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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios que evalúen el impacto ambiental que causarían las actividades de explotación de Pemex en la zona aledaña al Parque Nacional Marino Arrecife Alacranes, a cargo del grupo parlamentario del PVEM.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.--- Presente.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a solicitar se turne a las Comisiones de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El parque marino nacional Arrecifes Alacranes se ubica en el golfo de México, a 130 kilómetros de la costa del municipio de Progreso, Yucatán. El arrecife del sitio está constituido por cinco islas: Pérez, Chica (Cornezuelos o Blanca), Larga (Pájaros), Desertora (Muertos u Oeste) y Desterrada.

El parque ocupa una superficie de 333,768 hectáreas y está integrado por dos zonas núcleo denominadas zona núcleo Norte y zona núcleo Sur, con una superficie de 19,732 y 11,937 hectáreas, respectivamente. El 6 de junio de 1994, fue decretada como área natural protegida en la categoría de parque marino nacional por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, y hasta la fecha no cuenta con el programa de manejo requerido.1

El arrecife presenta una alta riqueza biológica y es considerado un ecosistema de alta productividad y belleza. Está compuesto por restos calcáreos que provienen de algas, foraminíferos, corales y moluscos, así como de las frústulas de diatomeas. De igual forma, en Arrecifes Alacranes se han reportado 24 especies de corales pétreos, que se encuentran en las tres zonas y se distinguen claramente: la barrera o barlovento, la laguna central y la costa occidental o sotavento. La barrera está construida por Acropora palmata hasta los 10 metros de profundidad, después encontramos asociaciones de Diploria-monastrera-porites y, por último Agarica-monastrera. La laguna central que lo integra está formada con esqueletos de Porites porites, Acropora cerviconis y algas coralinas de Halimeda. Dentro de la laguna crecen cabezos de Monastrera annularis y colonias de P. porites, Porites asteroides, Diploria y Manicina areolata.

Aunado a lo anterior, esta zona cuenta con una amplia diversidad de fauna. La densidad de población de aves marinas es muy elevada. En Isla Pérez, por ejemplo, está formada por dos especies de gaviota: Larus atricilla y Anous stolidus. Asimismo, hay una gran cantidad de fragatas (Fregata magnificens). En las islas Pájaros y Desertora anida una regular población de pato bobo (Sula dactylatra y S. leucogaster). Asimismo se encuentran, principalmente en la isla Chica y en Desterrada, especies de Thalasseus maximus y Sterna fuscata, además de otras especies visitantes ocasionales de las playas. Los reptiles están representados por una especie de lagartija (Mabuya mabuya) y las tortugas marinas verde (Chelonia mydas), laúd (Dermochelys coriacea) y carey (Eretmochelys imbricata), que llegan a ovopositar en todas las islas y que tienen un carácter de protección especial. Igualmente, se han reportado mamíferos como delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), estelas moteadas del Atlántico (Stenella plangidon), ballenas piloto (Globicephala macrorinchus) y delfines comunes (Delphinus delphis) en las aguas circundantes de Alacranes. Respecto a los invertebrados marinos, para el grupo de crustáceos estomatópodos y decápodos, se han descrito 26 familias, 50 géneros y 69 especies de las familias Alpheidae, Majidae y Xanthidae, entre otras; muchos más de los esperados.

En general, los arrecifes se encuentran constantemente amenazados por actividades antropogénicas, tales como la explotación pesquera, turismo y contaminación de diversas fuentes. Esta última, anteriormente era causada por el lavado de los tanques de los buques en mar abierto donde se utilizaban detergentes tóxicos, además de la contaminación de las aguas por la casi naciente actividad de explotación de hidrocarburos.

Cabe señalar que adyacentes a las costas yucatecas se localizan las reservas de la biosfera en Celestún y Ría Lagartos.

En fechas recientes se ha manifestado la intención de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) de trabajar en esa zona de Yucatán. Muestra de ello son las constantes exploraciones geofísicas que realiza frente al litoral yucateco, no con la intención de determinar si hay petróleo, sino para saber dónde están los yacimientos y qué cantidad de crudo hay. Gran parte de esta nueva búsqueda de yacimientos responde tanto a presiones nacionales por aumentar las reservas de petróleo, como a presiones internacionales, fundamentalmente de Estados Unidos, principal consumidor de nuestras exportaciones de petróleo crudo, al intentar asegurar reservas frente a los conflictos que se presentan en Medio Oriente.

En consecuencia, desde marzo de este año se restringió el área de pesca al norte y sur del Arrecifes Alacranes, y también se prohibió que las embarcaciones pesqueras laboren por esos sitios. De igual forma, se encuentra restringida la pesca en Cayo Arcas. Es por ello que en medio de nuevas advertencias sobre el impacto que ocasionarían los proyectos de Pemex en la costa yucateca, representantes de los sectores pesquero, ambientalista y científico manifestaron su oposición a los planes de exploración de la empresa paraestatal.

Vale la pena considerar, que históricamente se cuentan con evidencias de la degradación del ambiente que ha causado Pemex en sus actividades de exploración y producción. Un ejemplo reciente fue el caso de la sonda de Campeche, donde además de contaminar las aguas, suelos y aire, propició la publicación del Acuerdo Intersecretarial para Aumentar las Zonas de Exclusión Marítima en la Sonda,2 en detrimento de los pescadores, y que hasta la fecha sigue causando estragos en el entorno.

Reconocemos que la economía nacional basa gran parte de su Producto Interno Bruto (PIB) en la explotación y exportación de petróleo y sabemos de los beneficios económicos que consecuentemente se generan de esta actividad. Sin embargo, estos trabajos se pretenden continuar sin considerar su posibles consecuencias ambientales, ni el deterioro que causaría para el sector pesquero de la zona, ya que a la fecha se carece de estudios necesarios, como la evaluación de impacto ambiental3 y el ordenamiento territorial, que puedan determinar y comprobar que las actividades de aprovechamiento que se pretende realizar en la zona pueden convivir con las actividades que tradicionalmente se realizan en la zona, como el turismo y la pesca.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta al gobierno del estado de Yucatán a agilizar los trámites para la creación del programa de ordenamiento territorial de la costa yucateca, para establecer si puede convivir la actividad petrolera con el turismo y la pesca.

Segundo: Se exhorta a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas a decretar el plan de manejo del parque marino nacional Arrecifes Alacranes, para que se delimiten las actividades que se puedan realizar en su interior.

Tercero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios de impacto ambiental que evalúen el daño que causarían las actividades de explotación de Pemex en la zona aledaña al parque nacional marino Arrecifes Alacranes, Yucatán.

Cuarto: Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar los estudios pertinentes que determinen la afectación que causaría a las pesquerías del estado, las actividades de explotación de Pemex en la zona aledaña al parque nacional marino Arrecifes Alacranes, Yucatán.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 20 días del mes de abril de 2004.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Querétaro durante los ejercicios de 2000, 2001, 2002 y 2003, a cargo del diputado Lino Celaya Luria, del grupo parlamentario del PRI.

Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.

El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.

La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.

El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.

La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.

La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Querétaro, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Coordinación de la Diputación Federal por el Estado de Chiapas.--- Diputados: Jorge Baldemar Utrilla Robles, María Elena Orantes López, Juan Antonio Gordillo Reyes, Julián Nazar Morales, Florencio Collazo Gómez, Roberto A. Aguilar Hernández, Francisco Grajales Palacios, Mario Carlos Culebro Velasco, Belisario Iram Herrera Solís, César Amín González Orantes, Carlos Osvaldo Pano Becerra, Sonia Rincón Chanona, Sami David David, Adrián Villagómez García, Carlos Mireles Morales, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Ady García López, Eugenio Mier y Concha Campos, Gaspar Avila Rodríguez, Pablo Bedolla López, Alfredo Gómez Sánchez, Isaías Soriano López, José Eduviges Nava Altamirano, Felipe Medina Santos, Juan José García Ochoa, Abel Echeverría Pineda, Marco Antonio Torres Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Laura Reyes Retana, Laura Elena Martínez Rivera, Consuelo Muro Urista, Jesús Zúñiga Romero, Rogelio Rodríguez Javier, Sofía Castro Ríos, José Guzmán Santos, Elipidio Desiderio Concha Arellano, Jacobo Sánchez López, Alvaro Burgos Barrera, Marcelo Tecolapa Tixteco, Gonzalo Ruiz Cerón, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Jesús Angel Díaz Ortega, Fernando Alberto García Cuevas, Guillermo Martínez Velasco, Marco Antonio Gutiérrez Romero, Roberto Antonio Marrufo Torres, Wintilo Vega Murillo, Roger David Alcocer García, Angel Paulino Canul Pacab, Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo, José Porfirio Alarcón Hernández, Alfredo Villegas Arreola, Miguel Amescua Alejo, Oscar Rodríguez Cabrera, Pablo Pavón Vinales, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Jorge Ortiz Alvarado, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Francisco Javier Bravo Carbajal, Juan Manuel Dávalos Padilla, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, José Manuel Carrillo Rubio, Quintín Vázquez García, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Evelia Sandoval Urbán, María Esther de Jesús Sherman Leaño, Lázaro Arias Martínez, Enrique Ariel Escalante Arceo, María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, Nora Elena Yu Hernández, Kenny Arroyo González, Jorge Castillo Cabrera, Guillermo del Valle Reyes, Carlos Blackaller Ayala, Gonzalo Alemán Migliolo, Cruz López Aguilar, Luis Antonio Ramírez Pérez, Sergio Posadas Lara, Alfonso Nava Díaz, Humberto Delgado, Oscar Martín Ramos Salinas.»

Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las secretarias de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a evitar que las empresas importadoras sigan introduciendo todo tipo de contrabando en el país; y al Consejo de la Judicatura Federal, a supervisar la actuación de los jueces de distrito que otorgan amparos para importar mercancías mediante el denominado ``contrabando técnico'', a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Omar Bazán Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La planta productiva nacional ha sido golpeada en los últimos dos años por el incremento del llamado contrabando legal, o técnico, que de acuerdo con las autoridades ya supera el contrabando tradicional. Las empresas importadoras introducen a nuestro país todo tipo de mercancías afectando los sectores textil, el de vidrio, del acero y el de agroalimentos ya que algunos jueces de distrito emiten amparos contra el pago de cuotas o aranceles no respetando las reglas de los tratados, para establecer una forma de garantizar, que si el fallo es en contra de las empresas importadoras, ésta pague por completo los impuestos. Dichos amparos son otorgados en un término de horas. Empresas importadoras falsifican el precio del producto, el origen de la mercancía, el tipo de producto, la cantidad del bien importado o el uso que se le va a dar a la materia prima en nuestro país. La administración general de aduanas, tiene conocimiento de la forma discrecional de la que los juzgados de distrito emiten estos amparos existiendo un registro en aduanas de aproximadamente 6 mil amparos; Aunado a estos recursos jurídicos, un gran número de empresas se aprovechan de las facilidades que ofrecen los programas de importación temporal para producir artículos de exportación (PITEX) para introducir y comercializar artículos en el mercado mexicano que no pagan impuestos.

Simplemente, la afectación en el sector agrícola es devastadora, ejemplo de ésto es la problemática del azúcar; En lo que va del 2004, solo las importaciones amparadas han evadido el pago de más de 20 millones de dólares en impuestos, ahorrándose cerca de 400 dólares por tonelada importada. Otro ejemplo de esto es la desventaja que ponen a los ganaderos y agricultores del estado de Chihuahua ya que el 85 % de las manzanas importadas durante el 2003 fueron a través del contrabando técnico, amparándose contra la cuota compensatoria del 46.58%, decretada desde 1996, datos que constan en la Unión agrícola de fruticultores de Chihuahua; En cuanto al frijol se calcula que en el 2003 entraron amparadas 150 mil toneladas siendo que el cupo de importación era de 60 mil toneladas.

Esto sin duda, deja en desventaja a nuestros productores al no poder competir con los costos de producción, pero va mas allá de un sector ya que nuestra economía deja de percibir millones de pesos en impuestos.

Quienes integramos la LIX Legislatura del Congreso de la Unión tenemos el compromiso de prevenir y sancionar aquellas acciones que vulneren a nuestras comunidades.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía con fundamento en el artículo 144 fracción XXXII de la ley aduanera, así como del artículo 5 fracción XII de la ley de Comercio Exterior. Para auditar a las empresas importadoras con amparo y si es necesario modificar los Programas de Importación Temporal para producir Artículos De Exportación PITEX, para que hagan una correcta aplicación de los productos sensibles que se importan temporalmente a nuestro país.

Segundo.- Exigir a la Dirección General De Aduanas, establecer los parámetros de las fracciones arancelarias en exportaciones de los productos sensibles ya manufacturados en su retorno

Tercero,. Exhortar al Consejo de la Judicatura Federal, para que supervisé a fondo la actuación del algunos Jueces de distrito quienes otorgan amparos muy a la ligera para importar mercancías.

Atentamente.

Dado en la ciudad de México, salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los seis días del mes de Abril, segundo periodo de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura. --- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).»

Turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Justicia y Derechos Humanos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a abrogar el acuerdo que autoriza el ajuste, la modificación y la reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, a cargo del diputado José Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del PRI

Exposición de Motivos

Por algunos sufrido y de todos conocido es el decreto por el que se autorizó el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, fijándose nuevas tarifas en las que se elimino el subsidio, emitido el 7 de febrero del 2002, por el ciudadano secretario de Hacienda y Crédito Público y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El servicio de energía eléctrica, es un bien de consumo necesario para la población, pues nos permite gozar de los satisfactores más elementales como son: ventiladores, refrigeradores, planchas, lavadoras y luz eléctrica para alumbrarse durante las noches. Es un factor básico para mejorar la calidad de vida, especialmente para las personas que viven en zonas donde hay condiciones climatológicas con temperaturas elevadas y altos índices de humedad, ya que se requieren de sistemas de ventilación para disminuir la temperatura corporal, y de refrigeración para conservar los alimentos.

Es una realidad innegable la inconformidad social que se ha generado como consecuencia del excesivo encarecimiento que han experimentado los recibos por el pago de energía eléctrica de uso doméstico, más señaladamente, después de la promulgación del decreto del Ejecutivo Federal, el 7 de febrero de 2002. Efectivamente, a partir de la aplicación de este decreto, las familias mexicanas han visto mermados sus ingresos y ello, a la vez, se ha traducido en un factor que está afectando severamente al conjunto de la economía nacional y conformándose en un factor de abatimiento social.

Así, los recibos de luz se han incrementado desproporcionadamente, muy en especial, para golpear a los sectores sociales de ingresos medios y medios bajos, pero sus efectos nocivos repercuten en toda la actividad productiva y comercial con el que está vinculado tan decisivamente el papel de las capas medias de la población.

De un análisis del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se concluye que el mismo carece de un criterio racional, dado que en él se afirma que se excluye de esta medida al 75% de los usuarios, sin embargo, en el caso de Luz y Fuerza del Centro excluye sólo al 70%, lo que equivale a alrededor de 479 mil usuarios. De acuerdo con el decreto, el incremento en las tarifas recaerá principalmente en los rangos del consumo que realiza la clase media baja que como se aprecia en el decreto.

Tan solo en una primera fase las tarifas eléctricas en muchos de los casos pasaron de un 100 a un 200% de aumento en relación con el último periodo antes del retiro del subsidio.

De ahí que las tarifas, en particular las domésticas deben ser unas tarifas justas y proporcionales.

El acuerdo que reduce el subsidio a tarifas domésticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2002, es muestra clara de la posibilidad de incurrir en excesos al ejercerse la facultad tarifaria por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de dicha discrecionalidad.

Por lo que, actualmente las tarifas eléctricas son fijadas de manera unilateral por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque de lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se desprende que dichas tarifas, su ajuste y reestructuración son fijados de manera que tiendan a cubrir necesidades financieras y las ampliaciones del servicio público y el racional consumo de energía. Es decir, poco le interesa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los organismos públicos descentralizados que proporcionan ese servicio, si la población puede o no pagar ese servicio lo que evidentemente resulta contrario al espíritu del legislador constitucional.

La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica concede gran discrecionalidad al Ejecutivo Federal, lo que a dado lugar a que se realicen ajustes y modificaciones a las tarifas eléctricas para el consumo doméstico, lo cual a traído como consecuencia el detrimento de la economía familiar de la mayoría de los consumidores del servicio, con lo cual se violentan los principios de equidad y justicia social que deben de prevalecer en la prestación de todo servicio público, situación que es incompatible con el sentido social que debe caracterizar la actividad y la función de las empresas públicas del Estado.

El decreto del 7 de febrero agravó e hizo más evidente el trato inequitativo que con antelación al mismo ya existía hacia las regiones del país. Para segmentos sociales muy importantes, las tarifas fueron incrementadas en cerca del doble respecto del índice inflacionario y, en el caso de las tarifas intermedias, este incremento alcanza a representar hasta seis veces más ese índice inflacionario.

Además de ese desproporcionado incremento que se aplicó a los precios de las tarifas domésticas con referencia a la inflación, el decreto del 7 de febrero del Ejecutivo Federal determinó una disminución en los rangos del consumo moderado, bloque intermedio, y redujo los rangos de acceso al consumo con las tarifas más accesibles, esto es, a las tarifas básica e intermedia, por lo que los altos cobros de la CFE, afectaron a muy amplios sectores populares, a los trabajadores asalariados, a las amas de casa y a otras capas sociales de bajos ingresos de la población.

Por ello, el decreto debe ser abrogado de inmediato por el gobierno. Fue este, como quedó demostrado, un decreto que de origen estuvo mal fundado y peor aplicado. Las consecuencias desastrosas para la economía familiar están a la vista.

Es indispensable, la urgente implementación por el Ejecutivo Federal, a fin de no posponer por más tiempo la necesaria aplicación de criterios justos, equitativos y no discriminatorios en los cobros de los recibos de luz.

La compleja y difícil problemática asociada con los cobros excesivos e injustos que actualmente se aplican en las regiones del norte y costeras del país, esta plasmado en el siguiente punto de acuerdo que presento a esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, elevo a la consideración de esta soberanía, para que se dicte el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, se abrogue el acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domesticas del 7 de febrero del 2002..

Segundo.- Se restituya de inmediato el subsidio a las tarifas eléctricas domésticas.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 20 de abril de 2004.--- Dip. José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica).»

Turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al honorable Congreso de Puebla a derogar los artículos 13, 14, 44, 57, 73, 74, 75, 82, fracción II, y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del PAN.

El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 27 de enero de 1998, el Honorable Congreso del estado de Puebla, aprobó por mayoría la Ley para el Federalismo Hacendario del estado de Puebla, la cual, entró en vigor el 28 de enero de ese mismo año.

Dicha Ley, contempla la creación de Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, conocidos como Coplademun, que tienen el carácter de autoridades intermedias prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por esta razón, se interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se planteó en su momento un conflicto entre un estado y diversos Municipios; concretamente entre el estado de Puebla y los municipios de Acajete, Atlixco, Puebla, Chapulco, Nopalucan, San Andrés Cholula, San Gregorio Atxompa, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Tehuacan, Santiago Miahuatlán y San Pedro Cholula; todos ellos pertenecientes al Estado de Puebla.

La resolución dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha diez de febrero del año 2000, que consta en la Controversia Constitucional número 4/98, y publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y en el Semanario Judicial de la Federación, declara la invalidez de los artículos 13, 14, 44,57, 73, 74, 75, 82, fracción II, y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, y de los actos de aplicación de dichas disposiciones.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros, fundándose en el artículo 115 constitucional, donde se consagra la libertad municipal y la autonomía del ayuntamiento.

Cabe recordar que el Constituyente del 17, buscó en todo momento que los municipios fueran la primera célula de organización democrática del país y el primer órgano de representación política del individuo dentro de la sociedad. Por ello, se estableció que cada municipio fuere administrado por un ayuntamiento de elección popular directa, administrando libremente su hacienda y con la prohibición expresa y terminante de la existencia de una autoridad inmediata entre los municipios y los gobiernos de los estados para tratar de resolver así diversas situaciones, de hecho, que históricamente se habían presentado, en virtud de las cuales se celebran, por debajo de los gobiernos de los estados, diversas figuras o entidades que constituían factores reales de poder, que de facto eran conocidas inclusive por los gobernadores, toda vez que en algunos casos cumplían las órdenes de éstos.

Así se socavaba la libertad y autonomía de las que necesariamente deben gozar los municipios, tal y como sucede hoy con los artículos mencionados de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla que da origen a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.

Al respecto, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, establece claramente que no puede haber autoridad intermedia alguna entre el ayuntamiento y el gobierno del estado; que los municipios manejarán su patrimonio conforme a la Ley, administrando libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

En estricto sentido, los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, cuya creación y funcionamiento contempla la Ley para el Federalismo Hacendarlo del Estado de Puebla, son grupos de ciudadanos organizados, que no fueron elegidos democráticamente y que tiene la facultad de decidir el destino y la aplicación de los recursos públicos para la construcción de obras que le corresponden en estricto sentido al ayuntamiento municipal.

Los llamados Coplademun, son autoridades intermedias que condicionan la actuación de los municipios en cuanto al libre manejo de su patrimonio y la genuina administración de su hacienda.

Esto es así, toda vez que la ley sujeta a controversia constitucional les otorga facultades para planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones por realizar, para atender las demandas de la población, así como para aprobar los programas de obras de acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Sin embargo, tales facultades no son de mera coordinación y de apoyo a la administración pública municipal, sino poderes unilaterales de decisión y de ejecución, que las coloca por encima de los gobiernos municipales con supremacía y supraordenación frente a las actividades y atribuciones que la Constitución y la ley les confieren a los municipios en detrimento y en perjuicio de su libertad y autonomía.

Compañeras y compañeros legisladores: En virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió por unanimidad la inconstitucionalidad de los artículos 13, 14, 44,57, 73, 74, 75, 82, fracción II, y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, y de los actos de aplicación de dichas disposiciones, como es el caso de la constitución de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, someto ante esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Que esta Cámara de Diputados exhorte al Congreso del Estado de Puebla a derogar los artículos 13, 14, 44,57, 73, 74, 75, 82, fracción II, y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado su inconstitucionalidad.

Dip. Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica).»

Turnada a las comisiones unidas de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal a decretar, mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, una Norma Oficial Mexicana para el aprovechamiento de la fauna de acompañamiento de la pesquería de camarón y especies de escama, a cargo del grupo parlamentario del PVEM.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura.--- Presente.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Gran parte de los recursos con que cuenta nuestro país lo componen la pesca de una gran variedad de organismos acuáticos, tanto marinos como de agua dulce. Dentro de la pesca comercial destaca la captura de camarón por medio de redes de arrastre, que por sus características (no selectiva) atrapan al mismo tiempo a otras especies consideradas como fauna de acompañamiento de camarón, pesca incidental o ``basura''.

Desafortunadamente se les da ese término de basura, porque a la flota camaronera únicamente le interesa el camarón como especie blanco y el resto de la pesca la consideran ``no aprovechable'', porque no tiene un mercado definido, regresándola de nuevo al mar casi en su totalidad, con lo que evitan ocupar sus bodegas con un producto que no les proporcionará las mismas ganancias que el camarón.

La fauna de acompañamiento del camarón está constituida, de manera normal, por una gran cantidad y variedad de peces demersales (bentónicos y epibentónicos), como pargos, lenguados, rayas, así como por crustáceos y moluscos, fauna que en ocasiones representa la proporción de 8-15 kilos por kilo de camarón:

En la República Mexicana esta fauna de acompañamiento tiene una potencialidad media de 200,000 toneladas/año en el océano Pacífico, con más de 200 especies conocidas entre peces y macroinvertebrados, con una proporción de volumen promedio de 10 a 1= fauna/camarón de acuerdo con estudios de Yánez-Arancibia y Sánchez-Gil, de 1988.

Resulta lamentable que, a pesar de la marginalidad de muchos mexicanos, estas especies son desaprovechadas, pese a su carne de buena calidad, valores nutritivos y buen sabor. Un buen ejemplo lo representa Chiapas donde, pese a ser considerado un estado con grandes índices de desnutrición desecha al mar toneladas de fauna de acompañamiento que termina por eutrofizar las aguas.

Son pocas las ocasiones donde las utilizan para la elaboración de artesanías, por lo llamativo e intenso de sus colores. Algunos autores consideran por ejemplo que los estomatópodos pueden ofrecer posibilidades de explotación, por lo que han sugerido constantemente su posibilidad de utilización.

Tal es el caso de Squilla panamensis, Lysiosquilla manningi y Hemisquilla ensigera californiensis, las cuales son consumidas ocasionalmente por los propios pescadores. Aunado a esto, dentro de las múltiples actividades productivas, estas especies no son aprovechadas por desconocimiento, cuestiones de tradición, costumbre o prejuicios.

Por todo lo anterior, como integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a decretar una norma oficial mexicana para el aprovechamiento de la fauna de acompañamiento de la pesquería de camarón y especies de escama.

Segundo: Exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a estandarizar de manera regional las artes de pesca de camarón, así como homogeneizar las características técnicas de las redes de esta pesquería al realizar el ordenamiento pesquero.

Tercero: Exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación a agregar a la norma oficial mexicana 002-PESC-1993, ``para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos'', un apartado relativo al aprovechamiento de la fauna de acompañamiento adicional a dispositivos excluidores de tortugas y mamíferos marinos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 20 días del mes de abril de 2004.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.»

Turnada a la Comisión de Pesca.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a las secretarias de Desarrollo Social, y de Salud que se realice un diagnostico respecto al grave problema de salud motivado por la contaminación del Río Santiago que padecen los habitantes del municipio de El Salto, Jalisco, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos diputados federales, Quintín Vázquez García y Sergio Chávez Dávalos, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar el siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes

Antecedentes

Incontables Riesgos para la salud vienen padeciendo los habitantes del municipio de El Salto, Jalisco.

Cáncer en diferentes partes del cuerpo; fallecimientos de jóvenes por motivo del contacto permanente con las aguas contaminadas, graves afectaciones en la piel de niños, jóvenes y adultos son resultados de la falta de atención en materia ecológica en la margen del Río Santiago.

Descargas de desechos con alto grado de contaminación, incluyendo materiales pesados y que reconoce la Semarnat en sus informes, dejan un olor de muerte que resulta insoportable para los vecinos que tienen la desgracia de habitar en la zona.

Relatos desagradables de los habitantes afectados obligan a exigir la participación de las autoridades federales; urge tomar cartas en el asunto y otorgar garantías a los habitantes.

Las propias autoridades municipales consideran que no ha habido interés de controlar la contaminación de las aguas, ni por parte de la Semarnat.

Ni de Profepa, tampoco de la Comisión Nacional del Agua, ya que es de su competencia por tratarse del cauce del Río Lerma.

La propia Profepa señaló, en este grave asunto de contaminación y de salud no considerarse que reviste características de religiosidad, porque nadie ha detectado la presencia de químicos, ni en la Presa del Ahogado, en proporciones que pudieran ser peligrosas.

La propia autoridad ecológica, lejos de adentrarse y buscar propuestas de solución minimiza el problema sin importarle la salud y la propia vida de los vecinos.

La exagerada contaminación del cauce del río Santiago motivada por decenas de industrias, es un asunto de extrema importancia, por eso pedimos a este honorable Pleno su apoyo para considerar esta proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución

Diputados: Quintín Vázquez García (rúbrica), Sergio A. Chávez Dávalos (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona, Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), José García Ortiz, Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Jorge Leonel Sandoval (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica).»

Turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Social, y de Salud.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al jefe del Poder Ejecutivo Federal a derogar el decreto que crea un cuerpo colegiado que se denominará Comisión de Fomento Deportivo del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 24 de enero de 1945, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

El veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, fue publicado en el Diario Oficial un decreto firmado por el entonces presidente Manuel Avila Camacho, mediante el cual se creó un cuerpo colegiado denominado Comisión de Fomento Deportivo del Distrito Federal. En este decreto se establece que el órgano tendría a su cargo el impulso y fomento de las actividades deportivas y procurar la difusión de espectáculos que proporcionen esparcimientos sanos.

El decreto en mención está dividido en once numerales. Los primeros diez tienen por objeto el establecimiento de la integración y organización de la Comisión de Fomento Deportivo. Se explica de dónde se obtendrán los bienes y recursos para la comisión, la manera en que se conforma este cuerpo colegiado y sus atribuciones.

Sin embargo, al llegar al décimo primer numeral, encontramos un texto que rompe de tajo con el espíritu del decreto. Este numeral, a diferencia de los anteriores, no hace referencia a la comisión, su integración o funcionamiento, sino a la prohibición de juegos de futbol soccer si en los equipos participantes no actúan como mínimo siete jugadores mexicanos por nacimiento (exceptuando partidos internacionales o interclubes con conjuntos extranjeros).

La comisión creada por este decreto no fue la primera unidad administrativa en el Distrito Federal encargada del desa-rrollo deportivo, pues sus antecedentes datan de mil novecientos veintisiete, cuando se crea una oficina de acción deportiva dentro de la Administración Pública del Distrito Federal. Para mil novecientos cincuenta y cuatro, fue creada la Dirección del Deporte del Departamento del Distrito Federal, que se transformó en el Instituto del Deporte del Distrito Federal el doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Al día de hoy, la Ley General de Cultura Física y Deporte establece que la federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, ejercerán sus atribuciones en materia deportiva de conformidad con las bases de coordinación previstas en la propia ley. Por su parte, la Ley del Deporte del Distrito Federal deja en claro que corresponde al jefe del Gobierno del Distrito Federal ser el órgano rector de la política deportiva en esta entidad, para lo cual contará con las entidades publicas correspondientes y un consejo del deporte (integrado por el propio jefe de Gobierno, el secretario de Desarrollo Social, dos representantes de organismos deportivos, dieciséis representantes de la iniciativa privada y el titular de la dirección).

Hasta aquí, vemos que en el marco jurídico vigente, la Comisión de Fomento Deportivo del Distrito Federal, creada por el decreto del veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, no existe en la Ley del Deporte del Distrito Federal; así que la única vigencia de facto que tiene el decreto, es el mencionado numeral undécimo.

Presento a continuación los siguientes

Considerandos

1. Que en la pasada década de los noventa, la Federación Mexicana de Fútbol aceptó nuevamente el registro de hasta cinco jugadores por cada club de primera división (el máximo era de cuatro). Luego de esto, las autoridades capitalinas retomaron el dichoso decreto de mil novecientos cuarenta y cinco para evitar que cinco jugadores extranjeros por equipo jueguen en partidos oficiales en el Distrito Federal.

2. Que en México, este deporte obtuvo la categoría de profesional en mil novecientos cuarenta y tres, y requería de un fuerte apoyo para el desarrollo de talentos nacionales, razón fundamental para que el Presidente en turno decidiera proteger a los jugadores mexicanos.

3. Que para mil novecientos cuarenta y cinco, el Distrito Federal concentraba una gran cantidad de equipos profesionales de futbol, todos con extranjeros en sus alineaciones.

4. Que el decreto en referencia, fue promulgado en el contexto histórico de la segunda guerra mundial, cuando en México, como en la mayoría de las naciones, existía un sentimiento generalizado de nacionalismo exacerbado, una suerte de patrioterismo desfasado y bien alimentado por el gobierno en turno (baste recordar la efervescencia que despertó en la población la decisión de enviar al Escuadrón 201 a combatir al Pacífico).

5. Que las razones que dieron origen a la prohibición del número de extranjeros por equipo jugando en el Distrito Federal, carecen de validez en la actualidad. No está a discusión cuántos extranjeros debe haber por equipo, sino la sinrazón de que, de una entidad federativa a otra, no se respete el mismo número de jugadores extranjeros en la misma alineación de un equipo.

6. Este decreto contradice principios universales de la ley: la generalidad y la igualdad, ya que no existe generalidad ni igualdad cuando son perjudicados más los equipos del Distrito Federal por encima del resto de los equipos profesionales. En un torneo regular, los tres equipos del Distrito Federal (UNAM, Cruz Azul y América) disputan entre nueve y doce partidos en el Distrito Federal, mientras que el resto de los equipos disputan como máximo tres. Es decir, los equipos que no son del Distrito Federal se ven afectados por este decreto en menos del quince por ciento de sus partidos, mientras que los equipos del Distrito Federal pueden verse afectados hasta en mas del sesenta por ciento de sus partidos.

7. Que al tiempo que carece de validez la prohibición del numeral undécimo del multicitado decreto, como ya lo hemos analizado, los numerales del primero al décimo también son inaplicables, pues ni en la Ley del Deporte del Distrito Federal, ni en su reglamento, se menciona a la Comisión de Fomento Deportivo del Distrito Federal. Y las funciones que establece el decreto para esta Comisión, son cumplidas actualmente por el jefe de Gobierno, quien las ejerce por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto del Deporte del Distrito Federal, según se establece en el artículo 8 de la Ley del Deporte del Distrito Federal; por lo que el objetivo para el cual fue creado dicho cuerpo colegiado, ha sido rebasado por el marco jurídico vigente y las actuales instituciones deportivas de la ciudad.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al jefe del Ejecutivo federal a derogar el ``decreto que crea un cuerpo colegiado que se denominará Comisión de Fomento Deportivo del Distrito Federal'', publicado en el Diario Oficial del miércoles veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, por considerar su contenido como obsoleto e inútil para el desarrollo y el fomento deportivo en el Distrito Federal, e inequitativo para los clubes de fútbol profesional de esta entidad federativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de abril de dos mil cuatro.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)»

Turnada a la Comisión de Juventud y Deporte.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el desempeño y la fusión de la extinta unidad de proyectos especiales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN.

El suscrito diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública investigue el desempeño y fusión de la extinta Unidad de Proyectos Especiales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El pasado 15 de marzo del presente año el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes anunció que la Unidad de Proyectos Especiales fue absorbida por el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, lo que en la práctica significa la desaparición de esta unidad. Es decir, se hace la transferencia de sus recursos humanos, materiales y financieros, así como de sus funciones sustantivas, al Centro Nacional de las Artes, instancia que a través del Centro Multimedia dará continuidad a los programas de auspicio al videoarte.

La Unidad de Proyectos Especiales formaba parte de la estructura administrativa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), su objetivo era el de trabajar como un laboratorio de video en el que se buscaba reconocer a este medio como una herramienta artística indispensable. El lenguaje del video debe ser un puente que comunique la producción audiovisual con las diversas artes, aportando tantas perspectivas como realizadores y equipos creativos en general.

Dicha unidad representaba un cruce de caminos entre el video, el cine y la televisión, todos ellos medios que aportan técnicas determinadas, pero también cuestiones creativas que además de darle forma a un contenido, aportan un sentido crítico y artístico al formato en sí. En ese sentido es importante mencionar lo trascendente que resulta impulsar el trabajo de los videoastas mexicanos, quienes junto con guionistas, escritores, fotógrafos, editores, etcétera, conforman un bloque artístico diverso e interdisciplinario en el que las artes se conjugan y conviven bajo una mirada particular.

Por otro lado, el Centro Multimedia es un espacio dedicado a la experimentación, investigación, formación y difusión de las prácticas artístico-culturales en las que se emplean medios electrónicos. Cuenta con seis talleres o laboratorios: Sistemas interactivos, Gráfica digital, Audio, Realidad virtual, Imágenes en movimiento y Diseño de sistemas e interfaces, así como con un área de Investigación teórica y documental.

De acuerdo al Conaculta la transferencia de la Unidad de Proyectos Especiales al Centro Multimedia tiene como único motivo cumplir la política cultural que desde hace tres años impulsa el Gobierno de la República. Uno de los compromisos fundamentales de esta política es apuntalar las instituciones, herramientas y programas con los que cuenta el país para ampliar y fortalecer el papel de la cultura en el desarrollo nacional y en la vida de todos los mexicanos.

Asimismo, mediante un comunicado la misma dependencia menciona que: ``Estas medidas son congruentes con las medidas de eficiencia, racionalidad y transparencia impulsadas por el Gobierno Federal, dirigidas a la modernización de la administración pública, y en particular con las disposiciones del artículo 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por el Congreso de la Unión, que establece la obligatoriedad para la Administración Pública Federal de racionalizar estructuras administrativas, así como generar ahorros.''

Sin embargo, a pesar de ello tanto las actividades que se llevaron a cabo en la Unidad de Proyectos Especiales como las circunstancias en las cuales se dio el proceso de transferencia de recursos y funciones hacia el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, han dejado dudas a la comunidad cultural y artística nacional, manifestadas por diversos videoastas.

De ahí la preocupación y el interés del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por conocer la situación que guardaba la Unidad de Proyectos Especiales al momento de su fusión, para efectos de darle transparencia y certidumbre a este proceso.

Compañeros legisladores, la sociedad y todos los actores desde nuestro ámbito de competencia debemos actuar coordinada y permanentemente para renovar nuestro compromiso de darle plena transparencia y legalidad a nuestras acciones como servidores públicos.

Por todo ello y de conformidad con el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hemos resuelto proponer el presente:

Punto de Acuerdo

Unico. El Pleno de esta soberanía exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que investigue el desempeño y fusión de la extinta Unidad de Proyectos Especiales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y proceda conforme a la ley, si es necesario.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, 20 de abril de 2004.--- Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica).»

Turnada a las comisiones unidas de Gobernación, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al titular del Ejecutivo Federal que instruya, con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a las secretarias de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de fijar tarifa especial 1F que considere las altas temperaturas que se registran durante el verano en el Estado de Chihuahua y diversas regiones del país, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar al titular del Ejecutivo Federal, con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Secretarías de Energía y Economía y la Comisión Federal de Electricidad para que fije tarifa especial 1F que considere las altas temperaturas que se registran durante el verano en el estado de Chihuahua y diversas regiones del país, con base en las siguientes

Consideraciones

1.- El pasado 11 de marzo del año en curso, el diputado Pedro Domínguez Alarcón, integrante del grupo parlamentario del PRI en el H. Congreso del estado de Chihuahua, presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, y la Comisión Federal de Electricidad, el establecimiento de una tarifa especial para la próxima época de verano, considerando que las tarifas actuales, publicadas en el diario oficial de la federación mediante decreto del 7 de febrero de 2002, proporcionan injustamente un mayor subsidio a los sectores comercial y empresarial, en detrimento de la mayoría de los usuarios que orillados por las altas temperaturas registradas en verano, requieren de efectuar un mayor consumo de energía eléctrica, mismo que tiene que ser pagado a las mismas tasas establecidas para sectores con un mayor consumo.

2.- A partir del aumento de las tarifas eléctricas para uso residencial, han sido evidentes las denuncias y quejas de usuarios en todo el país, que históricamente demuestran un bajo consumo de energía eléctrica, y que con los ajustes de tarifas, tienen que pagar por consumos similares hasta un 80.9% de aumento. Evidentemente, los casos en donde se registran altos consumos, la Comisión Federal de Electricidad afirma estar cobrando lo justo, sin embargo, las miles de quejas referidas evidencian fallas en la medición, cobros injustificados, abuso de autoridad ante las denuncias, y excesos burocráticos para atender las quejas, e inexplicables beneficios para quienes registran mayores consumos.

3.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, argumentaron al momento de anunciar la publicación del decreto que ``las tarifas domésticas cuentan con un subsidio que beneficia a los usuarios con mayores consumos, lo que provoca menores ingresos al erario federal y por consecuencia es necesario reducir dichos subsidios''

Asimismo, afirmaron que ``con la nueva tarifa DAC (doméstica de alto consumo) se excluía de la reducción del subsidio al 75% de los usuarios nacionales, que sea aplicaría una reducción parcial para el 20% de los usuarios, y que solo se eliminaría el subsidio para el 5%''.

A dos años del establecimiento de las nuevas tarifas, los daños económicos son incalculables para miles de familias, como las del Estado de Chihuahua, que estiman la aplicación de las citadas tarifas, un engaño y una injusta estructura tarifaría, debido a que los más afectados son los usuarios del sector doméstico y los más beneficiados los usuarios del sector comercial y empresarial.

4.- Conforme lo establece el decreto referido, los usuarios que consuman hasta 140 Kwh (kilowatts hora) mensuales no tienen aumento; los usuarios que consuman de 141 Kwh hasta 250 Kwh hay un primer aumento, y para consumos superiores a los 250 Kwh un aumento más.

Para ejemplificar lo anterior, me permito citar textualmente lo expuesto por el diputado Pedro Domínguez en el H. Congreso del Estado de Chihuahua:

``Para que sea cierto que el 75% de la población no se vea afectado por el aumento, éste deberá consumir no más de 140 Kwh mensuales, es decir, más de 3 millones de chihuahuenses quedan condenados a éste reducido consumo''

``Eso quiere decir, que para no ser perjudicado, el Estado de Chihuahua no debería consumir electricidad para satisfacer sus necesidades, ya que 140 Kwh mensuales equivalen para una familia chihuahuense: el uso de 1 refrigerador, una televisión, 6 focos de 60 watts, una plancha, una licuadora, un equipo de sonido y un radio, todos usados racionalmente. En resumen, en Chihuahua, quienes rebasan los 140 Kwh tienen que pagar un considerable aumento de 83%; los que consumen 200 Kwh pagan un aumento superior al 200%, y quienes rebasan los 250 Kwh pagan 46.5%; En cambio, para el caso de los usuarios con altos consumos, el aumento va decreciendo conforme aumenta el consumo. Por ejemplo: el usuario que consume 1000 Kwh mensuales, paga solo el 22.3% más que antes y el que consume 3000 Kwh solo paga el 8.3% adicional'' -termina la cita.

5.- Lo anterior evidencia claramente la desproporción de las tarifas y hace urgente conocer cuales son los criterios utilizados por la Comisión Federal de Electricidad para aplicar dichas tarifas no solo en el Estado de Chihuahua, sino en todo el país, y en especial saber que ocurre en aquellas entidades donde la época de verano conlleva la alta elevación de las temperaturas, y por consecuencia el uso obligado por parte de miles de usuarios, de diversos aparatos eléctricos para aclimatar sus hogares y espacios de trabajo, incluso en el día y la noche.

6.- El artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que: ``La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía. A través del procedimiento señalado, la SHCP podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

7.- En virtud de esto no es posible que el consumidor final seamos los que paguemos algunas ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad en su operación de distribución.

En virtud a lo anterior, me permito proponer a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Unico.- Que ésta Honorable Cámara de Diputados, solicite al Titular del Ejecutivo Federal, para que con fundamento en el artículo 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 fracción V de la Ley de Planeación y artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que con la participación de las Secretarías de Energía, Economía y la Comisión Federal de Electricidad, fije de forma urgente la tarifa especial 1F para el Estado de Chihuahua y todas aquellas entidades donde las temperaturas durante la época de verano excedan los 32 grados centígrados, y asimismo, informen a ésta H. Cámara de Diputados los criterios económicos, poblacionales, geográficos, climatológicos, o de cualquier índole, bajo los cuales han sido definidas las tarifas del decreto del 7 de febrero del año 2002.

Dip. Omar Bazán Flores.»

Turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de pedir al Ejecutivo Federal que, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aplique de manera urgente un diferimiento para la inversión extranjera en nuestro pais por lo que respecta al autotransporte, como medida de efecto equivalente ante el incumplimiento por parte de Estados Unidos de América de los acuerdos que sobre dicha actividad contiene el referido tratado, a cargo del diputado francisco Juan Avila Camberos, del Grupo Parlamentario del PAN

México requiere establecer las bases para que la operación de los servicios de autotransporte transfronterizo se dé en condiciones equivalentes de eficiencia, calidad y competitividad. También requiere regularlo para poder llevar a cabo convenientemente la apertura acordada así como restablecer los plazos originalmente pactados con los Estados Unidos de América para la apertura en materia de inversión, con el propósito de garantizar la seguridad y la operación eficaz del autotransporte internacional, con fundamento en el principio de reciprocidad que se consigna en el Tratado antes señalado.

Antecedentes

Con motivo de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte suscrito por Canadá, Estados Unidos y México, mismo que entró en vigor el 1º de enero de 1994, se convino el establecimiento de un calendario de apertura en materia de autotransporte tanto en materia de servicios como de inversión, el cual no se pudo materializar debido a la decisión unilateral de los Estados Unidos de América de suspender la apertura a la inversión y al autotransporte transfronterizo de carga; pasajeros y turismo.

El Gobierno de los Estados Unidos de América desde el 18 de diciembre de 1995, decidió aplicar una moratoria tanto a la prestación de servicios como a la inversión por parte de los transportistas mexicanos, motivo por el cual el Gobierno de nuestro país promovió de conformidad con el capítulo XX del propio Tratado la integración de un panel arbitral que el 6 de febrero de 2001 resolvió que dicha prohibición constituía un incumplimiento por parte de los Estados Unidos de América y una medida en contra de los objetivos del propio Tratado. Además concluyó que los Estados Unidos de América deberían llevar a cabo las acciones necesarias para que sus prácticas en materia de inversión y servicios se ajustaran a los compromisos adquiridos.

Estados Unidos de América levantó su moratoria a las inversiones mexicanas en materia de autotransporte hasta el 27 de noviembre de 2002, lo cual se debió cumplir desde el 17 de diciembre de 1995.

México y Estados Unidos de América no han podido llegar en este caso a una solución consensuada sobre la controversia sometida al panel como lo establece el Tratado de Libre Comercio en su Capítulo XX, artículos 2018 y 2019 para abrir su frontera, sobre todo porque los Estados Unidos emitieron en marzo del 2002 diversas reglas para los autotransportistas domiciliados en México que deseen operar el servicio de autotransporte transfronterizo, las cuales regulan aspectos técnicos, operativos y de seguridad, en relación con el operador, la unidad y el permiso respectivo, requisitos que los Estados Unidos de América no consideraron originalmente cuando suscribieron el TLCAN.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), consagra como principios fundamentales, los de ``trato de nación más favorecida'' y ``trato nacional'', en beneficio de los nacionales de los países signatarios del mismo.

El gobierno de México de conformidad con el (TLCAN) tiene la facultad de adoptar medidas llamadas de efecto equivalente por el mecanismo de solución de controversias a que se refiere su capítulo XX, de acuerdo con el artículo 2019: Incumplimiento-Suspensión de Beneficios.

Es facultad del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía como administradora del Tratado, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por sus atribuciones en materia de autotransporte nacional y de la Secretaría de Relaciones Exteriores por su ingerencia en el ámbito internacional la aplicación de las llamadas medidas de efecto equivalente de conformidad con nuestros derechos en el TLCAN, para lograr el acceso del autotransporte mexicano a los Estados Unidos en condiciones apropiadas que promuevan una competencia justa y equitativa.

Es deber de esta soberanía fomentar el cumplimiento de los tratados internacionales, para que estos se traduzcan en un beneficio sustantivo que propicie el desarrollo de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional para hacerla competitiva tanto en el ámbito local como el internacional, en condiciones que generen una verdadera competencia sana y equitativa entre los prestadores de servicios, para que con ello se logre no solo el desarrollo y modernización del sector, sin también la generación de más y mejores empleos. Por lo tanto:

Considerando

Primero. Que no se ha implementado el transporte internacional de carga previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Segundo. Que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha incumplido sus compromisos de apertura tanto en materia de servicios como de inversión, en una evidente inequidad y falta de reciprocidad que son contrarios al espíritu del tratado aludido.

Tercero. Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte busca promover condiciones de competencia leal y justa en una zona de libre comercio y sin embargo el Gobierno de los Estados Unidos impidió desde el 18 de diciembre de 1995 el acceso a su mercando a los transportistas mexicanos, tanto en materia de servicios como de inversión.

Cuarto. Que los Estados Unidos de América han incumplido con la resolución final del Panel de Controversias donde se le ha dado la razón a México. Que además ha transcurrido en exceso el plazo de 30 días previsto en el TLCAN para dar cumplimiento a la resolución y que las nuevas reglas de acceso impuestas después de la firma del Tratado por el gobierno estadounidense, han sido rechazadas por las autoridades mexicanas por considerarlas discriminatorias.

Quinto. Que la aplicación del artículo 6º transitorio de la Ley de Inversión Extranjera respecto a la descalendarización que permitiría hasta el 100% de inversión extranjera en materia de autotransporte a partir de primero de enero de 2004 puede ser considerada como una medida de efecto igual o equivalente a la adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Sexto. Que los autotransportistas de carga nacionales han solicitado en múltiples ocasiones adoptar medidas de efecto equivalente, de conformidad con el TLCAN.

Séptimo. Que el no adoptar de inmediato medida alguna que restrinja la inversión extranjera en cualquiera de sus modalidades en el autotransporte mexicano, representará una importante desventaja competitiva para nuestros transportistas y amenazará con afectar severamente las fuentes de trabajo que genera esta actividad.

Octavo. Que es facultad del gobierno mexicano de conformidad con nuestros derechos en el TLCAN, adoptar medidas de efecto equivalente que efectivamente propicien condiciones para una leal y justa competencia con nuestros socios comerciales, hasta en tanto no se logre un acceso efectivo y equitativo del autotransporte mexicano a los Estados Unidos.

Dado que se necesita mantener un principio de equidad y reciprocidad elemental con los Estados Unidos de América en materia de inversión y de servicios relacionados con el sector autotransporte, lo que a la fecha no se ha logrado por el desfasamiento en el calendario de apertura convenido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), situación que de no corregirse puede generar un daño irreparable para al autotransporte de México, por la importancia estratégica que este sector tiene para la economía de nuestro país; se propone el siguiente punto de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Se solicita al Ejecutivo Federal que dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte aplique de manera urgente un diferimiento para la inversión extranjera en nuestro país en lo que respecta al autotransporte como medida de efecto equivalente ante el incumplimiento por parte de los Estados Unidos de América de los acuerdos que sobre dicha actividad contiene dicho tratado. Esto hasta que la apertura del autotransporte transfronterizo se resuelva favorablemente y en condiciones de equidad para nuestro país.

Dip. Francisco J. Avila Camberos (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Economía.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se constituya una Comisión Especial contra el Contrabando y la Piratería, cuyas funciones tendrán como objeto analizar, sistematizar, plantear acciones y supervisar su instrumenta- ción y ejecución y todas las demás que en su plan de trabajo sean consideradas pertinentes para el combate de este grave mal, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del PRI.

El que suscribe, Diputado Carlos Blackaller Ayala a nombre de diputados Federales de varios grupos parlamentarios de esta LIX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 incisos a), b) y c) y 42 de la ley orgánica que rige el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 58, 71 y 78 del reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la superior consideración de esta honorable asamblea el punto de acuerdo por el que se propone la creación de una Comisión Especial para coordinar, plantear y supervisar acciones para el combate de todo tipo de contrabando y piratería al tenor de los siguientes

Considerandos

Que existe el clamor y reclamo generalizado de amplios sectores y ramas productivas del país en contra de las distintas modalidades de contrabando y piratería que están afectando sus economías.

Que en diversos foros y publicaciones se ha dado cuenta de este indignante flagelo de la economía nacional, en donde universidades, dependencias gubernamentales, organismos de productores y empresariales dan a conocer con minuciosos detalles información contundente de esta amarga realidad.

Que éstos datos, ésta información existente, muestra como sectores industriales como el del juguete, otrora pujantes y en operación satisfactoria, hoy solo participa con 20% del mercado nacional. Así mismo, otros sectores como los textiles, confección y calzado, considerados importantes y hasta indispensables motores del desarrollo económico regional, como entre otros, es el caso de los Estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Puebla, que apenas hace unos años eran importante fuente de empleo formal de cientos miles de trabajadores, hoy se ven forzados a cerrar sus plantas o bien a operar bajo esquemas al margen de la legalidad.

Que el contrabando no se circunscribe solo a los sectores comercial e industrial del medio urbano, sino que aun peor, es un mal que se ha extendido al ámbito agropecuario, agravando la ya de por si precaria economía de nuestros campesinos y en una clara amenaza a la estabilidad social.

Amén del riesgo que representa para la salud de nuestra población, por la falta total de control sanitario, pues muchos de estos productos no cumplen con las normas mínimas que establece la Secretaría de Salud para los productos nacionales, así como las normas ambientales que en su elaboración establecen las leyes mexicanas respectivas.

Que no obstante, siendo este fenómeno tan comentado y socializado, las cifras que al respecto se manejan muestran gran diversidad, por lo que es manifiesta la necesidad de sistematizar el análisis de este problema, algunos hablan que los montos totales de contrabando representan hasta el 30% de las importaciones legales, otros, que esta cifra se considera como el 200% de las mismas. Estas diferencias podrían encontrar explicación cuanto se hace referencia a sectores específicos. Incluso se menciona que éste delito puede rondar en niveles cercanos al 30% del PIB.

El contrabando no solo perjudica al comercio y a la industria, sino a nuestra economía en su conjunto, pone al resto del país en desventaja competitiva, al utilizar, aprovechar y beneficiarse de la infraestructura pública sin contribuir a ella. El monto de la evasión fiscal se cuantifica en los 24 mil millones de dólares.

Que por la magnitud del problema, este pernicioso fenómeno ha sido traído tanto a ésta tribuna como a la del Senado. En ésta última, Senadores de varios partidos como la Senadora Sauri Riancho, los Senadores Hamdam, Alaniz Posada, Jackson Ramírez y Garcia Torres han generado iniciativas, que de aprobarse contribuirán a combatir el contrabando.

En ésta honorable Cámara de Diputados además de las ocasiones que el tema fue abordado y referido en las legislaturas pasadas, en la actual, en distintos tenores, perspectivas y propuestas, el tema se ha abordado por muchos de nosotros en más de una docena de ocasiones.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, en días pasados celebró un Foro Temático en el que se abordó el tema de cómo el contrabando está afectando al sector agropecuario, donde se expusieron preocupantes datos estadísticos y en el que representantes de distintas ramas agropecuarias presentaron su problemática derivada de la creciente oferta de productos agropecuarios, que se introducen a nuestro país sin respetar leyes, acuerdos comerciales y cupos. Perdiendo así soberanía y transitando hacia la dependencia alimentaria.

En dicho Foro las propias autoridades responsables reconocen la gravedad del problema, que lagunas legales y la falta de recursos humanos, económicos y materiales alejan la posibilidad de avanzar en resultados satisfactorios al combate de estas prácticas ilegales y paralegales.

Que diversos organismos empresariales del país de manera constante y contundente han planteado se combata a fondo el contrabando de todo tipo no importando las personas que se vean afectadas.

Que no obstante todo lo anterior, el Contrabando sigue en aumento día a día. Además de las consecuencias económicas, sociales, políticas y de seguridad, erosiona nuestras instituciones por la implícita corrupción y delincuencia organizada, con la que el contrabando debiera ser equiparado.

Por todo lo anteriormente expuesto, los diputados firmantes proponemos y solicitamos a ésta Honorable Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico: Conforme al Artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya una Comisión Especial contra el Contrabando y la Piratería, cuyas funciones tendrán como objeto analizar, sistematizar, plantear acciones y supervisar su instrumentación y ejecución y todas las demás que en su plan de trabajo sean consideradas pertinentes para el combate de este grave mal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de Abril de 2004.--- Dip. Carlos Blackaller Ayala (rúbrica).»

Turnada a la Junta de Coordinación Política.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para recomendar al Ejecutivo Federal que modifique el decreto de creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con objeto de otorgarle mayores facultades, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN.

El que suscribe, diputado federal José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, haciendo uso de la facultad que le otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para recomendar al Ejecutivo Federal que modifique el decreto de creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) con el objetivo de otorgarle mayores facultades, mismo que presenta con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. En el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que ``toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución''.

Segunda. Mediante reformas al artículo 4° constitucional, en 1983, se incorpora una garantía social en favor de toda la población: el derecho a la protección de la salud. Como consecuencia, el Gobierno de la República tiene el reto de brindar a todos los habitantes servicios de salud con altos estándares de calidad y la aplicación estricta de los principios de la bioética, que se traduzcan en el cabal cumplimiento de este derecho social.

Tercera. Para reforzar esta tarea pública, en el marco de la reforma del sector salud, en 1996, mediante decreto del Ejecutivo Federal se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la misión de contribuir a tutelar el derecho a la protección de la salud por medio de la resolución de conflictos suscitados en la prestación de los servicios de salud cuando éstos inciden en la salud del paciente y mejorar la calidad de dichos servicios. Con ese propósito, se dotó a la institución de plena autonomía técnica para recibir quejas en contra de profesionales de la medicina e instituciones médicas y hospitalarias, públicas y privadas; investigar presuntas irregularidades o negativas en la prestación de los servicios; participar en la celebración de convenios y acuerdos entre los prestadores y los pacientes y sus familiares vigilando su debido cumplimiento; emitir laudos resolutorios dentro del procedimiento arbitral cuando las partes así lo soliciten, así como elaborar opiniones técnicas de oficio en casos de deficiencias en los servicios cuando se afecten intereses de la población en general, todo ello bajo los principios de imparcialidad, especialización y equidad.

Por la naturaleza de dichas atribuciones -sin posibilidad de ejercer medidas coercitivas diversas a la publicidad de sus recomendaciones- más que el carácter de autoridad a la Conamed le fue conferido el status de gestor de calidad en materia de salud.

La institución ofrece a la población diversas alternativas extrajudiciales para la atención y resolución de conflictos derivados de la práctica médica: información y asesoría, gestoría, conciliación, y arbitraje.

Cuarta. Si bien lo logrado hasta esta fecha ha permitido a la Conamed alcanzar un posicionamiento favorable en los medios social y médico mexicanos -prestadores de los servicios y población usuaria- no todo ha sido fácil. Pese a las bondades de la Conamed como instancia incidental de administración de justicia, la misma, afronta, además de los retos naturales de todo ente público para preservar su eficacia funcional en épocas de restricciones presupuestales severas, otros retos que debe resolver.

En un inicio, el principal problema enfrentado fue la renuencia del gremio médico a considerar a la institución como interlocutora responsable de valorar sus procedimientos, negándose, en no pocas ocasiones, a acudir a sus instalaciones, por juzgarla, las más de las veces, una instancia de procuración de justicia más.

