VOLUMEN II
CONTINUACION DE LA SESION No. 12 DEL 20 de abril de 2004
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Hacienda y Crédito Público.
HONORABLE ASAMBLEA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Diputada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y por una Nueva Cultura, misma que fue turnada el día 4 de diciembre del 2003 a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.
Esta Comisión procedió a su análisis y estudio, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Para ello, también realizaron diversas reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con socios representantes de prestigiadas firmas de abogados a nivel nacional e internacional, sometiendo a consideración de esa Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMENDESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVADurante muchos años México ha sido un país en donde una gran mayoría de sus habitantes ha carecido de cultura tributaria.
Ante el cambio democrático que vive el país, es indispensable que el Estado mexicano fomente el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes con el afán de incorporar a un mayor número contribuyentes al padrón federal, y por ende alentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
La indexación de los impuestos, los recargos, y las sanciones, han configurado el complejo e inequitativo panorama del sistema fiscal mexicano, junto con las múltiples resoluciones de las autoridades hacendarias anuladas o dejadas sin efecto por los Tribunales Federales, en virtud de múltiples vicios formales y de procedimiento en que comúnmente incurren las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Pese a las múltiples facultades de comprobación con que cuentan las autoridades fiscales, éstas no han sido lo suficientemente efectivas para lograr una mayor recaudación, ya que actualmente, pese a los reiterados actos de molestia y de afectación en contra de los contribuyentes, México sigue teniendo un porcentaje de recaudación de los más bajos sobre el Producto Interno Bruto, internacionalmente comparado.
La solución simplista de dotar todavía con mayores facultades de fiscalización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puede ser la respuesta legislativa adecuada a esta grave problemática, pues las experiencia internacional demuestra una clara tendencia a fortalecer mejor los derechos y garantías de los contribuyentes, como un medio más idóneo de incrementar la recaudación, pues el marco de certeza jurídica y la consagración legal y sistemática de nuevos esquemas de defensa y protección de los contribuyentes han incidido de manera importante en un crecimiento real y efectivo de los ingresos tributario.
La eficiencia del Fisco federal depende de que su incapacidad administrativa sea efectivamente sancionada, mediante las nuevas garantías otorgadas a los sujetos pasivos de los tributos.
El objetivo de la nueva ley es reconocer y enunciar de manera sencilla los principales derechos y garantías de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales, sin perjuicio de lo dispuesto en las diversas leyes fiscales vigentes, principalmente el Código Fiscal de la Federación.
La ley introduce asimismo medidas novedosas en el sistema fiscal mexicano, principalmente con dos objetivos: la realización de campañas nacionales contributivas con el objeto de divulgar los derechos establecidos a favor de los contribuyentes, y la posibilidad de que los contribuyentes puedan corregir su situación fiscal en cualquier etapa del procedimiento de fiscalización.
Con lo anterior, se pretende que los contribuyentes puedan corregir su situación fiscal desde el inicio de las facultades de comprobación y hasta antes de la conclusión de las mismas, es decir, que no es necesaria la autorización por parte de las autoridades fiscales para acogerse a este beneficio, toda vez que los visitadores harán mención expresa en el acta respectiva del ejercicio de este derecho, así como de la declaración correspondiente que regularice la situación fiscal de los contribuyentes.
Asimismo se garantiza a las personas físicas y morales que por primera vez incurran en una infracción de las leyes fiscales que traiga aparejada la omisión de contribuciones una multa mínima respecto del total de las contribuciones omitidas que se paguen junto con sus accesorios.
Se estima que este tipo de medidas, coadyuvarían a incrementar de manera notoria la recaudación, ya que muchos contribuyentes están esperando una oportunidad accesible que les permita auto corregirse sin tener que pagar los altísimos costos que hoy día representa omitir una contribución y que en muchos casos son de tal magnitud que aumentan hasta en mil por ciento la contribución omitida y paralizan la actividad económica del contribuyente.
La ley que se propone a la consideración de esta Legislatura tiene, no requiere la creación de nuevos órganos administrativos a efecto de llevar a cabo su aplicación y observancia, lo que no es beneficio menor en un Estado que precisamente sufre por lo menguado de sus Finanzas Públicas; sin embargo la ley se refiere y correlaciona con la propuesta legislativa que ya existe para establecer la Procuraduría o Instituto de Defensa del Contribuyente, dando así un mayor contenido y eficacia a la creación del mismo.
CONSIDERACIONES DE LA COMISION.Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y por una Nueva Cultura Tributaria, contiene aspectos de relevancia en el sistema fiscal mexicano, que contribuyen a aumentar de manera significativa el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, que incide directamente en un incremento en la recaudación.
Asimismo, esta dictaminadora coincide en la necesidad de fortalecer los derechos de los contribuyentes mediante la enunciación breve y precisa de los mismos sin perjuicio de los establecidos en las diversas leyes fiscales, especialmente en el Código Fiscal de la Federación.
Por otra parte, esta dictaminadora estima necesario la difusión masiva de los derechos antes referidos, mediante la rea-lización de campañas nacionales contributivas a nivel nacional, que permitan la divulgación de los derechos con el afán de permitir el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, así como ampliar al padrón de contribuyentes.
De gran magnitud, resalta la importancia de reconocer el derecho a los contribuyentes de autocorregir su situación fiscal desde el inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, vez que con ello se estimula la regularización de los contribuyentes sin necesidad de agotar todo el procedimiento de fiscalización tan largo y costoso para el estado, y que al mismo tiempo, brinde certeza jurídica a los contribuyentes para que asiente su corrección fiscal en el acta respectiva.
Sin perjuicio de lo expresado con antelación, esta dictaminadora considera oportuno modificar la iniciativa en algunos aspectos específicos, a fin de brindar una mayor precisión jurídica y un alcance más acotado de los derechos de los contribuyentes para hacerlos acorde con el sistema jurídico vigente.
Con la finalidad de establecer una denominación más adecuada a la iniciativa que se dictamina, se propone cambiar el nombre para dejarlo como ``Ley Federal de los Derechos del Contribuyente'', así como los siguientes cambios.
Se propone modificar la redacción del primer párrafo del artículo primero de la iniciativa, toda vez que como en otros artículos en que sólo se alude al Sistema de Administración Tributaria, esta dictaminadora estima que debe referirse a las autoridades fiscales en general, de forma tal que queden comprendidas todas aquellas que tengan dicho carácter. Asimismo, se precisa además que por tratarse de una ley especial, deben por lo tanto prevalecer los derechos que ella establece sobre las otras leyes fiscales y el Código Fiscal de la Federación.
Por otra parte, se modifica el segundo párrafo del artículo primero para referir la aplicación de los derechos a los responsables solidarios y eliminar la referencia a los representantes legales, ya que estos actúan en representación del contribuyente, para quedar como sigue:
``Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. En defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación.''
Asimismo, se propone la eliminación del artículo 2º de la iniciativa, toda vez que el mismo contiene requisitos constitucionales que no deben ser materia de una ley ordinaria. Por otra parte, puede dar lugar a que en los medios de defensa, se invoquen conceptos de ilegalidad por falta de equidad o de generalidad de una contribución, cuando estos argumentos constituyen agravios de violación de garantías individuales que son propios de un juicio constitucional.
En tal virtud, se propone recorrer el artículo 3º de la iniciativa, y se sustituirlo por el artículo 2º, el cual se establecen los derechos de los contribuyentes, modificándolo en las siguientes fracciones.
Se propone un cambio a la fracción III, del artículo en cita, con el objeto de precisar que el derecho en ella consignado es conocer el estado de tramitación del procedimiento en que el contribuyente forma parte.
Asimismo, al igual que en al artículo primero de esta ley, se propone un cambio a la fracción IV, para incluir a todas las autoridades fiscales y no únicamente al Servicio de Administración Tributaria. Por otra parte, esta dictaminadora estima innecesario conocer la identidad de las personas que no toman decisiones y únicamente proyectan resoluciones, ya que en todo caso, pueden tener acceso a los titulares de los órganos administrativos o judiciales previa audiencia que realicen.
Se propone un cambio de redacción a la fracción V del artículo en comento, a efecto de que el derecho sea la obtención de las copias certificadas, precisando que el pago de las mismas corra a cargo del contribuyente que las solicite de conformidad con el pago de derechos correspondiente.
Asimismo, se propone un ajuste a la redacción a la fracción VII, para precisar que el carácter reservado de la información obtenida, únicamente sea utilizado de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Por lo que respecta a la fracción X, se propone la modificación de la misma a fin de evitar instancias procesales adicionales a las que prevén las disposiciones fiscales vigentes en distintos ordenamientos tributarios.
Se propone la modificación de la fracción XI, eliminando la palabra ``cobro'', habida cuenta de que cuando se ejerce el procedimiento administrativo de ejecución, el crédito fiscal ya se encuentra firme, lo que implica que previo a su determinación, debió haberse oído al contribuyente. Esta propuesta persigue la misma finalidad que la contemplada en la fracción X.
Se propone una modificación a la fracción XII, toda vez que no resulta claro el concepto de ``naturaleza y alcance'' de las facultades de comprobación, y puede dar lugar a que se utilice como argumento para violaciones formales en el inicio de una revisión, motivo por el cual se propone una adición a esta fracción para brindar mayor importancia a la carta de los derechos del contribuyente la cual debe ser entregada desde el inicio de las facultades de comprobación, asentando tal circunstancia se asiente en el acta parcial de inicio y aclarando a su vez, que la omisión de dicha circunstancia únicamente puede dar lugar a fincar responsabilidad administrativa del funcionario público, y de ninguna manera pueda afectar la validez del acta y de las actuaciones posteriores de la autoridad fiscalizadora.
Se propone también una modificación a la fracción XIII, limitando del derecho de los contribuyentes para corregir su situación fiscal, sin que ello implique una suspensión de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, toda vez que ello equivaldría a trastocar los plazos de caducidad previstos en al artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se propone adicionar una fracción XIV al artículo en cita, a efecto de otorgarle el derecho a los contribuyentes de señalar como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, eliminando la obligación de señalar un domicilio en la sede de la circunscripción territorial de la Sala competente, con la finalidad de que aquellos contribuyentes que tienen su domicilio fuera de donde se encuentra ubicada la Sala del Tribunal, puedan recibir notificaciones por correo certificado con acuse de recibo, brindando así mayor seguridad jurídica a los particulares y que efectivamente se cercioren de las actuaciones del juicio de nulidad.
Respecto a la fracción XV se propone su eliminación ya que el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación ya contempla las sanciones aplicables a primos infractores, pero en el artículo 17 de esta ley, se propone una reducción de la multa del 40% al 20%, siempre y cuando se paguen las contribuciones junto con sus accesorios al momento de que los contribuyentes corrijan su situación fiscal hasta antes del levantamiento del acta final o del oficio de observaciones según corresponda, toda vez que la multa del 40% señalada en la fracción I del citado artículo 76 del ordenamiento jurídico precitado, permanece para aquellos contribuyentes que presenten su declaración que corrija su situación fiscal después de levantada el acta final o el oficio de observaciones y hasta antes de la notificación del crédito fiscal, con la finalidad de evitar abusos de aquellos contribuyentes que quieran conocer el resultado de dichas actuaciones de la autoridad fiscalizadora.
Asimismo se propone la eliminación de la fracción XVI ya que establece un trato desigual entre los contribuyentes cumplidos y los incumplidos, sin que favorezca la regularización de los contribuyentes irregulares y desalentando a los cumplidos a continuar con el cumplimiento.
El adoptar esta medida no garantiza que los contribuyentes clandestinos se regularicen y si en cambio puede desmotivar al cumplido que verá el otorgamiento de un beneficio que no tiene más que argumento haber estado al margen de la ley.
Esta situación de iniquidad se hace relevante si se compara lo siguiente: el contribuyente cumplido podrá ser revisado por los ejercicios en los que no exista caducidad de las facultades de la autoridad; en cambio, el incumplido y totalmente marginado de la formalidad, con su inscripción, tendrá el beneficio de que no se le puedan revisar ejercicios anteriores.
No se puede admitir que un acto formalmente administrativo como lo es la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, constituya un perdón legal de contribuciones que se hayan causado con antelación, al hacer nugatorias las facultades de revisión de la autoridad fiscal. Por otra parte, no debe perderse de vista que el Código Fiscal de la Federación establece mecanismos que permiten a un contribuyente regularizar su situación fiscal en forma espontánea, lo que significa que no se aplicarán sanciones, pero que al igual que los hizo un contribuye cumplido, debe pagar las contribuciones omitidas.
Los vicios de iniquidad de esta medida en caso de aprobarse, se estima que darán lugar a la interposición de amparos que pondrían en riesgo las revisiones a contribuyentes que ya estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Además esta figura podría prestarse a manipulaciones en operaciones cuantiosas en las que se omitiera una contribución y se corrija en corto plazo.
Por lo anterior, se propone un nuevo artículo 2º de la ley para quedar como sigue:
``Artículo 2º.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:
I. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas.
II. Derecho a obtener, en su beneficio, las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables.
III. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
IV. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados.
V. Derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente, previo el pago de los derechos que en su caso, establezca la ley.
VI. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante.
VII. Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales solo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
VIII. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria.
IX. Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa.
X. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a la disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa.
XI. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas.
XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales.
Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda.
La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.
XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales.
XIV. Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente de dicho Tribunal, en cuyo caso el señalado para recibir notificaciones deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala''.
Se propone la supresión del artículo 4º de la ley, dada la eliminación de los procedimientos de conciliación previa y acuerdo previo, por lo que se hace innecesario este artículo.
Asimismo, se propone la eliminación del artículo 5º, toda vez que no resulta jurídicamente posible que en una norma ordinaria, se pueda limitar la facultad del legislador respecto los contenidos del acto legislativo.
Por su parte, el párrafo segundo del mencionado artículo, también resulta innecesario, toda vez que constituyen normas sustantivas y no adjetiva, que van en contra del principio de equidad de las contribuciones. Además, esta disposición daría lugar a que los contribuyentes que pagaron una tasa de recargos más alta para un mismo período, por razones de equidad, solicite la devolución de la diferencia.
Luego entonces, al haber sido eliminados los artículos 4º y 5º de la iniciativa, el artículo 6º, pasa a formar parte de un artículo 3º de la nueva ley, suprimiéndose en consecuencia el primer párrafo en virtud que su contenido ya se encuentra expresamente regulado en la fracción VII, del artículo 2º antes transcrito, para quedar como sigue:
``Artículo 3º.- Los contribuyentes podrán acceder a los registros y documentos que formando parte de un expediente abierto a su nombre, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud, respetando en todo caso lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación''.
Las modificaciones al artículo 7º de la iniciativa, mismo que se convierte en el artículo 4º de la nueva ley, obedecen a los mismos principios que las previstas en el artículo 1º y 2º, fracción IV, del presente decreto, en el sentido de incluir a las autoridades fiscales en general, y no únicamente al Servicio de Administración Tributaria, para quedar de la siguiente manera:
``Artículo 4º.- Los servidores públicos de la administración tributaria facilitarán en todo momento al contribuyente el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran la intervención de los contribuyentes deberán de llevarse a cabo en la forma que resulte menos gravosa para éstos, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias''.
El artículo 8º de la iniciativa se elimina, toda vez que su contenido se encuentra expresamente previsto en la fracción X, del artículo 2º de este decreto.
Por su parte, los artículos 9, 10, 11 y 12 de la iniciativa, se propone su modificación para convertirse en los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de la nueva ley, toda vez que con el objeto de darles una mayor redacción y estructura, ya que los mismos contienen aspectos que no deben establecerse en una ley, como lo es la denominación de la campaña contributiva, el lema correspondiente, la identificación de los medios de comunicación a través de los cuales se realizará dicha campaña, los fines de la misma entre otros, sino que esta dictaminadora estima mas adecuada una campaña de divulgación de los derechos de los contribuyentes mediante los medios masivos de comunicación, con el objeto de evitar la realización de ferias y convenciones que impliquen gastos públicos excesivos, así como también obligar a las autoridades fiscales a la publicación periódica de las resoluciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar de la siguiente manera:
``Artículo 5º.- Las autoridades fiscales deberán prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos y obligaciones en materia fiscal. Asimismo y sin perjuicio de lo que dispone el Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales deberán publicar los textos actualizados de las normas tributarias en sus páginas de Internet, así como contestar en forma oportuna las consultas tributarias.
Los contribuyentes que apeguen su actuación a los términos establecidos en los criterios emitidos por las autoridades fiscales, que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, quedarán exentos de responsabilidad fiscal''.
``Artículo 6º.- Las autoridades fiscales realizarán campañas de difusión a través de medios masivos de comunicación, para fomentar y generar en la población mexicana la cultura contributiva y divulgar los derechos del contribuyente''.
``Artículo 7º.- Las autoridades fiscales tendrán la obligación de publicar periódicamente instructivos de tiraje masivo y comprensión accesible, donde se den a conocer a los contribuyentes, de manera clara y explicativa, las diversas formas de pago de las contribuciones. Las autoridades fiscales, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación que tengan competencia en materia fiscal, deberán suministrar, a petición de los interesados, el texto integro de las resoluciones recaídas a consultas y las sentencias judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental''.
``Artículo 8º.- Las autoridades fiscales mantendrán oficinas en diversos lugares del territorio nacional para orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, facilitando, además, la consulta a la información que dichas autoridades tengan en sus páginas de Internet''.
Por su parte, el artículo 13 de la iniciativa, se convierte en el artículo 9º de la nueva ley, en el que se propone un ajuste de redacción al mismo, con la finalidad de ampliar el tema sobre el que se pueden formular consultas. Por otra parte, se elimina el concepto ``clasificación tributaria'' por ser inaplicable y se establece el plazo de tres meses para resolver las consultas planteadas ante las autoridades fiscales de conformidad con el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, para quedar de la siguiente manera:
``Artículo 9º.- Sin perjuicio de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán formular a las autoridades fiscales consultas sobre el tratamiento fiscal aplicable a situaciones reales y concretas. Las autoridades fiscales deberán contestar por escrito las consultas así formuladas en un plazo máximo de tres meses.
Dicha contestación tendrá carácter vinculatorio para las autoridades fiscales en la forma y términos previstos en el Código Fiscal de la Federación''.
Asimismo, el artículo 15 de la iniciativa se convierte en el artículo 11 de la nueva ley, en el cual también se propone un cambio en su redacción, toda vez que se estima necesario impulsar la expedición de comprobantes fiscales con el objeto de que en las loterías fiscales, no sólo participen los contribuyentes, sino también las personas que reciban los comprobantes fiscales, aún cuando no sean contribuyentes. Así mismo, con la finalidad de promover el registro de las operaciones de los contribuyentes en el sistema bancario, se requiere que las loterías se puedan realizar tomado en cuenta los pagos diversos al efectivo, como son el uso de monederos electrónicos y tarjetas de crédito o de débito, entre otros medios.
``Artículo 11.- Para estimular la obligación legal de los contribuyentes de entregar comprobantes fiscales por las operaciones que realicen, las autoridades fiscales podrán organizar loterías fiscales en las que, con diversos premios, participarán las personas que hayan obtenido los comprobantes fiscales respectivos. Las loterías fiscales se podrán organizar tomando en cuenta los medios de pago diversos al efectivo, que reciban los contribuyentes''.
Continuando con la secuencia de los artículos que conforman la nueva ley, se propone modificar el artículo 20 de la iniciativa, para crear el artículo 12 de la nueva ley, cuya redacción se modifica puesto que no es claro el concepto de ``naturaleza y alcance de las facultades ejercidas'' y puede dar lugar a que se utilice como argumento para violaciones formales en el inicio de una revisión, para quedar de la siguiente manera:
``Artículo 12.- Los contribuyentes tendrán derecho a ser informados, al inicio de cualquier actuación de la autoridad fiscal, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones''.
Por consiguiente, se eliminan los artículos 21 y 22 de la iniciativa, toda vez que se elimina la posibilidad de que se amplíe el plazo en las revisiones de gabinete; se reduce de un año a 6 meses el plazo para revisar el sistema financiero, pero se lleva de 6 meses a 12 meses la ampliación. Si bien el término global es igual, esta dictaminadora no coincide con dicha propuesta, ya que de inicio se considera que revisar una institución del sistema financiero es similar a la de cualquier otro contribuyente, cuando por sus condiciones propias requiere una metodología diferente.
Asimismo, se reduce de dos años a seis meses las revisiones en que se solicita información a las autoridades fiscales o aduaneras extranjeras en materia de partes relacionadas residentes en el extranjero o de verificación de origen; no contempla los casos en que los plazos se suspenden y finalmente se incorpora el concepto de ``interrupción injustificada durante seis meses''.
Por otra parte, las visitas no se realizan día a día en forma ininterrumpida, sino que los visitadores pueden acudir en forma discontinua. Luego entonces el supuesto hipotéticamente previsto llevaría a la conclusión de tener que fundarse y motivarse la interrupción cada vez que ello ocurra.
La regulación de los plazos de revisión acaba de ser objeto de análisis por esta Soberanía, quien tuvo a bien modificarlos en las reformas publicadas al Código Fiscal de la Federación el 5 de enero del 2004. Se estima que deben mantenerse dichos plazos, ya que de otra forma, como se expuso en los trabajos en comisiones, el plazo con que cuenta la autoridad se reduce considerablemente, lo que beneficiará a un contribuyente irregular.
Uno de los objetivos fundamentales que persigue esta ley, es precisamente brindar a los contribuyentes el derecho de corregir su situación fiscal desde el inicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, y que dicha circunstancia se haga del conocimiento del contribuyente desde la notificación del acta parcial de inicio, motivo por el cual se propone la modificación del artículo 17 de la iniciativa, para convertirse en el artículo 13 de la nueva ley, que a la letra establece lo siguiente:
``Artículo 13.- Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deberán informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado''.
Con la finalidad de hacer efectivo el derecho consignado en la fracción XIII, del artículo 2º de la ley que se propone, se modifica en su totalidad el artículo 16 de la iniciativa, para convertirse en los artículos 14, 15,16 y 17 de la nueva ley, para consignar de manera expresa que el derecho de los contribuyentes de corregir su situación fiscal, existe desde el inicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, y que concluye hasta antes de la notificación del crédito fiscal, aclarando en beneficio del contribuyente, que el ejercicio de este derecho no queda al arbitrio ni discreción de la autoridad otorgarlo, sino que opera de pleno derecho y por ministerio expreso de ley.
``Artículo 14.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 2º de la presente ley, los contribuyentes tendrán derecho a corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que, en su caso, corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.
Los contribuyentes podrán corregir su situación fiscal a partir del momento en el que se de inicio al ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. El ejercicio de este derecho no está sujeto a autorización de la autoridad fiscal''.
Se propone la creación de un artículo 15 con el objeto de dar seguridad jurídica a los contribuyentes al momento de corregir su situación fiscal a través de la presentación de la declaración correspondiente, en el sentido de asentar dicha circunstancia en el acta respectiva, con la finalidad de que las autoridades fiscales no puedan levantar el acta final de la visita y la correspondiente liquidación del crédito en perjuicio de los intereses jurídicos y patrimoniales de los contribuyentes. Asimismo, se establece un plazo máximo de diez días a la autoridad revisora para comunicar la recepción de la solicitud de corrección a los contribuyentes.
``Artículo 15.- Los contribuyentes deberán entregar a la autoridad revisora, una copia de la declaración de corrección que hayan presentado. Dicha situación deberá ser consignada en una acta parcial cuando se trate de visitas domiciliarias; en los demás casos, incluso cuando haya concluido una visita domiciliaria, la autoridad revisora en un plazo máximo de diez días contados a partir de la entrega, deberá comunicar al contribuyente mediante oficio haber recibido la declaración de corrección, sin que dicha comunicación implique la aceptación de la corrección presentada por el contribuyente''.
En el mismo contexto, se propone la creación de un artículo 16 con el objeto de que las autoridades fiscales puedan cerciorarse de que los contribuyentes han corregido en su totalidad las obligaciones fiscales por las que se ejercieron las facultades de comprobación y por el período objeto de revisión, ya que en caso contrario, las autoridades fiscales emitirán la resolución que determine las contribuciones omitidas, de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se establecen diversos plazos para aquellos contribuyentes que decidan corregir su situación fiscal, con la finalidad de precisar los beneficios que se confieren a los contribuyentes que se corrijan en las distintas etapas previas hasta antes de la notificación del crédito fiscal, evitando así posibles abusos de los particulares que opten por auto corregirse tomando como base los datos consignados por la autoridad fiscalizadora al momento de levantar el acta final de visita o el oficio.
``Artículo 16.- Cuando durante el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, los contribuyentes corrijan su situación fiscal y haya transcurrido al menos, un plazo de tres meses contados a partir del inicio del ejercicio de dichas facultades, se dará por concluida la visita domiciliaria o la revisión de que se trate; si a juicio de las autoridades fiscales y conforme a la investigación realizada, se desprende que el contribuyente ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales por las que se ejercieron las facultades de comprobación y por el período objeto de revisión. En el supuesto mencionado, se hará constar la corrección fiscal mediante oficio que se hará del conocimiento del contribuyente y la conclusión de la visita domiciliaria o revisión de que se trate.
Cuando los contribuyentes corrijan su situación fiscal con posterioridad a la conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación y las autoridades fiscales verifiquen que el contribuye ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales que se conocieron con motivo del ejercicio de las facultades mencionadas, se deberá comunicar al contribuyente mediante oficio dicha situación, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que la autoridad fiscal haya recibido la declaración de corrección fiscal.
Cuando los contribuyentes presenten la declaración de corrección fiscal con posterioridad a la conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación y hayan trascurrido al menos cinco meses del plazo a que se refiere el artículo 18 de este ordenamiento, sin que las autoridades fiscales hayan emitido la resolución que determine las contribuciones omitidas, dichas autoridades contarán con un plazo de un mes, adicional al previsto en el numeral mencionado, y contado a partir de la fecha en que los contribuyentes presenten la declaración de referencia para llevar a cabo la determinación de contribuciones omitidas que, en su caso, proceda.
No se podrán determinar nuevas omisiones de las contribuciones revisadas durante el periodo objeto del ejercicio de las facultades de comprobación, salvo cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad.
Si con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación se conocen hechos que puedan dar lugar a la determinación de contribuciones mayores a las corregidas por el contribuyente o contribuciones objeto de la revisión por las que no se corrigió el contribuyente, los visitadores o, en su caso, las autoridades fiscales, deberán continuar con la visita domiciliaria o con la revisión prevista en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, hasta su conclusión.
Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal, las autoridades fiscales emitirán la resolución que determine las contribuciones omitidas, de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación''.
Adicionalmente, con la finalidad de no lastimar severamente a los infractores primos, y siguiendo con el espíritu de la ley que se dictamina, esta dictaminadora estima pertinente reducir la multa del 40% prevista en el artículo 76, fracción I, a un 20% siempre y cuando los contribuyentes que se hayan acogido al beneficio de la corrección fiscal, la paguen conjuntamente con las contribuciones omitidas y sus accesorios hasta antes del levantamiento del acta final o del oficio de observaciones según corresponda, toda vez que la multa del 40% señalada en la fracción I del citado artículo 76 del ordenamiento jurídico precitado, permanece para aquellos contribuyentes que presenten su declaración que corrija su situación fiscal después de levantada el acta final o el oficio de observaciones y hasta antes de la notificación del crédito fiscal, con la finalidad de evitar abusos de aquellos contribuyentes que quieran conocer el resultado de dichas actuaciones de la autoridad fiscalizadora.
``Artículo 17.- Los contribuyentes que corrijan su situación fiscal, pagarán una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas, cuando el infractor las pague junto con sus accesorios después de que se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, según sea el caso.
Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de que se notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes de la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, pagará una multa equivalente al 40% de las contribuciones omitidas''.
Asimismo, podrán efectuar el pago en parcialidades de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, siempre que esté garantizado el interés fiscal.
Por otra parte, a efectos de brindar una mayor precisión jurídica y con el ánimo de no contravenir las disposiciones fiscales contenidas en el Código Fiscal de la Federación, se propone una modificación al artículo 23 de la iniciativa, que se convierte en el artículo 18 de la nueva ley, dado que el mismo establece un plazo de tres meses que difiere con el previsto en el artículo 50 del ordenamiento jurídico precitado, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 18.- Las autoridades fiscales contarán con un plazo de seis meses para determinar las contribuciones omitidas que conozcan con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, sin perjuicio de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16 de esta ley. El cómputo del plazo se realizará a partir de los supuestos a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación y le serán aplicables las reglas de suspensión que dicho numeral contempla. Si no lo hacen en dicho lapso, se entenderá de manera definitiva que no existe crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente por los hechos, contribuciones y períodos revisados.
Con el objeto de darle una mayor redacción y claridad jurídica, se modifica el artículo 24 de la iniciativa para convertirse en el artículo 19 de la nueva ley, para quedar de la siguiente manera:
``Artículo 19.- Cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales con base en los mismos hechos conocidos en una revisión, pero podrán hacerlo cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad.''
Se propone la adición de un artículo 20 con el objeto de brindar seguridad jurídica a todos aquellos contribuyentes que optaron por corregir su situación fiscal, con el objeto de que las nuevas revisiones que lleve a cabo la autoridad fiscalizadora únicamente se constriñan a la información, datos o documentos de provenientes de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad.
``Artículo 20.- Las autoridades fiscales podrán revisar nuevamente los mismos hechos, contribuciones y períodos, por los que se tuvo al contribuyente por corregido de su situación fiscal, o se le determinaron contribuciones omitidas, sin que de dicha revisión pueda derivar crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente''.
Se propone la modificación al artículo 27 de la iniciativa para sustituirlo por un artículo 22, toda vez que el texto de la iniciativa se refiere sólo a las sanciones, por lo que quedarían fuera los créditos por contribuciones omitidas. Cabe destacar que el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación ya contempla que en los casos de interposición del recurso administrativo de revocación, ya se tiene un plazo de 5 meses para garantizar el interés fiscal a partir de la fecha de interposición de dicho medio de defensa, así como el plazo para resolver el recurso es de 3 meses, por lo que esta dictaminadora estima durante el desarrollo de este medio para que no se requiera garantizar. Por ello se propone la modificación de un artículo que ayude a los contribuyentes pequeños cuando interpongan al juicio contencioso administrativo, para quedar como sigue:
``Artículo 22.- Los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan superado un monto equivalente a treinta veces el salario mínimo general, correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, cuando garanticen el interés fiscal mediante embargo en la vía administrativa, deberán ser designados como depositarios de los bienes y el embargo no podrá comprender las mercancías que integren el inventario circulante del negocio, excepto cuando se trate de mercancías de origen extranjero respecto de la cual no se acredite con la documentación correspondiente su legal estancia en el país.
Por otra parte, se propone una modificación al artículo 28 de la iniciativa para ser sustituido por un artículo 23, a efecto de hacerlo acorde a la reforma publicada el 5 de enero del 2004 en el Diario Oficial de la Federación, prevista en el último párrafo del artículo 132 del Código Fiscal de la Federación, para quedar de la siguiente manera:
``Artículo 23.- Los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan, en los términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como a que en la notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse. Cuando en la resolución administrativa se omita el señalamiento de referencia, los contribuyentes contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.
Asimismo, se propone la adición de un artículo 24 en el que se otorga el derecho a los contribuyentes ofrecer como prueba en el juicio contencioso administrativo el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado que contenga toda la documentación relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada, dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos jurídicos posteriores y a la resolución impugnada.
``Artículo 24.- En el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los contribuyentes podrán ofrecer como prueba el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado. Este será el que contenga toda la documentación relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada; dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos jurídicos posteriores y a la resolución impugnada. No se incluirá en el expediente administrativo que se envíe, la información que la ley señale como información reservada o gubernamental confidencial.
Para los efectos de este artículo, no se considerará expediente administrativo, los documentos antecedentes de una resolución en la que las leyes no establezcan un procedimiento administrativo previo''.
Con relación a las disposiciones transitorias, y con el objeto de regular la aplicación y vigencia de las disposiciones previstas en la presente ley que son complementarias al Código Fiscal de la Federación, se proponen tres artículos transitorios para precisar que a partir de la entrada en vigor de serán aplicables los derechos que concede esta ley, así como establecer las consecuencias legales para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2º, fracción XIV, para quedar de la siguiente manera:
Disposiciones Transitorias``Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor un mes después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las autoridades fiscales realizarán una campaña masiva para difundir las nuevas disposiciones contenidas en la misma.
Artículo Segundo.- Las disposiciones previstas en la presente ley, sólo serán aplicables al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento.
Artículo Tercero.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se estará a lo siguiente:
I.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, se podrá señalar el domicilio para recibir notificaciones de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 2º de la presente ley.
II.- Para los efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 208 citado, cuando no se señale el domicilio para recibir notificaciones en los términos establecidos en la fracción XIV del precitado artículo 2º de esta ley, las notificaciones que deban practicarse se efectuarán por lista autorizada.
III.- Los contribuyentes podrán presentar en los juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como prueba documental, el expediente administrativo en los términos establecidos en el artículo 24 de la presente ley, no obstante que exista disposición en contrario en el Código Fiscal de la Federación.
Por lo anterior y en atención a lo expuesto esta Dictaminadora somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE.CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1o.- La presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. En defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación.
Los derechos y garantías consagradas en la presente ley en beneficio de los contribuyentes, les serán igualmente aplicables a los responsables solidarios.
Artículo 2o.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:
I. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas.
II. Derecho a obtener, en su beneficio, las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables.
III. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
IV. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados.
V. Derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente, previo el pago de los derechos que en su caso, establezca la ley.
VI. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante.
VII. Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales sólo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
VIII. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria.
IX. Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa.
X. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a la disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa.
XI. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas.
XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales.
Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda.
La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.
XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales.
XIV. Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente de dicho Tribunal, en cuyo caso el señalado para recibir notificaciones deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.
Artículo 3o.- Los contribuyentes podrán acceder a los registros y documentos que formando parte de un expediente abierto a su nombre, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a proce- dimientos terminados en la fecha de la solicitud, respetando en todo caso lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 4o.- Los servidores públicos de la administración tributaria facilitarán en todo momento al contribuyente el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran la intervención de los contribuyentes deberán de llevarse a cabo en la forma que resulte menos gravosa para éstos, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
CAPÍTULO IIInformación, Difusión y Asistencia al Contribuyente
Artículo 5o.- Las autoridades fiscales deberán prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos y obligaciones en materia fiscal. Asimismo y sin perjuicio de lo que dispone el Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales deberán publicar los textos actualizados de las normas tributarias en sus páginas de Internet, así como contestar en forma oportuna las consultas tributarias.
Los contribuyentes que apeguen su actuación a los términos establecidos en los criterios emitidos por las autoridades fiscales, que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, quedarán exentos de responsabilidad fiscal.
Artículo 6o.- Las autoridades fiscales realizarán campañas de difusión a través de medios masivos de comunicación, para fomentar y generar en la población mexicana la cultura contributiva y divulgar los derechos del contribuyente.
Artículo 7o.- Las autoridades fiscales tendrán la obligación de publicar periódicamente instructivos de tiraje masivo y comprensión accesible, donde se den a conocer a los contribuyentes, de manera clara y explicativa, las diversas formas de pago de las contribuciones. Las autoridades fiscales, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación que tengan competencia en materia fiscal, deberán suministrar, a petición de los interesados, el texto íntegro de las resoluciones recaídas a consultas y las sentencias judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 8o.- Las autoridades fiscales mantendrán oficinas en diversos lugares del territorio nacional para orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, facilitando, además, la consulta a la información que dichas autoridades tengan en sus páginas de internet.
Artículo 9o.- Sin perjuicio de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán formular a las autoridades fiscales consultas sobre el tratamiento fiscal aplicable a situaciones reales y concretas. Las autoridades fiscales deberán contestar por escrito las consultas así formuladas en un plazo máximo de tres meses.
Dicha contestación tendrá carácter vinculatorio para las autoridades fiscales en la forma y términos previstos en el Código Fiscal de la Federación.
Artículo 10.- Respetando la confidencialidad de los datos individuales, el Servicio de Administración Tributaria podrá informar al Instituto Nacional de Geografía y Estadística e Informática los datos estadísticos agregados sobre el ingreso, impuestos, deducciones y otros datos relevantes de los contribuyentes.
Artículo 11.- Para estimular la obligación legal de los contribuyentes de entregar comprobantes fiscales por las operaciones que realicen, las autoridades fiscales podrán organizar loterías fiscales en las que, con diversos premios, participarán las personas que hayan obtenido los comprobantes fiscales respectivos. Las loterías fiscales se podrán organizar tomando en cuenta los medios de pago diversos al efectivo, que reciban los contribuyentes.
CAPÍTULO IIIDerechos y garantías en los procedimientos de comprobación
Artículo 12.- Los contribuyentes tendrán derecho a ser informados, al inicio de cualquier actuación de la autoridad fiscal, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.
Artículo 13.- Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deberán informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado.
Artículo 14.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 2o. de la presente ley, los contribuyentes tendrán derecho a corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que, en su caso, corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.
Los contribuyentes podrán corregir su situación fiscal a partir del momento en el que se dé inicio al ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. El ejercicio de este derecho no está sujeto a autorización de la autoridad fiscal.
Artículo 15.- Los contribuyentes deberán entregar a la autoridad revisora, una copia de la declaración de corrección que hayan presentado. Dicha situación deberá ser consignada en una acta parcial cuando se trate de visitas domiciliarias; en los demás casos, incluso cuando haya concluido una visita domiciliaria, la autoridad revisora en un plazo máximo de diez días contados a partir de la entrega, deberá comunicar al contribuyente mediante oficio haber recibido la declaración de corrección, sin que dicha comunicación implique la aceptación de la corrección presentada por el contribuyente.
Artículo 16.- Cuando durante el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, los contribuyentes corrijan su situación fiscal y haya transcurrido al menos, un plazo de tres meses contados a partir del inicio del ejercicio de dichas facultades, se dará por concluida la visita domiciliaria o la revisión de que se trate, si a juicio de las autoridades fiscales y conforme a la investigación realizada, se desprende que el contribuyente ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales por las que se ejercieron las facultades de comprobación y por el período objeto de revisión. En el supuesto mencionado, se hará constar la corrección fiscal mediante oficio que se hará del conocimiento del contribuyente y la conclusión de la visita domiciliaria o revisión de que se trate.
Cuando los contribuyentes corrijan su situación fiscal con posterioridad a la conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación y las autoridades fiscales verifiquen que el contribuye ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales que se conocieron con motivo del ejercicio de las facultades mencionadas, se deberá comunicar al contribuyente mediante oficio dicha situación, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que la autoridad fiscal haya recibido la declaración de corrección fiscal.
Cuando los contribuyentes presenten la declaración de corrección fiscal con posterioridad a la conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación y hayan trascurrido al menos cinco meses del plazo a que se refiere el artículo 18 de este ordenamiento, sin que las autoridades fiscales hayan emitido la resolución que determine las contribuciones omitidas, dichas autoridades contarán con un plazo de un mes, adicional al previsto en el numeral mencionado, y contado a partir de la fecha en que los contribuyentes presenten la declaración de referencia para llevar a cabo la determinación de contribuciones omitidas que, en su caso, proceda.
No se podrán determinar nuevas omisiones de las contribuciones revisadas durante el periodo objeto del ejercicio de las facultades de comprobación, salvo cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad.
Si con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación se conocen hechos que puedan dar lugar a la determinación de contribuciones mayores a las corregidas por el contribuyente o contribuciones objeto de la revisión por las que no se corrigió el contribuyente, los visitadores o, en su caso, las autoridades fiscales, deberán continuar con la visita domiciliaria o con la revisión prevista en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, hasta su conclusión.
Cuando el contribuyente, en los términos del párrafo anterior, no corrija totalmente su situación fiscal, las autoridades fiscales emitirán la resolución que determine las contribuciones omitidas, de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación.
Artículo 17.- Los contribuyentes que corrijan su situación fiscal, pagarán una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas, cuando el infractor las pague junto con sus accesorios después de que se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, según sea el caso.
Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de que se notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes de la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, pagará una multa equivalente al 40% de las contribuciones omitidas.
Asimismo, podrán efectuar el pago en parcialidades de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, siempre que esté garantizado el interés fiscal.
Artículo 18.- Las autoridades fiscales contarán con un plazo de seis meses para determinar las contribuciones omitidas que conozcan con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, sin perjuicio de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16 de esta ley. El cómputo del plazo se realizará a partir de los supuestos a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación y le serán aplicables las reglas de suspensión que dicho numeral contempla. Si no lo hacen en dicho lapso, se entenderá de manera definitiva que no existe crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente por los hechos, contribuciones y períodos revisados.
Artículo 19.- Cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales con base en los mismos hechos conocidos en una revisión, pero podrán hacerlo cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad.
Artículo 20.- Las autoridades fiscales podrán revisar nuevamente los mismos hechos, contribuciones y períodos, por los que se tuvo al contribuyente por corregido de su situación fiscal, o se le determinaron contribuciones omitidas, sin que de dicha revisión pueda derivar crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente.
CAPÍTULO IVDerechos y garantías en el procedimiento sancionador
Artículo 21.- En todo caso la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe, correspondiendo a la autoridad fiscal acreditar que concurren las circunstancias agravantes que señala el Código Fiscal de la Federación en la comisión de infracciones tributarias.
Artículo 22.- Los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan superado un monto equivalente a treinta veces el salario mínimo general, correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, cuando garanticen el interés fiscal mediante embargo en la vía administrativa, deberán ser designados como depositarios de los bienes y el embargo no podrá comprender las mercancías que integren el inventario circulante del negocio, excepto cuando se trate de mercancías de origen extranjero respecto de la cual no se acredite con la documentación correspondiente su legal estancia en el país.
CAPÍTULO VMedios de defensa del contribuyente
Artículo 23.- Los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan, en los términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como a que en la notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse. Cuando en la resolución administrativa se omita el señalamiento de referencia, los contribuyentes contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.
Artículo 24.- En el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los contribuyentes podrán ofrecer como prueba el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado. Éste será el que contenga toda la documentación relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada; dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos jurídicos posteriores y a la resolución impugnada. No se incluirá en el expediente administrativo que se envíe, la información que la ley señale como información reservada o gubernamental confidencial.
Para los efectos de este artículo, no se considerará expediente administrativo, los documentos antecedentes de una resolución en la que las leyes no establezcan un procedimiento administrativo previo.
Disposiciones TransitoriasArtículo Primero.- La presente ley entrará en vigor un mes después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las autoridades fiscales realizarán una campaña masiva para difundir las nuevas disposiciones contenidas en la misma.
Artículo Segundo.- Las disposiciones previstas en la presente ley, sólo serán aplicables al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento.
Artículo Tercero.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se estará a lo siguiente:
I.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, se podrá señalar el domicilio para recibir notificaciones de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 2o. de la presente ley.
II.- Para los efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 208 citado, cuando no se señale el domicilio para recibir notificaciones en los términos establecidos en la fracción XIV del precitado artículo 2o. de esta ley, las notificaciones que deban practicarse se efectuarán por lista autorizada.
III.- Los contribuyentes podrán presentar en los juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como prueba documental, el expediente administrativo en los términos establecidos en el artículo 24 de la presente ley, no obstante que exista disposición en contrario en el Código Fiscal de la Federación.
Sala de comisiones de la H. Cámara de Diputados, a 19 de abril del 2004.--- Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez y Dávila (rúbrica), secretario; Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), secretario; José Felipe Puelles Espina (rúbrica), secretario; Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), secretaria; Alejandro Agundis Arias, secretario; Oscar González Yáñez, secretario; Jesús Emilio Martínez Alvarez, secretario; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas, Angel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza, Enrique Ariel Escalante Arceo, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano, José Osuna Millán, María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda, Jesús Vizcarra Calderón, Emilio Zebadúa González (rúbrica) y José I. Trejo Reyes (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de primera lectura.
Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión relativos a puntos de acuerdo.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo, en virtud que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Se autoriza.
Continúe la Secretaría con la lectura de los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Sí, con todo gusto, diputado Presidente, en un momento.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias.
Es de la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo para que se respalden las acciones del Ejecutivo Federal, encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Relaciones Exteriores.
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para que se respalden las acciones del Ejecutivo Federal encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba y rechazar toda acción que ponga en riesgo la seguridad de nuestra nación inmediata y nuestra integridad soberana.
A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el punto de acuerdo para que se respalden las acciones del Ejecutivo Federal, encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba y para rechazar toda acción que ponga en riesgo la seguridad de nuestra nación inmediata y nuestra integridad soberana.
Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente Dictamen con Punto de Acuerdo, por las siguientes:
CONSIDERACIONES:1.- Al inicio del mes de octubre del presente año, el Presidente George W. Bush manifestó públicamente la decisión de su administración de endurecer el bloqueo contra la República de Cuba. Asimismo, el día 27 de octubre, en el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada en la Ciudad de México, el secretario de Estado adjunto, Roger Noriega, refrendó la postura sobre Cuba de la administración Bush, lo cual, sin duda, tensa el clima de paz en nuestra región.
2.- Estos pronunciamientos coinciden con el loable proceso de recomposición de las relaciones bilaterales entre nuestro gobierno y el de Cuba, de cuyos primeros resultados nos congratulamos.
3.- En atención a la tradicional política exterior del Estado mexicano, de respeto a la soberanía de las naciones y de solución negociada y pacífica de los conflictos, expresamos al Ejecutivo nuestra preocupación por la alteración de los equilibrios regionales.
4.- La política de bloqueo contra Cuba, lejos de contribuir al entendimiento entre los países de la región, dificulta las relaciones de respeto mutuo y no coadyuva al avance de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el desa-rrollo libertario y con justicia social a que todos los pueblos tenemos derecho.
5.- Consideramos necesario que México vuelva a jugar su tradicional papel de interlocutor respetuoso entre los dos países amigos y sus gobiernos, encaminado a restaurar y fortalecer las bases de una seguridad regional multilateral e integral, que se apoye en la soberanía de los Estados y propicie la cooperación, la paz y el desarrollo.
6.- En este contexto, durante su visita a nuestro país, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos de América, Roger Noriega, acusó a la política exterior de México de sustentarse en ``un cinismo manufacturado'', que impide al país fijar su misión en el escenario político global y manifestó que, para superar sus problemas actuales, los países del área dependen ``sólo del liderazgo estadounidense''.
7.- Las buenas relaciones entre vecinos, como entre todas las naciones, se basan en la interlocución respetuosa. Estamos ciertos de que México necesita redefinir su papel en el mundo y, en especial, actualizar y escribir el marco jurídico de su doctrina de seguridad nacional para reforzar su trabajo diplomático en favor de bilateralizar la agenda en la materia con Estados Unidos e impulsar su multilateralización a nivel de las naciones de todas las regiones del mundo.
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:
Dictamen con Punto de AcuerdoÚNICO.- Respaldamos las acciones del Ejecutivo Federal encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba y rechazamos toda acción que ponga en riesgo la seguridad de nuestra región y nuestra integridad soberana.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, México, DF, a 11 de febrero de 2004.--- Comisión de Relaciones Exteriores:--- Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), secretario; Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretario; Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía, Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Marcela González Salas y Petriccioli, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías, Leticia Gutiérrez Corona, Francisco Xavier López Mena (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García, Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez y Marco Antonio Torres Hernández.»
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.
Esta Presidencia tiene registrados para hablar sobre este dictamen a discusión en contra, al señor diputado don Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; en pro al señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del grupo de Convergencia; al señor diputado don Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y al señor diputado don Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
También se tiene registrada a la diputada doña Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México, quien intervendrá en el caso de que la Asamblea lo determine en su momento.
Tiene el uso de la palabra para hablar en contra, el señor diputado don Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Pedro Vázquez González (desde su curul):
Declino, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:En virtud de la declinación del señor diputado don Pedro Vázquez González, se le concede el uso de la palabra para hablar en pro al señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.
El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:Con su permiso, señor Presidente:
La fracción parlamentaria de Convergencia se une a la promoción del dictamen de referencia, no solamente para apoyar con toda energía aquellas acciones del Ejecutivo encaminadas a recomponer las muy deterioradas relaciones entre México y Cuba, sino además para reiterar, una vez más, nuestra posición respecto a la necesidad de contar con una política exterior de Estado que defina, con toda claridad, con parámetros, de nuestra relación con el resto del mundo.
En el caso de la relación entre México y Cuba, es el más significativo a partir de los desencuentros que hemos tenido en estos tres últimos años; sin embargo, aún no existe una línea de acción clara respecto a la relación que queremos tener con nuestras regiones prioritarias, como son América Latina y Europa y más recientemente el continente asiático.
La única claridad que los ejecutores de la política exterior han dado en años recientes, es la prioridad exclusiva que conceden en los hechos a la relación de México con Estados Unidos, relaciones que marcan como nunca grandes diferencias en la visión que en ambas fronteras tenemos, respecto de nuestros problemas comunes y de aquellos conflictos que, aunque exclusivos de la frontera norte, afectan el resto del país y de muchas maneras por sus repercusiones al orbe.
Estados Unidos exige, como sabemos, nuestro apoyo, como lo han evidenciado en diversos medios a decisiones políticas coyunturales, como la guerra con Irak, como el voto contra Cuba en Ginebra sin embargo, respecto a la Resolución de la Corte Internacional de La Haya en relación a la integridad de nuestros connacionales, aún no tenemos una respuesta clara, salvo el evidente desinterés de los gobiernos estatales estadunidenses para cumplirla.
México en el ámbito internacional sirvió por décadas como palanca del desarrollo de una política exterior latinoamericana de bloque, que en diversas ocasiones frenó las intenciones de Estados Unidos de socavar la soberanía y dignidad de nuestras naciones.
Hoy, la respuesta de Estados Unidos a Cuba, sigue siendo reprobable. Cuando este pequeño país del Caribe vive la indefensión brutal de un bloqueo de más de 45 años ejercido por el vecino país del norte.
Tal como lo presenta el dictamen que hoy se pone a consideración de este pleno, las relaciones con nuestros vecinos nos obligan, hoy más que nunca, a fortalecer nuestra política en América Latina, de tal manera que en la próxima reunión que tendremos en el mes de mayo, llegue a América Latina debidamente unida, para poder hacer frente a los grandes retos que tenemos, hoy como nunca, con el vecino país del norte.
Y ante la ausencia de mecanismos, México debe fijar una posición clara en su política exterior.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias diputado don Jesús Martínez Alvarez.
Tiene el uso de la palabra para hablar en pro el señor diputado don Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez:Con su venia, señor Presidente:
Desde luego que respaldamos las acciones del Ejecutivo Federal, encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba y sin duda rechazamos toda acción que ponga en riesgo la seguridad de nuestra región y nuestra integridad soberana.
El pasado 15 de abril se votó y aprobó en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, una resolución donde se insta al gobierno cubano para que coopere dentro del pleno ejercicio de su soberanía, con la representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, facilitándole el cumplimiento de su mandato, como otros estados soberanos deben hacerlo en cumplimiento de los propósitos y principios que presiden la Carta de las Naciones Unidas.
Así, la política de derechos humanos del Gobierno Federal, no responde a ningún país en lo particular, sino a una convicción de su importancia en todos los confines del orbe. México respondió respetando las bases de su política exterior señaladas en la Constitución, de no intromisión en los asuntos internos de otras naciones. Pero expresando su deseo porque Cuba debiera permitir la entrada de relatores de derechos humanos a su territorio tal y como lo hace México al permitir ya 13 visitas de relatores y la instalación de una oficina del Alto Comisionado de la ONU, en su territorio. El buen juez por su casa empieza.
