VOLUMEN II
CONTINUACION DE LA SESION No. 2 DEL 16 de MARZO de 2004
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo al Código de Comercio.
Atentamente.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
MINUTAPROYECTO DE DECRETO
Por el que se adiciona un artículo al Código de Comercio.
ARTICULO UNICO.- Al artículo 6, actualmente derogado, se adiciona un artículo con un párrafo con tres fracciones, para quedar como sigue:
Artículo 6. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos mercantiles en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que:
I.- Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;
II.- Desacrediten el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante; o
III.- Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
TRANSITORIOUNICO .- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.--- Lic. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Economía.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. párrafos primero y segundo; 8o. párrafo primero; 12 fracciones I, II, IV, V y VII; 13 fracciones II, III, V, y VI; 14 fracción IV; 33 fracción IV; 37 párrafo primero; 44 párrafo tercero; 48 párrafo, I; 51 párrafo primero; 53 párrafo primero; 54 párrafo segundo; 55° fracción III; 66 fracción I; 75 fracción V y 77 fracción III, de la Ley General de Educación.
Atentamente.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
MINUTAPROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4° PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; 8° PÁRRAFO PRIMERO; 12° FRACCIONES I; II, IV, V Y VII; 13° FRACCIONES II, III, V, Y VI; 14° FRACCIÓN IV; 33° FRACCIÓN IV; 37° PÁRRAFO PRIMERO; 44° PÁRRAFO TERCERO; 48° PÁRRAFO I; 51° PÁRRAFO PRIMERO; 53° PÁRRAFO PRIMERO; 54° PÁRRAFO SEGUNDO; 55° FRACCIÓN III; 66° FRACCIÓN I; 75° FRACCIÓN V Y 77° FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
Artículo único.- Se reforman los artículos 4o párrafos primero y segundo; 8o. párrafo primero; 12 fracciones I, II, IV, V y VII; 13 fracciones II, III, V, y VI; 14 fracción IV; 33 fracción IV; 37 párrafo primero; 44 párrafo tercero; 48 párrafo I; 51 párrafo primero; 53 párrafo primero; 54 párrafo segundo; 55 fracción III; 66 fracción I; 75 fracción V y 77 fracción III de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 4o. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria.
Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria y la secundaria.
Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan-, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Además:
I a III. ...
Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
I.- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48;
II.- Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
III.- ...
IV Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primaria y la secundaria;
V.- Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, primaria y la secundaria;
VI.- ...
VII.- Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, en su caso, formulen los particulares;
VIII a XIII.- ...
Artículo 13.- ...I.- ...
II.- Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
III.- Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con respeto al calendario fijado por la Secretaría;
IV.- ...
V.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida;
VI.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica; y
VII.- ...
Artículo 14...I a III.- ...
IV.- Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares;
V a XI.- ...
...
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:
I a III.- ...
IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que faciliten la terminación de la educación preescolar; primaria y la secundaria;
...
V a XIII.- ...
Artículo 37.- La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria.
...
...
Artículo 44......
El estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación preescolar, primaria y la secundaria.
...
Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
...
...
...
...
Artículo 51.- La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener doscientos días de clase para los educandos.
...
Artículo 53.- El calendario que la Secretaría determine para cada ciclo lectivo de educación preescolar, de primaria, de secundaria, de normal y demás para la formación de maestros de educación básica, se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
...
Artículo 54.- ...Por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.
......
Artículo 55.- ...I a II.- ...
III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.
Artículo 66.- ...I. Hacer que sus hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria;
II a III.- ...
Artículo 75.- ...I a IV.- ...
V.- Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, la primaria y la secundaria;
VI a XII.- ......
Artículo 77.- ...I a II.- .......
III.- Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente.
...
ARTÍCULOS TRANSITORIOSArtículo Primero.- El presente decreto, entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en la parte final del Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se modifican los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría proveerá lo necesario para implementar programas de capacitación que permitan en un tiempo perentorio, garantizar la equidad de la calidad educativa y en su caso expedir la certificación que lo haga constar a quienes a la fecha de entrada en vigor de dicho Decreto, impartan el nivel.
Artículo Tercero.- La consideración del nivel de preescolar como prerrequisito para el ingreso al nivel de educación primaria, se hará de conformidad con la calendarización que establece el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se modifican los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre del 2002.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.--- Lic. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo.
Atentamente.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPAROÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 135 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
Art. 135.- Podrá concederse la suspensión del acto reclamado previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o la de la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.
El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, o cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora o cuando se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía permitidos por las leyes fiscales aplicables.
Tratándose de los juicios de amparo que se pidan contra el cobro de contribuciones o aprovechamientos, sólo procederá la suspensión del acto reclamado previo depósito de las cantidades que correspondan ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.
TRANSITORIOÚnico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Atentamente.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica) Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Único.- Se reforma el artículo 314, fracción II de la Ley General de Salud y se adiciona un párrafo segundo al artículo 350 Bis 6, del mismo ordenamiento para quedar como sigue:
Artículo 314.- Para efecto de este titulo se entiende por:
I.- ...
II.- Cadáver, al cuerpo de todo ser humano independientemente de cual sea el estado de desarrollo en que se encuentre, en el que se compruebe la presencia de los signos de muerte referidos en la fracción II, de del artículo 343 de esta ley;
III a XV.- ...
Artículo 350 Bis 6.- Sólo podrá darse destino final a un feto previa expedición del certificado de muerte fetal.