Otro problema fue pretender desconocer la constitucionalidad de su creación, en virtud de tratarse de un decreto del Ejecutivo Federal y coexistir con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada por ley del Congreso General, instancia hasta esa fecha responsable de atender las deficiencias en los servicios médicos, pero con competencia limitada al no poder intervenir en los casos de prestadores de servicios privados, la cual, de igual forma, ofreció resistencias a su actuación.

También se adujo, en total desconocimiento de las atribuciones de la Conamed, que ésta violaba el principio de igualdad jurídica de los hombres ante la ley, al ``juzgar'' sólo a los prestadores de servicios y no a los usuarios. O bien, que las partes quedaban imposibilitadas para ocurrir ante un tribunal una vez agotados sus procedimientos, cuando sabemos que el derecho a querellarse es irrenunciable. El fallo pronunciado en el laudo sólo tiene como efecto determinar el monto de la indemnización -la reparación del daño-, sin perjuicio de que la querella continúe respecto de la probable conducta criminal.

Otro problema enfrentado de inicio fue la carencia de profesionales de la medicina que auxiliaran en la elaboración de dictámenes médico-periciales. Lo anterior dificultó contar con especialistas suficientes para atender las cargas de trabajo de la institución, por ello se consideró conveniente guardar la confidencialidad de los autores de los estudios que sustentaran las opiniones, dictámenes y peritajes emitidos, los cuales son valorados de manera colectiva y rubricados por los presidentes de las Salas de Arbitraje de la Conamed. Esta confidencialidad preserva la imparcialidad de quien realiza el estudio del caso.

Quinta. Es importante subrayar la relevancia de la Conamed como instancia conciliatoria y su tarea de coadyuvar en la administración de justicia a un sector de la población con demandas sociales tan sentidas, derivada en gran medida del apego a los conceptos de calidad y bioética aceptados universalmente en el marco legal vigente, los cuales establecen que el servicio médico debe otorgarse siempre con la pretensión de proteger íntegramente al paciente proporcionándole los mayores beneficios posibles, pero considerando también que cada caso está sujeto a factores diversos que determinan los resultados de la atención.

Sexta. Por otra parte, los titulares de los órganos de administración de justicia federales suelen presionar la diaria actividad de la institución solicitándole peritos, de los cuales carece dentro de su estructura administrativa y tampoco contar con listas de ellos de las cuales pueda echar mano, ya que quienes auxilian en tal tarea lo hacen previa contratación como asesores externos y en gabinete, lo cual propicia que constantemente le sean impuestas multas por no atender la diversidad de procedimientos instaurados en forma simultánea en toda la República.

Séptima. Por la misión que tiene encomendada la Conamed subsiste el interés en cooperar en los procedimientos administrativos o jurisdiccionales en los cuales se involucre un prestador de servicios médicos, para que conductas u omisiones vinculadas con su ejercicio, en las cuales resulten daños a la salud de cualesquier habitante, no queden sin el debido análisis, sólo así podrán corregirse fallas y mejorarse la calidad de la atención médica brindada. De igual forma, está interesada en deslindar responsabilidades relativas al acto médico, brindando el auxilio necesario a los profesionales injustamente acusados de mala práctica, pues se comprende la necesidad de que quienes enfrenten una problemática de este tipo sean valorados en los actos propios del ejercicio de la medicina por sus pares, y desde una institución con altos niveles de especialización e imparcialidad.

Octava. Respecto de las fortalezas y oportunidades que se avizoran para la institución, vale comentar que desde la instauración del modelo Conamed de resolución de controversias, el mismo ha tenido un efecto replicador en el ámbito nacional. Desde su creación ha apoyado la instalación de instituciones análogas en los estados de la República, mismas que coadyuvan en la atención de inconformidades vinculadas con el acto médico, cuando se trata de probables responsabilidades de prestadores de servicios estatales y particulares, quedando bajo la competencia de la Conamed sólo el conocimiento y resolución de actos de prestadores de instituciones federales.

Pero no sólo nacionalmente se han realizado esfuerzos con resultados favorables, también en lugares del extranjero se ha compartido nuestra experiencia en la materia, caso del país Vasco, Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Novena. Que el actual Gobierno Federal reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 que ``la protección de la salud es un valor compartido por todas las sociedades, todos los sistemas ideológicos y todas las organizaciones políticas y, por tanto, es un valor que fortalece el tejido de nuestra sociedad''.

Además, en el mismo Plan Nacional de Desarrollo el Ejecutivo enfatiza que ``para mejorar la salud de los mexicanos es necesario democratizar la atención a la misma, lo cual supone aplicar las normas y los procedimientos de la ciudadanía a instituciones que estaban regidas por otros principios, como el control coactivo, la tradición social, el juicio de los especialistas o las prácticas administrativas''.

Décima. Lo anterior implica que en la democratización de la salud ``está también la obligación de los servidores públicos de rendir cuentas y el derecho de los ciudadanos a exigirlas. Y que para hacer realidad la democratización de la atención de la salud, México debe contar con un sistema al que tengan acceso todos los mexicanos, independientemente de su capacidad de pago; que responda con calidad y respeto a sus necesidades y expectativas; que amplíe sus posibilidades de elección; que cuente con instancias sensibles y eficaces para la presentación de quejas, y con mecanismos de participación en la toma de decisiones. Democratizar es, en suma, construir un sistema de, por y para la gente''.

Undécima. Que en el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, 2003, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, se enfatiza el reconocimiento del derecho al disfrute del nivel más alto de salud física, mental y social.

Que en ese mismo documento se recomienda, como marco para lograr el respeto de los derechos de los ciudadanos a gozar de un mejor servicio médico, el lograr la efectiva autonomía de la Conamed y su fortalecimiento, así como la intervención de los órganos no jurisdiccionales de protección a los derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Por tanto, en ejercicio de mis atribuciones pongo a consideración de esta LIX Legislatura el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta Cámara de Diputados recomienda al Ejecutivo Federal modificar el decreto que crea la Conamed para efectos de

1. Que la competencia de la Conamed tenga plena intervención en los casos de prestadores de servicios de salud privados.

2. Que los fallos pronunciados en los laudos de la Conamed no sólo tengan como efecto el determinar el monto de la indemnización, la reparación del daño, sino que también tengan efectos para una querella en la que pueda haber responsabilidad de tipo civil, administrativa y/o penal.

3. Que a la Conamed se establezcan términos para que expida sus dictámenes, laudos o peritajes médicos en un plazo menor al de la prescripción de la probable responsabilidad cometida por parte de los servidores de la salud en agravio de los pacientes, dependiendo del tipo de responsabilidad, sea civil, penal o administrativa.

4. Que antes de que la Conamed inicie cualquier proceso de arbitraje, ésta se asegure que el prestador del servicio médico involucrado acredite fehacientemente el cumplir con los requisitos exigidos por la ley relativos al ejercicio de las profesiones.

5. Que al interior de la Conamed se establezca un Consejo General, el cual se integraría por seis consejeros y por el director general de la Conamed, quien lo presidirá. Los consejeros serían designados por el propio director general de entre los principales funcionarios de más alta jerarquía dentro de la institución.

6. Al Consejo General le correspondería: establecer las políticas generales a que deba sujetarse el órgano; aprobar y expedir el Reglamento Interno y las demás disposiciones que regulen la vida interna de la Conamed; aprobar y expedir el reglamento de procedimientos para la atención de las quejas, observando las disposiciones jurídicas aplicables a los mismos; conocer de los asuntos que someta a su consideración el director general; nombrar y, en su caso, remover, a propuesta del director general, a los subdirectores generales; analizar y, en su caso, aprobar el informe que el director general presentará anualmente al titular del Ejecutivo federal; evaluar periódicamente el funcionamiento de la Conamed, formular y emitir las recomendaciones correspondientes al desempeño y resultados que obtenga.

7. Que la Conamed cuente con un Consejo Consultivo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los médicos, de los juristas especializados en el tema y de los pacientes; es decir, que se cuente con un espacio de consulta, asesoría y de diálogo multiplural, en donde se planteen las preocupaciones de todos los actores involucrados. Y esto es porque actualmente en la Conamed hay médicos y abogados pero no representación de los pacientes. Así, con esta opción se subsanará dicha deficiencia y se posibilitará el patrocinar y defender los intereses de los quejosos.

8. El Consejo Consultivo de la Conamed estaría integrado por el Director General de la misma, quien propondrá a los representantes del gremio médico nacional, del gremio jurídico nacional especializados en el tema, de organismos ciudadanos no gubernamentales, y además lo integrará el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estos últimos como representantes de los usuarios de los servicios médicos.

9. Dicho Consejo Consultivo estaría integrado por diez personas, más el presidente del mismo, que gocen de reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y cuando menos siete de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión como servidor público.

10. El director general de la Conamed sería el presidente del Consejo Consultivo. Los cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su presidente, los consejeros durarán en su cargo dos años, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

11. El Ejecutivo federal, previa auscultación a los sectores sociales del país, ratificaría y otorgaría el nombramiento a los miembros del Consejo Consultivo que hayan sido propuestos por el director general de la Conamed.

12. El Consejo Consultivo de la Conamed tendría las siguientes facultades: conocer anualmente los informes que rinda el director general; proponer lineamientos generales para la actuación de la Conamed; opinar sobre los programas y funcionamiento interno de la institución; y fungir como su órgano de consulta, cuando así lo determine su director general.

13. Que al interior de la Conamed sean considerados trabajadores de confianza: el director general, los subdirectores, el personal de apoyo a los funcionarios anteriores y en general aquel que realice funciones de dirección, inspección, investigación, supervisión, fiscalización o vigilancia. Y los se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado ``B'' del Artículo 123 Constitucional.

14. Los demás trabajadores tendrán nombramiento de base y se regirán por lo dispuesto en el artículo 123 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de su ley reglamentaria.

15. Todos los trabajadores de la Conamed quedarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Segundo. Se instruya para que se publique íntegro el texto de la proposición en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 20 de abril de 2004.--- Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Salud.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al órgano interno de control de la Cámara de Diputados a abrir una investigación por la publicación aparentemente errónea en la Gaceta Parlamentaria, Año VII, con fecha de diciembre de 2003, sin precisar día, del anexo 21 del proyecto del PEF 2004 y se aplique la ley a quien o a quienes resulten responsables, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del PAN.

La suscrita, Diputada Federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

En diciembre del 2003, los distintos partidos políticos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, acordaron el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, así como el dictamen de los Anexos del Proyecto de Presupuesto.

No obstante, en la publicación de dichos dictámenes en la Gaceta Parlamentaria del Año VII, con fecha de Diciembre del 2003 sin precisar el día, aparecieron aparentemente errores en el Anexo 21 sobre las Reasignaciones de Gasto; específicamente en los Ramos 9, 11 y 12 de Comunicaciones y Transportes, Educación y Salud, respectivamente. Tales errores modificaban los montos reasignados, incumpliendo los acuerdos alcanzados por todos los grupos parlamentarios.

En el ramo 9 de Comunicaciones y Transportes, en el documento modificado se asignaban al estado de Coahuila apoyos no negociados para 20 proyectos concretos de carreteras, así como recursos para proyectos originalmente no contemplados en Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Colima, Guanajuato, entre otros. Sin dejar a un lado que los recursos asignados a los estados para la Conservación de Carreteras y para Caminos Rurales fueron cambiados completamente.

En el ramo 11 de Educación, en el documento erróneo se asignaban recursos a Universidades Públicas de Puebla, Sinaloa, Veracruz y Durango, estados donde casualmente este año habrá elecciones; así como recursos para una Preparatoria en Guanajuato. Tampoco se debe dejar pasar que en el documento se eliminaban recursos previamente asignados para CONACULTA, CONADE y Becas Oportunidades.

En el ramo 12 de Salud, en el mismo documento se destinaban recursos a Hospitales en Oaxaca, Tabasco y Nuevo León; además de modificar los montos preasignados a otros rubros coma Vacunación, Atención a enfermos de VIH SIDA y Atención a la salud de la mujer.

Cierto es que con fecha 30 de Diciembre del 2003, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, Año VII, una Fe de Erratas con los anexos del proyecto de presupuesto ya con los montos originalmente acordados y que posteriormente fueron votados y aprobados en el pleno. Sin embargo, dicha corrección no libera de una probable responsabilidad a los ``Duendes'' autores de los errores en el Anexo 21.

La manipulación del proyecto del presupuesto es inadmisible ya que es una grave falta de respeto y seriedad a los acuerdos alcanzados en beneficio no de ningún partido político, sino de la gobernabilidad del país. Por esto, es que me parece adecuado que todos apoyemos este Punto de Acuerdo a fin de que intervenga el órgano de control interno de la Cámara para que después de la indagación del caso, nos haga saber el resultado de su investigación a la brevedad posible a fin de estar en la aptitud de actuar como corresponda.

Estoy en la convicción de que a todos los miembros de esta soberanía nos interesa fundamentalmente lograr consensos en beneficio del país, y por la misma razón, debemos condenar enérgicamente todos los intentos por impedir que cumplamos con nuestro cometido.

Por lo antes expuesto a esta soberanía, someto la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PRIMERO. Se exhorta al órgano de control interno de la Cámara de Diputados para que abra una investigación por la publicación aparentemente errónea en la Gaceta Parlamentaria, Año VII, con fecha de Diciembre del 2003 sin precisar día, del anexo 21 del anteproyecto del PEF 2004 y se aplique la ley a quien o quienes resulten responsables.

SEGUNDO. Conforme al artículo 59 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto este Punto de Acuerdo a votación por ser de urgente u obvia resolución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril de 2004.--- Dip. Tatiana Clouthier Carrillo.»

Turnada a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar la reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente por el titular del INEGI, a cargo del diputado Pedro Avila Nevarez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los trabajadores de este país sufren una gran embestida por parte de algunos colaboradores del titular del Poder Ejecutivo, en contubernio con las autoridades laborales de los distintos niveles, violentando los derechos de la clase asalariada de este país.

Las decisiones de las autoridades laborales y la falta de firmeza en la ejecución de la ley, así como la interpretación que de ella hacen los miembros de los órganos encargados de impartir justicia, hacen urgentes las reformas que frenen la impunidad con la que estos servidores públicos ejercen su función.

Es hora de empezar a revisar cómo poner freno a la injusticia creada desde las instancias que deberían impedirla.

Un ejemplo de esta gran embestida en contra de los trabajadores de México, es el cinismo con el que se conducen los funcionarios del actual gobierno y demuestra el nivel de injusticia que vive la clase trabajadora.

Desde el año 1998 más de 2 mil trabajadores del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, el INEGI, decidieron demandar su calidad de trabajadores de base, ya que cumplían en promedio 10 años de servicio dentro de este instituto. Dichos trabajadores fueron despedidos sin considerar que los programas de trabajo continúan vigentes hasta la fecha y que estos son de carácter sistemático y contínuo.

La oferta del director del Instituto fue: o se desisten de sus demandas o no hay trabajo, o lo que es peor, la argumentación del director jurídico del INEGI: ``afirmar que para él es mas fácil pagar a un magistrado que pagar lo que se les debe a los trabajadores''.

Desde hace más de 260 días estos trabajadores están en un plantón en la Secretaría de Hacienda, en espera de que el titular de esta dependencia resuelva sus justas demandas, pero al parecer éste ni los ve, ni los oye, por lo que es una obligación de esta Cámara coadyuvar a reparar el daño que este Gobierno ha causado a estos trabajadores.

Por los argumentos expresados anteriormente y con la congruencia en los artículos 58 y 59 del reglamento interno que rige la vida institucional de esta Cámara me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que se conforme una subcomisión encargada de revisar el trabajo de los órganos encargados de la justicia laboral de este país, así como también se cite a comparecer a los magistrados de los Tribunales Colegiados del Primer Circuito en Materia del Trabajo: décimo y duodécimo, con el fin de que expliquen las situación que guardan los expedientes promovidos por los ex trabajadores del INEGI.

Segundo.- Que esta Cámara de diputados incluya dentro del Presupuesto de Egresos para el año 2005 la creación de 2,300 plazas de base para la reinstalación de los trabajadores despedidos por el actual titular del INEGI mismos que conforman la Coalición de Trabajadores del INEGI.

Asimismo me permito solicitar a esta asamblea, considere este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, dada la situación económica que viven los despedidos del INEGI y el nivel de desesperación por la tan retrasada solución de sus planteamientos.

Palacio Legislativo, a 22 de abril de 2004.--- Dip. Pedro Avila Nevárez (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Senado de la República a ratificar con la mayor brevedad el Convenio Marco para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Miguel Angel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del PAN.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base a la siguiente:

Exposición de Motivos

El tabaquismo es una enfermedad crónica y adictiva, que causa graves daños a la salud tanto a los fumadores como a las personas que involuntariamente están expuestas al humo del tabaco; siendo la principal muerte prevenible en México y en muchos países del mundo.

Está relacionado con múltiples enfermedades: enfermedad isquémica del corazón; enfermedad vascular cerebral; el enfisema pulmonar; bronquitis crónica; y el cáncer pulmonar, de bronquios y tráquea. Por dichas enfermedades, en México mueren aproximadamente 147 personas al día, lo que equivale a 53,000 muertes anuales.

De acuerdo a la OMS, actualmente mueren 5 millones de personas en el mundo por el tabaquismo; y se prevé que, de no tomarse medidas para erradicar la epidemia del tabaco, en el 2020 el número de muertes se incrementará a 10 millones. Además, y de acuerdo a la misma fuente, el 70% de estas muertes ocurrirán en países en desarrollo debido al alarmante incremento de fumadores entre la gente joven. Esta es la situación en la que se encuentra México, donde el problema del tabaquismo ha ido aumentando con rapidez en los niños y jóvenes, al disminuir la edad promedio en que las personas comienzan a fumar, según la Encuesta Nacional de Adicciones.

Así también, el vicio del tabaco genera altos costos económicos, presionando las finanzas tanto públicas como las de las familias. Anualmente, nuestro Sistema Nacional de Salud destina cerca de 29 mil millones de pesos para atender las enfermedades causadas directa o indirectamente por el consumo de tabaco, en lugar de utilizar tales recursos en otras prioridades de salud. Por otro lado, las familias desvían parte de sus recursos para adquirir productos del tabaco, productos que son nocivos e innecesarios, además de gastar en tratamientos médicos a causa del tabaquismo.

Por estas razones, y ante la cada vez mayor conciencia en todo el mundo sobre los daños a la salud y económicos que genera el tabaquismo; a partir de 1999, la Organización Mundial de la Salud empezó a trabajar en un tratado en materia de tabaco, a fin de salvar millones de vidas en todo el mundo.

Tras cuatros años de negociaciones, el 21 de mayo del 2003, en la 56° Asamblea Mundial de la Salud, 191 miembros de la OMS adoptaron por unanimidad el Convenio Marco para el Control del Tabaco.

Dicha fecha se convirtió en histórica para la salud pública mundial, ya que el Convenio Marco es el primer tratado internacional de salud pública que surge como una respuesta integral para contrarrestar de manera eficaz y efectiva el problema del tabaquismo.

Cabe destacar que México jugó un rol importante en la elaboración del tratado al proponer numerosos elementos relevantes para el control del tabaco, los cuales fueron apoyados por muchos países e incluidos en el Convenio.

El Convenio Marco es un instrumento jurídico internacional que tiene como objetivos;

Proteger a las generaciones presentes y futuras contra las dañinas consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas generadas por el consumo de tabaco y la exposición al humo del tabaco.

Proporcionar un marco nacional e internacional para aplicar medidas de control del tabaco para reducir su consumo y la exposición al humo del tabaco.

Para lograrlo, el Convenio prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; establece normas para el etiquetado y embalaje de los productos del tabaco; promueve medidas para evitar el contrabando del tabaco, aplica políticas tributarias para disminuir su consumo; reglamenta los contenidos de los productos del tabaco; prohíbe su venta a menores de edad; adopta medidas para el tratamiento de la adicción al tabaco; educa y concientiza al público sobre el consumo del tabaco, entre otros.

El tratado estuvo abierto a la firma en la sede de la OMS en Ginebra, del 16 al 22 de junio del 2003 y en la sede de la ONU, en Nueva York, del 30 de junio del 2003 al 29 de junio del 2004.

En el caso de México, el Convenio Marco fue firmado por el secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, con plenos poderes del gobierno, el 12 de agosto del 2003 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

Al firmar el Convenio, nuestro país concluyó todo un proceso de trabajo ante el órgano de negociación intergubernamental; comprometiéndose así, a apegarse a los principios consagrados por el tratado hasta el momento de su ratificación. Con lo cual, el Gobierno federal afirma su compromiso de garantizar el derecho a la salud y su protección, tal como lo establece el artículo 4° de nuestra Constitución Política.

El Convenio entrará en vigor y adquirirá rango de ley entre los estados miembros de la OMS, una vez que sea ratificado por 40 países. Hasta el momento, el Convenio ha sido ratificado por 9 países: Mongolia, Fiji, Seychelles, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Sri Lanka, India y Palau.

Es por ello que desde la más alta tribuna de la nación, hago un llamado para que el Senado de la República, en aras de la salud mexicana, culmine con la ratificación del Convenio Marco, al hacerlo, estaremos trabajando en paralelo con las otras naciones del mundo para contrarrestar los graves daños de salud, sociales y económicos que la epidemia del tabaquismo ocasiona.

Por lo antes expuesto a esta soberanía, someto la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Unico. Se exhorta al H. Senado de la República a ratificar a la brevedad posible el Convenio Marco para el Control del Tabaco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de abril del 2004.--- Dip. Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de formar un grupo de trabajo interinstitucional que acuerde la implantación de diversas acciones para el combate del contrabando técnico de productos agropecuarios, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del PRD.

El suscrito, diputado Antonio Mejía Haro, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Es verdaderamente preocupante las importaciones crecientes de productos agropecuarios que ingresan a nuestro país, de manera ilegal, llámese contrabando técnico, bronco o mixto, el caso es que se está afectando gravemente a las diferentes ramas de la producción, causando la quiebra de los productores y cancelando la creación de empleos que tanta falta hacen en el medio rural, lo que conlleva al éxodo de campesinos hacia las ciudades y al extranjero.

En reuniones recientes con el administrador general de aduanas, se hace del conocimiento que de las importaciones realizadas en el 2003, el 82% de las manzanas, el 50% del frijol, el 62% del azúcar, el 65% del maíz, el 64% de la carne de cerdo, el 43% de la de res y el 72% del pollo se internan al país por contrabando técnico, mediante amparos otorgados con mucha facilidad por jueces distritales, quienes fijan fianzas simbólicas, evadiendo así el pago de los aranceles convenidos.

Muchas de las empresas importadoras que se amparan son contribuyentes fiscalmente incumplidos, que no declaran el impuesto sobre la renta, o si lo hacen no es proporcional a sus ingresos, otras cambian a menudo su domicilio fiscal o su giro, o de plano desaparecen para cuando se resuelven los amparos, evitando así el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, realizando un gran negocio a costa de producir un gran daño a la economía nacional y la de los productores por este tipo de competencia desleal que distorsiona los mercados. Este tipo de contrabando es una especie de delincuencia organizada bajo el supuesto amparo de la ley.

La situación se agrava más, ya que a la sombra del contrabando técnico se da el contrabando bronco ``sin documentación'' y la triangulación de productos procedentes de países con los cuales México no tiene tratados comerciales pero ingresan a través de otro país sin pagar aranceles, lo que sin lugar a duda constituye un fraude internacional.

Pareciera ser que el contrabando es un problema de competencias, porque las responsabilidades se la pasan entre secretarías como Hacienda, Agricultura y Economía, e incluso se incluye al Poder Judicial, ya que de el dependen los jueces distritales que otorgan con facilidad los amparos aunque se dañe el interés social; así como también se menciona al Poder Legislativo, por no legislar sobre la materia.

El contrabando es sinónimo de corrupción, porque corrompe todo a su alrededor y está en todos lados y a la vista de todos, sin que la autoridad haga nada para exterminarlo, el contrabando corroe la economía nacional por evasión fiscal y se refleja en pérdidas millonarias de los productores. De poco sirven los esfuerzos de los diputados por canalizar más recursos al campo si no se combate al contrabando.

El problema del campo no es tanto como producir, sino como comercializar los productos, ante prácticas desleales como el contrabando, que socava todo esfuerzo de planeación agropecuaria y desestimula la inversión en el agro mexicano.

Es urgente e inaplazable realizar una serie de acciones que combatan el contrabando de los productos agropecuarios como las siguientes:

1.- Registro del padrón nacional de importadores con reputación comprobada.

2.- Restringir en las fronteras los puntos de ingreso a las importaciones de productos agropecuarios.

3.- Notificación previa para embarques de productos agropecuarios a importar.

4.- Acreditación de observadores por parte del los productores en las aduanas que inspeccionen y verifiquen el ingreso al país de productos agropecuarios.

5.- Revisión de las normas oficiales mexicanas, a efecto de impedir la competencia desleal de productos de importación con periodos largos de almacenamiento, que no cumplen las características organolépticas y nutritivas.

6.- Reformar la Ley de Amparo, para que la interposición de amparos contra la aplicación de leyes relacionadas con el pago de contribuciones y/o cuotas compensatorias no procedan cuando se afecte el interés social de los productores agropecuarios.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico: Integración de un grupo de trabajo interinstitucional con representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, Sagarpa, Cámara de Diputados, Consejo de la Judicatura Federal y productores de las ramas más sensibles de la producción agropecuaria, con el propósito de acordar una serie de acciones administrativas, jurídicas y legislativas que combatan con más eficiencia el contrabando de productos agropecuarios.

Palacio Legislativo, a 19 de abril de 2004.--- Dip. Antonio Mejía Haro (rúbrica).»

Turnada a la Junta de Coordinación Política.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) que informen sobre la situación financiera y administrativa de los ingenios expropiados con fecha 3 de septiembre de 2001; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional del Agua, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit, a informar respecto a los adeudos existentes de esos ingenios, FEESA o ambos, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia.

El que suscribe, diputado federal Juan Fernando Perdomo Bueno, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y al Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), informen sobre la situación financiera y administrativa de los ingenios expropiados con fecha 3 de septiembre del 2001, asimismo que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional del Agua (CNA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit informen sobre los adeudos existentes de estos ingenios y/o FEESA, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Posterior al 3 de septiembre del 2001, fecha en que se publica por primera vez el ``decreto por el que se expropian por causa de utilidad pública, a favor de la nación, las acciones, los cupones y/o los títulos representativos del capital o partes sociales de las empresas que adelante se enlistan'', en el Diario Oficial de la Federación, la problemática en el sector azucarero expropiado, lejos de resolverse conformó una serie de complicaciones financieras y jurídicas asumidas por el Gobierno federal mediante el noble intento de rescate en dicho sector.

El artículo 3o. transitorio del decreto mencionado dice: ``las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realizarán las acciones necesarias para constituir la o las entidades paraestatales que determinen para administrar los bienes que se expropian por virtud del presente decreto, dentro de los noventa días siguientes a la publicación del mismo''. El Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) es un fideicomiso público que si bien forma parte de la Administración Pública Federal descentralizada, no es la entidad paraestatal a la que se refiere el artículo pretranscrito.

Por virtud de la indefinición jurídica de FEESA, la ausencia de manuales de organización interna de dicha dependencia, la desorganización burocrática en la toma de decisiones, la poca claridad en las responsabilidades administrativas de cada uno de los servidores públicos conforme al ámbito de su competencia, el desbordante crecimiento de pasivos fiscales que recibe la nueva administración sin tomar medidas para resolverlo, salvo el transcurso del tiempo, que sólo agrava la situación y en algunos casos la inadecuada defensa de los mismos. La falta absoluta de reconocimiento por parte de FEESA de que al expropiar acciones, cupones y/o los títulos representativos del capital o partes sociales de las empresas expropiadas, automáticamente se está convirtiendo el mencionado fondo en el propietario de las obligaciones y derechos, así como de los activos y pasivos de las unidades industriales especificadas en el propio decreto expropiatorio.

Problemática

La administración de las unidades industriales expropiadas, la toma de decisiones y la solución de problemas financieros mejorando tanto su posición financiera como su flujo de caja, no han sido los más adecuados, debido a un problema de falta de definición en cuanto a responsabilidades y facultades, de tal manera que a raíz de la toma de administración por parte de FEESA los adeudos con autoridades administrativas se han incrementado por el sólo transcurso del tiempo y la falta de medios de defensa adecuados. Asimismo, los flujos de fondos se han visto afectados por ``compensaciones de oficio'', llevadas a cabo por la autoridad hacendaria, en función de que a cada trámite de devolución corresponde el pago de un adeudo fiscal consentido ante su no impugnación.

El artículo 3o. transitorio del decreto mencionado dice: ``las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realizarán las acciones necesarias para constituir la o las entidades paraestatales que determinen para administrar los bienes que se expropian por virtud del presente decreto, dentro de los noventa días siguientes a la publicación del mismo.'' FEESA es un fideicomiso público que si bien forma parte de la Administración Pública Federal descentralizada, no es la entidad paraestatal a la que se refiere el artículo pretranscrito.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

1. Solicitar a la Sagarpa y a FEESA información sobre la situación financiera y administrativa de los ingenios expropiados:

El estado actual que guardan los adeudos existentes a la fecha de expropiación con las distintas dependencias administrativas del Gobierno federal, como son SHCP, CNA, Infonavit, IMSS, etcétera, informando claramente las razones por las cuales no han sido controvertidos los créditos fiscales determinados por dichas autoridades y en caso contrario, detallar respecto de cada crédito determinado, la fecha de interposición del medio de impugnación correspondiente y el resultado del mismo.

2. Que la SHCP, la CNA, el IMSS y el Infonavit informen del estado que guardan los adeudos existentes de los ingenios expropiados y/o FEESA con esas dependencias.

3. Que Sagarpa y/o FEESA nos informen de la naturaleza jurídica de FEESA, en términos del articulo 3º. transitorio del decreto expropiatorio del 3 de septiembre del 2001, así como la normatividad interna, adicional a las disposiciones legales conducentes, que delimiten en función de la esfera competencial para efectos de toma de decisiones, la responsabilidad administrativa tanto a nivel de FEESA como en cada unidad industrial.

4. Que Sagarpa y/o FEESA informen sobre las omisiones y acciones tendientes a la obtención de recursos adicionales mediante la tramitación y obtención de saldos a favor de impuestos en el caso de que los hubiera y las razones por las cuales no se han llevado a cabo estos trámites en caso de no haberlos realizado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2004.--- Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la opinión de la Comisión Especial para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Junta de Gobierno del SAT que de prioridad a la celebración de convenios con micro, pequeños y medianos empresarios sobre la condonación total o parcial de multas y recargos de créditos fiscales derivados de contribuciones federales, así como las condiciones de plazo para el pago y la amortización de tales créditos, de conformidad con el artículo décimo primero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo de diputados integrantes de la Comisión de Economía

Honorable Asamblea:

Los CC. diputados federales integrantes de la Comisión de Economía de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que suscriben, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Soberanía, proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria, que dé prioridad a la celebración de convenios con micro, pequeños y medianos empresarios, para la condonación total o parcial de multas y recargos de créditos fiscales derivados de contribuciones federales, así como las condiciones de plazo para el pago y la amortización de tales créditos fiscales, de conformidad con el artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, bajo las siguientes:

Consideraciones

Que a nivel mundial las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico de las naciones, tanto en países avanzados como en las economías en desarrollo, el crecimiento económico y el progreso empresarial parten de una gran base de MIPYMES.

Que las MIPYMES en el mundo se han convertido en un nicho de oportunidad para impulsar el crecimiento económico sostenido de los países a través de la creación de empleos, generación de valor agregado, aportaciones fiscales, fortaleciendo el mercado interno y aumentando la oferta exportable.

Que en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), existen alrededor de 2 millones 844 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.7% son MIPYMES, que en conjunto generan el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 64% del empleo del país.

Que este Honorable Congreso de la Unión en la LVIII Legislatura, reconoció con la aprobación de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a las MIPYMES como estratégicas para alcanzar un crecimiento y desarrollo económico de largo plazo.

Que esta Comisión de Economía, entendiendo la importancia de las MIPYMES para la economía nacional, creó la Subcomisión de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Fomento al Empleo, para impulsar en el ámbito de sus atribuciones, acciones legislativas conducentes a eficientar y mejorar el desempeño de las empresas, así como para generar empleos permanentes bien remunerados.

Que los microempresarios enfrentan un exceso de trámites y gestiones para abrir y operar un negocio, en los tres niveles de gobierno, esta situación, desincentiva el cumplimiento de las obligaciones tributarias, promueve la evasión fiscal y la informalidad de los negocios, limitando el crecimiento del producto nacional.

Que las MIPYMES enfrenten un entorno cada día más competitivo a nivel nacional como internacional, donde los factores determinantes para la competitividad de cualquier actividad productiva o comercial son los costos fiscales, energéticos, regulatorios, financieros, laborales y de seguridad social.

Que la carga impositiva a las MIPYMES es amplia y variada, los microempresarios deben de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto al Activo (IMPAC), aportaciones sociales como las cuotas al IMSS, al SAR y al Infonavit, además de las obligaciones fiscales locales, ocasionando, que las empresas del país tengan que cubrir como mínimo 12 impuestos diferentes ante el gobierno federal, estatal y municipal.

Que la carga tributaria y el pago de impuestos en México, bajo el régimen de personas morales no hace una diferenciación entre las MIPYMES y las grandes empresas, perjudicando de alguna manera, el desempeño y la viabilidad financiera de las microempresas, mientras que en Estados Unidos y Canadá, éstas tienen un tratamiento diferenciado y están sujetas a tasas impositivas mucho más bajas.

Que debido al reciente entorno económico, aunado a la complejidad del sistema tributario, las empresas, y en especial las MIPYMES, se han visto en dificultades económicas y técnicas para cumplir con sus obligaciones fiscales, provocando que presenten retrasos en el pago de sus contribuciones federales, siendo acreedoras a multas, recargos, actualizaciones y gastos de ejecución, que disminuyen el grado de inversión y de estabilidad de las microempresas.

Que este H. Congreso de la Unión, aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, la celebración de convenios entre el Servicio de Administración Tributaria y los contribuyentes, con la finalidad de condonar total o parcial de multas y recargos de créditos fiscales derivados de contribuciones federales, de conformidad con lo que se establece en el artículo Décimo Primero Transitorio.

Que la condonación total o parcial de multas y recargos de créditos fiscales derivados de contribuciones federales, es un mecanismo que favorece de particular manera a las MIPYMES, toda vez que obtienen liquidez, reducen su apalancamiento, aumentan su inversión, incrementan su rentabilidad, disminuye el riesgo de que desaparezcan, y terminan mejorando su situación financiera.

Que las contribuciones fiscales junto con las aportaciones de seguridad social, llegan a representar para algunas empresas el 50% de sus costos de producción, por lo que la condonación total o parcial de multas y recargos fiscales derivados de contribuciones federales, será de gran beneficio para el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES, a través de la reducción de sus costos fiscales.

Que las MIPYMES en su gran mayoría son de capital nacional, por lo que la condonación total o parcial de multas y recargos de créditos fiscales derivados de contribuciones federales, beneficiará sustancialmente a las empresas nacionales, consolidando su participación en los mercados y fortaleciendo el mercado interno, fomentado a la vez, la actividad económica de nuestro país.

Que para facilitar el cumplimiento de las contribuciones fiscales y promover la formalidad de las MIPYMES, es necesario que se les otorgue prioridad para la condonación total o parcial de multas y recargos de créditos fiscales derivados de contribuciones federales, con lo cual, acaban cumpliendo con sus pagos y contribuciones fiscales, aumentando la recaudación federal en beneficio del país.

En virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los CC. diputados federales integrantes de la Comisión de Economía de la LIX Legislatura, someten a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Unico.- Se solicita respetuosamente a la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria, que dé prioridad a la celebración de convenios con micro, pequeños y medianos empresarios, para la condonación total o parcial de multas y recargos de créditos fiscales derivados de contribuciones federales, así como las condiciones de plazo para el pago y la amortización de tales créditos fiscales, de conformidad con el Artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.

Comisión de Economía: Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Presidente; Jesús Antonio Nader Nasrallah (rúbrica), secretario; Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), secretaria; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), secretario; Javier Salinas Narváez (rúbrica), secretario; Julio Horacio Lujambio Moreno, secretario; Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte, Ramón Galindo Noriega, Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Francisco J. Landero Gutiérrez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Miguel Angel Rangel Avila (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles, José Mario Wong Pérez, Jesús María Ramón Valdez (rúbrica), Eduardo Olmos Castro, Juan Manuel Dávalos Padilla, Oscar Bitar Haddad (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Juan José García Ochoa (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos, Víctor Suárez Carrera.»

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las autoridades estatales y a las federales a realizar las acciones necesarias para que la leche que distribuye el DIF nacional en sus programas alimentarios cumpla la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se fortalezca el abasto por parte de productores nacionales mediante la compra preferencial, a cargo del diputado Jorge Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado José Luis Treviño Rodríguez en nombre de diversos diputados del grupo parlamentario del PAN presenta la siguiente proposición con Punto de Acuerdo a fin de exhortar a las autoridades estatales y federales a realizar las acciones necesarias, para que la leche que distribuye el Sistema Nacional DIF en sus programas alimentarios cumpla con la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se fortalezca el abasto por parte de productores nacionales mediante la compra preferencial.

Con fundamento en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente Punto de Acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Con la federalización de los Programas de Asistencia Social Alimentaria se desconcentraron los recursos de los programas de desayunos escolares, dicha acción fortaleció la capacidad de acción de los sistemas estatales de DIF y del Distrito Federal, para la operación de los programas, en apego a la normatividad y lineamientos establecidos para este fin.

Como consecuencia de dicha delegación de responsabilidades y la descentralización de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia. Se transfirió la facultad de realizar las compras de insumos para los programas alimentarios a los sistemas estatales DIF.

En dichos concursos la compra de lácteos los desayunos escolares en lo estados han sido sometidos a licitaciones en donde gana quién oferte menor precio, esto ha traído como consecuencia que quienes ganan los concursos sean los productos de menor calidad.

Esto ha provocado que 5 millones de niños mexicanos de todo el país reciban fórmulas lácteas o fórmulas de soya, con un bajo contenido nutricional.

Tomando en cuenta que México, es el único país en el mundo que importa sueros lácteos para consumo humano lo cual trae como consecuencia que el mercado nacional esté invadido de productos que aunque económicos son de dudosa calidad.

Que las proteínas de estas fórmulas sean estabilizadas con nitrógeno ureico y amoniaco, que bien pudieran causar alteraciones a la salud ya que les agregan caseinatos, estabilizadores y productos químicos.

Por ello comprendemos que es urgente e importante que todos los desayunos escolares cumplan con la NOM-155-SCFI-2003. para garantizar que la calidad y la higiene tengan concordancia con los parámetros a nivel internacional.

Con la aprobación de este punto de acuerdo estaríamos ayudando a garantizar que la nutrición de los niños mexicanos en las escuelas publicas sea la adecuada.

Por todo lo anterior, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para que en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios se realicen observando la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de productores nacionales.

Segundo: Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que establezca, en el marco de sus atribuciones, los mecanismos normativos a fin de que en sus programas alimentarios se considere únicamente leche de vaca fluida entera y fortificada y se verifique la calidad de la misma.

Tercero: Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que en los convenios signados con los órganos estatales de fiscalización sobre las aportaciones del fondo de aportaciones múltiples dirigido a la asistencia social, se verifique la eficiencia y el impacto social de los recursos dirigidos a los programas alimentarios.

Solicitamos a los integrantes de esta honorable Asamblea que se considere el presente punto de acuerdo como de urgente y obvia solución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 22 de abril de 2004.--- Diputados: José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce, Ricardo Alegre Bojórquez, Mario Ernesto Dávila Aranda, Ramón González González, Manuel López Villarreal, Alfonso Moreno Morán, Maki Esther Ortiz Domínguez, José Luis Treviño Rodríguez, Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo.»

Turnada a las comisiones unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar una visita de inspección al estado de Coahuila para revisar los presuntos problemas en que incurre la manifestación del impacto ambiental de la presa Cañón de Cabeza, a cargo del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

En recientes fechas se ha manifestado una controversia respecto al proyecto de construcción de la presa Cañón de la Cabeza, en el estado de Coahuila, cuyo objeto principal es optimizar el aprovechamiento de las aguas del río Aguanaval, así como controlar las aguas de la citada corriente para proteger de sus avenidas a las zonas urbanas y de cultivo situadas aguas abajo, que periódicamente en épocas de lluvia se ven afectadas por inundaciones, debido a la escasa capacidad hidráulica del río.

Siguiendo con los procedimientos ambientales requeridos para la construcción de la presa, se ha realizado y está en revisión la manifestación del impacto ambiental (MIA) del proyecto, elaborada por la empresa Consultores en Estudios, Proyectos y Construcción, SA de CV (se anexa resumen ejecutivo). La construcción de la presa Cañón de la Cabeza ha sido promovida principalmente por el gobierno estatal de Coahuila, y los gobiernos de los municipios de Torreón y Matamoros, esperando que ésta proteja de las inundaciones a la infraestructura productiva y las poblaciones asentadas en el cuadro bajo de Matamoros y las inmediaciones de la ciudad de Torreón.

La MIA señala que entre los beneficios adicionales al proyecto, se contempla a la reactivación del empleo rural y la recarga del acuífero en virtud de que se contaría con volúmenes de agua regularizados.

Ambientalmente, la MIA señala que:

La obra es compatible con el ordenamiento ecológico estatal siempre y cuando la región y sus elementos sean aprovechados de manera racional y se permita, amplíe o continúe el equilibrio e integridad ecológica.

La obra no se contrapone a la política ambiental de la zona porque la presa proyectada no se construirá sobre ninguna área natural protegida en Durango, pues el Cañón de la Cabeza, a pesar de tener un valor estético para los habitantes de la región no ha sido declarado área natural protegida.

Las técnicas de campo empleadas para la descripción del medio biótico y socioeconómico consideraron recorridos en la zona directa de afectación de la presa, y la zona de influencia definida como área de estudio.

Los diferentes componentes que integran tanto el medio físico, como el biótico y el socioeconómico, fueron descritos, en primer lugar, a partir de un cuidadoso análisis bibliográfico y de bases de datos disponibles, lo que permitió armar la estructura básica de los diferentes elementos, relaciones y función en el contexto general del medio ambiente analizado.

Las técnicas de campo empleadas para la descripción del medio biótico y socioeconómico consideraron recorridos en la zona directa de afectación de la presa, y la zona de influencia definida como área de estudio.

La zona de estudio y su área de influencia se encuentran cubiertos por matorral desértico micrófilo, matorral desértico rosetófilo, bosque de galería y áreas de uso pecuario y agrícola.

Durante el trabajo de campo, se registraron en total 23 especies de plantas: 10 de ellas componen el estrato arbustivo y 13 el estrato herbáceo. Presenta un índice de biodiversidad de 2.69, en general las especies en esta comunidad son poco abundantes.

La fauna registrada de esta área es escasa, se observaron en total 14 especies, de las cuales cinco corresponden a los mamíferos, ocho a las aves y una a los reptiles.

La carencia de información suficiente de las comunidades involucradas, que no les permite definir una posición respecto al proyecto, por lo que a falta de información su inclinación es, como es de esperarse, hacia una negativa a la construcción de la obra.

Por otro lado, y como este último punto lo establece, la manifestación de impacto ambiental ha sido seriamente cuestionada por la sociedad civil, especialmente por la organización no gubernamental En Defensa del Ambiente, AC. Esta, quien ha expresado puntualmente que la MIA contiene omisiones, fallos y datos ocultados, acompañado por deficiencias metodológicas (documento anexo).

En general, la evaluación que se hace de la MIA se puede resumir en 13 puntos:

1. El estudio nunca enfoca el impacto ambiental a nivel de cuenca.

2. La MIA declara que no existen áreas naturales protegidas que se considere puedan resultar afectadas. Sin embargo, se menciona qué existe el área natural protegida, de tipo municipal, denominada Sierra y Cañón de Jimulco, en el estado de Coahuila, cuya importancia es minimizada.

3. Se menciona que ``las áreas que resultarán afectadas por el proyecto y sus inmediaciones no se consideran áreas de atención prioritaria''. La ONG argumenta que los reportes de ornitofauna son deficientes, ya que no se especifica en qué época del año se hizo el estudio, ni el número de nidos encontrados ni las especies a las que estos nidos pertenecían.

4. Sobre la generación de basura, se argumenta que no se detalla el destino de la basura no orgánica como los residuos de botellones, envolturas de alimentos, etcétera. Tampoco se especifica si el relleno sanitario de San Juan de Guadalupe es capaz de recibir esta carga.

5. Sobre los residuos de aceite y lubricantes de la maquinaria para desazolvar y de camionetas para el mantenimiento y operación de éstas; se critica que existen dudas de que exista en el ayuntamiento de San Juan de Guadalupe la capacidad técnica ambiental necesaria para hacer frente a este reto, lo que puede hacer que la construcción de la presa derive en un manejo inapropiado de los residuos.

6. Sobre los ecosistemas acuáticos, señalan que se minimiza la importancia del arroyo El Tigre, considerado un arroyo de desierto en donde, por sus características biológicas, se pueden sostener comunidades bióticas muy complejas. Siendo un hábitat inusual, las aguas temporales exhiben un rango de parámetros químicos y físicos mucho más amplios que otros cuerpos de agua.

7. Sobre la evaluación de otros ecosistemas, se mencionan los terrestres, pero no así los riparios. Adicionalmente, argumentan que son deficientes los estudios, ya que no consideran otras especies, especialmente de aves.

8. El análisis evita deliberadamente la visión de cuenca y la mención de lo que ocurrirá aguas abajo, se hace de manera superficial. No se mencionan, por ejemplo, las posibles consecuencias para la ornitofauna de los tanques Aguilereño y Genty en donde se han registrado 43 especies, algunas de ellas sujetas a protección especial.

9. La MIA señala que ``es importante manifestar los alcances de la obra de manera explicita entre los habitantes, a fin de evitar futuros conflictos por sentir falsa la oferta original de Comisión Nacional del Agua (CNA) de proporcionar riego en una superficie mayor''. A manera de crítica se dice que ésta es una conducta grave que indica una conducta irresponsable de la CNA que generará conflictos y animadversiones contra quienes se oponen a la construcción de la presa o bien producirán presiones para operar la presa de acuerdo una a las expectativas y de una manera contraria a lo estipulado en este estudio.

10. Existen varias aseveraciones sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos resultantes de la construcción de la presa, que contravienen a los beneficios que podría otorgar la presa.

11. Nuevamente, se mencionan impactos adversos de la MIA, por lo cual se concluye que éstos hacen difícil que se sostenga la viabilidad del proyecto.

12. Sobre las acciones de mitigación y monitoreo y vigilancia, se argumenta que no se hace nunca referencia y no están presupuestadas en la obra, haciendo dudar de la seriedad y efectividad de ellas.

13. Respecto a la aseveración de la MIA que dice que ``se hará una modificación poco severa de la vegetación y dinámica de la fauna aguas debajo de la cortina'', se argumenta entonces que no se considera que la modificación del patrón de flujo con respecto al tiempo tiene impactos negativos sobre un ecosistema adaptado a un determinado ciclo de inundación y de sequía. El llamado ``flujo ecológico'' si no reproduce estas variaciones puede incluso hacer gran daño.

Todas esta aseveraciones, contradictorias entre ambas partes, deben de ser tratadas con seriedad y deben de ser corroboradas antes de emitir cualquier juicio o resolución. Es por tanto que resulta de gran importancia que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados tome en sus manos el problema y realice, de primera instancia, una visita de inspección y valoración del proyecto, a fin de poder emitir un juicio objetivo sobre la construcción de la presa y de así resultar el caso, para sugerir se tomen las medidas necesarias para su adecuada implementación o clausura, todas ellas de acuerdo a la legislación ambiental.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados a que realice una visita de inspección al estado de Coahuila para revisar los presuntos problemas ambientales en los que se presume incurre la manifestación del impacto ambiental de la presa Cañón de la Cabeza.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 22 días del mes de abril de 2004.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.»

Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Gobierno Federal para que la Secretaría de Salud atienda de manera urgente la demanda de los trabajadores y ex trabajadores de la empresa Met-Mex Peñoles, SA de CV, de que sean valorados medicamente ante la presunción de ser contaminados por plomo en su desempeño laboral, presentada por el diputado Jesus Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, en la sesión del jueves 29 de abril de 2004

El que suscribe, diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones y Antecedentes

1.- En marzo de 1999 y en meses subsecuentes, en la ciudad de Torreón, Coahuila, se generó un ambiente de gran preocupación social en virtud de los alarmantes índices de contaminación ambiental, provocados por los desechos industriales (en especial el plomo y el arsénico) que produce la empresa Peñoles, SA de CV, y que afectaron a los pobladores de las colonias aledañas a la planta industrial de dicha empresa.

2.- Existe infinidad de casos documentados por autoridades sanitarias, tanto locales como federales, de cómo niños, mujeres y pobladores en su conjunto contienen altos índices de plomo en el organismo. Esta situación ha motivado la intervención de diversas dependencias de los diferentes órdenes del gobierno y de comisiones legislativas, con la finalidad de dar seguimiento institucional al caso. Sin embargo, hasta la fecha no ha existido una resolución final que finiquite este asunto tan delicado.

3.- Los pobladores afectados por contaminación de plomo para noviembre del año 2000, según reportes de la Secretaría de Salud de la entidad, contabilizaban 7,912 casos, donde 5,009 eran niños. Para tratar el asunto se instaló un grupo intersectorial, con la presencia de la Legislatura local y en donde destaca la participación de la Unidad Democrática de Coahuila, que presentó un paquete de propuestas que permitió la formación de un fideicomiso para atender básicamente a los niños afectados.

4.- No obstante la participación de diversas dependencias para atender la problemática ambiental en la ciudad de Torreón, aún la atención sigue siendo insuficiente y desigual, en virtud que existen sectores y grupos de la población que no han tenido la atención debida y el acceso a la protección de sus derechos, tanto laborales como de acceso a la salud que las leyes les garantizan.

5.- Es el caso de más de 200 trabajadores que laboran o que ya han finalizado su relación de trabajo en la empresa Met-Mex Peñoles, SA de CV, y que hasta la fecha no cuentan con una valoración médica por parte de alguna dependencia de salud, y que reconozca los niveles de saturación por plomo en el organismo, así como los daños colaterales que ello implica. Los trabajadores, permanentemente, han denunciado a la empresa porque jamás los inscribió en algún servicio médico especializado; por el contrario, la empresa ha respondido que la contaminación por plomo no es una enfermedad laboral.

6.- Este grave problema de contaminación y salud, que ha tenido sus impactos y efectos en otros municipios aledaños, no puede ser visto con indiferencia por parte del Poder Legislativo federal. Debemos tener la responsabilidad de respaldar las iniciativas ciudadanas y de los trabajadores que han sido afectados en su salud y en su entorno ambiental, así como demandar y exhortar a las autoridades correspondientes para que respondan, actúen y deslinden responsabilidades ante los daños que ha venido ocasionando la empresa Met-Mex Peñoles, SA de CV.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia, propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta al Gobierno Federal para que la Secretaría de Salud atienda de manera urgente la demanda por parte de los trabajadores y ex trabajadores de la empresa Met-Mex Peñoles, SA de CV, para que sean valorados médicamente ante la presunción de ser contaminados por plomo en su desempeño laboral.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2004.--- Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

Turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

«Proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a otras agencias del Gobierno Federal a no expedir permisos de instalación a toda planta regasificadora o almacenadora de gas natural licuado, o a cualquier otra industria contaminante de riesgo, en áreas específicamente prohibidas en los planes de desarrollo urbano de los núcleos de población de los municipios, de acuerdo con la vocación del terreno y con las reglamentaciones y normatividades que exige la Ley de Protección Civil, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN

En mi calidad de Diputado Federal representante del 6° Distrito correspondiente a la Delegación de Playas de Tijuana, en Tijuana, Baja California, México; integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Se hace un atento exhorto a la Comisión Reguladora de Energía para que ninguna planta regasificadora y/o almacenadora de gas natural licuado, o cualquier otra industria contaminante o de riesgo, podrá recibir permisos de instalación por parte de esta Comisión y otras agencias del gobierno federal, en áreas específicamente prohibidas en los Planes de Desarrollo Urbano de los núcleos de población de los municipios por el bien de los derechos y la calidad de vida de los residentes.

Segundo: La Comisión Reguladora de Energía y otras agencias del gobierno federal, no podrán otorgar permisos a ningún tipo de industria contaminante o de riesgo, sin que la industria o compañía cuente previamente con las autorizaciones por parte de los gobiernos Estatal y Municipal del lugar en donde se pretendan instalar, requiriéndose que en el caso de municipio, tal opinión favorable cuente con la representatividad de la oficina de Control Urbano, la presidencia Municipal y/o el Cabildo donde el uso de suelo respete lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano vigente y considerando las reglamentaciones y normatividades que exige la Ley de Protección Civil, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

En los últimos dos años el gobierno federal mexicano habla de la necesidad de importación de volúmenes significativos de gas natural para disminuir el déficit de energía en México, que para ello ha decidido permitir la participación de compañías extranjeras interesadas en la construcción de plantas almacenadoras y regasificadoras de gas natural; y que por tal apertura Baja California se ha convertido en un punto estratégico para las compañías por su proximidad al mercado de California.

Hay varias compañías petroleras que buscan instalar plantas de GNL en Baja California y que algunos de esos complejos pretenden incluir además de terminales marinas y plantas almacenadoras y regasificadoras de GNL, plantas que pueden ser generadoras de energía eléctrica y otras; y que algunos de estos proyectos han sido propuestos dentro de la mancha urbana, por lo que pueden constituir un riesgo para la población circundante y una disminución de su calidad de vida, por ubicarse a distancias cuestionables de acuerdo a algunos cálculos de devastación posible, en casos de accidente o siniestro mayor.

El gas natural licuado (GNL) es un combustible fósil, no renovable, compuesto mayormente por metano (un gas de efecto invernadero), cuyas fugas producen benceno (sustancia que puede producir cáncer y malformaciones de nacimiento), que al quemarse el gas natural produce óxidos nitrosos, bióxido y monóxido de carbono, bióxido de sulfuro, partículas PM10 y ozono, substancias que pueden ocasionar enfermedades pulmonares, asma, cáncer y afectación de tejidos, en niños, ancianos, deportistas que realizan actividad intensa al aire libre y personas con afecciones previas de tipo respiratorio, del corazón y de piel; y qué estos son los riesgos de salud a los que estarán expuestos los habitantes de las inmediaciones de una planta regasificadora y almacenadora de GNL y/o de las plantas de generación de energía u otras contaminantes.

Se estima que una terminal marina y una planta generadora de 1,200 MW arrojarán más de 3 mil toneladas de los contaminantes mencionados al aire de Tijuana, con lo que la región Tijuana-San Diego aumentará los niveles ya altos de contaminación existente.

Considerando que las grandes concentraciones de GNL (por ejemplo dos tanques de 80 mts. x 50 mts., con capacidad de 140,000 m3 c/u) a tan sólo 1.5 kms. de una población de alta densidad como es Playas de Tijuana, representan un riesgo para la población por tratarse de un combustible que se condensa a menos 160 grados centígrados para su transportación y almacenamiento, pero que aumenta 600 veces su volumen al regasificarse.

Considerando que las compañías multinacionales no pretenden emplear la mejor tecnología disponible ya que en el caso de la regasificación pretenden utilizar agua de mar, con mortandad de cien por ciento de las especies menudas y plancton.

Las plantas desalinizadoras que se están ofreciendo como parte de estos proyectos pretenden arrojar al mar la salmuera o desechos del proceso de potabilización del agua, lo que significará un impacto negativo sobre el valioso ecosistema marino de la zona, para venderle a la ciudadanía un agua que resultaría más cara que la que pretende llegar por el acueducto

Las plantas tratadoras de aguas negras propuestas por algunas compañías tienen el propósito de ser utilizadas para el enfriamiento de las generadoras de energía, con lo cual evaporarían 1,950 millones de pies cúbicos de agua por día para una generadora de 1,200 MW, sin pagar por el agua, lo que a la larga sería un problema para una ciudad árida como Tijuana.

El cambio de zona residencial turística de bajo impacto a zona industrial, representa una devaluación de las propiedades patrimoniales de miles de familias, inversiones turísticas y de bienes raíces.

Considerando que el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana (PDUCPT), para Playas de Tijuana, prohíbe que en esa región la instalación de industrias de riesgo y plantas de almacenamiento de combustible (incluyendo el GNL) debido a que se ha caracterizado a dicha zona como habitacional y turística de bajo impacto.

Considerando que los habitantes de Tijuana tienen el derecho a satisfacer sus necesidades básicas y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, consagrados en instrumentos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e internacionales como el Tratado de la Paz y el Anexo de Protección al Medio Ambiente del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, entre otros.

Considerando, que lo anterior se da como resultado de reuniones de trabajo conjuntamente con los representantes de la sociedad civil organizada del mencionado distrito, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y todos los artículos relacionados con derechos y garantías individuales, así como los relacionados con la soberanía del Estado y Municipios de Baja California, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca; el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Municipio de Tijuana 2002-2025 (PDUCPT); y el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana, Rosarito, Ensenada del Estado de Baja California, así como el Convenio de Coordinación para la ejecución de dicho programa y otros relacionados con el asunto que trata el presente Punto de Acuerdo.

El presente punto de acuerdo surge como producto de las recomendaciones e inquietudes que fueron propuestas por los diversos sectores de la sociedad durante el periodo que va de agosto de 2002 a febrero de 2004, mismo durante el cual se trataron de conseguir los permisos necesarios para la construcción, operación y otros, de un proyecto de gas natural licuado dentro de la mancha urbana de Tijuana, a saber el Centro Regional de Energía, por parte de Marathon Oil y/o Gas Natural de Baja California S de RL de CV y/o sus afiliados.

