerzos en pro del desarrollo regional, sin contemplar la alternativa de vincular horizontalmente a los gobiernos estatales para amalgamar el desarrollo individual de las entidades federativas al desarrollo colectivo y cooperativo de la región a la que pertenecen.
Consideramos que es el momento propicio para proyectar una iniciativa responsable que permita a los estados integrantes de la Federación impulsar políticas comunes, desarrollar proyectos conjuntos de carácter regional e incluso resolver conflictos que antes se consideraban insalvables.
Es menester dejar atrás el prejuicio decimonónico del conato separatista para impulsar las entidades federativas a nuevos espacios donde se pueda crear una alternativa más de desarrollo a través de acuerdos o convenios, que estén investidos de todos los efectos jurídicos para su debido y puntual cumplimiento.
Las alternativas que proporciona la Constitución federal para la suscripción de convenios entre las entidades se circunscriben a dos: una establecida en el artículo 119 basada en la colaboración en acciones de carácter judicial. La otra, contenida en el artículo 46 constitucional, remite a los estados a la firma de convenios amistosos y únicamente sobre casos específicos de delimitación territorial. Este numeral constitucional, al que proponemos adicionar un nuevo párrafo, proporcionaría a las entidades federativas una gama más amplia de asuntos relativos a sus competencias, para contraer diversas clases de compromisos a través de convenios o acuerdos con sus homólogos.
Por otra parte, la redacción actual del artículo 117, fracción I, coarta toda posibilidad a los estados integrantes de la Federación de optar por mecanismos innovadores que homogeneicen las políticas públicas de su competencia, que pudieran alcanzar su mejor eficiencia a nivel regional y no a nivel estatal. Para destrabar esta prohibición, esta iniciativa propone reformar las fracciones I y II de dicho artículo constitucional, posibilitando a las entidades federativas contraer convenios o acuerdos entre sí, pero conservando la facultad del Congreso de la Unión para autorizarlos.
Esta medida debe adoptarse no como medio precautorio para impedir una posibilidad remota de escisión del territorio federal, sino como una medida clarificadora de las atribuciones y facultades de las entidades federativas, que se desprenden por exclusión de las atribuciones y facultades concedidas por la Constitución vigente a la Federación y los municipios, evitando así cualquier tipo de confusión, controversia o duplicidad de funciones.
El Gobierno Federal debe ver en esta propuesta una ventana de amplios márgenes, que permita a los estados participar activamente, y en forma conjunta, en la descentralización de funciones que resulten más eficientes a nivel regional, y no así desde el plano federal o estatal. Esta puede ser una de las variantes más positivas del nuevo federalismo mexicano, y quizá la que supere, de una vez por todas, el prejuicio constitucional del separatismo y opte por nuevos canales de desarrollo regional.
En las últimas dos décadas, nuestros gobiernos nacionales han desencadenado una agresiva e intensa labor en favor de las relaciones comerciales, de cooperación económica y de ayuda a terceros países, a través de mecanismos de colaboración tales como tratados, convenios o acuerdos, cuyos fines han sido crear regiones de bienestar y de desarrollo mutuo.
Con ese mismo interés, el gobierno de México y las Cámaras federales deberán actuar al interior y estimular a las entidades federativas para que, bajo ese tipo de esquemas y en pleno ejercicio de sus facultades, lleven a cabo sus funciones en la provisión de bienes y servicios públicos.
En el acuerdo por el cual se crea la Coordinación General del Plan Puebla-Panamá se establece, dentro de sus diversas atribuciones: identificar fuentes de financiamiento y promover ante las instancias competentes la canalización de recursos para la realización de obras, acciones e inversiones que impulsen el desarrollo económico sustentable de la región sur-sureste del país comprendida en los programas y proyectos aprobados; proponer acciones e inversiones prioritarias para impulsar el desarrollo económico sustentable que contribuyan al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la región sur-sureste, así como formular propuestas para la celebración de reuniones, acuerdos o convenios sobre el diseño, ejecución y evaluación de los programas y proyectos que realice (fracciones III, IV y IX del artículo segundo del decreto en mención).
Estas atribuciones podrían adquirir toda su dimensión y certeza en su cumplimiento si existieran mecanismos formales que vincularan y comprometieran a los estados entre sí al desarrollo de proyectos comunes y al logro de objetivos y metas de beneficio mutuo.
En ese mismo tenor podríamos argumentar que el texto del Plan Puebla-Panamá, en su punto III, sobre orientaciones iniciales para un programa de desarrollo integral y sustentable de la región sur-sureste, establece que ``la relación bilateral entre los gobiernos estatales y el Gobierno Federal será complementada cada vez más por una relación regional, en la que los gobiernos de los estados acuerdan entre sí acciones interestatales y forman una base común de acuerdos con el Gobierno Federal''.
Asimismo, en el rubro que se refiere al modelo de planeación regional, dicho plan continúa diciendo que el principio básico de este modelo es el ``impulso de la asociación voluntaria entre los gobiernos de los estados para definir y llevar a la práctica una estrategia integral de desarrollo sustentable y proyectos estratégicos regionales''.
Esta visión regional del desarrollo sustentable carecería de vigencia y seriedad si no estuviera sujeta a esquemas y mecanismos de carácter jurídico que permitan la asociación de estados entre sí, con la certidumbre de que serán respetados y cumplidos en todos sus puntos.
El éxito de los convenios y acuerdos biestatales o pluriestatales sobre proyectos de visión regional no puede garantizarse a través de la simple asociación voluntaria, como lo propone el Plan Puebla-Panamá. En esta clase de mecanismos, donde pudieran estar en juego altos intereses de cada estado participante, además de grandes cantidades de aportaciones provenientes de recursos propios, es necesaria la existencia de instrumentos de cooperación.
En ese mismo plano, es imprescindible que también existan mecanismos jurídicos de conciliación, que tengan como fin resolver posibles incumplimientos, modificaciones o rescisiones de dichos convenios o acuerdos por parte de los estados contratantes. Para ello será necesaria la intervención del más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos fallos serían definitivos, obligatorios e inatacables.
En tal virtud, se impone adicionar y modificar la estructura del artículo 105 constitucional, con la finalidad de establecer reglas claras para las partes contratantes, que otorguen la posibilidad de la conciliación sin caer en controversia o en procedimientos contenciosos, que podrían ocasionar ambientes ríspidos trascendentes y que impedirían la celebración de acuerdos o convenios futuros.
Se propone un proceso de conciliación con miras a privilegiar el consenso y el diálogo entre las partes contratantes. Los nuevos esquemas de participación política previenen que exista la posibilidad de que se celebren convenios o acuerdos entre estados cuyos gobiernos provengan de una extracción partidista diferente.
Ante tal supuesto se impone que, de surgir alguna insatisfacción entre las partes, se desarrollen procesos de carácter jurídico avalados por el máximo órgano jurisdiccional del país, bajo un tenor conciliador que no permita la creación de escenarios de revancha política.
Aunque el propio artículo 105, fracción I, inciso d), previene la intervención de la Suprema Corte en controversias constitucionales que surjan entre un estado y otro, la figura jurídica supone un proceso contencioso bajo el cual se resuelven desavenencias. Esta figura jurídica imposibilitaría el diálogo entre las partes y marginaría la opción de proponer soluciones consensuadas.
Por otra parte, las posibles violaciones o incumplimiento de los convenios o acuerdos firmados entre los gobiernos de las entidades federativas no suponen una transgresión del orden constitucional que amerite la interposición de una controversia constitucional.
Lo que podría devenir de este tipo de contratos es simplemente su incumplimiento, modificación o rescisión. La única razón para proponer la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es porque las partes contratantes no otorgarían como obligatorio un fallo que proviniera de otro tribunal o instancia que no fuera del máximo tribunal del país.
La aprobación de esa reforma constitucional requeriría, adicionalmente, otra iniciativa para adicionar y modificar la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con miras a instrumentar un procedimiento mediante el cual se ventilen estos casos.
En mérito de lo anterior y en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la presente iniciativa de reforma y adiciones a los artículos 46, 105 y 117 del máximo ordenamiento jurídico del país, por lo que solicito a la Presidencia que turne el caso a las comisiones competentes y, en su oportunidad, se turne a nuestra Colegisladora para que proceda en términos de ley, conforme a lo previsto en el artículo 135 constitucional. Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo al artículo 46, la adición de una fracción al artículo 105, así como la reforma a las fracciones I y II del artículo 117, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Artículo Primero.- Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 46.- Los estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión.
Asimismo, previa autorización del Congreso de la Unión, los estados podrán celebrar convenios o acuerdos para emprender políticas comunes que promuevan el desarrollo de proyectos regionales y la resolución de asuntos de su competencia. Dichos instrumentos de colaboración deberán precisar en su contenido los objetivos, compromisos, periodo de vigencia y los mecanismos de ejecución.
Artículo Segundo.- Se adiciona una nueva fracción III al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la actual fracción III de dicho numeral pasa intacta a ser IV, para quedar como sigue:
Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la Ley Reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I.- De las controversias constitucionales...
II.- De las acciones de inconstitucionalidad...
II.- De las solicitudes de conciliación interpuestas por uno o más estados para dirimir las controversias que surjan de los convenios o acuerdos a los que se refiere el artículo 46, en los siguientes supuestos:
a).- Por incumplimiento de los términos del convenio o acuerdo de alguna de las partes;
b).- Por modificaciones de los términos del convenio o acuerdo propuestas por alguna de las partes; y
c).- Por rescisión del convenio o acuerdo.
IV.- De oficio o a petición fundada del correspondiente...
Artículo Tercero.- Se reforman las fracciones I y II del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 117.- Los estados no pueden, en ningún caso:
I.- Celebrar convenios y acuerdos con otro estado, sin la aprobación del Congreso de la Unión.
II.- Celebrar alianzas, tratados, o coaliciones con las potencias extranjeras.
III.- al IX.- ...
TransitoriosPrimero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legal en lo que se opongan al contenido del presente decreto.
Dip. Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates; publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. En tanto se constituye, queda en custodia de la Dirección de Proceso Legislativo.Tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Luis Antonio González Roldán:Gracias. Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
Exposición de MotivosEn México, luego que concluyera el periodo revolucionario de principios del siglo pasado, se intentó establecer un sistema democrático que procurara al mismo tiempo la representación de los más diversos grupos sociales que surgieron del movimiento armado y establecer la cohesión en los órganos de representación política.
Así, paulatinamente se gestaron diversas corrientes que, en su momento, reflejaron la preferencia de los electores, con un incipiente sistema de partido de Estado.
El devenir histórico y político nacional ha logrado que la dinámica de nuestras instituciones, que siempre están perfeccionándose, haya adoptado mecanismos tendentes a lograr una representación cada vez más eficaz.
Algunos titulares del Poder Ejecutivo Federal, en cuya determinación se basaba en buena medida el futuro político del país, propiciaron la adopción de instituciones, fórmulas y organismos que, congruentes con la cada vez más evidente apertura democrática, fueron consolidando un sistema democrático aún por fortalecer.
Ante el avance democrático cada vez más consolidado, que poco a poco ha impulsado la sociedad civil a través de los partidos políticos, las opciones que fueron adoptadas por los teóricos que influyeron en el diseño de nuestras instituciones deben necesariamente ser evaluadas y valoradas en su exacta dimensión.
Los logros que el pluralismo político brindó para la organización de nuestra sociedad han permitido que los órganos de representación nacional y las decisiones de gobierno sean revisados cuidadosamente, y no dirigidos de manera unilateral, como se acostumbraba.
Ahora, con el pluralismo que se ha logrado construir y que todavía falta consolidar, deben buscarse espacios en la legislación electoral para que así se maduren las opciones democráticas en formación y que signifiquen auténticamente la representación de grupos sociales congruentes con la ideología que sustenten.
La revisión de que venimos tratando conduce necesariamente a adoptar reformas que procuren dar estabilidad política a nuestro país, a la par que conduzca a las figuras que la actual ley electoral considera. Por ello, la construcción de un partido, para que sea eficaz en la representación política, deberá cumplir una serie de condiciones que la ley imponga.
Ante la alternativa que tenemos los legisladores de procurar el pluripartidismo y la efectiva gobernabilidad, como producto de la cada vez más participativa sociedad mexicana, debemos basarnos para contestarla en los principios democráticos en que se respalda nuestro sistema político: la prevalencia del orden social en la actualización permanente de sus instituciones.
Así las cosas, el pluralismo extremo, en lugar de producir un efecto de cohesión, disuelve, en un mar infinito de opciones políticas, la verdadera representación de posturas ideológicas que prefiera la población y que realmente pretendan y merezcan ser representadas.
Para ello, consideramos, se hace necesario para el fortalecimiento del régimen de partidos en nuestro país, establecer mecanismos que garanticen la existencia del pluripartidismo, entendido éste como una consecuencia lógica de una sociedad en transformación que requiere nuevos canales de expresión y otras formas de organización.
Estamos ciertos de que la formación de partidos políticos es la consecuencia de nuevas fuerzas que no tienen cabida en el marco ideológico y político de los partidos existentes.
Empero, también estamos ciertos de que el registro de un nuevo partido político debe ser el reconocimiento legal de una corriente política connotada y con base social significativa.
Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país.
Por ello, nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente
Decreto por el que se reforman el inciso b) del numeral 1 del artículo 24; el inciso a) del numeral 1 del artículo 28 y su fracción I; el inciso d) del artículo 38; el inciso a) del numeral 8 del artículo 49; y se adiciona con un párrafo segundo el artículo 30 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos ElectoralesArtículo Unico. Se reforman el inciso b) del numeral 1 del artículo 24; el inciso a) del numeral 1 del artículo 28 y su fracción 1; el inciso d) del artículo 38; el inciso a) del numeral 8 del artículo 49; y se adiciona con un párrafo segundo el artículo 30 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 24.1. ...
a) ...
b) Contar con 3,000 afiliados en por lo menos 15 entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, en por lo menos 150 distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad; en ningún caso, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior a 0.13 por ciento del Padrón Electoral Federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.
...
Artículo 28.1. ...
a) Celebrar por lo menos en quince entidades federativas o en 150 distritos electorales una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto Federal Electoral y un notario público, o un juez municipal, de primera instancia o de distrito, quienes certificarán:
I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor de 3,000 o 300, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; y
...
Artículo 30.El Consejo General del Instituto Federal Electoral, por conducto de la comisión a que se refiere el párrafo anterior, deberá verificar la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, conforme al cual se verifiquen no menos de una cantidad equivalente a 0.13 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación.
...
Artículo 38. ...d) Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes;
...
Artículo 49.1. a 7. ...
8. ...
a) Se otorgará a cada partido político 1 por ciento del monto que por financiamiento total corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como en el año de la elección una cantidad adicional igual para gastos de campaña; y
...
TransitorioUnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 30 de septiembre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Gobernación. En tanto se constituye queda el documento en custodia bajo la Dirección de Proceso Legislativo.Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.--- Mesa Directiva.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo al Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente.
México, DF, a 25 de septiembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«El que suscribe, senador Fernando Gómez Esparza, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de la H. Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo al Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, con base en la siguiente
Exposición de MotivosEn reiteradas ocasiones se han manifestado los contribuyentes sobre la inconstitucionalidad del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario. Sin embargo, en realidad hasta la fecha se encuentran en una incertidumbre los empresarios que no fueron amparados contra ese impuesto, que evidentemente es inconstitucional, como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia números 9/2003 y 10/2003.
Independientemente de las tesis que fueron establecidas por la Suprema Corte, cabe señalar que no todas las personas se encuentran amparadas porque la protección y el beneficio de la justicia federal son solamente para las personas físicas y morales que solicitaron y obtuvieron del órgano juzgador el amparo contra el impuesto que se tacha de inconstitucional.
He aquí la pregunta: ¿por qué las demás personas físicas y morales no son protegidas por la justicia federal si ya se ha declarado la inconstitucionalidad del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario? La respuesta de esa interrogante se encuentra claramente establecida en el artículo 107 de nuestra Constitución federal. Para una mejor observación, se transcribe el texto que interesa de dicho precepto legal:
``Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;
II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motive...''.
En una breve lectura realizada al precepto legal citado notamos que el juicio de amparo siempre debe ser iniciado por la parte agraviada; es decir, si el empresario persona física o moral tiene una afectación en su esfera jurídica, significa que es la única persona que puede solicitar el amparo y no así que la misma sea beneficiada por la protección de la justicia federal que sea concedida a otras personas que sí ejercieron su derecho.
Para un mejor razonamiento, debemos advertir que en el juicio de amparo existen principios fundamentales, por los cuales no todas las personas pueden gozar de las garantías otorgadas en el amparo, sino solamente las que así lo hayan solicitado.
Dichos principios son instancia de parte agraviada, agravio personal y directo, relatividad, definitividad y de estricto derecho. En este caso, el principio que no favorece a las personas que no solicitaron el amparo es el de relatividad, que consiste en que el juez sólo debe resolver a favor o en contra de la persona que haya solicitado el amparo y protección de la justicia federal y no así para las personas que no ejercieron su derecho de ampararse.
Sin embargo, al día de hoy el empresario que desea ampararse se encuentra aún en su oportunidad de hacerlo, siempre que tenga una asesoría y estrategia jurídica adecuada para ejercer el derecho de combatir la inconstitucionalidad del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario.
Esto, en razón de que a la fecha existen empresas que no han tomado la decisión de realizar el pago de ese impuesto o simplemente obtuvieron asesoría fiscal inadecuada. En otros casos, existen personas que ahora se han dado cuenta de que realmente el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario es inconstitucional y que afecta directamente su esfera jurídica, así como su economía y aun así no deciden ampararse, por lo que a través de este breve comentario se pretende atender a las personas que ahora sí han decidido impugnar la inconstitucionalidad del impuesto en cuestión.
Los procedimientos que han seguido los contribuyentes para combatir la inconstitucionalidad del impuesto multicitado son varios. En este caso se encuentran, entre otros, la presentación de la declaración, la consulta y la determinación de dicho impuesto; y, para que se dé el supuesto de procedencia del juicio de amparo, se debe contar con una asesoría y planeación jurídica que permita al contribuyente afectado provocar la aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional, consistente en el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el cual se contiene el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario.
Además, es conveniente resaltar que siendo admitida la demanda de amparo, la sentencia será favorable porque ya existen jurisprudencias dictadas por el órgano supremo de justicia de nuestro país, que señala de manera contundente que la norma que prevé este impuesto es tanto autoaplicativa como inconstitucional. Así también, se considera que el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario viola el principio de proporcionalidad tributaria, resguardado por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y para contar con una certeza de que, efectivamente, se ha declarado la inconstitucionalidad de dicho impuesto, se transcribe textualmente el rubro de las siguientes tesis de jurisprudencia:
Jurisprudencia 9/2003``Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario. El artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1o. de enero de 2002, es de naturaleza autoaplicativa...''.
Jurisprudencia 10/2003``Proporcionalidad tributaria. Debe existir congruencia entre el tributo y la capacidad contributiva de los causantes...''.
Ahora bien, de esas tesis se deduce claramente que todos los empresarios del país tuvieron pleno derecho de ampararse desde el momento en que el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta tuvo su vigor. Es decir, a partir del 1º de enero de 2002 y de 2003, de acuerdo con la reforma de ese artículo transitorio con vigencia en este año, tenían un plazo de 30 días hábiles para solicitar el amparo, ya que dicha norma ha sido considerada autoaplicativa; es decir, la simple vigencia de la misma afecta la esfera jurídica del contribuyente. Y si no lo hicieron de esa forma, se encontraban también en su oportunidad para combatirla con la presentación de la primera declaración provisional con la que se aplica por primera vez la norma que se indica, porque es cuando se inicia el plazo de 15 días hábiles para la presentación de la demanda de amparo contra el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario.
Y para las personas que no ejercieron sus derechos en las dos oportunidades mencionadas, es de señalar que una correcta planeación jurídica puede combatir con todo derecho la inconstitucionalidad del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario y se tiene la certeza de que obtendrán una sentencia favorable, de acuerdo con lo expuesto.
Por lo señalado, no debe darse por terminado el derecho de los contribuyentes, porque éste siempre existirá; sólo hay que saber pedirlo, ya que la Constitución federal protege nuestras garantías individuales y esta vez hemos visto la transgresión de las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, así como el principio de proporcionalidad tributaria y está en usted ejercer y hacer valer su garantía de audiencia. Ampárese, no pague lo injusto ni lo que va contra la Ley Suprema: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se ha determinado que el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario no tiene como destino el gasto público y ello contraviene en perjuicio de los quejosos en sus garantías constitucionales, radicando su inconstitucionalidad en eliminar para la Federación un compromiso que ésta asumió y que era precisamente apoyar de modo adicional a los trabajadores en su salario, otorgándoles a través de sus patrones un crédito al salario adicionalmente a su salario.
Por ello, la justicia de nuestro país ha determinado que se continúe deduciendo del Impuesto sobre la Renta a cargo las cantidades que por concepto de crédito al salario entreguen a sus trabajadores, sin que deban sujetarse a las prescripciones legales establecidas en el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que ha sido declarado anticonstitucional.
Por tal motivo y debido a que gran cantidad de contribuyentes ha obtenido la sentencia favorable de la inconstitucionalidad del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, me permito solicitar la derogación del citado impuesto, con el fin de que todos los contribuyentes apliquen el crédito al salario bajo los mismos términos que se han establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, bajo la acreditación del crédito al salario erogado contra el Impuesto Sobre la Renta a cargo de cada contribuyente.
Para lograr tales propósitos, se somete a la elevada consideración del Poder Legislativo de la Unión la siguiente
IniciativaDice:
Artículo TerceroDel Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario único. Están obligadas al pago del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario establecido en este artículo, las personas físicas y las morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, conforme a lo siguiente: se consideran erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones en efectivo o en especie que sean pagadas por la persona física o moral a quienes les presten un servicio personal subordinado.
Para estos efectos, también se considerarán erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado aquellas erogaciones que para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se consideran ingresos asimilados a salarios. El impuesto establecido en este artículo se determinará aplicando al total de las erogaciones realizadas por la prestación de un servicio personal subordinado la tasa del 4%. El impuesto establecido en este artículo se calculará por ejercicios fiscales y se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado.
El impuesto del ejercicio, deducidos los pagos provisionales del mismo, se pagará mediante declaración, que se presentará ante las oficinas autorizadas, en las mismas fechas de pago que las establecidas para el Impuesto Sobre la Renta. Los contribuyentes de este impuesto efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se realicen dichas erogaciones. El pago provisional se calculará aplicando la tasa establecida en el párrafo tercero de este artículo sobre el total de las erogaciones efectuadas en el mes a que corresponda el pago.
Los contribuyentes a que hace referencia este artículo podrán optar por no pagar el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario a que se refiere el mismo, siempre que cumplan lo dispuesto en el último párrafo del artículo 115 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, durante todos los meses del ejercicio en que se ejerza la citada opción. Cuando el monto del crédito al salario pagado a los trabajadores en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta sea mayor que el impuesto causado en los términos de este artículo, los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el párrafo anterior podrán disminuir del Impuesto Sobre la Renta a su cargo o del retenido a terceros, únicamente el monto en que dicho crédito exceda del impuesto causado en los términos de este artículo, siempre y cuando, además, se cumplan los requisitos que para tales efectos establece el artículo 119 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Para los efectos de este artículo, se considera como una sola persona moral el conjunto de las que reúnan alguna de las características que se señalan a continuación, caso en el cual cada una de estas personas morales deberá pagar el impuesto establecido en este artículo por la totalidad del monto erogado por la prestación de un servicio personal subordinado:
a) Que sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50% de las acciones o partes sociales con derecho a voto de las mismas.
b) Cuando una misma persona física o moral ejerza control efectivo de ellas, aun cuando no determinen resultado fiscal consolidado. Se entiende que existe control efectivo, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
1. Cuando las actividades mercantiles de la sociedad de que se trate se realizan preponderantemente con la sociedad controladora o las controladas.
2. Cuando la controladora o las controladas tengan junto con otras personas físicas o morales vinculadas con ellas una participación superior a 50% en las acciones con derecho a voto de la sociedad de que se trate. En el caso de residentes en el extranjero, sólo se considerarán cuando residan en algún país con que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información.
3. Cuando la controladora o las controladas tengan una inversión en la sociedad de que se trate de tal magnitud, que de hecho les permita ejercer una influencia preponderante en las operaciones de la empresa. Para los efectos de este numeral, se consideran sociedades controladoras o controladas las que en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se consideren como tales.
Proyecto de decreto por el que deroga el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la RentaArtículo Unico. Se deroga el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
México, DF, a 25 de septiembre de 2003.--- Sen. Fernando Gómez Esparza (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y en tanto se constituye, bajo la custodia de la Dirección de Proceso Legislativo.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.--- Mesa Directiva.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Adjunta remito la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, presentada por el senador David Jiménez González, el 9 de septiembre del presente año.
La Mesa Directiva confirmó el turno de la iniciativa a la Cámara de Diputados.
Atentamente.
México, DF, a 25 de septiembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«H. Cámara de Senadores de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
David Jiménez González, senador de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 97, 119, 120 y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del H. Congreso de la Unión la presente propuesta de reforma del primer párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, con base en las siguientes consideraciones:
Exposición de MotivosLas cuotas compensatorias, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Comercio Exterior vigente, se consideran aprovechamientos, en los términos del artículo 3º del Código Fiscal de la Federación. Ambos numerales textualmente dicen:
Ley de Comercio Exterior``Artículo 63. Las cuotas compensatorias serán consideradas como aprovechamientos en los términos del artículo 3º del Código Fiscal de la Federación.''
Código Fiscal de la Federación``Artículo 3o. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su naturaleza.
Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.''
Como vemos, las cuotas compensatorias son aprovechamientos, que son ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones.
Como sabemos, una vez determinada una cuota compensatoria por la Secretaría de Economía, a través de una resolución derivada de un procedimiento de investigación de prácticas desleales de comercio internacional, a quien corresponde aplicarlas es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la autoridad aduanera correspondiente.
La autoridad aduanera, una vez introducida la mercancía al país, y al dar por concluido el procedimiento administrativo en materia aduanera, o bien, una vez concluidas sus facultades de fiscalización, está facultada para determinar a cargo del importador y/o responsable solidario, un crédito fiscal, que puede incluir, entre otros conceptos, impuestos al comercio exterior, al valor agregado, derechos de trámite aduanero, cuotas compensatorias, actualización, recargos y multas.
El importador o el responsable solidario, tiene la oportunidad de interponer en contra de la liquidación correspondiente, ya sea el recurso de revocación previsto en el artículo 117, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, ante la autoridad hacendaria, o el juicio contencioso administrativo previsto en los artículos 207, 208 y 209 del mismo Código, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En cualquiera de los dos medios de defensa, el importador, en donde en alguno de sus agravios puede hacer valer la caducidad del crédito fiscal, en los términos del artículo 67 del propio Código.
El artículo 67 referido, establece:
``Artículo 67. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones se extinguen en el plazo de cinco años, contados a partir del día siguiente a aquél en que:
I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. En estos casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio.
II. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración.
III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente a aquel en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.
IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, tratándose de la exigibilidad de fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora.
El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este código, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas; en este último caso el plazo de diez años se computará a partir del día siguiente a aquel en que se debió haber presentado la declaración del ejercicio. En los casos en que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en que debió presentarse la declaración omitida y la fecha en que se presentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este artículo, las declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisionales.
En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26, fracción III, de este código, el plazo será de tres años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente.
El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42; cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio; o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente, o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En estos dos últimos casos se reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir de la fecha en que se localice al contribuyente.
El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal. La suspensión a que se refiere este párrafo estará condicionada a que cada seis meses se levante cuando menos un acta parcial o final, o se dicte la resolución definitiva. De no cumplirse esta condición, se entenderá que no hubo suspensión. No será necesario el levantamiento de dichas actas cuando, iniciadas las facultades de comprobación, se verifiquen los supuestos señalados en las fracciones I y II del artículo 46-A de este código.
En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de diez años. Tratándose de visitas domiciliarias y de revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades, en que las mismas estén sujetas a un plazo máximo de seis meses para su conclusión y dos ampliaciones por periodos iguales, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de seis años con seis meses.
Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo.
Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales.''
Como se aprecia del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, la caducidad es una figura extintiva de las facultades de la autoridad, por el simple transcurso del tiempo, sin que la autoridad determine en cantidad líquida o de las bases de su liquidación de las contribuciones; esa falta de ejercicio de las facultades de liquidación por parte de la autoridad trae consigo la extinción de la obligación fiscal del contribuyente. Sin embargo, la figura de la caducidad es sólo aplicable a las contribuciones, no a los aprovechamientos, como son las cuotas compensatorias, pero sí son determinadas dentro del crédito fiscal que expide la autoridad hacendaria, y su monto se actualiza, y sobre su omisión se determinan recargos y multas, como con cualquier otra contribución, pero sin que sobre las cuotas compensatorias el importador pueda gozar del beneficio de la caducidad.
Por tanto, para evitar tal irregularidad, es necesario reformar el primer párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, donde se deberá establecer que la caducidad también se configura sobre la aplicación de las cuotas compensatorias, con la finalidad de que el importador no se encuentre en la inseguridad jurídica de que, aun habiendo transcurrido los cinco años sin que la autoridad aplique la cuota compensatoria correspondiente.
Propuesta de Reforma del Primer Párrafo del Artículo 67 del Código Fiscal de la federaciónArtículo 67. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas o las cuotas compensatorias, y los accesorios de una o de otra, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de cinco años, contados a partir del día siguiente a aquél en que:
I. a IV. ...
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TransitoriosUnico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de septiembre de 2003.--- Sen. David Jiménez González (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en tanto se constituye, en la Dirección de Proceso Legislativo.
Continúe la secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio número CP/2R/3AE.-2785, de fecha 20 de agosto último, signado por el C. senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con el presente les acompaño copia del similar número 326-SAT-36652, de fecha 17 del mes en curso, signado por el C. licenciado José Guzmán Montalvo, administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en que se solicita que se implanten acciones que permitan suprimir de manera definitiva la entrada de llantas usadas en México, presentado por el diputado Efrén Leyva Acevedo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
México, DF, a 23 de septiembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Servicio de Administración Tributaria.--- Administración General de Aduanas.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- México, DF.
En atención a su oficio número SEL/300/1960/03, de fecha 21 de agosto de 2003, relacionado con el exhorto a las secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Administración General de Aduanas, para que implanten las acciones que permitan suprimir en definitiva la entrada de llantas usadas en el país.
Al respecto, me permito comentar que la introducción de neumáticos usados en México, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Comercio Exterior, en relación con el artículo 15 de su Reglamento, está sujeta a que la Secretaría de Economía emita previamente el permiso de importación, con alcance a todo el país o a la región y franjas fronterizas, así como, en su caso, extienda la autorización previa para programas de fomento a la exportación (Pitex).
Derivado de lo anterior, las operaciones de comercio exterior que cumplan la presentación de dichos permisos y autorizaciones durante el despacho aduanero no pueden ser retenidas injustificadamente por la autoridad aduanera, toda vez que debe aplicar la normatividad vigente y no obstaculizar el flujo de mercancías. No obstante, se ha tenido especial cuidado en la verificación exhaustiva que impida la introducción de neumáticos usados de forma fraudulenta.
Al mismo tiempo, le comento que he dictado instrucciones para que esta Administración actúe en forma coordinada con las otras dependencias para cumplir el punto de acuerdo expedido por el H. Congreso de la Unión.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
México, DF, a 17 de septiembre de 2003.--- Lic. José Guzmán Montalvo (rúbrica), Administrador General.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio número CP/2R/3AE.-2785, de fecha 20 de agosto del año en curso, signado por el C. senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número STPCE/1020/2003, suscrito por el C. Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, por el que da contestación al punto de acuerdo relativo a la implantación de las acciones que permitan suprimir de manera definitiva la entrada de llantas usadas en México, presentado por el C. diputado Efrén Leyva Acevedo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
México, DF, a 17 de septiembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Economía.--- Secretariado Técnico de Pla- neación, Comunicación y Enlace.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Hago referencia a su atento oficio número SEL/300/1958/03, de fecha 21 de agosto de 2003, por el que remite el punto de acuerdo, aprobado el 20 de agosto de 2003 por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante el cual se hace un exhorto a las Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Administración General de Aduanas, para que implanten las acciones que permitan suprimir de manera definitiva la entrada de llantas usadas en México.
Con fundamento en el artículo 8, fracción X, del Reglamento Interior de esta dependencia, solicito a usted haga del conocimiento de la H. Cámara de Diputados, en los términos que estime conveniente, las consideraciones de esta secretaría, elaboradas con base en la opinión de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, enviadas en anexo.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
México, DF, a 3 de septiembre de 2003.--- Adalberto Núñez Ramos (rúbrica), Secretario Técnico.»
«Comentarios sobre el punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por medio del cual se hace un exhorto a las Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que supriman de manera definitiva la entrada de llantas usadas en México.
ComentariosAl 3 de septiembre de 2003 y con base en la nota preparada por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, se comenta lo siguiente:
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Agencia para la Protección Ambiental de Estados Unidos han firmado acuerdos interinstitucionales de cooperación ambiental para el reciclaje de llantas usadas.
Asimismo, existe conjuntamente entre los dos países el Programa Nacional de Sociedad Tecnológica Fronteriza, mediante el cual fomentan el desarrollo de tecnologías para convertir las llantas recicladas de desecho en un proceso con valor potencial, como puede ser transformarlas en combustible para la generación de electricidad.
La restricción a la importación de llantas usadas sería violatoria del artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, así como del artículo 309 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Sin embargo, existe la posibilidad de establecer una norma de calidad que tendría que aplicarse indistintamente a productos nacionales e importados.