En el caso de que el cadáver del feto no sea reclamado dentro del término que señala el artículo 348 de esta ley deberá dársele destino final. Salvo aquellos que sean destinados para el apoyo de la docencia e investigación por la autoridad de Salud conforme a esta ley y a las demás disposiciones aplicables, quien procederá directamente o por medio de las instituciones autorizadas que lo soliciten mismas que deberán de cumplir con los requisitos que señalen las disposiciones legales aplicables.
...
TRANSITORIOSPrimero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- La legislación secundaria deberá adecuarse conforme a lo dispuesto en este decreto.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.---México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica) Vicepresidente, Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.»
Se remite a las honorables legislaturas de los estados, para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Lic. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Salud.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley de Puertos.
Atentamente.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
MINUTAPROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE PUERTOS
UNICO.- Se reforma al artículo 50 de la Ley de Puertos para quedar como sigue:
Artículo 50. Los actos y contratos relativos a los servicios portuarios serán de carácter mercantil, con excepción del pilotaje que será de carácter profesional. En los puertos o conjuntos de puertos y terminales sujetos al régimen de administración portuaria integral, los prestadores de servicios portuarios a que se refiere la fracción III del artículo 44 deberán constituirse como sociedades mercantiles. Las relaciones de éstas con sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.
TRANSITORIOSPRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente reforma.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- Lic. Arturo Garita, Secretario de Servicios Parlamentarios.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Transportes y de Marina.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari:Con el permiso del señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El segundo periodo ordinario de sesiones que hoy iniciamos, representa una gran oportunidad para avanzar en las reformas estructurales que nuestro país necesita. En ese sentido nuestro principal objetivo será alcanzar un sistema legal ambiental congruente que permita una mayor articulación y homegeneización de la legislación que tiene impacto en temas ambientales.
Por lo anterior, presentaremos iniciativas de reformas a las leyes que impactan en la aplicación de políticas públicas ambientales y buscaremos un rediseño institucional del Gobierno Federal que permita que el tema ambiental deje de ser sólo una política sectorial y se convierta en una política de Estado, prioritaria en la agenda nacional.
Asimismo impulsaremos instrumentos tanto económicos como sociales que incentiven e involucren a todos los sectores de la sociedad, con el fin de proteger los recursos naturales.
Las iniciativas que hoy presento, es la primera de una serie de reformas que tienen como finalidad, crear el marco jurídico que permita la verdadera protección y conservación de la biodiversidad.
Esta iniciativa busca reformar el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, permitiendo que la Profepa pueda iniciar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes sobre actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal.
Dado que una de las características de la República es la división de poderes, corresponde a los tres poderes distribuir el trabajo para hacerlo más eficiente, ya que cada uno de ellos tiene funciones y líneas de acción propias y por lo tanto no pueden invadir el campo que les corresponde a los otros.
En este sentido las facultades que competen al Poder Ejecutivo son, como el poder administrador, el ejecutar o poner en vigencia las leyes y controlar su cumplimiento.
El Poder Judicial, por su parte, es el encargado de la administración de justicia.
Bajo este principio de división de poderes, se encomienda exclusivamente al Poder Judicial la aplicación de las penas propiamente tales, es decir, del castigo que impone la ley por la comisión de un delito, previa la tramitación legal y conforme a sentencia razonada y fundada.
Sin embargo existen otros castigos que sólo impropiamente se consideran como penas y más bien son correcciones, los cuales pueden aplicarse por las autoridades políticas o administrativas.
No obstante es preciso observar que en estos casos no ejerce la autoridad funciones judiciales, sino únicamente emplea sus atribuciones en conservar el orden y la disciplina respecto a las infracciones que no sería necesario ni posible llevar al conocimiento de los jueces.
El artículo 16 de la Constitución establece que todos los procedimientos penales inician cuando se presente una querella o acusación ante el Ministerio Público. Por lo tanto sólo cumpliendo con tal requisito de procedibilidad, si la representación social considera que se acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, ejercitará la acción penal correspondiente ante el tribunal judicial o autoridad judicial competente.
De igual forma el artículo 21 constitucional establece que la imposición de penas es exclusivo de las autoridades judiciales. Sin embargo la investigación y persecución de los delitos es materia del Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.
Asimismo se estipula que compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multas o arrestos. Es preciso hacer énfasis en la división de poderes y en la capacidad de lineamientos de acción de cada entidad que ya tiene, ya que existen casos como el mencionado en el artículo 202 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el cual se establece que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente está facultada para iniciar las acciones que proceden ante las autoridades judiciales competentes cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyen violación a la legislación administrativa o penal.
Sin embargo, se incurre en un error, ya que estrictamente las autoridades judiciales federales son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal, los cuales no están facultados para seguir o investigar delitos, sino que esta facultad es propia del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República.
Reafirmando lo anterior mencionado, el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inciso a), señala: ``Incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal y por lo mismo a él le corresponde solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine''.
Asimismo la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece en su artículo 4o, fracción I, inciso a), las atribuciones de esta institución entre las que destaca: Investigar y perseguir los delitos de orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende en la averiguación previa: recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delitos; investigar los delitos del orden federal, así como los delitos del fuero común respecto de los cuales ejercite la facultad de atracción y practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como para reparar de los daños del perjuicio causado.