Considerando que durante el citado periodo hubo una clara falta de coordinación entre las autoridades federales, en este caso la Comisión Reguladora de Energía de México (CRE), y las autoridades estatales y municipales de Baja California; de tal manera que la CRE otorgó permisos para el establecimiento de plantas receptoras, almacenadoras y regasificadoras de Gas Natural Licuado (GNL), en zonas prohibidas por el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Municipio de Tijuana y sin contar con el permiso de las oficinas estatales y municipales correspondientes, a las que ni siquiera se solicitó un permiso oficial por parte de las corporaciones multinacionales, a sabiendas de que su proyecto iba en contra de los planes de urbanización de la ciudad.

Considerando que el asunto cobra aún mayor relevancia cuando se compara el tratamiento que la propia CRE da a los permisos de almacenamiento de gas natural licuado, frente al de otros tipos de gas como es el caso del gas LP. Para el gas natural licuado la CRE elaboró una ``norma emergente'', NOM-EM-001-SECRE-2002, en cuyo inciso 5 se pide que el proyecto debe contar con ``opinión favorable del municipio'' y ``uso de suelo'', sin embargo de acuerdo a las declaraciones del propio presidente de la CRE, Dionisio Pérez Jácome, dichos requisitos no tenían obligatoriedad previa al otorgamiento del permiso por parte de la CRE , de modo que podían ser obtenidos antes o después del permiso de la CRE; sin embargo para la obtención de un permiso de almacenamiento de gas LP se requiere primero el permiso de uso de suelo por parte de las autoridades municipales, antes de obtener el permiso de la CRE y la Secretaría de Energía.

Esta discrepancia no solo muestra un favoritismo hacia un tipo de hidrocarburo sobre otro, sino que deja a las autoridades municipales fuera de la toma de decisiones sobre la congruencia de los proyectos de GNL y los planes de desarrollo urbano de la localidad.

Considerando que esto adquiere mayor relevancia cuando se viola el espíritu del Artículo 115 constitucional. El Federalismo y el Fortalecimiento del Municipio son dos de los proyectos más importantes para el sano desarrollo del país, sobre todo cuando se trata de liberarlo de la asfixia que produce el centralismo gubernamental.

En este sentido, es importante destacar que el Punto de Acuerdo elaborado por el suscrito representante del 6 distrito federal electoral de Tijuana B.C. y los miembros de la sociedad organizada, reunidos como Comisión No a las Plantas de Gas Natural en Playas de Tijuana, está orientado al establecimiento de reglas más claras para la CRE de manera que sus actos de autoridad tomen en cuenta y respeten las leyes, normatividad y reglamentaciones vigentes en los municipios donde se pretenden establecer plantas de GNL o cualquier otra industria de riesgo o contaminante que afecte los derechos ciudadanos tal y como están señalados en los distintos planes, programas, leyes y artículos constitucionales mencionados al inicio de esta exposición de motivos y similares que pudieran ser aplicables.

Considerando que las reformas que se proponen a las arriba citadas leyes y reglamentos se dan en una etapa en que el federalismo mexicano cobra nueva vida y exige mayor compromiso por parte de los poderes federales de respetar el derecho que tienen los estados y municipios a decidir acerca de su propio desarrollo, con base a los propios planes y leyes vigentes. Solo así se puede garantizar la pluralidad y la verdadera toma de decisiones locales, sin la cual no existe verdadera democracia ni federalismo. Se trata pues de articular eficazmente la soberanía de los Estados, la libertad de los Municipios y las facultades constitucionales de ellos y del Gobierno Federal.

Uno de los anhelos de los ciudadanos Baja Californianos es el de desarrollarse dentro de un ambiente sano y adecuado para la vida y el buen desarrollo de las nuevas generaciones, así como promover un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Para ello y para una mejor preparación para casos de desastres naturales, resulta indiscutible la importancia del respeto a los planes de Desarrollo Urbano de cualquier ciudad o municipio,. ya que su principal objetivo es ordenar las actividades humanas y los espacios físicos necesarios para ellas, de la mejor manera posible para prevenir al máximo accidentes, desastres y otros problemas que puede ocasionar la falta de planeación urbana.

El propósito de hacer que se respete la normatividad urbana ha impulsado pues este Punto de Acuerdo cuyo principal objetivo es hacer que se modifique la Ley de la CRE en lo que se refiere a otorgamiento de permisos para industrias de GNL y otras industrias de riesgo o contaminantes, de manera que la CRE se vea obligada a respetar la normatividad indicada en el punto 5 de su propia norma emergente y se exija a los proyectos que cuenten primero con uso de suelo y visto bueno de las autoridades locales pertinentes en el área de control urbano antes de que se pueda otorgar el permiso de la CRE; de tal manera que debe condicionarse el permiso de la CRE a la obtención de los permisos locales de uso de suelo, tal como se hace con los permisos para almacenamiento de gas LP y de igual manera a como lo hace Semarnat en su evaluación de los Manifiestos de Impacto Ambiental, para los cuales exige primero se cuente con uso de suelo.

El presente punto de acuerdo, busca construir un sistema de cooperación entre las oficinas federales y las oficinas estatales y municipales, que favorezca la simplicidad de los trámites, y evite que las compañías inviertan grandes sumas en estar promoviendo y cabildeando a diferentes niveles un proyecto que desde el inicio está imposibilitado de acuerdo a la normatividad vigente en la zona.

La experiencia de la ciudadanía y los gobiernos locales en relación a los problemas que ocasionó la falta de coordinación entre el gobierno federal , representado en este caso por la CRE, y los gobiernos estatal y municipal, hacen necesaria la revisión de la norma emergente de la CRE y de las Leyes y Reglamentos en los cuales se amparó para otorgar permiso a una planta que pudiera representar riesgo o contaminación, o que simplemente representara incompatibilidad con los Planes de Desarrollo Urbano de un Municipio.

Por eso resulta de primordial importancia establecer un proceso en el cual resulte necesario el permiso previo por parte de las autoridades locales en relación a uso de suelo y contar con la opinión favorable del Municipio, requiriéndose que tal opinión favorable cuente con la representatividad de la oficina de Control Urbano, la presidencia Municipal y/o el Cabildo.

Se considera en este punto de acuerdo que los planes de desarrollo urbano de los centros poblacionales deben haber sido elaborados tomando en cuenta los derechos constitucionales de los ciudadanos mexicanos, los derechos constitucionales de los residentes estatales, los derechos que otorga la ley de Protección al ambiente, y los derivados de la aplicación de las normatividades reguladas por Planes de Desarrollo local y regional, además de otros derechos humanos establecidos en los acuerdos internacionales y binacionales que ha firmado México con otros países, de modo que los planes de desarrollo urbano representen el marco para el desarrollo integral del ser humano y sus actividades diarias.

Para el logro de estos propósitos el punto de acuerdo propone reformas a la Ley de la CRE, el Reglamento de Gas Natural, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y/o el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, así como a la norma emergente NOM-EM-001-SECRE-2002.

Al respecto el avance que han logrado las políticas de descentralización y desconcentración impulsadas por la Federación en distintas materias, deben cobrar vida en la actuación de la CRE como instrumento regulador únicamente y nunca sobreponiéndose a las decisiones de Municipios y Estados, ya que estos deben asumir mayores responsabilidades en cuanto a su propio desarrollo y esto nunca podrá suceder cabalmente si las autoridades centrales actúan por sí solas sin tomar en cuenta las disposiciones locales. Esto significa que la CRE y/o la Secretaría de Energía deben respetar el papel que les corresponde como guía y reconocer la madurez de los estados, permitiendo su libre toma de decisiones en aspectos que afectan su propio desarrollo, a pesar de que en ocasiones las decisiones tomadas a nivel local puedan parecer absurdas o incomprensibles a las autoridades de la CRE. Esto debe considerarse como prerrogativa de los estados y quizá la sabiduría de sus habitantes probará a la larga ser más atinada que los diseños forzados hechos a distancia, sobre un escritorio y basándose en cálculos y proyectos a priori que en la práctica pueden no resultar lo mejor para los estados.

En virtud de lo anterior es que someto a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Se hace un atento exhorto a la Comisión Reguladora de Energía para que ninguna planta regasificadora y/o almacenadora de gas natural licuado, o cualquier otra industria contaminante o de riesgo, podrá recibir permisos de instalación por parte de esta Comisión y otras agencias del gobierno federal, en áreas específicamente prohibidas en los Planes de Desarrollo Urbano de los núcleos de población de los municipios por el bien de los derechos y la calidad de vida de los residentes.

Segundo: La Comisión Reguladora de Energía y otras agencias del gobierno federal, no podrán otorgar permisos a ningún tipo de industria contaminante o de riesgo, sin que la industria o compañía cuente previamente con las autorizaciones por parte de los gobiernos Estatal y Municipal del lugar en donde se pretendan instalar, requiriéndose que en el caso de municipio, tal opinión favorable cuente con la representatividad de la oficina de Control Urbano, la presidencia Municipal y/o el Cabildo donde el uso de suelo respete lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano vigente y considerando las reglamentaciones y normatividades que exige la Ley de Protección Civil.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el 22 de abril de 2004.--- Dip. Manuel González Reyes (rúbrica).»

Turnada a las comisiones unidas de Economía, y de Energía.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Estado de México a revisar, a través y junto con las autoridades correspondientes, si las compañías gaseras instaladas en el Valle de México se ajustan a las normatividades respectivas, presentada por el diputado Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, en la sesión del jueves 29 de abril de 2004

El que suscribe, diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.- El artículo segundo de la Ley de Planeación Estado de México y Municipios establece la responsabilidad del titular del Ejecutivo estatal de conducir la planeación para el desarrollo del estado de México y de sus municipios. La ley señala con toda precisión que las autoridades estatales y las municipales deben ajustarse a todas las disposiciones legales y resguardar siempre la seguridad de sus habitantes.

2.- El artículo sexto de la ley señala que la planeación democrática para el desarrollo debe ser un medio para lograr el progreso económico y social del estado y sus municipios, dirigido principalmente a la atención de las necesidades y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Todo ello, mediante la participación de los diferentes órdenes de gobierno, habitantes, grupos y organizaciones sociales.

3.- Sin embargo, a lo largo y ancho del Valle de México existen incontables centros empresariales e industriales que, si bien incentivan la creación de empleos y el desa-rrollo económico del estado, muchos de ellos no se ajustan a todos los requerimientos legales que permitan garantizar medidas y acciones de protección ciudadana y poblacional. Es el caso de la instalación de empresas de distribución de gas doméstico. La gran mayoría de ellas se instalan sin cumplir con todos los requerimientos legales y alrededor y cerca de grandes centros poblacionales. Está el ejemplo de la empresa Gupagas, SA de CV, en Nopaltepec, estado de México, donde las actuales autoridades municipales tuvieron que clausurar las obras ante la presión ciudadana y por no ajustarse a las normatividades correspondientes.

4.- La ubicación de las empresas dedicadas a la actividad referida, independientemente que debe considerar, de acuerdo con la ley, la opinión de los ciudadanos, se agrava cuando éstas se instalan en terrenos ejidales que están destinados a las actividades agropecuarias y cuya titularidad corresponde al ejidatario. Situación por la cual deben intervenir, en un primer momento, los Comisariados Ejidales, la Procuraduría Agraria y el propio Tribunal Unitario Agrario, para determinar si las cesiones o la compraventa de terrenos reúnen los requisitos legales en términos de la Ley Agraria.

5.- Ante esta situación, diversos sectores y organizaciones de campesinos y de ciudadanos en general de distintos municipios del estado de México están manifestando su inconformidad por la instalación, sin planeación alguna y con irregularidades legales, de este tipo de empresas. Si esta problemática no es atendida a tiempo, la población involucrada seguirá viviendo con el temor y la zozobra, ante el riesgo y la posibilidad de accidentes de dimensiones catastróficas. Es responsabilidad del Ejecutivo local y de las autoridades municipales adoptar las medidas preventivas necesarias y sancionar a quienes han incurrido en la violación de las normas legales respectivas.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta al gobierno del estado de México a revisar, a través y junto con las autoridades correspondientes, si las compañías gaseras instaladas en todo el Valle de México se ajustan a todas y cada una de las normatividades correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2004.--- Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

Turnada a la Comisión de Economía.

«Proposición con punto de acuerdo, mediante el que se apoya la decisión del Ejecutivo Federal de votar en favor de la propuesta de la República de Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre las presuntas detenciones arbitrarias en la base naval de Estados Unidos de América en Guantanamo, a cargo del diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Rodrigo Iván Cortés Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo en el que se apoya la decisión del Ejecutivo Federal de votar a favor de la propuesta de la República de Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la cuestión de las presuntas detenciones arbitrarias en la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo al tenor de las siguientes,

Consideraciones

1. Teniendo en cuenta que en la defensa de los Derechos Humanos en el mundo no hay fronteras.

2. En virtud que la defensa de los Derechos Humanos es de carácter global y no puede permitir exclusiones o particularidades de ningún Estado.

3. Considerando que existen probables violaciones a los Derechos Humanos de los prisioneros de guerra de Estados Unidos en la base militar de Guantánamo.

4. Exigiendo el mandato de protección de los Derechos Humanos, las libertades civiles y políticas y el trato digno de todas las personas que se enmarcan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio de Ginebra de 1949 sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra, los cuales han sido signados por México, los Estados Unidos de América y Afganistán.

5. Reconociendo el hecho que la República de Cuba haga mención a estos instrumentos internacionales en donde es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esperando que se sume pronto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

6. En razón de que nuestro país apoya la causa de la defensa universal de los Derechos Humanos y no circunscribe su voto a favor o en contra de los países miembros de las Naciones Unidas.

7. Con el pleno compromiso de hacer valer en México las recomendaciones y acciones que han realizado las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos en la materia.

8. Reconociendo la apertura de Cuba para recomendar la entrada a la base militar de Guantánamo de un relator especial sobre la Cuestión de la Tortura, al relator especial sobre la Independencia de los Jueces y Magistrados y al grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria, a que, en cumplimiento de sus mandatos consideren la situación descrita en la presente resolución e informen sobre sus conclusiones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En consideración de lo anteriormente expuesto, someto de la manera más atenta y respetuosa a esta Soberanía el siguiente,

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión reconoce la defensa universal de los Derechos Humanos en México y el mundo.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la tesis del 11 de mayo de 1999 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llamada ``Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima, de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal'' que establece que si un tratado obliga a ampliar la esfera de libertades de los gobernados o compromete al Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de grupos humanos tradicionalmente débiles, deben considerarse como constitucionales. Esta postura de la Suprema Corte de Justicia es sumamente trascendente, ya que significa que a través de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos es posible ampliar la esfera de los derechos de los gobernados y tienen a su vez jerarquía constitucional.

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión extiende un reconocimiento al Ejecutivo Federal por haber votado a favor de la propuesta de resolución que presentó la República de Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la cuestión de las presuntas detenciones arbitrarias en la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo, en congruencia con la causa de los Derechos Humanos.

Cuarto.- Esta Soberanía, se manifiesta a favor de la iniciativa del gobierno mexicano de acudir a las máximas instancias internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional para la resolución de controversias de estas materias entre los Estados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2004.--- Dip. Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se envie un comunicado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Servicio de Administración Tributaria, para la no emisión de las reglas de carácter general sobre los equipos de control volumétrico a que hace referencia la fracción V del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arevalo, del grupo parlamentario del PRI

Dip. Gonzalo Moreno Arevalo, con las facultades que me otorgan el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración, la presente iniciativa de proposición con punto de acuerdo y obvia resolución para que se le envíe comunicado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como al Servicio de Administración Tributaria, para la no emisión de las Reglas de Carácter General sobre los equipos de control volumétrico a que hace referencia la fracción V, del arábigo 28 del Código Fiscal de la Federación, para lo cual me permito hacer la siguiente

Exposición de Motivos

En la pasada sesión del día 13 de los corrientes, se sometió ante el pleno de esta Asamblea, una iniciativa de Ley para reformar el Artículo 28, fracción V, así como la derogación de los numerales 115 bis y la fracción VII 111, del Código Fiscal de la Federación, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda de este Órgano parlamentario. En esta, se evidenciaron una serie de deficiencias que en opinión de un servidor que es quién la presentó, deja muchas dudas para la exacta aplicación de la Ley, además, que pone en descubierto posibles anomalías que pudieran surgir con la aplicación de los mencionados preceptos.

Además de esto, se mostró una total falta de técnica legislativa, ya que en la reforma que entró en vigor el 5 de enero próximo pasado, que es la que dio origen en un principio a la mencionada iniciativa, no se establecieron las disposiciones lo suficientemente claras para que se entienda perfectamente bien el marco conceptual de la misma. Para ahondar en el tema retrocedo un poco, con permiso de Ustedes.

En la reforma hecha al Código Fiscal de la Federación y que entró en vigor a partir del presente año, en donde se anexó o adicionó la fracción V al articulo 28, la VII al 111 y el 115 bis, se evidenciaron una serie de deficiencias, que dieron origen a la iniciativa planteada el 13 de Abril pasado, en las que el marco teórico o conceptual de la reforma queda demasiado confuso, originándose una serie de desconfianzas por parte de los sujetos que son a quienes grava estas reformas. Es decir, no se indica en las mismas a que clase de equipos volumétricos se está haciendo referencia para su instalación, en que procesos de manejo de combustibles es aplicable la multicitada reforma, de que capacidad estamos hablando, cuales serán sus funciones, la certificación certeza volumétrica y otras tantas lagunas que sin lugar a dudas propiciarán problemas reales para una eficiente aplicación de la Ley, o por el contrario, dará lugar a que el Órgano o Poder en que el Estado Mexicano ha depositado su confianza y Jurisdicción para la exacta interpretación y aplicación de Ley, emita un criterio diferente al Espíritu de la reforma y deje sin efectos la misma.

Soy más claro aún, estamos expuestos a que el Poder que tiene el control Constitucional de la Ley, al momento de alguna controversia, encuentre que la reforma al Código Fiscal viola las garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna, de los sujetos que están obligados en el mismo, exhibiendo la falta de investigación jurídica de parte del Poder que se encarga de hacer las Leyes en este País.

Esta serie de elementos, no me queda la menor duda, que serán tomados en cuenta a la hora que la Comisión competente emita su dictamen, pero que no están de más mencionarlos en esta iniciativa para convencerlos de que efectivamente, la presente, es de vital importancia para el sector de energéticos de nuestro País, además, reza el refrán popular, lo que abunda no daña.

Estoy conciente de que una reforma debe de hacerse siguiendo toda una serie de pasos que son los que enriquecen el proceso Legislativo en nuestro País, no podemos estar haciendo reformas al vapor que lo único que exhiben es la falta de técnica legislativa que se debería de seguir en la elaboración de una ley, por eso es que me veo en la necesidad de plantear esta proposición con punto de acuerdo y obvia resolución, esperando que mis argumentos sean lo suficientemente convincentes en el animo de quienes integramos el pleno de esta asamblea.

Por razones de tiempo y metodología, sería imposible que las reformas que se pretenden llevar a cabo, salgan al vapor o carentes de análisis, sin embargo, en lo que reforma o no, la ley vigente, o en este caso, las disposiciones vigentes del Código Fiscal de la Federación, contemplan una serie de sanciones que no se pueden dejar de observar y aplicar para todos, lo lamentable es que en el caso que estoy planteando, contempla penas de hasta diez años de prisión a los empresarios gaseros, gasolineros y conexos, que no tengan una serie de equipos de control volumétrico.

Estos empresarios, son de los contribuyentes que más aportan en la recaudación de impuestos, puesto que ellos se rigen por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que es uno de los de más alta tasa en la Legislación Fiscal. Desgraciadamente, con estas reformas, pueden tener serios problemas legales, ya que el citado ordenamiento jurídico prevé cárcel a quienes no cuenten con los equipos mencionados líneas arriba, claro en el supuesto de que los argumentos planteados en la iniciativa de reforma, no fueran lo suficientemente contundentes para influir en el ánimo de Ustedes y se quedara el ordenamiento jurídico en comento de la manera en que hasta hoy, sigue vigente.

Esto debiera ser parte de la coerción que tiene el Estado o la potestad para hacer valer la Ley, siempre y cuando la aplicación sea pareja, es decir, como marcan los principios generales del Derecho, en el que define a la Ley como el Conjunto de Ordenamientos jurídicos, de observancia general, vigente, etcétera, aunque en la práctica no es así, sobre todo si analizamos el artículo décimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, en donde se incumple por parte de Petróleos Mexicanos, la obligación de elaborar la Norma Oficial Mexicana que debería de regular la implementación de trazadores, no cumplió tampoco esta paraestatal, con elaborar los procedimientos de cadena de custodia con muestras en planta, auto tanque y descarga, quién tenía un plazo de 60 días para tales objetivos y a la fecha se desconoce si ya lo hizo o no, pero queda claro, que los primeros en incumplir y por lo tanto violentar la normatividad es esta empresa, ya que el plazo previsto en el mencionado transitorio es de 60 días, los cuales se cumplieron el pasado 28 de Febrero del presente año.

Entiendo que la elaboración de una norma no es cosa sencilla, sobre todo si analizamos lo complejo de la materia, pero tampoco es sencillo que mas de 7 mil estaciones tengan que cambiar o adquirir los equipos de control volumétrico, sobre todo por que no están suficientemente claras las reglas con que deberán de operar los mismos.

Además de lo anterior, veo una posición poco comprensible por parte del Servicio de Administración Tributaria, así como de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al tratar de imponer la Ley del Garrotazo o de sanciones sin antes haberse preocupado por que las reglas para la operación de estas fueran más claras, o que se hubieren publicado previo a estas Normas, las especificaciones técnicas de las gasolinas Magna y Premium y Diesel y que también en eso ha incumplido Petróleos Mexicanos.

Pero independientemente de esto, quiero volver con la inequidad planteada en la exposición de motivos de la reforma que propuse en la pasada sesión del 13 de abril, en donde nada mas se les impone esta sanción a ``establecimientos abiertos al público en general'', en donde se les da un trato diferente y pudiera ser que hasta deferente a las estaciones de autoconsumo, al excluirlas de toda responsabilidad sino se contaba con los mencionados equipos de control volumétrico. Aquí también nos encontramos con otra gran empresa que se le excluye, que es la de PEMEX refinación, quien si debería de contar con dichos controles. Son varias las razones por las que aseguro que esta paraestatal si debiera de contar con los multicitados equipos.

Primero, es la única empresa que se dedica a la producción de gasolinas, por lo tanto si se quiere atacar la venta ilícita de gasolina, se debe de voltear a los productores, eso es normal, para ver de donde es la fuga, en la calle nada más encontraremos gasolina de la que salió de PEMEX, después de controlar esto, ya pudiéramos ahora si tratar de controlar el siguiente paso.

Siempre nos ha sucedido esto y hoy no es la excepción, queremos volar antes de caminar. Claro, que este proceso nos llevaría cuatro años, en opinión del Director General de PEMEX Refinación, quién declaró en reuniones pasadas con los gasolineros de Occidente que para lograr lo anterior, ese sería el plazo en lo que se pudiera realizar.

Como vemos, Compañeros Diputados, la trascendencia de estas reformas, tienen una implicación que se pudieran reflejar en varias acciones de diversa índole, desde el ejercicio de la acción penal por parte de las autoridades fiscales en contra de los empresarios que no cuenten con los equipos de control volumétrico, la oposición por la vía legal, llámese amparos o juicios de garantías parte de todo el gremio que su giro es el de vender energéticos derivados del petróleo, hasta un paro general de estos, por falta de recursos económicos para la adquisición de equipos que se desconoce sus características, o también en acciones en las que se pudiera ver afectada la recaudación de impuestos por falta de certeza para quienes ostentan esta actividad como empresa.

De manera objetiva se debe considerar lo estipulado en el artículo segundo en su fracción VII de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, establece que ``Para los efectos del artículo 28, Fracción V del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para incorporar los equipos de control volumétrico a que se refiere el precepto citado''.

Se deben computar los seis meses a partir del día 6 de enero del 2004, día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, han transcurrido cuatro meses y no se conocen hasta el momento las reglas que definan a los controles volumétricos y por lo tanto no se puede dar cumplimiento a lo que no se conoce.

Considerando la imposibilidad técnica y práctica de que las Estaciones de Servicio o Gasolineras, así considerados los establecimientos abiertos al público en general, a que se refiere la Fracción V del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, den pleno cumplimiento a la instalación de los equipos de control volumétrico y debido a que los Servicios de Administración Tributaria SAT no han emitido ni promulgado en el Diario Oficial de la Federación, las reglas de carácter general.

Por todo lo anterior y en vista de que se encuentra en la Comisión Competente una iniciativa de reforma a los numerales 28, 111 y 115 bis, del Código Fiscal de la Federación, Compañeros Diputados, me permito proponer con las facultades que confiere la Constitución General de la República y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presente punto de acuerdo:

Uno: Gíresele atento oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Servicio de Administración Tributaria, para que no emita las reglas de carácter general, referentes a los equipos de control volumétrico a que hace mención la fracción V, del numeral 28 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que actualmente se encuentra en estudio una iniciativa de Ley, para reformar el numeral mencionado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, 27 de abril de 2004.--- Diputado Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción IV del artículo 74 Y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, revise los fondos federales asignados al estado de Chihuahua durante los ejercicios fiscales 1999-2003, a cargo del diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en la fracción IV del artículo 74 y 79 que la honorable Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.

En efecto, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, de acuerdo con la fracción VI del artículo 2, señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización; entre ellos, las entidades federativas y los municipios, que ejerzan recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

El ejercicio de los recursos públicos federales por las entidades federativas requiere un proceso que inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a determinados fines específicos, y su ejercicio, de serles otorgados, exige cumplir las normas que conlleva el otorgamiento de tales recursos. La rendición de cuentas, por tanto, debe ser clara y precisa: si la rendición de cuentas no es transparente, no deberán otorgarse más recursos y, en su caso, habrán de fincarse las responsabilidades que procedan.

La soberanía estatal se expresa también al informar sobre el manejo de éstos a las entidades que otorgaron los recursos y, particularmente, al Poder Legislativo, que los autorizó, ya que la soberanía no constituye un salvoconducto de inmunidad que permita el ejercicio discrecional e irracional de los recursos públicos federales. El ejercicio, el control y la evaluación de los recursos federales por las entidades federativas, como lo expresa el Presupuesto de Egresos de la Federación, deben realizase conforme a las disposiciones del mismo y las leyes aplicables en la materia.

La Cámara de Diputados, mediante la Auditoría Superior de la Federación, está facultada para investigar si los recursos que se autorizaron fueron entregados puntualmente y si su ejercicio correspondió al monto aprobado, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales aprobados por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones; su actuación no puede estar fuera de ella. La corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida que los recursos autorizados se destinen a fines ajenos a los que fueron autorizados, ni se cumplan las metas fijadas en los programas. Por ello, a efecto de deslindar responsabilidades ante la ciudadanía y la opinión pública nacional sobre el ejercicio de los fondos federales aprobados por esta soberanía al gobierno del estado de Chihuahua, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción IV del artículo 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Chihuahua durante los ejercicios fiscales de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2004.--- El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz »

Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a separar del encargo al director del Servicio Postal Mexicano, así como a investigar su desempeño como funcionario público, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, Tomás Cruz Martínez, diputado federal por el estado de México, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexica- nos; y 58, 59 y los demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, para hacer un atento exhorto al secretario de Comunicaciones y Transportes a efecto de que, en el ámbito de su competencia, destituya al director general del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), Gonzalo Alarcón Osorio, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Sepomex es un sector estratégico para el país, como se establece en Ley del Servicio Postal Mexicano. Desde 1999 se escuchan voces de desacuerdo por su funcionamiento, administración y operación.

Desde hace 15 años, Gonzalo Alarcón Osorio se ha desempeñado como director general del Sepomex. Lejos de que esa permanencia se haya traducido en un eficiente servicio de correo en el país, el resultado ha sido un deterioro en la calidad y, en contrapartida, se ha dado un crecimiento desmedido de servicios privados de mensajería, no sólo apoyados sino impulsados por el funcionario del organismo.

Pese a los millones de envíos de correspondencia y de paquetes en el país, el Sepomex se ha convertido en una empresa deficitaria, debido a la pérdida de clientes y operaciones. En los últimos tres años, se han tenido que cerrar más de 600 oficinas, traduciéndose esto en que 75 por ciento de los envíos que se realizan en el país es por medio de mensajería y paquetería privada.

En diversas ocasiones, trabajadores del Servicio Postal Mexicano han denunciado por la vía legal y en medios de comunicación las irregularidades en el funcionamiento del organismo, ratificadas en 2001 por la Contraloría General, que detectó que el director general, Gonzalo Alarcón Osorio, se había enriquecido escandalosamente dando un sinfín de permisos a empresas postales privadas que no cumplen los requisitos que marca la ley, además de crear las condiciones para dar preferencia a grandes compañías transnacionales en el manejo de la correspondencia.

De igual forma, el envío de sobres ``sin porte pagado'' o cobrar de menos por este servicio a corporativos son otras de las irregularidades manifestadas por los trabajadores del organismo.

Ante las denuncias de fraude e ilícitos, los trabajadores han sido sometidos a un ``terrorismo administrativo'', por lo que han acudido a diversas autoridades para ser escuchados.

Por su parte, los directivos del Sepomex en los últimos años han planteado un programa de modernización y, contradictoriamente, han reportado pérdidas operativas. En general, como se reporta en la Cuenta Pública, sólo 5.78 por ciento del servicio que ofrece el Sepomex es propio.

Los programas de modernización y reingeniería que se han llevado a cabo resultan ineficientes, ya que sólo se han centrado en favorecer una estructura de concesiones del servicio, dando paso al sector privado; cuyas consecuencias económicas y sociales para la mayoría de la población son negativas.

No se puede olvidar que durante 2002 fueron robados alrededor de 12 mil cheques emitidos por la Oficina de Seguridad Social de Estados Unidos, los cuales fueron enviados vía el Servicio Postal Mexicano.

Dichos cheques constituían el pago de las pensiones de ex trabajadores o por devolución de impuestos, hecho denunciado desde la anterior Legislatura, en esta misma tribuna, por el Partido de la Revolución Democrática.

El inadecuado, ilícito y fraudulento actuar del director general del Servicio Postal Mexicano, Gonzalo Alarcón Osorio, no puede permitirse que continúe. Es necesario que nos manifestemos contra ese tipo de actos, que lesionan a la población y el país.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a analizar la situación que vive el Servicio Postal Mexicano y, en el ámbito de su competencia, destituir al director general del Servicio Postal Mexicano, Gonzalo Alarcón Osorio, para dar transparencia y legalidad a la investigación de los hechos mencionados y llegar a pronta y satisfactoria resolución.

México DF., a 29 de abril de 2004.--- Tomás Cruz Martínez (rúbrica.)»

Turnada a las comisiones unidas de Gobernación, y de Comunicaciones.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Energía a implantar un programa de mantenimiento y capacitación en todo el sector eléctrico paraestatal, asi como de modernización para las unidades de generación que sean sujetas a mejoras tecnológicas, durante los periodos que esten fuera de operación, a fin de aumentar su eficiencia y competitividad, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesion del lunes 5 de abril de 2004

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a solicitar se turne a la Comisión de Energía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde 1992, la participación privada en generación de energía eléctrica es una realidad, hecho que entraña competencia entre los particulares y el Estado. La competencia radica en que las unidades de generación que resulten más ineficientes dejarán de operar cuando escasee la demanda, quedando como reserva. Muchas de las plantas generadoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son viejas e ineficientes por falta de mantenimiento y modernización, por lo que hoy se encuentran paradas y en reserva.

Si bien es cierto que tener unidades de generación en reserva fría es contrario a todo principio de rentabilidad, también es cierto que da oportunidad de implementar medidas de mantenimiento y modernización con el objeto de ser más eficientes y disminuir así los tiempos de reserva, devolviendo paulatinamente el control sobre un área considerada como estratégica para el Estado1 y que día a día hemos ido perdiendo.

La iniciativa privada tiene, en nuestro país, una capacidad instalada que equivale al 21.3% del total de la capacidad de generación eléctrica2 mediante las modalidades que define la Ley como servicio no público,3 hecho que ha permitido cuantiosas inversiones en el sector eléctrico que de otro modo, con el Presupuesto de Egresos de la Federación, habría sido imposibles sufragar.

La iniciativa privada, según algunas teorías, como la del Agente Principal,4 tienen como objetivo central maximizar las utilidades para amortizar la inversión, debido a que siempre enfrentan restricciones financieras, pues si tienen pérdidas o se administra inadecuadamente existe la posibilidad de quiebra. Las empresas privadas tienden a premiar o castigar a su equipo de administración dependiendo de su capacidad y resultados, por esta razón, conforman cuerpos más profesionales y eficientes para enfrentar las demandas del mercado.

Debido a que la energía eléctrica no puede ser almacenada, es necesario generarla al tiempo que se consume y ya que la demanda varia a lo largo de las horas del día, de los días de la semana, de los meses y del año; los tiempos de generación de las distintas plantas privadas y paraestatales deben ir cambiando en función de la demanda.

Los requerimientos de energía que se manifiestan a través de las fases que conforman el sistema eléctrico y requieren de un despacho económico,5 cuya función es determinar las distintas plantas de generación que aportan energía al sistema interconectado, de manera que la demanda se satisfaga en cada momento al menor costo posible,6 que en consecuencia lleva a que las plantas que quieran suministrar energía eléctrica a la red de transmisión, deben ofrecer el flujo eléctrico al mejor precio posible, obligándose con esto a competir entre sí, reduciendo costos y procurando mayor eficiencia, para que de esta manera ganen el derecho de aportar energía al sistema de transmisión durante el mayor lapso de tiempo posible y percibir así mayores ingresos.

La competencia derivada de la existencia de participación privada; obliga a el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a que, en cumplimiento de sus funciones como despacho económico, elija a las plantas de generación más eficientes sobre las que menos lo sean, dejando, a menudo, las unidades del sistema eléctrico paraestatal con tecnologías más rezagadas, fuera de operación.

Para que las plantas generadoras con tecnologías más rezagadas del sistema eléctrico paraestatal7 participen de la generación de energía eléctrica durante el mayor tiempo posible, ante el actual escenario de competencia, se necesita ser más eficientes a corto, mediano y largo plazos, por lo que en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México pensamos que la creación y cumplimiento de políticas de maximización de la rentabilidad a través de la minimización de los costos es evidente y recomendable, ya que de lo contrario, el Cenace, al determinar como satisfacer la demanda al menor costo posible, elegirá a los privados más eficientes desplazando a nuestra industria eléctrica paraestatal menos tecnificada por reportar costos más elevados.

En nuestra opinión, la eficiencia y competitividad de este sector no ha sido prioritaria. Por ejemplo, de 1980 a la fecha, la Comisión Federal de Electricidad ha aumentado su capacidad de generación en un 250%, la compañía de Luz y Fuerza del Centro la ha disminuido en un 38% y la generación privada ha crecido 981% en ese mismo periodo.8 Este hecho deja ver la manera en que el Estado ha perdido presencia en un área estratégica. En la actualidad tenemos decenas de unidades de generación en reserva fría, esperando que la demanda aumente, ya que por su menor competitividad han quedado desplazadas por plantas de ciclo combinado de la iniciativa privada que reportan menores costos de producción.

Dado que el crecimiento económico del país no ha sido al ritmo que se esperaba9 y que, irónicamente, la inversión física presupuestal e inversión financiada en el sector eléctrico ha superado los requerimientos de inversión en 4 mil 200 millones de pesos en 2002 y 200310 y para el 2004 se planea destinar en total 62,137.5 millones,11 que a su vez rebasa en más de 17 mil 500 millones de pesos los requerimientos,12 hemos logrado aumentar nuestras reservas y lo seguiremos haciendo. Si bien es cierto que aumentar nuestro margen de reserva es importante, prioritario y sano, lo que puede representar este hecho a corto y mediano plazo, es una importante disminución de la generación de plantas con tecnología más rezagada quedando en manos del Estado la reserva en lugar de la generación, afectando, negativamente las utilidades de nuestra industria eléctrica paraestatal, debilitándola y contraviniendo el principio constitucional por el que se le cataloga como estratégica.

La creación de competencia propicia la eficiencia del sector, por tanto, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México creemos que la implementación de programas de capacitación del personal, mantenimiento y modernización de las plantas de generación que estén sujetas a mejoras tecnológicas es, al menos, un mecanismo que permite hacer más eficiente la fase de generación devolviéndonos, paulatinamente, la competitividad necesaria para que el Estado, ante este nuevo escenario, tenga mayor presencia.

La oportunidad que brinda el hecho de tener plantas paradas en reserva fría es idónea para la modernización de esas u otras, como lo son la de Necaxa y Jorge Luque, o para que se repotencien las plantas de jets de Nonoalco, Lechería y Valle de México, para que se de mantenimiento a las cuatro unidades en reserva fría de Salamanca y en general las de toda la República, es el momento para evaluar la posibilidad de cambiar torres de enfriamiento por cero-condensadores en la zona del altiplano mexicano, donde tanto escasea el agua y de este modo, mejorar nuestra competitividad a corto plazo y aumentar nuestros ingresos a mediano plazo.

A largo plazo, en nuestra opinión, lo que se necesita es eficiencia, competitividad, precios bajos y diversidad en generación con fuentes renovables, para que de cara hacia el futuro, tengamos una industria eléctrica competitiva, limpia y sustentable.

Es importante resaltar que tenemos petróleo para un par de décadas13 en un escenario optimista, por lo que son las fuentes renovables de energía,14 las únicas que podrán responder a las necesidades futuras de manera eficiente, económicamente viables y amigables con el ambiente. Desafortunadamente, por estas fuentes se genera en la actualidad apenas el 2.2% y se pretende disminuir a 1.6% para el 2011. Además la generación por grandes hidroeléctricas también disminuirá de 25% a 20%15 cosa que no nos ayudará mucho a la eficiencia de nuestra industria eléctrica a largo plazo.

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sujeta a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta, a la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo federal a que implemente un programa de mantenimiento y capacitación al interior de todo el sector eléctrico paraestatal, así como de modernización para todas las unidades de generación que sean sujetas a mejoras tecnológicas, durante los periodos que estén fuera de operación, con la finalidad de aumentar su eficiencia y competitividad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de abril del año 2004.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).»

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 28, párrafo cuatro.

2 Según cifras oficiales expuestas en el III Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, páginas 417 y 418.

3 Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, artículo 3.

4 Véase: José Antonio Almazán González (1999), ``El dogma de la privatización eléctrica''. En Seminario internacional. Impacto de la privatización eléctrica a nivel mundial. Estado, desarrollo y soberanía. México, DF. Disponible en http://www.laneta.apc.org/seminario_privatizaciones/almazan.html

5 Es considerado como la fase del ciclo eléctrico encargada de administrar.

6 Véase: Georgina Kassel y Chong Sup Kim, ``Estructura industrial y opciones de regulación para el sector eléctrico mexicano''. En: Pablo T. Spiller y Carlos Sales (1999) (coordinadores), Regulación de los sectores de infraestructura y energético en México, ITAM y Porrúa. México, DF, páginas 102-103.

7 Entiéndase con esto la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.

8 Según cifras oficiales expuestas en el III Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, páginas 417 y 418.

9 Según el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, se esperaba un crecimiento anual del 7%.

10 Publicación de la Sener y la CFE; Necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, página 9, en comparación con cifras oficiales expuestas en el III Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, página 421.

11 45,635.5 millones de pesos en 15 Pidiregas, ``según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, Tomo I, página 38'', más 11,292 millones en la CFE, ``según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, Tomo I, página 467, en la que se menciona 135,278 millones de pesos; de los cuales 18,059 millones son para capital menos los 6,767 millones para pago de Pidiregas de años anteriores'' y 5,210 millones en LyFC, ``según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, Tomo I, página 475, en la que se menciona 21,010.9 millones de pesos; de los cuales 5,210 millones son para capital''.

12 Estudio hecho por la Sener y la CFE titulado Necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, página 9.

13 Según cifras oficiales expuestas en el III Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, página 408.

14 Como la eólica, solar, geotérmica, biomasa moderna, biocarburantes, de pequeñas centrales hidroeléctricas o la generada por las mareas.

15 Publicación de la Sener y la CFE; Necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, página 8.

Turnada a la Comisión de Energía.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de requerir al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales que informe sobre las medidas tomadas por la dependencia a su cargo para el confinamiento, el reciclamiento y la preservación de efectos contaminantes de llantas desechadas, en atención al incendio acaecido el 8 de abril de 2004 en Tultitlán, México, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe Diputado Jesús González Schmal, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso de la República, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:

Considerandos

El artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre las que se encuentra la de establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; y evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica. Asimismo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente establece entre las facultades de la Federación, la regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, atribuciones que deben ser ejercidas en términos del artículo 6º de este último ordenamiento legal, por parte de la referida Secretaría de Estado.

Ahora bien, con fecha 8 de abril del presente año tuvo verificativo un incendio en Tultitlán, Estado de México, el cual inicio alrededor de las 04:00 horas; en el lugar del siniestro se encontraban cerca de 120 mil llantas de automotores de las cuales hacia las 11:00 horas ya se había consumido cerca del 80%, se presentaron elementos del Cuerpo de Bomberos de al menos 12 municipios, del Distrito Federal y miembros del Ejército Mexicano, ante lo cual el director de Protección Civil del Estado de México, Arturo Vilchis Esquivel, señaló que el siniestro no ocasionó daño alguno a viviendas, pero si afectó el medio ambiente, debido al grado de contaminación del humo que desprendieron las llantas consumidas por el fuego.

Lo anterior, resulta preocupante, ya que la incineración de neumáticos genera compuestos considerados cancerígenos y tóxicos que permanecen en el ambiente durante varias décadas, información que dio a conocer Greenpeace México; dioxinas, furanos y metales pesados son los compuestos orgánicos persistentes que se generan a partir de la incineración de residuos, en donde estos pueden afectar diversos sistemas, como el inmunológico, reproductivo, endócrito y neurológico, además de que pueden ocasionar problemas respiratorios y afectar la glándula tiroides, y cuyos efectos pueden ir desde simples dolores de cabeza hasta padecimientos como deficiencia de aprendizaje y cáncer mamario. Resulta igualmente preocupante el hecho de que los residuos de llantas, son incinerados en hornos de cemento, lo que evidentemente no tiene efectos menos agresivos que la quema al aire libre.

De lo antes señalado, se desprende la urgencia de tomar las medidas necesarias para la protección no solo del ambiente, sino de la salud de los habitantes del país, la cual es gravemente dañada con la generación de incendios como al que nos hemos referido, y ante lo cual desconocemos las medidas que ha tomado al respecto la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por lo expuesto, solicito a esta H. Asamblea la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico: Se exhorta a que comparezca el C. Ing. Alberto Cárdenas Jiménez Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que informe de las medidas que se han tomado respecto al destino de los desechos de neumáticos en el país, así como las prevenciones existentes para evitar los riesgos contaminantes, que implican alteraciones no solo ambientales, sino de salud en perjuicio de los habitantes del país; Asimismo si la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente informó del tiradero clandestino de las mismas y las sanciones aplicadas a los infractores de la Ley de la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de abril del 2004.--- Dip. Jesús González Schmal (rúbrica.)»

Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, respecto al acuerdo nacional para el campo, a cargo del diputado Cruz López Aguilar, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito Dip. Federal integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Integrante del Sector Agrario y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante ustedes someto la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo.

Al tenor de la siguiente

Exposición de MotivosEvaluación del Acuerdo Nacional para el Campo

El Acuerdo Nacional para el Campo fue producto de la inconformidad de la sociedad rural y se concretó como una respuesta a la movilización de las organizaciones campesinas. A principios del año pasado, al término de la desgravación arancelaria de 20 productos agropecuarios, esta preocupación aglutinó las diferentes fuerzas del movimiento campesino y amortiguó las diferencias políticas, prevaleciendo durante todas las etapas de la negociación de nuestro Acuerdo, los intereses superiores de los habitantes del medio rural.

Pasado un año, en opinión nuestra, en el seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural, ha prevalecido el enfoque de evaluación del Acuerdo impuesto por el Gobierno Federal. En estas fechas, surge naturalmente la necesidad de hacer cuentas, de formular o replantear el procedimiento para la medición de los resultados y avances.

Si habláramos de incumplimientos; el numeral 273, reportado por la SAGARPA como concluido, establece la obligación de promover en el ámbito de los Estados, Municipios y Regiones, la más amplia participación de las organizaciones campesinas en el seguimiento y evaluación de las acciones que se derivan de los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo. Esta contraloría social, esta masificación del seguimiento y la evaluación siguen pendientes. El avance se reduce a la constitución de consejos estatales, distritales y municipales, pero poco o nada se conoce de sus deliberaciones sobre la cuantificación y repercusión del Acuerdo a favor de los campesinos y productores rurales.

Un análisis sencillo de lo reportado en su avance por el Gobierno Federal, en el cual registra 128 numerales concluidos, 123 operando conforme a programa y únicamente 4 atrasados, lleva necesariamente a conclusiones lejanas al optimismo oficial.

Yo les pregunto a ustedes:

¿Está concluido el rediseño, la concertación, la instrumentación y la vigilancia en materia de apoyos, subsidios y compensaciones a los productores nacionales como lo señala el numeral 21?.¿Está concluida la promoción para la constitución de los fondos de apoyo a la transformación y comercialización de los productos de mayor impacto social como lo prevee el numeral 101?. ¿Se concluyó la campaña de difusión de los derechos y se facilitó y promovió la organización de los jornaleros agrícolas como lo establece el numeral 175?. ¿Contamos ya con el padrón único de beneficiarios que simplificaría notablemente la operación de los programas gubernamentales comprometido en el numeral 246 del Acuerdo?.

La respuesta es NO; sin embargo en su reporte el Gobierno Federal ya cumplió.

Finiquitar los compromisos contraídos y tener avances parciales son apreciaciones distintas. Los campesinos no percibimos los resultados si éstos se miden con un criterio burocrático, o simplemente su impacto se circunscribe a un escenario imaginario.

Veamos ahora algunas acciones que avanzan conforme a programa, según el reporte gubernamental.

El numeral 24 habla de la elaboración durante el 2003 de una propuesta integral de salud y seguridad social para la población rural, orientada al desarrollo de un sistema universal de acceso. Respecto a tal compromiso, el año pasado terminó sin propuesta y durante 2004, lo concretado se reduce a las nuevas reglas de operación del programa de adultos mayores y a la promesa de operar, a favor de la sociedad rural, el programa del seguro popular.

El numeral 48 menciona la obligación de realizar y convenir con los Estados Unidos y Canadá acuerdos complementarios o anexos al TLCAN. El C. Presidente de la República habló del TLCAN plus; sin embargo prevalece el autismo, la Secretaría de Economía se ha mostrado omisa en la entrega de información, apostando al olvido de lo previsto en el capítulo comercial del Acuerdo.

El numeral 82, señala que el Ejecutivo Federal procederá a la formulación y puesta en marcha de una política de fomento productivo, desarrollo económico y asistencia social, con un soporte presupuestario que impulse la reforma estructural del campo. ¿Cómo puede aceptarse que estas acciones avanzan conforme a programa si en su propuesta de Decreto de Presupuesto 2004, el Gobierno Federal envió un proyecto de presupuesto inferior al del año anterior, violando la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el mismísimo Acuerdo Nacional para el Campo?.

Reconocemos avances en el desarrollo social y combate a la pobreza, así como en regularización de la propiedad rural y en la atención de focos rojos agrarios, aunque estamos lejos de contar con un plan estructurado de acciones para el abatimiento de la pobreza como lo señala el numeral 156 y sin duda en lugar de reducirse, han aumentado los enfrentamientos en el área rural por motivos agrarios.

Las reglas de operación, ni son claras ni sencillas. Para avanzar le proponemos al Gobierno Federal la constitución de una subcomisión, en el marco de la Comisión Intersecretarial, como ventanilla única para la simplificación de la normatividad. De no darse lo anterior, no podemos aceptar la afirmación de que el cumplimiento del numeral 243 mantiene la condición de avance conforme a programa.

El numeral 49 compromete al Ejecutivo Federal a realizar un análisis de los impactos de la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002 de los Estados Unidos; y en su caso, aplicar todos los instrumentos jurídicos de defensa de la producción nacional contra prácticas desleales. Esta responsabilidad, sin contar aún con resultado alguno, se reporta como concluida.

Si evaluáramos los 282 numerales del Acuerdo, sin duda concluiríamos que los numerales 47, 65 y 241, reportados por la SAGARPA como de mayor atraso, son vitales para el cambio de fondo.

La evaluación del TLCAN comprometido en el numeral 47, dispuesto para su realización con la participación de las organizaciones campesinas y de productores, no se ha tocado. El compromiso no concluye con el estudio encargado al Colegio de México. Por cierto sus conclusiones que exoneran al TLCAN de la crisis rural son inaceptables.

El numeral 65, aceptado como atrasado por el Ejecutivo, habla del combate frontal al contrabando, de la participación en esta tarea de las organizaciones campesinas y de productores, de la vigilancia del ingreso de productos primarios, y de la inspección rojo operativo. Estos compromisos no sólo se han incumplido, el contrabando técnico, bronco, documentado y amparado, ha crecido desmesuradamente de un año a la fecha; la corrupción, la subfacturación, la renta de patentes, la triangulación de productos; son asuntos cotidianos, a tal grado que a este cáncer se le reconoce ya como el mayor peligro de las ramas de producción nacionales.

Aún estamos esperando la propuesta de reordenamiento administrativo en materia de desarrollo rural convenida en el numeral 241, prevista para su entrega por el Gobierno Federal el 30 de junio de 2003.

Estos ejemplos muestran lo innegable. Las organizaciones sociales y de productores rurales observamos y afrontamos de manera distinta el seguimiento y la evaluación del Acuerdo Nacional para el Campo. Para nosotros no hay más programas que los que son ejecutados en los predios de los campesinos. Para nosotros no existe el presupuesto si no se traduce en opciones productivas y empresariales. Para nosotros no existe viabilidad financiera si no tenemos apoyos y subsidios que reduzcan las profundas asimetrías con los socios comerciales.

Insisto, está ordenada la participación nuestra en el seguimiento y evaluación del Acuerdo. Es hora de cambiar el procedimiento, la paciencia tiene límites, es tiempo de cumplir el Acuerdo Nacional para el Campo.

De conformidad con las consideraciones anteriormente vertidas, solicito a esta Presidencia de la H. Cámara de Diputados dar el trámite establecido conforme al Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, como de urgente y obvia resolución al tenor del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta al Ejecutivo Federal a cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para el Campo.

Segundo: En materia de Reglas de Operación, sugerimos la constitución de una subcomisión interinstitucional para la simplificación y el ejercicio expedito de las mismas.

Tercero: Replantear el procedimiento de seguimiento y evaluación del Acuerdo, prevaleciendo en su diseño y operación los resultados a nivel de campo.

Palacio Legislativo, a 22 de abril de 2004.--- Dip. Cruz López Aguilar (rúbrica.)»

Turnada a la Comisión de Desarrollo Rural.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador constitucional de Puebla a corregir las finanzas publicas de esa entidad y a disminuir el excesivo endeudamiento publico, a cargo del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea un punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

A finales de este año, los poblanos celebraremos elecciones para renovar el Poder Legislativo, las 217 presidencias municipales y la gubernatura.

A escasos meses del cambio de poderes en la entidad, y de acuerdo con los datos y las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la deuda pública en el estado de Puebla casi se triplicó: pasó de 1 mil 1.8 millones de pesos en diciembre 2002 a 2 mil 829.9 millones en diciembre de 2003.

Esto coloca a Puebla en el segundo lugar nacional con mayor incremento de la deuda en proporción de un año a otro, después del estado de Michoacán.

La cifra incluye obligaciones inscritas de organismos paramunicipales y paraestatales, de las que el gobierno del estado es aval, de organismos que son su responsabilidad directa.

La deuda pública representa hoy 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del estado, mientras que en 2002 la participación era de 0.5 por ciento.

Proporcionalmente, la deuda pública estatal ha crecido más que su PIB. Con cifras nominales del periodo que va de 1993 a 2001, se advierte que cada año la deuda se incrementó a una tasa de 32.5 por ciento en promedio, mientras que el producto lo hizo a 23.6 por ciento.

El propósito de un endeudamiento gubernamental racional debería ser crear obras de infraestructura que promuevan la competitividad y el crecimiento económico a una tasa mayor que el endeudamiento. El desequilibrio negativo entre crecimiento económico y endeudamiento desmesurado sugiere ineficacia en la obra pública en cuanto a la aportación de las capacidades productivas, y que un monto importante de la deuda simplemente se ha destinado a gasto corriente.

Pese a que la administración actual elevó el endeudamiento, el gobierno del estado de Puebla ha reconocido que, a escasos meses de concluir su administración, no le dará tiempo ni le alcanzará el presupuesto para terminar obras importantes para el estado.

Algunas obras públicas que quedarán inconclusas han sido catalogadas como prioritarias. Son los casos del rescate de la cuenca de Necaxa; la autopista que va de Tlaxco, Tlaxcala, a Huauchinango, Puebla; el rastro intermunicipal de Tehuacán; dos hospitales integrales en Vicente Guerrero y Mecapalapa; más de 50 vialidades urbanas; y la construcción de un puente en la presa de Valsequillo, lo que habría facilitado la comunicación hacia las juntas auxiliares y los municipios del sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con el gobernador, los proyectos ejecutivos inconclusos tendrá que concluirlos su sucesor, por falta de recursos.

Si la economía regional no crece, simplemente no tiene ninguna razón de ser elevar el endeudamiento.

Conocemos de sobra las consecuencias del endeudamiento irracional. Hemos vivido las peores épocas por causa del mal manejo en las cuentas del gobierno. Así pasó con la crisis de la deuda externa en 1982, que vulneró la capacidad de pago, incrementó la inflación y devaluación de nuestra moneda y afectó de manera permanente la capacidad de crecimiento en el país.

El endeudamiento excesivo y la expansión del gasto público son signos inequívocos de los gobiernos populistas. En general, ese tipo de políticas difícilmente permiten sostener los recursos de la hacienda pública sin afectar el gasto de inversión para cubrir el costo financiero de la deuda.

A escasos meses de renovar el gobierno del estado de Puebla, se corre el riesgo de legar a la siguiente administración la deuda pública estatal acumulada a la fecha.

Por lo expuesto y mencionado, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que esta honorable asamblea exhorte al gobernador constitucional de Puebla a corregir, en virtud de sus facultades, las finanzas públicas del estado y disminuir el excesivo endeudamiento público gubernamental.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2004.--- Dip. Rogelio Flores Mejía (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Gobernación.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al titular del servicio de administración tributaria a detener los embargos precautorios contra las cooperativas campechanas dedicadas a la pesca ribereña hasta que no se realice una investigación seria sobre la imposibilidad de cumplir las obligaciones fiscales por las cooperativas campechanas, a cargo del diputado Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, Abraham Bagdadi Estrella diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en lo dispuesto el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante distintitas oportunidades hemos advertido con puntualidad que la pesca en Campeche esta en una profunda crisis que puede llevar en el peor de los casos a un estallido social por parte de los ciudadanos campechanos que forman parte de este sector productivo histórico en Campeche.

Asimismo, en esta soberanía diputados de diversos grupos parlamentarios han hecho eco de la voz de los pescadores campechanos que sufren día a día los embates cobardes por parte de ciertas autoridades federales que tal parecería que dichas actitudes tienen como fin principal hacer de la pesca en Campeche una actividad artesanal mas que empresarial.

Primero, fue el intento por parte de la las Secretarías de Marina; de Comunicaciones y Transportes; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación las cuales a través de un acuerdo intersecretarial en el cual pretendían evitar que los campechanos diéramos cuenta de la gran contaminación en nuestro litoral por parte de petróleos mexicanos, esto bajo el pretexto de la seguridad nacional.

Sin embargo gracias a la unión de todos los actores políticos y sociales del Estado dicho acuerdo ya fue modificado en un acto de presión de los campechanos más que por un acto de voluntad política del titular del Ejecutivo de nuestro país.

Lo que hoy me trae ante esta honorable Asamblea es denunciar la nueva ofensiva del gobierno federal en contra de los pescadores campechanos cuya orquestación esta a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, a través del Servicio de Administración Tributaria, las cuales pretenden embargar mas de la mitad de la flota pesquera ribereña del estado afectando a miles de familias de pescadores bajo el argumento de el incumplimiento de una obligación fiscal consignada en la ley del impuesto sobre la renta.

El artículo 31 párrafo primero contiene la obligación de acaparar las deducciones autorizadas con cheques nominativos cuando estas excedan de dos mil pesos.

En virtud de dicha obligación las cooperativas pesqueras de Campeche, pero muy en particular en el municipio del Carmen han intentado cumplir dicha normatividad, sin embargo las concesionarias de gasolina del municipio del Carmen se niegan a recibir los pagos con cheque nominativo, haciendo con esta acción imposible el cumplimiento de obligación fiscal, ante esta negativa las cooperativas del sector pesquero han acudido ante el Servicio de Administración Tributaria con el fin de solucionar este problema, dicha problemática ha sido constatada por fedatarios públicos de Campeche e inclusive por las autoridades hacendarías, no obstante lo anterior hoy pesa sobre estas cooperativas la amenaza de embargar sus propiedades por parte de las autoridades hacendarías delegadas en Campeche, lo que constituye un verdadero atraco ya que en lugar de fincar responsabilidades en contra de los concesionarios de la distribución de gasolina del Estado el fisco federal prefiere cortar por el hilo mas delgado cargando su actuación únicamente en contra de los pescadores ribereños campechanos.

Es claro en base a lo anterior que nunca los pescadores ribereños de Campeche han evadido sus obligaciones fiscales, ellos mismos han solicitado la intervención de las autoridades hacendarías en Campeche para solucionar esta problemática que recae en la irresponsabilidad de los concesionarios del servicio de gasolina en Campeche, sin embargo en este momento pesa sobre las cooperativas campechanas la amenaza de que en cualquier momento serán embargados, poniendo en riesgo con esta acción el modo de vida de miles de familias de Campeche que depende de la pesca, es por lo anteriormente expuesto que propongo ante esta H. Asamblea el siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Servicio de Administración Tributaria a que detengan los embargos precautorios en contra de las cooperativas campechanas que se dedican a la pesca ribereña hasta que no se realice una investigación seria en cuanto a la imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las cooperativas antes mencionadas.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Servicio de Administración Tributaria a que investiga la actuación por parte de los miembros del Servicio de Administración Tributaria en Campeche y en caso de encontrar responsabilidades inicie procedimientos de responsabilidades.

Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Servicio de Administración Tributaria a que informen a esta soberanía a la mayor prontitud de las investigaciones antes mencionadas.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 27 de abril de 2004.--- Dip. Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a fijar con la mayor brevedad el esquema de operación del apoyo económico a los productores de Agave Tequilana Weber Azul, agave que marca la Norma Oficial Mexicana, agave Fourcroydes Iem, Dasylirion SPP o Agave Augustifolia (Espadin Azul), para ser utilizado en la elaboracion de tequila, mezcal, bebida de henequen o sotol, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, a efecto de que fije a la brevedad el esquema de operación del apoyo económico a los productores de agave tequilana weber azul, agave que marca la norma oficial mexicana, agave fourcroydes iem, dasylirion spp o agave augustifolia (espadín azul), para ser utilizado en la elaboración del tequila, mezcal, bebida de henequén o sotol, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Es innegable la realidad que viven y padecen miles de campesinos a lo largo y ancho de nuestro país. Pobreza, marginación, exclusión... son algunas de las constantes a las que se enfrentan hoy por hoy nuestros hermanos y hermanas, quienes hacen de la tierra su única forma de subsistencia.

Ante la falta de oportunidades, y ante un gobierno incapaz de cristalizar el viejo anhelo de una mejor vida, no han encontrado una vía más idónea que la migración hacia un país que con sus reglas migratorias se burla y recrudece las hostilidades de quien intenta hacer realidad el mal llamado `` Sueño Americano''.

Hace aproximadamente una década en algunas regiones del país se empezó a vislumbrar la posibilidad de reconvertir la situación de muchos productores agrícolas, quienes ante el auge de la bebida tradicional mexicana, y ante la falta de competidores en la siembra de agave, muchos de ellos decidieron cambiar el maíz por un producto que a la larga ofrecía altas ganancias y poca inversión.

Fueron varios los productores que se beneficiaron de la poca producción de agave y la gran demanda de la planta. El negocio duro muy poco pues hoy en día el precio del kilo de agave se cotiza por debajo de los 2 pesos, aunado a eso la situación no parece tener una pronta solución, ya que existe una sobre oferta del producto y por consiguiente un bajo precio.

Esta H. Cámara de Diputados al conocer la demanda de quienes se dedican a la producción de agave, para ser utilizado en la elaboración de la bebida más representativa de México como es el Tequila, entre otras. Propuso y así lo aprobó en el artículo 17 fracción XIV de la Ley de Ingresos de la Federación, un estimulo económico que consiste básicamente en apoyar directamente a los productores de agave tequilana weber azul, agave que marca la norma oficial mexicana, agave fourcroydes iem, dasylirion spp o agave augustifolia (espadín azul), para ser utilizado en la elaboración del tequila, mezcal, bebida de henequén o sotol, por cada kilo que vendan de la planta.

Es por ello, que en un afán de cristalizar el espíritu del legislador en su artículo 17, fracción XIV, de la Ley de Ingresos de la Federación, al otorgarle un subsidio a los productores de agave, quienes corren el riesgo de perder hasta su inversión, es necesario exhortar al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se expida a la brevedad el esquema de operación del estímulo a los productores de agave tequilana weber azul, agave que marca la norma oficial mexicana, agave fourcroydes iem, dasylirion spp o agave augustifolia (espadín azul), para ser utilizado en la elaboración del tequila, mezcal, bebida de henequén o sotol.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, elevo a la consideración de esta soberanía, para que se dicte el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, a efecto de que fije a la brevedad el esquema de operación del estimulo económico a los productores de agave tequilana weber azul, agave que marca la norma oficial mexicana, agave fourcroydes iem, dasylirion spp o agave augustifolia (espadín azul), para ser utilizado en la elaboración del tequila, mezcal, bebida de henequén o sotol.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión al día 22 de abril de 2004.--- Dip. José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica).»

Turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Rural.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Puebla a cumplir la obligación de legislar en materia de transparencia y acceso a la información publica gubernamental, a cargo del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

En México, el derecho a la información es una garantía constitucional consagrada en el artículo sexto, independientemente que en términos del artículo 133 de la Carta Magna y de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados estas disposiciones del derecho internacional precisen su vigencia en el territorio nacional.

El acceso a la información es universalmente reconocido como un derecho inherente del sistema democrático, como lo consignan los principales instrumentos del derecho internacional:

La Convención Americana de los Derechos Humanos, precisa en su artículo 13 la libertad de pensamiento y expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; la Declaración Ameri- cana de los Derechos y Deberes del Hombre, consigna en su artículo IV la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19 establece el derecho individual de investigar y recibir informaciones y opiniones; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla en su artículo 19, la libertad de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El derecho a la información, en tanto garantía fundamental que toda persona posee para atraerse información, informar y ser informada, implica además el derecho al acceso a los archivos, registros y documentos públicos; el derecho a la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla; el derecho de informar, que incluye las libertades de expresión y de imprenta, y el de constitución de sociedades y empresas informativas; y el derecho a ser informado que incluye las facultades de recibir información objetiva y oportuna, la cual debe ser completa; es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias y, con carácter universal, o sea, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna.

En el año de 1977 se adicionó el artículo 6° de nuestra Carta Magna para consagrar en su texto, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, el derecho a la información, como una garantía individual. Desde esta adición, la última parte de este artículo establece que ``el derecho a la información será garantizada por el Estado.

En virtud de ello, en el año 2002, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

A nivel local, es oportuno señalar que varios estados de la República, como son los estados de Jalisco, Sinaloa, Colima y el Distrito Federal, cuentan ya con una legislación reglamentaria que garantiza este derecho.

En el estado de Puebla, no contamos con una ley reglamentaria en esta materia, pese a que durante varios meses se ha hecho un esfuerzo por parte de diputados locales y organizaciones de la sociedad civil por elaborar un proyecto de ley de acceso a la información pública.

Recientemente, el Congreso del estado de Puebla aprobó reformas a la Constitución Política local para introducir el derecho de acceso a la información pública, a efecto de brindarle mayor jerarquía jurídica al derecho a saber.

La fracción VII del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, a la letra dice: ``Las leyes se ocuparán de garantizar el acceso a la información pública gubernamental, en los términos que establezca la ley en la materia''.

Sin embargo, el gobernador poblano, Melquiades Morales Flores, dio instrucciones a la mayoría priísta en el Congreso estatal para confeccionar un dictamen que legaliza el secreto y deja como excepción el derecho de acceso a la información pública.

El dictamen ordenado por el gobernador del estado, desnaturaliza el sentido de los órganos reguladores independientes. En Puebla se pretende establecer en la ley una Comisión de Acceso para la Información Pública cuyos tres miembros serían nombrados y removidos por el gobernador del estado, sin pasar por la ratificación mínima del Congreso del estado.

A esta figura jurídica, a la que de manera inverosímil se denomina ``órgano auxiliar del Poder Ejecutivo del estado'', únicamente para efecto de sus resoluciones, no estará subordinada a autoridad alguna. Además, la comisión de referencia sólo podría emitir ``recomendaciones'' y sólo abarca a la administración pública estatal.

De manera por demás demagógica, el dictamen propone la creación de ``órganos análogos'' en los sujetos distintos del Poder Ejecutivo; es decir, Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos autónomos y ayuntamientos, con lo cual, en Puebla se tendrían más de 220 organismos por su número de municipios.

Los ciudadanos a quienes representamos, y a los cuales nos debemos, tienen derecho al acceso de la información pública gubernamental. Garantizar la publicidad de los actos gubernamentales y la rendición de cuentas, sin duda, contribuye a la consolidación del sistema democrático y promueve la eficiencia en la organización, clasificación, manejo y transparencia de los documentos públicos.

Por ello, es imprescindible que en el estado de Puebla se cuente con una ley que garantice el acceso a la información pública.

Es importante dar este paso en nuestro estado en virtud de que la información responde a la necesidad básica que tiene el hombre de expresarse y de saber lo que los demás han expresado, es una exigencia que responde al derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos de expresarnos, de informar y de informarnos, facultad que deberá estar garantizada por el Estado y ser defendida por la sociedad civil.

Legislar en esta materia, sin duda, contribuye a construir un Estado más democrático y justo, otorgando una herramienta indispensable para que el gobernado pueda llevar a cabo un control social de los órganos del Estado y así poder evaluar a sus gobernantes, contando con elementos objetivos de juicio para hacerlo. Con trasparentar la información pública y permitir el libre acceso a ésta, sin duda, se estará fomentando que la administración pública sea más eficiente y se facilite el combate a la corrupción. Con esto, también, la rendición de cuentas al ciudadano se hará en forma permanente.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Que esta honorable asamblea exhorte al Congreso del estado de Puebla a que expida a la brevedad una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para dicha entidad federativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 27 de abril de 2004.--- Dip. Rogelio Flores Mejía (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Gobernación.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que las secretarias de Hacienda y Crédito Púublico, de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación busquen instrumentos y mecanismos con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz a efecto de que los agricultores de menores ingresos inscritos en el padrón del Procampo y Ganaderos hasta con 50 unidades animal tengan acceso a precios preferenciales en los costos de camionetas nacionales para sus labores del campo, disminuyendo así la posible adquisición de vehículos importados, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante los últimos años hemos sido testigos del incremento de vehículos de procedencia extranjera que circulan en el país de manera irregular, los llamados ``autos chocolate'', con el consecuente abuso por parte de los intermediarios y autoridades. Por otra parte, observamos que en la actualidad la mayoría de los compradores son agricultores de escasos recursos, quienes en su mayoría han sido engañados por los traficantes de vehículos ilegales, cuyo único fin es lucrar con la necesidad y la buena voluntad de éstos.

Durante años, los tres órdenes de Gobierno han estado rea-lizando -infructuosamente- esfuerzos importantes para que la población no adquiera los llamados ``autos chocolates'', ya que en la actualidad no existe un instrumento legal que atienda tal situación. Sin embargo, también es cierto que la crisis económica en la que nos hemos visto envueltos los mexicanos durante los últimos años, tampoco abona a la posibilidad de que las clases más desprotegidas del país, particularmente los campesinos, tengan acceso a la adquisición de vehículos nuevos, que coadyuven al desarrollo rural integral, particularmente en el aumento de la productividad, rentabilidad, competitividad, transformación y comercialización de sus productos.

Para nadie es extraño, que el encarecimiento de los vehículos adquiridos en nuestro país se debe, en gran medida, al alto costo de la carga impositiva que se genera al respecto.

En ese sentido, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en el país se han internado más de dos millones doscientas mil camionetas provenientes de los Estados Unidos de América, adquiridos en su mayoría por agricultores, quienes tienen derecho a importar una camioneta pick-up de peso total con carga máxima inferior o igual a tres mil doscientos kilogramos y cuyo número de serie, año o modelo sea diez años anterior a la fecha de adquisición.

A su vez, la AMIA estima que además de las camionetas que fueron autorizadas, se introducen en forma ilegal al país otros quinientos mil vehículos al año, esto debido a sus bajos costos de adquisición en el exterior.

Por lo general, estos vehículos son la chatarra en el vecino país del norte, por lo cual los particulares que los adquieren sufren dificultades con los mismos. Dificultándoseles la adquisición de refacciones, ya que varios modelos no se comercializan legalmente en la República.

A lo anterior habría que señalar el alto impacto que representa la importación y el contrabando que genera este problema social, pues no sólo afecta a este sector del cual dependen más de 40 ramas industriales y más de 5 millones de empleos directos e indirectos en nuestro país (según la AMIA), sino que ni siquiera representa un beneficio real a la gente de bajos ingresos que compra uno de estos vehículos, ya que al realizar dicha operación mercantil se convierten automáticamente en presa fácil de la cooptación política, de las autoridades de tránsito, de la Policía Federal Preventiva, de la burocracia gubernamental, de la corrupción, de la extorsión y por si fuera poco, el tiempo y el dinero que gastan en los talleres y en conseguir las refacciones, en ocasiones es tanto que terminan por desistir y abandonarlos.

No debemos dejar de tomar en consideración que muchos de estos vehículos representan un peligro para sus conductores y para otras familias en las carreteras; tampoco el daño que generan al medio ambiente.

Nuestra responsabilidad es generar mejores condiciones de vida para nuestros representados, pero siempre, observando el Estado de Derecho.

Sin duda alguna que los campesinos de México están esperando de nosotros aportaciones que abonen a mejores niveles de desarrollo, pero también, esos 5 millones de familias que directa o indirectamente dependen de la industria automotriz en nuestra República.

Ante este problema el 27 de diciembre del 2000, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo del 2001 y el día 6 de abril del mismo año se publicó el Reglamento correspondiente emitido por la Secretaría de Economía.

En los meses de marzo y mayo del 2000, el titular del Poder Ejecutivo, con evidentes tintes electorales, expidió dos decretos de regularización.

Es evidente que ninguno de estos instrumentos ha resultado suficiente ni mucho menos eficiente, nada de esto ha podido detener la importación ilegal de estos vehículos y el contrabando de refacciones; es claro que un nuevo decreto para regularizar los ``autos chocolate'' difícilmente tendrá efectos positivos; el decir que será la última vez, que ya no habrá otra tampoco los detendrá, por el contrario, sólo alentará la codicia de quienes de este problema social hacen su modus vivendi.

El Estado de Derecho reclama respeto, los agricultores mexicanos una solución. En ella debemos participar todas las instancias y todos los niveles de gobierno, de manera importante, es necesario revisar los impuestos que se cobran a los vehículos de trabajo para campesinos de escasos recursos.

Por qué no pensar -incluso- en la producción de un vehículo de trabajo austero, a bajo costo, al cual pudieran tener acceso los agricultores de menores ingresos que se encuentran inscritos en el padrón de Procampo y para los ganaderos hasta con 50 unidades animal.

Compañeras y compañeros legisladores, es necesario encontrar los mecanismos necesarios para que sea posible que los productores de escasos recursos puedan adquirir vehículos de procedencia nacional. Pues son los agricultores y ganaderos de escasos recursos quienes principalmente utilizan estos medios de transporte para comercializar sus productos directamente al consumidor, y con esto buscan, ya no depender del intermediarismo.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación busquen los instrumentos y mecanismos con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, para que los agricultores de menores ingresos económicos que se encuentran inscritos en el padrón del Procampo y los ganaderos con hasta 50 unidades animal, tengan acceso a precios preferenciales en los costos de camionetas nacionales, para sus labores del campo. Disminuyendo así la posible adquisición de vehículos importados.

Segundo: Podrá adquirirse solamente un vehículo por persona inscrita en el Procampo y por ganadero con hasta 50 unidades animal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2004.--- Dip. Rafael Candelas Salinas (rúbrica.)»

Turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal a cumplir la obligación que le impone la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo ordenado por el artículo cuarto transitorio de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y expedir el reglamento de ley, pues el termino de 180 días, contados a partir de la expedición de esta, ha transcurrido en exceso, a cargo del diputado Pablo Anaya Rivera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito dip. Dr. Pablo Anaya Rivera, en representación de la diputación federal veracruzana, de la fracción parlamentaria del PRI, con fundamento en el numeral 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, significó una esperanza real para los micro empresarios de nuestro país, ya que promueve el desarrollo económico y su participación en los mercados comerciales, pero desgraciadamente es letra muerta, por tener un gran impedimento para su aplicación, hasta el momento no se ha expedido el Reglamento correspendiente, a pesar de lo ordenado en el articulo cuarto transitorio de esta Ley, que estipula que la expedición del mismo deberá realizarse dentro de los 180 días contados a partir de la entrada en vigor del ordenamiento legal.

El artículo 89 fracción I de nuestra Carta Magna, establece una de las facultades y obligaciones del Presidente de la República, que es el de promulgar y ejecutar las Leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mandamiento constitucional que se le ha hecho caso omiso, toda vez que esta Ley entró en vigor desde el 31 de diciembre del año 2002, esto quiere decir que el Reglamento debió expedirse hace un año, consecuentemente los únicos afectados son las micro, medianas y pequeñas empresas de México.

La viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las microempresas corren un serio riesgo por no tener la forma de aplicar la ley que de tanta ayuda les haría, siendo urgente que el ejecutivo federal, cumpla con su obligación constitucional y obedezca con lo ordenado en el artículo transitorio de referencia, el cual ha transcurrido en exceso el término establecido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la diputación federal veracruzana del grupo parlamentario del PRI somete a consideración el siguiente

Punto de acuerdo

Unico: Se exhorte al Ejecutivo federal a cumplir su obligación constitucional que le impone la fracción I del artículo 89 de nuestra Carta Magna, en virtud a lo ordenado por el artículo cuarto transitorio de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y se expida el Reglamento de Ley, toda vez que el término de 180 días contados a partir de la expedición de la misma, ha transcurrido en exceso.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de abril de 2004.--- Dip. Pablo Anaya Rivera (rúbrica.)»

Turnada a la Comisión de Economía.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua a incluir el factor humedad en los criterios para la aplicación de tarifas eléctricas; y de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aplicación de la tarifa 1F en la región sur del estado de Sinaloa, a cargo del diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta máxima tribuna, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar el siguiente punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua a incluir el factor humedad en los criterios para la aplicación de tarifas eléctricas; y al Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a ajustar a la baja la tarifa eléctrica en la región sur del estado de Sinaloa durante el verano, conforme a las siguientes

Consideraciones

Compañeros legisladores: en este Pleno hemos sido testigos de los puntos de acuerdo y posicionamientos que han presentado los diferentes grupos parlamentarios y que tienen como objetivo evidenciar las altas temperaturas que existen en algunas regiones de nuestro país y cómo éstas han afectado a la población. Permítanme presentarles hoy el caso de la región sur del estado de Sinaloa.

En días pasados, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con base en estudios realizados por esa paraestatal junto con la Comisión Nacional del Agua, determinó aplicar la tarifa de energía eléctrica 1F en la región norte y centro del estado de Sinaloa. Con la nueva tarifa, los usuarios de la región se beneficiarán de contar con un precio subsidiado por el consumo de hasta 2 mil 500 kilowattshora mensuales.

La CFE señala que, para que la tarifa 1F pueda aplicarse, es necesario que se registre una temperatura promedio de 33 grados centígrados por dos meses consecutivos en un lapso de tres años. Sin embargo, el factor humedad, que afecta considerablemente la región sur del estado de Sinaloa, no es considerado para el establecimiento de las tarifas eléctricas. En febrero de 2002, al reestructurarse las tarifas de energía eléctrica, la CFE omitió el factor humedad para su cálculo.

De acuerdo con algunos estudios de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del Instituto del Mar, la temperatura y la humedad se incrementan sustancialmente en el verano. De hecho, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, la humedad relativa en el verano llega a incrementarse hasta 70 por ciento, que es la más alta de todo el país.

Con ese nivel de humedad en el aire, la evaporación del sudor en el cuerpo se dificulta, lo que hace necesario el empleo de abanicos y de aire acondicionado. El incremento del uso de estos aparatos eléctricos provoca mayor consumo de energía eléctrica durante todo el periodo que dura ese fenómeno. Ello ocasiona que mayor proporción del ingreso familiar tenga que destinarse al pago del recibo de energía eléctrica, dañando considerablemente el bienestar de las familias de la región.

No sólo las familias se ven afectadas por el incremento de la temperatura y la humedad. Los comercios, restaurantes y hoteles, que destinan aproximadamente 50 por ciento de su gasto operativo al pago del recibo de energía eléctrica, llegan a verse afectados con incrementos de hasta 300 y 400 por ciento en el pago del recibo de electricidad durante el verano.

Más grave es el problema que enfrenta la población del sur de Sinaloa si se considera que en el verano una de las principales fuentes de ingreso disminuye dramáticamente, en virtud de que la pesca de camarón se suspende en los municipios de Rosario, Escuinapa y Mazatlán por la veda establecida.

Compañeras y compañeros diputados: es nuestra responsabilidad, como legisladores y como representantes de la sociedad, llevar a cabo las acciones necesarias para apoyar a la sociedad mexicana.

Ya he expresado los motivos que fundamentan la imperante necesidad de que a la región sur del Estado de Sinaloa también se aplique la tarifa de energía eléctrica 1F. No podemos y no debemos dejar en el abandono a la población cuando nos solicita apoyo.

La aplicación de esa tarifa en la región sur del estado de Sinaloa permitirá que las familias, sobre todo las más necesitadas, tengan un respiro en su economía familiar y dispongan de más recursos para sobrevivir.

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua a incluir el factor humedad en los criterios para la aplicación de tarifas eléctricas.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aplicación de la tarifa 1F en la región sur del estado de Sinaloa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2004.--- Dip. Alejandro Higuera Osuna (rúbrica.)»

Turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se exhorte a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de servicios financieros a evitar las diversas irregularidades en el proceso de traspaso de cuentas entre administradoras de fondos para el retiro, a cargo del diputado Oscar Martín Ramos Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Oscar Martín Ramos Salinas, Diputado Federal Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a esta Soberanía el presente punto de acuerdo conforme a las siguientes:

Consideraciones

1. El Sistema de Ahorro para el Retiro, originado en 1992 como seguro complementario a los regímenes de pensiones para los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, constituye el componente fundamental del régimen de pensiones derivado de la Ley del Seguro Social aprobada en 1995 y vigente desde 1997, y se mantiene como esquema complementario en el ISSSTE. No obstante los problemas que enfrenta en su operación y las dudas que existen sobre la suficiencia del sistema para garantizar pensiones dignas sin la dependencia fiscal implícita en el modelo anterior, actualmente administra recursos por casi 418 mil millones de pesos respectivos a las cuentas de retiro y aportaciones voluntarias de los casi 32 millones de trabajadores registrados (además de los recursos de vivienda y del SAR-92). Estas cifras, por sí mismas, obligan a los actores con responsabilidad pública a vigilar de cerca su desempeño, incentivar la conducción en apego a los principios de seguridad, transparencia y legalidad que han estado presentes desde el diseño y puesta en operación del sistema, y a buscar los mecanismos que eviten desviaciones que afecten el patrimonio de los trabajadores.

2. Asimismo, es de la mayor relevancia recordar que las prioridades del régimen de inversión en el sistema, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, son otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos que los trabajadores acumulan durante su vida activa, a fin de que con ellos se puedan financiar las pensiones para la etapa de retiro.

3. Sin embargo, a las dificultades que enfrenta el sistema por la duplicación de cuentas, la concentración de recursos en papel de deuda emitidos por el Gobierno, las elevadas comisiones y el impacto sobre los rendimientos que de manera efectiva llegan a los trabajadores, se han agregado en fechas recientes una serie de problemas relacionados con los traspasos de cuentas entre Afores y la posible comisión de irregularidades en estos procesos.

4. De acuerdo con cifras recientemente publicadas por la CONSAR, en marzo de 2004, el volumen de traspasos históricos se ha ubicado en el orden de los 2 millones 611 mil casos. Cifra que si la comparamos con el crecimiento en el número de afiliados registrado en el último año (un millón 800 mil nuevos trabajadores), sugiere que la competencia entre las administradoras ya no se enfocaría tanto a la inscripción de nuevos trabajadores, sino a la incentivación del cambio de los ya existentes a otras Afores, como lo han hecho ver diversos analistas.

5. Esta situación, que de suyo podría referir el beneficio final de los trabajadores, vía una competencia por traspasos sustentada en el mejoramiento de los rendimientos, la disminución de las comisiones y demás instrumentos relacionados con la calidad del servicio, en los hechos se ve limitada por las condiciones de operación en un mercado donde la información es altamente compleja, los indicadores no son de fácil lectura y demandan conocimientos especializados fuera del alcance del común de los trabajadores; lo que incide en la confianza y certidumbre con que toman sus decisiones. Esto, a la inversa, abre márgenes a promotores, Administradoras y empresas comercializadoras de bases de datos, para el desarrollo de estrategias con información alterada, sin que los trabajadores puedan validarla, como un caso claro de selección adversa y riesgo moral en la operación del sistema. La misma CONSAR ha reconocido la gravedad de esta situación y la necesidad de encontrar formas para atenuarla y prevenirla.

6. Sin prejuzgar, la información que recientemente se ha hecho pública sobre posibles anomalías en la promoción de traspasos entre Afores, que incluye la compraventa de Estados de Cuenta, alteración de documentos y mal uso de información personal, obliga a esta H. Cámara, en cumplimiento de sus funciones, a revisar esta situación y velar porque se respeten los derechos de los trabajadores como sujeto principal del sistema y como agente sometido a una relación asimétrica, en donde la información necesaria y las condiciones de su interpretación no siempre están a su alcance.

7. Por otra parte, se debe tener en cuenta que es responsabilidad de la CONSAR como autoridad reguladora, vigilar el buen funcionamiento del sistema, sancionar irregularidades y emitir las reglas necesarias para prevenir la comisión de actos en perjuicio de los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2; 5, fracciones I, VII y IX; 8, fracción VII; 16, fracciones II y X; 90 y 93 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como las Reglas Generales a las que deberán sujetarse los agentes promotores de las Administradoras de Fondos para el Retiro, establecido en la Circular CONSAR 05-5, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2002.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta H. Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para evitar las diversas irregularidades que se han venido presentando en la instrumentación de los procedimientos de los traspasos entre Afores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 20 de abril de 2004.--- Dip. Oscar Martín Ramos Salinas (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía que considere en el proyecto de presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2005 una partida presupuestaria suficiente para el control y erradicación de la rabia paralítica bovina, principalmente en las zonas donde se presenta con mayor frecuencia, a cargo del diputado Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PAN

C. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.

Compañeras y Compañeros Diputados:

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, presenta el diputado Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita a esta soberanía contemplar dentro del proyecto de presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el Ejercicio Fiscal 2005, una partida presupuestaria suficiente para el control y erradicación de la rabia paralítica bovina, principalmente en las zonas donde se presenta con mayor frecuencia bajo las siguientes

Consideraciones

La rabia en murciélagos es un problema de gran magnitud, ya que es una enfermedad que puede presentarse tanto en especies hematófagas como en las no hematófagas. En nuestro país, al menos el 30% de las 13 especies de murciélagos son portadoras de la rabia.

La rabia en murciélagos hematófagos constituye un importante foco de transmisión de esta enfermedad en América Latina, contagiando a los animales domésticos al momento de alimentarse. La infección ha sido comprobada en tres especies de murciélagos hematófagos: Desmodus rotundus, Dphylla ecaudata y Diaemus youngii, las cuales se encuentran restringidas a América tropical y subtropical. De éstas, el murciélago común Desmodus rotundus es la especie más abundante y de más amplia distribución en México.

Se encuentra a lo largo de las costas del golfo y Pacífico de México, desde el norte de Tamaulipas, Sonora, hasta los estados de Tabasco, Veracruz, Chiapas, Península de Yucatán, centro de Hidalgo y San Luis Potosí. Su distribución se extiende hasta Centroamérica y Sudamérica, al norte de Argentina y Chile, y se alimenta principalmente de mamíferos domésticos, y ocasionalmente de mamíferos silvestres y aves.

Esta especie es responsable de pérdidas considerables en la ganadería, ya sea directamente a través de la transmisión de la rabia paralítica bovina o indirectamente al debilitar al animal por la continua pérdida de sangre y de las heridas que constituyen una puerta de entrada a otras infecciones.

Se estima que en áreas marginales de México, la mortalidad anual es de 50 mil cabezas de ganado, cifra que se incrementa al considerar las pérdidas indirectas por mordeduras de murciélagos (carne, leche y devaluación de pieles), causando un total aproximado de 50 millones de dólares anuales.

La incidencia de la rabia transmitida por estos mamíferos se ha incrementado conforme ha aumentado el desarrollo de la ganadería en el país. Aunque se han realizado numerosos esfuerzos para controlar esta enfermedad en los animales domésticos, muchas de las medidas tomadas para el control han sido inadecuadas, lo que ha llevado a pérdidas económicas y patrimoniales y al exterminio de otras especies de quirópteros benéficos para los ecosistemas, sin necesariamente controlar el ciclo silvestre de la enfermedad.

Esta situación representa un grave riesgo para la salud de los mexicanos, ya que el ser humano puede ser contagiado por esta enfermedad tanto por contacto directo como por aerosoles, cuando el virus se disemina en las cuevas o sitios de percha y se transmite por vía aerógena.

Acción Nacional considera la salud de la población como una prioridad. Por ello, nos preocupa que este tipo de padecimientos no sólo afecten a los productores desde el punto de vista económico, debido al ganado que resulta afectado, sino que existe la posibilidad de que la salud de nuestros productores y de sus familias se encuentren en riesgo mientras no logre erradicarse por completo este tipo de padecimientos.

En este sentido es que consideramos necesario reforzar las medidas sanitarias que realiza la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con el objeto de prevenir y controlar de manera eficiente la rabia paralítica bovina en el territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se solicita a esta soberanía contemplar dentro del proyecto de presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2005, una partida presupuestaria suficiente para el control y erradicación de la rabia paralítica bovina, principalmente en las zonas donde se presenta con mayor incidencia.

Muchas gracias por su atención.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2004.--- Dip. Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio (rúbrica).»

Turnada a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura y Ganadería.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las televisoras abiertas de cadena nacional a contribuir al fortalecimiento del nivel cultural y educativo en México, a cargo de la diputada Kenny Denisse Arroyo González, del Grupo Parlamentario del PRI

Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores.

La suscrita, Diputada Federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Kenny Denisse Arroyo González, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo, en base a las siguientes:

Consideraciones

I. Que la televisión constituye una actividad de interés público, por lo tanto el Estado debe protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social, de acuerdo con lo que señala el Artículo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

II. Que la televisión tiene la función social de coadyuvar al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana, procurando para tal efecto contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Artículo 5 del ordenamiento legal citado en el considerando que antecede.

III. Que el contenido de la programación diaria que difunden actualmente las televisoras abiertas con cadena nacional carece de calidad cultural y educativa.

IV. Que dada la gran influencia que ejercen los medios de difusión televisiva en la sociedad actual, se hace necesaria e indispensable la transmisión de programas de divulgación con fines de orientación social, cultural y cívica que auxilien a elevar la calidad de vida del pueblo mexicano. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6 de la referida Ley.

V. Que para elevar la calidad de vida de la sociedad, es importante fomentar los valores a través de programas de carácter educativo y recreativo, así como también programas de interés cultural y cívico.

VI. Atendiendo a todo lo anterior es preciso que el Congreso de la Unión gire una recomendación a las televisoras abiertas con cadena nacional y a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, para que contribuyan al fortalecimiento del nivel cultural y educativo en México, mediante la promoción y vigilancia de la producción de programas, y la introducción de segmentos en los programas ya existentes, con contenido cultural y formativo que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito se someta a la consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Este H. Congreso de la Unión exhorta a las televisoras abiertas de cadena nacional a que contribuyan al fortalecimiento del nivel cultural y educativo en México, a través del contenido de su programación diaria.

Segundo. Así mismo, este H. Cuerpo Legislativo solicita a la Secretaría de Gobernación, para que por conducto de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía vigile y promueva la producción de programas, y la introducción de segmentos en los programas ya existentes, con contenido cultural y educativo que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad mexicana. Lo anterior con fundamento en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

Atentamente.

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de abril del año dos mil cuatro.--- Dip. Kenny Denisse Arroyo González (rúbrica).»

Turnada a las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Cultura.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a resolver con la mayor brevedad, mediante la Comisión Nacional del Agua, las irregularidades que se presentan en la concesión y explotación de los acuí-feros del estado de Chihuahua; y establecer la estrategia para recuperar los acuíferos sobreexplotados, a cargo del diputado Fernando Alvarez Monje, del grupo parlamentario del PAN

El desarrollo de las regiones afectadas por la sobreexplotación de acuíferos es limitado y se agravará aún más de persistir la tendencia climática de los últimos años, caracterizada por sequías más severas y prolongadas, las cuales tendrán un impacto negativo en la disponibilidad de agua superficial y la recarga de acuíferos.

Por otra parte, en amplias zonas de riego los niveles del agua subterránea se han abatido decenas de metros, incrementándole costo de extracción, puesto se requieren motores más potentes y mayor consumo de energía, lo que encarece la producción de los cultivos tradicionales.

En el caso particular de Chihuahua, no se han cumplido los fines del Plan Nacional Hidráulico; ni siquiera han intentado las autoridades correspondientes su aplicación. Por esa razón, los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (Cotas) de los acuíferos Ascensión, Casas Grandes y Janos a finales de 2002 presentaron denuncias ante la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua a fin de hacerle saber una serie de irregularidades, consistentes en la perforación de pozos sin el permiso ni la concesión correspon- dientes, generándose en consecuencia la sobreexplotación de aguas subterráneas.

Igualmente, suceden irregularidades en el acuífero Delicias-Meoqui, donde el padrón de usuarios de la Conagua tiene concesionados 964 pozos para uso publico-urbano y sólo 640 pozos agrícolas en una zona eminentemente agrícola.

Eso se repite en el acuífero Jiménez-Camargo, donde fueron omitidos en la publicación del Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 2003, donde se publica la disponibilidad de agua de 188 acuíferos del país, todo esto violando los artículos 1, 2, 3, 6, 9, fracción IX, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Aguas Nacionales.

Por otra parte y debido a que la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua no hizo el menor caso a estas denuncias, las directivas de los tres Cotas, por escrito de fecha 7 de mayo de 2003, se dirigieron al licenciado Cristóbal Jaime Jáquez, director general de la Comisión Nacional del Agua, para hacerle saber de esas irregularidades, violatorias de la Ley de Aguas Nacionales, además de denunciar la corrupción patente y pública de las autoridades de estado de Chihuahua encargadas de la administración de las aguas nacionales, ante la negativa absoluta a proporcionar información y por comportamiento déspota y negligente en su trato con los usuarios de las aguas subterráneas de la entidad.

Esas cifras demuestran en forma indiscutible una confusión total y absoluta por parte de la Conagua Chihuahua, confusión que implica un riesgo, con un peligro eminente, que consiste en el agotamiento de los acuíferos; y, en consecuencia, condenar en un plazo no lejano a dichas áreas de producción agrícola y a los pueblos y asentamientos humanos que obtienen el vital liquido para subsistir.

Deberá instaurarse una estrategia específica para recuperar los acuíferos fuertemente sobreexplotados, como los de Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Chihuahua-Sacramento y Jiménez-Camargo, Chihuahua.

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al Ejecutivo federal a resolver con la mayor brevedad, mediante la Comisión Nacional del Agua, las irregularidades presentes en la concesión y explotación de los acuíferos del estado de Chihuahua y, asimismo, a establecer la estrategia para llevar a cabo la recuperación de los acuíferos sobreexplotados.

México, DF., a 29 de abril de 2004.--- Dip. Fernando Alvarez Monje (rúbrica.)»

Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se pronuncia contra los constantes errores cometidos y la negligencia que se ha presentado en la Refinación de Hidrocarburos por parte de Petróleos Mexicanos, a cargo de la diputada Kenny Denisse Arroyo González, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita Diputada Federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Kenny Denisse Arroyo González, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración de esta H. Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo, en base a los siguientes:

Antecedentes y Consideraciones

I. En los meses de Julio, Agosto y Octubre del 2003, cientos de vehículos en el norte del país sufrieron costosos daños por la utilización de gasolina de baja calidad, derivada de un adulteramiento en el potencial hidrógeno de dicho hidrocarburo, proveniente de la Refinería ubicada en Cadereyta, Nuevo León, ocasionando no sólo el descontento de los propietarios, quienes recibieron la correspondiente indemnización ocho meses después, sino la falta de confianza en Petróleos Mexicanos, única opción nacional para la adquisición del combustible.

II. Tras dicha falla en el proceso de refinación del hidrocarburo, Petróleos Mexicanos se vio obligado a pagar, tan sólo en el Estado de Chihuahua, la cantidad de dos millones de pesos, provenientes precisamente del pueblo mexicano.

III. Meses más tarde, a finales de Febrero y principios de Marzo del presente año, nuevamente los consumidores de la gasolina proveída por PEMEX sufrieron el mismo problema: cientos de vehículos dejaron de funcionar por graves daños en sus bombas de gasolina, cuya reparación oscila entre los cinco y quince mil pesos, gasto que debe ser erogado por los propietarios de los automotores en tanto Petróleos Mexicanos asume su responsabilidad y responde por los daños ocasionados.

IV. Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, principalmente, han sido los estados con mayor afectación, en los que particulares, vehículos oficiales tanto de los municipios como de los gobiernos estatales, y prestadores del servicio público de transporte, han visto menoscabado su patrimonio por la ineficiencia de Petróleos Mexicanos en su área de refinería, al elaborar gasolina de muy baja calidad que impide el buen funcionamiento de los automotores con los que, principalmente, las personas suelen trasladarse a sus lugares de trabajo, los gobiernos cumplen sus funciones públicas, los municipios se hacen cargo de la seguridad pública y los transportistas cumplen su objeto social, reduciéndose todo a una simple aceptación de responsabilidad por el descentralizado federal, el pago de una indemnización y el comienzo de otra historia similar, sin que se tomen, al parecer, las medidas correspondientes para solucionar de raíz el problema y evitar su futura repetición.

V. Son los usuarios de los combustibles de PEMEX, quizás unos de los consumidores más indefensos de nuestro país, dado el monopolio que por mandato constitucional, en el Artículo 27, tiene este organismo público descentralizado respecto del petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos existentes en nuestra Nación, por lo que dicho organismo tiene un compromiso mayor, considerando precisamente el hecho de que constituye el único proveedor del combustible, además de la enorme relevancia que este último tiene en el buen funcionamiento de la dinámica social, derivado de la premisa de que son los medios de transporte actualmente los que determinan en gran medida la buena marcha de una comunidad.

VI. Atendiendo a los hechos y razonamientos anteriores, resulta esencial que Petróleos Mexicanos Refinería, no sólo eleve sus estándares de calidad, sino que cumpla responsablemente con los ya establecidos, dada la trascendencia que hasta ahora han tenido sus fallas, errores y negligencia a nivel nacional.

VII. Sin embargo, considerando que el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo, en sus Artículos 46 y 49, determina que la Secretaría de Energía ejercerá la vigilancia de los trabajos petroleros, de la cual podrá derivar la necesidad de efectuar modificaciones en la manera de desarrollar los trabajos, se concluye que es también responsabilidad de esta Secretaría cumplir cabalmente con esa función para la solución del problema, precisamente por lo apremiante que resulta el requerimiento de evitar futuros daños a los bienes de los particulares, con todas las consecuencias que estos generan.

VIII. Ciertamente, la Procuraduría Federal del Consumidor, ha actuado de manera tal que ha sido posible el resarcimiento de los daños ocasionados a los consumidores del combustible, sin embargo, eso no basta para la solución final del problema, el cual lastima la confianza de los mexicanos en sus instituciones y los servicios que prestan, ya no sólo demorando trámites o resoluciones, sino ocasionándoles un menoscabo patrimonial, acto que resulta por demás penoso si se considera que deriva de las autoridades cuya premisa fundamental es la solución de las necesidades de toda una colectividad.

IX. Atendiendo a lo expuesto en los numerales que anteceden, es menester que el Congreso de la Unión, como representante popular de la Nación Mexicana, exteriorice un firme pronunciamiento a Petróleos Mexicanos Refinería, en virtud de los graves errores cometidos en el proceso de refinación de los hidrocarburos, que han ocasionado consecuencias lamentables que repercuten en el patrimonio de sus usuarios.

X. De igual forma, se considera necesario exhortar a la Secretaría de Energía a fin de que ejerza sus facultades de vigilancia de los trabajos petroleros, con el propósito de constituirse en un candado para evitar la repetición de este vergonzoso fenómeno.

XI. Finalmente, se invita a la Procuraduría Federal del Consumidor a continuar desahogando de manera rápida y eficiente, los procedimientos correspondientes para la reparación del daño a los consumidores a nivel nacional, ya que éste organismo representa el canal más idóneo para el cumplimiento de tal responsabilidad.

Atendiendo a los motivos y fundamentos anteriores, someto a la consideración del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- El Congreso de la Unión, emite un firme pronunciamiento en contra de los constantes errores cometidos y la negligencia que se ha presentado en la refinación de hidrocarburos por parte de Petróleos Mexicanos, lo cual ha traído como consecuencia que innumerables propietarios de automotores, principalmente en el norte del país, sufran daños patrimoniales que resquebrajan su economía, impidiéndose además, que los diversos órdenes de gobierno puedan cumplir eficientemente con su encomienda pública, dañándose tanto el patrimonio estatal como el municipal.

Segundo.- Se exhorta a Petróleos Mexicanos Refinería, a realizar sus trabajos ajustándose de manera estricta a los estándares de calidad, desempeñándose además con eficiencia y responsabilidad en su encomienda legal.

Tercero.- Se sugiere a la Secretaría de Energía que se comprometa a proteger los intereses de los mexicanos consumidores de combustible nacional, a través del ejercicio de la vigilancia que le compete respecto de los trabajos petroleros, tomándose las medidas correctivas necesarias para que el combustible contaminado, adulterado o de baja calidad, no vuelva a ser generado o puesto en el mercado, ocasionando desperfectos mecánicos costosos a todos los usuarios del mismo.

Cuarto.- Se recomienda a la Procuraduría Federal del Consumidor que continúe actuando de manera rápida y eficaz como intermediario entre los consumidores afectados y Petróleos Mexicanos, a fin de que se cumpla cabalmente con la reparación del daño correspondiente.

Dado en el salón de sesiones del H. Congreso del Unión, a los 27 días del mes de abril del año 2004.--- Dip. Kenny Denisse Arroyo González (rúbrica.)»

Turnada a la Comisión de Energía.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación que audite el ejercicio de los Recursos Públicos Federales asignados a los 11 municipios de Aguascalientes en los ejercicios 2000-2003, a cargo del diputado Francisco Javier Valdez de Anda, del grupo parlamentario del PAN

En mi carácter de diputado federal y como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo de urgente resolución con base en los siguientes antecedentes y preceptos de Ley.

Antecedentes

Primero.- El artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la ley.

Segundo.- El artículo 79 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece también que la entidad de fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados estará facultada para fiscalizar los recursos federales que ejerzan los municipios, entre otros.

Que es fundamental el conocer por esta soberanía la aplicación estricta de los recursos federales por parte de los municipios del país y en congruencia con la petición que se ha hecho en la sesión del pasado martes 20 de abril del presente año para fiscalizar los recursos federales por parte de los gobiernos de los estados y en particular la petición que hicieron los diputados del Partido Revolucionario Institucional para fiscalizar el ejercicio de dichos recursos por parte del gobierno del estado de Aguascalientes, en congruencia con dicho acuerdo realizado por esta H. Cámara de Diputados se ordene también auditar los ejercicios de los recursos federales para los años 2000, 2001, 2002 y 2003 por parte de los once municipios del estado de Aguascalientes.

Tercero.- Siendo competente la Auditoría Superior de la Federación de acuerdo con lo dispuesto por la fracción VI del artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para auditar, entre otras entidades, a los municipios del país, es la razón por la cual someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ordena a la entidad de fiscalización superior de la Federación de esta H. Cámara de Diputados para que realice auditorías a los once municipios del Estado de Aguascalientes respecto de los ejercicios de los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la aplicación del ejercicio de los recursos federales que les fueron asignados en dichos periodos, debiendo informar oportunamente a esta soberanía el resultado de dichas auditorías.

Palacio Legislativo de San Lázaro; México, DF, a 27 de abril de 2004.--- Dip. Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica.)»

Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo a efecto de que, mediante las instituciones del Sector Salud, se incorpore de manera permanente en los programas y las campañas de prevención, detección y atención del cáncer cervico-uterino el estudio de colposcopía de manera gratuita a todas las mujeres del país; y de que se envíe a la Cámara de Diputados un proyecto piloto emergente en función del calendario del programa de acción de cáncer cérvico-uterino y, de manera anticipada, el proyecto de infraestructura requerido para que en el presupuesto de egresos de 2005 se impulsen los recursos económicos al sector salud, a cargo de la diputada Evelia Sandoval Urban, del grupo parlamentario del PRI

La que suscribe diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamente en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a presentar ante el pleno de esta Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, en atención a las siguientes:

Consideraciones

Señoras diputadas, señores diputados:

Desde hace décadas en México se está discutiendo que los condicionantes de la salud en las mujeres no pueden ser considerados exclusivamente desde la perspectiva de la atención medica. Las políticas de Estado en materia de Salud Pública deben de ser definidas para fortalecer la calidad de vida de las mujeres en todos los órdenes de la vida nacional. La Salud Pública es un factor indispensable del bienestar de la sociedad, principalmente de la familia. Es el sustento para el pleno desarrollo de las capacidades para el trabajo, la educación y la cultura, es decir, construye ciudadanía; por ello no se le puede considerar sólo como un bien biológico, es también un bien social. El nivel de salud de las mujeres es uno de los más importantes indicadores que dan cuenta del desarrollo social.

La cobertura a nivel federal, estatal y municipal de los servicios de salud hacia las mujeres, a través de la modalidad de los llamados servicios mínimos, primarios, básicos o con otras denominaciones ha logrado resultados contrastantes: por un lado, extender los servicios de salud a un número importante de la población; y, por otro lado esta extensión no ha corregido las desigualdades en el tipo de tratamientos y en la calidad de los servicios.

En lo que respecta a los tipos de tratamientos hemos detectado que la atención que presta el Sector Salud para prevenir y controlar el cáncer cérvico uterino mediante la realización de una prueba de citología cervical conocida comúnmente como Papanicolaou no está garantizando la atención oportuna de las mujeres que pudieran ser portadoras de esta neoplasia maligna.

La Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del Cáncer Cérvico Uterino equivalente a los Programas de la Organización Mundial de la Salud y a las recomendaciones del Manual de Normas y Procedimientos de la Organización Panamericana de la Salud, establece que en la población femenina el cáncer cérvico-uterino es la primera causa de muerte por neoplasis malignas, particularmente en el grupo de mujeres de 25 a 64 años de edad. Las investigaciones al respecto consideran la presencia del virus del papiloma humano como una lesión precancerígena. Su presencia; es posible detectarla oportunamente mediante la realización de una prueba sencilla, económica de citología cervical.

El Papanicolaou consiste en la observación directa del cuello uterino mediante el espejo vaginal, tomando una muestra suficiente de tejidos exocérvix y endocérvix, éstos tejidos se mandan al laboratorio para determinar si existe alguna célula cancerosa. Luego de obtener los resultados, el médico indica el tratamiento que va desde la atención de cuadros clínicos de cervicitis y/o vaginitis con prescripción de tratamiento específico; la indicación para la realización de una colposcopía o bien la canalización con el médico oncólogo.

El actual Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino que promueve el Sector Salud pone a disposición de las mujeres de escasos recursos y compleja situación social de manera gratuita el estudio del Papanicolaou con la finalidad de prevenir, detectar y atender este tipo de cáncer que en cifras de la Secretaría de Salud representa una tasa de mortalidad en las mujeres del 16.74% de 100 mil de entre 25 a 64 años de edad.

Los datos anteriores ponen en evidencia dos limitantes, entre otras: la primera, el examen del Papanicolaou al seleccionar tejidos específicos concluirá con un diagnóstico positivo o negativo y derivará por lo tanto en un tratamiento oportuno; la segunda, que la muestra elegida no presente el cuadro canceroso, aquí se corre el riesgo de que en los demás tejidos del cuello de la matriz se presenten lesiones precursoras y preinvasoras, displasias o neoplasias intraepitales cervicales sin haberse detectado previamente su presencia en la citología cervical.

Es precisamente en esta segunda limitarte donde debemos impulsar que el estudio de colposcopia, entendido como un procedimiento mediante el cual se emplea un aparato con sistemas ópticos de aumento, a través del cual se puede explorar y observar íntegramente la vagina y el cérvix uterino, visualizándose en este último las condiciones de su epitelio, en el cual se pueden realizar tinciones de orientación diagnóstica, se realice desde la etapa preventiva del Cáncer Cérvico Uterino y no sea consecuencia posterior de los resultados del Papanicolaou.

El propio Ejecutivo Federal da cuenta en su tercer informe de gobierno que en la última Reunión Nacional de colposcopia se lograron unificar criterios para la atención de pacientes en todo el país. Es claro que existen las condiciones para que las mujeres de todo el país que no cuentan con los recursos económicos tengan acceso a que se les practique el examen de colposcopia de forma gratuita y así directamente garantizar integralmente la prevención, detección y control del Cáncer Cérvico Uterino.

Es más en el ámbito federal en el ejercicio fiscal de 2003, se asignaron recursos aprobados por la Cámara de Diputados para que a través del Ramo 12, se proporcionaran los insumos para más de 3 millones de Papanicolaou, y para asegurar el tratamiento se distribuyó instrumental, equipo e insumos para dar tratamiento en más de 500 mil consultas en las clínicas de displasias de las 32 entidades del país.

Estoy convencida que conjuntamente con la Instituciones del Sector Salud podemos diseñar programas pilotos que se pongan en marcha durante este año en función del calendario del Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino y trabajar para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005 se impulse gradualmente una bolsa de recursos económicos al sector salud para dotar de la infraestructura necesaria a este sector para que ofrezca el estudio de colposcopia de manera gratuita a la población mexicana.

Por lo tanto, es responsabilidad del Estado garantizar la salud pública de las mujeres. La carta de Ottawa determinó que la promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer una mejor calidad de vida.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de las instituciones del Sector Salud: la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado y otras instituciones se incorpore de manera permanente en los programas y campañas de prevención, detección y atención del cáncer cérvico uterino, el estudio de la colposcopia de manera gratuita a todas las mujeres del país.

Segundo.- Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de las Instituciones del Sector Salud envíe a esta Cámara de Diputados un proyecto piloto emergente en función del calendario del Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino para que en el transcurso de 2004 se de acceso gratuito a las mujeres para que se les practique el estudio de colposcopia.

Tercero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de las instituciones del sector salud envíe a esta Cámara de Diputados con anticipación el proyecto de infraestructura que se requiere para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005 se impulse gradualmente una bolsa de recursos económicos al sector salud para la consecución del primer punto.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.--- Segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura, 15 de abril de 2004.--- Dip. Evelia Sandoval Urbán (rúbrica.)»

Turnada a las comisiones unidas de Salud, y de Equidad y Género.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se exhorte a la Comision Reguladora de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a agilizar los tramites para el otorgamiento de los permisos de importación de energía eléctrica correspondientes a 17 empresas del municipio de Mexicali, Baja California, a efecto de recuperar la competitividad regional y salvaguardar las fuentes de empleo, al disminuir en gran medida los gastos por concepto de este servicio que, por su cuantía, perjudican la productividad, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del PAN

Compañeras y compañeros diputados:

El que suscribe, diputado federal por el municipio de Mexicali, estado de Baja California, Hidalgo Contreras Covarrubias, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en los trámites que les correspondan, a agilizar y facilitar el procedimiento para el otorgamiento de los permisos para la importación de energía eléctrica a 17 empresas del municipio de Mexicali, estado de Baja California, con lo cual recuperarán la competitividad regional, así como salvaguardar las fuentes de empleo al aminorar los gastos por concepto de consumo de este servicio que por sus altos precios perjudican su productividad.

Antecedentes

En 1992 se reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica con el objetivo de ampliar y definir la participación de particulares en actividades de generación, exportación e importación de energía eléctrica, en su artículo 3º define cinco actividades que no se consideran servicio público:

1.- Generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción.

2.- Generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la CFE.

3.- Generación de energía eléctrica para su exportación derivada de la cogeneración, producción independiente y pequeña producción.

4.- Importación de energía eléctrica para el uso de abastecimiento propio.

5.- Generación de energía eléctrica destinada al uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público.

Para realizar estas actividades, los particulares requieren de un permiso, salvo en los casos siguientes (artículo 39 de la ley):

- La generación destinada al uso de emergencias derivadas de interrupciones en el servicio publico, y

- El autoabastecimiento cuya capacidad no exceda de 0.5 MW y que no se destine a pequeñas comunidades rurales.

En 1993 se publica el Reglamento de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica que, entre otros temas, desarrolla los criterios que rigen las actividades de generación, exportación e importación de energía eléctrica de los particulares.

La ley y el reglamento definen seis tipos de permisos para las actividades que no se consideran servicio público:

Autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción, exportación e importación, y establecen las condiciones bajo las cuales serán otorgados cada uno de los permisos (artículo 36 de la ley).

En 1995 la Ley de la Comisión Reguladora de Energía le confiere a esta Comisión, entre otras las siguientes:

a) Otorgar y revocar los permisos y autorizaciones para cada una de las actividades o para ejercer varias;

b) Autorizar la transferencia de los derechos derivados de los permisos y

c) Establecer las condiciones pertinentes en los permisos de acuerdo con lo previsto en la ley y su reglamento.

La CRE otorga los permisos considerando los criterios y lineamientos de la política energética nacional, oyendo la opinión del suministrador (CFE o LFC), cuidando el interés general así como la seguridad, eficiencia y estabilidad del servicio publico (Artículo 36 de la ley).

Exposición de Motivos

Por lo anteriormente expuesto y considerando que la ciudad de Mexicali tiene durante cinco meses del año las temperaturas más altas del país, con un promedio de 47 grados centígrados y tomando en cuenta que su ubicación en la frontera norte es estratégica para la inversión, un grupo de empresarios decide importar energía eléctrica de Estados Unidos de América con el fin de abatir los altos costos que por el concepto de consumo de este servicio enfrentan.

Las condiciones climatológicas de la región y los precios desequilibrados de la energía eléctrica, han propiciado que 17 empresas de este municipio hayan realizado los trámites correspondientes para obtener los permisos legales para llevar a cabo dicha actividad.

Los estudios realizados para conocer la factibilidad de utilizar energía eléctrica de importación, han arrojado que los costos del servicio disminuyen entre un 30 y un 60% en su facturación, esto beneficia indiscutiblemente el impulso de la competitividad de las empresas en la región y garantiza la permanencia de los 15,000 empleos que generan.

Cumpliendo con todos los requisitos solicitados por la CRE, SHCP y CFE, se han encontrado una serie de condiciones que impiden que dichos permisos sean liberados con agilidad y certeza debido al burocratismo que se ha presentado en estas dependencias federales; aun así, las empresas han cumplido cabalmente con la documentación solicitada y los tiempos establecidos por las mismas, teniendo un estatus a la fecha del trámite en orden.

Estas empresas demandan la importación de 95 megawats de los 150 que la CFE tiene como capacidad de infraestructura actualmente; hoy en Mexicali existen 25 empresas en lista de espera para iniciar sus trámites de importación. Esta energía que sería importada de EU y transmitida mediante la red de Comisión Federal de Electricidad, será utilizada del 1º de mayo al 31 de octubre que es el periodo de verano con temperaturas sumamente altas y en un horario considerado como horas pico de las 12 a 18 horas del día.

Actualmente, el problema mayor para que se concreten estos permisos y las empresas inicien con la importación de la energía eléctrica, lo tiene la Comisión Federal de Electricidad por la falta de definición del contrato de interconexión para transmitir la energía a través de su red. Ellos han determinado no perder por la venta de energía y recuperarse vía el cobro de servicios conexos, penalizaciones y cargos por porteo que prácticamente hacen incosteable la importación, situación en la que no estamos de acuerdo y rechazamos con firmeza.

Por estos motivos, y considerando que estas empresas constituyen una fuente importante de empleo a los ciudadanos y que les permite sostener un ingreso para el desa-rrollo de sus familias; que dichas empresas se enfrentan a una competitividad que las pone en desventaja por el hecho de que el costo de energía eléctrica es muy alto a diferencia de los precios de la energía de Estados Unidos, que son evidentemente bajos, y tomando en cuenta que la CRE, SCHP y la CFE son las dependencias federales que tienen la facultad de revisar los requisitos, establecer condiciones y, en su caso, autorizar los permisos de importación de energía eléctrica, someto a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

``Unico: Se exhorta a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de Electricidad a que agilicen el otorgamiento de los permisos correspondientes de importación de energía eléctrica a las empresas: AMP Industrial Mexicana; Bimbo, SA de CV; Compañía Productora de Hielo; Compañía Siderúrgica de California; Daewoo Orion Mexicana; Emermex; Fabrica de Papel San Francisco; Fevisa Industrial; Industrias Zahorí; Kenworth Mexicana; Kwng Sung Electronics México; Pimsa, SA de CV; Rheem Mexicali; Sony Mexicali; Thomson Display Mexicana; Wabash Technologies de México; y Sky Works Solutions; lo que va a permitir la recuperación de la competitividad regional, así como mantener la permanencia de los 15,000 empleos que generan, aminorando los altos costos por concepto de consumo de energía eléctrica.''

Es cuanto señor Presidente.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el 27 de abril de 2004.--- Dip. Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica).»

Turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Marina a realizar los tramites correspondientes para que el hospital naval situado en frontera, municipio de Centla, Tabasco, forme parte del patrimonio del Gobierno de esa entidad y pueda prestar así servicios de salud a la población abierta, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo Nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Esta Cámara, como parte del Estado, en el marco de sus competencias no puede bajo ese imperativo Constitucional, ser indiferente ante lo que suceda en cada región del país, por el contrario, debe desplegar los recursos jurídicos e institucionales para atender las necesidades más apremiantes de la población, y orientar en su ejercicio al Poder Ejecutivo Federal.

La situación objeto de esta proposición, que exige nuestra intervención, es la que se presenta en el municipio de Centla, Tabasco, en el que anualmente se están realizando 757 traslados a hospitales de Villahermosa, Tabasco, cifra registrada que definitivamente es mayor, con los riesgos a la salud que estos implican y la erogaciones adicionales para las familias y el gobierno del estado, siendo que en la cabecera municipal del municipio de Centla, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Marina cuenta con un hospital para atenderlos ahí.