Nuestra integridad soberana está resguardada ahí donde las decisiones que toma nuestro país con respecto a su política hacia Cuba, México ha resguardado su integridad soberana como nunca antes. Nuestra integridad soberana implica no dejarnos chantajear por el gobierno cubano con el caso Ahumada y tampoco conceder la razón a una violación abierta al derecho internacional y humanitario, como es el embargo económico de Estados Unidos contra la isla. Sin duda, esta integridad soberana nos depara coincidencias y divergencias con muchos países en el mundo, a propósito de toda clase de temas.
Concluyo. En síntesis, el PAN como partido centro humanista, no puede dejar de creer en la democracia y los derechos humanos, en el multilateralismo y el derecho internacional, sobre cualquier otra consideración, así sea en Cuba o en cualquier otro país del mundo, y cree firmemente en la recomposición de las relaciones entre México y Cuba, en resguardo de la seguridad y la integridad soberana de México y la región.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias diputado.
Señoras y señores legisladores: aunque teníamos registrado al señor diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro, en virtud de la declinación en contra, del señor diputado Pedro Vázquez González, se han agotado los dos oradores que permite el artículo 122 del Reglamento.
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera el punto suficientemente discutido.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutido.Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobado. Comuníquese.Punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a concluir el trámite de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. ¿Le dio lectura, señora Secretaria?
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
No, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tenga la bondad de darle lectura.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Relaciones Exteriores.
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a concluir el trámite de ratificación del protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el Punto de Acuerdo para exhortar al Senado de la República a concluir el trámite de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente Dictamen con Punto de Acuerdo, por las siguientes:
CONSIDERACIONES:1. El Senado de la República no ha iniciado ningún trámite relativo a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, en consideración de que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha sometido el documento ante el Senado de la República para su respectiva ratificación.
2. La ratificación en comento, aún no ha procedido en razón de que únicamente ha sido signada por el Ejecutivo Federal, durante la Asamblea General de la ONU, celebrada en Septiembre de 2003.
3. El estado actual del Protocolo en cuestión, se encuentra a la fecha en análisis y revisión en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instancia que procederá a presentarlo ante el Senado de la República para su respectiva ratificación al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, el cual, dará inicio el 15 de marzo de 2004.
4. Hasta entonces, se dará inicio al trámite correspondiente, a efecto de proceder a la ratificación el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, por el Senado de la República.
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:
Dictamen con Punto de AcuerdoUNICO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a efecto de que se sirva remitir a la brevedad posible el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, al Senado de la República para su ratificación.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro.--- México, DF, a 11 de febrero de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), secretario; Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretario; Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía, Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Marcela González Salas y Petriccioli, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías, Leticia Gutiérrez Corona, Francisco Xavier López Mena (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García, Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez y Marco Antonio Torres Hernández.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora Secretaria.
En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo...
Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro a los siguientes señores legisladores: Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia; al señor diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En virtud de que se han registrado los tres para hablar en pro, esta Presidencia concederá el uso de la palabra, en primer término, a los dos primeramente registrados y la Asamblea resolverá, en su oportunidad, por cuanto al orador restante.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Convergencia, para hablar en pro.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Efectivamente, nuestra petición, nuestra solidaridad con esta excitativa que se formula ante el Presidente de la República, ante el titular del Poder Ejecutivo para que México suscriba el Protocolo, mejor dicho, turne al Senado de la República la ratificación para la suscripción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes.
Desde el año de 1983 México suscribió los tratados internacionales promovidos por las Naciones Unidas para la erradicación de la tortura.
La firma y ratificación de estos acuerdos por la Cámara de Senadores generaron muy importantes y avanzadas reformas en nuestros ordenamientos penales, a fin de tipificar claramente el delito de tortura en forma específica y alrededor de ello, desde luego, proteger al detenido a fin de que no compareciese ante el Ministerio Público si no estaba acompañado de abogados o persona de su confianza que previamente también se certificara su estado físico por médico legista y sobre todo invalidar las comunes declaraciones emitidas o arrancadas ante la policía judicial que, en la práctica investigadora a la mexicana, eran las declaraciones en las que se sustentaría la integración de la averiguación previa y el proceso penal mismo.
También en esta corriente de modernización del ordenamiento penal mexicano se suprimió la sobrevaloración de la confesión del inculpado, generalmente obtenida con violencia policiaca y se sumó a las pruebas que requieren adminiculación con otros medios probatorios para su final valoración objetiva por el juzgador.
Es en todo caso en este balance que, pese a la inclusión legislativa de censura y sanción a la práctica de la tortura, es evidente que ésta se sigue presentando como lo han denunciado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la de varios estados, incluyendo a la del Distrito Federal.
Por ello es imperdonable e inexplicable que el Ejecutivo Federal mantenga retenido el turno que debe darse al Senado respecto de la ratificación que este órgano legislativo debe dar a este protocolo a fin de incluirnos e insertarnos en la corriente moderna del derecho practicado con un sentido humano y no inquisidor, acusador y violatorio de derechos humanos fundamentales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez:Con su venia, diputado Presidente:
El 17 de marzo la Secretaría de Relaciones Exteriores envió al Senado el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanas.
De esta manera México reitera su compromiso con la prevención, sanción y erradicación de la tortura. Sólo falta que este protocolo sea ratificado, lo cual fortalecerá la vigilancia del cumplimiento de la convención.
De acuerdo con este protocolo, se prevé un sistema de visitas periódicas a lugares de detención por parte de órganos internacionales y nacionales independientes y el establecimiento de un Subcomité dependiente del Comité Contra la Tortura.
Además obliga a los Estados-parte a designar a más tardar un año después de su entrada en vigor o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional.
Esta labor idealmente será desempeñada en México por el Sistema de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
La tortura es, sin duda, la negación misma de la dignidad de la persona humana.
Los derechos humanos han sido definidos en principio como derechos universales e indivisibles y existe un grupo de derechos humanos que hacen a la esencia de la persona humana; los derechos humanos esenciales han sido agrupados dentro de una categoría conocida como derechos básicos de la persona.
Son estos derechos los que conforman el núcleo irreductible de derechos de la persona humana, estos derechos son los que en principio no están ni pueden estar sujetos nunca a suspensión alguna. Por lo tanto el Estado debe de garantizarlos y respetarlos en todo momento.
Hoy día, la tortura subsiste en muchos países. Hay 150 países en el Informe de Amnistía Internacional de 2003, con casos graves de tortura y en 80 países en forma no ocasional.
A pesar del compromiso de nuestro Gobierno todavía hemos sufrido la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 12 del 2002, por un caso de violación de derechos humanos por tortura en la persona de Guillermo Vélez Mendoza, quien perdió la vida.
Por ello, el Partido Acción Nacional se congratula de que el compromiso de este Gobierno de la República con los derechos humanos, dé un paso más con lo que pueda ser justamente con la acción pendiente en el Senado, la aprobación de este protocolo. Por ello pedimos el voto favorable.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez.
En virtud de que se ha agotado el número de oradores que permite el artículo 122 del Reglamento, consulte la Secretaría si el punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Con todo gusto, señor Presidente.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutido.Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Relaciones Exteriores.
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluidos varios Tratados Internacionales.
A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluyendo varios tratados internacionales.
Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente Dictamen con Punto de Acuerdo, por las siguientes:
CONSIDERACIONESEs de conocimiento general que a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos de América endureció las medidas de seguridad nacional, adoptando posiciones extremas para evitar ataques similares.
Las negociaciones para lograr un acuerdo migratorio han sido afectadas de forma negativa; sin duda el asunto es de gran importancia para un gran número de mexicanos, pero también para nuestro vecino del norte, que es el principal centro de recepción de la mano de obra mexicana que busca oportunidades para satisfacer sus necesidades.
El tránsito hacia la búsqueda de mejores oportunidades es, sin duda, de difícil acceso, enfrentando enormes riesgos, incluido el de perder la vida y la de sus familias para llegar al vecino país del norte.
La frontera norte de nuestro país es la más transitada del mundo, y a través de ella se da un enorme intercambio de mercancías y se comparte además un desarrollo industrial y cultural, por lo que para que se siga realizando este benéfico intercambio es necesaria una sana y más justa relación.
A través de diversos estudios bilaterales se ha demostrado el importante papel que para la economía del vecino del norte representa la mano de obra mexicana. Sin embargo, la mayoría de esta mano de obra no tiene acceso a los mínimos de seguridad social.
Es evidente que, frente a la importancia que nuestros connacionales representan para la economía norteamericana, esto no se refleja en sus políticas migratorias.
En los últimos años, en el tramo de Baja California y el estado norteamericano de California la vigilancia ha sido con patrulleros, alumbrado, sensores, telescopios de visión nocturna; la estrategia de ``Guardián'' es imposibilitar el cruce, empujando a los migrantes hacia las montañas y los desiertos, donde predominan las condiciones extremas, hasta lograr su muerte en muchas ocasiones.
Un informe del Banco de México señala que las remesas de dinero de migrantes equivalen al 83% de la inversión de Estados Unidos en México. Sin embargo, este sector de mexicanos ha sido olvidado y marginado de la política mexicana y ya es tiempo de que el país les devuelva algo: a cambio de ése gran aporte a la economía nacional.
Por otra parte, el Presidente Fox ha destacado la importancia que las remesas de los trabajadores migrantes tienen en la economía nacional, remesas que han llegado a equipararse con la inversión extranjera directa, declarando el propio Presidente que éstas han permitido a millones de mexicanos salir de la pobreza extrema.
No es desconocido que México y Estados Unidos de América comparten muchos proyectos de inversión y de desa-rrollo comercial, pero también problemas que sólo con la acción bilateral se pueden resolver. De alguna manera, el tránsito de mercancías ha sido normado gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin embargo el tránsito de personas presenta grandes dificultades que no han sido superadas.
El flujo migratorio ilegal, que constituye una fuente de riqueza para la agricultura y la industria del vecino del norte es, sin duda, el sector más vulnerable y sensible ante abusos de este tipo.
En fechas recientes, los medios de comunicación han difundido reiteradas notas sobre la deportación en condiciones inhumanas y humillantes de nuestros connacionales sin ningún fundamento, violentando toda norma de ley incluyendo varios tratados internacionales de los cuales ambos países son signatarios.
Particularmente nos referimos al Programa Piloto de Repatriación Lateral, que consiste en deportar por el estado de Texas a los inmigrantes indocumentados capturados en Arizona, con el pretexto, según las autoridades norteamericanas, de prevenir las muertes de los connacionales.
El programa inició el ocho de septiembre y ha concluido el pasado 28 de este mes; diariamente se deportaron cerca de 300 indocumentados, por lo que al final del programa serán de aproximadamente 6 mil personas.
Lo anterior es totalmente condenable, ya que se han violado sus derechos humanos cuando retornaban a sus lugares de origen.
La defensa de los derechos de nuestros trabajadores migratorios, que son fuente de riqueza y divisas, es uno de los grandes pendientes de la agenda nacional.
Por otra parte, pocos son los logros de los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de nuestro país defensoras de los derechos humanos en sus propuestas y solicitudes para la eliminación de este Programa de Repatriación Lateral, que viola y pone en riesgo la seguridad de hombres, mujeres y niños migrantes, al deportarlos encadenados y esposados por lugares desconocidos.
Finalmente, no debemos olvidar que el Estado debe cumplir su responsabilidad de preservar y garantizar valores tan preciados como la vida, la libertad y la dignidad de las personas.
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:
Dictamen con Punto de Acuerdo1.- Que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluyendo varios tratados internacionales de los cuales ambos países son signatarios.
2.- Exhortar al Ejecutivo para que, a través de las instancias correspondientes eleve una enérgica protesta ante el trato que las autoridades migratorias de Estados Unidos dan a nuestros connacionales en el proceso de deportación a nuestro país, con el compromiso de una estricta observancia y protección de los derechos humanos, que garantice la dignidad y la seguridad de los inmigrantes mexicanos en los puntos de cruce fronterizo y aeropuertos.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro.--- México, DF, a 11 de febrero de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), secretario; Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretario; Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía, Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Marcela González Salas y Petriccioli, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías, Leticia Gutiérrez Corona, Francisco Xavier López Mena (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García, Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez y Marco Antonio Torres Hernández.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, Secretaria.
En consecuencia están a discusión los puntos de acuerdo.
Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro a los señores legisladores don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del grupo parlamentario de Convergencia; al diputado Marco Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y a la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Esta Presidencia otorgará el uso de la palabra a los dos primeros y al tercero en caso de que la Asamblea lo determine en su momento.
Adelante Jesús Martínez Alvarez.
El diputado Jesús Martínez Alvarez:Con su permiso, señor Presidente:
La Comisión de Relaciones Exteriores de esta Legislatura ha dictaminado un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme rechazo al trato que se da a nuestros connacionales deportados en condiciones inhumanas. La inevitable expulsión de medio millón de mexicanos por año de Estados Unidos, hace que las condiciones en que se desarrolla la actividad migratoria entre ambos países sea no sólo extraordinaria, sino inmanejable.
Requiere pues de una política binacional de migración que se adapte a las condiciones inevitables de nuestras relaciones fronterizas. Requiere además de sólidos mecanismos de solución de controversias que garanticen buena dosis de tolerancia, solidaridad, equidad y buena voluntad.
Por ello un punto de acuerdo de esta naturaleza siempre es indispensable. México debe rechazar de forma enérgica y mediante mecanismos diplomáticos adecuados, incluyendo el ejercicio en su caso de extrañamientos severos al desinterés que por parte del Ejecutivo de Estados Unidos se muestra en poner atención al ejercicio de políticas migratorias cuyos mecanismos de control son rebasadas por la xenofobia y el racismo.
Cabe recordar en este espacio el memorándum de entendimiento en contra de la violencia fronteriza firmado por ambos gobiernos en febrero de 1999 y que reiteraba la intención de nuestros países de procurar justicia en casos de queja por actos de violencia cometidos contra migrantes mexicanos, en particular de autoridades.
El número de quejas en contra de autoridades locales se ha incrementado considerablemente. Preocupa pues que la violencia ejercida contra los migrantes mexicanos tenga como motivación principal consideraciones de tipo racial que exacerban la saña y el maltrato sin brindar ninguna garantía a quienes son afectados.
La observancia de estos principios internacionales es fundamental para el desarrollo armónico en las relaciones entre países. Acuerdos para cumplirse y acciones de protección que sirvan a nuestras comunidades, son indispensables.
La Cámara de Diputados con este dictamen pone el dedo en la llaga en un tema que a todos nos interesa, pero del que nuestras autoridades actualmente poco han logrado resolver.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias diputado don Jesús Martínez Alvarez.
Tiene el uso de la palabra para habar en pro, el diputado Marco Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Marco Antonio Gama BasarteGracias diputado Presidente:
El Partido Acción Nacional se opone de manera tajante al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas. Es Acción Nacional uno de los más interesados en buscar mejores condiciones para la deportación de mexicanos desde Estados Unidos, luego de la aplicación del llamado Programa de Repatriación Lateral.
El Gobierno mexicano ha sido especialmente sensible a este reclamo y estuvo en desacuerdo con la unilateral campaña de repatriación que realizaron las autoridades migratorias de Estados Unidos y desplegó las acciones necesarias para que ese programa se suspendiera como efecti- vamente sucedió posteriormente.
Si bien el gobierno estadounidense tiene facultad soberana para determinar de manera unilateral sus políticas migratorias, el Gobierno de México, a través de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, manifestó su desa-cuerdo con el programa a las autoridades migratorias estadounidenses. Producto de ello se firmó el memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores de Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, humana y digna de nacionales mexicanos.
En su aplicación ambos gobiernos se han comprometido en tomar las medidas necesarias para que:
Primero. Los traslados se realicen en condiciones seguras y con pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Segundo. Se verifique la nacionalidad de los repatriados.
Tercero. Repatriar únicamente a mayores de 18 años.
Cuarto. Repatriar a todos los integrantes de una familia en un mismo evento.
Quinto. Gozar de buen estado de salud y no trasladar a las nacionales mexicanas que se encuentren en estado de gravidez.
Sexto. Notificar oportunamente al consulado de México correspondiente, sobre la detención de connacionales y previo al evento de una deportación, entregar a los consulados las listas de los nacionales mexicanos que serán repatriados y
Séptimo. Coordinar adecuadamente las repatriaciones de grupos de connacionales, definiendo horarios y frecuencia de las repatriaciones.
A pesar de ello y de acuerdo con declaraciones de Susan Lubert, portavoz de la Subsecretaría de Seguridad y Transportación del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, podría ser reimplementado el Programa de Repatriación Lateral de indocumentados si fracasan nego- ciaciones con México para regresar migrantes a ciudades en el interior del país.
Ante estas declaraciones y en apoyo de la vigencia del memorándum de entendimiento para la repatriación legal, segura y ordenada, votamos a favor el punto de acuerdo presentado.
Esta soberanía debe apoyar los importantes esfuerzos que el Gobierno mexicano ha hecho en la materia y alzar una enérgica protesta contra las autoridades migratorias de Estados Unidos, que han puesto en duda la vigencia del memorándum.
Es cuanto diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias señor diputado.
Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Gracias.
Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutidos.Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobados. Comuníquense.El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Pesca.
Dictamen de la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo para exhortar a la CONAPESCA a implementar una política pesquera nacional integral que involucre a los pescadores y sus demandas, así como a la revisión de los procedimientos llevados a cabo para el ordenamiento pesquero en el Estado de Sinaloa y en el golfo de California.
ANTECEDENTESCon fecha 30 de septiembre de 2003, el C. el diputado Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una proposición con Punto de Acuerdo para que, en lo conducente, se exhorte a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a implementar una política pesquera nacional integral que involucre a los pescadores y sus demandas, así como a la revisión de los procedimientos llevados a cabo para el ordenamiento pesquero en el estado de Sinaloa y en el Golfo de California.
CONSIDERANDOSLa nueva Ley de Pesca de 1992, que eliminó la exclusividad de la captura de camarón para cooperativas, generó un efecto negativo al sector social pesquero, ya que sin considerar las enormes asimetrías existentes entre los integrantes del sector pesquero del país, abrió la puerta a los inversionistas en esta actividad, sin establecer mecanismos compensatorios a los impactos que la medida generó a éstos.
La visión de mercado que considera a la pesca solamente como un elemento que debe alcanzar adecuados niveles de productividad y no reconoce que esta actividad incide, al menos, en tres ámbitos esenciales de la sociedad mexicana: alimentación, desarrollo regional y empleo.
La carencia de una política pesquera de Estado y con visión de largo plazo, ha sumido al sector social de la pesca en el abandono, ha generado conflictos entre los productores y cancelado oportunidades de desarrollo en las comunidades ribereñas.
Entre otros instrumentos de planeación y administración de los recursos, están los ordenamientos pesqueros, que deberían ser las vías primordiales para la construcción de consensos entre los actores que confluyen en una región determinada. Desafortunadamente no han cumplido con su objetivo y es, por tanto, urgente que se revisen los procedimientos llevados a cabo para su implementación.
En el Golfo de California, en la pesquería de camarón se han generado conflictos sociales porque en el diseño del ordenamiento no se incluyeron todos los grupos que trabajan en la zona. Por una parte, en el Delta del Río Colorado se han tomado medidas administrativas por demás apresuradas para el manejo de la pesquería. De manera particular, en el estado de Sinaloa, se permitió el crecimiento acelerado del esfuerzo pesquero.
Es necesario, también, fortalecer la investigación pesquera; para ello se requiere destinar mayor presupuesto, ya que es imperante que las decisiones de manejo de los recursos se basen en la información técnico-científica. En la pesquería de camarón, la co-existencia de los pescadores ribereños y la flota de altamar hace necesario que las investigaciones incorporen información de ambos grupos, sin dejar de lado las implicaciones socioeconómicas.
En el caso específico del Estado de Sinaloa, es importante señalar el problema que se presenta año con año entre pescadores ribereños y de altamar. Por tanto, es necesario que se consideren opiniones en tal sentido, como la emitida por el Instituto Nacional de Pesca que, en el informe de evaluación de las poblaciones de camarón durante la veda 2002, señalaba:
``....el escenario menos favorable para la flota artesanal es iniciar junto con los barcos...''
Coincidimos que la problemática generada alrededor de la pesquería de camarón en el Golfo de California, que se acentúa en los litorales del estado de Sinaloa, requiere de un replanteamiento de la política pesquera regional, a cargo de la CONAPESCA, conforme las atribuciones que le confiere la normatividad vigente.
Consideramos que es impostergable la implementación de medidas de administración de dicha pesquería que prevenga el enfrentamiento entre los grupos involucrados del sector, ya que de otra forma los conflictos podrían agravarse y convertirse en un problema social que afecte de manera directa al sector y propicie condiciones de ingobernabilidad en las épocas de captura del recurso.
En el mismo caso se encuentra la situación que enfrentan otras pesquerías en esa región del país, lo cual demanda que de inmediato sean atendidas de una manera integral, con criterios de sustentabilidad, entendida ésta como la alternativa para construir consensos sociales, mejores condiciones económicas para el sector y practicada con responsabilidad en el uso de los recursos naturales.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Pesca es competente para dictaminar la proposición en comento, por lo que somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el presente dictamen con:
PUNTO DE ACUERDOÚNICO. Se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a implementar una política pesquera nacional integral que involucre a los pescadores y sus demandas, así como a la revisión de los procedimientos llevados a cabo para el ordenamiento pesquero en el estado de Sinaloa y en el Golfo de California, principalmente en lo que se refiere a la pesquería del camarón.
Diputados: Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica), Presidente; Ivonne A. Ortega Pacheco (rúbrica), secretaria; Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), secretario; Alejandro Higuera Osuna (rúbrica), secretario; Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica), secretario; Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, José Irene Alvarez Ramos (rúbrica), Antonio F. Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abdallán Guzmán Cruz, María del Rosario Herrera Ascencio, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), J. Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), Jesús Antonio Nader Nasrallah (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Yolanda G. Valladares Valle, Alfredo Villegas Arreola (rúbrica) y Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.
Esta Presidencia tiene registrados para intervenir en el debate en pro, al diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; al diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y al diputado Alfredo Villegas Arreola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Se concederá el uso de la palabra a los dos primeros, de acuerdo con el 122 del Reglamento.
Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el diputado Adrián Chávez Ruiz.
El diputado Adrián Chávez Ruiz:Compañeras diputadas y diputados:
El dictamen a discusión es resultado de un punto de acuerdo que presentó su servidor el mes de septiembre del año pasado. En ese momento tenía preso dos meses Jesús Leyva, dirigente de los pescadores de Sinaloa, del Frente Estatal de Pescadores, que luego de llevar a cabo acciones de resistencia demandando un ordenamiento pesquero y permisos para los pescadores tradicionales, fue detenido por agentes de la PSP.
Hace tan sólo dos semanas recobró su libertad no por los buenos oficios de autoridad alguna sino por una adecuada defensa y por el pago de una fianza de 149 mil pesos que fue colectada entre compañeros y familiares.
Qué bueno que salió libre, qué malo que las condiciones que lo llevaron a la cárcel sigan existiendo en nuestras costas, porque lo que aquí está de fondo es la discusión que tenemos sobre el manejo de nuestros recursos naturales y sobre la distribución de los beneficios que esto genera.
Compañeras y compañeros: he querido aprovechar esta tribuna para, además de manifestar nuestro apoyo a este dictamen, insistir en los riesgos de fuertes conflictos sociales si se sigue abandonando a su suerte al pescador ribereño. ¿Por qué año con año se repite este problema en distintas partes del país? ¿Por qué vimos en el 2003 a pescadores sinaloenses rompiendo la veda y desafiando a la Marina? ¿Por qué, pescadores de pulpo de Yucatán y Campeche enfrentándose a tiros por el recurso? ¿Por qué en el golfo de California día con día vemos como cada vez más de ellos son encarcelados por servir al narco y trasladar sus productos en lugar de mantener su forma tradicional de vida? ¿Por qué? Porque esa forma de vida y producción está seriamente amenazada del desorden, la depredación, el coyotaje, el acaparamiento de permisos y la desorganización.
Ante ello a veces parece que por decreto se quisiera evitar la existencia de los pescadores como si por ignorarlos con ello fueran a desaparecer, de ahí que tenemos en el sureste una zona mayor a la superficie del estado de Campeche donde los pescadores no pueden trabajar, y ahí tenemos los argumentos que se pretenden imponer para cerrar el Golfo de California a la pesca comercial porque se ha depredado tanto que ya no es sustentable. Claro que se ha depredado y claro que no es sustentable, pero esto no es sólo un asunto de cantidad de recursos, sino de distribución de permisos con que esto se obtiene. Ejemplo, en noviembre Usabiaga nos vino a informar que no existían permisos para barcos fábricas, tiene tres meses un barco trabajando las costas de la península de Baja California.
Requerimos, por ello, discutir el proyecto nacional que incluye un centro de pescadores tradicionales, que incluye el ordenamiento pesquero y ecológico, que incluya también la posibilidad de discutir con un mínimo de sentido común que los pescadores tradicionales no tienen ni los recursos que se requieren para construir una granja acuícola ni van de la noche a la mañana a irse a trabajar a los hoteles como lancheros o sirvientes de los extranjeros.
Por eso estamos a favor de este punto de acuerdo que elaboró la Comisión de Pesca.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputado Adrián Chávez Ruiz.
Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro, el diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Alejandro Higuera Osuna:Con tu permiso, Presidente. Para Acción Nacional, la actividad pesquera es reconocida como un sector productivo sumamente importante para nuestro país, que permite atender no sólo la parte alimentaria y nutricional de las familias mexicanas, sino que además tiene la capacidad para convertirse en una actividad determinante para impulsar el desarrollo nacional.
Por ello, coincidimos plenamente en el punto de acuerdo presentado anteriormente en cuanto a la necesidad de lograr un eficaz fomento a las actividades pesqueras, puesto que es claro que el sector pesquero permite el desenvolvimiento de otros sectores vinculados a éste como la industria, el transporte, los servicios y el comercio, lo cual incrementa las oportunidades de desarrollo regional de las familias que residen en las comunidades pesqueras a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía.
A este respecto, consideramos oportunas las acciones que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca ha venido implementando en los últimos meses, ejemplo de ello es la actualización de la Carta Nacional Pesquera, la publicación del anuario estadística de pesca 2002, del formato de la guía de pesca y la promoción del camarón mexicano como el mejor del mundo, entre otros.
Sin embargo, aún quedan acciones por realizar para permitir que la actividad pesquera cuente con condiciones favorables para atender un papel activo y protagonista en la economía nacional.
Para ello, es necesario contar con una participación activa de todos los actores involucrados e interesados en contar con un sector pesquero fortalecido; el Programa de Acuacultura y Pesca debe mantenerse como el eje rector de la política nacional para fomentar la actividad pesquera y acuícola.
Este instrumento de planeación resulta muy importante toda vez que se integra e inicia con las actividades de investigación que realiza el Instituto de la Pesca sobre los recursos pesqueros y acuícolas y cruza todas las fases de la cadena productiva incluyendo las acciones de inspección y vigilancia para la aplicación de la normatividad vigente.
Por ello, desde Acción Nacional no sólo nos sumamos al punto de acuerdo que se ha presentado por nuestro compañero legislador, sino también queremos hacer un exhorto para que desde nuestro ámbito de competencia pugnemos por dotar de recursos suficientes para permitir la operación adecuada al Programa de Acuacultura y Pesca y para ello es preciso establecer las bases para que nuestro país cuente con recursos presupuestarios suficientes.
Compañeras y compañeros, somos representantes ciudadanos y por ello nuestra labor requiere conjuntar esfuerzos para responder con responsabilidad a la confianza que nos han depositado a todos nosotros.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputado Alejandro Higuera Osuna.
Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si el punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor..
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la negativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
De acuerdo con la votación y decisión de la Asamblea, el punto no está suficientemente discutido, por lo tanto pasamos a conceder el uso de la palabra a los oradores registrados.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Villegas Arreola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alfredo Villegas Arreola:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna, a nombre de los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el propósito de manifestar nuestro más firme apoyo al punto de acuerdo, que es materia del dictamen, que la Comisión de Pesca sometió a consideración de este pleno.
En relación con la crítica situación que prevalece en el sector pesquero y que hoy por hoy uno de los sectores productivos que ingresa una cantidad muy importante en divisas al país se encuentra en un gran rezago y manifiesto la importancia que la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura se avoque a una acción más eficaz que fortalezca esta actividad de manera integral en el corto y en el mediano plazos.
Desde el inicio de los trabajos de esta LIX Legislatura, discutimos y analizamos este punto tan importante y hemos coincidido en la aplicación de una mayor cantidad de recursos presupuestales.
En el ejercicio del 2004, esta Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura contará con un 200% más que en el 2003, es decir, contaremos con recursos para múltiples programas productivos que habrán de beneficiar tanto a empresas como a familias mexicanas que se dedican a esta actividad.
Hemos dado un paso, aunque no suficiente. En el caso específico de los problemas que presenta el Golfo de California y particularmente las costas de Sinaloa, donde año con año en el levantamiento de la veda del camarón se presentan conflictos y enfrentamientos entre pescadores de alta mar y ribereños. Nosotros, estamos impulsando con este punto de acuerdo que haya una solución integral, de fondo y definitiva y que no se deje el problema latente como ocasionalmente se viene haciendo en cada año.
Por esto, proponemos que con estos recursos que estamos proporcionando para el ejercicio 2004 a la Comisión Nacional de Pesca, se haga una investigación científica en la región, se revise la norma y se revisen las políticas que actualmente aplica el Gobierno Federal, en coordinación con el gobierno estatal y municipal. Se necesita un enfoque integral hoy para este problema regional, pero para la pesca en general, necesitamos que este detonante, que el acuerdo que hoy tomamos, impulse una política seria, de fondo y constructiva, para sacar del atraso a este importante sector productivo del país.
A nombre de mis compañeros diputados, manifiesto el más firme compromiso para que a partir de este acuerdo, estos problemas sean atacados de fondo. Revisaremos la ley cuantas veces...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Agotado su tiempo, señor diputado.
El diputado Alfredo Villegas Arreola:Termino en un momento, señor Presidente.
...Manifestamos que el esfuerzo que aplicaremos y el seguimiento al acuerdo que hoy tomamos será permanente, quienes integramos la Comisión de Pesca, estaremos muy atentos a que se aplique por parte de la comisión.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias diputado.
Se recibe posicionamiento del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Partido de Convergencia.
«Posicionamiento en cuanto al proyecto del dictamen de la Comisión de Pesca para exhortar a la Conapesca a implementar una política pesquera nacional integral que involucre a los pescadores y a sus demandas, así como a la revisión de los procedimientos llevados a cabo para el ordenamiento pesquero en el estado de Sinaloa y en el Golfo de California, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Con su permiso, diputado Presidente; señoras y señores:
Tenemos que decirlo sin ambages: el pesquero es uno de los sectores olvidados de la economía nacional y, como siempre ocurre, son los grupos más desprotegidos de la población, en este caso de la que se dedica a la pesca, sobre los que recaen las peores consecuencias de ese abandono. Digámoslo también como es, en México no ha existido hasta hoy una política consistente y perdurable que tenga como fin el desarrollo integral del sector pesquero.
Reiteremos la tanta veces señalada y nunca solucionada paradoja de ser un país con una inmensa riqueza pesquera potencial que, sin embargo, no es aprovechada a cabalidad: un sector que podría ser de alta rentabilidad para quienes producen en él, no tiene el desarrollo que debería. Peor aún, en un país en el que grupos mayoritarios tienen enormes deficiencias alimentarias y nutricionales es muy difícil que ellos puedan acceder a los frutos que ofrece el mar, merced al alto costo que por lo general tienen.
En Convergencia estamos convencidos de que la economía de mercado, necesaria para producir y distribuir en condiciones de eficiencia, requiere de una intervención del Estado para corregir las distorsiones que le son propias, sobre todo la acción del Estado debe dirigirse a atenuar las consecuencias negativas que puedan afectar a quienes están en una posición de desventaja, en este caso los pescadores y sus familias. De ahí que se requiera la acción decidida por parte del Estado para una política de doble propósito: asegurar el desarrollo de la pesca nacional y hacer accesible su producción al grueso de la población. Resultaría absurdo que dejáramos que las condiciones del mercado orillen a quienes viven de esta actividad milenaria a que la abandonen, abandonando también sus posibilidades de bienestar.
Es hora ya de que México tenga una verdadera política de desarrollo de las actividades pesqueras. La producción pesquera medida en toneladas tiene altibajos enormes (1.5 millones en 1997, 1.2 en 1999 y 1.0 en 2003), explicables solamente por la ausencia ya mencionada de una política coherente hacia la pesca.
En infraestructura ni que decir; el crecimiento de embarcaciones ha sido prácticamente nulo en los últimos tres años (106 mil 373 en 2000 a 106, 434 en 2003)), mientras que la capacidad instalada de la industria pesquera en operación se ha mantenido sin crecimiento los últimos tres años, lo mismo que su índice de utilización.
Tales datos reflejan un inmenso estancamiento y nos hacen estar cerca del lugar número 20 mundial en casi todas las estadísticas, cuando deberíamos estar ubicados en mejores posiciones si vemos las posibilidades del sector pesquero nacional.
Si nos referimos al consumo de los productos pesqueros, encontramos que en México es de 12 kilogramos por habitante al año, mientras que en países como España es de 25 kilogramos por habitante o en Japón de 40.
Será cuestión de desarrollo, será cuestión cultural, pero la triste realidad mexicana es que un pueblo con hambre que podría no serlo aprovechando sus recursos pesqueros, no tiene posibilidad de consumir tales productos. Debemos, cuanto antes revertir esta lamentable situación.
Por estas razones, se hace necesaria una política integral de la cual aún estamos muy lejos. Sin embargo, vale la pena intentar medidas que al menos puedan remediar en algo la problemática.
Es este el caso del actual dictamen, que reconoce un triple efecto positivo de la actividad pesquera: alimentación, empleo y desarrollo regional y señala la necesidad ya expresada de una política pesquera de estado y de que dicha política incluya de manera primordial la investigación que requiere su desarrollo, particularmente en el Golfo de California y en el Estado de Sinaloa, pero no olvidemos que existen otras regiones y otros estados con iguales necesidades de atención.
Por lo expuesto debemos avalar el punto de acuerdo que sobre este tema nos ha sido sometido y que involucra de manera definitiva a al Conapesca.
Muchas gracias.
Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 115 del Reglamento que dispone que en la segunda ronda de oradores hablará un legislador en pro y uno en contra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera el punto de acuerdo suficientemente discutido.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se declara suficientemente discutido y consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobado. Comuníquese.El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con proyectos de decreto, relativos a la solicitudes de permiso de los ciudadanos: Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla Agrícola que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Me informan de servicios parlamentarios que este punto fue retirado del orden del día.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen del señor doctor Luis Ernesto Derbez Bautista y Orlando Ramos Guerrero, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros; Gilberto Hernández Andréu y Miguel Ildefonso Amezaga Ramírez, para aceptar condecoraciones que les confiere el Ejército de Estados Unidos de América y la Junta Interamericana de Defensa.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Con todo gusto, señor Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se les dispensa la lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 5 de abril del año en curso, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos doctor Luis Ernesto Derbez Bautista e ingeniero Orlando Ramos Guerrero, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz; y de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que les confieren los gobiernos de Perú y del Reino de España, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente
Proyecto de DecretoArtículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Ing. Orlando Ramos Guerrero, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 7 de abril de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García (rúbrica) y Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Luis Ernesto Derbez Bautista y Orlando Ramos Guerrero, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden del Sol de Perú, en grado de Gran Cruz y de la Orden del Mérito Civil en Grado de Cruz de Plata, que les confieren los gobiernos de Perú y del Reino de España, respectivamente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fueron turnados para su estudio y dictamen los expedientes con las minutas proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Gilberto Hernández Andreu y Capitán de Fragata Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ejército de los Estados Unidos de América y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente
Proyecto de DecretoArtículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano General Brigadier DEM Gilberto Hernández Andreu para aceptar y usar la condecoración Legión al Mérito que le confiere el Ejército de los Estados Unidos de América.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Cap. Frag. CG DEM Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez para aceptar y usar la ``Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa'', que le confiere dicha Junta.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 14 de abril de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García (rúbrica) y Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Gilberto Hernández Andreu y Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ejército de Estados Unidos de América y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
Háganse los avisos a que se refiere el artículo...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Un momento, señora Secretaria.
Tengo solicitud de los coordinadores parlamentarios de dos grupos parlamentarios y la Presidencia accede, a que en lugar de cinco minutos, sean 10 minutos, para recibir la votación.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para tomar la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación.)
Diputados que registran votación de viva voz.
El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (desde su curul):
A favor.
La diputada María del Rosario Herrera Ascencio (desde su curul):
A favor.
El diputado Carlos Hernán Silva Valdés (desde su curul):
Rectificación de voto, a favor.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Señor Presidente, se emitieron 414 votos en pro, siete en contra y dos abstenciones.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobados los proyectos de decreto por 414 votos.Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es el capítulo de dictámenes negativos. Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámra de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Turismo.
Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Turismo.
HONORABLE ASAMBLEA
ANTECEDENTES1. En sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el día 4 de Junio del 2003, el Diputado Enrique Martínez Orta Flores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Turismo.
2. En la misma fecha de su presentación, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, de la LVIII Legislatura, la iniciativa en comento, para su estudio, análisis y dictamen.
3. De conformidad con el punto segundo del acuerdo de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura, relativo a los dictámenes pendientes de la anterior legislatura, esta Comisión, realizó el dictamen, tomando en consideración las aportaciones de los diputados, de los diversos grupos parlamentarios que la integran.
FASES DE ANÁLISIS1. Los integrantes de la Comisión de Turismo; se reunieron, para analizar y evaluar las afectaciones jurídicas, a la ley Federal de Turismo, con las inclusiones que se proponen en la iniciativa que se dictamina.
2. Al interior de la Comisión de Turismo, se conformó una Subcomisión, que revisó el contenido social y las disposiciones existentes en la Ley Federal de Turismo, para determinar si la propuesta de reformas a este ordenamiento contenía algún precepto que no estuviese en la Ley Federal de Turismo.
3. Se consultó, al sector turístico que se podría ver afectado o beneficiado con estas reformas.
CONSIDERACIONES1. Es y ha sido, política prioritaria de los gobiernos del país, la creación y consolidación de las bases del turismo social, que a través de las últimas décadas se ha incrementado la oferta de estos servicios turísticos y que diversas instituciones gubernamentales y del sector social, han contribuido en esta tarea, de conformidad a los preceptos contenidos en la Ley Federal de Turismo.
2: En la Ley Federal de Turismo, se contempla un capítulo, el segundo, al turismo social y se contempla todos los mecanismos y regulaciones para fortalecerlo, así como la participación de otras instancias gubernamentales, y la promoción con el sector privado.
3. El turismo social en México está debidamente reglamentado y apoyado por los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, por lo que la tarea pendiente es que más mexicanos tengan acceso a éste, con la mejoría de las condiciones económicas y laborales.
4. Las modificaciones realizadas en la Ley Federal de Turismo en el año 2000, en la cual se incluyó como beneficiarios del turismo social a las personas con discapacidad y a las personas con menores ingresos económicos, otorgó certeza jurídica a los más desprotegidos.
5. El propósito, de incluir en la Ley Federal de Turismo, a las personas adultas mayores para que gocen de los beneficios del turismo social, se encuentran plenamente vigentes, ya que para este sector de la población se ha establecido el derecho a los descuentos, así como a las personas con recursos limitados. Aunado a lo anterior, este grupo social, cuenta con la protección de sus derechos con el ordenamiento jurídico denominado Ley de los Derechos de los Adultos Mayores.
6. En la Iniciativa en comento, su autor propone, en el artículo 9, suprimir el segundo y tercer párrafo, trasladando al numeral diez la creación de un Instituto Nacional de Turismo Social, con el objeto de que éste regule y supervise su desarrollo y operación, invadiendo competencias, facultades y atribuciones que son propias de la Secretaría de Turismo, además, las modificaciones que se proponen ya están contempladas en la Ley Federal de Turismo vigente, incluso es más amplio en el articulado, porque se incluye la participación de otros sectores gubernamentales.
7. En la propuesta de la Iniciativa en análisis, en el artículo 11, se señala la necesidad de crear Institutos similares al Instituto Nacional de Turismo Social, tanto en los Estados como en los municipios, lo que invade la competencia de las Secretarias de Turismo estatales.
8. En el artículo 12 de la iniciativa en comento, se otorga la coordinación de turismo social al Instituto Nacional antes descrito, y a sus equivalentes estatales y municipales, pretendiéndose la participación obligatoria de los sectores social y privado, mientras que en el párrafo segundo de la Ley vigente, se estipula con precisión que se procurará la participación de los sectores social y privado, contrario a la obligatoriedad que pretende la iniciativa en estudio.
Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 39, numerales 1° y 3°; 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Turismo de la LIX Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, el presente dictamen, de conformidad con los argumentos, razonamientos y consideraciones expuestos.
RESOLUTIVOSe dictamina en sentido negativo la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Turismo, para modificar los artículos 9, 10, 11 y 12 la cual fue presentada por el Diputado Enrique Martínez Orta Flores, de la LVIII Legislatura, toda vez que del estudio y análisis de la iniciativa en comento se encontró improcedente las modificaciones a la Ley Federal de Turismo debido a que los preceptos legales de la iniciativa se encuentran vigentes en la ley de la materia.
ÚNICO. Se deshecha la propuesta de modificaciones a la Ley Federal de Turismo en sus numerales 9, 10, 11 y 12.
Diputados: Francisco X. López Mena (rúbrica), Presidente; Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), secretaria; Rómulo Cárdenas Vélez (rúbrica), secretario; Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), secretario; Félix Arturo González Canto (rúbrica), secretario; Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz Caneja (rúbrica), Oscar Bitar Haddad (rúbrica), Alvaro Burgos Barrera (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carbajal, Guillermo del Valle Reyes, Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Gonzalo Guízar Valladares, Alejandro Higuera Osuna, J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Margarita Martínez López (rúbrica), Francisco Mora Ciprés, María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Janette Ovando Reazola (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), C. Zeferino Torreblanca Galindo (rúbrica), Pablo Antonio Villanueva Ramírez (rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica y Guillermo Zorrilla Fernández.»
Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Está a discusión el punto de acuerdo.
Adelante, Secretaria, por favor.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobado. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Salud.
Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa por la que se crea la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores.
A la Comisión de Salud, de la LIX Legislatura en la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto que pretende crear la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La Comisión de Salud, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3, los artículos 43, 45 en su numeral 6 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual corresponde a esta Comisión dictaminar la iniciativa en comento, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con proyecto de decreto, a partir de la siguiente:
METODOLOGÍALa Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.
En al capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.
ANTECEDENTESEn sesión celebrada el 11 de noviembre de 2003, el diputado Fernando Espino Arévalo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de Decreto por la que se pretende crear una Ley General para la protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores.
En la misma fecha y de conformidad con los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de este órgano legislativo, remitió dicha iniciativa para su estudio y dictamen, a esta Comisión. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
En su exposición de motivos el diputado expresó su preocupación, ya que se considera al tabaquismo como la primera causa de muerte previsible en el mundo, además menciona los efectos nocivos y adictivos de la nicotina.
El diputado enuncia una gran cantidad de problemas de salud, que están relacionados directamente con el consumo del tabaco, como el cáncer, el enfisema pulmonar, cardiopatías o accidente cerebro vascular.
Afirma que la adicción al tabaco ha sido creada y está sostenida por un reducido número de personas, que se ven beneficiadas con las ganancias que deja la industria del tabaco, a pesar de que vaya en detrimento de la salud de la población en general.
Aunado a lo anterior, manifiesta encontrarse alarmado, debido a que la adicción al cigarro va en aumento, ya que según dice, cada año hay cuatro millones más de adictos al cigarro: Además de que el número de fumadores menores de edad se ha incrementado, así como también el número de mujeres fumadoras.
El diputado expone que los fumadores pasivos, en general pertenecen a los más vulnerables, entre los que se encuentran niños y ancianos.
En este sentido menciona que los fumadores pasivos tienen un 20% de probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, por verse expuestos al humo del tabaco.
Debido a todo esto, el Diputado, consideró necesaria la crea-ción de una Ley General para la protección a la Salud de los Fumadores y no Fumadores; la cual constaría de cuatro títulos integrados por 50 artículos, más 10 artículos transitorios.
En su propuesta, en el artículo 8 el diputado le otorga a los gobiernos federal estatal y municipal, facultades para:
I. conocer de denuncias presentadas por ciudadanos cuando los fumadores no respeten las zonas establecidas.
II. ordenar por oficio o denuncia visitas de verificación en los establecimientos, empresas u oficinas de gobierno que no cumplan con la ley.
III. sancionar a propietarios de establecimientos o empresas que no cumplan con esta ley.
IV. sancionar a particulares que al momento de la visita si se encuentran fumando en los lugares en que se encuentre prohibido, siempre que se hayan negado a modificar su conducta, después de solicitárselo.
Asimismo, en el artículo 11, concede a la Secretaría de Seguridad Pública facultades para:
I. Poner a disposición del juez cívico competente a las personas que hayan sido sorprendidas fumando en algún lugar prohibido;
II. Poner a disposición del juez cívico competente a las personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún policía por incumplimiento de esta ley.
La iniciativa, también señala los lugares en los que queda prohibido fumar, entre los que se encuentran:
I. Elevadores;
II. Establecimientos particulares con atención al público.
III. Oficinas de la Administración Pública Federal, estatal, o municipal y de los órganos autónomos de orden federal o local; oficinas, juzgados, instalaciones del órgano judicial federal y local y oficinas administrativas, etc.
IV. En hospitales, clínicas, centros de salud, centros de atención médica, públicos, sociales, o privados, cualquier lugar cerrado de instituciones médicas y de enseñanza.
V. En unidades destinadas al cuidado y atención de niños, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes.
VI. Bibliotecas Públicas, hemerotecas o museos.
VII. Instalaciones deportivas.
VIII. En los centros de educación inicial, básica a media superior, superior, incluyendo auditorios, salones, de clase, etc.
IX. En cines, teatros, y auditorios cerrados a los que tenga acceso el público en general, con excepción de las secciones de fumadores en los vestíbulos.
X. En los vehículos de transporte público de pasajeros.
XI. En los vehículos de transporte escolar o de personal.
XII. En cualquier lugar que de forma expresa determine la Secretaría de Salud, entidades federativas y municipios.
En todos los establecimientos mercantiles, que tengan autorizados espacios para bailar, queda prohibido fumar en los mismos...
Por otro lado la propuesta del diputado señala las condiciones que deben tener los espacios considerados para fumadores, entre las que se encuentran: estar aisladas de las áreas de no fumadores, tener ventilación hacia el exterior, o sistema de extracción o purificación de aire y ubicarse de acuerdo con la distribución de las personas que ahí concurran.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 45 numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; esta Comisión, realizó el correspondiente estudio, del cual se desprenden las siguientes:
CONSIDERACIONESSomos conscientes y compartimos la preocupación del diputado, respecto al aumento en la adicción al tabaco, además de que sabemos los daños que provoca en la salud de la población el consumo de esto productos.
Conocemos los enormes costos en materia de atención a la salud que provoca el tabaquismo en México, ya que hay una gran cantidad de enfermedades que están directamente relacionadas con él.
El Congreso de la Unión entiende y comparte la preocupación del diputado en relación con el consumo del tabaco, es por esta razón que el 19 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 276, 277, 277 bis, 421, 308, 309 y 421 de la Ley General de Salud.
En las reformas mencionadas, se establecen las disposiciones para la publicidad del tabaco, así como la prohibición de vender cigarros a menores de edad, expresada en el artículo 277, del ordenamiento mencionado, que a la letra dice: ``No se venderán o distribuirán cigarros a consumidores en empaques que contengan menos de 14 cigarros, cigarros sueltos, o tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos.
No se venderán o distribuirán cigarrillos en farmacias, boticas, hospitales, ni escuelas de nivel preescolar hasta bachillerato o preparatoria''
Del mismo modo, el nuevo artículo 277 bis de la citada ley, establece la obligación para las unidades hospitalarias y clínicas del sistema nacional de Salud, de contar con áreas donde se prohíba el uso del tabaco.
El mencionado artículo, otorga la facultad de regular sobre las áreas con permiso para fumar, a la Secretaría de Salud, así como a los Gobiernos de las Entidades Federativas.
Creemos que si la intención del diputado es derogar el Reglamento que emitió el Poder Ejecutivo para llevar la prohibición de fumar a rango de ley; ésta, a nuestro parecer es innecesaria, ya que las reformas que se hicieron a la Ley General de Salud en este tema son suficientes y delegan la facultad de reglamentar en esta materia a los gobiernos de las Entidades Federativas, así como la Secretaría de Salud, la cual ya cuenta con un reglamento, que a nuestro parecer es adecuado.
En este sentido, la Comisión se dio a la tarea de analizar la propuesta de ley y cotejarla con el Reglamento Sobre Consumo de Tabaco, que fue publicado el 27 de julio de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, nos pudimos dar cuenta de que existen grandes similitudes.
Es por esta razón que pensamos que la inquietud del diputado, está prevista por la Ley General de Salud y que para ese efecto la Secretaría de Salud emitió el Reglamento sobre el Consumo del Tabaco, el cual está vigente y cuyo objetivo se expresa claramente su artículo 1, que a la letra dice: ``El presente Reglamento tiene por objeto proteger la salud de las personas de los efectos nocivos causados por la exposición al humo del tabaco, con la reducción del consumo de éste, principalmente, en lugares públicos cerrados''
De la misma manera, el mencionado reglamento también establece en su capítulo III las especificaciones tendientes a limitar los lugares en los que se puede fumar. Así por ejemplo, menciona, en el artículo 9 los lugares en los que está prohibido fumar, siendo mucho más específico que el proyecto que presenta el diputado.
Por otra parte, creemos que el capítulo de sanciones del reglamento al que nos referimos, es adecuado en relación con el incumplimiento del mismo, ya que creemos que la propuesta del diputado es un tanto rígida, al proponer, no sólo sanciones económicas, si no, inclusive, arresto de hasta 36 horas. El reglamento en cambio, dice en el artículo 20 ``La inobservancia a lo dispuesto en el artículo 9 será sancionada con amonestación con apercibimiento y cuando se trate de reincidencia por tercera ocasión y sucesivas, con multa de una a seis veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate''.
Resulta absurdo ir en contra de las disposiciones que el mismo Poder Legislativo ha aprobado en fechas recientes y las cuales ya han sido publicadas, en el Diario Oficial de la Federación.
El poder Legislativo ha facultado a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos de las Entidades Federativas para reglamentar los lugares en dónde se puede consumir tabaco, es ilógico querer reatribuirnos esa facultad, para intervenir en una materia que ya se considera de competencia local.
Por otra parte, la iniciativa presenta inconsistencias jurídicas muy graves, y sólo por citar un ejemplo, la iniciativa, en su artículo 5, pretende darle a particulares, asociaciones civiles, órganos de control interno y personas físicas, la facultad de vigilar el cumplimiento de la Ley, en una clara contravención a lo que dispone el artículo 89 fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ``Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: ...
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia''
Es cierto que la finalidad de la iniciativa es proteger la salud de los mexicanos, fumadores y no fumadores, pero ninguna norma puede estar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Entendemos y compartimos la preocupación del diputado, y estamos conscientes de que, a pesar de que existe un ordenamiento tendiente a proteger a los no fumadores y que trata de restringir el consumo del tabaco; la lucha contra el tabaquismo, no es sólo del Estado, sino de la sociedad, así como del ejemplo y educación que damos a las próximas generaciones.
Por todo lo anterior los diputados integrantes de esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el siguiente:
RESOLUTIVOÚNICO. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y No Fumadores, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; por considerar que la reglamentación en esta materia es facultad de la Secretaría de Salud y de los Gobiernos de las Entidades Federativas, además de que contiene graves inconsistencias jurídicas que van en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, la iniciativa resulta redundante respecto a las disposiciones de los artículos 276, 277, 277 bis, 308, 309 bis, y 421 de la propia Ley General de Salud en materia de publicidad y venta de tabaco; publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Enero del presente año.