Con base en lo anterior, la Profepa, de acuerdo a la redacción que se contempla en el artículo 202, no podrá iniciar acción sobre actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal, por lo que la propuesta de reformas al mencionado artículo consiste en establecer que la Profepa puede iniciar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes que en la especie se traduce en la figura del Ministerio Público y de las autoridades administrativas.
Por tanto, en atención a lo anteriormente expuesto los suscritos diputados respetuosamente sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:
Artículo 202. ``La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el ámbito de sus atribuciones está facultada para iniciar las acciones que procedan ante las autoridades competentes cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal''.
Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- LIX Legislatura.--- Presente.
Iniciativa que reforma el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del grupo parlamentario del PVM.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raul Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión Justicia y Derechos Humanos, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
Exposición de MotivosUna de las características de la República y de nuestra forma de gobierno, es la división de poderes. Los poderes determinados por la Constitución son tres: legislativo, ejecutivo y judicial, en donde la acción de gobernar corresponde con los tres poderes establecidos. Con esta división de poderes se busca, entre otras cosas, distribuir el trabajo para hacerlo más eficiente, ya que cada uno de ellos tiene funciones y líneas de acción propias y, por lo tanto, no pueden invadir el campo que le corresponde a los otros.
En este sentido, las facultades que competen al poder ejecutivo son, como el poder administrador, el ejecutar o poner en vigencia las leyes y controlar su cumplimiento. El poder judicial, por su parte, es el encargado de la administración de justicia, integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados, los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal1.
Bajo este principio de división de poderes, se encomienda exclusivamente al poder judicial, la aplicación de las penas propiamente tales, es decir, del castigo que impone la ley por la comisión de un delito, previa la tramitación legal y conforme a sentencia razonada y fundada. Sin embargo, existen otros castigos que sólo impropiamente se consideran como penas y mas bien son correcciones, los cuales pueden aplicarse por las autoridades políticas o administrativas. No obstante, es preciso observar que en estos casos no ejerce la autoridad funciones judiciales, sino únicamente emplea sus atribuciones en conservar el orden, y la disciplina tocante a aquellas leyes infracciones que no serían necesarias ni posible llevar a conocimiento de los jueces.
Así, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 16 que ``no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado''. En base a esto, todo procedimiento penal inicia, de acuerdo al artículo 16 de la Constitución, cuando se presenta una querella o acusación ante el Ministerio Público, por lo tanto, sólo cumpliendo con tal requisito de prosedibilidad si la representación social considera que se acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, ejercitará la acción penal correspondiente ante el tribunal judicial o autoridad judicial competente.
De igual forma, el artículo 21 Constitucional establece, que: ``la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial''. Sin embargo, la investigación y persecución de los delitos es materia del Ministerio Público, ``el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato''2. Asimismo, estipula que ``compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto''.
Es preciso hacer el énfasis en la división de poderes y en las capacidades y lineamientos de acción que cada entidad tiene, ya que existen casos, como el mencionado en el artículo 202 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en el cual se establece que:
``La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente está facultada para iniciar las acciones que procedan, ...ante las autoridades judiciales competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal''.
Sin embargo, se incurre en un error ya que estrictamente, como se ha mencionado anteriormente, las autoridades judiciales federales son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados, los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal; los cuales no están facultados para seguir o investigar delitos, sino que esta facultad es propia del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República.
Reafirmando lo antes mencionado, la Procuraduría General de la República, se define como ``una institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, a cargo de un Procurador General de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación'' 3. Las bases constitucionales que rigen a la Procuraduría General de la República se encuentran en los artículos 21, 102 apartado A, 105, 107 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inciso A, señala:
``...Incumbe al ministerio publico de la federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las ordenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de estos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.''
Asimismo, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece, en su artículo 4 fracción I inciso A, las atribuciones de esta institución, en donde algunas de ellas son:
``I. Investigar y perseguir los delitos del orden Federal. El ejercicio de esta atribución comprende:
A) en la averiguación previa:
a) recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito;
b) investigar los delitos del orden federal, así como los delitos del fuero común respecto de los cuales ejercite la facultad de atracción, y
c) practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como para la reparación de los daños y perjuicios causados.''
En base a todo lo antes dicho, la Profepa, de acuerdo a la redacción que se contempla en el artículo 202, no se podrán iniciar acciones sobre actos, hechos u omisiones, que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal, por lo que la propuesta de reforma al mencionado artículo consiste medularmente, en establecer que la Profepa pueda iniciar las acciones correspondientes, ante las autoridades competentes, que en la especie se traducen en la figura del Ministerio Público y las autoridades administrativas.
Por tanto, en atención a lo anteriormente expuesto los suscritos diputados respetuosamente sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que queda de la siguiente forma:Artículo único.- Se reforma el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar de la siguiente forma:
Artículo 202.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el ámbito de sus atribuciones, está facultada para iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 16 días del mes de marzo de 2004.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Máximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Salud.
Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de adicciones.
Con fecha 18 de Noviembre de 2003, fue turnada a esta Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de adicciones, presentada al pleno de la Cámara de Diputados por la diputada Irma Figueroa Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Comisión de Salud, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3, los artículos 43, 45 en su numeral 6 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual corresponde a esta Comisión dictaminar la iniciativa en comento, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con proyecto de decreto, a partir de los siguientes:
ANTECEDENTESEn sesión celebrada el 18 de noviembre de 2003, la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de adicciones.