Este hospital de la Secretaría de Marina fue construido en 2001 para atender a una población de 9 mil habitantes, cuenta con instalaciones modernas con tecnología de punta, 24 camas censables, 10 consultorios médicos, dos quirófanos, sala de expulsión, terapia intensiva, laboratorio, rayos X, planta de tratamiento de aguas residuales, etc.

Llama la atención, que en 2001 con la regionalización de los servicios de la armada, 4 mil marinos además de sus familias fueron trasladados a Campeche, quedando las instalaciones del Hospital Naval en un estado de subutilización, frente a grandes carencias en servicios de atención a la salud que padece la población del municipio de Centla.

Por todo lo expuesto y bajo las siguientes consideraciones:

Primera. Que de los 88 mil habitantes con que cuenta el municipio de Centla, Tabasco, el 74% es población no derechohabiente. Y que la salud es un valor fundamental e indispensable para el bienestar de las comunidades humanas y condición indispensable para su desarrollo.

Segunda. Que el municipio de Centla, Tabasco, sólo cuenta con un Centro de Salud que data de 1955, y presta únicamente servicios de laboratorio, rayos X, odontología, consulta externa y vacunación.

Tercera. Que la población del municipio de Centla, Tabasco, requiere de las 24 horas del día de quirófanos, laboratorio, rayos X, y los servicios de las cuatro especialidades básicas: ginecoobstetricia, cirugía general, medicina interna y pediatría.

Cuarta. Que el estado de Tabasco es el que más invierte en materia de salud, y que el gobierno del estado donó el terreno y construcción de la V zona y club de pesca Naval, y es tiempo que el Gobierno Federal retribuya ante la particular circunstancia que se está presentado.

Quinta. Que este mismo hospital, perfectamente puede prestar atención médica a la población adscrita a la Secretaría de Marina que radica en el municipio de Centla, Tabasco, en las mismas condiciones.

Por todo lo anterior, los diputados priístas que suscribimos, proponemos el siguiente

Punto de AcuerdoUnico: Que la Secretaría de Marina, realice los trámites correspondientes a efecto de que el Hospital Naval, ubicado en el municipio de Centla, Tabasco, pase a formar parte del patrimonio del gobierno del estado de Tabasco y así pueda prestar servicios de salud a la población abierta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2004.--- Dip. Francisco Herrera León (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Marina.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes Federales y a Petróleos Mexicanos a operar un programa de accesibilidad para personas con discapacidad en carreteras federales, autopistas de cuota y autoservicios de gasolineras, por lo que se refiere a servicios de uso sanitario, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del PRI

Consideraciones

La red carretera nacional comunica a casi todas las regiones y comunidades del País, a través de 333 mil kilómetros de caminos de todo tipo, la cual es atendida en su totalidad por el Gobierno Federal. En esta red se registran la mayor parte de los desplazamientos de pasajeros y carga entre ciudades y canaliza los recorridos de largo itinerario, los relacionados con el comercio exterior y los productos por los sectores económicos del País. De esta gran red carretera, 5,933.1 kilómetros de longitud corresponden a autopistas de cuota, que son carreteras con características especiales y que dado lo elevado de sus cobros por el uso de ellas, se debería suponer que garantizan al usuario servicios de calidad, comodidad y seguridad en sus recorridos. No obstante que las autopistas de México, cuentan con uno de los sistemas más extenso del mundo y con niveles de aforo importantes, se han olvidado de un importantísimo sector de la población como son las personas con discapacidad. Observamos que en forma excepcional y no general, en las autopistas del país, se tienen sanitarios y accesos para discapacitados, lo que obliga lamentablemente, que para hacer uso de este servicio se tienen que bajar de la silla de ruedas, cargarlo por otra persona para acceder a un sanitario, o solicitar apoyo para pasar una banqueta a la tienda de autoservicio; misma situación se ve en las diferentes carreteras federales libres. Hoy cuando en nuestro país, viven 10 millones de personas con discapacidad y 150 tipos de discapacidad, no podemos tolerar esta deficiencia, que afecta a esta población.

Lo anteriormente señalado ante esta soberanía es el reclamo más sensible de personas y organismos sociales.

En virtud de lo expuesto, presento a esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se establezcan servicios para discapacitados en accesibilidad y sanitarios en los paraderos de la red carretera libre.

Segundo.- Se exhorte a (Capufe), Caminos y Puentes Federales, al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas y las concesionadas a particulares y gobiernos estatales, con carácter de urgente, para que se establezca un Programa de Accesibilidad para Discapacitados en servicios de acceso en rampa y sanitarios.

Tercero.- Se exhorte al organismo público descentralizado Petróleos Mexicanos, para que toda factibilidad otorgada para la instalación de centros de servicios gasolineros, sea obligatoria la construcción de rampas y sanitarios con características especiales para personas con discapacidad.

Dado en el Palacio Legislativo, el día 27 de abril de 2004.--- Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica).»

Turnada a las comisiones unidas de Transportes, y de Energía.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar la formación de un grupo de trabajo, con representantes de las áreas correspondientes del Ejecutivo Federal, para analizar las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Juan Manuel Dávalos Padilla, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige a esta soberanía para presentar propuesta con punto de acuerdo, al tenor siguiente:

Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como para otros grupos parlamentarios, el de las tarifas eléctricas ha sido tema común, debatido ampliamente en esta tribuna, sin que hasta la fecha se hayan logrado resultados satisfactorios.

Para la Cámara de Diputados, no han sido ajenas las quejas de los usuarios domésticos de las distintas regiones del país sobre los exagerados cobros por concepto de consumo de energía eléctrica; y se ha llegado no sólo a la petición de revisión o ajuste de las tarifas vigentes sino también se ha planteado recientemente en esta tribuna, mediante una iniciativa, la posibilidad de que la Cámara de Diputados revise y autorice las tarifas eléctricas.

Se ha señalado reiteradamente lo improcedente e inicuo de los criterios que siguen las áreas de la Comisión Federal de Electricidad, Conagua, y la Secretaría de Hacienda para determinar las tarifas, ya que utilizan como base una media aritmética entre la temperatura más alta y la más baja durante el día, lo cual resulta injusto para los estados con clima húmedo y extremoso.

Hemos citado también que en los estados húmedos y de climas extremosos, los ventiladores y los modestos aparatos de aire acondicionado son una apremiante necesidad, más que un lujo.

Hemos señalado también el nivel de desesperación en que vive la mayor parte de la población por su precaria situación económica, la cual la sitúa en la disyuntiva nada grata de ``pago la luz o como''.

Por si fuera poco, la población tiene que enfrentar el trato frío e insolente de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, quienes se erigen en jueces todopoderosos para determinar de manera tajante la imposibilidad de hacer consideraciones a los exagerados cobros de la facturación del servicio.

Por todo lo expresado, es necesario analizar el problema de las tarifas eléctricas en la Cámara de Diputados, con la opinión de los representantes populares de las distintas regiones del país y con los responsables de este tema de las dependencias del Ejecutivo Federal, como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional del Agua.

En consecuencia, solicito a los integrantes de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Aprobar la instalación de un grupo de trabajo, integrado por diputados de las distintas regiones del país, para revisar las tarifas eléctricas, junto con los representantes de las áreas del Gobierno Federal relacionadas con el tema, con capacidad de decisión para resolver de una vez por todas la problemática de las tarifas eléctricas.

Por la naturaleza del tema y por lo postergado de su solución, solicito a esta honorable asamblea merezca el trámite de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo, a 29 de abril de 2004.--- Diputados: Juan Manuel Dávalos Padilla, Sergio Chávez Dávalos, Filemón Arcos Suárez, Rogelio Rueda Sánchez, Jorge Utrilla Robles, Julián Nazar Morales, Sonia Rincón Chanona, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Mario Carlos Culebro Velasco, José María de la Vega Lárraga, Hugo Rodríguez Díaz, Francisco Javier Bravo Carbajal, Jesús Lomelí Rosas, Leticia Gutiérrez Corona, Lázaro Arias Martínez, David Hernández Pérez, Roberto Marrufo Torres, Enrique Guerrero Santana, Wintilo Vega Murillo, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Carlos Blackaller Ayala, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ernesto Alarcón Trujillo, Mario Ernesto Dávila Aranda, Pablo A. Villanueva Ramírez, Blanca Gámez Gutiérrez, Baruch Barrera Zurita, Socorro Userralde Gordillo, Armando Rangel Hernández, Sheyla Aragón Cortés, Edelmira Gutiérrez Ríos, Miguel Angel Rangel Avila, Edmundo Valencia Monterrubio, Angel Pasta Muñuzuri, Bernardo Loera Carrillo, María Guadalupe García Velasco, Manuel González Reyes, Rubén Alfredo Torres Zavala, Cruz López Aguilar, Gonzalo Alemán Migliolo, Abraham Villagómez García, Humberto Martínez de la Cruz, Baltazar Hinojosa Ochoa, Humberto Filizola Haces, Sergio Posadas Lara, José Manuel Abdala de la Fuente, Marco Antonio Torres Hernández, Concepción Castañeda Ortiz, Alberto Jiménez Merino, René Meza Cabrera, Graciela Larios Rivas, María del Carmen Izaguirre Francos, José Alarcón Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Pablo Anaya Rivera, J. Leonel Sandoval Figueroa, César Amín González Orantes, Belisario Iram Herrera Solís, Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbricas.)»

Turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal que se otorgue, mediante la Ley de Ingresos de 2005, Estímulo Fiscal a los Contribuyentes de la Marina Nacional y a los Buques Oceanográficos de la UNAM que adquieran diesel para su consumo final y sea utilizado exclusivamente en embarcaciones destinadas al desarrollo de sus actividades, a cargo del diputado Baruch Alberto Barrera Zurita, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Baruch Alberto Barrera Zurita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo que tiene como objetivo solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal que se otorgue a través de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2005, estímulo fiscal a los contribuyentes de la marina nacional y a los buques oceanográficos de la UNAM, que adquieran diesel para su consumo final y sea utilizado exclusivamente en embarcaciones destinadas al desarrollo de sus actividades.

Consideraciones Constitucionales

1. El artículo 73, fracción XXIX, numeral 5°, inciso c), de la Carta Magna, faculta al Congreso de la Unión para ``...establecer contribuciones especiales sobre gasolinas y otros productos derivados del petróleo''.

2. Mientras que el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere de manera exclusiva a la Cámara de Diputados, las siguientes atribuciones: ``examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior''.

3. Por su parte, el artículo 3° constitucional, en su fracción V, prevé que ``además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura.''

4. En tanto que el artículo 73, fracción XXIX-F, otorga al Congreso de la Unión la atribución de: ``...expedir leyes tendentes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional''.

Exposición de Motivos

La legislación vigente en materia económica y comercial, persigue por lo menos dos objetivos fundamentales: primero, fomentar las actividades productivas y establecer mecanismos que garanticen la competencia y la libre concurrencia de los agentes económicos; y segundo, otorgar certidumbre jurídica y fiscal para asegurar el sano desarrollo de la actividad económica en un marco de igualdad de oportunidad para todos los agentes que participen de las actividades de un sector productivo.

En tanto que la legislación en materia educativa y de investigación no sólo establece la obligación del Estado de promover su desarrollo y de garantizar su cobertura, sino que la define como una alta prioridad del país.

El gobierno de la República, a través de la Ley de Ingresos de la Federación, otorga a los contribuyentes que emplean diesel para consumo final en diversas actividades productivas, un estímulo fiscal consistente en la acreditación del monto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se le grava a este combustible, contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), o el Impuesto al Activo, y en el caso de algunas actividades agropecuarias o silvícolas, se permite la devolución del monto del impuesto a los contribuyentes.

La acreditación del IEPS incluye a los siguientes sectores y actividades productivas: agrícola, ganadero, pesquero, minero, acuícola, silvícola, transporte público y privado de personas o carga.

De igual manera, el estímulo fiscal aplica para los contribuyentes que adquieran diesel para consumo final que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria fija de combustión interna, maquinaria de flama abierta y locomotoras, independientemente del sector al que pertenezcan.

Sin embargo, las actividades de la marina no tienen un tratamiento idéntico, toda vez que el estímulo fiscal lo reciben mediante un decreto presidencial cuya vigencia se establece anualmente en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior conlleva una serie de inconvenientes; el decreto no es funcional, genera burocracia e impide el sano desarrollo de este sector económico y no confiere la certidumbre jurídica y fiscal que se propone la legislación nacional en materia económica y comercial. Con la adopción del presente punto de acuerdo, los contribuyentes que utilicen dicho combustible exclusivamente en embarcaciones destinadas a sus propias actividades de marina mercante, podrán acreditar un monto equivalente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del referido combustible, contra el pago del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado o el Impuesto al Activo.

Más aún, existe un sector específico cuya importancia es vital para el desarrollo nacional, que son los dos buques oceanográficos de la UNAM, cuyas actividades están vinculadas exclusivamente con la investigación de los mares y los litorales del país, y que no gozan del estímulo fiscal en ninguna de sus modalidades, no están incluidos en la Ley de Ingresos de la Federación y tampoco se emite decreto alguno en su beneficio, pese a la relevancia de sus tareas.

En virtud de lo anterior, estimamos conveniente que se otorgue a través de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2005, estímulo fiscal a los contribuyentes de la marina nacional y a los buques oceanográficos de la UNAM que adquieran diesel para su consumo final y sea utilizado exclusivamente en embarcaciones destinadas al desarrollo de sus actividades.

Considerando

Primero.- De lo anterior se puede observar, que una amplia gama de actividades productivas y de productores, se ven beneficiados de los estímulos fiscales que se prevén en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, mediante la acreditación del IEPS o la devolución del monto de este impuesto a las diferentes actividades productivas que utilizan el diesel para consumo final.

Segundo.- Las actividades de la marina mercante nacional reciben un tratamiento similar, habida cuenta que mediante un decreto presidencial se les otorga un estímulo fiscal que permite a los contribuyentes que adquieran diesel para consumo final, acreditar el monto del IEPS que se le grava al combustible contra el ISR, el IVA o el Impuesto al Activo.

Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que el estímulo fiscal queda a la discrecionalidad del Ejecutivo Federal, es inoperante, genera burocracia y envía señales negativas a los agentes de este sector económico. Lo que es peor, durante el ejercicio fiscal del año 2004, el decreto citado se publicó el 6 de abril en el Diario Oficial de la Federación y la acreditación se tuvo que hacer de manera retroactiva de enero a la fecha de publicación.

Adicionalmente, el decreto no tiene razón de ser, porque el resultado sobre la recaudación fiscal sería idéntico si se incluye a las actividades de la marina mercante en los estímulos fiscales que establece la Ley de Ingresos de la Federación en su artículo 17.

Tercero.- La marina mercante mexicana atraviesa por una crisis severa que se traduce en la inexistencia de una flota propia y en la dependencia de embarcaciones de bandera extranjera para atender las actividades de cabotaje y operaciones off-shore de Petróleos Mexicanos y de otras empresas nacionales. Por lo que estimamos procedente que se incluye en el texto de la Ley de Ingresos a la marina mer- cante, para que goce de los beneficios del estímulo fiscal.

Cuarto.- La investigación oceanográfica es imprescindible para el desarrollo marítimo portuario del país, además de que los buques con que cuenta la UNAM son únicos en México por sus características especializadas, incorporarlos a la Ley de Ingresos para otorgarles el incentivo fiscal, no es más que darle plena vigencia a los artículos constitucionales que reconocen y consagran la preeminencia de la investigación científica.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se solicita al Poder Ejecutivo federal que en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se otorgue un estimuló fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final y que sea utilizado exclusivamente como combustible en embarcaciones destinadas al desarrollo de las actividades propias de la marina mercante nacional y de los buques oceanográficos de la UNAM; siempre que dicho combustible no sea empleado para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del referido combustible, contra el pago del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado o el Impuesto al Activo.

Solicito a la Mesa Directiva la publicación de la presente proposición en el Diario de los Debates.

México, DF., a 29 de abril de 2004.--- Dip. Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar recursos adicionales a efecto de crear un fondo especial para la protección y conservación de la reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca, a cargo del diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a hacer del conocimiento del pleno una Proposición con Punto de Acuerdo con fundamento en los siguientes:

Antecedentes

En los meses de noviembre y marzo de cada año, ocurre uno de los fenómenos naturales más complejos e importantes desde el punto de vista ambiental a nivel mundial en los límites de los Estados de México y Michoacán.

Miles de mariposas viajeras, provenientes de Canadá y Estados Unidos, realizan una estadía de cinco meses, en busca de alimento, protección y conservación que les permite perpetuar su especie.

La Mariposa Monarca, además de ser patrimonio de la humanidad es el símbolo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su imagen va impresa en los billetes de cincuenta pesos. Todo ello es una muestra de la grandiosidad y generosidad de este maravilloso insecto de entre tres y ocho centímetros.

El motivo de su largo peregrinar es la falta de luz solar directa y la presencia de masas de aire polar que ocasionan bajas en la temperatura del este de las Montañas Rocallosas, lo que pone en peligro su vida y reproducción, por lo que a medida que se hace presente este fenómeno natural, la Mariposa Monarca emprende un viaje de aproximadamente 4,500 kilómetros eligiendo a México como su destino final.

A pesar de la importancia de este evento natural, fue hasta finales del 1974 cuando se descubrió el primer santuario de la Mariposa Monarca en el Cerro Pelón, Municipio de Donato Guerra, Estado de México, y un año después fueron localizados los santuarios de Sierra Chincua y el Campanario en los Municipio de Angangueo y Ocampo, Michoacán.

Debo subrayar que ésta reserva es de las pocas zonas forestales donde persisten especies como el Oyamel y el Cedro Blanco que sirven como morada a la monarca.

Es también una fuente importante de abastecimiento del vital líquido, ya que es en esta zona de los Estados de México y Michoacán en donde se localiza el Sistema Cutzamala; fuente de abastecimiento de más de 15, 500 litros de agua potable por segundo, los cuales se distribuyen 5,500 litros al Estado de México y 10,000 al D. F, lo que equivale a 500 millones de metros cúbicos de agua potable al año beneficiando así a más de 7 millones de habitantes.

En relación con las políticas de conservación del Área Monarca, se han emitido tres decretos en 1980, en 1986 y el del año 2000, los que permitieron por causa de utilidad pública el establecimiento de una Zona de Reserva Biosfera de la Mariposa Monarca. Siendo en éste ultimo año cuando se amplía la zona de protección a más de cincuenta y seis mil hectáreas, para reforzar el objetivo de protección y conservación de la especie.

Son cuatro los santuarios protegidos: dos en Michoacán y dos en el Estado de México en diez municipios de ambos estados.

Aún y cuando este fenómeno natural es uno de los más asombrosos y bellos de la naturaleza su dimensión e importancia no ha sido valorada lo suficiente por la autoridad. Por el contrario, en los últimos años ha tenido lugar una alteración significativa de los santuarios mediante la tala clandestina de manera indiscriminada donde operan verdaderas bandas organizadas de talamontes.

Quienes conocemos la problemática social de la región hemos planteado que si bien es necesario conservar y proteger los santuarios de la Mariposa Monarca, también es indispensable dar alternativas productivas sustentables a esta población demandante de oportunidades.

Como Diputado Federal por el III Distrito, en donde se ubica la Zona de Reserva Mariposa Monarca deseo hacer un llamado desde esta tribuna a mis compañeros Legisladores, al Gobierno Federal y a la sociedad mexicana en general para que valoremos la oportunidad que aún tiene nuestro país de continuar siendo refugio de este lepidóptero y por consiguiente la responsabilidad que tenemos para conservar la especie, mediante una acción decidida de política que refuercen las acciones de protección y conservación de estos santuarios naturales.

La protección al medio ambiente no puede esperar más. La conservación de nuestra biodiversidad debe ser una prioridad para el gobierno y es responsabilidad de nosotros como legisladores insistir en ello.

A la vez garantizar a la población que habita en estas áreas naturales una vida digna que se traduzca en alimentación, vivienda y educación.

Por ello, consideramos indispensable que el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Medio Ambiente, declare la Zona de la Reserva de la Mariposa Monarca como un área piloto en donde se apliquen los Programas de: Desa-rrollo Forestal previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 con un monto asignado de 403.5 millones de pesos.

Otra fuente posible de recursos es el Programa de Pago de Servicios Ambientales Forestales al cual se le asignó un monto de 50 millones de pesos, así como el Programa de Servicios Ambientales en Plantaciones Agrícolas y Cadenas Productivas Agroforestales con un monto asignado de 50 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando fundado dar trámite a este asunto como de obvia y urgente resolución, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en particular a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente para que de manera urgente implementen acciones contundentes de vigilancia forestal para detener la tala inmoderada de la cuál es objeto la zona de la Monarca.

Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que destine y libere a la brevedad posible, recursos extraordinarios que se apliquen a la Zona de Reserva de la Mariposa Monarca, provenientes de los Programas de Desarrollo Forestal, Pago de Servicios Ambientales Forestales y del Programa de Servicios Ambientales en Plantaciones Agrícolas y Cadenas Productivas Agroforestales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004.

Tercero. Se exhorte a las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se creé un fondo especial, proveniente de los ingresos adicionales por la explotación de hidrocarburos, para resarcir los daños ambientales en la zona de Reserva de la Mariposa Monarca, ubicada en los Estados de México y Michoacán.

Atentamente.

Palacio Legislativo a 27 de abril de 2004.--- Dip. Pascual Sigala Páez (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes que se realicen los estudios necesarios para construir una línea del tren suburbano que conecte los municipios de Los Reyes-La Paz, Valle de Chalco y Chalco, México, a cargo del grupo parlamentario del PVEM.

Los diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y los diputados del Partido Revolucionario Institucional del estado de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por la que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se realicen los estudios necesarios para que se lleve a cabo la construcción de una línea del tren suburbano que conecte los municipios de Los Reyes, La Paz, Valle de Chalco y Chalco, en el estado de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las ciudades más grandes del mundo enfrentan los mismos problemas que actualmente tiene la Ciudad de México y, por ende, la zona conurbada del estado de México que la circunda. Sin embargo, la mayoría de esas ciudades han previsto con anticipación los riesgos de su crecimiento y, asimismo, han planeado las formas en que habrán de resolverse los problemas que de tal crecimiento deriven.

En la capital de nuestro país no se ha estado ajeno a la planeación urbana y a la prevención de riesgos, sin embargo, no han sido suficientes los esfuerzos en esta materia y los efectos de la acelerada extensión de la mancha urbana ya empiezan a manifestarse, entre otros aspectos, en la pérdida de horas-hombre que se produce por la falta de un adecuado transporte público, para quienes tienen que trasladarse de los municipios dormitorio del estado de México hacia el Distrito Federal, por diversas necesidades, sean éstas de trabajo, negocios, esparcimiento, estudios, etcétera.

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es el núcleo urbano más importante del país y una de las metrópolis más grandes a nivel mundial. Su ámbito de influencia inmediata articula la dinámica socioeconómica de cinco entidades federativas en un radio de más de 100 kilómetros a la redonda, y a nivel nacional es el centro de la actividad política y económica del país. Esta situación repercute a su interior en la movilidad de la población y en las necesidades de infraestructura urbana y regional en la materia.

La Ciudad de México, que en 1940 contaba con 1.7 millones de habitantes, acelera y diversifica su crecimiento a principio de los cincuenta hacia los municipios colindantes, principalmente del estado de México; la ZMVM alcanzó en 1995 una población de 16.7 millones de habitantes, de los cuales el Distrito Federal registró un total de 8.4 millones, y los municipios conurbados, 8.3 millones. La población del Distrito Federal se mantendrá estable durante los próximos 20 años, con un incremento de cerca de 400 mil habitantes, mientras que los municipios conurbados del estado de México duplicarán su población en el mismo periodo.

A nivel metropolitano, se estima una población de 20.2 millones de habitantes para 2010, de los cuales el 57% estará ubicado en los municipios conurbados del estado de México y el 43% restante en el Distrito Federal. La población en el área de influencia regional se estima en 5 millones de personas, lo que suma en la región metropolitana 25.2 millones de habitantes. Para 2020, la población de la ZMVM será de casi 23 millones de habitantes.

El desarrollo del Area Metropolitana de la Ciudad de México durante los últimos años ha generado una demanda estimada, en 1997, de entre 20 y 22 millones de viajes-persona día, lo que indica la consolidación de la megalópolis en el nuevo milenio. El crecimiento demográfico de la zona se prevé no uniforme, siendo mucho mayor en los municipios conurbados y menor (inclusive podría ser negativo) en la cercanía del Centro Histórico, y un incremento muy importante en el uso de suelo dedicado a servicios en algunas delegaciones centrales. Esta tendencia de convertir las zonas habitacionales en oficinas, centros escolares, centros comerciales y áreas de servicio parece irreversible.

Debido a la enorme concentración de las principales fuentes de trabajo en la Ciudad de México, se han generado necesidades de transporte desde esta ciudad hacia las zonas conurbadas que la circundan, las cuales en su gran mayoría se han convertido en dormitorios y surtidores de mano de obra de la capital. Uno de esos conglomerados con mayor ritmo de crecimiento poblacional es la zona de Chalco y Valle de Chalco, que se ubican geográficamente entre la parte oriental de la Ciudad de México, entre las zonas volcánicas del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, formaciones que sirven de protección y pulmones naturales de la megalópolis.

La esquematización global de este proceso anuncia para el corto y mediano plazos que los municipios conurbados se convertirán en ciudades dormitorio, mientras que la región central del Distrito Federal será un área de oficinas, comercios y servicios generales. El tiempo de viaje desde municipios como Ecatepec, Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán, Los Reyes La Paz, Chalco y Valle de Chalco hacia la zona central de la ciudad está creciendo paulatinamente. Se observan duraciones de viaje en transporte público superiores a dos horas, además de representar altos costos económicos para quien los realiza, esto pone de manifiesto la necesidad de construir vías rápidas e instalaciones de estacionamiento en la región central. La alternativa de transporte público de mediana y alta capacidad es más económica y contrarresta el escenario de un auto por persona estacionado nueve horas en el Centro, o una proliferación mayor de transporte público de baja capacidad que no es fácil de regular.

La problemática existente sugiere plantear: ¿hasta cuándo y hasta dónde seguirá creciendo la población del Area Metropolitana de la Ciudad de México? De su proceso observado puede comentarse:

Este crecimiento previsto, si se considera que el Distrito Federal presenta ya poca capacidad de absorción de población, será soportado principalmente en territorio del estado de México, por lo que se calcula que el Valle de Cuautitlán-Texcoco-Chalco al año 2010 concentrará un rango de 18 millones de habitantes.

Al preverse que un importante porcentaje del crecimiento poblacional esperado al año 2010 será absorbido por los municipios en proceso de conurbación, dado que no fue posible anticiparse a este crecimiento, para planear adecuadamente la infraestructura y los servicios, es necesario hoy tomar las medidas conducentes para hacer frente a este grave problema.

En los municipios conurbados a la Ciudad de México, el servicio de transporte público se proporciona básicamente a través de autobuses y colectivos (combis y micros), sistema que está integrado por organizaciones o empresas; sus rutas cubren el servicio para el 69.9% de la población total del estado. Se cuenta con un parque vehicular de 52,523 unidades, que recorren más de 2,500 derroteros; el servicio de colectivos es el que más ha crecido durante los últimos años, satisface parte de la demanda que no han podido cubrir los autobuses, penetrando en las zonas de más reciente creación generalmente, sin embargo existen también una multiplicidad de rutas de colectivos que se sobreponen con las de los autobuses, sobre todo las que llegan a las estaciones del Metro.

Durante las últimas décadas, los asentamientos humanos de Chalco y Valle de Chalco han tenido que trasladarse hacia sus centros educacionales y de trabajo a través de los medios de transporte de combustión interna antes descritos, como son camiones foráneos, microbuses, combis y autos particulares, que en conjunto generan toneladas de contaminación hacia la atmósfera de estas comunidades, la cual al ser empujada por los vientos hacia la Ciudad de México incrementa los índices de contaminación.

Arrojar esta gran carga de contaminantes al medio ambiente deteriora consecuentemente la calidad de vida de las personas, por lo que mejorar la calidad del aire que respiramos es uno de los desafíos que más convocan el interés y la preocupación de quienes habitamos en la Zona Metropolitana del Valle de México. Este no es un reto sencillo, ya que los problemas de contaminación atmosférica que afectan dicha calidad son el reflejo de profundas implicaciones estructurales, funcionales y territoriales, vinculadas con la forma en que usamos y manejamos la cuenca atmosférica en donde se ubica nuestra urbe.

La calidad del aire depende, en primera instancia, del volumen de contaminantes emitidos, del comportamiento fisicoquímico de éstos y de la dinámica meteorológica que determina su dispersión, transformación y disipación en la atmósfera.

La magnitud de las emisiones contaminantes de los vehículos es proporcional al kilometraje que éstos recorren. En particular, por la naturaleza del servicio que prestan los taxis, colectivos y vehículos de reparto de mercancías y de carga, recorren grandes distancias diariamente, por lo que requieren especial atención para el control de sus emisiones.

Dentro de los vehículos de uso intensivo se encuentran los de carga, debido al peso bruto de estos, combinado con el tipo de combustible que utilizan. Estos vehículos son los de mayor edad y se estima que sus recorridos diarios en promedio son superiores a 100 kilómetros.

Para estimar la contribución de los vehículos del Valle de México al inventario de emisiones, se ha tomado en cuenta la información disponible sobre los siguientes puntos:

Número de vehículos;

Días promedio de operación al año; y

Factores de emisión.

Dado que el transporte es responsable de casi las tres cuartas partes de los contaminantes de la ZMVM, se deberá tener especial cuidado en que la política para la conducción del sistema y las acciones que se deriven de ella sean consistentes con la que se aplique para el mejoramiento del medio ambiente.

Los automotores contribuyen con más del 50% al total de emisiones contaminantes;

Las emisiones de los vehículos de carga aportan el 27%; y

Los taxis y minibuses aportan conjuntamente más del 17%.

Desafortunadamente, la flota que integra el transporte público de la zona conurbada del estado de México se encuentra en muy malas condiciones de operación y son unidades viejas con un promedio de vida útil superior a los 10 años.

De ahí que nos debamos abocar a buscar y apoyar que se construyan sistemas limpios de transportación masiva, que en mucho ayudarían a resolver la grave crisis que hoy enfrenta la ZMVM en materia de transporte.

Por tanto, la construcción de una línea de transporte masivo como la que hoy proponemos para esta parte de la Zona Metropolitana del Valle de México traerá beneficio ecológicos que serán de grandes repercusiones, pues una línea de aproximadamente 20 kilómetros de longitud redunda en dejar de emitir contaminantes a la atmósfera en aproximadamente un 2%, de la región metropolitana que hoy nos ocupa, además contribuye notablemente a mejorar la calidad de vida de los habitantes, amén de resolver el problema de transporte para más de dos millones de personas que habitan en la zona oriente del Valle de México y de otros municipios de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En tal sentido, la estación terminal La Paz, de la línea A del Metro Férreo, ubicada en el estado de México, puede ser el punto de referencia para este propósito, y complementaría los esfuerzos del gobierno, en su propósito de ordenar el transporte y la vialidad, al tiempo que se coadyuva a mejorar el medio ambiente.

La propuesta que hoy sometemos a la consideración de este Pleno deberá formar parte integral de los proyectos que actualmente existen, como son las tres líneas de tren suburbano, siendo la primera el corredor Huehuetoca-Buenavista y, para un horizonte de mediano plazo, contempla la inclusión de los corredores Ecatepec-Naucalpan y Los Reyes-Aragón, a los que se deberá agregar el corredor Los Reyes-Chalco, con lo cual se podría abarcar la mayor parte de las zonas más densamente pobladas de los municipios conurbados a la Ciudad de México.

Por lo expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, los diputados abajo firmantes sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para quedar como sigue:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice los estudios técnicos necesarios para que se lleve a cabo la construcción de la línea del tren suburbano que conecte los municipios de Los Reyes, La Paz, Valle de Chalco y Chalco, en el estado de México.

Segundo.- Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente ante esta soberanía el plan maestro de trenes suburbanos para la Zona Metropolitana del Valle de México, que deberá contener la propuesta enunciada en el punto anterior.

Diputados: Fernando Espino Arévalo, Manuel Velasco Coello, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Leonardo Alvarez Romo, Jorge Legorreta Ordorica, Javier Orozco Gómez, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, Rebeca Godínez y Bravo, Felipe Medina Santos, José Eduwiges Nava Altamirano, Gema Isabel Martínez López, Emilio Chuayffet Chemor, Gaspar Avila Rodríguez, Marco Antonio Gutiérrez Romero, Guillermo Martínez Nolasco, José Rangel Espinosa, Fernando Fernández García, Blanca Estela Gómez Carmona, Armando Neyra Chávez, Arturo Osornio Sánchez, Pablo Bedolla López, Alfredo Gómez Sánchez, Fernando Alberto García Cuevas, José Adolfo Murat, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Víctor Ernesto González Huerta, Francisco Antonio Rojas Toledo, Isaías Soriano López (rúbricas).»

Turnada a la Comisión de Transportes.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a escriturar diversos predios del municipio de Altamira, Tamaulipas, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del PRI

Considerando

Que el Municipio de Altamira, Tamaulipas, tiene una superficie de 1,360 kilómetros cuadrados, viviendo gran parte de su población en el área urbana y suburbana en el municipio de Altamira, existen y existieron diversas instalaciones de Petróleos Mexicanos para la explotación de petróleo crudo y en sus alrededores se constituyeron un sin número de colonias populares en el que aproximadamente viven personas.

El ayuntamiento de Altamira, a través de su Presidente Municipal y del cuerpo de regidores y síndicos, ha logrado con funcionarios de Petróleos Mexicanos que diversas de esas colonias sean liberadas, es decir, estén aptas de ser escrituradas a través de la intervención de la Corett.

La Corett es un organismo de carácter técnico y social que tiene por objeto la regulación de la tenencia de la tierra en donde existen asentamientos humanos irregulares y promover su incorporación a los fundos legales de las ciudades, por lo que se considere que en Altamira, Tamaulipas debe tomar una actividad de mayor celeridad para otorgar los títulos de propiedad a los colonos de los asentamientos mencionados.

La regularización de la tenencia de la tierra trae beneficios a los propietarios, y a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Efectivamente, regularizar la tenencia de la tierra permite la seguridad del patrimonio de los gobernados y que en las operaciones de compra-venta, de sucesiones por herencia y de contratos que generen riqueza, permite que los municipios se fortalezcan captando el impuesto predial; a los gobernados de los estados, les genera contribuciones a través del impuesto de adquisición de inmuebles el impuesto sobre la renta.

En esta asamblea, hemos discutido la forma de fortalecer a la hacienda publica municipal, estatal, y federal y los actos encaminados a regularizar la propiedad urbana o suburbana, cumplen inmediatamente con ese fin al dar seguridad jurídica y generar impuestos en beneficio de los tres niveles de gobierno

Por tanto, pido que el presente punto de acuerdo sea aprobado y se exhorte al director general de Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, y a sus autoridades en Tamaulipas, para proceder con agilidad a la escrituración de la zona urbana y suburbana de Altamira, Tamaulipas.

Por lo expuesto y con fundamento en el articulo 58 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Se exhorte al director general de Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a que otorgue la escrituración a los colonos de la zona urbana y suburbana de Altamira, Tamaulipas.

Atentamente.

Méxoco, DF, a 27 de abril de 2004.--- Dip. Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat, a la Sedesol y a Pemex que informen sobre el avance de los trabajos del convenio de colaboración para el ordenamiento ecológico de la region cuenca de burgos, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ponemos a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Semarnat, a la Sedesol y a Pemex informen sobre el avance de los trabajos del convenio de colaboración para el ordenamiento ecológico de la región Cuenca de Burgos, con base en las siguientes,

Consideraciones

La región Cuenca de Burgos se localiza al noreste del país. Esta área involucra a 98 municipios: 31 del estado de Coahuila, 48 de Nuevo León y 19 de Tamaulipas, abarcando una superficie total de 208, 805.0 km2.

La región es poseedora de enormes recursos naturales no renovables y renovables, como es el caso de las reservas de gas natural, una rica y variada vida silvestre y recursos pesqueros.

La región incorpora 6 áreas naturales protegidas.

Dentro de la región se ubica la laguna madre, considerada como una zona de gran valor, por ser hábitat natural y de reproducción de varias especies de aves residentes y migratorias, así como de algunas especies marinas.

En la Cuenca de Burgos se han creado una serie de impactos que actualmente se reflejan en el detrimento de los recursos bióticos del área, debido a actividades antropogénicas, el crecimiento demográfico, el incremento de la industria maquiladora, la infraestructura hidráulica, caminos, autopistas pero, principalmente, por la actividad petrolera.

La actividad actual del proyecto integral Cuenca de Burgos, afecta las cuencas del bajo río San Juan y bajo río Bravo, aumenta los problemas de colecta y calidad de agua y afecta la conservación del suelo. Impacta la presa Marte R. Gómez y colateralmente los distritos de riego en Tamaulipas. Los impactos directos que incluyen un despalme permanente de vegetación, suman más de 2,000 hectáreas de terrenos forestales o preferentemente forestales.

Las obras de exploración, las brechas y caminos de acceso, los ductos y líneas de descarga, fragmentan el hábitat natural, afectan la fauna diurna y nocturna, favorecen la desertización del matorral espinoso tamaulipeco.

La fragmentación del hábitat se multiplica por la acumulación de actividades agrícolas, urbanas y extractivas, reduciendo los espacios naturales. La destrucción y degradación secundaria del hábitat es el verdadero problema a corto plazo.

Pemex ha ingresado a la Semarnat varias manifestaciones de impacto ambiental y ha sido autorizado de manera condicionada su actividad.

En julio de 2003, se firma el convenio de colaboración para el desarrollo sustentable en la Cuenca de Burgos entre Pemex y los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas donde se establecen por primera vez acuerdos con medidas preventivas para evitar impactos ambientales.

En agosto de 2003, se publica el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de ordenamiento ecológico con el fin de planear el territorio de manera rigurosa, sistemática y transparente,

La necesidad de concientizar el revertir las tendencias de degradación ambiental en la región Cuenca de Burgos, logró que en agosto del 2003, la Sedesol, la Semarnat, Pemex y los gobiernos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, suscribieron el convenio de coordinación para el ordenamiento ecológico de la región y así constituir el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca de Burgos.

Por este convenio se definen actores de los tres niveles de gobierno, se establece una agenda única y se institucionaliza el proceso con el fin de lograr el ordenamiento ecológico de la región.

Pese a reconocer estos avances de coordinación, actualmente se continúan manifestando graves daños al entorno natural de la Cuenca de Burgos provocados por una mayor actividad petrolera principalmente, que de continuarse con este dinamismo, se dejará en el discurso un verdadero crecimiento con calidad sustentable.

Por las consideraciones anteriores y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta h. Cámara de Diputados la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Artículo primero.- Que la Semarnat informe sobre el estado que guarda el Programa de Ordenamiento Ecológico de la región Cuenca de Burgos y sobre las medidas que está llevando a cabo para resarcir el deterioro en el entorno natural de la región.

Artículo segundo.- Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social para que informe los criterios ecológicos y los beneficios que en esta materia ha logrado, como parte de sus medidas de desarrollo urbano implementadas en la región de la Cuenca de Burgos.

Artículo tercero.- Se solicita a Petróleos Mexicanos para que informe a esta soberanía sobre los criterios ecológicos que ha adoptado como parte de sus medidas implementadas en su actividad de obtención y producción de gas.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 23 de abril de 2004.--- Dip. Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica.)»

Turnada a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo Federal a abrogar el decreto del 7 de febrero de 2002 por el que se autorizan el ajuste, la modificación y la reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y se reduce el subsidio a las tarifas domesticas; y a instalar una mesa de trabajo que revise de manera integral las tarifas aplicadas en el país, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Como sabemos, el consumo energético es una de las variables internacionalmente reconocidas como indicadores del nivel de bienestar de un país. El consumo de energía eléctrica en particular, muestra el acceso a ciertos satisfactores que proporcionan un mayor confort a la vida cotidiana. En virtud de su nivel socioeconómico, México no se encuentra entre los mayores consumidores de energía. Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, disponen de siete veces más de energía por habitante y casi nueve veces más de electricidad, también por persona. Sin pretender que nuestra sociedad deba adoptar estándares o modelos de vida de otras naciones; si pensamos que en México se puede y se debe proporcionar mayor bienestar a la población, poniendo a su alcance la electricidad a precios razonables.

Esto es precisamente lo que da sentido a los objetivos que llevaron a la creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937, a la nacionalización del sector eléctrico en 1960 y a la incorporación de Luz y Fuerza del Centro como empresa pública en 1994, a saber:

Que todos los mexicanos, sin distinción de clase, nivel socioeconómico, nivel educativo o cultural y ubicación geográfica, dispongan en su vida diaria del fluido eléctrico, con máxima calidad y mínimo costo;

Que el aparato productivo disponga de un abasto en electricidad continuo, estable y a precios competitivos para aumentar su productividad y por ese medio alentar el máximo desarrollo económico;

Que la Nación controle ese proceso y los recursos utilizados para ello, para que tanto su usufructo como la introducción de nuevas tecnologías a lo largo de la cadena eléctrica se traduzcan en beneficios para toda la sociedad y no sólo para unos cuantos.

Desafortunadamente, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, han sido conducidas a un esquema de precios y subsidios que afecta la capacidad financiera del sector sin, por otra parte, garantizar la satisfacción completa de las necesidades de energía eléctrica de toda la población. Esta situación se agudiza debido a la difícil situación económica de la mayor parte de los mexicanos y al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 07 de febrero del 2002 que ha dado como resultado un incremento muy significativo en el costo del fluido que deben pagar miles de hogares.

Debido al Decreto citado, la facturación eléctrica se ha incrementado desmesuradamente para los consumidores de los rangos medios y medios bajos, golpeando severamente sus economías domésticas. En las localidades que afrontan condiciones climáticas extremas, la demanda por reducir los precios de las tarifas eléctricas domésticas en la temporada de verano es aún más aguda, por el mayor impacto lesivo que sobre su economía familiar tiene dicha facturación, debido al alto consumo de esa energía en el que incurren por la necesidad de emplear aparatos de acondicionamiento del clima, con el objetivo de reducir a niveles de confort, las altas temperaturas que se presentan.

Los desencuentros legales, verbales y físicos, originados por esta situación, crecen día a día. Los mexicanos de menores ingresos no pueden absorber los incrementos en la facturación eléctrica. El problema es realmente serio, ya que esto empieza a generar en diversas regiones una serie de tensiones sociales que bien podrían terminar por desbordarse hasta volverse incontenibles.

Es altamente censurable, que se responda a estas protestas interponiendo demandas penales y recurriendo a cortes generalizados del suministro a colonias y comunidades enteras, pues lo único que provocan es que los afectados recurran a manifestaciones y acciones de todo tipo, pues los recursos de queja y juicios de amparo, no han resuelto nada.

Las tarifas deben ser equitativas y sustentadas en criterios técnicos, ambientales, económicos y sociales. Asimismo, se debe reafirmar el compromiso estatal de apoyar a las regiones y los sectores que realmente lo necesitan, con subsidios suficientes, claros y transparentes. Dichos subsidios deben provenir del fisco y no gravar las finanzas de las empresas públicas. Los subsidios cruzados entre sectores de consumidores deben desaparecer. El monto y destino de los subsidios deben ser determinados, revisados y evaluados periódicamente por el Congreso.

Estas preocupaciones y propuestas son compartidas por varios legisladores de distintas bancadas, los cuales han manifestado los reclamos de los ciudadanos de distintos estados de la república. A partir de todo lo expuesto someto a su consideración el siguiente:

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Primero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que abrogue el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 07 de febrero de 2002, por el que se autoriza el ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.

Segundo.- Se solicita a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público; a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, instalar una mesa de trabajo para efectuar una revisión y reestructuración integral y equitativa de las tarifas eléctricas, tomando en cuenta los criterios señalados en los considerandos.

Tercero.- Que la Comisión de Energía de esta Cámara, analice y proponga los cambios legislativos pertinentes, a fin de que; los subsidios sean fijados por la Cámara de Diputados, sin cargo a la contabilidad de las empresas públicas de electricidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de abril de 2004.--- Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).»

Turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que se modifiquen las tarifas eléctricas de uso domestico en algunos municipios de quintana roo a partir del verano de este año, a cargo del diputado Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado por el estado de Quintana Roo Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con apoyo en las siguientes

Consideraciones

Ni duda cabe que la energía eléctrica es un elemento primordial para el desarrollo, e insumo básico para lograr un mejor nivel de vida que permita a las personas una mayor productividad en beneficio de la sociedad y del país.

Dadas las condiciones climatológicas en el estado de Quintana Roo, como ocurre en otros Estados del Sureste, la mayor parte del año predominan las temperaturas elevadas y los altos índices de humedad, por lo que es necesario el empleo casi en forma permanente de sistemas de ventilación y enfriamiento.

Por tal motivo, en 2003 el gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, como lo ha hecho en diversas ocasiones para otras regiones del estado, solicitó a la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua, la elaboración de un análisis de temperaturas medias mensuales para la localidad de Cancún y su área de influencia.

En tal circunstancia, la Comisión Nacional del Agua ha realizado un estudio de la información disponible en 43 estaciones climatológicas correspondientes a los estados de Quintana Roo, de Campeche y de Yucatán, de las cuales 30 cuentan con información del periodo 1998-2002, y 13 con la correspondiente a 1998-2003; y todas cumplen la normatividad aplicable.

De los resultados de dicho estudio, el cual se anexa, se deduce que las tarifas correspondientes a los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, y el área correspondiente al Polígono de Thiessen, en la localidad de Señor, Felipe Carrillo Puerto, debieran ser modificado cuando menos a la tarifa 1C.

De igual manera, en el reporte referido se asienta, que para otras evaluaciones solicitadas en áreas al sur del estado no se disponen de ubicaciones apropiadas de las estaciones meteorológicas, lo que ha venido retrazando dichas evaluaciones en sitios evidentemente con mayores temperaturas promedio anual. Del informe se deduce también que las facilidades actuales no contemplan variables como la humedad y la velocidad del viento en función de la normatividad vigente, pero que sin duda son determinantes para el confort y desarrollo de las actividades humanas.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la SHCP, con la participación de las Secretarías de Economía y Energía, y a propuesta de la CFE, fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste, modificación y reestructuración; a su vez el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de febrero de 2002, autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, mismo que rige las tarifas eléctricas que aplica la CFE.

Por otra parte, los límites establecidos en las tarifas vigentes para el llamado alto consumo doméstico dejan fuera del alcance de la mayoría de la población de ingresos medios bajos, el empleo de sistemas de enfriamiento en hogares y pequeños lugares de reunión.

Por lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad a promover ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se modifiquen en forma inmediata las tarifas que se aplicaban en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, al menos a 1C y para el área correspondiente al polígono de Thiessen, en la localidad de Señor, Felipe Carrillo Puerto, cuando menos a 1D.

Segundo. Para que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales proceda, por medio de la Comisión Nacional del Agua u otras instituciones pertinentes, a la reubicación o instalación de los puntos de medición necesarios para evaluar las condiciones de temperatura en todo el estado incluyendo las variables de humedad y velocidad del viento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de abril de 2004.--- Dip. Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica.)»

Turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y a las autoridades de las entidades federativas a implementar un sistema de certificación de calidad a efecto de tornar eficientes los centros federales y los estatales de readaptación social, a cargo del diputado Salvador Márquez Lozornio, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes

Considerandos

Los centros federales de readaptación social se instituyen a partir de las acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito 1985-1988, siendo los factores que determinaron su desarrollo, el incremento de los delitos del fuero federal y la aparición de bandas organizadas dedicadas al narcotráfico y crimen organizado, teniendo como objetivo hacer cumplir las penas privativas de libertad a internos considerados de alta peligrosidad, en un régimen de máxima seguridad y estricto apego a la legislación aplicable, así como brindar reclusión preventiva con las mismas características a personas sujetas a procesos judiciales acusadas de delitos considerados graves y con un alto perfil criminológico.

Para completar el esquema de los centros federales y solventar la falta de instituciones carcelarias donde se brindara tratamiento a internos de los considerados inimputables o con algún daño orgánico cerebral, dentro de un esquema de máxima seguridad y estricto apego a la legislación vigente se crea el centro federal de rehabilitación psicosocial.

El sistema penitenciario federal cuenta a la fecha con 5 centros de reclusión que dependen administrativamente del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, además de los centros de readaptación instalados en cada entidad federativa.

Colonia Penal Federal

Centro Federal de Readaptación Social

Centro Federal de Readaptación Social No 2

Centro Federal de Readaptación Social No 3

Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial

Es por todos conocida la profunda problemática y rezago que existe dentro de los centros de readaptación social de nuestro país, se han convertido en ciudades perdidas donde rigen el narcotráfico y la corrupción, día con día se viven penosas situaciones que limitan y en la mayoría de los casos impiden permanentemente la readaptación de los reclusos.

Nos queda claro que estos centros jamás deberán ser centros de recreación social, sin embargo, esto no es motivo para convertirlos en lugares inhabitables, escuelas para la delincuencia.

Esta idea parte de una esforzada visión humanista de lo que requiere y de lo que debe ser el ideal carcelario, de la calidad y eficiencia de las estructuras y de los servicios, de la vigilancia y la atención a los reclusos, de su salud, médicos, sanitarios, de limpieza, funcionalidad y altísima seguridad de las instalaciones, así como de la aplicación, vigilancia y supervisión de amplios y nuevos programas de readaptación.

Además de ocuparse de uno de los problemas más graves que se viven en la actualidad, la fuga de internos de los centros de readaptación social, estos últimos años el problema ha ido creciendo de tal forma que se ha convertido en una práctica común, burlando las medidas de seguridad y violando la seguridad jurídica.

Podemos señalar decenas de sucesos de este tipo, realizados en los últimos meses, por ejemplo la fuga de 5 reos del penal en Tijuana, Baja California, así como otras fugas en el estado de Michoacán y en el estado de México, por nombrar algunos.

Es por ello que se requiere de medidas que efectivamente combatan estos problemas, que corrijan y actualicen las actuales medidas de seguridad y las conviertan en verdaderos mecanismos de control interno de los centros de readaptación, para evitar la violencia, las fugas de internos, entre otros.

Por ello consideramos que la utilización de esta certificación como medición de resultados sería un elemento importante para cumplir con el objetivo de la readaptación social, y en gran medida, un método de control interno.

Esta certificación no tiene otro objeto más que el de dotar de calidad a los centros de readaptación social y mejorar el desempeño de los mismos, acatando los principios señalados en nuestra Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ustedes el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y a las autoridades de las entidades federativas a efecto de que implementen un sistema externo de certificación de calidad con base en estándares reconocidos internacionalmente a los centros federales y estatales de readaptación social, con el fin de mejorar las condiciones estructurales, administrativas y de seguridad, así como los programas de readaptación social de estos centros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2004.--- Dip. Salvador Márquez Lozornio (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Seguridad Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a pronunciarse en favor de la inmediata de-socupación de las tropas invasoras en Irak, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del PRD en la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se permite poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

1.- Se han cumplido ya trece meses de la ilegal e inmoral invasión y ocupación de Irak por el ejército estadounidense y sus aliados. Como ha quedado cada vez más claro, dicha invasión se llevó a cabo violando flagrantemente el derecho internacional, con la oposición explícita del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el rechazo de la comunidad internacional. Esta intervención unilateral se ha convertido en uno de los acontecimientos más negros en la situación política internacional de las últimas décadas y está poniendo en riesgo seriamente la estabilidad mundial.

2.- El gobierno estadounidense del presidente George W. Bush emprendió una invasión ilegal e injusta contra un país soberano, miembro de la comunidad internacional, en el marco de su estrategia de seguridad ``preventiva'' y de unilateralismo neoimperial. Para ello utilizó como pretexto la existencia de armas de destrucción masiva en manos de la dictadura de Sadam Hussein y los supuestos vínculos entre dicho régimen y el grupo terrorista Al Qaeda. Sin disponer de información creíble al respecto, el gobierno de Bush y sus aliados emprendieron una campaña de mentiras y manipulación de proporciones globales, con la complicidad de los grandes consorcios de comunicación masiva, para engañar a sus pueblos, a sus congresos y a la opinión pública.

3.- La invasión estadounidense, en realidad, tiene otros objetivos claramente definidos: el control del petróleo iraquí, fortalecer a su aliado israelí frente al problema palestino y árabe e implantar su dominio político y militar directo en el corazón de una de las regiones más estratégicas en el actual proceso de disputa por la hegemonía mundial, debilitando de paso la influencia en dicha región de la Unión Europea y de Rusia.

4.- La guerra contra Irak ha tenido consecuencias desastrosas. Son ya más de diez mil civiles iraquíes asesinados, así como casi 800 soldados estadounidenses y de otras naciones invasoras. La ocupación ha significado también la destrucción de la economía de Irak y buena parte de su patrimonio cultural y ha impuesto el control de las reservas y exportaciones petroleras en manos de Estados Unidos. Irak se encuentra bajo una profunda inestabilidad política, existe una resistencia creciente y violenta contra las tropas invasoras. Hoy la población civil sufre en forma brutal las consecuencias de la dictadura sangrienta de Sadam Hussein y de una ocupación no menos opresiva.

5.- El mundo no es más seguro ahora; al contrario. La doctrina Bush de ``guerra preventiva'' y el unilateralismo estadounidense han contribuido a empeorar la estabilidad mundial, creando nuevos obstáculos para alcanzar los acuerdos políticos necesarios en muchas regiones del mundo. Con estos acontecimientos, el terrorismo, la carrera armamentista y la proliferación de armas nucleares han recibido un nuevo impulso. Los atentados en Madrid del pasado 11 de marzo constituyen una terrible constatación de ello.

6.- El pasado 20 de abril, en una medida ampliamente apoyada por la comunidad internacional, el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero ordenó el retiro de todas las tropas españolas en Irak. A la fecha, se han sumado a esta decisión Honduras, República Dominicana y Noruega. Así, la coalición invasora conformada por 32 países y comandada por EU está dando signos de resquebrajamiento.

7.- Debemos reconocer que el gobierno mexicano actuó correctamente para oponerse a esta invasión; no importa que lo hiciera bajo la presión de la opinión pública y de las fuerzas políticas del país. Después de ello, sin embargo, el gobierno del Presidente Fox ha adoptado una posición de sumisión extrema a la política de Bush y de completa pasividad y complacencia respecto de la permanencia de las tropas de ocupación en Irak y frente a la continua violación de los derechos humanos de la población y del derecho internacional.

8.- Por ello, la política exterior de México debiera proponerse una estrategia para lograr que el combate al terrorismo sea llevado a cabo mediante acuerdos multilaterales alcanzados a partir de una discusión serena, desinteresada, crítica y profesional de las opciones disponibles. Adicionalmente, el tradicional activismo mexicano a favor de la paz y la cooperación internacionales debería en este momento desplegar a sus mejores hombres para contribuir al restablecimiento de la paz y la estabilidad en Irak.

Por todo lo anterior, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa su condena a la permanencia de las fuerzas de ocupación en Irak, encabezadas por Estados Unidos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que se pronuncie en favor de la inmediata salida de las fuerzas de ocupación en Irak, que promueva, en el marco de los órganos competentes de Naciones Unidas, el inmediato retiro de todas las fuerzas extranjeras de dicho país y que apoye una resolución en el marco de la ONU para que se conforme una fuerza multinacional de paz comandada por Naciones Unidas que en un lapso de tiempo definido permita al pueblo de Irak recuperar y ejercer su inalienable derecho a la autodeterminación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2004.--- Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre el conflicto en la República de Bolivia, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del PRI.

Con el permiso de la Presidencia:

El suscrito, con fundamento en el Artículo 93 Constitucional; Artículo 45, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 53, 58, 59, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y Artículos Duodécimo y Décimo tercero de los Acuerdos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, Relativos a las Sesiones en la LIX Legislatura, someto a su consideración una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Asociación Fomento Ganadero Mexicano, A.C., que es una organización que agrupa a cerca de 3 mil criadores de ganado de registro de diferentes razas, se ha destacado por su aportación al mejoramiento genético del ganado bovino, recibiendo el reconocimiento internacional. Por esa circunstancia, fue invitada en el mes de diciembre pasado, para asistir a la feria agropecuaria y ganadera AGROPRECRUZ 2004, misma que año con año se efectúa en la capital de Bolivia, trasladando 25 cabezas de ganado reproductor, las cuales arribaron al aeropuerto de viru viru el día 26 de marzo.

Sin embargo, desde esa fecha, la institución de sanidad animal de ese país retuvo al ganado mencionado, bajo el argumento de que no disponían del permiso zoosanitario de importación. Posteriormente se argumentó ante los medios de comunicación de Bolivia por parte de la autoridad mencionada, que la prohibición obedecía a la existencia en México de la enfermedad llamada de las ``vacas locas'', sin proporcionar ningún fundamento técnico oficial para ello.

La asociación, a partir de entonces, realizo múltiples gestiones para desmentir estas afirmaciones y lograr el traslado del ganado a la exposición mencionada, incluyendo la tramitación del otorgamiento de los permisos de importación y su pago correspondiente dado que el Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos de dicho país los puso como condición para la liberación solicitada, después de haber verificado que las condiciones de salud del ganado cumplían fielmente con los requisitos sanitarios que establece la resolución 449 de la Comunidad Andina.

De todas estas gestiones se informó puntualmente tanto al servicio de sanidad animal, al Ministerio correspondiente y al propio titular del Ejecutivo de dicha Nación, manteniendo comunicación permanente con la Embajada de México.

No obstante este peregrinar de los ganaderos mexicanos, fueron infructuosas todas sus gestiones, no solamente subsistiendo la cuarentena arbitrariamente impuesta, sino que se pasó a notificar el sacrificio del ganado.