En este sentido, sería necesaria la creación de una norma oficial mexicana donde se regule la calidad de las llantas usadas que aún tengan vida útil y que se comercialicen, así como que se establezcan las especificaciones o los requisitos mínimos del producto. Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de las personas.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
México, DF, a 3 de septiembre de 2003.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
De enterado. Remítanse a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.En tanto se constituyen, quedan los documentos bajo la custodia de la Dirección de Proceso Legislativo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
Se recibió en esta Secretaría el oficio número............. STPCE/1026/2003, de fecha 9 del mes en curso, signado por el C. Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, en el que solicita que por este conducto se les haga llegar el documento original que contiene los comentarios al punto de acuerdo relativo a la ampliación del periodo de vigencia del esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país en la región fronteriza.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño el documento de referencia para los fines procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
México, DF, a 18 de septiembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Economía.--- Subsecretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Mediante oficio número CCFI/002802/2003, de fecha 10 de junio de 2003, el diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados durante la LVIII Legislatura, solicitó al titular de esta Secretaría, entre otros, opinión sobre el punto de acuerdo presentado por la H. Cámara de Diputados por el que se solicita a la Secretaría de Economía la ampliación del periodo de vigencia del esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país para el comercio, restaurantes, hoteles y ciertos servicios ubicados en la región fronteriza.
Con fundamento en el artículo 8, fracción X, del Reglamento Interior de esta dependencia, solicito a usted haga del conocimiento de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la H. Cámara de Diputados, en los términos que estime conveniente, las consideraciones de esta Secretaría elaboradas con base en la opinión de la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital, enviadas en anexo.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
México DF, a 9 de septiembre de 2003.--- Adalberto Núñez Ramos (rúbrica), Secretario Técnico.»
«Comentarios al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por medio del cual solicitan a la Secretaría de Economía, la ampliación del periodo de vigencia del esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país en la región fronteriza.
ComentariosAl 9 de septiembre de 2003, y con base en la nota preparada por la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital, se comenta lo siguiente:
Con el consenso de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y los gobiernos de los estados de la franja fronteriza norte y región fronteriza, el 31 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte.
Este Decreto sustituye al que establecía el esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país para el comercio, restaurantes y ciertos servicios ubicados en la franja fronteriza norte o en la región fronteriza, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998.
Mediante este ordenamiento, a partir del 1 de enero de 2003 los comerciantes fronterizos pueden seguir importando, por un lapso de 6 años, mercancías que se clasifican por 1,812 fracciones arancelarias con tasas preferenciales de cero o cinco por ciento, lo que coadyuva a mantener su competitividad frente al comercio estadounidense.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
De enterado. Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.En tanto se constituye, queda bajo la custodia de la Dirección de Proceso Legislativo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. CP/2R/3AE.-2859, de fecha 27 de agosto último, suscrito por el senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. SSP 200.-431/2003 mediante el cual el Lic. Juan Ramos López, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita que se estudie el proceso penal al que se encuentra sujeto el C. Armando Villarreal Martha, presentado por la diputada Hortensia Aragón Castillo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
México, DF, a 17 de septiembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.--- Subsecretaría de Seguridad Pública.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
En atención a su oficio número SEL/300/2087/03, relacionado con la petición del C. senador Fidel Herrera Beltrán, para que se realice el estudio del proceso penal en que se encuentra Armando Villarreal Martha, que permita determinar su situación jurídica y analizar si es procedente su libertad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; al respecto me permito comunicarle que, de acuerdo con los registros del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dicho interno no está a disposición del Ejecutivo federal, en virtud de que no está sentenciado, y sí esta sujeto a proceso ante el juez sexto de distrito en Chihuahua, en las causas penales 8/02-I y 136/02-II.
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
México, DF, 9 de septiembre de 2003.--- El Subsecretario, Lic. Juan Ramos López (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:De enterado. Y remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.
Queda en custodia de la Dirección de Proceso Legislativo, en tanto se constituyen las comisiones.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso c), fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la C. Erika Silvia Rempening Rico pueda desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en la zona media del estado de Veracruz, teniendo como límites la frontera norte del municipio de Nautla y las fronteras sur de los municipios sobre el río Papaloapan.
Por lo anterior, me permito anexar originales de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que la interesada solicita dicho permiso y de la carta de vecindad y copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República Federal de Alemania y de su identificación oficial.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''
México, DF, a 17 de septiembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se turna a la Comisión de Gobernación.
Queda en custodia de la Dirección de Proceso Legislativo, en tanto se constituyen las comisiones.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
Atentamente.
México, DF, a 25 de septiembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de DecretoPor el que se reforma el primer párrafo del artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal
Artículo único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 9-A.- La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados, y municipios en donde existan puentes internacionales y de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación, ampliación de obras de vialidad en aquéllos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente.
TransitorioUnico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y tendrá efectos retroactivos al 1o. de enero de 2003.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.--- México, DF, a 25 de septiembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- El Secretario General de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.En tanto se constituye queda a disposición de la Dirección de Proceso Legislativo.
«H. Congreso de la Unión.
Ricardo Franco Guzmán y Adrián Franco Zevada, mexicanos, licenciados en derecho, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en Paseo de las Palmas 1505, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11010, de esta ciudad, con todo respeto decimos:
1. Somos mexicanos por nacimiento, como lo acreditamos con las copias certificadas que exhibimos como anexos números 1 y 2.
2. En oficio de 21 de agosto de 2003, el señor Salvador Figueroa, embajador de Belice en México, tuvo a bien designarnos asesores jurídicos (abogados de confianza) de dicha representación diplomática, con carácter honorario y, por tanto, sin retribución económica, como lo acreditamos con la copia del oficio que acompañamos como anexo número 3.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37-C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos permiso del Congreso de la Unión para prestar voluntariamente nuestros servicios a la Embajada de Belice en México como asesores jurídicos (abogados de confianza).
Protestamos nuestro respeto.
México, DF, a 27 de agosto de 2003.--- C. Ricardo Franco Guzmán (rúbrica), C. Adrián Franco Zevada (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Túrnese a la Comisión de Gobernación y en tanto se constituye queda bajo la custodia de la Dirección de Proceso Legislativo.El siguiente punto del orden del día es el punto de acuerdo mediante el cual se hace exhorto al Ejecutivo del estado de Zacatecas a que promulgue la nueva ley electoral aprobada por la legislatura local.
Este punto ha sido retirado por los diputados que lo presentaron en la sesión anterior. Entonces, continuamos con el siguiente punto del orden del día.
Tiene el uso de la palabra el diputado Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República a restituir en su recinto de Xicoténcatl la Exposición ``Violencia desde el noviazgo, una mirada desde el Faro''.
El diputado Inti Muñoz Santini:Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; com- pañeros diputados:
Queremos hacer uso de la palabra en la tribuna para proponer a esta soberanía un punto de acuerdo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y recordar que uno de los derechos fundamentales de la población mexicana, cuyo ejercicio pleno ha estado íntimamente ligado al desarrollo democrático del país es sin duda la libertad de expresión, conforme a los siguientes
ConsiderandosA lo largo de la historia del país, la censura ha sido una de las más agresivas formas en que el Estado ha manifestado su desfase con la sociedad, ya sea porque la ejerce en el plano político para intentar bloquear la difusión de ideas que considera ``peligrosas'', o bien porque, aplicada en terrenos como el artístico, deja caer todo el peso de los prejuicios ante expresiones plásticas o literarias que escapan a su comprensión.
En las épocas más oscuras del autoritarismo, como bajo el porfiriato, prácticamente ningún terreno de la creación intelectual y artística escapaba al rígido escrutinio oficial. Quienes osaban entonar una nota discordante en el pretendido concierto de la unanimidad porfirista pagaban con creces su osadía. Nunca estará de más recordar desde esta tribuna, entre otros, a quienes elaboraban el periódico Regeneración, con los hermanos Flores Magón a la cabeza.
Tras la Revolución Mexicana, se abrió un horizonte propicio para el florecimiento de las ideas en el mundo de las artes, la ciencia y la literatura. La formación de la nueva sociedad mexicana va aparejada con la construcción de referentes socioculturales, los cuales, infortunadamente, pronto fueron objeto de la recelosa mirada del Estado posrevolucionario. De nueva cuenta, la heterodoxia fue castigada y el derecho a su manifestación plena requerirá una prolongada lucha social.
En la actualidad, y desde hace algunos años, el discurso oficial habla del respeto pleno de la libre expresión en todos los ámbitos. Sin embargo, por lo que toca a las manifestaciones artísticas, aún se manifiestan de vez en vez los afanes censores ante lo distinto, lo singular, lo diverso. Traigamos a la memoria sólo algunos recientes botones de muestra:
Durante 10 años y hasta que la Universidad Nacional Autónoma de México la programó en el ciclo ``El cine que debimos ver'', en 1995, la película La última tentación de Cristo no fue exhibida en forma comercial en México. Y todavía el año pasado hubo grupos que pretendieron que el gobierno impidiera la exhibición de El crimen del padre Amaro''. En el terreno del arte, en agosto de 2000, con la complacencia de las autoridades panistas de Guadalajara y el abierto apoyo del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, dos jóvenes destruyeron la obra La patrona, del destacado artista plástico Ahumada. Imposible olvidar algunos célebres bandos municipales que lo mismo prohibían las minifaldas que las palabras ``altisonantes''.
Pues bien, diputadas y diputados, he tomado la palabra para no dejar en la impunidad un acto más de intolerancia, que reseño a continuación:
En julio del presente año, la directiva de Fábrica de Artes y Oficios de Oriente (Faro) fue invitada por la asociación civil Ambar (Profesionistas por una Vida Digna) para montar una exposición en el recinto del Senado de la República, en el marco del foro ``Noviazgo sin violencia'', organizado por las Comisiones de Equidad y Género, y de Juventud y Deporte del Senado de la República, con la colaboración de la Embajada de Nueva Zelanda en México y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Faro surgió hace más de tres años, cuando se rehabilitó un predio abandonado en la zona de Iztapalapa, y con ello inició un proyecto de recomposición urbana, creando una nueva centralidad pública, que tiene como estrategia principal la oferta cultural y educativa a través de una escuela de artes y oficios.
Como respuesta a esta atenta invitación, se convocó a las personas que participan en los talleres de Faro de Oriente a presentar trabajos en torno de la promoción de la no violencia en las relaciones de parejas jóvenes.
A la convocatoria respondieron más de 100 artistas plásticos, conceptuales y visuales, todos ellos alumnos de Faro y en su mayoría proveniente de las zonas aledañas a él, en la delegación Iztapalapa. De las obras presentadas, se escogieron 60, las cuales abordaban integralmente el tema de la exposición.
El secretario técnico de la Comisión de Equidad y Género del Senado, Gonzalo Leboreiro, hizo la petición a la directiva de presentar los guiones de la exposición, por lo cual se le presentaron el programa de actividades y la ficha técnica de las obras.
Al terminar la inauguración, el secretario técnico informó a los directivos de Faro que cuatro obras plásticas debían retirarse, con el argumento de que no eran dignas del recinto legislativo, pues ofendían a las senadoras del Partido Acción Nacional.
Distintos medios de comunicación impresa y electrónica han registrado la crónica de esos sucesos. Es importante destacar frente a esta soberanía lo expresado por la senadora del Partido Acción Nacional Cecilia Romero, a quien cito: ``Es respetable la exposición, su autoría, pero definitivamente creo que no es digna de presentarse en el patio del Senado. El tema de la violencia es delicado y la exposición barata, así que creo que la van a mover ya, porque ahí está sin pena ni gloria''.
Su correligionaria, Susana Stephenson, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, mencionó que fue un ``error de omisión'' que la instancia legislativa a que hemos hecho referencia no se preocupara por averiguar con precisión el contenido de la obra.
Cito a la senadora Stephenson: ``Debo decir que, ciertamente, cometimos una irresponsabilidad o, más bien, un acto de omisión porque no nos interesamos por conocer el contenido de la muestra físicamente y calibrar de qué se trataba, si merecía o no exhibirse''.
Decenas de artistas de Faro retiraron 60 obras del recinto de Xicoténcatl el 13 de septiembre, debido a presiones de senadoras del PAN y para no entablar un conflicto con el Senado de la República.
Estas fueron las palabras de los jóvenes artistas: ``La exposición no se hizo con la intención de generar ningún escándalo sino de mostrar, en el contexto de un foro que se organiza en el Senado, el problema de la violencia que está escondida en las casas, y de la cual nadie habla''.
La exposición debió haber durado hasta el 17 de septiembre, pero fue interrumpida por la intolerancia de senadoras panistas. No sólo la violencia de la pareja salió a la luz pública sino, también, la intolerancia de las buenas conciencias, que pretenden liquidar siglos de lucha en favor de las garantías individuales de nuestro país.
Ante este atropello de la libre manifestación artística, vengo a esta tribuna a cumplir la obligación ética y política de someter a consideración del Pleno los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta al Senado de la República a restituir la exposición ``Violencia desde el noviazgo. Una mirada desde el Faro'', al menos hasta cubrir el lapso pactado originalmente con los artistas.
Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a poner los espacios del Palacio Legislativo de San Lázaro a disposición de todos los artistas plásticos, y en particular los de Faro, con objeto de que puedan exhibir sus creaciones.
Tercero. Esta soberanía exhorta a todas las autoridades federales, estatales y municipales y al resto de los poderes públicos a velar permanentemente por el respeto cabal del derecho constitucional de libre expresión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.--- Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica)
Muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
Signan este planteamiento, el grupo parlamentario del PRD, el grupo parlamentario del PT, los compañeros del grupo parlamentario de Convergencia, y han manifestado su disposición en hacerlo varios compañeros diputados del PRI.
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Se turna a la Junta de Coordinación de Política.
En el siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el diputado Maximino Alejandro Fernández Avila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con la realización de la sesión solemne para que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México.
Tiene la palabra la diputada Argüelles.
La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesPor resolución aprobada en el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el día 30 de abril del año en curso, los diversos grupos parlamentarios de la Quincuagésima Octava Legislatura acordaron y resolvieron inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Universidad Nacional Autónoma de México'', instruyéndose a la Mesa Directiva de esta Cámara para que organice la ceremonia correspondiente; asimismo, dicho decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día doce de mayo.
Los grupos parlamentarios consideraron de gran importancia a la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que representa el proyecto más ambicioso y logrado en la historia de nuestro país para formar a sus profesionistas, académicos e intelectuales; para promover y realizar la investigación científica y para extender la cultura hacia los sectores más amplios de la sociedad.
Es invaluable la presencia de la UNAM para conservar, generar y aplicar el conocimiento con objeto de resolver las necesidades de los sectores mayoritarios de la población, y su aportación ha dado lugar de encuentro para el debate libre y respetuoso de las ideas y de toda expresión de pensamiento, que ha contribuido y contribuye a fortalecer los procesos de participación democrática consciente y comprometida de todos los mexicanos.
Por todo lo anterior, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México proponemos ante esta H. soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a la Mesa Directiva de esta Cámara para que, en coordinación con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, organice la ceremonia en la que se dé cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de mayo del año en curso, el cual establece que debe inscribirse con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Universidad Nacional Autónoma de México''.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, diputada.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.En tanto se designe la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
El siguiente punto de acuerdo agendado para cambiar el mecanismo de elección de presidentes y secretarios de las comisiones y comités, ha sido retirado por el diputado proponente.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial encargada de coadyuvar con las instancias correspondientes y verificar la pronta aplicación de los recursos del Fondo Revolvente del Fonden, así como su eficiente y eficaz ejercicio.
El diputado Quintín Vázquez García:Con su venia, señor diputado Presidente; compañeras; compañeros legisladores:
Vengo a esta tribuna a presentar una proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial encargada de coadyuvar en la verificación de la pronta aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales de manera conjunta con las instancias gubernamentales correspondientes, así como en su eficiente y eficaz ejercicio.
Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta honorable Cámara de Diputados
A exponer:
Ante los graves problemas que vienen padeciendo los habitantes de los estados de la República afectados por las fuertes depresiones tropicales que han dejado a su paso torrenciales lluvias y un sinnúmero de afectaciones provocadas por las fuertes corrientes pluviales, la saturación de los embalses y el consecuente desbordamiento de ríos y arroyos, provocando pérdidas de vidas, miles de viviendas destruidas, más de 15 mil productores agropecuarios con pérdidas millonarias, caminos y autopistas destruidas, en fin una estela de gran desolación que afecta a cientos de miles de mexicanos.
Las entidades federativas afectadas mayormente son: Baja California Sur, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Aguascalientes, Oaxaca, Tabasco, México, Colima y Coahuila.
Los legisladores de todas las fracciones parlamentarias han manifestado en diferentes momentos su preocupación por estos hechos lamentables, atendiendo los reclamos y las solicitudes de la población afectada; sin embargo, no tenemos la certeza de la oportuna aplicación de los recursos autorizados por el Fonden en cada una de las entidades afectadas, ni qué tipo de atención se otorga y por cuáles instancias administrativas se aplican.
Si bien es cierto que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) vigila estrechamente las condiciones que prevalecen en las zonas declaradas en emergencia, también es cierto que esta asamblea desconoce con precisión el informe que se deriva de dicha vigilancia y, por lo tanto, prevalece la incertidumbre y el desconcierto por la presión legítima que ejercen nuestros representados para articular acciones de fondo que atiendan su problemática y permitan garantizar la recuperación del patrimonio familiar perdido y que signifique una muestra real de apoyo y solidaridad.
Como antecedentes de esta preocupación, en la sesión del 11 de septiembre el grupo parlamentario del PRD solicitó y se aprobó por este Pleno un punto de acuerdo para la formación de un grupo de trabajo, integrado por diputados de los distintos grupos parlamentarios, a fin de que acuda a las regiones afectadas e informe de la magnitud de los daños y constate la aplicación de recursos públicos para atender el desastre. Sin embargo, a la fecha no se conoce de manera precisa ningún avance al respecto.
En la misma sesión el grupo parlamentario del PAN solicitó y se aprobó que la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía sobre la situación que prevalece en los estados afectados por las intensas lluvias torrenciales ocurridas en las últimas fechas y sobre las medidas de protección civil que se aplicaron antes y después en las zonas de desastre.
En virtud de lo anterior, y por considerarse un asunto que implica una altísima importancia para la población afectada en los estados, municipios y localidades de las zonas declaradas en emergencia nos permitimos presentar ante este Pleno el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero.- Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, encargada de coadyuvar en la verificación de la pronta aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), de manera conjunta con las instancias gubernamentales correspondientes, así como en su eficiente y eficaz ejercicio.
El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
La Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de la aplicación de recursos del Fonden se realicen por esta soberanía en aquellas zonas de desastre declaradas previamente por la Secretaría de Gobernación.
Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.
Contará con los recursos necesarios para el adecuado de-sempeño de sus funciones.
Segundo.- La Comisión Especial estará integrada por 30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.
En su integración se tomará en cuenta preferentemente que los legisladores provengan de las entidades federativas afectadas.
Tercera.- La Comisión Especial, materia del presente acuerdo, funcionará por el término de la emergencia específica provocada por las lluvias torrenciales y hasta en tanto rehabiliten adecuadamente las zonas afectadas, no rebasando el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
Cuarta.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.--- Diputados: Quintín Vázquez García (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez, Francisco J. Guízar Macías (rúbrica), José M. Carrillo Rubio (rúbrica), Sergio A. Chávez Dávalos (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán (rúbrica), Jorge L. Sandoval Figueroa (rúbrica), María Esther Sherman Leaño, Lázaro Arias Martínez (rúbrica), José García Ortiz, Francisco Javier Bravo (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica).
El día de hoy, la Secretaría de Gobernación reconoce que es urgente actualizar el Reglamento de Operación del Fondo Nacional de Desastres, que los efectos burocráticos vienen deteniendo la pronta aplicación de dichos recursos y esto va en detrimento de todas y todos los ciudadanos que están siendo afectados por estas torrenciales lluvias.
Necesitamos hacer ese reglamento más operativo, más funcional, más expedito y esta propuesta creemos que puede sumarse en el seguimiento de los trabajos conjuntos con la Secretaría de Gobernación y presentar de una manera adecuada esa iniciativa que tanto está urgiendo para poder llevar la atención de manera directa y pronta a nuestros hermanos que están siendo afectados por estos embates de la naturaleza.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.Tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En mi carácter de diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
ConsiderandoQue en relación con los acontecimientos ocurridos el 10 de junio de 1971, conocido como jueves de corpus, perpetrados por los ``halcones'', grupo paramilitar creado y comandado por el gobierno de Luis Echeverría Alvarez, el pasado 17 de junio de 2003 el Comité 68 Pro Libertades Democráticas presentó a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado el video 10 de junio: crimen de Estado, en el que se reconstruye la forma en que se desarrolló la operación criminal de los ``halcones'' contra los manifestantes.
Destacan en este documento videográfico la planeación, coordinación y acción militar de los agresores, donde se escuchan diálogos con funcionarios y los ``halcones'' pidiendo instrucciones e informando de los hechos.
Consta, además, la participación de la Policía Judicial en acciones tales como abrir el camino a los ``halcones'', emboscar a los estudiantes y cerrar las calles para evitar con ello escape alguno.
Asisto a esta tribuna en un acto de justicia y, congruente con mis ideales, he de decirles que esta representante popular, es verdad, no está generacionalmente involucrada en esos lamentables sucesos. Sin embargo, fueron, han sido y serán icono de la juventud mexicana y mundial.
Como tal, como joven, además de provenir de una familia con marcado origen castrense -mi abuelo y mis tíos fueron militares de alto rango-, siento y tengo la imperiosa necesidad de apoyar ese tipo de denuncias que, más que un discurso, se suman a una lucha en pro de la justicia, que no es de ahora ni ``de moda''.
Esta lucha la venimos reivindicando desde mi etapa de estudiante, en la preparatoria y, sobre todo, en la universidad, al oponernos firmemente a la intransigencia del gobierno del ex Presidente Zedillo, que en el 2000 culminó con la toma de las instalaciones de Ciudad Universitaria por los militares disfrazados de PFP, creando con ello un vínculo transgeneracional en la lucha por la justicia, por el respeto de nuestras libertades y derechos.
Infortunadamente, se creó también un vínculo paralelo entre los gobernantes de los años 60 con los de ahora, por entorpecer las investigaciones, querer negarse a encontrar a los verdaderos responsables de esos crímenes históricos y, en consecuencia, manchar de sangre instituciones como el Ejército y la PGR.
A pesar de que es un hecho histórico que tiene que ver con una realidad lacerante que vivió nuestro país y que fue difundido por algunos medios escritos y electrónicos, es sorprendente ver cómo los distintos servidores públicos responsables no han tomado postura al respecto.
En este sentido, es imprescindible conocer la opinión y las acciones inmediatas que la PGR habrá de realizar, por tratarse de acontecimientos donde queda claro todo tipo de actos criminales de represión.
No esperemos conclusiones post mortem, como lo sucedido con la muerte de Fernando Gutiérrez Barrios, a quien se encontró corresponsable de los crímenes de 1968 y 1971.
¿Acaso el gobierno foxista esperará la muerte, entre otros, del ex Presidente Luis Echeverría Alvarez para declarar, reconocer y, sobre todo, demostrar, como ahora todos sabemos, que él es el principal responsable?
No es posible que el Presidente Fox, a quien día tras día se dan las gracias por la democracia en spots de radio, siga solapando la impunidad y al grupo de intocables del país.
Entendemos la democracia como un ejercicio cotidiano de la vida en el cual no cabe el temor de la represión ni, mucho menos, de ser torturado, asesinado o desaparecido por la expresión y la defensa de las ideales.
Por tanto, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo1. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte al titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, licenciado Ignacio Carrillo Prieto, a que dé trámite de forma expedita y sin dilaciones a las evidencias presentadas el pasado 17 de septiembre por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.
2. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicite al titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, licenciado Ignacio Carrillo Prieto, un informe detallado de los avances de esta investigación de forma permanente y ordinaria, con periodicidad semestral.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2003.--- Dip. Lizbeth Rosas Montero (rúbrica).
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.En tanto se designe la Comisión consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:¿Falta alguna diputada o algún diputado de registrar asistencia?..
Se informa a la Presidencia que hasta el momento se registra la asistencia de 469 diputadas y diputados.
Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Cumplida la instrucción, diputado Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias.
Tiene la palabra el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Nacional del Deporte tenga para el año del 2004, mayor presupuesto por ser éste año olímpico.
El diputado Jorge Legorreta Ordorica:Con el permiso de la Presidencia; compañeros y compañeras diputadas:
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoAnualmente, durante los meses de noviembre y diciembre, el Congreso de la Unión se da a la tarea de revisar, modificar y aprobar el paquete de iniciativas fiscales y presupuestales que el Poder Ejecutivo Federal somete para su discusión y aplicación para el siguiente ejercicio fiscal.
Dentro de estas iniciativas toma especial relevancia la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, del Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que el decreto que ésta apruebe será el autorizado para expensar por parte del Poder Ejecutivo en las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio Presupuesto señale durante el periodo de un año contado a partir del 1 de enero.
El Presupuesto de Egresos contiene los lineamientos por los cuales esta soberanía determina cómo y a qué se destinarán los recursos recabados durante el ejercicio fiscal. De ahí el interés de nuestro partido porque sean asignados mayores recursos para el próximo año a la Comisión Nacional del Deporte, pues tenemos la preocupación que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004 nuevamente confine al deporte como una actividad poco importante, carente de verdaderos estímulos para nuestros atletas.
Los 810 millones de pesos asignados en el 2003 a la Conade representan 6.7% menos que el año anterior. No podemos entender cómo es que sólo el 0.053% del gasto neto total previsto en el Presupuesto sea dedicado al deporte, cuando se le han presupuestado mayores montos a cuestiones poco importantes para el desarrollo del país.
Nuestro país debe actualizarse y mantenerse a la vanguardia en el ámbito deportivo. El deporte en el ámbito mundial se ha desarrollado en todos los sentidos para estar a la altura del desarrollo deportivo y así poder enfrentar los retos cada vez más exigentes del México de hoy, para que la enseñanza y práctica del deporte abarquen a todos los mexicanos.
Para el Partido Verde Ecologista de México es de la mayor relevancia apoyar a cientos de deportistas y fomentar que nuestros niños y jóvenes se unan a este tipo de actividades. Es fundamental que la Comisión Nacional del Deporte tenga acceso a mayores recursos si queremos que el nivel de nuestros competidores aumente, si queremos tener acceso a mejores instalaciones, si queremos disminuir la delincuencia, si queremos un México más sano y con mejores niveles de vida.
Por ello, es necesario que el Congreso de la Unión dé certidumbre y seguridad al desarrollo del deporte en nuestro país, para que los atletas cuenten con un ingreso seguro y no se trunque su futuro y, junto con ello, la esperanza de millones de mexicanos.
Consideramos fundamental otorgar mayor apoyo al deporte mexicano a través de la reasignación de recursos para que sean utilizados en otras áreas y permitan el desarrollo de nuestro país en este sector. Sobre todo porque el año 2004 es un año olímpico, y es en este tipo de competencias donde se pueden observar los avances en los programas para los deportistas de alto rendimiento, que sirven de ejemplo para las generaciones más jóvenes.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México busca el progreso económico del país basado en el desarrollo sustentable, la atención a todos los grupos sociales y el equilibrio financiero, por ello sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Se otorguen mayores recursos a la Comisión Nacional del Deporte en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbricas).
Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.En tanto se designe la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo a fin de que el pleno acuerde criterios generales para la selección de consejeros electorales del IFE para el periodo 2003-2010.
El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:Con su permiso, señor Presidente:
Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que el Pleno concierte criterios generales para la selección y elección de consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) para el ejercicio 2003-2010, con base en los siguientes
Antecedentes y ConsideracionesEl IFE es una institución producto de nuestra transición a la democracia y para la consolidación de los valores de una nueva cultura cívica. Es una de las instituciones democráticas más importantes del país, un órgano de Estado autónomo y fundamental para el país. Se ha desarrollado vertiginosa y favorablemente en favor del cambio democrático.
Es una organización moderna, de vanguardia, profesional, imparcial y que brinda a los procesos lectorales y a sus resultados altos grados de transparencia y confiabilidad.
Se trata de una institución con gran prestigio nacional e internacional. La sociedad mexicana le reconoce gran autoridad ética; acuden a ella organismos de otras naciones para abrevar de su experiencia en materias tan diversas como credencialización, operación de comicios y administración pública electoral.
Hacia finales de octubre próximo, la Cámara deberá renovar al IFE el Consejo General, su máximo órgano de dirección. Elegir nueve consejeros electorales es un asunto de importancia crucial, cuyo proceso requiere de nuestra parte madurez y visión política, con base en los principios rectores que marca la Constitución Política de la República: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Para abordar tan importante tarea, son menester una profunda reflexión y responsabilidad política. En todos los medios de comunicación se vienen manejando nombres de distinguidísimos mexicanos y mexicanas como posibles candidatos a ocupar los espacios de dirección del Consejo General del IFE.
Tradicionalmente, la regla ha sido que, junto al nombre de cada aspirante, se adosen las siglas de este o aquel partido político nacional. No debería ser así. Se daña la credibilidad de la institución electoral, se compromete el prestigio del interesado y se vulnera la negociación entre partidos.
El sistema de cuota no debe prevalecer en dicha negociación. Si bien la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) disponen que los grupos parlamentarios de la Cámara formulen sus propuestas, debemos acordar criterios generales y particulares que eviten que la selección y la elección de los consejeros electorales sean con base en intereses dirigidos a partidizar el IFE.
Partidizar el Consejo General es una tentación que beneficiaría sólo al pasado de las viejas formas de hacer política y sería enorme irresponsabilidad de la Cámara. Podrían presentarse graves crisis de legitimidad de la autoridad electoral, como las que viven Venezuela, Argentina, Namibia y Bulgaria.
El caso venezolano es paradigmático. En su Constitución vigente existe, junto a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el llamado Poder Electoral, cuyo supremo órgano de decisión, el Consejo Nacional Electoral, está integrado por cinco ``rectores electorales'', designados -por cierto- por el Tribunal Superior de Justicia, debido a la falta de acuerdos en la Asamblea Nacional, provocado a su vez por la discusión entre partidos por el sistema de cuotas.
En noviembre de 2002, la Coordinadora Democrática, que agrupa a la oposición, entregó a la autoridad electoral venezolana más de 2 millones de firmas de solicitantes de la convocatoria a un referéndum consultivo para cuestionar la permanencia de Hugo Chávez en el encargo.
Luego de un intenso y prolongado debate entre el Ejecutivo y la oposición, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a un referéndum consultivo, decisión aprobada por tres de sus cinco miembros.
Ese día, el Tribunal Superior de Justicia decretó la nulidad del citado referéndum, en virtud de que el CNE decidió, sin aprobación de la mayoría calificada del organismo; es decir, cuatro de los cinco miembros (dos de ellos, abiertos simpatizantes del gobierno).
Finalmente, el 4 de diciembre, y luego de volver a someter la decisión al pleno del CNE, éste lo ratificó con los cuatro votos legalmente necesarios, pero de nuevo los miembros del CNE aliados del gobierno en turno han retrasado la decisión.
Como es sabido, en éste y en todos los casos de organismos electorales partidizados la autoridad electoral nacional se ha visto seriamente comprometida y, con ello, sus facultades para una adecuada instrumentación operativa de las elecciones, pues los integrantes de los órganos máximos de decisión, actuando según las líneas marcadas por los partidos proponentes, han detenido decisiones necesarias, han favorecido a cierto partido o han interrumpido la profesionalización de la autoridad electoral.
De ese modo, Convergencia demuestra las desventajas del sistema de cuotas para renovar el Consejo General del IFE y formula desde esta tribuna un exhorto a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados al tenor del siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Además de lo dispuesto en el artículo 76 del Cofipe, que establece los requisitos de ley para ser consejero electoral, la Cámara de Diputados determinará, cuando menos, los siguientes cuatro criterios generales para seleccionar candidatos a consejeros electorales del IFE:
a) Por la enorme complejidad de la ingeniería legal electoral moderna, los candidatos deberán demostrar conocimiento adecuado del derecho electoral, así como de su sistema de fuentes, sus métodos de interpretación y la mecánica de su aplicación cotidiana;
b) Por la importancia de preservar la vigencia de los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en la organización de las elecciones federales, los candidatos a consejeros deberán asumir un compromiso público y ético respecto a la lealtad institucional con el IFE;
c) Por la necesidad de contar con consejeros electorales conocedores del amplio entramado institucional del sistema de partidos, del sistema electoral y del sistema político mexicano en general, los candidatos deberán demostrar conocimiento adecuado del estado teórico de la cuestión y de analizar y proponer cauces de modernización democrática; y
d) Por la dimensión de la administración y gestión públicas de las elecciones federales modernas, deberán demostrar experiencia en funciones públicas afines y de preferencia en responsabilidades de mando medio, superior o ambos.
Segundo. Cada grupo parlamentario designará de manera formal a dos diputados negociadores con autoridad decisoria plena para integrarlos a la Mesa de Consensos para la Renovación del IFE 2003, que se instalará con la mayor brevedad y sesionará dos veces por semana. Dicha Mesa contará con un secretario técnico, que deberá ser un servidor público adscrito a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. Los coordinadores parlamentarios podrán presentarse en cualquier momento a las reuniones de la Mesa.
Tercero. Logrados los consensos necesarios, el procedimiento para elegir a los consejeros electorales del Consejo General del IFE para el periodo 2003-2010, además de ceñirse estrictamente a nuestra normatividad interna, deberán observar cuando menos las siguientes bases:
a) Se elegirá primero al consejero Presidente del Consejo General, mediante cédula respecto a la propuesta de la Junta de Coordinación Política;
b) Se elegirá en segundo término a los ocho consejeros electorales propietarios restantes, mediante cédula respecto a la propuesta de la Junta de Coordinación Política; y
c) Se elegirá, por último, a los siete consejeros electorales suplentes, mediante cédula respecto a la propuesta de la Junta de Coordinación Política.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.--- Diputados: Jesús E. Martínez Alvarez (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús P. González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar...
El diputado Emilio Zebadúa González (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Sí, ¿con qué efecto, diputado Zebadúa?
Activen el sonido en la curul del diputado Zebadúa.
El diputado Emilio Zebadúa González (desde su curul):
Para hablar sobre el mismo tema.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Se le concede el uso de la palabra al diputado Emilio Zebadúa hasta por cinco minutos para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Emilio Zebadúa González:Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El pasado domingo 6 de julio el Instituto Federal Electoral y su Consejo General, organizaron con éxito las elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Se trató del tercer proceso electoral organizado por el actual Consejo General bajo el marco legal producto de las reformas constitucionales de 1996.
Al concluir su mandato el próximo 31 de octubre, los ocho consejeros electorales y el consejero presidente, habrán contribuido a una de las etapas históricas más importantes en la construcción de un nuevo sistema político-democrático del país.
En sólo siete años el IFE se consolidó como una institución confiable y eficaz en la organización de las elecciones federales. La confianza y la credibilidad de que goza el IFE ante la ciudadanía no son resultado de hechos fortuitos ni del simple paso de la historia; tampoco se derivan solamente de factores externos. En realidad, están sustentados en varios hechos objetivos producto de las acciones y decisiones del propio IFE y de sus consejeros; se trata de un proceso que básicamente se generó de adentro hacia afuera y que giró en gran medida en torno a lo que los consejeros consideraron o interpretaron en la ley. Era su función política y sus atribuciones administrativas.
En los próximos días tendremos que elegir, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución y a los artículos 74 y 76 del Cofipe, a los nuevos miembros del Consejo General del IFE para el periodo 2003-2010. Se trata de una decisión de gran trascendencia para el proceso democrático del país y en particular para el de la construcción de instituciones para un México moderno.
El consejero presidente y los ocho consejeros electorales, junto con un secretario ejecutivo y los miembros de la Junta General Ejecutiva, serán los responsables de organizar la elección presidencial del 2006, además de desahogar un número de procedimientos de fiscalización y recursos administrativos interpuestos por los partidos políticos y sus miembros, bajo el marco de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los criterios y la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, deberán llevar a cabo el proceso de actualización del padrón electoral, listado nominal de electores y la expedición de millones de nuevas credenciales de elector, con un grado de mayor complejidad. Además, tendrán la responsabilidad de realizar el proceso de redistritación, combinando información geográfica, demográfica y social. En resumen, tendrán una serie de tareas que requieren de un grado variable de conocimiento técnico, jurídico y administrativo, además de sensibilidad y prudencia política.
Los grupos parlamentarios de los partidos representados en esta LIX Legislatura, actuarían con ligereza política si en la selección y en la designación de los integrantes del próximo consejo general se dejaran guiar por razones partidistas, políticas o personales.
La integración del órgano máximo de dirección del IFE, no puede ser el resultado de política de cuotas en las que los partidos designen no a funcionarios independientes y profesionales, sino a representantes partidistas.
Más allá de los requisitos establecidos en el artículo 76 del Cofipe, los futuros consejeros electorales deben ser ciudadanos que compartan la nueva cultura democrática y comprobada experiencia profesional. Deben contar con conocimientos que requiere la organización de las elecciones y más ampliamente el marco técnico-jurídico que guía la actuación de una institución de las dimensiones y la complejidad administrativa y política que tiene el IFE.
De igual manera y como lo ha venido impulsando el PRD a través de iniciativas de reformas al propio Código Electoral, deberá considerarse la equidad de género para la designación de las y los integrantes del próximo Consejo General.
Si antes resultó necesario ir afuera del IFE para buscar que quien lo dirigiese fuese un ciudadano sin ligas con los partidos e independiente del gobierno porque se desconfiaba de este instituto, ahora ese instituto se ha ganado la credibilidad y la confianza de ciudadanos y de partidos; ahora se ha demostrado su independencia e imparcialidad, por lo que el lugar para buscar a los nuevos consejeros electorales es dentro del universo amplio de experimentados ciudadanos y funcionarios que se han formado en las estructuras y órganos de dirección de la comunidad electoral.
Ante los avances alcanzados en materia electoral en el país y la posición y reconocimiento que goza el IFE entre los principales actores políticos y la mayoría de la ciudadanía, la pregunta fundamental es si los partidos políticos y sus grupos parlamentarios desean volver a empezar designando un consejo general sin experiencia o conocimiento probado en las materias técnicas y electorales o en cambio vamos a contribuir a la continuidad del IFE tomando una decisión apegada a los criterios de la ley.
Es por lo anterior, que nos sumamos a lo expresado y propuesto por el grupo parlamentario de Convergencia; es necesario establecer de manera objetiva y transparente los procedimientos y criterios para llevar a cabo las negociaciones y más adelante, la votación y elección de los próximos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
En otro punto de acuerdo, se le concede el uso de la palabra a la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo, instruya al Secretario de Hacienda ante el escenario que la misma Secretaría proyecta, de una no reducción al presupuesto del gasto del sector Salud y se atienda con responsabilidad social sin reducción alguna.
La diputada María Cristina Díaz Salazar:Con permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo.
Es del saber de todos que el Estado es responsable de la prestación social establecida en el artículo 4º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cito: ``...toda persona tiene derecho a la protección de la salud...'', también es cierto que falta mucho por hacer en el sistema de salud para que tengamos lo que México requiere.
Promover un presupuesto en el cual se precisen los términos y características conforme a los cuales deben canalizarse los recursos aprobados para el sector salud; para este propósito tenemos que partir de la base de una política que no se limite al sentido asistencialista, sino que se creen derechos sociales exigibles para la sociedad mexicana, que está obligada a potencializar las capacidades productivas de grupos, así como de regiones; que induzca condiciones de igualdad efectiva y que atienda las profundas diferencias que prevalecen entre las regiones, entre géneros y personas.
A los legisladores nos corresponde la tarea de vigilar que las fórmulas de distribución de los recursos obedezcan a los criterios de índices de pobreza y no al volumen de la población; buscar las sumas y coordinación de todos los programas federales, evaluando y reasignando éstos para asegurar una mayor efectividad. El propio secretario de Salud ``ha manifestado en múltiples foros que la salud y la educación son las bases para el desarrollo económico, para el bienestar social, la estabilidad política y la seguridad nacional de nuestro país.''
En la protección de la salud estamos todos inmersos, es un valor que debe ser compartido por todas las sociedades, por todas las ideologías y por todas las organizaciones políticas.
La salud pública en México ha tenido importantes avances, lo que ha llevado a enfrentar nuevos retos. La población sigue aumentando, recordemos que cada año tenemos alrededor de 2 millones de nacimientos; de igual manera, anualmente tenemos alrededor de 450 mil defunciones; esto nos señala qué promedio de años vida está en aumento. El perfil epidemiológico ha cambiado, los padecimientos que ahora ocupan los primeros lugares y que llevan a la muerte son de mayor costo: enfermedades cardiovasculares, cáncer, sida, diabetes, entre otras, que de inicio se presentaron en las zonas urbanas, pero que día a día son más frecuentes en las zonas rurales y en las poblaciones más marginadas.
En la salud no podemos vivir al día buscando recursos, y mucho menos cuando son fondos que deben ir destinados a contingencias y catástrofes naturales; y más grave y preo-cupante es que, cuando éstos se presentan, se diga, sin más ni más, que no hay efectivo. Pregunto: ¿es ésta una respuesta a aquellos ciudadanos mexicanos, que están en condiciones desesperadas y vulnerables por la desgracia en la que viven? ¿Merecen una respuesta como ésta? Es vergonzoso que nuestro país sea el que menos invierte en salud de toda América Latina.
Es importante mencionar que de 1995 a 1999 hubo un aumento real acumulado superior al 71.2%; cabe señalar que el presupuesto destinado a la salud para el año actual no presenta ningún crecimiento en términos reales respecto al año anterior; es más, para la función concreta de salud los recursos decrecieron en 1.5%.
Es insuficiente el poco presupuesto con que se cuenta en el sector salud, y más aún lo que le queda a la Secretaría de Salud, que ésta es la responsable de atender a todos aquellos que son desempleados, marginados, pobres del campo; en pocas palabras, los que carecen de oportunidades. Además no olvidemos que ellos son lo que no pueden acceder a pertenecer a una institución de seguridad social, concretamente es la población no asegurada, que hoy es un número considerable de la población y, siendo realistas, cada día crece más.
La salud no tiene precio, no puede estar sometida a números fríos, los resultados se miden por la calidad de vida y no por el número de muertes de los mexicanos, y más lamentable es cuando éstos son los niños de nuestro México.
Es por esta razón que hacemos un enérgico llamado al Gobierno Federal a que reconozca que a la salud es un derecho, que debe reconocerse la responsabilidad de impulsarla y mejorarla, que ésta es una causa que debe ser decisiva en la reducción de desigualdades, que a pesar de que la Secretaría de Hacienda proyecta recortar el gasto para el ejercicio del año 2004 en un inferior de 700 millones de pesos al del 2003.
Reducir éste en el sector salud sería un alejamiento al reclamo social y reflejaría indudablemente que el Estado no es capaz ni justo, nosotros los legisladores no lo podemos permitir; este escenario sólo exige que en salud exista para el 2004 la garantía de que no será más afectado de lo que hoy es. Ante este problema, al que nos podemos anticipar, se exhorta al Ejecutivo a actuar con prudencia y sentido de equidad, pero fundamentalmente le recordamos que es también el responsable de elevar el bienestar de vida de los mexicanos, que esto debe ser una de sus prioridades fundamentales.
Punto de AcuerdoUnico.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que instruya al secretario de Hacienda para que, ante el escenario que la misma Secretaría de Hacienda proyecta de una reducción el presupuesto. El gasto del sector salud se atienda con responsabilidad social sin reducción alguna y sin recortes posteriores a lo aprobado.
Dip. Cristina Díaz Salazar (rúbrica).
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.En tanto se designe la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Pasando a otro punto, tiene la palabra el diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar la excarcelación del líder del Frente Estatal Pesquero de Sinaloa, Jesús Leyva y exhortar a la Conapesca para reforzar las actividades de ordenamiento pesquero en el país.
El diputado Adrián Chávez Ruiz:Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:
¡En Sinaloa se castiga el hambre de los trabajadores del mar!
Con este grito se manifestaron las mujeres y hombres del mar en Sinaloa, el pasado 30 de julio. Ante la demanda de atención a sus solicitudes, el régimen respondió con represión.
Son de todos conocidas las condiciones que enfrentan actualmente los trabajadores del país. Especialmente los de la pesca, quienes atraviesan por una de las mayores crisis de los últimos 20 años, resultado de la aplicación del modelo neoliberal, que ha dejado a millones de mexicanos en la miseria. En razón de la puntual aplicación de las recetas de los organismos financieros internacionales, que no son capaces de ponerlas en práctica, ni siquiera en sus propios países. Un modelo que privilegia a los grandes capitales por encima de las necesidades de los productores del mar, quienes son parte de la cadena productiva que genera divisas para el país y alimento para los mexicanos.
Dentro de la diversidad de conflictos en el sector pesquero, uno de los más agudos es el que año con año transita la pesquería de camarón en el golfo de California. Problemática que las autoridades han permitido llegar a niveles prácticamente inmanejables por falta de visión, talento o quizá voluntad del Gobierno Federal.
Compañeros, es nuestro deber reconocer que hasta la fecha ha correspondido, en estricto apego a sus atribuciones, atender y resolver la problemática pesquera al Gobierno Federal, pues así lo señalan nuestra Constitución y la Ley Federal de Pesca. Sin embargo, no ha cumplido con su cometido y, como lo señaló alguna vez el Secretario Usabiaga, la pesca es el último de los temas que atiende el funcionario, porque los revisa por la noche.
Tres sexenios de desmantelamiento del sector pesquero, a veces abierto, en otras ocasiones silencioso, han sido suficientes para borrar, prácticamente, del espectro económico y social la pesca. Particularmente a los pescadores ribereños tradicionales, que utilizan artes de pesca menos impactantes para el medio ambiente; quienes además de tener que enfrentarse a los permisionarios ``factureros'', demandan mejores precios de sus productos, sin recibir apoyo de las autoridades y, al contrario, son reprimidos.
Por otra parte están las autoridades estatales, quienes carecen de facultades regulatorias y administrativas sobre los recursos pesqueros que se encuentran en sus litorales. Limitados en su actuar, los funcionarios locales buscan salidas fáciles para ``resolver'' las solicitudes de los pescadores, amén de enfrentar la carencia de apoyo del Gobierno Federal.
Compañeros, México carece de una política pesquera nacional. Una política integral que involucre a los productores y favorezca la organización social del sector. Incorporarlos en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas que impactan en el desempeño de sus actividades cotidianas, es una tarea urgente.
La poca atención a los problemas genera conflictos sociales que el régimen ha atendido con acciones de fuerza y que se pretende reducir a luchas de contrarios, cuando lo que debe prevalecer es el oficio político y la sensibilidad social. Es así que en el caso de los pescadores de Sinaloa se prefirió el enfrentamiento con los trabajadores y capturar a los líderes del movimiento que dar respuesta a las demandas de comunidades que han caído en la desesperación por la espantosa miseria y abandono de que han sido objeto. Pescadores cuya principal demanda era que se les permitiera salir a pescar antes que las embarcaciones de mediana y gran altura. Demanda que, por cierto, está justificada técnicamente, de acuerdo con los resultados de un análisis del Instituto Nacional de la Pesca.
Sin embargo, hoy se encuentra preso Jesús María Leal Leyva, presidente de la Federación Estatal de Pescadores.
A Jesús Leal Leyva se le dictó el auto de formal prisión en un proceso por demás apresurado, sin los elementos probatorios suficientes y sin derecho a libertad bajo caución. Un proceso judicial radicado en Sinaloa, que se ha caracterizado por la falsificación de delitos, la incongruencia y exageración de la parte acusadora, que no ha mantenido sus señalamientos durante el careo. Basta señalar que nuestros flamantes agentes de la AFI, que ya quieren equipararse al FBI, acusan a Leyva y un grupo de mujeres de haber intentado secuestrarlos.
Intentar dar respuesta a un conflicto social con medidas represivas y policiacas, cuando lo necesario son cambios estructurales. Los pescadores han presentado propuestas que deberían revisarse con equipos de trabajo multidisciplinarios. Se requiere oficio político, pero también sustento técnico en las decisiones que se tomen. Especialmente en el golfo de California, donde las alternativas que parece plantear el actual grupo gobernante reducen a los pescadores y sus familias a empleados en desarrollos turísticos o en la pesca deportiva.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hace un llamado a las autoridades correspondientes a privilegiar el diálogo y reencauzar un conflicto cuyo origen es el uso de los recursos naturales. Una de las demandas a la Conapesca por parte del Frente Estatal de Pescadores y de las cooperativas asentadas en la región ha sido la revisión de las fechas de levantamiento de la veda, y ellos dicen que están dispuestos a discutir con los elementos técnicos necesarios para que los pescadores tradicionales puedan extraer sus capturas en mejores condiciones. El uso responsable de los recursos naturales no podrá alcanzarse en tanto no se incorpore la opinión de las comunidades asentadas en las regiones.
Este conflicto es sólo una muestra de las condiciones que prevalecen en los litorales del país, donde se propicia el enfrentamiento entre distintos intereses, se pone en riesgo la seguridad nacional y se dilapidan los recursos naturales por una política de aprovechamiento inadecuada.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Demandamos a la Procuraduría General de la República la revisión de los procesos judiciales en contra de Jesús María Leal Leyva y su inmediata excarcelación, además de la cancelación de los procesos judiciales iniciados en su contra.
Segundo. Exhortamos a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a implementar una política pesquera nacional integral que involucre a los pescadores y sus demandas, así como a la revisión de los procedimientos llevados a cabo para el ordenamiento pesquero en el estado de Sinaloa y en el golfo de California.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a que autorice a la brevedad la recepción de avisos de arribo que permita a los productores de camarón en Sinaloa comercializar sus productos, actualmente en bodegas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.--- Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Gracias, señor diputado.
En relación a la excarcelación del señor Jesús Leyva, túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; y en relación al exhorto a Conapesca, túrnese a la Comisión de Pesca. En tanto se designen las comisiones, consérvense en la Dirección General de Proceso Legislativo.Tiene la palabra la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal a fin de que a partir del inicio de la segunda mitad de su administración, lleve a cabo una revisión en su política de generación de empleos y asimismo ponga énfasis en la recuperación de los mismos.
La diputada María del Carmen Izaguirre Francos:Con su permiso señor Presidente; honorable Asamblea:
La que suscribe, con fundamento en los lineamientos que rigen a esta Cámara, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo en torno al desempleo y la situación que presenta la mujer en este rubro.
El desempleo crece a niveles alarmantes. La tasa de desempleo abierto durante el mes de agosto fue del 4%, datos proporcionados por el INEGI. Esta cifra es la más alta en lo que va del año y de los últimos 18 meses, lo que significa que alrededor de 20 mil personas perdieron su trabajo.
El resultado fue superior al 3% estimado por los analistas; si además le agregamos que esta tasa de desempleo se encuentra en su nivel más alto de los últimos cuatro años, consecuencia de que a la fecha existan más de 900 mil personas en edad productiva que no cuentan con un trabajo formal.
La realidad de toda crisis económica seria, es una crisis de falta de empleo y estamos, claramente, ante una situación así.
Hay que recordarle al Gobierno Federal que no hay recetas milagrosas, que ningún programa emergente para atender el desempleo va a funcionar si la economía mexicana no se encamina hacia la reactivación. La tasa del 4% confirma que la economía del país no marcha nada bien.
El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que durante este año se han perdido más de 100 mil empleos. Las empresas confirman que existe en nuestro país un alto índice de desempleo; aunque el Gobierno Federal asegure que la tasa de desempleo no ha sufrido variaciones, para miles, para miles de mexicanos ésa no es la realidad.
La población económicamente activa sigue creciendo a un ritmo de 800 mil personas al año y los empleos formales no crecen en absoluto, así que quienes se suman a la población con capacidad de trabajar, el Gobierno Federal les ofrece a los mexicanos estas opciones: irse a Estados Unidos a buscar trabajo, sumarse a la economía informal y poner un changarro, integrarse a la economía negra, autoemplearse.
La ola de desempleo golpea también al sector de los jóvenes egresados de las universidades, quienes paradójicamente tienen el doble de dificultad para encontrar trabajo en comparación a los que cursaron estudios básicos.
Según la ANUIES sólo una tercera parte de los jóvenes con licenciatura confían que en 10 años obtendrán un empleo acorde a su profesión y nivel educativo.
El INEGI señala que mientras la tasa de desempleo abierto entre las personas sin instrucción o con primaria completa fue del 1.8%, en aquéllas con escolaridad media superior y universitaria se duplicó y es del 3.5%.
Es momento de recordar las palabras de la alumna María Isabel Wong, de la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico, quien le expresó al Presidente Fox que ante las dificultades para encontrar trabajo la juventud mexicana siente que el sistema educativo del país ha fracasado. En su intervención mencionó que sería muy triste desperdiciar todo lo que se ha desarrollado en infraestructura educativa sólo para producir desempleados con diplomas.
Regresando al tema de las no muy agradables cifras del desempleo, el sector femenino ha sufrido discriminación. Según el propio INEGI el desempleo abierto en el rubro de las mujeres es del 4.48% por el del 3.66% de los hombres.
En las encuestas. En la Encuesta Nacional de Empleo se observa que la población ocupada de hombres es del 74.4%, mientras que de las mujeres es de escaso 39%.
En el ámbito de la población económicamente inactiva arrojado por los siguientes resultados, los hombres que se encuentran inactivos a la fecha son 9 millones 294 mil, en contraste con las cifras publicadas para las mujeres, quienes ascienden a 26 millones 52 mil.
Salta a la vista que las mujeres se han integrado a la dinámica del mercado de trabajo con los salarios más bajos y sin embargo, redoblan, triplican esfuerzos. Basta con observar a nuestro alrededor para encontrar a miles de mujeres que ante situaciones verdaderamente precarias ingresan a empleos que no les ofrecen ninguna o a veces mínima seguridad, afectando negativamente su autovaloración y su autoestima.
Aunado a esto le agregamos que las empresas prefieren despedir a las mujeres que a los hombres, como se refleja en los estudios realizados.
Resulta necesario hablar de las violaciones de los derechos laborales que se han venido dando por parte de los encargados de las áreas de recursos humanos, de las empresas hacia las mujeres, obligándolas a negociar su liquidación que conforme a la ley les corresponde y han llegado al grado de requerirles que firmen su renuncia, en la cual deslindan a las empresas de la obligación de efectuar el pago de la liquidación.
México es un país de poco más de 100 millones de habitantes, más de 50 millones somos mujeres que día a día contribuimos a la generación de la riqueza material, social y cultural de este nuestro gran país.
Si el crecimiento de la economía mexicana durante la segunda parte del sexenio se mantiene en los mismos niveles que tiene hoy, entonces podrá haber cuanto programa emergente se le ocurra, pero no habrá solución al problema del desempleo.
Con los acontecimientos observados en estos tres años de Gobierno y las expectativas que se habían generado solamente hemos visto un fracaso en la política de empleos por parte de la administración federal.
En consideración a lo anterior, se propone al pleno de la Cámara el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que la honorable Cámara de Diputados respetando en todo momento el principio de división de poderes, realice un exhorto al Ejecutivo Federal con el fin de que a partir del inicio de la segunda mitad de su administración lleve a cabo una revisión en su política de generación de empleos y asimismo, ponga énfasis en la recuperación de los mismos, así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en término de sus facultades, realice una inspección de investigación a las empresas con el fin de encontrar los motivos del porque se está dando el fenómeno del incremento de despidos en el sector femenino y se están generando contrataciones más al sector masculino.
De igual manera implemente un programa de vigilancia de los derechos laborales de la clase trabajadora.
Señor Presidente, hago entrega a la Secretaría del punto de acuerdo en el cual solicito se publique íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito, señor Presidente, ponga a consideración y votación del pleno el punto de acuerdo por ser un tema de urgente y obvia resolución.
Muchas gracias, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Dip. Fed. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.
La que suscribe, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en fracción II de los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, en torno del ``desempleo y la situación que presentan las mujeres en este rubro''.
El desempleo crece a niveles alarmantes. De acuerdo con los datos más recientes proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la tasa de desempleo abierto durante agosto fue de 4 por ciento.
Esa cifra es la más alta en lo que va del año y de los últimos 18 meses, lo cual significa que alrededor de 20 mil personas perdieron su trabajo. Según el organismo, el resultado fue superior al de 3 por ciento estimado por los analistas.
Además, agreguemos que esa tasa de desempleo se encuentra en su nivel más alto de los últimos cuatro años, consecuencia de que a la fecha más de 900 mil personas en edad productiva no cuentan con trabajo formal.
La realidad de toda crisis económica seria es una crisis de falta de empleo; y estamos, claramente, ante una situación así. Hay que recordar al Gobierno Federal que no hay recetas milagrosas, que ningún programa urgente para atender el desempleo funcionará si la economía mexicana no se encamina hacia la reactivación. La tasa de desempleo abierto de 4 por ciento confirma que la economía del país no marcha.
El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que durante este año se han perdido más de 100 mil empleos. Las empresas confirman que hay en el país alto índice de desempleo. Aunque el Gobierno Federal asegure que la tasa de desempleo no ha tenido variaciones, para miles de mexicanos la realidad es otra.
La Población Económicamente Activa (PEA) sigue creciendo a un ritmo de 800 mil personas al año. Y los empleos formales no crecen en absoluto. Así que a quienes se suman a la población con capacidad de trabajar, el Gobierno Federal ofrece las opciones siguientes:
1. Irse a Estados Unidos a buscar trabajo.
2. Sumarse a la economía informal y poner un changarro o dedicarse a vender chácharas en las esquinas, opción expuesta en propias palabras del secretario de Economía.
3. Integrarse a la economía negra, que nutre a rateros, narcotraficantes, piratas, contrabandistas, etcétera.
4. Emplearse a sí mismos.
El número de personas que trabajan por cuenta propia creció en 590 mil del final de 2000 al primer trimestre de este año, mientras que los trabajadores de la economía informal aumentaron en 840 mil en el mismo lapso. De hecho, el número de trabajadores en la informalidad rebasa a la fecha 10 millones.
Para que una economía crezca, el único mecanismo conocido es propiciar mayor inversión. Hasta ahora, no se ha inventando otra fórmula. Los países que alcanzan tasas altas de crecimiento son los que también tienen tasas elevadas de inversión.
Para que exista inversión, se requiere un conjunto de estímulos que permitan que mexicanos y extranjeros encuentren atractiva la economía para comprometer sus recursos. Se necesita que, nuevamente, la productividad y competitividad de la economía mexicana vayan en ascenso.
La ola de desempleo en el país golpea también el sector de los jóvenes egresados de las universidades, quienes -paradójicamente- tienen el doble de dificultad para encontrar trabajo que los que cursaron estudios básicos.
Según la encuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, sólo una tercera parte de los jóvenes con licenciatura confía en que en 10 años obtendrá un empleo acorde con su profesión y nivel educativo.
Los egresados de la enseñanza media superior y superior no sólo tienen que competir con 400 mil nuevos desempleados que se acumularon este año sino que, además, hay restringida oferta, en la que se observa una oportunidad laboral por casi cuatro egresados.
Para Carlos Muñoz Izquierdo, especialista en seguimiento de egresados y académico de la Universidad Iberoamericana, ``el problema que afecta con mayor gravedad a los jóvenes que se incorporan a la PEA es el subempleo, que significa un aprovechamiento mínimo de la escolaridad alcanzada''.
Así, el INEGI señala que, mientras la tasa de desempleo abierto entre las personas sin instrucción o con primaria completa fue de 1.8 por ciento, en las de escolaridad media superior y universitaria se duplicó a 3.5 por ciento.
Es momento de recordar las palabras de la alumna María Isabel Wong, de la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico, quien expresó al Presidente Fox que, ante las dificultades para encontrar trabajo, la juventud mexicana siente que el sistema educativo del país ha fracasado. En su intervención mencionó: ``Sería muy triste desperdiciar todo lo desarrollado en infraestructura educativa sólo para producir desempleados con diploma''.
Regresando al tema de las no muy agradables cifras del desempleo, el sector femenil ha sufrido discriminación. Según el INEGI mismos, el desempleo abierto en el rubro de las mujeres es de 4.48 por ciento frente a 3.66 por ciento de los hombres.
En la Encuesta Nacional de Empleo se observa que la población ocupada de hombres es de 74.4 por ciento, mientras que la de las mujeres es de 39 por ciento.
En el ámbito de la población económicamente inactiva, arroja los resultados siguientes: los hombres inactivos a la fecha son 9,294,759, en contraste con las cifras publicadas para las mujeres, quienes ascienden a 26,052,889.
Salta a la vista que las mujeres se han integrado a la dinámica del mercado laboral con los salarios más bajos, redoblando y hasta triplicando esfuerzos (doble y triple jornada de trabajo). Se integran principalmente al comercio, a la economía y a los servicios; y, aun cuando participan en puestos de mayor responsabilidad o jerarquía, siguen siendo discriminadas por los hombres.
Basta observar a nuestro alrededor para encontrar a miles de mujeres que, ante situaciones verdaderamente precarias, ingresan en empleos que les ofrecen ninguna o mínima seguridad, afectando de manera negativa todo esto su autovaloración y autoestima.
A eso agreguemos que las empresas prefieren despedir a las mujeres que a los hombres, como se refleja en los estudios efectuados.
Resulta necesario hablar de las violaciones de los derechos laborales que se han venido dando por parte de los encargados de las áreas de recursos humanos de las empresas hacia las mujeres, obligándolas a negociar su liquidación que, conforme a la ley, les corresponde. Han llegado al grado de requerirles que firmen su renuncia, en la cual deslindan a la empresa de la obligación de pagar la liquidación.
Es necesario hacer un recordatorio al Gobierno Federal: en la mayoría de los hogares mexicanos, la contribución de las mujeres al ingreso se ha vuelto imprescindible, pues uno de cada tres hogares es mantenido por una mujer y en uno de cada cinco el ingreso proviene exclusivamente de una mujer.
Las mujeres han sido el eje del desarrollo de sus familias y comunidades. En nuestro país, en más de 12 millones de mujeres se concentran los más altos índices de precariedad y cuentan con los más bajos niveles de instrucción y de ingresos.
La PEA femenil es hoy día de más de 13 millones. De éstas, 72 por ciento se ocupa en el sector servicios y en el comercio. Se estima que las trabajadoras dedican a las labores que realizan fuera del hogar alrededor de 40 horas a la semana, además de sus actividades domésticas y el cuidado de los hijos, que implica 30 horas adicionales.
Las mujeres son, entonces, mal pagadas porque resulta más fácil que acepten trabajos que impliquen ingresos precarios, por los estereotipos y las imágenes fijados en el imaginario social, como que las mujeres son ``luchonas'', ``aguantadoras'' o ``más responsables''. Pocas tienen la oportunidad de elegir si desean trabajar o no o en qué condiciones.
Un ejemplo de los que llevan varios años sin trabajo es el de Nicolasa Guerrero, enfermera desempleada, quien tiene que arreglárselas para sobrevivir. ``Toma la presión, inyecta, canaliza suero, pone insulinas a las personas que se lo solicitan, ya sea en su colonia o en Polanco, Anzures, Las Lomas... Y con eso sobrevive''.
México es un país de poco más de 100 millones de habitantes. Más de 50 millones somos mujeres, que día con día contribuimos a la generación de la riqueza material, social y cultural.
Si el crecimiento de la economía mexicana durante la segunda parte del sexenio se mantiene en los mismos niveles de hoy, entonces podrá haber cuanto programa urgente se les ocurra, pero no habrá solución al problema del desempleo.
Al ritmo que vamos, el Gobierno Federal dirige su política de empleo a que el sector femenino esté buscando emplearse en trabajos domésticos o toquen de puerta en puerta para ofrecer sus servicios de limpieza o lavado de ropa, se dediquen al comercio ambulante y, si cuentan con una mejor suerte, tal vez puedan acceder a ser empleadas de mostrador o de intendencia en comercios mejor establecidos.
Con los hechos que hemos observado los mexicanos en estos tres años de gobierno, y las expectativas que se habían generado, solamente se ha visto un fracaso en la política de empleos por parte de la administración foxista.
En consideración de lo anterior, se propone al Pleno de la Cámara el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la honorable Cámara de Diputados, respetando en todo momento el principio de división de poderes, realice un exhorto al Ejecutivo federal a fin de que, a partir del inicio de la segunda mitad de su administración, revise su política de generación de empleos y, asimismo, haga hincapié en la recuperación de éstos.
Asimismo, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que, en términos de sus facultades, realice una inspección e investigación a las empresas con el fin de encontrar el porqué se está dando el fenómeno del incremento de despidos en el sector femenil y se están generando contrataciones del masculino. De igual manera, implante un programa de vigilancia de los derechos laborales de la clase trabajadora.
Palacio Legislativo, a 30 de septiembre de 2003.--- Dip. María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica)
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Gracias, señora diputada.
Se ordena se inserte el punto de acuerdo íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Ya que ha solicitado la diputada, de conformidad con el artículo 95 si se considera de urgente y obvia resolución el artículo 59, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
¿Mayoría calificada, Secretaria?
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Sí, mayoría calificada.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña: Se considera de urgente resolución.En consecuencia está a discusión la proposición... No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña: Suficientemente discutida.Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Aprobada. Comuníquese.En el siguiente punto del orden del día, tiene la palabra la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la PGR, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y a la Contraloría Interna del ISSSTE envíe a la Comisión de Salud de esta soberanía un informe periódico y detallado de los resultados de las investigaciones realizadas en torno a los fallecimientos de recién nacidos en el Hospital 1º de Octubre del ISSSTE.
La diputada María Guadalupe Morales Rubio:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; honorable Asamblea:
Ma. Guadalupe Morales Rubio, diputada a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este órgano colegiado la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Contraloría Interna del ISSSTE que envíen a la Comisión de Salud de esta soberanía un informe periódico y detallado de los resultados de las investigaciones realizadas en torno a los fallecimientos de recién nacidos en el hospital 1º de Octubre del ISSSTE, y la realización de un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran funcionado los hospitales y clínicas del ISSSTE, IMSS y de la Secretaría de Salud, bajo las siguientes
Consideraciones1.-. Que el Programa Nacional de Salud 2001-2006 establece el compromiso de conformar un sistema de salud universal, equitativo, solidario, plural, descentralizado, participativo, vinculado al desarrollo, pero sobre todo eficiente, de alta calidad y anticipatorio; y que la nueva estructura del sector salud debería responder a las necesidades de coordinación y supervisión del IMSS y del ISSSTE, principalmente.
2.- Que pese a lo anterior, el pasado 8 de septiembre se registró la primera de las muertes infantiles originadas por la bacteria llamada Pseudomona aeruginosa, en el hospital 1° de Octubre de este Distrito Federal, donde la información se ocultó por casi 15 días, propiciando que el séptimo bebé falleciera el pasado fin de semana y que actualmente una menor permanezca grave desde entonces.
3.- Estos lamentables casos, aunados a las 25 muertes que tuvieron lugar en diciembre del año pasado, en un hospital del municipio de Comitán, Chiapas, demuestran la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud y de la deplorable e insalubre condición en que se encuentran funcionado los hospitales y clínicas de las que dependen millones de mexicanas y mexicanos.
4.- Es necesario que la Procuraduría General de la República, la Comisión de Arbitraje Médico y la Contraloría Interna del ISSSTE cumplan con su deber de investigar exhaustivamente los hechos y se finquen las responsabilidades en quien o quienes dieron origen a esta tragedia.
Como representantes populares tenemos el derecho y la obligación de mantenernos atentos a las investigaciones que realicen las dependencias involucradas, para corroborar que las mismas estén apegadas a la legalidad.
5.- Es necesario también que esta honorable Cámara de Diputados sea sensible a los reclamos del personal que labora en todos los servicios de salud, respecto al desabasto de insumos básicos, material de trabajo y medicamentos, que por años hemos vivido como usuarios de estos hospitales, donde se ha llegado al grado de que los médicos solicitan a los familiares de los enfermos la compra de medicamentos o material necesario para su tratamiento y curación.
Hago un llamado para que, ante el desabasto de medicamentos y la falta de inversión en la infraestructura hospitalaria, pugnemos por un incremento sustancial para este rubro y buscar que dichos recursos estén etiquetados, con el fin de evitar su transferencia o utilización en otros fines distintos de los señalados.
6.- Finalmente, desde esta tribuna nos tornamos sensibles y solidarios con los padres que perdieron a sus bebés, pues no habrá dinero o indemnización suficiente que pueda resarcir la pérdida de un hijo, como sí lo es la justicia.
A los padres de Alín, la pequeña que aún se encuentra con vida en la unidad de cuidados intensivos neonatal del 1° de Octubre, nuestros más sinceros y profundos deseos de pronta recuperación.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Pleno el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero.- Solicitar a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y a la Contraloría Interna del ISSSTE que envíen a la Comisión de Salud de esta soberanía un informe periódico y detallado de los resultados de las investigaciones realizadas en torno a los fallecimientos de recién nacidos en el hospital 1º de Octubre del ISSSTE.
Segundo.- Que esta soberanía realice un exhorto a las autoridades del sector salud para que a la brevedad se realice un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran funcionando los hospitales y clínicas, no sólo del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, sino también del IMSS, que permita anticipar y corregir a tiempo las fallas que existen, evitando que hechos tan lamentables como los fallecimientos de niños en Chiapas y en la Ciudad de México se vuelvan a repetir en cualquier otra parte de la República, remitiendo dicho informe a la Comisión de Salud de esta honorable Cámara.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que dé trámite a la presente proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido por el artículo 59 de nuestro Reglamento Interior.
Recinto Legislativo San Lázaro, a 30 de septiembre del 2003.--- Diputados: Ma. Guadalupe Morales Rubio, Lizbeth E. Rosas Montero, Rosa Ma. Avilés Nájera, Irma Figueroa Romo, Jesús Martínez Alvarez, Jesús González Schmal, Alejandro González Yánez, Francisco Amadeo Espinosa, Joel Padilla Peña, Juan Antonio Guajardo, Alejandro Agundis Arias, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Fernando Espino Arévalo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Leonardo Alvarez Romo, Maki Ortiz Domínguez, José Angel Córdova Villalobos, Salvador Martínez Della Rocca, Guillermo Huízar Carranza, Luis Medina Lizalde, Rafael Flores Mendoza, Israel Tentory García, José Luis Naranjo y Quintana, Rafael García Tinajero, Susana Manzanares Córdova, Emilio Serrano Jiménez, Marbella Casanova Calam, Dolores Gutiérrez Zurita, Francisco J. Saucedo Pérez, Juan José García Ochoa, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Víctor Suárez Carrera, David Ferreira Martínez, Abraham Bagdadi Estrella, Rogelio Franco Castán, Jorge Martínez Ramos, Iván García Solís, Pascual Sigala Páez, Luis Medina Lizalde, Cristina Portillo Ayala, Miguel Angel García Domínguez, Yadira Serrano Crespo, Manuel Camacho Solís, Horacio Duarte Olivares, Eduardo Espinosa Pérez, Alfonso Ramírez Cuéllar, Marcela González Salas, María Avila Serna (rúbrica).
Es cuanto, señor Presidente.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora diputada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en virtud de que así lo ha solicitado la oradora, si se considera de urgente y obvia resolución.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde su curul):
Solicito la palabra en pro.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Un momento, señor diputado, nada más damos el primer trámite de urgente y obvia resolución.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... De urgente y obvia resolución, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se considera de urgente resolución, en consecuencia está a discusión la proposición.
Jesús, el diputado Jesús González Schmal; tengo antes registrados al diputado José Angel Córdova Villalobos y a la diputada Concepción Castañeda Ortiz, se agrega el diputado Jesús González Schmal.
En consecuencia se concede el uso de la palabra al diputado José Angel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Angel Córdova Villalobos:Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Comprometidos con el Programa Nacional de Salud 2001-2006 de conformar un sistema de salud equitativo, solidario, plural y de excelencia, exhortamos a la Procuraduría General de la República y a la Conamed para que lo antes posible se aclaren los hechos que lamentablemente se suscitaron en el Hospital 1º de Octubre del ISSSTE de este Distrito Federal, con la muerte de siete bebés ocasionadas por la bacteria pseudomona aeruginosa.
Conscientes de que ya se encuentra un grupo de expertos para deslindar responsabilidades y establecer lo que es muy importante, si se trata de un problema epidemiológico, de recursos para el sector salud, de frecuencia de este tipo de infecciones o de negligencia y con el conocimiento de que el resultado de esta investigación se dará en los próximos días, lo que permitirá tomar las medidas pertinentes, las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional nos unimos al punto de acuerdo de nuestra compañera del Partido de la Revolución Democrática, ya que, para nuestro grupo parlamentario, la vida de cualquier ser humano es la esencia de nuestro principio de doctrina.
Asimismo, compartimos y nos unimos a la pena de los padres que perdieron a sus bebés y nos comprometemos a luchar para que nuestro sistema de salud logre la cobertura y la excelencia que los mexicanos merecen.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra la diputada Concepción Castañeda Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Los acontecimientos sucedidos en el Hospital Regional 1º de Octubre del ISSSTE en días pasados, como resultado de la presencia de la bacteria pseudomona aeruginosa, son hechos lamentables que preocupan enormemente a todos los ciudadanos, especialmente a quienes laboramos en esta Institución.
Sabemos que esto pone en evidencia, normalmente, lo hemos dicho de manera rutinaria, que ponemos en evidencia a los sistemas de salud. Hoy, con estos hechos, reafirmamos nuestra posición: es urgente, es necesario reforzar el presupuesto para estas instituciones en este ejercicio.
Lamentamos enormemente que el desabasto, que la falta de medicamentos, de insumos y que la falta de atención al Programa Nacional de Salud nos lleve a estos resultados.
Sobre ello es necesario mencionar también que además de lo que aquí se ha expuesto, nosotros, como trabajadores del ISSSTE, como representante sindical de los trabajadores, hemos exigido que se tomen medidas de inmediato; es por ello que quiero decirles qué hemos hecho.
Como primera acción, se trasladaron niños recién nacidos a zona blanca, que se encuentra aquí en el área de Cuidados Intensivos Neonatales; se cerró la unidad, quedando en ella únicamente dos bebés. Se permanece, a la fecha ahí, con ellos, pero también se han trasladado a los hospitales Adolfo López Mateos y Regional Zaragoza, seis y cuatro bebés, respectivamente.
Se han tomado muestras bacteriológicas en diversas áreas del hospital con el propósito de detectar posibles fuentes de infección y determinar si se debió a una sola o varias bacterias y si ésta se aloja en un área específica de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
Se revisaron también expedientes clínicos, tanto de los recién nacidos, como de sus propias madres; reforzándose las medidas, dentro de lo posible, de abasto de medicamentos y materiales de curación necesarios en esta etapa de contingencia, adicionales a los que se tenía en stock.
Se conforma un comité sectorial multidisciplinario de expertos de la Secretaría de Salud del Centro de Atención a la Salud a la Infancia y de la Adolescencia, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y del propio Instituto y se continúa con la toma de muestras bacteriológicas para aplicar medidas correctivas necesarias y enfrentar el caso de infección intrahospitalaria, cultivando muestras para determinar el tipo de bacteria a fin de erradicarla.
Con el propósito de ser totalmente transparentes e imparciales, en las investigaciones y trámites administrativos se relevó al subdirector del hospital, para que la toma de decisiones sea colegiada y sin tendencia y sin que se ponga en duda los resultados. No buscamos culpables, pero sí exigimos objetividad para obtener los resultados que todos merecemos, especialmente los padres de estos bebés y que permitan determinar el origen y las causas de estos lamentables acontecimientos.
El miércoles 24 se llevó a cabo una reunión encabezada por la Subdirección General Médica con los padres de los bebés y al mismo tiempo también se realizaron supervisiones de medidas sanitarias por el comité interinstitucional; se han llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con el personal médico, paramédico, externo e interno.
Se decide también como medida preventiva para no comprometer la salud de los recién nacidos, que todavía estaban en el servicio de cuidados neonatales, trasladar a seis de ellos, como les mencionaba, al hospital López Mateos y cuatro al Zaragoza. Hasta ese momento se continúa el cerco sanitario y el monitoreo en las áreas de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, así como de diversas áreas del hospital, desarrollándose actividades propias de la Institución, pero también es importante mencionar que, como lo refería nuestra compañera diputada, el sistema de salud requiere de una urgente atención por parte de quienes en este momento están siendo responsables de asignarnos el presupuesto de este año.
Estamos enterados de que la reducción va a ser para las instituciones de salud; no es justo, no es lo que esperamos los mexicanos en materia de salud, éste es un derecho constitucional y no debemos evadir nuestra gran responsabilidad social cuando tengamos que defender esta posición.
Sé que para los padres de familia, como también aquí se mencionaba, nunca será restituible la vida de un bebé, pero también sé que si todos sumamos nuestros esfuerzos en esta honorable Cámara, habremos de luchar y defender un presupuesto suficiente para contar con lo necesario y brindar servicios de calidad.
Hoy día los trabajadores del ISSSTE buscamos también la solidaridad de todos ustedes para el proyecto de reforma de la institución; no podemos acabar con las instituciones de salud, pero tampoco podemos decirles a los mexicanos que tienen el derecho a la salud que no tenemos con qué brindarles servicios de calidad.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Con su anuencia, señor Presidente; diputadas y diputados...
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Un momento, diputado.
Dígame, señor diputado.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):
Gracias, diputado Presidente.
Nada más para recordarle que con fundamento en el artículo 122 de nuestro Reglamento, cuando sólo se pide la palabra en pro de una proposición o de un dictamen ya de alguna iniciativa, podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara. Quería hacerle ese comentario para que no vayamos a transgredir nuestro Reglamento.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Para rectificar hechos, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene razón el señor diputado en el señalamiento del 122, esta Presidencia ha tenido laxitud pero el Reglamento eso ordena. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al señor diputado don Jesús González Schmal, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Son suficientes. Gracias, señor Presidente.
Diputadas y diputados miembros de esta Cámara de Diputados:
En efecto, hemos oído con verdadera alarma, primero la intervención de la diputada María Cristina Díaz Salazar, clamando, pidiendo, solicitando que de ninguna manera se restrinjan los presupuestos de salud para el próximo ejercicio anual del Gasto Público.
Y posteriormente a la diputada Guadalupe Morales, traernos a esta tribuna el dramático, el patético caso de los niños, que por un aparente descuido de la sanidad, de las protecciones, que cualquier hospital de mínima categoría debe tener, se encuentran perdiendo la vida y también ya se habla de que el personal de salud se está infectando de este virus, de esta bacteria, que está cobrando ya muchas vidas.
Pero también sabemos quienes estamos aquí, que es inminente el brote de más enfermedades, de graves enfermedades, con motivo de las calamidades climatológicas que hemos sufrido en los últimos días, y cómo vemos que las brigadas de salud, que las medidas que el gobierno tiene que tomar para prevenir estos contagios, infecciones ya masivas, han sido realmente muy limitadas, pobremente implementadas.
Yo diría también, que tenemos que traer a la memoria lo que ocurrió en Comitán, Chiapas, apenas en diciembre pasado, y también esa vez se citó a Julio Frenk, a la Conamed, a Tena Tamayo, para que intervinieran, para que en verdad influyeran en una decisión seria para que en los hospitales de México no se dieran estos casos dramáticos de epidemias que cobran vida, sobre todo de los menores de edad.
Es por ello, que interesa mucho que esta Cámara para la revisión del Presupuesto del próximo año, no sólo solicite para la Secretaría de Salud mayores cantidades o mayor cantidad de recursos, sino que también obligue a esta Secretaría a utilizarlos con eficiencia, con responsabilidad, porque sabemos, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que la Conamed, tiene un presupuesto muy alto y no sirve más que para paliar las reclamaciones, que no incide en realidad con seriedad en la mejoría, en la calidad de los servicios médicos. Hay otros órganos de la Secretaría de Salud que sí están trabajando en mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios médicos.
Por lo tanto, hay una duplicidad respecto de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que no está siendo realmente un trabajo que valga la pena el alto presupuesto con el que se le dota.
De esta suerte, qué bueno que sale este tema a la luz, qué bueno que los diputados, que la representación nacional toma conciencia para la revisión del presupuesto de lo que significará para México el salvar la salud de sus hijos menores, de los pequeños y de las grandes poblaciones que están hoy al borde de una catástrofe adicional a la que ya sufrieron por las lluvias, por las inundaciones, cuando empiecen a propagarse las infecciones y también vuelvan a ser víctimas, vuelvo a repetir, los menores de edad.
Así pues, en Convergencia nos sumamos a la iniciativa, tanto de la diputada María Cristina Díaz Salazar, siempre que se enfoque a la optimización primero del presupuesto con el que cuenta la Secretaría de Salud, y desde luego, a la iniciativa, a la propuesta de la diputada Guadalupe Morales, que en el caso de lo ocurrido aquí el 11 de octubre, como en Comitán, Chiapas, exige la más alta, la más seria y él más profundo interés de esta Cámara, para que se concluya la investigación y se tomen medidas emergentes para que no vuelvan a ocurrir casos de tal magnitud y gravedad.
Es todo, señor Presidente.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Un momento, diputada.
Quiero señalar a todos y todas, los señores y señoras legisladoras, legisladores y legisladoras, que esta Presidencia ha tenido laxitud al conceder el uso de la palabra en los diversos asuntos del orden del día.
En tanto el pleno de la Cámara apruebe el acuerdo que proponga tanto la Junta de Coordinación Política como la Conferencia para la Dirección y Programación de Trabajos Legislativos, estamos aplicando el Reglamento en lo posible; es un Reglamento que no contemplaba la existencia de los grupos parlamentarios con que cuenta ahora la Cámara.
Voy a conceder el uso de la palabra para rectificar hechos, a la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada María Cristina Díaz Salazar:Gracias, señor Presidente:
Coincido plenamente con el diputado que me antecedió en el uso de la palabra; creo que señaló usted algo muy importante: optimizar los recursos.
Aproximadamente son 52 mil millones de pesos en el presupuesto al sector y a la Secretaría de Salud, solamente le corresponde un aproximado del 8%, del cual tiene que atender en estos momentos ante el problema del desempleo, mayor pobreza, casi aproximadamente 45 millones de mexicanos. Con un presupuesto del 8% requiere que los legisladores hagamos observaciones muy puntuales en la distribución de este presupuesto para el sector salud.
El otro 14% se distribuye en el fondo que tienen de descentralización que va a los estados y el resto que es la mayor parte, es ocupado por las instituciones de seguridad social. Sin embargo, coincido con usted, en estos momentos el sistema de salud está en predicamento.
A pesar de los esfuerzos superiores que hace la Secretaría de Salud y las instituciones de seguridad social, es insuficiente y está en predicamento el propio Sistema de Salud, por la ineficiencia de los servicios médicos que presta, por la falta de infraestructura, por la falta de abastecimiento. Y esto es lo que nos hace encontrarnos en una situación sumamente lamentable y muy difícil y ocupar vergonzosamente en América Latina, el último lugar: el 5.7.
En la mayoría de los países de América Latina el promedio es de 6.1. Hay países que destinan, como Chile, Uruguay o Bolivia, mucho mayor presupuesto que el nuestro. Y también sociedades altamente industrializadas como Alemania o como Estados Unidos, destinan casi entre el 12 y el 14% del presupuesto social o del Producto Interno Bruto, en el presupuesto social.
Entonces coincido plenamente con usted. Ojalá que los legisladores hagamos conciencia y que el Ejecutivo, que es el que propone el presupuesto, tenga mayor sensibilidad social y tome como prioridad el asunto y el tema de la salud de todos los mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora diputada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutida.Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada y comuníquese.Tiene la palabra el señor diputado don Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos y programas de desarrollo regional, relacionados con la frontera sur.
El diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El suscrito diputado federal, Carlos Osvaldo Pano Becerra, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, según los sucesivos
AntecedentesCon fecha 30 de septiembre de 1997, los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política presentaron ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura la propuesta de proyecto de acuerdo para la integración de las comisiones ordinarias, especiales y comités, la cual se presentó al Pleno y fue aprobada por mayoría, dando origen a la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur; y
ConsiderandoQue los momentos actuales que vivimos en el contexto nacional nos impulsan a observar formas y prácticas del quehacer político con mayor entereza para coadyuvar en el cumplimiento de las acciones de gobierno que tanto reclama nuestra sociedad.
Que, dado que las características geográficas de la frontera sur de la nación involucran y comprenden la influencia de cinco estados de la Federación, a lo largo de 1,139 kilómetros, de los cuales 962 colindan con nuestra hermana República de Guatemala y 176 con la de Belice.
Que estas cinco entidades comparten una historia y tradición comunes, basadas en las costumbres, y el pasado de una de las culturas más desarrolladas del mundo prehispánico, denominada mundo maya.
Que ante la oportunidad histórica de representar al pueblo chiapaneco me obliga a elevar la voz para reconocer la extrema marginación y exclusión en que se encuentra la mayoría de los habitantes, sobre todo los que viven en las zonas rurales.
Que esa marginación se refleja en cualquiera de los rubros que se desee analizar, como educación, vivienda, salud, trabajo y, en general, el desarrollo social del campo y de las zonas urbanas.
Que, en contrapartida de esas enormes carencias, los estados del sureste y, principalmente, Chiapas gozan de gran potencial de materias primas, que los hace sumamente atractivos para llevar a cabo una explotación racional basada en la inversión de capital para crear las condiciones infraestructurales necesarias que posibiliten alcanzar mayores índices de desarrollo económico que redunden en mejor bienestar de todos los habitantes de dicha región.
Que la diversidad cultural de México no debe implicar la diferencia social de las regiones geográficas sino que, más bien, debe servirnos como punto de partida para la búsqueda de mayores equilibrios en la dirección y aplicación de las políticas públicas y de los programas de gobierno a escalas federal y estatal, como condición principal del ejercicio armónico de toda administración pública.
Que el progreso del sureste mexicano se extienda más allá de nuestras fronteras e incluye los países de Centroamérica para la integración de las regiones productivas, que hacen necesario un intercambio comercial más remarcado a través del incremento de la comunicación y reciprocidad de experiencias y conocimientos, generados a partir de las necesidades y exigencias de cada sociedad.
Que en la conciencia y el entendimiento de que uno de los mayores desafíos para el crecimiento igualitario del país es el abatimiento de los rezagos sociales en la vasta región de la frontera sur y como representante social del XII distrito en el estado de Chiapas, es mi deber impulsar desde el Poder Legislativo la expansión, el crecimiento y el auge económico de la región, por medio de mayor asignación de recursos presupuestales que vayan destinados a alentar la diversificación productiva y la vinculación estrecha entre los ámbitos rural y urbano, fortaleciendo la capacidad económica y de gestión de todos los municipios, intensificando la participación de la población en las acciones y los proyectos gubernamentales que se vean reflejados directamente en mejor calidad de vida de los ciudadanos mexicanos del sureste.
Que ante la necesidad de conjuntar trabajos y esfuerzos entre todos los órganos y las instituciones del gobierno mexicano, en mi calidad de representante social y diputado federal por el XII distrito electoral del estado de Chiapas de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, solicito se instituya nuevamente la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur, con la finalidad principal de contribuir y dar seguimiento a la creación y aplicación de los diversos programas específicos de abatimiento de la desigualdad social en la franja fronteriza del sureste mexicano.
Que por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se crea la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LIX Legislatura, encargada de coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo Federal, a los proyectos y programas de desarrollo regional relacionados con la frontera sur.
Esa Comisión Especial atenderá las proposiciones que, en materia de desarrollo regional para la frontera sur del país, presenten los legisladores y demás sujetos con derecho a ello, así como en los planteamientos que en dicha área establecen el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 y los demás de carácter regional.
Segundo. La Comisión Especial impulsará y propondrá a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y al Pleno de la Cámara de Diputados los programas y proyectos prioritarios de desarrollo, así como iniciativas que permitan el fortalecimiento y los avances de la frontera sur.
Tercero. La Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur estará integrada por 30 diputados y diputadas, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, preferentemente de los estados que forman la región del sureste mexicano, y funcionará por el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.--- Diputados federales por el estado de Campeche que apoyan la propuesta de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica).
Diputados federales por el estado de Chiapas que apoyan la propuesta de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Julián Nazar Morales, Florencio Collazo Gómez (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Francisco Grajales Palacios, Belisario Iram Herrera Solís (rúbrica), César Amín González Orantes, Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Sami David David (rúbrica).
Diputados federales por el estado de Tabasco que apoyan la propuesta de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Francisco Herrera León, Luis Felipe Madrigal Hernández, Rogelio Rodríguez Javier, Eugenio Mier Concha, Carlos Rovirosa Ramírez, Amalín Yabur Elías, Addy García López, Angel Augusto Buendía Tirado (rúbricas).
Diputados federales por el estado de Quintana Roo que apoyan la propuesta de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbricas), Félix Arturo González Canto.
Diputados federales del grupo parlamentario del PRD de los estados de la frontera sur que apoyan la propuesta de crear la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Emilio Zebadúa González, Abraham Bagdadi Estrella, Rogelio Franco Castán, Dolores Gutiérrez Zurita, César Antonio Chávez Castillo (rúbricas).
Es cuando, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.Estaba registrado para hacer uso de la palabra para rectificar hechos sobre este asunto el diputado Emilio Zebadúa González... No se encuentra.
El siguiente punto de la orden del día es el punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Gobernación convoque, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos a la discusión amplia y abierta, con la participación ciudadana, asociaciones religiosas e instituciones académicas para la emisión del proyecto de reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Para este efecto tiene el uso de la palabra, el señor diputado don Daniel Ordoñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Daniel Ordoñez Hernández:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoMediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo de la nación a que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, convoque a las asociaciones religiosas, instituciones académicas, así como a la ciudadanía en general a la discusión amplia y abierta para la emisión del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl 15 de julio de 1992 se publicó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Su fundamento básico, establecido en el artículo 1º, enuncia el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias, así como la libertad de creencias religiosas.
Han transcurrido más de 11 años desde la publicación de este ordenamiento jurídico, y desde entonces carece de un reglamento que norme su aplicación y actualice sanciones por incumplimientos o violaciones a la misma.
Con indignación, fuimos testigos de la postración del titular del Poder Ejecutivo ante la presencia del jefe del Estado Vaticano, cuya visita a nuestro país se llevó a cabo con carácter de ``visita pastoral'', siendo representante de una de las opciones religiosas existentes.
Pero eso no es todo.
En el proceso electoral que concluyó el 6 de julio, en actos a todas luces violatorios de la ley, observamos cómo diversos ministros religiosos se manifestaron, abierta y directamente, en favor o en contra de determinado partido político o candidato, influyendo así en el ánimo de sus fieles.
Dan testimonio de tales hechos las más de 150 declaraciones en la prensa, los documentos emitidos por sus instancias oficiales y los diversos actos religiosos de clérigos a lo largo y ancho de nuestro país.
Otro hecho que constituye una clara violación a la ley es el caso del contrato de exclusividad de licencia de uso de derechos de propiedad intelectual celebrado el pasado 31 de marzo de 2002 por el actual rector de la basílica, Diego Monroy, a la empresa estadounidense Viotran, propiedad de la C. Teresa Herrera por la cantidad de 12.5 millones de dólares, mediante el cual se autorizó utilizar la imagen oficial de la virgen de Guadalupe para efectos de comercializar dicha imagen tal y como se desprende de la cláusula sexta del referido contrato.
Ello representa un acto violatorio clarísimo al artículo 8º de la Ley de Asociaciones Religiosas, al haber obtenido lucro en el ejercicio de sus atribuciones como Iglesia.
Por otro lado, la transmisión de las homilías en el canal 4 de Televisa y en el sistema privado de cable por Claravisión constituyen una flagrante violación a lo dispuesto por el artículo 21, párrafo segundo, de la Ley de Asociaciones Religiosas, toda vez que dichas transmisiones no se realizan de manera extraordinaria, como lo indica el precepto jurídico, ya que desde hace bastante tiempo se transmiten de manera periódica cada domingo en el mismo horario.
Actos de intolerancia religiosa quedaron manifiestos en los exhortos para la cancelación del programa sobre uso del condón para prevenir el VIH que hizo el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco; y una semana después, la Secretaría de Salud del estado decidió suspender dicho programa, dando pie nuevamente a la impunidad, pues el artículo 29, párrafo IV, de la citada ley señala que las asociaciones religiosas cometen infracción al promover conductas contrarias a la salud.
Esta serie de sucesos ha generado el quebranto silencioso al Estado laico.
Por un lado, los abusos tanto de políticos como de clérigos que no entienden los límites que el orden jurídico vigente les impone.
Y por el otro, la carencia de un reglamento de la ley en la materia, que ha generado impunidad sobre los actos de violación al Estado laico.
En la versión preliminar de Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público circulado por la Secretaría de Gobernación, se pretende vulnerar el carácter laico del Estado y, por ende, resulta preocupante que se publique en esos términos, toda vez que se justificaría la presencia de funcionarios públicos en actos religiosos. Así, mañosamente se incorpora que ``la asistencia con carácter oficial a un acto de culto público se entenderá sólo cuando, durante la realización de éstos, se lleve a cabo cualquier acto jurídico en uso de las atribuciones que legalmente le corresponden'' (señalado en el artículo 28 del proyecto y violando el artículo 25 de la LARCP).
No se trata de inhibir la libertad religiosa que existe para todos los individuos, pero siendo la obligación de las autoridades garantizar imparcialmente a la ciudadanía el ejercicio de tal libertad, se requiere que durante el tiempo de su encargo reserven para el ámbito personal el ejercicio de sus convicciones religiosas.
El proyecto de reglamento de la Secretaría de Gobernación establece que las instituciones responsables de brindar asistencia en materia de salud, readaptación social y migración, tengan la obligación de permitir a las asociaciones religiosas brindar asistencia espiritual a internos y usuarios. La intervención de la autoridad encargada de dichos centros vulneraría los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, lo que, lejos de garantizar la libertad religiosa, daría pauta a un ejercicio de discriminación, al separar a la población usuaria según su credo religioso.
Por todo esto es impostergable recordarle al Ejecutivo que el Estado mexicano es laico y que el laicismo es la mejor herramienta para el respeto y equidad entre las religiones; necesitamos darle vigencia a la libertad de culto y evitar que cualquier régimen se sirva de una religión para su beneficio.
Es impostergable la emisión del reglamento; empero, la Secretaría de Gobernación debe ser sensible a la necesidad y urgencia de emitirlo. A partir del consenso ciudadano, convocando a los académicos, intelectuales, estudiosos del tema y a las asociaciones religiosas. Todo en congruencia con nuestra Constitución y la ley en la materia.
Honorable Asamblea:
Un Estado laico es aquel en el que las autoridades garantizan a la población el ejercicio de sus derechos. Para el espíritu y sus misterios se reservan los templos, la sociedad mexicana basa en esa separación su libertad política y religiosa.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero: Se exhorte al Poder Ejecutivo de la nación a que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, convoque a las asociaciones religiosas, instituciones académicas, así como a la ciudadanía en general, a la discusión amplia y abierta para la emisión del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Segundo: Que la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía mediante la Comisión de Gobernación sobre los avances de dicho asunto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.--- Diputados: Daniel Ordóñez Hernández, Abraham Bagdadi Estrella, Gelacio Montiel Fuentes, Minerva Hernández Ramos, Horacio Martínez Meza, Diana Bernal Ladrón de Guevara, José Luis Cabrera Padilla, Elba Garfias Maldonado, Rocío Sánchez Pérez, Angélica de la Peña Gómez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Omar Ortega Alvarez, Tomás Cruz Martínez, Miguel Alonso Raya, Miguel Luna Hernández, Cristina Portillo Ayala, Ana Lilia Guillén Quiroz, Miguel Angel García Domínguez, Emilio Zebadúa González, Marcela Lagarde y de los Ríos, Jorge Martínez Ramos, Lizbeth Rosas Montero, Agustín Rodríguez Fuentes, Inti Muñoz Santini, Edgar Torres Baltasar, Martha L. Mícher Camarena, Salvador Martínez Della Rocca, Iván García Solís (rúbricas).
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Se turna a la Comisión de Gobernación.En tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al titular de la Secretaría de Gobernación, a que a la mayor brevedad posible libere los recursos del Fondo Revolvente del Fonden, y del Fondo de Apoyo para Contingencias a los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca, Acaponeta y El Nayar del estado de Nayarit, se integre una comisión especial de diputados que se traslade a las zonas de desastre para su evaluación.
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu:Con su permiso señor Presidente:
Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que por razones humanitarias, mediante decreto administrativo, agilice y simplifique la liberación de los recursos emergentes del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, y del Fondo de Apoyo para Contingencias para su ejercicio en los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca, El Nayar y Acaponeta, del estado de Nayarit, a efecto de que se aplique a la brevedad posible el Programa de Apoyo para la Vivienda, Empleo Emergente y de Ayuda para la Agricultura, la Ganadería y la Pesca.
Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que por razones humanitarias, mediante decreto administrativo, agilice y simplifique la liberación de los recursos emergentes del Fondo Revolvente de Desastres Naturales, Fonden, y el Fondo de Apoyo para Contingencias, para su ejercicio en los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca y El Nayar, así como Acaponeta del estado de Nayarit, a efecto de que se aplique a la brevedad posible en programas de apoyo para vivienda, empleo emergente y de ayuda rápida para reactivar la agricultura, la ganadería y la pesca en el tenor siguiente:
Con fecha del día 26 de septiembre del presente año, el Diario Oficial de la Federación publicó la declaratoria de desastres naturales, emitida por la Secretaría de Gobernación, para los municipios ya citados del estado de Nayarit, los cuales resultaron afectados por lluvias torrenciales, inundaciones y desbordamientos de los ríos Lerma-Santiago, San Pedro y Acaponeta, por los que se podrá acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales.
No obstante lo anterior y que dicho Fondo tiene como objeto atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta a las dependencias y entidades paraestatales, así como de los estados, que es un instrumento complementario respecto de las acciones que deben de implementarse y llevarse a cabo para la atención de este tipo de desastres, es hasta esta fecha en que lamentablemente han sido minimizados los apoyos y recursos que se han recibido por parte de más de 60 mil damnificados en los municipios del estado de Nayarit antes mencionados.
En su momento el Gobierno del estado manifestó y reconoció que la atención de los daños ocasionados por los fenómenos naturales presentados durante el presente mes, rebasan su capacidad operativa y financiera para brindar inmediata atención a los miles de damnificados y de antemano expresa su aceptación y acuerdo con las condiciones y fórmulas de conformación y de participación de pagos que establezcan las reglas de operación del Fonden vigentes, así como el compromiso de asegurar la infraestructura pública que sea objeto del apoyo.
En el recorrido efectuado por las zonas siniestradas durante el pasado fin de semana por parte de mis compañeros diputados y de esta humilde servidora, pudimos constatar que los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos recientemente han impactado directamente al patrimonio familiar de miles de nayaritas, ocasionando la destrucción de todas sus casas y enseres domésticos, sobre todo en las zonas marginadas.
Pero no menos grave y perjudicial ha sido para los campesinos la afectación de sus tierras y sus cultivos, las que han venido sufriendo los ganaderos y los pescadores de la región. Por lo que solicito se considere prioritaria la aplicación de los recursos emergentes para ser ejercidos preferentemente en programas de vivienda y de apoyo a la agricultura, a la ganadería y a la pesca.
De igual manera solicito a esta soberanía su apoyo para que pronto, conforme lo establece la facultad de la Constitución Política del estado de Nayarit y que el Congreso del estado en uso de sus facultades el 24 de diciembre de 2002 aprobó conforme el artículo 47, fracción VII y 115, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 24 de diciembre, el Presupuesto 2002 para el Ejercicio Fiscal 2003, mismo que el Ejecutivo del estado presentó algunas observaciones y nuevamente fue transmitido al Congreso del estado en el mes de abril; las comisiones una vez leído el dictamen en el pleno fue discutido y aprobado; no obstante de ello se presenta una controversia que actualmente se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presupuesto que no ha sido aprobado ni publicado por el Ejecutivo del estado y por lo mismo los caudales presupuestales del estado de Nayarit no se cuentan y tampoco las del Gobierno Federal.
Por lo que solicitamos a esta soberanía el apoyo solidario a nuestros hermanos y hermanas nayaritas que se encuentran en estos momentos sin resolver la parte sustantiva de su alimentación, de salud y de vivienda que tenemos, que se vayan a desatar muchas epidemias por tantos animales que quedaron a lo ancho del desborde de tierras, extensiones y superficies, miles de superficies en las que quedaron sembrados los cultivos, el ganado y la pesca y que en estos momentos están en un estado de descomposición.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos al pleno su solidaridad para brindar apoyo rápido y expedito para los municipios del estado de Nayarit a los que hice referencia. Igualmente en tiempo y forma solicitamos a la Presidencia, turne a la Comisión de Coordinación Política el siguiente punto de acuerdo y asimismo sea publicado el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria.
Primero. Se exhorte al titular del Ejecutivo Federal a que por razones humanitarias mediante decreto administrativo agilice y simplifique la liberación de lo recursos emergentes del Fondo Revolvente de Desastres Naturales Fonden y del Fondo de Apoyo para Contingencias para su ejercicio de los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecoala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca, El Nayar y Acaponeta del estado de Nayarit a efecto de que se apliquen a la brevedad posible, el programa de apoyo para mejorar rápidamente sus viviendas, el empleo temporal y el empleo emergente y como consecuencia la ayuda rápida para resolver la economía de los agricultores, de la ganadería y de la pesca.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al señor Presidente, ponga a la consideración de este pleno, la urgente y obvia resolución del presente proyecto con punto de acuerdo, en los términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.--- Firmamos los diputados: Gerardo Montenegro Ibarra, Raúl Mejía González, Salvador Sánchez Vázquez, Martín Carrillo Guzmán y su servidora Hilaria Domínguez Arvizu.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que por razones humanitarias, mediante decreto administrativo, agilice y simplifique la liberación de los recursos emergentes del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, y del Fondo de Apoyo para Contingencias para su ejercicio en los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca, El Nayar y Acaponeta, del estado de Nayarit, a efecto de que se aplique a la brevedad posible el Programa de Apoyo para la Vivienda, Empleo Emergente y de Ayuda para la Agricultura, la Ganadería y la Pesca.