En la misma fecha y de conformidad con los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presidencia de este órgano legislativo, remitió dicha iniciativa para su estudio y dictamen, a esta Comisión. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
En su exposición de motivos, la diputada expresa su preocupación en relación al consumo de drogas y estupefacientes en México, hace énfasis que en la encuesta nacional de adicciones de 1998 indica que el 5.3% de la población entre 12 y 65 años, residente en localidades urbanas, ha consumido una droga, por lo menos una vez en su vida, y que esta cifra tiene un incremento de 1.4 puntos porcentuales en relación con las cifras de 1993.
Menciona también que las drogas de mayor consumo en México son la marihuana, los inhalables y la cocaína, pero existe evidencia de cambios importantes que reflejan un posible proceso de transición epidemiológica dentro del cual se ve incrementado el consumo de cocaína, la heroína y metanfetaminas.
Asimismo señala que según datos de la Secretaría de Salud los usuarios de éstas drogas son de niveles socioeconómicos medio y bajo, de edades que corresponden a la adolescencia y la juventud y que la edad de inicio es cada vez más temprana. Además de que está creciendo la proporción de personas que se inician en el consumo de drogas con la cocaína, en lugar del alcohol, tabaco o marihuana, como sucedía anteriormente.
Es por estás razones que la diputada propone reformar los artículos 112, 185, 187, 188, 190 y 192; cambiando la denominación del Capítulo I del Título Décimo Primero, adicionando un párrafo cuarto al artículo 112 y un artículo 184 Ter; a la Ley General de Salud.
En su propuesta de adición, la diputada pretende añadir una fracción IV al artículo 112, en el que se incluiría la política a seguir en la prevención contra las adicciones, estableciendo que las campañas de prevención deberán contener información clara sobre los efectos de lasa sustancias que generan adicciones todos los ámbitos e impulsar la detección temprana.
Por otro lado, propone adicionar un artículo 184 Ter, que comprendería las acciones que le corresponderían a la Secretaría de Salud, de los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General en materia de prevención de adicciones, incluyéndolas en las siguientes fracciones:
I. La prevención y el tratamiento de las adicciones y en su caso la rehabilitación.
II. La educación dirigida hacia los distintos grupos de población sobre los efectos en la salud del uso y abuso de las sustancias adictivas. Además de su efecto en las relaciones sociales y familiares.
III. La secretaría de Salud, elaborará el Programa Nacional contra las adicciones en tres rubros principalmente: programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, programa contra el tabaquismo y el programa contra la fármaco dependencia. Y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal.
Asimismo, la diputada propone agregar al Distrito Federal en los artículos 185, 187, 188, 190 y 192.
Los diputados integrantes de esta comisión de acuerdo con lo que establecen los artículos, 39, 45 fracción f) y demás respectivos de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estudiamos y analizamos la propuesta de la diputada y llego a las siguientes:
CONSIDERACIONESSabemos que el problema de las adicciones, ya sea a las drogas o al alcohol va en aumento, de modo que comprendemos y compartimos la preocupación de la diputada a este respecto.
Según la encuesta nacional de adicciones 2002, en México, 3.5 millones de personas han usado algún tipo de droga, sin considerar el alcohol ni el tabaco.
En el mismo estudio se muestra que la zona de país con mayor incidencia en el consumo de drogas es la zona Norte de la República, seguido de la zona centro y en tercer lugar, la zona sur.
Por otro lado, se hace un análisis en el cual se encontró que, dependiendo la zona del país, cambia la distribución del consumo por sexo, así en la zona norte hay 4.5 hombres que consumen drogas por cada mujer, en la zona sur la diferencia es de 5.2 hombres por cada mujer, y en la región centro es en dónde se encuentra la menor diferencia, ya que por cada 3.3 hombres hay una mujer que usa drogas.
También se tienen datos que confirman que la droga ilegal de mayor consumo en el país es la marihuana, seguida de la cocaína, los inahalables, estimulantes de tipo anfetamínico, la heroína y los alucinógenos.
El Consejo Nacional contra las Adicciones, nos da a conocer que la edad más frecuente de inicio, dentro del grupo de consumidores de drogas ilegales que comprende de los 12 a los 17 años, es de 14.
De esto podemos deducir que la adolescencia es la etapa en la cual existe una mayor vulnerabilidad para caer en el mundo de la drogadicción.
El problema de las adicciones en los adolescentes, es especialmente preocupante, según el CONADIC, más de 200 mil adolescentes entre 12 y 17 años han usado drogas, de éstos el 55.3% siguió usándolas durante el año 2002, en el que se realizó la encuesta.
Otro dato alarmante que arroja el estudio realizado por CONADIC, es que sólo una proporción muy baja de usuarios ha solicitado ayuda.
Es cierto que México no se encuentra en los niveles más altos de consumo de drogas en el mundo, es necesario sin embargo, abatir los índices de drogadicción en el país, sin no para detenerlo, para reducirlo.
Es por estas razones que la propuesta de la diputada nos parece loable, sin embargo, después de un análisis profundo de dicha reforma creemos que el espíritu de la misma quedaría cumplido con una adición más sintetizada; por lo que hacemos la siguiente propuesta:
Art. 112. La educación para la salud tiene por objeto:
I. ...
II. ...
III. orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de la automedicación, prevención en contra de las adicciones, salud ocupacional...
Lo anterior respeta la iniciativa de reforma de la diputada, pero sin adicionar la fracción IV, por que pensamos que dicha fracción invadiría las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la Secretaría de Salud en su artículo 39 fracción XVI, que estipula como facultad de la Secretaría de Salud ``Estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud, contra el alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, ...''.