Ante la confusión generada, que trascendió a los medios de comunicación, en los cuales también se difundió que en México no se ha reportado ningún caso de ``vacas locas'' así como la alta calidad sanitaria en que se realiza la actividad ganadera mexicana, toda vez que en más de 50 años no hemos tenido ningún brote de enfermedades como la fiebre aftosa, lo cual aún continua ocurriendo, desafortunadamente, en varios países de América Latina. A ello se añade el liderazgo de México en materia de mejoramiento genético que, en un esquema de colaboración e intercambio constructivo, permitiría también enriquecer el ganado boliviano.

Estas características motivaron, incluso, que diversos productores de ese país también pidieran la liberación, dado su interés en adquirirlos y beneficiarse de su calidad.

Sin embargo, no existió poder humano capaz de actuar en favor de estos connacionales, incluyendo las autoridades mexicanas acreditadas en esa Nación, con la que México tiene suscrito un acuerdo de libre comercio y con quien siempre ha existido una colaboración fraterna y respetuosa. Quiero adicionar el hecho de que se ha comentado que este conflicto obedeció a la presión de terceros países, lo cual es, a todas luces, una injusticia y una actitud contraria a la cooperación que siempre ha subsistido entre nuestros países. Por ello, someto a su atención el siguiente:

Punto de Acuerdo

Uno.- Que se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de la titular de la Subsecretaria para América Latina y el Caribe de dicha Cancillería, explique a esta soberanía las razones por las cuales fracasaron sus gestiones legales y diplomáticas, así como para analizar qué mecanismos de solución de controversias pueden ejercitarse para que se logre la justicia.

Dos.- Solicitamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que reinicie los trámites fallidos y que se hagan las gestiones correspondientes hasta lograr que se expida una indemnización por los daños y perjuicios causados a estos ganaderos mexicanos.

Tres.- Dada la afectación recibida por estos productores y ante la evidente necesidad de conseguir una solución expedita, ruego a la Mesa Directiva que le de trámite a esta proposición como de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo 27 abril de 2004.--- Dip. Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de considerar las obligaciones constitucionales con pleno valor normativo referidas a las tareas legislativas vinculadas a los pueblos indígenas y al carácter pluricultural de la nación, a cargo del diputado Huberto Aldaz Hernández, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, Huberto Aldaz Hernández, en su carácter de diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 2º, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una proposición con punto de acuerdo, a fin de considerar las obligaciones constitucionales con pleno valor normativo referidas a las tareas legislativas vinculadas a los pueblos indígenas y al carácter pluricultural de la nación, con base en los siguientes

Considerandos

El artículo segundo constitucional reformado en el año 2001 en matera de cultura y derechos indígenas, aún y con todas sus limitantes, es un precepto complejo que tiene varias funciones normativas: reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana, define a los diferentes sujetos indígenas, prevé los criterios de pertenencia de los indígenas a sus pueblos y comunidades, coloca su reconocimiento y su autonomía en los ámbitos estatales, y mandata una serie de acciones, con pleno valor normativo, para superar los rezagos del desarrollo y lograr el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Nuestra Constitución establece ese mandato a la Federación, a los estados, a los municipios, a los tres Poderes de la Unión, obligando específicamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de las entidades federativas a establecer las acciones y los presupuestos necesarios para alcanzar la justicia y el desarrollo con los pueblos indígenas, en el marco de una nación pluricultural, reconocida constitucionalmente.

A casi tres años de estas reformas es imprescindible avanzar en el cumplimiento de las obligaciones allí establecidas para la construcción de un Estado pluricultural de derecho y su necesaria incidencia en el desarrollo legislativo, institucional y programático.

Los indígenas de México están reclamando y respaldando transformaciones jurídicas, institucionales y programáticas que garanticen plenamente su autonomía, sus derechos individuales y colectivos, y su desarrollo equitativo, en el marco de la unidad nacional intercultural. Para ello el artículo 2 de nuestra Constitución -aún con los rechazos y controversias suscitados- constituye una plataforma inicial para que durante esta Legislatura se logre un desarrollo legislativo que haga efectivos los postulados de ese Estado pluricultural de derecho.

En una nación pluricultural como la nuestra, y por la integralidad de los temas, los aspectos vinculados al desarrollo y a la vigencia de los derechos indígenas no pueden excluirse del trabajo de ninguna de las comisiones que integran esta Legislatura. Si bien existe una comisión específica para revisar los asuntos indígenas, estos deben de considerarse de carácter integral, transversal y vinculatorio con todas las acciones y decisiones de esta Legislatura. Resulta incoherente con el mandato constitucional observar que la mayoría de las iniciativas o propuestas planteadas en esta Cámara no conciben ni respetan el carácter pluricultural de la nación ni la existencia de estos 12 millones de mexicanos que son culturalmente diferentes y que conforman sujetos colectivos específicos: los pueblos y comunidades indígenas.

Es importante que cada comisión de esta Legislatura asuma el compromiso -en la materia que le compete- de establecer las acciones legislativas necesarias para que la nación mexicana pueda cumplir con las obligaciones establecidas. Como Poder Legislativo, todavía tenemos muchas obligaciones pendientes para garantizar los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas, y estas obligaciones nuestras, como lo señalamos, están claramente mandatadas en el artículo segundo constitucional, y por lo tanto tienen pleno valor normativo.

Estamos obligados constitucionalmente a impulsar leyes, políticas, instituciones y presupuestos para el desarrollo y la vigencia de los derechos de los indígenas en, por lo menos, los siguientes ámbitos de acción:

Vigencia de derechos individuales y colectivos

Seguridad y acceso a la justicia

Desarrollo económico y sustentable

Infraestructura de servicios comunitarios y regionales

Red de comunicaciones y transportes

Medio ambiente y recursos naturales

Tierras y territorios

Salud y medicina tradicional

Cultura y Educación pluri e intercultural

Equidad y género

Migrantes

Según nuestra Constitución, para asegurar los derechos individuales y colectivos de los indígenas mexicanos, los legisladores estamos obligados a establecer los marcos legislativos e institucionales y los presupuestos para: garantizar el reconocimiento de la libre determinación y la autonomía para que los pueblos indígenas determinen sus formas internas de convivencia y organización, apliquen sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, elijan sus autoridades y representantes de gobiernos internos, desarrollen sus lenguas y conocimientos propios, sus culturas y sus identidades, participen y estén representados políticamente, tengan acceso y disfrute de sus tierras y recursos naturales, participen y estén representados políticamente, con pleno acceso a la jurisdicción del Estado.

En cuanto a su desarrollo y mejoramiento de sus condiciones de vida, los legisladores estamos obligados a establecer acciones legislativas para favorecer la coordinación de acciones de los tres órdenes de gobierno y la propia participación indígena que lleven a: incrementar los actuales niveles de escolaridad, básica, media y superior, con programas educativos desde las culturas propias, mejorando y ampliando la educación bilingüe intercultural, la capacitación productiva y los sistemas de becas en todos los niveles, pues toda la nación, no sólo los indígenas, necesitamos una educación que promueva la interculturalidad, con respeto y conocimiento de todas las culturas mexicanas. Asimismo son obligaciones constitucionales, asegurar los servicios de salud, la nutrición y alimentación, y el desarrollo de la medicina tradicional; el mejoramiento de las viviendas con todos los servicios necesarios, vías de comunicación, telecomunicación y medios propios; desarrollo productivo sustentable, suficiencia de ingresos y creación de empleos y tecnologías, abasto y comercialización; garantizar el desarrollo y la participación de las mujeres indígenas y la protección a los migrantes nacionales y en el extranjero.

Es cierto que estas carencias y necesidades no son exclusivas de los pueblos indígenas sino de un gran sector de la población mexicana, pero también es cierto que es en las regiones indígenas en donde los rezagos, las discriminaciones y la exclusión han sido sistemáticos y permanentes. Estos rezagos han sido reconocidos en la propia Constitución pero no se ha impulsado desde el Poder Legislativo de manera integral y sistemática las acciones para lograr el cumplimiento de este mandato, ni ha sido garantizado jurisdiccionalmente por los órganos de control constitucional.

No esperemos a que se interpongan recursos de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad por nuestro incumplimiento para asumir las responsabilidades pendientes referidas al impulso del desarrollo indígena y la vigencia de sus derechos.

Por todo lo antes expuesto y fundado, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Para garantizar el cumplimiento de las normativas señaladas en los apartados A y B del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establecerá los marcos legales, promoverá las políticas y acciones institucionales, y preverá los recursos presupuestales necesarios para impulsar el desarrollo integral y la vigencia de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, en un marco de unidad nacional. En este sentido, todas las comisiones que integran esta Legislatura, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en todas sus propuestas e iniciativas la debida congruencia con el carácter pluricultural de nuestra nación y las obligaciones relativas establecidas en nuestra Constitución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2004.--- Dip. Huberto Aldaz Hernández (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de convocar a la realización de la primera convención nacional para el crecimiento económico y la recuperación y dignificación del empleo, a cargo del diputado Tomas Cruz Martínez, del grupo parlamentario del PRD

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Tomás Cruz Martínez, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que debido a que el problema del desempleo en el país tiende a su agravamiento con el consecuente deterioro del nivel de vida de los mexicanos, es fundamental impulsar los espacios necesarios de discusión nacional para alcanzar las bases y compromisos de un nuevo pacto social que sea capaz de revertir las oprobiosas condiciones de vida de más de la mitad de la población. Estamos seguros que uno de esos esfuerzos será la realización de la Convención Nacional para el Crecimiento Económico y la Recuperación y Dignificación del Empleo. Esta convención en todo momento será un espacio de reflexión sobre los retos que enfrenta la sociedad en materia de empleo. Pretende el más alto sentido de pluralidad y reconoce que en la diversidad, el diálogo constructivo es el medio adecuado, por excelencia, para alcanzar consensos y compromisos que posibiliten reducir las desigualdades. En la convención concurrirán los sectores social, privado y público, cuyo propósito máximo es contribuir en la construcción de mecanismos o instrumentos capaces de atender el crecimiento económico y el empleo en el país.

La Convención Nacional para el Crecimiento Económico y la Recuperación y Dignificación del Empleo tenderá a desa-rrollar un sólido consenso entre gobierno, trabajadores, empleadores y desempleados para recuperar crecimiento y desarrollo del empleo. Será generadora de principios encaminados en proponer reformas institucionales en materia de empleo. La convención potenciará sus esfuerzos de coadyuvancia permanente para traducir sus acuerdos y consensos en políticas públicas para el desarrollo del país, la recuperación del empleo e incrementar la capacidad del salario.

Que el derecho al trabajo es una condición básica de toda persona para alcanzar un mejor desarrollo socioeconómico en el que incide de manera directa la calidad de las remuneraciones por el trabajo desempeñado.

Que el del actual modelo económico, evidentemente requiere de cambios sustantivos orientados hacia el crecimiento y la distribución económicas. Que la inserción de nuestra economía en el contexto regional y mundial deberá buscar la competición en condiciones no desventajosas.

Que poco más de 300 mil mexicanos se ven forzados a dejar anualmente nuestro país y emigran a Estados Unidos debido al fuerte déficit de empleo y falta de oportunidades, con expectativas de mejorar sus condiciones económicas y sociales. Muchos de ellos ven frustrados sus intentos por el maltrato que reciben de las autoridades estadounidenses, la discriminación por el hecho de ser mexicanos. Y frecuentemente pagan con su vida la osadía de buscar las oportunidades negadas en su país.

Que las instituciones públicas y privadas, por antonomasia el Estado Mexicano tiene la obligación de atender el problema del desempleo nacional. Esta obligación pasa por el llamado a los actores políticos y sociales para formular opiniones y acuerdos.

Que los altos porcentajes de pobreza de los mexicanos es una afrenta, sobre todo aquella en la que se encuentran alrededor de 25 millones de mujeres y hombres que carecen de los recursos indispensables para alimentarse.

Que en los últimos años se han agudizado los problemas económicos. Como consecuencia de lo anterior se perdieron más de 300 mil empleos formales en el mismo periodo. Asimismo, no menos grave resulta que en 2003 la tasa de desempleo abierto se ubicó en 3.29%, que es la más alta desde 1997.

Que el país necesita generar fuentes de empleo para 1 millón 300 mil jóvenes que se incorporan anualmente al mercado productivo. Sin menoscabo del reto que representa el rezago en materia laboral de más de 5 millones de plazas para mexicanos que hasta la fecha están completamente desempleados o trabajan menos de 15 horas semanales.

Que el acceso al trabajo es el medio más seguro para salir de la pobreza. Los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos de los trabajadores se niegan si no hay trabajo.

Que el empleo en sus diferentes modalidades es una demanda muy sentida por todos los sectores sociales, y que el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad es una prioridad para los mexicanos.

Que es impostergable la realización de esta convención en la que deberán participar todos los sectores sociales: inversionistas empresarios, sindicatos, académicos, universidades, servidores públicos, gobernadores, diputados federales, senadores, presidentes municipales, banqueros y ciudadanos interesados, y

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

UNICO. La H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura convoca a participar a los sectores público, privado, social y ciudadanos interesados a participar en los trabajos de la Primera Convención Nacional para el Crecimiento Económico y la Recuperación y Dignificación del Empleo, que se efectuará en la Ciudad de México y en las capitales de las entidades federativas durante el mes de agosto de 2004. Y será la Junta de Coordinación Política la responsable de la organización.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 28 días del mes de abril de 2004.--- Dip. Tomás Cruz Martínez (rúbrica).»

Turnada a las comisiones unidas de Economía, y de Trabajo y Previsión Social.

«Proposición con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Educación Publica y al Gobierno del Estado de Yucatán a llevar a cabo las investigaciones sobre la situación que guarda el despido del personal docente del colegio de bachilleres de Yucatán; y a realizar una mesa de dialogo con trabajadores de esa institución, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal por el 01 distrito electoral federal del estado de Yucatán, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública y al mismo gobierno del estado de Yucatán, a llevar a cabo las investigaciones sobre la situación que guarda el despido injustificado del personal docente del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay), así como realizar una mesa de diálogo con trabajadores de ese sistema de educación media superior, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el inicio de la administración estatal 2001 - 2007, se ha dado el despido injustificado de más de 500 integrantes del personal docente del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay), al implementar practicas antidemocráticas e intimidatorias en contra esos docentes yucatecos y en especial en personas que tienen afinidad política diferente al del gobierno estatal.

El más reciente caso por mencionar alguno, es el del profesor Didier Ortiz Alonzo, quien laboró los últimos cuatro meses en el plantel del Cobay Mérida-Chenkú, donde incluso recibió estímulos a la docencia durante tres cursos consecutivos y actualmente es candidato a diputado suplente por el segundo distrito electoral local, siendo éste despedido injustificadamente, comentando que lamentaba la conducta fanática, sectaria e irracional del director estatal del Colegio de Bachilleres, licenciado Arturo Novelo Dorantes.

Al igual que el profesor Ortiz, se encuentra más personal docente, otro caso es el de los profesores del Cobay de Tekax dándose la misma causa, que por cuestiones políticas los despidieron.

Dichos profesores que han sido despedidos son Manuel Carrillo, Honorio Navarrete, Olga Escalante, Guadalupe Reyes Buenfil, Juan Ucán López y Manuel Ramírez Ontivero por mencionar algunos, los cuales han manifestado que la inconformidad es también en contra de la SEP ya que los maestros que laboran en el sistema del Cobay son manejados por contratos y no son basificados.

No se descarta que estos despidos injustificados del personal docente de este plantel educativo y de otros, se estén manipulando políticamente por las autoridades estatales, ya que en plena efervescencia política realizan los despidos y principalmente ahora cuándo están en la recta final del curso escolar.

Todo esto se da a la incertidumbre que guarda la situación laboral de todo el personal docente de dicha institución en el estado debido a la falta de basificación de sus plazas destacándose que Yucatán es el único Estado que falta por concretar dicho pendiente, ya que Quintana Roo y Campeche lo hicieron recientemente en meses pasados.

Dado que estas razones son de carácter administrativas, compete a la Secretaria de Educación Pública, mediar entre las partes en conflicto, ya que los únicos perjudicados serían los alumnos.

Es por estos motivos, que someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta al titular del gobierno del estado y a las Secretarías de Educación Pública federal y estatal, a llevar a cabo una mesa de diálogo con los representantes de ese sistema de educación media superior, en función de dar solución al problema de la basificación de los docentes de dicho plantel y que terminen de una vez por todas esos ceses injustificados de docentes; que realizan con barbarie política y represión el gobierno de Patricio Patrón Laviada y el director estatal de los casi 100 colegios de bachilleres en Yucatán, Arturo Novelo Dorantes.

Atentamente.

Palacio Legislativo, abril 29 de 2004.--- Dip. Roger David Alcocer García (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Gobernación.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la administración central de transferencia de bienes de la administración general de aduanas, al a la SAT, a las PGR, a SAE y a la SHCP a agilizar las donaciones de bienes incautados y prevenir perdidas cuantiosas, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Marco Antonio Gama Basarte, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Administración Central de Transferencia de Bienes de la Administración General de Aduanas, el SAT, PGR, SAE y la SHCP a fin de agilizar las donaciones de todo tipo y prevenir pérdidas cuantiosas, al tenor de los siguientes

Consideraciones

Se conoce que actualmente en toda la franja fronteriza y en casi todas las bodegas de las aduanas en los estados, existen miles de toneladas de aparatos eléctricos, comestibles y parques vehiculares abandonados por sus propietarios a falta de documentación que garantice su legitimidad o en su caso decomisados por entrar al país de forma ilegal.

Los patios y bodegas de las aduanas se encuentran saturados de mercancías decomisadas, sin que se defina su destino.

Parque vehicular, artículos electrónicos, artículos de oficina, calzado, vestimenta, entre otros, que llegan en buen estado pero que con el tiempo de espera salen en su mayoría ya como mercancía chatarra o en desuso, sin ningún provecho para el erario publico ni beneficio alguno para la sociedad.

Toda esta mercancía ha sido decomisada por ser de dudosa procedencia o es producto de falta de pagos fiscales en su mayoría.

Se conoce de la misma manera, los bienes inmuebles confiscados a personas involucradas en delitos contra la salud, que siguen abandonadas desde hace varios años, y que bien podrían donarse para ubicar, casas hogar para personas de la tercera edad, guarderías, niños de la calle etcétera.

Según cifras recabadas, en los dos últimos años, más de 17 mil vehículos fueron destruidos dentro de las 48 aduanas existentes, eso sin contar el resto de los artículos antes mencionados.

Mientras esto sucede en este rubro, sabemos que en los municipios de los estados existen carencias y algunos se encuentran en estado critico, ya que los recursos no son suficientes para cubrir la gran demanda de los ciudadanos, por el gran crecimiento poblacional y la falta de programas para ellos.

Debemos, compañeros diputados, buscar medidas ágiles que puedan otorgar beneficios directos y sin contratiempos a los ayuntamientos, instituciones de asistencia social, organizaciones, asociaciones y demás que marque Ley Aduanera y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Publico SAE.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ustedes el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte al titular de la Administración Central de Transferencia de Bienes de la Administración General de Aduanas, el Sistema de Administración de Bienes (SAT) y el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, a fin de agilizar las donaciones. Asimismo solicitar a estas autoridades que informen al H. Congreso sobre los resultados de este exhorto.

Segundo. Que se conforme una subcomisión dentro de la Comisión de Hacienda de esta H. Cámara de Diputados, a fin de que se informe el estado que guardan actualmente las mercancías decomisadas en las aduanas.

Tercero. Que dicha subcomisión genere propuestas de mecanismos y procedimientos más ágiles, con respecto a los vigentes, para estar en posibilidades de destinar los bienes y mercancías incautadas a presidencias municipales prioritaria mente, fundaciones no lucrativas u organizaciones sociales que enfoquen su trabajo a acciones de beneficio común.

Palacio Legislativo, a 29 de abril de 2004.--- Dip. Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica.)»

Turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia y Derechos Humanos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que el Instituto Federal Electoral recomiende a los institutos electorales locales y a los partidos políticos observar mayor equidad de genero en la integración de las candidaturas en los ámbitos estatal y municipal, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, Martha Lucía Mícher Camarena, con fundamento en los artículos 21 numeral 1, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Existe un marco juridico, tanto a nivel internacional como nacional, que recomienda y norma la participación política de las mujeres. En las recomendaciones que hace el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) al gobierno mexicano señala ``que se adopten estrategias dirigidas a lograr un aumento del número de mujeres que intervienen en la adopción de decisiones, a todos los niveles, y en particular, en las municipalidades a nivel local''.

Otros instrumentos internacionales que ponen el acento en la necesidad de incrementar la presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisiones son: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo) y por supuesto la Plataforma de Acción de Beijing y Beijing+5. En todas ellas se habla de las acciones positivas como una alternativa para que las mujeres participen en mayor medida en el ámbito político

En la última década, el movimiento feminista, ONGs que trabajan por los derechos de las mujeres y legisladoras feministas de diversos partidos políticos, hemos logrado que se instrumenten medidas para incrementar la participación de las mujeres en puestos donde se toman decisiones.

Tal es el caso de la recomendación a los partidos políticos que hizo el Cofipe en 1996 en su artículo vigésimo segundo, para que consideraran en sus estatuos que las candidaturas para ambos principios a diputados y senadores, no excedieran el 70% para un mismo género.

Dicha recomendación se transformó en obligación con la reforma al artículo 175 del Cofipe, publicada el 24 de junio de 2002, propuesta por la Diputada Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democratica en la LVIII Legislatura, con la que se logró mediante un trabajo de consenso, que ningún partido político registrara más de 70% de candidatos de un mismo género y de igual forma estableció la sanción a los partidos que no cumplan con la cuota del 30% como mínimo para candidaturas de mujeres.

Por otro lado, el 16 de marzo de 2004 los esfuerzos de la sociedad sonorense y en particular de las feministas, por lograr la equidad de género en la legislación electoral del estado, se vieron compensados con la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 151, que reforma diversos artículos de la Constitución Local y electoral en materia de participación ciudadana y en donde también se establece la paridad de ambos géneros en las candidaturas para el Congreso del Estado, así como para los ayuntamientos.

Asimismo, el 16 de abril del presente año, la Senadora Aracely Escalante del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno del Senado una iniciativa de reforma constitucional, para obligar a que en los estados de la República los partidos políticos registren al menos 30% de mujeres en las candidaturas para diputaciones locales, presidencias y cabildos municipales.

La demanda por la mayor participación de las mujeres en el ámbito político y en especial en el nivel estatal y municipal, tiene estrecha relación con los datos de subrepresentación del género femenino en estos espacios de poder.

Presentamos algunas cifras:

La presencia de las mujeres en los Congresos Locales es mucho menor que en el ámbito federal. En 1988 las mujeres representaban en promedio el 10.8% en los Congresos Locales. Actualmente existen 160 mujeres en las Cámaras de los estados de la República; 90 presidentas municipales (que representan el 3.7% de un total de 2446 municipios); 195 mujeres síndicas (8 % del total) y 3468 regidoras (de 19,364 regidurías), con lo cual se observa que a medida que los cargos son de menor jerarquía, aumenta la presencia de mujeres.

Es lamentable decir que no llegan a 10 los estados de la República que han reformado su Ley Electoral en materia de equidad de género y que existen estados en donde no hay mujeres gobernando algún municipio, lo cual muestra lo mucho que falta por avanzar para lograr la democracia genérica.

Hay quienes afirman que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Es urgente impulsar acciones para el logro de este ideal.

No entendemos que sigamos subrepresentadas en los cargos de elección popular, cuando constituimos el 52% de la población de este país . ¡Si la mujer no está, la democracia no va!

Por todo lo anterior, solicito que la propuesta sea considerada como asunto de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicite al Instituto Federal Electoral recomendar a los Institutos Electorales Locales, promover la equidad de género en el registro de candidatos a puestos de elección popular en los ámbitos estatal y municipal, a fin de buscar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Además, a que consideren las reformas constitucionales y legales en materia electoral, contenidas en la Ley 151 del Estado Libre y Soberano de Sonora.

SEGUNDO.- Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorte a las dirigencias nacionales de los Partidos Políticos a que cumplan con los principios de equidad entre los géneros, al momento de integrar sus candidaturas a los puestos de elección popular en los ámbitos federal, estatal y municipal.

TERCERO.- Que la Comisión Especial para la Reforma del Estado de esta H. Cámara de Diputados, considere las reformas logradas en la Ley 151 del estado de Sonora, por contener principios avanzados de democracia en el país, tanto los referidos a la participación ciudadana, como los que contribuyen a la equidad entre los géneros en la representación política.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, el 27 de abril de 2004.--- Dip. Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica.)»

Turnada a la Comisión de Gobernación.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se constituya con la mayor brevedad una Comisión Evaluadora, con el concurso de la Secretaría de la Reforma Agraria y las dependencias que se estime pertinentes, para instaurar el pago a los desplazados de las 25 mil hectáreas arrebatadas en las invasiones y los despojos consumados a partir de 1994 en los municipios de las Margaritas, Altamirano y Ocosingo, y proporcionarles el auxilio y la asesoría adecuados para fomentar un plan de trabajo productivo que tenga como objetivo restituirles su actividad productiva, a cargo del diputado Juan Antonio Gordillo Reyes, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, Diputado federal Juan Antonio Gordillo Reyes, del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, somete a consideración de la Honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Chiapas representa actualmente para la Nación, un intenso reclamo social y político pendiente desde hace diez años, que se expresó con fuego al estallar en la Selva Lacandona, el conflicto armado entre el EZLN y el Gobierno Federal, a este prodigioso Estado que aportó en 1824 su voluntad, su sangre y su territorio para dar forma y rostro al Pacto Federal que nos rige. Desde entonces Chiapas a aportado al País su enorme riqueza.

Por esto es injusto que el día de hoy se le de un trato a Chiapas, con desmemoria y omisión gubernamental, que van desde el inicio del presente sexenio tomados de la mano y cuando el año pasado las autodenominadas autonomías municipales formaron sus propias ``Juntas de Buen Gobierno `` a las que bautizaron como ``Caracoles''; tanto el Gobierno Federal como el Estatal, ignoraron inexplicablemente que estas figuras de supuesto autogobierno, quebrantan el espíritu de indivisibilidad, unidad e integración política y jurídica de la Nación, y son, por literarias o fantasmales que parezcan, un inaceptable desafío a nuestra carta Magna, que prohíbe de modo rotundo e irreversible, la existencia de territorios de excepción ya que, se llamen como se llamen ``Autonomía'' ``Juntas de Gobierno''o ``Caracoles'' ; representan ficciones superpuestas a las autoridades y legitimas y democráticamente electas; y son, por lo tanto, legalmente inexistentes.

Cosa que extrañamente minimizan o toleran los gobernantes, dándose así, vía libre al clandestino maridaje de un Estado dentro de otro. Situación que solo es posible mediante los procedimientos previstos por la normas de Derecho Internacional, mismas que no ha cumplido el EZLN.

Debido a esta absurda situación de dejar hacer y dejar pasar, un grupo de rebeldes se rige a si mismo en juez y parte e impone a raja tabla, sobre una extensa región de aquella entidad, sus reglas políticas y fiscales, llegando incluso de inventar la política zapatista, provocando no solo enconados choques ínter comunitarios, pleitos intra familiares, tensión y temor entre las autoridades legalmente constituidas y miedo entre los lugareños, comerciantes y productores agrícolas, lo que se convierte en la fuga desordenada o la expulsión abusiva de numerosos núcleos campesinos que son desplazados a otras partes, por ignorar o cumplir las rígidas e ilegales ordenanzas de las llamadas ``Juntas de Buen Gobierno''. Este penoso vacío legal ha propiciado, además, que grupos de aventureros y oportunistas se apoderen de los predios forzadamente abandonados por sus legítimos dueños. Los desplazados que nuestros bosques y selvas saquean, como migrantes de ocasión.

Además hacen que la economía urbana y rural de por si precaria, empobrezca todavía mas y que las principales Ciudades del Estado, resientan el impacto peligroso y contaminante de una población flotante, cada día mas copiosa y necesitada, multiplicándose de este modo los cinturones de miseria, la inseguridad, la delincuencia, el desempleo y la escasez de los servicios básicos.

Hace diez años, cientos, miles de chiapanecos, sufrieron el despojo de sus propiedades, sin que hasta la fecha se les haya restituido un solo centavo, ni recuperado su patrimonio, pese a los constantes alegatos presentados ante las instancias correspondientes. Al perder estos coterráneos sus pertenencias, también perdieron sus fuentes de trabajo, su futuro y hasta su vida. Muchos de ellos o de quienes les sobreviven, tienen sin embargo la esperanza última de que tanto el Gobernador Pablo Salazar, como el Presidente Fox, cumplan su palabra empeñada públicamente. El Gobernador proclamo abiertamente en su campaña y específicamente en un documento titulado ``Ruptura para Construir la Alianza'', paginas 6 y 17 su certeza y compromiso de que para resolver el conflicto armado era preciso que alcanzara la Gobernatura del Estado y ese requisito se cumplió hace mas de tres años, pero su oferta electoral, sigue pendiente. Otro tanto ocurrió con el Presidente Fox, cuyos quince minutos fueron solo una prueba de su macabro sentido del humor. Y su pereza para recibir los grandes asuntos nacionales.

A Chiapas lo han convertido en un testigo de piedra, casi en un rehén, de un doloroso drama entre hermanos que nunca buscó. tanto el Gobierno Federal, como el Gobierno del Estado, han invadido esta grave cuestión, reduciéndola al discurso y promesas en un juego de máscaras que lastima la dignidad y la esperanza de los Chiapanecos. Sin comprometerse a fondo de cara a la Sociedad y la Historia Nacional, con una propuesta, posible y concreta, para una salida pronta y justa de esta crucial fractura que lastima mas que a todos, a Chiapas. Con su indiferencia y olvido ambas instancias políticas incurren exactamente en el mismo desdén que sus antecesores inmediatos a quienes tanto criticaron, por ello dejaron pasar este fenómeno que persiste igual o peor que antes de su aparición en 1994.

Por ello desde la mas alta tribuna del honor nacional, demando que termine la indiferencia presidencial, la injuria burocrática. la retórica hueca, el abandono y frivolidad. Demando que Fox mire un poco al sur y recuerde que en nuestro Estado arde la llama de un conflicto que aflige y lastima profundamente a los Chiapanecos y frena su bienestar y desarrollo. En lugar de que este cuidando mas al Norte y acate con humillante eficacia las órdenes de Bush.

Con base en estos hechos que he resumido ante esta soberanía, y por las facultades que la ley me otorga, someto a la consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Que se constituya a la brevedad posible una Comisión Evaluadora, con el concurso de la Reforma Agraria y las dependencias que se estimen pertinentes, para que se instrumente el pago a los desplazados, de las veinticinco mil hectáreas arrebatadas en las invasiones y despojos consumados a partir de 1994 en los Municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo. Y se les brinde el auxilio y asesorìa adecuadas para fomentar un plan de trabajo productivo que tenga como objetivo, restituirles su actividad productiva.

Que los titulares del Gobierno Federal y del Estado de Chiapas, hagan un máximo esfuerzo y convoquen, mediante propuestas viables Juntas para el diálogo entre EZLN y los distintos actores políticos y sociales involucrados en el conflicto.

Por la naturaleza, trascendencia y gravedad del asunto, convoco a mis compañeros legisladores, a que este punto de acuerdo se apruebe como de urgente resolución.

Dado en el Palacio Legislativo, a 29 de abril de 2004.--- Dip. Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica.)»

Turnada a las comisiones unidas de Reforma Agraria, y de Asuntos Indígenas.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Secretario de Comunicaciones y Transportes la construcción de accesos y salidas a la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno, en el cruce con la carretera del municipio de Acatic, Jalisco, a cargo del diputado Ramón González González, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito Ramón González González, Diputado Federal en la LIX Legislatura, por el Tercer Distrito Electoral de Jalisco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los numerales 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco a solicitar se turne a las Comisiones correspondientes la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitarle al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Arq. Pedro Cerisola y Weber, la construcción de accesos y salidas a la Autopista Guadalajara - Lagos de Moreno en el cruce con la carretera del Municipio de Acatic, Jalisco. Para lo cual hago las siguientes:

Consideraciones

Hace más de 10 años, se construyó la Autopista Guadalajara Lagos de Moreno, la cual cruza por varios Municipios de la Región de los Altos de Jalisco, iniciando en el Municipio de Zapotlanejo y continúa en los Municipios de Acatic, Tepatitlán, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán. San Miguel el Alto, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. En el trayecto antes señalado la Autopista tiene diversos accesos y salidas, en la gran mayoría de las carreteras Estatales y Federales por las que cruza.

La Autopista Guadalajara - Lagos de Moreno, cruza la superficie del Municipio de Acatic en una longitud de aproximadamente 25 Km. en cuyo trayecto no se encuentra ningún acceso ni salida a la misma, a pesar de que dicha autopista pasa sobre la carretera que une la Cabecera Municipal del Municipio de Acatic con la Carretera Libre 80, Guadalajara - San Luis Potosí

Acatic, es un Municipio que se ubica en el estado de Jalisco, en la Región de los Altos y concretamente en la Circunscripción del Tercer Distrito Electoral de Jalisco, cuenta con una población mayor a los 20,000 habitantes y es reconocido por su atractivo turístico ya que por este municipio se ingresa a la Barranca de Támara, una de las más visitadas de la región, que se encuentra en la Cuenca del Río Verde, además, es reconocido internacionalmente por el trabajo que desempeñan sus habitantes en la elaboración de ladrillo y teja de arcilla, la cual es producida con calidad de exportación, también en los últimos años ha tenido un gran desarrollo en el ramo agropecuario, al haber destacado nacionalmente en la agricultura, ganadería, porcicultura y avicultura. Y al no tener acceso a la autopista que se localiza a escasos cuatro kilómetros de la cabecera municipal se afecta la economía de los habitantes, al no poder comercializar sus productos ya que para ingresar a la multicitada autopista, tienen que recorrer una distancia de más de veinticinco kilómetros; ya sea por el Municipio de Zapotlanejo o por el Municipio de Tepatitlán.

El ingreso a la autopista por la carretera de Acatic también serviría de retorno ya que la autopista en el tramo de Zapotlanejo a Tepatitlán tiene aproximadamente 50 Kilómetros y no existe un solo retorno y esto es un grave problema sobretodo cuando hay accidentes; porque no pueden ingresar ambulancias para auxiliar a los lesionados solo pueden atenderlos unidades de auxilio de los municipios de Zapotlanejo o Tepatitlán con las implicaciones que esto tiene, con retrasos de tiempo por las grandes distancias que tiene que recorrer, lo que ha traído y puede traer como consecuencia la pérdida de vidas y con el mencionado acceso carretero quienes tuvieran la mala fortuna de un percance en esta autopista podrían ser atendidos o auxiliados con rapidez por cuerpos de socorro con ambulancias de Acatic.

La construcción de vías de comunicación entre las que se encuentran las autopistas o carreteras de cuota deben contribuir al progreso no sólo nacional sino regional y de manera muy particular a las comunidades por donde cruza y no deben frenar el progreso como ocurre con algunas comunidades que se han quedado aisladas, por lo que dichas vías en lugar de ser factores de progreso lo han frenado al convertir a rancherías en pequeñas islas ya que para tener acceso a otras comunidades, muchas veces tienen que recorrer grandes distancias por la construcción de las mencionadas vías de comunicación y el tan cacareado progreso que trae una obra de este tipo sólo lo ven pasar sin que puedan tener acceso a él.

Desde el inicio de la construcción de la multicitada autopista, las autoridades municipales que han pasado por Acatic, han gestionado ante las instancias Federales y Estatales la construcción de acceso y salida a la autopista Guadalajara - Lagos de Moreno y no han sido atendidas de manera positiva, es por eso y entre otras razones por las que el actual Presidente Municipal Señor Rigoberto de la Torre Anaya, regidores y funcionarios de Acatic, así como líderes y dirigentes de diversas asociaciones o empresas que tienen su domicilio en predios colindantes a la Autopista, como son las asociaciones de avicultores, de ganaderos, de porcicultores, médicos y ciudadanos en general, han acudido con el suscrito para que por este medio se le solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Construcción de los multicitados accesos.

La construcción de los accesos tantas veces señalada en este ocurso, es un asunto de bien común y de justicia en particular para los habitantes de Acatic; sé que cuando hay una solicitud como la que hoy se hace, sobran pretextos para no hacerla, los cuáles pueden ser. económicos, técnicos, de seguridad o hasta políticos, espero que en esta ocasión no existan ninguno de ellos, ya que hay obras que tienen que hacerse por el bien y el progreso de los pueblos aún cuando no reditúen en ingresos económicos para el erario nacional.

Creemos que hay muchos argumentos debidamente sustentados para que se contemple el presupuesto necesario para la construcción de los accesos a la Autopista Guadalajara - Lagos de Moreno, espero que después de tantas solicitudes y esfuerzos que han hecho autoridades y ciudadanos del Municipio de Acatic, no se agote su paciencia y que juntos por las vías del civismo y la legalidad, logremos sus pretensiones.

Por lo anteriormente señalado comparezco ante esta honorable soberanía a presentar el siguiente.

Punto de Acuerdo

Unico.- Se le solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Arq. Pedro Cerisola y Weber, la construcción de accesos y salidas a la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno en el cruce con la carretera del municipio de Acatic, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de abril de 2004.--- Dip. Ramón González González (rúbrica.)»

Turnada a la Comisión de Transportes.

«Proposición con punto de acuerdo, para emitir un exhorto con relación a las actuaciones del juez cuarto de distrito en materia penal con sede en Monterrey, Nuevo León, en el proceso que se sigue a Miguel Nazar Haro, a cargo de la diputada Eliana García laguna, del grupo parlamentario del PRD

Era apenas un atisbo de justicia. La detención de Miguel Nazar Haro por el secuestro y desaparición de Jesús Piedra Ibarra le daba la razón a todos aquellos que desde hace cerca de treinta años lo han señalado como uno de los principales responsables de la guerra sucia.

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado comenzaba a ganar credibilidad a pesar de que desde su creación había redituado muy pocos resultados.

La aprehensión de Nazar fue una victoria pírrica. Un juez federal otorgó amparo por la deficiente integración de la averiguación previa que se abrió en contra del ex director de la dirección federal de seguridad y exhibió de paso la futilidad de los logros de la Fiscalía Especial.

Si bien el amparo no significa la libertad del procesado, el recurso sí pone en evidencia que aún estamos lejos de obtener justicia por los crímenes de Estado perpetrados por gente como Nazar Haro.

El mismo día que se concedió el amparo, 14 de abril, Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús, acudió al juzgado cuarto de distrito con sede en Monterrey, Nuevo León, para cumplir con la diligencia judicial a la que se le citó el 12 de abril. Desde la redacción del propio citatorio se percibe un ánimo de intimidación ya que se le apercibe que de no presentarse se le aplicaría una multa equivalente a quince días de salario mínimo vigente en esa zona. Esta aclaración está en negritas y subrayado en el citatorio.

Doña Rosario relata cómo el secretario del juzgado cuarto, Zenaido Orozco Contreras, llevó a cabo el interrogatorio y cómo en clara violación al artículo 250 del código de procedimientos penales federal, instruía a la secretaria a omitir partes de su declaración. La amenazó también que de no acceder a declarar como testigo la privaría de su libertad.

Con la misma dignidad con la que ha defendido la causa de los desaparecidos de este país y de sus familiares, doña Rosario optó por retirarse ante la evidencia de que el secretario del juzgado pretendía inducir su declaración.

Ahora resulta que se pretende indiciar a quien ha demandado justicia por muchos años. Este sinsentido nos obliga a manifestar nuestro repudio a la forma en que se dirige un proceso contra el principal represor de jóvenes, hombres y mujeres, que luchaban por sus ideales.

Es por ello que con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las diputadas y diputados federales que suscriben presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Con pleno respeto al principio de división de poderes consagrado en nuestra Constitución, se exhorta al Juez Cuarto de Distrito en materia penal del cuarto circuito con sede en Nuevo León a que haga plenamente efectivos los derechos que la ciudadana Rosario Ibarra de Piedra tiene como madre de un detenido desaparecido y omita realizar cualquier acción que pueda interpretarse como un signo de parcialidad hacia alguna de las partes en el proceso.

Segundo. Con el debido respeto al principio de separación de poderes, se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que en cumplimiento de las funciones que le han sido otorgadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realice una estricta función de vigilancia de las actuaciones que realiza Juez Cuarto de Distrito en materia penal del cuarto circuito con sede en Nuevo León en el proceso que se sigue a Miguel Nazar Haro, y en caso de detectarse alguna irregularidad sancione conforme a derecho a dicho juzgador.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2004.--- Dip. Eliana García Laguna (rúbrica.)»

Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y a la Procuraduría de Justicia del Estado de México a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, inicien o, en su caso, agilicen las investigaciones sobre los probables actos de corrupción suscitados en ese gobierno relacionados con el otorgamiento irregular de placas y documentación oficial a vehículos amparados con documentación falsa para que, en su caso, se deslinden las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón cortes, del grupo parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario de Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de México, así como a la Procuraduría de Justicia de dicha entidad, bajo las siguientes

Consideraciones

Como es de todos conocido, en días pasados fue puesta al descubierto, por parte de diversos medios de comunicación, una red de corrupción existente en el estado de México, relacionada con la tramitación irregular de emplacamiento de automóviles amparados con documentación falsa.

En efecto, el lunes 13 de abril de 2004, en un artículo periodístico de conocido medio de comunicación impreso, se hacía del conocimiento general la existencia de irregularidades por parte del personal de las oficinas administrativas del gobierno del estado México, en el otorgamiento de placas y demás documentación oficial, a una serie de automóviles con documentación falsa.

Cabe señalar que en el otorgamiento de documentación, al parecer, se encuentran implicados diversos funcionarios estatales, pertenecientes a la Secretaría de Transporte del referido estado de México.

Ante tal situación, hasta donde se tiene conocimiento, el secretario del Transporte del estado de México admitió públicamente la existencia de actos de corrupción en las oficinas de gobierno del mencionado estado que realizan el reemplacamiento,1 lo cual constituye un asunto por demás delicado, en virtud de que dicha situación incide directamente en el adecuado funcionamiento y desarrollo de la administración pública conferida a las autoridades estatales.

Aunado a lo anterior, resulta preocupante, como corolario de los anteriormente mencionados actos de corrupción, el hecho de que se han detectado por parte de la Secretaría del Transporte del estado de México, cerca de 5 mil vehículos que fueron irregularmente emplacados, por contar con documentación de dudosa procedencia (no coinciden el número de motor, de serie, la factura, entre otros), según se desprende de la declaración, que hasta donde se tiene conocimiento, realizó el secretario del Transporte del estado.2

Esta situación hace suponer que este tipo de irregularidades en la indebida expedición de placas y documentación oficial, no constituye una acción aislada, sino que debido al gran número de éstas, que se han suscitado en dicho sentido, se trata de una comportamiento debidamente organizado, en el que participan servidores públicos del estado y personas dedicadas a la gestión de este tipo de trámites irregulares, además de la persona propietaria del vehículo.

Asimismo, nos hace suponer que este actuar indebido por parte de algunos servidores públicos del estado de México se viene generando desde tiempo atrás, toda vez que en un par de días no es factible que se hayan entregado de manera irregular, la cantidad de placas y documentación correspondiente a que hace referencia el titular de la Secretaría del Transporte del estado de México, motivo por el cual esta situación supone, en su caso, una evidente responsabilidad por parte de las autoridades del gobierno del estado, al no actuar en el momento pertinente para evitar que se siguieran suscitando este tipo de prácticas irregulares, e incluso, al no deslindar, en su momento, las responsabilidad penal de las personas involucradas en dichas conductas ilícitas, sin perjuicio, de las responsabilidades administrativas correspondientes en que en determinado momento han incurrido algunos servidores públicos.

En tal virtud, cabría señalar que actos de corrupción como los presentados en el gobierno del estado de México, constituyen la vía para escapar a los controles del poder, así como uno de los peores males de la gestión pública, al quebrantar el principio de legalidad que consagra la norma constitucional en los quehaceres del servidor público. Por tal motivo, resulta necesario sancionar debidamente a toda aquella persona que obligada a servir al interés público mediante el ejercicio de un empleo, cargo o comisión, aproveche su condición de servidor público del Estado para satisfacer intereses personales, en detrimento no sólo del debido ejercicio de la función pública, sino también de la confianza que la ciudadanía ha depositado en las instituciones del Estado, y por ende en la credibilidad de las mismas.

En tal virtud, los Legisladores de Acción Nacional, estamos convencidos de que el desempeño del servicio público debe invariablemente conducirse bajo una dimensión de carácter ético y profesional, basado en la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, toda vez que no se podrá avanzar en el encauzamiento y consolidación de una conducta eficaz y honesta de los servidores públicos, si no existe la determinación de las autoridades de sancionar debidamente todo acto de corrupción que se genere con motivo de la gestión pública, castigando no solamente al funcionario público responsable, sino en su caso, al particular que actuó en complicidad con éste.

Por tal motivo, es obligación de las autoridades del estado de México, tanto administrativas como ministeriales, realizar una investigación objetiva y a fondo de los actos irregulares suscitados en las oficinas administrativas de la Secretaría del Transporte del estado, para deslindar las res- ponsabilidades correspondientes de las personas involucradas en dichos actos, procediéndose en consecuencia conforme a derecho.

Por las consideraciones esgrimidas con anterioridad, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, estimamos que la conducción gubernamental en el ámbito de la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, es fundamental para orientar los procesos de cambio en la actualidad, y dar certidumbre y confianza a la ciudadanía, es por ello que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta H. Cámara de Diputados exhorte al titular del gobierno del estado de México, a efecto de que a través de la Secretaría de la Contraloría del Estado, inicie o, en su caso, analice las investigaciones relacionadas con los probables actos de corrupción suscitados en el gobierno del estado de México, relativos al otorgamiento irregular de placas y documentación oficial, a vehículos amparados con documentación falsa, a efecto de que se deslinden las responsabilidades administrativas correspondientes, de los servidores públicos implicados en la realización indebida de dichas acciones y, en su caso, se hagan las denuncias correspondientes ante el ministerio público, proporcionándole los datos e información que esta autoridad requiera.

Segundo. Que esta H. Cámara de Diputados exhorte a la Procuraduría de Justicia del estado de México, a efecto de que agilice las investigaciones ministeriales relacionadas con los probables actos de corrupción suscitados en el gobierno del estado de México, relativos al otorgamiento irregular de placas y documentación oficial, a vehículos amparados con documentación falsa, para que, en su caso, se finque la responsabilidad penal correspondiente de los servidores públicos y demás personas involucradas en estos presuntos actos ilícitos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de abril de 2004.--- Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés.»

Turnada a la Comisión de Gobernación.

«Proposición con punto de acuerdo, con relación a la situación laboral de Euzkadi, pronunciándose de esta manera respecto al debido respeto de la Ley Mexicana por la Compañía Alemana indicada, al respeto de la huelga existente y al cumplimiento de la empresa al pago de los salarios caídos desde la fecha del cierre del 17 de diciembre de 2001, así como la urgente atención del Seguro Social a los trabajadores y a sus familiares, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Pablo Franco Hernández, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Go- bierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la proposición con punto de acuerdo con relación a la situación laboral de Euzkadi, pronunciándose de esta manera sobre el debido respeto de la ley mexicana por la compañía alemana indicada, sobre el respeto a la huelga existente, sobre el cumplimiento de la empresa al pago de los salarios caídos desde la fecha del cierre del 17 de diciembre de 2001, así como la urgente atención del seguro social a los trabajadores y familiares de trabajadores.

Resumen: Se propone el punto de acuerdo basándose en el artículo 190 de la Ley del Seguro Social para que reciban asistencia médica todos los trabajadores y familiares de éstos.

Exposición de Motivos

En el cierre de la empresa se cometen dos violaciones fundamentales:

Primera.- Se deja de pagar salario a los trabajadores.

Segunda.- Se dejan de aplicar todas y cada una de las disposiciones contenidas en el Contrato Ley de la Industria de la Transformación del Hule en Productos Manufacturados que es el aplicable en esta empresa. Por lo que el sindicato decidió emplazar a huelga por violaciones integrales del Contrato Ley en la Industria de la Transformación en productos manufacturados y por la ausencia del pago de salarios, mediante escrito presentado ante la autoridad laboral el día 10 de enero de 2002 (expediente III-133/2002), estallando la huelga el 22 de enero de 2002.

Al contestar el pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, la empresa argumento que ella se adelantó al sindicato para suspender las labores, y por tanto los trabajadores con la suspensión de labores originada por la huelga estaban actuando de manera ilegal, al tratarse de una huelga improcedente e inviable jurídicamente.

El 22 de marzo de 2002 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió una resolución, señalando que la huelga en su parte conducente era improcedente y que era inviable jurídicamente por lo que se ordenaba el archivo del expediente como asunto concluido por carecer de materia.

Contra esa resolución el Sindicato presentó un amparo el cual fue resuelto, por la autoridad competente, quien por sentencia de fecha 5 de julio de 2002 resolvió que tenía que llevarse a cabo la celebración de la audiencia de calificación de la huelga a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

Recientemente fue declarada legalmente existente la huelga; sin embargo la atención médica ha sido negada a los trabajadores y a sus familiares, lo que ha provocado el deceso de dos personas y el registro de varios trabajadores con graves problemas de salud.

Cabe destacarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 190 de la Ley del IMSS., este último se encuentra obligado a continuar proporcionando atención medica a los trabajadores proporcionando atención medica a los trabajadores mientras que la huelga no sea declarada inexistente o ilícita, y en el presente caso la huelga ha sido declarada existente, por lo que no existe razón alguna para que se le niegue el servicio médico, dado que la relación de trabajo aún prevalece, en el presente caso.

Conclusión

Las autoridades laborales deben intervenir en este caso sin vulnerar, los fundamentos de legalidad y seguridad jurídica constitutivos de nuestro Estado social de derecho, dos de los cuales es dar a los trabajadores las garantías necesarias para el ejercicio de derecho de huelga y el derecho a seguir recibiendo atención médica.

Proposición con punto de acuerdo con relación a la situación laboral de Euzkadi, pronunciándose de esta manera sobre el debido respeto de la ley mexicana por la compañía alemana indicada, sobre el respeto a la huelga existente, sobre el cumplimiento de la empresa al pago de los salarios caídos desde la fecha del cierre del 17 de diciembre de 2001, así como la urgente atención del seguro social a los trabajadores y familiares de los mismos.

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a que siga brindado atención médica a los trabajadores en huelga de la fábrica de Euzkadi en El Salto, Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2004.--- Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

«Proposición con punto de acuerdo, para que el pleno de la Cámara de Diputados instruya a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a efecto de formular propuestas legislativas como resolución final del procedimiento parlamentario de control evaluatorio que lleve a cabo en materia de educación básica y media superior, a cargo de la diputada Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, diputada federal, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración del honorable Pleno, la presente proposición con acuerdo al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

1. A partir del mes de septiembre de 2003 padres y madres de familia (alrededor de 150 firmas, 8 de ellas como denunciantes y las demás como testigos) del 12° distrito electoral en Puebla se han acercado a las oficinas de la suscrita diputada federal para denunciar, bajo protesta de decir verdad, diversos hechos en materia de educación. Falta de infraestructura, falta de transparencia de recursos y falta de revisión y evaluación de las obligaciones educativas, son en general las denuncias que suscriben ciudadanas y ciudadanos. Dos de las peticionarias solicitaron que no se utilizaran sus nombres, recayendo acuerdo de reserva de información a partir de estas solicitudes.

2. En ejercicio de la facultad constitucional de iniciar leyes se han solicitado informes oficiales desde el 23 de septiembre de 2003 a la Secretaría de Educación Pública federal a través de oficinas centrales y de oficinas en Puebla. El requerimiento de información oficial busca contar con elementos suficientes para presentar iniciativas de ley que atiendan las necesidades de la ciudadanía. Algunas de las disposiciones legales sobre las que se solicita información oficial se refieren en el apartado de consideraciones de esta proposición. La SEP federal sólo ha comunicado por vías no oficiales el inicio de trámites para atender las peticiones ciudadanas.

3. Las constancias relativas a los antecedentes anteriores obran en el expediente 01/2003 al que se acumularon los procedimientos parlamentarios 26/2003, 29/2003, 04/2004, 07/2004, 20/2004, 46/2004 y 49/2004, seguido en las oficinas de la suscrita, con el respectivo folio y rúbrica del secretario de procedimientos parlamentarios de la suscrita. En anexo a esta proposición se aprecia copia de todo lo actuado.

4. Con fecha 23 de marzo el diputado federal Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD, propuso al Pleno un punto de acuerdo para solicitar información a la Secretaría de Educación Pública respecto de los cambios que están operando en la educación preescolar como consecuencia de la reforma constitucional de mayo de 2002, que hace obligatorio ese nivel educativo.

5. El lunes 5 de abril de 2004 la diputada federal María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del PAN, formuló proposición con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades educativas federales y a las locales que verifiquen que las instituciones del nivel de preescolar cumplan lo establecido en la ley general de educación.

Consideraciones

I. El artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las y los legisladores podemos formular proposiciones que no sean iniciativas al Pleno. Por su parte el artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a las Cámaras del Congreso de la Unión para dictar resoluciones económicas sobre su régimen interior.

II. Que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados tienen facultades, en términos de los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de dictamen legislativo; de control evaluatorio cuando se dictamina una iniciativa de ley, decreto o acuerdo, o cuando se glosa el informe presidencial; y de opinión en materia presupuestal.

III. La proposición que hoy se plantea busca que, a través de un mecanismo procedimental formal, la Comisión de Educación y Servicios Educativos formule iniciativas de ley que atiendan la problemática en educación que adelante se plantea. En consecuencia, y para llevar a cabo tal tarea, no especificada en la ley, es necesario que el Pleno instruya a la Comisión a través de un acuerdo de régimen interno de la Cámara, en aplicación del inciso g) del numeral seis del artículo 45 señalado en el punto anterior.

IV. Conforme con los artículos 73 y 93 de la Constitución General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas resoluciones que en ejercicio de la facultades legislativas del Poder Legislativo federal, éste puede requerir toda la información oficial de las dependencias y entidades del Ejecutivo federal. Inclusive señala que el Pleno de cada Cámara puede delegar estas atribuciones en sus comisiones, y hasta en auditores contratados para tal efecto. (Controversia constitucional 26/99 y otra).

V. El mecanismo para llevar a cabo las comparecencias de funcionarios federales y audiencias con cualquier persona no está especificado en el título tercero de la Ley Orgánica del Congreso General relativo a la Cámara de Diputados; por ello se propone acudir por analogía al diverso 98 de la misma ley, el título relativo al Senado, que cuenta con el mecanismo de entrevista.

VI. Que en el proceso conocido como ``descentralización'' de los servicios educativos federales a las entidades federativas se ha establecido, tanto en las leyes federales, como en los distintos convenios, facultades de las autoridades educativas federales y sobre las cuales varios diputados requerimos información.

VII. Que en consecuencia es necesario conocer hasta dónde puede encargarse el Ejecutivo federal y debe legislar el Congreso en materia de:

Evaluación del servicio público de educación

Verificación del ejercicio de recursos federales

Atención especial de zonas rurales y urbanas marginadas

Planes y programas de estudio

Prestación directa del servicio público de educación

VIII. Actualmente el Gobierno federal destina la mayor parte de los recursos disponibles del país hacia la educación, dándole la más alta prioridad, con el claro reconocimiento de que aún no es suficiente. Los recursos federales que se transfieren son condicionados, etiquetados en mayor o menor medida. Tanto los Ramos 33 como 39 se refieren a transferencias vía aportaciones a las entidades federativas. De igual forma la SEP federal está facultada para celebrar convenios y transferir recursos del Ramo 11.

IX. Tanto del expediente anexo a esta proposición, como de las inquietudes de varios diputados se advierte la necesidad de que esta Cámara legisle sobre las atribuciones en materia de verificar el ejercicio del presupuesto federal transferido a que se refieren las leyes.

X. Cada padre o madre de familia, cada estudiante, tiene derecho a la educación laica y gratuita de calidad; tiene derecho a que el Congreso Federal, mediante leyes, se asegure del cumplimiento de facultades federales en la prestación adecuada de este servicio. Sea el servicio público de educación federal, sea federal transferido a las entidades federativas, o bien estatal.

XI. Que es necesario que el Poder legislativo revise cómo mejorar tanto el ingreso y las condiciones de trabajo, como la profesionalización de los maestros y el otorgamiento de facultades a las escuelas para atender mejor a la demanda.

XII. Las necesidades ciudadanas denunciadas, las inquietudes de los legisladores y los informes oficiales solicitados pueden comprenderse de manera general en las siguientes interrogantes:

¿Hasta dónde es responsable la federación en las escuelas, transferidas y en las estatales?, y

¿Cómo se verifica el ejercicio del presupuesto federal por institución educativa y/o por escuela y/o por servicio educativo?

Con base en todo lo anterior sometemos a la consideración de este H. Pleno la siguiente proposición de

Punto de Acuerdo

Primero.- El Pleno de la Cámara de Diputados instruye a su Comisión de Educación y Servicios Educativos, a formular propuestas legislativas como resolución final del procedimiento parlamentario de control evaluatorio que lleve a cabo, en materia de educación básica y media superior.