Salón de sesiones de la Comisión de Salud, Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de 2004.--- Diputados: José Angel Córdova Villalobos, Presidente; Pablo Anaya Rivera, secretario (rúbrica); María Cristina Díaz Salazar, secretaria (rúbrica); José Javier Osorio Salcido, secretario (rúbrica); Rafael García Tinajero Pérez, secretario (rúbrica); Jesús Aguilar Bueno, José Porfirio Alarcón Hernández, Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), José García Ortiz, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña, Lucio Galileo Lastra Marín, Javier Manzano Salazar, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Maki Esther Ortiz Domínguez, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Francisco Antonio Rojas Toledo (rúbrica), Isaías Soriano López, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Abraham Velázquez Iribe y Martín Remigio Vidaña Pérez.»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Está a discusión el punto de acuerdo.
En esta Presidencia obra registro de oradores, en contra el diputado Fernando Espino Arévalo y el diputado Raúl Piña Horta, ambos del Partido Verde Ecologista de México y a favor el señor diputado José Javier Osorio Salcido, del Partido Acción Nacional.
En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo.
El diputado Fernando Espino Arévalo:Con su venia, señor Presidente.
La salud entendida como la ausencia de enfermedades que implica una situación física y mental sana, es materia en la que concurren la Federación y las entidades federativas, en virtud de que se trata de un derecho consagrado por nuestra Constitución, como una garantía individual y su protección corresponde a una necesidad real y de interés fundamental para los mexicanos.
La nicotina es clasificada desde el punto de vista médico, como un veneno violento que en su combustión arrasa sustancias como cianuro, óxido de nitrógeno, acetona, amoniaco, entre los más cancerígenos y letales.
No obstante y sin hacer mayor referencia, resulta a todas luces insuficiente y carente de todo argumento jurídico, presentar ante este pleno el dictamen de la iniciativa de Ley General para la Protección de la Salud de los No Fumadores y Fumadores en sus términos.
Además, con ello se contraviene a nuestra Carta Magna, aparte del convenio marco para el control del tabaco suscrito por más de 100 países incluyendo al nuestro, del cual se desprenden una serie de compromisos que la dictaminadora ignoró.
Dejar de fumar redunda en beneficio inmediato para la salud en la reducción de 300% del riesgo de sufrir un infarto cardiaco y el 200% de desarrollar enfermedades cerebro-vasculares.
A mayor abundamiento, les comento lo frío y alarmante de las estadísticas: mientras que durante 1986 en nuestro país el total de muertes relacionadas con el hábito de fumar alcanzó 17 mil 400, para el 2003 ésta superó las 54 mil; además, resultan falaces los argumentos del dictamen, al partir de supuestos falsos por el que, el expedir una nueva ley, no implica restarle facultades reglamentarias a la Secretaría de Salud o a las entidades federativas.
De igual forma, el control del tabaquismo es un asunto de supervivencia para el Sistema Nacional de Salud, ya que cada año se destinan más de 32 mil millones de pesos, además estimaciones del Seguro Social por el mismo concepto reportaron una erogación de 71 millones de dólares anuales, independientemente de lo aportado por el ISSSTE y por los particulares, en contra de los míseros 8 mil millones de pesos que se captaron en el 2003 por la vía del tabaco.
Por lo tanto, señoras y señores diputados, no podemos aceptar que la vida de los mexicanos sea menospreciada por dictámenes como éste y la vean por debajo de los ciudadanos de otros países como Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda, Canadá, donde se han impuesto grandes restricciones al consumo del tabaco.
Esta iniciativa lo único que busca es proteger la salud de todos los mexicanos, es por eso que apelo a la responsabilidad y sentido común de todos ustedes, para que votemos en contra de este dictamen y no cometamos un atropello más en beneficio de unos cuantos, por cierto, extranjeros.
Señor Presidente, debido al limitante del tiempo, solicito a usted se inscriba íntegra mi argumentación en contra del presente dictamen en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Réplica del dictamen de la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y No Fumadores, presentado por la Comisión de Salud.
La salud, entendida como la ausencia de enfermedades que implica una situación física y mental sana, es materia en la que concurren la Federación y las entidades federativas, en virtud de que se trata de un derecho consagrado por nuestra Constitución como una garantía individual y su protección responde a una necesidad real y de interés fundamental para los mexicanos.
La nicotina es clasificada desde el punto de vista médico como un veneno violento que en su combustión arrastra sustancias como acroleína, cianuros, óxido de nitrógeno, acetona, amoniaco, benzopirinas, nitrosaminas, entre los más cancerígenos y letales.
El tabaquismo, adicción a la nicotina por consumo de tabaco fumado, masticado o aspirado, trae como consecuencia una intoxicación crónica que afecta a los aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio, así como al sistema nervioso; favorece el desarrollo de enfermedades cancerígenas en las vías respiratorias e incrementa el riesgo de aborto o pérdida de peso del producto durante el embarazo, así como crear la adicción del mismo.
No obstante y sin hacer mayor referencia, resulta a todas luces insuficiente y carente de todo argumento jurídico, presentar ante este pleno el dictamen de la iniciativa de Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y No fumadores en sus términos, ya que muestra una serie de inconsistencia jurídicas y para muestra la tercera de sus consideraciones, pues argumenta como Congreso de la Unión y éste sólo es un dictamen de la Comisión, además con ello se contraviene nuestra Carta Magna, aparte del Convenio Marco para el Control del Tabaco suscrito por más de 100 países incluyendo al nuestro, del cual se desprenden una serie de compromisos, que la dictamínadora ignoró.
Se ha visto que las acciones restrictivas legales que se han impuesto a las compañías tabacaleras, en especial en EUA, han propiciado la búsqueda de nuevos mercados en otros países para mantenerse en el negocio, la alternativa más sencilla, rápida y de bajo costo, es aprovechar la situación de crisis financiera de los países en vías de desarrollo, de ahí que México se incorpore a la lista de países que servirán como puntos para la expansión del comercio de cigarrillos y, aun cuando no se desee, será un punto de expansión para mantener la epidemia mundial de tabaco.
Por otra parte el proceso de monopolización que actualmente caracteriza a la industria tabacalera establecida en México, se ha visto reforzada por la inyección de capital foráneo para su funcionamiento. Esta adquisición accionaria de la industria no representa una ventaja para la vida económica nacional y sí, por el contrario, una gran desventaja para las acciones en salud pública contra el consumo de tabaco en el país y en el mundo.
Es evidente que en nuestro país estamos sufriendo las consecuencias de la epidemia de tabaquismo que se ha establecido en el mundo, aun cuando estemos en la fase inicial de la misma. Por ello, hay que aprovechar el momento y, desde una visión de salud pública, poner en marcha acciones efectivas de intervención que permitan el control del consumo de tabaco en el mercado doméstico, así como el de la participación de nuestro país en el abastecimiento de cigarrillos a otros países para mantener la epidemia. No es posible que de una forma tan irresponsable hoy se pretenda convencer al pleno de esta soberanía de las bondades del tabaco, y que se tome una decisión tan aberrante y absurda que sólo obedece a los intereses utilitaristas de unos cuantos.
Las restricciones legales para el consumo que se han experimentado en otros países han contribuido a generar una conciencia antitabáquica entre la población, como el caso de Canadá e Irlanda, donde las prohibiciones son totales, pero eso el día de hoy parece ser lo que menos importa, pues en el caso de nuestro país se han impulsado una serie de paliativos que en poco o nada han contribuido a la solución del problema; de ahí que se requiera de un esfuerzo mayor desde una perspectiva de salud pública que fortalezca el mensaje antitabáquico en la población infantil y en los jóvenes a través de una contracultura del tabaco.
Resulta muy atractivo lograr beneficios económicos de las tabacaleras, como hoy se pretenda argumentar, sin importar que al final del camino tendremos como resultado un mayor número de jóvenes reclutados como fumadores, y en un buen número de enfermos y muertos atribuibles al consumo de tabaco. En estos términos, por sí mismas, las acciones de la salud pública mexicana contra el consumo de tabaco se convertirán en una batalla estéril del nuevo siglo por la salud y la vida de los mexicanos, si hoy no tomamos acciones más radicales y contundentes, como la circunstancia lo demanda.
Dejar de fumar redunda en beneficios inmediatos para la salud en la reducción de 300% en el riesgo de sufrir un infarto cardiaco y de 200% de desarrollar enfermedades cerebrovasculares. En promedio, el 95 por ciento de las personas de entre 15 y 29 años de edad que dejan de fumar, agregarán 10 años a su esperanza de vida, y es que de los 14 millones de fumadores del país, aproximadamente el 10% tiene entre 12 y 17, por lo tanto es fácil predecir que con acciones como la que se pretende perpetrar, en pocos años México se vera inmerso en una de las pandemias de enfermedades no infecciosas más graves de su historia, deahí lo inverosímil del resultado que la Comisión pretende que avalemos.
A mayor abundamiento les comento lo frío y alarmante de las estadísticas: mientras que durante 1986 en nuestro país, el total de muertes relacionadas con el hábito de fumar alcanzó las 17,400, para 2003 ésta supero las 54 mil, dándose un incremento del 200% en 17 años, por lo que no es posible que pretendan tapar el Sol con un dedo, de ahí que nuevamente resultan falaces los argumentos del dictamen, al partir de supuestos falsos, porque el expedir una nueva ley no implica restarle facultades reglamentarias a la Secretaría de Salud o a las entidades, pues éstas se ejercerán a partir de las nuevas bases. Por otra parte no se retribuyen competencia como lo refiere la dictaminadora, porque la materia de salubridad general es competencia del Congreso, por lo que éste no se puede sustraer por la simple existencia de las potestad reglamentaria, pues ello sería absurdo e inconstitucional.
De igual forma el control del tabaquismo es un asunto de supervivencia para el Sistema Nacional de Salud, ya que cada año se destina más de 32 mil millones de pesos, que equivalen a medio punto del Producto Interno Bruto (PIB), además estimaciones del IMSS por el mismo concepto reportaron una erogación de 71 millones de dolares anuales, independientemente de lo reportado por el ISSSTE, de ahí que el argumento insensato de que el tabaco es una buena fuente para la captación de impuestos queda exhibido ante las erogaciones que realiza el Gobierno Federal respecto de los míseros 8 mil millones de pesos que se captaron en el 2003 por la vía del tabaco. Consecuentemente podemos inferir que los costos asociados al consumo del tabaco sobrepasan por mucho las ganancias que produce para el país la industria tabacalera transnacional.
Por lo tanto, señoras y señores diputados, no podemos aceptar que la vida de los mexicanos sea menospreciada por dictámenes como éste y la vean por abajo de los ciudadanos de otros países como EUA e Inglaterra, pues en estos pueblos las compañías tabacaleras enfrentan grandes restricciones que ponen en serio predicamento la subsistencia de éstas, por los daños que han causado a la salud de la población; sin embargo en nuestro caso los integrantes de la Comisión de Salud y su mesa directiva, por cierto médicos de profesión, pretenden sobreponer los intereses de un grupo, al de la colectividad, rechazando una iniciativa que lo único que busca es proteger la salud de todos los mexicanos. Es por ello que hoy apelo a la responsabilidad y sentido común de todos ustedes para que votemos en contra de este dictamen y no cometamos un atropello más, en beneficio de unos cuantos, extranjeros por cierto.
Finalmente considero que nos parece inaceptable la falta de interés mostrada en el análisis que ha realizado la comisión en el dictamen de referencia, pues argumentan mucha semejanza entre el Reglamento Sobre Consumo de Tabaco y la iniciativa de ley. Para empezar el reglamento es exclusivo para la Administración Pública Federal y la ley es general, la facultad legislativa del Congreso jamás estará supeditada a una atribución reglamentaria.
Por lo que, señoras y señores diputados, solicito su voto en contra de este dictamen y que el mismo sea reintegrado a la comisión para su nueva elaboración.
El diputado Fernando Espino Arévalo (Rúbrica.)»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Como lo pide el promovente... como lo pide el orador, perdón, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Javier Osorio Salcido, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.
El diputado José Javier Osorio Salcido:Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Sabemos que el problema del tabaquismo crece día con día en nuestro país, asimismo conocemos los enormes costos que en materia de atención a la salud provoca, ya que existe una gran cantidad de enfermedades que están directamente ligadas con él; por esta razón, el Congreso de la Unión, en la anterior legislatura, se dio a la tarea de poder regular en esta materia para empatar y aventajar, de cierta forma, este gran problema del tabaquismo y por ello reformó y adicionó los artículos 276, 277, 277-bis, 309 y 421 de la Ley General de Salud, lo cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero del 2004.
Estas reformas regulan de manera específica y clara la aplicación de las restricciones en cuanto a la venta y consumo del tabaco, así como limitan la publicidad de los productos que lo contienen y en particular los cigarrillos que son los de mayor consumo; estas reformas no son menores ni soslayan la importancia del problema.
El artículo 227-bis en su párrafo segundo de la Ley General de Salud, establece que la Secretaría de Salud y, en su caso los gobiernos de las entidades federativas, reglamentarán las áreas restringidas para los fumadores, precepto legal que es entendible y se justifica con el artículo 124 constitucional, el cual marca que las facultades que no estén cedidas expresamente a la Federación, se entienden concedidas a los estados. Las autoridades locales constituyen uno de los gobiernos más cercanos, están suficientemente capacitados y tienen obligaciones de emprender acciones tendientes a restringir el consumo del tabaco.
La intención de los legisladores es precisamente que cada entidad federativa, elabore su propia reglamentación, la cual será adecuada a sus necesidades específicas, sin que inicien medidas contravengan al desarrollo.
Por otra parte, el Capítulo II de la iniciativa contiene un programa contra el tabaquismo, una vez más la iniciativa resulta redundante, ya que en el Título Undécimo, Capítulo III de la Ley General de Salud, se establecen los programas contra el tabaquismo, emprendidos en coordinación por el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas.
No ponemos en duda la buena intención de la iniciativa, sin embargo, resulta incongruente aprobar una ley que por una parte duplica la normatividad vigente y por otra contraviene las disposiciones. Los integrantes de la Comisión de Salud coincidimos en que la reglamentación en esta materia a nivel federal, es suficiente y corresponde a los gobiernos de cada entidad federativa reglamentar al respecto.
Es por estos argumentos que los diputados integrantes de la Comisión de Salud hemos decidido aprobar un dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se crea la Ley General para la Protección de Salud de los Fumadores y no Fumadores, por lo que los exhorto a votar a favor del dictamen que la misma Comisión elaboró.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias señor diputado.
El señor diputado Raúl Piña Horta cede su turno para hablar en contra al diputado Fernando Espino Arévalo, que tiene el uso de la palabra.
El diputado Fernando Espino Arévalo:Con su venia señor Presidente:
Voy a insistir en nombre del compañero diputado Piña, que el tabaquismo, adicción a la nicotina por consumo de tabaco fumado, masticado o aspirado, trae como consecuencia una intoxicación crónica que afecta a los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio, así como al sistema nervioso.
Lamentablemente existen datos que nos indican que los adolescentes cada vez están fumando más a temprana edad, ello con la complacencia del marco jurídico vigente, mismo que sirve de sustento a la Comisión en el presente dictamen, entre otros, ya lo mencionó el diputado que me antecede en la palabra, el artículo 277-bis que dice: ``Las unidades hospitalarias y clínicas del Sistema Nacional de Salud deberán contar con áreas donde se prohiba el consumo del tabaco'', además el dictamen muestra una serie de inconsistencias jurídicas, como lo señala el tercero en sus considerandos, pues argumenta como Congreso de la Unión, y éste es sólo un dictamen de la Comisión.
Se ha visto que las acciones restrictivas legales, que se han impuesto a las compañías tabacaleras, en especial en Estados Unidos, han propiciado la búsqueda de nuevos mercados para mantenerse en el negocio, por lo que en pocos años México se verá inmerso en una de las pandemias de enfermedades no infecciosas más graves de su historia, de ahí lo increíble del resultado que la Comisión pretende que avalemos, más aún si tomamos en cuenta que el argumento del dictamen está basado en una serie de juicios de valor, pues citan que la legislación sobre el tema es suficiente y adecuada.
La monopolización que actualmente caracteriza a la industria tabacalera establecida en México, se ha visto reforzada por la inyección de capital foráneo, esta adquisición de la industria no representa una ventaja para la vida económica nacional y sí por el contrario una gran desventaja para las acciones en salud pública contra el tabaquismo.
Por ello, no es posible que de una forma tan irresponsable, hoy se pretenda convencer al pleno de esta soberanía de las bondades del tabaco y se tome una decisión tan aberrante y absurda, que sólo se ven los intereses utilitaristas de unos cuantos.
Resulta muy atractivo lograr beneficios económicos de las tabacaleras, pero como hoy se pretende argumentar, sin importar que al final del camino, tendremos como resultado un mayor número de jóvenes reclutados como fumadores, y un importante número de enfermos y muertos atribuibles al consumo del tabaco.
Para empezar, el reglamento es de aplicación exclusiva de la Administración Pública Federal y la leyes en general. La facultad legislativa en la materia es del Congreso y ésta jamás estará supeditada a una atribución reglamentaria, por lo que, señoras y señores diputados, solicito su voto en contra de este dictamen y que el mismo sea reintegrado a la comisión, para su nueva elaboración.
Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Pregunte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobado. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Puntos Constitucionales.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Pablo Gómez Alvarez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que propone que la Honorable Cámara de Diputados interponga controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo Federal, por la suscripción de contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos.
Con fundamento en los dispuesto por los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 60, 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMENI. Del Proceso Legislativo.
A) En sesión celebrada el primero de abril del año 2004, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el diputado Pablo Gómez Álvarez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó punto de acuerdo por el que propone que la Honorable Cámara de Diputados interponga controversia constitu- cional contra el Poder Ejecutivo Federal, por la suscripción de contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos.
B) En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados determinó turnar la Propuesta citada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente.
C) En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebrada el 12 de abril del año en curso, luego de la recepción formal del asunto en estudio, se presentó a la consideración del Pleno de dicho Organo Colegiado un proyecto de dictamen, mismo que previo su análisis y discusión fue desechado por mayoría de votos, ordenándose se comunicara de inmediato esta resolución a la Mesa Directiva, acompañando el documento que en calidad de voto particular suscribieron varios diputados del Partido de la Revolución Democrática, en su mayoría, integrantes de la Comisión.
II. Materia de la Proposición con Punto de Acuerdo.
Mediante la proposición con Punto de Acuerdo que se analiza, el diputado proponente pretende que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión interponga Controversia Constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal, por la suscripción de contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos.
III. Valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo.
En la propuesta en estudio, el diputado proponente afirma que mediante la celebración de contratos de servicios múltiples, el Poder Ejecutivo Federal viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en lo que se refiere a la prohibición contenida en el artículo 27, párrafo sexto de la Carta Magna que a la letra dice ``En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrán realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal''. ``¿Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos?''.
Al respecto, transcribe también el texto del artículo 6° de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo que a la letra indica ``Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, porcentajes en los productos, ni participación en los resultados de las explotaciones''.
De manera clara el proponente expresa que entre el texto constitucional y la norma reglamentaria no existe contradicción en razón de que Petróleos Mexicanos puede celebrar contratos necesarios para la mejor realización de sus actividades siempre y cuando éstos no impliquen que los contratistas realicen en forma directa la exploración, explotación, transporte, entre otros.
Previa exposición de los antecedentes de la reforma de 1960 al artículo 27 constitucional el proponente concluye que ``la suscripción y ejecución de los Contratos de Servicios Múltiples se traduce en un ilícito Constitucional y legal, pues por una parte se infringen los artículos 25 y 28 de la Ley Fundamental, y por la otra, el contenido material de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero, en razón de que el sector público ya no tendría a su cargo, de manera directa, las dos áreas estratégicas asignadas, como son, en primer lugar, el petróleo, y todos los demás hidrocarburos, y en segundo lugar, los hidrocarburos naturales que las leyes mexicanas denominan -petroquímicos básicos-''
Concluye el diputado Pablo Gómez que por lo expuesto en la Proposición que presentó a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, ``propone impugnar el acto administrativo que otorgaría eventualmente dichos contratos, para impedir por los medios necesarios la virtual privatización, así sea parcial, de las actividades de explotación de los hidrocarburos mexicanos'' y abunda en que ``la vía de impugnación jurídica idónea debe dar origen al análisis de la constitucionalidad del propio contrato que se pretende adjudicar mediante el concurso, la suscripción de los contratos, el que deberá ser siempre lícito y de posible realización o de lo contrario el procedimiento completo deberá ser inválido. La vía óptima es, entonces, la interposición de una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación''.
La Comisión de Puntos Constitucionales de esta Honorable Cámara de Diputados previo el análisis detallado y profundo que se realizó, incluso durante la referida sesión, concluye que no es de aceptarse dicho proyecto en razón de que efectivamente la controversia constitucional es un juicio entre poderes u órganos que gozan de autoridad, que cuando hacen uso de su autonomía ejercen las facultades o atribuciones que les han sido confiadas u otorgadas. La controversia persigue constreñir la actuación de los poderes u órganos establecidos en la Ley Suprema a lo que ella dispone, se busca cesar una invasión de competencias.
De lo anteriormente analizado debe deducirse que los entes, poderes y órganos, para estar en posibilidad de acceder a la controversia y ser parte de la misma, requieren de un interés que pudera denominársele interés constitucional.
Por lo expresado en los dos párrafos anteriores, esta Comisión de Puntos Constitucionales estima que en el caso en estudio, no existe sustento legal para aprobar un punto de acuerdo que autorice a la Honorable Cámara de Diputados a interponer controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo Federal, por la suscripción de contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos.
Esta conclusión se sustenta en que esta Instancia Dictaminadora considera que la formalización de los contratos de servicios múltiples a cargo de Petróleos Mexicanos no invaden la esfera de competencia de la Honorable Cámara de Diputados ya que no se localizó en lugar alguno del marco jurídico que regula su estructura orgánica, funciones o atribuciones preceptos que la autoricen a celebrar estos contratos de servicios múltiples y, por tanto, no existe controversia entre la Honorable Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo Federal.
Esta Comisión estima oportuno pronunciarse porque se revise de manera detallada la constitucionalidad de los denominados contratos de servicios múltiples, sin embargo, como lo ha dejado asentado en el cuerpo de este dictamen, considera que la controversia constitucional pudiera no resultar la vía idónea para alcanzar ese objetivo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes:
ResolutivosPRIMERO.- Por las argumentaciones y fundamentos expuestos, no es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Pablo Gómez Alvarez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que propone que la Honorable Cámara de Diputados interponga controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo Federal, por la suscripción de contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos.
SEGUNDO.- Previos los trámites de consecuencia, archívese el asunto como totalmente concluido.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.--- Palacio Legislativo.--- San Lázaro, México, Distrito Federal, a los doce días del mes de abril del año dos mil cuatro.--- Diputados: Arturo Nahle García, Manuel Camacho Solís, Antonio Astiazarán Gutiérrez, Pedro Vázquez González, Angel Bundía Tirado, René Arce Islas, Enrique Escalante Arceo, Federico Barbosa Gutiérrez, Horacio Duarte Olivares, Emilio Zebadúa González, Luis Maldonado Venegas, Jesús Lomelí Rosas, Francisco Frías Castro, Gonzalo Alemán Migliolo y Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbricas).»
«Voto particular presentado por diputados del Partido de la Revolución Democrática al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, por el que se dictamina la proposición con punto de acuerdo para la interposición de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la suscripción de los contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para la interposición de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la suscripción de los contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos, presentada el 1° de abril de 2004 ante el Pleno de esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, por el C. Diputado Pablo Gómez Alvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Esta Comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 39 numerales 1, 2, fracción XXVI y 3, 45 numeral 6 incisos f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con la siguiente:
METODOLOGIALa Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo para la interposición de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia dé la Nación por la suscripción de los contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:
En el capítulo de ``Antecedentes'', se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión.
En el ``Contenido'', se exponen los motivos y alcance de la proposición con punto de acuerdo en estudio.
En el capítulo de ``Consideraciones'', los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración de la misma y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la proposición con punto de acuerdo en análisis.
ANTECEDENTESQue desde el mes de diciembre de 2001 hasta la fecha, se han presentado en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, un conjunto de proposiciones con puntos de acuerdo por los legisladores federales de los distintos grupos parlamentarios en relación con los contratos de servicios múltiples, amen de los dictámenes aprobados por los mismos.
Que en fecha 25 de Febrero de 2004, fue presentada ante la Comisión permanente del H. Congreso de la Unión un punto de acuerdo, a través del cual se solicita a Petróleos Mexicanos se envíen copia de los Contratos de Servicios Múltiples que se encuentran firmados.
Que en fecha 15 de Marzo de 2004, Petróleos Mexicanos hace llegar a la Cámara de Diputados copia de los Contratos que se encuentran firmados.
Que el 1° de abril del presente año el Presidente de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para la interposición de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la suscripción de los contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos para su estudio y dictamen.
Que en virtud de los antecedentes señalados, los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales pasamos analizar el:
CONTENIDOEn este apartado, se hace un análisis del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalando que en su párrafo cuarto estipula que:
``Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.''
El autor de la proposición con punto de acuerdo, añade que el párrafo sexto del mismo artículo establece que:
``En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.''
Expresa el proponente que los argumentos que dieron origen al párrafo sexto del artículo 27 constitucional en el Dictamen de comisiones (de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal el 1° de Octubre de 1959) establecen que:
``En relación con el petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, que constituyen recursos importantísimos del subsuelo para la Nación Mexicana, la Comisión Considera que debe asentarse de una vez por todas de manera indiscutible en el artículo 27 constitucional, que no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán lo que hayan otorgado y que sólo la nación podrá llevar a efecto la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva; porque no obstante que ha sido manifiesto el propósito del Constituyente, a partir de la reforma de diciembre de 1939, el de substraer totalmente la explotación petrolera del régimen de concesiones o contratos, en ocasión de que fue expedida a fines del año anterior la ley reglamentaria respectiva, volvió a suscitarse un debate jurídico sobre la subsistencia de algunas concesiones o derechos de los particulares a la explotación del petróleo; por lo que, para evitar cualquiera controversia, es procedente la reforma que propone la Comisión en la parte resolutiva de este dictamen.
Afirma el autor, que la intención del Legislador fue y ha sido muy clara: se tenía que asentar expresamente en la Constitución que no se podrá permitir la explotación de hidrocarburos por medio de concesiones ni contratos. La prohibición de contratar se impone expresamente para el caso de la explotación.
Que en razón de lo anterior, y como la reforma liga íntimamente las prohibiciones de otorgar concesiones y contratos con el término explotación, y continuando con la interpretación de la reforma de 1960 expresa que es conveniente acudir a los significados en conjunto de los términos explotación y contratos.
Sostiene además que la prohibición de celebrar contratos no puede entenderse literalmente, es decir, es absurdo que se prohibiera por la Constitución la celebración de cualquier contrato. Por ello, para comprender los alcances del artículo comentado, se debe atender a una interpretación que integre todo el artículo.
Agrega que, si vinculamos la prohibición de contratar con la exclusividad en la explotación, se obtiene que lo prohibido sea el otorgamiento de contratos por los cuales los particulares participen de alguna manera en la explotación de hidrocarburos. Por lo que queda subsistente la capacidad del Estado (y por lo tanto de Petróleos Mexicanos) para otorgar cualquier contrato que no tenga dicha implicación.
De esta forma es sencillo explicar porque la Ley Reglamentaria después de prohibir expresamente en sus artículos 2° y 3° la participación de particulares en cualquier fase de la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, etc., en su artículo 6° permite expresamente que Petróleos Mexicanos realice contratos.
Dichos artículos, a la letra dicen:
Artículo 2°.- Sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera en los términos del artículo siguiente.
En esta Ley se comprenden con la palabra petróleo a todos los hidrocarburos naturales a que se refiere el artículo 1°.
Artículo 3°.- La industria petrolera abarca:
I. ...
II. La exploración la explotación la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración, y
III...
Artículo 6°.- Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, porcentajes en los productos, ni participación en los resultados de las explotaciones.
Al hacer una interpretación sistemática de las hipótesis normativas transcritas, se desprende que no existe un conflicto normativo por contradicción, entendiéndose por tal, la incompatibilidad entre las normas contenidas en la Constitución por existir dos situaciones que no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Así, en la formulación contenida en el Artículo 6° no es contradictoria de los artículos 2° y 3°, debido a que Petróleos Mexicanos puede celebrar los contratos que sean necesarios para la mejor realización de sus actividades, siempre y cuando éstos no impliquen que los contratistas realicen en forma directa la exploración, explotación, transporte, entre otros.
Lo anterior lo sustenta observando la discusión que se suscitó en el seno del Poder Legislativo, al modificar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional en el año de 1960, momento en el cual se introduce la prohibición de otorgar contratos.
Durante el debate en la Cámara Revisora se realiza una exposición completa sobre la conveniencia o no de la palabra ``contratos'' en el texto del artículo 27, pero únicamente en cuanto se refiere a la explotación minera, nunca se pone en duda la prohibición de otorgar contratos en materia de explotación petrolera, incluso se reitera en varias ocasiones, por legisladores de diversos partidos, el acuerdo con el texto del dictamen antes trascrito.
Ahora bien, la prohibición de contratar no se refiere a cualquier tipo de contrato, sino exclusivamente a los que permiten la explotación directa de los hidrocarburos por particulares. Al respecto, el C. Diputado Enrique Sada Baigts, durante las discusiones desarrolladas en la Cámara de Diputados, fungiendo como cámara revisora para la reforma constitucional en comento, y atendiendo a la preocupación del sector minero en cuanto a la prohibición de celebrar contratos para la explotación de recursos del subsuelo manifestada por el C. Diputado Arturo Llorente González, expuso:
``Nos encontramos, al hacer el estudio de esta situación, con que en la práctica la Secretaría correspondiente celebra contratos especiales para explotar aquellos recursos naturales que han sido constituidos en reservas. Indudablemente que esa facultad no puede ni podrá coartarse al Poder Público, por que se trata especialmente de casos en que lo señala el mismo interés público.
Desde luego, tiene sobrada razón el compañero Arturo Llorente González, cuando afirma que si mencionamos la palabra ``contratos'', y los convertimos en un acto unilateral sujetos a determinadas reglas, vendría a crearse una figura jurídica que es en otras palabras la misma de la concesión.
[...] la Comisión no tiene inconveniente, en aras de la tranquilidad de ese sector minero tan importante en la riqueza nuestra, en retirar tanto del párrafo sexto y en su oportunidad del séptimo, el término ``contratos''. Pero en lo que sí la Comisión no aceptará jamás, es que se abra la puerta, para que cuando se hable del petróleo nacional se pueda dejar a la discusión del Poder Público la celebración de contratos. La Comisión únicamente acepta repito que se retire el término ``contratos'', cuando se hable de la forma de explotación de los recursos naturales, pero de ninguna manera cuando se trate de la facultad del Poder Público, para explotar el petróleo y sus derivados.''
Sin duda la intención del constituyente de 1960 era acabar con el problema de los contratos riesgo; sin embargo, el sentido que dio a la reforma constitucional es mucho más amplio. El Diputado Baigts advierte que no se trata de prohibir la celebración de contratos como actos unilaterales, sujetos a determinadas reglas, equiparables como figura jurídica a una concesión; lo que se entiende porque sería ocioso prohibir con otro nombre lo que ya está prohibido.
Y para ello se, aclara que la intención es cerrar las puertas para que la celebración de contratos en materia de explotación del petróleo y sus derivados pueda dejarse a la discusión del Poder Público. La prohibición es expresa, no podrán realizarse contratos bilaterales con los particulares que les permitan a estos la explotación de hidrocarburos; el otorgamiento de contratos unilaterales ya está prohibido porque se equiparan a la concesión.
Por ello, el proponente afirma que la intención del constituyente permanente concuerda con la explicación sobre la naturaleza de los contratos que prohiben la Constitución y su Ley Reglamentaria que se ha manifestado con anterioridad.
Aunado a lo anterior señala que reflejando el espíritu de consenso con el que fue aprobada la reforma, el Diputado Llorente expresó:
Lo que ha ocurrido en realidad, no es una discrepancia. Yo partí de la base de solicitar a esta H. Asamblea, que aprobará la supresión del término del concepto ``contratos'' en el contenido total del párrafo. En consecuencia, es obvio suponer que si eliminé el concepto y el término de ``contratos'' en la primera parte de este párrafo debatido, con mayor razón lo elimino tratándose de la posibilidad de explotar el petróleo y los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos.
Lo que en realidad ocurre es que la Comisión redactora del dictamen, según advierto de la reiterada lectura de la parte final de este párrafo, ha deseado dar mayor énfasis y mayor vehemencia a su expresión, consignando que en tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos. Y con ese énfasis y con esa vehemencia de la Comisión, no puedo estar en desacuerdo, sino por el contrario, me adhiero totalmente a la redacción, porque adhiriéndome a ella soy congruente con el pensamiento expuesto con anterioridad, más aún, cuando el petróleo, una básica riqueza nacional, debe ser explotado única y exclusivamente por el Estado Mexicano.
Es importante mencionar que los términos en los que está redactada la Ley Reglamentaria (1958) no fueron modificados después de la reforma constitucional de 1960; por ello se argumenta que la prohibición de la Constitución se refiere en estricto sentido a los contratos riesgo, toda vez que la Ley Reglamentaria se elaboró bajo el marco constitucional de 1938, en la que sí se permitía la contratación. Sin embargo debemos considerar que en la Reforma Constitucional de 1958, de donde surge el texto del Artículo 6° de la Ley Reglamentaria, los argumentos del legislador fueron dirigidos a prohibir cualquier forma en la que pudiera otorgarse la posibilidad de explotación de los hidrocarburos a los particulares.
En la reforma a la Ley Reglamentaria de 1958 la intención expresa del legislador se dirigió a sostener fundamentalmente tres premisas:
Primera.- La explotación de los hidrocarburos es facultad exclusiva de la Nación: ... si por disposición constitucional han cesado las actividades productivas de los particulares y ha desaparecido el régimen de concesiones, no hay lugar para seguir concesionando los servicios de refinación, transporte, almacenamiento, distribución y elaboración de gas, toda vez que el único que requerirá de los mismos y que originalmente está obligado a prestarlos a la colectividad, es el Estado.
Segunda.- La nación ha determinado la constitución de un organismo del Estado para tal propósito: La Nación ha adoptado, por lo tanto, como única forma de explotación del petróleo, el conducto de Petróleos Mexicanos, organismo descentralizado mediante el cual se han obtenido frutos ventajosos.
Tercera.- El alcance que debe tener la participación de los particulares en las actividades del estado en cuanto a la explotación de hidrocarburos debe limitarse al desarrollo de trabajos técnicos especializados, sin que éstos puedan participar por ningún concepto en actividades directas de explotación, y sin que participen de utilidades resultantes de dicha actividad: Dentro de ese campo de acción del Estado, la nueva ley reglamentaria que se propone da acceso a la iniciativa privada, señalando la forma en que los particulares pueden prestar una eficaz colaboración en el aprovechamiento colectivo del petróleo nacional, en la medida en que constitucionalmente pueden tener intervención en las actividades de la industria petrolera. Para este efecto, podrán celebrar contratos con Petróleos Mexicanos, mediante los cuales desarrollen en favor de la Nación obras, trabajos o servicios, de índole material o de carácter técnico, recibiendo a cambio compensaciones determinadas en efectivo, sin que los particulares puedan participar en las utilidades de la institución, ni obtener participaciones subordinadas al resultado de los trabajos o servicios que se les encomienden; la exposición de motivos de la iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo, fue presentada por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Adolfo Ruiz Cortines, el 25 de noviembre de 1958, suscrita sin discusión por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
El proponente arriba en un primer momento a las siguientes conclusiones:
1ª Que el petróleo y sus derivados son propiedad exclusiva de la Nación y que la expropiación de la industria petrolera fue el resultado de la lucha del pueblo mexicano por su soberanía e independencia.
2ª Que la industria petrolera nacionalizada representa el sentimiento arraigado del nacionalismo mexicano.
3ª Que la suscripción y ejecución de los Contratos de Servicios Múltiples se traduce en un ilícito Constitucional y legal, pues por una parte se infringen los artículos 25 y 28 de la Ley Fundamental, y por la otra, el contenido material de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero, en razón de que el sector público ya no tendría a su cargo, de manera directa, las dos áreas estratégicas asignadas, como son, en primer lugar, el petróleo, y todos los demás hidrocarburos, y en segundo lugar, los hidrocarburos naturales que las leyes mexicanas denominan ``petroquímicos básicos''.
De igual manera, se infringen directamente los artículos 27 y 28 de la Constitución, porque se están otorgando contratos para explotar hidrocarburos (gas natural, líquido, condensado y crudo), a empresas privadas, en una zona específica para desarrollar actividades petroleras, a cambio de un ingreso garantizado para el Estado, es decir de una especie de regalía, equivale a otorgar una concesión.
También se estaría vulnerando el artículo 2 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, porque ya no se cumpliría que sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera. Mediante los Contratos de Servicios Múltiples el sector privado estaría explorando y explotando gas natural (metano) y petroquímicos básicos (metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, y heptano). Así mismo estaría realizando el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración.
Asimismo, se infringe el artículo 4° de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, porque la nación estaría llevando a cabo la exploración y explotación de hidrocarburos en sus actividades esenciales, a través de un organismo distinto a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
De la misma forma, el artículo 6° de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, porque el contratista estaría teniendo una participación en los resultados de las explotaciones.
Después de hacer las aseveraciones antes transcritas, confirma que los Contratos de Servicios Múltiples no son contratos de servicios. Son contratos de riesgo. Y lo reitera cuando manifiesta que Petróleos Mexicanos los disfraza para que la sociedad mexicana no se de cuenta de lo que significan y los acepte sin condición alguna.
Continua señalando que dentro de los textos de los Contratos de Servicios Múltiples encontramos el significado de ``hidrocarburos'' significa componentes de carbono e hidrógeno, incluyendo los elementos asociados que ocurren naturalmente, bien sea en la superficie terrestre o subterránea, en cualquier condición física.
Que a través de los Contratos de Servicios Múltiples, las obras a contratar se agrupan en tres categorías: Desarrollo, Infraestructura y Mantenimiento.
Encontrando que dentro de las obras de Desarrollo se incluye la realización de trabajos de sísmica, construcción de caminos de acceso, perforación y reparación de pozos, y construcción de líneas de recolección.
En las Obras de infraestructura se incluye la construcción e instalación de compresores, equipo de medición, gasoductos, plantas y equipos para el acondicionamiento del gas y control de puntos de condensación.
En las obras de mantenimiento, se consideran todas las actividades correspondientes relacionadas con los pozos, las instalaciones superficiales y los ductos.
El autor dice que si bien es cierto que estas obras y servicios siempre las ha contratado Petróleos Mexicanos en forma separada, también es cierto que dentro del texto de los Contratos de Servicios Múltiples, encuentra diversas situaciones que describe para un mejor entendimiento:
Las actividades de exploración, perforación, extracción y conducción que se realizan mediante los Contratos de Servicios Múltiples derivan en actividades de explotación; situación que a todas luces es contraria a la Constitución.
Entendiendo por exploración el conjunto de tareas de campo y oficina cuyo objetivo consiste en descubrir nuevos depósitos de hidrocarburos o nuevas extensiones de los existentes.
A lo largo del clausulado se advierte que el contratista realiza en sí las actividades reservadas y no únicamente la preparación de infraestructura en beneficio de Petróleos Mexicanos, como a continuación se demuestra:
a) Exploración: La cláusula del contrato 9.1 (a) (i) (A) y (B) dispone que las Obras de Desarrollo que realizará el contratista consisten en servicios geológicos y geofísicos que incluyen la adquisición, procesamiento e interpretación de datos geofísicos y la elaboración de modelos geológicos; las cláusulas 10.6, establece que los contratistas podrán realizar trabajos de prospección sísmica, métodos que sirven para la localización de yacimientos, y la cláusula 10.12 establece que el programa anual de trabajo deberá contener, entre otras cosas, la Localización perforable, profundidad anticipada y tipo de pozos a ser perforados, etc.
Todas las actividades anteriores se refieren a la exploración que generalmente se requiere para la explotación de pozos.
b) Explotación: Dentro de las actividades de explotación que realiza Petróleos Mexicanos se encuentran la perforación y la extracción. Pues bien, en una gran variedad de cláusulas del modelo de Contratos de Servicios Múltiples, fundamentalmente en la 9.1 (a) (iii) (c), 9.2 y 9.3 se establece como actividad del contratista la perforación de pozos, así como la estimulación de los mismos. Cabe mencionar que el glosario de términos del propio modelo de Contratos de Servicios Múltiples establece los siguientes significados para ambas figuras:
``Perforación'' significa todos los servicios relativos a la perforación o profundización de un pozo, incluyendo los registros, testigos y pruebas del pozo. ``Estimulación'' significa una operación diseñada para incrementar la producción de un intervalo, arena, formación o Yacimiento, por medio de la inyección de ácido clorhídrico, propano o cualquier otro material.
De lo expuesto, culmina especificando, que por esos contratos, los particulares podrían realizar actividades propias de la explotación de yacimientos de gas.
c) Transporte de primera mano: En cuanto a este punto, el modelo de los Contratos de Servicios Múltiples no es claro, toda vez que dentro de la cláusula 13.1 se establece: ``PEP tiene el derecho exclusivo de disponer de todo el gas y los Condensados producidos dentro del Área de Trabajo. El punto o puntos de comercialización donde PEP vende y transfiere a PGPB el gas y los Condensados serán los Puntos de Entrega. El punto o puntos donde PEP recibe del Contratista el gas y los Condensados producidos en el Área de Trabajo serán los Puntos de Transferencia, los cuales serán definidos por PEP a lo largo del Plazo''.
Manifiesta el proponente, que si a lo anterior se añade que en la cláusula 13.2 se habla del control de calidad que deberá pasar el gas transportado por el contratista en el Punto de Entrega (reiterando que se refiere expresamente a la calidad del gas no al volumen de transporte), puede inferirse que el contratista se obliga a proporcionar un cierto nivel de calidad sólo cuando él produce ese gas, por lo que se estaría en presencia de otra de las actividades citadas por el artículo 3° de la Ley de referencia.
En su opinión, es notorio que los Contratos de Servicios Múltiples son instrumentos que violentan el sentido del párrafo sexto del artículo 27 constitucional, pues permite a los particulares realizar actividades propias de la explotación de hidrocarburos, mismas que están expresamente reservadas al Estado Mexicano, por medio del Organismo Público denominado Petróleos Mexicanos.
Llama la atención el contenido de la cláusula 9.2 (b); en cuya última parte expone que para los fines de preservar la integridad del Contrato, Petróleos Mexicanos PEMEX Exploración y Producción (PEP) no reemplazará o duplicará las obras contratadas en virtud del Contrato. Lo anterior implica un derecho de exclusividad territorial del contratista que excluye a Petróleos Mexicanos de la posibilidad de realizar las tareas que ha contratado. Es decir, en tal caso el contratista estaría sustituyendo al Organismo Público en su obligación constitucional de llevar a cabo la explotación de los productos consagrados en la Constitución y en la Ley Reglamentaria.
La Norma Fundamental utiliza la palabra ``explotación'' en un sentido amplio, por lo que la Ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional desarrolla los alcances del término en su propio artículo 3°, habilitado para ello el artículo 2° al exponer:
Artículo 2°.- Sólo la Nación podrá llevara cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera en los términos del artículo siguiente.
En esta Ley se comprende con la palabra petróleo a todos los hidrocarburos naturales a que se refiere el Artículo 1°.
Según el artículo anterior, las ``distintas explotaciones'' constituyen lo que debe entenderse como ``la industria petrolera''. Así, cuando el artículo tercero habla de dicha industria, desarrolla con amplitud lo que la Constitución expresa cuando habla de ``explotación'':
Artículo 3o.- La industria petrolera abarca:
I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación;
II.- La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas,, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración, y
Reflexiona y considera que el gas natural es una mezcla de diversos hidrocarburos gaseosos los cuales encontramos en el subsuelo (primordialmente metano, etano, propano y butano entre otros), y que dichos elementos se encuentran descritos en la fracción III del artículo 3° de la Ley Reglamentaria; el texto del párrafo sexto del artículo 27 Constitucional es muy claro al dictar que en dicha materia no podrán otorgarse concesiones ni contratos que impliquen permitir a particulares cualquier forma de explotación de los recursos descritos.
Añade que el artículo 4° de la Ley citada establece que la explotación de petrolíferos en manos del Estado será desa-rrollada por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, con lo que origina, al tiempo dé una facultad exclusiva, una obligación del estado a la cual no puede renunciar y para la cual no puede ser sustituido.
Abunda y cita fragmentos de una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que colabora en la aclaración del término explotación:
PETROLEO. LOS ASPECTOS QUE COMPRENDE Y QUE SOLO PUEDEN SER GRAVADOS POR LA FEDERACION, SON LOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 3o., DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión legislar en materia de hidrocarburos e imponer contribuciones sobre aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27 constitucional, entre los que se encuentran el petróleo y todos los carburos de hidrógeno [...] únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas o reglamentarias que la rijan, y establecer los impuestos que graven cualquiera de sus aspectos. De lo que se sigue que las legislaturas de los Estados están impedidos constitucionalmente para gravar los aspectos que comprende la industria petrolera, esto es, no podrán imponer contribución alguna sobre: [...] II.- La elaboración, el almacenamiento, el trasporte, la distribución y las ventas de primera mano del gas artificial. [...] aspectos que de conformidad con el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria en cita son los que abarca la industria petrolera.
Asienta que esta tesis reconoce la exclusividad del Congreso Federal para imponer contribuciones sobre aprovechamiento y explotación de hidrocarburos, y con relación a esa facultad exclusiva es que prohíbe a las entidades federativas a imponer contribuciones sobre las actividades que establece el artículo 3° de la Ley Reglamentaria, entre las que se encuentra la elaboración, el almacenamiento, el trasporte, la distribución y las ventas de primera mano del gas artificial. Si a ello añadimos que el congreso general dispuso en la Ley de Ingresos Federal para el ejercicio 2002, contribuciones sobre la extracción de petróleo, además de aquellas dirigidas a los rendimientos petroleros y sus excedentes, es obvio inferir que la Suprema Corte reconoce que la facultad de imponer contribuciones sobre la explotación abarca también, cuando menos, a la extracción. Además, el propio Congreso General reconoce esta generalidad del término explotación, puesto que impuso las contribuciones a la extracción con fundamento en la fracción XXIX del artículo 73 que sólo habla de aprovechamiento y explotación; pérdida de control que se hace claramente evidente al leer nuevamente el contenido de la Cláusula 9.2 (b), del referido contrato, pues se desprende que PEMEX no podrá reemplazar duplicar las obras realizadas al amparo del contrato.
Ahora bien, el proponente nos indica que por ``Múltiples'', debemos entender que se refiere a todas las actividades que se realizan en el proceso de extracción. Así, con los contratos de servicios múltiples será una empresa la que realice todas esas actividades, y en este sentido, es muy grave porque el Organismo Público pierde el control de todo lo que se haga al interior de ese bloque que se va a licitar en el sector de gas no asociado.
De ahí, que como indica en la propuesta, las propias autoridades lo han mencionado, estos contratos no solamente están diseñados para la extracción de gas no asociado -como ahora son Cuenca de Burgos, entre otros- sino que se harán extensivos al petróleo, y esto es un paso más allá en el proceso de privatización, porque entra al corazón de donde está la renta petrolera, que es la extracción.
Continúa diciendo, que para Petróleos Mexicanos los Contratos de Servicios Múltiples son simples contratos, y ahora en lugar de muchos sólo existirá uno. Pero también debe tenerse claro, que el contratismo es una actividad lucrativa de la industria privada. Sin embargo, el asunto no es tan simple. En el caso de las industrias eléctrica y petrolera, la Constitución del país es muy clara: NO se otorgarán concesiones ni contratos. Esa disposición es aplicable al presente caso, porque el gas no asociado es un hidrocarburo de los referidos por la Constitución, siendo su explotación y aprovechamiento parte del proceso de trabajo petrolero que corresponde realizar a Petróleos Mexicanos, de manera exclusiva, según lo indica la Ley Fundamental.
Además nos dice, que con la implantación de los Contratos de Servicios Múltiples se avanza considerablemente en la indebida privatización de la petroquímica. Asevera pues, que se trata de una privatización velada, silenciosa e inconstitucional.
En virtud de lo anterior, considera que estamos en presencia de contratos, a través de los cuales, Petróleos Mexicanos cederá al contratista la exploración, la prospección de zonas perforables, la perforación, la extracción, la conducción y la producción de gas natural, como actividades que realizará sustituyendo al organismo público y recibiendo un pago en montos diferidos que generan intereses y que, en algunas ocasiones, dependen de los niveles de producción a manera de regalías, poniendo en entredicho el beneficio económico que finalmente recibiría Petróleos Mexicanos y la propia Nación de este tipo de explotación de los hidrocarburos.
Es evidente -en su opinión- que de generalizarse este tipo de contratos, las empresas públicas de energía transformarían su naturaleza industrial en simples administradoras de contratos, con las implicaciones tecnológicas, profesionales y económicas que sobrevendrían en el futuro.
Es por ello que propone impugnar el acto administrativo que otorgaría eventualmente dichos contratos, para impedir por los medios necesarios la virtual privatización, así sea parcial, de las actividades de explotación de los hidrocarburos mexicanos. Para ello, considera que la vía de impugnación jurídica idónea debe dar origen al análisis de la constitucionalidad del propio contrato que se pretende adjudicar mediante el concurso, la suscripción de los contratos, el que deberá ser siempre lícito y de posible realización o de lo contrario el procedimiento completo deberá ser inválido. La vía óptima es, entonces, la interposición de una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Controversia, en su opinión, representa un instrumento de control amplio de la constitucionalidad de los actos del poder público de muy diversa índole. En efecto, el artículo 105 constitucional, en su fracción I, establece la facultad de la Suprema Corte para resolver las controversias constitucionales que se susciten entre dos Poderes de la Federación, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. En este sentido, el Legislativo Federal está facultado para interponer el recurso en contra del acto emitido por el Ejecutivo Federal, consistente en la asignación y suscripción del multicitado contrato, pues dicho acto se estima inconstitucional.
Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales coinciden plenamente con el sentido de la proposición con punto de acuerdo, para efectos de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la suscripción de los contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos, por lo que formulan las siguientes:
CONSIDERACIONESLos miembros de esta Comisión de Puntos Constitucionales, que someten el presente dictamen a la aprobación de la Cámara de Diputados, a efecto de ilustrar a esta Soberanía, destacan algunos antecedentes de las controversias constitucionales.
Esta Comisión que analiza, expresa que el Doctor Manuel González Oropeza en la obra intitulada ``Controversia sobre controversia'', del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, manifiesta que Venustiano Carranza, apartándose de las ideas de cuño juarista, propuso que la Suprema Corte de Justicia se encargara de resolver los conflictos entre poderes de un estado, lo cual en su consideración poco se ha analizado sobre la influencia que, sin lugar a dudas, ejerció el anteproyecto de Constitución que elaboró la Confederación Cívica Independiente a través de la pluma de José Diego Fernández en 1914.
En dicho anteproyecto, comenta el académico, se otorgaba a los tribunales de la Federación la facultad de conocer y resolver los conflictos que surgieran:
Entre el Poder Ejecutivo y el Congreso General o algunas de sus Cámaras; la diputación permanente o la ``Asamblea electoral''.
Entre el Poder Ejecutivo de la Unión y alguno de los poderes de los Estados; entre los poderes de los Estados o de sus Cámaras, o de funcionarios del mismo Poder Judicial que no esté resuelto por las leyes del Estado.