Por otro lado, creemos que la pretensión de la diputada de crear un artículo 184 ter. Es demasiado extensa y hasta concurrente con lo establecido en el artículo 184 bis; por lo que esta comisión propone que el artículo 184 ter. Quede de la siguiente forma:
184 ter. La Secretaría de Salud se coordinará con los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal y con el Consejo de Salubridad General, para ejecutar los programas contra el uso de sustancias que ocasionan adicción, los cuales incluirán la prevención, tratamiento y rehabilitación; teniendo como mecanismo primordial la educación para dar a conocer los efectos de las adicciones.
La propuesta incluye la creación de un Consejo Nacional Antialcohólico, como adición del artículo 187, sin embargo esta comisión considera que las facultades que pretende otorgar a dicho Consejo, ya se atribuyen al Consejo Nacional contra las Adicciones, que se encarga de promover y apoyar las acciones encaminadas a prevenir y combatir las adicciones, razón por la cual, consideramos que es innecesaria la creación de otro organismo, cuyo funcionamiento requeriría de una infraestructura material y humana, para realizar funciones que ya efectúa otra institución.
En el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estipula claramente la naturaleza jurídica de Distrito Federal, la cual, la diferencia de las otras entidades federativas; por lo que, a pesar de que el artículo 43 del mismo ordenamiento, lo cite como parte integrante de la Federación. En este sentido, el artículo 122, de la misma Constitución, específica claramente las autoridades, atribuciones y características del Distrito Federal.
Es por estas razones que juzgamos pertinente la adición propuesta por la diputada, ya que para detener la problemática de las adicciones es imperativa la colaboración de todos los niveles de gobierno.
Por todo lo anterior los diputados integrantes de esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III, DEL ARTÍCULO 112 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 184 TER. A LA LEY GENERAL DE SALUD.Artículo Único.- Se reforma la fracción III, del artículo 112 y se adiciona un artículo 184 TER a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 112. La educación para la Salud tiene por objeto:
I. ...
II. ...
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de la automedicación, prevención en contra de las adicciones, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades.
Artículo 184 TER. La Secretaría de Salud se coordinará con los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal y con el Consejo de Salubridad General, para ejecutar los programas contra el uso de sustancias que ocasionan adicción, los cuales incluirán la prevención, tratamiento y rehabilitación; teniendo como mecanismo primordial la educación para dar a conocer los efectos de las adicciones.
TRANSITORIOÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Los CC. diputados integrantes de la Comisión de Salud: José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»
Es de primera lectura.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Salud.
Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud, de la H Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma la fracción I del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a fin de cambiar la denominación del Instituto Nacional de Cancerológica para la especialidad de las neoplasias por la de Instituto Nacional de Cancerológica Conrado Zuckermann, para la especialidad de las neoplasias, presentada en la LIX legislatura, por el diputado José Angel Córdova Villalobos
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 39 numerales 1o. y 3o., 43, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los miembros de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, el cual se elabora bajo la siguiente:
METODOLOGÍAEsta Comisión, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa propuesta, desarrolla este dictamen, conforme a continuación se detalla:
I.-En el capítulo ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.
II.-En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
III.-En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.
I. ANTECEDENTESEn Sesión celebrada el día 19 de noviembre del año dos mil tres, el Diputado José Angel Córdova Villalobos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del articulo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a fin de cambiar su denominación por la de Instituto Nacional de Cancerológica Conrado Zuckermann, para la especialidad de las neoplasias.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la LIX Legislatura turno a la Comisión de Salud la iniciativa, para su estudio y elaboración del Dictamen respectivo.
A su vez, esta Comisión y de conformidad con lo que señala el artículo 44 en su numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso, la Comisión de Salud, encomendó a su Segunda Subcomisión de Salud denominada ``Medicina Preventiva y Bioética'' a fin de preparar el dictamen respectivo, siendo sus integrantes de manera conjunta, quienes elaboraron, analizaron y discutieron ampliamente los considerandos que se incluyen en el capitulo respectivo del presente dictamen.
II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVAEn este apartado, hacemos referencia a la Exposición de Motivos plasmada en la iniciativa en estudio:
El Diputado proponente, en su exposición de motivos expresa que actualmente el Instituto de Cancerología es un organismo descentralizado de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud; que brinda atención médica especializada a enfermos oncológicos y es además un centro de referencia e institución a la cual acuden personas que reciben la ayuda, experiencia y eficacia de las personas que lo forman.
Igualmente expresa que esta noble institución de salud fue creada hace más de 50 años con el propósito de atender de manera especializada los problemas del cáncer en nuestro país y en la creación y consolidación de esta prestigiada institución médica, participó de forma preponderante el reconocido cirujano Doctor Conrado Zuckermann Duarte, quien fungió, a propuesta del entonces presidente de la República Miguel Alemán Valdés, como el primer director del Instituto de Cancerología. El destacado desempeño al frente de dicho organismo, durante los catorce años que el Doctor Conrado Zuckermann lo dirigió, le valió el reconocimiento de la comunidad médica y de la sociedad por su compromiso en el cuidado y tratamiento de los pacientes afectados por el cáncer.