Segundo.- En la sustanciación del procedimiento parlamentario la Comisión:

I. Buscará resolver, en el ámbito de la educación pública, las siguientes interrogantes: ¿hasta dónde es responsable la Federación en las escuelas, transferidas y en las estatales?, y ¿cómo se verifica el ejercicio del Presupuesto federal por institución educativa y/o por escuela y/o por servicio educativo?;

II. Evaluará y revisará la ejecución, aplicación, administración y efectividad de:

a) Las leyes, el presupuesto y los programas federales que tengan alguna relación con las interrogantes de la fracción I,

b) Los hechos, condiciones y circunstancias que indiquen la necesidad de formular propuestas legislativas, y

c) La organización, operación y actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, así como de los órganos constitucionales autónomos, siempre que se refieran a las leyes citadas en el inciso a);

III. Aprobará un cronograma que establezca las probables fechas y términos para ejercer las facultades parlamentarias siguientes:

a) Invitar a sesiones de audiencia y comparecencias a especialistas y peritos, ciudadanos y ciudadanas, grupos de interés, organizaciones y autoridades estatales y federales, según corresponda,

b) Solicitar, en la invitación a testigos, una declaración escrita que dé respuesta general a las preguntas sobre las que verse la sesión de audiencia, la declaración deberá entregarse con una semana de anticipación,

c) Requerir, en el citatorio a funcionarios federales, un informe oficial que dé respuesta general a las preguntas sobre las que verse la comparecencia, el informe oficial deberá entregarse con una semana de anticipación, y

d) Desahogar públicamente, salvo acuerdo en contrario, sesiones de audiencia y comparecencias, entrevistando a testigos y funcionarios federales, respectivamente, quienes declararán bajo protesta de decir verdad;

IV. Aprobará resoluciones, acuerdos y el cronograma con el quórum establecido por ley; para el caso de sesiones de audiencia y de comparecencias será de 5 diputados o diputadas y 3 grupos parlamentarios; las invitaciones y citatorios serán firmadas por la Presidencia de la Comisión en términos de lo que disponga el cronograma;

V. Podrá acordar la elaboración de dictámenes de las iniciativas que le turne Pleno como resultado final del procedimiento parlamentario; y

VI. Se considerarán como documentos públicos, los que obren en el expediente del procedimiento parlamentario, incluyendo en todo caso los acuerdos, resoluciones, actas, minutas versiones estenográficas de audiencias y comparecencias, invitaciones, citatorios, declaraciones previas, informes oficiales y demás actuaciones, debiendo foliarse y rubricarse por el secretario del procedimiento parlamentario que la Comisión designe.

Entrego mi proposición a la Mesa y solicito que se inserte en el Diario de los Debates.

Salón de Sesiones, a 29 de abril de 2004.--- Dip. Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica).»

Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

«Proposición con punto de acuerdo, en relación con los criterios de distribución presupuestal que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia utiliza a fin de repartir los recursos del rubro ``Asistencia Social'' del fondo de aportaciones múltiples del ramo 33, a cargo de la diputada Clara Marina Brugada Molina, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputadas y diputados federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión sometemos ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La evidencia cotidiana de que la incidencia e intensidad del problema de la pobreza se agrava día con día en nuestro país, nos obliga a dirigir la mirada hacia las políticas de asistencia social instrumentadas no sólo por el gobierno federal sino dentro de los distintos niveles de gobierno.

Uno de los ejes de la política de asistencia social a nivel nacional, son los programas instrumentados por los 31 Sistemas Estatales DIF así como del DIF del Distrito Federal, los cuales incluyen el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios, asistencia social a población en pobreza extrema y apoyos a la población en desamparo como niños abandonados, madres solteras, etc. Los recursos públicos para financiar tales programas provienen de una asignación federal directa a través del rubro de asistencia social del Fondo V de Aportaciones Múltiples (FAM), mismo que forma parte del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Considerando la importante labor que realizan los Sistemas Estatales DIF y el DIF del Distrito Federal, resulta preocupante la reducción del rubro de asistencia social del mencionado Fondo en 1.3%, entre 2002 y 2004; pero resulta más inquietante aún observar la distribución que se hace de tales recursos entre los estados de la Federación. Llama la atención que a entidades como Aguascalientes o Tlaxcala se les haya disminuido los recursos en 4.65%, entre 2002 y 2004. Estados con graves carencias y rezagos sociales como Oaxaca y Guerrero tuvieron pequeños aumentos de 2.2 % y 0.3%, respectivamente. Por otro lado, entidades como Guanajuato y Puebla han tenido un aumento de los recursos para asistencia social del FAM de 6.1% y 3.7%, en el mismo periodo. Para 2004, a estos dos estados les aumentaron el presupuesto en términos reales un 10.5%, respecto del año anterior. Tal situación supone varios problemas que comentaré a lo largo de esta exposición, a fin de presentar al final a su consideración un punto de acuerdo al respecto.

I

En ocasiones se pierde de vista la enorme importancia que tienen las políticas de asistencia social en nuestro país. Su fin es construir una red de compensación y asistencia para revertir la vulnerabilidad social; es decir, la exposición de individuos, familias o comunidades a un conjunto de factores de riesgo (como la desnutrición, las enfermedades previsibles, la farmacodependencia, la explotación, violencia o maltrato, la muerte prematura, la desintegración familiar y el aislamiento), producto de la pobreza o de una situación de exclusión social.

En México, durante el siglo pasado, existieron numerosos organismos gubernamentales ligados a la asistencia social.

En 1977, fue creado el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Durante casi veinte años, el DIF funcionó siguiendo un esquema extremadamente centralizado. Es hasta 1995 que comienza la desconcentración de los recursos para la operación de programas de asistencia social hasta ese momento manejados por el DIF Nacional. A partir de ese año, éste tuvo la responsabilidad de integrar esos apoyos y enviarlos a los Sistemas Estatales para que los ejercieran en sus respectivos estados.

Esa ausencia de criterios claros y públicos impide tener la certeza de que la evolución de los recursos asignados a los Sistemas Estatales DIF y el DIF del Distrito Federal tienen correlación con las necesidades que atienden los programas asistenciales en cada entidad. Se cierne la duda respecto de que tales fondos estén siendo otorgados por razones clientelares o políticas. Por todo lo anterior, urge se transparente su asignación, es necesario que el DIF Nacional haga pública la Fórmula para la Distribución a los estados de los Recursos destinados a la Asistencia Social del Ramo 33.

El anterior no es un ejercicio ocioso, la labor que dentro de cada entidad se desarrolla con los citados recursos es muy importante, con ellos se operan programas como el de Desayunos Escolares, Despensas Familiares y Cocinas Comunitarias; todos impulsan acciones de apoyo alimentario a población en pobreza extrema o población en desamparo.

Para concluir, compañeros diputados y diputadas, los nuevos tiempos demandan claridad en el manejo y uso de los recursos públicos. Los mexicanos necesitamos tener información precisa de cómo los recursos del rubro de asistencia social del Fondo de Aportaciones Múltiples están siendo asignados para confirmar que sea de manera equitativa y justa.

Por lo expuesto, solicitamos a esta soberanía turne a las Comisiones de Salud, y de Desarrollo Social la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que informe a las Comisiones de Salud y de Desarrollo Social sobre los criterios de distribución presupuestal que utiliza para repartir los recursos del rubro de Asistencia Social del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2004.--- Dip. Clara M. Brugada Molina (rúbrica).»

Turnada a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita al ejecutivo federal que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se tomen acciones inmediatas para garantizar la recuperación oportuna de los recursos autogenerados correspondientes a las Instituciones Públicas de Educación Superior, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de Educación Media Superior, superior, de posgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, presentada por el diputado Salvador Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados de esta LIX Legislatura, nos permitimos presentar, con carácter de urgente, esta proposición como punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Esta soberanía ha conocido de las apremiantes necesidades de recursos de las instituciones públicas de educación superior, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, cuyos presupuestos limitan y llegan a impedirles cumplir con sus funciones y obligaciones de manera adecuada e incluso mínima.

De la misma manera, esta Cámara y el Congreso de la Unión en su conjunto han sido siempre sensibles a estas rea-lidades y demandas, aunque no siempre ha sido posible responder a ellas de manera adecuada.

Consideramos que es condición necesaria para avanzar en la calidad y eficiencia en el cumplimiento de las funciones de estas instituciones, mejorar el marco normativo del financiamiento y control de sus recursos, para que puedan tener certidumbre y optimizar la realización de sus tareas.

Asimismo, se reconoce el papel estratégico que tienen la educación y sus instituciones públicas como agentes para contribuir al desarrollo económico, la competitividad productiva, la democracia, la socialización de valores y la integración socio-cultural.

En congruencia con lo anterior, también se reconoce que las instituciones públicas de educación requieren recursos suficientes, crecientes y oportunos, a fin de que puedan cumplir con una serie de deberes que la sociedad y la revolución científica y tecnológica mundial les están demandando.

Se coincide también en que las comunidades de las instituciones públicas referidas han hechos esfuerzos plausibles para dar respuesta a esas demandas, a través de aportar a la sociedad el producto de su quehacer académico, de investigación, desarrollo tecnológico, de extensión y de difusión de la cultura.

Lo anterior lo han hecho en gran medida a partir de generar recursos por concepto de la prestación de diversos servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por otros conceptos diversos a los recursos presupuestales.

Esos recursos propios o autogenerados son indispensables para que puedan llevar a cabo una serie de acciones académicas, tales como cursos y seminarios, para apoyar la formación de capital humano; procesos de titulación, desarrollo de tecnología, edición de publicaciones y otras actividades para la divulgación científica y tecnológica.

Hemos constatado asimismo que las comunidades académicas de las instituciones públicas de educación han cumplido con la directriz contenida en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, que establece: ``fomentar en las instituciones públicas la búsqueda de fuentes complementarias de financiamiento, en particular de aquellas que contribuyan a vincularlas con su entorno''.

Congruente con esa directriz gubernamental, se concluye que está ampliamente justificado que las instituciones públicas de educación, independientemente de la estructura legal que adopten, dispongan de sus recursos propios de manera oportuna para ser aplicados a gastos de acuerdo con sus objetivos y programas institucionales.

Por lo anterior, se concluye que es necesario que se garantice a las instituciones públicas de educación la entrega oportuna de sus recursos autogenerados, por lo que el Ejecutivo Federal, conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes, es necesario que realice las siguientes acciones:

1. Garantizar la recuperación total y oportuna de los ingresos autogenerados de las instituciones públicas de educación que los obtengan. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá llevar a cabo una revisión de los ingresos generados por las instituciones educativas, a efecto de clasificarlas anticipadamente en los conceptos previstos en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación y, con ello, garantizar la recuperación oportuna de los ingresos excedentes que generen durante el ejercicio fiscal.

2. Otorgar anticipadamente recursos a las instituciones públicas de educación. Para lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá, con base en la estimación anual de los ingresos previstos por las instituciones educativas, incluidos los ingresos generados en los meses de noviembre y diciembre, establecer mecanismos de carácter permanente para la entrega anticipada de recursos de las instituciones que por sus necesidades así lo requieran, incluyendo la posibilidad de establecer fondos revolventes.

3. Agilizar los trámites para la aplicación de recursos autogenerados.

Independientemente de lo anterior, se asume el compromiso por parte de las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las instituciones educativas, de tomar las medidas necesarias para reducir los trámites administrativos que actualmente se requieren para la recuperación de estos ingresos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos, diputados de esta LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Solicitar al Ejecutivo federal que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se tomen acciones inmediatas y permanentes para garantizar la recuperación completa y oportuna de los recursos autogenerados correspondientes a las instituciones públicas de educación superior, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público.

Asimismo, convocar a la Secretaría de Educación Pública para que, de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lleve a cabo las acciones necesarias para agilizar los trámites para la aplicación de los recursos autogenerados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2004.--- Diputados: Salvador Martínez Della Rocca, Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; Gustavo Madero Muñoz, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público;. Angel Buendía Tirado, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; Alfredo Villegas Arreola y José Luis Flores Hernández (rúbricas).»

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

EXCITATIVAS

«Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, por este conducto respetuosamente solicita a la Presidencia de la honorable Cámara tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 20 de febrero de 2002 fue presentada ante esta soberanía por el entonces diputado Felipe Calderón Hinojosa iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, fracción XI, 75, 115, fracción IV, y 127; y que adiciona una fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones de los servidores públicos, presentada por el diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (PAN) el 20 de febrero de 2002, cuyo objeto era otorgar facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de remuneración de los servidores públicos, vinculando tanto a la Federación como a los estados, Distrito Federal, municipios y delegaciones.

Consideraciones

1. La iniciativa en cuestión tiene como objetivo establecer mecanismos para la rendición de cuentas y evitar los casos de abuso, pues sugiere los criterios con que deben regirse los sistemas de remuneración de los servidores públicos y las sanciones que, en su caso, deben aplicarse por incumplimiento.

2. Como lo señala dicho documento, es necesario revisar el marco constitucional que sustenta tales remuneraciones de los servidores públicos, incluidas las de los legisladores, en forma tal que permita crear un justo y verdadero equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados, y el eficiente desempeño del encargo con la remuneración que reciben sus gobernantes, así como responder a la exigencia de transparencia y, al mismo tiempo, fortalecer el marco jurídico que permita contar con servidores públicos competentes, profesionales y honestos. Por ello deben mantenerse los criterios que permiten otorgar una remuneración económica que retribuya con justicia el trabajo que se realiza y que, simultáneamente, sea establecida en coherencia con las posibilidades presupuestarias, así como con base en la realidad económica nacional y local que existe en los diferentes niveles y ámbitos de la administración pública.

3. Se ha sostenido con frecuencia que es necesario pagar bastante a los funcionarios públicos para reducir la corrupción. Estudios elaborados o encargados por el Banco Mundial sobre algunos países en desarrollo han mostrado empíricamente que no puede probarse la correlación entre altos ingresos de la función pública y la reducción de la corrupción. Al contrario, muestran que los altos ingresos de funcionarios en entornos propicios para la corrupción terminan por incrementar esas conductas.

4. Otro argumento para justificar los altos salarios de los funcionarios públicos es la falta de seguridad laboral y, por consecuencia, un latente riesgo de despido de los mismos. Sin embargo, con el recién implantado Servicio Civil de Carrera este supuesto quedaría descartado.

En virtud de que ha transcurrido con exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Seguridad Publica con la finalidad de que emitan su dictamen con la mayor brevedad.

A usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:

Unico. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos Constitucionales a fin de que presente el dictamen respectivo a la iniciativa de ley mencionada anteriormente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2004.--- El diputado Pablo Alejo López Núñez »

«Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

Los que suscribimos, diputados federales de la LIX legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente a esta Presidencia formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con el propósito de que a la brevedad, emita el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma iniciativa de ley que adiciona una fracción VIII al artículo 82 y una adición al párrafo dos del inciso B de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se establezca que no pueden postularse a Presidente de la República y/o gobernador, según sea el caso, el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines dentro del segundo de quien ejerce el puesto de elección respectivo, o lo ha ejercido en el año precedente a la elección.

Antecedentes y Consideraciones

Primero: El pasado 11 de febrero, el diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de ley con proyecto de decreto para que se establezca en los artículos 82 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que no pueden postularse candidatos a Presidente de la República y/o gobernador de cualquier entidad federativa, según sea el caso, el cónyuge y los parientes consanguíneos en cuarto grado, y los afines en segundo grado, de quien ejerce el puesto de elección respectivo o lo ha ejercido en el año precedente a la elección.

Segundo: La iniciativa de ley fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1433, del 12 de febrero del año 2004.

Tercero: En algunos países de nuestro continente, como El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre otros, tienen resuelto este tema. En sus constituciones se establece expresamente la prohibición para que cónyuges, parientes y afines sean beneficiados con la herencia del poder presidencial. En México no se había presentado el fenómeno de que la cónyuge del primer mandatario en turno aspirara a ser candidata a la Presidencia de la República, o que cónyuges de gobernadores aspiraran a suceder a sus maridos, como son los casos de Tlaxcala, Quintana Roo y Nayarit.

Cuarto: Esta iniciativa de ley busca cubrir un vacío legal que contiene el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de quiénes deben suceder en el cargo al Presidente de la República en turno.

Quinto: La iniciativa presentada tuvo una recepción pública y política de grandes dimensiones. En la mayoría del conjunto de la opinión pública y de las encuestas de opinión que se difundieron hubo un pronunciamiento a favor de dicha iniciativa. La simpatía que suscitó justifica, legal y políticamente, la necesidad de que el Congreso de la Unión apruebe el dictamen correspondiente.

Sexto: En el debate público quedó muy claro que no se trata de quitarle derechos a los familiares y parientes, sino de parar de tajo una práctica caciquil y monárquica que en muchos espacios de la política se ejercen, sobre todo, en las comunidades rurales. Heredarle el poder al esposo, a la esposa, a los hijos o a consanguíneos en segundo grado, no sólo obedece a ciertos usos y costumbres del viejo régimen sino, ante todo, que reflejan y demuestran prácticas del medioevo político.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia solicita a la Presidencia la excitativa siguiente

De conformidad con lo establecido en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente a esta Presidencia, formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con el propósito de que a la brevedad, emita el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma iniciativa de ley que adiciona una fracción VIII al artículo 82 y una adición al párrafo dos del inciso B de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2004.--- Dip. Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud de la diputada Marbella Casanova Calam, del grupo parlamentario del PRD

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, respetuosamente le solicita, que en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social , a que presente dictamen de la minuta que reforma el artículo 133 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, enviada por el Senado de la República y recibida en la Sesión de la H. Cámara de Diputados el dial 3 de diciembre del año 2002, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.- El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme al XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las Comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segunda.- Es el caso, que el día 13 de diciembre del 2002, la Presidencia de la Mesa Directiva turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, cuyo objetivo fue negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de sexo; así como exigir o solicitar a las mujeres la presentación de certificado médico de no embarazo, como condición indispensable para la contratación.

Tercera.- Es de señalarse que han transcurrido 489 días, es decir, un año y 4 meses y la Comisión referida, no ha presentado al Pleno de esta Cámara, el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Señor Presidente:

Por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta lo siguiente:

Excitativa

Unico.- Excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social a que presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, en términos del Reglamento, emplazándola para un día determinado y, sí ni así se presentare el dictamen, proponga a la Cámara que pase a otra comisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2004.--- Dip. Marbella Casanova Calam (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Marbella Casanova Calam, del Grupo Parlamentario del PRD.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, respetuosamente le solicita, que en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara, a la Comisión de Puntos Constitucionales, a que presente el dictamen de la Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Dip. Uuc-kib Espadas Ancona integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Sesión de la Comisión Permanente el día 28 de mayo del año 2003, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera.- El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme al XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las Comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segunda.- Es el caso, que el día 28 de mayo del 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, la Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo objetivo fue la ampliación del periodo postparto para las madres trabajadoras.

Tercera.- Es de señalarse que han transcurrido 350 días, es decir, un total de 11 meses y la Comisión referida, no ha presentado al Pleno de esta Cámara, el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Señor Presidente: por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta lo siguiente:

Excitativa

Unico.- Excite a las Comisión de Puntos Constitucionales a que presente el dictamen correspondiente a la Iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la que suscribe, en términos del Reglamento, emplazándolas para un día determinado y, sí ni así se presentare el dictamen, proponga a la Cámara que pase a otra comisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2004.--- Dip. Marbella Casanova Calam (rúbrica).».

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Coordinación del Area de Equidad Social del grupo parlamentario del PRD.

Excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social a solicitud de las diputadas Martha Lucía Micher Camarena y Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del PRD.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Las suscritas, diputadas federales Martha Lucía Mícher Camarena y Marcela Lagarde y de los Ríos, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, respetuosamente solicitamos, que en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, EXCITE en nombre de la Cámara, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social con opinión de la Comisión de Equidad y Género, a que presenten dictamen de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, presentada por la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Sesión de la H. Cámara de Diputados el día 27 de marzo del año 2003, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera.- El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme al XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las Comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segunda.- Es el caso, que el día 27 de marzo del 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Equidad y Género, la Iniciativa de Ley Federal del Trabajo que reforma y adiciona diversas disposiciones, cuyo objetivo fue introducir de forma transversal la perspectiva de género en la legislación laboral.

Tercera.- Es de señalarse que han transcurrido 375 días, es decir, un total de 12 meses y las Comisiones referidas, no han presentado al Pleno de esta Cámara, el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Señor Presidente, por todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos de la manera más atenta:

Unico.- Excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Equidad y Género, a que presenten el dictamen correspondiente a la Iniciativa de Ley Federal del Trabajo que reforma y adiciona diversas disposiciones, presentada por las suscritas, en términos del Reglamento, emplazándolas para un día determinado y, sí ni así se presentare el dictamen, proponga a la Cámara que pase a otra comisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2004.--- Diputadas: Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica). »

«Excitativa a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a solicitud del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita respetuosamente, por este conducto, a la Presidencia de esta H. Cámara, tenga a bien formular excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes

Antecedentes

Único. Con fecha 1 de abril de 2004 fue presentada ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo que gire sus instrucciones a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para que establezcan nuevas tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores de Chihuahua; y la creación de una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en el mismo estado.

La Presidencia turnó la proposición a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

Consideraciones

1. La proposición tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo que gire sus instrucciones a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para que establezcan nuevas tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores de Chihuahua; y la creación de una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en el mismo Estado.

Consecuente con lo anterior, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, con la intervención de las Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, procedan a abrogar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo publicado en el Diario Oficial de la Federación 4 de diciembre de 2003 y a la consecuente publicación, entrada en vigor y aplicación del reglamento aprobado en el Marco del Acuerdo Nacional para el Campo.

Para los efectos anteriores se solicita que se establezcan mesas de diálogo y concertación, con la participación de los representantes de las organizaciones y movimientos sociales involucrados en le conflicto, para que se busque una solución adecuada y equitativa al problema de las tarifas eléctricas de los, pozos agrícolas en el estado de Chihuahua y para que en la búsqueda de la solución relativa se privilegie el diálogo y los acuerdos.

2. En el Diario Oficial de la Federación de 30 de diciembre de 2002 fue publicada la Ley de Energía para el Campo que tiene el objeto expreso de coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y a la competitividad como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países.

No obstante que la Ley de Energía para el Campo fue votada por unanimidad por el Congreso de la Unión la misma no ha sido cumplida cabalmente y no ha producido los beneficios que de ella se esperaban.

3. Fue hasta el 4 de diciembre de 2003 en que apareció publicado en le Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo. La aplicación de este reglamento contradice el texto y el espíritu de la Ley de Energía para el Campo y ha producido más problemas de los que ha resuelto.

4. En el Acuerdo Nacional para el Campo, los productores convinieron con los representantes de la Federación en un proyecto de Reglamento de la Ley de Energía para el campo que no afecta ni técnica ni económicamente a Pemex ni a la Comisión Federal de Electricidad y establece apoyos y estímulos reales a los productores agropecuarios, por lo cual fue firmado por el Presidente de la República y las asociaciones de productores del país.

5. En los acuerdos de la Secretaria de Hacienda se incluyó una fórmula denominada Límite de Energía Anualizada (LEA) que provoca que el cobro de la energía eléctrica sea más caro por considerarse excedente.

Las medidas anteriores provocaron la respuesta inmediata de los diferentes congresos estatales y del Congreso de la Unión. Los productores campesinos y las organizaciones que lo representan han manifestado su decisión de privilegiar el diálogo y los acuerdos que permitan el impulso a la productividad y rentabilidad en las actividades del campo.

6. El sistema de tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad es un serio problema para el desarrollo del campo, puesto que son aplicadas a discreción y no cuentan con una regulación adecuada, ocasionando que una gran cantidad de campesinos se encuentren con enormes adeudos por este concepto, Motivando el cierre de pozos por parte de dicha Comisión.

En virtud de que ha trascurrido con exceso el término establecido en el articulo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta que la proposición con punto de acuerdo en cuestión se orienta a apoyar las condiciones de competitividad y rentabilidad de la producción agrícola, consideramos oportuno que se proceda enviar excitativa en los términos reglamentarios a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, para que emitan su dictamen a la mayor brevedad.

En mérito de lo expuesto a usted C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:

Unico. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite, remitiendo el presente documento, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía a fin de que presenten el dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que se identifica en esta excitativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los 27 días del mes abril de 2004.--- Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica).»

«Excitativa a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a solicitud del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita respetuosamente, por este conducto, a la Presidencia de esta H. Cámara, tenga a bien formular Excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes

Antecedentes

Uno. Con fecha 03 de marzo de 2004 fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el suscrito, una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la reforma del ``Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica'', que entró en vigor el 09 de agosto de 2003, a efecto de que, en el cálculo del Límite de Energía Anual (LEA) para la aplicación de la tarifa 9-N, se conceda un volumen de extracción de agua adicional del 40% en el 2004, y un 20% para el 2005.

La Presidencia turnó la Proposición a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.

Dos. En sesión de la Comisión Permanente celebrada el 23 de marzo de 2004, se dio cuenta con el inventario de los asuntos que dicha Comisión remitió a la Cámara de Diputados y la Presidencia de esta última dictó el turno a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía. Hasta la fecha no se ha publicado o presentado ante el Pleno el Dictamen correspondiente.

Consideraciones

1. La Proposición tiene por objeto exhortar respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reforme el ``Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica'', que entró en vigor el 09 de agosto de 2003, a efecto de que en el cálculo del Límite de Energía Anual (LEA) para la aplicación de la tarifa 9-N se conceda para todo el país un volumen de extracción de agua adicional del 40% en el 2004, y un 20% para el 2005, tomando como base el déficit de sobreexplotación de los acuíferos más críticos.

2. La expedición de la Ley de Energía para el campo fue una respuesta ante el desmesurado incremento que han sufrido los insumos y el decrecimiento de los precios de los productos del campo en los mercados.

En dicho ordenamiento jurídico se establece, en su artículo 1°, párrafo segundo, que está orientado a coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países. En el Capitulo II se establece que será el Poder Ejecutivo Federal quien establecerá, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los precios y tarifas de estimulo de los energéticos agropecuarios.

3. Con base en lo anterior, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público emitió el 06 de agosto de 2003, el Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.

En el Acuerdo antes citado se establece la tarifa 9-N que se aplica a los servicios en baja o media tensión que destine la energía eléctrica exclusivamente para bombeo de agua, hasta por el volumen que es utilizado en el riego de tierras dedicadas al cultivo, y para el local donde se encuentre instalado el equipo de bombeo.

De conformidad con lo anterior, para la determinación de Limite de Energía Anual (LEA) se toman en cuenta diversas constantes y se establece que la energía eléctrica consumida que exceda del LEA será facturada con los cargos de la tarifa para servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja o media tensión, tarifa 9 o 9-N, según corresponda.

4. Diversos productores de las regiones agrícolas del estado de Chihuahua han planteado su preocupación de que el sistema tarifario que se aplica en la entidad, sobre todo tratándose de acuíferos sobre explotados, se da el caso de que el volumen de extracción de agua no coincide con el realmente extraído, muchas veces en razón de que las condiciones climáticas extremas del estado, que se traducen en doce años de intensa sequía, así lo demandan o bien por un error administrativo en el volumen concesionado, cuando aquel fue regularizado ante la Comisión Nacional del Agua.

Por ello se solicitó una disposición transitoria para el año 2004, relativa al incremento del volumen concesionado del 40%, mismo que se reduciría al 20% para el año 2005.

En virtud de que ha trascurrido con exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta que la Proposición con Punto de Acuerdo en cuestión se orienta a apoyar la producción de los ciclos agrícolas de los años 2004 y 2005, consideramos oportuno que se proceda enviar excitativa en los términos reglamentarios a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Publico y de Energía, para que emitan su dictamen a la mayor brevedad.

En mérito de lo expuesto a usted C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite, remitiendo el presente documento, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía a fin de que presenten el dictamen correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que se identifica en esta Excitativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los 27 días del mes de abril de 2004.--- Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica)»

«Excitativa a la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Eduardo Aonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a ésta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación a fin de elaborar el dictamen correspondiente a:

Punto de Acuerdo por el que:

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia porque el titular del Ejecutivo federal instituya el día nacional de las personas zurdas.

Segunda: Asimismo esta soberanía se propone respetuosamente que se declare el 13 de agosto día nacional de las personas zurdas.

Antecedentes

Las estimaciones internacionales consideran en un 13 por ciento la población mundial con las características de ser zurdo, que para el caso específico de nuestro país, de acuerdo con el censo de la población del año 2000, representa una población de 12 millones 675 mil personas zurdas.

Estas personas zurdas en muchos aspectos de su vida cotidiana se ven afectados por esta condición, en la medida que el entorno está preconfigurado para la mayoría que es diestra, lo que implica la necesidad de desarrollar habilidades adicionales para interactuar en este ambiente adverso.

En este sentido, con la finalidad de crear una mayor conciencia social, respecto de la problemática que enfrenta este grupo de personas, el día jueves 4 de diciembre del 2003, el C. Diputado Emilio Serrano Jiménez presentó un punto de acuerdo que tiene como finalidad esta conscientización.

Este punto de acuerdo, siguiendo el trámite legislativo, fue turnado a la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados, a fin de que se emitiera el dictamen correspondiente.

Recientemente se han acercado a esta Coordinación de la Diputación Federal por Nuevo León diversas agrupaciones sociales interesadas en el tema, en busca apoyo para que se escuche su voz y se dictamine favorablemente este punto de acuerdo, toda vez que ya internacionalmente el día 13 de agosto es festejado como el día del zurdo, no existiendo en nuestro país legislación o disposición alguna al respeto.

Por lo anteriormente expuesto, y atendiendo a que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación para la elaborar el dictamen correspondiente al punto de acuerdo por el que:

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia porque el titular Ejecutivo Federal Instituya el día Nacional de las personas Zurdas.

Segundo: Asimismo, esta soberanía se propone respetuosamente que se declara el 13 de agosto como el día nacional de las personas zurdas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de abril de 2004.--- Dip. Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica).»

«Excitativa a las comisiones de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Gobernación a solicitud de la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI

Consideraciones

Primera. El día 8 de abril de 2003 el Senado de la República aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X, del artículo 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. El cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003 y turnada a esta honorable Cámara de Diputados.

Segunda. El día 21 de octubre de 2003 diversos diputados firmantes de los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, en voz del diputado federal por Chiapas, Carlos Pano Becerra, presentaron una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de otorgar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para consumo doméstico, comercial, industrial y del campo para las entidades que conforman la frontera sur.

Tercera. El día 4 de diciembre de 2003, la diputada federal Amalín Yabur Elías, con la firma de apoyo de más de 56 diputados federales pertenecientes a las seis fracciones parlamentarias que integran esta honorable representación popular, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar la derogación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 2002, sobre las tarifas eléctricas de consumo doméstico.

Cuarta. El día 15 de diciembre de 2003, el diputado Inelvo Moreno Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una proposición con punto de acuerdo, por el que solicita a la Comisión Federal de Electricidad, atienda de manera expedita la demanda de los pobladores de los municipios de Apatzingan y Múgica del estado de Michoacán, que manifestaron su inconformidad por el incremento sustancial de los cobros de energía eléctrica.

Quinta. El día 23 de marzo de 2004, el diputado Jorge Castillo Cabrera del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la reforma del acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, que entró en vigor el 9 de agosto del 2003, a efecto de que , en el cálculo del límite de energía anual (LEA) para la aplicación de la tarifa 9-N, se conceda un volumen de extracción de agua adicional del 40% en el 2004 y un 20% para el 2005.

Sexta. El día 1o. de abril de 2004, el diputado federal Jorge Castillo Cabrera, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo que gira sus instrucciones a las Secretarías de Hacienda y Crédito y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para que establezcan nuevas tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua; y la creación de una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en el mismo estado.

Séptima. El día 5 de abril de 2004, el diputado federal Juan Perdomo Bueno del Partido de Convergencia, apoyados con las firmas de los diputados federales Luis Maldonado Venegas y Jesús González Schmal, presentaron una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Energía y Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad para que reclasifique la tarifa al servicio residencial de energía eléctrica en los municipios de Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Carrillo Puerto, Naranjal, Yanga, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Acayucan en el estado de Veracruz.

Octava. El día 6 de abril de 2004, la diputada federal Amalín Yabur Elías, con la firma de apoyo de 46 diputados federales en representación de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa que reforma a los artículos 30 y 31, y adiciona a este último el párrafo tercero, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; que reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que reforma la fracción I del artículo 3º de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y deroga el decreto del Ejecutivo federal, donde se establece el ``Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas'', publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2002.

Novena. El día 13 de abril de 2004, el diputado Gerardo Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía; para que se reestructuren las tarifas a favor de los usuarios del estado de Chiapas.

Décima. El día 20 de abril de 2004, la diputada federal Irma Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar se reduzcan las tarifas eléctricas en el estado de Guerrero.

Décima Primera. Los usuarios del estado de Campeche, como los del resto del país han sufrido las consecuencias del incremento desproporcionado en las tarifas de energía eléctrica para consumo doméstico y comercial, siendo necesario buscar alternativas de solución definitiva a la problemática de realizar tarifas accesibles y a precios razonables a la población. Y observando la omisión de las Comisiones de Energía, Hacienda y Crédito Público, Economía y Gobernación según corresponda para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo e iniciativas y dictámenes pendientes sobre el tema de las tarifas eléctricas.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 21, fracción III, y XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia se sirva excitar a las Comisiones de Energía, Hacienda y Crédito Público, Economía y Gobernación para que dictaminen sobre las proposiciones, iniciativas y dictamen con proyecto de decreto enviado por el Senado de la República en materia de tarifas eléctricas y sean presentadas al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, antes de la última sesión de este periodo ordinario que concluye el día 30 de abril de 2004.

Atentamente.

Diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica).»

«Excitativa a la Comisión de presupuesto y cuenta Pública a solicitud del diputado José Rojas Gutiérrez del grupo parlamentario del PRI

Los que suscribimos, Francisco José Rojas Gutiérrez (PRI), Francisco Suárez Dávila (PRI), Tomás José Ruiz González (PRI), Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa (PRI), Luis Antonio Ramírez Pineda (PRI), Alfredo Villegas Arreola (PRI), José Angel Ibáñez Montes (PRI), Oscar Pimentel González (PRI), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (PRI), Arturo Osornio Sánchez (PRI), Raúl José Mejía González (PRI), José Guadalupe Osuna Millán (PAN), Gabriela Ruiz del Rincón (PAN), Javier Castelo Parada (PAN), Federico Döring Casar (PAN), Gustavo Enrique Madero Muñoz (PAN), Rubén Mendoza Ayala (PAN), Juan Francisco Molinar Horcasitas (PAN), Manuel Enrique Ovalle Araiza (PAN), Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (PAN), Minerva Hernández Ramos (PRD), Guillermo Huízar Carranza (PRD), Víctor Suárez Carrera (PRD), Jorge Antonio Kahwagi Macari (PVEM), Manuel Velasco Coello (PVEM) y Luis Maldonado Venegas (Convergencia), diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido de Convergencia por la Democracia y del Partido del Trabajo en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21, en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 15 del Acuerdo Parlamentario relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicita a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de elaborar el dictamen correspondiente a la iniciativa de Ley Federal de Presupuesto, turnada a esa Comisión con fecha 15 de abril del 2004 al tenor de los siguientes

Antecedentes

El gasto público es la contraparte de las contribuciones de la sociedad. Es el instrumento fundamental de la distribución del ingreso y medio para avanzar en la democratización en la sociedad.

En la medida que el proceso, elaboración, discusión, aprobación, ejercicio y rendición de cuentas sean claros, transparentes y apegados a reglas responderemos a los reclamos de la sociedad.

La sociedad necesita contar con procedimientos que den seguridad jurídica y promuevan la estabilidad en el proceso presupuestario, con el objeto de evitar la tensión política e institucional al final de cada año en la aprobación de las iniciativas de Ley de Ingreso y del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La actual Ley Federal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de 1976 se encuentra rebasada por las exigencias de un México distinto, más democrático, más participativo, con mayor descentralización. Por ello, la iniciativa de Ley Federal de Presupuesto, que retoma parte de las propuestas realizadas por diversos legisladores, así como algunos aspectos de la reforma presentada por el Ejecutivo Federal resulta urgente que sea dictaminada a la brevedad posible para que pudiera ser votada y, en su caso, el proceso presupuestario para 2005 se condujera bajo sus normas.

Esta ley es compatible con las reformas aprobadas a la fracción IV del artículo 74 de nuestra Constitución Política por la H. Cámara de Diputados.

Por las razones expuestas resulta imprescindible dictaminar con la mayor brevedad el proyecto de Ley de Presupuesto federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2004.--- Diputados: Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica), Francisco Suárez Dávila (rúbrica), Tomás José Ruiz González (rúbrica), Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), José Angel Ibáñez Montes (rúbrica), Oscar Pimentel González (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Raúl José Mejía González (rúbrica), Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Manuel Enrique Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Guillermo Huízar Carranza (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Luis Maldonado Venegas (rúbrica), Alejandro González Yáñez (rúbrica), Clara Brugada Molina (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica).»

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EFEMERIDES

«Efemérides sobre el Día Forestal Mundial, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzman, del grupo parlamentario del PVEM.

21 de marzo de 2004.

Día Forestal Mundial, 2004

Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados, en el año de 1971 los estados miembros de la FAO, aceptaron celebrar el Día Forestal Mundial el 21 de marzo, primer día de otoño en el hemisferio sur y primer día de primavera en el hemisferio norte, para poder imprimirle un carácter simultáneo en todo el mundo.

Es importante para esta fecha recordar que todos y cada uno de los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos, ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaría, agua, aire limpios y protección del suelo, además de que su manejo adecuado es fundamental para lograr un desarrollo sustentable.

La mitad de los bosques mundiales han desaparecido, y las áreas forestales con mayor biodiversidad están en peligro.

Actualmente sabemos que de la mitad de los bosques que una vez cubrieron la tierra, por lo menos 29 millones de kilómetros cuadrados han desaparecido y, lo que es más importante en términos de biodiversidad, cerca del 78 por ciento de los bosques primarios han sido ya destruidos y el 22 por ciento restante están fuertemente amenazados por la extracción de madera, los cambios de uso de suelo para la agricultura, la ganadería, la especulación, la minería, los grandes embalses, las carreteras, el crecimiento demográfico y el cambio climático.

Un total de 76 países han perdido ya todos sus bosques primarios, y otros once pueden perderlos en las próximas décadas.

Por lo menos 5 millones de kilómetros cuadrados de bosques tropicales han sido talados solamente en los últimos cuarenta años, una superficie equivalente a diez veces el territorio de España.

Asia perdió un tercio de su superficie forestal, y Africa y América Latina perdieron casi el 20 por ciento cada una.

Durante la primera mitad de los años noventa, estas regiones perdieron porciones significativas de su cobertura forestal, más de la mitad (aproximadamente el 60 por ciento) de la pérdida neta de bosques entre 1980 y 1995 tuvo lugar en sólo siete países: Brasil, Indonesia, Congo (Zaire), Bolivia, México, Venezuela y Malasia.

Tan sólo citemos el caso de nuestro país, donde los estados de Veracruz, Tabasco, Hidalgo, México, Tlaxcala, Morelos y Distrito Federal, perdieron la mayor parte de su vegetación natural para destinar el suelo a usos agrícolas, ganaderos y habitacionales.

Los bosques tropicales secos, los manglares y los bosques templados húmedos de las Américas (Canadá, EEUU y Chile), han experimentado pérdidas muy altas.

Al comenzar el siglo XXI hay una pérdida neta anual de 11,5 millones de hectáreas de bosques, que se destinan a otros usos según la organización de alimento y agricultura de las naciones unidas (FAO).

Entre 1990 y 1995, por lo menos 107 países registraron una pérdida neta de superficie forestal, según el World Watch Institute. En el mismo periodo el área forestal se redujo en 56 millones de hectáreas, resultado de una pérdida de 65 millones de hectáreas en los países en desarrollo y un aumento de 9 millones de hectáreas en los países industrializados.

La deforestación sigue siendo uno de los grandes problemas ambientales, junto con la amenaza nuclear, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Los bosques protegen la biodiversidad, proporcionan madera, leña y otros productos forestales, evitan la erosión, regulan el ciclo hidrológico, retienen el carbono y frenan el cambio climático y son un lugar de disfrute y de ocio para una población cada vez más urbana y alejada de la naturaleza.

Entre el 50 y el 90 por ciento de todas las especies terrestres habitan en los bosques, según la Unión Mundial para la Conservación (UICN). Sólo la frontera forestal (los 13,5 millones de kilómetros cuadrados de bosques primarios que aún quedan) almacena 433,000 millones de toneladas de carbono, cifra equivalente a las emisiones de dióxido por la quema de combustibles fósiles y producción de cemento durante los próximos 70 años.

Los integrantes del Partido Verde Ecologista de México queremos compartir con ustedes esta conmemoración y hacemos un llamado a la población a conservar nuestros bosques, porque es su integridad lo que permitirá que la vida continúe como la conocemos.

Por su atención, muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.--- Dip. Jacqueline G. Argüelles Guzmán, Partido Verde Ecologista de México.»

«Efemérides sobre el Octavo Aniversario del Fallecimiento del C. Francisco Villarreal Torres, panista distinguido, presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el periodo 92-95, y pionero en la lucha por el federalismo en nuestro país, a cargo del diputado Ramon Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN.

23 de marzo de 2004.

Diputadas y diputados:

El alcalde de Juárez está en la cárcel!

Francisco Villarreal Torres, alcalde de Juárez de 1992 a 1995, estaba detenido en el Cereso local, acusado por el Gobierno Federal, de concusión, cobro de contribuciones o derechos que no le correspondían, y es que don Francisco, cansado del terrible centralismo mexicano, estableció a cargo del gobierno municipal, sus propias casetas de cobro de peaje del puente Santa Fe, y con ello marcó con angustia y con coraje, el nivel de reclamo local por la ausencia de autonomía y recursos de los ayuntamientos en nuestro país.

Con orgullo y con dignidad estuvo detenido durante más de una semana, en clara defensa de las autoridades locales.

Una vez liberado, inició un movimiento político de huelga de hambre, exigiendo los recursos federales del mencionado puente, para el gobierno de Juárez. Después de más de 25 días sin tomar alimentos, el Gobierno Federal cedió, y modificando el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, asignó por primera vez, un porcentaje del 50% de los ingresos brutos de todos los puentes internacionales, a ser asignados a los municipios donde estos estuvieran operando.

Tuve la oportunidad de conformar el equipo de gobierno de Juárez, y fui testigo de la posición claramente municipalista del señor Villarreal en diferentes acciones por él tomadas.

En una ocasión, en una de las primeras reuniones de alcaldes mexicanos que se organizaron por la naciente Asociación Mexicana de Municipios, AC, nos encontrábamos discutiendo intensamente la escasez de los recursos de las autoridades locales y qué medidas deberíamos tomar para incrementar dichos montos. En el momento más apasionado del debate, y a punto de definir acciones por más recursos económicos, don Francisco Villarreal tomó la palabra y entre otras cosas nos dijo: ``...debemos tener cuidado en no caer en la tentación de hacer descansar todo nuestro esfuerzo en la búsqueda de recursos fiscales... ésta no es una lucha por dinero, es una lucha por libertad...''

A las pocas semanas, puso en juego su propia libertad, y su propia salud, en aras de la libertad y la autonomía de los municipios mexicanos.

Este 23 de marzo se cumplen 8 años del deceso de Francisco Villarreal.

Nos dice el maestro Raymundo Herrera que en la formación integral de un ser humano tiene mucho que ver el medio ambiente, así en las tierras inhóspitas y rudas del norte del país, nace en ciudad Juárez, Chihuahua, Francisco Villarreal Torres, un hombre de carácter fuerte y determinante, miembro distinguido de Acción Nacional, luchador social y político, que junto a Luis Alvarez y el doctor Víctor Oropeza, dieron una lucha sin cuartel en los tiempos épicos de Chihuahua de 1986, por la democracia y por la libertad.

Es un honor para un servidor hacer uso de esta tribuna para dejar en las memorias de esta Cámara de Diputados, un pequeño reconocimiento a un ser humano inquebrantable, y digo inquebrantable porque, ni el mal de Parkinson, ni la angina de pecho, ni el terrible cáncer linfático que padecía y mucho menos su estancia en una prisión, lo hicieron abandonar sus ideales libertarios.

Prácticamente en su lecho de muerte, a pocas semanas de su fallecimiento, siendo ya un servidor el alcalde de Juárez, y Francisco Barrio el Gobernador de Chihuahua, recibimos la visita del presidente Ernesto Zedillo, en los primeros meses de 1996. Al ir ya de regreso al aeropuerto a despedir al Presidente, éste pregunto por Villarreal, y al informarle Barrio de su estado de salud, el Presidente dio la orden de regresar, junto con toda su comitiva, a la casa de don Francisco. Allí, y ante el asombro del Estado Mayor Presidencial, y de todos los acompañantes, entramos a la habitación del enfermo, y pude ser testigo de una escena impresionante: a un gobernador Barrio acercándose con Villarreal a decirle al oído que venía el presidente Zedillo a visitarlo, para luego presenciar a Zedillo acercarse con lágrimas en los ojos a plantar un beso en la frente de Villarreal, quien desde su lecho aún pudo decir: ``...los valores del alma... eso es lo importante... lo demás es lo de menos... los valores del alma caballeros...''.

Don Francisco, desde aquí le manifiesto nuevamente mi admiración y mi respeto.

Dip. Ramón Galindo Noriega.»

«Efémerodes sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI.

CC. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Honorable Asamblea:

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado Presidente de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 39, inciso 3, y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, efeméride relativa a la difusión del Día del Libro en la Cámara de Diputados, bajo el tenor del siguiente argumento:

El origen

En 1964 quedó instituido oficialmente como el Día del libro para todos los países de lengua castellana y portuguesa, sin embrago en el año de 1993 la entonces Comunidad Europea lo proclamó como Día Europeo del Libro, hasta que finalmente la Conferencia General de la UNESCO decidió en 1995 fijar la fecha del 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, ya que esta fecha tiene una relación directa con los grandes creadores de la palabra.

Se estableció esta fecha porque un 23 de abril de 1616 mueren el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, el inglés William Shakespeare y el peruano Inca Garcilazo de la Vega.

Todos ellos fueron autores de grandes obras en sus respectivos idiomas, y ellas son patrimonio de la humanidad; Cervantes escribió, entre otras obras, la que se considera la primer novela moderna El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha; William Shakespeare, El Rey Lear y Romeo y Julieta, entre otras obras dramáticas; asimismo, el Inca Garcilazo de la Vega creó Los Comentarios Reales, en este último libro, Garcilazo escribió sobre la raza y la cultura incaica, así como también sobre la conquista española, valiéndose de recuerdos personales y relatos orales en lengua quechua.

El Día del Libro se celebra desde 1930 y coincide que este próximo 23 de abril del 2004 se llevará acabo la entrega que hace el Rey Juan Carlos I de España del Premio Miguel de Cervantes a lo más destacado en la letras.

Historia del libro

En un principio el hombre atesoraba sus escritos en diferentes formas, tablas de arcilla o talladas en la piedra, luego papiros, diferentes hojas de plantas, rollos de seda.

En el año 295 a.C. surge la primera gran biblioteca del mundo, la de Alejandría.

El Rey Ptolomeo I quiso reunir todos los libros del mundo y envió cartas a todos los reyes y gobernadores de la Tierra pidiendo que el trabajo de escritorio original de poetas y escritores de prosa, narradores y sofistas, doctores, historiadores y otros especialistas, le fuera enviado.

Se enviaron agentes para buscar textos en Asia, Africa del Norte y Europa y recopilado el material se devolvieron copias, pero los originales permanecieron confiscados en la librería que con el tiempo logró reunir unos 700 mil volúmenes.

A medida que fue evolucionando la civilización fueron mejorando las técnicas de conservación y aumentando el número de escritos conservados. En la Edad Media los monjes eran los encargados de guardar los llamados manuscritos, eran quienes se ocupaban de las bibliotecas.

Pero la difusión del libro se origina a partir del invento de la imprenta por Gutenberg, se considera el primer libro impreso la Biblia de Gutenberg, terminado a mediados del siglo XIV en la ciudad alemana de Magancia, junto al Rin.

Se comprende que la Biblia fuera el libro escogido por ser el más importante para la comunidad cristiana, como lo demuestra el que en el propio siglo XV fueron 127 las ediciones hechas por distintos impresores.

Muy bien impreso, su parecido era el de un manuscrito, y el primer texto que se copio fue la Biblia, con el que se marcó la era de la producción de las letras hasta nuestros días.

Objetivos

El Día Mundial del Libro tiene su creación debido a la importancia del libro para la vida humana, ya que el libro es una fuente de difusión de la cultura y llega a todas partes.

Y en este tiempo de la televisión y las computadoras, el Día del Libro es una buena oportunidad para plantearnos algunos interrogantes:

¿Qué pasa con el hábito de leer en nuestros jóvenes?

¿Cómo fomentamos ese hábito? A su vez, ¿qué estamos proponiendo como sociedad y estado para la lectura?

Por ello la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas hace un llamado esta honorable asamblea para propiciar la participación y la cooperación de los Congresos estatales, nuestros grupos parlamentarios, agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales para que cada día más personas en nuestro país tengan acceso al libro como fuente de información y realicemos las acciones necesarias para acrecentar el acervo cultural que ofrece el Sistema de Bibliotecas del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en beneficio del trabajo parlamentario de la presente y las futuras generaciones de legisladores mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente:

Atentamente.

Dip. Lic. Jorge León Sandoval Figueroa (rúbrica).»

«Efemérides sobre el Día del Niño, a cargo de la diputada Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del PAN.

Señoras y señores diputados:

Pedí la palabra que con motivo del Día del Niño, éste 30 de abril, reflexionemos juntos sobre la situación en la que actualmente viven los millones de niñas y niños en nuestro país y el estado que guardan sus derechos; de los cuales es necesario que nos asumamos como sus representantes y nos comprometamos para garantizar la plena vigencia de éstos.

Derechos como el ser parte activa de su comunidad, a vivir una vida libre de violencia, alejados de los flagelos de la pobreza, las adicciones y de cualquier tipo de explotación. A expresarse libremente y alegrarnos con su visión del mundo. Derecho a que en su país puedan vivir con seguridad, sin miedo, con dignidad, con afecto, con salud y. con oportunidades de educación que les otorguen herramientas para enfrentar con éxito los retos que les presenta su vida presente y futura. Oportunidades de convivencia armónica en el seno de su familia, en su escuela y en su comunidad, oportunidades de conocer y gozar la historia de sus antepasados y de entender la riqueza cultural que los rodea. Oportunidad de disfrutar de la riqueza de la naturaleza, con la tranquilidad de que el medio ambiente mantendrán su equilibrio para garantizar que esta tierra en la que hoy viven mantendrá sus opciones de vida para las siguientes generaciones.

Tenemos un país con una gran riqueza y complejidad, en donde confluyen más de 100 millones de mexicanos que constituyen un crisol de diversas costumbres, etnias e ideologías. Hay niños que acuden a la escuela y terminan la primaria y diariamente salen de sus casas temprano o por la tarde con el esfuerzo inmenso de sus padres y en ocasiones sólo el esfuerzo de su madre; existen otros niños que no tienen la misma suerte. Debemos preguntarnos ¿A dónde van esos niños? ¿En donde están? ¿Qué pasa también con los hijos de madres reclusas? Con los niños de la calle y niños trabajadores a los que muy tempranamente les ha sido arrebatada su inocencia y sus sueños, que tienen en algunos casos que contribuir al gasto familiar o que son explotados o que desafortunadamente aún muy inmaduros tienen que hacerse cargo y responsables de una familia.

¿Qué sucede con aquellos niños indígenas y con discapacidad? En los que en ocasiones llegan a converger nudos de doble o triple marginalidad que a veces llega a convertirse en marginación. Y qué decir de aquellos niños víctimas de explotación sexual, comercial, de violencia familiar, que quedan marcados con heridas que llegan hasta el alma y que llegan a permanecer en la mente toda la vida.

No se nos olvide a los menores migrantes que tienen que separarse de su familia o buscar reunirse con ella, en búsqueda de mejores oportunidades y que acaban siendo violentados en sus derechos y sujetos a todo tipo de vejaciones tanto del otro lado de la frontera como de ésta.

Muy presentes tenemos que tener a aquellos niños que padecen alguna enfermedad terminal, que ven truncadas sus esperanzas.

Para ellos, para todos y cada uno, es por quienes trabajamos y debemos continuar haciéndolo. Hoy quisiera pedir a los miembros de esta Cámara, que nos asumamos como representantes y defensores de las niñas y los niños, más allá de partidos, personas e ideologías; debemos proponernos que cada niño que nazca en este país tenga garantizados sus derechos y su acceso a la salud. Que no haya un niño con hambre y desnutrición que por ello no pueda estudiar o jugar y que por ello no tenga las mismas oportunidades de desarrollo que los demás.

Tenemos que estar atentos a que existan los modelos de atención adecuados para la atención de los distintos problemas que enfrentan nuestros niños. Pugnemos también, para combatir y enfrentar la delincuencia de la que son objeto, como son las redes de prostitución y pornografía infantil o de traficantes a las afueras de las escuelas. Es necesario exigir e implantar medidas especiales para su protección en las escuelas, parques, jardines y en sus propios hogares.

Sabemos que hay niñas y niños que atraviesan por circunstancias especialmente difíciles. Para ellos, en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, continuaremos como hasta ahora recibiendo denuncias para su protección y seguiremos siendo una ``caja de resonancia'' para combatir todo tipo de abuso contra ellos. Un espacio también de convocatoria a las instituciones de gobierno, de la iniciativa privada y sobre todo de la sociedad civil organizada, para generar juntos, estrategias comunes.

Habremos de redoblar nuestros esfuerzos para que el interés superior de la infancia este presente en todas nuestras reflexiones para que en esta Cámara la atención a la infancia sea una prioridad.

Actualmente nuestro país cuenta ya con algunos instrumentos jurídicos a favor de la infancia. En la LVII Legislatura, se lograron las reformas y adiciones al Código Civil y al Código Penal en materia de violencia familiar. El 9 de diciembre de 1999 se aprobó la reforma al artículo 40 constitucional, en donde consagra el Derecho de las niñas y los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; y un año más tarde en abril del 2000 después de casi diez años de que México firmó y ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990, México hace realidad la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

No obstante que los avances legislativos y en particular la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, constituyen un piso básico para la protección de los derechos de las niñas y los niños mexicanos, aún falta mucho por hacer, de ahí la importancia y urgencia de legislar, para hacer de esta ley un instrumento capaz de articular a las diversas instituciones públicas que trabajan a favor de la niñez y que se garanticen y fortalezcan políticas públicas integrales que satisfagan sus necesidades físicas, emocionales, sociales y psicológicas.

Por eso, invito hoy a que todos nos pronunciemos como defensores y protectores de los Derechos de las Niñas y los Niños y nos manifestemos en contra de toda clase de maltrato, explotación o violación a ellos. Trabajemos por una nueva cultura de respeto a sus derechos.

Considerar, que ``No hay derecho pequeño, respetar los derechos de los niños, es cuestión de grandeza''.

``Enseñar a proteger a los más débiles. Algún día todos seremos débiles, quizá cuando lleguemos a ser viejos y volvamos a encontramos con el niño que todos llevamos dentro''.

``Por un México sensible y con rostro humano y por el futuro de nuestras niñas y niños''.

Por su atención y compromiso, muchas gracias.

Dip. Adriana González Furlong.»

«Efemérides sobre el Día del Trabajo, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

Hoy voy a referirme al Primero de Mayo. La fecha en que fue brutalmente reprimida en Chicago una marcha de trabajadores que exigían una jornada laboral de ocho horas, un salario más justo y un trato más digno. Se les argumentó que sus peticiones eran ``privilegios innombrables'', que iban contra la ley más sagrada del capitalismo, la de la libre explotación de la mano de obra, es decir, contra uno de los rostros de la libertad en materia de oferta y demanda. Cuando no bastó la guerra de ideas, se hizo uso de las balas; la sangre corrió como fértil semilla que hizo posible el movimiento obrero a nivel internacional y el nacimiento de dos ramas del Derecho que fueron base del progreso económico y humano en el mundo: el Derecho Laboral y el Derecho de la Seguridad Social. Se hicieron derechos obvios y elementales, lo que no hacía mucho se consideraban ideales casi imposibles: la jornada de 8 horas, los días de descanso semanal y obligatorios y las vacaciones, montos y tutelas mínimas respecto al salario, el aguinaldo, la prima vacacional, la estabilidad en el empleo, las pensiones, los subsidios y la atención médica, la constitución de sindicatos y el derecho a huelga; surgió una seria esperanza de lograr por fin la libertad y equidad verdaderas entre todos los hombres del mundo. Todo esto permitió que aunque el Primero de Mayo de 1886 dejó como saldo numerosos obreros muertos y heridos; de conmemoración, esta fecha se transformará en una verdadera fiesta mundial de los que viven de entregar su esfuerzo, la clase obrera ponía ante el escenario de la historia su fuerza, sus logros, su promisorio futuro.

El Primero de Mayo como idea histórica y de lucha, también impactó en nuestro país en los primeros años del siglo pasado: desde la conformación de círculos obreros de tinte anarco-sindicalistas, en cuyo recuerdo rendimos homenaje a Ricardo Flores Magón que ilumina la historia de México como uno de las figuras más grandes e íntegras, pasando por las heroicas luchas y posteriores masacres de Cananea y Río Blanco, todo lo cual confluyó en la Revolución Mexicana, que jurídicamente culminó en el artículo 123 constitucional, material sobre el que se erigió todo el cúmulo de beneficios que alcanzaron los trabajadores de México.

En contraste, en este año de 2004, poco podemos festejar: en la actualidad, los derechos laborales son nuevamente cuestionados como ``privilegios insostenibles'' y bajo este argumento espurio están siendo desmantelados estos derechos, contrarias a las perspectivas optimistas de tiempos anteriores: escasea el empleo, los salario pierden cada vez más poder adquisitivo, el trabajador debe laborar de sol a sol para apenas subsistir, los días de descanso y las vacaciones se transforman en lujos, las pensiones son suprimidas o rebajadas a montos risibles, los sindicatos como instancias de libertad y lucha se reducen prácticamente a la nada. En contraste la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos, tanto a nivel nacional como internacional, ha alcanzado grados nunca antes vistos, unos cuantos se regodean en fortunas de fábula, a cuenta de que la mayoría padezca hambre e inseguridad creciente.