Entre el Poder Ejecutivo o el Congreso o algunas de sus Cámaras o la Diputación permanente, o la Asamblea general y los jueces de distrito o magistrados de circuito de la federación.
Entre los Estados (artículo 97, fracción VIII del anteproyecto)''
``De la misma manera, el anteproyecto otorgaba a la Suprema Corte la facultad para que: ``Desde la primera instancia, el conocimiento de las controversias que se susciten de un Estado con otro, y de aquellas en que la Unión fuese parte'', agregando en el articulo 98 del anteproyecto:
``En los casos de conflicto. a que se refiere la fracción VIII del articulo anterior, la Suprema Corte de Justicia, en tribunal pleno, los resolverá a petición de una de las autoridades en conflicto, la que al quejarse establecerá el hecho y fijará el precepto legal violado en su concepto. La Suprema Corte, previa audiencia de la otra parte, examinará si el precepto citado es el aplicable, y en caso de que así lo estimase, resolvería si el hecho de la queja está probado, y en caso afirmativo, si es o no contrario al precepto que se conoce como violado''.
El Proyecto antes señalado propuso un control de la legalidad más que de la constitucionalidad entre autoridades:
``En el proyecto se fijan los casos de conflicto entre la Federación y los Estados, y entre los Estados entre sí, y se amplía la jurisdicción de la Suprema Corte, previa audiencia de la otra parte, examinará si el precepto citado es el aplicable, y en caso de que así lo estimase, resolverá si el hecho de la queja está probado, y en caso afirmativo, si es o no contrario al precepto que se conoce como violado''
En consecuencia el proyecto de Carranza reconocía por primera vez en la historia constitucional que el poder judicial tendría facultades para interpretar la ley de acuerdo con su letra o con los principios generales del derecho, según el artículo 14 constitucional. Por lo tanto, reconocida esta facultad no había impedimento para que el máximo tribunal fuera el encargado de resolver jurídicamente estos conflictos constitucionales, porque ningún problema político podría estar exento de un núcleo legal, cuya aplicación o resolución debía estar sometido al escrutinio judicial, según lo explicó el entonces diputado constituyente Paulino Machorro Narváez el 11 y el 14 de enero de 1917''.
Sin embargo, la Constitución se aprobó en el sentido de que el Senado resolvería los conflictos políticos gracias a los argumentos de Heriberto Jara e Hilario Medina, según se consagraron en el artículo 76 fracción VI. Empero, el nuevo artículo 105 también otorgaría facultad a la Suprema Corte de Justicia para conocer de controversias constitucionales entre poderes de un estado.
La diferencia entre conflicto político y controversia constitucional nunca se ha deslindado con precisión, con seguridad porque es imposible hacerla de manera abstracta y general; sólo nos queda el camino casuístico de los casos resueltos por uno y por otro.
Esta Comisión que dictamina comparte totalmente las opiniones vertidas por el doctor Manuel González Oropeza en la obra referida.
Nos dice el investigador que inmediatamente después de la entrada en vigor de la Constitución, el remedio favorito en los Estados fue recurrir al Senado más que a la Suprema Corte para resolver sus conflictos o controversias aunque hubo casos en los que se iniciaba el procedimiento entre ambas instancias.
Los precedentes de esta etapa provocan desilusión. Desde el último tercio del siglo XIX, la controversia más común era de origen electoral, por lo que los poderes de un Estado se duplicaban o triplicaban según las fracciones políticas que reclamaban para sí el triunfo electoral. Este problema electoral, político en esencia, aunque regulado por una legislación electoral, muestra en forma paradójica la imposibilidad de separar los conceptos de ``constitucionalidad'' o ``jurídico'', por un lado, y ``político'', por el otro, pues en la actualidad, con la reforma constitucional de 1995, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación ha mostrado que la solución de conflictos político-electorales son resueltos mejor a través de la jurisdicción que en las discusiones políticas del Senado o en cualquier otro órgano de gobierno.
Los antecedentes de las controversias constitucionales expuestos de manera brillante por el investigador González Oropeza en la obra Controversia sobre controversia, del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo sitúan a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados en cuanto a la proposición con punto de acuerdo para la interposición de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la suscripción de los contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos, en estudio.
Ahora bien, a los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales les resultan también del todo fascinantes los debates dados el 22 de enero de 1917 en el Congreso Constituyente de ese año en torno al artículo 105 constitucional y los dados por el Constituyente Permanente el 13 de diciembre de 1966, 3 y 9 de septiembre de 1993, 17 y 21 de diciembre de 1994, 31 de julio y 1 de agosto de 1996, que proporcionan los argumentos y que dan cuenta de las discusiones del mismo.
El constitucionalista Elisur Arteaga Nava, nos señala que en virtud de la controversia contenida en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asume plenamente las funciones de defender la ley Suprema, definir su sentido e impedir que los entes y órganos de autoridad establecidos en ella rebasen su campo de acción e invadan el que se asignan en ella. A mayor abundamiento la Suprema Corte de Justicia de la Nación en La Tesis P. /J. 98/99 de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, página 703, señala lo siguiente:
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el artículo 105, fracción I, de la Carta Magna, cuya resolución se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución, consistente en que la actuación de las autoridades se ajuste a lo establecido en aquélla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el análisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relación directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constitución Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos descritos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones sólo por sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental, produciría, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armonía y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultaría contrario al propósito señalado, así como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones técnicas, lo que implícitamente podría autorizar arbitrariedades, máxime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser también integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte orgánica o la dogmática de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control.
Controversia constitucional 31/97. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 9 de agosto de 1999. Mayoría de ocho votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.
Con base en lo anterior la Controversia Constitucional es un juicio entre poderes u órganos que gozan de autoridad, que cuando hacen uso de su autonomía, ejercen las facultades o atribuciones que les han sido confiadas u otorgadas. La controversia persigue constreñir la actuación de los poderes u órganos establecidos en la Ley Suprema a lo que ella dispone; las partes cuando lo plantean buscar cesar una invasión al campo de acción que como autonomía, facultades o atribuciones, tienen concedida o la anulación de un acto de autoridad que es contrario a la constitución.
Es importante destacar que la competencia de la Corte sólo surte cuando están de por medio problemas de constitucionalidad como es el caso que nos ocupa en el presente dictamen, quedando fuera las materias que no están relacionadas expresa y directamente; toda vez que lo que se trata de enmendar es una violación a la constitución, en la controversia debe solicitarse la anulación del acto impugnado por ser contrario de la constitución.
Dada su naturaleza, sólo pueden ser parte en una controversia aquéllos quienes la constitución autoriza de manera expresa como partes, ya sea como actoras o demandadas, ciertas autoridades, es decir, la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios; eso es lo que hace que opere la competencia exclusiva del pleno de la Corte; esa debe ser la regla general, valida en todo el caso, salvo que se trate de un acto que afecte directa, expresa y limitadamente a un poder u órgano de autoridad determinada y exista norma que así lo permita. Los entes, poderes y órganos, para estar en posibilidad de acceder a la controversia y ser parte de esta, requieren un interés a la que pudiera denominárseles interés constitucional; la exigencia de este elemento hace que, en principio, sean inaplicables los criterios que en materia de amparo existen para determinar cuando, por ejemplo, la federación de los estados son parte de los juicios de garantías. Este elemento tiene tres aspectos, requiriéndose el concurso de todos para ser procedente una demanda o una contestación:
1. Que exista una violación a la Ley Suprema, quedando al margen de tramitarse por esa vía las violaciones que realicen las leyes federales, los tratados internacionales, las constituciones locales y las infracciones a las leyes ordinarias.
2. Que la violación a la Constitución general sea atribuible a uno de aquellos que en la virtud de lo dispuesto en la fracción I del artículo 105, pueden ser demandados en la controversia, y que ésta sea perjuicio de uno o varios entes, poderes u órganos que dicha fracción enumera.
3. Que el acto, además de ser violatorio de la constitución, lesione el campo de acción de quien demande o invada el ámbito competencia¡ que constitucionalmente le corresponde.
En el caso de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente Dictamen, como se observa de las consideraciones hechas por el autor, el interés constitucional para que esta soberanía promueva una demanda de controversia constitucional se acredita de manera amplia y explicita, toda vez que el Poder Ejecutivo a través de la suscripción de los Contratos de Servicios Múltiples viola sistemáticamente los artículos 25, 27, 28, 128 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a ello dicho acto es atribuible a un órgano del Estado enumerado en la fracción I del artículo 105 constitucional invadiendo el ámbito competencial del legislativo.
En materia de hidrocarburos, la soberanía nacional es incuestionable, lo dice claramente la Constitución. En el artículo 27 constitucional, párrafo 4° que a la letra señala:
``Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas;... el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos...''
Esta importante conquista de la Revolución Mexicana, le otorga a la Nación el derecho sobre la propiedad de la tierra y sus recursos, en la plataforma continental y marina. De los recursos naturales, los energéticos son de propiedad social, y se incluye a todos los hidrocarburos en cualquiera de sus estados físicos, por tanto dicha disposición se aplica al petróleo crudo, al gas asociado o no asociado, y a los productos petrolíferos.
Se dice en el párrafo 6° del mismo artículo 27 constitucional ``...el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible...'' De manera que, ninguna burocracia gubernamental o administrativa, puede alterar el derecho de la Nación, en ningún momento, es decir, los recursos naturales no se pueden enajenar y, para ello, no existe prescripción. A partir de que la Nación tomó el dominio directo, la situación se configuró irreversible históricamente. Consecuentemente, corresponde solamente a la Nación el aprovechamiento de los recursos sobre los que ejerce su dominio. La parte final del párrafo 6° lo indica con precisión:
``Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva.''
De esta manera, las actividades relativas al proceso petrolero, se consideran estratégicas. En el artículo 28, párrafo 4° se indica que son áreas estratégicas ``el petróleo y los demás hidrocarburos...'', por lo que no constituyen monopolio las funciones que el estado ejerce de manera exclusiva sobre la misma.
De acuerdo a la propia Constitución, en su artículo 25, las actividades estratégicas serán llevadas a cabo, de manera exclusiva, por el Estado a través de los organismos, instalaciones y dependencias requeridas.
En la medida que la Constitución establece que, en las actividades propias de la industria petrolera NO se otorgarán concesiones ni contratos, cualquier propuesta que contravenga a este precepto es, sencillamente, contraria a la Ley Suprema, como es el caso de los llamados Contratos de Servicios Múltiples para la exploración y explotación de gas natural.
Los directivos de Petróleos Mexicanos han señalado en su Plan de Negocios 2002 que los Contratos de Servicios Múltiples se han diseñado como ``un mecanismo jurídicamente viable sin necesidad de modificar la Constitución, para que firmas expertas y exitosas del ramo de cualquier parte del mundo, construyan y financien obras y provean servicios de mantenimiento para elevar la producción de gas''.
No obstante, los mecanismos jurídicos que se esgrimen no son jurídicamente viables sino abiertamente violatorios de la Constitución y, por tanto, inviables, Desde luego, los directivos de Petróleos Mexicanos señalan en sus declaraciones que los contratos contemplan todo tipo de candados técnicos que garanticen el control de PEMEX y que todos los activos serán propiedad de PEMEX, sin embargo el fondo del asunto radica en el hecho de que en esta materia no se otorgaran concesiones ni contratos.
A mayor abundamiento respecto de la naturaleza violatoria de los Contratos de Servicios Múltiples a la constitución, constituyen el hecho de que los servicios a contratarse son para ejecutarse a 10 o 20 años por una misma empresa. Actualmente, PEMEX tiene celebrados 10 mil contratos anuales con otras tantas empresas. Esto es, la industria petrolera nacionalizada está plagada de contratismo, sin embargo con estos contratos lo que se propone es pasar a una etapa superior del contratismo, es decir, el contratismo a gran escala.
Sobre este punto cabe señalar la tesis jurisprudencial de la Séptima Época que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió respecto al párrafo sexto del artículo 27 de la Ley Suprema, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 61 Primera Parte, en la página 41:
PETRÓLEO. CONCESIONES A PARTICULARES. AMPARO IMPROCEDENTE. El 6 de enero de 1960, se adicionó el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Federal que viene a modificar el régimen constitucional de explotación del subsuelo al suprimir las concesiones otorgadas con anterioridad y establecer que sólo la nación será quien llevará a cabo la explotación, Ahora bien, si se reclama en amparo la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo de 2 de marzo de 1940, aduciendo que su artículo segundo transitorio es violatorio del precitado precepto fundamental, porque con él se desconocen los derechos que otorgaban las concesiones que conforme al mismo dispositivo constitucional y sus leyes reglamentarias habían sido expedidas, es evidente que al instituir el propio artículo 27 de la Constitución Federal la supresión de las concesiones y encomendar la explotación de la industria petrolera exclusivamente a la nación, se consumaron irreparablemente los actos reclamados, y esa irreparabilidad que se produce en el orden jurídico no puede ser ya remediada por sentencia, pues no es posible contrariar de ninguna manera la norma constitucional ni afectar la situación que se produjo con su adición.
Amparo en revisión 10144/42. Jorge Monroy Preciado y coags, 17 de enero de 1974. Unanimidad de 19 votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. NOTA: En la publicación original esta tesis aparece con la siguiente leyenda: ``Véase: Séptima Época: Volumen 32, Primera Parte, pág. 79''.
La competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional contra la suscripción de los Contratos de Servicios Múltiples, se consolida con lo señalado en la exposición de motivos de la iniciativa que crea la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
``Mediante los procedimientos de la controversia constitucional y de acciones de inconstitucionalidad será posible garantizar plenamente la supremacía de la Constitución de manera general, y no como hasta ahora había acontecido en nuestro orden jurídico, solo por la vía del juicio de amparo en el caso de la violación de garantías individuales. La diferencia fundamental entre los procedimientos de amparo y del artículo 105 constitucional es muy clara: en el juicio de amparo se tutelan intereses directos de los gobernados y sólo de manera indirecta se protege a la Constitución, mientras que los procedimientos instituidos en las fracciones I y II del articulo 105 constitucional se conciben como instrumentos de protección directa de muestra de Carta Magna.
...
Debido a la variedad de posibilidades de control de constitucionalidad que se abreviaron de reforma y a las importantes atribuciones con que para resolverlas cuenta la suprema corte justicia, cabe afirmar que la misma se ha constituido en un autentico tribunal constitucional. Ello redunda necesariamente en el fortalecimiento del estado de derecho y en el desarrollo del régimen federal que los mexicanos estamos empeñados en consolidar. En efecto, desde el momento en que la suprema corte de justicia cuenta con nuevas atribuciones para revisar la regularidad de las normas establecidas por los poderes u órganos públicos, la actuación de esos poderes u órganos se someten de un modo preciso al derecho y, particularmente a nuestra Constitución Política.'' Ahora bien, la jurisprudencia transcrita, es contundente en cuanto a la negación del amparo al particular promovente, independientemente del razonamiento que esgrime, imponiendo la fuerza normativa de la Constitución y no se desprende argumento alguno para no hacer lo mismo con los contratos que nos ocupan, habida cuenta de que la redacción constitucional, al referirse a ello y a las concesiones, es idéntica.
En el dictamen de la Cámara de Senadores de fecha 10 de abril de 1995, como cámara de origen se hicieron las siguientes consideraciones:
``...La reglamentación del articulo 105 constitucional motivo de este dictamen, supone pues una necesidad jurídica y política, y es consecuencia de la evolución que las instituciones jurídicas mexicanas han presentado en los últimos años.
...
Con motivo de las recientes reformas a la carta magna reperfecciona el sistema de las controversias constitucionales y se establecen las acciones de la inconstitucionalidad a fin de que la suprema corte de justicia de la nación se pronuncie sobre actos o leyes emanados de los diversos órganos del Estado que se presuman de inconstitucionalidad.
Existe un precedente judicial considerando de importancia sucedió en 1803 sobre el caso Marbury-Madison resuelto por el Juez Marshall, quien sentó la doctrina de que la constitución norteamericana, aun no regulando el recurso de la constitucionalidad, ni estableciendo normas sobre el control de la constitucionalidad de las leyes, otorgaba al los jueces la misión de velar por la supremacía de la constitución... La constitución norteamericana no dispone de un precepto de modo especifico regule el control de la constitucionalidad o aun siquiera designe el órgano competente para juzgar de la materia.
La reforma al artículo 105 constitucional constituye el rasgo de mayor trascendencia en la reforma que el poder revisor hizo en diciembre de 1994...esta disposición logro dar complemento acabado al sistema mexicano de control de la constitucionalidad, por que dato a nuestro sistema de justicia del mecanismo que faltaba para reguardar la parte orgánica de la constitución federal.
...La nueva norma constitucional aporta con gran significación las atribuciones para que la suprema corte de justicia de la nación se emplee a la cabalidad en la vigilancia y el resguardo de toda la constitución federal, no solamente de las garantías individuales aunque no se pueda afirmar que no existiera antes un prospecto de competencia para que el supremo tribunal de país se avocara a resolver conflictos y desacatos a los principios de organización política y de relación de competencia entre los órganos de poder, pues había ciertamente desde el siglo pasado la respectiva norma, si podemos decir que no existían debidamente asegurados y reglamentos los procedimientos constitucionales para dirimir ese tipo de controversia...
Sin embargo, de poco serviría a un pueblo contar con normas constitucionales bien ordenadas y redactadas principios de derechos individuales reconocidos y formulas modernas de organización estatal sino existiera constitucionalmente un esquema de control que velara por resguardo y cumplimiento de todos los preceptos de su constitución, tanto los que proclaman los derechos individuales como los que norman la organización de sus poderes y de su gobierno. Si una constitución no se da a si misma una manera plena de vigilar su supremacía de controlar la actuación de ejercicio de autoridad política no exagerado pensar que al breve tiempo dejaría de ser constitución.
La constitución mexicana ha tenido un sistema de control parcial para preservar su vigencia, que ha instituido para ello la vía judicial como producto de debate histórico del siglo pasado, que las características de ese sistema de juicio de garantías han rendido con creces sus frutos para la vida institucional del país, y que hoy, ante la ultima decisión del constituyente permanente, cuenta ya con un nuevos mecanismo para resolver todo tipo de discusiones cuando la organización jurídica y política del estado de México se afecta por la actividad de sus poderes y entidades en ejercicio de sus atribuciones.
En consecuencia, hoy la Constitución mexicana cuenta con un mecanismo que en su conjunto puede ostentarse como suficiente para lograr la cabal protección y supremacía de la constitución federal. Si observamos aisladamente cada una de las partes que compone ese mecanismo, el juicio de amparo, el de controversias típicamente constitucionales y la acción de la inconstitucionalidad, podrían aparecer incompletas, ciertamente pero en sus conjunto forman una estructura de acciones y procedimientos que le dan cohesión y coherencia al proceso constitucional de justicia mexicano, donde se coloca como su juzgador único y superior, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación''
Una vez expuestas las consideraciones de esta Comisión de Puntos Constitucionales estimamos oportuno señalar, a manera de síntesis, las siguientes:
CONCLUSIONESPRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora estima que ante la naturaleza del planteamiento consideramos que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión debe interponer demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la suscripción de los contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos, como propone inicialmente el autor de la proposición con punto de acuerdo, toda vez que del análisis jurídico se desprenden violaciones a nuestro Código Político de 1917.
SEGUNDA.- Conforme a los razonamientos expuestos es de aprobarse y se aprueba la proposición con punto de acuerdo para la interposición de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la suscripción de los contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos.
Como resultado de lo anterior, esta Comisión de Puntos Constitucionales se permite someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:
ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA INTERPONER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES POR PARTE DE PETRÓLEOS MEXICANOS, para quedar como sigue:PRIMERO.- La Honorable Cámara de Diputados aprueba interponer Controversia Constitucional contra el Poder Ejecutivo Federal por la suscripción de los Contratos de Servicios Múltiples.
SEGUNDO.- El pleno de la Cámara de Diputados instruye al Presidente de la Mesa Directiva para que en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Controversia Constitucional en contra de la suscripción de los Contratos de Servicios Múltiples, por ser violatorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo.--- San Lázaro, día 1° de abril del 2004.--- Diputados: Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), Emilio Zebadúa González (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Horacio Duarte Olivares (rúbrica) y Manuel Camacho Solís (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Señoras y señores legisladores:
Esta Presidencia antes de someter el asunto a discusión, quiere hacer la siguiente consideración:
La Mesa Directiva según el inciso e) del artículo 20 de nuestra Ley Orgánica, tiene la obligación de cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación.
En el caso particular que nos ocupa, no pasa inadvertido para los integrantes de la Mesa Directiva, que varios de los firmantes del dictamen, son también firmantes de un voto particular inscrito con oportunidad.
Sin embargo, la Mesa Directiva en reunión previa, consideró la importancia de priorizar en el momento procesal parlamentario, la presentación de este punto, al pleno de la Cámara.
En consecuencia, al poner a discusión el punto de acuerdo, esta Presidencia informa que obran en poder de esta Directiva, la inscripción de los siguientes oradores: en contra el señor diputado don Pablo Gómez Alvarez, el señor diputado Arturo Nahle García y don Luis Maldonado Venegas.
En pro, el diputado Francisco Frías Castro, el diputado Francisco Salazar Díez de Sollano y el señor diputado don Juan de Dios Castro Lozano.
En términos del artículo 115 de nuestro Reglamento, en su oportunidad esta Presidencia preguntará a la Asamblea si es dable el uso de la palabra para los señores diputados Francisco Javier Carrillo Soberón, del PRD, y para el señor diputado Federico Barbosa Gutiérrez, del PRI.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos, en términos de las modificaciones al acuerdo que todos hemos votado del día 5 de abril del 2004.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):
Todos no.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Que la Asamblea votó, disculpe usted señor diputado Gómez Alvarez.
El diputado Pablo Gómez Alvarez:Diputadas y diputados, lamento muchísimo que no haya tiempo suficiente en esta Asamblea para discutir con amplitud un asunto de la mayor importancia constitucional.
Solamente quiero decir que la idea de que la Cámara no puede ir a la Corte, a través del procedimiento de controversia constitucional, tratándose de la firma de unos contratos presuntamente violatorios de la Constitución, es enteramente falsa. Puede la Cámara, puede ir la Cámara.
Quienes sostienen que no puede por falta de personalidad procesal activa dudan de su propio planteamiento. Me refiero a diputados y diputadas del PRI que sostienen este punto y si se duda para eso existe quien dice el derecho y eso está a cargo de la propia Corte.
Con esta postura el grupo parlamentario del PRI apoya la posición del grupo parlamentario del PAN que está de acuerdo con los contratos de servicios múltiples que Pemex ha firmado con tres empresas transnacionales para la exploración y explotación de gas en la Cuenca de Burgos.
Y el PAN se ha sumado a la tesis de una parte del PRI de que no tenemos capacidad procesal para ir a la Corte. No para defender los contratos, que no los va a defender aquí, sabiendo que el PRI, al evitar que la Cámara vaya a la Corte, de hecho está apoyando que esos contratos se sigan dando.
Por lo tanto, no me dirijo al PAN, cuya postura es bien clara; me dirijo a los diputados y a las diputadas del PRI. La Cámara puede, la Cámara debe. Hay una violación constitucional flagrante. El Ejecutivo está al margen de la Constitución. Que la Corte lo diga, que la Corte lo declare.
No impidamos que el órgano de control de la constitucionalidad aborde este problema y resuelva el asunto con un sentido de apego a la Constitución y digo que la acción de ir a la Corte sería una acción patriótica de defensa de la Constitución y de la riqueza natural de gas de nuestro país.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Frías Castro, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
El diputado Francisco Cuauhtémoc Frías Castro:Con su venia, señor Presidente:
La Comisión de Puntos Constitucionales en su sesión de fecha 12 de abril último, resolvió, como aquí se ha expresado, en sentido negativo la propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado Pablo Gómez Alvarez, en el sentido de plantear ante la Suprema Corte de Justicia la controversia constitucional por la supuesta violación de la paraestatal Petróleos Mexicanos a la Carta Magna, con la formalización de los contratos de servicios múltiples.
Más allá de reconocer la necesidad de dilucidar legalmente si el contenido de los llamados contratos de servicios múltiples cumple o transgrede lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, leyes y ordenamientos reglamentarios en materia del petróleo, mayoritariamente los integrantes de la Comisión nos pronunciamos en contra de la propuesta antes aludida por considerar que ésta no se encontraba dentro de ninguna de las hipótesis de procedencia reguladas por la fracción I del artículo 105 constitucional, particularmente la fracción I inciso ``c'' donde se pretendió fundamentar la controversia. Es a juicio nuestro improcedente e inaplicable, toda vez que en el caso que nos ocupa si bien es cierto Petróleos Mexicanos conforme al artículo 90 constitucional es parte de la Administración Pública Federal, también lo es que en modo alguno representa al Poder Ejecutivo de la Unión, ya que éste, según lo dispone el artículo 80, se encuentra depositada en un solo individuo denominado ``Presidente de los Estados Unidos Mexicanos'', que en el presente asunto no suscribe directamente los contratos de servicios múltiples y por ello no es materia de controversia constitucional entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión o alguna de sus Cámaras.
Este criterio ha sido sustentado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis, de cuya lectura concluimos con toda contundencia lo antes afirmado:
La tesis hace una relación de las etapas que ha tenido el artículo 105 en la Carta Magna y concluye:
En la actualidad el artículo 105 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amplía los supuestos para incluir a los municipios al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Unión, a cualquiera de sus Cámaras y en su caso a la Comisión Permanente.
Pues bien, de lo anterior se colige que la tutela jurídica de este instrumento procesal de carácter constitucional, es la protección del ámbito de atribuciones que la misma ley prevé para los órganos originarios del Estado. Es decir, aquellos que derivan del sistema federal y del principio de división de poderes a que se refieren los artículos 40, 41 y 49...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Concluya por favor, diputado.
El diputado Francisco Cuauhtémoc Frías Castro:...En relación con el 115, 116 y 122 de la propia Constitución, y no así a los órganos derivados...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Le ruego que concluya, diputado.
El diputado Francisco Cuauhtémoc Frías Castro:...O legales, pues estos últimos, como el caso de Petróleos Mexicanos, no son creados ni tienen demarcada su competencia legal en la Constitución.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Tiene la palabra el señor diputado Arturo Nahle García, para hablar en contra.
El diputado Arturo Nahle García:Gracias, señor Presidente.
El sexto párrafo del artículo 27 constitucional es muy claro, contundente, no requiere mayor interpretación.
Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos. La nación llevará a cabo la explotación directa de esos productos.
La prohibición de contratar se impone expresamente para la explotación. Queda subsistente la capacidad del Estado para otorgar cualquier contrato que no tenga dicha implicación.
Sin embargo los contratos de servicios múltiples no son simples contratos de servicios, son contratos en los cuales se pacta la exploración, la perforación, la extracción y conducción de gas; en síntesis, se contrata a particulares extranjeros la explotación del gas nacional en una flagrante violación a los artículos 27 y 28 constitucionales, entre otros. Pero no le corresponde a esta Cámara determinar si estos contratos violan o no la Constitución, esa facultad, la del control de la constitucionalidad, le corresponde al Poder Judicial Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es por ello que el diputado Pablo Gómez presentó una proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara interponga una controversia constitucional ante la Corte en contra de estos contratos. La proposición fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y el día de hoy esta comisión nos presenta un dictamen negativo, argumentando que probablemente esta Cámara no sea la indicada para demandar y que la controversia constitucional no es la vía adecuada para impugnar los contratos.
La pregunta entonces es: ¿quién está facultado para demandar ante la Corte la inconstitucionalidad de estos contratos? ¿Cuál es la vía, el medio legal, el recurso o la acción que procede para invalidar dichos contratos?
En la Comisión de Puntos Constitucionales algunos legisladores comentaron que la vía procedente podría ser la de un juicio de nulidad. Pero ¿quién lo interpondría? ¿Pemex? ¿Rexol? Por supuesto que no.
Señoras y señores diputados: la única vía que sin duda nos deja expedita nuestra Carta Magna es la controversia constitucional. Esta acción procede de acuerdo con lo que establece el artículo 105, fracción I, inciso c) de nuestra Constitución.
¡Que quede en la historia ---con esto concluyo, señor Presidente--- y que quede en sus conciencias: si votan a favor de este dictamen estarán votando a favor de que una empresa extranjera siga explotando nuestros hidrocarburos en una artera violación a nuestra Carta Magna!
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Salazar Diez de Sollano, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco Javier Salazar Diez de Sollano:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Antes de empezar a argumentar, explicando en qué consisten los contratos de servicio múltiple y por qué éstos no violan la Constitución, me gustaría hacer referencia a una votación que tuvo esta Cámara el pasado 28 de diciembre, cuando se puso a consideración del pleno el dictamen por el cual se modificaba la Ley Minera.
Y quisiera hacer referencia a lo que en aquella ocasión votamos y aprobamos con 455 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.
Para no hacer muy larga esta exposición, quisiera solamente referirme al artículo 19 de la Ley Minera que noso-tros aprobamos. ¿Qué dice el artículo 19? ``Las concesiones de exploración y de explotación confieren derecho a:
Fracción XIII. Obtener la autorización de la Secretaría de Energía para la recuperación, tratamiento, almacenamiento, transporte y servicio de entrega a Petróleos Mexicanos del gas metano que se derive de la explotación de combustibles, mineral o sólidos, que se realice al amparo de su concesión minera''.
``Inciso a) Para el caso del transporte y servicio de entrega del gas metano a Petróleos Mexicanos será necesaria la celebración de un contrato en los términos de las disposiciones administrativas que fije la Secretaría de Energía.''
Esta ley, compañeras y compañeros diputados, fue aprobada por la mayoría de este pleno y en esta ley se aprueban condiciones incluso mucho más laxas para la entrega por particulares de gas metano que las que están contenidas en los contratos de servicio múltiple.
Si fuéramos congruentes, en todo caso deberíamos de haber votado en contra de este dictamen; pero no lo hicimos, votamos a favor. De tal manera que me parece que esto representaría una gran incongruencia si nosotros votáramos en contra de la constitucionalidad en los contratos de servicio múltiple, habiendo aprobado la constitucionalidad en el trabajo de los particulares entregando gas metano.
Por otra parte, déjenme explicar simplemente en qué consisten los contratos de servicio múltiple, habiendo aprobado la constitucionalidad en el trabajo de los particulares entregando gas metano.
Por otra parte, déjenme explicar simplemente en qué consisten los contratos de servicios múltiples.
Los contratos de servicios múltiples no son sino los más de mil 400 contratos que ya llevaba a cabo Pemex concentrados en uno solo, esto representa para el país ahorros sustanciales.
En el caso de los cinco contratos que ya han sido firmados, simplemente en este caso el ahorro es más de 600 millones de dólares.
Compañeras y compañeros diputados: si en este momento canceláramos esta opción para Petróleos Mexicanos, a quien le estaríamos haciendo un gran daño es precisamente a Petróleos Mexicanos y a la nación.
Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En el uso de la palabra, para hablar en contra, el señor diputado don Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Con su anuencia, señor Presidente:
Ya la Suprema Corte de Justicia se pronunció contundentemente contra la supuesta constitucionalidad de un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo Federal, que en forma subrepticia expidió este poder para darle la vuelta al artículo 27 constitucional en materia de generación de energía eléctrica.
Fue la Corte la que declaró que ese supuesto reglamento era absolutamente incompatible con los términos constitucionales preescritos en el artículo 27. Por lo mismo, la autogeneración eléctrica quedó reservada exclusivamente a los casos autorizados y específicos, jamás a la distribución y a la generación en forma general.
Pero ahora un nuevo intento subversivo, los contratos de servicios múltiples están queriendo hacer el papel que no pudo lograr en materia de hidrocarburos una reglamentación como la que intentara el Ejecutivo Federal.
El contrato de servicios múltiples es evidentemente una flagrante violación a la Constitución, porque supone la entrega, la contravención del artículo 27, en tanto da al contratista derechos supraconstitucionales para su posterior acreditamiento a favor de particulares.
Uno se pregunta: si ya la Corte se pronunció al efecto claramente, ¿por qué no utilizar precisamente el criterio de los Tribunales Federales de Acumulación, para que también dilucide el problema de los contratos de servicios múltiples, como lo hizo con aquel reglamento de referencia en materia de generación eléctrica?
¿Por qué no suscitar precisamente a nuestro máximo órgano de justicia a que en los mismos términos en los que se abocó al estudio constitucional del Reglamento, ahora lo haga en relación con los contratos de servicios múltiples?
Esta dilucidación daría claridad a la nación, daría confianza al futuro y seríamos quienes pudiéramos sí ya señalada y contundentemente pensar que en México se respeta el orden jurídico, el Estado de Derecho. En cambio, tratar de ocultar en contratos de servicios múltiples una inclusión de otra entidad que no fuera el Estado en esta materia, es estar dándole la vuelta, es estar engañando también a la opinión pública y a la ciudadanía.
Por eso, Convergencia está en orden a provocar, a solicitar a la Suprema Corte de Justicia, que en los términos del criterio de acumulación, por la identidad de causas y condiciones respecto de la vulneración de nuestro máximo ordenamiento constitucional, pueda pronunciarse en torno de los contratos de servicios múltiples.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias, señor diputado.
En el uso de la palabra el señor diputado Juan de Dios Castro Lozano, hasta por tres minutos.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señoras y señores legisladores:
El Arzobispo don Antonio Chidaury, vinculado a la Comunidad Maronista me decía: que por qué eran tan ríspidos nuestros debates si la política era, en última instancia, diferencia de opiniones.
Yo voy a expresar mi diferencia de opinión con el cuater, ¿voy a hablar a favor de los contratos de servicios múltiples? No, yo voy a hablar a favor del dictamen que estima que o es procedente la controversia constitucional porque los contratos de servicios múltiples están amparados por el artículo 4º de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, porque si ese artículo 4º fuera inconstitucional, entonces, señoras y señores legisladores, la controversia tendría que suscitarse en su momento por un número determinado de legisladores que ejercitaran la acción de inconstitucionalidad, pero no se ha atacado el artículo 4º, de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional.
Me parece muy sólido, muy sólido el planteamiento que hace el señor diputado Nahle y me quedé sorprendido, sí, repito, no procede como dice la comisión, la controversia constitucional porque el acto no es del Ejecutivo Federal, es de un organismo descentralizado.
Yo les concedo que pudiera proceder porque el artículo 105 establece que podemos atacar los actos del Ejecutivo y Petróleos Mexicanos forma parte de la Administración Federal descentralizada y el Poder Ejecutivo podría ordenar ya a Petróleos Mexicanos, pero no, podría hablar mucho más de esto, yo estoy a favor del Congreso.
Me decía Nahle y ¿es el procedimiento para atacarlos? No es la controversia, no se afecta ninguna facultad de la Cámara, es el artículo 14 de la Fiscalización Superior de la Federación...
Respeto.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En términos del artículo 115 de nuestro Reglamento, pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de concederse el uso de la palabra a los señores diputados don Francisco Javier Carrillo Soberán, del PRD, en contra y al señor diputado don Federico Barbosa Gutiérrez, del PRI.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías.Con todo gusto, señor Presidente. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la Asamblea si se les concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Carrillo Soberón y al Diputado Federico Barbosa Gutiérrez.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En tal consideración, tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Javier Carrillo Soberón.
El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón:Muchas gracias, señor Presidente:
Efectivamente, la discusión que hoy tenemos tiene que ser apasionada, tiene que ser breve pero tan a fondo como lo podamos hacer en este Congreso, porque la decisión que vamos a tomar va a afectar por 20 años, compañeras y compañeros legisladores, por 20 años la explotación del gas natural en nuestro país. Eso es lo que está consagrado en los contratos de servicios múltiples, cosa que no prevé el artículo 4º de la Ley Reglamentaria del 27 constitucional, ningún contrato de obras, ningún contrato de servicio en las industrias petroleras, en ninguna parte del mundo se firma por 20 años y con posibilidad de ampliarse todavía un 25% más, esto es, si todavía tenemos gas se puede ir hasta 25 años las empresas extranjeras a ejercer el dominio de la explotación del gas natural en territorio mexicano. Esa es la trascendencia de la votación que vamos a ejercer el día de hoy, por eso es que no podemos discutir o poner en duda de que estos contratos sean anticonstitucionales.
El propio dictamen establece que estima oportuno pronunciarse porque se revise de manera detallada la constitucionalidad de estos contratos, cuando el 27 constitucional nos obliga a mantener el dominio de estos recursos y estos contratos están delegando y relegando el dominio de estos recursos por los ritmos de exploración del gas, por la cantidad de gas que se va a entregar a Pemex, porque la explo- tación se está compartiendo con la empresa privada y entonces resultan estos contratos que estamos cediendo soberanía al interés privado.
Hoy tenemos que reposicionar a Pemex en lo que siempre hizo, compañeras diputadas y diputados. De aquellos 234 equipos de perforación que tuvo y que hoy no tiene más de 35 en todo el país; porque hoy Pemex, con esta decisión se tornará simplemente en un complemento del contratista, cuando el espíritu de la ley que alegó, señor Presidente, es que el contratista sea complemento de Pemex.
Hoy estamos autorizando con la votación del Congreso, que Pemex se vuelva complementario del contratista y que la sustancia de la explotación petrolera la asuma la firma transnacional.
La inversión real de Repsol este año, van a ser 34 millones de dólares, que es lo que implican los primeros 20 pozos; después, todo se paga sólo con el beneficio de la explotación.
Es tanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias, señor diputado.
En el uso de la palabra el diputado Federico Barbosa Gutiérrez, del PRI.
El diputado Federico Barbosa Gutiérrez:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a hablar en pro del dictamen que presenta a su consideración la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo comparto la preocupación de los compañeros que han hablado en contra del dictamen.
Hablo en pro tomando en consideración que el artículo 105, inciso c) de la Constitución, establece que las controversias constitucionales las habrá de resolver la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la controversia no existe porque no se da un conflicto entre poderes. Ese es el fundamento esencial de nuestro voto.
Sin embargo, yo creo que es válida la preocupación de los compañeros que han hablado en contra del dictamen, porque es necesario investigar, analizar, si los contratos de servicios múltiples que tienen sustento legal, se apegan a la constitucionalidad y a las leyes reglamentarias.
Es necesario determinar si el país se beneficia con estos contratos de servicios múltiples. Si Petróleos Mexicanos encuentra también un sustento en su patrimonio. Hay que ver si el país conserva la propiedad de los yacimientos, si los bienes serán propiedad de Pemex; si los contratos fueron analizados de acuerdo a las leyes reglamentarias en términos de si Pemex tenía capacidad para que esos servicios y esa obra pública la pudiera sustentar el propio organismo descentralizado. Es necesario determinar si los mexicanos teníamos capacidad para regular esos servicios y esas obras públicas, pero como no se han dado, es necesario profundizar.
Yo por eso les propongo a todos ustedes, que constituyamos una comisión investigadora, que lleve a fondo ese estudio, de todos esos reglamentos que regulan el servicio de los contratos múltiples.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Con todo gusto, señor Presidente.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
Diputado Nahle, favor de activar el sonido en la curul del diputado Arturo Nahle García.
El diputado Arturo Nahle García (desde su curul):
Estamos solicitando que está votación se haga de manera nominal.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:¿Quiénes lo secundan?
Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por 10 minutos.
Se da la bienvenida a estudiantes universitarios del estado de Tlaxcala.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior, ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación.
(Votación.)
Señor Presidente, la votación es como sigue: en pro 299 votos, en contra 113 y 10 abstenciones, por lo tanto hay mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobado por 299 votos. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Presidencia del diputado Juan de dios Castro LozanoEl diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, entregó a esta Presidencia una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Energía que entregue información específica sobre Petróleos Mexicanos.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Energía que entregue información específica sobre Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús E. Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.
El que suscribe, diputado Federal Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Energía entregue información específica sobre Petróleos Mexicanos al 31 de diciembre de 2003, sobre la base de la siguiente:
Exposición de MotivosLa importancia de Petróleos Mexicanos en la vida del país es indiscutible. No obstante, esta Soberanía no ha tenido acceso a una información integral y contextualizada que permita una visión general de la empresa y un acercamiento puntual a sus aspectos medulares.
Cuando los diversos funcionarios de Petróleos Mexicanos, incluyendo su Director, así como funcionarios de la propia Secretaría de Energía ha comparecido ante la Cámara de Diputados o en la Comisión Permanente, lo que han presentado ha sido una información muy general sobre la situación actual de la paraestatal. A lo sumo, se han referido a los puntos críticos de la empresa, como, por ejemplo, a su insuficiencia de recursos o a la paradoja de que aun cuando nuestro país tiene gran cantidad de gas natural tenemos que importarlo.
Generalmente, el Ejecutivo señala que la alternativa de solución de los problemas que aquejan a Pemex son los ``contratos de servicios múltiples'', mediante los cuales los particulares realizan obras para la paraestatal y, desde luego, posteriormente las cobran.
Estos contratos, en los que los particulares cuentan con una garantía absoluta para el pago de sus facturas, vienen a ser una inversión financiada vía proyectos de infraestructura productiva con impacto diferido en el gasto. Independientemente de que los términos de los contratos son violatorios de lo establecido en la Constitución General de la República, representan además una grave carga al pasivo de Pemex debido a las altas tasas de interés.
En síntesis, parece ser que la visión del Gobierno Federal es que, o los particulares manejan Pemex, o el organismo no tiene viabilidad alguna.
Sin embargo, esta visión se nos impone a los mexicanos sin antes darnos a conocer un diagnóstico preciso. ¿Cómo evaluar con seriedad la procedencia o improcedencia de las soluciones que se nos ofrecen si carecemos de información puntual sobre los problemas que enfrenta la mayor paraestatal de México?
Es cierto que parte de esa información ha sido remitida a la Auditoría Superior de la Federación, y que mucha de ella aparece también en la página de Internet, pero sin contexto y en cantidad y calidad insuficientes, por lo que es imposible obtener de ella un diagnóstico integral y claro.
Es facultad y obligación de esta Soberanía contar con la información esencial acerca de la situación económica, financiera y operativa de Petróleos Mexicanos. Sin esta información, cualquier autorización o análisis que realice esta Cámara respecto de Pemex carece de sentido.
Por lo anterior, proponemos el siguiente
Punto de AcuerdoSolicitar a la Secretaría de Energía un diagnóstico integral sobre Petróleos Mexicanos al 31 de diciembre de 2003, que nos permita contar con la información suficiente para que los legisladores tengamos la posibilidad de poder proponer medidas y acciones particulares a problemas específicos, en el marco de nuestras atribuciones como legisladores y como partidos políticos.
Pemex debe informar:
A cuanto asciende el pasivo laboral; cuál es el número de trabajadores sindicalizados que actualmente tiene la empresa; cuántos son los trabajadores de confianza que existen y cuántas plazas de confianza se han aumentado a partir del año 2000.
Cuántas refinerías existen en el país y cuál es su estado físico actualmente y si la tecnología existente es la adecuada para seguirlas operando, y en su caso, cuánto se requiere para poder rehabilitarlas, y en general un diagnóstico de toda la infraestructura física con que actualmente cuenta Pemex enviando también el diagnóstico correspondiente.
Informe detallado de todos los contratos que haya realizado Pemex a particulares, incluyendo los Contratos de Servicios Múltiples, transportación de producto o materia prima o cualquier otra contratación de servicios con terceros.
A cuánto asciende el total del pasivo de la empresa Pemex y sus organismos descentralizados, así como los pasivos contingentes.
Cuál es el programa de austeridad llevado a cabo por Pemex y qué medida se ha tomado hasta la fecha.
En suma: conocemos a través del Internet y de la información enviada a la Auditoria Superior de la Federación, el estado de situación financiera consolidados de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias; tenemos conocimiento también de los estados de resultados consolidados a diciembre de 2003, y desde luego, alguna información que se adicionada estos documentos.
La solicitud concreta es que con base en el estado de situación financiera consolidado y el estado de resultados, la propia empresa paraestatal y organismos subsidiarios hagan un diagnóstico puntual y objetivo vinculado con los anteriores cuestionamientos, así como las propuestas y mecanismos que de acuerdo con los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta materia, consideraría conveniente realizar así como las medidas administrativas, fiscales y técnicas que en su opinión son necesarias para poder tomar decisiones sobre bases fundamentadas.
Dado en el Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Dip. Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se turna a la Comisión de Energía.El siguiente punto del orden del día, se difiere para más adelante a solicitud del grupo parlamentario que lo promovió.
Se concede el uso de la palabra al diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo referente a la invasión de extranjeros que existe en el estado de Chiapas, mismos que están violando la Ley General de Población.
El diputado Fidel René Meza Cabrera:Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
«El suscrito, diputado federal en ejercicio, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base a los siguientes
AntecedentesA través de diferentes medios de comunicación y en diversas fechas, se ha publicado la existencia de asentamientos humanos irregulares en algunas regiones declaradas reservas ecológicas, por tratarse de selvas y lugares en donde se protege la flora y la fauna. Sin embargo, estas regiones, principalmente en el estado de Chiapas, en amplias áreas, son desforestadas sin ningún método, por grupos de campesinos, para destinarlas a campos de cultivo; sin tener en consideración -principalmente por ignorancia- que la devastación que realizan daña irreversiblemente el equilibrio ecológico de la naturaleza.
No obstante que es tan perjudicial esta situación, la razón de la presente proposición, se base en la siguiente
Exposición de MotivosEn efecto, el daño que se está causando a la vegetación del sureste del país es de una dimensión difícil de cuantificar y en gran parte esta catástrofe se debe a las invasiones irregulares de extranjeros, que se han establecido en esas regiones, de manera ilegal, puesto que su situación migratoria no cumple con la Ley General de Población, según las notas publicadas al respecto, en las cuales se señala el comportamiento evasivo y hasta agresivo de las personas de diversas nacionalidades, que asesoran políticamente a los naturales invasores de las reservas ecológicas.
Es urgente afrontar el problemas que constituye la permanencia de estos extranjeros en nuestro país, porque sus actividades son notoriamente clandestinas, pues basta que estén ocupando zonas restringidas a la población para que su estancia sea ilegal y por ello me permito proponer a la honorable Asamblea, que invocando el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se estime esta situación de urgente resolución y se apruebe el siguiente
Punto de AcuerdoUnico: Se exhorte al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que disponga que el secretario de Gobernación acuda a esta honorable Cámara de Diputados, a fin de que explique:
a) Cuántos extranjeros y en qué calidad migratoria se hallan en el estado de Chiapas, especialmente en las zonas consideradas reservas ecológicas.
b) Se deporte a los extranjeros que estén irregularmente en el país o que realicen actividades que les son prohibidas por nuestras leyes.
Sala de sesiones del Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 6 de abril de 2004.»
Muy amable, gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputado René Meza Cabrera.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución, en votación calificada.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica, se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se considera de urgente resolución.En consecuencia, está a discusión la proposición.
Esta Presidencia tiene registrados a los siguientes legisladores para intervenir en el debate: el diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del PRD, en contra; el diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del PAN, en contra.
Se concede el uso de la palabra al diputado Bernardino Ramos Iturbide, en contra.
El diputado Bernardino Ramos Iturbide:Con su permiso, señor Presidente:
Queremos partir, compañeras y compañeros diputados, del supuesto de que no existe una intención aviesa de intensificar la ofensiva en contra de los observadores defensores de los derechos humanos en Chiapas. En ese entendido, me voy a circunscribir al contenido de la propuesta que se presenta. Esta muestra preocupación por atender la existencia de asentamientos irregulares y por los efectos que traen consigo dichos asentamientos y pone especial énfasis en el componente ambiental, al señalar los daños irreversibles sobre el ecosistema; sin embargo, hay ambigüedad, no nos ofrece dato alguno.
Se habla de invasiones irregulares de extranjeros que dañan la vegetación del sureste, no obstante, hay carencia de información fidedigna y específica, no nos permite esto formarnos un juicio objetivo sobre el asunto que se toca.
Al hablar de extranjeros que asesoran políticamente a los naturales invasores de las reservas ecológicas, no se cita tampoco un solo caso manifiesto de esta circunstancia.
La proposición se centra en el aspecto migratorio, dejando de lado los efectos ambientales que motiva a la misma. Por lo tanto, tenemos una proposición cuya exposición de motivos no es congruente con las acciones que pone a consideración de este pleno, tendríamos que conocer los aspectos específicos sobre los que queremos que se informe y se tomen medidas.
Por lo anterior, solicitamos al diputado proponente reelaborar este documento bajo las premisas de darle una mayor fundamentación, precisión y derivado de esas precisiones, seguramente habría que incluir la comparecencia de otras autoridades, como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, para que informe a esta Cámara de Diputados sobre la situación que guarda el trafico ilegal de flora y fauna.
Cito solamente dos ejemplos que sustentan esta solicitud la noticia aparecida en varios medios impresos el 13 de abril de 2004, acerca de la ilegal extracción de la palma camedor, de la cual se extrae el color del dólar y se comercializa en Estados Unidos.
La denuncia de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, sobre la red de traficantes.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se le agotó el tiempo, diputado.
El diputado Bernardino Ramos Iturbide:Concluyo, señor Presidente.
Con relación a la reserva de los Montes Azules.
En ese tenor invitamos al diputado proponente para que reelabore y que esta Asamblea vote en contra de esta propuesta...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Está agotado el tiempo, diputado.
El diputado Bernardino Ramos Iturbide:...Para dar la oportunidad de subsanar estas omisiones.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el diputado Jorge Baldermar Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Baldermar Utrilla Robles:Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
La invasión de extranjeros que ocurre en Chiapas, viola la Ley General de Población y pasa por encima de los distintos órganos del Gobierno Federal y estatal. Existe una clara violación a la ley respectiva y al espíritu de nuestra Carta Magna.
Los extranjeros que viven en la incitación en Chiapas, violan la ley con el consentimiento y la omisión de las autoridades estatales y federales, e incluso, puedo concluir que con la animación del propio gobierno del estado de Chiapas.
Coincido con el compañero diputado René Meza Cabrera, porque resulta inconcebible la complacencia del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, para que extranjeros perniciosos vean en Chiapas la tierra de nadie.
No son pocos los casos documentados de extranjeros que han trastocado la idiosincrasia de los habitantes de las comunidades más pobres. Existen fundamentos para expresar que muchos extranjeros en Chiapas son generadores de inestabilidad y tienen participación directa en hechos de violencia, de encono y de odios fratricidas. Cito casos concretos:
En la comunidad rural Lagarrucha del municipio de Ocosingo, en donde extranjeros incitan a los indígenas a crear conflictos que propician la discordia entre los propios indígenas.
En Guadalupe Tepeyac, un grupo de italianos amparados irresponsablemente en la benemérita Cruz Roja, crearon áreas de excepción a las cercanías del hospital regional que aun provocan desconfianza a los pobladores de la región que ven en sus autoridades civiles y militares, como entidades de adorno y no como encargadas de velar por el Estado de Derecho.
En nuestra selva de Montes Azules, los medios de comunicación han tenido recientemente choques con grupo de pobladores incitados precisamente por extranjeros, que han logrado hacer perdediza la brújula de la soberanía nacional a nuestros paisanos indígenas y campesinos del estado de Chiapas.
Por ello, muchos de nuestros problemas étnicos, religiosos, sociales y políticos, se recrudecen en Chiapas; por ello Chiapas sigue siendo cuenta pendiente para el país.
¿Hasta cuándo el Gobierno Federal, en particular la Secretaría de Gobernación, tomará cartas en el asunto? ¿Hasta cuándo Pablo Salazar, asumirá con responsabilidad la obligación de gobernar a Chiapas, dándole certidumbre y obvia gobernabilidad?
Apelo al juicio de mis compañeros legisladores y los exhorto para que apoyen el punto de acuerdo presentado con carácter de urgente y obvia resolución por el compañero René Meza Cabrera.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene el uso de la palabra la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra.
La diputada Janette Ovando Reazola:Con su venia, señor Presidente:
``El cambio es lo único constante'': Einsten.
Este país, señoras y señores diputados, ha sufrido cambios; nuestra generación conoce un México distinto al que muchos de ustedes vivieron en sus tiempos de juventud; un cambio que se ha construido con la participación de todos y cada uno de nosotros. No podemos negar que no sólo en Chiapas existen extranjeros inmiscuidos en nuestros problemas nacionales. Este cambio de que les he hablado, ha traído la democracia y por muchos, esta democracia ha sido abusada.
Los extranjeros, muchos de ellos, han abusado de la hospitalidad que México y Chiapas abre al mundo. No podemos negar que existen abusos en ese sentido, pero tampoco podemos negar que ahora en Chiapas no se expulsan extranjeros con fines de tintes políticos, en Chiapas y en México se da la bienvenida a los extranjeros que buscan en este país una puerta para extender sus fronteras económicas que ante la globalización, señores, no podemos negar. Señores, no podemos cerrar nuestras fronteras.
Tenemos que tener especial cuidado en marcar las reglas de quienes serán los extranjeros que nos visiten en nuestros países, pero no podemos cerrar las fronteras de nuestro estado y Chiapas no será un estado que se cierra a esto.
Señores, si el asunto de fondo que nos ocupa es el asunto ambiental, vayamos a Chiapas a resolverlo; vayamos a Chiapas junto con las autoridades que se encargan de resolver de fondo el asunto y planteemos las soluciones reales ante las autoridades, ante las autoridades municipales, estatales y a nivel federal.
Nosotros no evadimos nuestra responsabilidad, pero tampoco utilizaremos de bandera política para expulsar extranjeros; no queremos, señores, que ``paguen justos por pecadores''.
Como lo he dicho, el cambio es lo único constante y Chiapas y México tienen abiertas sus fronteras para que la democracia siga en pos de la globalización.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputada Janette Ovando Reazola.
Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
El diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández:
Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Adelante.
El diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández:Con el permiso de mis compañeros diputadas y diputados:
Es muy lamentable lo que pasa en nuestro estado, el estado de Chiapas, pero es más lamentable que haya compañeros diputados que vengan a hablar en nombre de Chiapas y más lamentable aun que haya compañeros diputados chiapanecos que vengan a hablar en un tono de cerrar fronteras. Aquí no se trata de señalar a los extranjeros que vienen a darle un sentido provechoso a nuestro estado, nos referimos a los extranjeros que han abusado de este Estado por la situación multicultural que vivimos. A esos extranjeros que llegan nada más a abusar de nuestras culturas, de nuestros vestigios, es necesario que se tengan que sacar de ese estado, y si no que haga su informe la Comisión de Reforma Agraria.
El día viernes 16 y sábado 17 estuvimos en la zona de Montes Azules, estuvimos en la zona lacandona con los choles y con los tzeztales, y que de viva voz la Comisión de Reforma Agraria que nos transportamos hasta allá 10 diputados, que haga mención escrita a esta Presidencia y comente que fue lo que nos dijeron los lacandones: los lacandones están cansados de que se les esté pisoteando la dignidad, ya no quieren más extranjeros que estén llegando a manipular a nuestros campesinos.
De ahí queremos entender que, tanto el Gobierno Federal como el gobierno del estado, están gozando de una gran alcahuetería en nuestro estado, no se vale que la dignidad de los chiapanecos nos la pisoteen de esta manera.
No es posible que al ir rumbo a las ruinas de Yaquilán por el Usumacinta, por una lancha vayan las personas que vamos a supervisar los destrozos que hay en la zona y por otro lanchas llenas de madera, lanchas llenas de palma camelor, que están siendo enviadas a Europa y a esa zona la están descabellando en ese sentido.
Es necesario pues, que así tomemos conciencia de este punto de acuerdo, no queremos más extranjeros que lleguen a estar manipulando los grupos para estarlo asentando alrededor de Montes Azules, que están haciendo una depredación total de esta reserva natural.
De tal manera que pedimos a los compañeros diputados de esta legislatura, que tomen conciencia y que sea de urgente resolución esta situación de los extranjeros en Chiapas, que lo han tomado a este estado como el patio de su casa. ¿Hasta dónde van a dejar llegar pues las autoridades, el Gobierno Federal y el gobierno estatal que creemos está siendo alcahuete de estos extranjeros que están haciéndole daño a nuestro estado?
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Agotado el número de oradores registrados originalmente, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutida.Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Un momento, señora Secretaria.
Por favor activen el sonido en la curul del señor diputado.
El diputado Bernardino Ramos Iturbide (desde su curul):
Diputado Presidente, para pedirle que sea nominal esta votación.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:¿Quiénes lo apoyan diputado? Muy bien, como se satisface el requisito reglamentario de cinco más aparte del solicitante, se instruye a la Secretaría para el efecto de que recabe la votación nominal y para tal efecto disponga la apertura del sistema electrónico por cinco minutos.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Por instrucciones de la Presidencia, se instruye a que hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
Se abra el sistema electrónico por cinco minutos.
De viva voz los diputados:
El diputado Vega (desde su curul):
A favor.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde su curul):
En contra.
El diputado Emilio Zebadúa González (desde su curul):
En contra.
La diputada María Elba Garfias Maldonado (desde su curul):
En contra.
La diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos (desde su curul):
En contra.
La diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos (desde su curul):
En contra.
El diputado Arturo Robles Aguilar (desde su curul):
En pro.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su curul):
En contra.
La diputada Yadira Serrano Crespo (desde su curul):
En contra.
El diputado Francisco Mora Ciprés (desde su curul):
En contra.
El diputado Franco (desde su curul):
En contra.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde su curul):
E contra.
El diputado Valdés Manzo (desde su curul):
En contra.
El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (desde su curul):
En pro.
El diputado Alfonso Rodríguez Ochoa (desde su curul):
En pro.
La diputada Martha Palafox Gutiérrez (desde su curul):
En pro.
El diputado Gonzalo Rodríguez Anaya (desde su curul):
En pro.
El diputado Roberto Pedraza Martínez (desde su curul):
En pro.
El diputado Oscar Bitar Hadad (desde su curul):
En pro.
El diputado Benjamín Sagahon Medina (desde su curul):
En pro.
El diputado Emilio Badillo Ramírez (desde su curul):
En pro.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Señor Presidente, 209 en contra; 182 en pro y dos abstenciones.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Por decisión de la Asamblea, desechada.Tiene la palabra el diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex.
El diputado Francisco Herrera León:Con su permiso, señor Presidente.
Pemex es una institución inscrita desde su creación, en la búsqueda del desarrollo regional. El trabajo que desarrolla implica fundamentalmente actividades que necesariamente alteran las condiciones naturales existentes.
El fuerte impacto ambiental que genera la actividad industrial de Petróleos Mexicanos con sus más de 600 establecimientos integrados por refinerías, plantas criogénicas, centros de ventas, terminales marítimas, campos petroleros que incluyen 4 mil 620 pozos, así como plataformas marinas, no cuentan a la fecha con medidas de seguridad ambientales por las normas internacionales.
A manera de ejemplo se sabe que en más de 15 entidades federativas hay residuos como solventes, plaguicidas, azufre, metales pesados, hidrocarburos y otras sustancias químicas; situación preocupante toda vez que éstas se encuentran en el medio ambiente, provocando con ello el probable inicio de una reacción biológica infecciosa.
Independientemente de lo anterior, hay residuos peligrosos abandonados; entre otros se destacan materiales como el cromo, plomo, mercurio, arsénico, cianuro, grasas y aceites usados, solventes, químicos inorgánicos e hidrocarburos, que también pueden llegar a ocasionar daños irreparables al medio ambiente.
No menos importante es la fuga de los ductos de gasolina de Pemex, como es el caso de la contaminación del manto acuífero de Las Encinas, en Saltillo, Coahuila, o los dese-quilibrios ecológicos y problemas sociales que la actividad petrolera ha generado en estados como Tabasco, Campeche, Veracruz.
No hay que olvidar de igual manera la contaminación ambiental que genera la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, pues en 1989 se registró la primera liberación inadvertida al ambiente de gases radiactivos por la descarga de las bombas mecánicas de vacío, así como por el derrame de aproximadamente 20 mil litros de ácido sulfúrico que provocó daños a bombas, conductos, cables, cajas eléctricas, conectores, paredes y tanques.
Creemos que en nuestras manos está coadyuvar para el mejoramiento del medio ambiente.
En virtud de que esta proposición va a ser turnada a la Junta de Coordinación Política, de antemano pido que la misma se someta pronto a la consideración de sus integrantes y éstos emitan su voto aprobatorio por ser un tema de interés social y de impacto nacional.
Por lo antes expuesto, las diputadas y diputados que suscriben la presente proposición con punto de acuerdo, solicitamos a esta honorable Cámara la creación de la Comisión Especial Investigadora del Daño Ecológico y Social generado por Petróleos Mexicanos.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, a cargo del grupo parlamentario del PRI.
Los suscritos diputados abajo firmantes, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 71 y 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo para crear una Comisión Especial investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex.
Exposición de MotivosPemex es una institución inscrita, desde su creación, en la búsqueda del progreso nacional. El trabajo que desarrolla implica fundamentalmente actividades que necesariamente alteran las condiciones naturales existentes. El fuerte impacto ambiental que genera la actividad industrial de Petroleros Mexicanos con sus mas de 600 establecimientos integrados por refinerías, plantas criogénicas, centros de ventas, terminales marítimas, campos petroleros que incluyen 4,620 pozos, así como plataformas marinas, no cuentan a la fecha con las medidas de seguridad ambientales requeridas por las normas internacionales.
A manera de ejemplo, se sabe que en más de 15 entidades federativas hay residuos como solventes, plaguicidas, azufre, metales pesados, hidrocarburos y otras sustancias químicas; situación preocupante, toda vez que estas se encuentran en el medio ambiente provocando con ello el probable inicio de una reacción biológico-infecciosa.
Independientemente de lo anterior, hay residuos peligrosos abandonados, entre otros, se destacan materiales como el cromo, plomo, mercurio, arsénico, cianuro, grasas y aceites usados, solventes, químicos inorgánicos e hidrocarburos, que también pueden llegar a ocasionar daños irreparables al medio ambiente.
No menos importante es la fuga en los ductos de gasolina de Pemex, como es el caso de la contaminación del manto acuífero de las encinas, en Saltillo; Coahuila, pues pese en que a principios de este año se puso en marcha un nuevo pozo, la población del lugar se niega a tomar el agua pues argumenta que el líquido es muy grueso y demasiado salado para el consumo humano, y aunque ya Pemex se llevó muestras para estudio, a la fecha no se ha emitido ningún dictamen; todo ello quizá por la mala administración de supervisión y control llevada a cabo por la misma empresa paraestatal.
No hay que olvidar la contaminación ambiental que genera la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, pues en 1989 se registro la primera liberación inadvertida al ambiente de gases radioactivos, por las descargas de las bombas mecánicas de vacío, así como el derrame de aproximadamente 20,000 litros de ácido sulfúrico que provocó daños a bombas conductos cables, cajas eléctricas, conectores, paredes y tanques.
Entre el año de 1993 y 1995 fueron arrojados cinco millones de litros de agua contaminada por la central nuclear al mar en virtud de haberse efectuado un lavado total del ciclo de enfriamiento del reactor, por otra parte se incineraron desechos radioactivos, acto que violó las normas nacionales e internacionales de lo cual se presentaron pruebas como fotografías testimonios y bolsas especiales para dese-chos radioactivos dentro de un incinerador común ubicado en el interior de la propia central nucleoeléctrica. Asimismo, un fenómeno natural de los conocidos como huracán levanto el techo del almacén de residuos radioactivos dejando al descubierto miles de tambos de 200 litros cada uno, conteniendo basura nuclear.
Creemos que en nuestras manos esta coadyuvar para el mejoramiento del medio ambiente, pues con ello podemos tener una mejor calidad de vida y dejar un país más sano a nuestras siguientes generaciones. Identificada la problemática original, es menester participar en la cuantificación de los daños ecológicos consecuentes a efecto de subsanar los errores, cubrir el costo social del reestablecimiento y diseñar las normas que prevengan tales contaminaciones.
En virtud de que esta proposición va a ser turnada a la Junta de Coordinación Política, de antemano pido que en la misma se someta pronto a la consideración de sus integrantes y éstos emitan su voto aprobatorio por ser un tema de interés social y de impacto ambiental.
Por lo antes expuesto las diputadas y diputados que suscriben la presente proposición con punto de acuerdo; solicitamos a esta honorable Cámara la creación de la comisión investigadora del daño ecológico y social generado por Petróleos Mexicanos.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a los 31 días del mes de marzo de 2004.--- Dip. Francisco Herrera León (rúbrica), Dip. Amalín Yabur Elías (rúbrica), Dip. Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Dip. Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Dip. Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Dip. Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Dip. Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Dip. Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Dip. Alfonso Sánchez Hernández (rúbrica), Dip. Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Dip. María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Dip. Carlos Martín Jiménez Macías (rúbrica), Dip. César Amín González Orantes (rúbrica), Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Dip. Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Dip. Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), Dip. Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Dip. Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Dip. José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Dip. José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Dip. José Luis Briones Briseño (rúbrica), Dip. Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Dip. Juan Bustillos Montalvo (rúbrica), Dip. Jorge Uscanga Escobar (rúbrica), Dip. Eduardo Olmos Castro (rúbrica), Dip. Esteban Valenzuela García (rúbrica), Dip. Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Dip. Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Dip. Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Dip. Graciela Larios Rivas (rúbrica), Dip. Roberto Rafael Campa Cifrián (rúbrica), Dip. Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Dip. Adrián Villagómez García (rúbrica), Dip. Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Dip. Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Dip. Wintilo Vega Murillo (rúbrica), Dip. María Elena Orantes López (rúbrica), Dip. Jesús Morales Flores (rúbrica), Dip. Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Dip. Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Dip. José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica), Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Dip. Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Dip. Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Dip. Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), Dip. Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Dip. Raúl José Mejía González (rúbrica), Dip. Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Dip. Armando Leyson Castro (rúbrica), Dip. Abraham Velázquez Iribe (rúbrica), Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Dip. Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Dip. Oscar Pimentel González (rúbrica), Dip. María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Dip. Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Dip. J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Dip. Abel Echeverría Pineda (rúbrica), Dip. José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Dip. Mario Moreno Arcos (rúbrica), Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Dip. José García Ortiz (rúbrica), Dip. María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Dip. Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Dip. Enrique Guerrero Santana (rúbrica), Dip. Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Dip. Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo (rúbrica), Dip. Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Dip. Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Dip. Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica), Dip. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Dip. Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Dip. Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica), Dip. Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), Dip. Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Dip. Kenny Arroyo González (rúbrica), Dip. Pedro Avila Nevárez (rúbrica), Dip. José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Dip. José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Dip. Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Dip. Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica), Dip. Florencio Collazo Gómez (rúbrica), Dip. José Luis Flores Hernández (rúbrica), Dip. Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Dip. José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Dip. Ady García López (rúbrica), Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica) y Dip. Alejandra Méndez Salorio (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputado Herrera.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Mario Moreno Arcos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Semarnat que declare área natural protegida el parque ecológico estatal de Omiitemi, Guerrero
El diputado Mario Moreno Arcos:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Acudo ante esta tribuna para presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar que la Semarnat declare área natural protegida el parque ecológico estatal de Omiltemi, Guerrero, al tenor de los siguientes considerandos.
El llamado parque ecológico estatal Omiltemi, que se localiza en la parte central del estado de Guerrero, aproximadamente a 15 kilómetros de Chilpancingo, es uno de los lugares con mayor riqueza ambiental del país. De hecho es considerado como uno de los siete centros mundiales de diversidad y endemismo de flora existente en México.
Esta zona cuenta con un extenso bosque de aproximadamente 3 mil 971 hectáreas. Es un sector de parteaguas de la Sierra Madre del Sur, es una región muy aislada de alto endemismo y riqueza en todos los grupos y presencia de especies de distribución restringida.
Posee un gran potencial hídrico, ya que su zona de captación acuífera provee de agua potable a la ciudad de Chilpancingo, dado que en esta zona existe gran cantidad de cuerpos de aguas temporales y permanentes.
En esta región se concentra un bosque de coníferas de pino y encino.
No sólo por su amplia capacidad para abastecer de agua potable, sino por su diversidad en flora y fauna, la zona de Omitemi debe ser considerada por el Gobierno Federal como un área natural protegida.
El Gobierno del estado de Guerrero ha desplegado múltiples esfuerzos para contribuir a la protección, conservación y manejo sustentable de sus recursos naturales.
Es así que hace un par de años el gobierno del estado declaró al parque Omiltemi como reserva natural estatal; sin embargo, así como muchas de las áreas naturales protegidas, el Gobierno Federal las ha convertido en reservas naturales.
Solicito que este parque también lo sea, consiguiendo con ello un incremento considerable de recursos y de atención que permitan dar mayor énfasis a su conservación.
La petición que hago a esta soberanía está sustentada con elementos jurídicos y de tipo ambiental suficientes para que la zona de Omiltemi sea declarada área natural protegida.
Por todo lo anterior propongo ante esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice las investigaciones y gestiones necesarias a fin de presentar al titular del Poder Ejecutivo la propuesta para que se declare la zona de Omiltemi, Guerrero, también conocida como Parque Ecológico Estatal, como área natural protegida.
Solicito, señor Presidente, que el texto íntegro de esta proposición se inserte en el Diario de los Debates.
Por su atención, gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Semarnat que declare área natural protegida el Parque Ecológico Estatal de Omiltemi, Guerrero, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos, del grupo parlamentario del PRI
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presente.
El que suscribe, Mario Moreno Arcos, diputado federal por el 07 distrito electoral del estado de Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al conocimiento de esta honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Semarnat que declare área natural protegida el Parque Ecológico Estatal de Omiltemi, Guerrero, al tenor de los siguientes
ConsiderandosEl llamado Parque Ecológico Estatal Omiltemi, que se localiza en la parte central del estado de Guerrero, aproximadamente a 15 kilómetros de Chilpancingo, es uno de los lugares con mayor riqueza ambiental del país. De hecho, es considerado uno de los siete centros mundiales de diversidad y endemismo de flora existente en México.
Esta zona cuenta con un extenso bosque de aproximadamente 3,971 hectáreas, es un sector de parteaguas de la Sierra Madre del Sur, es una región muy aislada, de alto endemismo y riqueza en todos los grupos y presencia de especies de distribución restringida. Esta zona se desarrolla a lo largo de casi 900 km paralela a la costa del Pacífico, posee una altitud promedio de 2,000 m. Sin embargo, cuenta con algunas elevaciones que sobrepasan los 3,000 m.
Posee gran potencial hídrico, ya que su zona de captación acuífera provee de agua potable a la ciudad de Chilpancingo, dado que en esta zona existen gran cantidad de cuerpos de aguas temporales y permanentes. Anteriormente, el río Omiltemi era de cause permanente, pero ahora los demás ríos están entubados, por lo que este río sólo transporta agua durante los meses de mayor precipitación.
En esta región se concentra un bosque de coníferas, pino y encino, y un bosque mesófilo de montaña. Este es uno de sus principales atractivos y también la causa de que se lleve a cabo la tala de estos bosques.
Su diversidad ambiental es sobresaliente, ya que existen 205 especies de hongos macroscópicos, de los cuales el 73.2% son registros nuevos para el Estado y el 7.3% para el país, cuenta con 595 tipos de plantas vasculares pertenecientes a 112 familias y 330 géneros, se estima que es un 2.5% de la flora nacional. Tiene además 103 especies de orquídeas que representan el 30% de las registradas en el estado.
Existen unas 161 especies de mariposas, insectos ectoparásitos de mamíferos como pulgas y piojos, 39 especies de anfibios y reptiles, 130 especies de aves y 54 especies de mamíferos.
No sólo por su amplia capacidad para abastecer de agua potable, sino por su diversidad en flora y fauna, en donde sobresalen distintas variedades de árboles, la zona de Omiltemi debe ser considera por el Gobierno Federal como un área natural protegida.
En 1972, el gobierno de Chiapas decretó la primer área natural protegida estatal, desde entonces los gobiernos de diferentes entidades federativas, entre ellos el gobierno del estado de Guerrero, han desplegado múltiples esfuerzos para contribuir a la protección, conservación y manejo sustentable de sus recursos naturales. Así, hace un par de años el gobierno del estado declaró el Parque Omiltemi como reserva natural estatal. Sin embargo, así como muchas de las áreas naturales protegidas estatales, el Gobierno Federal las ha convertido en reservas naturales protegidas, solicitamos que este parque también lo sea, consiguiendo con ello un incremento considerable de recursos y de atención que permitan dar mayor énfasis a su conservación.
El gobierno del estado, así como distintas organizaciones no gubernamentales, y la propia Universidad Autónoma de Guerrero se han manifestado porque la zona sea declarada como Natural Protegida, ya que esta siendo destruida de una manera alarmante.
De no declararse área natural protegida por parte de las autoridades federales, se corre el riesgo de que al paso de unos pocos años, se vea amenazada la riqueza ambiental de que goza la región. La petición que hago a esta Soberanía se funda en la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente que en su artículo 44 establece que las áreas naturales protegidas son aquellas donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas o restauradas. De igual forma por el artículo 45, y 46 de la mencionada ley, en donde se establece que se pueden considerar dentro de esta categoría los parques y reservas estatales. Resalta también el artículo 48, que menciona que se constituirán en áreas biográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados. El artículo 53 señala que las áreas de protección de recursos naturales, son las destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal.
Existen elementos jurídicos y de tipo ambiental suficientes para que la zona de Omiltemi sea declarada área natural protegida, entre ellos que la degradación de nuestros bosques y zonas agropecuarias ha generado más pobreza entre los habitantes de las comunidades rurales del estado de Guerrero, obligándolos a emigrar a las zonas urbanas.
Por lo menos, 30 por ciento de la población se concentra en seis ciudades: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Tlapa y Zihuatanejo. Este crecimiento urbano ha provocado el avance de la mancha de concreto sobre muchos de nuestros mejores paisajes y tierras productivas, la alteración del microclima local, la contaminación del agua, del suelo y el aire, así como la aparición de dificultades crecientes en la dotación de servicios básicos para la población, como lo es el manejo de los desechos sólidos y la falta de áreas verdes para la recreación. En especial, la pérdida de la cubierta vegetal en las cuencas donde se ubican muchas de estas ciudades, ha provocado la disminución de la infiltración del agua de lluvia a sus mantos freáticos, lo que provocará tarde o temprano, al no existir la recarga suficiente de éstos, escasez en el abastecimiento de agua potable.
Por todo lo anterior, proponemos ante esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las investigaciones y gestiones necesarias a fin de presentar al titular del Poder Ejecutivo la propuesta para que se declare la zona de Omiltemi, Guerrero, también conocida como Parque Ecológico Estatal, área natural protegida.
Atentamente.
México, DF., a 20 de abril de 2004.--- Dip. Mario Moreno Arcos.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Como lo solicita insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no haya sido publicado. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, con el propósito de que informe del estado que guardan los procedimientos administrativos en materia de cuotas compensatorias arancelarias.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; amigos de los medios que nos acompañan:
Pongo a consideración el siguiente punto de acuerdo con las facultades que me concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición como punto de acuerdo: se cite al Secretario de Economía para que rinda informe de la situación actual que guardan los procedimientos administrativos por concepto de cuotas compensatorias y arancelarias, así como juicios que se deriven de estos procedimientos conforme a los siguientes
AntecedentesPrimero. El 30 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución definitiva de las investigaciones antidumping sobre las importaciones, determinándose las cuotas compensatorias.
Segundo. El 27 de enero de 1997 se emite resolución final que confirma todos los puntos.
Tercero. El 14 de febrero del 2002, convocó a todos los productores nacionales para presentar la solicitud de examen de cuotas compensatorias.
El 15 de noviembre del 2002 comparecen la Cámara Nacional de la Industria de Calzado y su representación en los estados de Guanajuato y Jalisco.
Y el 9 de diciembre del 2002 se publica el aviso de la presentación de solicitudes.
El 28 de julio del 2003 se declara el inicio del examen de las mercancías clasificadas.
Y el 7 de octubre del 2003 el juez noveno en materia administrativa en el Distrito Federal, dictó sentencia de juicio de amparo a favor de Nike de México, SA de CV, en contra de los actos reclamados por la Secretaría de Economía.
El 2 de febrero del 2004 determina la Secretaría se proceda a devolver a Nike de México, SA, de CV, los intereses correspondientes a las cantidades que a partir del 31 de diciembre del 2002 se hubieran enterado por concepto de cuotas compensatorias y en su caso devolver las fianzas entregadas para garantizar dicho pago.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público devolverá más de 30 mil dólares a la empresa Nike de México, SA, de CV. Con esta resolución se tiene que la empresa obtenga la excepción hasta finales del año 2007.
Por lo anteriormente expuesto, ha demostrado el titular de la Secretaría de Economía, la poca capacidad al frente de la misma, por actos tan irresponsables como los planteados, quedando en la suspicacia guardar este tipo de simulaciones jurídicas cometidas en perjuicio de la sociedad con la venia de su titular.
En relación a lo anterior se expone lo siguiente:
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se le agotó su tiempo, diputado.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo:Primero. Que la situación jurídica por parte de la Secretaría de Economía, así como el marco normativo y legislativo actual sentó un precedente en materia de cuotas compensatorias.
Segundo. Que la Secretaría de Economía a través de la resolución, de conformidad con la fracción XV de la Ley Orgánica y
Tercero. En consecuencia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se verá afectada en los rubros ingresos y egresos al devolver a Nike de México, SA de CV, los intereses correspondientes a partir del 31 de diciembre de 2002.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado: se le ha agotado su tiempo.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo:Que comparezca el Secretario de Economía para que informe oportunamente a esta legislatura el estado actual que guardan los procedimientos administrativos y juicios derivados por concepto de cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de calzado.
``Solicito en los términos del primer párrafo ---para finalizar--- del artículo 2º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado: ¡se le agotó su tiempo!
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo:...Se dice que actualmente sólo podrá dispensarse al requisito y pido que se comunique de urgente y obvia resolución.
Es cuanto, señor Presidente. Gracias por su paciencia y comprensión.
Gracias compañeros diputados.
«Proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar la comparecencia del Secretario de Economía, para que informe del estado que guardan los procedimientos administrativos en materia de cuotas compensatorias y arancelarias, así como de los juicios que se desprendan de éstos, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del PRI.
Honorable Cámara de Diputados, el suscrito Gonzalo Moreno Arévalo diputado de la Nación, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo que establece el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, se cite al Secretario de Economía para que rinda informe de la situación actual que guardan los procedimientos administrativos, por concepto de cuotas compensatorias y arancelarias, así como juicios que deriven de estos procedimientos conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES1.- El 30 de diciembre 1993, se publico en el Diario Oficial de la Federación la resolución definitiva de la investigación antidumpung sobre las importaciones, determinándose las cuotas compensatorias.
2.- El 27 de enero de 1997, emite resolución final que confirma todos los puntos.
3.- El 14 de febrero de 2002, convocó a los productores nacionales para presentar solicitud de examen de cuotas compensatoria.
4.- El 15 de Noviembre del 2002, comparecen la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, y su representación en los Estados de Guanajuato y Jalisco.
5.- El 9 de diciembre de 2002, se publica el aviso de la presentación de solicitudes.
6.- El 28 de julio de 2003 se declara el inicio del examen, de las mercancías clasificadas.
7.- El 7 de Octubre del 2003, el Juez Noveno en materia Administrativa en el Distrito Federal, dicto sentencia del juicio de amparo a favor de Nike de México S.A de C.V., en contra de los actos reclamados de la Secretaria de Economía.
8.- El 2 de Febrero del 2004, determina la Secretaría se proceda a devolver a Nike de México, S.A. de C.V., los intereses correspondientes, a las cantidades que a partir del 31 de diciembre del 2002, se hubieran enterado por concepto de cuotas compensatorias y, en su caso, a devolver las fianzas entregadas para garantizar dicho pago.
9.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público devolverá más de 30 mil dólares a la empresa Nike de México, S.A. de C.V., con esta resolución obtiene la empresa la exención hasta finales del año 2007.
10.- Con lo anteriormente expuesto, ha demostrado el titular de la Secretaría de Economía, la poca capacidad al frente de la misma, por actos tan irresponsables como los planteados, quedando en la suspicacia que guardar este tipo de simulaciones jurídicas cometidas en prejuicio de la sociedad, con la venia de su titular.
En relación en lo anterior se expone los siguientes:
CONSIDERANDOSPRIMERO.- Que la omisión jurídica por parte de la Secretaría de Economía, así como el marco normativo y legislación actual, sentó precedente en materia de cuotas compensatoria.
SEGUNDO Que la Secretaria de Economía a través de la resolución, de conformidad con la fracción V, del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3, 5, 4, 26 fracciones I y V del Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, causo un grave deterioro a los productores nacionales demostrando la irresponsabilidad del titular de la Secretario de Economía.
SEGUNDO.- En consecuencia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se vera afectado en el rubro de ingresos y egresos al devolver a Nike de México, S.A. de C.V., los intereses correspondientes, a partir del 31 de diciembre del 2002.
Por lo expuesto con anterioridad, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDOPRIMERO.- Comparezca el Secretario de Economía, para que informe oportunamente a esta Honorable Legislatura el estado actual que guarda los procedimientos administrativos, y juicios derivados por concepto de cuotas compensatoria, impuesta a las importaciones de calzado y sus partes.
SEGUNDO.- Solicito en los términos del primer párrafo, parte final del artículo 60 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que dice textualmente: sólo podrá dispensarse del requisito de que las iniciativas de ley sean turnadas a comisiones, cuando los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificara de urgente o de obvia resolución.
Atentamente.
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:El señor diputado ha solicitado este punto como de urgente y obvia resolución. No aparece esa solicitud en el orden del día, por lo tanto se turna a la Comisión de Economía.Tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las directivas de las organizaciones sindicales del país, a través de sus respectivas federaciones o confederaciones, para que con absoluto respeto al principio de libertad y democracia sindical se abstengan a incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a un determinado partido político o voten a favor de un determinado candidato a un cargo público de elección popular.
Adelante, diputado.
El diputado Tomás Antonio Trueba Gracian:Con su permiso, señor Presidente:
Hoy día el sindicalismo tiene una enorme trascendencia en el ámbito de la transformación de instituciones en nuestro país, precisamente porque las organizaciones sindicales son lugares comunes de promoción y defensa de los intereses de los trabajadores; es decir, constituyen el lugar idóneo para incidir en la dignificación permanente de la persona humana que trabaja en el presente y futuro de la familia y de la nación.
En tal contexto los legisladores de Acción Nacional consideramos que el derecho al trabajo constituye una prerrogativa de todos los hombres, porque en última instancia se funda en el derecho a la vida y a la libertad. Pese a estos importantes postulados que giran en torno a un verdadero y pleno sindicalismo, cabe señalar que desafortunadamente en nuestro país existe un número importante de dirigentes sindicales que utilizando su poder y ámbito de influencia sobre sus agremiados han desvirtuado el objetivo y los propósitos perseguidos por el sindicato al cual representan, consistente en el estudio, mejoramiento, promoción y defensa de los derechos de sus trabajadores sindicalizados, llegando a convertirse en medios de control político sobre sus agremiados.
En tal virtud, es necesario el establecimiento real de la democracia en las organizaciones sindicalizadas para que los trabajadores puedan manejar sus asuntos a través de dirigentes comprometidos en buscar las condiciones necesarias que garanticen el bienestar de todo agremiado, siendo necesario excluir de toda organización sindical a todo tipo de líder que ha utilizado su poder o ámbito de influencia dentro de este tipo de organizaciones.
Por las consideraciones anteriormente expuestas propongo el siguiente
Punto de AcuerdoQue esta Cámara de Diputados exhorte a las directivas de las organizaciones sindicales del país, a través de sus respectivas federaciones y confederaciones registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que con absoluto respeto al principio de libertad y democracia sindical que debe imperar en toda organización, se abstengan de incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a un determinado partido político o voten a favor de un determinado candidato en un cargo público de elección popular.
Le pido, diputado Presidente, que sea puesto íntegro en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las directivas de las organizaciones sindicales del país, mediante sus respectivas federaciones o confederaciones registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que, con absoluto respeto del principio de libertad y democracia sindical, se abstengan de incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a determinado partido político o voten en favor de cierto candidato a un encargo público de elección popular, a cargo del diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del PAN.
El que suscribe, diputado federal Tomás Trueba Gracián, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la H. Asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las directivas de las organizaciones sindicales del país, mediante sus respectivas federaciones o confederaciones registradas formalmente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que, con absoluto respeto del principio de libertad y democracia sindical que debe imperar en toda organización sindical, se abstengan de incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a determinado partido político o voten en favor de cierto candidato a un en cargo público de elección popular, bajo las siguientes
ConsideracionesHoy día, el sindicalismo tiene enorme trascendencia en el ámbito de la transformación de instituciones en nuestro país, precisamente porque las organizaciones sindicales son lugares comunes de promoción y defensa de los intereses de los trabajadores; es decir, constituyen el lugar idóneo para incidir en la dignificación permanente de la persona humana que trabaja en el presente y futuro de su familia y de la nación.
Por ello, Acción Nacional, un partido que guía sus acciones con principios y doctrina propios, tiene como centro de toda intervención garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana, que privilegie el producto del trabajo sobre la persona misma que lo realiza, pues el primer fundamento del valor del trabajo es la persona como tal.
En tal contexto, los legisladores de Acción Nacional consideramos que el derecho al trabajo constituye una prerrogativa de todos los hombres porque, en última instancia, se funda en el derecho a la vida y a la libertad. De ahí que el derecho al trabajo no pueda quedar sujeto por el sindicato ni por el patrón a la imposición de criterios ideológicos o políticos, debiéndose garantizar en todo momento que los trabajadores puedan determinar libremente el ser y quehacer de sus organizaciones, gozando de un sindicalismo auténtico, democrático, participativo que represente genuinamente sus intereses, aspiraciones y valores.
Pese a estos importantes postulados, que giran en torno de un verdadero y pleno sindicalismo, cabe señalar que infortunadamente en nuestro país un número importante de dirigentes sindicales, utilizando su poder y ámbito de influencia sobre los agremiados, han desvirtuado el objetivo y los propósitos perseguidos por el sindicato a que representan, consistente en el estudio, mejoramiento, promoción y defensa de los derechos de sus trabajadores sindicalizados, llegando a convertirse en medios de control político sobre sus agremiados, situación que ha generado la proliferación de una cantidad enorme de funcionarios que, al margen de toda ley, tienen un poder político superior al de muchos otros funcionarios, y éstos son los llamados líderes sindicales que, en recompensa por el número de personas sindicalizadas de que disponen como instrumento electoral en favor de un determinado partido político, se ven favorecidos por éste en el reparto de en cargos públicos a los cuales el partido político beneficiado tiene acceso.
En tal sentido, se considera ``antidemocrática y desvirtúa la naturaleza del sindicato la utilización del movimiento sindical y de los recursos y sanciones sindicales para imponer la afiliación individual o colectiva de los trabajadores a un partido político''1
En efecto, el empleo de los sindicatos para fines de constreñimiento político sobre sus miembros, tal y como infortunadamente sucede con frecuencia en nuestro país, constituye un acto antidemocrático, que se traduce en un fraude contra los miembros del sindicato mismo.
En tal virtud, es preciso el establecimiento real de la democracia en las organizaciones sindicales para que los trabajadores puedan manejar sus asuntos a través de dirigentes comprometidos en buscar las condiciones requeridas que garanticen el bienestar de todo agremiado, siendo necesario excluir de toda organización sindical a todo tipo de líder que ha utilizado su poder o ámbito de influencia en ese tipo de organizaciones para desvirtuar el objeto mismo de esta importante forma de organización sindical, al grado de llegar a utilizarla como un mero instrumento electoral en favor de determinado partido político, mediante mecanismos coactivos o de presión para sus agremiados.
Por tal motivo, surge la imperiosa necesidad de que los distintos órganos del Estado, incluido el Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas competencias, velen por el absoluto respeto y democratización de nuestras instituciones sindicales, encargadas de la representación de los intereses de los trabajadores, así como por la observancia de los derechos de los trabajadores en forma individual, motivo por el cual se hace necesario garantizar que este tipo de organizaciones funcionen con verdadera democracia interna y garanticen la eliminación absoluta de todas las formas de coacción contra los trabajadores, que tengan por objeto incidir, restringir o mermar el derecho a la libre afiliación partidaria, así como a la libre expresión de la voluntad ciudadana individual en materia política, que se rea-liza a través del derecho al voto, el cual deber ser universal, individual, secreto, honesto y, sobre todo, secreto.
A mayor abundamiento, la naturaleza jurídica de los sindicatos, así como los objetivos y los fines que animan su existencia, nos permite afirmar que el funcionamiento y la permanencia de las organizaciones sindicales no deben fundarse en la presión y coacción que éstos ejerzan sobre sus agremiados, sino en los resultados positivos de un esfuerzo persistente dirigido a la consecución de mejores condiciones de trabajo y de vida para sus miembros, toda vez que no debemos olvidar que la naturaleza y dignidad del trabajo exigen determinadas características de la organización sindical, cuando los trabajadores, en ejercicio de un derecho indiscutible, se unen para el estudio, la promoción, la representación y la defensa de sus intereses, teniendo el deber de evitar toda forma de desviación sindical.
Finalmente, reconocemos que el sindicato no sólo tiene el derecho, sino que está obligado a actuar en la vida pública en favor de sus agremiados. Sin embargo, resulta innegable -y estamos convencidos de ello- que ningún sindicato puede forzar a sus miembros a afiliarse a un partido político, ni obligarlos a votar en favor de una determinada candidatura; en caso contrario, esta situación implicaría violar o atentar contra su dignidad de hombres.
En tal sentido, Acción Nacional considera necesaria la proscripción de la utilización fraudulenta de las organizaciones de trabajo y de los anhelos de reforma social como instrumento de medro personal o político, siendo necesario el reproche de los sindicatos que participan como tales en actividades políticas, debiéndose -en contraparte- otorgar a los sindicalizados las garantías necesarias para actuar en política libremente y sin perjuicio sindicales y de trabajo.
Por las consideraciones anteriormente expuestas el abajo firmante, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la H. Cámara de Diputados exhorte a las directivas de las organizaciones sindicales del país, mediante sus respectivas federaciones o confederaciones registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que, con absoluto respeto del principio de libertad y democracia sindical que debe imperar en toda organización sindical, se abstengan de incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a determinado partido político o voten en favor de cierto candidato a un en cargo público de elección popular.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a los 13 días de abril de 2004.--- Dip. Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates; túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social.Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Cabrera Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con el proyecto de planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, estado de Hidalgo.
El diputado José Luis Cabrera Padilla:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl proyecto, consistente en la instalación de una planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, estado de Hidalgo, ha sido autorizado en una superficie aproximada de 110 hectáreas. Esta autorización se ha encontrado con la oposición de gran parte de ciudadanos que residen en el área a la ubicación de dicho proyecto. A estos cuestionamientos se agregan las opiniones adversas de instituciones públicas, tanto federales como locales, además de algunas académicas.
La oposición se debe fundamentalmente a la posible contaminación de manantiales de los cuales se abastecen para su consumo 17 comunidades; no cumplir con los requisitos de distancias a centros de cause de cualquier corriente superficial, ya sea permanente o intermitente; no respetar la distancia mínima de 25 kilómetros al centro de población más cercano; contaminar el acuífero que suministra de agua potable al río Alfajayucan.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. Que la Semarnat nulifique o revoque la autorización otorgada, lo anterior basado en el principio de prevención, pues conforme a las opiniones expresadas por los habitantes de las comunidades aledañas al proyecto y algunas instituciones académicas, pueden llegar a existir riesgo al equilibrio ecológico con la instalación de esta planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, estado de Hidalgo y
Segundo. Que la Semarnat, conforme a esta soberanía, como valoraron y evaluaron las recomendaciones y observaciones de los habitantes de las comunidades aledañas ---concluyo, señor Presidente--- al proyecto, las instituciones académicas como la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México, citadas en las consideraciones y la Comisión Nacional de Agua, institución del propio sector de la Semarnat, presentando para ello la información de detalle correspondiente como es si cuenta con nuevas opiniones de lo antes citado, que los lleven a concluir que avalen la viabilidad del proyecto de instalación de la misma.
Solicito a esta Presidencia sea publicado de manera íntegra el texto de esta proposición con punto de acuerdo en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, en relación con el proyecto de planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en Chapantongo, Hidalgo, a cargo del diputado Jose Luis Cabrera Padilla, del grupo parlamentario del PRD.
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl día 16 de diciembre del 2003 fue emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una resolución donde se autoriza de manera condicionada en materia de impacto y riesgo ambiental la ejecución de las obras y/o actividades del ``Proyecto de Tecnología Aplicada'', promovido por la empresa Promotora Mexicana de Reciclaje, SA de CV.
El proyecto autorizado consiste en la instalación de una planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, estado de Hidalgo, en una superficie de 110-35-66.31 hectáreas, el tiempo de vida útil será de 30 años para la planta de reciclaje y de 15 años para la operación de celdas de confinamiento.
Esta autorización se ha encontrado con la oposición de un gran número de ciudadanos que residen en el área cercana a la ubicación del proyecto. Como consta en diversos comunicados que se hicieron llegar a la propia DGIRA.
La oposición se debe fundamentalmente como lo cita textualmente la resolución entre otros temas a:
``a) Posible contaminación de manantiales de los cuales se abastecen para su consumo 17 comunidades y contaminación del entorno ecológico de la zona?''
``b) El sitio seleccionado para la realización del confinamiento no cumple con los requisitos de distancias a centro de cauce de cualquier corriente superficial, ya sea permanente o intermitente?''
``c) Esta establecido que ``La distancia del límite del centro de población debe ser como mínimo de 25 kilómetros para poblaciones mayores de 10,000 habitantes con proyección al año 2010'' estando cuatro poblados mayores de 10,000 habitantes en el radio de los 25 kilómetros al sitio del proyecto.
d) Posible impacto del acuífero que suministra de agua potable a una región de la parte alta del río Alfajayucan por lo que se hace la consideración de solicitar se amplíen y profundicen los estudios correspondientes para conocer el grado de impacto del establecimiento de la empresa.
e) Las afectaciones ocasionadas por accidentes carreteros del transporte de los residuos peligrosos, en el cruce con poblaciones cercanas que pudieran derivar en derrames y el probable daño a sus habitantes.''
A estos cuestionamientos se agregan en el mismo texto resolutivo, opiniones que señalan deficiencias, omisiones de información, y recomendaciones de tipo técnico, y que concluyen que no es viable el proyecto por parte de las siguientes instituciones académicas y públicas: la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Hidalgo; la Subgerencia General Técnica de la Comisión Nacional del Agua; la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo; el Instituto de Geología de la UNAM y el Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla.
A favor del mencionado proyecto, el texto resolutivo solo menciona expresamente a la Dirección General del Consejo Estatal de Ecología, del Gobierno del estado de Hidalgo, quien considera viable y prioritario el desarrollo de dicho proyecto.
La DGIRA explica en los considerandos del texto resolutivo, que la promovente del proyecto ha realizado modificaciones al proyecto, éstos se han realizado con apoyo y aval técnico del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Por lo anterior concluye que las obras y/o actividades del proyecto son factibles de desarrollar en el sitio propuesto de manera condicionada.
Sin embargo, ciudadanos del área siguen manifestando su oposición e inconformidad a la realización del proyecto de instalar una planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos. No queda claro tampoco si las instituciones académicas y públicas, que en un principio manifestaron su opinión de no procedencia, llegan a la misma conclusión que la DGIRA, de que el proyecto es viable.
La participación social en la práctica ha tenido poco efecto en la toma de decisiones de la autoridad. Da la impresión que los mecanismos de participación social, de instituciones públicas y académicas, no han garantizado la participación real y efectiva en las decisiones ambientales, en especial de los habitantes del área donde se realizará el proyecto.
Se concluye, que por muy completas que pretenden ser las normas ambientales, no están dando cuenta de la complejidad de la problemática involucrada. Es notorio que han quedado asuntos por resolver. Pues es evidente, que no sé esta tomado en cuenta dentro de la evaluación de impacto ambiental, el impacto social, económico y cultural. Por ello, no es posible prevenir el conflicto y por tanto tener los consensos que se requieren para un proyecto de inversión de tal magnitud. Esto significa, que el proyecto puede estar autorizado por la DGIRA, sin embargo se está convirtiendo en inviable por carecer de los consensos técnicos y sociales.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación de la siguiente
Proposición con punto de acuerdoPrimero. Que la Semarnat nulifique o revoque la autorización otorgada, lo anterior basados en el principio de prevención y el precautorio, pues conforme a las opiniones expresadas por los habitantes de las comunidades aledañas al proyecto e instituciones citadas en las consideraciones, pueden llegar a existir riesgos al equilibrio ecológico con la realización del proyecto de instalación de una planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, estado de Hidalgo.
Segundo. Que la Semarnat informe a esta soberanía como valoraron y evaluaron las recomendaciones y observaciones de los habitantes de las comunidades aledañas al proyecto, las instituciones académicas de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México, citadas en las consideraciones, y la Comisión Nacional del Agua, institución del propio sector de la Semarnat. Presentando para ello, la información de detalle correspondiente, como es, si cuentan con nuevas opiniones de los antes citados, que los lleven a concluir que avalan la viabilidad del proyecto de instalación de una planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, estado de Hidalgo.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, 13 de abril de 2004.--- Dip. José Luis Cabrera Padilla (rúbrica).»
Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Como lo solicita el orador, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se cite a comparecer al director general de Pemex-Refinación, a efecto de que rinda un informe ante la Comisión de Energía, presidentes municipales y miembros de la comunidad, sobre el estado que guardan las acciones emprendidas para reparar el daño ocasionado en los municipios de Nogales, Ciudad Mendoza y Río Blanco por la ruptura de ductos y la explosión en el poblado de Balastrera, acaecido el 5 de Junio de 2003 en el estado de Veracruz.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:
Con su permiso, diputados federales del PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, PT y Convergencia, exponemos que el día 5 de Junio del 2003 en la Congregación de Cecilio Terán Balastrera del municipio de Nogales, Veracruz, una barrancada del Río Chiquito provocó la explosión de dos ductos de Petróleos Mexicanos haciendo también daños a Ciudad Mendoza y Río Blanco, quienes registraron deterioros en sus propiedades por corrientes de agua contaminada por hidrocarburos.
Las afectaciones fueron, 88 personas lesionadas por quemaduras, 6 fallecimientos, lesiones y daños también a animales, 4 parcelas, 60 solares y casas-habitación. El 5 de junio del 2003 Pemex se comprometió a brindar apoyo a las comunidades afectadas y dejarlas en condiciones similares hasta antes del siniestro, lo mismo a reparar y atención a las personas con quemaduras.
Sin embargo, a la fecha que se presenta esta proposición, no se ha dado cumplimiento a las acciones e indeminizaciones que Pemex se comprometió. Ante el temor fundado de otro siniestro por la falta de respuestas de Pemex, los habitantes de los municipios afectados representados por el Cocipres, en una carta reciente dirigida al Presidente Fox, señalan la omisión de Pemex en las labores de prevención o en su caso la realización de trabajos inadecuados.
En el mismo documento denuncian el silencio de Pemex y la falta de apoyos ofrecidos por la paraestatal. El Alcalde de Nogales, Veracruz también dirigió oficio al director de Pemex externándole su preocupación.
Por lo anterior, proponemos lo siguiente
Primero. Se solicite la comparecencia del director general de Pemex-Refinación ante la Comisión de Energía de esta Cámara con los alcaldes y miembros de las comunidades de los municipios afectados, con objeto de dar cuenta del estado que guardan las acciones ofrecidas por Pemex-Refinación para reparar los daños ocasionados.
Segundo. Que el director de Pemex-Refinación informe las acciones realizadas, planes y proyectos para garantizar la seguridad de las poblaciones afectadas.
Tercero. Que Pemex-Refinación establezca un programa en colaboración con las autoridades de Protección Civil del estado y de los municipios, para resolver contingencias que puedan afectar la seguridad de la población.
Cuarto. Que el director de Pemex-Refinación informe mensualmente a los integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, así como a los alcaldes de Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza y a la sociedad civil, los avances y resultados del programa, hasta la total conclusión del conflicto.
Ruego que se inserte el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se cite a comparecer al director general de Pemex-Refinacion para que rinda un informe ante la Comisión de Energía, presidentes municipales y miembros de la comunidad sobre el estado que guardan las acciones emprendidas a efecto de reparar el daño ocasionado en Nogales, Ciudad Mendoza y Río Blanco por la ruptura de ductos y la explosión en el poblado de Balastrera, acaecidos el 5 de junio de 2003 en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia
Juan Fernando Perdomo Bueno, diputado federal de la 3ª Circunscripción de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta honorable Cámara: proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Antecedentes y consideracionesEl día 5 de junio de 2003, en la congregación de Cecilio Terán (poblado de Balastrera) ubicado en el municipio de Nogales, Veracruz una barrancada del río Chiquito provocó la explosión de 2 ductos de Petróleos Mexicanos, ocasionando diversos daños a los habitantes de la región así como a sus propiedades, semovientes, aves de corral y demás pertenencias.
La población de los municipios de Mendoza y Río Blanco también registraron deterioros en sus propiedades por corrientes de agua contaminada con hidrocarburos por las rupturas de un oleoducto, gasoducto y poliducto.
Las afectaciones por el siniestro fueron 88 personas lesionadas por quemaduras, 6 fallecimientos, daños en 40 casas habitación, 14 locales comerciales, 60 solares, 4 parcelas ejidales y 11 animales (semovientes y aves de corral).
Como respuesta a los siniestros acaecidos el día 5 de junio del 2003, Pemex se comprometió a brindar apoyos a las comunidades afectadas, consistentes en el retiro de lodos, entrega de paquetes de enseres, retiros de escombro, lodos y basura, limpieza de canales de riego, atención a las personas con quemaduras y lesiones, indemnizaciones a productores agrícolas y apoyos de servicios médicos.
Sin embargo, a la fecha en que se presenta esta proposición, no se ha dado cumplimiento cabal a las acciones e indemnizaciones que Petróleos Mexicanos se comprometió para resarcir los daños ocasionados por el siniestro.
En un documento proporcionado por la dirección general de Pemex-Refinación por conducto del licenciado Juan Bueno Torio, con fecha de 24 de noviembre de 2003, se manifiesta que de un total de 212 productores agrícolas se han indemnizado 160, quedando pendientes 52 productores por indemnizar.
Según el documento remitido por Pemex-Refinación, al 14 de noviembre de 2003 el monto de las erogaciones por concepto de responsabilidad civil por daños ascienden a la cantidad de 69,910,619.00 pesos cantidad inferior a la comprometida por Pemex-Refinación en el orden de 150 millones de pesos ofrecidos por el director general de Pemex-Refinación según sus propias declaraciones ante diversos medios de comunicación, para atender los daños, de los cuales se aplicarían 100 millones de pesos para atender a la población y 50 millones para la reparación de los ductos, además, que el documento no especifica si el monto de los recursos ejercidos satisface cabalmente en relación al monto ofertado inicialmente para el resarcimiento de los daños ocasionados la explosión y ruptura de ductos.
Cabe señalar, que en el multicitado documento se establecen recomendaciones para evitar este tipo de siniestros, sin indicar puntualmente en qué fecha o tiempo se llevarán a cabo las medidas apuntadas por la subsidiaria.
Ante el temor fundado, la falta de respuestas y acciones efectivas emprendidas por Pemex-Refinación para evitar contingencias de esta naturaleza, los habitantes de los municipios afectados por el siniestro, en una carta dirigida al Presidente Vicente Fox con fecha de 22 de marzo de 2004, señalan la omisión de Pemex en las labores de prevención o en su caso, la realización de trabajos inadecuados por no haber sido concluidos, en el mismo documento denuncian el silencio de Petróleos Mexicanos a los oficios turnados manifestando diversas inquietudes relacionadas con la prevención y la falta de apoyos ofrecidos por la paraestatal.