Refiere el Legislador que el Doctor Conrado Zuckermann Duarte nació en Mérida, Yucatán el 7 de Noviembre del año 1900, y realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina de México, donde se graduó de médico cirujano, posteriormente en los 60 años en los que se mantuvo en el ejercicio profesional contribuyó en forma importante al desarrollo y prestigio en la medicina nacional y llevó el nombre de nuestro país a niveles internacionales, particularmente en las especialidades de oncología, cirugía y ginecología, en las cuales destacó y aportó a través de sus actividades académicas y docentes a favor de instituciones, sociedades así como asociaciones y federaciones. ``La misión del cirujano es prolongar la vida'', fue el lema que practicó a lo largo de su vida profesional.
Igualmente señala el Diputado en su exposición de motivos, que el Dr. Conrado Zuckermann Duarte perteneció a 18 sociedades de la especialidad de diferentes partes del mundo, reconociéndosele su tributo al avance de la ciencia escribiendo 15 libros y más de 500 artículos científicos relativos a la oncologia, obteniendo la medalla de oro por el General Alvaro Obregón, entonces Presidente de la República Mexicana, por realizar el trabajo del metabolismo de los hidratos de carbono, mismo que introdujo a nuestro país el empleo en los diabéticos de la insulina la cual recientemente la habían descubierto.
III CONSIDERACIONES''El Doctor Conrado Zuckermann, fue miembro fundador de la academia Mexicana de Cirugía.
Editó 15 libros el primero de ellos en 1928, en donde describe un gran avance en la investigación sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
Durante sus estudios profesionales obtuvo los primeros lugares con diplomas certificados en los años de 1918 a 1922, en 1924 el doctor Zuckermann termina su tesis profesional sobre el metabolismo de los carbohidratos la cual es la pauta en el país para el uso de la insulina, e identificación de glúcidos en la sangre de adultos, recibiendo al termino de su carrera profesional de Médico Cirujano en la Escuela Nacional de Medicina de México la medalla de oro, misma que fue entregada por el Gral. Alvaro Obregón, Presidente de la República en ése entonces.
En 1925 inicia su investigación en el área oncológica modificando las técnicas de tratamiento, dichas técnicas en esa época eran generalmente quirúrgicas, iniciando conjuntamente diversas campañas de prevención para la atención oportuna del cáncer, lo que conlleva a crear conciencia a las autoridades sanitarias, de esta patología induciendo a la creación de un Instituto Nacional especializado en este tipo de padecimientos, estableciéndose así en Instituto Nacional de Cancerología, el cual fue creado en la época posrevolucionaria, contando con los servicios de consulta externa, laboratorios, rayos X y patología entre otros, fue dirigido por el Dr. Conrado Zuckermann, a propuesta del entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Miguel Alemán Valdez en el inicio de la década de los cuarenta.
En diciembre de 1950 el Presidente Miguel Alemán Valdez, promulga la Ley del Instituto Nacional de Cancerología y en 1963 se traslada al que fuera en pabellón de oncología del Seguro Social, y en 1980 el Instituto cambia sus instalaciones al lugar que ocupa actualmente en Tlalpan en la CD. de México.
Este Instituto por su equipamiento, recursos humanos y materiales es una de las unidades oncológicas del país, que tienen los suministros adecuados para la prevención y tratamiento de las diferentes neoplasias.
Cabe destacar que el Dr. Conrado Zuckermann, tal y como lo indica el Legislador proponente en su iniciativa, fue un hombre de gran apego a su país, médico ejemplar, un mexicano que atravesó barreras nacionales e internacionales en el mundo de la medicina, y aportó sin lugar a duda un gran valor, que actualmente se refleja en la rica historia que tiene México en la medicina moderna.
Dejó vestigio en el mundo de la medicina y en nuestra Nación, el resultado de su vida se envolvió de la honradez, honestidad, sabiduría y nobleza de su acción. Es tiempo que el Estado otorgue el reconocimiento que merece un ilustre patriota. Qué mejor manera de hacerlo que permitiendo que la Institución a la que dedicó buena parte de su vida y cuya especialidad fue el centro de su desarrollo profesional lleve su nombre.
Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el siguiente:
Proyecto de Decreto que Reforma la fracción I, del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de SaludArtículo único. Se reforma la fracción I, del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 5o. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:
I. Instituto Nacional de Cancerología Doctor Conrado Zuckermann, para la especialidad de las neoplasias;
II. a XI. ...
TRANSITORIOSPrimero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Nacional de Cancerología Doctor Conrado Zuckermann para la especialidad de las neoplasias, contará con un plazo de seis meses para cambiar su denominación a Instituto Nacional de Cancerología Doctor Conrado Zuckermann, para la especialidad de las neoplasias.
Tercero. Los materiales y suministros e insumos para la salud que lleven inserto el nombre de Instituto Nacional de Cancerología, seguirán utilizándose hasta el término de su vida útil.
Así lo acordaron los Diputados que integran la Comisión de Salud.
Diputados: José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), Presidente; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), secretarios; Jesús Aguilar Bueno, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), José García Ortiz, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Javier Manzano Salazar, José Luis Naranjo Quintana (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Francisco Antonio Rojas Toledo (rúbrica), Isaías Soriano López, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Abraham Velázquez Iribe, Martín Remigio Vidaña Pérez.»
Es de primera lectura.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Salud.
Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que adiciona la Ley General de Salud con un artículo 41-bis, para incorporar la obligación de contar en los hospitales del sector público, privado y asistencial, con comités hospitalarios de bioética, presentada en sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el Diputado Francisco Salvador López Brito a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el día jueves 14 de noviembre de 2002.
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 39, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55,56,60,65,66,87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente DICTAMEN:
METODOLOGÍALa Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
I.- En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.
II.- En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se sintetiza el alcance de la propuesta de reformas en estudio.
III.- En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.
I. ANTECEDENTES1.- El día jueves 14 de noviembre de 2002 en sesión celebrada por la Cámara de Diputados, el Diputado Federal Francisco Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional, presentó la iniciativa de decreto que adiciona la Ley General de Salud con un artículo 41-bis, para incorporar la obligación de contar en los hospitales del sector público, privado y asistencial, con comités hospitalarios de bioética, con fundamento en las disposiciones contenidas en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa mediante oficio No. D.G.P.L.58-II-1-1058 a esta Comisión de Salud, para su estudio y dictamen.
2.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, fracción XVI, señala la facultad que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general, coincidiendo con las exigencias que establece el artículo cuarto, párrafo tercero, de la misma Constitución con la finalidad de garantizar el derecho a la protección de la salud, tema al que hace referencia la iniciativa de salud presentada por el Diputado Francisco Salvador López Brito a fin de que se realice el dictamen correspondiente.
3.- De conformidad con lo que establece el artículo 44 en su numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso, la Mesa Directiva de la Comisión de Salud, encomendó a su Segunda Subcomisión denominada ``Medicina Preventiva y Bioética'', preparar el dictamen respectivo, por lo cual esta subcomisión llevó a cabo su reunión de trabajo el pasado día 3 de diciembre del año dos mil tres, con sus integrantes, en las que se analizó y discutió ampliamente tanto su exposición de motivos, como el contenido de la iniciativa.
4.- Así también, los integrantes de la Comisión de Salud encomendados a preparar el dictamen correspondiente hicieron aportaciones y recopilaron información de diversas fuentes para fundamentar la decisión final en torno a la iniciativa propuesta.
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVAEn este apartado se exponen los motivos aducidos por el autor de la iniciativa en estudio, respecto de la propuesta para incorporar la obligación de contar en los hospitales del sector público, privado y asistencial, con comités hospitalarios de bioética, así como las consideraciones o justificaciones que se tomaron en cuenta para su presentación.
El Diputado que promueve la Iniciativa, señala en su exposición de motivos que el progreso y evolución de las ciencias biomédicas en el último siglo, aunado al desarrollo de tecnologías y técnicas de aplicación clínica, han provocado que los trabajadores de salud, los investigadores, los usuarios de los servicios y en general toda la población, en sus ámbitos de conocimiento y competencia se replanteen, tanto nuevas pautas del ejercicio profesional, como los alcances y aplicaciones de la ciencia, la técnica y la tecnología en la salud individual y colectiva.
Que en los últimos tiempos se han presentado hechos concretos y reales de agresión a la vida, la persona y la dignidad, entre los cuales señala como ejemplos la investigación en humanos realizada por lo nazis en sus campos de concentración y exterminio, las políticas de limpieza étnica en la ex-Yugoslavia, las dictaduras, la disposición de embriones para experimentación, las pruebas en humanos de nuevos medicamentos sobre todo en países pobres del planeta, y el uso de la tecnología para el desarrollo de armas biológicas y de destrucción total.
Que debido a las malas aplicaciones en la ciencia y la medicina, surge como alternativa y respuesta, una nueva disciplina, la bioética; ciencia que conjuga a la medicina, el derecho y la filosofía, como expresión de médicos, investigadores, filósofos, juristas y legisladores, que así crearon una nueva metodología de análisis a problemas asistenciales, clínicos, quirúrgicos y de investigación, que se basa en el análisis pluri e interdisciplinario de los conflictos, en una reflexión ética plural y respetuosa de las creencias e ideologías.
La bioética surge así, en un mundo dominado por el conocimiento tecno científico, en el cual los propios trabajadores de la salud se han visto superados por el uso y disposición de tecnologías, a los que sus códigos éticos y deonto- lógicos no tienen respuesta inmediata, ante situaciones concretas que no están normadas y legisladas y que en ocasiones los líderes morales y ministros de culto se oponen sin pleno conocimiento y con un rigorismo dogmático.
Ante este escenario, es necesario proteger a la sociedad de latentes transgresiones a que pueden ser objeto para evitar mayores desconfianzas en los ciudadanos hacia los servicios y eventualmente la generada por los mismos médicos.
Argumenta en la iniciativa, que la postura ante los dilemas éticos que plantea el nuevo ejercicio de la medicina y el desarrollo científico y de tecnologías, se ha visto confrontada al menos en dos disposiciones radicalmente opuestas; por un lado se encuentra el argumento generalizado de algunos sectores de los científicos e investigadores que exigen que no se detenga la investigación y sus aplicaciones por motivos éticos o morales, pues aducen en este sentido, una supuesta carencia de ideología de las ciencias y sus usos, y por supuesto quienes así piensan, esgrimen las libertades de pensamiento y ejercicio profesional.
Asimismo, el Diputado proponente, apunta que es preciso responder de manera urgente a las necesidades de la sociedad y establecer una regulación nacional para asistir al paciente y a sus familiares, sobre todo en el ámbito intrahospitalario, para lo cual propone la creación de comités hospitalarios de bioética, integrados por grupos inter y multidisciplinarios, con una actitud ética pluralista, que se ocupen de los problemas éticos de la atención a la salud, certificando que al paciente le sea proporcionada no tan sólo la atención en sus problemas de salud, sino información veraz y suficiente, para lograr que los encargados de bioética participen en la discusión de los protocolos de investigación, en el área de su competencia, lo que equivale a asegurar la protección de la vida y los derechos de cada persona.