Por tanto, este Primero de Mayo debe ser jornada de análisis y decisiones; es decir deben buscarse los caminos para recobrar la equidad en las relaciones sociales y concretamente en las laborales, para recobrar la seguridad social como verdadera arma de justicia y de redistribución del ingreso; para retomar el camino de los sueños de siglos: el pleno empleo, una jornada humana, el ocio creciente para el desarrollo completo del ser humano, la fraternidad justa entre las mujeres y los hombres, la retribución según las necesidades; recobrar la palabra de los que seguimos creyendo en que la felicidad es algo alcanzable para la humanidad. Renunciar a estas metas, seria renunciar a todo futuro para la humanidad; la injusticia a los extremos actuales no sólo es condenar a la pobreza a la inmensa mayoría de los seres humanos, sino es abrir la puerta para la destrucción del mundo.

Luchar pues por la justicia entre la clase trabajadora, es dar nuevamente sentido a la memoria de este Primero de Mayo, recobrarlo como libertad, justicia y progreso. Es decir, debe recomenzar una nueva etapa de reorganización de la clase trabajadora, de lucha unida y decidida hasta lograr revertir la actual tendencia de pisoteamiento hasta de los más mínimos logros laborales. Es decir, o se llega a este Primero de Mayo con derrotismo, o como oportunidad de aprender de las derrotas sufridas para iniciar una nueva era para los trabajadores y la humanidad.

Como legislativo, es decir, como parte del Estado mexicano, nuestra principal obligación es dictar leyes que preserven la paz nacional y la justicia entre todos los mexicanos, las decisiones que tomemos en materia de pensiones, reforma de la Ley Federal del Trabajo y Ley del ISSSTE, será fundamental para la consecución de estos objetivos, que demanda nuestra pueblo, especialmente en este Primero de Mayo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2004.--- Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica).»

«Efemérides en relación con el LXVI Aniversario de la Expropiación Petrolera, a cargo del diputado Manuel E. Ovalle Araiza, del grupo parlamentario del PAN.

Compañeras y compañeros diputados federales:

Este día celebramos el sexagésimo sexto aniversario de la Expropiación Petrolera, en el que conmemoramos el gesto patriótico del Presidente Lázaro Cárdenas. Con arrojo y determinación, el presidente Cárdenas expropió el petróleo mexicano cuando éste se encontraba en manos extranjeras. La situación que se vivía durante la década de los años treinta en la vida nacional, exigía que el petróleo se convirtiera en el motor para el desarrollo que el país tanto necesitaba.

Por otra parte, la situación de la industria petrolera en ese entonces era insostenible. La soberanía que los inversionistas extranjeros mantenían sobre nuestros hidrocarburos amenazaba al Estado de derecho y representaba un alto riesgo para el suministro de combustibles. En efecto, el 18 de marzo de 1938, es una de las fechas importantes en la historia de nuestro país. Desde aquel entonces, Petróleos Mexicanos ha sido uno de los pilares de nuestra soberanía nacional.

La empresa petrolera nacional no puede seguir funcionando en la forma como lo ha venido haciendo durante estos últimos años. Pemex enfrenta un problema grave de endeudamiento, así como una pérdida gradual de su patrimonio. La paraestatal cuenta, además, con un elevado pasivo laboral que se está convirtiendo en un lastre insostenible. Por si esto fuera poco, la falta de autonomía en su gestión, el rezago de la inversión en mantenimiento, y un esquema fiscal prácticamente confiscatorio, aunado a un aumento en los costos de extracción, y un envejecimiento de su infraestructura, tienen como resultado el que la empresa no podrá ser viable ni económica, ni financieramente, en el mediano plazo. Los mexicanos, con el pretexto de la defensa de nuestro patrimonio nacional, no tenemos por qué pagar una de las gasolinas más caras del mundo. No se puede hablar de defender la soberanía de un país, cuando se importa una cuarta parte del consumo en gas natural.

En efecto, desde su creación, Pemex ha sido tratada como una secretaría de estado que ``gasta y nunca gana''.

El recuerdo de la responsabilidad asumida en ese momento, nos exige ahora, 66 años después, actuar con una visión equivalente. Pemex, compañeros diputados, es una gran empresa que le ha dado mucho a México. Es tiempo de retribuirle esa generosidad. El Pemex de hoy necesita de soluciones para hacer viable el Pemex de mañana. Hoy en día, los cambios registrados en México y en el entorno internacional, hacen necesario adecuar las estrategias institucionales y legales que aseguren disponer de la infraestructura necesaria para generar y distribuir los recursos energéticos. Reconozco que proponer una solución a los enormes desafíos que la paraestatal nos propone, en este siglo XXI, rebasa mi objetivo.

Sin embargo, es evidente que tenemos que encontrar una solución a los mismos. Hoy enfrentamos una disyuntiva que nos obliga a tener que optar en cómo vamos a utilizar cada peso aportado por Pemex. Será un peso para disminuir el dolor evitable de nuestra sociedad o para el indispensable desarrollo de la empresa. Debemos reconocer que, sin su colaboración, hubiese sido imposible financiar nuestro desarrollo. Sin embargo, hoy es tiempo de pensar más en Pemex, sin dejar de pensar en las necesidades del gasto nacional.

La situación que se vivía en 1938, obligó a que la expropiación haya sido la decisión de un solo hombre. La coyuntura que estamos viviendo actualmente, requiere el acuerdo de una gran mayoría de mexicanos. Compañeros diputados; debemos asumir posiciones flexibles y creativas que incluyan todas las posibilidades de participación pública y de terceros, que permitan el mayor beneficio para los mexicanos.

En la medida en que podamos implementar una estrategia energética para que la industria siga desarrollándose, se podrán emprender las transformaciones necesarias. No sigamos perdiendo el tiempo. Nuestro país nos demanda que cumplamos con esta tarea histórica: el arreglo del sector energético no puede esperar más.

Existe un gran consenso entre nosotros. Coincidimos en el problema y en su dimensión. No es poca cosa.

El gesto de aquel hombre hace 66 años, debe inspirarnos a ser sensibles a la posibilidad de cambios trascendentales. No importa que éstos sacudan y conmuevan profundamente las ideas, las convicciones y los intereses. En eso consiste lo heroico de dichos gestos.

Seamos generosos: México nos necesita.

Muchas Gracias.

Dip. Manuel E. Ovalle Araiza.»

«Efemérides acerca del LXVI Aniversario de la Expropiación Petrolera, a cargo del grupo parlamentario del PVEM.

Discurso 18 de marzo de 1938

La frustrada búsqueda de independencia económica

Con la venia de la Presidencia;

Compañeras y compañeros legisladores:

Hoy he querido tomar la palabra en este recinto, para recordar y expresar una reflexión en torno a una decisión nada fácil, adoptada en un momento bastante difícil para nuestro país.

La resolución adoptada por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río el 18 de marzo de 1938: expropiar los bienes de las compañías petroleras extranjeras, en beneficio de la nación.

Fueron meses de gran tensión, los que antecedieron a la determinación de actuar contra el poder transnacional de las compañías petroleras, que dominaban la esfera económica de un país empobrecido que apenas empezaba a ver hechos realidad, algunos de los postulados de la Revolución iniciada en 1910.

El Presidente Cárdenas había asumido la responsabilidad de ser un gobernante emanado de esa Revolución, y con la intuición del hombre que conoció de cerca la pobreza y el hambre y la sed de justicia de quienes nada tienen, promovió durante su gestión una serie de reformas que, en algunos sectores de la población, fueron vistos como excesos de su administración, pero que en la gran mayoría de los habitantes de este país fueron la respuesta a sus anhelos y aspiraciones.

Antes de la expropiación de la industria petrolera, Cárdenas había distinguido al sector campesino con una dinámica reforma agraria, que hizo realidad el postulado zapatista de entregar la tierra al que la trabaja.

Hizo gala de vocación indigenista, al grado de recordarse aún a nuestros días la figura del Tata Lázaro.

Fue destacada su política exterior, sobre todo en su respaldo a la República Española y el asilo a quienes emigraron de la península ibérica a nuestro país.

En materia educativa, su propuesta de educación socialista, la promoción de la cultura a todos los niveles, la creación del Instituto Politécnico Nacional y del Colegio de México, son, entre otros aspectos, motivo suficiente para recordar a Lázaro Cárdenas del Río como un impulsor de la educación para el pueblo.

Y no sólo se puede recordar la Expropiación Petrolera como el único aporte de Cárdenas para la política obrera y económica de México.

En efecto, bastaría, con recordar que también en el sexenio de Lázaro Cárdenas se nacionalizaron los ferrocarriles y hasta se le entregó su administración a los trabajadores.

De su régimen proviene el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, que no obstante que no reconoció plenamente los derechos colectivos consagrados en el artículo 123 constitucional, fue el primer ordenamiento jurídico, a nivel federal, que le reconoció el carácter de trabajadores a los servidores públicos.

Y qué decir del conflicto con los industriales de Monterrey, en donde estableció su premisa que más tarde haría realidad con la expropiación petrolera: si los patrones no estaban dispuestos a asumir su responsabilidad como impulsores de la economía nacional, el Estado estaría dispuesto a asumirla.

Así pues, no resultaba gratuito que, llegado el momento, el Presidente Cárdenas decidiera emprender la alta responsabilidad de decretar la expropiación de los bienes de las empresas extranjeras, que explotaban y comercializaban nuestro petróleo.

Era evidente que, en los meses previos a la expropiación, el capital extranjero presionó de diversas formas al gobierno mexicano, lo que se expresó tanto en el retiro de los fondos bancarios de las empresas petroleras, como en la suspensión en la compra de plata mexicana por parte del gobierno norteamericano, entre otros aspectos.

Sin embargo, llegado el momento de tomar las decisiones, al Presidente Cárdenas no le tembló la mano para firmar el decreto de expropiación, a pesar de que entre su gabinete hubiera quienes opinaban que debía aplazarse tal decisión, o quiénes veían la inconveniencia de adoptarla.

Los efectos negativos, promovidos por el capital extranjero, frente a ese acto revolucionario, democrático y de independencia económica, no lograron revertir la histórica decisión de entregar a los mexicanos lo que de origen es de su propiedad.

Ni la inestabilidad política o económica de algunas etapas, fue motivo suficiente para justificar la entrega de ese patrimonio nacional a los capitales extranjeros.

Pero hoy, lamentablemente, se pretende hacer creer que la industria petrolera, por sí misma, no puede solucionar sus problemas de financiamiento y modernización, por lo que se hiciera necesario recurrir a la incursión del capital privado para resolver ese problema.

Quizá sería necesario traer a la memoria aquellas jornadas populares, en que familias enteras acudían a entregar lo mínimo que poseían para respaldar la decisión expropiatoria.

O quizá habría que recordarnos a quienes hacemos las leyes, que sólo en la medida en que la voluntad popular así lo manifieste, se encontrará fundamentada la decisión , de revertir el derecho de los mexicanos a la propiedad del producto del subsuelo.

Lo contrario nos ubicaría en la nada recomendable situación de apologistas del desarrollo económico, pero del capital extranjero.

Muchas gracias.»

«Efemérides relativo al LXVI Aniversario de la Expropiación Petrolera, a cargo del diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia.

Honorable Asamblea:

``Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación, con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia...''

``Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto, males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.

``Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. esta afirmación es exagerada.

``Las compañías petroleras han gozado durante muchos años... de grandes privilegios. franquicias aduanales, exenciones fiscales. Prerrogativas innumeras. Trabajo nativo pagado con exiguos salarios.''

Pero ``...en cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera con los muchos millones de metros cúbicos de gas que desperdician las explotaciones.

``Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes facciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en el istmo de Tehuantepec, durante los años de 1917 a 1920 contra el gobierno constituido.''

Estos son extractos del memorable mensaje que transmitía al pueblo de México el presidente Lázaro Cárdenas.

La radio nacional servía entonces de vehículo para informar que a partir de aquel 18 de marzo de 1938, ante el derrumbe de un imperio soberbio y desafiante, la nación recuperaba uno de sus principales recursos con él, soberanía y progreso.

La oligarquía mundial del petróleo, como se ve hasta nuestros días, jamás se dio por vencida.

Se trataba entonces de un rayo fulminante en medio del apacible y celeste firmamento mexicano en que hallábanse plácidamente instaladas las petroleras.

Así lo describía, ni mas ni menos que el embajador norteamericano Daniels.

¿Será que este acto de autoridad estuvo fincado en que no se pudo, o no se quiso entender la propuesta de Cárdenas el estadista. Al presentar su plan sexenal, como candidato presidencial advertía una vez más que era oportuno declarar que el sentido nacionalista de nuestra política económica no representa una actitud de puertas cerradas o de hostilidad al espíritu organizador de nacionales y extranjeros, que pretendan asociar sus esfuerzos con nuestro engrandecimiento, usufructuando nuestras existencias naturales.

Siempre que se ajusten a las leyes de la Revolución, respeten nuestro gobierno, y al acogerse a la protección que la patria les ofrece, finquen su hogar y gocen sus bienes, corriendo la misma suerte que los hijos de México.

A sesenta y seis años de distancia, hoy recordamos este suceso que cambia en efecto el rumbo de la historia nacional, y que se erige en nuestros días lo mismo como cimbrante y aleccionadora efeméride, que como contundente y severa advertencia.

Sobre todo si se confirma aquello de que la historia, siendo cíclica tiende a repetirse en aquellos que no comprendan la lección.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2004.»

«Efemérides con motivo del Natalicio de Don Benito Juárez a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del PRI.

Quiero, en primer lugar, confesar que considero un altísimo honor el dirigir a Ustedes estas palabras en conmemoración de la efeméride que hoy festejamos; doble e inapreciable honor si se toma en cuenta el gran personaje nacional a quien este día recordamos. Porque evocar la figura de Juárez y su ejemplo es, hoy por hoy, mas que nunca, deber inaplazable de todos los que amamos con sinceridad a México, de todos los que creemos en y defendemos los valores distintivos de nuestra nacionalidad, y de todos los que compartimos la convicción que en el respeto al derecho y en su rectoría se erigen las bases de nuestra permanencia como nación y se nutre el prestigio que nos distingue en el concierto de las naciones.

Hoy, más que nunca, insisto, en estos tiempos de cambio y redefinición nacional, y ante el embate de fuerzas centrífugas, de orden cultural, económico y político, los Mexicanos debemos contemplarnos y reconocernos en el espejo de nuestra historia, en el culto de nuestros héroes y en la ratificación de nuestros principios.

Porque es un hecho que, deplorablemente, debemos reconocer: que para las nuevas y aun para muchos miembros de las viejas generaciones, el patriotismo- visto hoy como una actitud cesante que suena a ``patriotería''- y el .culto a los héroes - en cuyo oficio hemos sido celosamente educados todos los mexicanos de todos los tiempos - han perdido, en gran medida, su fuerza espiritual y su carga emotiva como factor de integración nacional. Por desgracia, hoy la ``liturgia de la Patria'' está siendo sustituida paulatinamente por el nuevo Credo de la publicidad, el consumismo y la violencia.

El nacionalismo, entendido en sus justos y fecundos límites, como identificación con la historia, las tradiciones, la lengua, los principios jurídicos y políticos y el proyecto de vida en común de un grupo nacional; y el patriotismo. Interpretado como el legitimo amor y respeto por la tierra en la instituciones que nuestros ancestros nos legaron; son, siguen siendo y serán los ejes en torno a los cuales se estructuren nuestra existencia y nuestra integridad como Nación. Y el nacionalismo y el patriotismo adquieren rostro humano en los prohombres de la historia nacional.

Por esta razón nunca como hoy, afirmo de nuevo, los mexicanos tenemos el deber de recordar y reconocer la trascendencia de la personalidad y la obra del gran héroe nacional que fue Benito Juárez.

He procurado, deliberadamente, omitir en estas palabras las típicas referencias a la biografía del ilustre mexicano cuyo natalicio hoy conmemoramos. Creó que es mas útil resaltar en pocas y grandes líneas el por qué Juárez debe ser recordado, el por qué Juárez merece nuestra admiración y nuestro respeto.

Juárez debe ser recordado porque es ejemplo, para los niños y jóvenes de México, de superación y perfeccionamiento personal, que lo llevaron desde una infancia adversa y anodina a escalar las mas altas cimas del servicio público y de entrega a las causas de la Nación.

Juárez debe ser recordado por que fue el líder moral y formal de una generación de preclaros mexicanos ejemplar por su patriotismo, por su altísima ilustración clásica y por su honradez; ejemplo que brilla en estos tiempos en que la educación clásica, la honradez y el patriotismo brillan por su ausencia. Hombres que legaron a los mexicanos de hoy las luces de su inteligencia y las ideas políticas y jurídicas de una época de cambio y renovación, como la que vivimos en este presente del siglo XXI, plasmadas en una Constitución y en leyes e instituciones que conformaron nuestra personalidad como Nación independiente.

Juárez debe ser recordado por su valentía personal y su inteligencia, como cuando al finalizar la Guerra de los Tres Años, en 1861, recibió las arcas vacías y, agobiado por la falta de recursos públicos para curar al país de sus heridas, se vio forzado a tomar la decisión de decretar la suspensión del pago de la deuda pública, a sabiendas de que ello provocaría represalias y, acaso, la respuesta militar de las potencias acreedoras. Su imperturbabilidad ante la crisis política y militar que sobrevino a consecuencia de tal decisión, y el oficio diplomático desplegado para disolver la triple alianza y dejar aislada a Francia en el conflicto, son ejemplo de valentía y de inteligencia recogido en las mejores páginas de la historia de los hechos políticos.

Juárez debe ser recordado por ser el parteaguas en la historia de las relaciones entre el Estado Mexicano y la Iglesia Católica al promulgar las Leyes de Reforma (1859), que cristalizaron, en una época en que campeaban los fueros y el poder de la Iglesia, en un principio toral de nuestra historia política y Constitucional: la separación de la Iglesia y el Estado. Como consecuencia de este principio, Juárez debe ser recordado también corno el adalid de la educación laica en México. En los días de cambio que vivimos, debemos recordar más que nunca la obra de Juárez y entender que, más allá de jacobinismos radicales, no se puede ni se debe desandar la historia y que en materia de laicismo y de separación del Estado y la Iglesia no debemos nunca dar marcha atrás.

Juárez debe ser recordado porque es un ilustre representante de su estirpe y de su raza autóctona. Hoy, que el país se debate en la controversia del reconocimiento constitucional a los derechos indígenas, diferendo que ha escrito ya páginas cruentas de nuestra historia remota y reciente, debemos recordar todos que el hombre cuyo recuerdo honramos hoy, cuya obra jurídica y política es inmortal y que es uno de los más grandes héroes del catecismo cívico nacional, ese hombre fue un indígena.

Hoy, más que nunca, el ejemplo de Juárez debe estar presente en las acciones de lo hombres públicos y en la conducta privada de todos los mexicanos. Juárez debe seguir siendo paradigma que norme el obrar honrado de nuestros funcionarios, ejemplo que estimule la fuerza y el valor de quienes tienen que decidir el rumbo de nuestra Patria, modelo de respeto a la Ley para quienes amamos el derecho e inspiración patriótica para todos los que formamos esta gran Nación.

Compañeras y compañeros legisladores, los exhorto a que no tomemos este día como una efeméride más en el calendario político de México, a que retomemos el enorme ejemplo moral y formal de Juárez para cumplir la encomienda por la cual estamos aquí, para corresponder a la confianza que el pueblo de México nos ha otorgado, y contribuir de esta forma al crecimiento de nuestra gran Nación.

Dip. María de Jesús Aguirre Maldonado.»

«Efemérides con motivo del Natalicio de Don Benito Juárez, a cargo del diputado Luis Andres Esteva Melchor, en nombre del grupo parlamentario del PAN.

A nombre del Partido Acción Nacional acudo a esta tribuna para honrar el natalicio de Don Benito Juárez García; un indígena, que a base de esfuerzo, perseverancia y firmeza en sus convicciones y en sus acciones, fue pilar para la construcción del Estado Mexicano, y cuya grandeza, traspasó las fronteras de nuestra patria, al concedérsele el título de Benemérito de las Américas.

Como mexicanos, nos enorgullecemos al honrar a quien dedicó su vida a defender la Soberanía y la Libertad de México.

Los pueblos no se equivocan cuando recuerdan a sus hombres ilustres. Ya Don Benito Juárez, en una carta enviada a Maximiliano, señaló que es propio del hombre: ``...atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud; pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es, el fallo tremendo de la Historia. Ella nos juzgará...''. La historia y los pueblos de México ya han juzgado a Juárez, como también nos juzgarán a nosotros.

Por eso, hoy rendimos homenaje al Presidente Juárez, al estadista que defendió un proyecto de Nación diferente.

Hoy celebramos a Juárez, al indígena que nació en la sierra oaxaqueña, y que con humildad y firmeza, desde abajo, hizo su carrera política hasta sus más altos niveles. Ese primer presidente indígena, el que aprendió a leer y escribir después de los 12 años y que con el tiempo sería una de las mentes más lúcidas de su tiempo.

Hoy recordamos a aquel que fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y diputado local.

A aquel abogado que durante algún tiempo vivió de su profesión defendiendo comunidades indígenas, en su Estado natal, donde años después al asumir el gobierno, fundó escuelas normales, reorganizó la guardia nacional, construyó caminos, y consiguió el levantamiento de una carta geográfica y del plano de la ciudad capital, además de dejar excedentes en las arcas del Estado. Estas acciones constituyen indicios de la capacidad de Estadista de Juárez; puesto que confería importancia a la Educación, ya que ésta le había permitido vencer la exclusión a la que él mismo parecía condenado.

Hoy recordamos a aquel que fue Diputado Federal, y dos veces gobernador de su estado natal, desterrado político y Ministro de Justicia e Instrucción Pública.

A aquél Benito Juárez que desde ese ministerio, expidió La Ley sobre Administración de Justicia y la Ley Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios (conocida como la Ley Juárez), con la que fueron abolidos los fueros y privilegios que tenían algunos mexicanos por encima de otros mexicanos.

Hoy recordamos a aquel que promulgó en su estado la Constitución de 1857. Se le nombró ministro de Gobernación y posteriormente fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia y fue preso político.

A aquel Juárez que asumió la presidencia de la República por ministerio de ley y también fue electo constitucionalmente para continuar en la Presidencia al concluir la Guerra de Reforma.

Hoy recordamos a aquel que expidió las Leyes de Reforma, que declaraban la independencia del Estado respecto de la Iglesia, la ley sobre matrimonio civil y sobre registro civil; y el paso de los bienes de la Iglesia a la nación. Estas leyes consolidaron el poder civil frente a los poderes de los grupos con intereses particulares, las que instauraron las libertades públicas y establecieron el respeto a los distintos credos para consolidar el estado de derecho y los poderes legalmente constituidos, en la convicción de que no podía haber ningún mexicano con más derechos y privilegios que otro.

La independencia del Estado respecto de la Iglesia, proclamada por tales leyes, constituyó un acierto que Acción Nacional reconoce. Al respecto, retomo las palabras de Adolfo Christleb Ibarrola: ``Acción Nacional ha considerado siempre, que en la vida política es necesario establecer los más amplios campos de entendimiento y cooperación entre todos los mexicanos de buena voluntad. Estos campos pueden verse restringidos estérilmente, si se plantean sobre bases específicamente confesionales, que trasladaría, con facilidad, al terreno de la diaria convivencia divergencias religiosas que no deben trascender a las relaciones sociales de orden netamente temporal. Sobre los principios de Derecho Natural puede fundarse un orden social que satisfaga a quienes, profesando la concepción cristiana de la vida y a quienes a pesar de las discrepancias religiosas, consideren como base de la convivencia, el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana''.

Hoy celebramos a aquel que encabezó la lucha que derrotó al imperio francés y sus aliados internos que siempre han querido un México dividido entre privilegiados y excluidos.

Juárez nos dejó leyes, los valores y las instituciones de la República, para frenar el caudillismo.

Esa convicción con que luchó Juárez desde el principio de su vida pública, lo consagró en la historia de México, como el más tenaz abogado de la República.

Hoy los tiempos han cambiado, pero sin duda, la mejor manera de celebrar el natalicio de Juárez y honrar lo que nos ha heredado es renovar, desarrollar, y adaptar a las situaciones actuales el propósito de poner las instituciones de la República al servicio de la justicia y el desarrollo de los pueblos de México.

Juárez consideró el respeto a los derechos de las personas el fundamento de la convivencia y llevó a cabo acciones para propiciarlo, en ello radica su valor como presidente y como hombre. Acción Nacional considera importante recordar a Juárez, reconocer su afán en terminar con la marginación y exclusión, así como su interés en promover una sociedad de iguales articulada en torno al principio del respeto.

Quienes integramos esta LIX Legislatura debemos mirar con generosidad y humildad el quehacer de cada uno de los personajes de nuestra historia nacional para recuperar y tomar ejemplo de los ideales y acciones que les concedieron el reconocimiento más importante, el del pueblo de México.

Dip. Luis Andrés Esteva Melchor .»

«Efemérides con motivo del Natalicio de Don Benito Juárez, a cargo del diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

En unos días se conmemorará el 198 aniversario del nacimiento de Benito Juárez, figura emblemática de la libertad y el estado de derecho.

La evocación del servicio que don Benito Juárez dio a México nos conduce a reflexionar en torno a uno de sus legados más importantes: la aplicación irrestricta de la ley.

Como actores y a la vez corresponsables del desarrollo de la política nacional, seguramente todos reconocemos que la consolidación de la democracia sigue representando una tarea pendiente.

Por supuesto, no se trata de desconocer los avances logrados ni los muchos acuerdos construidos a partir de nuestra pluralidad. Pero tampoco podemos desconocer que seguimos sin hallar vías de acuerdo más expeditas y que en ocasiones la polarización de las posiciones partidistas ha impedido la instrumentación de reformas que todos reconocemos impostergables pero que no hemos podido consumar.

Por otra parte, la ley sigue siendo referencia, pero no ha podido ser regla de aplicación general ni hemos podido instaurar un estado de derecho permanente que dé satisfacción a los reclamos de justicia del pueblo de México.

Este ejercicio de autocrítica no aspira a la flagelación ni al recuento estéril de lo que no hemos logrado, sino a impulsar una conciencia general que nos haga trabajar de manera intensa en la instauración de ese estado de derecho que merecemos como individuos y como nación.

La entereza y determinación de Benito Juárez para cumplir la ley, y su capacidad para hacerla cumplir, son valores imprescindibles en un gobernante y son ejemplo para todos, independientemente del ámbito en el que cada quien participe en la vida social, económica y política del país.

Juárez respetó la ley en todos sus actos, lo mismo al sepultar a su hija en un cementerio civil para cumplir con la norma, que al defender la Constitución del 57 y al observar fielmente los tratados y los principios del derecho internacional; respeta la ley cuando se niega a seguir a Comonfort en su defección; respeta el principio de legalidad con las Leyes de Reforma y cuando defiende no sólo la integridad del territorio sino a la patria misma durante la intervención y el imperio, mientras afronta los problemas de una agobiante deuda pública.

Trabajemos para reformar o en su caso actualizar el marco legal pero también para que la ley adquiera carácter de general, para que la ley sea innegociable, para que la ley tenga vigencia en los hechos y sea, a la vez, instrumento de cambio hacia un México más justo.

De las múltiples lecciones que Juárez dio con su actuación en los asuntos públicos, destaco hoy su grandeza de ánimo frente a las adversidades, su talento político, su honradez personal y su respeto por la ley.

Su desempeño sigue siendo apreciado en el país y más allá de nuestras fronteras por su perseverancia .y determinación, muy lejos del fatalismo que a veces nos envuelve y que empequeñece nuestra visión de nosotros mismos.

La obra de Juárez representa la grandeza de la historia de México y la esencia de la dignidad nacional: desde su conmovedora humildad; en el infortunio o en el poder público, en la severidad del derecho, o ante la injusticia y la agresión extranjera, Benito Juárez supo ser lo mejor de una patria generosa.

Por su origen, su obra, su herencia y su ejemplo, Juárez enarbola la voluntad de independencia de los mexicanos.

Por ello recordamos hoy su nacimiento, del que parte la formidable trayectoria de su vida y el siempre vigente legado de su obra.

Dip. Jesús Martínez Alvarez.»

«Efemérides sobre el Décimo Aniversario Luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del PRI.

Este día, las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional reivindicamos la vigencia de los ideales y las convicciones del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, sin dejar nunca de pronunciarnos y exigir justicia.

Quien no conoce bien la fuerza de la palabra no puede conocer bien a las mujeres y a los hombres deseosos de construir un mundo de libertad, de democracia, de equidad y de oportunidades. Con ella y con su ejemplo, Luis Donaldo Colosio dibujó la patria y el país que quería para los mexicanos, aunque con ella entregaba su vida.

El equilibrio entre derecho y obligaciones es la búsqueda eterna en el devenir de la historia. Empero, partiendo de que los grandes valores no son pieza acabada sino sentimientos que se van acrecentando y fraguando en el crisol de las relaciones humanas, encontramos en México, para fortuna y orgullo nacionales, el ejemplo de un hombre que supo atisbar un país de futuro, de legalidad, de rectitud y de justicia.

Luis Donaldo fue un hombre de tal valía, que logró conquistar la amistad y el compromiso con su proyecto de nación, de personajes con posturas ideológicas distintas que sabían unir lo esencial y tolerar lo diferente; un hombre que supo advertir el cansancio de las instituciones creadas por gobiernos emanados de nuestro partido -el Revolucionario Institucional-, que supo advertir el desgaste de nuestro partido y la relación con el poder, privilegiando la competencia entre partidos, ponderando el voto ciudadano y transformando el PRI y la política, dejando constancia en la XIV Asamblea Nacional y en la firmeza que imprimió a su dirigencia.

Advirtió que un político no es nada si no reconoce el amor y el respeto de la familia, el cariño de la comunidad que lo vio crecer y la identidad de la región de procedencia. Fue suficientemente hombre para encontrar en la humildad y en los buenos sentimientos su mayor fortaleza.

Cito parte de su intervención en la glosa del Tercer Informe del Presidente Miguel de la Madrid, como diputado federal de la LIII Legislatura, de fecha 10 de septiembre de 1985:

``Estamos conscientes de que en el hacer, con frecuencia, es más difícil enderezar que crear, y tenemos mucho que enderezar, mas habiendo voluntad política y decisión lograremos superar las condiciones presentes. Si observamos nuestra historia, vemos que las derrotas que hemos sufrido han sido siempre o casi siempre autoderrotas; que, en cambio, cuando la sociedad ha estado animada a la voluntad de vencer, la victoria se ha alcanzado. Por eso se requiere que, dentro de nuestras instituciones y respetando los distintos modos de pensar, afiancemos los valores comunes y, tras ellos, obtengamos las muchas victorias que el pueblo de México requiere para alcanzar mejores niveles de vida material y espiritual.''

Donaldo fue un hombre tan coherente y congruente, que todo lo que advirtió en su prodigioso camino político entre su desempeño como diputado federal de la LIII Legislatura, dirigente del CEN del PRI, secretario de Desarrollo Social, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, que el 6 de marzo de 1994, en el marco del LXV aniversario del PRI, en el Monumento a la Revolución sintetizó sus anhelos, sueños, visiones y propuestas, entre las que citamos las siguientes:

``Cuando el gobierno ha pretendido concentrar la iniciativa política, ha debilitado al PRI. Por eso hoy, ante la contienda electoral, el PRI sólo demanda del gobierno imparcialidad y firmeza en la aplicación de la ley. No queremos concesiones al margen de los votos, ni votos al margen de la ley...

``Soy un mexicano con raíces populares; soy un mexicano que ha recorrido muchas veces el país, que no cesa de maravillarse ante su variedad y riqueza humana, y tampoco cesa de advertir sus dolores y carencias. Me apasiona convivir, compartir, escuchar, comprender al pueblo de que formo parte. Aprendo diariamente de sus actitudes francas y sencillas.

``Reitero que provengo de una cultura del esfuerzo, y no del privilegio. Como mis padres, como mis abuelos, soy un hombre de trabajo, que confía más en los hechos que en las palabras. Pero, por eso mismo, soy un hombre de palabra, y la empeño ahora mismo para comprometerme al cambio que he propuesto: un cambio con rumbo y responsabilidad...

``Veo un México con hambre y sed de justicia...

``Es la hora de reformar el poder...

``Es la hora de la nación.''

Honremos a Luis Donaldo siendo buenos hijos, buenos padres, buenos ciudadanos, buenos mexicanos... buenos políticos.

Dip. Fermín Trujillo Fuentes.»

«Efemérides acerca del Día Meteorológico Mundial, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

Hoy vengo a tribuna para hacer una reflexión sobre el Día Meteorológico Mundial.

La Organización Meteorológica Mundial conmemora cada año, el 23 de marzo, la entrada en vigor de su convenio de 1950 y organiza el Día Meteorológico Mundial o Día Mundial del Clima, dedicado a un tema de actualidad o de interés general.

El Día Meteorológico Mundial también es la ocasión idónea para advertir acerca de los efectos que tiene la contaminación en la atmósfera y el clima. Muestra de ello lo representa el adelgazamiento gradual de la capa de ozono, lo que ha provocado un calentamiento global de la Tierra que podría representar un aumento de la temperatura hasta de 5 grados centígrados hacia el año 2100 si no se adoptan medidas preventivas más estrictas.

Se teme que esto provoque el deshielo de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel del mar se eleve hasta en 1 metro, lo cual amenazaría la existencia de algunos países insulares con zonas bajas y planicies costeras.

Desde siempre, el hombre y todas las especies vivas han tenido que adaptarse al clima y al ambiente en general; si no hubiese sido así, se habrían extinguido. De aquí la gran importancia que hay que dar a las consecuencias de un cambio climático.

El ser humano se adapta más o menos a condiciones meteorológicas como la temperatura, la humedad, el viento, la radiación solar o la contaminación, pero todo tiene un límite y si se expone a una variación fuerte y repentina, como al aumento drástico de temperatura, puede morir.

Lo idóneo para nuestra subsistencia en un lugar con temperaturas que oscilen entre 17 y los 31 grados centígrados. Aunado a lo anterior, el aire que respiramos está lleno de partículas, muchas de ellas muy contaminantes.

La capa de ozono nos protege contra las radiaciones solares ultravioletas, nocivas para animales y plantas.

Se sabe que la radiación ultravioleta-b es una de las causas del cáncer de piel en las personas que tienen la piel clara y que puede disminuir sus defensas. También está demostrado que los casos de cataratas oculares son más frecuentes en zonas nevadas y muy soleadas.

La contaminación está acabando con la capa de ozono: otro problema añadido a la Organización Meteorológica Mundial. Consideremos que el mundo evoluciona a un ritmo que no cesa de acelerarse. Cada día que pasa se tiene una idea más clara de la vulnerabilidad de la economía al tiempo, el clima y el agua, factores que inciden en casi la totalidad de las actividades humanas.

Ello se pone de manifiesto, por ejemplo, en la creciente preocupación acerca de las repercusiones de los evidentes peligros naturales. Las estadísticas mundiales revelan que más de 80 por ciento de los desastres causados por fenómenos naturales registrados durante la última década han sido de origen meteorológico o hidrológico.

En los pasados 50 años, las pérdidas atribuibles a todo tipo de desastres naturales, incluidos fenómenos hidrometeorológicos, sismos y erupciones volcánicas, se estimaban en 4 mil millones de dólares estadounidenses, cifra que en 1990 se había incrementado ya a 40 mil millones.

Más de 65 por ciento de las pérdidas materiales y casi 90 por ciento de los decesos se debieron a desastres relacionados con el tiempo, el clima o el agua. En los años noventa hubo que lamentar 280 mil víctimas de la sequía.

Infortunadamente, las repercusiones de esos fenómenos se hacen sentir desmesuradamente en los países en desarrollo.

Por ello, en resumen, debemos recordar lo siguiente:

Los científicos han demostrado que con el aumento de la temperatura mueren más personas por causas como el infarto cuando hay olas de calor que durante periodos de frío intenso.

El cambio climático está provocando la aparición de enfermedades infecciosas que se creía controladas, como la malaria, el paludismo o el dengue, en algunas zonas de Sudamérica. En Europa hay más alergias y padecimientos respiratorios.

La Organización Meteorológica Mundial dice que 70 por ciento de los desastres naturales que se registran en el mundo es causado por fenómenos meteorológicos e hidrológicos extremos.

Entre un tercio y la mitad de los tipos de vegetación existentes podrían cambiar y muchos de ellos se extinguirían debido al cambio climático.

El huracán Mitch y los fenómenos del Niño y la Niña son tres de los últimos desastres naturales.

Muchos científicos afirman que el secreto del clima lo tienen los océanos, ya que son los que lo regulan, moderando las temperaturas extremas (su capacidad de calor es mil veces superior a la de la atmósfera), por lo que debemos dar prioridad a su conservación.

En este sentido, la celebración del Día Meteorológico Mundial 2004, que tiene el tema ``El tiempo, el clima y el agua en la era de la información'', nos hace reflexionar acerca de la necesidad de emplear las más avanzadas tecnologías y los recientes avances científicos en la vigilancia y protección de los ciclos hidrológicos y la calidad del agua en beneficio de los seres vivos en la entrante era de la información.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.--- Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán.»

«Efemérides sobre el Día Mundial de Lucha Contra la tuberculosis, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, grupo parlamentario del PVEM.

Compañeros diputados, el día de hoy subo a esta tribuna para hacer una reflexión con respecto al Día Mundial de Lucha Contra la Tuberculosis.

Hace 24 años, el día 24 marzo de 1982, durante la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud se conmemoró el centenario del descubrimiento de la bacteria de Koch, y se propuso la celebración de esta fecha como el Día Mundial de Lucha Contra la Tuberculosis.

Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por el Mycobacterim tuberculosis, también conocido como bacilo de Koch, que se transmite al toser, hablar o estornudar y la probabilidad de infectarse o desarrollar la enfermedad están, en ambos casos, relacionadas con la desnutrición, condiciones de hacinamiento, una mala aireación y condiciones de vida insalubres.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que anualmente más de ocho millones de personas contraen la tuberculosis y tres millones mueren a causa de ella. México ocupa el tercer lugar en América Latina en número de casos, pero en problemática e incidencia se ubica en la posición número 20 (mayor de 25 y menor de 40 casos de tuberculosis por 100 mil habitantes).

Al parecer la tuberculosis había disminuido gracias al uso de antibióticos y al mejoramiento de las condiciones sanitarias y de vida de la población; no obstante, en los últimos años esta enfermedad ha resurgido con gran fuerza, como consecuencia del cambio climático, o también debido a su asociación con el VIH/sida y a la resistencia a los antibióticos del bacilo que la causa.

Al respecto, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, afirmó que en México ese padecimiento ocupa el decimoquinto lugar como causa de muerte y 95 por ciento de los fallecimientos se registran en la población mayor de 15 años, sin embargo, la tuberculosis sigue siendo la mayor causa infecciosa de mortalidad de mujeres jóvenes en todo el mundo.

Se sabe que en el país se presentan alrededor de 20 mil nuevos casos de tuberculosos anualmente, que afectan a poblaciones con escasos recursos de los estados de Veracruz y Oaxaca, según Raúl Mancilla, especialista del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB) de la UNAM.

Lo grave del problema, a juicio del investigador, es la poca credibilidad del registro, por lo que las cifras epidemiológicas pueden elevarse hasta mas de 73 mil. Luz María López, también investigadora del IIB, reconoció que en México la tuberculosis es una enfermedad difícil de controlar y que a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Salud, las cifras de individuos con este padecimiento seguirán siendo altas y que sigue vigente el riesgo de que aumenten.

Además, que de manera notoria la aparición del sida favoreció que resurgiera la tuberculosis, debido a que los pacientes tienen disminuidas sus defensas.

También la Secretaría de Salud afirma que en México hay cerca de 16 mil personas que adquirieron esta enfermedad y que en su mayoría son provenientes de sectores marginados; además de los 3 mil fallecimientos contabilizados por año.

Consideremos que, como lo predijera la especialista Nills Billo, representante de la Unión Internacional de la Lucha Contra la Tuberculosis, la carga global para el 2002 fue de 1.9 millones de muerte en el año.

De esta cifra, el 98 por ciento se dio en países subdesarrollados y de estos fallecimientos, alrededor de 365 mil se debieron a la asociación: tuberculosis-sida.

Para los habitantes de las grandes urbes mexicanas como el Distrito Federal este es un asunto de vital importancia, ya que además de contar con el mayor centro de atención e investigación del padecimiento, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), lamentablemente somos la ciudad con mayores índices de contaminación lo que favorece las posibilidades de infección.

Por lo anterior los integrantes del Partido Verde Ecologista de México consideramos necesario:

1. Intensificar la lucha antituberculosa como parte de la atención primaria de salud.

2. Mejorar las condiciones sociales y económicas de los grupos vulnerables.

3. Aplicar estrategias que establezcan un sistema eficaz de vigilancia de la enfermedad.

4. Adoptar las medidas necesarias de erradicación en coordinación con los demás países con alta morbilidad.

5. Coordinarse con instituciones no gubernamentales y la propia organización mundial de la salud para lograr metas conjuntas y elaborar programas de apoyo.

6. Permitir el acceso a los grupos vulnerables a medicamentos y equipos de diagnóstico en cantidad suficiente y de buena calidad.

7. Favorecer la formación de nuevos profesionales en áreas de investigación y desarrollo de estrategias.

Por su atención, muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.--- Dip. Jacqueline G. Argüelles Guzmán.»

«Efemérides sobre el XC Aniversario de la Heroica Defensa del Puerto de Veracruz, a cargo del diputado Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del PAN.

La Historia de la Armada de México tiene registrado el 21 de abril de 1914 como el día en que los Cadetes de la Heroica Escuela Naval dieron al pueblo de México un ejemplo de honor, lealtad, valor y entrega. Dos de ellos, el Teniente José Azueta Abad y el Cadete Virgilio Uribe Robles sucumbieron ante las balas de los marinos estadounidenses que invadieron el puerto de Veracruz.

En el mes de abril de 1914 barcos de guerra de Alemania, Estados Unidos, Holanda e Inglaterra, se encontraban fondeados en el puerto de Tampico y el río Pánuco, argumentando estar al pendiente de los intereses de sus países y al cuidado de la seguridad de sus compatriotas radicados en ese puerto.

El 9 de abril, el pagador del buque de guerra norteamericano Dolphin Copp, en compañía de varios marinos desembarcó en puerto Iturbide y sin motivo aparente el Coronel Ramón H. Hinojosa ordenó que fueran arrestados y llevados al cuartel del General Ignacio Morelos Zaragoza.

Los norteamericanos protestaron airadamente al considerar que con ese acto su bandera había sido ofendida exigiendo un desagravio al gobierno mexicano, el cual consistía en una salva de honor de 21 cañonazos cuando el pendón de los Estados Unidos de América fuera izado; a lo cual contestó el General Morelos que así se haría siempre y cuando los barcos estadounidenses hicieran lo mismo cuando fuera izada la bandera de México, lo cual fue rechazado por la nación extranjera.

Por lo que el día 14 de abril, el Presidente Woodrow Wilson convocó a una conferencia con sus colaboradores y con los jefes de Estado Mayor del Ejército y la Marina, sugiriendo el secretario Lind que el crucero Chester atacara a los buques mexicanos, ya que el puerto no tenía capacidad para defenderlos, idea a la que se opuso el Almirante Blue, jefe del Estado Mayor de la Armada, quien expuso que posiblemente el barco hundido fuera el Chester. debido a que en ese lugar se encontraba el cañonero Nicolás Bravo, considerado la mejor unidad de la Marina mexicana.

Pero el cónsul de Estados Unidos de América en Veracruz, William W. Canada, informó a su Gobierno que el General Gustavo A. Mass le había confesado la ausencia de efectivos para defender el puerto y que en caso de intervención sus fuerzas presentarían ligeros combates y abandonarían la plaza, para evitar la destrucción de la ciudad y evitar la muerte innecesaria de civiles.

Así el día 21 de abril de 1914, a las 02:00 horas, el Presidente Wilson recibió una llamada telefónica del secretario de Marina, Josephus Daniels, quien le afirmó que el buque Ipiranga había zarpado de La Habana, rumbo a Veracruz, con 1,330 cajas de cargamento. Las fuerzas norteamericanas las componían 45 barcos de guerra y diez mil Infantes de Marina.

El General Gustavo A. Mass, Comadante General de la plaza de Veracruz,, ya tenía elaborados sus planes en caso de que ocurriera el desembarco de los norteamericanos en ese lugar. Al mando de 100 hombres, el teniente coronel Albino Rodríguez Carrillos presentaría un simulacro de resistencia, mientras los batallones 18 y 19 del Ejército Federal se desplazaban en dirección a Tejería, abandonando a su suerte a la ciudad de Veracruz.

Hacia las 11:20 horas del 21 de abril, los habitantes de Veracruz que se encontraban en el muelle, advirtieron que del cañonero Praire descendían 11 botes, con tropas de infantería de Marina que se dirigían al muelle Porfirio Díaz. Desembarcando al poco tiempo otra porción igual de infantes de las embarcaciones Florida y Utah con destino hacia el mismo punto.

Mientras tanto, en la Escuela Naval, los Cadetes de la guardia que debía ser relevada, ya se habían enterado del descenso de los norteamericanos, esperaron la llegada del comodoro Manuel Azueta, quién al momento de entrar a la escuela lanzó un grito de ¡viva México! que efusivamente fue contestado por los cadetes, a quienes se les había proporcionado armas y municiones y ya formados se les dirigió una arenga patriótica y entusiasta.

Por su parte los norteamericanos se posesionaron de los inmuebles del correo, telégrafos y de la aduana. Minutos antes del mediodía inició el tiroteo.

El fuego lo iniciaron 50 hombres del XIX batallón, que se encontraba en Veracruz al mando del teniente coronel Cerrillos, a los que se agregaron algunos gendarmes y voluntarios civiles, quienes fueron provistos de armamento en los almacenes del cuartel de artillería, de donde se proveyeron de armas y municiones para seguir el combate.

Para ese momento, nuevos desembarcos norteamericanos habían tenido lugar y los Cadetes de la Escuela Naval utilizaron todos los recursos posibles para defender a su patria, así como a su alma mater, disparando con más eficacia y después de una ardua batalla horas más tarde obligaron al enemigo a reembarcarse. Obligando de este modo a que las ametralladoras de lanchas norteamericanas rompieran el fuego con la Escuela Naval y poco después lo hizo el Pariré con sus cañones de 80 milímetros, haciendo imposible oponer resistencia a esa artillería.

Los días 22 y 23 continuó la resistencia del puerto, pero finalmente el 24 de abril los marinos norteamericanos se apoderaron de Veracruz. El almirante Fletcher se hizo cargo del gobierno y ocupó la Jefatura de Policía; las autoridades municipales renunciaron a sus puestos y el ayuntamiento quedó disuelto. Con la difusión de los acontecimientos, en todo el país se levantó el clamor popular y se olvidó la lucha que se sostenía entre hermanos y surgió la unión contra los invasores, tomando como ejemplo los actos heroicos de los Cadetes de la Escuela Naval Militar.

El 24 de abril más tropas estadounidenses desembarcaron en el puerto. Al día siguiente, los cadetes navales llegaron a la ciudad de México, al mando del Comodoro Manuel Azueta; el contingente estaba formado por 89 alumnos, 10 oficiales, 25 hombres de tropa y nueve alumnos de arsenal.

Argentina, Brasil y Chile, abogaron para que se diera una solución pacifica al conflicto. Y fue el dos de julio de ese mismo año cuando se firmó la paz entre México y los Estados Unidos de América, dando fin a una guerra que nunca fue declarada. El 23 de noviembre de 1914 las últimas tropas norteamericanas se retiraron del territorio veracruzano.

Por la hazaña de los cadetes de la Escuela Naval durante la jornada del 21 de abril de 1914, en 1949 el honorable Congreso de la Unión dispuso que al nombre del plantel se antepusiera el calificativo de Heroica. A partir de entonces, el crisol donde se forman los futuros oficiales de la Armada de México se denomina Heroica Escuela Naval.

Muchas gracias.»

«Efemérides sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.

Vengo a tribuna a recordar la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se instituyera en la resolución A/RES/47/193 del 22 de diciembre de 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas cada día 22 de marzo y celebrado desde hace 12 años, de conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y desarrollo, contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21.

Desde el comienzo, el objetivo de la celebración del Día Mundial del Agua centra su atención en la necesidad de abordar los problemas relacionados con el suministro de agua potable, aumentar el conocimiento sobre la importancia de conservación y protección de los recursos de agua, el suministro de agua potable, y aumentar la participación y la cooperación de los gobiernos, agencias internacionales, organizaciones no-gubernamentales y el sector privado en la organización y celebración de este día.

Para el caso de nuestro país podemos comenzar con el hecho de que actualmente cuenta con una capacidad natural de agua de 4,841 metros cúbicos por habitante al año, cuota inferior en al menos un 40 por ciento a la de Estados Unidos de América y equivalente a sólo el 14 por ciento del abasto per cápita de Canadá.

A principios de la década de los 50, México contaba con 11,500 metros cúbicos por habitante al año y en los últimos 45 años dicha cantidad se redujo a menos de la mitad.

Consideremos que, de continuar esta tendencia, en el año 2020 la disponibilidad promedio será de 3,500 metros cúbicos por habitante al año, toda vez que el último censo de población del INEGI reportó que México cuenta con una población de 97.4 millones de personas y se estima que para el año 2025 contará con 26 millones más, lo cual indica que, de no adoptarse medidas urgentes y a corto plazo para un manejo sustentable del líquido, los problemas actuales de suministro se tornarán sumamente críticos.

También, a los datos anteriores hay que agregar que el 70 por ciento del agua que reciben las ciudades proviene del subsuelo, y con ese volumen se logra el abastecimiento de aproximadamente 75 millones de personas; haciendo que la sobreexplotación de los acuíferos sea cada vez más grave; por ejemplo, en 1975 se obtenía agua de 32 de ellos, pasando en el 2000 a 96. Además de que, de los 653 acuíferos identificados en el territorio nacional, 96 son explotados en exceso y de éstos se extrae el 50 por ciento del total del agua subterránea que se utiliza para todas las actividades.

Lamentablemente sabemos que el problema nos está rebasando, podemos observar el agotamiento de manantiales, la desaparición de lagos y humedales, la reducción de los caudales de los ríos, la desaparición de vegetación y la pérdida de ecosistemas, el deterioro de la calidad del agua de los propios acuíferos y el agrietamiento y hundimiento del subsuelo, etcétera.

La economía nacional también se ve afectada como consecuencia de la sobreexplotación, el incremento de los costos de extracción y el uso de más energía eléctrica para bombear el agua que se encuentra a una profundidad mayor, lo que encarece la producción de muchos cultivos tradicionales, de los productos industriales y el servicio de agua potable a las poblaciones.

Aunado a esto, la mayoría de los cuerpos de agua superficial del país recibe descargas residuales sin tratamiento, ya sea de tipo doméstico, agrícola o pecuario, lo que ocasiona diferentes grados de contaminación que limitan su uso.

Consideremos que el Día Mundial del Agua 2004, cuyo lema es "El agua y los desastres", supone tanto un desafío como una oportunidad para todos los que tenemos que ver con la gestión de desastres y en particular con lo relativo a la protección del medio ambiente.

Es por ello que los integrantes del Partido Verde Ecologista de México aprovechemos esta oportunidad para invitar a los diversos participantes de los medios de difusión a realizar campañas de concienciación pública y de interacción comunitaria, donde se capacite para dar un uso sustentable del agua.

Sabemos de la necesidad de sacar partido de esta oportunidad para desarrollar estrategias de conservación y respuesta ante tal deterioro del vital liquido, así como el requerimiento de aumentar la comprensión de la predicción meteorológica e hidrológica por parte de la población, y potenciar la capacidad de las comunidades con el fin de que aprecien y comprendan de manera sencilla las diversas facetas que requerimos para conservar nuestro planeta.

Por su atención, muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2004.--- Dip. Jacqueline G. Argüelles Guzmán.»

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AVISOS

Cambios de turno realizados por la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

DERECHOS DE MENORES

Con fecha 9 de febrero de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Código Penal Federal; el Código Federal de Procedimientos Penales; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, remitida el 11 de diciembre de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables.

ARTICULOS 26 Y 108 CONSTITUCIONALES

Con fecha 13 de febrero de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 108, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, remitida el 18 de diciembre de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Con fecha 13 de febrero de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, remitida el 18 de noviembre de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO 122 CONSTITUCIONAL

Con fecha 13 de febrero de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa del diputado Alfredo del Mazo González, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 11 de diciembre de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

Con fecha 13 de febrero de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa del Presidente de la República, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, remitida el 7 de enero de 2004. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y de Juventud y Deporte.

LEY FEDERAL DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS

Con fecha 13 de febrero de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa de los diputados Eduardo Rivera Pérez y Tomás Coronado Olmos, que expide la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, presentada el 27 de agosto de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y de Turismo.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Con fecha 13 de febrero de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, con proyecto de decreto que deroga la fracción X bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada el 23 de octubre de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y de Desarrollo Social.

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

Con fecha 13 de febrero de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, remitida el 15 de diciembre de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Con fecha 13 de febrero de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, remitida el 10 de diciembre de 2002. Se turna a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE LA JUVENTUD

Con fecha 25 de febrero de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa del diputado Gonzalo Guízar Valladares, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de la Juventud, presentada el 9 de diciembre de 2003. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

LEY GENERAL DE PROTECCION A LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Con fecha 27 de febrero de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa de los diputados Consuelo Muro Urista y Angel Paulino Canul Pacab, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada el 18 de febrero de 2004. Se turna a las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Gobernación, con opinión de la de Asuntos Indígenas.

LEY MINERA-LEY FEDERAL DE DERECHOS

Con fecha 1º de marzo de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa del senador Luis Alberto Rico Samaniego, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversos artículos de la Ley Minera y de la Ley Federal de Derechos, remitida el 11 de diciembre de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

ESTADO DE JALISCO

Con fecha 4 de marzo de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la proposición con punto de acuerdo, en relación con la contaminación que padece el cauce del Río Lerma-Santiago, aledaña a los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, presentada el 13 de noviembre de 2003 por el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos. Se turna a las comisiones unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION DE LA FEDERACION

Con fecha 9 de marzo de 2004, la Mesa Directiva remite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que sea anexado al acuerdo del Congreso del estado de Oaxaca, relativo a la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación, presentado el 11 de octubre de 2003.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

Con fecha 9 de marzo de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa de los diputados David Hernández Pérez y Carlos Blackaller Ayala, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, presentada el 3 de marzo de 2004. Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería.

PENSIONES VITALICIAS

Con fecha 23 de marzo de 2004, la Mesa Directiva remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, acuerdo del Congreso del estado de Tlaxcala respecto a una revisión de pensiones vitalicias que perciben funcionarios de los Poderes de la Unión.

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

Con fecha 23 de marzo de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa de la diputada Angélica de la Peña Gómez, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, presentada el 9 de diciembre de 2003. Se turna a la Comisión de Equidad y Género.

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

Con fecha 23 de marzo de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa de la diputada Consuelo Muro Urista, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, presentada el 21 de enero de 2004. Se turna a la Comisión de Equidad y Género.

LICENCIA DE PATERNIDAD

Con fecha 23 de marzo de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa del diputado Marcos Morales Torres, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 170-A y modifica la denominación del Título Quinto de la Ley Federal del Trabajo y adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 9 de diciembre de 2003. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LEY DE COORDINACION FISCAL

Con fecha 30 de marzo de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa de la senadora Leticia Burgos Ochoa, con proyecto de decreto que reforma el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el 13 de diciembre de 2002. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social.

ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL

Con fecha 14 de abril de 2004, la Mesa Directiva amplia el trámite dictado a la iniciativa del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 30 de marzo de 2004. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

CONSTITUCION POLITICA

Con fecha 15 de abril de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa del diputado Enrique Ariel Escalante Arceo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 30 de septiembre de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento al Federalismo.

ARTICULO 3º CONSTITUCIONAL

Con fecha 15 de abril de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa del diputado Ernesto Alarcón Trujillo, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 27 de noviembre de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento al Federalismo.

LEY DE COORDINACION FISCAL

Con fecha 15 de abril de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa de la senadora Leticia Burgos Ochoa, con proyecto de decreto que reforma el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el 13 de diciembre de 2002. Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social.

MATERIA MIGRATORIA

Con fecha 15 de abril de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa de la diputada María Guadalupe Suárez Ponce (PAN) presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y deroga diversos artículos de la Ley General de Población; reforma el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; adiciona un Título Vigésimo Séptimo denominado Delitos en Materia Migratoria y diversos artículos al Código Penal Federal; y adiciona la fracción I y deroga la fracción V del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada el 18 de marzo de 2004. Se turna a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

ESTADO DE SONORA

Con fecha 15 de abril de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la proposición con punto de acuerdo del diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre para exhortar al Gobernador del estado de Sonora para que deje sin efecto el decreto que reforma al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, presentada el 25 de marzo de 2004. Se turna a la Comisión de Gobernación.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

Con fecha 15 de abril de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa del Congreso del estado de Jalisco, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 21 de octubre de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento al Federalismo.

PROCESOS ELECTORALES

Con fecha 15 de abril de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa del Ejecutivo, que reforma y adiciona los artículos: 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 23 de marzo de 2004. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

ARTICULO 25 CONSTITUCIONAL

Con fecha 15 de abril de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa del diputado José Antonio Cabello Gil, con proyecto de decreto, que reforma el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 23 de octubre de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento al Federalismo.

ARTICULO 71 CONSTITUCIONAL

Con fecha 15 de abril de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa de la diputada Minerva Hernández Torres, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 25 de marzo de 2004. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento al Federalismo.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Con fecha 26 de abril de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, con proyecto de decreto| que deroga la fracción X bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada el 23 de octubre de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación, de Desarrollo Social y de Economía.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Con fecha 27 de abril de 2004, la Mesa Directiva amplia el trámite dictado a la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, remitida el 10 de diciembre de 2002. Se turna a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

ARTICULO 122 CONSTITUCIONAL

Con fecha 27 de abril de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa del diputado Alfredo del Mazo González, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 11 de diciembre de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos.