VOLUMEN II
CONTINUACION DE LA SESION No. 8 DEL 5 de abril de 2004
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de Ley para la Comprobación, Ajuste y CÓmputo de Servicios de la Armada de México.
En virtud de que se encuentra publicadO en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se le dispensa la lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Marina de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México, presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue recibida por este Organo Legislativo de la LIX Legislatura como asunto pendiente de estudio y dictamen.
De conformidad con los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 60, 62 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Marina, previo estudio y análisis de la iniciativa en comento, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de acuerdo a la siguiente:
CompetenciaDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultad para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.
Metodologíai) En el apartado denominado ``Antecedentes'', se da cuenta del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de la iniciativa para su dictamen y de los trabajos llevados a cabo por la Comisión de Marina.
ii) En el apartado correspondiente a ``Consideraciones'', se delimitan los alcances del dictamen de la iniciativa y se ponderan las bondades del mismo respecto de la ley que abroga.
Antecedentes1.- El día 29 de abril de 2003, el Ciudadano Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades legales que le confiere el artículo 72 fracción I de la Cons- titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México.
2.- Mediante oficio número CP/2R/2AE.-1881 del 21 de mayo de 2003, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Marina de la LVIII Legislatura la iniciativa de referencia para su estudio y dictamen.
3.- Al inicio de la presente legislatura, se recibió de la Secretaría General de la Cámara de Diputados la multicitada iniciativa como asunto pendiente de estudio y dictamen.
4.- Mediante acuerdo de fecha 29 de octubre de 2003, la Junta Directiva de éste organo Legislativo, creó la Subcomisión de dictamen de la iniciativa de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México.
5.- La Comisión de Marina de la LIX Legislatura después de un detallado análisis de las atribuciones que a la Armada de México le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la normatividad que aplica a dicha dependencia, así como de un amplio debate cuya característica principal fue la pluralidad política de sus integrantes y del intercambio de opiniones con funcionarios de la Secretaría de Marina, valoró los motivos y fundamentos de la iniciativa que se dictamina, estimando procedente su aprobación.
ConsideracionesI.- En el área de Orden y Respeto, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece como objetivo prioritario la defensa de la independencia, la soberanía e integridad del territorio nacional.
II. De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Armada de México, ésta, es una institución militar nacional de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país, que cuenta con las siguientes atribuciones: organizar, adiestrar, alistar, equipar y operar a las fuerzas que la constituyen para el cumplimiento de su misión y ejercicio de sus funciones, cooperar con el mantenimiento del orden constitucional del Estado Mexicano, realizar acciones para salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental; así como en aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos correspondientes, vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva, proteger el tráfico marítimo, fluvial y lacustre en el área de jurisdicción federal, salvaguardar la vida humana en la mar y en las aguas interiores, proteger instalaciones estratégicas del país, auxiliar a la población en los casos y zonas de desastre o emergencia, proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales, garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas coadyuvando con las autoridades competentes en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, robo de embarcaciones pesqueras, artes de pesca o productos de ésta, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, realizar actividades de investigación científica, oceanográfica, meteorológica, biológica y de los recursos marítimos, prevenir y controlar la contaminación marítima, vigilando y protegiendo el medio marino, etcétera.
III. Para el adecuado y eficaz cumplimiento de su misión y ejercicio de sus atribuciones, la Armada de México se integra con recursos materiales, financieros y humanos; sin embargo, es su personal el que constituye la esencia y fortaleza de ese Instituto Armado y sin el cual definitivamente no podrían cumplirse la tareas que se le han encomendado a esa dependencia.
IV. Desde el inicio del presente sexenio, la Armada de México se ha visto inmersa en un profundo proceso de reestructuración que le ha permitido modernizarse, fortaleciendo con ello sus estructuras a fin de optimizar los recursos que tiene asignados.
V. El presente dictamen de Ley para la Comprobación, Ajuste y Computo de Servicios de la Armada de México forma parte del marco jurídico que regula la actuación del personal de la Armada de México y tiene como finalidad darle certidumbre y seguridad jurídica a través del establecimiento de normas perfectamente definidas, a fin de evitar errores por desconocimiento, faltas por mala fe o una deficiente actitud de quien ostenta el Mando.
El establecimiento de un marco normativo claro y preciso permitirá acabar con las decisiones discrecionales y una interpretación equivoca o parcial que no corresponda al sentido de la ley.
Como se anotó con anterioridad, el personal es el recurso más valioso con que cuenta la Armada de México, el cual está sujeto a un constante cambio de comisión, e inevitablemente algún día su situación cambiará de la de servicio activo a la de retiro, lo cual ocurrirá por diferentes causas, voluntariamente, por edad límite, por inutilidad en actos fuera o dentro del servicio, por el que deberán hacerse las previsiones necesarias para poder establecer de forma precisa la manera en que se le comprobará, ajustará y computará el tiempo que prestó sus servicios a esa Institución, entregando su vida al servicio de la patria.
Los integrantes de la Comisión de Marina estamos ciertos de que resulta necesario precisar y clarificar el marco legal que regirá la comprobación, el ajuste y el computo de servicios del personal naval, modificándolo a fin de que vaya acorde con otros ordenamientos legales, tales como la Ley de Recompensas de la Armada de México y la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
VI. En la iniciativa que se dictamina, se precisan los conceptos de ``tiempo de servicio efectivo'' y ``tiempo de servicios'', salvándose con ello la confusión de interpretación que se presentaba en la ley que se abroga, la cual no establecía la definición del primero de estos conceptos.
Asimismo se excluye al Estado Mayor General de la Armada de la formulación de las hojas de servicio del personal, quedando únicamente encargada de ello la Oficialía Mayor a través de la unidad administrativa que la Ley Orgánica de la Armada de México le encomienda esa tarea, y se establece que tratándose de Almirantes, Capitanes y Oficiales a dicho documento se le denominará hoja de actuación, en tanto que para el personal de clases y marinería será memorial de servicios.
En el artículo 5º se establece la expedición de un documento denominado ``extracto de antecedentes'', en el cual se contendrán los cambios de situación del personal naval dentro de ese Instituto Armado, acorde a lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Asimismo observamos las modificaciones a diversos numerales, las cuales tienen como finalidad adecuar las disposiciones contenidas en la nueva estructura orgánica de la Armada de México.
Por otra parte, se señala en el artículo 22, que el control del cómputo de tiempo doble se hará en términos del reglamento que para tal fin se expida, precisándose además que las horas de servicios a que se hace mención en ese precepto, se refieren al tiempo en que el personal durante una jornada se encuentra expuesto a un riesgo.
ConclusiónLa iniciativa de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México es el resultado de un proceso de estudio y análisis minucioso de las condiciones actuales de ese Instituto Armado, y de las proyecciones para su desarrollo y el de su personal, además, recoge adecuadamente aquellos planteamientos de la normatividad vigente y que a lo largo de su aplicación se han consolidado como principios propios del régimen naval militar.
Con base en las consideraciones expuestas en el presente dictamen, los integrantes de la Comisión de Marina determinamos que es necesario continuar con la reestructuración del marco jurídico que rige a la Armada de México, a fin de que siga fortaleciendo sus estructuras y optimizando el empleo de los recursos humanos, materiales y presupuestarios que tiene asignados.
Por lo anterior exhortamos a esta Honorable Asamblea a que apruebe el siguiente proyecto de:
LEY PARA LA COMPROBACIÓN, AJUSTE Y COMPUTO DE SERVICIOS DE LA ARMADA DE MEXICO.Capítulo I
Generalidades
ARTICULO 1°.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.- Tiempo de servicio efectivo; aquel que se le contará al personal a partir del día de su ingreso a la Armada de México hasta su separación definitiva de la misma, haciéndole las deducciones establecidas en esta Ley, y
II.- Tiempo de servicios, aquel que comprende el tiempo del servicio efectivo del personal más los abonos de tiempo establecidos en esta Ley.
ARTICULO 2°.- Los servicios prestados por el personal de la Armada de México serán comprobados, ajustados y computados de conformidad con la documentación que obre en los expedientes respectivos, formados en el Archivo General de la Armada, y a falta de éstos, con los documentos certificados que aporten los interesados.
ARTICULO 3.- Los servicios prestados por el personal de la Armada de México se anotarán en un documento denominado hoja de servicios, que será formulada por la Oficialía Mayor, a través de la unidad administrativa correspondiente, conforme a la reglamentación respectiva.
ARTICULO 4.- La actuación del personal de la Armada de México durante su permanencia en unidades o establecimientos navales, se asentará en los documentos siguientes:
I.- Hoja de actuación; es el documento en el cual se conceptúa la actuación de los Almirantes, Capitanes y Oficiales, durante determinado periodo de su vida dentro de la Armada, y
II.- Memorial de servicios; es el documento en el cual se conceptúa la actuación del personal de clases y marinería, durante determinado periodo de su vida dentro de la Armada.
ARTICULO 5.- Los extractos de antecedentes son los documentos que contienen los cambios de situación del personal naval dentro de la Armada de México y serán formulados por la unidad administrativa correspondiente, conforme a lo ordenado en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
ARTICULO 6.- La unidad administrativa correspondiente, se encargará de:
I. Formular los extractos de antecedente del personal naval, conforme a lo ordenado en el artículo 180 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
II. Formular las hojas de servicios, así como el cómputo y ajuste de tiempo de servicios correspondientes en los siguientes casos:
a.- En los señalados en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas;
b.- Cuando lo ordene el Alto Mando o lo requiera una autoridad competente;
c.- Para su remisión al Senado de la República en los casos en que deba intervenir para la ratificación de jerarquías militares, y
d.- Cuando lo solicite el interesado.
ARTICULO 7.- Cuando el personal naval desee conocer o consultar los datos y constancias relacionados con su actuación militar, la unidad administrativa correspondiente dará las facilidades necesarias para ello, permitiéndoles que hagan las observaciones que juzguen pertinentes.
ARTICULO 8.- Al personal de la Armada de México se le harán los abonos y deducciones de tiempo conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la presente Ley, respectivamente.
Capítulo IIComprobación y Ajuste de Servicios
ARTICULO 9.- En la hoja de servicios se anotará:
I.- Síntesis biográfica;
II.- Jerarquías y fechas en que las obtuvo;
III.- Unidades o establecimientos en que ha servido;
IV.- Conocimientos que posea con anotación de constancias, títulos, diplomas y calificaciones obtenidas;
V.- Participación en campañas y acciones de guerra;
VI.- Cargos y comisiones desempeñados;
VII.- Hechos meritorios realizados;
VIII.- Premios y recompensas;
IX.- Castigos sufridos;
X.- Licencias que ha disfrutado, y
XI.- Conceptos militares conforme a sus hojas de actuación o memoriales de Servicio.
ARTICULO 10.- La antigüedad en el empleo para los miembros de la Armada de México, se contará a partir de la fecha que se fije en el nombramiento o despacho respectivos, teniéndose en cuenta las deducciones que procedan de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y ordenamientos aplicables. El personal que pase a diferente escalafón, entrará al nuevo con la fecha del cambio, a menos que éste sea ordenado por el Alto Mando, en cuyo caso mantendrá la antigüedad del escalafón que abandona.
La antigüedad en el grado para efectos de ascenso, se computará de acuerdo a lo establecido en la Legislación correspondiente.
ARTICULO 11.- Los certificados que comprueben servicios, estancia en campaña, hechos de armas, cargos, comisiones u otros que guarden relación con la historia militar de los interesados; serán expedidos por los Almirantes, Capitanes y Oficiales bajo cuyas órdenes se encontraban al verificarse los hechos, siempre que les consten personalmente, o por oficiales de cualquier graduación a quienes consten los servicios que tratan de comprobarse, cuando en la época a que hagan referencia hayan sido de igual o superior jerarquía al del que pida el certificado.
ARTICULO 12.- Cuando los documentos existentes en el expediente de un miembro de la Armada no justifiquen su tiempo de servicios, se le concederá un plazo que no será menor de dos meses ni mayor de cuatro, contados a partir de la fecha en que oficialmente se le haga la comunicación respectiva, para que aporte las pruebas necesarias. Si en el plazo concedido no aportare las pruebas requeridas, sólo se le reconocerá el tiempo de servicios del que haya elementos justificados legalmente.
ARTICULO 13.- En el caso de que, en los expedientes específicos no exista comprobación alguna o se presuman datos falsos, se recurrirá a la documentación existente en los archivos; cuando la comprobación de estancias en campaña, no esté debidamente aclarada se recurrirá al historial de la unidad o establecimiento a que el interesado perteneció.
ARTICULO 14.- Al cerrarse las hojas de servicios, la unidad administrativa correspondiente, las certificará, expresando el motivo que originó el trámite.
ARTICULO 15.- El personal de la Armada de México, comprobará su edad:
I.- Con copia certificada del acta del Registro Civil que consigne su nacimiento;
II.- A falta del documento anterior, con copia certificada de la fe de bautismo del interesado, cotejada por Notario Público o por autoridad que legalmente los sustituya, y
III.- A falta de los anteriores, con prueba documental consistente en la constancia que obre en el expediente oficial, relacionada con la edad que manifestó el interesado al ingresar a la Armada de México, aunada en caso necesario a la pericial que permita determinar su edad clínica.
ARTICULO 16.- A todo individuo de la Armada al causar alta en alguna unidad o establecimiento deberá abrírsele una hoja de actuación o memorial de servicios, según corresponda, que fundamentalmente contendrán los siguientes datos:
I.- Generales del militar;
II.- Ascensos obtenidos;
III.- Premios y recompensas;
IV.- Campañas y acciones de guerra;
V.- Castigos que ha sufrido;
VI.- Faltas temporales y sus causas;
VII.- Conocimientos especiales;
VIII.- Cargos y comisiones desempeñados;
IX.- Conceptos del organismo disciplinario;
X.- Cómputo total de servicios;
XI.- Cómputo anual de servicios, y
XII.- Conceptos particulares del Comandante, Director o del Superior que corresponda.
ARTICULO 17.- Al cerrarse las hojas de actuación y memoriales de servicio, el Jefe del Detall de la unidad o establecimiento que corresponda certificará los datos asentados.
ARTICULO 18.- Los procedimientos para formular, calificar y tramitar las hojas de actuación y memoriales de servicios se especificarán en el reglamento correspondiente.
Capítulo IIICómputo de Servicios
ARTICULO 19.- Los abonos y las deducciones de tiempo a que se refiere esta Ley, se anotarán en las hojas de servicios y extractos de antecedentes al cerrarse estos documentos.
ARTICULO 20.- De acuerdo a lo dispuesto en este capítulo, el tiempo de servicios puede estar sujeto a deducciones o abonos, a la antigüedad en la jerarquía sólo lo será en deducciones.
ARTICULO 21.-El tiempo de servicios prestado por un elemento de la Armada de México, se abonará de la forma siguiente:
I.- Se computará tiempo doble, la duración de:
a) Campañas u operaciones de guerra;
b) Singladuras;
c) Horas de servicios en áreas de radiología o nucleares;
d) Vigilancia y protección de instalaciones núcleo-eléctricas, y
e) Horas de servicios en atención a enfermos infectocontagiosos.
II.- Con tiempo extra de un día por cuatro horas en:
a) Vuelo, y
b) Inmersión.
El control del cómputo de doble tiempo, se realizará sujetándose a los manuales de procedimientos específicos.
Las horas de servicios a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se refieren al tiempo en que el personal durante una jornada, se encuentra expuesto a riesgos.
ARTICULO 22.- A los miembros de la Armada de México que se hayan encontrado en cualquiera de las situaciones siguientes, se les harán las deducciones en el tiempo de servicios y de la antigüedad en la jerarquía, de acuerdo a lo siguiente:
I.- A los que hubieren estado separados del servicio activo por licencia ilimitada, así como por haber permanecido sustraídos del servicio por cualquier causa no imputable a la Armada de México, el tiempo que dure la licencia o substracción;
II.- A los que hayan sido sentenciados con pena privativa de la libertad, se les deducirá:
a) Del tiempo de servicios, todo el de la sentencia, con excepción del que hayan prestado en el servicio activo ya sea porque hayan obtenido su libertad preparatoria o se les haya sustituido la pena por amonestación, y
b) De la antigüedad, todo el tiempo de la sentencia, excepto cuando se les sustituya la pena por amonestación.
En caso de inhabilitación, se deducirá de uno y de otra todo el tiempo de esta, así como el de la duración en caso de suspensión.
III.- A los que hayan disfrutado de retiro, se les descontará de la antigüedad y tiempo de servicios todo el que duró esta situación;
IV.- A los que hayan hecho uso de licencia con motivo de enfermedad contraída por el alcoholismo o por el uso de estupefacientes se les deducirá de la antigüedad y tiempo de servicios, todo el que dure la licencia;
V.- A los que hayan estado sujetos a proceso en el que se dicte resolución de sobreseimiento, por retiro de acción penal, se le deducirá en el tiempo de sus servicios y antigüedad todo el de la duración del procedimiento;
VI.- A los que hayan estado sujetos a proceso en el que se pronuncie sentencia que declare extinguida la acción penal por prescripción o extinguida la pena por el mismo motivo, se les deducirá en la antigüedad y tiempo de servicios, en el primer caso, el tiempo marcado para la prescripción del delito; y en el segundo, todo el tiempo requerido para realizar esa prescripción, más el que transcurra en presentarse, y
VII.- A los que hubieren disfrutado de licencia extraordinaria para asuntos particulares.
ARTICULO 23.- No se deducirán del tiempo de servicios, ni de la antigüedad en la jerarquía el de la duración de un proceso cuando haya recaído sentencia absolutoria.
ARTICULO 24.- A quien se le hubiere concedido licencia extraordinaria para el desempeño de algún cargo de elección popular o pasare a situación de depósito, no se le deducirá del tiempo de servicios ni de la antigüedad en la jerarquía.
ARTICULO 25.- El tiempo de servicios se perderá totalmente:
I.- Por sentencia del juez competente que imponga como pena la destitución de empleo e inhabilitación para volver al servicio, y
II.- Por baja que haya sido motivada por resolución de organismo disciplinario.
TRANSITORIOUNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y abroga la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México publicada el 24 de diciembre de 1984 y sus reformas del 26 de diciembre de 1997.
Diputados: Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Angel Pasta Muñúzuri (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Francisco Juan Avila Camberos (rúbrica), José Antonio de la Vega A. (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores M., Alejandro Higuera Osuna (rúbrica), Homero Ríos Murrieta, Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu, Rafael Alejandro Moreno C., Carlos Blackaller Ayala, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Héctor Pablo Ramírez Puga, Sofía Castro Ríos (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Rómulo Israel Salazar M. (rúbrica), Alfonso Sánchez Hernández (rúbrica), Félix Arturo González C., Irma Figueroa Romero (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Sergio Magaña Martínez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica) y Rafael García Tinajero P. (rúbrica).»
Es de segunda lectura.El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene el uso de la palabra por la comisión para fundar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el diputado Sebastián Calderón Centeno.
El diputado Sebastián Calderón Centeno:Con su venia, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Adelante, señor diputado.
El diputado Sebastián Calderón Centeno:Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Sebastián Calderón Centeno, presidente de la Comisión de Marina, acudo a esta tribuna para poner a consideración de esta honorable Asamblea el dictamen con proyecto de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México, que abroga la ley del mismo nombre, publicada el 24 de diciembre de 1984 y sus reformas del 28 de diciembre de 1997.
El 29 de abril del 2003, el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades legales que le confiere el artículo 72, fracción I de nuestra Constitución Política, presentó ante el honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de ley en comento.
Mediante oficio número CP-2R-2AE 1881, del 21 de mayo de 2003, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Marina de la LVIII Legislatura la iniciativa de referencia para su estudio y dictamen. En esta LIX Legislatura se me ha delegado la responsabilidad de presidir los trabajos de la Comisión de Marina y al igual que las diputadas y diputados que formamos parte de la misma, tenemos el pleno convencimiento de las atribuciones que corresponden a las comisiones de dar seguimiento a los asuntos pendientes que dejó la legislatura que le antecedió.
En esta LIX Legislatura, la Comisión de Marina retomó la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México. Después de un minucioso estudio y análisis de la misma, los integrantes de la Comisión de Marina, plural en su integración y democrática en su actuación, dio como resultado el presente dictamen que el día de hoy es sometido a la consideración del pleno de este órgano legislativo.
El principal fortalecimiento de las Fuerzas Armadas lo constituye su capital humano, por eso la necesidad de otorgar importancia a la formación y capacitación del personal, inculcándole los principios de deber, lealtad, honor y espíritu de sacrificio para afrontar con éxito las misiones encomendadas en sus ámbitos de competencia respectivos.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la Secretaría de Marina, Armada de México, se encuentran en un proceso de reestructuración con el objetivo de modernizarse y fortalecerse en sus estructuras, para con ello optimizar los recursos materiales, financieros y humanos que tiene asignados para el adecuado y eficaz cumplimiento de su misión y ejercicio de sus atribuciones, dictando al efecto el programa institucional de desarrollo.
Como institución militar nacional de carácter permanente, su misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. Asimismo, tiene la responsabilidad de defender nuestros intereses marítimos, lo que permite garantizar el desa-rrollo de las actividades productivas que se realizan en el mar.
Con la reforma estructural de este instituto armado es necesaria la modificación de diversos ordenamientos legales con los que se rige la Secretaría de Marina, Armada de México. Por ejemplo, en el mes de diciembre de 2002 fue publicada la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, la cual produjo la necesidad de reformar otros ordenamientos legales a fin de que exista concordancia entre los mismos, siendo turnada así la iniciativa de ley en comento.
Resulta necesario, por ende, avanzar en el esquema de transparencia sustentado en normas perfectamente definidas y conocidas por los integrantes de la Armada, evitando tanto los errores por desconocimiento como por las faltas ocasionadas por mala fe o por la deficiente actitud de quienes prestan un servicio público a la ciudadanía, eliminando las interpretaciones antagónicas a favor o en contra, ya que la ley debe ser clara, precisa y comprensible.
El recurso humano del instituto armado está sujeto a una constante rotación y a cambiar su situación de la de servicio activo a la de retiro por diferentes causas, motivo por el que la legislación en diversas épocas y lugares ha buscado hacer previsiones en cuanto al bienestar y los incentivos que se otorgan al personal una vez que se separan definitivamente de la institución, después de haber entregado en este caso en la Armada de México, una vida al servicio de la patria, evitando así interpretaciones antagónicas que podrán llevar a tomar decisiones de consecuencias adversas en los beneficios que se otorgan al personal naval que se separe de la institución, como en la de personal en activo.
Motivo por el que se realizó una revisión del marco legal de la Armada de México, donde se hizo evidente la gran necesidad de hacer congruente la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México con otros ordenamientos, como la Ley de Recompensa de la Armada de México y la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para hacerlas concordante entre ellas.
La presente iniciativa forma parte del marco jurídico que regula la actividad del personal de la Armada de México y cuya finalidad es brindarle certidumbre y certeza jurídica mediante normas correctas y bien definidas.
Con las reformas en la ley en comento, se tiene como finalidad establecer la definición de los conceptos, tiempos de servicio efectivo y tiempos de servicios, que salvo el segundo mencionado, no habían sido expresamente definidos dentro de la legislación castrense, que en la redacción actual de dicho precepto da lugar a confusiones al interpretarse en relación con las otras dos leyes mencionadas en párrafos anteriores.
Se define el concepto de tiempo y de servicios, establecer que es la suma de tiempo efectivo más los abonos, menos las deducciones, de donde se desprende que los años de servicio efectivo del personal se computarán desde el ingreso hasta su separación del servicio activo de la Armada de México, sin considerar los abonos, pero sí las deducciones, ya que en ningún ordenamiento en la legislación aplicable se define tiempo de servicio.
En lo relativo a la formulación de las hojas de servicio, se elimina al Estado Mayor General, ya que este organismo no formula la documentación de referencia, especificándose que es la Unidad Administrativa la encargada de hacer estos trámites, reflejándose con ello la situación en que se encuentra actualmente la nueva organización de la Secretaría de Marina, Armada de México.
Se elimina la palabra dependencias, utilizada en algunos artículos y en su lugar se usa el término de ``establecimientos'', en virtud de que en la Administración Pública Federal, las dependencias son las secretarías de estado. Por ello, actualmente, en la doctrina naval, ya no se utiliza el término dependencias navales, sino establecimientos navales, para indicar las diversas unidades administrativas que forman parte de la Secretaría de Marina.
Se adiciona un artículo relativo a los extractos de antecedentes del personal naval, en virtud que no estaba considerado en esta ley, siendo que este documento es formulado para definir los derechos que correspondan a los retirados, como lo establece la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y se puede establecer en forma precisa y justa, la manera en que se comprobará, ajustará y computará el tiempo que prestó sus servicios a esta institución.
Compañeras y compañeros diputados: los integrantes de la Comisión de Marina solicitamos su decidido apoyo a este dictamen que hoy sometemos a su consideración, a fin de reiterar el compromiso que México ha adquirido con las Fuerzas Armadas Mexicanas, ya que ambos trabajamos para el beneficio de nuestra patria, cada quien dentro de nuestro ámbito de responsabilidades.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado Sebastián Calderón Centeno.
En consecuencia está a discusión en lo general...
Esta Presidencia tiene registrada para fijar posición a nombre de su grupo parlamentario, a la diputada María Eloísa Talavera Hernández, a quien se le concede el uso de la palabra.
La diputada María Eloísa Talavera Hernández:Con su venia, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Adelante.
La diputada María Eloísa Talavera Hernández:Compañeras y compañeros legisladores:
La seguridad nacional, desde los tiempos más remotos, ha sido pródiga fuente de empeño y preocupación de todo estado. Hoy, los mexicanos podemos vivir con tranquilidad, al saber que la soberanía e integridad nacional se encuentran resguardadas por las Fuerzas Armadas Nacionales.
Innegablemente, los tres últimos años han significado un reto para las estructuras encargadas de la seguridad nacional y defensa del Estado mexicano; entre éstas, para la Marina, Armada de México.
Sabemos de los problemas y olvidos por los que durante mucho tiempo atravesó esta institución, no obstante en esta coyuntura reconoceremos que los cambios democráticos y estructurales que ha experimentado el país en la presente administración, nos han permitido reconocer y evaluar de manera objetiva el papel relevante de la Armada de México.
Como institución militar, naval la Armada de México, con carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval militar de la Federación para la seguridad interior y defensa exterior del país, cumple fielmente su labor cotidiana en los mares y costas de México.
Ahora bien, uno de los propósitos que se fijó la Secretaría de Marina desde el inicio de este sexenio, fue llevar a cabo un profundo proceso de reestructuración, con el fin de modernizarse y fortalecer sus estructuras, a fin de optimizar los recursos materiales, financieros y humanos con los que cuenta, para el eficaz cumplimiento de su misión. Esta reestructuración implica la modificación de diversos ordenamientos legales que rigen a esta institución.
Por ello, el dictamen de la iniciativa de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México, busca adecuar el marco jurídico que regula la forma en que se computará el tiempo de servicio del personal de este instituto armado.
Para la Armada de México, su personal constituye sin duda su esencia y fortaleza; sin éste, no podría cumplir las tareas que tiene encomendadas, tales como salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar territorial, en la zona marítimo-terrestre y resguardar los derechos de soberanía de la zona económica exclusiva; dar seguridad a las instalaciones estratégicas del país, auxiliar a la población en los casos y zonas de desastre o emergencia, combatir al terrorismo, el contrabando, la piratería en el mar, el robo de embarcaciones pesqueras; en fin, prevenir y controlar la contaminación marítima y vigilar y proteger el medio marino.
Por todo esto, el recurso humano con que cuenta la Armada de México, es de suma importancia, motivo por el cual es necesario otorgarle certidumbre y certeza jurídica mediante el establecimiento de normas perfectamente definidas, a fin de evitar errores por desconocimiento.
En virtud de que ese personal se encuentra sujeto a un constante cambio de comisión e inevitablemente algún día cambiará su situación de la de servicio activo a la del retiro, lo cual sucederá por diversas causas, tales como por voluntad propia, por edad límite o por nulidad en actos fuera o dentro del servicio, por lo que deberán hacerse las previsiones necesarias para poder establecer en forma precisa y justa, la manera en que se le comprobará, ajustará y computará el tiempo que prestó sus servicios a esa institución entregando su vida al servicio a la patria.
Así pues, mi intervención es para apoyar el dictamen con proyecto de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México, emitido por la Comisión de Marina.
Esta ley tendrá como finalidad darle certidumbre y seguridad jurídica a través del establecimiento de normas perfectamente definidas, a fin de evitar errores por faltas o mala fe o una deficiente actitud de quien ostente el mando.
El proceso legislativo de esta iniciativa fue el siguiente: el 29 de abril de 2003 el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de ley para la comprobación, ajuste y cómputo de servicios de la Armada de México, la cual fue turnada con fecha 21 de mayo de 2003 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Comisión de Marina, mediante acuerdo de fecha 29 de octubre de 2003 la Mesa Directiva de dicha comisión creó la subcomisión para el análisis de la iniciativa en comento.
El dictamen que hoy se presenta, es el producto de un proceso de estudio y análisis escrupuloso de las condiciones actuales de este Instituto Armado y de las proyecciones para su desarrollo y el de su personal, sin duda alguna recoge adecuadamente aquellos planteamientos de la normatividad vigente y que a lo largo de su aplicación se han consolidado como principios propios del régimen naval militar.
Los diputados de Acción Nacional apoyaremos este dictamen, para que la Armada de México cuente con un marco normativo claro, preciso y justo, que le permita dejar a un lado las decisiones discrecionales y una interpretación equívoca o con ello se facilitara al personal que a ella pertenece, realizar con agilidad gestiones para tramitar su separación del servicio activo y dar continuidad a la reestructuración del marco jurídico que rige a este instituto armado.
En conclusión, señoras y señores diputados, de aprobarse este dictamen por el que se crea la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de los Servicios de la Armada de México, estaríamos modernizando el marco jurídico del personal de la Armada de México y proporcionando mayor claridad conceptual para estar en condiciones de responder a la realidad que hoy presenta el país.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputada María Eloísa Talavera Hernández.
No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Un momento, señora Secretaria. Diputado Pedro Avila Nevárez, por favor activen el sonido en la curul.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul):
Señor Presidente, yo estoy de acuerdo, como todos los diputados tal vez estemos en la nueva Ley de la Armada de México, pero yo quiero pedir aquí a la Asamblea, yo no soy miembro de la comisión, hago la aclaración, que se tome en cuenta a todos aquellos hombres y mujeres que han prestado su servicio en la Armada de México y que hoy por sus condiciones físicas, por ser unos veteranos, a veces no se les toma en cuenta, que haber si es posible que se tomen en cuenta a aquellos veteranos de la revolución, que andan por Chihuahua, por Durango, por Zacatecas, por Aguascalientes, por Chiapas, que siguieron a Francisco Villa, que siguieron a Emiliano Zapata, y que son los fundadores de nuestro Ejército Nacional y que ahora los tenemos abandonados. ¡Es justo que les hagamos justicia a los veteranos de la revolución!
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Diputado Pedro Avila Nevárez, lo que ha manifestado ha sido recogido en el Diario de los Debates y considerado por la Asamblea.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa. señor Presidente. Suficientemente discutido.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se instruye a la Secretaría para que ordene abrir el sistema electrónico por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 405 votos en pro y cuatro abstenciones.
¿Diputado García Ochoa?
El diputado Juan José García Ochoa (desde su curul):
A favor.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
¿La diputada Judith Díaz?
La diputada Blanca Judith Díaz Delgado (desde su curul):
A favor.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
Señor Presidente, en total se emitieron 407 votos en pro, tres abstenciones y cero en contra.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señora Secretaria, repítame los votos en pro, por favor.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
Son 407, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 407 votos.Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México.
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es dictámenes negativos a discusión.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo, en virtud que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora Secretaria.
Se autoriza.Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Reforma Agraria.
HONORABLE ASAMBLEA:
En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6, incisos ``E'' y ``F'' de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:
I. ANTECEDENTESEn Sesión celebrada el 29 de abril de 2003, la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Reforma Agraria de esa Legislatura, la ``Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 23 de la Ley Agraria'' presentada por el Diputado Edgar Eduardo Alvarado García. Durante los trabajos de la LVIII legislatura, la Comisión de Reforma Agraria no dictaminó la iniciativa de referencia, quedando pendiente su dictamen.
En fecha 12 de noviembre de 2003, la Junta Directiva de la Comisión de Reforma Agraria de la LIX Legislatura aprobó el acuerdo mediante el cual se establece el procedimiento para el estudio, análisis y dictamen del trabajo legislativo rezagado, correspondiente a la LVIII Legislatura; del cual se desprenden las iniciativas que habrán de dictaminarse de manera particular, siendo éste el supuesto de la iniciativa en comento.
II. OBJETO DE LA INICIATIVASe propone adicionar el artículo 23 de la Ley Agraria a efecto de que los ejidatarios que representen por lo menos el cinco por ciento de los integrantes del ejido, puedan solicitar al comisariado ejidal o al consejo de vigilancia, la convocatoria a ``asamblea ejidal'' para tratar asuntos relacionados con las fracciones VIII y X del propio artículo 23; (es decir, asuntos sobre, reconocimiento del parcelamiento, regularización de tenencia de posesionarios, delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común a una sociedad).
El argumento que motiva la propuesta, según señala la iniciativa en su exposición de motivos, es la existencia de ``grupos de poder al interior de las asambleas ejidales que haciendo uso de las facultades que le confiere la ley, realizan prácticas viciosas de acaparamiento de tierras'' en perjuicio de sujetos agrarios a quienes el derecho les asiste.
III. CONSIDERACIONESEl argumento que motiva la iniciativa es de considerarse, sin embargo, la manera y forma en que se pretende atender es improcedente desde el punto de vista jurídico y normativo. La propuesta implica una adición y no una reforma al artículo 23 de la Ley Agraria, aunado a ello, se presentan algunos problemas de técnica jurídica.
En primer término, al realizar el estudio legislativo de impacto y ubicación de la norma, se establece lo siguiente:
El supuesto normativo contenido en el artículo 23 de la Ley Agraria, refiere en primer término, el periodo de tiempo en que habrá de reunirse la asamblea, y en seguida, enumera los asuntos que son competencia de la misma.
Por su parte el artículo 24 de la Ley Agraria, de manera íntegra refiere su contenido al mecanismo necesario para convocar a asamblea.
De lo anterior, se desprende que la ubicación normativa de la propuesta de la iniciativa en comento, la coloca en el supuesto contenido en el artículo 24 de la Ley Agraria y no en el artículo 23, tal como se propone en la iniciativa de estudio; por lo anterior, la adición normativa que se propone es incorrecta e improcedente.
Aunado a lo anterior, mediante la adición de un cuarto y quinto párrafo, se propone establecer algunas facultades a la Procuraduría Agraria, mismas que de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y en términos de los artículos 135 y 136 de la Ley Agraria, no le corresponden.
La Iniciativa propone que ``En caso de no realizarse dicha asamblea por causas imputables a cualquier integrantes del ejido, la Procuraduría Agraria procederá de la siguiente manera:
a) ...
b) Al reconocimiento del parcelamiento económico de hecho y regularización de tenencia de los posesionarios para el cinco por ciento de los integrantes del ejido que hayan solicitado al comisariado ejidal, al consejo de vigilancia o a la Procuraduría Agraria la celebración de la Asamblea, y al resto de los integrantes del ejido.
c) Podrá realizar la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como su régimen de explotación para todo el ejido.''
Si bien es cierto que la Procuraduría Agraria coadyuva en las acciones señaladas en los párrafos que anteceden, la propuesta implica dotarla de nuevas facultades, que de acuerdo a la estructura del sector agrario y de la propia ley no le corresponden.
Finalmente, se considera que la propuesta del cinco por ciento de ejidatarios para convocar a asamblea para los asuntos de las fracciones VIII y X del artículo 23, no basta y no es suficiente para dar respuesta al complejo problema de ordenamiento de la tierra al interior de los núcleos agrarios; ya que las decisiones que al respecto habrán de tomarse al interior de la asamblea, deberán sujetarse a lo dispuesto por la Sección Tercera, Capítulo II, Título Tercero de la Ley Agraria.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Reforma Agraria:
RESUELVEÚNICO.- No es de aprobarse la propuesta de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona el Artículo 23 de la Ley Agraria, presentado durante la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Así se acordó y votó en Sesión Plenaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada en fecha 21 de enero de 2004. Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:
Diputados: T. Manuel García Corpus (rúbrica), Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), secretario; Margarito Fierros Tano (rúbrica), secretario; José Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), secretario; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), secretaria; Margarita Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz, Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar, José Jesús Vázquez González, Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Roberto A. Aguilar Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Elpidio D. Concha Arellano (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, José Alfonso Muñoz Muñoz, Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica) y Luis Antonio González Roldán (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Está a discusión el punto de acuerdo...
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobado. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 216 y 221 de la Ley General de Salud, en materia de regulación de los suplementos alimenticios.
Con el objeto de dar cumplimiento al Punto Segundo del Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a los Dictámenes de proyectos de ley o Decreto normativo, que no alcanzó a conocer el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura; y ya que consta en el archivo de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 216 Y 221 de la Ley General de Salud; presentada por el diputado José Ramón Soto Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; le corresponde a esta Comisión la elaboración del presente dictamen.
La Comisión de Salud, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3, los artículos 43, 45 en su numeral 6 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, elabora el dictamen de la iniciativa en comento y somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con proyecto de decreto, a partir de la siguiente:
METODOLOGÍALa Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe: En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.
En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.
ANTECEDENTESEn sesión celebrada el 22 de Abril de 2003, ante el pleno de la H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, el Diputado, José Ramón Soto Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones en los artículos 216 y 221 de la Ley General de Salud.
En la misma fecha, de conformidad con los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la mesa directiva, de este órgano legislativo, turnó la iniciativa a la Comisión de Salud de la LVIII Legislatura, para su estudio y posterior dictamen.
CONTENIDO DE LA INICIATIVAEn su exposición de motivos, el diputado menciona que a su parecer existe un vacío en las leyes, reglamento y Normas Oficiales Mexicanas, al no considerar en fondo y forma los llamados ``suplementos alimenticios''.
Expresa que los suplementos alimenticios, constituyen un problema de Salud pública, ya que se venden en cualquier tienda de autoservicio, farmacia, tiendas naturistas etc.
Asimismo el diputado se cuestiona, si dichos productos están elaborados conforme a las normas mexicanas, si no son perjudiciales para la salud y si los consumidores, poseen los elementos necesarios para tomar una decisión consciente e informada al adquirirlos.
Afirma el diputado que estas carencias de información se deben a que ni médicos, nutriólogos, naturistas, ni la propia ley, definen correctamente a los suplementos alimenticios.
En este orden de ideas, el diputado, cita los artículos 215 fracciones I y II, 216 y 224 de la Ley General de Salud en los que se hace referencia a las definiciones de alimento, suplemento alimenticio, y medicamento.
Según la apreciación del diputado, existe una contradicción entre estos conceptos, así como con los que establece la Norma Oficial Mexicana, NOM-086-SSA1-1994.
Afirma también, que los suplementos alimenticios, no pueden ser considerarse alimentos porque, no los suplen, ni nutren. Además, al ser considerados como una alternativa al cuidado médico de una persona, deberían ser recomendados por el médico.
Señala que la ley debe establecer un procedimiento, el cual seguirá la Secretaría de Salud, para considerar a un producto como medicamento, alimento, o suplemento alimenticio. Además asevera que los suplementos alimenticios deben ser considerados como medicamentos, por lo que su uso, etiquetado, comercialización, etc; cumplirán con todas y cada una de las disposiciones que establece la Ley para éstos.
En sentido, pretende que con la modificación que propone, se prohíba la inclusión de la leyenda; ``El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo consume'', en las etiquetas de estos productos.
De tal suerte la Ley General de Salud, se reformaría de la siguiente manera en sus artículos 216 y 221:
Texto Vigente:Artículo 216. La Secretaría de Salud, con base en la composición de los alimentos y bebidas, determinará los productos a que puedan atribuírseles propiedades nutritivas particulares, incluyendo los que se destinen a regímenes especiales de alimentación. Cuando la misma Secretaría les reconozca propiedades terapéuticas, se considerarán medicamentos.
Los alimentos o bebidas que se pretendan expender o suministrar al público en presentaciones que sugieran al consumidor que se trate de productos o sustancias con características o propiedades terapéuticas, deberán en las etiquetas incluir la siguiente leyenda: `` Este producto no es un medicamento'' , escrita con letra fácilmente legible y en colores contrastantes.
Texto Propuesto:Artículo 216.
Los alimentos o bebidas que se pretendan expender o suministrar al público en presentaciones que sugieran al consumidor que se trate de productos o sustancias con características o propiedades terapéuticas, deberán en las etiquetas incluir la siguiente leyenda: ``Este producto no es un medicamento'' , escrita con letra fácilmente legible y en colores contrastantes. De igual forma se debe incluir el numero de permiso o registro otorgado por la Secretaría de Salud para su fabricación y comercialización, prohibiéndose en todos los casos el uso de la leyenda ``El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo consume''.
Texto Vigente:Artículo 221. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I. Medicamentos: Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica y características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos, o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales, y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.
II. ...
Texto Propuesto:Artículo 221. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I. Medicamentos: Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica y características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos, o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales, y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso, tanto escrita, verbal o de mercadotecnia contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios, tales como los denominados suplementos alimenticios.
II. ...
Conforme a lo que establece el artículo 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los integrantes de esta Comisión de Salud, después del estudio y análisis correspondiente hemos llegado a las siguientes:
CONSIDERACIONESComo lo menciona el diputado en su iniciativa, es facultad de la Secretaría de Salud determinar a que productos pueden atribuirse propiedades nutritivas, atendiendo a su composición según lo señala el artículo 16 de la Ley en comento.
En el mismo artículo, se estipula que la Secretaría de Salud determinará, en base a los componentes de los productos, si tienen propiedades terapéuticas, en cuyo caso serán considerados medicamentos.
Por otra parte y como lo cita el diputado, la Ley General de Salud en su artículo 215, define lo que, para efectos de la misma ley, se debe entender por alimento y suplemento alimenticio, en sus fracciones I y V, respectivamente; que a la letra dicen:
`` I. Alimento: Cualquier substancia o producto, sólido o semisólido, natural o transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición.
V. Suplementos alimenticios: Productos a base de hierbas extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no , de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso se incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes.''
En este sentido y cómo facultad que le compete al Ejecutivo, el Reglamento de Control Sanitario de productos y servicios establece las normas que deben cumplir los suplementos alimenticios para su elaboración, etiquetado, comercialización, etc. En su Título Décimo noveno, Capítulo Único, denominado Suplementos Alimenticios, artículos 168 al 174, el mencionado ordenamiento, especifica los requisitos que deben cumplir los productos considerados como suplementos alimenticios.
Asimismo, el citado reglamento establece en sus artículos 173 y 174, los lineamientos para el etiquetado de dichos productos, que a la letra dicen:
``Artículo 173. En la etiqueta y en la información con la que se comercialicen los suplementos alimenticios, no se deberá presentar información que confunda, exagere o engañe, en cuanto a su composición, origen, efectos y otras propiedades del producto ni ostentar indicaciones preventivas, rehabilitatorias o terapéuticas.
Artículo 174. En el etiquetado e información con la que se comercialicen los suplementos alimenticios, no deberán emplearse denominaciones, figuras y declaraciones relacionadas con enfermedades, síntomas, síndromes, datos anatómicos, fenómenos fisiológicos o leyendas que el producto cubre por sí solo los requerimientos nutrimentales del individuo o que puede sustituir alguna comida.''
Creemos que las definiciones que da la Ley General de Salud, son adecuadas, por lo que corresponde a la Secretaría de Salud establecer los parámetros para que los productos sean considerados como alimentos, suplementos alimenticios o medicamentos. Para estos efectos, es que se encuentra en vigor el Reglamento de control sanitario de productos y servicios, así como la Norma Oficial Mexicana NOM- 086-SSA1-1994, que es sumamente especifica en cuanto a detalles técnicos de composición de los productos.
Por otra parte, no consideramos conveniente catalogar a los suplementos alimenticios como medicamentos, debido a que, cómo lo señala la Ley sólo pretenden incrementar o suplir la ingesta de nutrientes.
Respecto a la leyenda que el diputado pretende prohibir, no creemos que dicha prohibición sea necesaria ya que los lineamientos del reglamento y de la Norma Oficial Mexicana son bastante claros y quien recomienda los suplementos, es el mismo productor, por lo cual también se hace responsable.
Por todo lo anterior los diputados integrantes de esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el siguiente:
RESOLUTIVOÚNICO. Se desecha la iniciativa por considerar que la Ley General de Salud establece con toda claridad las definiciones de alimento, medicamento y suplemento alimenticio. Por otra parte el reglamento de control sanitario de productos y servicios, vigente; y la Norma Oficial Mexicana NOM- 086-SSA1-1994 son suficientemente específicos al respecto, en su forma de reglamentar la comercialización, producción y etiquetado de dichos productos. Por otra parte, consideramos que la prohibición de incluir una leyenda, como la que responsabiliza a quienes consumen y recomiendan estos artículos, es una forma de librar de obligaciones al mismo productor, que es quien los recomienda en primera instancia.
Así lo acodaron y firman.--- Diputados: José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera, Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Antonio Rojas Toledo, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica) y María Angélica Ramírez Luna.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Está a discusión el punto de acuerdo...
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobado, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.Señoras y señores legisladores, esta Presidencia ha recibido solicitud de los señores coordinadores, en términos del Reglamento, para que la duración de esta sesión, por el día de hoy, se amplíe hasta las seis de la tarde para tratar el mayor número de asuntos contenidos en el orden del día.
Además, se ha recibido una comunicación del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Chuayffet Chemor, para el efecto que se sirva dar curso, con carácter de urgente y obvia resolución, a una proposición con punto de acuerdo que se contiene en el escrito dirigido a esta Presidencia relacionado con los recientes acontecimientos catastróficos en el norte del estado de Coahuila.
Como este tema no está incluido en el orden del día, se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se incorpora al orden del día y entra a discusión.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite que se agregue al orden del día el punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa...
Las diputadas y diputados que estén en la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora Secretaria.
Proceda la Secretaría a darle lectura al escrito enviado a esta Presidencia sobre este tema.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
«Proposición con punto de acuerdo, para que se constituya un grupo de trabajo, integrado preferentemente por los diputados del norte del estado de Coahuila de los distintos partidos, a fin de asistir y colaborar directamente con las autoridades responsables del orden federal y del local, enviada por la Junta de Coordinacion Política.
Jesús Martínez Alvarez, Jesús González Schmal, Luis Maldonado Venegas, Jaime Moreno Garavilla y Juan Perdomo Bueno, integrantes del grupo parlamentario de Convergencia, solicitamos a esa H. Presidencia que, con fundamento en los artículos 4 y 20 del Acuerdo Parlamentario para el Desarrollo de las Sesiones de esta H. Cámara de Diputados, se sirva autorizar como de extremadamente urgente la aprobación del siguiente punto de acuerdo, para responder con el mayor apremio a las necesidades que se presentan en el norte del estado de Coahuila.
Al efecto, exponemos la motivación de nuestra petición:
Que, en virtud de haberse presentado un inesperado fenómeno metereológico con lluvias que afectaron severamente los municipios de Piedras Negras, Acuña, Zaragoza y otros más, se hace necesario que de inmediato esta representación nacional se constituya en coadyuvante del Poder Ejecutivi Federal y del Ejecutivo estatal para participar inmediatamente en auxilio de las poblaciones afectadas, toda vez que a la fecha se registran ya saldos de 19 muertos, 40 desaparecidos y extensísimas áreas urbanas y agrícolas inundadas, con el inminente riesgo de mayor número de víctimas y de inevitables daños materiales, agrícolas y ganaderos, con las consiguientes secuelas de brotes epidemiológicos, que es necesario prevenir desde este momento.
En ocasiones anteriores e incluso por ello hubo de reformarse la Ley de Protección Civil, se demoran gravemente los auxilios técnicos y económicos a los damnificados, acrecentando los daños irreparables de vidas y enfermedades, así como los relativos a la rehabilitación de daños en tierras y en viviendas, que resultarán más costosos.
Recordemos que la ciudad de Piedras Negras y Ciudad Madero, Tamaulipas, fueron las más dañadas con el histórico meteoro de mediados del siglo pasado, al extremo de prácticamente desaparecer las extensas superficies y poblaciones bajo el agua, como ahora está ocurriendo con las crecientes del río Bravo. Por este motivo se manifiesta urgente el apoyo en medidas de salvamento, abastecimiento de alimentos y medicinas y la movilización de equipo pesado para operaciones de desviación de cauces que, entre otras, son las más apremiantes necesidades que debemos afrontar.
Por lo expuesto, atentamente solicito.
Unico. Se constituya un grupo de trabajo, integrado preferentemente por los diputados del norte del estado de Coahuila de los distintos partidos, a fin de asistir y colaborar directamente con las autoridades responsables del orden federal y del local para el alivio de la calamidad sufrida y, posteriormente, se rinda a este plenario el informe correspondiente.
Palacio Legislativo, a 5 de abril de 2004.--- Diputados: Jesús Martínez Alvarez, Jesús P. González Schmal, Pedro Vázquez González, Jorge Kahwagi Macari, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Eliana García Laguna (rúbrica).--- Grupo de Trabajo quedará integrado de la siguiente forma: PRI, diputada Laura Elena Martínez Rivera; PAN, diputado Manuel López Villarreal; PRD, diputada Irma Figueroa Romero; PT, diputado Pedro Vázquez González; PVEM, diputado Jorge Legorreta Ordorica; Convergencia, diputado Jesús González Schmal.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputada Secretaria.
Se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias.
Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión...
Esta Presidencia tiene registrada para intervenir en pro de la proposición del grupo de trabajo, a la diputada Laura Elena Martínez Rivera.
Antes de que pase la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quiero expresar a ustedes que para todo tipo de proposiciones esta Asamblea acordó el día de hoy que las intervenciones en tratándose de proposiciones se reduzcan a un máximo de tres minutos. No obstante el acuerdo tomado por esta Asamblea, la Presidencia ha recibido solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que esa parte del acuerdo y en virtud de que no se votó en lo general y en lo particular, sino en una sola vez, que esa parte del acuerdo entre en vigor hasta el día de mañana.
Pongo a consideración de la Asamblea la solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para el efecto de que por el día de hoy todavía continúe la duración de cinco minutos.
Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea en votación económica.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si están de acuerdo con la solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la negativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Entonces la duración de las intervenciones, incluyendo el día de hoy, será un máximo de tres minutos.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Elena Laura Martínez Rivera, en pro de la producción.
La diputada Laura Elena Martínez Rivera:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los diputados federales del estado de Coahuila y el resto de nuestra Legislatura de la Cámara de Diputados y miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos asumimos a la postura establecida en el punto de acuerdo presentada por los compañeros diputados del Partido de Convergencia.
Al respecto nuestro punto de adhesión y de acuerdo se fundamenta en lo siguiente:
Que debido a la grave tromba que ha dañado con gran severidad los municipios de Piedras Negras, Acuña, Zaragoza y Jiménez, además de otras comunidades cuya evaluación se está realizando actualmente, consideramos de extrema urgencia que los diputados federales nos solidaricemos y actuemos en coordinación con los diversos niveles de gobierno, especialmente en lo federal y en el estatal, para participar de manera urgente e inmediata para el socorro a las localidades afectadas, cuyos saldos a la fecha son los siguientes:
Pérdidas humanas hasta el momento: más de 22 personas.
Desaparecidas: 40.
Personas evacuadas: más de 4 mil.
Colonias afectadas: Presidentes, Periodistas, Bravo, Harold Pape; Burócratas, González, Lázaro Cárdenas, Las Maravillas, Argentina, Suterm y la Roma.
Ocho colonias hasta el momento se han detectado sin energía eléctrica.
La colonia Vergel desapareció completamente.
Se encuentran bloqueadas las salidas por el libramiento de Pública, la avenida Carranza y el libramiento sur. Los puentes internacionales, la carretera 57 y la rumbo a Acuña se encuentran cerrados.
Grandes extensiones urbanas y del campo están inundadas, con el riesgo latente de que el número de personas ahogadas aumente si las lluvias continúan.
Pérdida de infraestructura urbana y especialmente las casas-habitación.
Conveniente es recordar que en muchas otras ocasiones la respuesta ante las emergencias y daños provocados por fenómenos metereológicos ha sido lenta, insuficiente, además de tardía por parte del Gobierno Federal, aumentando con ello los perjuicios en cuanto al número de muertes y enfermedades y retrasando hasta por meses la rehabilitación y reconstrucción de casas-habitación y demás infraestructura.
Por lo anteriormente expuesto, expresamos ante esta alta tribuna la urgencia de tomar con rapidez y eficiencia las acciones de socorro y salvamento, provisión de alimentos, medicinas y agua purificada. Además de proporcionar con prontitud la maquinaria y equipo para los arreglos de caminos y carreteras, así como también los causes de las aguas para efecto de evitar mayores desgracias.
En este sentido nos sumamos a la propuesta de mis compañeros diputados del grupo de Convergencia, para sumar el grupo de trabajo que coadyuve en la evaluación-asistencia y que se pueda colaborar con las autoridades de distintos niveles para atender la tragedia sufrida, especialmente que este grupo de trabajo supervise la liberación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales contemplados en el decreto del presupuesto...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se le agotó el tiempo, señora diputada.
La diputada Laura Elena Martínez Rivera:Un segundo, señor Presidente.
...De la Federación sea suficiente, expedita y con la rapidez que la tragedia lo amerita.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2004.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputada Laura Elena Martínez Rivera.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si está suficientemente discutida la proposición.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul):
¡Pido la palabra, señor Presidente!
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Un momento, señora Secretaria.
El diputado Pedro Avila Nevárez. Por favor activen el sonido en la curul del diputado.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul):
Yo quisiera, señor Presidente, que nos encargáramos todos de fijar la posición del Fonden, del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Porque si van a estar que van a enviar la ayuda hasta el año que viene, como lo hicieron en Durango, señor Presidente, pues esto estaría muy grave.
También quiero proponer que cada uno de nosotros, los diputados de esta Legislatura, aportemos un día de salario para los compañeros que están en desgracia allá en Piedras Negras, en ciudad Acuña, en Delicias y en todos esos pueblos y que esos hermanos nuestros necesitan de nuestra cooperación.
Yo le suplico que lo ponga a consideración del pleno, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Diputado Pedro Avila Nevárez, está a consideración del pleno el contenido de la proposición en los términos en que fue presentada, que es lo que se sometió a discusión. Por supuesto que las sugerencias que está usted realizando, con la cual yo creo que nos solidarizamos todos, serán recogidas por la comisión y el grupo de trabajo que se integre con todos los grupos parlamentarios.
Se instruye a la Secretaría consulte si está suficientemente discutido...
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutida.Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada.Queda integrada la comisión en los términos en que fue planteado al pleno proceda al cumplimiento de su comisión.
El siguiente punto del orden del día son proposiciones.
Tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades educativas federales y locales, verifiquen que los centros educativos que imparten el nivel de preescolar cumplan con la normatividad establecida en la Ley General de Educación.
Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos.
La diputada María del Carmen Mendoza Flores:Gracias, señor Presidente; con el permiso de la Presidencia.
La suscrita, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior de este Congreso, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
ConsideracionesLa educación preescolar tiene una importancia de primer orden dentro del sistema educativo, engloba las experiencias del entorno más inmediato del niño, ofreciéndole la oportunidad de desarrollar su creatividad, de afianzar su seguridad afectiva y la confianza en sus actividades.
Invertir en educación es invertir en el futuro de la nación, a favor de una sociedad más justa, democrática e igualitaria.
Un estudio de la CEPAL señala que los educandos que han recibido atención preescolar, muestran una tasa mayor de escolarización secundaria y post-secundaria, de acceso a mejores empleos y una menor propensión a la marginalidad social.
Los programas de atención preescolar benefician a los infantes de todos los grupos socioeconómicos, pero tienen efectos más apreciables para los niños provenientes de hogares de menores recursos, pues reducen sus desventajas relativas y facilitan su posterior inserción en la educación formal.
Entre otras ventajas, así la obligatoriedad de la educación preescolar hará que el sistema educativo nacional se fortalezca, al permitir que los educandos tengan mejores bases a lo largo de su desarrollo escolar.
De esa manera, la reforma constitucional al artículo 3º y 31, que fue resultado de un dictamen que consideró diferentes iniciativas de diputados y que fue aprobado y votado en la Cámara de Diputados el 29 de diciembre, hizo obligatoria la educación preescolar, estableciendo que es prerrequisito para ingresar al nivel de educación primaria, entrando en vigor esta medida a partir de este ciclo escolar que comienza este año.
En este mismo tenor, el 1º de septiembre de este año se cumple la temporalidad exigida en la reforma para hacer obligatoria la educación preescolar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a su consideración un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a las autoridades educativas federal y locales para que en el ámbito de sus atribuciones verifiquen, que los centros escolares particulares que imparten el nivel de preescolar, se ajusten a las normas establecidas por el artículo 59 de la Ley General de Educación entre las que destacan que las escuelas particulares que presten servicios sin reconocimiento de validez oficial, están obligadas a mencionarlo en su documentación y su publicidad, que las escuelas particulares que impartan educación, ---concluyo--- inicial y preescolar, deberán contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, así como que satisfagan con instalaciones y condiciones higiénicas de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determinen.
Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades educativas federales y a las locales que verifiquen que las instituciones del nivel de preescolar cumplan lo establecido en la Ley General de Educación, presentada por la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del pan.
C. Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, señoras y señores diputados:
La suscrita, C. diputada María del Carmen Mendoza Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proposición de punto de acuerdo, con base en las siguientes
ConsideracionesLa educación preescolar tiene una importancia de primer orden en el sistema educativo: engloba las experiencias del entorno más inmediato del niño, ofreciéndole la oportunidad de desarrollar su creatividad, y de afianzar su seguridad afectiva y la confianza en sus actividades.
Invertir en educación es invertir en el futuro de la nación, en favor de una sociedad más justa, democrática e igualitaria. Un estudio de la Cepal señala que los educandos que han recibido atención preescolar muestran una tasa mayor de escolarización secundaria y postsecundaria, y de acceso a mejores empleos y una menor propensión a la marginalidad social.
Los programas de atención preescolar benefician a los infantes de todos los grupos socioeconómicos, pero tienen efectos más apreciables para los niños provenientes de hogares de menores recursos, pues reducen sus desventajas relativas y facilitan su posterior inserción en la educación formal, entre otras ventajas.
Así, la obligatoriedad de la educación preescolar hará que el sistema educativo nacional se fortalezca, al permitir que los educandos tengan mejores bases a lo largo de su desa-rrollo escolar.
De esa manera, la reforma de los artículos 3° y 31 constitucionales, resultado de un dictamen que consideró las iniciativas de los diputados Celita Alamilla y Julio Castrillón Valdés, del PAN, que se presentaron en 2001 y en 1999, respectivamente; la del diputado Pablo Sandoval Ramírez, del PRD, de 1999; la del diputado Lino Cárdenas Sandoval, del PRI, de 2000; la del diputado Cutberto Cantorán Espinosa, del PRD, de 2001; y la del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, de 2001, y que fue votado y aprobado en la Cámara de Diputados el 29 de diciembre de 2001, hizo obligatoria la educación preescolar, estableciendo que es prerrequisito para ingresar en el nivel de educación primaria. Esa medida entró en vigor a partir del ciclo escolar que comienza este año.
El artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación representan el marco legal que regula el sistema educativo nacional en su conjunto y establece los fundamento de la educación en México.
El artículo 3º establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación; que es obligatoria la asistencia a preescolar, primaria y secundaria; que es deber del Estado impartir esos niveles educativos; y que éste determinará los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria.
Asimismo, dicho artículo reconoce la participación de los particulares, permitiéndoles impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Por otra parte, está lo establecido en el Capítulo V de la Ley General de Educación, intitulado ``De la Educación que Impartan los Particulares'', donde se regula y establece su participación en el sistema educativo nacional.
Así, los particulares que imparten educación deben cumplir lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución y la Ley General de Educación.
En el mismo tenor, el 1 de septiembre de este año se cumple la temporalidad exigida en la reforma para hacer obligatoria la educación preescolar, pero -según estudios realizados, como el del periódico Reforma del sábado 25 de enero de 2004- quedó evidenciado que de los mil 800 kínderes privados del Distrito Federal, sólo 180 están incorporados a la SEP, pese a que sólo faltan siete meses para que el nivel preescolar sea constitucionalmente obligatorio.
Para tramitar su incorporación a la SEP, las escuelas preescolares deberán, entre otros requisitos y conforme al acuerdo número 278 emitido por dicha Secretaría, cumplir los siguientes requisitos:
Acreditar, mediante cédula profesional o documento suficiente, que su personal directivo o docente tiene nivel de licenciatura.
Acreditar que se tienen los medios o instrumentos necesarios para prestar primeros auxilios y señalar las instituciones de salud aledañas al centro escolar, con el fin de preservar la integridad física de los alumnos.
En cuanto a las instalaciones en que se pretenda impartir la educación preescolar, deberán acreditar que a cada alumno se proporcionará un espacio que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello, deberán cumplirse ciertas condiciones de higiene, seguridad y pedagógicas, y los espacios tendrán que contar con iluminación y ventilación adecuadas a las características del ambiente en que se encuentren, con agua potable y sanitarios.
Estamos ciertos de que las medidas señaladas son mínimas, pues su cumplimiento hará que dejemos de ver jardines de niños instalados en garajes y a pequeños realizando actividades en las banquetas o sus ceremonias cívicas en las calles.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Cámara de Diputados exhorte a las autoridades educativas federales y a las locales a verificar, en el ámbito de sus atribuciones, que los centros escolares particulares que imparten el nivel de preescolar se ajusten a las normas establecidas en el artículo 59 de la Ley General de Educación, entre las que destacan éstas:
a) Que las escuelas particulares que presten servicios sin reconocimiento de validez oficial están obligadas a mencionarlo en su documentación y su publicidad;
b) Que las escuelas particulares que impartan educación inicial y preescolar deberán contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; y
c) Que cuenten con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine.
Palacio Legislativo de San Lázaro.--- México, Distrito Federal, a 5 de abril de 2004.--- Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica).»
Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.En el uso de la palabra y hasta por tres minutos, el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Dirección General de Pemex a no deshacerse de capital humano y técnico por el argumento de la aplicación de los criterios de austeridad contenidos en el artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar oportunamente de los recursos a los que se refiere el artículo 7º fracción XI de la Ley de Ingresos.
El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón:Muchas gracias, señor Presidente.
Este punto de acuerdo es a la memoria de nuestro compañero David Cortés Bastida, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, fallecido el pasado 26 de marzo en la Ciudad de México.
Para quienes sostenemos la necesidad de fortalecer a Petróleos Mexicanos, resulta de vital importancia la correcta aplicación de la fracción XI del artículo 7º de la Ley de Ingresos de la Federación, a partir de la cual será posible entregar a Pemex algo de los recursos económicos que le urgen para poder relanzar su actividad productiva.
Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe, en acuerdo con la Secretaría de Energía y Pemex, establecer los criterios de estimación de los montos a que se refiere esta fracción y el mecanismo más ágil para que nuestra paraestatal disponga de esos recursos y pueda poner en marcha los proyectos correspondientes, en el entendido que los programas de inversión deben utilizar y desa-rrollar las capacidades físicas y, sobre todo, el capital humano con que cuenta la empresa.
De acuerdo a datos que nos ha proporcionado la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza en la Industria Petrolera, en lo que va de la administración del ingeniero Muñoz Leos, las áreas directivas y administrativas de Pemex Corporativo, crecieron en más de 2 mil plazas, lo que representa un crecimiento del 40% del personal, si se excluye a los servicios médicos y a telecomunicaciones, que no crecieron
En contraste, en las subsidiarias en las que se concentra la actividad esencial de la industria petrolera, se ha venido atentando sistemáticamente contra el sustento intelectual, socialmente construido en Pemex.
Así, por ejemplo, en Exploración y Producción, se han cancelado ya cerca de dos mil plazas de técnicos y profesionistas despidiendo o jubilando forzadamente a los trabajadores.
En refinación, se han creado 7 mil y cancelado 5 mil, pero este balance oculta el hecho de que mientras se despide y se fuerza la jubilación a cientos de ingenieros de carrera, son contratados miles de profesionistas provenientes sobre todo del sector privado y en particular del sector financiero y con esto, además, se abulta gravemente el pasivo laboral de la paraestatal.
En cuanto a Pemex-Gas y Petroquímica Básica, los despidos y jubilaciones forzadas se concentraron en las áreas de Producción, Ductos y Oficinas Centrales.
Finalmente, en Pemex-Petroquímica el recorte ha llegado a 850 plazas de las cuales 380 corresponden al personal operativo de confianza. Tan sólo en diciembre se suprimieron 120 plazas de personal de carrera, al tiempo que se contrataba personal sin experiencia en la industria para ocupar mandos superiores y medios.
Para nosotros, este tipo de acciones transluce la voluntad de transformar a Pemex en mera plataforma de negocios para el capital transnacional, siendo una verdadera estocada al corazón productivo de la empresa, que busca extender los esquemas de los contratos de visos múltiples a todos los ámbitos de la cadena productiva petrolera.
Concluyo, en virtud de lo expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable pleno, los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Que se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta Cámara, a más tardar el próximo 23 de abril, el monto de los recursos a que se refiere la fracción XI del artículo 7º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 correspondientes al primer trimestre de este año, la metodología empleada para calcular y el calendario de entrega de dichos recursos.
Segundo. Se exhorte a la Dirección General de Petróleos Mexicanos a no deshacerse del capital humano y técnico con el argumento de la aplicación de los criterios de austeridad contenidos en el artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en cambio centre la aplicación del mismo en la eliminación de prebendas injustificadas de altos mandos y
Tercero. Se solicite a Petróleos Mexicanos informe a esta soberanía, el impacto en programas sustantivos y de inversión productiva que hubiere tenido el recorte de 3 mil 882 millones de pesos, hecho a la propuesta original de Presupuesto 2004 presentada por el Ejecutivo Federal.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la dirección general de Pemex a no deshacerse de capital humano y técnico con el argumento de la aplicación de los criterios de austeridad contenidos en el artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar oportunamente de los recursos a que se refiere el artículo 7, fracción XI, de la Ley de Ingresos, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:
Desde nuestro punto de vista, un sector económico está determinado no solamente a partir de la homogeneidad del tipo de valor de uso producido y la tecnología empleada, sino también a partir de una construcción social compleja de su esfera productiva y referenciable históricamente. Este es el caso paradigmático, en México, del sector petrolero.
El sector petrolero es así, el ámbito por excelencia en el que se reflejan, enfrentan y combinan, los intereses creados, las características oligopólicas propias del sector, las necesidades asociadas al modelo de desarrollo, la naturaleza del Estado y su tipo de inserción en el régimen internacional. Esta compleja interrelación de factores condiciona tanto la estructura del sector, como las posibles consecuencias de una eventual transformación. Por su importancia, las evoluciones en la organización de la industria petrolera inciden en la dinámica del conjunto de la economía nacional.
De tal forma que la normatividad jurídica y administrativa en general, y la fiscal muy en particular, que rige a Petróleos Mexicanos, son mucho más que simples ordenamientos legales pues reflejan el papel que el Estado le confiere en un momento determinado a nuestra empresa en el modelo de desarrollo económico.
En este sentido, para quienes sostenemos la necesidad de fortalecer a Petróleos Mexicanos, resulta de vital importancia la correcta aplicación de la fracción XI del artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación, a partir de la cual será posible entregar a Pemex algo de los recursos económicos que le urgen para poder relanzar la actividad exploratoria, incrementar la producción de gas e iniciar el camino de la recuperación de la autosuficiencia en materia de refinados -particularmente gasolina- y de los productos petroquímicos fundamentales para abastecer las cadenas productivas industriales. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe, en acuerdo con la Secretaría de Energía y Pemex, establecer los criterios de estimación de los montos a que se refiere esta fracción y el mecanismo más ágil para que nuestra paraestatal disponga de esos recursos y pueda poner en marcha los proyectos correspondientes. En el entendido que los programas de inversión deben utilizar las capacidades físicas y sobre todo, el capital humano con que cuenta la empresa.
Subrayamos lo anterior porque nos preocupa mucho enterarnos que, bajo el argumento de acatar los lineamientos de austeridad establecidos por esta Soberanía en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y recogido en las ``Bases Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria para Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para el Ejercicio Fiscal 2004'', autorizado por el Consejo de Administración de la paraestatal en su sesión del 11 de febrero; se pretendan suprimir 3206 plazas en Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación, es decir en las subsidiarias que son el corazón mismo de las actividades sustantivas de Petróleos Mexicanos.
Para la fracción del PRD, evitar recortar los privilegios de los altos funcionarios de la empresa y en cambio dirigir los ``ahorros'' hacia la supresión y despido de cientos de trabajadores en los que descansa de manera substancial el nivel de competencia técnica de la empresa, no es sino un golpe más en la ya larga cadena de atentados irresponsables en contra del principal sostén de la economía nacional.
En efecto, de acuerdo a los datos proporcionados por la UNTCIP, en lo que va de la administración del Ing. Raúl Muñoz Leos, las áreas directivas y administrativas de Pemex Corporativo crecieron en más de 2000 plazas, lo que representa un crecimiento del 40% del personal, si se excluye a los servicios médicos (que no crecieron) y las telecomunicaciones (donde disminuyó el personal). En contraste, en las subsidiarias, en las que se concentra la actividad esencial de la industria petrolera, se ha venido atentando sistemáticamente contra el sustento intelectual socialmente construido en Pemex a lo largo de los años. Así, por ejemplo, en PEP se cancelaron cerca de 2000 plazas de confianza, despidiendo o jubilando de manera forzada a personal altamente calificado. En el caso de Pemex Refinación, si bien el número de plazas creadas (unas 7000) supera al de canceladas (poco más de 5000), el balance oculta el hecho de que, mientras se despidieron a cientos de ingenieros de carrera en la empresa, fueron contratados miles de profesionistas provenientes en buena medida del sector privado y en particular del sector financiero, lo que muestra claramente la intención de este recambio de personal.
En cuanto a Pemex Gas y Petroquímica Básica, los despidos y jubilaciones forzadas se concentraron en las áreas de producción, ductos y oficinas centrales. Finalmente, en Pemex Petroquímica, el recorte ha llegado a 850 plazas de las cuales 380 corresponden a personal operativo de confianza. Tan solo en diciembre se suprimieron 120 plazas de personal de carrera al tiempo que se contrataba personal sin experiencia en la industria para ocupar mandos superiores y medios.
En general, a cambio de cancelar cerca de 9000 plazas de profesionistas y trabajadores de carrera de la empresa, se han creado alrededor de 5000 plazas para generar una nueva casta administrativa completamente desligada de la historia y la naturaleza original de Petróleos Mexicanos. Para nosotros, este tipo de acciones traslucen la voluntad de seguir abriéndole espacios de manera subrepticia al gran capital trasnacional, vulnerando así el espíritu y la letra misma de la Constitución del país. Son una verdadera estocada al corazón de la empresa que busca reforzar esquemas como el de los Contratos de Servicios Múltiples en todos los ámbitos de la cadena productiva petrolera; y que encuentran también justificación o pretexto, en la asfixia económica a que es sometida la empresa por el draconiano régimen fiscal que la agobia y que buscó ser aligerado con la fracción XI del artículo 7 de la Ley de Ingresos.
En virtud de todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente:
Punto de AcuerdoPrimero.- Que se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta Cámara, a más tardar el próximo 15 de abril, el monto de los recursos a que se refiere la fracción XI del artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004; correspondientes al primer trimestre de este año y la metodología empleada para calcularlos.
Segundo.- Que se exhorte a la Dirección General de Petróleos Mexicanos a no deshacerse de capital humano y técnico con el argumento de la aplicación de los criterios de austeridad contenidos en el artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, centrando la aplicación del mismo en la eliminación de prebendas injustificadas para sus altos mandos.
Tercero.- Que se solicite a Petróleos Mexicanos, informe a esta Soberanía sobre las implicaciones en programas sustantivos y de inversión productiva, que hubieran tenido los recortes hechos a la propuesta original de presupuesto 2004 presentada por el Ejecutivo Federal en noviembre del 2003.
Es cuanto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2004.--- Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público.En el uso de la palabra el diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados a suscribir un acuerdo nacional contra la corrupción y a trabajar con apego a su declaración de principios.
El diputado José Manuel Carrillo Rubio:Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en las atribuciones que nos concede tanto la Constitución como el Reglamento para el Gobierno Interno, presento a su consideración la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn la actualidad la política es una de las actividades que más reputación ha perdido y que se ha alejado del principio fundamental de la misma, que es el de gobernar y servir. La sociedad cada día ve con mayor incredulidad y desconfianza a los partidos políticos y por ende a quienes nos dedicamos a esta actividad.
Ya es común, desgraciadamente, ver escándalos y pleitos entre partidos o políticos, pero lo más triste es que de alguna manera, la gran mayoría de los institutos políticos de México se han visto involucrados. Debemos reconocer de forma madura que la corrupción ha afectado seriamente a las instituciones de los tres niveles de gobierno y en ocasiones el rechazo generalizado de las personas hacia sus gobernantes se ha manifestado en la escasa participación en las urnas.
Como partidos políticos y como servidores públicos, tenemos la obligación de dignificar el quehacer de la política; la corrupción en todos los ámbitos amenaza la estabilidad política y la economía, crea incertidumbre en las personas y en el futuro de las naciones. La corrupción destruye en cualquier ambiente en el que se dé; por eso, esto es peligroso para quienes creemos firmemente que los partidos políticos y quienes nos dedicamos a la política, debemos tener un papel primordial dentro de la democracia en nuestro país.
Existen en los partidos políticos la capacidad en sus políticos para realizar las políticas públicas que abatan al desempleo, la pobreza y la falta de salud, de educación; existe la sensibilidad por parte de los legisladores y de quienes hacen la política para transformar la realidad del país, pues conocen y viven a diario cerca de sus respectivos distritos los problemas que aquejan a su sociedad; existe pues la capacidad del diálogo para formar nuevos acuerdos por el bien, sólo nos falta voluntad.
Como partidos y como políticos estamos obligados a pedir una nueva oportunidad a la sociedad que nos eligió, aunque para ellos, algunos o todos debamos de pedir perdón, perdón a la sociedad pues ésta se encuentra ofendida por actuaciones de algunos pocos que han roto con sus principios, los principios básicos de sus instituciones. Pidamos, compañeras y compañeras legisladores, una nueva oportunidad a la sociedad para demostrar que los políticos y los partidos políticos son capaces de resolver, innovar y fortalecer esta democracia de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones que nos rigen, presento a su consideración el siguiente punto de acuerdo en donde se exhorta a todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados, a suscribir un gran acuerdo nacional en contra de la corrupción y a trabajar con apego a la declaración de principios de sus institutos.
Segundo. Publíquese en todos los medios escritos de mayor circulación.
Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados a suscribir un acuerdo nacional en contra de la corrupción y a trabajar con apego a su declaración de principios, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del PRI.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a todos los partidos políticos representados en esta H. Cámara de Diputados a suscribir un acuerdo nacional en contra de la corrupción y a trabajar con apego a su declaración de principios
Exposición de MotivosEn la actualidad, la política es una de las actividades que más reputación ha perdido y que se ha alejado del principio fundamental de la misma, que es el gobernar y servir.
La sociedad cada día ve con mayor incredulidad y desconfianza a los partidos políticos y, por ende, a quienes nos dedicamos a esta labor.
Es ya común, desgraciadamente, ver escándalos y pleitos entre políticos y partidos, pero lo más triste es que, de alguna manera, todos los institutos políticos de México se han visto involucrados.
Debemos reconocer de forma madura que la corrupción a afectado seriamente a las instituciones, y ha ocasionado el rechazo generalizado de las personas hacia sus gobernantes.
Como partidos y como servidores públicos, tenemos la obligación de dignificar el ejercicio de 1a política y de la función pública.
La corrupción en todos los ámbitos amenaza la estabilidad política y económica, crea incertidumbre de las personas en el futuro, y rompe los valores democráticos fundamentales.
¡La corrupción destruye! En cualquier ambiente en que se dé.
Esto es peligroso para quienes creemos firmemente que los partidos deben tener un papel primordial dentro de la democracia en México.
Donde la transparencia, la rendición de cuentas, y el acceso a la información sean las directrices indispensables para consolidar un gobierno democrático.
México necesita partidos políticos fuertes, estables, y enraizados en la sociedad, pues ocupan un lugar central en el proceso democrático, y son indispensables para el desarrollo de la Nación.
No podemos ni debemos permanecer inmóviles, es necesario tomar medidas para evitar que continué el permanente deterioro y descomposición de la política, no hacerlo ahora, puede llevarnos a una profunda y grave situación, que ponga en riesgo a las instituciones del Estado y entorpezca el avance democrático.
En los partidos políticos hay capacidad para realizar políticas publicas que abatan el desempleo, la pobreza, la falta de salud y de educación.
Existe la sensibilidad por parte de los legisladores, y de quienes hacemos política, para transformar la realidad del país, pues conocemos y vivimos de cerca en nuestros respectivos distritos los problemas que aquejan a la sociedad.
Existe la capacidad de diálogo para formar nuevos acuerdos, por el bien de México.
Sólo nos falta la voluntad...
Como partidos y como políticos estamos obligados a pedir una nueva oportunidad a la sociedad que nos eligió, aunque para ello debamos pedir perdón.
Perdón a la sociedad, pues ésta, se encuentra ofendida por actuaciones de algunos pocos que han roto con los principios básicos de sus instituciones.
Pidamos, compañeros, una nueva oportunidad para demostrar que los partidos políticos somos capaces de resolver, de innovar, de fortalecer y de impulsar a este país...
Debatamos, sí, pero hagámoslo con la conciencia de construir acuerdos, y no destruir mediante confrontaciones estériles el camino hacia la construcción de un México con visión hacia el futuro.
Por los menos, no perdamos la oportunidad histórica de consolidar nuestra voluntad de crear un México diferente.
Hoy confirmamos el afán común de avanzar a una democracia plena, regida por la estricta observancia de la ley, forjada en el diálogo respetuoso y el ejercicio responsable de la política, enriquecida por una permanente civilidad republicana.
Compañeras y compañeros diputados:
Hagamos un acuerdo nacional en contra de la corrupción y comprometámonos con la gente a trabajar con apego a nuestra declaración de principios de nuestros partidos.
Es por ello, que con el exhorto a todos los partidos políticos representados en este Congreso, que se somete el día de hoy a la consideración de esta soberanía, este punto de acuerdo que esencialmente busca la solidaridad de todos y cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo, a efecto de rechazar cualquier forma de corrupción y darle a la sociedad la certeza de que trabajaremos a la altura de nuestra investidura.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, elevo a la consideración de esta soberanía, para que se dicte el siguiente:
Punto de AcuerdoPrimero.- Se exhorte a todos los partidos políticos representados en esta H. Cámara de Diputados a suscribir un acuerdo nacional en contra de la corrupción y a trabajar con apego a la declaración de principios de sus partidos.
Segundo.- Publíquese en los medios de comunicación escritos de mayor circulación.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 18 de marzo de 2004.--- José Manuel Carrillo Rubio.»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias, señor diputado.
En virtud de que este asunto está listado como de urgente resolución, pregunte la Secretaría a la Asamblea si así se considera.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Se considera de urgente resolución.
A esta Presidencia ha llegado el registro de los siguientes oradores: el diputado Fernando Alvarez Monje, del PAN y el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del PT, con lo que le damos cauce reglamentario al contenido del artículo 122.
En el uso de la palabra, el diputado Fernando Alvarez Monje, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fernando Alvarez Monje:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los actos de corrupción que han acaparado la atención en las últimas semanas ha suscitado una serie de acontecimientos cuyo fin pareciera no estar cerca. La labor parlamentaria exige de nosotros en esta hora algo más que ser meros espectadores, es preciso asumir nuestra representación de manera tal que no haya dudas para el pueblo de México de nuestro compromiso con él y con las causas que postula. Es preciso entonces, como representantes de la voluntad popular y como actores en este proceso, hacer algo.
Urge llamar a cuentas, sí, pues es labor nuestra y forma de asumir y exigir responsabilidades, pero lo es más cumplir con el mandato esencial de nuestra encomienda: legislar, crear y reformar la ley para normar la convivencia.
No es dando inicio a una escalada de violencia institucional como habremos de defender mejor los intereses que nos han sido confiados por los mexicanos, si en estos últimos años hemos echado falta de acuerdos sustanciales que pongan al país en camino correcto. Esta es una oportunidad inmejorable para lograrlo y es así porque la corrupción nos involucra a todos. Como lo hemos constatado en los últimos días, es un problema de la sociedad, no sólo del Gobierno. No se trata nada más de carecer de medios adecuados de control, de una fiscalización deficiente o de un marco jurídico obsoleto; la corrupción al final de cuentas es un problema de actitud pública, no de oportunidad privada.
De ahí que en este momento, cuando los ojos de la nación están fijos en los partidos políticos, en la actividad gubernamental y en el desempeño de los propios políticos, ahora que la atención está concentrada en este punto, es preciso hacer algo: responderle a sus miembros, pero además sumarlos, hacerlos partícipes de esta oportunidad irrepetible.
Nos adherimos a la propuesta formulada por el Partido Revolucionario Institucional en el combate a la corrupción, debe darse en todos los frentes, a todos los niveles y en todos los órdenes de la vida nacional. La creatividad, la imaginación, la férrea voluntad, la determinación de llegar hasta donde tope, deben ser los principios rectores, por ello éste es nada más el comienzo, el inicio de un proceso de reformas a distintos ordenamientos jurídicos sobre un gran número de temas, como la imprescriptibilidad de los delitos contra el erario, el régimen especial para los denunciantes, la responsabilidad patrimonial directa de los servidores públicos, las contralorías ciudadanas, entre otros muchos, los cuales, contra lo que pudiera pensarse, no tienen en común enfrentar la corrupción hasta sus últimas consecuencias. Se hermanan porque forman parte de un proyecto de mayores dimensiones: democratizar y transparentar la vida pública del país, abolir las barreras invisibles que se alzan entre gobernantes y ciudadanos, darle sentido a la expresión Estado de Derecho y sobre todo hacer realidad la exigencia del cambio.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias, señor diputado.
En el uso de la palabra el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La corrupción ha sido un lastre en la historia de la humanidad. El Código de Amurabi, escrito 3 mil años antes de Cristo, ya daba cuenta de la corruptela de los jueces al aplicar la ley a los ciudadanos de Babilonia.
En consonancia con lo anterior, ha quedado plenamente comprobado que el progreso material siempre ha sido acompañado por la corrupción. Mientras más hay, todos toman; mientras menos hay, lo poquito que hay se lo pelean todos. Esa puede ser la tesis comprobada por los hombres hasta el día de hoy.
Ni las contralorías sociales han sido un muro efectivo para frenar la ambición de los seres humanos, la historia así lo prueba en las naciones europeas y en Estados Unidos.
En el México posrevolucionario, el grupo hegemónico que detentó el poder político por más de 70 años acrecentó la corrupción en todos los niveles para convertirla en una cultura generalizada.
Los neoliberales nos mostraron que con la venta de las empresas públicas también se podían obtener recursos ilícitos, ya sea mediante el cobro de una comisión por garantizar la adjudicación de una empresa pública o mediante la concesión de contratos de dudosa base legal.
La corrupción continúa en las altas esferas de la vida pública y privada de nuestro país y no hay forma de detenerla. Ahí están los escándalos de los Amigos de Fox, el Pemex-Gate, la apropiación de los recursos públicos por parte de un partido político ya desaparecido y los escándalos políticos recientes.
El resultado final de todo ello ha sido el desprestigio y el descrédito total de la actividad política. Ahora el pueblo mexicano desconfía de los funcionarios y de las instituciones públicas.
Compañeras y compañeros diputados: ¿Qué hacer ante esta degradación? ¿Es suficiente la educación basada en los valores de la probidad y de la honestidad, o bien, el establecimiento de candados en la ley y las contralorías sociales para frenar la corrupción?
Ni lo anterior ha sido ya suficiente para frenarla, porque detrás de ella se encuentra la lógica de la ganancia y la acumulación y concentración de riquezas. Por esa razón la propuesta del Partido del Trabajo contra este flagelo, consiste en promover y establecer una cultura de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información pública, así como de la vigilancia del uso de los recursos públicos por parte de la sociedad.
Esa será la mejor manera de desterrar la corrupción y de revindicar a la actividad política como una profesión seria y responsable.
Por las consideraciones expuestas, nuestro grupo parlamentario votará a favor del punto de acuerdo que presenta el diputado José Manuel Carrillo Rubio, con el fin de impulsar un acuerdo nacional contra la corrupción.
Muchas gracias.
El diputado Leonardo Alvarez Romo (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Diputado Alvarez Romo, ¿con qué objeto? Activen el sonido en la curul del diputado Alvarez Romo.
El diputado Leonardo Alvarez Romo (desde su curul):
Para comentarios sobre el tema y para rectificar hechos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Diputado Alvarez Romo, esta Presidencia tiene la obligación de darle cauce reglamentario a los asuntos presentados en el orden del día. El artículo 122 es muy claro y dice: ``cuando sólo se pidiera la palabra en pro, podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara''.
Sin embargo, esta Presidencia instruirá en este momento a la Secretaría para que pregunte a la Asamblea, si la propuesta está suficiente discutida. En caso de que el voto de la Asamblea sea afirmativo, pasaremos a votación de la propuesta de inmediato; en caso de que no, esta Presidencia le otorgará el uso de la voz en las mismas condiciones.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Suficientemente discutida.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobada, comuníquese.
En el uso de la palabra el diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Transportes la realización de un Foro Nacional de Consulta, Análisis y Discusión sobre el sector de los transportes, a fin de contar con los elementos suficientes para la generación de una iniciativa de ley que rija el sector.
El diputado José Julián Sacramento Garza:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, José Julián Sacramento Garza, en mi calidad de diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
ConsideracionesNuestro país cuenta con una amplia red carretera, misma que se extiende en alrededor de 335 mil 700 kilómetros de carreteras y caminos rurales; al año anterior, contábamos con 85 aeropuertos, de los cuales 28 son nacionales y 57 mantienen vuelos internacionales; existen 6 mil 660 aeronaves entre comerciales, oficiales y particulares, así como 108 puertos marítimos y fluviales; 26 mil 700 kilómetros en vías férreas y 389 unidades de transportes de carga, pasaje y turismo.
Estos datos nos ilustran perfectamente la gran importancia de que por su magnitud, tiene el sector del transporte, convirtiéndose en un sector fundamental para el desarrollo integral de todo México, ya que se constituye en el instrumento esencial para dar acceso a la población de los servicios básicos y de consumo; sin embargo, este sector enfrenta importantes retos que superar, como es la falta de un marco jurídico, equitativo y expedito y que al mismo tiempo se adapte a las condiciones que imperan en la actualidad.
Es indudable que la certeza de un adecuado marco jurídico, además de beneficiar a todos los que hacen uso del sector, brinda la posibilidad de generar certidumbre hacia los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que abre, sin duda, una magnífica oportunidad para acceder a más y mejores posibilidades de inversión.
Este esfuerzo se hace cada vez más necesario si tomamos en consideración que la modernidad de la economía con fenómenos inevitables como la globalización, obligan a replantear y ajustar a la realidad mundial nuestro sistema de transportes, para que esté en condiciones de competir en igualdad de condiciones.
Resulta claro que al no contar con un marco jurídico efectivo que provoca un vacío legal que produce situaciones perjudiciales para ese sector y para nuestra economía, necesitamos establecer un régimen jurídico adecuado, acorde a la realidad actual que vive el país en materia de desregulación, globalización económica, a las exigencias tecnológicas de seguridad y la necesidad de un sistema integral logístico de transporte.
Con base en las siguientes consideraciones expuestas, sometemos a esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se solicita a la Comisión de Transportes, inicie la consulta, análisis y discusión necesarios sobre el sector de los transportes, a fin de contar con los elementos suficientes para la generación de una iniciativa que actualice la ley que rige al sector.
Palacio Legislativo, 5 de abril de 2004.
Gracias a todos.
«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Transportes la realización de un Foro Nacional de Consulta, Análisis y Discusión sobre el Sector de Transportes, a fin de contar con los elementos suficientes para la generación de una iniciativa de Ley que rija el sector, presentada por el diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del pan.
Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Julián Sacramento Garza, en su calidad de diputado federal en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones1. México es un país que cuenta con amplios territorios y, por ende, de grandes espacios poblacionales y grandes necesidades que las distancias se hacen difíciles de recorrer, difíciles de satisfacer.
2. Nuestro país cuenta con una amplia red carretera, misma que se extiende en alrededor de 335 mil 700 kilómetros de carreteras y caminos rurales. Al año anterior, contábamos con 85 aeropuertos, de los cuales, 28 son nacionales y 57 mantienen vuelos internacionales.
3. Existen 6 mil 660 aeronaves entre comerciales, oficiales y particulares, así como 108 puertos marítimos y fluviales, 26 mil 700 kilómetros en vías férreas y 389 mil unidades entre autotransportes de carga, pasaje y turismo.
4. Estos datos nos ilustran perfectamente la gran importancia que, por su magnitud, tiene el sector del transporte, convirtiéndose en un sector fundamental para el desarrollo integral de todo México, ya que constituye el instrumento esencial para dar acceso a la población de los servicios básicos y de consumo.
5. El transporte justifica su existencia por la necesidad que el ser humano tiene que trasladarse de un lugar a otro por aire, tierra o por agua. Es claro que el transporte se convierte en una vía indispensable para alcanzar el crecimiento económico del país.
6. Sin embargo, este sector enfrenta importantes retos que superar, como la falta de un marco jurídico equitativo y expedito, y que al mismo tiempo se adapte a las condiciones que imperan en la actualidad.
7. Es indudable que la certeza de un adecuado marco jurídico, además de beneficiar a todos los que hacen uso del sector, brinda la posibilidad de generar certidumbre hacia los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que abre, sin duda, una magnífica oportunidad para acceder a más y mejores posibilidades de inversión.
8. Tomando en consideración que una de las responsabilidades básicas de los legisladores es trabajar en la actualización de las leyes, para ello compañeras y compañeros diputados, es fundamental la aprobación del presente punto de acuerdo. Debemos modernizar nuestro sistema de transportes, por medio de una efectiva reordenación de los preceptos jurídicos que se relacionan con este sector.
9. Este esfuerzo se hace cada vez más necesario si tomamos en consideración que la modernidad de la economía, con fenómenos inevitables como la globalización, obligan a replantear y ajustar a la realidad mundial nuestro sistema de transportes, para que esté en condiciones de competir en igualdad de condiciones.
10. Así lo exige el propio Tratado de Libre Comercio, y de hecho, hasta el día de hoy seguimos padeciendo la fuerte problemática que representan los innumerables obstáculos que impone Estados Unidos para la entrada de los transportistas mexicanos a su territorio, contraviniendo lo estipulado en el acuerdo.
11. Resulta claro que al no contar con un marco jurídico efectivo, se provoca un vacío legal que produce situaciones perjudiciales para este sector y para nuestra economía.
12. Tomando en consideración que el sector del transporte es fundamental para el desarrollo integral del país, y simultáneamente promueve el acceso a la población de los servicios básicos, y que los objetivos que buscamos se enfocan a dar certeza y seguridad jurídica a los agentes que participan en el sector, en beneficio de los mexicanos, así como establecer un régimen jurídico adecuado a la realidad actual que vive el país, en materia de desregulación y de globalización económica, y a las exigencias tecnológicas de seguridad y la necesidad de un sistema integral logístico del transporte.
Con base en las consideraciones expuestas, sometemos a esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de AcuerdoUnico.- Se solicita a la Comisión de Transportes que inicie la consulta, análisis y discusión necesarios sobre el sector de los transportes, a fin de contar con los elementos suficientes para la generación de una iniciativa que actualice la ley que rige al sector.
Palacio Legislativo, a 5 de abril de 2004.--- Dip. José Julián Sacramento Garza (rúbrica.)»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias a usted, diputado.
Túrnese a la Comisión de Transportes.Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la Ley Federal de Juegos y Sorteos, hasta por tres minutos.
El diputado Arturo Nahle García:Gracias, señor Presidente.
«Arturo Nahle García, diputado federal a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea soberana la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
ConsideracionesDurante el gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdés, se expidió la Ley Federal de Juegos y Sorteos, disposición aún vigente que faculta a la Secretaría de Gobernación para reglamentar, autorizar, controlar y vigilar los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase; así como los sorteos, con excepción de la Lotería Nacional.
Las actuaciones de la Secretaría de Gobernación en esta materia, deben en todo momento apegarse a las disposiciones de la citada ley y sus disposiciones reglamentarias, pues en ellas no existen facultades discrecionales.
El artículo 9º de ese ordenamiento, dispone que los lugares donde se efectúen sorteos no podrán establecerse cerca de escuelas o centros de trabajo.
Por su parte, el artículo 5º ordena que en los permisos que conceda la Secretaría de Gobernación, se deberá señalar la participación que deba corresponder al Gobierno Federal de los productos obtenidos por el permisionario, independientemente de los impuestos que al efecto determinen las leyes fiscales. Dicha participación debe ser destinada al mejoramiento de los establecimientos de prevención social y de asistencia.
Es el caso que las televisoras nacionales todos los días llevan hasta millones de hogares y centros de trabajo sorteos de diversos bienes, tales como automóviles, casas y sobre todo dinero en efectivo, a través de llamadas telefónicas con un costo que oscila entre los 25 y 30 pesos. Las llamadas ``telejuegos'' registran un número considerable de llamadas que nunca se da a conocer, recaudando montos que rebasan por mucho el costo del bien sorteado.
Es necesario puntualizar que las televisoras omiten dar a conocer a los teleespectadores el permiso mediante el cual la Secretaría de Gobernación autorizó el sorteo y la dependencia federal citada no informa en la cuenta pública sobre los ingresos que generan los mismos.
Recientemente han aparecido empresas que supuestamente son las que organizan estos ``telesorteos'' pero se sabe que en realidad son filiales de las televisoras nacionales y que algunos de sus socios son de origen extranjero.
Independientemente de la ilegalidad de estos meganegocios y de su situación fiscal, son preocupantes los efectos que están generando en la economía de cientos de miles de familias de bajos recursos que mes con mes reciben altos cobros telefónicos por las múltiples llamadas que hacen sobre todo los menores de edad.
Al respecto se desconoce que acciones esté tomando la Procuraduría Federal del Consumidor.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente:
Proposición con Puntos de AcuerdoPrimero.- Que la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía sobre el fundamento, cantidad, criterios y condiciones bajo las cuales se están otorgando permisos a las televisoras nacionales para que realicen los sorteos aludidos en la presente proposición.
Segundo.- Que la Secretaría de Gobernación informe a esta honorable Cámara de Diputados, respecto a la participación que ha correspondido al Gobierno Federal por las utilidades que generan estos sorteos.
Tercero. Que la Secretaría de Gobernación informe a qué establecimientos de prevención social y asistencia se han canalizado las participaciones que por ley le corresponde de cada sorteo.
Cuarto. Que la Procuraduría Federal del Consumidor informe sobre las acciones que está tomando para impedir los daños económicos que estos sorteos le están generando a miles de familias mexicanas consumidoras de publicidad televisiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 19 de marzo del 2004.--- Dip. Arturo Nahle García (rúbrica).»
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Turismo.
En el uso de la palabra el diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los Gobiernos Federal, del estado de Tamaulipas y del municipio de Altamira, para que se coordinen a fin de impulsar el proyecto Fénix en esta demarcación.
El diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Debemos pugnar por un gobierno facilitador, un gobierno que haga fácil a los ciudadanos comprar una casa, tener acceso a los bienes básicos, a un salario digno, a un trabajo estable, por lo mismo debemos facilitar el acceso de la iniciativa privada a los sectores que por mucho tiempo estuvieron restringidos. De esta manera, con la inversión privada, facilitaremos la creación de empleos y por lo mismo elevaremos el nivel de vida de los mexicanos.
Con fundamento en el programa sectorial de energía y siendo el rol de Pemex impulsar el desarrollo de la industria química nacional, se plantean desarrollos como el proyecto Fénix, dicho proyecto contempla la posibilidad de construir dos complejos petroquímicos, en asociación de empresas líderes nacionales e internacionales, con la participación de Petróleos Mexicanos.
Como podemos apreciar, con proyectos como éste, la participación privada, que es la más viva fuente de mejoramiento social, permitirá beneficiar a la población del sur del estado de Tamaulipas y en México en lo general.
No podemos seguir impidiendo a los emprendedores, tanto nacionales como extranjeros, apostar por México y crear las fuentes de empleo que tanto necesita nuestra patria, sin violentar nuestro marco jurídico.
Por lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos permitimos presentar a esta honorable Asamblea, el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, Presidente Vicente Fox; al gobernador del estado de Tamaulipas,Tomás Yarrington Ruvalcaba y a los presidentes municipales del sur del estado de Tamaulipas, Arturo Elizondo Naranjos, de Tampico; Joaquín Hernández, de Madero y Genaro de la Portilla, de Altamira, a coordinarse a fin de que se generen los incentivos necesarios tendientes a impulsar el proyecto Fénix y aumentar la inversión en materia de petroquímica.
Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los gobiernos federal, del Estado de Tamaulipas y del municipio de Altamira a coordinarse a fin de impulsar el proyecto Fénix en esta demarcación, presentada por el diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.
En nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorte a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal para que se coordinen y tomen los acuerdos necesarios para ofrecer incentivos a fin de impulsar el desarrollo de proyectos petroquímicos como el denominado proyecto Fénix, bajo la siguiente
Exposición de MotivosEl bien común es el conjunto de condiciones que permiten a la persona humana realizar sus fines tanto espirituales como materiales.
El bien común tiene tres componentes: el respeto a los derechos humanos, el desarrollo y el orden del propio grupo.
El desarrollo es la suma de todos los derechos sociales.
Debemos pugnar por un gobierno facilitador, un gobierno que haga fácil a los ciudadanos comprar una casa, tener acceso a los bienes básicos, a un salario digno, a un trabajo estable.
Por lo mismo, debemos facilitar el acceso de la iniciativa privada a sectores que por mucho tiempo estuvieron restringidos.
De esta manera, con la inversión privada facilitaremos la creación de empleos y por lo mismo elevaremos el nivel de vida de los mexicanos.
Con fundamento en el Programa Sectorial de Energía y siendo el rol de Pemex impulsar el desarrollo de la industria química nacional, se plantean desarrollos como el proyecto Fénix.
Dicho proyecto contempla la posibilidad de construir dos complejos petroquímicos en asociación de empresas líderes nacionales e internacionales, participando Pemex.
Como podemos apreciar con proyectos como éste, la participación privada, que es la más viva fuente de mejoramiento social, permitirá beneficiar a la población del sur del estado de Tamaulipas y a México en general.
El ejemplo de la petroquímica, que permite la participación de la iniciativa privada debe servirnos para impulsar otras reformas que posibiliten esta participación a fin que la inversión traiga una mayor competitividad y mejores beneficios sociales.
No podemos seguir impidiendo a los emprendedores tanto nacionales como extranjeros apostar por México y crear las fuentes de empleo que tanto necesita nuestra patria, sin violentar nuestro marco jurídico.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivi Federal, Presidente Vicente Fox Quezada; al gobernador del estado de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba; y a los presidentes municipales del sur del estado de Tamaulipas: Arturo Elizondo, de Tampico; Joaquín Hernández, de Madero, y Genaro de la Portilla de Altamira, a coordinarse a fin de que se generen los incentivos necesarios tendientes a impulsar el proyecto Fénix y a aumentar la inversión en materia de petroquímica.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 5 de abril de 2004.--- Dip. Jesús Antonio Nader Nasrallah (rúbrica.)»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso del estado de Guerrero, para que apruebe la propuesta de ley de desaparición forzosa de personas presentada por la sociedad civil.
La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La desaparición forzada, según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
Dentro de este marco de violaciones a los derechos humanos, la desaparición forzada de personas ha sido uno de los crímenes de lesa humanidad que con mayor recurrencia se han cometido en la entidad; prueba de ello son las más de 600 denuncias que organizaciones civiles y familiares de detenidos, desaparecidos, han realizado ya sea a través de los medios de comunicación o en las instancias legales correspondientes por desapariciones forzadas ocurridas durante la llamada ``guerra sucia''.
Sin lugar a dudas la ausencia de una legislación adecuada para prevenir esas violaciones a los derechos humanos, si bien no es la única causa de que estos hechos se sigan dando, sí genera la impunidad de los agresores en virtud de que no existe el tipo penal adecuado que permita sancionar conforme a las reglas penales y en el marco del derecho de los derechos humanos, a quienes cometen este acto de barbarie.
Por lo anterior y con el fin de contribuir a establecer parámetros normativos que prevengan y sancionen el delito de desaparición forzada de personas, el día 14 de enero del año en curso diversas organizaciones de la sociedad civil, presentaron ante el Congreso del estado de Guerrero, una propuesta de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas en el estado, propuesta que con posterioridad fue avalada por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero.
Posteriormente se efectuó un foro nacional realizado y organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la Red Guerrerense de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, en el cual se contó con la presencia de diversos sectores sociales y políticos, coincidiendo todos en la necesidad de establecer una normatividad que coadyuve a la erradicación de esta práctica en el estado.
Dicha propuesta además de establecer pautas claras de definición del delito, retoma los criterios que según el derecho internacional de derechos humanos debe contener una normatividad que pretenda erradicar esa práctica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el debido respeto a las atribuciones y facultades constitucionales del Congreso del estado de Guerrero, exhorta a dicho cuerpo legislativo para que en el presente periodo ordinario de sesiones emita el dictamen correspondiente, en estricto apego a los estándares inter- nacionales en materia de derechos humanos de la propuesta de ley sobre desaparición forzada de personas, presentada el día 14 de enero de 2004 por diversas organizaciones sociales de derechos humanos y avalada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Firman este punto la diputada Eliana García y su servidora Irma Figueroa.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso del Estado de Guerrero a que apruebe la propuesta de Ley de Desaparición Forzada de Personas, presentada por la sociedad civil, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD
Los suscritos, diputadas y diputados federales de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesLos habitantes del estado de Guerrero han padecido a lo largo de muchos años una situación de precariedad en sus derechos humanos fundamentales. Por décadas, esta entidad federativa ha sufrido las peores situaciones de violación a los derechos humanos que se pueden dar en un estado autoritario. Como ejemplo de lo anterior, podemos señalar las masacres de Aguas Blancas y El Charco, por mencionar algunos de los más graves acontecimientos acaecidos en últimas épocas en dicha entidad.
La desaparición forzada según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
Dentro de este marco de violaciones a los derechos humanos, la desaparición forzada de personas ha sido uno de los crímenes de lesa humanidad que con mayor recurrencia se han cometido en la entidad. Prueba de ello son las más de 600 denuncias que organizaciones civiles y familiares de detenidos desaparecidos han realizado, ya sea a través de los medios de comunicación o en las instancias legales correspondientes, por desapariciones forzadas ocurridas durante la llamada guerra sucia.
Sin embargo y a pesar de que este delito se asocia con esta etapa histórica, es un hecho que la desaparición forzada de persona sigue siendo una práctica vigente en las corporaciones policiacas del estado. Prueba de ello es la recomendación 19/2002 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por 9 casos de desaparición forzada acaecidos en el año 2002 en los que de manera directa se señala la responsabilidad de miembros de la Policía Judicial del estado en la comisión de estos delitos que, por su gravedad, han sido señalados por el Comité Internacional de los Derechos Humanos como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
Sin lugar a dudas, la ausencia de una legislación adecuada para prevenir esta violación a los derechos humanos, si bien no es la única causa de que estos hechos se sigan dando, sí genera la impunidad de los agresores en virtud de que no existe el tipo penal adecuado que permita sancionar conforme a las reglas penales y en el marco del derecho de los derechos humanos a quienes cometan este acto de barbarie.
Por lo anterior, y con el fin de contribuir a establecer parámetros normativos que prevengan y sancionen el delito de desaparición forzada de personas, el día 14 de enero del año en curso diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Congreso del estado de Guerrero, una propuesta de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada de persona en el estado, propuesta que con posterioridad fue avalada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
Posteriormente se efectuó un foro nacional realizado y organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la Red Guerrerense de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos ``Miguel Agustín Pro Juárez'', AC, en el cual se contó con la presencia de diversos sectores sociales y políticos, coincidiendo todos en la necesidad de establecer una normatividad que coadyuven a la erradicación de esta práctica en el estado.
Dicha propuesta, además de establecer pautas claras de definición del delito, retoma los criterios que, según el derecho internacional de los derechos humanos, debe contener una normatividad que pretenda erradicar esta práctica, sitúa la propuesta en mención como un precedente importante y significa la posibilidad de que la normatividad del estado de Guerrero se armonice con las principales convenciones y pactos internacionales que se han desarrollado en materia de derechos humanos y que por lo que refiere a este tema establecen que es necesario tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir los compromisos asumidos.
Por lo anterior, y ante la urgente necesidad de tipificar el delito de desaparición forzada de personas en la entidad, de acuerdo a los más altos estándares en la materia es que se hace indispensable que el Congreso del estado de Guerrero dictamine y apruebe a la brevedad posible la propuesta de ley en mención, para otorgar a los ciudadanos herramientas jurídicas que hagan plenamente efectivos sus derechos humanos fundamentales e impidan la impunidad de este tipo de delitos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el debido respeto a las atribuciones y facultades constitucionales del Congreso del estado de Guerrero, exhorta a dicho cuerpo legislativo a que en el presente periodo ordinario de sesiones emita el dictamen correspondiente, en estricto apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de la propuesta de ley sobre desaparición forzada de persona presentada el día 14 de enero de 2004 por diversas organizaciones sociales de derechos humanos y avalada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
México, DF, a 5 de abril de 2004.--- Diputadas: Irma S. Figueroa Romero y Eliana García Laguna (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se establezca el programa de capacitación integral para la mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país.
El diputado Alfonso Rodríguez Ochoa:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Con las potestades que me otorga el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo
ConsideracionesLa sociedad mexicana, en virtud del proceso de urbanización, ha concentrado a la mayoría de la población en las ciudades y las metrópolis, por lo que se han generado cinturones de miseria en las grandes y pequeñas ciudades del país.
En ellos, mujeres en pobreza extrema tienen la responsabilidad de la manutención familiar; por tanto, se constituyen en jefes de familia con cónyuge o sin él y requieren de programas sociales que impulsen acciones orientadas a promover el desarrollo de sus capacidades y faciliten su ingreso a la fuerza productiva con mayor capacidad de desarrollo laboral, los que reclaman una urgente y especial atención del Gobierno mediante una política social integral.
La encuesta ``lo que dicen las pobres'', presentada por la Sedesol a finales de 2003 señala que entre las demandas prioritarias está la de que requieren mayores oportunidades de capacitación, proyectos productivos que mejoren el ingreso y una mejor alimentación y que las mujeres apuntan como principal causa de discriminación el estar embarazadas o tener hijos porque no hay redes de apoyo para que se capaciten.
En la citada encuesta el 44% consideraba que una mujer enfrente más problemas que el hombre debido a cuatro motivos fundamentales: el cuidado de los hijos, menores oportunidades de desarrollo, discriminación sexual y conductas de machismo.
Realizada una investigación de los diversos programas y organismos que han sido creados en los diversos niveles de Gobierno Federal, estatal y municipal se encontró que no existe ninguno que se oriente a las mujeres que habitan en zonas desprotegidas de las zonas urbanas del país.
Sólo encontramos la existencia de un programa de capacitación integral para la mujer del medio rural, mismo que es altamente insuficiente, pero factible de ampliar en su cobertura y aplicación a las mujeres en zonas en pobreza extrema.
El Programa de Capacitación Integral para la Mujer en áreas desprotegidas de zonas urbanas del país que aquí se propone estaría focalizado a beneficiar con una política social integral que contemple la formulación de estudios, proyectos productivos y de desarrollo humano con estructuras operativas ágiles, eficaces y eficientes que incorporen a las mujeres vulnerables que habitan zonas urbanas del país, incluyendo a las mujeres madres solteras, niñas, jóvenes y mujeres de la tercera edad, mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres migrantes e indígenas en las zonas urbanas y víctimas de delitos.
El programa deberá enmarcarse en el contexto de una política social integral que contemple la capacitación de la mujer, el desarrollo de su liderazgo y gestión social en beneficio de su entorno comunitario.
Con base en lo expuesto anteriormente, me permito presentar a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se establezca el programa de capacitación integral para la mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para que se establezca el Programa de Capacitación Integral para la Mujer, en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país, a cargo del diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del PRI
Compañeras y compañeros diputados:
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Que se establezca el Programa de Capacitación Integral para la Mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país.
ConsideracionesLa sociedad mexicana, en virtud del proceso de urbanización, ha concentrado la mayoría de la población en las ciudades y metrópolis. En este espacio urbano, por ende, se da la mayor concentración de la población femenina, que constituye ya en el país alrededor de 53.6 millones de mujeres.
Fenómenos socioculturales y económicos estructurales de la sociedad mexicana han generado cinturones de miseria en las grandes y las pequeñas ciudades del país. En ellos, mujeres en pobreza extrema tienen la responsabilidad de la manutención familiar; por tanto, se constituyen en jefas de familia, con cónyuge o sin él, y requieren programas sociales que impulsen acciones orientadas a promover el de-sarrollo de sus capacidades y faciliten su ingreso en la fuerza productiva con mayor capacidad de desempeño laboral, facilitando así su ingreso en la actividad productiva y ello les permita incrementar su nivel de bienestar y el de sus dependientes económicos.
Las mujeres que habitan en las zonas urbanas en pobreza extrema son sectores de la sociedad mexicana que presentan el mayor rezago tanto económico como social y productivo, que reclaman una urgente y especial atención del gobierno mediante una política social integral.
La encuesta: ``lo que dicen los pobres'', presentada por Sedesol el 14 de octubre de 2003, señala que entre las demandas prioritarias está la de que requieren ``...mayores oportunidades de capacitación, proyectos productivos que mejoren el ingreso y una mejor alimentación...''.
En el mismo tenor, la investigación resalta la mención de que las mujeres pobres carecen de oportunidades y de acceso a alternativas de capacitación, al señalar ... ``las mujeres apuntan como principal (causa) de discriminación el estar embarazada o tener hijos, porque no hay redes de apoyo para que se capaciten...''.
Las condiciones que enfrentan las mujeres pobres del país, que carecen de oportunidades y de acceso a alternativas de capacitación, se traducen en limitaciones para superar su condición de pobres y constituyen un deterioro de la consolidación democrática del país, al constituirse en una clara discriminación de género.
En la citada encuesta, 44% de los encuestados consideraba que una mujer enfrenta más problemas que el hombre debido a cuatro motivos fundamentales ``... cuidado de los hijos, menores oportunidades de desarrollo, discriminación sexual y conductas de machismo...''.
Realizada una investigación de los diversos programas y organismos que han sido creados en los diversos niveles del Gobierno Federal, estatal y municipal, en la Gaceta Parlamentaria, Biblioteca Legislativa, Area de Programas Sociales del Instituto de Estudios Legislativos del Senado de la República y otros organismos e institutos que se abocan al tema de la mujer, se encontró que no existe ninguno que se oriente a las mujeres que habitan en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país.
Sólo encontramos la existencia del Programa de Capacitación Integral para la Mujer del Medio Rural, (PCIMMM) que es factible ampliar en su cobertura y aplicación a las mujeres en pobreza extrema, marginación o ambas condiciones de las zonas urbanas del país.
El Programa de Capacitación Integral para la Mujer en las áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país estaría focalizado a beneficiar con una política social integral, que contemple la formulación de estudios, proyectos productivos y de desarrollo humano con estructuras operativas ágiles, eficaces y eficientes, a las mujeres vulnerables que habitan en zonas urbanas del país, incluyendo a las mujeres madres solteras, niñas, jóvenes y mujeres de la tercera edad, mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres migrantes e indígenas en las zonas urbanas, y víctimas de delitos.
El programa deberá enmarcarse en el contexto de una política social integral que contemple la capacitación de la mujer, el desarrollo de su liderazgo y gestión social en beneficio de su entorno comunitario, así como su capacitación y sensibilización con perspectiva de género, para que se conviertan en promotoras sociales de defensa de los derechos humanos de las mujeres, contemplar asimismo la prevención de la violencia interfamiliar, la prevención de adicciones e iniquidades de género, el desarrollo de proyectos productivos con impacto en el seno familiar y comunitario de las zonas urbanas desprotegidas o bajo desarrollo.
Con base en lo expuesto anteriormente, me permito presentar a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a este honorable Pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que se establezca el Programa de Capacitación Integral para la Mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país.
México, DF, a 5 de abril de 2004.--- (Rubrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.Tiene la palabra el diputado Alfredo Fernández Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regularizar la prestación del servicio público de transporte transfronterizo de pasajeros.
El diputado Alfredo Fernández Moreno:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Cerca de 350 mil braceros fueron contratados en Estados Unidos a principios de 1942 para suplir la fuerza de trabajo faltante.
Estas contrataciones fueron provocando una gran corriente migratoria de México hacia aquel país. Gran cantidad de paisanos de nuestras comunidades, principalmente de la zona centro-norte del país, fueron en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo que les permitieran mejorar su situación económica y la de sus familias.
La separación física existente entre los migrantes y sus familias los llevó a desarrollar medios de enlace y comunicación como el envío de cartas y ayuda económica. En un principios estos envíos se llevaban a cabo a través de amigos o conocidos, también migrantes que recorrían el mismo trayecto con mayor frecuencia.
Al pasar del tiempo y al observar que la demanda de envíos y encargos crecía desde ambos lados de la frontera, algunos migrantes comenzaron a fungir como mensajeros. Tanto los que enviaban como los que recibían, confiaban plenamente en el mensajero, ya que era conocido por la comunidad.
La demanda creciente de este servicio causó que algunos decidieran ofrecer un mejor trabajo, empeñaron sus bienes y adquirieron autobuses. Esos autobuses salen principalmente de los estados del centro del país como: Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Aguascalientes, para llevar a los paisanos que van a su destino de trabajo o para traerlos con sus familias.
Sin embargo y a pesar de que este medio de transporte, de comunicación y envío ha resultado tan eficiente y adecuado para los connacionales, la actividad ha tenido problemas en su desarrollo y no han podido beneficiar a los que arriesgan su vida para mantener a sus familias, como ellos lo quisieran.
Es por estas consideraciones que un grupo de diputados que tenemos contacto con los paisanos usuarios y prestadores de servicio y que conocemos el significativo valor del mismo, solicitamos a esta honorable Asamblea se sirvan aprobar los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que tratándose de la transportación transfronteriza de un servicio altamente demandado y valorado por los migrantes mexicanos, se les conceda a los prestadores de este servicio la oportunidad de regularizarlo.
Segundo. Que se les dé la oportunidad de presentarse y ser atendidos por los funcionarios de esa Secretaría, con la finalidad de que sea analizada la actual situación legal de ese transporte.
Tercero. Que a estos prestadores de servicios se les dé un plazo adecuado para cumplir con los requisitos que se establezcan en el marco jurídico correspondiente.
Solicito a la Presidencia de la Cámara que este punto de acuerdo sea turnado a la Comisión de Transportes.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regularizar la prestación del servicio público de transporte transfronterizo de pasajeros, presentada por el diputado Alfredo Fernández Moreno, del grupo parlamentario del pan.
El que suscribe, diputado federal Alfredo Fernández Moreno, integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regularizar la prestación del servicio público de transporte transfronterizo de pasajeros, bajo las siguientes
ConsideracionesEn los años cuarenta, el número de trabajadores en el campo disminuyó notablemente en Estados Unidos, a consecuencia de la necesidad de contar con más hombres en la industria militar. Así, a la par que se observaba el éxito de ese país en la Segunda Guerra Mundial, también se requería mayor generación de productos agrícolas.
A raíz de la necesidad de Estados Unidos de incrementar su producción agrícola, ese gobierno firmó un acuerdo laboral con México, que permitía a los ciudadanos mexicanos trabajar como jornaleros agrícolas en territorio estadounidense. Ese acuerdo se conoció como Programa Bracero.
Cerca de 350 mil braceros fueron contratados en Estados Unidos a principios de 1942 para suplir la fuerza de trabajo faltante. Las contrataciones fueron provocando gran corriente migratoria de México hacia aquel país. Gran cantidad de paisanos de nuestras comunidades, principalmente de la zona centro-norte del país, fue en busca de nuevas oportunidades de trabajo que le permitiera mejorar su situación económica y la de su familia. Es decir, el incentivo fue obtener mejores ingresos.
Posteriormente, el incentivo fue cambiando. La corriente migratoria ya no tenía la finalidad de ``ganar dinero'' u obtener mejores ingresos. La migración se convirtió en una forma de vida, en una parte de la cultura, en la costumbre de buscar mejores oportunidades. De esa forma, año tras año se observa gran número de mexicanos que trata de cruzar la frontera norte del país valiéndose de su ingenio y de las más diversas maneras, muchas de las cuales implican exponer la vida. Los migrantes se enfrentan a todo con el objetivo de alcanzar el llamado ``sueño americano''.
La separación física existente entre los migrantes y sus familias los llevó a desarrollar medios de enlace y comunicación, como el envío de cartas, ayuda económica y algunos regalos. En un principio, esos ``envíos'' se llevaban a cabo por amigos o conocidos, también migrantes, que recorrían el mismo trayecto con mayor frecuencia.
Al pasar del tiempo y al observar que la demanda por encomiendas, envíos, encargos y entregas crecía desde ambos lados de la frontera, algunos migrantes comenzaron a fungir como mensajeros. Tanto los que enviaban como los que recibían confiaban plenamente en el mensajero, ya que era conocido por la comunidad.
La demanda creciente de contactar a la familia o de realizar algún envío permitió la proliferación de mayor cantidad de mensajeros. Algunos de ellos, observando las necesidades de los migrantes y de sus familiares, decidieron ofrecer un mejor servicio y con mayor capacidad y cobertura. Con ese objetivo, empeñaron sus bienes y adquirieron autobuses, y comenzaran a prestar de manera regular este servicio.
Esos autobuses mensajeros salen principalmente de estados del centro del país, como Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Aguascalientes, para llevar a los paisanos que van a su destino de trabajo o para traerlos con sus familias.
Ese mecanismo de contacto y de transportación de ``envíos'' ha resultado ser un medio eficaz y confiable para satisfacer las necesidades de los paisanos y de sus familias.
Sin embargo, y pese a que ese medio de transporte, comunicación y envío ha resultado tan eficiente y adecuado para los connacionales, la actividad ha tenido problemas en su desarrollo y no han podido beneficiar a los que arriesgan la vida para mantener a sus familias.
Por esas consideraciones, el grupo de diputados que tenemos contacto con los ``paisanos'' usuarios y con los prestadores de este servicio, y que conocemos el significativo valor del mismo, solicitamos a esta honorable asamblea que se sirva aprobar el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a efecto de que, por tratarse la transportación transfronteriza de un servicio sumamente demandado y valorado por los migrantes mexicanos, se conceda a los prestadores de este servicio la oportunidad de regularizarlo.
Segundo. Que se les dé la oportunidad de presentarse y ser atendidos por los funcionarios de esa Secretaría, con la finalidad de que se analice la actual situación legal de ese transporte.
Tercero. Que a esos prestadores de servicios se dé un plazo adecuado para cumplir los requisitos que se establezcan en el marco jurídico correspondiente.
Solicito a la Presidencia de la Cámara que este punto de acuerdo sea turnado a la Comisión de Transportes.
México, DF, a 5 de abril de 2004.--- Diputados: Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), Francisco Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica), Alvaro Elías Loredo (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Guillermo Huízar Carranza, Arturo Nahle García, Rafael Flores Mendoza, Antonio Mejía Haro, Alonso Moreno Morán (rúbrica), Armando Rangel Hernández, Jorge Carlos Obregón Serrano, Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Salvador Márquez Lozornio (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez, Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Rubén Alfredo Torres Zavala, Miguel Angel Rangel Avila (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Julio González Garza (rúbrica), José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda, Jaime del Conde Ugarte, María Guadalupe García Velasco, Guillermo E. M. Tamborrel Suárez, Raúl Rogelio Chavarría Salas, Ricardo Alegre Bojórquez, Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Y así será, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Transportes.En el uso de la palabra el diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, para que atiendan a ex trabajadores de Petróleos Mexicanos.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya:Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:
A la Comisión de Seguridad Social se ha dirigido con formalidad y respeto un grupo de trabajadores despedidos, viudas y jubilados de Petróleos Mexicanos, habitantes de las zonas petroleras de la Costa del Golfo de México agrupados en la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros, con sede en Villahermosa, Tabasco, a fin de solicitar nuestra intervención en la calidad de representantes populares para que la paraestatal cumpla sus obligaciones en materia de seguridad social.
Dicha coalición agrupa a 750 viudas, en su mayoría de la tercera edad y sin pensión; 950 trabajadores liquidados sin pensión y sin servicios de salud y 900 jubilados a los que la empresa no ha cumplido con la entrega de prestaciones en especie y en dinero de los seguros de salud, vivienda y retiro, que de acuerdo a la Ley del Seguro Social y del Instituto del Fondo de la Vivienda, así como del contrato colectivo de trabajo, debería cumplirse por parte de Pemex.
El relato de esa injusticia es largo y la impunidad con la que está operando Pemex e incluso por encima de la Constitución, es inaudita.
La paraestatal ha omitido la suscripción de convenios con el IMSS y el Infonavit, a fin de compartir responsabilidades y pagar las contribuciones a que están obligados, otorgando ambos institutos y Pemex a sus trabajadores, los servicios y prestaciones constitucionales y legales que comprende la seguridad social.
El problema radica en que al no cotizar al IMSS su tiempo de trabajo al servicio de Pemex, los trabajadores sufrieron un perjuicio respecto de la posibilidad de obtener pensiones de vejez o de cesantía en edad avanzada, las que a partir de la vigencia de la nueva Ley del Seguro Social, corresponde al Gobierno Federal asumir la obligación de garantizar pensiones mínimas. En el caso del Infonavit es de forma similar.
El régimen de excepción en que actúa Pemex ha quedado de manifiesto, no ha cumplido con la Constitución ni con las leyes del Seguro Social y del Infonavit. No ha celebrado con el IMSS y el Infonavit estudios de valoración de prestaciones contractuales conforme a derecho ni ha celebrado los convenios de subrogación de servicios a fin de garantizar la seguridad social a sus trabajadores y las familias. A la fecha y por intervención directa de la legislatura anterior se concedió el servicio médico a viudas, pero sigue pendiente la petición de que se sustraiga una pensión conforme a la ley.
Punto de AcuerdoUnico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado al director general de Petróleos Mexicanos, ingeniero Muñoz Leos; al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y al director del Infonavit, a fin de que atiendan con prontitud y apego a derecho las peticiones formuladas por la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros respecto al cumplimiento de sus garantías y derechos relativos a la seguridad social.
Atentamente.
Y firman diputadas y diputados de la fracción del Partido de la Revolución Democrática.
Gracias, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a que atiendan a ex trabajadores de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos a atender las peticiones de la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros sobre el cumplimiento de sus derechos relativos a la seguridad social, al tenor de las siguientes
Consideraciones1. A la Comisión de Seguridad Social se ha dirigido, con formalidad y respeto, un grupo de trabajadores despedidos, viudas y jubilados de Petróleos Mexicanos, habitantes de las zonas petroleras de la costa del golfo de México, agrupados en la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros, con sede en Villahermosa, Tabasco, a fin de solicitar nuestra intervención, en la calidad de representantes populares, para que la paraestatal cumpla sus obligaciones en materia de seguridad social.
Dicha coalición agrupa a 750 viudas, en su mayoría de la tercera edad y sin pensión; 950 trabajadores liquidados sin pensión y sin servicios de salud; y 900 jubilados, a los que la empresa no ha cumplido la entrega de prestaciones en especie y en dinero de los seguros de salud, vivienda y retiro que, de acuerdo con las leyes del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como del contrato colectivo de trabajo, debería cumplirse por parte de Pemex.
Hasta el momento, las autoridades de la paraestatal se han negado a recibir a los representantes de esos trabajadores y han presentado, a decir de éstos, una actitud poco receptiva a la situación, cada vez más difícil, de esos ex trabajadores y sus familias, provocada por el incumplimiento de sus derechos y garantías.
2. El relato de esa injusticia es largo; y la impunidad con que está operando Pemex, inaudita. La paraestatal ha omitido la suscripción de los convenios con el IMSS y el Infonavit, a fin de compartir responsabilidades y pagar las contribuciones a que están obligados, otorgando ambos Institutos y Pemex a sus trabajadores los servicios y las prestaciones constitucionales y legales que comprende la seguridad social.
El problema radica en que, por no cotizar al IMSS durante el tiempo de trabajo al servicio de Pemex, los trabajadores sufrieron un perjuicio respecto de la posibilidad de obtener pensiones de vejez o de cesantía en edad avanzada, las que, a partir de la vigencia de la nueva Ley del Seguro Social, corresponde al Gobierno Federal asumir la obligación de garantizar pensiones mínimas.
En el caso de Infonavit, de forma similar, aunque la empresa otorgue casas en comodato o arrendamiento, esto no la exime de contribuir al fondo de vivienda, en los términos del artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, y de entregar al trabajador o a sus beneficiarios, en el caso de incapacidad total permanente, jubilación o muerte, los depósitos que el patrón constituyó en su nombre. Esa obligación se produce también cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral y cuente con 50 años de edad.
En ambos casos, los despedidos, las viudas, los jubilados y los que se encuentren en las hipótesis descritas tienen pleno derecho a recibir sus aportaciones del fondo de vivienda y el pago de al menos una pensión por invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada, vejez o muerte. Y los institutos mencionados, el Gobierno Federal y Pemex deben compartir esa responsabilidad.
3. El régimen de excepción en que actúa Pemex ha quedado de manifiesto: no ha cumplido las leyes del Seguro Social y del Infonavit, no ha celebrado con el IMSS y el Infonavit estudios de valoración de prestaciones contractuales conforme a derecho ni ha celebrado los convenios de subrogación de servicios a fin de garantizar la seguridad social a los trabajadores y sus familias.
La anterior no es una simple falta. Estamos ante un posible delito de fraude fiscal, por concederse exenciones de pago de cuotas de seguridad social conforme al Código Penal y a las leyes de seguridad social.
A la fecha, y por la intervención directa de la Legislatura anterior, se concedió el servicio médico a las viudas, pero sigue pendiente la petición de que se les otorgue una pensión conforme a la ley.
La lucha de la coalición se asemeja a una guerra: de 1993 a la fecha han caído 150 de sus integrantes, cuyos padecimientos y miserias pudieron haberse aliviado mediante la prevención y la atención médicas o mediante un ingreso permanente, ambos garantías que la Constitución y las leyes prevén para los trabajadores que construyen la riqueza de la nación.
El Partido de la Revolución Democrática sostiene que, por principios de justicia y humanidad, casos de iniquidades como éste merecen la atención más puntual y urgente de los legisladores. Mientras la sociedad no sea capaz de brindar una situación y un futuro dignos a los enfermos, a los accidentados, a los viejos, a las viudas y a los huérfanos, no podemos pensar en un país de que podamos estar orgullosos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el legislador suscrito somete a consideración de este honorable Pleno el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado al director general de Petróleos Mexicanos, ingeniero Raúl Muñoz Leos; al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Santiago Levy Algazi; y al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, licenciado Víctor Manuel Borrás Setién, a fin de que atiendan con prontitud y sujeción a derecho las peticiones formuladas por la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros respecto al cumplimiento de sus garantías y derechos relativos a la seguridad social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.--- Diputados: Miguel Alonso Raya, Rocío Sánchez Pérez, Adrián Chávez Ruiz, Ana Lilia Guillén, Gelacio Montiel Fuentes, Narciso Agundes Montaño, Juan García Costilla, Javier Salinas Narváez, Guadalupe Morales Rubio, Emilio Serrano Jiménez, Daniel Ordóñez Hernández, José Luis Cabrera Padilla, María del Rosario Herrera Ascencio, Irma Sinforina Figueroa Romero, Miguel Luna Hernández, Edgar Torres Baltasar, Rosa María Avilés Nájera, Alfonso Ramírez Cuéllar, Francisco Javier Carrillo Soberón, Carlos Hernán Silva Valdés, Salvador Martínez Della Rocca, Eliana García Laguna, Santiago Cortés Sandoval, Horacio Duarte Olivares, Héctor Miguel Bautista López.»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias a usted, diputado Alonso Raya.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social por petición... unidas con Seguridad Social a petición del diputado promovente.A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Michoacán realice las acciones necesarias a efecto de que se evite la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en el estado de Michoacán.
El diputado Fernando Espino Arévalo:Con su permiso, señor Presidente:
Los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México solicitan al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Michoacán realicen las acciones necesarias a efecto de que se evite la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en el estado de Michoacán. Por la ambición económica del hombre los bosques y las zonas selváticas sufren en la actualidad un aniquilamiento acelerado que está cambiando la calidad de vida de toda la humanidad.
Lo anterior, no obstante que México es un país megadiverso, calificación que comparten sólo 11 países del mundo. En éstos se concentra el 60% y 70% de las especies del planeta y el 10% de ellas se encuentran en México todavía.
Lo paradójico y absurdo de esta situación es que mientras la Sagarpa autoriza actividades 100% depredadoras de los bosques y selvas, en programas como Procampo, la Semarnat apoya la conservación de estos hábitat.
En tal virtud, se estima que más del 50% de la madera del país proviene de la tala ilegal, deforestándose cada año más de 700 mil hectáreas. La tala clandestina y la erosión en el estado de Michoacán es grave, dado que el estado ocupa hoy a nivel nacional el 5º lugar en biodiversidad y el 3º en producción de madera, sólo superado por Durango y Chihuahua.
Por lo antes expuesto propongo que la Semarnat presente ante esta soberanía los programas del manejo de áreas naturales protegidas en el estado de Michoacán, conforme lo establece el artículo 65 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que la Semarnat solicite a la Policía Federal Preventiva, así como de los gobiernos estatal y municipal de Michoacán su participación y apoyo para evitar que por las carreteras del estado en mención transiten vehículos con productos maderables clandestinos, se conmine al Poder Legislativo del estado de Michoacán para que de manera urgente y prioritaria realice las adecuaciones necesarias al marco jurídico del estado en relación con el tema del desarrollo forestal, conforme lo dispone la Ley Federal de Desarrollo Forestal sustentable.
Para finalizar, por economía procesal y parlamentaria, solicito al Presidente de la Mesa Directiva se inscriba íntegra la presente propuesta en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.
Gracias, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
C. Diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo Federal y al gobierno del Estado de Michoacán que realicen las acciones necesarias a efecto de evitar la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en esa entidad, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM.
Los diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo por la que se solicita al Ejecutivi Federal y al gobierno del estado de Michoacán que realicen las acciones necesarias a efecto de evitar la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en esa entidad, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosCuando los bosques se acaben, no habrá nada: el desierto se extenderá perenne, como el recuerdo de que alguna vez habitaron hombres en la faz de la Tierra. Cuando los bosques se acaben, el silencio reinará porque sin árboles no hay oxígeno, no hay agua potable, no hay humedad, no hay sombra, no hay qué detenga al viento que erosiona, no hay qué nutra al suelo, no hay hogar para los animales pequeños y grandes, no hay hábitat para las plantas menores; es decir, no hay vida.
Pero estos seres vivientes, pequeños y grandes, de raíces anchas o cortas, productores de frutos o maderas, resinas y gomas, no han escapado a la ambición utilitarista del hombre de todos los tiempos, pero particularmente grave del hombre industrializado. Los bosques y las zonas selváticas sufren en la actualidad un aniquilamiento acelerado, que está cambiando ya la calidad de vida de toda la humanidad.
Los bosques del planeta se están acabando, compañeras y compañeros diputados, según dicen los conocedores de la materia, a razón de 40 hectáreas de bosque por minuto, así que, para cuando termine de leer esta propuesta, ya habrá en el mundo unas 200 hectáreas menos de árboles.
Si ustedes están haciendo cálculos, de seguro se darán cuenta de que no viviremos para ver el planeta tierra sin árboles. Sin embargo, y desde mi muy particular punto de vista, la idea no es sólo cuidar el planeta Tierra por los 20 o 30 años más que podamos vivir. Por el contrario, debemos pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, pues la reparación del daño que hemos causado llevará mucho tiempo e implica altos costos.
Por eso, los ecologistas hoy nos pronunciamos porque las instancias de gobierno definan políticas en materia forestal sustentables e integrales, con alcances en el corto, mediano y largo plazos.
No construyamos nuestro mundo actual a costa de los árboles de nuestros hijos ni, mucho menos, lo hagamos en detrimento del aire de nuestros nietos, pues quizá nosotros no podamos evitar que talen un bosque en Brasil, Sudáfrica, Ecuador o Costa Rica, pero sí podemos hacer algo para que no corten ese hermoso árbol de tu colonia tan sólo porque llena de hojas la banqueta de algún pulcro vecino.
Según los cálculos de los científicos más conservadores, si sigue la tala inmoderada de bosques tropicales como lo está siendo hoy, a razón de 40 hectáreas por minuto, se calcula que para el año 2050 la madera y los bosques serán sólo un bello recuerdo del pasado.
Si no hacemos algo hoy mismo para remediarlo, quizá mañana aunque pudiéramos dejar a nuestros hijos montañas de dinero suficientes para comprar 100 comedores de caoba, ellos jamás podrán adquirirlos, pues ningún dinero puede comprar algo que ya se extinguió.
Muchos países desarrollados y grandes empresas multinacionales sólo buscan aprovecharse de la escasez de otros, y ello me hace preguntarme: ¿puede quien tiene el dinero suficiente comprar y talar todos los bosques que quiera a sabiendas de que siempre habrá un país necesitado que acceda a vendérselos?
Por si las calamidades fueran pocas, geográficamente la mayor parte de los bosques tropicales está situada en países en vías de desarrollo y aunque hace sólo algunos años esas selvas y bosques cubrían 14 por ciento del planeta, hoy -debido a la tala inmoderada y sin control- esas reservas naturales (incluido nuestro país) se calcula que alcanzan sólo 7 por ciento del planeta.
El tráfico ilegal de maderas es tan grave como el de armas o el de inmigrantes ilegales. No cabe duda de que Africa se hunde por los intereses hegemónicos de afuera y por el manejo irresponsable de sus políticos, y parecería que se pretende llevar a México a los mismos o peores estadios.
Es cínica la posición que tienen los países ricos hacia el ambiente: depredan y contaminan sin reparo el planeta. Empiezan por no firmar los Protocolos de Kyoto y terminan por financiar la tala de bosques, el tráfico ilegal de maderas y, a veces, el tráfico de armas.
Los países desarrollados tienen los ríos más limpios y los bosques más esplendorosos. No obstante, no mantendrían su nivel de vida si no contaminaran en otros países. Promueven más el desarrollo tecnológico que el humanitario y el ambiental. No sólo fomentan guerras con el financiamiento de armas sino que, además, desertifican y erosionan la tierra de los países en vías de desarrollo, sumiéndolos más en la miseria.
La tierra queda sin la protección de los árboles y, con el viento y las lluvias, es arrastrada, mientras queda sin los nutrimentos necesarios para cultivar. No es posible que se deje a un lado una práctica que daña a la humanidad entera y que empobrece a los pueblos. Por ejemplo, la drogadicción mata a individuos que toman una decisión equivocada, pero la tala clandestina de bosques daña a la humanidad entera.
Los grandes desiertos de Africa y de Asia avanzan a una velocidad impresionante, comiéndose los suelos cultivables y acabando con la fauna y la flora de esos continentes. En México, el clima desértico también se extiende todos los días hacia zonas que tradicionalmente tenían climas más benignos. Los bosques son una barrera natural contra el viento y las raíces de los árboles compactan la tierra y sus nutrimentos.
El incremento de la temperatura ambiental debido a la deforestación ha ocasionado, entre otras cosas, que llueva menos donde regularmente se tenían buenos temporales, se extraigan aguas de los mantos freáticos cada vez a mayor profundidad, corriendo el riesgo de usar para consumo humano agua mineralizada, tóxica y letal. La temperatura de los mares ha variado, lo que afecta a las especies marinas y la propia oxigenación del agua por la disminución del plancton.
La desaparición de bosques lleva consigo la extinción de especies animales que viven allí, creándose desequilibrios en las cadenas biológicas y, consecuentemente, la aceleración de la desertificación.
Los árboles producen oxígeno, purifican el aire, compactan la tierra y forman barreras naturales contra la erosión, regulan el clima, atraen lluvia, son casa de especies animales y vegetales, producen flores, frutos, resinas, gomas y maderas de distintas características, traen sombra y resguardan de deslaves. ¿No les parecen, señoras y señores diputados, razones suficientes para considerarlos nuestros amigos? Todavía, afortunadamente, estamos a tiempo de emprender medidas serias para contrarrestar el daño que hasta ahora hemos hecho, sea por nuestro consumo, por ambición, por inercia o simplemente por omisión.
Es muy grave promover la destrucción de los bosques con tal de conseguir materia prima barata, pero con un impacto devastador para la humanidad, por lo que urge un modelo que estructure el nuevo desorden mundial, controlado por los grandes capitales, los intereses neoliberales y las posturas insensatas de gobiernos y de empresarios. El mundo no pertenece a ricos ni a pobres; el hombre pertenece a la tierra. De nada servirá luchar contra la drogadicción, la tuberculosis o el sida mientras hagamos de este mundo una esfera inhabitable.
A escala nacional, les quiero comentar, México es un país megadiverso, calificación que comparten sólo 11 países, donde se concentran entre 60 y 70 por ciento de las especies del planeta, y 10 por ciento de ellas pueden ser encontrado en México. Todavía.
Infortunadamente, durante el siglo XX desaparecieron en México 45 millones de hectáreas y se recuperó sólo 20 por ciento de éstas. En tal virtud, junto con Indonesia, somos el país que más rápidamente se está deshaciendo de su cubierta vegetal.
De los suelos mexicanos, 80 por ciento ha disminuido de manera drástica su fertilidad por el fenómeno de la erosión, ocasionada principalmente por el cambio de uso de suelo y la tala clandestina.
Lo curioso de esa situación es que mientras la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación otorga permisos, autorizaciones o estímulos para favorecer el desarrollo de la agricultura y la ganadería, actividades 100 por ciento depredadoras de los bosques y selvas del país y un ejemplo de ello es que cuando surgió el Procampo los campesinos que desearan acceder a los subsidios tenían que demostrar que contaban con tierras para sembrar, condición que obviamente incita a la devastación de los recursos forestales por otro lado tenemos a la Semarnat tratando de apoyar y estimular la conservación de nuestros bosques y selvas, y como este caso tenemos muchos otros que hoy debemos erradicar, revisando la viabilidad y sustentabilidad de este tipo de programas, que atentan contra la preservación de nuestro ambiente y nuestro planeta.
Fuera de algunas reservas y parques nacionales, la mayor parte de las áreas naturales protegidas lo es sólo en el papel, ya que siguen siendo objeto de explotación forestal y cacería, por lo menos, es así que del total de áreas naturales protegidas en el país, la mayoría tienen recursos muy limitados, pero 36 de ellas carecen totalmente de los mismos.
Con el pretexto de problemas más urgentes y falta de tiempo, tanto los funcionarios del Gobierno Federal como los del estatal irresponsablemente consideran la solución de los problemas ambientales como alejada o excluida de la elevación del estándar de vida de la población, que de cualquier modo piensan obtusamente que son cuestiones pasajeras e intrascendentes, pero como el daño es más extenso de lo que puede percibirse a partir de informes oficiales más bien oficiosos y del panorama que dan los medios, el futuro está no sólo comprometido sino amenazado.
La catástrofe del ambiente en México rara vez es abordada con seriedad o consistencia por los medios de comunicación, y siempre es minimizada por las autoridades.
Se estima que más de 50 por ciento de la madera en el país proviene de la tala ilegal, por el motivo que sea, se deforestan cada año alrededor de 700 mil hectáreas, y por lo menos 367 áreas boscosas y selváticas en 23 estados están a punto de perder sus recursos forestales. A manera de ejemplo, les puedo comentar que van a tener que pasar por lo menos 65 años para restaurar sólo 650 mil hectáreas que están fuertemente deterioradas.
Considero que la incertidumbre que aún priva en cuanto a la cifra de las tasas de deforestación anual impide un conocimiento real de los esfuerzos y avances para frenar la tala clandestina.
Es urgente realizar un aprovechamiento sustentable e integral de los recursos forestales. No podemos cerrar los ojos ante evidentes impactos negativos en los recursos naturales que estamos sufriendo, cuyos efectos están poniendo en riesgo la salud y las relaciones económicas y sociales. De no frenar los procesos irreversibles de destrucción de los recursos naturales, se cae en el riesgo de perder los bosques y las selvas del país.
Dentro de 25 años, México tendrá entre 25 y 30 millones de nuevos mexicanos y, si no producimos más bosques, estamos condenando a las futuras generaciones a padecer escasez de agua y de alimentos.
La tala ilegal que se presenta en áreas naturales protegidas, sean parques nacionales, reservas de la biosfera o como hayan sido clasificadas zonas boscosas, se da por la conjugación de varios factores.
El cambio de uso de suelo, la falta de interés y atención de las zonas forestales no comerciales y la vigilancia oficial insuficiente son algunos de los problemas críticos que se tienen detectados, pero infortunadamente no existe voluntad para dar una solución integral a éstos, entre otras razones, por las siguientes:
La necesidad económica de los habitantes de esas zonas
Se dice que los habitantes de las zonas montañosas y boscosas de México son los más pobres del país. Requieren una fuente de ingresos económicos para subsistir y no tienen más que tirar árboles para luego sembrar ahí papa, maíz, arroz, trigo, etcétera. Además, la venta de madera es una entrada de dinero que suple en buena parte sus necesidades.
La corrupción de las autoridades encargadas de vigilar esas zonasNunca falta en nuestro país. No sólo los que necesitan tirar un árbol para comer; también existen los que lo hacen como negocio, utilizando como parapeto una maderería o una empresa establecida legalmente, con la ayuda del inspector que revisa las existencias de madera en las bodegas, del policía del retén que recibe un dinero por dejar pasar el cargamento ilegal, y un largo etcétera.
La decisión política de no hacer nada¿Hacerse de la vista gorda es otra forma de corrupción? Las autoridades saben de la tala, de la madera que se moviliza y hasta estiman volúmenes comercializados de productos forestales ilegales (he escuchado que dicen que, de la venta total en madererías, 80 por ciento podría ser producto de talas ilegales), pero prefieren no moverse porque eso puede desatar un conflicto social de proporciones importantes, y eso es veneno puro para un político que aspira a salir en la foto.
Seguramente, me han faltado algunos factores o profundizar en los ya descritos, pero esto da una idea del tamaño del problema, esta complejidad requiere una solución igual de elaborada, es decir, no únicamente intensificando la vigilancia, sino ofreciendo alternativas de vida a la gente que vive en los bosques, capacitando, favoreciendo las plantaciones comerciales para quitar esa presión sobre los bosques naturales, sensibilizando a la población acerca del valor de los servicios ambientales que se generan en bosques y selvas y, claro, estableciendo sanciones fuertes para el binomio talador ilegal-empresario, que es a final de cuentas el que está afectando seriamente bosques y selvas del país.
El país ha perdido más de la mitad de sus bosques en los últimos 60 años y 80 por ciento de la madera que se produce en México proviene de bosques explotados de forma ilícita. El problema afecta no sólo a los pobladores locales, pues los bosques proveen tres cuartas partes del agua que bebemos los mexicanos.
Los bosques aparentemente no compiten con la agricultura. Una hectárea de aguacate o de jitomate siempre va a dar más dinero que una hectárea de bosque. Sin embargo, no existe una visión más falsa porque el bosque nos está dando la captación de agua para que esa plantación se desarrolle; es decir, los bosques nos dan más porque proporcionan la biodiversidad.
Como he comentado, el problema de la tala clandestina y la erosión de las áreas forestales es muy grave a escala nacional, situación que en Michoacán no es diferente, más aún si consideramos que el estado ocupa hoy el quinto lugar en biodiversidad y el tercero nacional en producción de madera, superado sólo por Durango y Chihuahua.
Superficie por tipo de vegetación en km2
Bosque de coníferas y encino 21,861
Bosque espinoso 2,393,
Bosque tropical 33,517
Vegetación acuática 788
Michoacán tiene una extensión de 1 millón 700 mil hectáreas de bosques, de las cuales cada año 250 mil se someten a explotación reglamentada, pero en la realidad medio millón de hectáreas cada año se talan; obviamente, la mitad es de manera clandestina, como ya dije por la conjugación de varios factores y sobre todo con la complicidad de las autoridades federales y las del estado.
Irresponsablemente, las autoridades estatales se declararan incompetentes, los talamontes organizados frustran operaciones policiacas, toman por asalto las cárceles municipales y liberan presos y camiones cargados con madera clandestina.
Los municipios de Zitácuaro, Ocampo, Ciudad Hidalgo, Ario de Rosales, Uruapan y Coalcoman se encuentran entre las regiones con mayores niveles de destrucción de bosques, según la Profepa. Los talamontes han llegado al grado de secuestrar a 150 judiciales que pretendían asegurar madera ilegal. A qué niveles hemos llegado, pues parece que la autoridad además de incompetente se declara con miedo. No cabe duda: aquí sólo se aplica la ley de la selva, claro está en beneficio de unos cuantos y en detrimento de todos.
Las poderosas organizaciones ilegales, reconocidas por el Gobierno Federal y el estatal, se mueven a salto de mata, recorriendo sin cesar la sierra de al menos 61 municipios del estado. Cada año se descubren más de 500 vehículos transportando hasta 1 millón 700 mil metros cúbicos de madera clandestina cuyo destino es alguno de los 2 mil 500 talleres y aserraderos identificados por las autoridades. Se han detectado al menos nueve bandas bien organizadas de talamontes, cuyos integrantes cuentan con motosierras de alto poder, equipo de radiocomunicación, telefonía celular, camiones para transportar troncos, grúas y aserraderos, pero lo más grave del caso es el hecho de que aunque se sabe de ello no se hace nada por evitarlo, además de que seguramente se conoce sólo la punta del iceberg de lo que representan esas mafias, a las cuales no se molesta en lo más mínimo.
La Profepa dio a conocer que si el potencial forestal del estado es de 1 millón de metros cúbicos de madera al año, los talamontes tumban más de 2 millones de metros cúbicos en el mismo periodo. Aunada a la labor de éstos, la deforestación de los bosques michoacanos se debe también al fracaso de los programas de plantación, pues 80 por ciento de los arbolitos no sobrevive, por el descuido irresponsable de las autoridades, casi 160 millones de pesos tirados a la basura en los últimos tres años.
Infortunadamente, la historia se ha venido repitiendo sistemáticamente. Cada año se presupuestan cuantiosas cantidades de recursos para hacer la misma reforestación del año inmediato anterior, lo que nos hace pensar que ello se está convirtiendo en un negocio en sí mismo, lo cual sería muy grave.
En tal virtud, tanto el Gobierno Federal como el estatal deberán redoblar y coordinar esfuerzos en torno de un objetivo común y que realmente se aprovechen los recursos que se asignan para este fin.
La devastación del bosque se da porque hay muchos intereses que impiden que se aplique realmente la ley, que se orienta en favor de la preservación y del mejor manejo de la riqueza natural, pero infortunadamente ésta es letra muerta si consideramos que la Profepa cuenta con sólo 25 inspectores para vigilar el cumplimiento de la misma en los parques industriales, las áreas naturales protegidas, las zonas costeras, las zonas áridas, etcétera, por lo que el número en realidad resulta ridículo, y explica parte de los resultados.
Otro aspecto que vale la pena resaltar es el hecho de que en una década podrían desaparecer los santuarios de la mariposa monarca, situados en el estado de México y Michoacán, debido a la tala clandestina y las políticas equivocadas de reforestación, ya que se ha perdido aproximadamente 70 por ciento de los bosques de oyamel de esta zona.
El ruido taladrante de poderosas motosierras invade, como enorme cigarra sin descanso, el hermoso entorno de los bosques de Michoacán. Como si fuera una fila de hormigas, grúas de alto alcance y camiones último modelo van y vienen de manera incesante; estos últimos, repletos de troncos cortados clandestinamente. La escena es común, casi una costumbre para los lugareños.
Su destino es alguno de los más de 2 mil 500 talleres y aserraderos bien identificados por las autoridades, pero su pasividad es tal, que pasma y enardece. Parecería que estamos invirtiendo los papeles y que actuar al margen de la ley es la regla de oro. No, señoras y señores diputados, no es así: es momento de despertar y de exigir de todos los servidores públicos involucrados en tan importante tema que asuman su responsabilidad o, en su defecto, que se retiren.
El clandestinaje afecta negativamente las comunidades campesinas que manejan legalmente sus bosques, ya que mantiene deprimidos los precios de la madera en la región y genera conflictos que obstaculizan la organización comunitaria interna. La vigilancia para prevenir y sancionar la tala clandestina está a cargo de varias instituciones oficiales; sin embargo, un factor determinante para la vigilancia exitosa es el interés de los propios campesinos en proteger y conservar sus recursos. Por tanto, la participación de éstos se hace indispensable.
Otro factor que poco se señala, pero que resulta igualmente importante, es el hecho de que un reducido número de familias en el estado de Michoacán cuenta con gran poderío económico y político, quienes son los responsables de una parte significativa de la deforestación en el estado, negocio que han venido usufructuando por lo menos en las últimas cinco décadas, sin más responsabilidad que la de aprovechar al máximo los recursos naturales de la región y llenar sus bolsillos de dinero, sin importarles el daño que nos causan a todos, situación que siembra muchas dudas en torno de las citadas familias, ya que parecen, al menos para las autoridades, intocables.
Finalmente, quiero comentar que México ha tenido desde 1884 una legislación referente al uso de los bosques, en su mayor parte dirigida a regular y establecer un control sobre los recursos naturales, que fue transformada en febrero de 2003 en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y estoy seguro de que esa legislación es perfectible, pero si todos hiciéramos nuestra tarea de acuerdo con sus lineamientos combatiríamos gran parte de los problemas que hoy nos aquejan
Empezando por la aplicación de la ley
La tala clandestina,
La sobreexplotación,
La depredación de las áreas forestales
La falta de gobernabilidad en las zonas
La escasa o nula vigilancia y
La ausencia de un esquema de manejo regional integral
Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados propuesta con punto de acuerdo por la que se solicita al Ejecutivi Federal y al gobierno del estado de Michoacán que realicen las acciones necesarias a efecto de evitar la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en esa entidad, para quedar como sigue:
1. La Semarnat deberá impulsar de forma más enérgica el pago de servicios ambientales para fomentar la conservación de las áreas forestales.
2. Que la Semarnat presente ante esta soberanía los programas del manejo de áreas naturales protegidas, en el estado de Michoacán, conforme lo establece el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
3. Se instruya a la Sagarpa y al gobierno del estado de Michoacán para que realicen las gestiones necesarias a fin de prohibir la roza, tumba y quema de las zonas que hoy se dedican o se pretendan dedicar a la agricultura, promoviendo también la modificación de los patrones de siembra de los monocultivos.
4. Que el Ejecutivi Federal y el gobernador de Michoacán realicen las acciones conducentes a evitar la tala clandestina e inmoderada que se lleva a cabo en todas las áreas forestales del estado.
5. Que la Semarnat regule y establezca la obligatoriedad de los sellos certificados que garanticen que los recursos maderables provienen de plantaciones comerciales autorizadas y destinadas a abastecer de ese material o de plantaciones que son reforestadas, promoviendo para estas últimas el otorgamiento de incentivos o estímulos ambientales o fiscales que apoyen su operatividad y permanencia en el tiempo.
6. Que el Ejecutivi Federal y el gobierno del estado de Michoacán reasignen recursos financieros en el presente ejercicio fiscal para que, mediante la Profepa, se lleven a cabo las acciones de prevención y combate de la deforestación y la tala clandestina en el estado de Michoacán, así como las funciones de vigilancia y control que deberán llevarse a cabo con la participación activa de los campesinos de cada región.
7. Que la Semarnat solicite a la Policía Federal Preventiva, así como a los gobiernos estatal y municipal de Michoacán, participación y apoyo para evitar que por las carreteras de esa entidad transiten vehículos con productos maderables clandestinos.
8. Que la Semarnat realice un censo forestal que permita determinar con exactitud la deforestación y la recuperación de las zonas arboladas en el país, que deberá presentar ante esta soberanía con la mayor brevedad.
9. Que la Semarnat regule y estandarice la prestación de los servicios técnico-forestales a que se refiere la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, promoviendo simultáneamente programas de capacitación y asistencia técnica.
10. Se conmine al Poder Legislativo del estado de Michoa-cán a realizar de manera urgente y prioritaria las adecuaciones necesarias al marco jurídico del estado en relación con el tema del desarrollo forestal, conforme lo dispone la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
11. Se instruya a la Semarnat a fin de que reduzca en 50 por ciento los tiempos para dar respuesta sobre el otorgamiento de permisos o autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales.
12. Que el Ejecutivi Federal determine lo necesario para que la Sagarpa no otorgue estímulos o establezca programas que tengan impacto directo o indirecto en los recursos forestales si no cuenta con el visto bueno de la Semarnat.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), María Avila Serna, Maximino Fernández Avila, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Julio Horacio Lujambio Moreno, Javier Orozco Gómez (rúbrica) y Raúl Piña Horta (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Obséquiense ambas peticiones del diputado en cuanto a la publicación tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería.
En el uso de la palabra el diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que destine la cantidad de 270 millones de pesos, como subsidio para ayudar a los consumidores del municipio de Mexicali, Baja California, con objeto de que puedan pagar los recibos de energía eléctrica durante el próximo verano.
El diputado Norberto Enrique Corella Torres:Con el permiso de la Presidencia presento el siguiente punto de acuerdo, para solicitar al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, un apoyo a las familias de Mexicali, Baja California, bajo las siguientes
ConsideracionesAcudo a esta tribuna para presentar una petición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a que canalice recursos como subsidios para ayudar a los consumidores domésticos de Mexicali, Baja California, de electricidad, para contribuir a que hagan frente en mejores condiciones al pago de sus recibos de energía eléctrica durante el próximo verano.
Estoy presentando esta propuesta, porque la situación de las altas temperaturas durante la temporada de calor, son un problema que se padece en el municipio de Mexicali. Sucede que el termómetro alcanza los registros más altos del país y además del mundo entero, hasta los 48 grados centígrados.
El calor es tan fuerte que inclusive durante la noche se vive en un medio ambiente nocivo para la salud humana y el resto de los seres vivos. Además, la temporada de calor implica que la temperatura oscile entre los 42 y los 48 grados centígrados en un periodo que dura cuando menos cinco meses, es decir, de mayo a octubre. El caso es que estas temperaturas provocan altos consumos de energía eléctrica y por lo tanto los habitantes de Mexicali destinan una parte importante del gasto familiar para pagar los recibos de la luz.
Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Baja California, demuestra que las personas de más bajos ingresos destinan hasta el 50% de su gasto familiar para pagar el recibo de la luz durante el verano. Pero además este mismo estudio demuestra que estas mismas familias gastan hasta 2.7 veces lo que gastan las familias del resto del país. Y este mismo estudio demuestra que lo que se requiere como subsidio es la cantidad de 270 millones de pesos.
Por lo tanto, el suscrito, a nombre de los diputados de Acción Nacional, presenta como punto de acuerdo el solicitar al Poder Ejecutivo que se destine la cantidad de 270 millones de pesos como subsidio para ayudar a las familias de Mexicali, Baja California, a pagar los recibos de energía eléctrica durante el próximo verano.
Por economía he presentado una versión sintetizada, sin embargo, solicito a la Presidencia que se publique íntegro el punto de acuerdo que voy a entregar a la Secretaría, tanto en la Gaceta Parlamentaria como en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a destinar 270 millones de pesos como subsidio para ayudar a los consumidores del municipio de Mexicali, Baja California, a pagar los recibos de Energía Eléctrica durante el próximo verano, presentada por el diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del pan.
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo, para solicitar al Poder Ejecutivi Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, ajuste a la baja, la tarifa residencial durante el verano para el municipio de Mexicali, en el estado de Baja California, bajo las siguientes
ConsideracionesAcudo a la máxima tribuna del país para presentar una petición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a que canalice recursos, como subsidios, para ayudar a los consumidores domésticos de electricidad del municipio de Mexicali, Baja California, para contribuir a que hagan frente, en mejores condiciones, al pago de sus recibos de energía eléctrica durante el próximo verano.
Presento esta propuesta porque aun cuando existen en toda la nación diversas demandas de importancia e impacto presupuestal considerable, la situación de las altas temperaturas durante la temporada de calor son un problema que se padece en el municipio de Mexicali. Así, el termómetro alcanza los registros más altos del país y del mundo entero: hasta los 48 grados centígrados. El calor es tan fuerte, que inclusive durante la noche se vive en un medio ambiente nocivo para la salud humana y el resto de los seres vivos. Además, la temporada de calor implica que la temperatura oscile entre los 42 y los 48 grados centígrados en un periodo que dura al menos cinco meses, es decir, de mayo a octubre.
El caso es que estas temperaturas provocan altos consumos de energía eléctrica, y por lo tanto los habitantes de Mexicali destinan un parte importante del gasto familiar para pagar los recibos de luz. Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Baja California demuestra que las personas que menos ganan destinan hasta el 50% de su ingreso familiar para pagar el recibo de la luz durante el verano. Pero además demuestra que lo que gastan las familias de Mexicali en este rubro es 2.7 veces más que lo que gastan las familias del resto del país. Este mismo estudio demuestra que la cantidad requerida como subsidio para este verano asciende a 270 millones de pesos.
Compañeros diputados: ya se ha dicho que lo que ocurre en cualquier parte del país es materia de estudio de esta asamblea y por ello acudo a esta tribuna para solicitar su apoyo. Es importante que atendamos este reclamo de los habitantes de Mexicali. Es un problema que tiene más de treinta años y que provoca una gran irritación popular. En tres décadas de movilizaciones, no se ha logrado que los funcionarios del Poder Ejecutivo entiendan la magnitud del problema. Es evidente que existe una visión centralista que impide captar las particularidades de cada región y tal parece que el termómetro decide quienes son mexicanos de primera y de segunda.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado federal de la LVIII Legislatura en la Cámara de Diputados, y en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se solicita al Poder Ejecutivo a que destine la cantidad de 270 millones de pesos como subsidio para ayudar a los consumidores del municipio de Mexicali, Baja California, a pagar los recibos de energía durante el próximo verano.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, Distrito Federal, a 5 de abril de 2004.--- Dip. Norberto Corella Torres (rúbrica.)»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Como lo solicita el promovente, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En el siguiente punto del orden del día esta Presidencia instruye a la Secretaría a efecto de que dé lectura a los puntos de acuerdo contenidos en la propuesta de los diputados Maximino Fernández Avila y Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y que tiene qué ver con un exhorto a la Profepa y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a efecto de colocar puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y Chiapas, para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
Con todo gusto, señor Presidente.
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través de la Dirección General de Inspección de Vida Silvestre y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a colocar puntos de supervisión e inspección en las carreteras de los estados de Oaxaca y Chiapas, para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el 25 de marzo de 2004.--- Firman la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán y el diputado Maximino Fernández Avila.
Cumplida su encomienda.
«Escudo.--- LIX Legislatura.--- Cámara de Diputados del H. Congreso del la Unión.
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LIX Legislatura.--- Presente.
Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa y a la Secretaría de Seguridad Publica Federal a colocar puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas a efecto de combatir las practicas de trafico ilícito de especies, presentada por los diputados Maximino Fernández Ávila y Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.
Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se turne a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPara exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión e inspección en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas, con objeto de combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies.
Lo anterior se solicita con fundamento en los siguientes
AntecedentesEl segundo factor que ha influido significativamente en la pérdida de la riqueza natural mexicana es el comercio ilegal de flora, fauna y sus derivados, ya que en la mayoría de los casos desata una intensa captura y colecta de especies, lo que ha llevado a muchas de ellas al borde de la desaparición.
El tráfico de plantas y de animales silvestres es ilegal en la mayoría de los casos, por lo cual no se tienen cifras precisas de su magnitud. Sin embargo, todos los días se trafica en los mercados de la mayoría de las ciudades de la República con diversas especies de flora (particularmente con cactáceas, palmas, helechos y orquídeas) y especies animales, como psitácidos (guacamayas, loros, pericos), mamíferos (monos, nutrias, armadillos, mapaches), reptiles (tortugas, iguanas, boas, serpientes, ranas, camaleones) y muchas más que, en su mayoría, se encuentran en categoría de riesgo o peligro de extinción.
La demanda comercial de plantas y de animales silvestres y de sus productos derivados obedece, en la mayoría de los casos, a que el consumidor final desconoce el efecto ambiental de ese consumo. Por ejemplo, pocas personas saben que muchas veces, al capturar a un animal para que llegue a las tiendas de mascotas, hay que matar a la madre y a algunos otros miembros de la familia que lo protegen, o que por cada perico o loro que llegan vivos a una casa, en todo el proceso han muerto entre 6 y 12 animales más, debido a los terribles métodos de captura, a las inhumanas condiciones de transporte y almacenamiento, a la alimentación inadecuada y al gran estrés a que son sometidos.
Además, desconocen, en la mayoría de los casos, los riesgos que representa para la salud humana poseer ciertas especies, principalmente de animales silvestres, que pueden ser portadores o vectores de enfermedades peligrosas que pueden llegar a transmitir al hombre, por ejemplo, los pericos australianos.
Otro de los factores que han contribuido en gran medida a la demanda popular de flora y de fauna silvestres o de sus productos es la existencia de ritos y falsas creencias acerca de las propiedades mágicas y medicinales de algunas plantas y animales silvestres, creando así mayor presión en sus poblaciones.
El desconocimiento y poca difusión de su biología son, pues, las principales causas de la excesiva demanda de fauna y de flora silvestres y de sus productos derivados, cuyo comercio es ilegal en México, excepto en algunos casos de aves canoras, reptiles y otras especies que se reproducen en cautiverio, bajo condiciones y permisos especiales.
Pese a estar prohibidas esas prácticas, la escasa vigilancia y control por parte de las autoridades permite que se incrementen en diferentes puntos de la República Mexicana, primordialmente en los estados de Oaxaca y de Chiapas, consecuencia de la pobreza, desinformación y variedad biológica, la de mayor riqueza del país.
Un ejemplo lo representan las constantes denuncias de tráfico de huevos o derivados de tortuga y el aprovechamiento ilegal de aves canoras y de ornato, que aparecen en diversos medios de comunicación que, como es por todos conocido, son trasportadas por carretera para llegar a sus puntos de venta.
Hasta la fecha, las autoridades ambientales han implantado prácticas de vigilancia en los lugares de arribo de las especies de tortuga marina, inspección a uniones de pajareros, capturadores, criadores, vendedores, etcétera, pero las medidas continúan siendo insuficientes, ya que dejan desprotegidas las vías primarias de comunicación.
Por todo lo anterior, como integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante la Dirección General de Inspección de Vida Silvestre, y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión e inspección en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a 5 de abril de 2004.--- Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica, pa, del diputado Maximino A. Fernández Avila).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Seguridad Pública.
En el uso de la palabra el diputado Fernando García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que solicita la creación de la comisión especial para definir el futuro de México.
El diputado Fernando Alberto García Cuevas:Con su venia, señor Presidente.
En México no tenemos arraigada una cultura de planeación a largo plazo y esto se refleja con claridad en el tamaño y en los alcances de los planes gubernamentales, que en el mejor de los casos son de solamente seis años y en algunos municipios de tres.
Sin embargo, es importante hacernos algunas preguntas. La falta de planeación estratégica a largo plazo, nos debe de hacer reflexionar qué le podemos decir a los jóvenes de hoy que tienen 25 años, sobre el México que tendrán en el año 2025. ¿Qué expectativas de vida digna tendrán para entonces? ¿Qué expectativas de vida y desarrollo tendrán millones de niños que ahora nacen para el año 2025? ¿Cuántos pobres, desempleados y enfermos tendremos para entonces? ¿Cuántos mexicanos habremos expulsado al extranjero? ¿Cuántos años más nos durará el petróleo y los mantos acuíferos? ¿Cuántos mexicanos tendrán una oportunidad para construir una forma digna de vivir? ¿De qué manera será el sistema de partidos en nuestro país y cómo estará nuestra democracia?
Estas preguntas y muchas otras más requieren de una respuesta clara y contundente. ``Si no está definido el rumbo jamás encontraremos viento favorable'', afirmó el visionario pensador.
Es responsabilidad de los líderes conocer y señalar el rumbo, así ha sido en todos los tiempos, por lo que es necesario concentrar información estratégica que produce el sector público, privado y social, para elaborar un gran diagnóstico nacional y que sea justamente la Cámara de Diputados la responsable de elaborar un gran diagnóstico nacional acerca de lo que somos hoy en México y poder desde ahí, desde ese diagnóstico, poder lanzar líneas de acción gubernamental para definir nuestro porvenir.
Por lo tanto me propongo presentar como punto de acuerdo la constitución de una comisión especial de prospectiva para la definición del futuro de México, con base en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y pedir a todos su apoyo justamente para ponernos de acuerdo sobre la calidad de país que queremos, sobre la calidad de nación que queremos para beneficio de todos los mexicanos.
Es cuanto, señor Presidente.
«Comisión Especial de Prospectiva
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En representación del grupo parlamentario del PRI en la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, el Punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para Definir el Futuro de México, bajo el tenor de las siguientes
ConsideracionesCuántas veces hemos escuchado en nuestro país, que en México no hay rumbo, que a ciencia cierta no sabemos con claridad lo que será de México en los próximos veinticinco o treinta años.
En México no tenemos arraigada una cultura de planeación a largo plazo y esto se refleja con claridad en el tamaño y en los alcances de los planes gubernamentales de desarrollo nacional y estatales, que en el mejor de los casos son por sólo seis años y en algunos municipios, como es sabido, tres años únicamente.
Sin embargo nuestra sociedad es multidinámica, cada día nacen más mexicanos, que reclaman casa, educación, trabajo, salud y sustento, así como también, cada vez aumenta más nuestra posibilidad de vida, lo que naturalmente nos lleva a comprender la necesidad presente y futura, de mayores espacios territoriales y potencialmente mayores volúmenes de recursos naturales, por cierto no renovables, para atender a una población que ahora es de poco más de 100 millones de seres humanos y en el futuro de muchos millones más de mexicanos.
Actualmente ¿qué le podemos decir a los jóvenes que hoy tienen 25 años, sobre el México que tendrán en el año 2025?, ¿qué expectativas de vida digna tendrán para entonces?
¿Qué expectativas de vida y desarrollo tendrán millones de niños que ahora nacen, en el año 2025?
¿Cuántos pobres, desempleados y enfermos tendremos para entonces? ¿Cuántos campesinos habrán sobrevivido a la mancha urbana?
¿Cuántos mexicanos habremos expulsado al extranjero por falta de oportunidades en su tierra natal?
¿Cuántos años más nos durará el petróleo y los mantos de agua? ¿Cuántos mexicanos tendrán una oportunidad para construir una forma digna de vivir?
¿Sobrevivirá nuestro sistema de partidos político? ¿Cómo será nuestra democracia?
¿Cuáles serán los valores y los ideales que guiarán a nuestra sociedad para entonces?
Estas preguntas y muchas otras más requieren de una respuesta clara y contundente que le permita a los mexicanos saber hacia dónde se orientan nuestros pasos como sociedad y gobierno.
``Si no está definido el rumbo, jamás encontraremos viento favorable'', afirmó el visionario pensador.
Es responsabilidad de los líderes conocer y señalar el rumbo, así ha sido en todos los tiempos.
Es necesario concentrar información estratégica que permita elaborar un gran diagnóstico nacional y a partir de éste, producir desde la propia Cámara escenarios prospectivos que permitan a los gobiernos prevenir y actuar con paso firme en su toma de decisiones con seguridad e imprescindible visión de futuro.
No podemos seguir contemplando un mundo que cambia a pasos agigantados y nosotros mantener a un México que no se atreve, en medio de pugnas políticas que desaceleran el paso y alejan los acuerdos que deben definir el rumbo.
En otras latitudes del planeta los gobiernos tienen planes a veinte y treinta años, incluso en el Japón tienen planes para el año 2090, en el que esperan poder utilizar recursos naturales de la Luna, para beneficio de la humanidad.
Los mexicanos necesitamos ponernos de acuerdo sobre la calidad de país que queremos y la nación que necesitamos para beneficio de los mexicanos; así lo exige la sociedad y nosotros mismos.
Debemos planificar el futuro de la República, saber a ciencia cierta cómo lo vamos a conseguir y la parte que a cada quien corresponde realizar.
Por lo anterior, someto a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita:
Unico. Se constituya una Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México, con base en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
La Comisión Especial para Definir el Futuro de México se integrará de manera plural, con un máximo de 22 diputados, teniendo entre otras funciones rectoras las de:
A) Recopilar información estadística, para realizar los diagnósticos sobre cada rubro de interés nacional; apoyándose con los centros institucionales y áreas de investigación, estudio y análisis, dentro y fuera de la Cámara.
B) Elaborar un gran diagnóstico nacional, que permita conocer con visión de futuro y prospectiva, las posibilidades de México en el año 2025.
C) Con visión de largo plazo, proponer líneas de acción gubernamental que contribuyan a crear un futuro seguro para todos.
Es cuanto, señor Presidente.
México, DF, a 01 de abril de 2004.--- Diputado Fernando Alberto García Cuevas.»
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.Tiene la palabra el diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar se reabra la investigación sobre el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
El diputado Pedro Avila Nevárez:Con su permiso, señor Presidente.
``Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, la corrupción y la impunidad'', esas fueron las palabras del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, aquel mítico 6 de marzo de 1994, parteaguas de lo que seguiría y sin embargo 10 años después podríamos seguir repitiéndolas una y una vez más.
¿Hasta cuándo sabremos la verdad del caso Colosio? ¿Hasta cuándo sabremos? ¿Hasta cuándo la Procuraduría General de la República nos dará el nombre de los asesinos intelectuales? Es una pregunta que se hace la sociedad mexicana día a día, una sociedad con hambre y sed de justicia, una sociedad agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abusos de las autoridades o por la arrogancia en las oficinas de gobierno.
¡Sí, estas son la palabras del malogrado candidato a la Presidencia de la República! ¿Por qué retomo estas palabras? ¡Porque los mexicanos no podemos seguir permitiendo que la sociedad olvide, porque corremos el riesgo de convertirnos en una sociedad sin tiempo y sin memoria! ¡Estamos perdiendo la capacidad de asombro! Ya no nos sorprende nada y eso mis compañeros diputados, como representantes del pueblo, ¡no lo podemos permitir!
¿Cuál es el nombre y cargo de los responsables de las investigaciones actualmente, así como los informes, datos o resultados que hayan arrojado las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, en atención a que durante el trámite de la averiguación previa respectiva, diversas personas estuvieron fungiendo como responsables de su integración, se considere la posibilidad de realizar una revisión de las actuaciones practicadas, a efecto de evaluar el desarrollo de la investigación?
¡Ya basta! ¡Las pesquisas se sustentan en declaraciones, muchas de ellas contradictorias, porque la investigación es insuficiente a todas luces! ¡Ya basta! ¡Tenemos en la investigación más de 174 tomos, más de 68 mil 293 fojas, más de 293 anexos, más declaraciones de 551 solicitudes de información a dependencias, más de 982 investigaciones, cuatro fiscales especiales nombrados, 18 homicidios de investigación; todas estas personas que fueron muertas, fueron muertas porque están vinculadas y sabían algo del atentado; de este atentado que aunque se quiera decir de otra cosa, fue un crimen de Estado.
En conclusión, señor Presidente, ¿a quién se protege o a quién quieren que no se dañe?, ¿por qué funcionarios de la Procuraduría General de la República recientemente, establecieron ante compañeros legisladores que no existe una petición formal ante la autoridad acompañada de nuevos elementos que sustenten la procedencia de la reapertura del caso?
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito proponer a su consideración el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Nos indigna profundamente las expresiones de una ineficaz procuración e impartición de justicia, porque es ahí donde encontramos la fuente de agravios personales y tragedias familiares de mayor envergadura y que categóricamente lastiman a la sociedad mexicana.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Le ruego concluya, por favor diputado.
El diputado Pedro Avila Nevárez:...Que se realice atenta excitativa al Ejecutivo Federal, a efecto de que la Procuraduría General de la República se aboque a la revisión de la investigación y reapertura en su caso del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, en virtud de que a la fecha los mexicanos no estamos convencidos con la veracidad de la misma.
Le pido, señor Presidente, que se incluya en el Diario de los Debates y que aparte de eso, se llame al señor Ernesto Zedillo y a Salinas para que uno y otro digan lo que saben sobre este caso.
«Proposición con punto de acuerdo.
Con el permiso de la Presidencia:
El suscrito, diputado Pedro Avila Nevárez electo en el V distrito del estado de Durango, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente.
Punto de AcuerdoEs la hora de cerrarle el paso al influyentismo, la corrupción y la impunidad'', esas fueron las palabras del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, aquel mítico 6 de marzo de 1994, parteaguas de lo que seguiría y sin embargo, 10 años después podríamos seguir repitiéndolas una y una vez más.
¿Hasta cuando sabremos la verdad del caso Colosio?, es una pregunta que se hace la sociedad mexicana día a día, una sociedad ``con hambre y sed de justicia, una sociedad agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abusos de las autoridades o por la arrogancia en las oficinas de Gobierno''. Sí, éstas son las palabras del malogrado candidato a la Presidencia de la República.
¿Por qué retomo estas palabras? Porque los mexicanos no podemos seguir permitiendo que la sociedad olvide, porque corremos el riesgo de convertirnos en una sociedad sin tiempo y sin memoria, estamos perdiendo la capacidad de asombro, ya no nos sorprende nada y eso, mis compañeros diputados, como representantes del pueblo, no lo podemos permitir...
Es en este sentido y ante el justo reclamo de justicia de la familia Colosio y en particular de su padre, el senador Luis Colosio Fernández, no se han recibido respuestas a las siguientes cuestiones:
Cual es el nombre y cargo del o los responsables de las investigaciones, actualmente, así como los informes, datos o resultados que hayan arrojado las investigaciones realizadas por la policía a la fecha.
En atención a que durante el trámite de la averiguación previa respectiva, diversas personas estuvieron fungiendo como responsables de su integración, se considere la posibilidad de realizar un revisión de las actuaciones practicadas, a efecto de evaluar el desarrollo de la investigación.
Porque no se han continuado ni se han profundizado las líneas de investigación sobre el asesinato.
Necesitamos de una vez por todas que aclaren los hechos.
¡Ya basta! La sociedad mexicana necesita tener los elementos que le den certidumbre como consecuencia de una investigación clara, profunda y sin perjuicios.
¡Ya basta! Las pesquisas se sustentan en declaraciones, muchas de ellas contradictorias, por lo que la investigación es insuficiente a todas luces.
¡Ya basta! Tenemos en la investigación más de 174 tomos, más de 68 mil 293 fojas, más de 293 anexos, más de 1 mil 993 declaraciones, más de 551 solicitudes de información a dependencias, más de 982 investigaciones, más de 326 dictámenes judiciales, cuatro fiscales especiales nombrados, 18 homicidios presuntamente vinculados al atentado, 26 líneas de investigación, más de 20 reuniones de las comisiones legislativas sobre el caso, 13 videograbaciones del evento en Lomas Taurinas, 20 instituciones nacionales y extranjeras que apoyaron la investigación y con todo esto no tenemos todavía una respuesta.
En conclusión, señor Presidente:
¿Tenemos la seguridad de que lo que nos han informado, es totalmente cierto?
¿Tenemos acceso a toda la información, incluyendo aquella clasificada como confidencial?
¿Por qué esta información es considerada confidencial?
¿En dónde quedó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información?
¿Qué está contenido ahí que los mexicanos y en específico los familiares del licenciado Colosio no podemos saber?
¿A quién se protege o a quién quieren que no se dañe?
¿Por qué funcionarios de la PGR, recientemente establecieron ante compañeros legisladores que no existe una petición formal ante la autoridad acompañada de nuevos elementos, que sustenten la procedencia de la reapertura del caso?
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito proponer a su consideración el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Nos indignan profundamente las expresiones de una ineficaz procuración e impartición de justicia, porque es ahí donde encontramos la fuente de agravios personales y tragedias familiares de mayor envergadura y que categóricamente lastiman a la sociedad mexicana, por eso es que se realiza atenta excitativa al Ejecutivo Federal, a efecto de que la Procuraduría General de la República se avoque.
A la revisión de la investigación y reapertura en su caso, del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, en virtud d la fecha los mexicanos no estamos convencidos de la veracidad de la misma.
Atentamente.
México, DF, a 25 de marzo de 2004.--- Diputado Pedro Avila Nevárez.»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Salud y de Gobernación, así como a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios a que apliquen puntualmente la normatividad en relación con la publicidad y comercialización de los llamados medicamentos ``milagro''.
Tiene la palabra, señora diputada.
La diputada María Cristina Díaz Salazar:Gracias, señor Presidente.
El artículo 221 de la Ley General de Salud define como medicamentos toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tengan efectos terapéutico, preventivo o rehabilatorio, que se presente en forma farmacéutica y que se identifique como tal, por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas.
Cuando un producto contenga nutrimentos será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada, vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presenten en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.
Por otro lado, la Dirección de Control de Sanitario la Publicidad de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios, tiene como objetivos el evitar que a través de la publicidad se cometan fraudes a la salud, alertar a la población sobre daños potenciales e inducir hábitos y conductas favorables.
El artículo 1° del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad dispone, que tiene por objeto reglamentar el control sanitario de la publicidad, de los productos, servicios y actividades a que se refiere la Ley General de Salud.
El artículo 4° señala que toda la publicidad destinada a ser difundida en el territorio nacional independientemente de su procedencia, se ajustará a lo dispuesto a la ley, a este Reglamento y a las demás disposiciones aplicables.
Asimismo, se prohíbe la publicidad que propicie atentar o poner en riesgo la seguridad o integridad física o mental o la dignidad de las personas o la que no sea comprobable o no corresponda a la calidad sanitaria, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo de los productos o servicios. Cuando:
Primero. Induzcan al error.
Segundo. Oculte las contraindicaciones necesarias, y
Tercero. Exagere las características, propiedades de los productos o servicios.
Cuando así lo requiera la Secretaría, el anunciante tendrá la obligación de comprobar las aseveraciones que realice en su publicidad sobre la calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficio de empleo de los productos o servicios, así como señalar el grupo objetivo al que dirige su publicidad, para lo cual deberá presentar la información técnica y científica que se le solicite.
Por otro lado, el Título Quinto del Reglamento, denominado Publicidad e Insumos para la Salud, comprende las disposiciones que se deben observar respecto a los medicamentos y remedios herbolareos.
El artículo 40 establece que la publicidad dirigida a la población general comprende la difusión que se realice de los medicamentos que para adquirirse no requieran receta médica y a la que se realice a través de los remedios herbolareos.
Considerando que es público y notorio que en los medios electrónicos de comunicación se han venido difundiendo mensajes sobre diversos productos...
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Le ruego pueda leer el resolutivo, para terminar diputada.
La diputada María Cristina Díaz Salazar:...Cuyos anunciantes no se le atribuye la calidad de medicamentos y a los cuales aquéllos les confiere propiedades terapéuticas o de rehabilitación.
Puntos de AcuerdoPrimero. Se requiere al titular del Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal de Protección contra los Riesgos Sanitarios, para que informen a esta Cámara sobre la relación de productos que sus anunciantes no cataloguen como medicamentos.
Segundo. Que la Secretaría de Salud y la Cofepris requieran a los anunciantes, comprueben las aseveraciones que se realicen en su publicidad sobre la calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficio de empleo de los productos o servicios, así como señalar el grupo objetivo al que dirige su publicidad, para lo cual deberá presentar la información técnica y científica que se le solicite y, por último, que dentro de las atribuciones que tiene conferidas la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, verifique si la publicidad utilizada para anunciar esos productos, también conocidos como ``medicamentos milagro'', se encuentra ajustada a la normatividad vigente y en caso contrario proceda conforme a lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Radio y Televisión.
Gracias.
«Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a que apliquen puntualmente la normatividad en relación con la publicidad y comercialización de los llamados ``medicamentos milagro'', a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI.
La diputada María Cristina Díaz Salazar, diputada por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del PRI a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) e i) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a las Comisiones de Salud y de Economía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes
AntecedentesEl artículo 221 de la Ley General de Salud define como medicamentos toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas, cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.
Por otro lado, la Dirección de Control Sanitario de la Publicidad de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene como objetivos, el evitar que a través de la publicidad se cometan fraudes a la salud, alertar a la población sobre daños potenciales e inducir a hábitos y conductas favorables.
Para ello, sus actividades se orientan fundamentalmente a evaluar y vigilar la publicidad de productos y servicios objeto de control sanitario, que se difunden a través de los medios de comunicación dirigidos a la población en general, tal y como lo establece la Ley General de Salud y su Reglamento en Materia de Control Sanitario de la Publicidad.
La dirección mencionada es el área responsable de tramitar las autorizaciones sanitarias de publicidad, respecto de algunos servicios y productos, entre los que se encuentran los insumos para la salud, tales como medicamentos y remedios herbolarios, medicamentos genéricos intercambiables, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos.
El artículo 1° del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad dispone que tiene por objeto reglamentar el control sanitario de la publicidad de los productos, servicios y actividades a que se refiere la Ley General de Salud.
El artículo 4° señala que toda la publicidad destinada a ser difundida en el territorio nacional, independientemente de su procedencia, se ajustará a lo dispuesto en la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Dicho ordenamiento dispone que la publicidad empleada deberá ser congruente con las características o especificaciones que establezcan las disposiciones aplicables para los productos o servicios objeto de la misma, para lo cual no deberá:
I. Atribuirles cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitatorias, nutritivas, estimulantes o de otra índole, que no correspondan a su función o uso, de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables o en la autorización otorgada por la Secretaría;
II. Indicar o sugerir que el uso o consumo de un producto o la prestación de un servicio, es un factor determinante para modificar la conducta de las personas, o
III. Indicar o inducir a creer explícita o implícitamente que el producto cuenta con los ingredientes o las propiedades de los cuales carezca.
Asimismo, se prohibe la publicidad que propicie atentar o poner en riesgo la seguridad o integridad física o mental o dignidad de las personas y la que no sea comprobable o no corresponde a la calidad sanitaria, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo de los productos o servicios, cuando:
I. Induzca al error;
II. Oculte las contraindicaciones necesarias;
III. Exagere las características o propiedades de los productos o servicios;
IV. Indique o sugiera que el uso de un producto o la prestación de un servicio, son factor determinante de las características físicas, intelectuales o sexuales de los individuos, en general, o de los personajes reales o ficticios que se incluyen en el mensaje, siempre que no existan pruebas fehacientes que así lo demuestren, y
V. Establezca comparaciones entre productos cuyos ingredientes sean diferentes, cuando por ello se puedan generar riesgos o daños a la salud.
Cuando así lo requiera la Secretaría, el anunciante tendrá obligación de comprobar las aseveraciones que realice en su publicidad sobre la calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficio de empleo de los productos o servicios, así como señalar el grupo objetivo al que dirige su publicidad, para lo cual deberá presentar la información técnica y científica que se le solicite.
El Título Segundo del reglamento en cita se refiere a la publicidad de la prestación de servicios de salud. Por disposición del artículo 17 la publicidad no podrá ofrecer técnicas y tratamientos preventivos, curativos o rehabilitatorios de carácter médico o paramédico por correspondencia o mediante folletos, instructivos, manuales u otros medios informativos, salvo en aquellos casos en que se cuente con autorización de la Secretaría.
No se autorizará la publicidad de la prestación de servicios de salud cuando:
I. Desvirtúe o contravenga la normatividad aplicable en materia de prevención, tratamiento o rehabilitación de enfermedades;
II. Ofrezca tratamientos preventivos, curativos o rehabilitatorios de naturaleza médica o paramédica cuya eficacia no haya sido comprobada científicamente o
III. No se acredite que el establecimiento o persona que preste el servicio cuente con el personal capacitado, los recursos técnicos y materiales adecuados y con los demás elementos que al respecto exijan las disposiciones aplicables.
Por otro lado, el Título Quinto del reglamento, denominado ``Publicidad de insumos para la salud'', comprende las disposiciones que se deben observar respecto a los medicamentos y remedios herbolarios. En esta materia, el artículo 40 establece que la publicidad dirigida a la población en general, comprende la difusión que se realice de los medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y la que se realice de los remedios herbolarios.
La publicidad de medicamentos dirigida a la población en general podrá incluir la descripción de las enfermedades propias del ser humano, diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación expresada en los términos de su registro sanitario y en lenguaje adecuado al público al que va dirigida. Estos mensajes siempre deberán identificar al emisor con la marca del producto o su razón social.
La publicidad de medicamentos y remedios herbolarios dirigida a la población en general, deberá:
I. Ajustarse a las indicaciones aprobadas por la Secretaría en la autorización del producto y
II. Incluir en forma visual para impresos, auditiva para radio, así como visual y auditiva para cine y televisión la leyenda: consulte a su médico, así como expresar la precaución correspondiente cuando el uso de los medicamentos represente algún peligro ante la presencia de cualquier cuadro clínico o patológico coexistente.
Conforme al artículo 44, no se autorizará la publicidad de medicamentos y remedios herbolarios dirigida a la población en general cuando:
I. Los presente como solución definitiva en el tratamiento preventivo, curativo o rehabilitatorio de una determinada enfermedad;
II. Indique o sugiera su uso en relación con sintomatologías distintas a las expresadas en la autorización sanitaria del producto;
III. Altere la información sobre posología que haya autorizado la Secretaría;
IV. Promueva su consumo a través de sorteos, rifas, concursos, coleccionables u otros eventos en los que intervenga el azar;
V. Promueva el consumo ofreciendo a cambio cualquier otro producto o servicio;
VI Haga uso de declaraciones o testimoniales que puedan confundir al público o no estén debidamente sustentados;
VII. Emplee técnicas de caricaturización que puedan confundir e inducir a los menores de edad al consumo de los productos y
VIII. Omita las leyendas señaladas en la fracción II del artículo 43 de este Reglamento.
Además de lo señalado anteriormente, el artículo 45 del Reglamento establece que la publicidad de remedios herbolarios deberá:
I. Limitarse a publicitar un efecto sintomático con base en la información expresada en la etiqueta;
II. Abstenerse de publicitarlos como curativos y
III. Incluir además de la leyenda señalada: consulte a su médico, otra leyenda precautoria que la Secretaría determine, con base en el riesgo para la salud que el producto represente o, en su defecto, la siguiente: este producto no ha demostrado científicamente tener propiedades preventivas ni curativas.
Por otra parte, el artículo 12 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece las atribuciones de la Secretaría de Salud para autorizar la propaganda de medicamentos, tratamientos y de prevención o de curación de enfermedades, así como imponer las sanciones que correspondan a sus atribuciones.
El artículo 67 del ordenamiento en cita dispone que la propaganda comercial que se transmita por la radio y la televisión no transmitirá propaganda o anuncios de productos industriales, comerciales o de actividades que engañen al público o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades.
ConsiderandoQue es público y notorio que en los medios electrónicos de comunicación se han venido difundiendo mensajes sobre diversos productos cuyos anunciantes no les atribuyen la calidad de medicamentos y a los cuales aquéllos les confieren propiedades terapéuticas o de rehabilitación.
Que estos productos también conocidos como ``medicamentos milagro'' se presenten como solución definitiva en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado padecimiento, tal como se aprecia notoriamente en la publicidad empleada.
Que estas actividades que se atribuyen a los productos publicitados pueden generar confusión en el público consumidor.
Que la publicidad que se dé sobre ciertos productos debe otorgar la certeza al público consumidor de que efectivamente dichos productos no constituyen estrictamente medicamentos y que además contienen el aval de la autoridad y que previa verificación, ha constatado las propiedades que estos productos o anunciantes les atribuyen.
Que dadas las regulaciones existentes en el marco legal y reglamentario descrito en los antecedentes de esta proposición, se hace necesario que se requiera al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud para que, por una parte informe sobre la vigilancia y verificación que haya hecho para efectivamente, concluir que un determinado producto no es un medicamento y por otro lado, avalar o certificar que aun no siendo un medicamento, el producto tiene las calidades o propiedades que dice tener.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. Se requiere al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y del Cofepris, para que informen a esta Cámara sobre la relación de productos que sus anunciantes no cataloguen como medicamentos.
Segundo. Que la Secretaría de Salud y el Cofepris requiera a los anunciantes comprueben las aseveraciones que realice en su publicidad sobre la calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficio de empleo de los productos o servicios, así como señalar el grupo objetivo al que dirige su publicidad, para lo cual deberá presentar la información técnica y científica que se le solicite.
Tercero. Que la Dirección de Control Sanitario de la Publicidad del Cofepris informe sobre las acciones emprendidas en torno, a la publicidad utilizada por los anunciantes para publicitar los productos conocidos como ``medicamentos milagro''.
Cuarto. Que dentro de las atribuciones que tiene conferidas la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, verifique si la publicidad utilizada para anunciar estos productos también conocidos como ``medicamentos milagro'', se encuentra ajustada a la normatividad vigente y, en caso contrario, proceda conforme lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Radio y Televisión.
Cámara de Diputados, a 22 de marzo de 2004.--- Diputada María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señora diputada.
Túrnese a las comisiones de Salud y de Gobernación.Tiene la palabra el diputado Manuel Pérez Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades y a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que encuentren un equilibrio que resuelva la situación que actualmente enfrenta el régimen de jubilaciones y pensiones de esta institución, rogando a los legisladores que pasen a la tribuna cumplan con el acuerdo de hablar hasta tres minutos.
Adelante, señor diputado.
El diputado Manuel Pérez Cárdenas:Gracias, señor Presidente:
Los que suscribimos, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura, nos permitimos someter al conocimiento de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:
El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las más nobles e importantes instituciones con que contamos los mexicanos, cuidarla y fortalecerla es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, como lo ha sido de las anteriores generaciones, que nos la legaron. La salud y la seguridad social de más de 56 millones de mexicanos depende directamente del IMSS, que brinda estos servicios a través del diario quehacer de sus actuales 375 mil trabajadores activos.
En octubre pasado las autoridades del IMSS y la representación de sus trabajadores llevaron a cabo la revisión de su contrato colectivo de trabajo. La revisión contractual culminó exitosamente en la mayor parte de los apartados, incluyendo un tratamiento especial para lo relacionado con el régimen de jubilaciones y pensiones que las partes convinieron revisar en un periodo adicional. La revisión del régimen de jubilaciones y pensiones implica, necesariamente, la disposición de las partes para hacerlo.
A pesar de ser un acuerdo contractual, sus implicaciones lo hacen de una naturaleza más complicada.
En realidad, la revisión de ese régimen implica el previo reconocimiento de la necesidad de adecuar el Instituto para una nueva etapa de su vida, los cambios en la población del país y en el mercado laboral, se reflejan como factores ineludibles de cambio en la manera como se organiza el IMSS, para cumplir con su elevada encomienda.
Es por eso que nadie debe ver en los cambios que en el régimen de jubilaciones las nuevas circunstancias del país obligan a plantear una manera de afectar los derechos de los trabajadores. El alcance de ese cambio, debiera basarse en el resultado de los estudios que para el efecto han sido realizados por las partes, quienes con responsabilidad generaron una propuesta que contempla los que estimaron indispensables para garantizar, a la vez, la viabilidad financiera a la institución y que los trabajadores sigan disfrutando de esas prestaciones.
En su mayoría, las propuestas de reforma no fueron aceptadas por el Congreso Sindical, si bien entendemos lo complejo que resulta para la dirigencia sindical el procesar con su base asuntos de naturaleza tan compleja, estimamos que los resolutivos de ese Congreso, para que sean verdaderamente útiles a la solución de la enorme problemática que enfrenta a la institución, pueden ser replanteados a la brevedad.
Por lo que sabemos, actualmente se enfrenta en condiciones que pueden representar una última llamada para alcanzar una solución consensuada entre las partes.
Ante este panorama, los diputados queremos plantear el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta respetuosamente a las autoridades y a los trabajadores del IMSS, para que dentro de un marco de acción que permita construir acuerdos jurídicamente válidos, se retornen a la brevedad el análisis y discusión del régimen de jubilaciones y pensiones como medio para construir una solución de fondo a la situación que enfrenta ese régimen actualmente en vigor para los trabajadores activos y los futuros trabajadores de la institución.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades y a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a encontrar un equilibrio que resuelva la situación que actualmente enfrenta el régimen de jubilaciones y pensiones de esta institución, a cargo del diputado Manuel Pérez Cárdenas, del grupo parlamentario del PAN.
C. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.
Los que suscribimos, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter al conocimiento de esta Asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una de las más nobles e importantes instituciones con que contamos los mexicanos. Cuidarla y fortalecerla es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, como lo ha sido de las anteriores generaciones, que nos la legaron.
La salud de más de la mitad de la población nacional depende directamente del IMSS, que se hace llegar mediante el diario quehacer de sus actuales 350 mil trabajadores activos.
En octubre pasado, las autoridades del IMSS y la representación de sus trabajadores llevaron a cabo la revisión del contrato colectivo de trabajo. La revisión contractual culminó exitosamente en la mayor parte de los apartados, incluyendo un tratamiento especial para lo relacionado con el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), que las partes convinieron en revisar en un periodo adicional de cinco meses, que se cumplieron el pasado 15 de marzo.
La revisión del RJP implica necesariamente la disposición de las partes para hacerlo. Pese a ser un asunto contractual, sería equivocado pensar que ésa es, solamente, su naturaleza. En realidad, la revisión de ese régimen implica el previo reconocimiento de la necesidad de adecuar al Instituto para una nueva etapa de su vida.
Los cambios en la población del país y en el mercado laboral se reflejan como factores ineludibles de cambio en la manera en que se organiza el IMSS para cumplir su elevada encomienda y, también, en la relación que tiene establecida con sus trabajadores.
Por eso nadie debe ver en los cambios que las nuevas circunstancias del país hacen obligatorios una manera de afectar derechos de los trabajadores.
El alcance del cambio debería ser el que determinan los rigurosos estudios que para el efecto han sido realizados con la participación del propio Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
A partir de las conclusiones de esos estudios, la institución y la representación sindical -esta última, mediante su Comité Ejecutivo Nacional (CEN)- generaron una propuesta que considera los cambios mínimos e indispensables para garantizar, a la vez, la viabilidad financiera de la institución y que los trabajadores sigan disfrutando de esas prestaciones.
Sin embargo, las propuestas del CEN del sindicato no fueron aceptadas por el congreso sindical. Los resolutivos de ese congreso son claramente insuficientes en relación con la gravedad de las amenazas que enfrenta la institución.
Ello podría significar el inicio de procesos legales, con potenciales riesgos para la operación y la prestación normal de los múltiples servicios que proporciona el IMSS.
Ante ese panorama, los diputados federales que suscribimos, integrantes de los diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, preocupados por las posibles consecuencias que ese evento pueda tener sobre el bienestar de los mexicanos, hemos coincidido en proponer el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorte a las autoridades y al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a encontrar en el plazo legalmente establecido (que vence este martes 30 de marzo) un equilibrio que, basado con seriedad en los resultados actuariales de los estudios realizados al efecto, resuelva de fondo la situación que enfrenta hoy día el régimen de jubilaciones y pensiones vigente para los 350 mil trabajadores activos y para los futuros trabajadores de la institución. Debemos todos evitar un mayor deterioro de esta institución, vital de nuestro México.
San Lázaro, DF, a 30 de marzo de 2004.--- Diputados: Manuel Pérez Cárdenas, Carla Rochín Nieto, Roberto Colín Gamboa.»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución...
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Un momento, ¿con qué objeto?, diputado Vega.
Activen el sonido en la curul del diputado.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):
Primero, me llamo Wintilo Vega.
Y segundo, en términos del 148, con los compañeros que están levantando la mano conjuntamente conmigo, le solicitamos sea nominal la votación.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Muy bien, diputado, gracias.
Solicito a la Secretaría instruya activar el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para tomar la votación nominal.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:¿Sí, diputado?
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):
Le rogaría pudiera clarificar la Secretaría lo que está poniendo a votación.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de si se considera de urgente resolución la proposición hecha por el diputado Manuel Pérez Cárdenas.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 137 votos en pro, 260 en contra y dos abstenciones.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:En consecuencia no se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Seguridad Social.
Tiene la palabra el diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Comisión Federal de Electricidad, el cambio de la División Centro-Sur, a la División Centro-Occidente, de los municipios de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro, Tzitzio y Tuzantla, del estado de Michoacán.
Adelante, señor diputado.
El diputado Israel Tentory García:Gracias.
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Hemos solicitado el uso de la tribuna para exponer una sentida queja de los ciudadanos de los municipios de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Tuzantla, Tzitzio y Carácuaro, del estado de Michoacán, municipios en donde habitan unas 120 mil personas, las que señalan que reciben un maltrato y un deficiente servicio en el suministro de energía eléctrica por parte de la División Centro-Sur, con sede en Cuernavaca, Morelos y desde 1993, se ha hecho una serie de gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad, sin que hasta la fecha se haya atendido la queja.
Para sustentar lo dicho se anexan documentos tales como recibos de luz que van desde los 10 mil hasta 102 mil pesos, quejas por escrito de los usuarios, las que son desechadas invariablemente, cobros directos en efectivo realizados indebidamente por personal de la Comisión. En fin, compañeros, es una larga lista de anomalías que se presentan por aquella región, la que, para colmo, es de las de alta y muy alta marginación.
De esta situación están enterados amplia, oportuna y detalladamente, desde el Presidente de la República, el cual sólo se ha limitado a turnar el caso a la Comisión Federal de Electricidad y ésta simplemente no contesta, situación, actitud, que tiene muy desesperada a la ciudadanía de estos municipios michoacanos.
En vista de tantas anomalías, los usuarios de estos municipios han expresado su determinación de cambiarse para que sea la División Centro-Occidente la que los atienda, señalando para ello, que dicha División no recibe tantas quejas por su servicio, además que atiende el 97% de los michoacanos.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta al Ejecutivo Federal y en particular a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, a que con base en lo expuesto, se lleven a cabo las acciones necesarias, para que los municipios señalados pasen a ser atendidos en el suministro de energía eléctrica, por la División Centro-Occidente de la Comisión Federal de Electricidad con sede en Morelia, Michoacán.
Le solicito, diputado Presidente, que el presente punto de acuerdo sea sometido de obvia y urgente resolución.
Es cuanto.
«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al titular de la Comisión Federal de Electricidad el cambio de la división centro sur a la división centro occidente, de los municipios de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro, Tzitzio y Tuzantla, del Estado de Michoacán, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del PRD
Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:
AntecedentesHe solicitado el uso de la tribuna para exponer una queja muy sentida que me han expresado los ciudadanos de los municipios de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Tuzantla, Tzitzio y Carácuaro, del estado de Michoacán. Poblaciones en las que habitan aproximadamente 120,000 personas.
La queja de estos michoacanos es hacia el mal trato y el mal servicio que les presta la Comisión Federal de Electricidad, particularmente la División Centro Sur, con sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Dicha queja data desde 1993 y a la fecha no ha habido autoridad con la suficiente sensibilidad y disponibilidad para resolver el problema.
Los señalamientos que estoy haciendo los soporto con una serie de documentos tales como:
Recibos de cobros de luz verdaderamente insultantes, pues se trata de hogares muy modestos, estos cobros van desde los $10,000, hasta los $102,000 pesos.
Quejas y reclamos por escrito de los usuarios.
Cobros directos y en efectivo realizados indebidamente por los supervisores.
Resoluciones emitidas por el órgano de control interno de la Comisión, el que invariablemente desestima las pruebas presentadas por los usuarios, por mencionar sólo algunos.
Para el requerimiento de estos pagos, la superintendencia que se localiza en Ciudad Altamirano, Guerrero, sin autoridad para ello, se da el lujo de emplazar a los usuarios para que en un plazo de 72 horas pasen a liquidar los supuestos adeudos.
Es muy común en esta zona, que en el suministro de energía eléctrica continuamente se registren apagones, los que en muchos de los casos han dañado los pocos enseres domésticos con los que cuentan las familias, de lo cual la Comisión no se hace responsable. Pues para ello la empresa diseñó una Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en donde destacan artículos como el 27, en donde se deja muy claro que la Comisión no incurre en responsabidades por interrupciones, dejando así al usuario en un estado completo de indefensión.
En esta misma ley los artículos 40 y 42, entre otros, señalan una larga lista de sanciones a los usuarios, más no las hay para quien realiza el suministro, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, la cual prácticamente no es responsable de nada.
Por otro lado, en el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, los artículos 34, 35 y 37 dejan muy claro que la CFE no incurre en responsabilidades ante fallas en el suministro.
Este reglamento sólo contempla responsabilidades a la parte suministradora (CFE), en el artículo 40, concretamente en el segundo párrafo, pero de las quejas que algunos usuarios han presentado, la Comisión se erige como juez y parte, al ser el órgano interno de control de la misma Comisión Federal de Electricidad, quien dictamina y emite las resoluciones sobre las quejas presentadas en su contra y, en todos los casos, las reclamaciones de los usuarios son declaradas improcedentes. También de esto contamos con bastantes pruebas documentales al respecto.
Es importante destacar que muchas de las anomalías que se han presentado las generan los supervisores en campo de la misma CFE. Me explico: es muy común que el supervisor no realice debidamente la inspección de los medidores y cuando se presenta a realizar el requerimiento, él mismo sugiere al usuario hacer en ese momento el pago en efectivo. Desafortunadamente, este funcionario no ingresa dicho pago al sistema de cómputo de la Comisión y la deuda sigue creciendo, de esto también poseo las pruebas documentales.
En fin compañeros, es una larga lista de anomalías, las que se presentan en el servicio público de energía eléctrica por aquella región. Región que por cierto, y por si esto fuera poco, es donde se encuentran los municipios de más alta marginación.
De esta situación están enterados oportuna, amplia y detalladamente el Presidente de la República, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el secretario de Energía y, sobre todo, el ingeniero Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, que a la fecha no han dado respuesta a este problema, que ha generado, y con justa razón, una gran inconformidad en los usuarios.
En vista de tantas anomalías, los usuarios de estos municipios han expresado su deseo de cambiarse de división y pasar a la Centro Occidente, señalando que ésta atiende al 97% de la población michoacana y no hay tantas quejas del servicio prestado por ésta. Prueba de ello es que en los tres últimos años la División Centro Occidente ha obtenido el Premio Nacional de Calidad. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración, con carácter de obvia y urgente resolución, el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta al Ejecutivi Federal y en particular a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, a que en base a todo lo expuesto se lleven a cabo las acciones pertinentes para que los municipios señalados pasen a ser atendidos en el suministro de energía eléctrica por la División Centro Occidente de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Morelia, Michoacán.
Diputados: Israel Tentory García y Pascual Sigala Páez (rúbricas).»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la negativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:No se considera de urgente resolución y en consecuencia, se turna a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ordene que se lleve a cabo la sustitución, manejo y disposición final de los bifénilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen, donde quiera que éstos se ubiquen.
El diputado Fernando Espino Arévalo:Con su permiso, señor Presidente.
Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a la consideración de esta soberanía la propuesta con punto de acuerdo para que la Sermarnat ordene que se lleve a cabo la sustitución, manejo y posesión final de los bifénilos policlorados, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn los años 20 dos investigadores alemanes lograron sintetizar una familia de sustancias insolubles del agua, químicamente estables, con gran capacidad aislante y cuyo punto de ebullición era tan elevado, que resultaban prácticamente inflamables, bifénilos policlorados comercialmente denominados askareles. Los askareles altamente clorados, son los causantes de daños al aparato reproductor de los seres vivos y el impedimento del desarrollo y crecimiento de las plantas.
En virtud de la magnitud del problema, diversos países y organismos internacionales suscribieron una serie de acuerdos, como el Convenio de Basilea, destacando que se prohibe la manufactura, importación, exportación y venta de askareles.
Se establece la responsabilidad de los países sobre el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos, se prohibe la incineración, la difusión, la liberación de los residuos que contenga la sustancia. Cabe resaltar que la incineración de askareles genera compuestos cancerígenos y mutagénicos como los dixiomas y uranos.
No obstante lo anterior, el 90% de los transformadores del país, tienen esa sustancia, además un alto porcentaje de éstos están sobrecargados y sin dispositivos de seguridad. Según estimaciones del Gobierno, en el 2003 había en el país más de 40 mil toneladas de ascareles líquidos sobre todo en poder de la Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y Ferrocarriles Nacionales.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía que la Semarnat realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo de inmediato el manejo y disposición final de los askareles, así como los materiales y equipos que estén en contacto con éstos en todo el país, conminando a la Secretaría para que por ningún motivo se incineren o confinen en el territorio nacional los mismos.
Que la Semarnat presente ante esta soberanía un informe detallado sobre el paradero de los equipos y cantidad de líquido que presumiblemente iba a tratar la empresa Tijuana Servicios Ecológicos.
Que la Sermarnat informe a esta soberanía sobre la ubicación de los lugares y almacenamiento de los askareles de las instituciones públicas y privadas y las previsiones que tomó en torno a las mismas, así como las acciones emprendidas en contra de las instancias responsables por el manejo inadecuado de estas sustancias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LIX Legislatura.---Presente.
Proposición con punto de acuerdo, por el que se propone que la secretaria de medio ambiente y recursos naturales ordene que se lleven a cabo la sustitución, el manejo y la disposición final de los bifénilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen, donde quiera que estos se ubiquen, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Propuesta de punto de acuerdo, por el que se propone que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ordene que se lleve a cabo la sustitución, manejo y disposición final de los bifénilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen, dondequiera que estos se ubiquen, al tenor que sigue:
Diputadas y diputados de esta honorable asamblea, señoras y señores:
AntecedentesDado que de manera permanente el hombre se ha preocupado por tener cada vez mejores condiciones de vida y de trabajo, día con día se ve en la necesidad de realizar invenciones e innovaciones, con el fin de que estas le brinden el confort necesario en los diferentes escenarios en los que transcurre su vida.
La industria química no escapa a esta perspectiva, de tal suerte que para los años veinte dos investigadores alemanes lograron sintetizar una familia de sustancias insolubles al agua, químicamente estables, con gran capacidad aislante, y cuyo punto de ebullición era tan elevado que resultaban prácticamente inflamables. Realizar el descubrimiento de un producto de esta naturaleza, cuyas características físicas y químicas ofrecían excelentes resultados para la industria eléctrica, significó un gran avance, dichos productos se denominan bifénilos policlorados (BPC), conocidos comercialmente como ``askareles'' entre otros nombres.
Hasta 1929, la empresa estadounidense Monsanto comenzó su producción industrial. Otras firmas, de diversas nacionalidades, hicieron lo propio y los llamaron de diferentes formas, como nepolin, inclor, diaclor, asbesto, pyralene, entre otros. Su empleo tenía varias ventajas con respecto a otras sustancias como el aceite: reducían el tamaño de los equipos y permitían que éstos fueran colocados en cualquier sitio sin mayores protecciones, dado que no había riesgos de explosión. En suma, aparentemente ofrecían comodidad y seguridad.
Propiedades fisicoquímicasLos BPC's son compuestos organoclorados de fórmula condensada C12H10-nCln, donde n=1, 2, 3...10. Son sustancias de viscosidad variable que van de líquidos a sólidos; de consistencia resinosa cuando contienen altas cantidades de cloro; tienen una elevada estabilidad química; no son hidrolizables; son resistentes al calor y a la oxidación. En estado líquido, pueden ser incoloros hasta amarillos, de olor fétido y textura viscosa. Cuentan con un bajo grado de evaporación y al mezclarlos con otros compuestos pueden modificar sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. Tienen puntos de inflamación elevados debido a la presencia de cloro; no son solubles en agua, pero sí en solventes orgánicos, aceites y grasas vegetales o sintéticas. Las moléculas de bifénilos policlorados en forma separada se conocen como congéneres o bifénilos sustituidos mono, bi, tetra, etcétera. Se reconoce la existencia de 209 congéneres diferentes, y la mezcla de varios bifénilos con diferente grado de cloración da como resultado un aroclor o askarel, o bien, cualquiera de los nombres de los fluidos comerciales.
Exposición de MotivosLos bifénilos policlorados o PCB (por sus siglas en inglés), comúnmente llamados askareles o aroclors, se han utilizado desde los años treinta como líquidos aislantes en transformadores donde se requiere una elevada resistencia al fuego y en capacitores por su alta permitividad.
Esta anómala sustancia al ser liberada, causa efectos adversos inmediatos o retardados sobre el ambiente, por bioacumulación y/o efectos tóxicos sobre los sistemas bióticos.
En la actualidad, se ha detectado la presencia de ciertos isómeros de BPC dentro del medio ambiente tanto en agua, suelo, aire, así como en materiales orgánicos grasos de plantas y animales. Las investigaciones realizadas han demostrado que los bifénilos policlorados son compuestos extremadamente resistentes a la biodegradación y por su dispersidad, persistencia y acumulación en los ecosistemas se han catalogado como material tóxico ambiental.
Por otro lado, y después de los accidentes que involucraron BPC en los cuales se produjo la intoxicación de seres humanos por ingestión en Yusho, Japón, y exposición a gases tóxicos provocados por un incendio en Binghamton, Estados Unidos. En consecuencia se desarrollaron diferentes estudios para determinar la toxicidad de estos compuestos, dando como resultado que los causantes principales de las intoxicaciones fueron dioxinas y benzofuranos policlorados, los cuales son subproductos de la descomposición térmica de BPC sometidos a temperaturas elevadas (<300°C) como las que se alcanzan durante su manufactura o en un incendio. Lo anterior, ha llevado a la mayoría de los países industrializados a prohibir la fabricación, venta y uso de BPC y regular de manera estricta los que aún permanecen en uso, principalmente en equipo eléctrico.
En México, la problemática de los BPC se remonta a los años cuarenta con la importación de una gran cantidad de fluidos aislantes y equipo eléctrico procedente de Estados Unidos y de Europa, por lo que se puede considerar que dichos compuestos han existido en nuestro país por lo menos desde hace 50 años sin contar con los programas y la legislación necesaria para un manejo ambientalmente seguro, hasta hace relativamente poco tiempo, pero la laguna legislativa fue subsanada por el Congreso mexicano en fecha reciente, a través de la aprobación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Sin embargo, aunque la legislación vigente obliga a las industrias maquiladoras a regresar sus desechos industriales a su país de origen, esto no ocurre así, pues siempre se anteponen una serie de intereses, sin importar las consecuencias de dichos actos.
Debido a sus buenas propiedades dieléctricas, térmicas y lubricantes, los bifénilos policlorados se han empleado en diferentes sectores de la industria; las aplicaciones reportadas en otros países de acuerdo con su uso predominante son las siguientes: capacitores (incluyendo balastros para lámparas fluorescentes); transformadores en aceite; plastificantes en resinas dieléctricas y en hules; papel copia sin carbón; fluidos hidráulicos; aceites lubricantes y de corte; líquidos para transferencia de calor; pigmentos para pinturas, selladores, adhesivos, tintas de impresión, ceras para pisos y agentes desengrasantes. El uso de BPC dentro de la industria eléctrica se basó en tres ventajas fundamentales: elevada permitividad, resistencia intrínseca al fuego y su estabilidad química. Inicialmente, se utilizaron en capacitores BPC puros con un elevado contenido de cloro, mientras que en transformadores se usaron mezclas de BPC (aroclors) diluidas con triclorobenceno.
Principales aplicaciones de los BPC.Usos PorcentajeCapacitores 50.95
Transformadores: 26.27
Plastificantes: 9.07
Fluidos hidráulicos y lubricantes: 6.36
Papel para copia sin carbón: 3.50
Usos industriales misceláneos: 2.07
Fluidos de transferencia de calor: 1.59
Aditivos de petróleo: 0.15
Total 100
Durante algunos años, no se habían tenido grandes preocupaciones sobre los posibles efectos de los BPC en la salud humana, hasta que varios incidentes hicieron que tanto la comunidad científica como el público en general comenzaran a preocuparse por los efectos de estas sustancias.
Desafortunadamente, las propiedades que hacen tan útiles a los BPC son la causa de que estos compuestos permanezcan intactos aun después de usarse y ya no ser necesarios. Desde de 1960 empezó la preocupación por estas sustancias. En 1966, después de más de treinta años de uso de los BPC, se detectó en un estudio realizado en el mar Báltico, que esta sustancia estaba presente en todos los peces de la región, y con ello se encontró la propiedad de acumulación en los seres vivos es decir se bioacumulan. Más tarde ocurrió en Japón, en 1968, donde se contaminaron sembradíos con estos compuestos, lo que provocó que 1,800 personas se intoxicaran por la ingestión accidental de aceite de arroz contaminado. A partir de estos estudios, en todo el mundo diferentes países comenzaron a legislar prohibiendo la producción, uso, comercio y liberación al ecosistema de los BPC.
Algunos de los estudios llevados a cabo sobre animales han demostrado que éstos sufren problemas de crecimiento hepático (agrandamiento del hígado) debido al esfuerzo por eliminarlo.
Los BPC más altamente clorados son los causantes de trastornos al aparato reproductor de los seres vivos y el impedimento al desarrollo y crecimiento de las plantas.
Investigaciones desarrolladas mas recientemente, han concluido que los BPC, son cancerígenos.
La experiencia en otros países ha demostrado que además de la exposición accidental, la dieta es la fuente principal de ingreso de los BPC para los humanos. El pescado proporciona las mayores cantidades de estos productos, aunque se ha encontrado también en bajas concentraciones en pollo, carne, productos agrícolas y en la leche y sus derivados. Los BPC se absorben en los tejidos adiposos y tienden a concentrarse en los niveles superiores de la cadena alimenticia, particularmente en los pájaros que comen peces, en otros animales y en humanos, es decir, se ``bioacumulan''.
En virtud de la magnitud del problema aquí planteado, diversos países y organismos internacionales suscribieron una serie de acuerdos para hacer frente a este enorme riesgo, siendo uno de los más importantes el Convenio de Basilea, el cual fue firmado y ratificado por 116 países, mismo que entró en vigor el 15 de mayo de 1992, de los compromisos pactados podemos destacar los siguientes:
Prohibir la manufactura importación, exportación y venta de BPC, así como de los productos, equipos y artículos que los contengan;
La responsabilidad de los países sobre el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos, y los BPC son uno de éstos;
Controlar los usos actuales, su transporte, manejo y almacenamiento, además de acelerar los procesos necesarios para sustituirlos;
Fijar controles a los productos, artículos y equipos contaminados con dichas sustancias;
Tratar y disponer adecuadamente los desechos sólidos y líquidos que contengan niveles de BPC superiores a 50 partes por millón (ppm), así como aquellos materiales y equipos que los hayan contenido, y
Prohibir la incineración o la dilución deliberada de residuos que contengan la sustancia.
Cabe resaltar respecto del punto anterior que, la incineración de los askareles genera compuestos cancerígenos y mutagénicos como las dioxinas, furanos y, nuevamente, bifénilos policlorados. Es por esto, que la incineración de residuos clorados y en especial de BPC es una tecnología rechazada a escala internacional. Al menos así lo reconocieron los gobiernos signatarios del Convenio de Estocolmo, del cual formamos parte, situación que como integrantes del Partido Verde Ecologista aplaudimos y exigimos su estricto cumplimiento.
Sin embargo, México no cuenta con la infraestructura necesaria para dar el tratamiento que estas sustancias requieren, ya que todos los bifénilos policlorados y sus contenedores deben ser tratados de forma tal que no se atente contra la salud de las personas y el medio ambiente, de ahí que se les exporte a países que cuentan con la capacidad técnica para darles un tratamiento adecuado, de tal suerte que tenemos conocimiento de que entre 1995 y 1997 salieron del país, 2,903 toneladas de BPC, de las cuales se embarcaron 1,406 rumbo a Finlandia, 664 a Holanda, 460 a Estados Unidos, 371 a Inglaterra y dos a Francia.
En éste manejo se vieron involucradas una serie de empresas particulares obviamente autorizadas por la Semarnat, mismas que en su mayoría cuenta con procesos y equipos adecuados para el manipular estas sustancias, pero desafortunadamente hace más de 10 años se permitió la instalación de un incinerador de PCB en la ciudad de Tijuana, BC, aunque posteriormente esta autorización se revoco por la presión de diversos sectores de la sociedad, durante el tiempo que opero la empresa Tijuana Servicios Ecológicos tenemos conocimiento de que trasladó 18 toneladas de askareles del Sistema de Transporte Colectivo para su incineración, situación que nunca ocurrió e incluso se desconoce el paradero del cargamento, igualmente sucedió con las empresas: Ecología Laboratorio y Consultores (Ecolac), y Metachem, mismas que presuntamente realizarían el tratamiento y disposición final de sendos cargamentos de askareles propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, y los resultados no fueron diferentes a los de la primera.
De igual forma es necesario precisar que desde 1988, en México, no se instalan nuevos equipos con ese aceite, sin embargo, 90 por ciento de los transformadores del país que siguen funcionando hoy día tienen esa sustancia, así que está regado por toda la República, en sí representa un peligro; según datos del mismo gobierno, se estima que un alto porcentaje de los transformadores están sobrecargados y con sus dispositivos de seguridad sin funcionar. así, el peligro de una explosión está presente, eso lo han dicho los mismos funcionarios, de ahí la urgente necesidad de que tomemos de inmediato las acciones preventivas que puedan evitar lamentaciones futuras.
Desafortunadamente las malas condiciones, combinadas con malos manejos y la irresponsabilidad de algunas autoridades, han provocado un manejo imprudente de los BPC. Los casos más conocidos en el país relacionados con el manejo inadecuado de askareles han sido el de Nuevo Mercurio, Zacatecas; Ciudad Juárez, Chihuahua; Perote, Veracruz; San Nicolás, en Nuevo León; Reynosa, Tamaulipas; los puertos de Altamira, Tampico y Veracruz; Valle de Bravo, estado de México, en los que se han visto involucradas, tanto empresas paraestatales como privadas.
A pesar de que México suscribió los acuerdos internacionales, el gobierno mexicano enfrenta un problema mayor. En el 2003 se estimaba que en el país había más de 40,000 toneladas de askareles líquidos, sobre todo en manos de la Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos y Ferrocarriles Nacionales de México, información oficialmente reconocida, pero este inventario no es plenamente confiable, ya que entre otros falta considerar los contenedores, materiales y equipos contaminados con esta sustancia, ya que éstos representan hasta 5 veces el volumen líquido, así como una gran cantidad de empresas e instituciones públicas y privadas, con lo cual la cantidad total es inmensamente superior.
Las autoridades mexicanas tienen un alto nivel de conocimiento sobre este problema, desafortunadamente, tal conocimiento no se ha traducido en acciones firmes, a pesar de los acuerdos internacionales ya mencionados, y de que existe la legislación que regula el manejo y disposición final de los askareles, misma que establece límites en el tiempo. Esta situación que puede convertirse, si no es que ya se convirtió, en un problema mayúsculo, tanto para las autoridades como para las empresas públicas y privadas, porque las fechas límite ya están más que presentes.
Como ya he comentado, las fechas límite ya están definidas, tanto en los convenios internacionales como en la Norma Oficial Mexicana NOM-133-ECOL-2000, por lo que a todos conviene elaborar un programa de aplicación inmediata, de lo contrario, empresas de muy diversos sectores e instituciones médicas y educativas serán sorprendidas con estrechos márgenes de maniobra y por plazos demasiado cortos, lo único cierto es que no hay escapatoria. Los acuerdos internacionales ya fueron firmados por el gobierno mexicano y, como se sabe, por ese hecho adquieren el rango de ley nacional, más aún, si tomamos en cuenta que éste es un problema que tiene qué ver con la salud pública y el medio ambiente, y con ello no se juega.
En la medida en que podamos empaparnos de las repercusiones que el presente problema nos podría traer y la posición que adoptemos, serán los resultados que en el presente y futuro observaremos, porque ya no sólo basta con tener plena conciencia y buena voluntad para resolver dicha situación, sino que debemos ser claros, precisos y concretos para atacar de manera férrea y agresiva a este complejo enemigo de la humanidad.
Es por lo antes citado, y dadas las características tan agresivas de la multicitada sustancia y los graves riesgos que ello implica para todos los mexicanos, que no podemos, ni debemos soslayar esfuerzos para tomar acciones concretas e inmediatas, dado que estamos hablando no sólo del medio ambiente y la salud de las personas, que podrían utilizar o manipular en un momento dado los BPC o los equipos que los contienen, sino de la población en general.
Por lo anteriormente expuesto, y fundado, los diputados que signamos el presente documento ponemos a consideración del Pleno de esta soberanía la propuesta de puntos de acuerdo por la que se propone que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ordene que se lleve a cabo la sustitución, manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen, dondequiera que estos se ubiquen, al tenor que sigue:
Primero.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo de inmediato, el manejo y disposición final de los bifénilos Policlorados desincorporados, así como de los contenedores, materiales y equipos que hayan estado o estén en contacto con los mismos, en toda la Republica Mexicana, conminando a la Secretaría para que por ningún motivo se incineren o confinen en el territorio nacional los mismos.
Segundo.- Que la Semarnat instrumente lo conducente para que las instituciones publicas o privadas sustituyan todos los materiales instalaciones y equipos que estén o hayan estado en contacto con los bifénilos policlorados desincorporados; tanto este como el punto anterior deberán ser cumplidos en su totalidad a más tardar en diciembre de 2004.
Tercero.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta soberanía sobre el inventario de los bifénilos policlorados existentes a nivel nacional, así como de los planes y programas vigentes para la desincorporación de los mismos, así como ordenar lo conducente a quienes no los hayan iniciado; conforme lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-133ECOL-2000.
Cuarto.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales presente ante esta soberanía un informe detallado sobre el paradero de los equipos y cantidad de líquido que presuntamente iba a tratar la empresa Tijuana Servicios Ecológicos. Así como lo conducente de las compañías Ecología Laboratorio y, Consultores (Ecolac), y Metachem, y qué acciones ha ejecutadas en consecuencia.
Quinto.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta Cámara en relación con cuántas y cuáles son las empresas autorizadas para realizar la disposición de los BPC, así como los procedimientos implementados para garantizar que los procesos que éstas aplican no ponen en riesgo la salud de la población y la viabilidad del ecosistema y cómo garantizan que los mismos se cumplen.
Sexto.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Salud, y los propietarios de los BPC realicen las investigaciones y estudios necesarios para conocer los niveles de contaminación existentes en los lugares donde se encontraban los materiales y equipos que contenían los BPC, y si ello impactó en las comunidades o el medio ambiente, entregando los resultados de los mismos ante esta soberanía.
Séptimo.- Que la Semarnat informe a esta soberanía sobre la ubicación de los lugares de almacenamiento de BPC de las instituciones pública o privadas y las previsiones que tomó en torno a las mismas, así como las acciones emprendidas en contra de las instancias responsables por el manejo inadecuado de estas sustancias, por ejemplo los casos ocurridos en Nuevo Mercurio, Zacatecas; Ciudad Juárez, Chihuahua; Perote, Veracruz; San Nicolás, Nuevo León; Reynosa, Tamaulipas; Valle de Bravo, estado de México, y los puertos de Altamira, Tampico y Veracruz; por citar sólo algunos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de marzo de 2004.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, María Avila Serna, Maximino Fernández Avila (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Julio Horacio Lujambio Moreno, Javier Orozco Gómez (rúbrica) y Raúl Piña Horta (rúbrica).»
Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra:El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En el uso de la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad para que se reclasifiquen las tarifas al servicio residencial de energía eléctrica en los municipios de Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Carrillo Puerto, Naranjal, Yanga, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Acayucan en el estado de Veracruz.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:Con su permiso, señor Presidente:
El grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso presenta ante el pleno la proposición con punto de acuerdo en base a las siguientes
ConsideracionesEstudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coincidieron en la necesidad de reestructurar la política de las tarifas eléctricas residenciales, hasta el 2000 la población más desprotegida captaba únicamente el 8.71% de los subsidios, en tanto que la población con ingresos más altos concentraba el 75.97% del subsidio al consumo residencial.
Como consecuencia de la inequitativa distribución de los subsidios y el déficit presupuestario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por acuerdo publicado el 7 de febrero de 2002, redujo el subsidio a las tarifas domésticas; la Secretaría de Hacienda estableció que el 75% de los hoares mantendrían el subsidio eléctrico residencial, porque tienen un consumo de 140 kws/hora o menos de electricidad al mes.
Sin embargo, las estimaciones de Hacienda no contemplan la humedad relativa, factor determinante en la comodidad térmica de los seres humanos. La vinculación entre el porcentaje de humedad relativa con la temperatura, resulta esencial para determinar el consumo de energía eléctrica, ya que a mayor porcentaje de humedad con combinación con temperatura, mayor será el calor ambiental, lo cual implica un impacto en el consumo de energía eléctrica.
Los municipios señalados registran valores de humedad relativa entre 70 y 80 puntos porcentuales que incluso pueden elevarse a la temporada de verano. Tales condiciones inciden en el incremento de la energía. Estudios realizados por la Universidad Veracruzana, la CFE, el gobierno del estado y la Comisión del Agua han concordado la necesidad de incluir criterios para determinar la temperatura, factores como la humedad relativa y la ``Isla Urbana de Calor''.
Por tanto, de considerarse al menos para la determinación de las tarifas para cada localidad la humedad relativa, procedería la reclasificación tarifaria de muchas de las zonas del país. En el estado de Veracruz esta consideración podría beneficiar a más de 200 mil habitantes en el sector residencial.
Por lo anterior propongo el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Solicito a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, elabore un reporte valuando las temperaturas de los municipios de Córdova, Fortín, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Carrillo Puerto, Naranjal, Yanga, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Acayucan, del estado de Veracruz, considerando el factor de humedad relativa.
Segundo. Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la de Energía y a la Junta de Gobierno de la CFE, para que tome en consideración el reporte elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los estudios de UV, de la CFE y del gobierno del Estado y proceda a la reclasificación de las tarifas al servicio doméstico, de energía eléctrica, de los municipios de Veracruz antes señalados.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía y a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad a que reclasifiquen la tarifa del servicio residencial de Energía Eléctrica en los municipios de Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Carrillo Puerto, Naranjal, Yanga, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Acayucan, en el Estado de Veracruz, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia
Juan Fernando Perdomo Bueno, diputado federal de la 3ª Circunscripción de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta Honorable Cámara: proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Antecedentes y ConsideracionesEstudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coincidieron en la necesidad de reestructurar la política de las tarifas eléctricas residenciales.
Los hogares pertenecientes a estratos sociales altos asignaban un porcentaje mensual o bimestral menor de su ingreso para el consumo de energía que los hogares con ingresos más bajos.
Hasta el 2000, la población más desprotegida captaba únicamente el 8.71% de los subsidios en tanto que la población con ingresos más altos concentraron el 65.97% del subsidio asignado para el consumo residencial de electricidad.
Como consecuencia de la inequitativa distribución de los subsidios y el déficit presupuestario que representó la postergación de la actualización de las tarifas y los costos de generación para la comisión federal de electricidad, la secretaría de hacienda y crédito público por acuerdo publicado el 7 de febrero de 2002 redujo el subsidio a las tarifas domésticas.
Se estimó, que en función de la regresividad de los subsidios a las tarifas del sector residencial, era necesario reducir su otorgamiento en forma generalizada, concentrando el beneficio en los usuarios de bajos ingresos que representa el 75% de los hogares que cuenta con subsidio. Cabe señalar, que en estricto sentido, no se trató de una reducción de los subsidios sino de un incremento de las tarifas al servicio residencial.
A dos años de su publicación, los resultados del acuerdo no han sido congruentes con los argumentos vertidos para su aplicación por lo siguiente: la SHCP estableció que el 75% de los hogares mantendrían el subsidio eléctrico residencial porque tienen un consumo de 140 kw/h o menos de electricidad al mes, sin embargo, las estimaciones de la SHCP no contemplan la humedad relativa, factor determinante en la comodidad térmica de los seres humanos.
La vinculación entre el porcentaje de humedad relativa con la temperatura resulta esencial para determinar el consumo de energía, ya que a mayor porcentaje de humedad relativa en combinación con la temperatura, mayor será el estrés por calor ambiental, lo cual, impactará en el consumo de energía eléctrica.
Los municipios señalados en el encabezado del presente escrito, registran valores de humedad relativa entre los setenta y ochenta puntos porcentuales, que incluso pueden elevarse en la temporada de verano, tales condiciones, inciden directamente, como lo he señalado, en un consumo superior de energía eléctrica.
Situación que se traslada para cada una de las tarifas señaladas en el acuerdo.
Estudios realizados por la universidad veracruzana en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad División Oriente, gobierno del estado de Veracruz y la Comisión Nacional del Agua Gerencia Regional Golfo Centro, han concordado en la necesidad de incluir criterios para determinar la temperatura factores como la humedad relativa y en centros urbanos considerar el fenómeno llamado ``Isla Urbana de Calor'' que eventualmente puede producir calentamientos hasta de 4º centígrados sobre la temperatura ambiente.
Por tanto, de considerarse al menos, para la determinación de las tarifas para cada localidad la humedad relativa, procedería la reclasificación tarifaria en muchas zonas del país; en el estado de Veracruz esta consideración beneficiaria alrededor de 206 414 usuarios del sector residencial.
El sustento de estas peticiones es el desequilibrio entre la necesidad de obtener recursos para satisfacer la demanda del sector eléctrico y los nulos beneficios obtenidos para la población de bajos ingresos.
Por lo expuesto y fundado, propongo
Puntos de AcuerdoPrimero.- Solicito a la secretaría de medio ambiente y recursos naturales elabore un reporte evaluando las temperaturas de los municipios señalados en el proemio del presente escrito, considerando el factor de humedad relativa.
Segundo.- Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía y a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad para que tome en consideración el reporte elaborado por la secretaría de medio ambiente y recursos naturales así como los estudios realizados por la Universidad veracruzana en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad División Oriente, gobierno del estado de Veracruz y la Comisión Nacional del Agua Gerencia Regional Golfo Centro y proceda a la reclasificación de tarifas al servicio doméstico de energía eléctrica para los municipios antes señalados en el estado de Veracruz.
México, DF, a 5 de abril de 2004.--- Juan Fernando Perdomo Bueno, Luis Maldonado Venegas y Jesús González Schmal.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputado Juan Fernando Perdomo.
Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.Tiene el uso de la palabra el diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal a que no se apliquen las acciones administrativas para cancelar los pozos profundos en el estado de Chihuahua.
El diputado José Mario Wong Pérez:Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; diputadas y diputados; con su permiso, señor Presidente:
Me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal para que no se apliquen las acciones administrativas para cancelar los pozos profundos cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos en el estado de Chihuahua.
En tanto los interesados con apoyo de esta soberanía, puedan realizar las gestiones legales conducentes para regularizar sus derechos de explotación de los pozos en cuestión, al tenor de lo siguiente:
Los productores agropecuarios del estado de Chihuahua, se han visto en la necesidad de extraer agua del subsuelo mediante la perforación de pozos profundos, en virtud de que no se cuenta con suficiente agua superficial para satisfacer las demandas de irrigación en sus siembras, ya que la mayoría de los cultivos del estado, principalmente de la región noroeste y el centro sur son de los denominados perennes, es decir, su producción es principalmente de frutales como son manzana, durazno y nuez.
Son cultivos que requieren de agua durante todo el año y por un periodo prolongado de años, como es en el escaso extremo de la nuez, pues el nogal llega a tener una etapa productiva de más de 80 años.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de ustedes el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal para que no se apliquen las acciones administrativas para cancelar los pozos profundos cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos en el estado de Chihuahua.
En tanto, los interesados con apoyo de esta soberanía puedan realizar las gestiones legales conducentes para regularizar sus derechos de explotación de los pozos en cuestión.
Atentamente, diputado José Mario Wong Pérez y en adhesión el diputado Cruz López Aguilar, así como toda la fracción priísta de Chihuahua.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal a que no se apliquen las acciones administrativas para cancelar los pozos profundos en el Estado de Chihuahua cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.
El suscrito, diputado federal José Mario Wong Pérez, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que no se apliquen las acciones administrativas para cancelar los pozos profundos cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos en el estado de Chihuahua, en tanto los interesados, con apoyo de esta soberanía, puedan realizar las gestiones legales conducentes a regularizar sus derechos de explotación de los pozos en cuestión, al tenor de las siguientes
ConsideracionesLos Productores Agropecuarios del Estado de Chihuahua se han visto en la necesidad de extraer agua del subsuelo mediante la perforación de pozos profundos, en virtud de que no se cuenta con suficiente agua superficial para satisfacer las demandas de irrigación en sus siembras.
La mayoría de los cultivos del estado, principalmente de la región noroeste y centro-sur son de los denominados perennes, es decir, su producción es principalmente de frutales, como son, manzana, durazno y nuez; son cultivos que requieren de agua durante todo el año y por un periodo prolongado de años, como es el caso extremo de la nuez, pues el nogal llega a tener una etapa productiva de más de ochenta años.
De acuerdo al primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas físicas o morales, se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivi Federal a través de la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con las reglas y condiciones que establecen la ley y su reglamento.
Para lograr la extracción del agua subterránea por medio de la perforación de pozos profundos y la posterior instalación del sistema de bombeo correspondiente, es necesario contar con un título de concesión, que de acuerdo al primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales dispone:
``El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, no será menor de cinco ni mayor de cincuenta años.''
El mismo artículo, en su segundo y tercer párrafos, expresa lo siguiente:
``Tales concesiones o asignaciones, en los términos del artículo 22, se prorrogarán por igual término por el que se hubieren otorgado si sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley y lo soliciten dentro de los cinco años previos al término de su vigencia.''
``En tanto se resuelven las solicitudes de prórroga de concesión o asignación, continuarán en vigor los títulos con respecto a los cuales se formulen.''
Debido a la falta de información por lo aislado y poco comunicado de algunas de las comunidades agrícolas del estado de Chihuahua y, en algunos casos, por desconocimiento de las disposiciones de la ley, algunos productores no solicitaron la prórroga antes del vencimiento de su concesión, teniendo como consecuencia la aplicación del artículo 27 de la Ley de Aguas Nacionales, que en su primero y segundo párrafos dispone: ``La concesión o asignación para la explotación uso o aprovechamiento de aguas nacionales sólo podrá terminar por: I.- Vencimiento del plazo establecido en el título, excepto cuando se hubiere prorrogado en los términos del artículo 24, o renuncia del titular''.
Este problema puede provocar una crisis social, en virtud de que la mayoría de los productores tiene cultivos perennes y, al dejarlos sin posibilidad de riego, prácticamente perderían todo su patrimonio y toda una vida de trabajo, tomando en consideración que en el estado de Chihuahua se encuentran más de seiscientos usuarios en esta situación.
Por lo anteriormente expuesto, considero que los productores que no tengan ningún otro motivo para que se les cancele o termine su concesión que el no haber solicitado la prórroga antes del vencimiento de su título, tengan la oportunidad de continuar utilizando el agua para riego de sus pozos profundos y no se les apliquen las acciones administrativas para cancelar sus pozos cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ustedes, el siguiente
Punto de AcuerdoUnico.- Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivi Federal a que no se apliquen las acciones administrativas para cancelar los pozos profundos cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos en el estado de Chihuahua, en tanto los interesados, con apoyo de esta soberanía, puedan realizar las gestiones legales conducentes a regularizar sus derechos de explotación de los pozos en cuestión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2004.--- Diputados: José Mario Wong Pérez (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Kenny Denisse Arroyo González (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno y Omar Bazán Flores (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo propuesto al grupo parlamentario del PAN por parte del consejo de cámaras industriales de Jalisco, para fortalecer las acciones en materia de lucha contra el contrabando, la piratería, la adulteración y el comercio ilegal, a fin de contrarrestar este mal.
El diputado Sergio Vázquez García:Con su permiso, señor Presidente.
Antes de que empiece a contar mi tiempo, Presidente, por el obvio de tiempo voy a leer un extracto de este punto de acuerdo. Le pediría que se pasara el texto íntegro en la Gaceta y en el Diario de Debates.
Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y de igual forma diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos presentamos a este pleno con las facultades que nos da la Ley Orgánica y el Reglamento con el fin de mandar este punto de acuerdo a las comisiones respectivas para que las autoridades, a nivel nacional, estatal y municipal, tomen medidas para atacar el contrabando y la piratería.
La ilegalidad e informalidad generada por la corrupción en las fronteras y puertos han ocasionado pérdidas millonarias y de competitividad al sector privado, a industrias como la eléctrica, mecánica, textil, del calzado, artesanal y todas aquéllas de cuya producción fácilmente se puede piratear o bien ofrecerlas a bajos costos, todo esto derivado del contrabando técnico o llamado ``bronco'' que se realiza a través de nuestras aduanas, representando cantidades superiores a los 50 mil millones de dólares anuales, cifra que representa casi la tercera parte de las importaciones legales que realizó México el año pasado.
Todo esto derivado por no existir procedimientos efectivos para contrarrestar a estos grupos de delincuentes.
Por lo anterior, los pasados 29 y 30 de agosto del 2003 el gobierno de Jalisco y el Consejo de Cámaras de Jalisco llevó a cabo un foro denominado Decisión y Acción contra el Contrabando, la Piratería y el Comercio Ilegal.
En éste se establecieron mesas de trabajo en donde el reclamo del sector industrial y del comercio organizado fue unánime en señalar su lucha contra el contrabando.
Por eso se les solicita en este Congreso a las diferentes autoridades para que tomen medidas importantes en contra del contrabando y que esta legislatura trabaje iniciativas con todos los grupos parlamentarios para combatir este problema que aqueja al país.
Es por eso, señor Presidente, que le solicitamos se turne a las comisiones correspondientes, exhortando a los estados, a los municipios y a los diputados federales para que tomemos medidas importantes en combatir el contrabando y a esta delincuencia organizada.
Firman diputados del Partido de la Revolución Democrática y diputados del Partido Acción Nacional.
Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, propuesto al grupo parlamentario del PAN por el Consejo de cámaras Industriales de Jalisco, para fortalecer las acciones en materia de lucha contra el contrabando, la piratería, la adulteración y el comercio ilegal, a fin de contrarrestar ese mal, presentada por el diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.
Antecedentes1. El 12 de noviembre de 2002, los senadores Fauzi Hamdan Amad y Ricardo Alaniz Posada presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin de considerar el contrabando y su equiparable, previsto y sancionado por los artículos 102 y 105, fracciones I a IV, del Código Fiscal de la Federación, como delincuencia organizada. En esa iniciativa, ambos senadores señalan que en la actualidad las bandas dedicadas al contrabando cuentan con los recursos económicos y humanos necesarios que hacen imposible prevenir y erradicarlo por parte del gobierno, ya que este último no cuenta con instrumentos legales para combatir ese mal, que afecta el desarrollo económico del país.
2. Por otra parte, el 19 de noviembre de 2002, durante el primer periodo de sesiones del tercer año de la LVIII Legislatura, los senadores Enrique Jackson Ramírez y Antonio García Torres, ambos del Partido Revolucionario Institucional, presentaron nueva iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. En esa propuesta se señala la necesidad de establecer como delincuencia organizada el contrabando, argumentando que ese fenómeno delictivo daña la integridad y el orden social.
3. Derivada de esas dos iniciativas de reformas y adiciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos presentaron al Pleno del Senado dictamen para su aprobación de ambas iniciativas, que fueron aprobadas y remitidas a la Cámara de Diputados; para la realización del dictamen correspondiente, se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
4. Derivado de eso, el 13 de agosto de 2003 la senadora Dulce María Sauri Riancho, del grupo parlamentario del PRI, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente punto de acuerdo con relación al tema del contrabando, solicitando la comparecencia del administrador general de Aduanas y del subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, a fin de explicar las acciones emprendidas contra el contrabando. Asimismo, realiza una excitativa a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que proceda a la dictaminación y aprobación de la minuta que contiene proyecto de decreto que reforma la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que fue aprobada y enviada a la Colegisladora el 10 de diciembre de 2002, que fue nuevamente presentado el 4 de septiembre de 2003 ante el Pleno de la Cámara de Senadores y turnado para su dictamen a las Comisiones de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público.
5. Por su lado, el 30 de abril de 2002, el diputado federal del GPPAN en la LVIII Legislatura Roberto Bueno Campos presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal, para atacar de manera enérgica la industria de la piratería. La iniciativa incorpora la conducta delictiva prevista por el artículo 424 Bis del Código Penal Federal, relativa al uso y a la reproducción no autorizados de creaciones intelectuales tuteladas por la Ley Federal del Derecho de Autor, a la fracción V del artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
6. Al respecto, la iniciativa fue turnada y modificada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados y dictaminada y aprobada en el Pleno el 3 de diciembre de 2002. La iniciativa se remitió con carácter de minuta a la Colegisladora, la cual modificó, aprobó y remitió nuevamente la minuta a la H. Cámara de Diputados el 4 de noviembre de 2003, donde se turnó nuevamente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su dictaminación y hasta la fecha ha permanecido.
7. Por otra parte, la ilegalidad e informalidad generadas por la corrupción en las fronteras y en los puertos han ocasionado pérdidas millonarias y de competitividad al sector privado, a industrias como la eléctrica, mecánica, textil, del calzado, artesanal y a todas aquellas de cuya producción fácilmente se puede ``piratear'', o bien, ofrecerlas a bajos costos; todo esto, derivado del contrabando técnico o llamado bronco, que se realiza a través de nuestras aduanas, representando cantidades superiores a 50 mil millones de dólares anuales, cifra que representa casi la tercera parte de las importaciones legales que realizó México el año pasado. Todo esto, por no existir los instrumentos legales necesarios para implantar procedimientos efectivos para contrarrestar a esos grupos de delincuentes.
8. Por lo anterior, el 29 y 30 de agosto de 2003 el gobierno de Jalisco y el Consejo de Cámaras de Jalisco llevaron a cabo el foro Decisión y acción contra el contrabando, la piratería y el comercio ilegal. En éste se establecieron mesas de trabajo, donde el reclamo del sector industrial y del comercio organizado fue unánime en señalar que la lucha contra el contrabando debe ser un compromiso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para iniciar acciones concretas y sin demagogias, dejando a un lado paradigmas populistas e intereses partidistas contra esa cadena perversa de seudoindustriales, seudocomerciantes y seudoautoridades, que permiten este fenómeno de la ilegalidad, debiendo ser este fenómeno una lucha de prioridad nacional, ya que afecta la competitividad y provoca desempleo, que daña a la sociedad en su conjunto, concluyéndose en este evento, entre otros temas:
Solicitar a la Cámara de Diputados que proceda a la dictaminación y aprobación de la minuta que contiene proyecto de decreto que reforma la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que fue aprobada y enviada a la Colegisladora el 10 de diciembre de 2002.
Solicitar al Congreso de la Unión que legisle para otorgar a las entidades federativas y a las municipales facultades para la fiscalización de mercancías importadas o falsificadas, como parte de la lucha del contrabando y de la ``piratería''.
Solicitar que la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico de todas las entidades federativas que celebren convenios con las organizaciones empresariales y sindicales para implantar mecanismos y fórmulas para atacar el comercio ilegal.
Solicitar a la Secretaría de Economía que, de manera conjunta con la de Relaciones Exteriores, inicie de inmediato negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos para instaurar acciones bilaterales contra la triangulación de mercancías a fin de contrarrestar el contrabando técnico, que poco a poco gana terreno en nuestro país.
Solicitar al Gobierno Federal que acelere la firma de convenios de coordinación y de colaboración administrativa en materia fiscal federal con las demás entidades federativas, tal y como se ha realizado con el estado de Jalisco, y se puedan ampliar a los municipios de mayor auge comercial.
Solicitar a los tres ámbitos de gobierno que, derivado de sus facultades, articulen acciones en la lucha contra el contrabando, la ``piratería'' y el comercio ilegal, a fin de considerar esas actividades ilícitas que ponen en peligro la seguridad nacional de nuestro país. Considerandos
Primero. En diversos foros se ha considerado el contrabando como una actividad destructiva de la economía nacional y que vulnera la seguridad nacional.
Segundo. Que el sector industrial y el comercio organizado han iniciado acciones contra el contrabando y, al mismo tiempo, demandan de acciones concretas de los Poderes de la Unión y de los tres ámbitos de gobierno en la lucha contra esta actividad ilícita:
Tercero. Que las conclusiones del foro Decisión y acción contra el contrabando, la piratería y el comercio ilegal, organizado por el gobierno de Jalisco y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco son demandas justas de una sociedad que ha sido dañada en su planta productiva y que exigen la aceleración de los procesos legislativos y una mejor coordinación de los Poderes de la Unión y de los tres ámbitos de gobierno.
Cuarto. Que el Gobierno Federal considere como prioridad la lucha contra el contrabando técnico, haciendo uso de los instrumentos legales para lograr convenios de cooperación con los gobiernos de los países con que México sostenga relaciones comerciales derivado de la celebración de algún tratado comercial.
Quinto. Que los diputados integrantes del GPPAN y los del GPPRD, recogiendo esas demandas de nuestros representados, reconociendo el enorme problema que representa el contrabando que afecta nuestra entidad y nuestro país, proponemos el siguiente
Punto de AcuerdoUno. Se exhorta a los legisladores de los diferentes partidos a aportar ideas e iniciativas de ley para combatir el flagelo del contrabando, la ``piratería'' y el comercio ilegal inclusive, para poder otorgar a las entidades federativas y los municipios facultades para la fiscalización de mercancías importadas y falsificadas, proponiéndose la creación de una subcomisión de la Comisión de Economía en ambas Cámaras para tal fin.
Dos. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Administración General de Aduanas y a la Procuraduría General de la República, en el marco de sus competencias, a adoptar las conclusiones de los trabajos del foro Acción y decisión contra el contrabando, la piratería y el comercio ilegal a escala nacional, organizado por el gobierno de Jalisco y el Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco.
Tres. Hacer un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a acelerar la firma de convenios de coordinación fiscal en materia administrativa y fiscal federal con las demás entidades federativas para la lucha contra el contrabando, la ``piratería'' y el comercio ilegal, como lo realizó en el estado de Jalisco.
Cuatro. Exhortar a los secretarios de Economía, y de Relaciones Exteriores a iniciar trabajos para la firma de convenios para luchar contra el contrabando técnico con los diversos países con que México mantenga relaciones comerciales, en caso de que actualmente no se haya celebrado convenio alguno respecto a tal materia.
Cinco. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se envíe el presente documento a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que presente el dictamen respectivo a la iniciativa de Ley Contra la Delincuencia Organizada, minuta remitida por el Senado de la República el 10 de diciembre de 2002, así como para que se dictamine la iniciativa que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal, minuta remitida por el Senado de la República el 4 de noviembre de 2003.
Seis. Se exhorta a los municipios a procurar evitar el otorgamiento de licencias o permisos a los ambulantes para la venta de productos importados de dudosa procedencia y falsificados, coordinándose al efecto con las autoridades competentes encargadas de verificar la legal importación, almacenamiento, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio nacional de toda clase de mercancía de procedencia extranjera que se pretenda comercializar.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2004.--- Diputados: Sergio Vázquez García, Javier Salinas Narváez, Rafael Flores Mendoza, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, José A. de la Vega Asmitia, Gilberto Ensástiga Santiago, Ricardo Alegre Bojórquez, Minerva Hernández Ramos, José González Morfín, Emilio Zabadúa González, José Luis Treviño Rodríguez, Miguel Angel Toscano Velasco, Pablo Alejo López Núñez, Miguel A. Llera Bello, Mario Ernesto Dávila Aranda, Marisol Urrea Camarena, Sergio Penagos García y Rafael Sánchez Pérez (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputado Sergio Vázquez García.
Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública.Tiene el uso de la palabra el diputado David Ferreira Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que a la brevedad suspenda la transmisión de los spots publicitarios en radio y televisión que promueven la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el desprestigio de las sociedades cooperativas de ahorro y crédito, que han manifestado inconformidad con dicho ordenamiento.
El diputado David Ferreyra Martínez:Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Fundamento este punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.
Primera, el artículo 25 constitucional, párrafo séptimo, establece que la ley implementará los mecanismos para la organización y expansión de la economía del sector social: los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las cooperativas y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
Así, este artículo dispone que los Poderes de la unión deberán establecer los mecanismos que permitan el desarrollo del cooperativismo como un sector fundamental de la economía social del país.
Segunda, el 4 de junio del 2001 se publicó el decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforma el artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, con objeto de remitirlas a la ley en cuestión. Esta reforma no cumplió con el objetivo constitucional para la que fue creada ni garantizó la organización y expansión del cooperativismo, ya que les impone obligaciones con costos muy elevados, invade su autonomía y a práctica de principios y valores que el cooperativismo ha impulsado a nivel internacional.
Tercera, la LVIII Legislatura Federal, el 10 de diciembre del 2002, aprobó el decreto que excluye del ordenamiento en cuestión a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, sobre todo a las más pequeñas y que sólo realizan operaciones con sus socios.
Por otro lado, se decidió en los artículos transitorios ampliar la entrada en vigor de las disposiciones de la ley hasta el 4 de junio del 2005.
Cuarta, tampoco las reformas del 2002 solucionaron la problemática planteada por las cooperativas de ahorro y préstamo. Sin embargo, imponen altos costos para adecuarse a dicha ley. Así sólo las entidades con volúmenes relevantes podrán absorber los gastos relativos a dicho adecuamiento. Por consecuencia, algunas cooperativas han solicitado recientemente al Congreso de la Unión, 500 millones de pesos para destinarlos al cumplimiento de la normatividad en cuestión.
Actualmente y en contradicción a la búsqueda de soluciones, se ha desplegado en radio y televisión una campaña publicitaria sobre las bondades de la Ley de Ahorro y Crédito Popular que sólo son confiables las cajas de ahorro cooperativas y financieras populares que están realizando los trámites de acuerdo a la ley y no reconoce que entrará en vigor hasta el 4 de junio de 2005.
Los firmantes consideramos que la confrontación de estos anuncios publicitarios no generan el mejor ambiente para solucionar este problema, por lo que sometemos a esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que suspenda la transmisión en radio y televisión de spots que promueven la Ley de Ahorro y Crédito Popular y convoque a una mesa de diálogo para discutir y, en su caso, modificar la normatividad en cuestión.
Por su atención, muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, con la mayor brevedad, suspenda la transmisión de los spots publicitarios en radio y televisión que promueven la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el Desprestigio de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito que han manifestado inconformidad con dicho ordenamiento, a cargo del diputado David Ferreira Martínez, del grupo parlamentario del PRD.
Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 58, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones1. El artículo 25 de nuestra Constitución establece, en su párrafo tercero que al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. Más adelante, en el párrafo séptimo, se señala que la ley establecerá los mecanismos que garanticen la organización y expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
De esta disposición Constitucional se desprende que los Poderes de la Unión están obligados a establecer los mecanismos que impulsen y permitan el desarrollo del cooperativismo, en todas sus formas, como un sector de la economía social del País.
2. El 4 de junio de 2001 se publicó el Decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que reforma, entre otros, el artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas con el objeto de remitir a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a lo dispuesto por Ley de Ahorro y Crédito Popular. Dicho decretó tenía por objeto, según se expone en la argumentación de su dictamen, otorgar seguridad jurídica al público usuario de servicios en materia de ahorro y crédito popular, brindando un marco jurídico idóneo con las necesidades que continuamente eran demandadas por este sector.
Dichos cambios a nuestro marco jurídico han mostrado algunos efectos contrarios al objetivo constitucional de garantizar la organización y expansión del cooperativismo, ya que imponen a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo una serie de obligaciones que las somete a costos muy elevados para la adecuación a la nueva normatividad y que pudieran llevar a la fusión o desaparición de muchas de estas sociedades; además de que dicha reglamentación invade su autonomía y la práctica de valores y principios que el cooperativismo ha impulsado a nivel internacional.
Asimismo, diversas organizaciones del sector han manifestado su inconformidad hacia la Ley de Ahorro y Crédito Popular, ya que en ésta, dicen, se confunde el objetivo del derecho cooperativo como parte del derecho social, con el objetivo del derecho mercantil, cuyos fines son distintos. Contenido fundamental de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
3. La Comisión Permanente de la LVIII Legislatura recibió, con fechas del 5 de junio y 21 de agosto del 2002, las comunicaciones de las legislaturas de los estados de Querétaro, Oaxaca y Morelos, que en apoyo al sector cooperativo, manifestaron su inconformidad con la Ley de Ahorro y Crédito Popular y exhortaron a la H. Cámara de Diputados para realizar las reformas tendientes a excluir a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de dicha ley.
4. Haciendo eco de estos planteamientos, el Congreso de la Unión aprobó el 10 de diciembre de 2002, el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con el objeto de incluir las inquietudes de las sociedades cooperativas. En dicho Decreto, por un lado, se excluye a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo más pequeñas y que sólo realizan operaciones con socios, del marco del ordenamiento en cuestión. Por otro lado, reconociendo las dificultades que se habían presentado para que las sociedades pudieran adherirse al nuevo esquema de ahorro y crédito popular, se decidió, en los artículos transitorios, ampliar los plazos para la entrada en vigor de diversas disposiciones de la Ley hasta el 4 de junio de 2005.
5. Las reformas realizadas por el Congreso de la Unión en el 2002 no dieron cabal respuesta a las inquietudes y a la problemática planteada por diversas organizaciones del sector cooperativo de ahorro y préstamo. Los altos costos que implica para las sociedades cooperativas adecuarse a la Ley de Ahorro y Crédito Popular siguen siendo denunciados y reconocidos por diversos sectores vinculados al sector: autoridades, académicos, cooperativistas y organizaciones sociales.
Algunas sociedades cooperativas mantienen su rechazo la Ley de Ahorro y Crédito Popular y su normatividad secundaria pues afirman que su aplicación implicará para muchas de ellas su desaparición en un plazo de tres años. Es importante señalar, que dichas organizaciones han manifestado, una y otra vez, que en ningún sentido se oponen a la regulación y supervisión del sector que otorgue seguridad al ahorro de los socios. Sin embargo, han solicitado que la normatividad que los regule reconozca la naturaleza social y sin fines de lucro de las sociedades cooperativas y que esté acorde con las condiciones actuales del sector.
Por otro lado, sociedades cooperativas, que han manifestado su interés y voluntad de realizar los cambios necesarios para adoptar la ley y su normatividad secundaria, solicitaron recientemente a la H. Cámara de Diputados destinar un monto de $500 millones de pesos para apoyar el proceso de transformación que se requiere para cumplir los requerimientos que establece la Ley de Ahorro y Crédito Popular, argumentando que los organismos de base no están en condiciones de soportar los altos costos inflingidos por las estructuras societarias e instancias de supervisión y sólo un número limitado de entidades con volúmenes relevantes de activos podrán absorber todos los gastos relativos.
6. En este contexto, actualmente se encuentra en proceso de dictamen y discusión la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Sociedades Cooperativas, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se abroga la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. En los trabajos de dictamen que encabeza la Comisión de Fomento Económico, uno de los puntos en los que ha existido una importante discusión es aquel en el que se define la naturaleza y regulación de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Asimismo, tenemos conocimiento de que en la Cámara de Diputados, con el acuerdo de diversas sociedades cooperativas y de las entidades del gobierno federal vinculadas con la regulación y promoción del sector de ahorro y crédito popular se ha acordado instalar una mesa de negociaciones tendiente a discutir la conveniencia de proponer reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y/o de la normatividad secundaria.
7. Paralelamente, en contradicción al proceso de discusión y búsqueda de acuerdos que ha entablado el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal a través de sus órganos con las organizaciones del sector cooperativo de ahorro y préstamo, en los últimos días hemos sido testigos de una campaña de publicidad desplegada en radio y televisión por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destinada a convencer sobre las bondades de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Lo más grave es que en dicha campaña publicitaria se afirma que sólo son confiables, seguras y transparentes aquellas cajas de ahorro, cooperativas o financieras populares que ya están realizando los trámites para funcionar de acuerdo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Asimismo, se invita a los ahorradores a asegurase ``de que en tu caja de ahorro, cooperativa o financiera popular estén cumpliendo con los trámites necesarios para funcionar de acuerdo a la Ley'' en cuestión.
Dicha campaña publicitaria representa un claro ataque contra las sociedades cooperativas que legítimamente han manifestado su inconformidad con respecto a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que han estado dispuestas a sentarse a trabajar con el Ejecutivo Federal para revisar la normatividad en cuestión. La campaña en radio y televisión emprendida tampoco reconoce que dicha ley no entrará en vigor de manera integral sino hasta el 4 de junio de 2005 y que aun no concluye el plazo que da la Ley para que las sociedades cooperativas se adecuen a ella.
Los firmantes consideramos que no es buscando el desprestigio y el debilitamiento de estas organizaciones como se va a encontrar la solución a los problemas anteriormente planteados; no es con la confrontación que implican estos anuncios publicitarios como se van a establecer las bases para constituir un sector cooperativo unido y fuerte en beneficio de la sociedad mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que solicite inmediatamente a los responsables de televisión y radio contratados la suspensión de la transmisión de los spots publicitarios sobre la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que desacreditan a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y crédito que han manifestado su dicenso con dicho ordenamiento jurídico.
Segundo. Que sean consideradas las sociedades cooperativas, que han manifestado su rechazo a la Ley de Ahorro y Crédito, en los programas de capacitación y asistencia técnica que impulsa (Bansefi) Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, con recursos del Banco Mundial.
Tercero. Establecer una mesa de diálogo para modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con la finalidad de adecuarla a las necesidades del sector.
Dado en la Ciudad de México, salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 30 días de marzo de 2004.--- Segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura.--- Dip. David Ferreyra Martínez (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Muchas gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Energía que implemente un programa de mantenimiento y capacitación al interior de todo el sector eléctrico paraestatal.
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Desde 1992 la participación privada en generación de energía eléctrica es una realidad, hecho que entraña competencia entre particulares y Estado.
La competencia radica en que las unidades de generación que resulten más ineficientes, dejarán de operar cuando escasee la demanda.
Debido a que la energía eléctrica no puede ser almacenada. es necesario generarla al tiempo que se consume y ya que la demanda varía a lo largo de las horas del día, los tiempos de generación de la plantas deben de ir cambiando en función de la demanda.
Para que la demanda pueda satisfacerse adecuadamente, requieren de un despacho económico, cuya función es determinar las distintas plantas de generación que aportan la energía, de manera que la demanda se satisfaga en cada momento al menor costo posible.
Por tanto las plantas que suministran mayor energía eléctrica a la red, serán las menos costosas, obligándose con esto a competir entre sí.
Al elegir las plantas de generación más eficientes sobre las que menos lo son, deja a menudo las unidades del sistema eléctrico paraestatal con tecnologías más rezagadas fuera de la operación.
La creación de competencia demanda eficiencia en el sector. Por eso, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista creemos que la implementación de programas de capacitación, mantenimiento y modernización es al menos un mecanismo que permita hacer más eficiente la fase de generación, devolviéndonos competitividad para que el Estado ante este nuevo escenario tenga mayor presencia.
La oportunidad que brinda tener plantas generadoras fuera de servicio es idónea para la modernización y mantenimiento. A largo plazo, en nuestra opinión, lo que se necesita es eficiencia, competitividad, precios bajos y diversidad en generación con fuentes renovables, para que de cara hacia el futuro tengamos una industria eléctrica competitiva, limpia y sustentable.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sujeta a su consideración el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a la Secretaría de Energía para que implemente un programa de mantenimiento y capacitación al interior de todo el sector paraestatal, así como de modernización para todas las unidades de generación que sean sujetas a mejoras tecnológicas durante los periodos que estén fuera de operación, con la finalidad de aumentar su eficiencia y competitividad.
Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo.--- LIX Legislatura.--- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a implantar un programa de mantenimiento y capacitación en todo el sector eléctrico paraestatal, así como de modernización para las unidades de generación que sean sujetas a mejoras tecnológicas, durante los periodos que estén fuera de operación, a fin de aumentar su eficiencia y competitividad, presentada por el diputado Cuauhtemoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del PVEM.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a solicitar se turne a la Comisión de Energía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesDesde 1992, la participación privada en generación de energía eléctrica es una realidad, hecho que entraña competencia entre los particulares y el Estado. La competencia radica en que las unidades de generación que resulten más ineficientes dejarán de operar cuando escasee la demanda, quedando como reserva. Muchas de las plantas generadoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son viejas e ineficientes por falta de mantenimiento y modernización, por lo que hoy se encuentran paradas y en reserva.
Si bien es cierto que tener unidades de generación en reserva fría es contrario a todo principio de rentabilidad, también es cierto que da oportunidad de implementar medidas de mantenimiento y modernización con el objeto de ser más eficientes y disminuir así los tiempos de reserva, devolviendo paulatinamente el control sobre un área considerada como estratégica para el Estado1 y que día a día hemos ido perdiendo.
La iniciativa privada tiene, en nuestro país, una capacidad instalada que equivale al 21.3% del total de la capacidad de generación eléctrica2 mediante las modalidades que define la Ley como servicio no público,3 hecho que ha permitido cuantiosas inversiones en el sector eléctrico que de otro modo, con el Presupuesto de Egresos de la Federación, habría sido imposibles sufragar.
La iniciativa privada, según algunas teorías, como la del Agente Principal,4 tienen como objetivo central maximizar las utilidades para amortizar la inversión, debido a que siempre enfrentan restricciones financieras, pues si tienen pérdidas o se administra inadecuadamente existe la posibilidad de quiebra. Las empresas privadas tienden a premiar o castigar a su equipo de administración dependiendo de su capacidad y resultados, por esta razón, conforman cuerpos más profesionales y eficientes para enfrentar las demandas del mercado.
Debido a que la energía eléctrica no puede ser almacenada, es necesario generarla al tiempo que se consume y ya que la demanda varia a lo largo de las horas del día, de los días de la semana, de los meses y del año; los tiempos de generación de las distintas plantas privadas y paraestatales deben ir cambiando en función de la demanda.
Los requerimientos de energía que se manifiestan a través de las fases que conforman el sistema eléctrico y requieren de un despacho económico,5 cuya función es determinar las distintas plantas de generación que aportan energía al sistema interconectado, de manera que la demanda se satisfaga en cada momento al menor costo posible,6 que en consecuencia lleva a que las plantas que quieran suministrar energía eléctrica a la red de transmisión, deben ofrecer el flujo eléctrico al mejor precio posible, obligándose con esto a competir entre sí, reduciendo costos y procurando mayor eficiencia, para que de esta manera ganen el derecho de aportar energía al sistema de transmisión durante el mayor lapso de tiempo posible y percibir así mayores ingresos.
La competencia derivada de la existencia de participación privada; obliga a el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a que, en cumplimiento de sus funciones como despacho económico, elija a las plantas de generación más eficientes sobre las que menos lo sean, dejando, a menudo, las unidades del sistema eléctrico paraestatal con tecnologías más rezagadas, fuera de operación.
Para que las plantas generadoras con tecnologías más rezagadas del sistema eléctrico paraestatal7 participen de la generación de energía eléctrica durante el mayor tiempo posible, ante el actual escenario de competencia, se necesita ser más eficientes a corto, mediano y largo plazos, por lo que en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México pensamos que la creación y cumplimiento de políticas de maximización de la rentabilidad a través de la minimización de los costos es evidente y recomendable, ya que de lo contrario, el Cenace, al determinar como satisfacer la demanda al menor costo posible, elegirá a los privados más eficientes desplazando a nuestra industria eléctrica paraestatal menos tecnificada por reportar costos más elevados.
En nuestra opinión, la eficiencia y competitividad de este sector no ha sido prioritaria. Por ejemplo, de 1980 a la fecha, la Comisión Federal de Electricidad ha aumentado su capacidad de generación en un 250%, la compañía de Luz y Fuerza del Centro la ha disminuido en un 38% y la generación privada ha crecido 981% en ese mismo periodo.8 Este hecho deja ver la manera en que el Estado ha perdido presencia en un área estratégica. En la actualidad tenemos decenas de unidades de generación en reserva fría, esperando que la demanda aumente, ya que por su menor competitividad han quedado desplazadas por plantas de ciclo combinado de la iniciativa privada que reportan menores costos de producción.
Dado que el crecimiento económico del país no ha sido al ritmo que se esperaba9 y que, irónicamente, la inversión física presupuestal e inversión financiada en el sector eléctrico ha superado los requerimientos de inversión en 4 mil 200 millones de pesos en 2002 y 200310 y para el 2004 se planea destinar en total 62,137.5 millones,11 que a su vez rebasa en más de 17 mil 500 millones de pesos los requerimientos,12) hemos logrado aumentar nuestras reservas y lo seguiremos haciendo. Si bien es cierto que aumentar nuestro margen de reserva es importante, prioritario y sano, lo que puede representar este hecho a corto y mediano plazo, es una importante disminución de la generación de plantas con tecnología más rezagada quedando en manos del Estado la reserva en lugar de la generación, afectando, negativamente las utilidades de nuestra industria eléctrica paraestatal, debilitándola y contraviniendo el principio constitucional por el que se le cataloga como estratégica.
La creación de competencia propicia la eficiencia del sector, por tanto, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México creemos que la implementación de programas de capacitación del personal, mantenimiento y modernización de las plantas de generación que estén sujetas a mejoras tecnológicas es, al menos, un mecanismo que permite hacer más eficiente la fase de generación devolviéndonos, paulatinamente, la competitividad necesaria para que el Estado, ante este nuevo escenario, tenga mayor presencia.
La oportunidad que brinda el hecho de tener plantas paradas en reserva fría es idónea para la modernización de esas u otras, como lo son la de Necaxa y Jorge Luque, o para que se repotencien las plantas de jets de Nonoalco, Lechería y Valle de México, para que se de mantenimiento a las cuatro unidades en reserva fría de Salamanca y en general las de toda la República, es el momento para evaluar la posibilidad de cambiar torres de enfriamiento por cero-condensadores en la zona del altiplano mexicano, donde tanto escasea el agua y de este modo, mejorar nuestra competitividad a corto plazo y aumentar nuestros ingresos a mediano plazo.
A largo plazo, en nuestra opinión, lo que se necesita es eficiencia, competitividad, precios bajos y diversidad en generación con fuentes renovables, para que de cara hacia el futuro, tengamos una industria eléctrica competitiva, limpia y sustentable.
Es importante resaltar que tenemos petróleo para un par de décadas13 en un escenario optimista, por lo que son las fuentes renovables de energía,14 las únicas que podrán responder a las necesidades futuras de manera eficiente, económicamente viables y amigables con el ambiente. Desafortunadamente, por estas fuentes se genera en la actualidad apenas el 2.2% y se pretende disminuir a 1.6% para el 2011. Además la generación por grandes hidroeléctricas también disminuirá de 25% a 20%15 cosa que no nos ayudará mucho a la eficiencia de nuestra industria eléctrica a largo plazo.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sujeta a su consideración el siguiente
Punto de AcuerdoUnico.- Se exhorta, a la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivi Federal a que implemente un programa de mantenimiento y capacitación al interior de todo el sector eléctrico paraestatal, así como de modernización para todas las unidades de generación que sean sujetas a mejoras tecnológicas, durante los periodos que estén fuera de operación, con la finalidad de aumentar su eficiencia y competitividad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de abril del año 2004.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta (rúbrica).»
Notas:1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 28, párrafo cuatro.
2. Según cifras oficiales expuestas en el III Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, páginas 417 y 418.
3. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, artículo 3o.
4. Véase: José Antonio Almazán González (1999), ``El dogma de la privatización eléctrica''. En Seminario internacional. Impacto de la privatización eléctrica a nivel mundial. Estado, desarrollo y soberanía. México, DF. Disponible en http://www.laneta.apc.org/seminario_privatizaciones/almazan.html.
5. Es considerada como la fase del ciclo eléctrico encargada de administrar.
6. Véase: Georgina Kassel y Chong Sup Kim, ``Estructura industrial y opciones de regulación para el sector eléctrico mexicano''. En: Pablo T. Spiller y Carlos Sales (1999) (coordinadores), Regulación de los sectores de infraestructura y energético en México, ITAM y Porrúa. México, DF, páginas 102-103.
7. Entiéndase con esto la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.
8. Según cifras oficiales expuestas en el III Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, páginas 417 y 418.
9. Según el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, se esperaba un crecimiento anual del 7%.
10. Publicación de la Sener y la CFE; necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, página 9, en comparación con cifras oficiales expuestas en el III Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, página 421.
11. 45,635.5 millones de pesos en 15 Pidiregas, ``según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, Tomo I, página 38'', más 11,292 millones en la CFE, ``según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, Tomo I, página 467, en la que se menciona 135,278 millones de pesos; de los cuales 18,059 millones son para capital menos los 6,767 millones para pago de Pidiregas de años anteriores'' y 5,210 millones en LyFC, ``según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, Tomo I, página 475, en la que se menciona 21,010.9 millones de pesos; de los cuales 5,210 millones son para capital''.
12. Estudio hecho por la Sener y la CFE titulado necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, página 9.
13. Según cifras oficiales expuestas en el III Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, página 408.
14. Como la eólica, solar, geotérmica, biomasa moderna, biocarburantes, de pequeñas centrales hidroeléctricas o la generada por las mareas.
15. Publicación de la Sener y la CFE; necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, página 8.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputado Cuauhtémoc.
Túrnese a la Comisión de Energía.Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público implementen de manera urgente programas y acciones para el combate al contrabando, la piratería y la mercancía robada en la industria textil.
El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos:Con su permiso, señor Presidente:
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II y 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente propuesta con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de MotivosSe tiene información que la piratería, contrabando y la mercancía robada representa una evasión fiscal de casi ¡27 mil millones de dólares al año! Cuantificar la piratería, contrabando y mercancía robada representa el 30 por ciento del producto interno bruto, que se traduce en ¡180 mil millones de dólares! ¡El 15% de Impuesto al Valor Agregado que pagaría esta mercancía alcanza los 27 mil millones de dólares!
Por otro lado, el 60% de la ropa que se vende en el país es producto del contrabando, lo cual afecta severamente a la industria del vestido. A esto se debe de sumar un 20% más que entra legalmente de importación, lo que deja con muy poco margen a la industria del vestido.
La propia Cámara Nacional de la Industria del Vestido establece que si bien el sector crea 650 mil empleos, con un buen control de las aduanas y programas adecuados en apoyo a este sector podrían crearse 400 mil más. Ante la caída del 30 por ciento de las ventas domésticas, la desaparición de 300 empresas y la inactividad de 50% de la planta productiva, es urgente encontrar alternativas eficaces a estos conflictos financieros y laborales.
Datos de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido revelan que con sólo reducir el 10% de la economía informal de prendas de vestir, la venta del comercio formal crecería en un 20%, la industria podría incrementar la producción en un 35% más y generar al menos 200 mil nuevos empleos.
En Jalisco la importancia de estas empresas es vital para las economías locales, ya que prácticamente los municipios que viven de la industria del textil, como es el caso de Zapotlanejo y Villa Hidalgo.
Por lo antes expuesto es de suma urgencia reorientar los apoyos del Gobierno Federal para que esta importante industria se reactive de manera sólida. Por lo que con base en los artículos 58 y 59 pongo a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo EconómicosPrimero. Solicítese a la Secretaría de Economía simplemente de manera urgente programas de acciones para conformar un frente común con los municipios con actividad económica textil, de manera tal que con la suma de las autoridades locales, estatales y federales se puedan formular los diagnósticos necesarios para definir políticas y programas específicos de cada municipio, buscando las alternativas y financiamientos concretos a las características municipales.
Segundo. Solicítese a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aplicación de programas emergentes para el combate al contrabando de manera coordinada con las instancias involucradas y la aplicación de una profunda revisión y corrección de las aduanas en el país, por ser éstas el origen de la introducción de la mercancía.
Señor Presidente, solicito que el presente sea inscrito de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las secretarias de Economía, y de Hacienda y Crédito público que implanten de manera urgente programas y acciones para el combate del contrabando, la pirateria y la mercancía robada en la industria textil, a cargo diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración esta soberanía propuesta de punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de MotivosSe tiene información de que la piratería, el contrabando y la mercancía robada representan una evasión fiscal de casi 27 mil millones de dólares al año, impuestos que requiere el país para enfrentar una situación de incertidumbre económica,
Cuantificar la piratería, el contrabando y la mercancía robada representa 30 por ciento del Producto Interno Bruto. Ese porcentaje se traduce en 180 mil millones de dólares; el 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado que pagaría esa mercancía alcanza los 27 mil millones de dólares citados.
Por otro lado, 60 por ciento de la ropa que se vende en el país es producto del contrabando, lo cual afecta severamente la industria del vestido. A eso debe sumarse 20 por ciento más que entra legalmente de importación, lo que deja con muy poco margen a la industria nacional.
La propia Cámara Nacional de la Industria del Vestido establece que si bien el sector crea 650 mil empleos, con un buen control de las aduanas y programas sistematizados e institucionales de apoyo al sector podrían crearse 400 mil más.
México es el primer exportador de ropa a Estados Unidos y somos competitivos, pero debemos tener en cuenta la posibilidad de penetrar en China con nuestros productos, como ellos lo hacen aquí, pues la exportación actual es del orden de 8 mil millones de dólares, y en maquila 30 mil, lo que refleja cifras que pueden y deben fortalecerse.
En consecuencia, el Poder Ejecutivi Federal debe ver por el bienestar de las empresas en términos de globalización, ya que no solamente se trata de abrir las puertas a las empresas internacionales sino de crear tratados que disminuyan los aranceles que tienen otras naciones para con la industria mexicana.
Los indicadores de ventas han mostrado un comportamiento variable en los últimos años: el general de venta sigue con altibajos y, por lo que se refiere a la venta de ropa en mayoreo y menudeo, en meses recientes se registró una caída de 33.2 por ciento.
En contraparte, la importación de ropa representa 22 por ciento de incremento entre cada ejercicio de los últimos dos años.
Por otro lado, ante la caída de 30 por ciento de las ventas domésticas, la desaparición de 300 empresas y la inactividad de 50 por ciento de la planta productiva, las restantes firmas del sector textil y del vestido buscan opciones a sus conflictos financieros y laborales.
Datos de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido revelan que con sólo reducir 10 por ciento la economía informal de prendas de vestir, las ventas del comercio formal crecerían 20 por ciento, la industria podría incrementar la producción en 35 por ciento y generar al menos 200 mil empleos.
Tal afectación es completamente directa porque, al darse el ``desempleo de empresarios'', que se vienen abajo y que son los que están generando la economía de muchos municipios, en Jalisco, la importancia de esas empresas es vital para las economías locales, ya que prácticamente esos municipios ``viven'' de la industria textil, como es el caso de Zapotlanejo y Villa Hidalgo, por citar sólo dos ejemplos.
Por cierto, es un tanto difícil tomar las estadísticas del Seguro Social, ya que no son totalmente reales, para valorar el índice real de desempleo, pues no todas las empresas que han cerrado se encontraban inscritas en el Seguro Social. Entonces, no es una estadística muy fidedigna.
Es de suma urgencia reorientar los apoyos del Gobierno Federal para que esta importante industria se reactive de manera sólida.
Por ello, con base en los artículos 58 y 59, pongo a consideración el siguiente
Puntos de Acuerdo EconómicosPrimero. Solicítese a la Secretaría de Economía que se implanten de manera urgente programas y acciones para formar un frente común con los municipios con actividad económica textil, de manera tal que con la suma de las autoridades locales, estatales y federales puedan formularse los diagnósticos necesarios para definir políticas y programas específicos de cada municipio, buscando opciones y financiamientos concretos a las características municipales, debidamente articuladas con las estrategias de promoción económica y proyectos alternativos.
Segundo. Solicítese a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aplicación de programas emergentes para el combate del contrabando de manera coordinada con las instancias involucradas y la aplicación de una profunda revisión y corrección de las aduanas en el país, por ser éstas el origen de la introducción de la mercancía.
Señor Presidente: solicito que el presente sea inscrito de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.--- Ciudad de México, DF, a 30 de marzo de 2004.--- Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Se obsequia lo solicitado por el señor diputado. Insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado.Túrnese a las comisiones unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación, a que intervengan en la resolución de los hechos de agresión con armas de fuego a trabajadores petroleros de la Sección Decimocuarta del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en ciudad Pemex Macuspana, Tabasco.
El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón:Gracias, señor Presidente:
En obvio de los tres minutos haré un comentario general y leeré los puntos de acuerdo.
Hoy enfrentamos todos los partidos políticos el reto de democratizar todos los espacios de la sociedad. El hecho de que los conflictos del orden laboral al seno de un sindicato tan importante como el sindicato petrolero, hoy se estén dirimiendo con armas de fuego, son un reto para la democracia de este país y nuestra capacidad de diálogo de las fuerzas políticas y la capacidad de gobernabilidad del Gobierno Federal y estatal.
En el estado de Tabasco, localidad de Ciudad Pemex, municipio de Macuspana, en la Sección Decimocuarta del sindicato petrolero, ante el descuido de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la atención de los procesos electorales sindicales, a efecto de atender con rigor de ley el otorgamiento de la toma de nota derivada de los mismos hechos electorales, ha provocado enfrentamientos graves entre los trabajadores.
La suma de complicidades y descuidos ha generado un innecesario y peligroso enfrentamiento entre trabajadores, mismo que irresponsablemente se permite que se incone también desde la autoridad ministerial local, ya que son públicos y conocidos los personajes que han portado armas y ha hecho uso de ellos en contar de los activistas sindicales petroleros.
El pasado martes 23, el local sindical que se encontraba bajo resguardo de la Asamblea General Seccional, fue baleado con armas de alto poder por seguidores del nuevo Secretario General, reconocido por las autoridades del trabajo. Los agresores además ingresaron al local y balearon al vigilante Carlos Marín, a quien se le cortó una oreja y después de varias horas de poner en riesgo su vida, impidiendo que fuera entregado a la ambulancia, pudo finalmente ser trasladado a su urgente atención hospitalaria, amenazado de que si decía que había sido baleado, su familia y él mismo pagarían con su vida las agresiones.
Al momento de finalizar la redacción de este punto de acuerdo, el ambiente de enfrentamiento en la ciudad de Macuspana es grave y delicado. Es urgente que se hagan ejercicios democráticos de diálogo y de concertación.
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Que se exhorte a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Gobernación, para que en el marco de sus facultades, propicien la instalación de manera inmediata de una mesa de negociación, que permita dar una salida justa y pacífica a este grave conflicto social, y
Segundo. Que la Procuraduría General de la República atraiga las investigaciones de las denuncias hechas por los trabajadores agredidos, a fin de esclarecer a fondo todo tipo de responsabilidades locales, estatales o federales.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Gobernación a que intervengan en la resolución de los hechos de agresión con armas de fuego a trabajadores petroleros de la sección 14 del STPRM, en ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, a cargo del diputado francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:
La lucha por democratizar a la sociedad y el Estado mexicanos pasa necesariamente por la democratización de los organismos representativos de los trabajadores, los cuales, por cierto, viven de muy diferente modo los llamados tiempos del cambio.
En efecto, persisten viejas resistencias al seno de los sindicatos, tanto en los pequeños o medianos organismos como en los grandes sindicatos nacionales de industria. Este desfase entre el palpable avance de la sociedad y las resistencias a las prácticas democráticas al seno de los sindicatos, con el tiempo se torna más ofensivo para el país y es fuente de peligrosos conflictos. Más aún, de no ser inteligente y oportunamente atendidos por las autoridades competentes, tanto del ámbito del trabajo como del ámbito del gobierno, tales conflictos pondrán en grave riesgo no sólo la tranquilidad social en muchos sitios del país, sino que inclusive pueden desestabilizar la muy valiosa estabilidad laboral.
En este sentido, en el estado de Tabasco, en la localidad de Ciudad Pemex, municipio de Macuspana, donde se asienta la sección 14 del sindicato petrolero, cuyos 2,300 trabajadores laboran para el complejo procesador de gas, se vive hoy en día una situación crítica. A los ojos de cualquier observador de buena fe, resulta obvio el afán de la gran mayoría de los trabajadores integrantes de dicha sección por darse una representación democrática, a través del voto secreto y directo. Sin embargo, esta voluntad de los trabajadores enfrenta muy diversas adversidades, que van desde el descuido de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la atención de los procesos electorales sindicales, a efecto de atender con rigor de ley el otorgamiento de la toma de nota derivada de los mismos, hasta la abierta colaboración de autoridades estatales y de Pemex con los viejos cacicazgos sindicales. Al interior de la sección 14, del Sindicato Petrolero en Ciudad Pemex, Macuspana, la suma de complicidades y descuidos ha generado un innecesario y peligroso enfrentamiento entre los trabajadores, mismo que irresponsablemente se permite que se encone también desde la autoridad ministerial local, ya que son públicos y conocidos los personajes que han portado armas y hecho uso de ellas en contra de los activistas sindicales petroleros.
Prueba de ello son los hechos ocurridos el día martes 16 de marzo, cuando se vivió uno de los momentos más álgidos del hostigamiento contra los trabajadores al ser detenido, sin que mediara citatorio alguno ni orden de aprehensión, el recién electo secretario general de la sección 14, Ignacio Flores Correa, quien había sido ratificado en un proceso electoral ejemplar, mediante el voto secreto y directo de más de 1,700 trabajadores, en el pasado mes de octubre. Como en los peores tiempos del autoritarismo, dicho proceso no fue reconocido por las autoridades federales del trabajo. En circunstancias por demás sospechosas, las autoridades del trabajo, en cambio, reconocen a un dirigente electo en una asamblea a la que no asistieron los trabajadores de planta de la sección y en la que incluso votó gente extraña al sindicato, bajo la abierta protección de la fuerza pública estatal.
Debido a la manifiesta ilegalidad de su detención y a la gran tensión social generada en la localidad, el pasado lunes 22 fue liberado el C. Ignacio Flores Correa sin cargo alguno. Sin embargo, el pasado martes 23, el local sindical que se encontraba bajo resguardo de la asamblea general seccional, fue baleado con armas de alto poder por seguidores del nuevo secretario general reconocido por las autoridades del trabajo. Los agresores además ingresaron al local y balearon al vigilante Carlos Marín, quien después de varias horas de poner en riesgo su vida finalmente pudo ser trasladado a la urgente atención hospitalaria, ya que los propios agresores se oponían a que éste fuera atendido.
Al momento de finalizar la redacción de este punto de acuerdo, (4.00 p.m. del martes 23 de marzo), se vive una muy grave situación social y política en la localidad, ya que el ambiente de enfrentamiento con las bandas agresoras no está siendo mediado por la autoridad estatal, ni es aún del conocimiento del Ministerio Público Federal, pese a que en la agresión se emplearon armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo1. Que se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Gobernación a que, en el marco de sus facultades, propicien la instalación de manera inmediata de una mesa de negociación que permita dar una salida justa y pacífica a este grave conflicto social.
2. Que la Procuraduría General de la República atraiga las investigaciones de las denuncias hechas por los trabajadores agredidos, a fin de esclarecer a fondo todo tipo de responsabilidades, locales, estatales o federales.
Palacio Legislativo, a 30 de marzo de 2004.--- Dip. Francisco Carrillo Soberón (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación.Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al Gobierno del estado de Jalisco y al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, su pronta intervención ante la afectación del estero conocido como ``El Salado''.
El diputado Francisco Javier Bravo Carbajal:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El predio donde se localiza el estero ``El Salado'', en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, fue expropiado mediante decreto del Ejecutivo Federal, por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, dictado el 4 de mayo de 1994.
Esto fue con objeto de destinarlo a la constitución de reservas editoriales para el futuro crecimiento y conservación del centro de población de Puerto Vallarta. Se obtuvo una expropiación de una superficie poco más de 209 hectáreas.
Es el caso que los trabajos técnicos e informativos elaborados por la Secretaría de la Reforma Agraria que sirvieron de base al decreto mencionado, falsamente señalaron que las características intrínsecas del predio correspondían a las denominadas de temporal y agostadero, cuando en realidad se ubica en el mismo el estero denominado ``El Salado'', rodeado de vegetación de manglar blanco, rojo y negro, clasificados como especie natural protegida de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, así como marismas, conformándose el resto del predio por dos remanentes de selva mediana bordeado por sucesiones de elementos de vegetación acuática y subacuática.
Habitan el mismo, todo tipo de especies acuáticas y sub-acuáticas, que van desde aves, cocodrilos, cangrejos, peces etc., sirviendo tal lugar como vaso reproductor de las especies marinas y acuáticas de Bahía de Banderas.
Es de señalar la importancia del estero porque sus aguas ricas en alimento proporcionan al mar adyacente un suministro constante de nutrimentos que favorecen el crecimiento de gran variedad de especies, crustáceos y moluscos, además de ser sitio de desarrollo de especies de importancia económica como el camarón y ser la bahía estación de descanso de la ballena gris, en una ruta migratoria hacia las aguas de Baja California.
No obstante todas éstas y cada una de las bondades naturales, hay que recalcar que existe una falsa en cuadratura legal que se ha dado por las razones ya anteriormente expuestas.
Paso, si me lo permiten, a señalar lo que se refiere a los
Puntos de AcuerdoPrimero. Se solicita la pronta intervención de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a efecto de que conforme a lo dispuesto en el artículo 27 párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Bienes Nacionales, se realice una inspección ocular para constatar que efectivamente el predio en cuestión se trata de un estero ``El Salado'' y se reconozca y declare al mismo como zona de jurisdicción federal.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se le ha agotado su tiempo.
El diputado Francisco Javier Bravo Carbajal:Si me permite nada más terminar.
Que se registre como parte del patrimonio del inmueble y también se exhorte al honorable ayuntamiento constitucional de Puerto Vallarta, a abstenerse y suspender cualquier tipo de autorización para obra pública o proyecto provisional en su caso, la instalación de actividades de concentración masiva en predios adyacentes al estero que impacta negativamente el área protegida del estero por ser esta zona de jurisdicción federal, así como dictar las medidas de preservación y conservación necesarias para la restauración de esta zona ecológica de Puerto Vallarta.
Solicitaría, señor Presidente, sea registrado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates, en su texto íntegro.
«Proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado federal Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Dirección del Patrimonio Inmueble Federal, su pronta intervención ante la afectación del estero conocido como ``El Salado'' de Puerto Vallarta, Jalisco.
Respetable señor Presidente:
Francisco Javier Bravo Carbajal, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante esta respetable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El predio donde se localiza el estero ``El Salado'', en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco fue expropiado mediante decreto del Ejecutivo Federal, licenciado Carlos Salinas de Gortari, dictado el 4 de mayo de 1994, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 1994, sección primera página 71 con número de registro 3379, en uso de las facultades que le conferían los artículos 27 y 94 de la Ley Agraria.
En el resultando primero del mencionado decreto se estipuló que por oficio numero 100092 de fecha 5 de abril de 1988, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la Expropiación de 2.334,400 ha de terrenos ejidales del poblado denominado Puerto Vallarta, municipio de Puerto Vallarta del Estado de Jalisco, para destinarlos a la constitución de reservas territoriales para el futuro crecimiento y conservación del centro de población de Puerto Vallarta, misma que se ajusta a lo establecido en los artículos 93 fracción H y 94 de la Ley Agraria y se comprometió a pagar la indemnización correspondiente conforme a la ley. Posteriormente mediante oficio número 6128 de fecha 14 de octubre de 1992, la Secretaría de Desarrollo Social confirmó su interés jurídico para que se continúe con el trámite de la presente acción expropiatoria y por ocurso número 043 de fecha 17 de Enero de 1994, el gobierno del estado de Jalisco hace suya la presente solicitud de expropiación en todos sus términos comprometiéndose a cubrir el monto de la indemnización de la superficie a expropiar, iniciándose el procedimiento relativo de cuyos trabajos técnicos e informativos se obtuvo la superficie real de expropiación de 2.097.088.63 ha de uso común de las cuales 1290000 has. son de temporal y 807,088.63 ha de agostadero.
Es el caso que los trabajos técnicos e informativos elaborados por la Secretaría de Reforma Agraria que sirvieron de base al decreto mencionado falsamente señalaron que las características intrínsecas del predio correspondían a las denominadas de temporal y agostadero, cuando en realidad se ubica en el mismo el estero denominado ``El Salado'', rodeado de vegetación de manglar blanco, rojo y negro, clasificada como especie natural protegida de acuerdo a la norma oficial mexicana, así como marismas, conformándose el resto del predio por dos remanentes de selva mediana bordeado por sucesiones de elementos de vegetación acuática y subacuática. Habitan el mismo todo tipo de especies acuáticas y subacuáticas que van desde aves, cocodrilos, cangrejos, peces etcétera, sirviendo tal lugar como vaso reproductor de las especies marinas y acuáticas de Bahía de Banderas.
Su conexión al océano es permanente, a través de un canal de aproximadamente 20 metros de ancho y dos kilómetros de largo tierra adentro que desemboca a la rada portuaria.
El predio denominado ``El Salado'' por su naturaleza y característica encuadra dentro de los supuestos jurídicos del artículo 27 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como zona de jurisdicción federal.
Sin embargo, debido a la manipulación existente en los trabajos técnicos e informativos tal predio está encuadrado actualmente como de agostadero y pastizales, encajando consecuentemente dentro del supuesto contenido en el artículo 27 párrafo tercero.
AntecedentesEs importante resaltar que desde hace más de 30 años el estero ha pagado un tributo bastante alto, por el bienestar de Puerto Vallarta, sólo es necesario recordar que su antigua boca dio cabida a la actual rada portuaria, sitio que resguarda a los grandes cruceros y embarcaciones turísticos cuya derrama económica constituye una contribución a la economía del puerto, además durante la década de los ochenta, alrededor del 50% de la cobertura original del manglar fue desmantelada, para ceder espacio al desarrollo turístico denominado Marina Vallarta I, de alta plusvalía en el mercado inmobiliario extranjero, proyecto que impactó las actividades de la pesca al alterarse el entorno ecológico.
Vallarta está también conformado por familias de pescadores ribereños, quienes deben crédito de sus capturas a la presencia del estero y otros cuerpos costeros similares; no obstante todo lo anterior, el estero tiene otra bondad: con sus aguas ricas en alimento proporciona al mar adyacente un suministro constante de nutrimentos que favorece el crecimiento de gran variedad de peces, crustáceos y moluscos, además de ser sitio de desarrollo de especies de importancia económica como el camarón y ser la bahía estación de descanso de la ballena gris en su ruta migratoria hacia las aguas de Baja California.
No obstante todas y cada una de las bondades naturales de este estero, debido a la falsa encuadratura legal que se le dio por las razones ya anteriormente expuestas, se encuentra en un alto riesgo de ser afectado con proyectos inmobiliarios en virtud de que si bien en respuesta a las protestas de los grupos ecológicos de la zona no ha sido posible su total apropiación, el hecho de que legalmente se siga manejando como un terreno y/o predio en el que se pueden realizar trasmisiones de dominio entre particulares conforme a los dispuesto en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional abre la posibilidad de afectación del entorno ecológico de Bahía de Banderas al no reconocerse ni la verdadera naturaleza ni características de tal predio conforme a lo dispuesto por el artículo 27 constitucional párrafo quinto, como terreno en que la nación ejerce su jurisdicción y soberanía, no sujeto a acción de urbanización sino a conservación y preservación ecológica.
Exposición de MotivosEl estero ha pagado un precio muy alto por el bienestar de Puerto Vallarta, fue destruido el 50% de mangle debido a la construcción de la megazona privada de alta plusvalía ``Marina Vallarta'', atentando a través del tiempo, contra el entorno ecológico por el gran número de embarcaciones y cruceros turísticos que se detienen en ``Marina Vallarta'', arrojan al agua grasa y aceites que desembocan al mar y afectan el ecosistema adyacente.
En virtud de las protestas de los grupos ecológicos y estatales, se decretó que 168 hectáreas del predio serían declaradas zona natural protegida a cargo del estado de Jalisco en razón de su flora y fauna, pero jamás se reconoció nuevamente la verdadera naturaleza y características del terreno conforme al artículo 27 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como terreno de jurisdicción federal.
Por el contrario, tal predio pasó a formar parte del Fideicomiso denominado FIDEUR, dependiente del gobierno del estado de Jalisco, quien a su vez constituyó un subfideicomiso denominado FIDES que actualmente está manejado por funcionarios del estado de Jalisco y empresarios inmobiliarios del área de Bahía de Banderas, actuando como institución fiduciaria primero Bancomer y ahora BBVA.
De esta forma un terreno de jurisdicción federal, perteneciente a la nación, ha pasado a ser parte del patrimonio de un fideicomiso a cargo de un grupo bancario extranjero.
Gran parte de inversionistas han solicitado adquirir terrenos colindantes a la zona natural protegida y con justa razón, la presencia de un estero les garantizaría mayor plusvalía.
Si bien es cierto que la inversión privada siempre es bienvenida, no nos podemos olvidar que esa área es un área destinada a la preservación ecológica y conforme a lo declarado por el Presidente Vicente Fox en la Cumbre de Johannesburgo, la preservación de los recursos ecológicos es una cuestión de seguridad nacional. En tanto no se reconozca la verdadera tesitura legal del predio del estero El Salado, los inversionistas inmobiliarios tendrán la facilidad de urbanizar tal predio, iniciando con las áreas adyacentes al estero arriesgando no sólo la flora y la fauna terrestre, sino también las aves que existen en el área natural protegida e impactando al ecosistema que conforma Bahía de Banderas.
Por otro lado, es un hecho que las distintas administraciones municipales han sido omisas en frenar la contaminación del estero El Salado al permitir que tanto el rastro municipal corno la población del lugar desemboquen sus drenajes en el mismo, lo que lo identifica como una de las 17 cuencas de drenaje del municipio hacia el mar, contaminación permitida que ha sido utilizada por los inversionistas para demostrar que el estero está ``muerto'' y es necesario darle otro tipo de uso a los predios.
Los pobladores han contaminado dicha área, entre el mangle se puede detectar diversa basura y animales muertos, basura doméstica etcétera. Queda claro que cualquier edificación o uso de instalaciones en actividades masivas, que pretenda usar los terrenos colindantes, darán impactos negativos al área protegida del estero ``El Salado''.
Es urgente implementar acciones de restauración y preservación a favor de todo el ecosistema que conforma el estero El Salado reconociendo su impacto en el sistema ambiental en el microsistema de Bahía de Banderas declarando primero tal zona como área de jurisdicción federal y ordenando delimitar la zona federal marítimo-terrestre tanto en función de las características intrínsecas del terreno como de la existencia de las zonas de mangle blanco, rojo y negro y su necesaria área de amortiguamiento a efecto de que cualquier acción que se desee implementar en tal lugar se encuentre bajo la supervisión de la Federación, a efecto de garantizar la preservación del entorno ecológico por ser su conservación una cuestión de seguridad nacional.
Ante ello me permito presentar ante esta soberanía, los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se solicita la pronta intervención de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a efecto de que conforme a lo dispuesto en el artículo 27 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo conducente en la Ley General de Bienes Nacionales, realicen una inspección ocular en el predio en que se encuentra localizado el estero El Salado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a efecto de que se reconozca y declare el mismo como zona de jurisdicción federal, en razón de las características y naturaleza intrínseca del mencionado predio.
Segundo. Una vez reconocida la zona del estero El Salado como zona de jurisdicción federal se ordene registrarla como parte del Patrimonio Inmueble de la Federación.
Tercero. En virtud de las facultades concurrentes entre los gobiernos estatales y municipales para el establecimiento de políticas y acciones de conservación y preservación ecológica se dicten las medidas de conservación y preservación necesarias a efecto de frenar la depredación y propiciar la pronta restauración del estero ``El Salado'', como zona natural protegida con la intervención de los tres niveles de gobierno.
Cuarto. Se exhorte al ayuntamiento constitucional de Puerto Vallarta, abstenerse y suspender cualquier tipo de autorización para obra pública o proyecto provisional y en su caso, la instalación de actividades de concentración masiva en predios adyacentes al estero que impacten negativamente al área protegida del estero por ser éste zona de jurisdicción federal, así como dictar las medidas de preservación y conservación necesarias para la restauración de la zona ecológica de Vallarta.
Quinto. De ser necesario y conforme lo dispuesto en el artículo 8° fracción décima de la Ley de Bienes nacionales, solicitar, la intervención de la Procuraduría General de la República a efecto de que ejercite la acción reivindicatoria a favor de la nación respecto del predio ``El Salado''.
Palacio Legislativo Federal, a 5 de abril de 2004.--- El diputado federal Francisco Javier Bravo Carbajal.--- V distrito de Puerto Vallarta, Jalisco.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Obsequiada favorablemente su solicitud, en el caso de que no haya sido publicada en la Gaceta.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.El siguiente punto del orden del día, ha sido pospuesto. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo para que el pleno de la Cámara de Diputados exhorte a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, a que detenga el canje de pagarés del Fobaproa, hasta que se observe el estricto cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del I PAB.
El diputado Javier Salinas Narváez:Muchas gracias, señor Presidente; con su venia:
Punto de acuerdo para que el pleno de la Cámara de Diputados exhorte a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para que detenga el canje de pagarés del Fobrapoa hasta que no se observe el estricto cumplimiento al artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.
AntecedentesPrimero. El programa de capitalización y compra de cartera implementado por el Fobrapoa durante el rescate bancario, ha sido severamente cuestionado, tanto por su legalidad, como su operatividad y eficacia por este Congreso. En la propia ley que dio origen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en su capítulo de antecedentes se cuestiona fuertemente de manera, cómo el Gobierno enfrentó la crisis bancaria; de manera adicional afirman lo siguiente:
La asunción de las obligaciones solidarias en los contratos de compra de cartera al igual que el aval otorgado por los pagarés que documentan tal compra de cartera y las operaciones derivadas del programa de saneamiento financiero, se hicieron al margen de la Constitución.
Es precisamente por lo anterior, que el Congreso otorgó un mandato al IPAB y estableció un mecanismo especial para que los pasivos originados por los programas de capitalización y compra de cartera, puedan ser asumidos por dicho instituto, hasta ese entonces pueda ser avalado por el Congreso.
Como consecuencia, desde el año 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha buscado mecanismos para llegar a un acuerdo con los bancos, para que retiren sus amparos y permitan ser auditados a cambio de modificar el grado de oportunidad y contenido de las auditorías que la propia Junta de Gobierno del IPAB aprobó en el 2003.
Por todo lo anterior, en febrero de 2004, la Comisión Permanente del Congreso formuló y envió al Secretario Ejecutivo del IPAB, una serie de cuestionamientos que los legisladores conociéramos cuál es la situación respecto al cumplimiento del artículo decimoquinto transitorio de la Ley del IPAB y del canje de pagarés del Fobrapoa por pagarés del IPAB, considerando que en dicho acuerdo solicitaba textualmente lo siguiente: ``se exhorta al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a convocar a las instituciones bancarias participantes en el programa de capitalización y compra de cartera, para que cumplan con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y se dé el debido procesamiento de los documentos de trabajo del informe Mackey, incluyendo los reportes de los Banks Reports y la continuación de las revisiones de gestión fiduciaria, de legalidad, de identidad, de objeto existencial y legitimidad de las operaciones materia de este programa, apegándose para ello al artículo quinto transitorio.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58 del...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Agotado el tiempo, señor diputado.
El diputado Javier Salinas Narváez:...Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) detenga el canje de pagarés del Fobrapoa, hasta que no se observe el estricto cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.
Muchas gracias, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que el pleno de la Cámara de Diputados exhorte a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro bancario a que detenga el canje de pagares de Fobaproa hasta que no se observe el estricto cumplimiento del artículo quinto transitorio de la ley del IPAB, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del PRD
Antecedentes1.- El Programa de Capitalización y Compra de Cartera implementado por el Fobaproa durante el Rescate Bancario, ha sido severamente cuestionado tanto por su legalidad como por su operatividad y eficacia por este Congreso.
2.- En la propia Ley que dio origen al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), en su Capítulo de antecedentes, se cuestiona fuertemente la manera en como el gobierno enfrentó la crisis bancaria. De manera adicional afirma lo siguiente: ``la asunción de las obligaciones solidarias en los contratos de compra de cartera, al igual que el aval otorgado en los pagarés que documentan tal compra de cartera, y las operaciones derivadas del programa de saneamiento financiero, se hicieron al margen de la Constitución''.
3.- Es precisamente por lo anterior que el Congreso otorgó un mandato al IPAB y estableció un mecanismo ``especial'' para que los pasivos originados por los Programas de Capitalización y Compra de Cartera puedan ser asumidos por dicho Instituto y hasta ese entonces puedan ser avalados por este Congreso.
4.- Dicho mecanismo se encuentra claramente señalado en el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB y entre otras cosas establece la necesidad de realizar auditorías y revisiones a las operaciones de capitalización y compra de cartera.
5.- Debido a que de la revisión del Informe Mackey se desprende que su trabajo no puede ser considerado como una auditoría, entre otras cosas por las limitaciones que tuvo en cuanto al acceso a la información, por la ausencia de un dictamen y porque el propio Mackey establece que su trabajo no puede ser considerado como una auditoría, y a consecuencia de una recomendación realizada en 1999 por la Contaduría Mayor de Hacienda, el 14 de mayo del 2002, la Junta de Gobierno del IPAB decidió proceder con apego a lo dispuesto por el artículo quinto transitorio y proceder con las auditorías.
6.- Esto originó que los cuatro bancos beneficiados con ese programa (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte) interpusieron un amparo en contra del IPAB e indirectamente en contra del mandato del Congreso Mexicano.
7.- Como consecuencia, desde el año 2002 la SHCP ha buscado mecanismos para llegar a un acuerdo con los bancos, para que retiren sus amparos y permitan ser auditados, a cambio de modificar el grado de profundidad y contenido de las auditorias que la propia Junta de Gobierno del IPAB aprobó en mayo del 2002.
8.- Por todo lo anterior, en febrero del 2004 la Comisión Permanente del Congreso formuló y envió al Secretario Ejecutivo del IPAB una serie de cuestionamientos para que los legisladores conociéramos cual es la situación respecto del cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB y del canje de pagarés de Fobaproa por pagarés IPAB.
ConsiderandoA) Que de manera adicional a los hallazgos reportados en el Informe Mackey, la Auditoria Superior de la Federación en cumplimiento de las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del IPAB, ha realizado importantes señalamientos en las Revisiones efectuadas a la Cuenta Pública del 2000 y del 2001, que indican la existencia de graves irregularidades en la aplicación del Programa de Capitalización y Compra de Cartera en Banamex, BBV-Bancomer, Bital y Banorte.
B) Que muchos de los señalamientos del Auditor Superior de la Federación ya habían sido advertidos por el propio órgano de Control Interno del IPAB.
C) Que los señalamientos de ambos órganos de fiscalización permitirían la reducción en el costo fiscal del rescate bancario, reduciendo la presión a las finanzas públicas, permitiendo con ello canalizar recursos al sector social y productivo.
D) Que el cabal cumplimiento del artículo quinto transitorio es un requisito indispensable para que se pueda dar el ``canje'' de pagarés y por lo tanto el Congreso respalde esos nuevos pagarés emitidos por el IPAB.
E) Que la disminución en el valor de los pagarés de Fobaproa no representaría como se ha dicho por parte de diversas autoridades financieras un nuevo ``quebranto'' para las Instituciones bancarias ya mencionadas, en virtud de que la misma Ley del IPAB establece claramente en su articulo 28, los requisitos para dar apoyos financieros a las instituciones bancarias que así lo requieran.
F) Que para disipar los intentos de la SHCP, el 13 de agosto del 2003 la Comisión Permanente de este Congreso aprobó de manera unánime un Exhorto al IPAB a fin de que se diera un estricto cumplimiento al Artículo Quinto transitorio de la Ley del IPAB.
G) Que en dicho acuerdo solicitaba textualmente lo siguiente: ``Se exhorta al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a convocar a las instituciones bancarias participantes en el programa de capitalización y compra de cartera, para que cumplan con lo dispuesto por el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y se dé el debido procesamiento de los documentos de trabajo del informe de Mackey (incluyendo los reportes de los bancos ``bank reports''), y la continuación de las revisiones de gestión fiduciaria, de legalidad, de identidad, de objeto, existencia y legitimidad de las operaciones materia del programa; apegándose para ello, al Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y a las bases del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del IPAB el 14 de mayo del 2002 y a la legislación común aplicable.
H) Que a 8 meses de haber realizado dicho exhorto, es fecha que el IPAB no ha informado sobre la instrumentación de la solicitud que le hiciera la Comisión Permanente.
I) Que en vez de ello, funcionarios de Hacienda, de la CNBV y Banqueros, señalan los avances para un ``Acuerdo'' respecto del quinto transitorio.
J) Que de las respuestas entregadas por el Secretario Ejecutivo del IPAB, destaca el hecho de que en opinión del propio IPAB, el trabajo de Mackey, no es suficiente para dar cumplimiento al Articulo Quinto Transitorio de la Ley del IPAB.
K) Que de las respuestas enviadas por el IPAB, se desprende que este Instituto NO CONSIDERA A LOS BANK REPORTS, como parte integral del Informe Mackey.
L) Que del análisis de los Bank Reports que inclusive obran en poder del Instituto se desprende que al menos dos de los cuatro bancos, que se niegan a ser auditados, NO REQUERÍAN DE APOYOS por parte del Gobierno Federal
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este pleno, el siguiente;
Punto de AcuerdoUnico: El Pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a detener el canje de pagarés de Fobaproa, hasta que no se observe el estricto cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2004.--- Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.Tiene el uso de la palabra la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo en torno a la situación que se vive en el municipio de Tetipac, estado de Guerrero.
La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero:Con su venia, señor Presidente:
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Adelante.
La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero:Compañeras y compañeros diputados:
Primero, Tetipac, es un municipio localizado al norte de Guerrero; colinda con los municipios de Pilcaya, Pedro Ascencio, Taxco y el estado de México. El municipio cuenta con 35 localidades y posee una superficie de 269 kilómetros cuadrados, su población de 13 mil 318 habitantes.
Segundo. Como representantes populares, es nuestro deber estar atentos a los reclamos de la ciudadanía.
Tercero. Que ante su servidora se ha presentado un grupo de ciudadanos de distintos partidos, para denunciar la grave situación que se vive hoy en día el municipio de Tetipac, Guerrero.
Cuarto. Que solicitan nuestra intervención antes de que se susciten hechos sangrientos.
Quinto. Los ciudadanos representados por los regidores del ayuntamiento del Tetipac, manifiestan que hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta.
Sexto. También declaran que el presidente municipal, de nombre Serafín Ayala Ramos, ha realizado actos de corrupción, siendo éstos: desvío de recursos sobre precio y mala calidad en la obra pública, incumplimiento de las obras programadas para el ejercicio 2003; negar expedientes técnicos a los comités de las obras; malgastar el erario público en parrandas; no entregar la cuenta pública; rentar los camiones del ayuntamiento a beneficio personal; aplicarse el dinero de los productores a través de sus familiares; permanente ausentismo en el ayuntamiento; descontar sin autorización del cabildo el 50% de la compensación de los comisarios municipales y despotismo.
Por ello, el jueves 29 de marzo realizaron una marcha a la capital del estado de Guerrero y se plantaron frente al Palacio de Gobierno exigiendo la destitución del alcalde, acusándolo por desvió de más de 4 millones de pesos del presupuesto municipal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Cuarto de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece que los mismos serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, lo cual sin duda redunda en el perjuicio de los intereses públicos de la población, como lo establece en su artículo 109 de nuestra Carta Magna.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los que suscribimos sometemos a la consideración del pleno el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Congreso del estado de Guerrero, a su pronta intervención para buscar una solución a la solicitud de los ciudadanos en torno a la destitución del alcalde de Tetipac, que de lo contrario puede derivar en hechos que pudiéramos lamentar los guerrerenses y en particular los habitantes del municipio de Tetipac, Guerrero.
Firman este punto los diputados: Francisco Chavarría, Juan García Costilla, Rosario Herrera Ascencio, Zeferino Torreblanca, Javier Manzano y Angel Pasta Muñuzuri, del PAN y su servidora, Irma Figueroa.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, en torno de la situación que se vive en el municipio de Tetipac, Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD
La suscritos, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en base a las facultades que les confiere la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base a las siguientes:
ConsideracionesI.- Tetipac es un municipio localizado al norte de Guerrero, colinda con los municipios de Pilcaya, Pedro Ascencio, Taxco y el Estado de México. El municipio cuenta con 35 localidades, y posee una superficie de 269 kilómetros cuadrados. Su población según el Censo General de Población del año 2000 realizado por el INEGI es de un total de 13,318 habitantes, siendo 6552 mujeres y 6766 hombres.
2.- Como representantes populares es nuestro deber estar atentos a los reclamos de la ciudadanía.
3.- Que ante su servidora se ha presentado un grupo de ciudadanos de distintos partidos para denunciar la grave situación que se vive hoy en día en el municipio de Tetipac, Guerrero.
4.- Que solicitan nuestra intervención antes de que se susciten hechos sangrientos.
5.- Los ciudadanos representados por los regidores del ayuntamiento de Tetipac, manifiestan que hasta el momento no han obtenido respuesta de las autoridades estatales.
6.- También declaran que el presidente municipal de nombre Serafín Ayala Ramos ha realizado actos de corrupción siendo estos:
a) Desvío de recursos
b) Sobre-precio y mala calidad en la obra pública
c) Incumplimiento de las obras programadas para el ejercicio del 2003
d) Negar expedientes técnicos a los comités de las obras
e) Malgastar el erario público en parrandas, gallo, etc.
f) No entregar la Cuenta Pública
g) Rentar los camiones del Ayuntamiento en beneficio personal
h) Adjudicarse dinero de los productores a través de sus papá
i) Permanente ausentismo del Ayuntamiento
j) Descontar sin autorización del Cabildo el 50% de la compensación de los Comisarios Municipales, y
k) Despotismo entre otros.
7.- Los estados del sur se caracterizan por un rezago estructural, donde la desigualdad en el reparto de la riqueza ha generado pobreza y marginación social.
8.- Estamos concientes que en los estados del sur, desde hace tiempo se han suscitado hechos lamentables que en más de una ocasión su desenlace ha traído consigo la muerte de inocentes.
9.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Titulo Cuarto de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece que los mismos serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, lo cual sin duda redunda en el perjuicio de los intereses públicos de la población, como lo establece en su artículo 109 nuestra Carta Magna.
Por lo anteriormente expuesto y fundado los que suscribimos sometemos a la consideración del pleno el siguiente
Punto de AcuerdoUnico.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Congreso del Estado y al Gobernador de Guerrero, Lic. René Juárez Cisneros a su pronta intervención para buscar una alternativa de solución a este delicado asunto, que puede derivar en hechos que pudiéramos lamentar los guerrerenses y en particular los habitantes del municipio de Tetipac, Guerrero.
México, DF, a 5 de abril de 2004.--- Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputada Figueroa.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Robles Aguilar, para presentar una proposición con punto de acuerdo respecto de la entrada al territorio nacional de militares del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para realizar presuntamente prácticas militares en el estado de Puebla. Suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El diputado Arturo Robles Aguilar:Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
Quienes suscribimos, diputado federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, de urgente y obvia resolución, con respecto a la entrada a territorio nacional de militares del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para realizar presuntamente prácticas militares en el estado de Puebla.
ConsideracionesTomando en cuenta que el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte a través de su ministerio de defensa, confirmó la presencia de un contingente militar presuntamente realizando en los últimos días una expedición oficial llamada ``Tigre de Cuetzalan'', para efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Británica y teniendo en consideración que no hay justificación alguna para encubrir prácticas militares con actividades turísticas, entendiendo de antemano que los estados establecen acuerdos de cooperación en materia de capacitación y entrenamiento militar, interesados en conocer las razones que motivaron la falta de respuesta expedita de las autoridades competentes del Gobierno Federal en las primeras horas de conocimiento del suceso y el aguardo del equipo del rescate británico e interesados en saber los posibles impactos que tuvo este lamentable hecho en las relaciones bilaterales con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y preocupados por vigilar la aplicación irrestricta de la ley, el cabal cumplimiento del Estado de Derecho y el resguardo de la soberanía nacional.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a la brevedad se sirva enviar a esta soberanía la información necesaria a efecto de conocer las causas y motivos del ingreso y permanencia en territorio nacional de presuntos militares ingleses, en un contingente de supuesta operación de entrenamiento marcial en la zona serrana del estado de Puebla.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respalda la posición del Presidente de la República, al enviar dos notas diplomáticas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Gobierno del Reino Unido, para solicitar una explicación detallada sobre el tipo de actividades que estaba realizando el grupo de ingleses en esta zona.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Agotado el tiempo, diputado.
El diputado Arturo Robles Aguilar:Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, respecto de la entrada en territorio nacional de militares del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte presuntamente para realizar prácticas militares en el estado de Puebla, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, suscrita por diputados integrantes de la comisión de relaciones exteriores
Quienes suscribimos, diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, de urgente u obvia resolución, con respecto a la entrada a territorio nacional de militares del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para realizar presuntamente prácticas militares en el estado de Puebla.
ConsideracionesTomando en cuenta que el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a través de su Ministerio de Defensa, confirmó la presencia de un contingente de militares, presuntamente realizando en los últimos días una expedición oficial llamada Tigre de Cuetzalan, en la que se entrenan efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.
Teniendo en consideración que no hay justificación alguna para encubrir prácticas militares con actividades turísticas, entendiendo de antemano que los Estados establecen acuerdos de cooperación en materia de capacitación y entrenamiento militar.
Interesados en conocer las razones que motivaron la falta de respuesta expedita de las autoridades competentes del Gobierno Federal en las primeras horas de conocimiento del suceso y el aguardo del equipo de rescate británico.
Abocados en saber los posibles impactos que tuvo este lamentable hecho en la relación bilateral con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Preocupados por vigilar la aplicación irrestricta de la ley, el cabal cumplimiento del Estado de Derecho y el resguardo de la soberanía nacional.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
Punto de AcuerdoPrimero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a la brevedad, se sirva enviar a esta Soberanía la información necesaria a efecto de conocer las causas y motivos del ingreso y permanencia en territorio nacional de presuntos militares ingleses en un contingente de supuesta operación de entrenamiento marcial en la zona serrana del estado de Puebla.
Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión apoya la iniciativa del Presidente de la República al enviar dos notas diplomáticas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Gobierno del Reino Unido para solicitar una explicación detallada sobre el tipo de actividades que estaba realizando el grupo de nacionales del Reino Unido en dicha zona.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue, Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretarios, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, Angel Juan Alonso Díaz, Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu, Sami David David, Homero Díaz Rodríguez, María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández, Rogelio Alejandro Flores Mejía, Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez, Fernando Alberto García Cuevas, Juan José García Ochoa, Marcela González Salas y Petricioli, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías, Leticia Gutiérrez Corona, Francisco Xavier López Mena, Alejandra Méndez Salorio, Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García, Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez y Marco Antonio Torres Hernández.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera la proposición de urgente resolución, con votación calificada, en forma económica.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.
Los diputados y las diputadas que estén por la negativa... La mayoría calificada por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se considera de urgente resolución.En consecuencia está a discusión la proposición...
Como no hay oradores registrados, se considera suficientemente discutida.
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Aprobada, comuníquese.
Tiene el uso de la palabra el diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al Informe Anual 2003, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz:Con su permiso, señor Presidente:
En virtud del acuerdo de reducción del tiempo, presentaré sintetizado el punto de acuerdo, por lo que solicito a esta Presidencia, se publique íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de Debates.
Compañeras y compañeros diputados:
Someto ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
ConsideracionesQue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos publicó su informe anual 2003, referente a la situación de los derechos humanos en América Latina, en el cual se incluye el V Informe de Progreso de la Relatoría Sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de su Familia, caso México, como parte de las labores relativas a su mandato de promoción.
Que en el informe se constata la violación de los derechos humanos a los migrantes nacionales y latinoamericanos que cruzan en nuestro país para llegar a Estados Unidos.
Que existen reportes de corrupción, abusos, robos y violaciones a derechos humanos por parte de miembros del Grupo Beta, dependientes del Instituto Nacional de Migración, los cuales deben ser combatidos de manera directa y sin consideración alguna.
Que el PRD, en diversos foros internacionales y en esta tribuna, ha demando el respeto a los derechos humanos de nuestros trabajadores migratorios y sus familias en Estados Unidos, pero a su vez, también hemos denunciado los abusos que se cometen con los migrantes centroamericanos por parte de las autoridades municipales, estatales y federales, por lo que no se puede seguir actuando bajo una doble moral, ya que informes como el que estamos comentando, nos muestran que nuestro país no se ajusta al Estado de Derecho.
Compañeras y compañeros diputados: informes como el presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, muestran un grave rezago en nuestro país en esta materia, siendo necesario atender las consideraciones presentadas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. Que las comisiones unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; Justicia y Derechos Humanos; Gobernación y Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados, soliciten a los ciudadanos Magdalena Carral Cuevas, en su carácter de comisionada del Instituto Nacional de Migración y Javier González Galarza en su carácter de director del Grupo Beta, informen por escrito la forma en que han atendido las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA 2003.
Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cite a comparecer ante comisiones unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, Justicia y Derechos Humanos, Gobernación y Relaciones Exteriores, a los citados servidores públicos, a fin de que informen al seno de las mismas, las medidas que han tomado en relación con las violaciones a los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros y los actos de corrupción del Grupo Beta, contenidos en el informe antes citado.
Muchas gracias, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, relativo al informe anual 2003 presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a cargo del diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del grupo parlamentario del PRD
Con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 45, numeral 1 y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y 93 del Código Político de 1917, someto ante esta Soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
ConsideracionesCompañeras y compañeros diputados
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, publicó su Informe Anual 2003, referente a la situación de los Derechos Humanos en América Latina; en el cual se incluye el ``Quinto Informe de progreso de la Relatoría sobre trabajadores migratorios y miembros de su familia'' caso México, como parte de las labores relativas a su mandato de promoción.
Que la Comisión ha establecido contactos con varios gobiernos para observar en el terreno la situación de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias en los países miembros de la OEA.
Que en el escrito de referencia se menciona que la relatora de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó nuestro país a propuesta del Gobierno mexicano del 25 de julio al 1° de agosto del 2002; siendo recibida por funcionarios del gobierno federal, y con Senadores de la República, organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Que en el informe se constata la violación de los derechos humanos a los migrantes nacionales y latinoamericanos que cruzan a nuestro país para llegar a los Estados Unidos.
Que consideramos preocupante la militarización de nuestra frontera con Centroamérica ya que en ella, participan el Ejército, la Marina, las policías judiciales y agentes del Instituto Nacional de Migración en el denominado Plan Sur, con el único objetivo de sellar nuestra frontera.
Que existen reportes de corrupción, abusos, robos y violaciones a derechos humanos por parte de miembros del grupo BETA dependientes del Instituto Nacional de Migración, los cuales deben ser combatidos de manera directa y sin consideración alguna.
Que nuestro instituto político ha sostenido que la migración es un fenómeno global, el cual se ha acentuado en los últimos años por una injusta distribución de la riqueza y que sus causas se derivan de un modelo económico que ha mostrado en estos últimos 10 años su fracaso, como claramente lo ha expuesto Joseph Stiglitz en su obra denominada ``El malestar de la globalización''.
Que el PRD en diversos foros internacionales y en esta tribuna ha demandado el respeto a los derechos humanos de nuestros trabajadores migratorios y sus familias en Estados Unidos, pero a su vez, también hemos denunciado los abusos que se cometen con los migrantes centroamericanos por parte de las autoridades municipales, estatales y federales, por lo que no podemos seguir actuando bajo una doble moral, ya que informes como el que estamos comentando nos muestran que nuestro país no se ajusta al Estado de Derecho.
Que es urgente adecuar nuestras normas legales a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos para combatir eficazmente el tráfico ilícito de personas y desmantelar organizaciones trasnacionales de tráfico de migrantes y desaparecer la corrupción y los abusos de autoridad en las corporaciones policiacas.
En nuestro país hace falta mucho por hacer para que los Derechos Humanos se respeten.
Que informes como el presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA muestran un grave rezago en esta materia, por lo que saludamos el informe.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero.- Que las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, Justicia y Derechos Humanos, Gobernación y Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados soliciten de los CC. Lic. Magdalena Carral Cuevas, en su carácter de Comisionada del Instituto Nacional de Migración, y al Lic. Javier González Galacia, en su carácter de Director del Grupo Beta, informen por escrito, la forma en que han atendido las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA del 2003.
Segundo. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión cite a comparecer ante Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, Justicia y Derechos Humanos, Gobernación y Relaciones Exteriores a los citados servidores públicos, a fin de que informen al seno de las mismas, las medidas que han tomado en relación con las violaciones a los Derechos Humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros y los actos de corrupción de los Grupos Beta, contenidos en el Informe antes citado.
Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los treinta días del mes de marzo de 2004.--- Dip. Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos.Tiene el uso de la palabra la diputada Irene Herminia Blanco Becerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, relativo a la importación ilegal de delfines de las islas de Salomón y su futuro traslado a la isla de Cozumel.
La diputada Irene Herminia Blanco Becerra:Con su venia, señor Presidente:
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Adelante.
La diputada Irene Herminia Blanco Becerra:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a solicitar se apruebe de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, en relación con la importación ilegal de delfines de las islas Salomón y su futuro traslado a la isla de Cozumel en el estado de Quintana Roo:
Primero. Se exhorte a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, para que, en el ámbito de su respectiva competencia, ordene la suspensión de las obras del delfinario ``Club Recreativo'' y de ``Playa Palancar'' en la isla Cozumel; asimismo, se haga una revisión exhaustiva a todos los trámites relativos a la autorización para la construcción y operación de dicho delfinario.
Segundo. Se exhorte a la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente, para que se ordene el aseguramiento precautorio de dichos ejemplares de la vida silvestre y se proceda, bajo derecho, a la clausura del delfinario ``Atlántida'' en Marque Nizuc, Cancún, en el estado de Quintana Roo, por violaciones graves a la normatividad ambiental nacional.
Tercero. Se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en términos de lo dispuesto en la normatividad ambiental nacional e internacional, revoque el permiso de importación de los 28 delfines que llegaron a Parque Nizuc y ordene la reparación del daño ambiental, así como la devolución de dichos ejemplares, de los delfines, a su país de origen.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la importación ilegal de delfines de las islas Solomón y su futuro traslado a la isla de Cozumel, a cargo de la diputada Irene Herminia Blanco Becerra, del grupo parlamentario del PAN
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LIX Legislatura.--- Presente.
Irene Herminia Blanco Becerra, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a solicitar se apruebe de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación con la importación ilegal de delfines de las Islas Solomón y su futuro traslado a la Isla de Cozumel, al tenor de los siguientes
AntecedentesPrimero.- Con fecha 8 de julio del año 2003, la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió el permiso CITES de importación número 19633, que autoriza la importación de 33 delfines de la especie Tursiops aduncus, de las Islas Solomón, a favor de la empresa Inmobiliaria Propac, SA de CV, propiedad del señor Bernardo Zambrano.
Segundo.- Con fecha 9 de julio del mismo año, la misma Dirección de Vida Silvestre emitió el oficio No 04658, especificando las condicionantes para realizar la importación de dichos delfines.
Tercero.- Con fecha 22 de julio, y a pesar de las protestas, tanto nacionales como internacionales, 28 delfines llegaron a Cancún para ser colocados en las instalaciones del delfinario de ``Wetn Wild'', o Parque Nizuc, propiedad del señor Bernardo Zambrano.
Cuarto.- Con fecha 28 de julio muere un ejemplar de los animales importados.
Quinto.- A partir de su llegada, diversas organizaciones nacionales e internacionales denuncian la ilegalidad de la importación y exigen la cancelación del permiso de importación.
Sexto.- Con fecha 20 de agosto de 2003, la empresa se ampara contra cualquier acto de autoridad y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se ve impedida para actuar e ingresar a las instalaciones.
Cuarto.- Con fecha 16 de diciembre, la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat otorga el registro de UMA al delfinario en Cozumel, dentro del complejo del Club Recreativo y de Playa Palancar, perteneciente al mismo empresario.
Este acto de importación resulta ilegal, tanto en su lugar de origen (Islas Solomón) como en el destino final (México), por las causas que a continuación se describen en las siguientes
ConsideracionesViolaciones referentes a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, (CITES, por sus siglas en inglés):
1.- México es signatario de la CITES. Las Islas Solomón no, sin embargo, a pesar de que las Islas Solomón no son signatarias del tratado de CITES, bajo las condiciones del artículo X de dicha Convención, sí constituye obligación para México, como parte firmante, de requerir información de las autoridades competentes de las Islas Solomon, que llenen de manera sustancial los requerimientos de la CITES.
En este sentido, para esta importación, y de acuerdo con el artículo IV de dicha Convención se requieren ciertas garantías antes de expedir el permiso de importación. Sólo se pueden otorgar permisos de importación cuando:
Una autoridad equivalente a la autoridad CITES del país de origen haya certificado que los delfines no fueron capturados en contravención de las leyes de las islas Solomón.
Que una autoridad equivalente a la autoridad científica de CITES haya certificado que dicha exportación no será en detrimento de la supervivencia de la especie.
Al mismo tiempo, México se encuentra obligado a cumplir los requerimientos de la resolución de la Conferencia 9.5, que se refiere a comercio con Estados que no forman parte de la CITES, y que se refiere a que:
a) Las Partes no acepten permisos ni certificados expedidos por Estados no partes, a menos que contengan:
i) El nombre, el sello y la firma de una autoridad expedidora competente;
ii) Suficiente información para identificar las especies concernidas a los efectos de la Convención;
iii) Un certificado del origen del espécimen de que se trate, inclusive el número del permiso de exportación del país de origen, o los motivos por los que se ha omitido ese certificado;
iv) En caso de exportación de especímenes de una especie incluida en los apéndices I o II, un certificado de que la institución científica competente ha dictaminado que la exportación no perjudicará la supervivencia de la especie (en caso de duda se pedirá copia del dictamen) y que los especímenes no fueron obtenidos en contravención a las leyes del Estado de exportación.
Esta misma recomendación también requiere que los Estados parte sólo acepten documentación de Estados no parte si los detalles especificados por las autoridades competentes, así como de las instituciones científicas se encuentran incluidas en los listados del Secretariado, y después de haber consultado con el Secretariado.
La importación se hizo a pesar de no existir oficialmente el requerimiento de no detrimento otorgado por autoridad científica del país de origen acerca de las poblaciones en cuestión.
El Secretariado de la CITES recomendó a México cerciorarse de que no había detrimento en las poblaciones, y más aún, recomienda al gobierno mexicano no realizar esta importación. La importación sí viola los requerimientos de la CITES.
Esta captura masiva, realizada en las Islas Solomon, de alrededor 200-300 delfines, es violatoria de cualquier intento de conservación, y de los requerimientos de la CITES, por lo tanto este solo punto debería ser suficiente para revocar el permiso.
Violaciones al permiso y a sus condicionantes:
La Conabio, como autoridad científica hace una recomendación que certifica que esta especie debe considerarse como exótica, y separada genéticamente.
Al considerarse una especie exótica, tanto genéticamente, como de acuerdo al artículo 3º de la Ley General de Vida Silvestre vigente, la Dirección General de Vida Silvestre emite un documento anotando las condicionantes, o restricciones , que son:
a) Los ejemplares no podrán ser enajenados sin autorización por escrito de esta dependencia y no deberán compartir el mismo encierro con los ejemplares nativos.
b) Los ejemplares deberán permanecer en estricto confinamiento en las instalaciones de la UMA y no podrán ser liberados al medio silvestre, ya que se trata de una especie exótica.
c) La UMA deberá contar con un programa de contingencia para evitar la fuga.
d) La UMA deberá presentar el plan de manejo para la especie descrita.
Las condicionantes al permiso de importación se violan, ya que los delfines llegaron a México y fueron colocados en un corral marino separados únicamente por malla ciclónica de otros delfines de la especie Tursiops truncatus, mantarrayas y tortugas marinas, con continuidad hidrológica y de fluidos corporales.
Al mismo tiempo, no se contaba con un plan de manejo, ni un plan de contingencia pata esta especie en particular.
Violaciones a la legislación ambiental nacionalLos términos de esta importación violan los artículos 50 y 51 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el propio Reglamento de Areas Naturales Protegidas, que también prohíbe la introducción de especies exóticas, y viola el Programa de Manejo del Parque Nizuc. Viola, asimismo, la Ley General de Vida Silvestre.
Los animales fueron colocados en un corral marino. Dicho corral se encuentra dentro del área del Parque Nacional Punta Nizuc,. área natural protegida contemplada en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Esta Ley especifica claramente en su artículo 45 que el objeto de dichas áreas naturales protegidas es:
I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles...
II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva...
La categoría de parques nacionales, como es este caso, constituyen uno o más ecosistemas significativos, entre otras cosas, por su flora y fauna.
El artículo 50 de la ley citada dice a la letra:
``En los parques nacionales solo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales... y con la preservación de los ecosistemas...''
Asimismo, el artículo 51 de la citada ley especifica que en los parques marinos sólo se permitirán actividades relacionadas con la preservación de los sistemas acuáticos y sus elementos.
El Programa de Manejo del Parque Marino Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, prohíbe expresamente la introducción de especies exóticas, como se asienta en el componente de marco legal y administrativo, en su capítulo 8.7 que a la letra dice:
``...'' Queda prohibido:
f) La introducción de especies vivas ajenas a la flora y fauna que ahí existe.''
De la misma forma el mismo Plan de Manejo especifica en la sección 6, que se refiere a las prohibiciones, en el inciso 1: ...''la introducción de especies exóticas''.
La especie que se importó se considera exótica de acuerdo con el artículo 3, fracción XIII, de la Ley General de Vida Silvestre, que la define como:
``Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que incluye a los híbridos y modificados.''
Más aún, los hechos anteriores deben investigarse como probable comisión de delitos ambientales, que iniciaron fuera del país y continúan realizándose en éste.
Me fundamento en el Titulo XXV del Código Penal Federal, que establece en los siguientes artículos:
Artículo 417. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que introduzca al territorio nacional o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda, alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas.
Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa a quien ilícitamente:
I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;
II. ...
III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres;
IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o
V. Dañe algún ejemplar de las especies de llora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.
Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida o cuando se realicen con fines comerciales.
Artículo 420 Bis. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:
III. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna exótica que perjudique a un ecosistema o que dificulte, altere o afecte las especies nativas o migratorias en los cielos naturales de su reproducción o migración, o
Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimo Quinto, se impondrá alguna o algunas de las siguientes penas o medidas de seguridad:
I. La realización de las acciones necesarias para restablecer las condiciones de los elementos naturales que constituyen los ecosistemas afectados, al estado en que se encontraban antes de realizarse el delito;
II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, según corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo;
III. La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna silvestre, a los hábitat de que fueron sustraídos, siempre y cuando su reincorporación no constituya un peligro al equilibrio ecológico o dificulte la reproducción o migración de especies de flora o fauna silvestre;
IV. El retorno de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna silvestre amenazados o en peligro de extinción, al país de origen, considerando lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que México sea parte, o
V. Inhabilitación, cuando el autor o partícipe del delito tenga la calidad de servidor público, hasta por un tiempo igual al que se le hubiera fijado como pena privativa de libertad, la cual deberá correr al momento en que el sentenciado haya cumplido con la prisión o ésta se hubiera tenido por cumplida.
Ante este evidente cuadro de ilegalidad, la compañía que dirige el señor Bernardo Zambrano solicitó el registro de UMA para delfinario en la isla de Cozumel para trasladar a los delfines a dicho lugar. Este registro fue otorgado por la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat el día 16 de diciembre del año 2003, con lo que se pretende resolver un asunto viciado de origen y en todo su procedimiento.
De realizarse esta transferencia de delfines a Cozumel, en un corral marino con las mismas características del Parque Nizuc, se realizaría una segunda introducción en mares mexicanos de una especie exótica, que si bien no es un área natural protegida, si se encuentra en el área de influencia del área declarada ``Zona de refugio para la protección de flora y fauna marinas de la zona occidental de la isla Cozumel'' mediante decreto del 11 de enero del año 1980.
Implicaciones políticasMéxico ha tenido una política de conservación de mamíferos marinos, tanto nacional como internacional:
Ha decretado el santuario ballenero en todo el litoral mexicano.
Ha prohibido la captura de mamíferos marinos en aguas mexicanas.
Ha impulsado el Comité de Conservación en la Comisión Ballenera Internacional, y se le otorgó la presidencia de ese Comité en mayo del año 2003, sentando precedentes de protección hacia los pequeños cetáceos.
Este hecho sin precedentes en comercio de especies -por no llamarlo tráfico-, tira por la borda toda una política que ha llevado años forjar. Las implicaciones políticas, de no resolver este caso de manera adecuada, repercutirán en la visión que se tiene de México a nivel internacional. Por lo anterior es menester cumplir y hacer cumplir las leyes nacionales e internacionales.
Por otra parte, existe consternación internacional, y muy seria, por este hecho, y hasta hoy los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda, así como del Reino Unido han levantado una protesta oficial.
Las embajadas de México en el exterior están recibiendo protestas por este hecho sin precedentes.
Responsabilidad de autoridades
Evidentemente hay responsabilidad de quien otorgó el permiso a pesar de que todo indicaba no autorizarlo. Es necesario solicitar una investigación a fondo y que se destituya y proceda legalmente contra el responsable.
ConclusionesPor todo lo anterior, es necesario exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que, en el ámbito de sus competencias, suspendan la construcción de un delfinario dentro de las instalaciones del Club Recreativo y de Playa Palancar, en la isla Cozumel, debido a las irregularidades bajo las cuales fue autorizado y sobre todo eviten el traslado de delfines de la especie exótica Turiops aduncus en la costa de dicha isla.
Al mismo tiempo resulta indispensable la revocación del permiso de importación de dichos mamíferos marinos, debido a las condiciones de ilegalidad bajo las cuales fueron importados
Puntos de AcuerdoPrimero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, ordenen la suspensión de las obras del delfinario Club Recreativo y de Playa Palancar, en la isla Cozumel, estado de Quintana Roo. Asimismo, que se haga una revisión exhaustiva de todos los trámites relativos a la autorización para construcción y operación de dicho delfinario.
Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que se ordene el aseguramiento precautorio de dichos ejemplares de la vida silvestre, y se proceda bajo derecho a la clausura del delfinario o ``Atlántida'' en el Parque Nizuc, Cancún, en el estado de Quintana Roo, por violaciones graves a la normatividad ambiental nacional.
Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a que, en términos de lo dispuesto en la normatividad ambiental nacional e internacional revoque el permiso de importación de los 28 delfines que llegaron al Parque Nizuc, y ordene la reparación del daño ambiental, así como la devolución de dichos ejemplares de delfines a su país de origen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a 1o. de abril de 2004.--- Diputada: Irene Herminia Blanco Becerra.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputada Irene Herminia Blanco Becerra.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución.Como no hay oradores registrados en relación con esta proposición, se considera suficientemente discutida y en consecuencia consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada. Comuníquese.Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que entable inmediato contacto con el gobierno federal de Estados Unidos de América y entre ambos gobiernos concentren sus esfuerzos con el estado de Arizona, a fin de hacer prevalecer el espíritu y la letra del acuerdo denominado ``Sociedad para la Prosperidad'', suscrito en marzo de 2002.
La diputada María Guadalupe Morales Rubio:Gracias, señor Presidente:
El punto de acuerdo que pretendía someter a su consideración y que había contado con la firma y el respaldo de varios compañeros diputados de varias fracciones en su conjunto a esta Cámara, radicaba principalmente en exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que concentrara mayores esfuerzos en el Consulado General de México en Phoenix, Arizona, con el fin de hacer prevalecer el acuerdo denominado ``Sociedad para la Prosperidad'', suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de Estados Unidos de América en marzo de 2002.
En virtud de que el 24 de los corrientes en el Senado local de Arizona el demócrata Peter Ríos presentó una propuesta que urgía al Congreso General de Estados Unidos a imponer un impuesto a las remesas o transferencias de dinero de los mexicanos en Estados Unidos, nos informan que dicha propuesta el día de hoy ha sido retirada.
Sin embargo, queremos comentar lo siguiente, que ojalá que esta medida sea el día de hoy tomada en cuenta, que efectivamente hayan retirado la propuesta en el Senado y en la Cámara Baja, y bueno si es así celebraremos dicha medida, sin duda discriminatoria y ojalá que de verdad no haya prosperado.
Y felicitamos estas gestiones de cabildeo que se realizaron allá, sobre todo el Cónsul General de México en Phoenix; sin embargo, sí queremos solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores nos otorgue a los mexicanos y a las mexicanas un comunicado oficial que nos informe si efectivamente eso ha sucedido y cuál es la situación que guarda actualmente la propuesta en mención, así como el seguimiento que la Secretaría tuvo a bien darle a este asunto.
Es importante que acciones como éstas que pretendan realizar en Estados Unidos no prosperen, y ojalá estén vigilando para que esto no suceda. Y también nos puede informar la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.
Muchas gracias, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entablar contacto inmediato con el Gobierno Federal de Estados Unidos de América y, entre ambos gobiernos, concentrar sus esfuerzos con el Estado de Arizona, a fin de hacer prevalecer el espíritu y la letra del acuerdo ``sociedad para la prosperidad'', suscrito en marzo de 2002 por los presidentes George W. Bush y Vicente Fox Quesada, así como las recomendaciones de los organismos financieros multilaterales, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del PRD.
Ma. Guadalupe Morales Rubio, diputada a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este órgano colegiado, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que entable inmediato contacto con el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América y, entre ambos gobiernos, concentren sus esfuerzos con el estado de Arizona a fin de hacer prevalecer el espíritu y la letra del acuerdo denominado ``Sociedad para la Prosperidad'', suscrito en marzo de 2002 por el Presidente George W. Bush y por el Presidente Vicente Fox Quesada, así como las recomendaciones de los organismos financieros multilaterales, en marzo de 2002, bajo las siguientes:
Consideraciones1.- El 24 de los corrientes, en el Senado local de Arizona, el demócrata Pete Ríos presentó una propuesta que la cual urge al Congreso General de los Estados Unidos a imponer un impuesto a las remesas o transferencias de dinero de los mexicanos de Estados Unidos a México. Dicha propuesta fue aprobada por la mayoría de los senadores mediante la Resolución SCM1007, misma que ha sido enviada a la Cámara de Representantes de ese estado para su aprobación.
2.- Que el propósito del impuesto tiene como finalidad rembolsar a los Estados de la Unión Americana, los gastos derivados de los servicios de salud y penitenciarios que se proveen a los migrantes mexicanos en aquel país.
3.- La Secretaría de Relaciones Exteriores ha dado a conocer esta situación y ha instruido al Cónsul General en Phoenix, Arizona, para expresar a los actores políticos relevantes de ese estado, la preocupación del gobierno mexicano por estos hechos, bajo una serie de argumentos, que todos ellos resultan válidos.
4.- De prosperar esta propuesta, no sólo vulneraría el espíritu de la ``Sociedad para la Prosperidad'', sino que el golpe económico para las familias de los migrantes y para la economía nacional, sería irreparable y progresivo; basta revisar que en 2003 las remesas aumentaron en un 35.1%, llegando a 13 mil 266 millones de dólares y que de esta cifra 817.88 millones de dólares, fueron enviados a través de transferencias electrónicas.
El número de operaciones creció 1.5% entre enero de 2003 y de 2004, o sea de 3.01 a 3.06 millones, especialmente las llamadas transferencias electrónicas. Para el 2004 se espera alcanzar un nuevo record de remesas como segunda fuente de divisas, con un monto de 15 mil millones de dólares, que beneficiarán al 25% de la población, misma que lo destinará en un 78% al gasto corriente (cifras del Banco de México y Banco Interamericano de Desarrollo)
5. Conviene mencionar que tal medida es contraria a las prácticas y tendencias internacionales: las recomendaciones de organismos multilaterales e internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Mundial de Cajas de Ahorro, han reafirmado que los gobiernos no deben tomar acciones que impidan el flujo de remesas o impongan impuestos sobre las mismas.
5-. Debemos recordar que el 22 de marzo de 2002, el Presidente Vicente Fox y el Presidente George Bush, firmaron en Monterrey un acuerdo denominado ``Sociedad para la Prosperidad'', en donde una de sus principales objetivos es el de''trabajar para bajar los costos de las remesas que envían los migrantes mexicanos a sus familias.''
6.- En tales circunstancias ésta Soberanía considera necesario exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que busque, a través de la negociación diplomática, la preservación de las voluntades y los anhelos que llevaron a la firma del acuerdo denominado ``Sociedad para la Prosperidad'' y se continúen los esfuerzos por reducir la diferencia económica que existe entre nuestras naciones.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno el siguiente:
Punto de AcuerdoUnico.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que entable inmediato contacto con el Gobierno Federal de Estados Unidos de América y, entre ambos gobiernos, concentren sus esfuerzos con el estado de Arizona a fin de hacer prevalecer el espíritu y la letra del acuerdo denominado ``Sociedad para la Prosperidad'', suscrito en marzo de 2002 por el Presidente George W. Bush y por el Presidente Vicente Fox Quesada, así como las recomendaciones de los organismos financieros multilaterales.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, dar tramite a la presente proposición con punto de acuerdo como urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido por el artículo 58, 59 y 60 de nuestro Reglamento Interior.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo de 2004.--- Diputados: Guadalupe Morales Rubio, José Alberto Aguilar Iñárritu, Jorge Martínez Ramos, Eliana García Laguna, Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Marco Antonio García Ayala, Adriana González Carrillo, Joel Padilla Peña, Francisco Amadeo Espinosa Ramos y Pedro Vázquez González (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputada María Guadalupe Morales Rubio.
Como lo tiene ya solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo....
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora Secretaria.
Se considera de urgente resolución.En consecuencia, está a discusión la proposición.
Esta Presidencia tiene registrada para hablar en pro a la diputada Marisol Vargas Bárcena por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, a quien se le concede el uso de la palabra.
La diputada Marisol Vargas Bárcena:Con su venia, señor Presidente:
Durante 2003 el monto total de remesas enviadas a México fue de 13 mil 266 millones de dólares de acuerdo con cifras del Banco Interamericano de Desarrollo.
Por sí misma esa cifra sería equivalente a que el 70% de las familias en México recibieran un salario mínimo durante todo el año. De esta forma el fondo de estas remesas es clave para la reducción de la pobreza en México. La importancia de estas remesas es también similar para Estados Unidos en términos de ingreso nacional.
De acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad de California, sólo las y los indocumentados mexicanos contribuyen anualmente entre 150 mil y 220 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos. Ante esta enorme aportación económica de los migrantes a ambos países, cualquier impuesto a las remesas resulta discriminatorio y una medida que efectivamente atenta contra el espíritu de la cooperación binacional.
No solamente las y los mexicanos en Estados Unidos tienen que girar su dinero pagando la cuota que les exige el banco correspondiente, encima de todo, solamente las y los mexicanos y no los nacionales de otros países que envían también dinero a sus países de origen, deberían pagar un impuesto de acuerdo con esta disposición.
La propuesta de Peter Ríos es aún más inaceptable cuando los bancos centrales de México y Estados Unidos han signado acuerdo para abaratar las transferencias mediante las cuales se espera que para el segundo semestre de 2004, el costo para hacer transferencias se reduzca a menos de un dólar y que se pague un tipo de cambio más justo.
La propuesta de Ríos es peor cuando sabemos que en la Declaración de Monterrey, que se firmó en enero de este año, Estados Unidos se comprometió con el resto de los países asistentes a la Cumbre, a reducir la mitad del costo de los envíos de remesas, a más tardar para el 2008.
Una propuesta como la que se ha hecho no nota que las y los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, legales o ilegales, pagan efectivamente impuestos a pesar de que muchos de ellos no tienen acceso a servicios médicos o educativos. Pero peor aún, no nota que el dinero transferido ya pagó impuestos en la forma de impuesto sobre la renta.
En suma, una propuesta como ésta lastima la economía de las y los migrantes y por tanto la economía de las familias mexicanas. El PAN se opone a toda iniciativa que lesione a las familias y su suficiencia económica y que vaya en contra de la integridad y la dignidad de las personas.
Acción Nacional considera que la familia tiene como fin fundamental el proporcionar a sus miembros los bienes materiales y espirituales requeridos para una vida humana ordena y suficiente.
Es cuanto.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora diputada.
Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si está suficientemente discutida la proposición.
La Secretaría diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Suficientemente discutida.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora Secretaria.
Aprobada. Comuníquese.Tiene el uso de la palabra la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Congresos locales de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias emitan o actualicen la norma que regule, promueva y apoye a la investigación científica y tecnológica, en concordancia con la Ley de Ciencia y Tecnología.
La diputada Marisol Urrea Camarena:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En México, la investigación científica y tecnológica presenta grandes retos y ofrece a su vez amplias oportunidades para hacer avanzar a nuestro país hacia los altos niveles que reclama el nuevo entorno internacional.
Nuestra Carta Magna en su artículo 3º fracción V consagra que el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
En el ámbito legislativo destaca la Ley de Ciencia y Tecnología. Este marco jurídico es el soporte legal para la crea-ción de instituciones, mecanismos y programas que procuran incrementar y mejorar la calidad de la investigación científica y tecnológica, ampliar su presencia regional y sumar a los actores social y productivo en estas tareas.
Para aumentar la competitividad, la productividad y alcanzar el desarrollo científico y tecnológico que requiere el país es necesaria la suma de iniciativas y esfuerzos de los gobiernos locales para que sean copartícipes de las acciones de fomento y promoción de la ciencia y la tecnología, generando sus propios instrumentos de apoyo, además de canalizar recursos adicionales.
Por ello es de máximo interés público que los congresos locales establezcan leyes estatales sobre ciencia y tecnología que logren encauzar y conferir mayor vigor a las actividades y actores regionales que persigan la generación, promoción y difusión del conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta a los Congresos locales de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan o actualicen la norma que regule, promueva y apoye la investigación científica y tecnológica, en concordancia con la Ley de Ciencia y Tecnología.
Asimismo, se invita a los congresos locales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan una comisión ordinaria de ciencia y tecnología que les permita atender esta materia de manera adecuada y fortalecer las acciones legislativas que se requieren para el desarrollo local.
Segundo. Se invita a las autoridades locales para que, en apego a sus atribuciones, cuenten con un consejo estatal de ciencia y tecnología, el cual tenga entre sus funciones la de conducir la acción gubernamental y sirva de canal de comunicación y coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a favor del impulso del desarrollo científico y tecnológico del país.
Se propone respetuosamente a las autoridades locales a destinar los recursos necesarios para que la ciencia y la tecnología se constituyan en un verdadero motor del desarrollo económico y social de su entidad.
Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
C. Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan o actualicen la norma que regule, promueva y apoye la investigación científica y tecnológica, en concordancia con la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del PAN
Quien suscribe, Marisol Urrea Camarena, diputada por el estado de Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes:
ConsiderandosEl desarrollo científico y tecnológico se ha convertido en uno de los principales factores que promueven el avance económico, la calidad de vida y el desarrollo sustentable. En México la investigación científica y tecnológica presenta grandes retos y ofrece, a su vez, amplias oportunidades para hacer avanzar a nuestro país hacia los altos niveles que reclama el nuevo entorno internacional.
Nuestra Carta Magna, en su artículo 3°, fracción V, consagra que el Estado, además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos ---incluyendo la educación inicial y a la educación superior--- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
Por otro lado, la Ley General de Educación en su artículo 14, fracción VIII, dispone que corresponde a las autoridades educativas federales y locales, de manera concurrente, entre otras atribuciones:
``Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica.''
Asimismo, consideramos que el impulso a la investigación científica, la innovación tecnológica y la modernización empresarial, deben ser apoyados tanto por el sector público, social y privado, mediante la creación de instituciones, la canalización de recursos económicos y el diseño de marcos legales apropiados.
Desde hace varios años, nuestro país ha venido realizando un esfuerzo persistente por generar un marco jurídico adecuado a la promoción de la ciencia y la tecnología. En el ámbito legislativo destaca la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual tiene como objeto, entre otros: ``Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como de vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las instituciones de educación superior, de los sectores público, social y privado para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología, así como para la formación de profesionales de la ciencia y la tecnología''.
Este marco jurídico ha dado un rumbo más definido a la acción del Estado en el campo científico y tecnológico. Es el soporte legal para la creación de instituciones, mecanismos y programas que procuran incrementar y mejorar la calidad de la investigación científica y tecnológica, ampliar su presencia regional y sumar a los sectores social y productivo en estas tareas.
En el campo de la ciencia y la tecnología actúan diversos agentes, tanto públicos como privados; asimismo, los cambios causados por los avances científicos y tecnológicos repercuten en grandes grupos de la población y en diversos sectores de la economía; en razón de esa diversidad y amplitud, así como del hecho de que no se trata de un campo jerarquizado, se crean necesidades de coordinación con las entidades federativas para llevar a cabo la definición e instrumentación del desarrollo científico y tecnológico nacional.
Para aumentar la competitividad, la productividad y alcanzar el desarrollo científico y tecnológico que requiere el país, es necesario la suma de iniciativas y esfuerzos de los gobiernos locales para que sean copartícipes de las acciones de fomento y promoción de la ciencia y la tecnología, generando sus propios instrumentos de apoyo, además de canalizar recursos adicionales.
Por ello, es de máximo interés público que los Congresos estatales establezcan leyes estatales sobre ciencia y tecnología que logren encauzar y conferir mayor vigor a las actividades y actores locales que persigan la generación, promoción y difusión del conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas, en el marco de lo que establece la Ley de Ciencia y Tecnología. Asimismo, se estima necesario que los Congresos estatales tengan una comisión ordinaria de ciencia y tecnología, que les permita atender esta materia de manera adecuada y fortalecer las acciones legislativas que ésta requiere para el desarrollo local.
Además de juzgarse necesario un instrumento jurídico de esta naturaleza, también se considera de suma utilidad inyectar los mayores recursos posibles a este rubro, así como crear consejos estatales de ciencia y tecnología como organismos capaces de conducir la acción gubernamental en la materia dentro de la esfera administrativa de la entidad federativa correspondiente, la cual devengue en la suma de esfuerzos sociales, privados y gubernamentales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta Asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero.- Se exhorta a los congresos locales de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan o actualicen la norma que regule, promueva y apoye la investigación científica y tecnológica, en concordancia con la Ley de Ciencia y Tecnología. Asimismo, se invita a los congresos locales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan una comisión ordinaria de ciencia y tecnología que les permita atender esta materia de manera adecuada, y fortalecer las acciones legislativas que se requieren para el desarrollo local.
Segundo.- Se invita a las autoridades locales, para que en apego a sus atribuciones cuenten con un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología el cual tenga entre sus funciones la de conducir la acción gubernamental, y sirva de canal de comunicación y coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a favor del impulso del desarrollo científico y tecnológico del país.
Se propone, respetuosamente a las autoridades locales a destinar los recursos necesarios para que la ciencia y tecnología constituyan un verdadero motor del desarrollo económico y social de su entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 1o. de abril de 2004.--- Dip. Marisol Urrea Camarena.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputada Marisol Urrea Camarena.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo para que en la próxima reunión del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la delegación mexicana se manifieste porque se les dé status jurídico de prisioneros de guerra a los presos afganos.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez:Muy buenas tardes, compañeros. Este punto de acuerdo tiene qué ver con el respeto a los derechos humanos en territorio cubano.
La situación creada por el traslado a Guantánamo de presos de la guerra de Afganistán y su posterior encarcelamiento en condiciones inhumanas por parte de Estados Unidos, han causado preocupación en organizaciones de derechos humanos internacionales.
Estados Unidos los considera combatientes ilegales, categoría que no existe en el derecho internacional, para justificar así la no aplicación del derecho internacional humanitario.
Parece claro, sin embargo, que estos detenidos son prisioneros de guerra, ya que en el momento de su detención reunían las características que los convenios de Ginebra establecen para esta consideración.
Es más, el artículo 4º-A del III Convenio de Ginebra, relativo al trato de prisioneros de guerra incluye en esta categoría no sólo a los miembros de las fuerzas armadas, sino a miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos voluntarios, incluso los de movimientos de resistencia organizados.
Como en otras facetas del derecho, caben interpretaciones, pero la mayor parte de los especialistas coinciden en que estos detenidos son prisioneros de guerra.
En función de la categoría que se aplica a los detenidos se aplicará o no el derecho internacional humanitario. Estados Unidos pretende establecer diferencias, catalogando como prisioneros de guerra a aquellos que demuestren su pertenencia al ejército regular afgano y considerando terroristas al resto.
Estados Unidos es parte, desde 1992, del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. En él se contienen cláusulas sobre el derecho a impugnar la legalidad de la detención, el comparecer ante un tribunal independiente, el derecho a guardar silencio y la asistencia letrada, cuestiones todas ellas que no se están cumpliendo en este caso.
Por otra parte, es muy significativo que Estados Unidos no haya firmado el primer protocolo de los convenios de Ginebra de 1977 que concreta estos temas al establecer, por ejemplo, que si hubiera alguna duda respecto a su derecho al estatuto de prisionero de guerra tal persona continuará beneficiándose de este estatuto, hasta que un tribunal competente haya decidido al respecto.
No puede argumentarse, por tanto, que hay un vacío jurídico para justificar las medidas que están tomando las autoridades norteamericanas.
Los dramáticos sucesos del 11 de septiembre fueron un crimen monstruoso y sus responsables merecen todo castigo, pero éste debe venir por la vía de la aplicación del derecho y no por la negación de éste.
La lucha contra el terrorismo debe de realizarse bajo el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y ser compatible con un derecho internacional difícilmente construido sobre la experiencia de las monstruo- sidades de las guerras y de las violaciones de derechos humanos.
Combatir al terror con más terror no parece que sea la solución si queremos un mundo más justo y libre.
Por lo siguiente y como punto único de este punto de acuerdo, es el llamado a esta Cámara de Diputados a que exhorten al Ejecutivo para que en la próxima reunión del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la delegación mexicana solicite conforme lo dispuesto al párrafo segundo del artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia, que éste emita una opinión consultiva respecto si los presos afganos y de otras nacionalidades que se encuentran en la base militar de Guantánamo, territorio de Cuba, deben de ser considerados prisioneros de guerra, conforme a los instrumentos jurídicos internacionales vigentes.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al ejecutivo a efecto de que, en la próxima reunión del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, la delegación mexicana se manifieste porque se de estatus jurídico de prisioneros de guerra a los presos afganos y de otras nacionalidades que se encuentran en la base militar estadounidense de Guantánamo, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD
AntecedentesLa situación creada por el traslado a Guantánamo de los presos de Al Qaeda y su posterior encarcelamiento en condiciones inhumanas por parte de Estados Unidos han causado preocupación a organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch y las que tiene una misión más vinculada con el derecho internacional humanitario y la asistencia humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Estados Unidos los considera ``combatientes ilegales'', categoría que no existe en derecho internacional, para justificar la no aplicación del derecho internacional humanitario. Parece claro, sin embargo, que esos detenidos son prisioneros de guerra, ya que en el momento de su detención reunían las características que los Convenios de Ginebra establecen para esa consideración: responder a una autoridad, llevar uniforme que permita su reconocimiento, portar armas...
Es más, el artículo 4o.-A del III Convenio de Ginebra, relativo al trato de prisioneros de guerra de 1949, incluye en esta categoría no sólo a los miembros de las Fuerzas Armadas sino a miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos voluntarios, incluso los de movimientos de resistencia organizados.
Como en otras facetas del derecho, caben interpretaciones, pero la mayoría de los especialistas coincide en que esos detenidos son prisioneros de guerra. El III Convenio es extraordinariamente prolijo en consideraciones sobre el trato humano a esos prisioneros y el respeto de su dignidad.
En función de la categoría que se aplique a los detenidos se aplicaría el derecho internacional humanitario y, en concreto, el III Convenio de Ginebra o no. Parece que Estados Unidos pretende establecer diferencias entre unos y otros prisioneros catalogando como prisioneros de guerra a los que demuestren su pertenencia al ejército regular afgano y considerando terrorista al resto.
Estados Unidos es parte desde 1992 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. En él se contienen cláusulas sobre el derecho a impugnar la legalidad de la detención, comparecer ante un tribunal independiente, el derecho a guardar silencio y la asistencia letrada. Todas esas cuestiones no se están cumpliendo en este caso.
Por otra parte, es muy significativo que Estados Unidos no haya firmado el I Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1977, que concreta esos temas al establecer, por ejemplo, que ``si hubiera alguna duda respecto a su derecho al estatuto de prisionero de guerra, tal persona continuará beneficiándose de este estatuto y, en consecuencia, seguirá gozando de la protección del III Convenio y del presente Protocolo hasta que un tribunal competente haya decidido al respecto'' (artículo 45.1).
No puede argumentarse por tanto que haya un vacío jurídico para justificar las medidas que están tomando las autoridades estadounidenses.
Al margen incluso de las consideraciones jurídicas y de la discusión sobre el derecho aplicable, el trato dado a esos detenidos no parece respetar la menor dignidad. Privados de sus sentidos, esposados de manos y pies, arrodillados, el trato degradante a que se les está sometiendo no está justificado.
Las normas humanitarias y, en concreto, el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra establecen que las personas que hayan quedado fuera de combate ``serán en todas circunstancias tratadas con humanidad'' y que a tal efecto quedan prohibidos en cualquier tiempo y en cualquier lugar los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes.
Las declaraciones de Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, diciendo que el clima de que disfrutan en Guantánamo es mucho mejor que el de Afganistán y otras ``perlas'' reflejan un desprecio por el derecho internacional y una actitud inaceptable.
Los dramáticos sucesos del 11 de septiembre fueron un crimen monstruoso y sus responsables merecen todo el castigo, pero éste debe venir por la vía de la aplicación del derecho y no por la negación de éste. La lucha contra el terrorismo y las amenazas contra la seguridad debe realizarse bajo el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y ser compatible con un derecho internacional difícilmente construido, sobre la experiencia, precisamente, de las monstruosidades de las guerras y de las violaciones de los derechos humanos. Combatir el terror con más terror no parece la solución si queremos un mundo más justo y libre.
Por lo anterior
El suscrito, diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este órgano colegiado proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Unico. Que la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión exhorte al titular del Ejecutivo para que en la próxima reunión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, por celebrarse en Ginebra, Suiza, la delegación mexicana se manifieste porque se otorgue de inmediato el estatus jurídico de prisioneros de guerra a los presos afganos y de otras nacionalidades que se encuentran en la base militar estadounidense de Guantánamo, República de Cuba.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2004.--- Dip. Rafael García Tinajero Pérez.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor Rafael Tinajero.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se considera de urgente resolución.Como no hay oradores registrados se considera suficientemente discutida la proposición.
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se prueba.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobada. Comuníquese.Señoras y señores legisladores, en virtud de que se ha agotado el tiempo destinado a esta sesión, se instruye a la Secretaría para que dé lectura al orden del día de la próxima sesión en la que se incluirán los asuntos no tocados en la presente.
«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Martes 6 de abril de 2004.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación
De los congresos de los estados de Chihuahua, Colima y Yucatán.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite contestación de la coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en relación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a las consecuencias de los desastres naturales de origen hidrometeorológico, ocurridos en distintos estados de la República Mexicana. (Turno a comisión.)
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, segundo párrafo, 55 y 64, segundo párrafo, del Código Penal Federal.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Pablo Santana Valdez y Alicia Margarita de la Fuente Cruz, para prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benítez, Sihomara Zúñiga León, Jacqueline Fuel Solís González y Natania Swirski Roldán, para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora; en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en el Consulado y en la Embajada de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco y en México y en la Embajada de Australia en México, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo en relación a la proposición para que se practique una auditoría ambiental al complejo termoeléctrico ``Presidente Adolfo López Mateos'', de la Comisión Federal de Electricidad, situada en el municipio de Tuxpan, Veracruz.
De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo en relación a la proposición para que se exhorte al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a destinar un mayor porcentaje a la creación e instrumentación de nuevas plazas de investigación científica.
De las comisiones unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al ayuntamiento de Tultitlán, estado de México, a efecto de que se instale un módulo de servicios médicos y químicos clínicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación del cromato hexavalente en la región de Lechería.
Dictámenes negativos
De la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
De la Comisión de Salud con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor Secretario.
Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por cuatro minutos, para verificar la asistencia. Aquellos legisladores que no les funcione el sistema biométrico, deberán informarlo a la Secretaría antes del término.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cuatro minutos, para verificar la asistencia.
De viva voz los siguientes diputados:
El diputado Juan Bustillos Montalvo (desde su curul):Presente.
El diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (desde su curul):Presente.
El diputado Francisco Javier Valdez de Anda (desde su curul):Sí, presente.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Señor Presidente, hay una asistencia de 418 diputadas y diputados.
Gracias, señor Secretario.
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana martes 6 de abril, la que se iniciará a las 10:00 horas y concluirá a las 14:00 horas.Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.
RESUMEN DE TRABAJOSTiempo de duración: 7 horas 35 minutos.
Quórum a la apertura de sesión: 276 diputados.
Asistencia al cierre de registro: 452 diputados.
Asistencia al final de la sesión: 418 diputados.
Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado: 1.
Puntos de acuerdo aprobados: 6.
Proposiciones con punto de acuerdo: 30. Oradores en tribuna: 56.
PRI-13; PAN-21; PRD-14; PVEM-5; PT-1; PC-2.
Se recibió:1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a ceremonia cívica conmemorativa;
1 comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que informa de los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que han sido designados para formar parte de las comisiones especiales de Niñez, Adolescencia y Familias; para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo; para la Reforma del Estado; del Café; para analizar la situación de la Cuenca Lerma-Chapala; y para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros; así como de la Comisión de Investigación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y presenta una fe de erratas para este último caso;
1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto por la que se concede permiso a los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista y Orlando Ramos Guerrero, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Perú y del Reino de España, respectivamente;
1 minuta;
1 iniciativa del PRI;
4 iniciativas del PAN;
2 iniciativas del PRD;
2 iniciativas del PVEM. Dictámenes aprobados:
1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores;
1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que abroga la Ley de Subsidios para Empresas de Aviación;
1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que abroga la Ley sobre el Destino de los Bonos del Enemigo;
1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el diverso que establece las características de las monedas conmemorativas del D aniversario del encuentro de dos culturas;
1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 5 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;
1 de la Comisión de Marina con proyecto de Ley de Ascensos de la Armada de México;
1 de la Comisión de Marina con proyecto de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México;
1 negativo de la Comisión de Reforma Agraria con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Agraria, presentada el 29 de abril de 2003;
1 negativo de la Comisión de Salud con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 216 y 221 de la Ley General de Salud, en materia de regulación de los suplementos alimenticios, presentada el 22 de abril de 2003. DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético) Alarcón Hernández, José Porfirio (PRI) Wong Pérez, José Mario (PRI). . .: Alarcón Hernández, José Porfirio (PRI) Artículo 82 constitucional: 30 Alonso Raya, Agustín Miguel (PRD) Ley de Subsidios para Empresas de Aviación: 110 Alvarez Monje, Fernando (PAN) Trabajadores petroleros: 180 Avila Nevárez, Pedro (PRI) Corrupción: 165 Avila Nevárez, Pedro (PRI) Luis Donaldo Colosio Murrieta: 195 Avila Nevárez, Pedro (PRI) Estado de Coahuila: 156 desde curul Blanco Becerra, Irene Herminia (PAN) Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México: 146 desde curul Bravo Carbajal, Francisco Javier (PRI) Estado de Quintana Roo: 245 Calderón Centeno, Sebastián (PAN) Estado de Jalisco: 232 Calderón Centeno, Sebastián (PAN) Ley de Ascensos de la Armada de México: 131 Carrillo Rubio, José Manuel (PRI) Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México: 143 Carrillo Soberón, Francisco Javier (PRD) Corrupción: 163 Carrillo Soberón, Francisco Javier (PRD) Pemex: 160 Corella Torres, Norberto Enrique (PAN) Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana: 230 Chávez Dávalos, Sergio Armando (PRI) Estado de Baja California: 189 De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Industria textil: 227 Díaz Salazar, María Cristina (PRI) Trabajo legislativo: 95 desde curul Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Medicamentos Milagro: 197 Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Askareles: 207 Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Estado de Michoacán: 182 Fernández Moreno, Alfredo (PAN) Corrupción: 165 Ferreyra Martínez, David (PRD) Transporte Transfronterizo de Pasajeros: 178 Ley de Ahorro y Crédito Popular Figueroa Romero, Irma Sinforina (PRD) Estado de Guerrero: 173 Figueroa Romero, Irma Sinforina (PRD) Estado de Guerrero: 239 Galindo Noriega, José Ramón (PAN) Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: 63 García Cuevas, Fernando Alberto (PRI) Futuro de México: 193 García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) Prisioneros de guerra: 256 Gómez Alvarez, Pablo (PRD) Trabajo legislativo: 94, 95, 95 desde curul González Furlong, Magdalena Adriana (PAN) Ley Federal del Trabajo: 82 González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Ley de Ascensos de la Armada de México: 133 Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores: 106 Higuera Osuna, Alejandro (PAN) Ley de Ascensos de la Armada de México: 135 Landero Gutiérrez, José Francisco Javier (PAN) Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles: 78 Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM) Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: 74 López Villarreal, Manuel Ignacio (PAN) Falsificación de instrumentos bancarios: 87 Monedas conmemorativas Madero Muñoz, Gustavo Enrique (PAN) Plebiscito: 36 Manzanares Córdova, Susana Guillermina (PRD) Estado de Coahuila: 155 Martínez Rivera, Laura Elena (PRI) Educación Preescolar: 157 Mendoza Flores, María del Carmen (PAN) Remesas de Migrantes: 251 Morales Rubio, María Guadalupe (PRD) Estado de Tamaulipas: 171 Nader Nasrallah, Jesús Antonio (PAN) Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 68 Nahle García, Arturo (PRD) Sorteos en Televisión: 170 Nahle García, Arturo (PRD) Sector Eléctrico: 224 Ochoa Fernández, Cuauhtémoc (PVEM) Estado de Veracruz: 213 Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Jubilaciones y Pensiones: 202 Pérez Cárdenas, Manuel (PAN) Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores: 105 Pérez Cárdenas, Manuel (PAN) Estado de Puebla: 241 Robles Aguilar, Arturo (PRI) Programa de Capacitación Integral para la Mujer: 175 Rodríguez Ochoa, Alfonso (PRI) Sector Transportista: 168 Sacramento Garza, José Julián (PAN) Fobaproa: 236 Salinas Narváez, Javier (PRD) Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México: 145 Talavera Hernández, María Eloísa (PAN) Estado de Michoacán: 204 Tentory García, Israel (PRD) Derechos Humanos de Migrantes: 243 Tovar de la Cruz, Elpidio (PRD) Investigación Científica y Tecnológica: 254 Urrea Camarena, Marisol (PAN) Remesas de Migrantes: 254 Vargas Bárcena, Marisol (PAN) Comercio Ilegal: 217 Vázquez García, Sergio (PAN) Trabajo Legislativo: 95, 95 desde curul Vega Murillo, Wintilo (PRI) Jubilaciones y Pensiones: 204 desde curul Vega Murillo, Wintilo (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velasco Coello, Manuel (PVEM) Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 60