En el mismo sentido, el alcalde de Nogales Veracruz, dirige oficio Nº. 0388 al director general de Pemex, externándole su preocupación dado que al primer trimestre del presente año no se han concretado los compromisos asumidos por la paraestatal, detallando en el mismo documento los compromisos a los que no ha dado pronta solución tales como indemnizaciones para lesionados para la comunidad La Joyita en Balastrera, pago por afectaciones a tierras dedicadas a actividades agropecuarias, estudios para especificar de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua los tramos que representan mayor riesgo en caso de barrancadas de los ríos Chiquito y Carbonera, así como protección o reubicación de ductos por citar algunos.
Por lo expuesto, propongo el siguiente:
Punto de AcuerdoPrimero.- Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se solicite la comparecencia del director general de Pemex-Refinación ante la comisión de Energía de esta H. Cámara, alcaldes y miembros de las comunidades de los municipios de Cd. Mendoza, Río Blanco y Nogales con el objeto de dar cuenta del estado que guardan las acciones ofrecidas por Pemex-Refinación para reparar los daños ocasionados por la ruptura de ductos en el tramo Mendoza-Maltrata.
Segundo.- Que en dicha comparecencia el director de Pemex-Refinación informe las acciones realizadas, planes y proyectos para garantizar la seguridad de las poblaciones afectadas, medidas para la reubicación de los ductos con el objeto de evitar definitivamente los impactos colaterales en las poblaciones por desastres naturales.
Tercero.- Que Pemex-Refinación establezca un programa en colaboración con las autoridades de protección civil para resolver contigencias que puedan afectar la seguridad de la población.
Cuarto.- Que el director de Pemex-Refinación informe mensualmente a los integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, así como a los alcaldes de los municipios de Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza los avances y resultados del programa hasta la total conclusión del conflicto.
México, DF, a 20 de abril de 2004.--- Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya aparecido en el número del día de hoy.
Túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene el uso de la palabra, discúlpeme, el siguiente punto del orden del día se difiere, que es el que tiene qué ver con el diputado Omar Bazán Flores.
Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Salud cite a comparecer al doctor José Ignacio Santos Preciado, director general del Hospital Infantil de México ``Federico Gómez''.
La diputada Martha Leticia Rivera Cisneros:Con su venia, señor Presidente:
Me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes
ConsideracionesPrimera. El cáncer es una de las tres primeras causas de mortalidad infantil. Según estadísticas del propio Hospital Infantil de México, ``Federico Gómez'', y del Registro Nacional de Transplantes, la cantidad de niños con estos padecimientos se ha elevado notablemente, es decir, hace 10 años se diagnosticaban cerca de 300 casos al año; actualmente se diagnostican 3 mil nuevos casos cada año a escala nacional.
Segunda. Por otro lado, el servicio de oncología de dicho hospital cuenta con un total de 15 camas para dar servicio aproximadamente a 25 pacientes por día, mismos que requieren de hospitalización al menos tres días continuos, con lo cual se genera un déficit considerable de camas lo que ocasiona un retraso en el tratamiento y a corto o mediano plazo recaída dentro del mismo, lo cual a su vez los convertirá en muy posibles prospectos para transplante de médula ósea.
Y así es como se va conformando un círculo vicioso donde el servicio y la atención para estos pacientes no son suficientes y oportunos como la misma enfermedad lo requiere.
Tercera. También es necesario advertir que los esfuerzos tanto del Hospital Infantil ``Federico Gómez'' como de las propias autoridades de salud, son rebasadas por la creciente demanda de esta enfermedad.
Compañeras y compañeros legisladores: lo que me trae el día de hoy a esta tribuna es el ser la portavoz de niños integrantes de familias mexicanas que sufren esta lamentable enfermedad y que se encuentran en la desesperanza al haber sido informados que el programa de transplante de médula ósea ha sido suspendido este año, por lo que estos niños, adolescentes y familias mexicanas necesitan nuestro apoyo para que este problema sea revisado y analizado con todo detenimiento y darles así nuevamente una esperanza de vida.
Por lo antes expuesto, propongo a este pleno los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Solicito se cite a comparecer ante la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias y la Comisión de Salud, al doctor José Ignacio Santos Preciado, Director General del Hospital Infantil de México ``Federico Gómez'', para que exponga los alcances y limitaciones en el tratamiento de esta enfermedad.
Segundo. Se solicita al Secretario de Salud, en conjunto con las organizaciones no gubernamentales y las instituciones que apoyan la lucha contra el cáncer, a que evalúe los programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad y evitar la suspensión de estos programas.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Salud cite a comparecer al doctor José Ignacio Santos Preciado, director general del Hospital Infantil de México ``Federico Gómez'', a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del PAN.
La suscrita diputada federal, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
ConsideracionesEl cáncer es una de las tres primeras causas de mortalidad infantil. Los niños sufren de diferentes tipos de cáncer, como leucemia linfoblástica aguda y crónica, leucemia mieloblástica aguda o tumor de Willms. Los tumores representan la cuarta causa de muerte en los adolescentes de entre 10 y 19 años de edad en la última década.
Según estadísticas del propio Hospital Infantil de México ``Federico Gómez'' y del Registro Nacional de Trasplantes, la cantidad de niños con esos padecimientos se ha elevado notablemente: hace 10 años se diagnosticaban cerca de 300 casos al año; actualmente se diagnostican 3 mil nuevos casos cada año a escala nacional.
Por otro lado, el servicio de oncología de dicho hospital cuenta con un total de 15 camas para dar servicio aproximadamente a 25 pacientes por día, quienes requieren hospitalización al menos tres días continuos, con lo cual se genera un déficit considerable de camas, lo que ocasiona un retraso en el tratamiento y, a corto o mediano plazo, recaída dentro del mismo, lo cual a su vez los convertirá en muy posibles prospectos para trasplante de médula ósea. Así se va formando un circulo vicioso donde el servicio y la atención para esos pacientes no son suficientes y oportunos como la enfermedad lo requiere.
También es necesario advertir que tanto los esfuerzos del Hospital Infantil de México ``Federico Gómez'' como los de las autoridades de salud son rebasados por la creciente demanda derivada de esa enfermedad.
Compañeras y compañeros legisladores: lo que me trae hoy a esta tribuna es ser la portavoz de muchos niños integrantes de familias mexicanas que sufren de esta lamentable enfermedad y que se encuentran en la desesperanza al haber sido informados de que el programa de trasplante de médula ósea ha sido suspendido este año, por lo que esos niños, adolescentes y familias mexicanas necesitan nuestro apoyo para que el problema sea revisado y analizado con todo detenimiento y darles así nuevamente una esperanza de vida.
Por lo antes expuesto, propongo al Pleno el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Solicito que se cite a comparecer ante la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias y la Comisión de Salud al director general del Hospital Infantil de México ``Federico Gómez'', doctor José Ignacio Santos Preciado, para que exponga los alcances y las limitaciones en el tratamiento de esa enfermedad.
Segundo. Se solicita al secretario de Salud que evalúe, con las organizaciones no gubernamentales y las instituciones que apoyan la lucha contra el cáncer, los programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes padecen esa enfermedad y a evitar la suspensión de los mismos.
Dado en el Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Dip. Martha Leticia Rivera Cisneros.»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias, diputada.
Túrnese a la Comisión de Salud.En el uso de a palabra, la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar se reduzcan las tarifas eléctricas en el estado de Guerrero.
La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En todo el país se han presentado conflictos en torno al aumento en el costo de las tarifas eléctricas. La población de la República se ha manifestado por una disminución en el cobro de las mismas.
En el caso concreto del estado de Guerrero, los habitantes han denunciado los excesivos cobros de la Comisión Federal de Electricidad, la prepotencia y extorsión de que son objeto por parte de los empleados de la misma. La población, sobre todo de escasos recursos, requiere de mayor sensibilidad para que se le cobre de forma justa, ya que afirman que les llegan recibos de hasta ocho mil pesos, los cuales están imposibilitados de pagar.
No existe una negativa a pagar por parte de la ciudadanía, exigen tarifas justas de acuerdo a lo que consumen. Se manifiestan también a favor de una condonación en los pagos de las personas de la tercera edad. En las comunidades rurales del municipio de Acapulco, los recibos llegan con una tarifa de hasta dos mil pesos y para la población de escasos recursos representa el salario de hasta seis meses de trabajo.
Por lo tanto, como legisladores y como representantes populares, es necesario tener sensibilidad ante situaciones de injusticia con los más desprotegidos. Considero necesario emitir un exhorto al Ejecutivo Federal a fin de que las tarifas eléctricas aplicadas en el estado de Guerrero sean más justas.
Este sentir se suma a la propuesta con punto de acuerdo presentado por diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en noviembre del año pasado, en el sentido de aplicar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación.
Su reclasificación para uso doméstico, comercial, industrial y del campo para el estado.
Dicho planteamiento se hace como respuesta a la decisión del Gobierno Federal de reducir el subsidio a las tarifas domésticas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero del 2002, lo cual sólo dio como resultado un nuevo incremento de las tarifas eléctricas, sobre todo en las regiones cálidas de los distintos estados del país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la que suscribe, somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, a fin de que instruya a los secretarios de Hacienda, de Energía y de Economía, para que de manera conjunta con la Comisión Federal de Electricidad, ajusten las tarifas eléctricas del estado de Guerrero, según la zona y las condiciones económicas de los sectores poblacionales, que redunde en el beneficio de los sectores de escasos recursos y el cobro sea de forma justa, según el consumo y la capacidad de pago.
Firman este punto de acuerdo los diputados, Francisco Chavarría, Juan García Costilla, Yadira Serrano, Javier Manzano, Zeferino Torreblanca, Rosario Herrera y su servidora, Irma Figueroa Romero.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo para solicitar que se reduzcan las tarifas eléctricas en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD
La suscrita, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en base a las facultades que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base a las siguientes:
ConsideracionesI. En todo el país se han presentado conflictos en torno al aumento en el costo de las tarifas eléctricas.
II. La población de los distintos estados de la República se han manifestado por una disminución en el cobro de las mismas.
III. En el caso concreto del estado de Guerrero los habitantes han denunciado los excesivos cobros de la Comisión Federal de Electricidad, la prepotencia y extorsión de que son objeto por parte de los empleados de la misma.
IV. La población sobre todo de escasos recursos requiere de mayor sensibilidad para que se les cobre de forma justa, ya que afirman que les llegan recibos de hasta 8 mil pesos, los cuales están imposibilitados de pagar.
V. No existe una negativa a pagar por parte de la ciudadanía, exigen tarifas justas, de acuerdo a lo que consumen.
VI. Se manifiestan a favor de una condonación en los pagos de las personas de la tercera edad.
VII. En las comunidades rurales del municipio de Acapulco, los recibos llegan con una tarifa de hasta 2000 pesos, y para la población de escasos recursos representa el salario de hasta 6 meses de trabajo.
VIII. Según el Censo General de Población del año 2000 realizado por el INEGI, Guerrero contaba con una población de 3 079649, representando un 48.4% a los hombres y un 51.6% a las mujeres. Para el 2003, solamente un 40.7% era el porcentaje de trabajadores asalariados.
IX. Por lo tanto como legisladores y como representantes populares es necesario tener sensibilidad ante situaciones de injusticia con los más desprotegidos.
X. Considero necesario emitir un exhorto al Ejecutivo Federal a fin de que las tarifas eléctricas aplicadas en el estado de Guerrero sean más justas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado la que suscribe somete a la consideración del pleno el siguiente:
Punto de AcuerdoUnico.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal a fin de que instruya a los secretarios de Hacienda, Energía y Economía para que de manera conjunta con la Comisión Federal de Electricidad ajusten las tarifas eléctricas del estado de Guerrero según la zona y las condiciones económicas de los sectores poblacionales; que redunde en el beneficio de los sectores de escasos recursos y el cobro sea de forma justa según el consumo y la capacidad de pago.
Palacio Legislativo, a 1o. de abril de 2004.--- Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias, señora diputada.
Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que en función de sus facultades y atribuciones, el titular de la Secretaría de Economía, vuelva a incluir al azúcar en el acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, devolviéndole así, la característica de producto sensible, coadyuvando al fortalecimiento de esta cadena productiva.
El diputado Carlos Blackaller Ayala:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Dada la importancia social y económica que representa para nuestro país la actividad cañera y azucarera, esta agroindustria se considera como de interés público. Por lo anterior y por las particulares características del comercio mundial del azúcar por muchos años, este producto se venía considerando como un producto sensible dentro de la política comercial mexicana.
La propia Secretaría de Economía considera que dada la importancia que revisten en el país los productos agropecuarios, se requiere para ellos controles adicionales que comprueben el uso adecuado de los que se importan temporalmente y se evite su desvío a territorio nacional, con el consecuente daño a la economía e industria nacionales.
Sorpresivamente la Secretaría de Economía el día 30 de octubre del 2003, publica en el Diario Oficial de la Federación un nuevo acuerdo, por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías que abroga el publicado el 23 de octubre del 2002. Este nuevo acuerdo deja de considerar al azúcar como producto sensible y lo sujeta a regulación spots, ampliando el plazo de permanencia de seis a nueve meses, planteando un supuesto monitoreo a partir de un cuestionario que a 5 meses de publicado el acuerdo, no ha sido presentado por las empresas en los programas de PITEX. Esta medida ha traído como consecuencia la imposibilidad de un verdadero control de las importaciones que realizan las empresas inscritas en estos programas de PITEX.
No es admisible que un acuerdo que pretende desarrollar nuestra planta productiva y el empleo, muestre inconsistencias de este tamaño, fallando en el control, que es su principal cometido. Estas inconsistencias promueven prácticas de comercio desleal y disimulan operaciones irregulares, que pudieran tipificarse como delictivas.
Por todo esto, es de extrema importancia que el Ejecutivo Federal atienda lo aquí expuesto y con base en lo anterior, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Unico. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en función de sus facultades y atribuciones el titular de la Secretaría de Economía vuelva a incluir al azúcar en el acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, devolviéndole así la característica de producto sensible, coadyuvando al fortalecimiento de esta cadena productiva.
Solicitándole, señor Presidente que el texto íntegro de esta proposición se inserte en el Diario de los Debates.
Es cuanto.
«Proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo Federal a efecto de que, en función de sus facultades y atribuciones, el Secretario de Economía vuelva a incluir el azúcar en el acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, devolviéndole así la característica de producto sensible, coadyuvando al fortalecimiento de esta cadena productiva, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del PRI.
Con su permiso diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Con fundamento en los artículos 55 fracción II y 58 fracciones I, II y III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículos 34 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este H. Congreso de la Unión, la siguiente resolución con punto de acuerdo.
Como es sabido por todos ustedes, la Agroindustria de la Caña de Azúcar es de estratégica importancia para nuestro país, representa para México casi el 0.5% de nuestro PIB Nacional y genera alrededor de dos millones y medio de empleos directos e indirectos. En nuestro campo, dedicamos más de 700 mil hectáreas para su cultivo, cuya producción se procesa en 58 ingenios azucareros. El valor de la producción asciende a 3 mil millones de dólares.
Dada la importancia social y económica que representa para nuestro país la actividad cañera y azucarera, esta agroindustria se considera como de Interés Público. Por lo anterior y por las particulares características del comercio mundial del azúcar, por muchos años, el azúcar se venía considerando como un producto sensible, dentro de la política comercial mexicana.
Los Productos Sensibles son aquellos a los que, a juicio del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía, se les establecen requisitos específicos para su internación temporal a territorio nacional.
El 13 de Junio de 2001, la Secretaría de Economía publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, en consideración a que se detectaron casos en los que mercancías específicas se internan con el carácter de temporal a nuestro país y no se efectúa su posterior retorno al extranjero; así mismo, que productos, como es el caso del azúcar, que por su fácil distribución y comercialización, así como por ser productos fungibles de fácil sustitución y por el desarrollo que amerita la industria, hace indispensable implementarles mecanismos de control.
La propia Secretaria de Economía considera: ``Que dada la importancia que revisten en el país los productos agropecuarios, se requieren para ellos controles adicionales que comprueben el uso adecuado de los que se importan temporalmente y se evite su desvío a territorio nacional, con el consecuente daño a la economía e industria nacional'' 1
1. Diario Oficial de la Federación del 23 de octubre de 2002.
Sorpresivamente, la Secretaría de Economía, el día 30 de Octubre de 2003, publica en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, que abroga el publicado el 23 de octubre de 2002.
Este nuevo acuerdo deja de considerar al azúcar como producto sensible y lo sujeta a regulación ex-post, ampliando el plazo de permanencia de 6 a 9 meses. Planteando un supuesto monitoreo a partir de un cuestionario, que a 5 meses de publicado el Acuerdo no ha sido presentado por las empresas en los Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación.
Esta medida ha traído como consecuencia la imposibilidad de un verdadero control de las importaciones que realizan las empresas inscritas en los programas de PITEX.
Solo como un ejemplo, el caso de una empresa que hasta hoy no ha podido comprobar a la propia Secretaría de Economía por un periodo de dos años consecutivos de operación la exportación de doce mil toneladas de Azúcar comprada a ingenios mexicanos bajo el esquema PITEX de los ciclos 2001/2002 y 2002/2003, sin embargo acaba de recibir autorización para importar 27 mil toneladas, según versiones de la Cámara de la Industria Azucarera.
Esta misma empresa, que esta importando azúcar bajo el programa PITEX, en un lapso de 45 días importó 37 mil 570 toneladas, cantidad equivalente a 30 veces su requerimiento promedio mensual histórico.
No es admisible que un Acuerdo, que pretende desarrollar nuestra planta productiva y el empleo, muestre inconsistencias de ese tamaño, fallando en el control, que es su principal cometido.
Estas inconsistencias promueven prácticas de comercio desleal y disimulan operaciones irregulares, que pudieran tipificarse como delictivas. Por todo esto es de extrema importancia que el Ejecutivo Federal atienda lo aquí expuesto.
Estos breves antecedentes pretenden mostrar el grado de riesgo a que ha quedado expuesto uno de los mas importantes sectores de nuestro agro, que ha sido y es motor del desarrollo en amplias regiones del medio rural mexicano.
Con base en lo expuesto anteriormente, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDOUNICO.- SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EN FUNCION DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA VUELVA A INCLUIR AL AZUCAR EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LA IMPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS, DEVOLVIENDOLE ASÍ LA CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO SENSIBLE, COADYUVANDO AL FORTALECIMIENTO DE ESTA CADENA PRODUCTIVA.
Atentamente.
Dado en el Palacio Legislativo.--- San Lázaro a los 13 días del mes de abril de 2004.--- Dip. Carlos Blackaller Ayala (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Como lo solicita el promovente, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Economía.
En el uso de la palabra el diputado Carlos Noé Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a las dependencias responsables del sector de comunicaciones, tengan a bien fijar las tarifas de telefonía celular, de acuerdo con los estándares internacionales que rigen la telefonía móvil.
El diputado Carlos Noé Tiscareño Rodríguez:Con su permiso de la Presidencia y por la brevedad del tiempo que se me permite para la exposición de este documento, le solicito se inserte el contenido íntegro de la presente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
La siguiente exposición de motivos hace un relato de cómo ha evolucionado la telefonía celular en nuestro país. En el año de 1996 se introdujo el uso de la tarjeta de prepago; en 1997 los esquemas de descuento se aplicaban a las llamadas entrantes. A partir del 1º de mayo de 1999, por falta de acuerdos y convenios entre operadoras celulares y Teléfonos de México, se introdujo la modalidad ``el que llama paga'', a partir de esa fecha han crecido de manera notable el número de usuarios en telefonía celular.
Un reciente estudio comparativo del costo de interconexión por minuto sin impuestos, muestra que Brasil cobra en promedio $1.24, siendo el país de América Latina con la cuota más baja en comparación con México, que cobra $2.12
Cito algunos otros países: el caso de Perú, $1.99; Dinamarca, $1.65; Italia, 41.54. Lo anterior por mencionar algunas naciones. No es posible que en México existan tarifas superiores a las establecidas por los países de América Latina so pretexto de requerir capital para inversión. No es posible que actualmente se estén aplicando las tarifas máximas y que son las más altas o unas de las más altas en el mercado mundial.
Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a su consideración el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados exhorta al director de la Cofetel y a los responsables de las dependencias en el sector comunicación, a llevar a cabo un análisis comparativo internacional, para que las tarifas de telefonía móvil se ajusten con respecto al costo por minuto que actualmente se encuentran vigentes en Latinoamérica y Europa.
Segundo. Se exhorta al director de la Cofetel a que elabore y entregue un informe detallado acerca de los costos por minuto que actualmente aplican en las empresas de telefonía móvil en México.
Gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a las dependencias responsables del Sector de Comunicaciones a fijar las Tarifas de Telefonía Celular de acuerdo con los estándares internacionales que rigen la Telefonía Movil, a cargo del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo la siguiente
Exposición de MotivosConsiderando que las empresas de telefonía celular prestan notables servicios y beneficios para los usuarios, tanto en el rubro de comunicación directa entre particulares, así como un instrumento de apoyo para el desarrollo de sus actividades. Las cuotas por minuto en la telefonía celular, son las tarifas máximas autorizadas o registradas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y sus niveles serán los máximos aplicables. A partir de ellas, las empresas podrán estructurar promociones y otorgar descuentos a los usuarios en igualdad de circunstancias de manera equitativa y no discriminatoria, atendiendo las necesidades de los usuarios.
En los antiguos textos de la economía básica, el sector de telecomunicaciones era utilizado como ejemplo típico de monopolio natural, donde las economías de escala conducían a que una sola empresa prestara el servicio a un menor costo que un conjunto de compañías. En estos casos, el Estado debía regular este monopolio para garantizar que no cobrara tarifas excesivas, que cumplieran sus metas de expansión y que proporcionara un servicio de calidad a los usuarios.
Compañeros Legisladores, es pertinente mencionar que el servicio telefónico celular se inicio en 1990, con la asignación de 18 concesiones a 10 empresas, de forma tal que cada una de las 9 regiones en que se dividió el país, existieran dos operadores. Durante los primeros años el servicio creció a un ritmo moderado y en diciembre de 1994 se tenían únicamente 572 mil usuarios.
En 1996 se introdujo el uso de la tarjeta de prepago, y en 1997, los esquemas de descuentos a las llamadas entrantes. A partir de mayo de 1999, con base a lo establecido en la regla vigesimatercera de las Reglas del Servicio Local y de conformidad con la resolución emitida por la Cofetel en noviembre de 1998, en la que se establecieron las condiciones de interconexión que no fueron convenidas entre los operadores celulares y Telmex, se introdujo una nueva modalidad de cobro denominada ``El que llama paga''. Estas nuevas opciones permitieron un acelerado crecimiento en el número de usuarios y en el tráfico celular.
A partir del inicio de la modalidad ``El que llama paga'', el 1 de mayo de 1999, el número de usuarios de servicios de telefonía móvil ha crecido a tasas superiores a las observadas con anterioridad a la introducción de dicho esquema. Desde la implementación de dicha modalidad, el número de usuarios a nivel nacional creció de aproximadamente 4.2 millones a 11.3 millones a julio del 2000, lo que, sin duda, ha contribuido en forma importante al incremento de la teledensidad en nuestro país.
Debido a este acelerado crecimiento, la calidad del servicio de las redes celulares se deterioró notablemente. Asimismo, la Cofetel exhortó a las empresas a invertir lo necesario para mejorar la calidad de servicio en sus redes, así como para prevenir futuras degradaciones del servicio, provocadas entre otras cosas por el incremento del número de usuarios de telefonía móvil, que durante los últimos meses ha sido superior al 100%.
Como ejemplo de los estándares internacionales, hacemos referencia a que el regulador venezolano de telecomunicaciones, prepublicó en diciembre del 2000 un ``informe sobre el estudio de comparación internacional para los cargos de interconexión'', en el cual se proponía un cargo de interconexión de US $15.70 centavos por minuto a partir de junio de 2002. Chile, Sudáfrica, Suecia, Perú, México y Grecia fueron los países seleccionados para el estudio. Por su parte el regulador Peruano de telecomunicaciones, estableció un cargo de interconexión por las llamadas de teléfono fijo a móvil de US $18.6 centavos por minuto tasado al segundo sobre la base de un estudio comparativo internacional.
Un reciente estudio comparativo del costo de interconexión por minuto, sin impuestos, muestra que Brasil, en un promedio nacional cobra 11.6, siendo el único país en Latinoamérica que otorga el costo más bajo por minuto en telefonía móvil, ya que a comparación de México, el costo por minuto oscila en 19.9, comparando con países del Continente Europeo, Dinamarca tiene el costo de 15.5, Italia, con 14.4; Reino Unido, con 19.5, el costo por minuto, por mencionar algunas naciones.
Punto de AcuerdoPrimero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al director de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, así como a las dependencias responsables del sector de la comunicación, a que revaloren las tarifas de telefonía móvil con respecto al costo del minuto, que actualmente se encuentra vigente.
Segundo.- Se exhorta al Director de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que elabore y entregue un informe detallado acerca de los costos por minuto, que actualmente aplican las empresas de telefonía móvil.
Dado en el salón de sesiones, Palacio Legislativo, a 13 de abril de 2004.--- Dip. Carlos Noel Tiscareño Rodríguez.»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias a usted, diputado.
Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y como lo pide el promovente, insértese en texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya aparecido en el número correspondiente.Tiene la palabra el diputado Zeferino Torreblanca Galindo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar un proceso que permita descentralizar los trámites relacionados con la administración de la zona federal marítimo-terrestre, a los estados y municipios.
El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo:Con su permiso, señor Presidente:
Día con día se torna más grave la situación por la que atraviesa la zona federal marítimo-terrestre y en concreto las playas mexicanas con vocación turística.
En esta zona concurren los tres niveles de gobierno y ante la falta de coordinación y de elementos humanos, ésta se convierte en tierra de nadie.
En la Ley General de Bienes Nacionales, se establece que la Semarnat podrá celebrar convenios y/o acuerdos de coordinación con los estados y los municipios, con objeto de que administren, conserven y vigilen dichos bienes, sobre todo en aquellos que tienen qué ver con la expedición de concesiones, permisos o autorizaciones, además de sus prórrogas y modificaciones.
En la práctica estos mecanismos tienen un operar tortuoso que no corresponde a las necesidades reales, se convierte en burocrático y caótico, en tanto existe un alto riesgo en la resolución de los expedientes, las consecuencias son invasión, desorden y anarquía en las playas y en las zonas federales.
El esquema resulta poco eficiente para la dinámica municipal que exige soluciones prontas y oportunas en materia de vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal.
Los ayuntamientos terminan siendo convidados de piedra en una situación en la que los tres niveles de gobierno concurren sin mucha claridad en un mismo territorio.
El principal activo y atractivo turístico en el que se asientan cuantiosas inversiones de un municipio, se encuentra en la zona federal marítimo-terrestre y éste escapa a su dominio regulatorio.
Si un fenómeno natural hace desaparecer las playas de un municipio, con ellas desaparecerá también el bienestar económico de sus pobladores y si un municipio permite la contaminación progresiva de sus playas, su fracaso en todas las actividades irá en proporción directa.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que impulse decididamente la celebración de acuerdos o convenios de coordinación para el uso y aprovechamiento sustentable de la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar, con objeto de que los gobiernos y los municipios, en su caso, administren y vigilen dichos bienes. Para ello deberá informar en un plazo no mayor de seis meses a esta soberanía, sobre las acciones que esté llevando a cabo sobre el particular.
Segundo. Se solicite a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo no mayor a tres meses, un informe sobre el estado de rezago que guardan los trámites relacionados con los expedientes en materia de zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar, así como propuestas para acabar con dicho rezago.
Tercero y último, señor Presidente. Se exhorte a la Secretaría de Turismo, para que a la brevedad posible, conforme al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables de Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, emita los criterios con los que podrá otorgar, de ser procedente, permisos para ejercer el comercio ambulante en las playas y en la zona federal marítimo-terrestre.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar un proceso que permita descentralizar los trámites relacionados con la administración de la zona federal marí- timo-terrestre a los estados y los municipios, a cargo del diputado Zeferino Torreblanca Galindo, del grupo parlamentario del PRD.
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesLa Ley General de Bienes Nacionales establece en su capítulo IV ``De la Zona Federal Marítimo Terrestre y de los Terrenos Ganados al Mar'' diversos conceptos con relación a la administración, conservación y vigilancia de dichos bienes.
Conforme a la citada Ley en su artículo 49, cuando la costa presente playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre estará constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de estos en el mar, hasta 100 metros río arriba.
La Ley General de Bienes Nacionales, fue reformada en su artículo 50 y se le adicionó el artículo 50 Bis el 31 de diciembre del 2001. En su artículo 50 establece que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que los gobiernos de los estados y los municipios, en su caso, administren, conserven y vigilen dichos bienes. El artículo 50 Bis presenta las bases a las que deberán sujetarse los gobiernos de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios para celebrar estos convenios o acuerdos de coordinación.
A la fecha no se tiene conocimiento de que se tengan realizados convenios o acuerdos de coordinación con estados y los municipios para dicho fin. Lo anterior, está ocasionando consecuencias graves. En especial, con relación a los trámites que se requieren realizar para el uso y goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar. Sobre todo, en aquellos trámites que tiene qué ver con la expedición de concesiones, permisos o autorizaciones, además de sus prórrogas y modificaciones.
De 15 trámites al respecto, sólo tres pueden ser realizados por las delegaciones federales de la Semarnat, el de permiso de comercio ambulante, además de su prórroga y modificaciones a sus condiciones; sin embargo para su expedición legal dependen de la emisión de criterios por parte de la Secretaría de Turismo, como la señala el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar en sus artículos 11 y 12. En la práctica, no funciona este esquema, en virtud de que la Secretaría de Turismo no ha emitido dichos criterios. Por tanto las delegaciones federales de la Semarnat no pueden otorgar permisos de comercio ambulante. Las consecuencias son invasiones, desorden y anarquía en las playas y Zona Federal Marítimo Terrestre de los principales sitios turísticos del país.
Los otros 12 trámites restantes corresponden a básicamente a la ocupación en Zona Federal Marítimo Terrestre, es decir, concesiones, permisos y autorizaciones. Los 12 trámites en su totalidad, son resueltos de manera central por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat. Dicha dirección por diversos problemas se enfrenta a un alto rezago en la resolución de sus expedientes. Por ejemplo, en el caso del estado de Guerrero, se estima un rezago de más de 800 expedientes. Lo anterior tiene como principales consecuencias en la Zona Federal Marítimo Terrestre, la inseguridad jurídica de las ocupaciones, baja recaudación por pago de derechos de uso y goce, así como problemas por invasión.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente
Proposición con punto de acuerdoPrimero. Se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que impulse decididamente la celebración de acuerdos o convenios de coordinación para el uso y aprovechamiento sustentable de la Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar, con el objeto de que los gobiernos de los estados y los municipios en su caso, administren, conserven y vigilen dichos bienes. Para ello, deberá informar en un plazo no mayor a seis meses a esta soberanía sobre las acciones que este llevando a cabo al respecto.
Segundo. Se solicite a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en un plazo no mayor a tres meses, un informe sobre el estado del rezago que guardan los trámites relacionados con los expedientes en materia de Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar, así como sus propuestas para acabar con dicho rezago.
Tercero. Se exhorte a la Secretaría de Turismo para que a la brevedad posible conforme al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar emita los criterios, con los que podrán otorgar en su caso y ordenadamente permisos para ejercer el comercio ambulante en las playas y la Zona Federal Marítimo Terrestre.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, 13 de abril de 2004.--- Dip. Carlos Zeferino Torreblanca Galindo (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de transferir o reasignar recursos financieros al Gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la elaboración de los estudios de factibilidad técnico-financieros y el proyecto ejecutivo para cuatro líneas de transporte masivo en la zona oriente del estado de México.
El diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Durante los últimos 60 años, la población de la zona metropolitana del Valle de México se ha incrementado sensiblemente pasando de 1 millón 750 mil habitantes a 18 millones en la actualidad.
La expansión urbana se extiende del Distrito Federal hacia 17 municipios del estado de México, entre ellos: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco y valle de Chalco, Solidaridad, que se ubican en la zona oriente de la entidad.
Sin dejar de ser sorprendente el crecimiento en términos cuantitativos lo realmente destacado es el origen del crecimiento, dejó poco a poco de ser el producto de la migración rural urbana para convertirse en un fenómeno de desplazamiento poblacional urbano-urbano, concretamente expulsión de población de la Ciudad de México hacia la periferia.
Asimismo, la tendencia registrada indica que este crecimiento poblacional, tendrá una dinámica más acelerada en los municipios de la zona oriente en el corto, mediano y largo plazos.
Además de la aguda carencia en la dotación de servicios básicos, debe considerarse que los habitantes de la región oriente corresponden a los estratos sociales más débiles en materia de empleo, ingreso y seguridad social, baste decir que el 50% de los trabajadores perciben un ingreso entre cero y dos salarios mínimos, la gran mayoría gana un salario mínimo y en Chimalhuacán, por ejemplo, el 70% vive en la pobreza o peor aún, en la miseria extrema.
De acuerdo con estimaciones, la tercera parte del salario de los habitantes se emplea en transporte hacia sus centros de trabajo, ubicados principalmente en el Distrito Federal, Tlalnepantla y Naucalpan; el tiempo diario de recorrido promedia cuatro horas, consumiendo un tiempo valioso que podría ser dedicado al descanso y a la necesaria convivencia familiar. Para remate, 40 mil camiones, microbuses y combis del rumbo, agravan diariamente la contaminación del aire en el valle de México.
Por todo lo anterior, constituye una imperiosa necesidad la introducción de cuatro líneas de transporte masivo en la zona oriente, estimándose una demanda diaria de 600 mil pasajeros y un beneficio a los 4 millones de habitantes de los ocho municipios ya mencionados; consecuentemente, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de transferir o reasignar recursos financieros al gobierno del estado de México a través de la Secretaría...
Termino, señor Presidente. ...
De Comunicaciones y Transportes para la elaboración de los estudios de factibilidad, técnicos y financieros y el proyecto ejecutivo para las cuatro líneas de transporte masivo: Chimalhuacán-Pantitlán, La Paz-Texcoco, La Paz- Ixtapaluca y Xochiaca-Chalco.
Señor Presidente, con base en los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso y dada la naturaleza del problema, solicito se otorgue el trámite de urgente y obvia resolución.
Apoyan esta propuesta 158 firmas de diputados federales, 43 firmas de ediles de los ayuntamientos y 105 mil firmas de ciudadanos interesados.
Muchas gracias.
«Punto de acuerdo, a fin de solicitar al titular del Ejecutivo Federal que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público a efecto de transferir o reasignar recursos financieros al gobierno del estado de México, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la elaboración de los estudios de factibilidad, técnico-financieros y el proyecto ejecutivo correspondientes a cuatro líneas de transporte masivo en la zona oriente de dicha entidad, a cargo del diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez, del grupo parlamentario del PRI
Con la venia de la Presidencia, compañeros y compañeras legisladores:
ConsideracionesEs una obligación de los gobiernos enfrentar los problemas más serios que aquejan a la ciudadanía, en este caso particular, aquellos derivados del crecimiento de la mancha urbana y sus implicaciones para la población, sobre toda la de escasos recursos. El crecimiento demográfico en el Valle de México y la expansión físicas de las ciudades ha rebasado las demarcaciones municipales, dando carácter verdaderamente regional a la problemática urbana. Es ya un hecho indiscutible que las transformaciones urbanas y demográficas ocurridas en la región conurbada, han rebasado sobradamente el marco de acción y el ámbito jurisdiccional municipal en la planeación del desarrollo y nos imponen como marco de referencia y acción la escala regional en la atención eficiente de las necesidades sociales. De aquí se desprende la urgente necesidad de una estrecha colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y los poderes del Estado.
La dinámica demográfica del país, derivada de circunstancias económicas profundas que se manifiestan en la incapacidad del campo para satisfacer las necesidades de empleo, ingreso digno y servicios a la población rural, ocasionó un sostenido flujo migratorio rural-urbano, que continua hasta nuestros días. Al reducirse por razones naturales el espacio disponible para uso urbano en el actual territorio de la Ciudad de México, el resultado casi obligado era que la expansión urbana rebasara los límites de la ciudad capital y que impactara al territorio del Estado de México, destacadamente en los municipios vecinos a la Ciudad de México.
Durante los años cuarenta la Zona Metropolitana del Valle de México tenía una población 1,754,530 habitantes, de los cuales 1,645,422 se concentraban en la Ciudad de México; sin embargo a partir de los cincuenta el crecimiento empieza a desplazarse paulatinamente hacia la áreas circunvecinas en el Estado de México, principalmente hacia los municipios de Chimalhuacán, Naucalpan y Tlalnepantla.
Entre 1960 y 1970, la expansión urbana se extiende hacia siete municipios del Estado de México, entre ellos Netzahualcóyotl y La Paz, con una población de 5,155,327 habitantes, que en relación con el año 1950, la población había registrado un incremento en casi 73%. Para 1980, la zona metropolitana cubría ya la totalidad de las delegaciones del Distrito Federal y fusionó en una sola ciudad los municipios mexiquenses de Chalco, Chicoloapan e Ixtapaluca, entre otros, alcanzando una población metropolitana de 13,734,654 habitantes; este aumento representaba el 59%, en relación con 1970.
Pero sin dejar de ser sorprendente el crecimiento en términos cuantitativos, lo novedoso en este último periodo radicaba en que definitivamente estaba cambiando el origen del crecimiento: había dejado de poco a poco de ser el producto de la migración rural-urbana, para convertirse en un fenómeno de desplazamiento poblacional urbano-urbano, concretamente, de la expulsión de población del Distrito Federal hacia la periferia.
De acuerdo con el censo 2000 de INEGI, la Zona Metropolitana del Valle de México tenia una población de 18,351,878 de habitantes, correspondiendo 3,046,987 de ellos a los ocho municipios conurbados de la Zona Oriente: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco y Valle de Chalco Solidaridad.
El incremento poblacional en esta región ha sido verdaderamente alarmante, como puede apreciarse a manera de ejemplo en el caso de Chimalhuacán, cuya población aumentó en más de 100% en los años noventa, pasando de 242,317 a 490,772 habitantes.
Para situarnos en el contexto nacional y apreciar en toda su magnitud la gravedad de la situación expuesta, basta decir que de acuerdo con INEGI, la población total en el año 2000 en los ocho municipios conurbados de la Zona Oriente, fue superior a la de 20 estados de la República; tan sólo Chimalhuacán supera la población del estado de Baja California Sur.
Y el crecimiento continúa. De acuerdo con las proyecciones de INEGI, para el año 2020 la Zona Metropolitana alcanzará la cifra de 25,135,878 habitantes, superior en casi 7 millones a la población registrada en el año 2000. Y las tendencias registradas indican que en un alto porcentaje este crecimiento se orientará más aceleradamente a los municipios de la zona Oriente, donde tendrá su mayor impacto.
Ciertamente, el proceso de urbanización en esta zona ha sido heterogéneo; por ejemplo, mientras que en Netzahualcóyotl se cuenta con casi todos los servicios públicos, en Chimalhuacán, el municipio vecino, el rezago es verdaderamente dramático. Quien no conozca inmensos cinturones de miseria y abandono, difícilmente puede imaginar el abandono en que viven allí cientos de miles de seres humanos, y eso a escasos 28 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México.
El crecimiento demográfico y urbano ha ocurrido de manera caótica, ajeno a toda atención integral a las necesidades de la población. Además de la dotación de servicios, debe tomarse en cuenta que los habitantes de la región oriente corresponden a los estratos sociales más débiles en materia de empleo, ingreso y seguridad social. Basta decir que el 50% de los trabajadores perciben un ingreso entre cero y dos salarios mínimos; la gran mayoría gana un salario mínimo.
De acuerdo con estimaciones, la tercera parte del salario de los habitantes se emplea en transporte hacia sus centros de trabajo, ubicados en su mayoría en el Distrito Federal, Tlalnepantla o Naucalpan. El tiempo diario de recorrido se oscila en torno a cuatro horas, consumiendo un tiempo valioso que podría ser dedicado al descanso y a la necesaria convivencia familiar. No exageramos al decir que estas circunstancias hacen de Chimalhuacán y otros municipios auténticas ``Ciudades Dormitorio'', todo esto agravado por el aumento progresivo de la pobreza y el costo de transporte.
La expansión de la mancha urbana y el crecimiento poblacional, combinados con la falta de un servicio de transporte eficiente, han provocado altos niveles de contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México. Según registros de Proaire del contenido del aire obtenidos en 1988, el 84% de las emisiones contaminantes fueros generadas por las unidades de transporte y de este total el 45.5% corresponde a emisiones de automóviles particulares y 54.6% a unidades de transporte público.
En el año 2002 en la Zona Metropolitana del Valle de México se originaron más de 33 millones de tramos-viajes diarios: 81.7% en transporte público y 18.3% en transporte particular. El pronóstico es que para los años 2010 y 2020 la cifra ascienda a 37.5 y 40.7 millones de tramos-viaje diarios, respectivamente.
Asimismo, en 2002 la afluencia del Metro fue de 3.8 millones de pasajeros diarios en las 11 líneas del Metro, cuya longitud total es de 201.7 kilómetros, de los cuales sólo se han construido 13.9 kilómetros en territorio del Estado de México.
La demanda creciente de transporte masivo, no ha podido ser atendida debidamente por el gobierno estatal debido a la carencia de recursos económicos y es el caso que el problema se acentúa con el paso del tiempo, con consecuencias cada día más perniciosas. A las insuficiencias mencionadas en el precario sistema de transporte público existente, debe agregarse la incomodidad, el exceso de pasaje por unidad, el hacinamiento, el mal estado de los vehículos, la irregularidad en las salidas y recorridos, la elevada inseguridad que se hace manifiesta en frecuentes accidentes de tránsito y el mal trato a los pasajeros, entre otras desventajas que la actual situación impone a los usuarios.
El exceso de pequeñas unidades que hoy constituyen la estructura del transporte público, ocasiona los cotidianos y costosos congestionamientos viales y el aumento de contaminantes producidos por el creciente número de vehículos automotores particulares y de servicio público concesionado, como microbuses, autobuses y transporte de carga. Añádase a ello la enorme concentración de población, los altos tiempos de viaje en transporte público -y también privado, debido a los embotellamientos- y el consiguiente desgaste físico, estrés y reducción en le rendimiento laboral que todo esto causa. También se deriva de todo esto una elevada contaminación sonora y el enorme gasto de combustible de las miles de pequeñas unidades que proporcionan el servicio, con el consecuente incremento en la contaminación del aire. Por todo lo anterior, constituye una imperiosa necesidad la introducción de cuatro líneas de transporte colectivo en la Zona Oriente del Estado de México, para lo cual se requiere la realización de los estudios de factibilidad técnicos y financieros y el correspondiente proyecto ejecutivo. Las líneas propuestas son las siguientes.
1.- Chimalhuacán-Pantitlán, con una longitud de construcción aproximada de 20 kilómetros, que beneficiaría a los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, con una población de 2,000,000 de habitantes y una demanda diaria estimada de 200,000 pasajeros.
2.- La Paz-Texcoco, con una longitud aproximada de 23 kilómetros, de la cual se benefician los municipios de Chimalhuacán, Chicoloapan, La Paz y Texcoco, la población estimada es de 1,600 000 habitantes y la demanda diaria, de 100,000 pasajeros. En esta línea podrán aprovecharse las vías férreas y derecho de vía federal ya existentes en la zona desde el porfiriato, reduciendo así el costo de inversión, ya que no sería necesaria la expropiación de terrenos de particulares y el pago de los mismos.
3.- La Paz-Ixtapaluca, cuya longitud aproximada es de 18 kilómetros y que beneficiará a los municipios de La Paz, Ixtapaluca y Chicoloapan; la población estimada es de 850,000 habitantes y la demanda diaria, de 150,000 pasajeros.
4.- Xochiaca-Chalco, con una longitud aproximada de 15 kilómetros, beneficiando a los municipios de La Paz, Chalco y Valle de Chalco, con un total de 1,200,000 habitantes y una demanda diaria estimada de 150,000 pasajeros.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de AcuerdoUnico: Se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de transferir o reasignar recursos financieros, al Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la elaboración de los estudios de factibilidad técnicos y financieros y el proyecto ejecutivo para cuatro líneas de transporte masivo Chimalhuacán- Pantitlán, La Paz- Texcoco, La Paz-Ixtapaluca y Xochiaca-Chalco, en la zona oriente del estado de México.
Señor Presidente, con base en los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso y dada la naturaleza del problema, solicito se otorgue el trámite de urgente y obvia resolución.
Asimismo, señor Presidente, dejo en manos de la Secretaría el texto completo de la proposición con punto de acuerdo, solicitando se publique en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 15 de abril del 2004.--- Diputados: Alberto García Cuevas, Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), Blanca Esthela Gómez Carmona, Emilio Chuayffet Chemor, Felipe Medina Santos (rúbrica), Fernando Fernández García (rúbrica), Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Gaspar Avila Rodríguez (rúbrica), Gema Isabel Martínez López (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Isaías Soriano López (rúbrica), Jesús Adolfo Murat Macías, José Carmen Arturo Alcántara Rojas, José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica), José Rangel Espinoza (rúbrica), Marco Antonio Gutiérrez Romero (rúbrica), María Isabel Maya Pineda, Pablo Bedolla López (rúbrica), Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Víctor Ernesto González Huerta (rúbrica) y Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias a usted.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Se considera de obvia resolución.
En consecuencia, está a discusión la proposición.
Esta Presidencia tiene el registro de los siguientes oradores, diputados: Francisco Juan Avila Camberos y Manuel Gómez Morín Martínez del Río, ambos del Partido Acción Nacional, con lo que queda cubierta la hipótesis del artículo 122 de nuestro Reglamento.
En el uso de la palabra el diputado Francisco Juan Avila Camberos.
El diputado Francisco Juan Avila Camberos:Con su venia, señor Presidente:
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Adelante.
El diputado Francisco Juan Avila Camberos:Señoras diputadas; señores diputados:
La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional apoya de manera decisiva la transferencia o reasignación de recursos financieros que se destinen a la elaboración de proyectos ejecutivos y estudios de factibilidad, técnicos-financieros, correspondientes a cuatro líneas de transporte masivo en la zona oriente del estado de México, tomando en cuenta que esta propuesta generará soluciones para varios millones de habitantes de la zona metropolitana, que actualmente sufren de las graves consecuencias y deficiencias acumuladas durante décadas en materia de transporte público, resultará de un gran beneficio que en esta administración federal se promuevan y continúen acciones para resolver de fondo la problemática descrita.
Dado que para llevar a cabo la transferencia o reasignación señalada en el presente punto de acuerdo, se requiere contar, primero, precisamente con la disponibilidad de recursos, mismos que a la fecha no han aumentado de manera significativa por falta de una reforma fiscal y que también hará falta destinar más dinero para cubrir el costo de los estudios y proyectos que ya también solicitan diputados de otros distritos y de diferentes estados, los cuales se requieren contratar y concluir en este año, para llevar a cabo muchas de las obras que se necesitan para el año 2005.
Hacemos un atento y respetuoso llamado a todos los legisladores, para que a la brevedad posible nos pongamos a trabajar en el diseño de una verdadera reforma fiscal, verdaderamente justa, equitativa, viable y promotora del desarrollo, que le permita al Gobierno Federal captar recursos suficientes, para atender satisfactoriamente las crecientes demandas del país.
De lo contrario corremos el riesgo de que puntos de acuerdo similares al arriba mencionado, se quedan simplemente en buenas intenciones, que no fructificarían por falta de dinero.
El país demanda no sólo buenas intenciones, sino también buenos resultados; los legisladores, en este caso, tenemos un gran reto que atender y solucionar.
Es cuanto que tengo decir, señor Presidente.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Manuel Gómez Morín Martínez del Río, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Manuel Gómez Morín Martínez del Río:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Los acontecimientos en nuestro país y todo aquello que afecta a la sociedad mexicana debe ser de nuestro interés como legisladores y convertirse en objeto de análisis, estudio y discusión en esta Asamblea.
Es por eso que hoy, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, hago uso de esta tribuna para expresar nuestro posicionamiento en torno al punto de acuerdo que está a discusión.
No podemos permanecer ajenos al enorme problema que genera el crecimiento poblacional en nuestro país, particularmente en el valle de México. El crecimiento demográfico ha sobrepasado por mucho el desarrollo y la infraestructura tanto del Distrito Federal como de los municipios conurbados del estado de México.
El crecimiento demográfico y urbano ha ocurrido de manera caótica, ajeno a toda atención integral a las necesidades de la población; como lo señala el punto de acuerdo, tanto el crecimiento poblacional como el desarrollo en la infraestructura urbana, no son homogéneos ni equitativos en todas las regiones del valle de México, normalmente resultan mayormente afectadas las zonas más marginadas, ya que son las que con mayor frecuencia enfrentan carencias de servicio en infraestructura pública.
No podemos negar que gran parte de los problemas que actualmente se viven en el valle de México como consecuencia del crecimiento poblacional, se deben a la falta de planeación para el crecimiento y desarrollo urbano que por varias administraciones no fueron tomadas en consideración.
En la actualidad los gobiernos comienzan a tomar mayor conciencia del fenómeno poblacional y de los crecientes problemas que trae aparejado, si es que no se previenen mediante planeación con visión en mediano y largo plazo.
Problemas como el que plantea el punto de acuerdo deben atenderse, no con soluciones de corto plazo, menos aún con obras o acciones que solamente benefician a sectores de la población con capacidad para adquirir vehículos automotores o pagar servicios de transporte público oneroso o a gremios de transportistas que cobran cuotas para muchos excesivas.
Se requieren soluciones de largo plazo, que impliquen obras y acciones que permitan contar con servicios de transporte público de gran capacidad, amplia cobertura y bajo costo para los usuarios, en beneficio de los sectores más marginados.
No podemos seguir enfrentando los problemas persiguiendo a las soluciones, es ya imperante enfrentar el crecimiento urbano mediante la previsión, se requiere desarrollar políticas públicas y urbanistas, que permitan planear al futuro, y no sólo en aquellas que solucionan problemas generados por vicios o errores de pasado.
Es por los argumentos anteriores que Acción Nacional se posiciona a favor del punto de acuerdo que hoy se presenta. El tema es importante, temas coyunturales parecen indicar el rumbo y marcar el paso a la agenda nacional. Se torna en urgente y provocan que lo importante se desatienda.
Hagamos cuanto esté a nuestro alcance para atender prioritariamente lo importante, antes de que lo importante se convierta en urgente.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Suficientemente discutida.
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que no reduzca los proyectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero.
El diputado José Antonio Cabello Gil:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, someto a la consideración de esta Asamblea, proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a no reducir los pro- yectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero, mismo que presento con base en las consideraciones expuestas en el cuerpo de esta proposición y cuya lectura omito.
Solicito a la Presidencia se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Me limito a decir que existe una creciente preocupación por parte de la comunidad cultural, en el sentido de que las acciones que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores en pro de la difusión y promoción de nuestra cultura en el exterior, se vean severamente afectadas por las disposiciones de austeridad y racionalidad presupuestaria establecidas en el Presupuesto de Egresos.
Por esto, someto a la consideración el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que sin omitir las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria establecidas en el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal, no se sacrifiquen los proyectos culturales que realiza a través de la unidad de asuntos culturales de representaciones de México en el exterior y del Instituto de México.
Segundo. Se exhorta a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores a que en aras de compensar las posibles limitaciones en la realización de actividades culturales, derivadas de las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestarias establecidas en el Presupuesto de Egresos referido, se prioricen proyectos culturales en los cuales se tenga como principio básico la coordinación inter e intra institucional, así como la participación de las diversas organizaciones y grupos sociales y privados vinculados o interesados en el ámbito cultural, a fin de aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros con que cuentan.
Tercero. Esta Cámara de Diputados se une, en la medida de sus posibilidades, a coadyuvar para que la Secretaría de Relaciones Exteriores realice plenamente sus objetivos de vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México en el exterior, así como el de ampliar y profundizar las relaciones culturales con las distintas regiones del mundo.
Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a no reducir los proyectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN
Ciudadanos Diputados:
El que suscribe, diputado federal José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, haciendo uso de la facultad que le otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a no reducir los proyectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero, que presenta con base en las siguientes
ConsideracionesPrimera. El Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, desde su campaña política para la Presidencia argumentó la importancia de la cultura en nuestra nación, enfatizando que la ``herencia cultural que poseemos los mexicanos es una de las más sustantivas, duraderas y valiosas del mundo. Mucho hemos creado y mucho y más merecemos seguir creando''.
Segunda. En el mismo marco de su campaña, Vicente Fox propuso como prioridad en materia de política exterior enfrentar creativamente la globalización a través del principio de ``que las embajadas y los consulados deben hacer de la cultura mexicana una ventaja comparativa de nuestra política exterior. El objetivo es claro: impulsar en México una cultura de vanguardia para salir al mundo. No podemos ni debemos aislarnos. La cultura mexicana se empobrecería, perdería su fuerza y su carácter universal''.
Tercera. En congruencia con sus propuestas de campaña, el Presidente Vicente Fox plasmó las propuestas arriba señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Por un lado, se señala que México está en ``posibilidad de poder promover la imagen de un país democrático, tolerante y seguro, la cual refleje la transparencia, la pluralidad y el vigor de nuestros procesos políticos, económicos, sociales y culturales''.
Por otro lado, se afirma que, en ``respuesta a las necesidades derivadas de los cambios en los ámbitos interno y externo, la labor del gobierno en materia de relaciones exteriores para el periodo 2001-2006 se articulará en torno de una serie de objetivos estratégicos. Uno de estos objetivos es el de apuntalar y encabezar los esfuerzos de promoción económica, comercial, cultural y de la imagen de México en aras de un desarrollo nacional sustentable y de largo aliento''.
Para lo anterior, se señala en el mismo objetivo prioritario arriba mencionado que ``la diplomacia mexicana no actúa en el vacío, al ser parte de un proyecto de gobierno y eje central de la acción del Estado... [y que] Como complemento de la estrategia de promoción económica y comercial, se emprenderá una activa política de difusión en el exterior de la rica y diversa cultura mexicana con el fin de dar a conocer nuestros valores culturales y de apoyar una imagen positiva de México en todo el mundo''.
Cuarta. Estos mismos principios son retomados en la estrategia programática planteada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en su Programa de relaciones exteriores para el periodo 2000-2006.
Quinta. Como resultado de una visión de largo plazo, la SRE tiene en su misión la de ``vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México en el exterior'' y ``ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo, a favor del desarrollo integral de todos los mexicanos''.
Sexta. La SRE plantea en su propio programa una serie de actividades tendentes a cumplir su misión. Entre las acciones se encuentran 1. ``Suscribir tratados y acuerdos internacionales e interinstitucionales, así como suscribir convenios de cooperación educativa y cultural''; y 2. ``Realizar visitas, encuentros, conferencias y seminarios para difundir la producción cultural de México en el extranjero''.
Séptima. Dentro de la estructura orgánica de la SRE se tiene la Unidad de Asuntos Culturales, que es la encargada de implantar y dar seguimientos a las dos acciones relevantes mencionadas en el considerando anterior.
Octava. La Unidad de Asuntos Culturales de la SRE tiene como objetivos
Coordinar la negociación, suscripción y ejecución de los convenios para establecer programas bilaterales y multilaterales de carácter educativo y cultural;
Diseñar, impulsar y participar en la ejecución de la política de cooperación educativa internacional;
Coordinar las labores de promoción y difusión cultural en las representaciones de México en el exterior;
Coordinar el Programa de imagen cultural de México en el exterior, así como fomentar la presencia cultural y artística de México a escala internacional;
Realizar, en coordinación con el Instituto de México, actividades que fomenten la presencia cultural y artística de México en el exterior; y
Coordinar los programas de becas para la formación de capital humano que México ofrece a extranjeros y los que los gobiernos extranjeros y organismos internacionales ofrecen a mexicanos.
Novena. Todas las consideraciones anteriores nos llevan a concluir que el gobierno que encabeza el Presidente Vicente Fox tiene clara la importancia y el papel de la cultura como componente del desarrollo integral de la nación, como el conjunto de signos de identidad que nos identifican y como medio para estrechar lazos de amistad y fraternidad con los demás países.
Décima. Frente a la frustrada reforma fiscal, que se discutió en la Cámara de Diputados, el Presupuesto federal para el ejercicio fiscal de 2004 se vio profundamente afectado, pues los recursos con que contará la Federación serán muy reducidos. Ante este panorama, la propia Cámara de Diputados tuvo que integrar una serie de lineamientos presupuestarios para el ejercicio fiscal de 2004, llamadas ``disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria'', cuyo objetivo es tratar de potenciar al máximo el impacto de los recursos federales en áreas prioritarias para el desa-rrollo nacional.
Undécima. Ante este panorama, se ha generado una creciente preocupación por parte de la honorable Cámara en el sentido de que las acciones que realiza la SRE en pro de la difusión y promoción de nuestra cultura en el exterior se vean severamente afectadas por las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestarias establecidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
Duodécima. No debemos permitir que se frene o se disminuya la promoción del entendimiento y el fortalecimiento de los lazos de amistad y fraternidad entre México y los demás países, vía difusión de nuestro legado cultural y artístico.
Por lo anteriormente fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se envíe el presente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para exhortarla a efecto de que, sin omitir las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestarias establecidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, no se sacrifiquen los proyectos culturales que realiza mediante la Unidad de Asuntos Culturales, representaciones de México en el exterior y el Instituto de México.
Segundo. Asimismo, se exhorta a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores que, en aras de compensar las posibles limitaciones en la realización de sus actividades culturales, derivadas de las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestarias establecidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, se dé prioridad a la ejecución de proyectos culturales que tengan como principio básico la coordinación inter e intrainstitucional y la participación de las diversas organizaciones y grupos sociales y privados vinculados con el ámbito cultural o interesados en él, a fin de aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros con que cuentan.
Tercero. La Cámara de Diputados se une, en la medida de sus posibilidades, a coadyuvar para que la Secretaría de Relaciones Exteriores realice plenamente sus objetivos de vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México en el exterior, así como el de ampliar y profundizar las relaciones culturales con las distintas regiones del mundo.
Palacio Legislativo---- San Lázaro.--- México, DF, a 15 de abril de 2004.--- Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica.)»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Túrnese a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Cultura.
El siguiente punto agendado por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se pospone.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para requerir al director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos explique por qué no se toman las medidas de alivio en las casetas de cobro con motivo de los congestionamientos kilométricos, con los efectos contaminantes de costo, daños a la salud, al bienestar anímico del usuario que reduce su velocidad promedio a menos de una tercera parte de las que deben tener ese tipo de carreteras.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Con su anuencia, señor Presidente:
En el pasado periodo vacacional conocido como el de Semana Santa se volvió a poner en evidencia el más sofocante, costoso, contaminante y arbitrario congestionamiento de tránsito en las casetas de cobro de peaje a los usuarios de autopistas que en todas las carreteras de cuota, pero muy especialmente las que llegan o parten de la Ciudad de México, provocan en los usuarios molestias, costos, perjuicio en la salud y trastorno de todo tipo, solamente porque en el momento de efectuar el pago por parte del usuario el flujo es infinitamente superior a la capacidad de atención y cobranza de los cajeros situados en las casetas de cobro.
A manera de ejemplo, nos ubicamos a las 20:00 horas del domingo 11 de abril en el kilómetro 68 de la carretera número 57, en su tramo de Querétaro a la Ciudad de México. En ese momento se paralizó el tránsito, empezaron a moverse a vuelta de rueda los vehículos; en el acotamiento están cavando zanjas profundas sin señalamiento alguno. Caen algunos automóviles y quedan atrapados.
Pero son mucho más los que por recalentamiento, falta de combustible u otra falla están estacionados obstruyendo el acotamiento que, cuando existe alta densidad de tránsito, se utiliza precisamente para aliviar el congestionamiento.
En resumen son 27 kilómetros en tres horas y media: siete y medio kilómetros por hora en la principal autopista del país, 200 kilómetros en cinco horas, haciendo un promedio de 37 kilómetros por hora, y todavía se pagan 110.00 pesos por ello.
Resulta entonces indispensable conocer si hay alguna autoridad que registre, estudie e intente evitar este daño nacional, si resulta conveniente que también las altas autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes utilicen el transporte público para que vivan el drama de esta molestia con su familia.
Hay que calcular, en términos de salud laboral, el efecto que causa en la capacidad productiva de quien se ve atrapado en este absurdo.
Es pues evidente que el director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos no ha pensado en la realización de un solo pago por parte del usuario que utiliza el tramo completo de México a Querétaro y viceversa.
Es, en fin, el punto de acuerdo que propongo el siguiente, solicitando que se inscriba el texto completo en el Diario de los Debates y en la Gaceta.
Unico. Se exhorta a que comparezca el director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos para que explique el por qué no se han tomado las medidas de alivio en casetas de cobro que provocan congestionamientos kilométricos, con los efectos contaminantes de costo, daños a la salud y al bienestar anímico del usuario que reduce su velocidad promedio a menos de una tercera parte de las que deben tener este tipo de carreteras.
Muchas gracias, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para requerir al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos que explique por qué no se toman las medidas de alivio en las casetas de cobro con motivo de los congestionamientos kilométricos, con los efectos contaminantes, de costo, daños a la salud y al bienestar anímico de los usuarios, que reduce la velocidad promedio a menos de una tercera parte de la que debe tener ese tipo de carreteras, presentada por el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia.
El que suscribe diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de la República, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:
ConsiderandosEn el pasado periodo vacacional, conocido como el de Semana Santa, se volvió a poner en evidencia el más sofocante, costoso, contaminante y arbitrario congestionamiento de tránsito en las casetas de cobro de peaje a los usuarios de autopistas que en todas las carreteras de cuota, y muy especialmente las que llegan o parten de la Ciudad de México, provocan en los usuarios molestias, costos, perjuicio en la salud y trastorno de todo tipo, solamente porque en el momento de efectuar el pago por parte del usuario el flujo es infinitamente superior a la capacidad de atención y cobranza de los cajeros situados en las casetas de cobro.
A manera de ejemplo nos ubicamos a las 20:00 horas del domingo 11 de abril en el kilómetro 68 de la carretera número 57 en su tramo de Querétaro a la Ciudad de México. En ese momento se paralizó el tránsito, empezaron a moverse a vuelta de rueda los vehículos. En el acotamiento están cavando zanjas profundas sin señalamiento alguno. Caen algunos automóviles y quedan atrapados, pero son mucho más que por recalentamiento, falta de combustible u otra falla están estacionados obstruyendo el acotamiento que cuando existe alta densidad de tránsito se utiliza para aliviar el congestionamiento.
A medio tramo antes de la caseta (kilómetro 55, aproximadamente) está parada la patrulla No. 017444 de la Policía Federal Preventiva sin hacer nada. Después de hora y media de trayecto se llega a la caseta que llega a Tula. La fila es interminable, pasan muy despacio los automóviles e interrumpen el tránsito en otro carril de la autopista (ahí se encuentra la patrulla No. 07278 de la Policía Federal Preventiva).
Se pasa ese obstáculo y el tránsito continúa lento, al grado que media hora más tarde se llega a otra larga fila detenida, que espera ingresar a la gasolinera donde despachan a cientos de automóviles que tendrán que esperar turno por varias horas.
Veintiséis kilómetros en tres horas y media, siete y medio kilómetros por hora en la autopista más importante del país, doscientos kilómetros en cinco horas y media, haciendo un promedio de treinta y siete kilómetros por hora y todavía se pagan ciento diez pesos por ello.
Por ello resulta necesario conocer lo siguiente:
Se requiere una autoridad que registre, estudie e intente evitar este daño nacional.
Es conveniente que alguna autoridad utilice transporte público para que viva el drama de esta molestia con su familia.
Hay que calcular en términos de salud laboral el efecto que causa en la capacidad productiva de quién se ve atrapado en este absurdo.
Resulta necesario considerar el sentimiento de frustración del usuario contra quien arruina el ánimo del que regresa de unas vacaciones y vive esta situación.
Es evidente que el director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos no ha pensado en la realización de un solo pago por parte del usuario que utiliza el tramo completo de México a Querétaro y viceversa. O en cobrar a los que ingresan a la utopista con casetas antes del acceso a la misma a fin de aliviar las terminales. Asimismo, no ha considerado la posibilidad de implantar un sistema de prepago después de ver el fracaso de IAVE, en el que de cualquier forma se tienen que esperar todos los kilómetros y sólo hasta los últimos metros se puede tener suerte y cruzar rápido.
No se ha considerado tampoco por parte de la Dirección de Caminos y Puentes, que sería mas barato a la nación liberar las carreteras y evitar la contaminación de millones de vehículos expidiendo monóxido de carbono para envenenar el aire por esperas irracionales.
En conclusión existen infinidad de cuestiones a considerar y analizar, porque en verdad no se puede justificar el daño que se hace a la población, a la productividad nacional y al medio ambiente con este irracional mecanismo de cobranzas que no ha tenido modificaciones, excepto un costoso cambio de casetas en la época de Gustavo Carvajal, como director y que no agilizó el flujo sino que lo hizo más lento.
Por lo expuesto, solicito a esta H. Asamblea la aprobación del siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a que comparezca el C. director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos para que explique por qué no se han tomado las medidas de alivio en casetas de cobro que provocan congestionamientos kilométricos, con los efectos contaminantes, de costo, daños a la salud y al bienestar anímico del usuario que reduce su velocidad promedio a menos de una tercera parte de las que deben tener este tipo de carreteras.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 20 de abril de 2004.--- Dip. Jesús González Schmal (rúbrica).»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria si es que no ha sido así y túrnese a la Comisión de Transportes.Tiene la palabra el diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que, a través de la SEP y la Semarnat se incorpore obligatoriamente en los programas de educación pública y privada la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y diversidad de cada una de las regiones y contextos naturales del país.
¿No se encuentra el diputado Miguel Amezcua?
Se pasa al final del orden.
Le concedo el uso de la palabra al diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y transportes, a que se lleven a cabo las verificaciones necesarias al Aeropuerto Internacional, General Abelardo L. Rodríguez de Tijuana y en caso de que no se cumplan en éste las obligaciones que la Ley de Aeropuertos señala, se sancione al grupo concesionario y se revoque la concesión conforme a derecho.
El diputado Manuel González Reyes:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El que suscribe, diputado federal por el municipio de Tijuana, Baja California, Manuel González Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que lleve a cabo las verificaciones necesarias al Aeropuerto Internacional de Tijuana y, en caso de que no se cumplan las obligaciones de conservación, mantenimiento, seguridad, así como las relaciones que existen entre el concesionario y los prestadores de servicios, como son las líneas aéreas, autoridades, comerciantes, empleados y demás relativas a la Ley de Aeropuertos, en dicho aeropuerto, se sancione y revoque la concesión conforme a derecho bajo la siguiente
Exposición de MotivosCon la Ley de Aeropuertos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 1995, inició la participación de la inversión privada en el sistema aeroportuario mexicano. Esta ley establece que para la administración, operación y explotación de aeropuertos, se requiere de una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El Gobierno Federal abrió este sector a la inversión privada mediante el esquema de concesiones. Esta es la razón por la que se le otorga al Grupo Aeroportuario del Pacífico, la concesión del Aeropuerto de Tijuana, uno de los más importantes del país y con un aforo mensual promedio de 142 mil pasajeros. Sin embargo este aeropuerto cuenta con las siguientes deficiencias: hay piratería, ambulantaje, falta de seguridad, instalaciones deterioradas; este aeropuerto tiene adeudos con el gobierno del estado por falta de pago en el consumo de agua, así como con el gobierno municipal por falta de pago en el impuesto predial. Asimismo ha sufrido la Asociación de Prestadores de Servicios de este aeropuerto, hostigamiento y falta a sus derechos humanos por parte de los concesionarios, además de que el administrador del mismo tiene en sí varias averiguaciones previas que se señalan en este punto de acuerdo.
Por estas consideraciones estimamos que no se ha cumplido con los compromisos adquiridos.
Por lo tanto, siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la autoridad responsable de verificar, vigilar y supervisar el buen funcionamiento de este aeropuerto, someto a la consideración el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que lleve a cabo las verificaciones necesarias al Aeropuerto de Tijuana y en caso de que no cumpla las obligaciones de conservación, mantenimiento y seguridad, así como las relaciones con los prestadores de servicios en dicho aeropuerto, se sancione y revoque la concesión conforme a derecho.
Señor Presidente, solicito a usted se publique el texto original en el Diario de Debates.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las verificaciones necesarias al Aeropuerto Internacional, general Abelardo I. Rodríguez; de Tijuana y, de no cumplirse en éste las obligaciones que la Ley de Aeropuertos señala, se sancione al grupo concesionario y se revoque la concesión conforme a derecho, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal por el municipio de Tijuana, estado de Baja California, Manuel González Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que lleve a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Tijuana, General Abelardo L. Rodríguez, y en caso de que no se cumplan las obligaciones de conservación, mantenimiento, seguridad y las demás relativas a la Ley de Aeropuertos, en dicho aeropuerto por parte del grupo concesionario, se sancione y revoque la concesión conforme a derecho bajo la siguiente
Exposición de MotivosCon la Ley de Aeropuertos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 1995, inició la participación de la inversión privada en el sistema aeroportuario mexicano.
En esta ley se establece que para la administración, operación y explotación de aeropuertos, se requiere de la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conforme a los lineamientos generales para la apertura a la inversión en el sistema aeroportuario mexicano.
El Gobierno Federal abrió este sector a la inversión privada mediante el esquema de concesiones, con los objetivos de conservar, modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria, elevar los niveles de seguridad y eficiencia y mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.
Esta fue la razón por la cual se le otorgó al Grupo Aeroportuario del Pacífico, la concesión de doce centrales aéreas del Centro Pacífico y Centro Norte, entre las cuales se encuentra el aeropuerto internacional General Abelardo L. Rodríguez, de Tijuana.
En virtud de que los aeropuertos son de gran importancia para el desarrollo económico y turístico del país, es necesario que éstos cuenten con infraestructura, tecnología y métodos de gestión y operación adecuados para elevar los niveles de eficiencia y operatividad acordes con los estándares internacionales.
En el caso del aeropuerto de Tijuana, uno de los más importantes del país, con un aforo promedio de 142 mil pasajeros diarios, existen serias deficiencias en la seguridad, conservación y mantenimiento de sus instalaciones, así como una funcionalidad y operatividad poco eficaz.
En este aeropuerto se detectan las siguientes deficiencias:
Piratería:
En la zona concurren toda clase de servicios de transporte de personas que no cuentan con autorización.
Ambulantaje:
A la vista de todos, se instalan vendedores ambulantes frente a las instalaciones del aeropuerto, sin que los concesionarios del mismo realicen acciones para evitar este tipo de comercio informal.
Seguridad:
Dentro de las instalaciones del aeropuerto, se dan de manera cotidiana los robos, y en fechas pasadas hasta asesinatos, sin que se tenga al momento medidas concretas por parte de los concesionarios.
Escasez e ineficiencia de filtros de seguridad para el número de pasajeros que circulan dentro de dicho inmueble.
Instalaciones:
Falta de estacionamiento publico y de servicios, falta de limpieza, falta sillas en las salas de acceso, insuficiencia de puertas de contacto y salas de acceso, infraestructura insuficiente de carga dentro del área de operaciones del aeropuerto, suciedad en áreas interiores del aeropuerto y aduanas, falta de infraestructura vial para el ingreso al aeródromo, entre otras.
Adeudos:
El concesionario del aeropuerto internacional de Tijuana General Abelardo L. Rodríguez tiene adeudos tanto con el gobierno del estado y con el gobierno de la ciudad de Tijuana, en rubros que van desde falta de pago en el consumo de agua hasta la falta de pago por concepto de impuesto predial, entre otros.
Asociación de Prestadores de Servicios del Aeropuerto de Tijuana, AC:
Desde 2001, esta asociación ha sufrido hostigamientos y faltas a sus derechos humanos por parte los concesionarios de dicho aeropuerto, además que el administrador del mismo, de origen español, tiene las siguientes averiguaciones previas:
Averiguación Previa 104/01/204 Alejandro Vizcarra en contra de Guillermo Villalba de enero de 2001 , resultante en auto de formal prisión dictado por el juez VII de distrito.
Averiguación Previa 385/01/205 Ana Gabriela Rocha Amaya en contra de Guillermo Villalba, por abuso de autoridad, el 06 de abril de 2001.
Averiguación previa 1613/01 Rodolfo Figueroa Pacheco en contra de Guillermo Villalba, por abuso de autoridad.
Con base en lo observable, puede determinarse que el concesionario, Grupo Aeroportuario del Pacífico, no está cumpliendo con los compromisos adquiridos mediante la concesión ni con las obligaciones que señala la Ley de Aeropuertos en los artículos 14, 22, 26, 27, 31, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 60, 61 y 62 en este sentido, solicitamos en base al articulo 78, 80 y 81 de la misma Ley de Aeropuertos, la verificación, cumplimiento y sanciones aplicables en caso al incumplimiento de esta ley.
Es por estas consideraciones, siendo la Secretaría de Comunicaciones la autoridad responsable de vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar el funcionamiento del sistema aeroportuario mexicano, que someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo``Unico: Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se lleven a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Tijuana General Abelardo L. Rodríguez y, en caso de que no se cumplan las obligaciones que la Ley de Aeropuertos señala, en dicho aeropuerto por parte del grupo concesionario, se sancione y revoque la concesión conforme a derecho.''
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el 13 de abril de 2004.--- Dip. Manuel González Reyes.»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, diputado.
Insértese el texto íntegro de la proposición en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Transportes.
Tiene la palabra el diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición relacionada con los programas de educación pública y privada, en la materia de educación ambiental regional.
El diputado Miguel Amescua Alejo:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Pocos han sido los proyectos con desarrollo sustentable que cuentan con una eficiente aplicación de principios ecológicos. Se han creado leyes de protección al medio ambiente, se han impuesto sanciones económicas fuertes para quienes atentan contra su integridad, pero desgraciadamente los montos económicos que representan dichas adhesiones forman parte en algunos casos de los costos de producción de algunas industrias.
Según algunos expertos estamos a un paso de llegar a un punto sin retorno en lo que a la destrucción del planeta se refiere. Es necesario, además urgente, replantear de manera integral nuestros modelos de desarrollo y dejar que las leyes de protección al ambiente, las severas sanciones para quienes atentan en contra del mismo, serán suficientemente el protegernos.
La actualidad es un tema de actualidad pero como una moda solamente, como algo de lo que todos comentan, pero que al menos como sociedad no practicamos. Y no lo haremos de una manera efectiva si no ponemos una especial atención en el aspecto educativo.
Es prioritario en este momento diseñar un programa educativo en materia ambiental, adecuado a nuestras circunstancias actuales, el cual se ha desarrollado por expertos en materia ecológica y por pedagogos, basándonos en normas de calidad educativa para poder así conscientizar de una manera efectiva la importancia que tienen los recursos naturales para la preservación de la vida en el planeta.
Edifiquemos una nueva conciencia colectiva que permita a los individuos asumirse como parte de un todo en un conjunto con el resto de los seres vivos. Debemos darnos cuenta de que cada ser viviente es tan importante y necesario como todos los demás. Debemos crear programas basándonos en nuestras propias necesidades, analizando cuidadosamente los rasgos de cada región de nuestro país, ya que contamos con un complejo mosaico ético, cultural y geográfico.
Demos pues ese primer paso. Es un asunto que requiere de acciones urgentes y concretas. Se trata de la supervivencia de la vida en el planeta. El tiempo corre y se termina una de las que posiblemente sea nuestra última oportunidad para revertir el deterioro y la destrucción.
Es por eso que pongo a su consideración los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Educación Pública y la Semarnat se incorpore obligatoriamente a los programas de educación pública y privada la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y diversidad de cada una de las regiones y contextos naturales del país.
Segundo. Que la materia de educación ambiental regional forme parte del contenido de los libros de texto gratuito.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para que mediante la SEP y la Semarnat se incorpore obligatoriamente en los programas de enseñanza pública y privada la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y la diversidad de cada una de las regiones y de los contextos naturales del país, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del PRI.
El que suscribe diputado federal a la LIX legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige a ésta soberanía, para presentar la siguiente propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
ConsideracionesLas bases de cualquier cultura son invariablemente la educación, por lo que debemos poner especial atención en formar individuos responsables y concientes de lo que el medio ambiente representa para la integridad de todo cuanto existe en el planeta. Somos uno de los 10 países con mayor diversidad biológica en el mundo, pero también uno de los que cuentan con los mayores niveles de deterioro al medio ambiente.
Sin embargo somos uno de los países también, con raíces culturales más ricas y profundas, contamos con una gran diversidad de entornos étnico-geográficos, los cuales cuentan con sus propios rasgos culturales y sus propias características geográficas, climatológicas etc. Así como su propia flora y fauna, lo que hace que estos ecosistemas tan diferentes unos de otros, tengan también sus propias necesidades de acuerdo a sus particularidades.
Es cierto que se ha trabajado de manera incansable en la elaboración de leyes para proteger nuestros recursos naturales y promover la explotación racional de los mismos con desarrollo sustentable. Pero debemos también considerar la educación como principal herramienta para edificar una adecuada cultura en materia de protección ambiental.
En razón de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración los siguientes
Puntos de acuerdoPrimero.- Se exhorta al poder Ejecutivo, para que a través de la SEP y la Semarnat, se incorpore obligatoriamente en los programas de educación publica y privada, la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y diversidad de cada una de las regiones y contextos naturales del país.
Segundo.- Que la materia de educación ambiental regional, forme parte del contenido de los libros de texto gratuitos
Dado en el Palacio Legislativo, a los 13 días del mes de abril del 2004.--- Dip. Miguel Amezcua Alejo (rúbrica).»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya se adopten las medidas necesarias, a efecto de que sea suspendido y en su caso reintegrado el cobro que por la expedición de credencial de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se está llevando a cabo.
El diputado Emilio Serrano Jiménez:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Este punto de acuerdo está apoyado por más de 200, un poco más de 200 firmas de diputadas y diputados de las diferentes fracciones: Convergencia por la Democracia, del Partido del Trabajo, del Verde Ecologista, del PRD, del Partido Revolucionario Institucional y de algunas y algunos diputados del Partido Acción Nacional.
La solicitud es para que el Ejecutivo Federal instruya y se deje de cobrar 30.00 pesos por la expedición de la credencial del Inapam, considerando que el Insen durante muchos años otorgó esta credencial en forma gratuita. Aparte les cobran 5.00 pesos por inscribirlos en un libro de registro que no se sabe para qué es y también les cobran 5.00 pesos por darles un directorio de empresas privadas que se están publicitando en ese mismo folleto.
Creemos que no se vale que se haga negocio con los que menos tienen, considerando que los adultos mayores son uno de los grupos vulnerables de nuestra sociedad mexicana.
Solicitamos el apoyo de todas y todos ustedes, para que este punto de acuerdo sea aprobado por urgente y obvia resolución y de esta manera se suspenda este cobro indebido que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, contempla que el Inapam debe de otorgar una afiliación a los adultos mayores. Y hay que considerar también que este año se le otorgó un incremento de presupuesto al Inapam de 50 millones de pesos más.
Entonces, apelo a la buena disponibilidad y la conciencia de mis compañeras y compañeros diputados y aprobemos este punto de acuerdo por urgente y obvia resolución.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir para que se adopten las medidas necesarias a efecto de que se suspenda y, en su caso, reintegre el cobro que por la expedición de credencial de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se está llevando a cabo, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de instrumentar a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con la supervisión de la Contraloría de la Federación conforme a los siguientes:
Considerandos1. Que los adultos mayores son uno de los grupos con más vulnerabilidad en el país y permanecen en su gran mayoría relegados al olvido social y familiar después de haber servido de alguna manera a forjar el país del cual gozamos todos hoy.
2. Que fue hasta la creación del Instituto Nacional de la Senectud (Insen) y el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud cuando el Estado de forma propositiva inicia el rescate y reconocimiento de ese enorme sector de mexicanos en rezago social, tratando de dar una dignificación y sentido a sus vidas, mismo que se plasma por la LVIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados con la creación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el correspondiente Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).
3. Que dicha ley tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores regulando la política pública nacional en dicha materia, tratando que todas las acciones se realicen en su beneficio, orientando y fortaleciendo su independencia, capacidad de decisión, su desarrollo personal y comunitario.
4. Que en los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta promoviendo su presencia y participación, teniendo una atención preponderante de parte de las autoridades federales, estatales, municipales.
5. Que deben tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar.
6. Que los adultos mayores miran con gran preocupación el desinterés mostrado hasta hoy por el Lic. Pedro Borda Hartmann director general del Inapam a quien desde el 3 de marzo del año en curso le hice patente la gran inconformidad por el cobro, injustificado de $30.00, de las nuevas credenciales que está emitiendo el Instituto, así como las ``cuotas'' que independientemente del ``costo'' de la credencial, cobran para insertarlos en un ``libro'' $5.00 y la venta de un ``directorio de beneficios en la zona metropolitana'' $5.00
7. Que de forma disfrazada lo manejan como ``donativos'' que en realidad son obligatorios por la presión e intimidación que ejercen los empleados de los lugares que expiden las mencionadas credenciales y que suman la cantidad de $40.00 misma que multiplicada por los aproximadamente 7 millones de adultos mayores de 60 años en todo el país nos arroja la cantidad de $280 millones de pesos.
8. Que las credenciales aún en uso hoy, expedidas por el antiguo Insen fueron gratuitas
9. Que es un principio elemental del derecho que ``las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza''. Siendo que en ninguna parte de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se autoriza a este Instituto a realizar un cobro por expedir las credenciales de afiliación a las personas de la tercera edad. Inclusive, la fracción XIX del artículo 28 de la citada ley, la disposición más específica sobre la materia, confirma lo anterior, al señalar:
``Expedir credenciales de afiliación a las personas adultas mayores con el fin de que gocen de beneficios que resulten de las disposiciones de la presente ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables.''
10. Que la expedición de tal credencial, que por el contrario al artículo 28 lo prevé como una atribución u obligación para el Instituto, a efectos de lo cual recibe los fondos procedentes del presupuesto federal.
11. Que con independencia de lo anterior, es necesario señalar la desproporción absoluta del monto cobrado por la expedición de la credencial, efectuado en contra de uno de los sectores más vulnerables de la población y, a cuyos integrantes se supone que el Instituto debe tutelar y proteger contra todo abuso, pero por el contrario son actores en un triste papel de este fraude contra los adultos mayores.
Por todo lo antes expuesto pongo a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de AcuerdoUno. Esta honorable Cámara de Diputados solicite la inmediata intervención del Ejecutivo Federal para poner un alto a este asunto privatizador y deshonesto, y proceda a la devolución económica a los adultos mayores que ya hubieren causado dichos pagos e instrumente las medidas necesarias para realizar el cambio de credenciales sin costo alguno.
Dos. Se solicite la comparecencia del director general del Inapam para que informe sobre el origen y base de tal cobro, del monto recaudado a la fecha y su destino.
México, DF, a 20 de abril de 2004.--- Diputados: Emilio Serrano Jiménez, Irma Sinforina Figueroa Romero, Valentín González Bautista, Miguel Alonso Raya, Marcos Morales Torres, María de Jesús Aguirre Maldonado, Amalín Yabur Elías, Francisco Suárez y Dávila, Angel Heladio Aguirre Rivero, Alfonso Moreno Morán, Rogelio Rodríguez Javier, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Ady García López, Martha Leticia Rivera Cisneros, José Porfirio Alarcón Hernández, María Sara Rocha Medina, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Francisco Luis Monárrez Rincón, Sami David David, Jesús María Ramón Valdez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Raúl Pompa Victoria, Kanny Arroyo González, Pedro Avila Nevárez, Jaime Fernández Saracho, José Mario Wong Pérez, Ricardo Rodríguez Rocha, Oscar Félix Ochoa, Bernardo Vega Carlos, Salvador Martínez Della Rocca, María Angélica Díaz del Campo, Gelacio Montiel Fuentes, Eliana García Laguna, Inti Muñoz Santini, Clara Marina Brugada Molina, Martha Lucía Mícher Camarena, María Marcela Lagarde y de los Ríos, Agustín Rodríguez Fuentes, René Arce Islas, Jorge Martínez Ramos, Luis Eduardo Espinosa Pérez, José Miguel Luna Hernández, Socorro Díaz Palacios, Wintilo Vega Murillo, Gilberto Ensástiga Santiago, Alfonso Ramírez Cuéllar, Bernardino Ramos Iturbide, Minerva Hernández Ramos, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Yadira Serrano Crespo, Francisco Chavarría Valdeolivar, Abdallán Guzmán Cruz, Enrique Torres Cuadros, Diana Rosalía Ladrón de Guevara Bernal, Pablo Gómez Alvarez, Adrián Chávez Ruiz, Rafael García Tinajero Pérez, Víctor Suárez Carrera, Marcela González Salas, Héctor Miguel Bautista López, Cristina Portillo Ayala, Juan García Costilla, Antonio Mejía Haro, José Luis Medina Lizalde, José Luis Cabrera Padilla, Francisco Javier Carrillo Soberón, Pablo Franco Hernández, Horacio Duarte Olivares, Tomás Cruz Martínez, Rosa María Avilés Nájera, Alejandra Saldaña Villaseñor, Sergio Augusto Magaña Martínez, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María de los Dolores Padierna Luna, Guillermina Manzanares Córdova, José Luis Naranjo y Quintana, Carlos Hernán Silva Valdés, Juan Pérez Medina, Miguel Angel García Domínguez, Ana Lilia Guillén Quiroz, Horacio Martínez Meza, Rocío Sánchez Pérez, Guillermo Guísar Carranza, Rogelio Franco Castán, Arturo Nahle García, Daniel Ordóñez Hernández, Angélica de la Peña Gómez, Iván García Solís, Julio Boltvinik Kalinka, Marbella Casanova Calam, Arturo Robles Aguilar, Nancy Cárdenas Sánchez, Rafael Flores Mendoza, Elena Zepeda Burgos, Omar Ortega Alvarez, María Elba Grafias Maldonado, Marcelo Herrera Herbert, Maximino Alejandro Fernández Avila, Francisco José Rojas Gutiérrez, Jorge Uscanga Escobar, María del Carmen Izaguirre Francos, Marco Antonio Torres Hernández, Eviel Pérez Magaña, Gonzalo Moreno Arévalo, Alfonso Juventino Nava Díaz, Oscar Pimentel González, Carlos Blackaller Ayala, Ernesto Alarcón Trujillo, Afonso Rodríguez Ochoa, María del Rosario Herrera Ascencio, Santiago Cortés Sandoval, Emilio Zebadúa González, Miguel Amezcua Alejo, Pascual Sigala Páez, Margarito Fierros Tano, Cruz López Aguilar, Roberto Javier Vega y Galina, Enrique Ariel Escalante Arceo, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Francisco Alberto Jiménez Merino, Jesús Morales Flores, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Juan Manuel Dávalos Padilla, Sergio Armando Chávez Dávalos, Sonia Rincón Chanona, Jesús Zúñiga Romero, Alfonso González Ruiz, María Esther Scherman Leaño, Jesús Lázaro Arias Martínez, Abraham Velázquez Iribe, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, José Adolfo Murat Macías, Enrique García Burgos, Alfredo Villegas Arreola, Francisco Herrera León, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Rafael Galindo Jaime, Eulalia Sandoval Urbán, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, Raúl José Mejía González, Benjamín Sagahón Medina, Gaspar Avila Rodríguez, Víctor Ernesto González Huerta, Lino Celaya Luría, Jesús Angel Díaz Ortega, Gonzalo Ruiz Cerón, Jacobo Sánchez López, Gonzalo Rodríguez Anaya, Federico Barbosa Gutiérrez, Florentino Domínguez Ordóñez, Bernardo Loera Carrillo, Mario Moreno Arcos, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Enrique Guerrero Santana, Roberto Rafael Campa Cibrián, Miguel Angel Yunes Linares, Francisco Espino Arévalo, Fidel René Meza Cabrera, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Martha Palafox Gutiérrez, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Salvador Sánchez Vázquez, Alejandro Agustín Agundis Arias, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Evangelina Pérez Zaragoza, Eugenio Campos Mier y Concha, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, Nora Elena Yu Hernández, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Francisco Javier Saucedo Pérez, Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Jesús Porfirio González Schmal, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Raúl Piña Orta, Manuel Velazco Coello, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Méndez Salorio, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Oscar González Yáñez, Jesús Martínez Alvarez, Lorena Torres Ramos, José Angel Córdova Villalobos, Martín Carrillo Guzmán, José Jesús Vázquez González, Jorge Carlos Obregón Serrano, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Francisco Juan Avila Camberos.»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Y con mucha pena diputado, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 4º de nuestro Acuerdo Parlamentario Relativo al Orden del Día de las Sesiones, cuando se solicite que el punto sea de urgente y obvia resolución, deberá señalarse expresamente en el orden del día y como no se estableció así, entonces no procede que se ponga a consideración si es de urgente y obvia resolución, que ya se ha hecho en esta sesión por la Presidencia y no quiero establecer un mal precedente al respecto y ser equitativos con todos los diputados.Por lo cual, lo turno a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
A ver, diputado.
El diputado Emilio Serrano Jiménez:Señor Presidente, consulté en la mañana al diputado Juan de Dios Castro y me dijo que cuando se presentara este punto de acuerdo, se solicitara para que se pusiera a consideración de la Asamblea, por lo cual le solicito a usted sea tan amable de ponerlo a consideración de la Asamblea.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Yo le ruego su comprensión, diputado, estaría sentando un mal precedente. Quiero ser equitativo con todos los diputados y reitero mi posición de que se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Tiene la palabra el diputado Lino Celaya Luría, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Querétaro, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
El diputado Lino Celaya Luría:Señor Presidente; compañeros diputados:
Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Querétaro, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de acuerdo a las siguientes
ConsideracionesLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 75, que esta Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización Superior de la Cuenta Pública, entre ellos las entidades fiscalizadoras en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2º fracción VI de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de los fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstas para destinarlos a fines específicos y su ejercicio de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conllevan a la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa, si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse más recursos, la soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron los fondos federales, el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales. El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados a través de su entidad de fiscalización está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente, si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado.
Punto de AcuerdoUnico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base igualmente en los artículos 2°, 4° y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditoría a los Fondos Federales asignados al estado de Querétaro durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 13 de abril de 2004.
Es cuanto.
«Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al Estado de Querétaro durante los ejercicios de 2000, 2001, 2002 y 2003, a cargo del diputado Lino Celaya Luría, del grupo parlamentario del PRI.
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
ConsideracionesLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse más recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Querétaro, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Diputados: Carlos Jiménez Macías, José Alfonso Muñoz Muñoz, Oscar Martín Ramos Salinas, Arturo Robles Aguilar, María del Consuelo Rodríguez de Alba, María del Rosario Herrera Ascencio, Benjamín Sagahón Medina, Raúl Mejía González, Martín Carrillo Guzmán, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, J. Jesús Lomelí Rosas, Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Quintín Vázquez García, Francisco Javier Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón Trujillo, Juan Manuel Dávalos Padilla, Francisco Arroyo Vieyra y Carlos Flores Rico (rúbricas).»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.Tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Gobierno Federal a fin de que apoye el proyecto de Canal de la Cortadura, en el municipio de Tampico, Tamaulipas.
El diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah:Con su venia, señor Presidente:
En el municipio de Tampico, Tamaulipas, el Canal de la Cortadura es un cuerpo de agua que comunica al río Pánuco con la laguna de Carpintero.
Actualmente en ese lugar se desarrolla un importante proyecto lidereado por el Presidente municipal Arturo Elizondo Naranjo y apoyado por el gobernador del estado, Tomás Yarrington Ruvalcava, el cual permitirá contar con un paseo navegable en el Golfo de México, el río Pánuco y la laguna del Carpintero.
El proyecto del canal de la Cortadura, significa beneficios ecológicos urbanísticos, turísticos y la creación de miles de empleos para nuestro municipio y la zona conurbada del sur del estado de Tamaulipas y norte de Veracruz. Es decir, es una obra clave que impactará positivamente en la economía de toda la región. Este importante proyecto consiste principalmente en el rescate del canal y hacerlo navegable para paseos turísticos, generar una nueva zona en os márgenes del canal para su desarrollo turístico y de negocios, dragar el canal para incrementar el flujo y reflujo de aguas y así tener un permanente saneamiento.
El proyecto necesita de una inversión de 150 millones de pesos, actualmente el estado de Tamaulipas aporta 77.8 millones y el municipio de Tampico 33.3 millones, en total suman una cantidad de 111 millones de pesos. Los 390 millones de pesos restantes desafortunadamente no se han podido reunir dada la negativa inexplicable del Congreso local de aprobar dicho endeudamiento solicitado por el municipio de Tampico cuando se cuenta con el visto bueno de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado y la certificación de las calificadoras Fish y Mudis, que permiten al municipio no requerir de avales para la solicitud de créditos y tener un acceso a tasas preferenciales; incluso Banobras está dispuesto a darnos un crédito de hasta por 200 millones de pesos.
Por lo anteriormente expuesto, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar a esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta al Presidente de la República, Vicente Fox, a que instruya a los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Alberto Cárdenas Jiménez; de Turismo, licenciado Rodolfo Elizondo Torres; y de Desa-rrollo Social, licenciada Josefina Vázquez Mota, a que implementen a la brevedad posible, con carácter de urgente, los programas que puedan ser aplicados al proyecto del Canal de Cortadura en el municipio de Tampico, Tamaulipas...
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Le ruego concluya, diputado.
El diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah:Concluyo, señor Presidente.
Solicito a la Presidencia, que la versión íntegra de la presente proposición con punto de acuerdo, sea publicada en la Gaceta Parlamentaria e incluida en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señor Presidente.
«Con punto de acuerdo, para que se exhorte al Gobierno Federal a apoyar el proyecto del Canal de la Cortadura, en Tampico, Tamaulipas, a cargo del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del PAN
Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la honorable Cámara, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Gobierno Federal a apoyar el proyecto Canal de la Cortadura, en el municipio de Tampico, Tamaulipas, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosEl Estado está obligado a crear y a manejar honradamente los medios y las instituciones públicos indispensables para dar agilidad, eficacia y orientación a la economía; y a procurar el mejor y más amplio aprovechamiento de los recursos naturales del país y la concurrencia de toda labor económica al cumplimiento de los fines de la nación.
El Canal de la Cortadura es un cuerpo de agua que comunica el río Pánuco con la Laguna del Carpintero.
El proyecto del Canal de la Cortadura nos permitirá contar con un paseo navegable entre el golfo de México, el río Pánuco y la Laguna del Carpintero; y, al mismo tiempo, detonar dos proyectos complementarios, la marina interior y la exterior, que serían desarrollados por inversionistas privados, uno en la propia laguna y otro en la isleta Pérez.
Los beneficios para la ciudad son muchos: desde los ecológicos, con el dragado y saneamiento constante de la laguna; hasta los urbanos y económicos, con la transformación de su imagen y la generación de atractivos espacios públicos.
El proyecto Canal de la Cortadura es una obra clave que colocará a Tampico a la altura de lo que sus habitantes merecemos y deseamos, una obra que nos hará legítimamente sentir el orgullo de ser tampiqueños.
Los objetivos de tan importante proyecto son éstos:
Sanear la Laguna del Carpintero.
Detonar la rehabilitación de la isleta Pérez.
Crear una marina con infraestructura de nivel internacional.
Generar una nueva zona para el desarrollo turístico y de negocios en la Laguna del Carpintero.
Reconvertir el Canal de la Cortadura en un canal navegable para embarcaciones deportivas de hasta 27 pies y recreativas de hasta 40 pies.
Crear un espacio público de recreación y esparcimiento.
El saneamiento de la Laguna del Carpintero implica:
Estudios de cuerpo de agua.
Dragado en canal y Laguna del Carpintero.
Eliminación de las descargas de aguas negras.
Revestimiento y trampas en los drenajes pluviales.
Limpieza del fondo de las márgenes de la laguna.
Monitoreo constante de la calidad de agua
El proyecto urbano sobre el Canal de la Cortadura abarca:
Puentes vehiculares, peatonales y ferroviarios.
Rectificación, tablaestaqueado y dragado.
Regeneración del mercado Avila Camacho.
Rehabilitación de la Calle Canal como zona peatonal.
Reconversión de la zona del mercado Macalito.
Las ventajas para Tampico y el sur de Tamaulipas son de tipo:
Ecológico.
Urbano.
Cultural.
Turístico.
Económico.
Los ecológicos son los siguientes:
Con los trabajos de dragado, la laguna se saneará constantemente, ya que se generará mayor flujo y reflujo del agua entre río y la misma laguna.
Respeto y adecuación del proyecto a la vegetación natural.
Conveniencia de desarrollar suelo urbano que suelo rural.
Los urbanos son éstos:
Se genera un proyecto que une y potencia dos áreas: la Laguna del Carpintero y la isleta Pérez.
Es un proyecto de planeación urbana que propone detonar dos polos complementarios de desarrollo: las marinas interior y exterior, por medio de la iniciativa privada.
Cambia la imagen de la ciudad.
Integra la Laguna del Carpintero con el centro histórico de la ciudad y el edificio de la Aduana Marítima.
Genera espacios de recreación para la ciudad, a través de áreas públicas.
Se cohesiona con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Laguna del Carpintero.
Está considerado en el Plan Municipal de Desarrollo como parte de la planeación de nuevos proyectos de mejoramiento integral de la ciudad.
Los culturales:
El Centro Cultural -actualmente en construcción-, con dos teatros, museo, restaurante y salas de exposición de arte, funcionará también como detonador cultural y artístico para el proyecto y la ciudad.
Los turísticos:
El proyecto atraerá turismo regional, nacional e internacional.
Integrar la ciudad y los habitantes con el río Pánuco y las lagunas que nos rodean.
Aprovechar para disfrute de los tampiqueños y visitantes nuestros ríos y lagunas.
Y los económicos:
Se generarán nuevas oportunidades de negocios para empresarios locales.
Se crearán aproximadamente 700 empleos durante su construcción, con una derrama económica estimada por concepto de sueldos y salarios de 42 millones de pesos.
Con la apertura de negocios en la zona del canal, se prevén 200 nuevos empleos, que se estima dejarán sueldos y salarios por 5 millones de pesos al año.
Considerando el aumento del turismo con relación a la estadística anual, los ingresos generados por este turismo adicional se pronostican en 50 millones de pesos al año.
Se estima una inversión de 10 millones de pesos para remodelar inmuebles destinados a nuevos negocios en la zona del canal.
Por concepto de construcción de negocios, se espera una inversión de 17 millones 500 mil pesos.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar a esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Alberto Cárdenas Jiménez; y de Turismo, licenciado Rodolfo Elizondo Torres, a implantar con la mayor brevedad los programas aplicables al proyecto del Canal de la Cortadura, en el municipio de Tampico, Tamaulipas.
México, DF, a 20 de abril de 2004.--- Dip. Jesús Nader Nasrallah.»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la proposición en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de no haberse hecho y túrnese a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos.Tiene la palabra el diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y a la Fiscalía Especial realicen diversas acciones para informar y establecer mecanismos que hagan efectivas las investigaciones de la guerra sucia.
El diputado Abdallán Guzmán Cruz:Con su venia, señor Presidente.
En obviedad de tiempo, solicito se publique en el Diario de los Debates el texto íntegro.
Compañeras y compañeros diputados:
Los suscritos, diputadas y diputados de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl día 2 de abril del presente año, se efectuó el foro de análisis y evaluación de las acciones de investigación sobre la guerra sucia en México 2000-2003, organizado por el foro permanente por la Comisión de la Verdad.
En este foro se realizó un balance de la labor de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada para esclarecer los crímenes de la guerra sucia cuyo logro principal había sido la detención de Miguel Nazar Haro, uno de los principales articuladores de la represión política ejercida por el Estado mexicano entre las décadas de los años sesenta y setenta.
Aunque este primer resultado fue considerado por los participantes del foro como un paso importante en la búsqueda de la verdad y la justicia, se llegó a la conclusión de que resulta insuficiente pues existen claros señalamientos que apuntan hacia la responsabilidad de ex presidentes y militares que también deben ser castigados, juzgados y sancionados, para que la labor de la Fiscalía sea creíble y eficaz en su objetivo, sobre todo a la luz que dio el giro el proceso que se sigue contra Miguel Nazar al considerar el juez de Nuevo León, que existen deficiencias en las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Nadie en este país, salvo sus abogados, considera a Miguel Nazar inocente; existen innumerables testimonios de víctimas directas de tortura y detenciones arbitrarias en las que participó el ex director de la Dirección Federal de Seguridad, pero la Fiscalía Especial no ha tenido la sensibilidad e inteligencia para articular adecuadamente todas las pruebas que existen en su contra.
No se puede acceder a la justicia sólo con actos mediáticos, como la aprehensión de Nazar.
Es necesario que la instancia creada por el Estado para investigar los crímenes del pasado, cumpla firmemente con la función que se le ha encomendado: esclarecer los crímenes contra cientos de ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de gobiernos autoritarios e intolerantes. Si no hay justicia la Fiscalía no sirve para nada.
Puntos de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía Especial, informe cuales son los avances de las indagatorias realizadas en los diversos casos que está investigando por los crímenes cometidos por la guerra sucia, así como las acciones y adelantos que ha realizado en torno a la satisfacción del derecho a la verdad de los familiares de detenidos y desaparecidos...
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Le ruego concluya, diputado, se ha agotado el tiempo.
El diputado Abdallán Guzmán Cruz:Termino, señor Presidente.
De igual manera, el grado de avance de sus objetivos en los que fue creada.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República para que como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, instruya al Secretario de la Defensa Nacional, con objeto de que el destacamento militar se abstenga de intervenir en los actos de procuración de justicia y enjuiciamiento de los inculpados de las fuerzas armadas, que cometieron los delitos de lesa humanidad durante la guerra sucia.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo Federal y a la Fiscalía Especial correspondiente a realizar acciones para informar y establecer mecanismos que hagan efectivas las investigaciones sobre la guerra sucia, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del PRD
Los suscritos, diputadas y diputados de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl día 2 de abril del presente año, se efectuó el Foro de análisis y evaluación de las acciones de investigación sobre la guerra sucia en México, 2000-2003, organizado por el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad. En este foro se realizó un balance de la labor de la Fiscalía Especial creada para esclarecer los crímenes de la guerra sucia, cuyo logro principal ha sido la detención de Miguel Nazar Haro, uno de los principales articuladores de la represión política ejercida por el Estado mexicano entre las décadas de los sesentas y setentas.
Aunque este primer resultado fue considerado por los participantes del foro como un paso importante en la búsqueda de la verdad y justicia, también se llegó a la conclusión de que resulta insuficiente pues existen claros señalamientos que apuntan hacia la responsabilidad de ex presidentes y militares que también deben ser investigados, juzgados y sancionados para que la labor de la Fiscalía sea creíble y eficaz en su objetivo.
Por lo anterior, resulta indispensable insistir en la necesidad de que la Fiscalía Especial sea la única instancia de investigación ministerial de estos hechos, evitando la intervención de otras instituciones como la Procuraduría General de Justicia Militar cuya independencia e imparcialidad han sido severamente cuestionadas por organismos no gubernamentales e internacionales de derechos humanos.
Las y los diputados de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, convencidos de la necesidad de aclarar y sancionar todos los delitos cometidos con motivo de la guerra sucia, como requisito indispensable para que la sociedad mexicana pueda iniciar un proceso de búsqueda de genuina armonía entre todos sus integrantes, apoyamos la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía Especial informe cuáles son los avances de las indagatorias realizadas en los diversos casos que está investigando por los crímenes cometidos durante la guerra sucia, así como las acciones y adelantos que ha realizado en torno a la satisfacción del derecho a la verdad de los familiares de detenidos desaparecidos y sociedad en general.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Presidente de la República para que como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas instruya al secretario de la Defensa Nacional con el objeto de que el estamento militar se abstenga de intervenir en los actos de procuración de justicia y de enjuiciamiento de los inculpados de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos de lesa humanidad durante la guerra sucia.
Dado en el Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a los 15 días del mes de abril de 2004.--- Diputados: Abdallán Guzmán Cruz, Eliana García Laguna (rúbrica), Juan García Costilla, José Luis Medina Lizalde y Francisco Saucedo Pérez.»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, diputado.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.Tiene la palabra el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Yucatán, durante los ejercicios fiscales de los años 2002 y 2003.
El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas:Con su venia, compañero Presidente:
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala que tiene la Auditoría Superior de la Federación... perdón, perdón, perdón, movieron la hoja. Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Yucatán, durante los ejercicios fiscales de los años 2002-2003.
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo fundada en las siguientes
ConsideracionesLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79, que esta Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación, respecto a los sujetos de fiscalización superior de la Cuenta Pública, entre ellos, las entidades federativas que ejercen recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstas, para destinarlos a fines específicos y su ejercicio. De serles concedidos, deben cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos y deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables. Por lo tanto, la rendición de cuentas debe ser precisa, en consecuencia si la rendición de cuentas si no fuese trasparente no debe otorgarse más recursos.
Así, la Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de los recursos federales se cumplió puntualmente, si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella, la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida para el fin que fue otorgada. Por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía, el ejercicio cuidadoso de los fondos que en cada instancia corresponde, se propone el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74 fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente, en los artículos 2º, 4º y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Yucatán durante los ejercicios fiscales de los años 2002 y 2003.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- El grupo de diputados que al calce firman.
Muchas gracias, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación Fiscalice los fondos federales asignados al Estado de Yucatán durante los Ejercicios de 2002 y 2003, a cargo del diputado Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
ConsideracionesLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Yucatán, durante los ejercicios fiscales de los años 2002 y 2003.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Diputados: Carlos Jiménez Macías, Benjamín Sagahón Medina, Wintilo Vega Murillo, Raúl Pompa Victoria, Raúl José Mejía González, Martín Carrillo Guzmán, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, J. Jesús Lomelí Rosas, Lázaro Arias Martínez, Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Quintín Vázquez García, Francisco Javier Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón Trujillo, Juan Manuel Dávalos Padilla, Francisco Arroyo Vieyra y Carlos Flores Rico (rúbricas).»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.Tiene la palabra el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la seguridad vial.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez:Con su venia, señor Presidente:
«Proposición con punto de acuerdo, respecto a la seguridad vial, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD.
El suscrito diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este órgano colegiado, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Seguridad vialEn el reporte de la PFP del 2002 se informa que en ese año hubo, en las carreteras federales, 42,606 accidentes en los que fallecieron 4,864 personas y resultaron lesionadas 35,454 con un monto de daños materiales cercano a los 1,600 millones de pesos. Cifras de la SSa establecen que los accidentes de tráfico ocupan el lugar número siete entre las diez principales causas de mortalidad general en México. Cifras de la OMS estiman que mas de 1.2 millones de hombres, mujeres y niños, murieron en todo el mundo en accidentes de tránsito y mas de 50 millones se lesionaron o quedaron discapacitados.
México ocupa ya según la OPS junto con EU, Brasil, Colombia y Venezuela un lugar entre las 5 naciones de América con mayor número de muertes relacionadas con el transito.
Las anteriores cifras ponen de manifiesto que la seguridad vial no solo es un asumo de políticas de transporte; representa en primer término un gigantesco problema de salud publica. Entenderlo así nos obligaría a realizar un esfuerzo enérgico por comprender y prevenir los traumatismos causados por el tránsito al igual que tratamos de comprender y prevenir muchas otras enfermedades. Comenzaríamos por no calificar simplemente como simples accidentes a estos hechos que, indudablemente, se pueden prevenir y evitar.
De no iniciarse pronto acciones para la prevención de las muertes y traumatismos viales cuyo número sigue aumentando en forma persistente, aumentaran también los costos que como sociedad tendremos que pagar: en vidas, en bienes materiales; en presión presupuestal creciente sobre nuestro sistema de salud; en la lucha contra la pobreza de las familias que pierden uno de sus sostenes o tienen que afrontar el gasto suplementario de atender a un miembro discapacitado.
Por estos motivos el pasado 7 de abril durante la celebración del Día Mundial de la Salud bajo el lema ``la seguridad vial no es accidental'' la OMS recomendó como medidas urgentes para prevenir los accidentes de tránsito y sus consecuencias: Integrar la seguridad vial en los programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades; recabar sistemáticamente datos sobre magnitud, características y consecuencias de los accidentes viales; investigación médica, y presupuestaria; prestación oportuna de primeros auxilios en el lugar de accidente, así como atención y rehabilitación adecuada; dotar a los médicos de conocimientos especializados en traumatismos; promover la integración de la salud, políticas de transporte y una mayor atención a la seguridad vial, partiendo de sus efectos en la salud y sus costos. Así como la creación de un organismo de seguridad vial, que coordine a nivel nacional una política de seguridad vial, bajo un enfoque científico, amplio y sistemático.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo.
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar como política nacional prioritaria la prevención de los accidentes de tránsito, así como instrumentar las medidas necesarias para brindar atención medica oportuna a las víctimas en el lugar del accidente y con posterioridad a éste. Lo anterior en coordinación con la Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, Economía y Turismo.
Segundo.- Se hace un llamado al Congreso de la Unión, a Gobiernos locales y del Distrito Federal, así como a la sociedad civil, para elaborar e impulsar las reformas legales para solucionar el grave problema de salud pública ante el descuido de la seguridad vial dentro de las líneas marcadas de la OMS
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 15 de abril de 2004.--- Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).»
Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, diputado.
Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Seguridad Pública.Tiene la palabra el diputado Guillermo del Valle Reyes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Morelos durante los ejercicios fiscales de los años 2001, 2002 y 2003.
El diputado Guillermo del Valle Reyes:Gracias, señor Presidente, con su venia.
«Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
ConsideracionesLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse más recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Morelos, durante los ejercicios fiscales de los años 2001, 2002 y 2003.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Diputados: Guillermo del Valle Reyes, María del Consuelo Rodríguez de Alba, Arturo Robles Aguilar, Raúl Mejía González, Martín Carrillo Guzmán, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, J. Jesús Lomelí Rosas, Lázaro Arias Martínez, Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Quintín Vázquez García, Francisco Javier Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón Trujillo, Juan Manuel Dávalos Padilla, Francisco Arroyo Vieyra y Carlos Flores Rico (rúbricas).»
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias diputados.
Túrnes,e a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.Tiene el uso de la palabra la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Aguascalientes durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
La diputada María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba:Buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente:
«Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con las siguientes
ConsideracionesLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2o., fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la Federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Aguascalientes, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Diputados: María del Consuelo Rodríguez de Alba, Guillermo del Valle Reyes, Omar Bazán Flores, Arturo Robles Aguilar, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Kenny Denisse Arroyo González, Miguel Lucero Palma, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Carlos Jiménez Macías, Raúl Mejía González, Martín Carrillo Guzmán, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Esteban Valenzuela García, Benjamín Sagahón Medina, Bernardo Vega Carlos, J. Jesús Lomelí Rosas, Lázaro Arias Martínez, Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Quintín Vázquez García, Francisco Javier Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón Trujillo, Juan Manuel Dávalos Padilla, Francisco Arroyo Vieyra y Carlos Flores Rico (rúbricas).»
Es cuanto, señor Presidente, gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Nayarit, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Adelante.
El diputado Raúl José Mejía González:Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con las siguientes
ConsideracionesLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en los artículos 74 y 79, que esta Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública, entre ellas las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2º fracción VI de la citada ley a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
Esta Cámara fue informada, mediante acuerdo número 60 del honorable Congreso del estado de Nayarit, que el gobernador del estado, mediante prácticas dilatorias, ha obstruido e impedido sistemáticamente al órgano de fiscalización superior del estado, la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales, ejercidos durante el ejercicio fiscal 2002 y 2003, ocho controversias constitucionales lo constatan.
Adicionalmente ha retenido de manera ilegal, los recursos autorizados por la Cámara de Diputados para el Programa de Fiscalización del Gasto Público Federalizado, autorizados en el Presupuesto de Egresos de 2003, impidiendo con ello dar cumplimiento a la fiscalización de los recursos federales ejercidos por el gobierno del estado, por lo que la legislatura local ha solicitado que sea la Auditoría Superior de la Federación la que fiscalice la totalidad de los recursos federales ejercidos en los últimos ejercicios fiscales, para estar en condiciones de que la sociedad obtenga elementos de certidumbre respecto al destino de los recursos federales y no sentar precedente de privilegio e impunidad.
Por consiguiente y dadas las circunstancias de desprecio a la rendición de cuentas y a la transparencia en el manejo de los recursos públicos en Nayarit, se propone el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Auditoría Superior de la Federación de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Nayarit, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Muchas gracias, por su atención.
«Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al Estado de Nayarit durante los Ejercicios de 2000 a 2003, a cargo del diputado Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
ConsideracionesLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2o., fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Nayarit, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Diputados: Jesús Humberto Martínez de la Cruz, María del Rosario Herrera Ascencio, Carlos Jiménez Macías, Raúl Mejía González, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, J. Jesús Lomelí Rosas, Lázaro Arias Martínez, Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Quintín Vázquez García, Benjamín Sagahón Medina, Francisco Javier Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón Trujillo, Juan Manuel Dávalos Padilla, Francisco Arroyo Vieyra y Carlos Flores Rico (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.Tiene el uso de la palabra el diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Jalisco, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
El diputado David Hernández Pérez:Con su permiso, señor Presidente:
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior respecto a los sujetos de fiscalización, de acuerdo con el artículo 2°, fracción VI de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
La rendición de cuentas debe de ser precisa, el ejercicio de los recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara e Diputados a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales, se cumplió puntualmente, si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado por el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella, la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado, por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, se propone el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Auditoría Superior de la Federación de acuerdo con el artículo 74 fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2°, 4° y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Jalisco durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al Estado de Jalisco durante los ejercicios de 2000 a 2003, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del PRI.
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
ConsideracionesLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H. Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse más recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Jalisco, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Diputados: María del Rosario Herrera Ascencio, Carlos Jiménez Macías, Benjamín Sagahón Medina, Raúl Mejía González, Martín Carrillo Guzmán, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, J. Jesús Lomelí Rosas, Lázaro Arias Martínez, Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Quintín Vázquez García, Francisco Javier Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco Arroyo Vieyra y Carlos Flores Rico (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Baja California, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
El diputado Raúl Pompa Victoria:Con su permiso, señor Presidente:
Por obvio de tiempo y dado que este punto de acuerdo lo tiene ya la Secretaría, señor Presidente solicito de usted ordenar se publique íntegro el texto de este punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates, de esta Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Con todo, gusto diputado.
El diputado Raúl Pompa Victoria:Con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados y diputadas del grupo parlamentario del PRI, preocupados por el buen uso y destino de los fondos que los gobiernos de los estados usan para ser aplicados en monto, tiempo y forma, conforme el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación en su artículo 2, fracción VI, faculta a la Auditoría Superior de la Federación, fiscalizar a la entidad que utiliza recursos públicos federales.
Por lo antes expuesto y por la corresponsabilidad que debe existir las entidades gubernamentales en el ejercicio cuidadoso de los recursos públicos, proponemos el siguiente:
Punto de AcuerdoUnico. Que la Auditoría Superior de la Federación de acuerdo con el artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Baja California durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al Estado de Baja California durante los ejercicios de 2000 a 2003, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
ConsideracionesLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H. Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Baja California, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Diputados: Carlos Jiménez Macías, Raúl Pompa Victoria, Wintilo Vega Murillo, Omar Bazán Flores, José Alberto Aguilar Iñárritu, Guillermo del Valle Reyes, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, María del Consuelo Rodríguez de Alba, Salvador Sánchez Vázquez, Arturo Robles Aguilar, Kenny Denisse Arroyo González, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Benjamín Sagahón Medina, Raúl Mejía González, Martín Carrillo Guzmán, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, J. Jesús Lomelí Rosas, Lázaro Arias Martínez, Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Quintín Vázquez García, Francisco Javier Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón Trujillo, Juan Manuel Dávalos Padilla, Francisco Arroyo Vieyra y Carlos Flores Rico (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Como lo solicita transcríbase íntegro el documento en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.Tiene el uso de la palabra la diputada Keny Dennise Arroyo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Guanajuato, ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
La diputada Keny Dennise Arroyo González:Con su venia, señor Presidente:
«Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Guanajuato durante los ejercicios de 2000 a 2003, a cargo de la diputada Kenny Denisse Arroyo González, del grupo parlamentario del PRI.
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
ConsideracionesLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Guanajuato, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Diputados: Jesús Humberto Martínez de la Cruz, María del Rosario Herrera Ascencio, Carlos Jiménez Macías, Benjamín Sagahón Medina, Raúl Mejía González, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, J. Jesús Lomelí Rosas, Lázaro Arias Martínez, Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Quintín Vázquez García, Francisco Javier Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón Trujillo, Juan Manuel Dávalos Padilla, Francisco Arroyo Vieyra y Carlos Flores Rico (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputada Kenny Denisse Arroyo González.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.Tiene el uso de la palabra el diputado Marcelo Tecolapa Tixteco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respete el presupuesto asignado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El diputado Marcelo Tecolapa Tixteco:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En los últimos años, a través de diversas acciones, se ha impulsado el desarrollo de los pueblos indígenas.
Es así que en el año 2001 se aprobó la reforma constitucional, dando cuerpo y significado pleno a la presencia viva de estos pueblos como herederos de las civilizaciones prehispánicas que tanto nos han enorgullecido a los mexicanos.
En este sentido esta Cámara, en pleno cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° constitucional, ha incrementado los recursos presupuestarios al desarrollo de los pueblos indígenas.
Tal es el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año que, por consenso de todas las fuerzas políticas aquí representadas, autorizó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas un aumento superior al que proponía el Ejecutivo Federal.
Es decir, de la propuesta de 2 mil 485.8 millones de pesos no sólo la aprobamos, sino que le autorizamos 505.7 millones de pesos adicionales, quedando un total de 2 mil 991.5 millones de pesos.
Este incremento se hizo del conocimiento de los pueblos indígenas de la nación, lo que ha provocado una entusiasta participación en la elaboración de proyectos de inversión por parte de las comunidades indígenas.
No obstante este esfuerzo, nos hemos percatado que se mantienen mentalidades y prácticas burocráticas que condicionan y desvirtúan la transparencia que debe tener toda política presupuestal.
Ante esto nos cuestionamos ¿qué sentido tiene que esta Cámara apruebe el presupuesto federal si la Secretaría de Hacienda no aplica lo que aquí se decide?
Por ello debemos buscar que haya equilibrio entre los Poderes de la Unión, un equilibrio sustentado en el respeto de las decisiones de esta Cámara, porque aquí todos los legisladores estamos conscientes de las necesidades de nuestros representados.
Ante este escenario, en reunión de comisiones unidas de Comunicaciones y Asuntos Indígenas, en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, acordamos realizar el seguimiento en la aplicación de dichos recursos, a efecto de que se cumpla esta decisión presupuestal.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición de urgente y obvia resolución.
Puntos de AcuerdoPrimero. Exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el estricto cumplimiento del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, aprobado por la Cámara de Diputados, respecto al aumento presupuestal de 505.7 millones de pesos, como gastos de inversión de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado por los mismos pueblos y comunidades indígenas de la nación.
Segundo. Por la naturaleza de ser un gasto de inversión para el cumplimiento de la justicia social de estos pueblos solicitamos...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se le agotó el tiempo, diputado.
El diputado Marcelo Tecolapa Tixteco:...Se entreguen de manera inmediata.
Ya termino, señor Presidente.
...Y firman los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como comisiones unidas de Desarrollo Rural.
Muchas gracias, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respete el presupuesto asignado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Marcelo Tecolapa Tixteco, del grupo parlamentario del PRI
Con su permiso señor Presidente, señoras y señores diputados.
Desde esta alta tribuna de la Nación hago uso de la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exija a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico respetar la decisión de esta Soberanía respecto al presupuesto autorizado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el ejercicio presupuestal 2004, a partir de los siguientes:
ConsiderandosI.- En los últimos años, a través de diversas acciones, se ha tratado de impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas, es así que en el 2001 se aprobó la reforma constitucional en materia indígena, estableciendo principios constitucionales de reconocimiento y protección a la cultura y los derechos de los indígenas, sus comunidades y su pueblos, dando cuerpo y significado pleno a la presencia viva de la población indígena como heredera de las civilizaciones prehispánicas que tanto nos han enorgullecido a los mexicanos.
II.- Que el 21 de mayo de 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organismo que sustituyó al Instituto Nacional Indigenista, esto con la finalidad de instrumentar acciones a favor de los pueblos y comunidades indígenas, vislumbrando una mayor capacidad para coordinar los esfuerzos y una oportunidad más para atender los grandes rezagos en que se encuentran.
III.- Que además de contribuir en las reformas mencionadas, el Congreso de la Unión, en pleno cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º constitucional, ha incrementado los recursos presupuestarios al desarrollo de los pueblos indígenas, por ejemplo el ejercido a través del Fondo Indígena, destinado a la ejecución de obras de infraestructura (tales como caminos, electrificación, agua potable y alcantarillado), proyectos productivos y acciones de capacitación en legislación ambiental.
IV.- Que ha sido preocupación de los representantes populares promover iniciativas y reformas tendientes a eficientar los presupuestos que redunden en mejores políticas públicas dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas, creando instituciones y diseñando enfoques novedosos en la aplicación de los recursos.
V.- Que en este proceso de rediseño institucional se han transformado las instituciones públicas que atienden a los pueblos y comunidades indígenas, no obstante este esfuerzo, se mantienen mentalidades y prácticas burocráticas que condicionan y desvirtúan la transparencia que debe tener toda política presupuestal.
VI.- Que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, el Pleno de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción IV del artículo 74 Constitucional, por consenso de todas las fuerzas políticas aquí representadas, autorizó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas un aumento superior al que proponía el Ejecutivo Federal.
VII.- Que del presupuesto de inversión etiquetado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, inicialmente de 2,485.8 millones de pesos, la Cámara de Diputados definitivamente aprobó un monto de 2,991.5 millones de pesos, lo que logró un importante aumento presupuestal para este organismo público, que finalmente ascendió a 505.7 millones de pesos.
VIII.- Que cumpliendo la obligación de informar las aprobaciones de esta Cámara, específicamente en materia de pueblos indígenas, este logró en el incremento fue hecho del conocimiento de los pueblos indígenas de la Nación, por lo que se ha provocado una entusiasta participación en la elaboración de proyectos de inversión por parte de las comunidades indígenas.
IX.- Que en reunión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Asuntos Indígenas acordamos realizar el seguimiento en la aplicación de dichos recursos autorizados y coordinarnos con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que se cumpla esta decisión presupuestal.
X.- Que como resultado de esta coordinación las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Comunicaciones y Asuntos Indígenas, acordamos presentar este punto de acuerdo como urgente y obvia resolución:
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscribimos la presente proposición, sometemos a la consideración del pleno el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero.- Exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el estricto cumplimiento del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, aprobado por la H. Cámara de Diputados, respecto al aumento presupuestal de 505.7 millones de pesos como gasto de inversión de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas mismo que se aplicará a los proyectos presentados por los pueblos y comunidades indígenas de la Nación.
Segundo.- Por la naturaleza de ser un gasto de inversión para el cumplimiento de la justicia social para estos pueblos, solicitamos que dichos recursos se entreguen de manera inmediata.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 20 de abril de 2004.--- Dip. Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica.)»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Con su permiso, señor Presidente.
En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se considera de urgente resolución.Esta Presidencia tiene registrado para su discusión para hablar en pro al diputado Javier Manzano Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a quien se le concede el uso de la palabra.
El diputado Javier Manzano Salazar:Compañeras y compañeros diputados:
La situación de miseria y pobreza en que viven las comunidades indígenas hacen necesario el diálogo político. Un diálogo que contribuya, que oriente, que encamine.
En pleno Siglo XXI en México seguimos debatiendo si nuestros pueblos originarios son parte esencial de la nación o si se mantiene la concepción neocolonial de verlos como un estorbo para el desarrollo de los grandes intereses.
Esta visión es una constante en nuestra historia. En los tres siglos de dominación española ser indio era pertenecer a una clase inferior, sin derecho a participar en los asuntos políticos y civiles.
Así encontramos en todo el proceso de la historia de México que el indio siempre, en cualquier movimiento social, va por delante, aportando su cuota de sangre para defender a nuestra patria. Así lo hizo en la independencia, así lo hizo en la Guerra de Reforma y así lo hizo en la Revolución Mexicana.
Por lo anterior en el contexto de este punto de acuerdo, propuesto por las Comisiones que lo suscribimos, desde esta alta tribuna quiero llamar la atención del entorno social que guardan los pueblos y comunidades indígenas que habremos de reconocer son los más pobres entre los pobres.
Dicha proposición suscrita por tres comisiones, la de Presupuesto y Cuenta Pública, la de Comunicaciones y la de Asuntos Indígenas, busca en el fondo hacer que el Ejecutivo Federal acate la decisión de esta soberanía respecto al presupuesto autorizado a los pueblos indígenas en su gasto sustantivo de 2 mil 991 millones 500 mil pesos.
Por eso es necesario unificar criterios para introducir en el futuro reformas legales que nos lleven a terminar con la discrecionalidad en la aplicación de dichos recursos, favoreciendo en muchos casos a los circuitos de la corrupción y a los grupos de poder.
Es urgente un nuevo rediseño institucional alentando profundas reformas para fortalecer un organismo autónomo para que los pueblos indígenas definan una política de Estado.
Compañeros diputados y diputadas: no esperemos los vientos de la confrontación. Demos un paso adelante para trabajar por nuestros hermanos indígenas. Apoyemos esta proposición con punto de acuerdo, anteponiendo primero la nobleza por encima de los intereses partidarios.
Gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada. Comuníquese.Tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Sagarpa lleve a cabo la medición de la superficie de los predios cafetaleros, instrumente acciones para concluir la actualización del Padrón Nacional Cafetalero y modifique las reglas de operación del Programa Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura para establecer un mínimo en el monto de apoyo que se otorga a los productores.
El diputado Gonzalo Rodríguez Anaya:Con su permiso, señor Presidente.
El que suscribe, diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el punto de acuerdo a efecto de solicitarle a la Secretaría de Agricultura, Sagarpa, realice una nueva medición de los predios cafetaleros del país y modifique las reglas de operación del Programa del Fondo de Estabilización y Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, al tenor de las siguientes
ConsideracionesLos recursos presupuestales de los programas aprobados por esta Cámara durante el ejercicio fiscal 2002 fueron aplicados de manera adecuada, ya que los criterios para su aplicación consideraron las estadísticas consignadas en los padrones de productores disponibles en cada entidad federativa.
Sin embargo, con la finalidad de validar los datos contenidos en los referidos padrones se dispuso el levantamiento de un Padrón Nacional Cafetalero que precisara mayor información, como el nombre de los productores, la ubicación geográfica y la superficie de los predios y parcelas.
A pesar del esfuerzo anteriormente señalado los resultados de las mediciones practicadas en los predios cafetaleros causaron que un gran número de productores estén solicitando que se les vuelva a medir sus predios, ya que los resultados preliminares presentados por Aserca arrojaron grandes diferencias entre la superficie declarada por el productor y la superficie medida a través de la tecnología satelital, misma que fue considerada para que los productores recibieran los apoyos de los programas.
En Hidalgo el uso de la nueva tecnología de medición satelital GFS, ha provocado que la superficie medida haya sido alarmantemente disminuida entre 45% y 50% respecto a la superficie declarada y medida por los propios productores y corroborada por el número de plantas cultivadas en los predios.
Los cafeticultores denuncian una inadecuada aplicación de la tecnología satelital porque únicamente consideró los puntos extremos que limitan las parcelas y no tomaron en cuenta ningún factor de compensación respecto a las condiciones topográficas accidentadas con planos inclinados e inmersos entre montañas y cañadas, dando como resultado que las superficies medidas satelitalmente se redujeran considerablemente en perjuicio de los productores y ver disminuidos los montos de los apoyos que les correspondían.
Un problema más que vienen enfrentando en un número muy importante de cafetaleros es el relativo a la obtención de utilización del documento denominado Comprobante de Ventas, como requisito para acceder a los beneficios del programa, pero que inexplicablemente no considera que en la realidad del campo mexicano no está generalizada esta práctica ni existen los sistemas de comercialización ni las facilidades de vías de comunicación y de transporte.
Por todo lo anterior, propongo a esta soberanía los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Exhortar a la Sagarpa para que lleve a cabo la correcta medición de la superficie de los predios cafetaleros y se incluya como factor de validación el número de plantas por hectárea y la topografía de los terrenos.
Segundo. Exhortar a la Sagarpa para que instrumente las acciones necesarias para concluir la actualización del Padrón Nacional Cafetalero y disponga de alternativas que sustituyan el uso del comprobante de venta en los casos en que los productores no logren obtenerlo y garantizar de esta manera el acceso a los apoyos estipulados en los programas, y
Tercero. Exhortar a la Sagarpa para que modifique las reglas de operación del Programa de Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, para que se establezca un mínimo en el monto de apoyo que se otorga a los productores, fijándose una cantidad que garantice al productor un ingreso equivalente al que se otorga al Procampo, en tanto no se normaliza la operación del sistema de comercialización.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sagarpa a llevar a cabo la medición de la superficie de los predios cafetaleros, a instaurar acciones para concluir la actualización del Padrón Nacional Cafetalero y a modificar las reglas de operación del Programa Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, a efecto de establecer un mínimo en el monto de apoyo que se otorga a los productores, a cargo del diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del PRI.
Primero. Exhortar a la Sagarpa a llevar a cabo la correcta medición de la superficie de los predios cafetaleros, y se incluyan como factor de validación el número de plantas por hectárea y la topografía de los terrenos.
Segundo. Exhortar a la Sagarpa a instaurar las acciones necesarias para concluir la actualización del Padrón Nacional Cafetalero, y disponer de opciones que sustituyan el uso del ``comprobante de venta'' en los casos en que los productores no logren obtenerlo y garantizar, de esa manera, el acceso a los apoyos establecidos en los programas.
Tercero. Exhortar a la Sagarpa a modificar las Reglas de Operación del programa Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura para que se establezca un mínimo en el monto del apoyo que se otorga a los productores, fijándose una cantidad que garantice al productor un ingreso equivalente al que se otorga al Procampo, en tanto se normaliza la operación del sistema de comercialización.
En relación con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a su consideración la siguiente proposición como punto de acuerdo.
La situación actual de la cafeticultura ha sido un tema recurrente por parte de todos los grupos parlamentarios, tanto en esta Cámara como en la Colegisladora, habiéndose promovido un gran número de acciones legislativas, como la aprobación de la reforma del artículo 179, fracción VIII, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, donde ahora se considera el café un producto básico y estratégico. Tales acciones y estrategias también se han traducido en resultados positivos en favor de los cafeticultores en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2002, que consideró la asignación de recursos para este sector, creando el Fondo de Estabilización de los Precios del Café.
Respecto a 2003, el referido programa fue ampliado, habiéndose dispuesto la creación del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, además del impulso de otros apoyos a los productores de café, como el Programa de Fomento Productivo y Mejoramiento de la calidad del Café, con el objetivo de abordar las vertientes principales de la problemática presente, derivada de los bajos precios internacionales del café, es decir:
1. Otorgar apoyos a los productores que estén inscritos en el Padrón Nacional Cafetalero para compensar la caída de los precios internacionales del café;
2. Mejorar la calidad del café mexicano, mediante el retiro gradual de las plantaciones de café de calidades inferiores, situadas por abajo de 600 metros sobre el nivel del mar;
3. A través de campañas audaces, promover el consumo per cápita en el mercado nacional; y
4. Impulsar programas de reconversión de cultivos acordes con la vocación agroecológica en cada una de las regiones de las entidades federativas.
Los recursos presupuestales de los programas aprobados por esta Cámara durante el ejercicio fiscal de 2002 fueron aplicados de manera adecuada, ya que los criterios para su aplicación consideraron las estadísticas consignadas en los padrones de productores disponibles en cada entidad federativa. Sin embargo, con la finalidad de validar los datos contenidos en los referidos padrones, se dispuso el levantamiento de un padrón nacional cafetalero que precisara mayor información, como el nombre de los productores, la ubicación geográfica y la superficie de sus predios o parcelas.
El procedimiento determinado para la medición de los predios fue mediante el uso de un geoposicionador, lo que permitió georreferenciar las coordenadas de esos predios y la utilización de esta tecnología -se mencionó- permitiría mayor seguridad en los resultados de la medición, certeza y equidad en el cálculo para el otorgamiento de los apoyos a los productores de café, ya que se conocerían con exactitud los montos que les corresponderían en función del tamaño real de sus predios y de sus volúmenes de producción.
A pesar del esfuerzo señalado, los resultados de las mediciones practicadas a los predios cafetaleros causaron que gran número de productores esté solicitando que se le vuelva a medir sus predios, ya que los resultados preliminares presentados por Aserca arrojaron grandes diferencias entre la superficie declarada por el productor y la medida a través de la tecnología satelital, que fue considerada para que los productores recibieran los apoyos de los programas.
Es importante recordar a ustedes que en la agricultura mexicana, la cafeticultura representa un renglón de relevante importancia económica, social y agroecológica, el cual se produce en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Colima, Tabasco y Querétaro, cultivándose una superficie de 679 mil 726 hectáreas por más de 477 mil productores, de acuerdo con el último avance de Aserca, y el requerimiento en la cosecha es de no menos de 1 millón de jornaleros.
Este cultivo se realiza en 4 mil 557 comunidades de 398 municipios, donde el café es la principal actividad económica de más de 3 millones de campesinos.
Sobre esta base productiva se generan ingresos económicos a escala nacional que varían dependiendo de la fluctuación de los precios internacionales del café, estimados en 200 millones de dólares anuales, destacando que el café es por excelencia un producto de exportación generador de divisas, ya que 85% de la producción anual del país se comercializa en este mercado, lo que coloca nuestro país como el quinto lugar en producción mundial, después de Brasil, Colombia, Indonesia y Vietnam.
Pese a la importancia de la cafeticultura mexicana, se enfrentan graves problemas estructurales que la colocan en una situación de alta vulnerabilidad frente al comportamiento del mercado global por la gran volatilidad de los precios de la Bolsa de Nueva York, con periodos, como el actual, en que sus bajos niveles afectan fuertemente la actividad y reducen las oportunidades para aprovechar con mayor ventaja y equidad los periodos de crecimiento en el comercio internacional.
Esta actividad se desarrolla en condiciones adversas, sobre una estructura agrario-productiva desarticulada, donde el promedio de las plantaciones se sitúa en varios estados en el orden de una hectárea por productor o menos y donde la mayoría de las familias vive en condiciones de muy alta marginación y pobreza extrema, el perfil de organización de los productores y el uso de tecnología en las unidades de producción es muy atrasado, localizándose en zonas montañosas en las que la altitud oscila entre 250 y mil 500 metros sobre el nivel del mar.
Se estima que 68 por ciento de los productores es minifundista que no dispone, en lo general, de programas de capacitación y organización campesina que le permitan acudir directamente a los mercados y no ser víctima de un gran número de efectos perniciosos, como precios bajos, acaparamiento y fuertes castigos indebidos a la calidad del producto.
En virtud de que el café se cultiva en zonas muy alejadas de los centros de acopio y de las localidades más importantes, existe toda una cadena de intermediarios locales que se dedican a abastecer a los grandes exportadores, destacando que sólo algunos grupos organizados han logrado llevar directamente su producto al consumidor, y que otros grupos trabajan en la especialización de cafés, como el orgánico y cafés amables, para poder competir por un mercado justo.
La política pública diseñada para resolver los problemas estructurales de este sector se sustentó desde su inicio en el levantamiento del Padrón Nacional Cafetalero, responsabilidad asignada a Aserca que, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), tiene la función de validar y verificar la estimación de rendimientos, volúmenes de producción, aplicación efectiva de las políticas de reestructura del campo mexicano y seguimiento de las medidas agroambientales y de apoyos al campo.
En el caso del estado de Hidalgo, se tienen 750 comunidades situadas en 25 municipios, donde 33 mil productores se dedican al cultivo de café en una superficie medida superior a 22 mil hectáreas, de acuerdo con las cifras preliminares del último avance del Padrón Nacional Cafetalero, presido por Acerca, a principios de 2004, lo que arroja un volumen de producción de casi 64 mil toneladas de café cereza, reportadas en las estadísticas oficiales de la Sagarpa referentes al ciclo agrícola 2003-2004, con un valor de la producción aproximado de 81.5 millones de pesos, lo que coloca el estado de Hidalgo en el quinto lugar nacional de producción y sexto en superficie.
En Hidalgo, el uso de la nueva tecnología de medición satelital ha provocado que la superficie medida haya sido alarmantemente disminuida entre 45 y 50 por ciento respecto a la superficie declarada y medida por los propios productores y corroborada por el número de plantas cultivadas en sus predios.
Los cafeticultores denuncian una inadecuada aplicación de la tecnología satelital, pues consideró únicamente los puntos extremos que limitan las parcelas y no tomaron en cuenta ningún factor de compensación respecto a las condiciones topográficas accidentadas, con planos inclinados e inmersos entre montañas y cañadas, dando como resultado que las superficies medidas por satélite se redujeran considerablemente, en perjuicio de los productores, al ver disminuidos los montos de los apoyos que les correspondían.
Es evidente, por elemental, que las Reglas de Operación del programa deben establecer una metodología de medición adecuada en que se tome en cuenta las condiciones topográficas particulares de los predios cafetaleros.
Un problema más que enfrenta un número muy importante de cafetaleros es el relativo a la obtención y utilización del documento denominado ``comprobante de venta'' como requisito para acceder a los beneficios del programa, pero que inexplicablemente no considera que en la realidad del campo mexicano no está generalizada esta práctica, ni hay los sistemas de comercialización, ni las facilidades de vías de comunicación y de transporte, lo que obliga a los productores a recurrir al intermediarismo para comercializar sus cosechas, haciéndolo a un precio muy castigado y sin la posibilidad de recibir los apoyos gubernamentales previstos en el programa, al no disponer de este requisito y no contar con alternativa alguna.
Traigo a su consideración la existencia de un segmento de productores cafetaleros cuyos predios son menores de una hectárea y quienes, aun inscritos en el padrón y cumpliendo todos los requisitos, reciben apoyos verdaderamente ínfimos, que pueden ser incluso menores que el costo que les implica cobrarlos. A fin de atender esa situación propongo que para este segmento del sector cafetalero se establezcan criterios semejantes al Procampo para el otorgamiento de apoyos que garanticen un pago mínimo al productor.
Dip. Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión Especial del Café.Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Moreno Morán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Estado involucradas en los flujos migratorios, para que informen a esta Cámara sobre las medidas que se toman y de qué manera se asegura el cumplimiento de la Constitución General de la República y leyes reglamentarias.
Adelante, señor diputado.
El diputado Alfonso Moreno Morán:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La frontera sur de nuestro país es una franja de desconocimiento y violación de los derechos y de las garantías de las personas consagradas en nuestro derecho positivo y en instrumentos internacionales suscritos por México.
Los trabajadores migrantes y sus familias, procedentes de Centro y Sudamérica, que entran en busca de trabajo o de paso hacia Estados Unidos, son objeto de un trato indigno por parte de nuestras autoridades migratorias, policiales y laborales, por lo cual y considerando que en nuestra Constitución Política se establecen garantías individuales para todo habitante de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse.
Que el artículo 123 del mismo cuerpo legal supremo, dispone el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil, medida para preservar un trato equitativo entre sujetos relacionados por un vínculo contractual.
Que actualmente ingresan por la zona alrededor de 70 mil personas como visitantes agrícolas.
Que los migrantes de sexo femenino que ingresan para trabajos agrícolas, domésticos, comerciales o de servicios y los menores de edad, son sometidos a un trato infamante, a explotación sexual, violando claramente la Convención de los Derechos de la Niñez ratificado por México en febrero del 2002.
Que los migrantes mexicanos o extranjeros cuya intención es acceder a Estados Unidos de América, son extorsionados, robados o puestos por los traficantes de personas, en transportes donde corren riesgo tanto su integridad como su vida.
Que son responsables de estos delitos los integrantes de los tres niveles de gobierno, las autoridades judiciales y laborales, así como las bandas nacionales e internacionales que delinquen con toda impunidad
Que la situación económica que presentan algunos países de Centroamérica, ha motivado una migración creciente ya sea hacia nuestro país o hacia Estados Unidos, en ocasiones por personas cuya conducta no es recomendable y que formando parte de grupos o pandillas, infringen nuestras leyes.
Que la migración impacta a la economía y el desarrollo ordenado de la región de la frontera sur.
Por las anteriores consideraciones, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta a las secretarías de Estado competentes en la atención y defensa de los derechos de los trabajadores migrantes, a proporcionar a esta Cámara de Diputados la información sobre las medidas que se toman y de qué manera se asegura el cumplimiento de las disposiciones en nuestra Constitución Política y leyes reglamentarias.
Segundo. Asimismo, solicitamos se informe a esta Cámara de Diputados de las medidas de supervisión y sanciones que se aplican a los empresarios, patrones, funcionarios, servidores públicos y agrupaciones delictivas de los delitos contra la población migrante en la frontera sur y si son presentadas denuncias al respecto ante la justicia.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Estado involucradas en los flujos migratorios a informar a la Cámara de Diputados sobre las medidas que se toman y de qué manera se asegura el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes reglamentarias, a cargo del diputado Alfonso Moreno Morán, del grupo parlamentario del PAN
Exposición de MotivosLa frontera sur del país es una franja de desconocimiento y violación de los derechos y las garantías de las personas, consagrados en nuestro derecho positivo y en instrumentos internacionales suscritos por México. Los trabajadores migratorios y sus familias procedentes de Centro y Sudamérica que entran en busca de trabajo o de paso para Estados Unidos de América son objeto de trato indigno por parte de nuestras autoridades migratorias, policiales y laborales, por lo cual
ConsiderandoPrimero. Que en nuestra Constitución Política se establecen garantías individuales para todo habitante de los Estados Unidos Mexicanos, sin distinción de nacionalidad, género, edad, religión, opinión, condición social, lengua u otra consideración sobre su identidad, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos que en ella misma se establecen.
Segundo. Que no solamente esta clara disposición de nuestra Carta Magna es cotidiana la flagrante violación de sus preceptos.
Tercero. Que, además de lo establecido respecto a garantías individuales, el artículo 123 del mismo cuerpo legal supremo dispone el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil, medida para preservar un trato equitativo entre sujetos relacionados por un vínculo contractual, como es el caso de las relaciones laborales.
Cuarto. Que el mencionado artículo 123 constitucional establece, entre otras cosas, garantías mínimas e irrenunciables que ``toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas...''(fracción XII), así como que ``el patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera éste, que resulte mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas...'' (fracción XV).
Quinto. Que existe legislación reglamentaria del artículo 123 constitucional que regula sus disposiciones y asegura, teóricamente como todos sabemos, su cumplimiento.
Sexto. Que anualmente ingresan por la zona alrededor de 70 mil personas como visitantes agrícolas, que permanecen en la región aledaña a la frontera sur en el Soconusco, trabajando en la pizca de café y otros trabajos temporales en áreas rurales.
Séptimo. Que los que llegan para trabajar en tareas agrícolas, generalmente acompañados de sus familias, son contratados por enganchadores, que negocian de manera directa con las personas que los trasladaron, asignándoles retribuciones muy por debajo de los salarios mínimos regionales, sin prestaciones ni proporcionarles habitaciones cómodas e higiénicas, como lo prescribe el texto constitucional.
Octavo. Que las migrantes que ingresan para trabajos agrícolas, domésticos, sexuales, como comerciantes o en servicios y los menores de edad son sometidos a un trato infamante, a explotación sexual, reducidos a estado de semiesclavitud, violando claramente la Convención de los Derechos de la Niñez de 2000, ratificado por México en febrero de 2002.
Noveno. Que los migrantes, mexicanos o extranjeros, cuya intención es seguir viajando hacia el norte para acceder a Estados Unidos de América son extorsionados, robados o puestos por los traficantes de personas en transportes donde corren riesgo de integridad y vida, como leemos casi cotidianamente en la presa.
Décimo. Que son responsables de esos delitos los integrantes de los tres niveles de gobierno, distintos cuerpos policiacos (hay 18 corporaciones en las zonas dedicadas a la seguridad), algunos creados para protección de los migrantes, las autoridades judiciales y laborales, así como las bandas nacionales e internacionales, que delinquen con toda impunidad.
Undécimo. Que la situación económica que presentan algunos países centroamericanos ha motivado una migración creciente ya sea a nuestro país o a Estados Unidos de América, en ocasiones por personas cuya conducta no es recomendable y que, formando parte de grupos o pandillas, infringen nuestras leyes, atentando contra la vida de otras personas o contra instituciones.
Duodécimo. Que se cometen sistemáticamente injusticias y abusos contra esos trabajadores, a quienes se deniegan defensoría, traductores e intérpretes en caso de no hablar español, asesorías y toda otra garantía o recurso que la ley les otorga para sacarlos del estado de indefensión a que los condena la indiferencia o corrupción de los servidores a quienes pagamos con nuestros impuestos.
Decimotercero. Que la migración repercute en la economía y el desarrollo ordenado de la región fronteriza del sur, obligando a sus autoridades a efectuar gastos y esfuerzos a fin de canalizar el flujo de personas y la demanda de bienes y servicios, a los cuales la zona no puede responder en forma eficiente.
Decimocuarto. Que este fenómeno social provoca un de-sequilibrio entre los presupuestos adjudicados y las necesidades de una convivencia digna, sin índices delictivos incontrolables ni violaciones flagrantes de los derechos de sus habitantes.
Por las consideraciones anteriores y en vista de la gravedad de la situación que las motiva, presento ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de AcuerdoSe exhorta a las secretarías de Estado competentes en la atención y defensa de los derechos de los trabajadores migrantes a proporcionar a la H. Cámara de Diputados la información sobre las medidas que se toman y de qué manera se asegura el cumplimiento de las disposiciones en nuestra Constitución Política y leyes reglamentarias, así como los instrumentos internacionales firmados por México para la protección de los trabajadores migratorios y sus familias.
Asimismo, solicitamos que se informe a la H. Cámara de Diputados acerca de las medidas de supervisión y sanciones que se aplican a los empresarios, patronos, funcionarios, servidores públicos y agrupaciones delictivas; de los delitos contra la población migrante en la frontera sur y si son presentadas denuncias al respecto ante la justicia penal.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 20 de abril de 2004.--- Dip. Alfonso Moreno Morán (rúbrica.)»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación, de Seguridad Pública y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Pedraza Martínez, a nombre de los diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Vivienda, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social y al director del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), para que respeten y den cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio 2004
El diputado Roberto Pedraza Martínez:Con su permiso, señor Presidente:
El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes Federal de Vivienda y General de Asentamientos Humanos, así como el Plan Nacional de Desarrollo, instituyen y reglamentan el llamado derecho que toda familia tiene de disfrutar una vivienda digna y decorosa.
Asimismo el artículo 70 de la Constitución señala que toda Resolución del Congreso tendrá carácter de ley. En ese sentido, el PEP tiene rango de ley, ya que es aprobado mediante el ejercicio de la facultad que tiene la Cámara de Diputados según el artículo 74 , fracción IV de la Carta Magna.
Los diputados de la LIX Legislatura al discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004, decretamos un incremento presupuestal asignándolo al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), que ascendía a la cantidad de mil 117 millones de pesos, monto inicialmente definido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etiquetando dos partidas adicionales; la primera por 750 millones de pesos para financiamiento de vivienda popular a través de Fonhapo. La segunda por 200 millones de pesos para adquisición de suelo, también para ser ejercidos por Fonhapo, lo que da un total de 2 mil 67 millones de pesos, 85.05% más que la asignación original de la propuesta de la Secretaría de Hacienda.
Los días 28 de enero, 18 de febrero y 23 de marzo todos del 2004, la Comisión de Vivienda de esta Cámara solicitó al director de Fonhapo, de la Secretaría de Desarrollo Social y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, explicaran la razón de la determinación que ha tomado de manera unilateral, las razones de las transferencias de los recursos del Fonhapo a la Sedesol, respondiendo el Director de Fonhapo que mediante un acuerdo entre dichas dependencias, los recursos serían ejercidos por la Sedesol en el Programa Hábitat, violentando abiertamente una orden expresa de esta soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y al director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares para que respeten y den cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2004 conforme a lo establecido por esta Cámara de Diputados y se ejerzan los recursos presupuestales de acuerdo al Anexo 21 en el renglón relativo al ramo 20 compra de suelo para vivienda.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro.--- México, DF, a 20 de abril del 2004.
Es todo, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social, así como al director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, a respetar y cumplir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Edgar Torres Baltazar, del grupo parlamentario del PRD.
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía, una Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, con fundamento en los siguientes
AntecedentesPrimero.- El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley Federal de Vivienda y la Ley General de Asentamientos Humanos reglamentan la disposición constitucional y fijan detalladamente requisitos y mecanismos para su ejecución. Estas normas se complementan con el Plan Nacional de Desarrollo.
Segundo.- Que de acuerdo al artículo 70 de la CPEUM, ``toda resolución del Congreso tendrá carácter de Ley'' y que ``es facultad exclusiva de la Cámara de diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación'', artículo 74 fracción IV, de la propia Constitución.
Tercero.- Los Diputados de la LIX Legislatura, al discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004, decretamos un incremento presupuestal, asignándolo al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, que ascendía a la cantidad de 1,117 millones de pesos, monto inicialmente definido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etiquetando dos partidas adicionales: la primera, por 750 millones de pesos para financiamiento de vivienda popular a través de Fonhapo; la segunda, por 200 millones de pesos para adquisición de suelo, también para ser ejercidos por Fonhapo, lo que da un total de 2,067 millones de pesos, 85.05% más que la asignación original propuesta por la SHCP.
Cuarto.- Con fechas 28 de enero, 18 de febrero y 23 de marzo de 2004, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, ha solicitado al Director de Fonhapo, a la Secretaría de Desarrollo Social y al Secretario de Hacienda, respectivamente, expliquen la razón de la determinación que han tomado de manera unilateral referente a la transferencia de recursos del Fonhapo a la Sedesol y en donde sólo el Director de Fonhapo señala por respuesta ``que mediante un acuerdo entre dichas dependencias, los recursos serían ejercidos por la Sedesol en el Programa Habitat'', violentando abiertamente una orden expresa de esta soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoUnico.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y al Director del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para que respeten y den cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004, conforme a lo establecido por esta H. Cámara de Diputados y se ejerzan los recursos presupuestales de acuerdo al anexo 21, en el renglón relativo al Ramo 20 ``Compra de Suelo para Vivienda (Fonhapo)''.
Dado en el Palacio Legislativo.--- San Lázaro.--- México, Distrito Federal, a los 20 días del mes de abril de 2004.--- Dip. Edgar Torres Baltazar (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Con todo gusto, señor Presidente.
En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se considera de urgente resolución.En consecuencia, está a discusión la proposición.
Esta Presidencia no tiene oradores registrados, por lo que se considera suficientemente discutida.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobada. Comuníquese.Señoras y señores legisladores, en virtud de que ha transcurrido el tiempo destinado a la duración de la presente sesión, de acuerdo con la resolución tomada por los señores coordinadores, se ruega a la Secretaría dé lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Jueves 22 de abril de 2004.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite la postura oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sobre el empleo de Beta agonistas en alimentación animal. (Turno a comisión.)
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Araceli Minerva Fabián Vargas y Juan Esteban Andreu Mendoza, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Criselda López Saldaña, José Luis Almazán Robles, José Manuel Hernández Colín, Francisca Benteño Medina, Shuji Ando Ashijara, María del Carmen Blanco Peña, Fermín Vázquez Ortiz, Rubén Barrera Salcedo, Martha Lilia Muñiz Colunga, Cecilia López Alonso y Enrique Huerta Alvarado, para prestar servicios en la Embajada de Japón en México.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé Cuenta.»
Gracias, señor Secretario.
Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico, por cinco minutos, para verificar la asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para verificar la asistencia.
Ciérrese el sistema electrónico.
De viva voz, el diputado Emilio Zebadúa, en la curul 497, por favor activen el sonido en la curul del diputado.
El diputado Emilio Zebadúa González (desde su curul):
Sí, Emilio Zebadúa, presente.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Gracias, señor Presidente, hay una asistencia de 369 diputadas y diputados.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Me repite el número de la asistencia, señor Secretario.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Con todo gusto, 369 diputadas y diputados.
Gracias, señor Secretario.
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 22 de abril a las 10:00 horas.Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.
Tiempo de duración: 7 horas 57 minutos
Quórum a la apertura de sesión: 285 diputados
Asistencia al cierre de registro: 443 diputados
Asistencia al final de la sesión: 369 diputados
Puntos de acuerdo aprobados: 3
Proposiciones con punto de acuerdo: 30
Proposición con punto de acuerdo, desechada: 1 Oradores en tribuna: 79
PRI-37 PAN-20 PRD-12 PVEM-4 PC-6
Se recibió:2 comunicaciones de los Congresos de los estados de Chihuahua y Jalisco;
1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite acuerdo del Congreso del estado de Oaxaca;
3 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que informa de cambios en la integración de las comisiones de Seguridad Social, de Defensa Nacional y de Cultura, y del Grupo de Amistad con Bélgica;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación de dependencia en relación con punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación de dependencia en relación con punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;
3 minutas;
1 iniciativa de Congreso del estado de Chihuahua;
14 iniciativas del PRI;
3 iniciativas del PAN;
2 iniciativas del PVEM.
Dictámenes de Primera Lectura:
1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se concede el permiso necesario a 2 ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México;
1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se concede el permiso necesario a 11 ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de Japón en México;
1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; Dictámenes aprobados:
1 de la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo a proposición presentada el 30 de octubre de 2003, para respaldar las acciones del Ejecutivo Federal, orientadas a recomponer las relaciones México-Cuba y para rechazar las acciones contra la seguridad e integridad nacionales;
1 de la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a que remita el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, al Senado de la República para su ratificación;
1 de la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo en relación con la deportación de mexicanos por parte de los Estados Unidos de América;
1 de la Comisión de Pesca con punto de acuerdo a proposición presentada el 30 de septiembre de 2003, para que se implemente una política pesquera nacional que involucre a los pescadores y sus demandas;
1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista y Orlando Ramos Guerrero, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;
1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Hernández Andreu y Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ejército de los Estados Unidos de América y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente;
1 negativo de la Comisión de Turismo con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 9º, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Turismo;
1 negativo de la Comisión de Salud con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que crea la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y No Fumadores;
1 negativo de la Comisión de Puntos Constitucionales con punto de acuerdo por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo presentada el pasado 1º de abril, para que la Cámara de Diputados interponga controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo federal, por la suscripción de contratos de servicios múltiples por parte de la empresa Petróleos Mexicanos.