Los suscritos diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, por razones humanitarias, mediante decreto administrativo, agilice o, en su caso, simplifique la liberación de recursos emergentes del fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo de Apoyo para Contingencias para su ejercicio en los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca, El Nayarit y Acaponeta, del estado de Nayarit, a efecto de que se apliquen con la mayor brevedad en programas de apoyo para vivienda, empleo emergente y de ayuda a la agricultura, la ganadería y la pesca, al tenor de las siguientes
ConsideracionesCon fecha 26 de septiembre del presente año, el Diario Oficial de la Federación publicó la declaratoria de desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación para los municipios de La Yesca, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz, Tecuala y Acaponeta, del estado de Nayarit, los cuales resultaron afectados por lluvias torrenciales e inundaciones, con lo cual podrá accederse a los recursos del Fonden.
No obstante lo anterior y que dicho fondo tiene como objeto atender los efectos de desastres naturales imprevisibles cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y las entidades paraestatales, así como de los estados, y que es un instrumento complementario respecto a las acciones que deben implantarse y llevarse a cabo para la atención de este tipo de desastres, a la fecha, lamentablemente, han sido mínimos los apoyos y recursos recibidos por los más de 47 mil damnificados de los municipios nayaritas mencionados.
En su momento, el gobierno del estado manifestó y reconoció que la atención de los daños ocasionados por los fenómenos naturales presentados durante este mes rebasa su capacidad operativa y financiera para brindar inmediata atención a los miles de damnificados y, de antemano, expresa su aceptación y acuerdo con las condiciones y fórmulas de coparticipación de pago que establecen las Reglas de Operación del Fonden vigentes, así como el compromiso de asegurar la infraestructura pública que sea objeto de apoyo.
En recorrido efectuado por las zonas siniestradas durante el pasado fin de semana, por parte de mis compañeros legisladores y su servidora, constatamos que los daños ocasionados por los fenómenos metereológicos recientes han repercutido directamente en el patrimonio familiar de miles de nayaritas, ocasionando la destrucción de sus viviendas y enseres domésticos, sobre todo en zonas marginadas.
Empero, no menos grave y perjudicial ha sido para los campesinos la afectación de sus tierras y cultivos, en miles y miles de hectáreas.
De igual manera, las consecuencias las han venido sufriendo los ganaderos y los pescadores de la región, por lo cual solicito que se considere prioritaria la aplicación de los recursos emergentes para ser ejercidos preferentemente en programas de vivienda y apoyo de la agricultura, la ganadería y la pesca.
Por lo anterior, solicitamos al Pleno su solidaridad para brindar apoyo rápido y expedito a los municipios del estado de Nayarit. De igual forma, solicitamos a la Presidencia turne a la Junta de Coordinación Política el siguiente
Punto de AcuerdoY, asimismo, sea publicado el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria.
Primero. Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, por razones humanitarias, mediante decreto administrativo agilice y simplifique la liberación de recursos emergentes del fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo de Apoyo para Contingencias con miras a su ejercicio en los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca, El Nayar y Acaponeta, del estado de Nayarit, a efecto de que se apliquen con la mayor brevedad en programas de apoyo para vivienda, empleo emergente y de ayuda para la agricultura, la ganadería y la pesca.
Por lo expuesto, solicitamos al diputado Presidente que ponga a la consideración del honorable Pleno la urgente y obvia resolución del presente proyecto con punto de acuerdo, en términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.--- Diputados: María Hilaria Domínguez Arvizu, Gerardo Montenegro Ibarra (rúbricas).
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora diputada.
En virtud de que la diputada que ha hecho uso de la palabra ha solicitado el trámite de urgente resolución, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera en esos términos.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se considera de urgente resolución.En consecuencia, está a discusión la proposición.
Está registrado para hablar en pro de la misma, el señor diputado Manuel Pérez Cárdenas. ¿alguien se registra en contra?
Nadie. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Pérez Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Manuel Pérez Cárdenas:Con su venia, señor Presidente:
Ante la situación de emergencia que se vive en Nayarit, resultado de las inundaciones y desbordamiento de ríos producidos por las lluvias acaecidas a últimas fechas y en los que por lo menos 50 mil personas han resultado afectadas o damnificadas, resulta propicio acordar medidas urgentes orientadas a solucionar dicha situación.
El desbordamiento de los ríos Santiago, Acaponeta y San Pedro, ha ocasionado un gran sufrimiento entre los habitantes puesto que han experimentado la pérdida de sus viviendas y cosechas al tiempo que se encuentran expuestos a las inminentes epidemias consecuencia de este tipo de desastres naturales.
Hoy y a un mes por lo menos para que concluya la presente temporada, tiempo en el que predominan los ciclones en el Pacífico mexicano, se enfrentan los efectos tanto positivos como negativos de los fenómenos naturales que hasta la fecha se han padecido.
En Nayarit, por ejemplo, la presa hidroeléctrica de Aguamilpa ha alcanzado su nivel máximo de almacenamiento de agua y genera electricidad las 24 horas del día beneficiando con ello a amplias regiones del país que son destino del fluido eléctrico y se benefician también, las actividades agropecuarias del estado y de la región que pueden contar con la seguridad de agua para riego durante la próxima temporada de sequía.
Pero, por otra parte, se sufren ahora mismo graves daños en poblaciones de los municipios de La Yesca, El Nayar, Tuxpan, San Blas, Santiago Ixcuintla, Acaponeta, Tecuala, Ruiz y Rosa Morada que han sido declarados en estado de emergencia o de desastre por la Secretaría de Gobernación y en los que por lo menos 50 mil personas han resultado afectadas o damnificadas, con daños en sus viviendas, caminos, cosechas y en sus bienes, así como en su economía familiar inmediata pues además de los daños materiales resultan gravemente afectados por súbitos incrementos de los precios de los bienes y servicios más básicos que escasean y se especulan.
Es preciso reconocer que el Presidente Vicente Fox y altos funcionarios de su Gobierno han visitado con prontitud a las poblaciones de las zonas afectadas y dispuesto que sean apoyadas con el máximo de los recursos disponibles a través de los instrumentos especializados como el Fonden y otros programas sociales.
Así, la población afectada ha recibido ya apoyos varios como agua, cobertores, colchonetas, despensas, láminas, numerario para la creación de empleos temporales y maquinaria para apoyo a los ejidos; sin embargo, por la experiencia que los nayaritas tenemos por la desgracia que hace solamente un año significó el paso del huracán ``Kena'', de cuyos daños aún estamos lejos de reponernos, sabemos que si bien esos apoyos son importantes porque contribuyen a aliviar los daños inmediatos que padecen niños, ancianos y sus familias, lo verdaderamente importante es lo que se refiere a la reparación de daños sufridos por el medio ambiente en lo general y por la estructura productiva, caminera, eléctrica y social de la población que habita esas amplias regiones, por lo que nos parece fundamental la propuesta que ya se ha hecho para que se liberen a la brevedad los recursos de apoyo del Gobierno Federal y se vigile su apropiada aplicación sin que se incurra en favoritismos de ningún tipo y que los apoyos se otorguen solamente a quienes verdaderamente lo requieran.
Por lo anterior, nos sumamos, en Acción Nacional, al exhorto formulado al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Gobernación, para que dispongan que a la mayor brevedad se liberen los recursos del Fonden y del Fondo de Apoyo para Contingencias, a favor de las poblaciones afectadas de los municipios del estado de Nayarit referidos al inicio de esta intervención, mismos que cuentan ya con la declaratoria de zonas de desastre o de emergencia y por ello solicitamos que las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública y de Salud, conforme a las atribuciones que les competen y de acuerdo a las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, apoyen la restauración de la infraestructura material y tomen medidas para la construcción de obras que en la medida de lo posible y razonable prevengan situaciones como la que hoy padecemos los habitantes de Nayarit.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Para hablar también en pro y de acuerdo con el 123 del Reglamento y 122, se le concede el uso de la palabra al señor diputado don Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo.
El diputado Joel Padilla Peña:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Un servidor, como representante popular y como nayarita, estamos a favor, en todos sus términos, del punto de acuerdo presentado por la diputada Hilaria Domínguez.
Un servidor, en dos ocasiones ha hecho uso de la voz en esta tribuna para denunciar la lentitud con que están bajando los recursos y se están operando para los desastres naturales en este país.
Asumimos este punto de acuerdo porque creo que ya basta de llamados a misa; ya basta de estar haciendo exhortos a la Secretaría de Gobernación y al titular del Poder Ejecutivo Federal, creo que es hora, llegó la hora de que asumamos como legisladores federales nuestra responsabilidad y en su momento nos propondremos para participar en esta comisión especial.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutida.Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias.
Aprobada, comuníquese.Tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan Pérez Medina. Se informa a la Mesa Directiva que este punto de la orden día ha sido retirado por el grupo parlamentario del PRD.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda forma de ley, incluyendo varios tratados internacionales.
La diputada Laura Elena Martínez Rivera:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
Es de conocimiento general de que a partir de los atentados del 11 de septiembre del año 2001, Estados Unidos de América endureció las medidas de seguridad nacional, adoptando posiciones extremas para evitar, según ellos, actos similares.
La posición de México en el tema de la guerra de Irak, ha sido un factor más de confrontación entre ambas naciones y que se constituyó en serias trabas para la agenda bilateral de México y Estados Unidos de América.
Las negociaciones para lograr un acuerdo migratorio han sido suspendidas sin duda, el asunto es de gran importancia para todos los mexicanos, pero también debe serlo para nuestros vecinos de Estados Unidos de América, pues éste es el principal receptor de la mano de obra mexicana, que busca oportunidades para satisfacer sus necesidades, que para vergüenza y oprobio de nuestro país, no las encuentran aquí.
El camino hacia la búsqueda de mejores oportunidades es, sin duda, de difícil acceso, enfrentando enormes riesgos que incluyen la perdida de vidas, también algunas veces las de sus familias para poder llegar al vecino país.
La frontera norte de nuestro país es la más transitada del mundo y a través de ella se da un enorme intercambio de mercancías y además se comparte un desarrollo industrial y cultural, por lo que para que el intercambio sea más benéfico, es necesaria una sana y más justa relación entre ambos países.
A través de diversos estudios bilaterales, se ha demostrado el importante papel que para la economía del vecino del norte representa la mano de obra mexicana; sin embargo, la mayoría de esta mano de obra no tiene acceso a los mínimos de seguridad social ni respeto a su integridad y sobre todo a su dignidad.
Es evidente que frente a la importancia que nuestros connacionales representan para la economía norteamericana, esto no se ha reflejado en sus políticas migratorias.
Implementaron el Programa Guardián, que ha servido para cerrar con bardas ignominiosas la entrada de los mexicanos a ese país.
En los últimos años en el tramo de Baja California y el estado de California, la vigilancia ha sido incesante: patrulleros, alumbrado, sensores, telescopios de visión nocturna etcétera.
La estrategia de Guardián es imposibilitar el cruce de nuestros nacionales hacia las montañas y los desiertos, donde predominan las condiciones extremas, hasta lograr su muerte, en muchas ocasiones.
A esta grave situación hay que agregar que los consulados mexicanos no brindan atención adecuada a nuestros trabajadores, por falta, muchas veces, de recursos presupuestales, por insensibilidad o porque solamente se pueden brindar las atenciones mínimas; a veces ni eso.
Un informe del Banco de México señala que las remesas de dinero de migrantes equivalen al 83% en inversión de los Estados Unidos en México; sin embargo, miles de mexicanos han sido olvidados y marginados, por lo que ya es tiempo de que se formule una política de Estado para el asunto migratorio.
Por otra parte, el Presidente Fox ha destacado la importancia que las remesas de los trabajadores migrantes tienen en la economía nacional; remesas que han llegado a equipararse con la inversión extranjera directa, declarando el propio Presidente Fox, ahora, que éstas han permitido a millones de mexicanos salir de la pobreza extrema.
Es cierto que México y Estados Unidos de América comparten proyectos de inversión y desarrollo comercial, pero también problemas que sólo con las acciones bilaterales se pueden resolver.
De alguna manera el tránsito de mercancías ha sido normado gracias al Tratado de Libre Comercio; sin embargo, el tránsito de personas presenta grandes dificultades que no han sido superadas.
El flujo migratorio ilegal constituye una fuente de riqueza para la agricultura y la industria del vecino del norte; pero también es, sin duda, el más vulnerado y sensible ante todo tipo de abusos.
Recientemente los medios de comunicación difundieron reiteradas notas sobre la deportación en condiciones inhumanas y humillantes de nuestros conacionales, sin ningún fundamento, violentando toda norma de ley, incluyendo los tratados internacionales, de los cuales ambos países han sido signatarios.
Particularmente nos hemos de referir al Programa Piloto de Repatriación Lateral, que consiste en deportar, por el estado de Texas, a los inmigrantes indocumentados capturados en Arizona, con el pretexto, según las autoridades norteamericanas, de prevenir las muertes de los connacionales. El programa inició el 8 de septiembre y ha concluido el pasado 28 de este mismo mes.
Diariamente se deportaron cerca de 300 indocumentados, por lo que al final del programa esta cifra será más arriba de las 6 mil personas. Lo anterior, totalmente condenable, ya que han violado sus derechos humanos, especialmente en su retorno a nuestro país.
La defensa de los derechos de nuestros trabajadores migratorios, que son fuente de riqueza y divisas, es uno de los grandes pendientes de la agenda gubernamental, que aunque mediáticamente ha mostrado su preocupación en este tema, no se han tomado medidas que detengan el trato humillante e indigno en los procesos de deportación.
El pasado 22 de septiembre, tardía y tibiamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de prensa respecto a este Programa de Repatriación Lateral, mediante el cual el Gobierno, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, manifestaron a las autoridades migratorias norteamericanas su desacuerdo con dicho programa.
Simultáneamente se instruyó al Instituto Nacional de Migración y a los consulados, a efecto de que se tomaran las acciones necesarias para asegurar la observancia y el respeto de los derechos a los inmigrantes.
Hasta ahora, la influencia del Gobierno mexicano para la reducción y eliminación de estas prácticas arbitrarias, ha sido nula y la carta emitida por el Gobierno no manifiesta, de ninguna manera, una posición enérgica ante esta situación.
Finalmente no debemos olvidar que el Estado debe cumplir con su responsabilidad de preservar y garantizar valores tan preciados como la vida, la libertad y la dignidad de las personas y no simular asumirla como se hace en el discurso ante el problema migratorio, cuyas dimensiones precisan de la impostergable intervención del Ejecutivo Federal, quien está obligado a darle una atención prioritaria en virtud de ser un asunto de estado y también de seguridad nacional.
Estamos convencidos de que aún es tiempo de elevar una enérgica protesta ante este programa que aun siendo piloto, puede sentar un precedente para un programa permanente, ante lo cual no podemos permanecer mudos y muchísimo menos pasivos.
Por todo lo anterior y con respeto irrestricto a la soberanía de Estados Unidos, los suscritos diputados de la fracción priísta, presentamos a esta honorable Asamblea los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Que la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura se pronuncie y exprese su firma y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando todas las normas de ley, incluyendo diversos tratados internacionales los cuales Estados Unidos de América y nuestro país han suscrito.
Segundo. Exhortar al Ejecutivo para que a través de las instancias correspondientes eleve una enérgica protesta ante el trato que las autoridades migratorias de Estados Unidos dan a nuestros connacionales en el proceso de deportación.
E inicie, también, trabajos para la elaboración de un acuerdo migratorio con Estados Unidos de América que garanticen la dignidad y la seguridad de los inmigrantes mexicanos.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.
Muchas gracias, Asamblea.
«Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Con su permiso diputadado Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados.
Los diputados federales del estado de Coahuila de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo por las siguientes consideraciones.
Es de conocimiento general que a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos de América endureció las medidas de seguridad nacional, adoptando posiciones extremas para evitar según ellos ataques similares.
La posición de México en el tema de Irak fue un factor más de confrontación entre ambas naciones y se constituyó en una seria traba para la agenda bilateral de México y Estados Unidos.
Las negociaciones para lograr un acuerdo migratorio han sido afectadas de forma negativa; sin duda el asunto es de gran importancia para un gran número de mexicanos, pero también para nuestro vecino del norte, que es el principal centro de recepción de la mano de obra mexicana que busca oportunidades para satisfacer sus necesidades, que para vergüenza y oprobio de nuestro país no han encontrado aquí.
El tránsito hacia la búsqueda de mejores oportunidades es, sin duda, de difícil acceso, enfrentando enormes riesgos, incluido el de perder la vida y la de sus familias para llegar al vecino país del norte.
La frontera norte de nuestro país es la más transitada del mundo, y a través de ella se da un enorme intercambio de mercancías y se comparte además un desarrollo industrial y cultural, por lo que para que se siga realizando este benéfico intercambio es necesaria una sana y más justa relación.
A través de diversos estudios bilaterales se ha demostrado el importante papel que para la economía del vecino del norte representa la mano de obra mexicana. Sin embargo, la mayoría de esta mano de obra no tiene acceso a los mínimos de seguridad social.
Es evidente que, frente a la importancia que nuestros connacionales representan para la economía norteamericana, esto no se refleja en sus políticas migratorias.
Implementaron el Programa Guardián, que ha servido para cerrar con bardas, con bloqueos la entrada de mexicanos a ese país.
En los últimos años, en el tramo de Baja California y el estado norteamericano de California la vigilancia ha sido con patrulleros, alumbrado, sensores, telescopios de visión nocturna; la estrategia de ``Guardián'' es imposibilitar el cruce, empujando a los migrantes hacia las montañas y los desiertos, donde predominan las condiciones extremas, hasta lograr su muerte en muchas ocasiones.
A esta grave situación hay que agregar que los consulados mexicanos no brindan la atención adecuada a nuestros trabajadores por falta de recursos presupuestales, con lo que sólo brindan atenciones mínimas, y a veces ni eso.
Un informe del Banco de México señala que las remesas de dinero de migrantes equivalen al 83% de la inversión de Estados Unidos en México. Sin embargo, este sector de mexicanos ha sido olvidado y marginado de la política mexicana y ya es tiempo de que el país les devuelva algo: a cambio de ese gran aporte a la economía nacional.
Por otra parte, el Presidente Fox ha destacado la importancia que las remesas de los trabajadores migrantes tienen en la economía nacional, remesas que han llegado a equipararse con la inversión extranjera directa, declarando el propio Presidente que éstas han permitido a millones de mexicanos salir de la pobreza extrema.
No es desconocido que México y Estados Unidos de América comparten muchos proyectos de inversión y de desarrollo comercial, pero también problemas que sólo con la acción bilateral se pueden resolver. De alguna manera, el tránsito de mercancías ha sido normado gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin embargo el tránsito de personas presenta grandes dificultades que no han sido superadas.
El flujo migratorio ilegal, que constituye una fuente de riqueza para la agricultura y la industria del vecino del norte es, sin duda, el sector más vulnerable y sensible ante abusos de este tipo.
En fechas recientes, los medios de comunicación han difundido reiteradas notas sobre la deportación en condiciones inhumanas y humillantes de nuestros connacionales sin ningún fundamento, violentando toda norma de ley incluyendo varios tratados internacionales de los cuales ambos países son signatarios.
Particularmente nos referimos al Programa Piloto de Repatriación Lateral, que consiste en deportar por el estado de Texas a los inmigrantes indocumentados capturados en Arizona, con el pretexto, según las autoridades norteamericanas, de prevenir las muertes de los connacionales.
El programa inició el ocho de septiembre y ha concluido el pasado 28 de este mes; diariamente se deportaron cerca de 300 indocumentados, por lo que al final del programa serán de aproximadamente 6 mil personas.
Lo anterior es totalmente condenable, ya que se han violado sus derechos humanos cuando retornaban a sus lugares de origen.
La defensa de los derechos de nuestros trabajadores migratorios, que son fuente de riqueza y divisas, es uno de los grandes pendientes de la agenda nacional, que aunque últimamente ha confirmado su interés en este sector, aún no ha tomado medidas que detengan el trato humillante e indigno en los procesos de deportación.
El pasado 22 de septiembre, tardíamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de prensa respecto a este programa de repatriación lateral de nuestros connacionales que ingresen a territorio estadounidense, mediante el cual el gobierno, a través de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores manifiesta a las autoridades migratorias estadounidenses su desacuerdo con dicho programa.
Simultáneamente, se instruyó al Instituto Nacional de Migración y a los consulados a efecto de que se tomen las acciones necesarias a fin de asegurar la observancia de los derechos de los migrantes.
Hasta ahora la influencia del gobierno mexicano para la reducción y eliminación de estas arbitrariedades ha sido nula y la citada carta emitida por el gobierno a través de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores no manifiesta el rechazo enérgico ante esta situación.
Por otra parte, pocos son los logros de los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de nuestro país defensoras de los derechos humanos en sus propuestas y solicitudes para la eliminación de este Programa de Repatriación Lateral, que viola y pone en riesgo la seguridad de hombres, mujeres y niños migrantes, al deportarlos encadenados y esposados por lugares desconocidos.
Finalmente, no debemos olvidar que el Estado debe cumplir su responsabilidad de preservar y garantizar valores tan preciados como la vida, la libertad y la dignidad de las personas y no simular asumirla como se hace en el discurso ante el problema migratorio, cuyas dimensiones precisan de la impostergable intervención del Ejecutivo federal, quien está obligado a atenderlo, dado su carácter de asunto de Estado que es.
En este sentido, no debe ser ilusorio aspirar a una relación basada en el respeto, en normas compartidas, que permitan una relación armónica y productiva.
Estamos convencidos de que aún es tiempo de elevar una enérgica protesta ante este programa, que aun siendo piloto, puede sentar un precedente para un programa permanente de estas características, ante lo cual no debemos permanecer mudos y mucho menos pasivos. Por todo lo anterior, y con respeto irrestricto a la soberanía de Estados Unidos, los suscritos presentamos a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Que la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluyendo varios tratados internacionales de los cuales ambos países son signatarios.
Segundo. Exhortar al Ejecutivo para que, a través de las instancias correspondientes, eleve una enérgica protesta ante el trato que las autoridades migratorias de Estados Unidos dan a nuestros connacionales en el proceso de deportación a nuestro país e inicie trabajos para la elaboración de un acuerdo migratorio con Estados Unidos de América, que garantice la dignidad y las seguridad de los inmigrantes mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días de septiembre de 2003.--- Dip. Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica).»
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.Para hablar sobre este tema se han inscrito los diputados: María Avila Serna, del Partido Verde; Eliana García Laguna, del PRD; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del Partido Acción Nacional y Jesús González Schmal.
Se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María Avila Serna:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Durante siglos nuestra frontera con Estados Unidos y sus puntos de control permanecieron abiertos. Su gobierno nunca obstaculizó realmente el tránsito de bienes y personas.
A pesar de esta situación, la Casa Blanca amenazó con una política migratoria estricta. Por su parte, el Congreso no autorizaba las reformas, la regulación dependía más bien de la oferta y la demanda laborales.
La nueva política migratoria de Estados Unidos, se gestó a partir de un acuerdo interno entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este contiene cinco elementos:
Primero. El control real de las fronteras terrestres, aéreas y marinas.
Segundo. Un sistema eficiente de procesamiento de las solicitudes de asilo.
Tercero. La aplicación de la Ley Migratoria al interior de Estados Unidos
Cuarto. Mecanismos eficientes para deportar a los detenidos.
Quinto. Aliento a la legalización de los inmigrantes.
Es por eso que a partir del primero de abril del presente año, el tema migratorio se elevó a categoría de alta criminalidad, situación que ha propiciado persecuciones, golpes y muertes.
A partir de esta fecha, los migrantes pueden ser arrestados por entrar de forma ilegal. Ahora, pueden ser detenidos por el FBI sin mayor trámite ni intervención de servicio de migración y naturalización de Estados Unidos para ser deportados y sujetos a juicio, según el criterio discrecional que en cada caso se aplique.
Por su parte, el Gobierno mexicano desmanteló la Dirección General de Fronteras dependiente de Relaciones Exteriores. Esta institución realizaba un trabajo de documentación de las violaciones de los derechos humanos y comprometía a algunos funcionarios en la defensa de los indocumentados.
Por esta razón y por el notable incremento en el número de deportados, la ayuda humanitaria recayó en organizaciones no gubernamentales de la frontera norte que nunca han recibido apoyo del gobierno. De aquí, que las alianzas entre las distintas fuerzas políticas en México han sido fundamentales en distintos momentos históricos.
Y por ello, hay que seguirlas impulsando para crear los consensos que tanto requiere el país.
Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país.
En el tema de migración, es necesario estrechar lazos y esfuerzos que generen una política integral, que reconozca las múltiples implicaciones que tiene el cierre gradual e irreversible de la frontera norte.
Hay que aprovechar la política emitida por el gobierno del país vecino y acelerar un convenio que beneficie la mano de obra mexicana, que la reconozca y que la reivindique legalmente.
Sin más por el momento, agradezco su atención.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra, la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Eliana García Laguna:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El asunto migratorio es un problema que rebasa de manera definitiva el ámbito de lo que a nivel de nuestro país se tendría que hacer.
Nosotros consideramos y venimos a esta tribuna a apoyar la propuesta que se ha manifestado aquí por la diputada Laura Martínez Rivera y quisiéramos plantear que el Ejecutivo Federal tendría que estar negociando no solamente un punto de acuerdo migratorio, sino tendríamos que estarnos planteando como Legislativo Federal la definición de la revisión del Tratado de Libre Comercio, en donde noso-tros planteemos desde esa perspectiva la inclusión de un tratado, de un capítulo, un apartado ligado con el tema migratorio, porque el tema migratorio rebasa la situación de lo que nosotros a nivel del país podríamos hacer.
Nosotros reconocemos la situación de las violaciones a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes cuando cruzan la frontera. Bajo este reconocimiento, noso-tros estamos planteando desde esta tribuna que exhortemos al Ejecutivo Federal, al igual que lo hizo el Senado, para que se haga una protesta diplomática y se exija a nivel diplomático que se respete la Convención Internacional de los Derechos de los y las Trabajadoras Migrantes.
Cada día, la línea fronteriza se convierte en una línea de muerte; los trabajadores mexicanos que se ven obligados a cruzar la frontera, están expuestos a la situación de los caza-migrantes, están expuestos al nuevo programa que se está planteando de deportación, en el sentido de que los encarcelan, los humillan, los deportan, siendo éste un acto de gran traumatismo para las familias, que sin saber ni siquiera qué pasó con el familiar que es deportado, desaparece.
De 1997 a la fecha, tenemos un registro conservador de 1986 mexicanos que han muerto al cruzar la frontera. Noso-tros, entonces, estaríamos planteando desde esta tribuna la exigencia para que acompañemos en nuestro punto de acuerdo la solicitud al Gobierno Federal de que hagamos la revisión del Tratado de Libre Comercio, para incluir un capítulo migratorio que defienda los derechos.
Y reconociendo el planteamiento que hizo aquí la diputada María del Carmen Izaguirre, la relación con la política de generación de empleo, también tenemos que plantear de manera definitiva que mientras en este país no haya desa-rrollo económico, que mientras en este país no haya una política real de generación de empleos, el problema migratorio define nuestra relación bilateral con Estados Unidos.
Tenemos entonces que trabajar como Legislativo en estos dos sentidos, que le den altura de miras a nuestras propuestas como Legislativo. Apoyemos la propuesta de la diputada Laura y exigiríamos entonces que se exhorte por vía diplomática al igual que ya lo hicieron los compañeros senadores.
Muchas gracias compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Gracias, señora diputada.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Don Abel Vicencio Tovar nos decía: ``Tenemos que hacer consciente el valor que para nosotros representa el ser humano, su dignidad de persona. Quien no sienta con una naturaleza superior a lo visible; quien no esté dispuesto a defenderse y a defender al compañero, de las agresiones a la dignidad del hombre, por la miseria, por la violencia, por la negación de oportunidades, no está viendo este principio de la dignidad de la persona humana''.
Con relación al punto de acuerdo planteado, el grupo parlamentario del PAN, quiere fijar con toda precisión su postura, el tema de los migrantes, su protección y el respeto a sus derechos humanos, así como el de sus familias, es una prioridad que se refleja con toda claridad en la plataforma política 2003-2006. Por esta razón no podemos dejar de sumarnos al espíritu de la propuesta aquí presentada.
En este sentido también es importante resaltar que el tema de los migrantes por primera vez después de muchos años, ha sido considerado como un tema central dentro de la agenda bilateral México-Estados Unidos; lo cual implica la participación de ambos países en la solución de problemas comunes.
Por esta razón el Gobierno mexicano ha expresado a través de sus representaciones, su total desacuerdo con la instrumentación del programa estadounidense de repatriación unilateral de migrantes mexicanos.
Ante el caso que nos ocupa es importante mencionar algunas de las principales acciones que con relación al tema se han registrado. El 8 de septiembre Estados Unidos inició un programa de repatriación lateral; éste consiste en trasladar a Texas para su repatriación, a indocumentados mexicanos detenidos en Arizona; hasta el lunes 15 de septiembre, 1 mil 551 mexicanos habían sido incluidos en este programa. La patrulla fronteriza estadounidense ha declarado que el programa busca salvar la vida de los migrantes al trasladarlos del desierto de Arizona al menos peligroso de la zona de Texas.
Al respecto, el Gobierno de México a través de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, manifestó su desacuerdo con el programa, a las autoridades migratorias estadounidenses, en virtud de que se considera indispensable una revisión integral a los acuerdos vigentes en materia de repatriación, antes del inicio de cualquier programa de esta naturaleza y se considera que el citado programa no constituye una solución de fondo al problema de muertes en la frontera.
En concordancia con esta posición, se acordó la integración de un grupo de trabajo de alto nivel que analice los mecanismos de repatriación vigentes, a efecto de asegurar que éstos cumplan con los criterios de seguridad, orden y observancia de los derechos de los migrantes que deben prevalecer en las repatriaciones.
Las autoridades migratorias estadounidenses y el Gobierno de México, se han comprometido a entregar las recomendaciones del caso a más tardar en la próxima reunión de la Comisión Binacional que se reunirá en Washington, DC, en el mes de noviembre.
Paralelamente las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, han girado instrucciones a las delegaciones del Instituto Nacional de Migración y a los consulados, para que en el ámbito de su competencia se tomen todas las acciones necesarias a fin de asegurar la observancia de los derechos de los migrantes y hacer cumplir los siguientes criterios de repatriación. Que los traslados se realicen en condiciones seguras y con pleno respeto a los derechos humanos. Repatriar a todos los integrantes de una familia en un mismo evento. Gozar de buen estado de salud y no trasladar a los nacionales mexicanos que se encuentren en estado de gravidez.
El 12 de septiembre pasado, el Gobierno de México a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, envió una carta al departamento de seguridad interna de Estados Unidos, en la cual expresa puntualmente una queja sobre las irregularidades detectadas por la red consular en la instrumentación del programa y enfatiza la necesidad de fortalecer el diálogo bilateral en este tema.
Por todo lo anterior consideramos necesario que esta soberanía brinde su apoyo decidido a las acciones que el Gobierno mexicano lleve a cabo para lograr la firma de un acuerdo bilateral en materia de migración.
Compañeras y compañeros diputados: sin duda alguna, lograr el Acuerdo Migratorio con Estados Unidos, que a la fecha el Gobierno mexicano ha impulsado, debe ser prioridad para todos nosotros.
Por esa razón, desde esta tribuna los convocamos a sumarnos con decisión a este esfuerzo, que es un esfuerzo por la dignidad y el bienestar de los mexicanos.
Mientras el lenguaje... concluyo, señor Presidente, mientras el lenguaje de los derechos ha progresado considerablemente, mientras que el sistema de vigilancia de los derechos humanos avanza, mientras que la conciencia popular y las demandas de derechos y obligaciones calan en la mayoría de las sociedades, no podemos más que rechazar contundentemente esta medida unilateral que afecta la dignidad de nuestros compatriotas y de nuestros mexicanos.
Es cuanto.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Se le concede el uso de la voz al diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Efectivamente, estupefactos, indignados, pero mucho más avergonzados, hemos presenciado en nuestros días, ese deprimente espectáculo de la expatriación, más bien dicho, de la repatriación de los mexicanos indocumentados que van a ganarse la vida al país del norte.
Hemos visto la sedicia, hemos visto la xenofobia de las autoridades americanas o norteamericanas para que los mexicanos que se introducen ilegalmente por la frontera norte en el área o hacia el Pacífico, son a su vez repatriados a través de las fronteras cercanas al golfo de México, con el objeto de inferirles molestias, de inferirles gastos, de condenarlos a la humillación después de que han sido atados con cadenas, con esposas en las manos y traídos como delincuentes o repatriados como delincuentes.
Pero aquí también habría que hacer una seria reflexión; no podemos reducirnos a lo que hizo la Cámara de Senadores, hacer una excitativa al Poder Ejecutivo para que evite estas verdaderas ofensas al hombre, al ciudadano, al ser humano que tiene la necesidad de ir a buscar la sobrevivencia a otras tierras ni tampoco podemos, como ahora lo hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, diciendo que va a invocar el Convenio de Palermo, donde los migrantes no pueden ser tratados como delincuentes cuando tienen que ser desterrados del país al que han llegado.
Creo que el problema es de mucho más fondo; implica que repasemos que la política económica de este Gobierno, como en los anteriores; primero se apoyaron en las maquiladoras y no dieron resultados por el desplome de nuestra competitividad y que ahora en este período de Fox se apoyan en la posibilidad de enviar mano de obra al extranjero, para que éste a su vez nos allegue los fondos, como ahora ocurre, que es el principal rubro de ingresos para la nación, que otorgan y que dan los indocumentados al poder cruzar la frontera y establecerse en un trabajo estable, no podemos pues, seguir dependiendo de estas políticas efímeras y sobre todo, condicionadas a la bondad, a la buena disposición de nuestros vecinos del Norte.
Urge y es inaplazable, entrar a considerar que el problema, por eso decía yo, nos avergüenza, porque lo tenemos en nuestra casa, porque nosotros hemos sido los causantes y los responsables de que esa migración masiva, cada día más cuantiosa, tenga que sufrir estas vicisitudes y después, estas torturas y humillaciones.
Pero también, esta breve reflexión nos debe de llevar a otra vertiente del mismo problema: también nosotros, como mexicanos, recibimos la emigración de los países del Sur, Centro, Caribe y Suramérica.
Pues bien, si nosotros queremos que el trato que nos dispensen sea el humano en el país de América del Norte, el mismo y la misma medida y la misma vara debemos hacer para que el trato que se les dispense a los centroamericanos que vienen a nuestra patria no sea el tradicional ya de humillarlos y de someterlos a prisión y también a vejaciones de todo tipo.
Sabemos muy bien que los polleros en México, los llamados polleros, los traficantes humanos, están perfectamente localizados. Hace falta meter mano seria, a fondo, por parte de la PGR y otras autoridades en el problema y sobre todo darnos cuenta que tanto el problema como la solución dependen íntegra y absolutamente de nosotros los mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:El último punto de acuerdo registrado con relación a la extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, por la diputada Eliana García Laguna, del PRD, ha sido retirado.
En consecuencia, entrando a las efemérides, el siguiente punto del orden del día: comentarios sobre el XL aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, han solicitado el uso de la tribuna los siguientes diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, del Partido de Convergencia; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del PT; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde; Francisco Javier Carrillo Soberón, del PRD; Francisco Salazar Diez de Sollano, del PAN y Sergio Arturo Posadas Lara, del PRI.
En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Para que el desenvolvimiento y progreso nacionales resulten armónicos en sus beneficios para todos los habitantes de la República, se hace necesario aprovechar adecuadamente los recursos naturales de que dispone la nación y todos los elementos básicos que requiere su integración económica.
``Las crecientes demandas de energía eléctrica en la agricultura, en la industria, así como en las diversas actividades económicas nos imponen la tarea indeclinable de atenderlas de acuerdo con el ritmo de su crecimiento.''
Este mensaje fue leído en 1960 por el Presidente de México Adolfo López Mateos. Es y sigue siendo el espíritu que dejó la nacionalización de la industria eléctrica.
La decisión por parte del Presidente fue crucial para potenciar el desarrollo económico y la soberanía de nuestro país.
En aquel entonces contábamos con una sociedad primordialmente rural y con un modelo de sustitución de importaciones. Hoy nuestra economía se basa en nuevas reglas de funcionamiento, su crecimiento se ha soportado en las exportaciones, estamos en una transición política de un régimen autoritario y que los mexicanos deseamos que sea democrático.
Tenemos una sociedad mayormente urbanizada e informada. Hemos pasado de una sociedad educada en valores únicos y paternalistas a una sociedad que pretende valores democráticos y libertarios.
Ahora nuestra industria nacional ya no sólo tiene que ser competitiva en el mercado interno, sino con el mercado externo. La competitividad y productividad son indispensables para alcanzar mayores niveles de crecimiento y desa-rrollo, retos que podemos sortear con responsabilidad, organización y trabajo.
El día de hoy, igual que en 1960, cualquier reforma impulsada en el sector eléctrico tiene que ir orientada principalmente al objetivo de potenciar nuestra economía y tener como fin principal el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población.
Pero la adaptación de nuestra economía a estos tiempos no tiene por qué significar el abandono de los orígenes que le dieron vida a la nacionalización de este sector. Esta correspondió en su momento principalmente a las necesidades tanto de nuestra economía como a la de nuestra sociedad. Pero a diferencia de ayer, hoy requerimos adecuar esos principios al momento que vivimos y a nuestro proyecto de nación. Para ello, es menester del concurso no sólo del Estado sino de toda la sociedad; la industria requiere de fuertes inversiones para poder cumplir con las expectativas de los próximos años.
La demanda de electricidad en México crece a un ritmo del 5.5% anual. Atenderla significa más de 300 mil millones de pesos para instalar nuevas plantas y poder generar en los próximos 10 años 65% más de energía. La misma cantidad se requiere para la expansión y mantenimiento de la red en los próximos 25 años, con 30 millones más de habitantes. La modernización de la infraestructura del sector energético en su conjunto parte necesariamente por el incremento de un financiamiento, sustancialmente público y previa definición y alcances y límites por capital privado, sin que por ello el Estado pierda su función reguladora y rectora.
Las empresas estatales tienen que modernizarse. Es necesario que logren su autonomía tanto en su administración como en su gestión. Para ello es indispensable que el Estado cuente con los suficientes recursos financieros que por ineficaz capacidad recaudatoria sólo se podrá lograr con la aprobación de una reforma fiscal.
Por otro lado, es conveniente la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía dotada de la suficiente autoridad y recursos. El debate no lo debemos de centrar en una perspectiva simplista de la participación de capital público o privado o en la apertura de capital privado, es una posición neoliberal o si la inversión es sólo del Estado, es una posición nacionalista.
Mal haríamos si por privilegiar posiciones partidistas nos olvidáramos de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Lo que los mexicanos queremos es que la Comisión Federal de Electricidad esté dotada con mucho mayor autonomía de gestión, autosuficiente e inyectada con suficientes recursos para modernizar su infraestructura y expuesta a una mayor competencia. Debe de tener como objetivo lograr un servicio de energía eléctrica más productivo, que eleve a su vez la competitividad de las empresas mexicanas, pero sobre todo el objetivo es el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos.
¡Esta tiene que ser una reforma de amplio y profundo sentido social! ¡En este aniversario este es el mejor homenaje que le podemos rendir a nuestra industria eléctrica nacional!
Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Conmemoramos hoy un aniversario más de la nacionalización de la industria eléctrica, que el 27 de septiembre de 1960 pasó a formar parte del patrimonio de todos los mexicanos.
La atinada decisión del gobierno del Presidente Adolfo López Mateos de poner en manos de la nación la industria eléctrica, respondió a un asunto de utilidad pública, pero también atendió el reclamo del pueblo de tener un servicio eficiente a precios accesibles y romper con el monopolio de las empresas extranjeras.
Antes de la nacionalización casi la mitad de la generación de energía eléctrica correspondía a empresas privadas, principalmente extranjeras. Sin embargo, sólo cuatro de cada 10 mexicanos recibía los beneficios de este servicio básico.
Las compañías privadas operaban con serias deficiencias técnicas, sin planes de inversión y se resistían a cumplir cabalmente con los derechos laborales de los trabajadores. Ahora que se debate poner en manos privadas el sector, debemos recordar que para ellos sólo es importante la ganancia, el lucro como era evidente hace cuatro décadas.
Ayer, el pueblo de México luchó por la nacionalización de la industria eléctrica. La paradoja del destino nos lleva hoy a defenderla contra su privatización. En 1960, el Estado mexicano asumió la responsabilidad de sanear, desarrollar y llevar a un nivel de alta productividad y eficiencia al sector eléctrico mexicano.
No obstante que los niveles de cobertura llegan al 95.3% de la población, en la actualidad todavía tenemos a 5 millones de mexicanos que no cuentan con electricidad, principalmente entre las comunidades rurales e indígenas del país.
Con la imposición del modelo neoliberal en nuestro país, en las décadas de 1980 y 1990 fue disminuyendo paulatinamente la asignación de recursos al desarrollo del sector eléctrico mexicano. El propósito esencial de los neoliberales ha sido debilitar a una empresa pública eficiente y rentable, como es la Comisión Federal de Electricidad, para justificar su venta al capital privado.
La privatización de facto se inició con la reforma salinista en 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que abrió las puertas al capital privado para la generación y venta de energía eléctrica.
En los años recientes se ha acelerado y consolidado de manera encubierta la participación de particulares en el sector. Ya privatizaron Telmex, ya se apoderaron del sector bancario y financiero, ya desmantelaron los ferrocarriles y el sistema portuario, ya entregaron el sistema satelital de comunicaciones; ahora van por el sector energético, por la energía eléctrica y el petróleo.
Nos quieren argentinizar, quieren someter la soberanía del pueblo mexicano a los intereses de la agenda del capital financiero especulativo internacional.
Pero sépanlo desde ahora, el pueblo mexicano mostrará una vez más su férrea resistencia a esta política de depredación del patrimonio nacional. Desde ahora lo decimos: nos opondremos a cualquier reforma que pretenda poner en manos extranjeras las industrias estratégicas de la nación.
Compañeras y compañeros legisladores, el Partido del Trabajo sostiene que sí hay opciones financieras públicas para capitalizar y modernizar el sector eléctrico sin necesidad de que pase a manos privadas.
Para nosotros, la electricidad debe seguir siendo propiedad de la nación para que sea un factor decisivo del desarrollo industrial y del desarrollo económico. También tenemos claro que sólo un amplio movimiento social y político contra la privatización del sector eléctrico en México, podrá detener la ambición desmedida de la derecha.
Viva la lucha en defensa del patrimonio de los mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Se le concede el uso de la voz al diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández:Con el permiso del señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hace 43 años, el 27 de septiembre de 1960, el Presidente Adolfo López Mateos emitía el decreto por el cual nacionalizaba la industria eléctrica. De esta manera, el control del servicio público de energía eléctrica fue asumido por el Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, la Compañía de Luz y Fuerza y la Compañía Impulsora de Empresas Eléctricas.
La nacionalización de este sector se concibió para garantizar el desarrollo económico del país y del pleno goce en las garantías individuales de todos los mexicanos. Hoy, a 43 años de ese histórico momento, el Partido Verde Ecologista de México reconoce que esta medida fue la respuesta contundente a las necesidades energéticas y laborales de aquel momento.
Reconocemos también a los miles de trabajadores que desde entonces y por más de cuatro décadas han construido la industria eléctrica nacional. Sin embargo, estamos convencidos que la situación energética en nuestro país requiere de una profunda reforma que impulse el crecimiento y la modernización en este sector, sólo así el sector eléctrico puede convertirse en detonador de desarrollo y desempeño económico y social.
Queda claro que el Estado debe conservar la rectoría de la industria eléctrica y que toda reforma deberá estar acorde con los artículos 28 y 27 de nuestra Constitución, que garantice universalidad, continuidad, eficiencia, calidad y adaptabilidad a un precio competitivo, respetando la soberanía y permitiendo que el usufructo de este sector se refleje en beneficio para los mexicanos.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México busca el progreso económico del país, basado en el desarrollo sustentable, la atención inmediata a los grupos sociales más desprestigiados y el equilibrio financiero.
Trabajamos para conseguir el equilibrio entre el desarrollo económico, tecnológico e industrial, en la conservación del medio ambiente, para que los mexicanos vivamos en un ambiente próspero y sano.
Debemos ser cuidadosos en la reforma que impulsemos. Los más recientes apagones ocurridos en California, Nueva York, Suecia, Dinamarca e Italia, nos recuerdan los retos que la industria eléctrica enfrenta a nivel mundial. México no se puede apartar de esta realidad.
El sistema eléctrico alrededor del mundo necesita una transformación profunda que permita la adopción de tecnologías innovadoras y mejore la infraestructura; dichas reformas son sin dudas un prerrequisito para el desarrollo sustentable. En este sentido resulta necesario desarrollar fuentes de energía sustentables para alcanzar metas de crecimiento energético, sin depender únicamente de fuentes no renovables.
La propia Secretaría de Energía reconoce que la disponibilidad de estos recursos por eficiente que sea únicamente será por los próximos 30 años. Por ello resulta indispensable desarrollar infraestructura eléctrica que sea financiera y ecológicamente viable y de esta manera asegurar a las generaciones futuras un país autosuficiente, responsable y limpio energéticamente.
``Es así que en esta fecha nos podemos olvidar del compromiso que el Estado guarda para con la ciudadanía en la generación de energía''.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El pasado sábado 27 de septiembre se cumplieron 43 años de la nacionalización de la industria eléctrica y no hay mejor ocasión para presentar ante esta soberanía las reflexiones del grupo parlamentario del PRD sobre lo que significa para un país como el nuestro de contar con un sistema eléctrico de alta confiabilidad y seguridad.
Nuestro aprendizaje ha sido duro, nuestros logros no han sido pocos. Nosotros aseguramos que el sector eléctrico mexicano no se encuentra formando parte de la dolorosa y amplia lista de debilidades nacionales.
Sin embargo, el necesario e importante debate sobre la llamada reforma estructural del sector eléctrico, obliga a un ejercicio de memoria histórica, porque no es gratuito que hoy contemos como nación con un patrimonio vivo de técnicos y trabajadores con alta capacidad productiva y tecnológica, orgullosa de su labor, digna y entregada, llena de sacrificios y proezas reales y anónimas.
Las antiguas empresas extranjeras redujeron sus inversiones a lo largo de los años 30, ya que sólo se enfocaban a las áreas de la más alta rentabilidad por lo que el Gobierno del General Cárdenas se vió obligado a contar con un instrumento que le permitiera intervenir crecientemente en la dotación del servicio de energía eléctrica.
A esto obedece la creación de la Comisión Federal de Electricidad el 14 de agosto de 1937. Para aquellos años, la cobertura del servicio no alcanzaba ni al 30% de la población.
Esta contradicción creciente entre los criterios privados y las necesidades públicas, culminó con la decisión de nacionalizar, mediante negociaciones financieras las acciones de la American Power Company y de la Mexican Light and Power Company.
Las negociaciones fueron cerradas el 27 de septiembre de 1960 otorgándonos pleno control sobre el manejo y explotación de nuestros recursos energéticos, de este modo la nacionalización eléctrica se muestra como una necesidad del desarrollo económico y social del país que las empresas extranjeras no atendieron.
Todos sabemos que así se inició una etapa de vigoroso y acelerado crecimiento de la industria eléctrica nacional, construyendo grandes complejos hidroeléctricos y termoeléctricos así como la diversificación de los energéticos primarios, se unificó la frecuencia y el voltaje de los diferentes sistemas eléctricos permitiendo la integración de los sistemas aislados en un gran sistema eléctrico interconectados, atendiendo a la propuesta de los entonces representantes de los ingenieros sindicalizados del Sindicato Mexicano de Electricistas encabezado por el ingeniero Jacinto Viqueira Landa.
Hoy, ante el debate por privatizar o dar apertura a los capitales privados en nuestros sectores estratégicos inducida y alentada por intereses transnacionales, queremos mencionar que entre las empresas responsables del apagón del noroeste norteamericano y de la ruina eléctrica californiana, está la Sempra Energy que hoy construye tres plantas en nuestra frontera norte.
Ya el presidente Hipólito Mejía, de República Dominicana, acusa a esta empresa de provocar la crisis eléctrica en su país con el exclusivo propósito de obtener más ganancias.
Los tres sistemas involucrados en este apagón son muy distintos entre sí, pero todos tienen un común denominador, son todos privados.
La desintegración y privatización del sistema eléctrico, en generadores, transportadores, distribuidores y comercializadores, todos regidos por el afán del beneficio de corto plazo, llevó a la inversión en las redes eléctricas norteamericanas a ser la más baja desde la gran depresión de los años 30.
Mientras la demanda creció un 30% en los últimos 10 años, la capacidad de transporte de energía en ese país sólo creció un 15% en el mismo lapso.
Como contraste, hace apenas unos días conmemorábamos a nuestros compatriotas fallecidos en el macrosismo de 1985, vale recordar que la experiencia mexicana de haber logrado restablecer el 100% del servicio en tan solo 12 horas, fue solicitada por expertos japoneses y de otras latitudes. Entre otros hechos hay que destacar que nuestros compañeros cubrieron jornadas ininterrumpidas de 36 y 48 horas continuas para garantizar la luz a los rescatistas y normalizar los servicios.
La realidad mundial nos muestra que no han disminuido los precios de la electricidad y los nuevos sistemas desregulados y privatizados; los sistemas, en cambio, se han debilitado. La creciente presencia de los productores privados en el sistema de CFE empieza a perturbar la operación en nuestros sistemas, ya que estos productores sacan o presionan por meter sus centrales según su muy particular conveniencia mercantil sin importarles los problemas de seguridad o de continuidad que crean.
Compañeras y compañeros diputados, serán los elementos demostrativos sin terrorismos y chantajes declarativos los que verdaderamente garantizarán el fortalecimiento de nuestras empresas públicas eléctricas, frenando el grave riesgo que ya presenta la creciente presencia de interés privado transnacional.
Reivindiquemos en cambio nuestra capacidad ya demostrada en el desarrollo y consolidación de nuestra industria, debatamos a fondo, tan a fondo como sea necesario, no tenemos prisa en esta reforma más allá de lo que reclama ya el país y no son pocos los mexicanos que tienen interés de opinar.
Abrámosles esta Cámara a su opinión; encontremos este camino para hacer de estas empresas garante de desarrollo, soberanía y motor económico y social del país.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Para hablar sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Salazar Díez de Sollano.
El diputado Francisco Javier Salazar Díez de Sollano:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El XLIII aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, es ciertamente una ocasión propicia para reflexionar sobre el papel que ha jugado y que debe jugar el Estado en el sector eléctrico. Difícilmente se podría cuestionar la oportunidad y el acierto que tuvo el Presidente López Mateos al nacionalizar la industria eléctrica en 1960.
Ya en las dos décadas anteriores, el Gobierno había comprado un gran número de acciones de las empresas eléctricas privadas y llevado a cabo un agresivo programa de inversiones que buscaban acrecentar la oferta nacional y la cobertura del suministro.
No obstante lo anterior, los sistemas eléctricos continuaban aislados y en consecuencia el servicio no cumplía con la calidad esperada. La oferta eléctrica era insuficiente e impedía alcanzar una mayor industrialización en el país, es por esto que en 1960 el Gobierno de México reforzó a la Comisión Federal de Electricidad comprando el resto de las acciones de las empresas extranjeras y nacionalizando así la industria.
Desde el punto de vista económico, este proceso se justificaba dada la condición de monopolio natural que en ese momento y en la práctica, imposibilitaba que esta industria se desarrollara adecuadamente en condiciones competitivas. Este monopolio vertical estatal, se justificaba por lo siguiente:
Primero. El sector realizaba actividades estratégicas y tenía la responsabilidad de suministrar un bien básico para toda la población;
Segundo. Al dejarse en manos de la industria privada, los niveles de inversión no habrían sido los adecuados por los riesgos de inconsistencia intertemporal en las políticas públicas;
Tercero. La intervención gubernamental en aras del interés público se ejercía de manera más efectiva y menos costosa dirigida por un organismo como Comisión Federal de Electricidad que por distintas empresas privadas y
Cuarto. Los costos de producción y de suministro eran menores para la Comisión Federal dado su acceso preferencial a distintos insumos, lo que tendría que reflejarse en menores precios de la electricidad.
Las metas que perseguía la formación del monopolio estatal fueron cabalmente cumplidas, se logró la interconexión de los sistemas y la unificación de la frecuencia eléctrica; actualmente el 95% de los mexicanos cuenta con servicio eléctrico. Sin embargo, en últimas fechas los cambios tecnológicos y la recomposición del mercado han ocasionado que esta industria pierda en gran medida su característica de monopolio natural.
Numerosos estudios demuestran que el tamaño mínimo eficiente de las plantas de generación se ha reducido significativamente a partir de la década de los años setenta. El desarrollo de nuevas tecnologías como los ciclos combinados a base de gas natural y lecho fluidizado permiten la construcción de unidades que son de mucho menor tamaño y de menor costo, esto implica que se reduzcan significativamente las barreras de entrada al segmento.
Es por ello que a partir de los años ochenta la mayoría de los países rediseñaron su estructura regulatoria de alguna manera u otra tratando de responder a las circunstancias tecnológicas y de mercado para poder así mejorar la eficiencia de esta industria.
A pesar de que nuestra legislación ha tratado de adaptarse a esta nueva estructura de mercado, es claro que la misma aún dista de garantizar los objetivos que inicialmente justificaron su nacionalización. Por ello y en coincidencia con el Ejecutivo, nosotros consideramos impostergable la discusión de una reforma al marco jurídico de esta industria que se sujete entre varios otros a los siguientes principios:
Primero. El fortalecimiento de la CFE y de Luz y Fuerza del Centro;
Segundo. El pleno respeto a los derechos laborales consignados en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo de los trabajadores de la Comisión Federal y Luz y Fuerza.
Tercero. La instrumentación y desarrollo de un marco jurídico claro y transparente, capaz de generar certidumbre y seguridad.
Compañeras y compañeros diputados, hoy como hace 43 años el país necesita de una reforma estructural para el sector, que asegure a satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica, mejorar la calidad y confiabilidad del servicio mediante una reorganización industrial.
Para el Partido Acción Nacional una reforma con base en los anteriores principios, no busca la privatización de la industria eléctrica, por el contrario, nosotros consideramos fundamental...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Favor de concluir, señor diputado.
El diputado Francisco Javier Salazar Díez de Sollano:Concluyo, señor Presidente.
Nosotros consideramos fundamental fortalecer y hacer más eficiente la rectoría del Estado y la industria y mantener la propiedad de los activos de la Comisión Federal y de Luz y Fuerza del Centro.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema el señor diputado don Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Sergio Arturo Posadas Lara:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
En 1960 el Estado mexicano dio inicio a la nacionalización de la industria eléctrica, dominada entonces por compañías privadas con dominio extranjero.
La nacionalización de la industria eléctrica en México no fue sólo una decisión histórica, acertada del gobierno del Presidente Adolfo López Mateos, sino fue la respuesta del Estado a una demanda nacional creciente y consolidada de toda la sociedad mexicana, integrándose como parte fundamental del proyecto nacional plasmado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los tiempos de crisis han tenido largo acierto en la realidad de nuestro país; los momentos que precedieron a aquella nacionalización también lo fueron con muchas dimensiones, la mayoría de la población carecía de electricidad y los problemas de desabasto de energía eran frecuentes en la región central del país, que era la región donde operaban las empresas privadas como: la Mexican Light y la American Ana Foren Power, donde había descontento popular, pero también había un descontento de la clase empresarial a causa de apagones, cortes de energía y esos consorcios sistemáticamente venían aplicando olvidos y regateo hacia sus trabajadores, pero sobre todo donde la controversia era entre el interés nacional confrontando a los designios imperiales de los grandes capitales.
Por nuestro origen de trabajadores, recordamos que las huelgas de los compañeros electricistas y la construcción de sus sindicatos, hicieron posible, entre otras circunstancias y factores se abriera una negociación y a grandes males, grandes soluciones. Una de ellas fue consolidar al trabajo de los mexicanos ante el compromiso compartido y responsable ante las empresas extranjeras derivado de la adquisición por parte del Gobierno mexicano, de la mayoría, aunque no la totalidad, de las acciones de la compañía mexicana de Luz y Fuerza que se encontraban en poder de inversionistas belgas, estadounidenses, británicos y canadienses, con lo cual pasó a controlar a la compañía de Luz y Fuerza del Centro, la principal filial de ese grupo, al mismo tiempo el Gobierno mexicano compró los activos de otras siete empresas, logrando un avance definitivo en el proceso de integración.
El control de servicios públicos, de energía eléctrica, pudo ser asumido por el Gobierno Federal, lo hizo básicamente a través de la Comisión Federal de Electricidad que había entrado en operación desde 1937 y la que devendría para la región central del país en los años siguientes, en la hoy empresa Luz y Fuerza del Centro habiendo adquirido e integrado a un total de 23 empresas eléctricas.
Durante las siguientes décadas la infraestructura eléctrica mexicana creció de manera notable, mediante cuantiosas inversiones estatales que permitieron la disponibilidad y suficiencia de electricidad, para una demanda también creciente de nuevas generaciones de mexicanos. Gracias a aquella acción se superó el desarrollo exclusivo de empresas abocadas únicamente a la obtención de máximas ganancias, en el menor plazo, manejando tarifas eléctricas a su arbitrio o recurriendo a presiones, a los gobiernos nacionales y en contra de la sociedad, en el que lograba sus fines sin importarles en lo más mínimo el desarrollo nacional, especialmente de aquellos mexicanos habitantes de zonas rurales o comunidades alejadas a los centros urbanos, donde tenían constituido sus lucrativos negocios.
La industria eléctrica nacional ha tenido diferentes etapas, pero ciertamente el rasgo más distintivo ha sido el social, en las políticas instrumentadas a partir de la consumación jurídica y financiera de su nacionalización.
Ante uno de los debates de nuestro tiempo, sobre los hoy llamados temas estructurales, resulta oportuno recordar uno de los momentos más significativos del proceso histórico de nuestra economía nacional.
En materia de energía eléctrica, insumo esencial para el desarrollo y bienestar de los mexicanos, de las presentes y futuras generaciones, el PRI ha sido enfático en señalar, con fundamento en lo expresado en sus documentos básicos, que la soberanía nacional...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Le ruego concluir, señor diputado.
El diputado Sergio Arturo Posadas Lara:Sí, señor Presidente.
Que la soberanía nacional debe conciliar la modernización de esta industria y las previsiones de mayores necesidades de generación con una sólida y eficiente regulación del Estado sobre diversas actividades del ramo, que garantice en todo momento la viabilidad de su funcionamiento como conjunto.
De tal forma que en este día, estamos honrando y recordando el espíritu de aquella inmensa acción de buen gobierno, la que decretó la adición al párrafo sexto del artículo 27 de nuestra Constitución: ``... Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, abastecer de energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación de servicio público''.
El país demanda un debate serio y reflexivo del sector eléctrico que permita preservar la rectoría del Estado, la pla- neación y la regulación a dicho sector.
Muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
El siguiente punto del orden del día es: comentarios sobre el aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón.
Han solicitado el uso de la palabra los siguientes diputados: Jaime Miguel Moreno Garavilla, por el Partido de Convergencia; Fernando Espino Arévalo, por el Partido Verde Ecologista de México; Ana Lilia Guillén Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática; Marco Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional y Miguel Amezcua Alejo, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor diputado, don Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido de Convergencia.
El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:Compañeras y compañeros diputados; señor Presidente:
Cinco minutos para hacer referencia al ilustre cura de Carácuaro, a los 50 años de vida, nada más y nada menos que de El Siervo de la Nación, a la de quien, hijo de carpintero y de maestra de primaria, marca su inicio aquel 30 de septiembre, en Morelia, a la sazón Valladolid; a la sombra de la viudez de su madre y al fragor del golpe severo de la pobreza y de los calcinantes fuegos de la adversidad, que como al acero, forjan y templan también al alma del hombre, Morelos gestó, quizá, durante sus sinnúmero trajines de Acapulco a México o quizá al amparo de las luces del Colegio de San Nicolás, los auténticos ``Sentimientos de la Nación''.
Espíritu despuntado que llegó a mostrarse como genio militar, magnífico organizador y dentro de la insurgencia, sin duda, el jefe de armas que pudo alcanzar el venero de las ideas para construir documentos y estrategia de la política revolucionaria con profundo sentido liberal.
Testimonio eterno de ello lo da la ciudad de Chilpancingo, desde aquel memorable 14 de septiembre de 1813, cuando se proponía que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo.
El que sólo quiere depositarla en el supremo Congreso americano, que siguiendo a Montesquieu, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están divididos, que como la buena ley es superior a todo hombre y las que dicte nuestro Congreso ---se decía--- deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.
Que para dictar una ley, se haga junta de sabios, en el número posible para proceder con más acierto. Así, el insigne Morelos, en rebelión independentista plasmaba en documento, entre otros, estos sentidos de la nación. Por ello, seguramente los llamó ``Sentimientos de la Nación''. Eran verdaderamente los labios del pueblo en pos de sus derechos con espada en mano para ser oído; sentimientos que fincaron también mediante el Congreso de Chilpancingo instalado en Apatzingán, el decreto para la libertad de la América mexicana, aquel memorable 22 de octubre de 1814, decreto que configura nada más y nada menos que la primer Constitución con que da cuenta la historia constitucional del país.
Cómo podría honrarse de mejor forma la memoria de tan ilustre ideólogo y caudillo, sino recordando que la soberanía popular se ejerce a través del Congreso y no de la Conago; que los órganos primarios de Gobierno, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial encuentran su fundamento único en la Constitución, que no en una convención y que como buena ley está por encima de toda voluntad particular o grupal por respetable que sea, que la norma puede sujetarse a consenso pero sólo en su etapa de confección, jamás en la de su aplicación y observancia.
Revisemos integralmente nuestra Constitución, adecuémosla a las exigencias de nuestros días, pero en tanto esto ocurre observémosla, cumplámosla todos. De no hacerlo tarde o temprano encontraremos el caos y la anarquía.
No permitamos que la movilidad jurídica e institucional de la República se vea engrillada por intereses de coyuntura como engrillado se vio nuestro preclaro héroe aquella madrugada del 22 de diciembre de 1815. Arrodillado ante la nación, cual digno siervo de la misma, volvió el rostro a la cobardía y a la intemperancia para dar punto final a 50 años de vida consagrados a la tarea de legarnos patria y libertad en un marco de leyes y de instituciones. De ello da cuenta también eterna San Cristóbal, Ecatepec. Observemos la Constitución, cumplamos la ley y respetemos nuestras instituciones, es la mejor forma de honrar la vida y la memoria de Morelos.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Fernando Espino Arévalo:Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El 30 de septiembre del año de 1765, nació en la Ciudad de Valladolid, hoy Morelia, quien fuera reconocido internacionalmente como el mayor genio militar y político de su época y artífice junto con Hidalgo, Allende, Aldama, doña Josefa Ortiz de Domínguez y muchos otros patriotas, del triunfo de la lucha de Independencia emprendida en 1810.
Don José María Morelos y Pavón, como michoacano, pero sobre todo como mexicano, que aprecia la herencia de justicia, libertad e independencia que dejó en nuestras manos el que fuera párroco de Nocupétaro, no puedo sino reconocer con emoción la alta responsabilidad que significa preservar para nuestros hijos la patria libre e independiente que, con afanes de precursores de la modernización, en la actualidad muchos estarían pensando en ceder frente a los intereses de los capitales transnacionales.
Fue Morelos el guerrero incansable, que en la montaña o en el llano hizo valer el espíritu indomable de quien sabe, sustentado en la justicia de su causa; fue el genio militar capaz de ponerle un freno al mejor ejército realista que hubiera en la Nueva España.
Esta Cámara de Diputados no podría dejar de reconocer la trascendencia política de los Sentimientos de la Nación, que son la manifestación más pura del fervor patriótico y la frescura política que caracterizaban a quien se definió como Siervo de la Nación.
Sólo bastaría con recordar algunos de los planteamientos de ese documento político, dado a conocer en la apertura del Congreso instalado en Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813, para corroborar el pensamiento y la obra política de José María Morelos y Pavón.
En efecto, hoy añoramos la energía, el coraje y el valor, del patriota que, antes que argumentar justificaciones a su lucha y a la determinación, de abandonar la ideología y práctica de sumisión que le imponía su jerarquía eclesiástica, decidió establecer categóricamente el objetivo que lo impulsó a la insurrección: que América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones.
Y qué mejor descripción del origen de la representación popular, que la expresada en el punto 5, del histórico documento, que señala: ``La soberanía dinámica dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los Poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario''.
También referida a la función legislativa destaca el punto 12, que hace alusión al tipo de leyes que espera el pueblo que aprueben sus representantes, y que en modo alguno justifica que por intereses mezquinos se expidan leyes en contra de los intereses populares.
La norma declarativa ya aludida consignó este principio, que como la buena ley es superior a todo hombre; las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen la constancia y patriotismo, mover en la opulencia y la indigencia y de tal suerte, se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto.
Morelos, era el más convencido de la necesidad de aprovechar la oportunidad y aportación industrial e inversión financiera de los capitales externos, pero dejaba en claro que no se permitiría en función de su inversión o de su amistad con nuestro país, que potencias externas violentaran la soberanía de este pueblo.
No hay duda alguna, recordando la vida y obra del insurgente Morelos, del Generalísimo José María Morelos y Pavón o simplemente del Siervo de la Nación, debemos admitir que fue un hombre que se adelantó a su tiempo y que todavía hoy está vigente, esperando que se cumpla el anhelo de una patria justa, libre e independiente.
Que la representación popular efectivamente atienda a los reclamos del pueblo y que, para el caso de que se insista en entregar al extranjero la soberanía que el pueblo depositó en los Poderes de la nación, siempre habrá quien sepa resistir patrióticamente y romper con coraje y decisión un sitio de Cuautla.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy 30 de septiembre, se cumplen 238 años del natalicio de don José María Morelos y Pavón, nacido en Valladolid, hoy Morelia, que se honra en tributar con su nombre al héroe más grande que nuestra tierra, Michoacán, orgullosamente tiene como su hijo predilecto.
No voy a hacer una apología de fechas o hechos del prócer en mención, ya que la mayoría, por no decir que todos, conocemos la trayectoria que ha resistido enhiesta y firme, el juicio de la historia.
Hablar de Morelos implica una profunda reflexión y un serio compromiso para los mexicanos. Pero sobre todo a nosotros los diputados nos compromete más teniendo en cuenta la génesis de esta institución de la cual formamos parte en este momento.
Hablar de Morelos es aludir al hecho histórico más importante de nuestra patria: su independencia; es referirse al genio militar más grande que ha dado nuestro país, reconocido en su momento por el resultado de sus batallas dadas siempre en condiciones adversas. Pero no es sólo reconocerle en estatura militar sus proezas, sino en su acción de fondo, dando a este país las bases no sólo de su independencia, sino de las instituciones que en este momento debieran ser la fortaleza de los mexicanos como son los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la división de los mismos tendría también que ser la garantía de su compatibilidad para ejercerlos.
Su gran mérito radica justamente ahí, pues en un medio que no podía ser más adverso para su realización, se forjaron ideales confiando en la evolución cívica del pueblo.
Hablar de Morelos, Siervo de la Nación, como él eligió que se le llamara, en un gesto de suprema humildad, es ocuparse del más sensible de los jefes insurgentes. Sensible a los problemas sociales que aquejaban a los mexicanos en ese tiempo y su convicción como luchador social a favor de las causas del pueblo oprimido, lo impulsó a convocar a un congreso que declarara la independencia de la Nueva España, redimiendo con ello a sus habitantes.
Y es precisamente Morelos el generalísimo, como fue reconocido por el Congreso, quien le dio sentido y rumbo a la gesta de 1810 en medio de la anarquía y el desorden que se dio en esa lucha y que compartió con hombres de la talla de Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Mariano Matamoros y otros no menos importantes, llevando a buen final con ellos y con participantes anónimos, esta proeza que ahora la vemos en peligro gracias a las actitudes ambiguas y poco firmes de los que tenemos la obligación de proteger y conservar ese patrimonio para los mexicanos.
Los Sentimientos de la Nación, que constituyen la base del pensamiento político de Morelos, lo ubican dentro de la denominación del sujeto social totalmente moral. Estos preceptos son los que dieron origen a la Constitución, sancionada en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, con el título de ``Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana'', en donde progresistas y reformadores se impusieron a las ideas conservadoras logrando con ello el sueño de Morelos, en cuanto a instaurar una ley que le diera al hombre común en su momento justicia y libertad, y al país soberanía e independencia.
Cuánta vigencia tienen ahora los Sentimientos de la Nación, por citar, que como la buena ley superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso, deben ser tales, que obligue a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.
Fue Morelos un hombre que se adelantó a su tiempo, pues sus conceptos deben servir de guía para la Reforma del Estado, para cerrar esa desigualdad existente no sólo en la economía, sino en lo social y de manera muy marcada, en lo jurídico; en donde la impartición de justicia, de manera confiable, la vemos cada vez más lejana. Claros ejemplos los hemos tenido aquí mismo de manera reciente, ya que por encima del interés de la República se protegió a quien abusando del fuero que se le confirió en el ejercicio del trabajo legislativo, se presume cometió un delito contra la nación.
En estos momentos de peligrosa confusión para nuestro país, es hora de retomar los grandes ideales de don José María Morelos y Pavón, de seguir sus postulados recuperando su posición axiológica en la actuación de los integrantes del Congreso, ya que la deshonestidad, la indiferencia, apatía y la complicidad...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Le ruego concluir, diputada.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz:...Pero más que nada la incredulidad de los ciudadanos hacia esta institución, debería hacernos reflexionar en el idea-rio y los altos propósitos que los constituyentes deseaban infundir en el cuerpo y el alma de la Primera Carta Fundamental de la Nación, aportando con ello los elementos necesarios entonces y ahora, para evitar que el país se viera inmerso en la situación tan delicada como se encuentra en estos momentos, en donde lo último en que se piensa es en la voluntad del pueblo, que se dejan de lado las peticiones y necesidades que se pudieran resolver en cuanto se tuviera como inicio y objetivo final, al ser humano como ciudadano en cualquier iniciativa que este Congreso tuviera a bien dictaminar.
Sin querer hacer de mi participación un llamado a comportarnos con ética, a que apliquemos los principios de manera generosa, respetuosamente pido a ustedes, compañeros diputados y diputadas, que no sólo este 30 de septiembre conmemoremos a nuestro insigne héroe, sino que todo el año practiquemos como legisladores, la visión y convicción que el Generalísimo José María Morelos y Pavón tuvo como norma en su vida, con una mística y espíritu de servicio que lo llevó a valorar por encima de su propia existencia el bien que su sacrificio le traería a todos los mexicanos: libertad, soberanía, independencia.
Y ya para terminar, señor Presidente... si en una Cámara de Diputados, donde venimos los diputados precisamente a hacer uso de la tribuna, se nos llama la atención con silbidos... no cabe duda que ``las cabras tiran al monte''.
Nada más para terminar, quiero marcar una diferencia de las grandes incongruencias que se dan en el país...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Diputada, le rogaría concluir, porque se le agotó su tiempo.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz:Dos segundos, señor Presidente.
Quiero solamente hacer notar la gran diferencia que existe entre el Generalísimo Morelos y el Cardenal que busca el fuero de la sotana y su feligresía, para evitar que su forma de vida sea investigada y la austeridad de nuestro héroe, sin olvidar la condición sacerdotal de ambos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra, para hablar sobre el mismo tema, el señor diputado don Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario Acción Nacional.
El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza:Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
En representación de Acción Nacional acuñado en esta tribuna para recordar el natalicio de José María Morelos y Pavón hace 238 años, quien convencido de la legitimidad de la lucha que propugnó Miguel Hidalgo y Costilla, se pronunció a favor de ella y se entregó por completo a la conquista de la Independencia de nuestro país.
Los largos recorridos de Valladolid, hoy Morelia, Acapulco, Guerrero, que como guía llevando a su ganado hizo durante su juventud, revelaron a Morelos el conocimiento de la naturaleza, cuyos secretos después aprovecharía estratégicamente para las campañas militares con las que instauró la Independencia.
El conocimiento de la población, la sensibilidad frente a sus carencias enriquecieron la visión humanista de Morelos y Pavón en la cual fundamentó la relación de los Sentimientos de la Nación, documento en el que consignó su pensamiento político.
La Independencia y la soberanía del país, la distribución equitativa de la propiedad, la abolición de la esclavitud, la disolución de las castas, la propuesta para crear un sistema republicano sobre la base de la igualdad, la libertad y la división de poderes, constituyen las ideas fundamentales expresadas por José María Morelos sobre las cuales se construyó la nación que emergió consumada la Independencia.
Al efectuarse el Congreso de Chilpancingo, José María Morelos y Pavón asume el Poder Ejecutivo, pero rechaza que se le llame alteza serenísima y pide que se le llame Siervo de la Nación.
Acción Nacional considera relevante recuperar las ideas y acciones de Morelos y Pavón, recuperar sobre todo la coherencia que las vincula.
Morelos creía en la igualdad y trataba a sus semejantes como iguales; creía en la libertad y actuaba con libertad y a favor de la libertad. Creía en la justicia y actuaba con justicia.
Morelos y Pavón consideraba el poder un medio y no un fin y por ello se asumía con el servidor que detentaba el poder en beneficio de todos los mexicanos.
Es importante que quienes representamos a los ciudadanos de México en esta soberanía abracemos las ideas de justicia, de igualdad y libertad suscritas por Morelos, recuperadas en nuestra Constitución.
Es importante sobre todo que actuemos con coherencia con ellas y es sobre todo importante que asumamos nuestro trabajo como una oportunidad de servir a México, de servir a cada uno de sus ciudadanos.
Señoras y señores diputados, nuestro trabajo arrojará frutos si en todo momento nos guiamos por estas sabias palabras de José María Morelos y Pavón.
``Temamos al juicio de la posteridad justa, temamos a la historia y ajustemos nuestra conducta a los principios más sanos del honor, de religión y de política.''
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Para hablar sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el señor diputado don Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel Amezcua Alejo:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hoy conmemoramos el natalicio de uno de los próceres de nuestra patria: don José María Morelos y Pavón, hombre de una gran congruencia profunda al que sus ideales lo llevaron a la entrega de su vida aún en plenitud.
La antigua Valladolid, hoy Morelia, en su nombre fue la cuna de quien se entregara a servir a nuestra nación. El 30 de septiembre de 1765, en el jardín de la Nueva España, como él lo llamó, nace uno de los más grandes estadistas que ha dado esta nación: don José María Morelos y Pavón.
De familia humilde, ejerció diferentes trabajos como campesino, administrador de hacienda, arriero; recorrido y trabajo que forjaban y templaron su carácter, así como su conciencia social.
Morelos, el cura de Carácuaro, no disponía a los 46 años de experiencia alguna como militar ni como legislador, pero en cambio tenía genio, sensibilidad y con ello conciencia de su destino.
Morelos surge al escenario político como resultado de una compleja situación social en la que predominaba la explotación más atroz. Con el tiempo, su propia formación teológica le permite concluir que la tiranía impuesta era el medio para mantener la explotación de los pueblos.
El clero politizado y con base en una teología criolla, convencido de la necesidad de transformaciones y cambios, juzga la situación social a la luz de la fe y con la pretensión de buscar el mejoramiento integral y las condiciones de vida de los habitantes.
Marca el surgimiento de la primera revolución de independencia. Genial, ideológico y figura política, estadista, talento múltiple; si Morelos solamente hubiera sido un guerrero su figura trazaría en el campo de la historia al lado de los más bravos, pero su gloria no descansa en esto: fue el creador de la República independiente, respetuoso del poder civil; fue el que formuló el reglamento para la elección de diputados, cuidando siempre que se elija o se designe a personas competentes. Fue así con esa conducta como conquistó la posteridad y es así, sin servilismos que comprometen conciencias como se pueden modificar o reformar las leyes fundamentales que nos rigen, mismas que nos lograron los iniciadores de la Independencia, que enriquecieron los hombres de la Reforma y que culminaron los hombres de la Revolución Mexicana.
La lucha de Morelos se realizó en dos frentes: el militar y el político. El militar, en donde mostró su gran intuición, basado en sus estrategias, en las características geográficas, logrando grandes victorias en los estados de Michoacán, México, Puebla, Veracruz, Morelos y Oaxaca. Pero para él era más importante la lucha política, por lo que a mediados de 1813 se dedica a construir políticamente a la nación.
Demócrata de convicción, dirige sus esfuerzos a la conformación de un Congreso que le dé base y fundamento a la nación independiente. De ahí que el 28 de julio lanzara la convocatoria para la conformación de un Congreso insurgente, realizado el 14 de septiembre en Chilpancingo, en donde leyó en su inauguración los Sentimientos de la Nación, considerado como uno de los documentos más importantes para la historia constitucional de nuestro país.
Aun cuando a éste no se le dio vigencia, es el antecedente básico de nuestra Constitución. Documento que contiene conceptos básicos y fundamentales completamente vigentes para el México de hoy, en su mayoría y por los que aún pugnamos los mexicanos.
En sus 23 puntos conocidos como Sentimientos de la Nación dejó sentado para siempre que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes, armonizando en ese documento las garantías individuales, los derechos sociales y las libertades políticas del mexicano.
José María Morelos nos legó importante lección cuando declaró que la mejor forma de servir al pueblo es obedecerlo y en congruencia con ello renunció al cargo de Generalísimo para aspirar humildemente al de Siervo de la Nación.
Recuperemos nuestra independencia del Poder Ejecutivo, que no seamos más que éste; pero tampoco que seamos menos que él. Que justamente con el Poder Judicial grabemos el equilibrio constitucional señalado por Morelos, que permitirá a nuestro país su desarrollo y el mejoramiento en la vida de sus habitantes.
Compañeros diputados: recordemos el 30 de septiembre de 1765. Lo importante es recordar porque en política cuando se recuerda se vuelve a contraer el compromiso. Hemos recordado hoy a Morelos, lo que significa que podemos renovar nuestros compromisos ante nuestro pueblo. Las fuerzas de la sociedad mexicana determinaron recientemente un nuevo orden jurídico y político. Un orden nuevo en el aspecto económico y eso es en efecto un nuevo orden en el terreno social.
Me parece que el legado del Siervo de la Nación nos obliga a un esfuerzo mayor en la calidad de nuestro trabajo, el que deberá de ser más reflexivo en torno a las grandes cuestiones nacionales que nos ocupan. El consenso y la probabilidad en la formación de las leyes...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le ruego concluir, señor diputado.
El diputado Miguel Amezcua Alejo:Termino, señor Presidente.
...Es el reto de esta soberanía lograr entre todos, a pesar de nuestras diferencias, ponernos de acuerdo y emitir leyes para el beneficio de nuestra patria.
Hoy en este recinto legislativo le rendimos un agradecimiento póstumo a quien con honor, valor y sabiduría cultivó el jardín de la libertad con justicia para todos los mexicanos.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado; señoras y señores legisladores:
Se abre un receso de 45 minutos, en espera del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las comisiones de trabajo de esta LIX Legislatura.
(Receso)
Se reanuda la sesión.
Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre del 2003.
Diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.- Presente.
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, les remitimos la propuesta de integración de las comisiones ordinarias, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas, que hacen los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, del PDN, del PT y de Convergencia, para ser sometidos a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados.
Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo.
Atentamente.
Por ausencia diputada y profesora Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta (Rubrica).
H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
I. Comisión de Agricultura y GanaderíaPAN
Dávila Aranda Mario Ernesto de San Alberto Magno, SecretarioPalmero Andrade, Diego, Secretario
Alvarez Ramos J. Irene
Camarillo Zavala, Isidro
Castelo Parada, Javier
De la Vega Lárraga José María
Guzmán de Paz, Rocío
Méndez Gálvez Alberto Urcino
Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio
Vázquez Saut, Regina
PRI
López Aguilar, Cruz, PresidenteDávalos Padilla, Juan Manuel, Secretario
Ruiz Cerón Gonzalo, Secretario
Nazar Morales, Julián
Arias Martínez, Lázaro
Vázquez García, Quintín
Avila Rodríguez Gaspar
Saldaña Villaseñor, Alejandro
Del Valle Reyes Guillermo
Vega Rayet, Juan Manuel
Morales Flores, Jesús
Valenzuela García, Esteban
Galindo Jaime, Rafael
Alcocer García, Roger David
PRD
Mejía Haro, Antonio, SecretarioGonzález Bautista, Valentín
Guillén Quiroz, Ana Lilia
Herrera Herbert, MarceloTorres Cuadros, Enrique
Suárez Carrera, Víctor
PVEM
Orozco Gómez, Javier
II. Comisión de Asuntos IndígenasPAN
Aldaz Hernández, Huberto, SecretarioAlvarez Ramos J. Irene
Chávez Murguía, Margarita del Sagrado Corazón de Jesús
Esteva Melchor, Luis Andrés
Guzmán de Paz, Rocío
Pérez Zaragoza, Evangelina
Torres Ramos, Lorena
Vázquez García, Sergio
Vázquez González, José Jesús
PRI
Canul Pacab Angel Paulino, SecretarioCastro Ríos Sofía, Secretario
Collazo Gómez, Florencio
Utrilla Robles, Jorge Baldemar
Tecolapa Tixteco, Marcelo
Pedraza Martínez, Roberto
Badillo Ramírez, Emilio
Montenegro Ibarra, Gerardo
Guzmán Santos, José
Sagahón Medina Benjamín
Díaz Nieblas, José Lamberto
Madrigal Hernández, Luis Felipe
Aguilar Flores, Ubaldo
PRD
Manzano Salazar, Javier, PresidenteCabrera Padilla, José Luis
Casanova Calam, Marbella
Guzmán Cruz, Abdallán
Ramos Iturbide, Bernardino
Chávez Castillo, César Antonio
PVEM
Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe
III. Comisión de Atención a Grupos VulnerablesPAN
González Furlong, Magdalena Adriana, PresidentaRíos Murrieta, Homero, Secretario
Baeza Estrella, Virginia Yleana
González Reyes, Manuel
Lara Arano, Francisco Javier
Moreno Morán, Alfonso
Pérez Zaragoza, Evangelina
Rivera Cisneros, Martha Leticia
Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos
PRI
Martínez Rivera, Laura Elena, SecretariaBravo Carbajal, Francisco Javier, Secretario
Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth
Burgos Barrera Alvaro
Badillo Ramírez, Emilio
Avila Rodríguez Gaspar
Maya Pineda, María Isabel
Domínguez Arvizu, María Hilaria
Quiroga Tamez, Mayela María de Lourdes
Alarcón Hernández, José Porfirio
Izaguirre Francos, María Del Carmen
Palafox Gutiérrez, Martha
Anaya Rivera, Pablo
PRD
Serrano Jiménez, Emilio, SecretarioSánchez Pérez, Rocío
Ortega Alvarez, Omar
Bagdadi Estrella, Abraham
Cortés Sandoval, Santiago
Naranjo y Quintana, José Luis
PVEM
Avila Serna MaríaIV. Comisión de Ciencia y Tecnología
PAN
Talavera Hernández, María Eloísa, SecretariaAragón Cortés, Sheyla Fabiola
Camarena Gómez, Consuelo
Córdova Villalobos, José Angel
Durán Reveles, Patricia Elisa
Lastra Marín, Lucio Galileo
Saldaña Hernández, Margarita
Torres Zavala, Ruben Alfredo
Urrea Camarena, Marisol
PRI
Córdova Martínez, Julio César, PresidenteAlcérreca Sánchez Víctor Manuel, Secretario
Utrilla Robles, Jorge Baldemar
Adame de León, Fernando Ulises
Jiménez Sánchez, Moisés
Rodríguez Díaz, Hugo
Rangel Espinosa, José
Jiménez Merino, Francisco Alberto
Nava Díaz, Alfonso Juventino
Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc
Filizola Haces, Humberto Francisco
Vidaña Pérez, Martín Remigio
Alcocer García, Roger David
PRD
Ortega Alvarez, Omar, SecretarioAvilés Nájera, Rosa María
Guzmán Cruz, Abdallán
Martínez Della Rocca, Salvador Pablo
Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen
Medina Lizalde, José Luis
PVEM
Legorreta Ordorica, Jorge
V. Comisión de ComunicacionesPAN
Döring Casar, Federico, SecretarioSacramento Garza, José Julián, Secretario
Aragón Cortés, Sheyla Fabiola
Cárdenas Vélez, Rómulo
Clouthier Carrillo, Tatiana
Gómez Morín Martínez del Río, Manuel
González Reyes, Manuel
Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaías
Torres Zavala, Ruben Alfredo
PRI
Aguirre Rivero Angel Heladio, PresidenteAguilar Bueno, Jesús, Secretario
Rueda Sánchez, Rogelio Humberto, Secretario
Avila Nevárez Pedro
Rodríguez Anaya, Gonzalo
Chávez Dávalos, Sergio Armando
Alcántara Rojas, José Carmen Arturo
Moreno Valle Rosas, Rafael
Beltrones Rivera, Manlio Fabio
Córdova Martínez, Julio César
Buendía Tirado Angel Augusto
Martínez de la Cruz, Jesús Humberto
Domínguez Ordóñez Florentino
Bustillos Montalvo, Juan
PRD
Magaña Martínez, Sergio Augusto, SecretarioCruz Martínez, Tomás
Obregón Espinoza, Francisco Javier
Cortés Sandoval, Santiago
Medina Lizalde, José Luis
PVEM
Legorreta Ordorica, Jorge, Secretario
Convergencia
González Schmal, Jesús Porfirio, Secretario
VI. Comisión de CulturaPAN
Cabello Gil, José Antonio, SecretarioCorella Manzanilla, María Viola
Corella Torres, Norberto Enríque
Eppen Canales, Blanca
Flores Fuentes, Patricia
Loera Carrillo, Bernardo
Martínez Cázares, Germán
Rochín Nieto, Carla
Villanueva Ramírez, Pablo Antonio
PRI
Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo, PresidenteTapia Palacios, Paulo José Luis, Secretario
Collazo Gómez, Florencio
Ramón Valdez Jesús María
Echeverría Pineda, Abel
Jiménez Sánchez, Moisés
Sandoval Urbán, Evelia
Gómez Carmona, Blanca Estela
Guerra Castillo, Marcela
Aréchiga Santamaría José Guillermo
Nava Díaz, Alfonso Juventino
Vega Carlos, Bernardo
Moreno Ramos, Gustavo
PRD
Casanova Calam, Marbella, SecretarioGarfias Maldonado, María Elba
Muñoz Santini, Inti
Mícher Camarena, Martha Lucía
Flores Mendoza, Rafael
Lagarde y de los Ríos, María Marcela
VII. Comisión de Defensa NacionalPAN
Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio, SecretarioBermúdez Méndez, José Erandi
Angulo Góngora, Julián
Blanco Becerra, Irene Herminia
Cortés Jiménez, Rodrigo Iván
González Carrillo, Adriana
Sacramento Garza, José Julián
Sigona Torres, José
Zavala Gómez del Campo, Margarita Ester
PRI
Martínez Nolasco, Guillermo, PresidenteAlarcón Trujillo, Ernesto, Secretario
Trujillo Fuentes, Fermín, Secretario
Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rafaela
Aguilar Iñárritu, José Alberto
David David, Sami
Pano Becerra, Carlos Osvaldo
Castillo Cabrera, Jorge de Jesús
Ortiz Alvarado, Jorge
Echeverría Pineda, Abel
Sandoval Figueroa, Jorge Leonel
García Ortiz, José
Guerrero Santana, Enrique
Domínguez Ordóñez Florentino
PRD
Portillo Ayala, Cristina, SecretariaGonzález Salas y Petriccioli María Marcela
Díaz Palacios, Socorro
Franco Hernández, Pablo
Ensástiga Santiago, Gilberto
Tovar de la Cruz, Elpidio
PVEM
Alvarez Romo Leonardo
PT
Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio
VIII. Comisión de Desarrollo MetropolitanoPAN
Mendoza Ayala, Rubén, SecretarioHinojosa Moreno, Jorge Luis, Secretario
Avila Camberos Francisco Juan
Gutiérrez Ríos Edelmira
Núñez Armas, Juan Carlos
Rojas Toledo, Francisco Antonio
Saldaña Hernández, Margarita
Sigona Torres, José
Trueba Gracian Tomas Antonio
PRI
Fernández García, Fernando, PresidenteHernández Pérez, David, Secretario
Marrufo Torres, Roberto Antonio
Moreno Arévalo, Gonzalo
Lomelí Rosas, J. Jesús
Román Bojórquez, Jesús Tolentino
Bedolla López, Pablo
Del Mazo González Alfredo
Soriano López, Isaías
Martínez López, Margarita
Flores Hernández, José Luis
Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo
Guizar Valladares, Gonzalo
PRD
Morales Rubio, María Guadalupe, SecretariaMartínez Meza, Horacio
Ferreyra Martínez, David
Ramos Iturbide, Bernardino
Bautista López, Héctor Miguel
Torres Baltazar, Edgar
PVEM
Espino Arévalo, Fernando
IX. Comisión de Desarrollo RuralPAN
González González, Ramón, SecretarioArabian Couttolenc Myriam de Lourdes
Contreras Covarrubias, Hidalgo
Fernández Moreno, Alfredo
Méndez Galvez, Alberto Urcino
Rangel Hernández, Armando
Rodríguez y Pacheco, Alfredo
Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio
Vázquez González, José Jesús
PRI
Castillo Cabrera, Jorge de Jesús, SecretarioArias Martínez, Lázaro, Secretario
Gordillo Reyes, Juan Antonio
Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth
Tecolapa Tixteco, Marcelo
González Huerta, Víctor Ernesto
Mazari Espín, Rosalina
Guzmán Santos, José
Sagahón Medina Benjamín
Félix Ochoa, Oscar
Galindo Jaime, Rafael
Mier y Concha Campos, Eugenio
Aguilar Flores, Ubaldo
PRD
Luna Hernández, J. Miguel, PresidenteSigala Páez, Pascual, Secretario
Mejía Haro, Antonio
Fierros Tano, Margarito
Herrera Herbert, Marcelo
Chavarría Valdeolivar, Francisco
PT
Padilla Peña, Joel
X. Comisión de Desarrollo SocialPAN
Zavala Peniche, María Beatriz, PresidentaRangel Hernández, Armando, Secretario
Arabian Couttolenc Myriam de Lourdes
Mendoza Flores María del Carmen
Núñez Armas, Juan Carlos
Ortíz Domínguez, Maki Esther
Sandoval Franco, Renato
Suárez Ponce, María Guadalupe
Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos
Treviño Rodríguez, José Luis
PRI
Flores Rico, Carlos, SecretarioRincón Chanona, Sonia, Secretario
Vega Murillo, Wintilo
Moreno Arcos, Mario
Osorio Chong, Miguel Angel
Vázquez García, Quintín
Medina Santos, Felipe
Montenegro Ibarra, Gerardo
Concha Arellano, Elpidio Desiderio
Leyson Castro, Armando
Rodríguez Javier, Rogelio
Palafox Gutiérrez, Martha
Aguilar Flores, Ubaldo
PRD
Boltvinik Kalinka, Julio, SecretarioFlores Mendoza, Rafael
Montiel Fuentes, Gelacio
Rosas Montero, Lizbeth Eugenia
Brugada Molina, Clara Marina
Ulloa Pérez, Gerardo
PVEM
Alvarado Villazón, Francisco Xavier
PT
Espinosa Ramos, Francisco Amadeo
Convergencia
Perdomo Bueno, Juan Fernando
XI. Comisión de EconomíaPAN
López Villarreal, Manuel Ignacio, PresidenteDe la Vega Lárraga José María
Del Conde Ugarte Jaime
Galindo Noriega, Ramón
Hinojosa Moreno, Jorge Luis
Landero Gutiérrez, José Francisco Javier
Nader Nasrallah, Jesús Antonio, Secretario
Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia
PRI
Yu Hernández, Nora Elena, SecretariaBailey Elizondo, Eduardo Alonso, Secretario
Utrilla Robles, Jorge Baldemar
Wong Pérez, José Mario
Ramón Valdez Jesús María
Olmos Castro, Eduardo
Dávalos Padilla, Juan Manuel
Bitar Haddad, Oscar
Blackaller Ayala, Carlos
Gómez Sánchez, Alfredo
Saldaña Villaseñor, Alejandro
Abdala de la Fuente, José Manuel
Moreno Ramos, Gustavo
PRD
Salinas Narváez, Javier, SecretarioFerreyra Martínez, David
Serrano Crespo, Yadira
García Ochoa, Juan José
Zepeda Burgos, Jazmín Elena
Suárez Carrera, Víctor
PVEM
Lujambio Moreno, Julio Horacio, SecretarioAlvarado Villazón, Francisco Xavier
Convergencia
Perdomo Bueno, Juan Fernando
XII. Comisión de Distrito FederalPAN
Saldaña Hernández, Margarita, SecretariaColín Gamboa, Roberto
Döring Casar, Federico
Garduño Morales, Patricia
González Furlong, Magdalena Adriana
Herrera Tovar, Ernesto, Secretario
Molinar Horcasitas, Juan Francisco
Triana Tena, Jorge
Toscano Velasco Miguel Angel
PRI
Gutiérrez Romero, Marco Antonio, SecretarioVillegas Arreola, Alfredo, Secretario
Suárez y Dávila, Francisco
Ruiz Massieu Salinas, Claudia
García Ayala, Marco Antonio
Campa Cifrián, Roberto Rafael
Vega y Galina, Roberto Javier
Ortiz Alvarado, Jorge
González Huerta, Víctor Ernesto
Fernández García, Fernando
Bedolla López, Pablo
Meza Cabrera, Fidel René
Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo
PRD
Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto, PresidenteManzanares Córdova, Susana Guillermina
Ensástiga Santiago, Gilberto
Martínez Meza, Horacio
Cárdenas Sánchez, Nancy
Padierna Luna, María de los Dolores
PVEM
Espino Arévalo, Fernando, SecretarioAgundis Arias, Alejandro
Convergencia
González Schmal, Jesús Porfirio
XIII. Comisión de Educación Pública y Servicios EducativosPAN
Clouthier Carrillo, Tatiana, SecretariaCamarena Gómez, Consuelo, Secretaria
Corella Manzanilla, María Viola
Corella Torres, Norberto Enríque
Díaz Delgado, Blanca Judith
Díaz González, Felipe de Jesús
Gallardo Sevilla, Israel Raymundo
García Velasco, María Guadalupe
Torres Ramos, Lorena
PRI
Aréchiga Santamaría José Guillermo, SecretarioFilizola Haces, Humberto Francisco, Secretario
Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe
Rincón Chanona, Sonia
Pimentel González, Oscar
Ibáñez Montes, José Angel
Jiménez Sánchez, Moisés
Gómez Carmona, Blanca Estela
Montenegro Ibarra, Gerardo
Rodríguez Ochoa, Alfonso
Tapia Palacios, Paulo José Luis
Ramos Salinas Oscar Martín
Domínguez Ordóñez Florentino
PRD
Martínez Della Rocca, Salvador Pablo, PresidentePérez Medina, Juan, Secretario
García Solís, Iván
Muñoz Santini, Inti
Sánchez Pérez, Rocío
Rodríguez Fuentes, Agustín
PVEM
Méndez Salorio, Alejandra
PT
Espinosa Ramos, Francisco Amadeo, Secretario
XIV. Comisión de EnergíaPAN
Salazar Díez de Sollano Francisco Javier, PresidenteOvalle Araiza, Manuel Enrique, Secretario
Alegre Bojórquez, Ricardo
Contreras Covarrubias, Hidalgo
De la Vega Asmitia José Antonio Pablo
Hinojosa Moreno, Jorge Luis
Rochín Nieto, Carla
López Villarreal, Manuel Ignacio
Toscano Velasco Miguel ángel
PRI
Pimentel González, Oscar, SecretarioPavón Vinales, Pablo, Secretario
Pompa Victoria, Raúl
Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe
Rodríguez Rocha, Ricardo
Carrillo Rubio, José Manuel
Rojas Gutiérrez, Francisco José
Del Mazo González Alfredo
Cervantes Vega, Humberto
Alcérreca Sánchez Victor Manuel
Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús
Herrera León, Francisco
Posadas Lara, Sergio Arturo
PRD
Carrillo Soberón, Francisco Javier, SecretarioAgúndez Montaño, Narciso
Avilés Nájera, Rosa María
Serrano Crespo, Yadira
Bagdadi Estrella, Abraham
Martínez Ramos, Jorge
PVEM
Ochoa Fernández, Cuauhtémoc, SecretarioLujambio Moreno, Julio Horacio
PT
González Yáñez Oscar
Convergencia
Perdomo Bueno, Juan Fernando, Secretario
XV. Comisión de Equidad y GéneroPAN
Eppen Canales, Blanca, Secretaria
Cruz García, Concepción
Flores Fuentes, Patricia
Lara Saldaña, Gisela JulianaPérez Zaragoza, Evangelina
Ramírez Luna, María Angélica
Rivera Cisneros, Martha Leticia
Vargas Bárcena, Marisol
Zavala Peniche, María Beatriz
PRI
Gastélum Bajo, Diva Hadamira, PresidentaMartínez López, Margarita, Secretaria
Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth, Secretaria
Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rafaela
Ponce Beltrán, Esthela de Jesús
Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe
Orantes López, María Elena
Yu Hernández, Nora Elena
Sáenz López Rosario
Sandoval Urbán, Evelia
Martínez López, Gema Isabel
Mazari Espín, Rosalina
Domínguez Arvizu, María Hilaria
Canul Pacab Angel Paulino
PRD
Mícher Camarena, Martha Lucía, SecretariaDe la Peña Gómez Angélica
Lagarde y de los Ríos, María Marcela
Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen
Casanova Calam, Marbella
Zepeda Burgos, Jazmín Elena
PVEM
Avila Serna María
XVI. Comisión de Fomento Cooperativo y Economía SocialPAN
Bárcenas González, José Juan, SecretarioDíaz González, Felipe de Jesús
González Garza, José Julio
Aldaz Hernández, Huberto
Esteva Melchor, Luis Andrés
González Reyes, Manuel
Blanco Becerra, Irene Herminia
Gómez Morín Martínez del Río, Manuel
Rodríguez y Pacheco, Alfredo
PRI
Monárrez Rincón, Francisco Luis, SecretarioNava Díaz, Alfonso Juventino, Secretario
Robles Aguilar, Arturo
González Orantes, César Amín
Ávila Rodríguez, Gaspar
Villagómez García, Adrián
González Ruiz Alfonso
Celaya Luría, Lino
Morales Flores, Jesús
Muñoz Muñoz, José Alfonso
Madrigal Hernández, Luis Felipe
López Aguilar, Cruz
Castañeda Ortiz, Concepción Olivia
PRD
Saucedo Pérez, Francisco Javier, PresidenteTentory García, Israel
González Bautista, Valentín
Ferreyra Martínez, David
Ordoñez Hernández, Daniel
Ulloa Pérez, Gerardo
XVII. Comisión de Fortalecimiento del FederalismoPAN
Galindo Noriega, Ramón, PresidenteRojas Toledo, Francisco Antonio, Secretario
Cabello Gil, José Antonio
González González, Ramón
Gutiérrez Ríos Edelmira
De la Vega Asmitia José Antonio Pablo
Marquez Lozornio, Salvador
Trueba Gracian Tomas Antonio
Rangel Hernández, Armando
PRI
Rodríguez Anaya, Gonzalo, SecretarioEscalante Arceo, Enrique Ariel, Secretario
Laguette Lardizábal, María Martha Celestina Eva
Baeza Terrazas José Reyes
De las Fuentes Hernández Fernando Donato
Osorio Chong, Miguel Angel
Chávez Dávalos, Sergio Armando
Chuayffet Chemor, Emilio
Bailey Elizondo, Eduardo Alonso
Sánchez López, Jacobo
Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo
González Canto, Félix Arturo
Uscanga Escobar, Jorge
PRD
Chávez Castillo, César Antonio, SecretarioDuarte Olivares, Horacio
Montiel Fuentes, Gelacio
Hernández Ramos, Minerva
Chavarría Valdeolivar, Francisco
Cruz Martínez, Tomás
PVEM
Alvarez Romo Leonardo
XVIII. Comisión de GobernaciónPAN
Angulo Góngora, Julián, PresidenteValladares Valle, Yolanda Guadalupe, Secretaria
Alvarez Monje Fernando
Puelles Espina, José Felipe
Garduño Morales, Patricia
González Morfín, José
López Núñez, Pablo Alejo
Martínez Cázares, Germán
Mendoza Ayala, Rubén
Vázquez García, Sergio
PRI
Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc, SecretarioRuiz Massieu Salinas, Claudia, Secretaria
Baeza Terrazas José Reyes
Vega Murillo, Wintilo
Rodríguez Díaz, Hugo
Martínez Nolasco, Guillermo
Bedolla López, Pablo
Beltrones Rivera, Manlio Fabio
Fernández García, Fernando
Muro Urista, Consuelo
Alarcón Hernández, José Porfirio
Rocha Medina María Sara
Briones Briseño, José Luis
PRD
García Domínguez Miguel Angel, SecretarioDíaz Palacios, Socorro
Naranjo y Quintana, José Luis
Ordoñez Hernández, Daniel
Espinoza Pérez, Luis Eduardo
Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto
PVEM
Fernández Avila, Maximino Alejandro, SecretarioPiña Horta, Raúl
Convergencia
Martínez Alvarez Jesús Emilio
XIX. Comisión de Hacienda y Crédito PúblicoPAN
Madero Muñoz, Gustavo Enrique, PresidentePuelles Espina, José Felipe, Secretario
Cortés Mendoza, Marko Antonio
Obregón Serrano, Jorge Carlos
Osuna Millán, José Guadalupe
Pérez Cárdenas, Manuel
Toscano Velasco, Miguel Ángel
Trejo Reyes, José Isabel
Valdéz de Anda, Francisco Javier
PRI
Suárez y Dávila, Francisco, SecretarioPérez Góngora, Juan Carlos, Secretario
Robles Aguilar, Arturo
Campa Cifrián, Roberto Rafael
Monárrez Rincón, Francisco Luis
Echeverría Pineda, Abel
Scherman Leaño, María Esther de Jesús
Alcántara Rojas, José Carmen Arturo
Ramírez Pineda, Luis Antonio
Flores Hernández, José Luis
Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús
Hinojosa Ochoa, Baltazar Manuel
Ruiz González, Tomás José
PRD
Bernal Ladrón de Guevara, Diana Rosalía, SecretariaHernández Ramos, Minerva
Salinas Narváez, Javier
Zebadúa González, Emilio
Padierna Luna, María de los Dolores
Ramírez Cuéllar, Alfonso
PVEM
Agundis Arias, Alejandro, SecretarioOchoa Fernández, Cuauhtémoc
PT
González Yáñez Oscar, Secretario
Convergencia
Martínez Alvarez Jesús Emilio
XX. Comisión JuridiccionalPAN
Vázquez García, Sergio, SecretarioLópez Núñez, Pablo Alejo
Elías Loredo, Álvaro
González Morfín, José
Martínez Cázares, Germán
PRI
Romero Romero, Jorge, PresidenteBarbosa Gutiérrez, Federico, Secretario
Godínez y Bravo, Rebeca
Muro Urista, Consuelo
Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto
Rocha Medina María Sara
Yunes Linares, Miguel Angel
PRD
Franco Castán, RogelioDuarte Olivares, Horacio
Bernal Ladrón de Guevara, Diana Rosalía
PVEM
Velasco Coello, Manuel
XXI. Comisión de Justicia y Derechos HumanosPAN
Valdéz de Anda, Francisco Javier, SecretarioLlera Bello, Miguel Angel, Secretario
De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo
Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio
Herrera Tovar, Ernesto
Penagos García, Sergio
Userralde Gordillo, Leticia Socorro
Vargas Bárcena, Marisol
Zavala Peniche, María Beatriz
PRI
Godínez y Bravo, Rebeca, PresidentaMeza Cabrera, Fidel René, Secretario
Culebro Velasco, Mario Carlos
Laguette Lardizábal, María Martha Celestina Eva
Tecolapa Tixteco, Marcelo
Gutiérrez Corona, Leticia, Secretaria
Sandoval Figueroa, Jorge Leonel
Chuayffet Chemor, Emilio
Rangel Espinosa, José
Muro Urista, Consuelo
Quiroga Tamez, Mayela María de Lourdes
Ruíz Cerón, Gonzalo
Vega Carlos, Bernardo
Yunes Linares, Miguel Angel
PRD
Ensastiga Santiago Gilberto, SecretarioGarcía Costilla, Juan
Camacho Solís, Victor Manuel
García Domínguez Miguel Angel
De la Peña Gómez Angélica
Bernal Ladrón de Guevara, Diana Rosalía
PVEM
Fuentes Villalobos, Félix Adrián, SecretarioGonzález Roldán, Luis Antonio
Convergencia
Moreno Garavilla, Jaime Miguel
XXII. Comisión de Juventud y DeportePAN
Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto, SecretarioLandero Gutiérrez, José Francisco Javier
Alexander Rábago, Rubén Maximiliano
Barrera Zurita, Baruch Alberto
Bermúdez Méndez, José Erandi
Esquivel Landa, Rodolfo
Triana Tena, Jorge
Osorio Salcido, José Javier
Urrea Camarena, Marisol
PRI
Carrillo Rubio, José Manuel, PresidenteMazari Espín, Rosalina, Secretaria
Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro
Zúñiga Romero, Jesús
Ortiz Alvarado, Jorge
Soriano López, Isaías
Maya Pineda, María Isabel
Amezcua Alejo, Miguel
Muñoz Muñoz, José Alfonso
Félix Ochoa, Oscar
Leyson Castro, Armando
Guizar Valladares, Gonzalo
Canul Pacab Angel Paulino
PRD
Zepeda Burgos, Jazmín Elena, SecretariaFranco Castán, Rogelio
Ulloa Pérez, Gerardo
Serrano Crespo, Yadira
Pérez Medina, Juan
Rosas Montero, Lizbeth Eugenia
PVEM
Méndez Salorio, Alejandra
XXIII. Comisión de MarinaPAN
Calderón Centeno, Sebastián, PresidentePasta Muñuzuri, Angel, Secretario
Avila Camberos Francisco Juan
De la Vega Asmitia José Antonio Pablo
Flores Mejía Rogelio Alejandro
Higuera Osuna, Alejandro
Ríos Murrieta, Homero
Talavera Hernández, María Eloísa
Vega Casillas, Salvador
PRI
Vidaña Pérez, Martín Remigio, SecretarioHerrera León, Francisco, Secretario
Aguilar Iñárritu, José Alberto
Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro
Blackaller Ayala, Carlos
Martínez Nolasco, Guillermo
Sánchez Vázquez, Salvador
Ruíz Cerón, Gonzalo
Ramírez Puga Leyva, Hector Pablo
Castro Ríos, Sofia
Posadas Lara, Sergio Arturo
Salazar Macías, Rómulo Isael
Sánchez Hernández, Alfonso
PRD
García Tinajero Pérez, RafaelFigueroa Romero, Irma Sinforina
García Costilla, Juan
Tentory García, Israel
Magaña Martínez, Sergio Augusto
Serrano Jiménez, Emilio
XXIV. Comisión de Medio Ambiente y Recursos NaturalesPAN
Lara Arano, Francisco Javier, SecretarioBlanco Becerra, Irene Herminia
Chavarría Salas, Raúl Rogelio
Dávila Aranda Mario Ernesto de San Alberto Magno
García Velasco, María Guadalupe
Loera Carrillo, Bernardo
Paredes Vega, Raúl Leonel
Torres Ramos, Lorena
Vázquez Saut, Regina
PRI
Aguilar Hernández, Roberto Aquiles, SecretarioRovirosa Ramírez, Carlos Manuel, Secretario
Rodríguez Cabrera, Oscar
Nazar Morales, Julián
Marrufo Torres, Roberto Antonio
Amezcua Alejo, Miguel
Sánchez López, Jacobo
Guzmán Santos, José
Jiménez Merino, Francisco Alberto
Alcérreca Sánchez Víctor Manuel
Félix Ochoa, Oscar
Filizola Haces, Humberto Francisco
Alarcón Trujillo, Ernesto
PRD
Cabrera Padilla, José Luis, SecretarioSigala Páez, Pascual
Herrera Ascencio, María del Rosario
Chávez Ruiz, Adrián
Silva Valdés, Carlos Hernán
Cárdenas Sánchez, Nancy
PVEM
Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe, PresidentaFernández Avila, Maximino Alejandro
XXV. Comisión de Participación CiudadanaPAN
Ramírez Luna, María Angélica, SecretariaBaeza Estrella, Virginia Yleana
Escudero Fabre, María del Carmen
González Furlong, Magdalena Adriana
González Garza, José Julio
Jaspeado Villanueva, María del Rocío
Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto
Saucedo Moreno, Norma Patricia
Userralde Gordillo, Leticia Socorro
PRI
Bustillos Montalvo, Juan, SecretarioIzaguirre Francos María del Carmen, Secretaria
Baeza Terrazas José Reyes
Sáenz López Rosario
Bitar Haddad, Oscar
Gutiérrez Corona, Leticia
Román Bojórquez, Jesús Tolentino
Gutiérrez Romero, Marco Antonio
González Ruiz Alfonso
Franco Vargas, Jorge Fernando
Briones Briseño, José Luis
Gastélum Bajo, Diva Hadamira
Trujillo Fuentes, Fermín
PRD
Manzanares Córdova, Susana Guillermina, SecretariaOrtega Alvarez, Omar
Garfias Maldonado, María Elba
Cortés Sandoval, Santiago
Franco Castán, Rogelio
Torres Baltazar, Edgar
Convergencia
Moreno Garavilla, Jaime Miguel, Presidente
XXVI. Comisión de PescaPAN
Higuera Osuna, Alejandro, SecretarioAlvarez Ramos J. Irene
Calderón Centeno, Sebastián
Camarillo Zavala, Isidro
Contreras Covarrubias, Hidalgo
Nader Nasrallah, Jesús Antonio
López Núñez, Pablo Alejo
Pérez Moguel, José Orlando
Valladares Valle, Yolanda Guadalupe
PRI
Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly, SecretariaSánchez Vázquez, Salvador, Secretario
Rodríguez Cabrera, Oscar
Grajales Palacios, Francisco
Blackaller Ayala, Carlos
Zorrilla Fernández, Guillermo
Ramírez Puga Leyva, Hector Pablo
Castro Ríos, Sofia
Vega Carlos, Bernardo
Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco
Mier y Concha Campos, Eugenio
Martínez de la Cruz, Jesús Humberto
Carrillo Guzmán, Martín
PRD
Obregón Espinoza, Francisco Javier, PresidenteBagdadi Estrella, Abraham, Secretario
Chávez Ruiz, Adrián
Guzmán Cruz, Abdallán
Herrera Ascencio, María del Rosario
Agúndez Montaño, Narciso
PVEM
Alvarez Romo Leonardo
XXVII. Comisión de Población, Fronteras y Asuntos MigratoriosPAN
Hernández Martínez, Ruth Trinidad, SecretariaAlvarez Monje Fernando
Díaz Delgado, Blanca Judith
Gama Basarte, Marco Antonio
Moreno Morán, Alfonso
Ríos Murrieta, Homero
Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto
Suárez Ponce, María Guadalupe
Trejo Reyes, José Isabel
PRI
Badillo Ramírez, Emilio, SecretarioCelaya Luría, Lino, Secretario
Pano Becerra, Carlos Osvaldo
Yu Hernández, Nora Elena
Zúñiga Romero, Jesús
Martínez Rivera, Laura Elena
Moreno Arévalo, Gonzalo
Amezcua Alejo, Miguel
González Ruiz Alfonso
Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos
Vega Rayet, Juan Manuel
Córdova Martínez, Julio César
Herrera León, Francisco
PRD
Avilés Nájera, Rosa María, SecretariaMora Ciprés, Francisco
Tovar de la Cruz, Elpidio
Torres Cuadros, Enrique
García Laguna, Eliana
Guillén Quiroz, Ana Lilia
PVEM
Avila Serna María
PT
Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio, Presidente
XXVIII. Comisión de Presupuesto y Cuenta PúblicaPAN
Osuna Millán, José Guadalupe, SecretarioRuiz del Rincón, Gabriela, Secretaria
Castelo Parada, Javier
Döring Casar, Federico
Madero Muñoz, Gustavo Enrique
Mendoza Ayala, Rubén
Molinar Horcasitas, Juan Francisco
Ovalle Araiza, Manuel Enrique
Rangel Avila Miguel Angel
Salazar Diez de Sollano, Francisco Javier
PRI
Rojas Gutiérrez, Francisco José, PresidenteHinojosa Ochoa, Baltazar Manuel, Secretario
Ramírez Pineda, Luis Antonio, Secretario
Pimentel González, Oscar
Suárez y Dávila, Francisco
Ibáñez Montes, José Angel
Aguirre Rivero Angel Heladio
Scherman Leaño, María Esther de Jesús
Osornio Sánchez, Arturo
Pérez Góngora, Juan Carlos
Villegas Arreola, Alfredo
Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco
Buendía Tirado Angel Augusto
Ruiz González, Tomás José
PRD
Hernández Ramos, Minerva, SecretariaHuizar Carranza, Guillermo, Secretario
Díaz del Campo, María Angélica
Brugada Molina, Clara Marina
Suárez Carrera, Víctor
Ramírez Cuéllar, Alfonso
PVEM
Kahwagi Macari, Jorge Antonio, SecretarioVelasco Coello, Manuel
PT
González Yáñez, Alejandro, Secretario
Convergencia
Maldonado Venegas, Luis, Secretario
XXIX. Comisión de Puntos ConstitucionalesPAN
Elías Loredo Alvaro, SecretarioAlexander Rábago, Rubén Maximiliano, Secretario
Alvarez Mata Sergio
Barrio Terrazas, Francisco Javier
Martínez Cázares, Germán
Preciado Rodríguez, Jorge Luis
Ovando Reazola, Janette
Userralde Gordillo, Leticia Socorro
Vargas Bárcena, Marisol
PRI
Yunes Linares, Miguel Angel, PresidenteAstiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco, Secretario
Lomelí Rosas, J. Jesús, Secretario
Escalante Arceo, Enrique Ariel
Rueda Sánchez, Rogelio Humberto
Ruiz Massieu Salinas, Claudia
Sandoval Figueroa, Jorge Leonel
Chuayffet Chemor, Emilio
Burgos García, Enrique
Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc
Buendía Tirado Angel Augusto
Alemán Migliolo, Gonzalo
Barbosa Gutiérrez, Federico
Alarcón Trujillo, Ernesto
PRD
Nahle García, Arturo, SecretarioArce Islas, René
Camacho Solís, Victor Manuel
Gómez Álvarez, Pablo
Duarte Olivares, Horacio
Zebadúa González, Emilio
PVEM
González Roldán, Luis Antonio, Secretario
PT
Vázquez González, Pedro, Secretario
Convergencia
Maldonado Venegas, Luis, Secretario
XXX. Comisión de Radio, Televisión y CinematografíaPAN
Gómez Morín Martínez del Río, Manuel, SecretarioAngulo Góngora, Julián
Escudero Fabre, María del Carmen
Flores Fuentes, Patricia
González Garza, José Julio
Sacramento Garza, José Julián
Saucedo Moreno, Norma Patricia
Valladares Valle, Yolanda Guadalupe
Zavala Peniche, María Beatriz
PRI
Lucero Palma, Lorenzo Miguel, SecretarioGuerra Castillo, Marcela, Secretaria
Ponce Beltrán, Esthela de Jesús
Orantes López, María Elena
Wong Pérez, José Mario
Rueda Sánchez, Rogelio Humberto
Bravo Carbajal, Francisco Javier
García Cuevas, Fernando Alberto
Tapia Palacios, Paulo José Luis
Jiménez Macías, Carlos Martín
García López, Ady
Flores Rico, Carlos
Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo
PRD
Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen, SecretarioMedina Lizalde, José Luis
Mora Ciprés, Francisco
De la Peña Gómez Angélica
Bautista López, Héctor Miguel
Espinoza Pérez, Luis Eduardo
PVEM
Orozco Gómez, Javier, Presidente
PT
González Yáñez Oscar
XXXI. Comisión de Recursos HidráulicosPAN
Núñez Armas, Juan Carlos, SecretarioAlegre Bojórquez, Ricardo
Camarillo Zavala, Isidro
Osuna Millán, José Guadalupe
Gama Basarte, Marco Antonio
Méndez Galvez, Alberto Urcino
Pérez Moguel, José Orlando
Rangel Ávila, Miguel Ángel
Rodríguez y Pacheco, Alfredo
PRI
Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús, PresidenteMartínez de la Cruz, Jesús Humberto, Secretario
Madrigal Hernández, Luis Felipe, Secretario
Aguilar Hernández, Roberto Aquiles
Zúñiga Romero, Jesús
Adame de León, Fernando Ulises
Dávalos Padilla, Juan Manuel
Rodríguez Anaya, Gonzalo
Marrufo Torres, Roberto Antonio
Rangel Espinosa, José
Jiménez Merino, Francisco Alberto
Velázquez Iribe, Abraham
Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel
Torres Hernández, Marco Antonio
PRD
Tentory García, Israel, SecretarioLuna Hernández, J. Miguel
Tovar de la Cruz, Elpidio
Moreno Alvarez Inelvo
Torreblanca Galindo, Carlos Zeferino
Mora Ciprés, Francisco
XXXII. Comisión de Reforma AgrariaPAN
Torres Zavala, Ruben Alfredo, SecretarioEsteva Melchor, Luis Andrés
Flores Mejía Rogelio Alejandro
Chávez Murguía, Margarita del Sagrado Corazón de Jesús
González González, Ramón
Guzmán de Paz, Rocío
Hernández Martínez, Ruth Trinidad
Herrera Tovar, Ernesto
Vázquez González, José Jesús
PRI
García Corpus, Teofilo Manuel, PresidenteDomínguez Arvizu, María Hilaria, Secretaria
Díaz Nieblas, José Lamberto, Secretario
Aguilar Hernández, Roberto Aquiles
Gordillo Reyes, Juan Antonio
Guerrero Santana, Enrique
Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos
Concha Arellano, Elpidio Desiderio
Pérez Magaña, Eviel
Muñoz Muñoz, José Alfonso
Leyson Castro, Armando
Valenzuela García, Esteban
Bustillos Montalvo, Juan
Moreno Ramos, Gustavo
PRD
Fierros Tano, Margarito, SecretarioHerrera Herbert, Marcelo
Guillén Quiroz, Ana Lilia
Torres Cuadros, Enrique
Chavarría Valdeolivar, Francisco
Manzano Salazar, Javier
XXXIII. Comisión de Reglamentos y Prácticas ParlamentariasPAN
Elías Loredo AlvaroGonzález Morfín, José
Preciado Rodríguez, Jorge Luis, Secretario
Sánchez Pérez, Rafael
Vargas Bárcena, Marisol
PRI
Mejía González, Raúl José, SecretarioIslas Hernández, Adrián Víctor Hugo, Secretario
Pedraza Martínez, Roberto
Scherman Leaño, María Esther de Jesús
Osornio Sánchez, Arturo
Sánchez Vázquez, Salvador
Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto
Barbosa Gutiérrez, Federico
PRD
García Solís, Iván, PresidenteGómez Álvarez, Pablo
Díaz Palacios, Socorro
Alonso Raya, Agustín Miguel
PVEM
Agundis Arias, Alejandro
PT
Vázquez González, Pedro
Convergencia
Moreno Garavilla, Jaime Miguel
XXXIV. Comisión de Relaciones ExterioresPAN
González Carrillo, Adriana, PresidentaDe Unanue Aguirre Gustavo Adolfo, Secretario
Cortés Jiménez, Rodrigo Iván
Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan
Flóres Mejía, Rogelio Alejandro
Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia
López Mena, Francisco Xavier
Penagos García, Sergio
Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel
PRI
Jiménez Macías, Carlos Martín, SecretarioRobles Aguilar, Arturo, Secretario
Aguilar Iñárritu, José Alberto
David David, Sami
Guizar Macías, Francisco Javier
Gutiérrez Corona, Leticia
Del Mazo González Alfredo
García Cuevas, Fernando Alberto
Cervantes Vega, Humberto
Díaz Salazar, María Cristina
Flores Hernández, José Luis
Díaz Rodríguez, Homero
Torres Hernández, Marco Antonio
PRD
Martínez Ramos, Jorge, SecretarioGarcía Ochoa, Juan José
Saucedo Pérez, Francisco Javier
González Salas y Petricoli, María Marcela
Portillo Ayala, Cristina
Morales Rubio, María Guadalupe
PVEM
Méndez Salorio, Alejandra
PT
González Yáñez, Alejandro
Convergencia
González Schmal, Jesús Porfirio
XXXV. Comisión de SaludPAN
Córdova Villalobos, José Angel, PresidenteOsorio Salcido, José Javier, Secretario
Chavarría Salas, Raúl Rogelio
Jaspeado Villanueva, María del Rocío
Lara Saldaña, Gisela Juliana
Lastra Marín, Lucio Galileo
Ortíz Domínguez, Maki Esther
Rojas Toledo, Francisco Antonio
Treviño Rodríguez, José Luis
PRI
Anaya Rivera, Pablo, SecretarioDíaz Salazar, María Cristina, Secretaria
Aguilar Bueno, Jesús
García Ayala, Marco Antonio
Fernández Saracho, Jaime
Rodríguez Díaz, Hugo
García Ortiz, José
Soriano López, Isaías
Sagahón Medina Benjamín
Velázquez Iribe, Abraham
Palafox Gutiérrez, Martha
Vidaña Pérez, Martín Remigio
Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly
García Tinajero Pérez, Rafael, Secretario
Díaz del Campo, María Angélica
Boltvinik Kalinka, Julio
Manzano Salazar, Javier
Figueroa Romero, Irma Sinforina
Naranjo y Quintana, José Luis
PVEM
Piña Horta, Raúl
XXXVI. Comisión de Seguridad PúblicaPAN
Garduño Morales, Patricia, SecretariaDíaz Delgado, Blanca Judith, Secretaria
Sigona Torres, José
Alvarez Monje Fernando
Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio
López Núñez, Pablo Alejo
Nader Nasrallah, Jesús Antonio
Paredes Vega, Raúl Leonel
Vázquez García, Sergio
PRI
Uscanga Escobar, Jorge, PresidenteAbdala de la Fuente, José Manuel, Secretario
Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos, Secretario
Pompa Victoria, Raúl
Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro
Burgos Barrera Alvaro
Romero Romero, Jorge
Vázquez García, Quintín
García Cuevas, Fernando Alberto
Nava Altamirano, José Eduviges
Martínez López, Gema Isabel
Del Valle Reyes Guillermo
Meza Cabrera, Fidel René
Moreno Valle Rosas, Rafael
PRD
Rosas Montero, Lizbeth Eugenia, SecretariaBautista López, Héctor Miguel
Portillo Ayala, Cristina
Arce Islas, René
Nahle García, Arturo
Moreno Alvarez Inelvo
PVEM
Fuentes Villalobos, Félix Adrián
Convergencia
Maldonado Venegas, Luis
XXXVII. Comisión de Seguridad SocialPAN
Pérez Cárdenas, Manuel, SecretarioLastra Marín, Lucio Galileo, Secretario
Colín Gamboa, Roberto
Gallardo Sevilla, Israel Raymundo
Lara Saldaña, Gisela Juliana
Llera Bello, Miguel Angel
Molinar Horcasitas, Juan Francisco
Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel
Trueba Gracian Tomas Antonio
PRI
Vega y Galina, Roberto Javier, SecretarioCastañeda Ortiz, Concepción Olivia, Secretaria
Wong Pérez, José Mario
Larios Rivas, Graciela
García Ayala, Marco Antonio
Fernández Saracho, Jaime
Hernández Pérez, David
Neyra Chávez, Armando
Rodríguez Ochoa, Alfonso
Rodríguez Javier, Rogelio
Ramos Salinas Oscar Martín
Anaya Rivera, Pablo
Carrillo Guzmán, Martín
PRD
Alonso Raya, Agustín Miguel, PresidenteRodríguez Fuentes, Agustín
Franco Hernández, Pablo
Carrillo Soberón, Francisco Javier
Sánchez Pérez, Rocío
Serrano Jiménez, Emilio
PVEM
Fuentes Villalobos, Félix Adrián
PT
Espinosa Ramos, Francisco Amadeo
XXXVIII. Comisión de Trabajo y Previsión SocialPAN
Mendoza Flores María del Carmen, SecretariaAlvarez Mata Sergio, Secretario
Cortés Mendoza, Marko Antonio
Elías Loredo Alvaro
Eppen Canales, Blanca
Marquez Lozornio, Salvador
Pasta Muñuzuri, Angel
Puelles Espina, José Felipe
Zavala Gómez del Campo, Margarita Ester
PRI
Burgos García, Enrique, PresidenteQuiroga Tamez, Mayela María de Lourdes, Secretaria
Rocha Medina María Sara, Secretaria
Grajales Palacios, Francisco
Aguilar Bueno, Jesús
Rodríguez Rocha, Ricardo
Larios Rivas, Graciela
Avila Nevárez Pedro
García Ortiz, José
Neyra Chávez, Armando
Mireles Morales, Carlos
Arechiga Santamaría, José Guillermo
Posadas Lara, Sergio Arturo
Pavón Vinales, Pablo
PRD
Rodríguez Fuentes, Agustín, SecretarioPérez Medina, Juan
Franco Hernández, Pablo
Carrillo Soberón, Francisco Javier
Cruz Martínez, Tomás
Alonso Raya, Agustín Miguel
PVEM
Legorreta Ordorica, Jorge
XXIX. Comisión de TransportesPAN
Avila Camberos Francisco Juan, PresidenteSandoval Franco, Renato Secretario
Barrera Zurita, Baruch Alberto
Calderón Centeno, Sebastián
Fernández Moreno, Alfredo
Jaspeado Villanueva, María del Rocío
Palmero Andrade, Diego
Pérez Moguel, José Orlando
Vega Casillas, Salvador
PRI
Alcántara Rojas, José Carmen Arturo, SecretarioFigueroa Smutny, José Rubén, Secretario
Grajales Palacios, Francisco
Larios Rivas, Graciela
Moreno Arévalo, Gonzalo
Medina Santos, Felipe
Cervantes Vega, Humberto
Villagómez García, Adrián
Pérez Magaña, Eviel
Díaz Ortega, Jesús Angel
Rodríguez Javier, Rogelio
Salazar Macías, Rómulo Isael
Alcocer García, Roger David
PRD
Montiel Fuentes, Gelacio, SecretarioGonzález Bautista, Valentín
Díaz del Campo, María Angélica
Moreno Álvarez, Inelvo
Martínez Meza, Horacio
Ramos Iturbide, Bernardino
PVEM
Espino Arévalo, Fernando
XL. Comisión de TurismoPAN
López Mena, Francisco Xavier, PresidenteCárdenas Vélez, Rómulo, Secretario
Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan
Esquivel Landa, Rodolfo
Higuera Osuna, Alejandro
Ovando Reazola, Janette
Paredes Vega, Raúl Leonel
Villanueva Ramírez, Pablo Antonio
Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia
PRI
González Canto, Félix Arturo, SecretarioRamírez Puga Leyva, Hector Pablo, Secretario
Escalante Arceo, Enrique Ariel
Vega Murillo, Wintilo
Burgos Barrera Alvaro
Bitar Haddad, Oscar
Bravo Carbajal, Francisco Javier
Lomelí Rosas, J. Jesús
Del Valle Reyes Guillermo
Martínez López, Margarita
Alemán Migliolo, Gonzalo
Zorrilla Fernández, Guillermo
Guízar Valladares Gonzalo
PRD
Cárdenas Sánchez, Nancy, SecretariaFigueroa Romero, Irma Sinforina
Sigala Páez, Pascual
Agúndez Montaño, Narciso
Morales Rubio, María Guadalupe
Torreblanca Galindo, Carlos Zeferino
PVEM
Piña Horta, Raúl
XLI. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la FederaciónPAN
Sánchez Pérez, Rafael, SecretarioVega Casillas, Salvador, Secretario
Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia
Gutiérrez Ríos Edelmira
Pasta Muñuzuri, Angel
Pérez Cárdenas, Manuel
Preciado Rodríguez, Jorge Luis
Rangel Ávila, Miguel Ángel
Ruiz del Rincón, Gabriela
PRI
Ibáñez Montes, José Angel, PresidenteDíaz Rodríguez, Homero, Secretario
Campa Cifrián, Roberto Rafael, Secretario
Olmos Castro, Eduardo
Moreno Arcos, Mario
Osorio Chong, Miguel Angel
Guízar Macías Francisco Javier
Gutiérrez Romero, Marco Antonio
Osornio Sánchez, Arturo
Mejía González, Raúl José
Guerra Castillo, Marcela
Beltrones Rivera, Manlio Fabio
Ruiz González, Tomás José
Zorrilla Fernández, Guillermo
PRD
Padierna Luna, María de los Dolores, SecretariaSalinas Narváez, Javier
Silva Valdés, Carlos Hernán
Magaña Martínez, Sergio Augusto
Chávez Castillo, César Antonio
Huizar Carranza, Guillermo
PVEM
Velasco Coello, Manuel, SecretarioGonzález Roldán, Luis Antonio
PT
Padilla Peña, Joel, Secretario
Convergencia
Martínez Alvarez Jesús Emilio, Secretario
XLII. Comisión de ViviendaPAN
Obregón Serrano, Jorge Carlos, SecretarioChávez Murguía, Margarita del Sagrado Corazón de Jesús, Secretaria
Bárcenas González, José Juan
Clouthier Carrillo, Tatiana
Cruz García, Concepción
Del Conde Ugarte Jaime
Díaz González, Felipe de Jesús
Durán Reveles, Patricia Elisa
Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaías
PRI
Pedraza Martínez, Roberto, PresidenteMireles Morales, Carlos, Secretario
De las Fuentes Hernández Fernando Donato, Secretario
Rodríguez Rocha, Ricardo
Hernández Pérez, David
Carrillo Rubio, José Manuel
Neyra Chávez, Armando
Rodríguez Ochoa, Alfonso
Franco Vargas, Jorge Fernando
Díaz Ortega, Jesús Angel
García López, Ady
Ramos Salinas Oscar Martín
Castañeda Ortiz, Concepción Olivia
Sánchez Hernández, Alfonso
PRD
Torres Baltazar, Edgar, SecretarioOrdoñez Hernández, Daniel
García Laguna, Eliana
García Costilla, Juan
Garfias Maldonado, María Elba
Flores Mendoza, Rafael
PVEM
Fernández Avila, Maximino Alejandro
PT
Padilla Peña, Joel
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Secretaría informa que de la lectura de la compulsión integrantes de las siguientes comisiones se van a hacer las siguientes aclaraciones.
"Comisión del Distrito Federal, dice: Dip. Fernando Espino Arévalo, debe decir: Dip. Fernando Espino Arévalo, Secretario.
"De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, dice: Dip. Juan Pérez Medina y debe decir: Dip. Juan Pérez Medina, Secretario.
"En la Comisión de Economía dice: Dip. Ricardo Alegre Bojórquez y debe decir: Dip. Jesús Antonio Nader Nasrallah, Secretario. Los dos Secretarios. A ver, perdón, aclarando. Economía dice: Dip. Ricardo Alegre Bojórquez, Secretario y debe decir: Dip. Jesús Antonio Nader Nasrallah, Secretario; debe decir: Dip. Julio Horacio Lujambio Moreno, Secretario.
"En la Jurisdiccional debe decir: Dip. Jorge Romero Romero, Presidente:
"Y en la de Justicia y Derechos Humanos debe decir: Dip. Rebeca Godinez y Bravo, Presidenta.
"En Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dice: Dip. Sergio Alvarez Mata y debe decir: Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Secretario.
"En la Comisión de Economía debe decir: Salinas Narváez, Javier, Secretario".
Es cuanto diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:¿Está lista la Secretaría para dar las correcciones adicionales?
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:También de la Comisión de Vivienda debe decir: Obregón Serrano, Jorge Carlos, Secretario.
En la de Ciencia y Tecnología debe decir: María Eloísa Talavera Hernández, Secretaria.
En la Comisión del Distrito Federal debe decir: Ernesto Herrera Tovar, Secretario
En Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dice: Sergio Alvarez Martínez, integrante y debe decir: Preciado Rodríguez, Jorge Luis, Secretario.
En Relaciones Exteriores debe decir: Alejandro González Yánez.
En la Comisión de Energía: Perdomo Bueno, Secretario.
Es cuanto diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se instruye a la Secretaría para que en votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba el acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo.
Por lo tanto, los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, la mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias señor Secretario.
Aprobado.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Continúe la Secretaría.
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Jueves 2 de octubre de 2003.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de Coahuila y Michoacán.
Iniciativa del Congreso del estado de Nuevo León
Que reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)
Oficio del Gobernador del Banco de México
Para dar cumplimiento al artículo 51, fracción II de la Ley del Banco de México, remite informes sobre la política monetaria aplicada durante el primer semestre de 2003 y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso. (Turno a comisión.)
Iniciativa de diputados
Que adiciona un capítulo III al Título Segundo de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Minutas
Proyecto de decreto que concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para aceptar y usar la condecoración de la Gran Banda de la Orden Suprema del Crisantemo, que le confiere el Gobierno de Japón. (Urgente resolución.)
Cinco, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos: Martha Ma. Sahagún Jiménez; Gonzalo Bernardino Durán Valdés; Jesús Alvarez Pérez; Sergio Sotelo Bustos y Jaime Enrique Inocencio García Amaral, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Urgente resolución.)
Tres, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos: Alberto Castro Rosas; Adrián Franco Zevada; Amanda Mireya Terán Munguía; Miguel Hakim Simón; Sergio Ernesto Jacobo Patiño; José Armando Tamayo Casillas, Enrique Berruga Filloy; María Guadalupe Loaeza Tovar e Isaac Mario Katz Burstin, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Urgente resolución.)
Proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Holanda Alicia Estrada Cisneros, Alejandro Viera Galindo, Vanessa Iribe castillo y Mónica del Carmen López Cholico, para prestar sus servicios en diversas representaciones diplomáticas de Estados Unidos de América, en México. (Urgente resolución.)
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
Cumplida su encomienda, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora Secretaria.
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 2 de octubre a las 11:00 horas, en la que comparecerá el Secretario de Hacienda y Crédito Público y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
Tiempo de duración: 8 horas.
Con un receso de 1 hora 58 minutos.
Quórum a la apertura de sesión: 329 diputados.
Asistencia al cierre de registro: 469.
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 1.
Proposiciones con punto de acuerdo: 11.
Puntos de acuerdo aprobados: 3.
Efemérides: 2. Oradores en tribuna: 38
PRI-11; PAN-5; PRD-9; PVEM-6; PT-2; PC-5.
Se recibió:2 comunicaciones del Congreso del estado de Guanajuato;
4 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso necesario para que una ciudadana pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Alemania en la Ciudad de Veracruz;
1 iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua;
1 iniciativa del PRI;
1 iniciativa del PVEM;
2 iniciativas de senador del PRI;
1 minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal;
1 oficio de dos ciudadanos con el que solicitan el permiso necesario para prestar servicios en la Embajada de Belice.