III. CONSIDERACIONESEn los siguientes párrafos que integran el presente capítulo, se analizan los diferentes argumentos y estudios realizados por esta Comisión dictaminadora referentes al tema que nos ocupa, tales como el aspecto técnico, ético, sociológico y jurídico del mismo.
Los miembros de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura preocupados por la atención, defensa y protección de los derechos de todo individuo, en este caso particular, aquellos que deben tener los enfermos, pacientes y cada usuario de los servicios de salud, coinciden sobre todo en que es un deber el garantizar que la atención médica se brinde con la debida ética, seguridad, legalidad, eficacia, y con un elevado profesionalismo médico. Asimismo, que es necesario que se les brinde con oportunidad todos los cuidados necesarios, además, con un sumo respeto hacia la vida, que es uno de los fines primordiales de la medicina.
La iniciativa que nos ocupa refiere como estructura medular la instalación de comités de Bioética en centros hospitalarios, independientemente de su correspondencia al sector público o al privado, sin embargo para inducirnos al tema de la misma, es conveniente precisar que se entiende por Bioética.
De acuerdo con León Rábago, ``el término Bioética, etimológicamente, alude a una ética o moral de la vida humana, entendida ésta, no en su sentido biográfico, como relación de lo que el hombre hace durante su existencia, sino en su sentido biológico, como fenómeno natural que condiciona nuestra existencia''. A esta disciplina se le ha encomendado el estudio de todos los problemas éticos o morales relativos a la vida humana, así como el de los principios o normas a que deben sujetarse quienes se dedican al estudio o a la investigación, dentro del campo de las ciencias de la vida humana, y aquellos que ejercen profesiones relacionadas con la aplicación práctica de los conocimientos derivados de dichas ciencias, pero la bioética no sólo abarca los múltiples temas y problemas morales relacionados con la ética médica, sino también, como refiere Juliana González, ``a la no menos vasta y decisiva problemática, filosófica y ética, que plante la biotecnología y, en especial, la ingeniería genética, y se aboca asimismo a desentrañar los significados éticos de orden ecológico y demográfico''.
En este sentido, la Bioética aun cuando se encarga de cuestiones aparentemente diferentes, las mismas recaen en un punto coincidente ``la vida humana''. Pueden ser tan variados los temas en que participa la Bioética, pero todos tienen la particularidad de que sus implicaciones afectan considerablemente la vida. Algunos de los casos más controvertidos en los que participa la ciencia o la práctica médica, donde se ve en juego los valores morales y más de algunas veces con implicaciones jurídicas, son los casos de la donación de órganos y transplantes, la procreación o reproducción asistida, la ingeniería genética, la clonación, el genoma humano, el aborto, la eutanasia, la asistencia a pacientes terminales, la relación médico paciente, eugenesia, entre otros.
Ante esta panorámica, el desarrollo de nuevas técnicas, los avances de la ciencia y las diferentes aplicaciones médicas, es necesario establecer medidas para salvaguardar de posibles ataques a los valores y a la esfera jurídica de la sociedad. En el ámbito internacional existe la preocupación sobre estas mismas cuestiones, en donde se han realizado diversas convenciones y conferencias, en las cuales se han emitido importantes documentos tendientes a proteger al individuo contra la previsible proliferación de fenómenos de manipulación genética y con ello graves ataques a su dignidad como: Declaración universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 1997 (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998), el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina: Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina de 1997, así como la Declaración Ibero-Latinoamericana sobre Derecho, Bioética y Genoma Humano (Declaración de Manzanillo en 1996, revisada en Buenos Aires en 1998 y en Santiago de Chile en 2001).
Como resultado de los amplios debates sobre temas bioéticos relacionados con las implicaciones de las nuevas tecnologías en materia genética, así como el manejo de las mismas y las intervenciones médicas, se ha dado un movimiento universal, en el que nuestro país no se ha quedado al margen de dichos sucesos, creándose como respuesta la Comisión Nacional de Bioética, el Código de Bioética para el personal de salud 2002, con el fin de definir y regir las actuaciones en las prácticas médicas, las relaciones médico-paciente, los valores implicados en la prestación de los servicios a enfermos y las diferencias con los familiares, entre otros temas de relevancia en los que se ponga en peligro la vida por la actuación de los profesionales de la salud.
En diferentes países como Chile, España, Argentina, Brasil, ya se ha legislado sobre el tema propuesto y no nada más mediante reformas o adiciones al articulado vigente, sino que se han expedido leyes especiales para regular de manera amplia y detallada de las funciones, estructura, integración, organización y sanciones para los comités de Bioética. Mención particular merece Argentina, que no solamente cuenta con una ley nacional al respecto, sino varias de sus provincias han dispuesto mediante leyes locales la regulación para los comités que aquí se proponen.
De lo expuesto y con el fin fundamental de reforzar las medidas tendientes a evitar que se trastoquen los derechos y se perjudique a los enfermos que necesitan una intervención o la participación médica en los servicios de salud y en las investigaciones con humanos y sus respectivas implicaciones, se propone la iniciativa de la Instalación de Comités de Bioética, para hacer frente a la previsible transgresión que puede suscitarse con la aplicación de las nuevas tecnologías científicas relacionadas con la medicina y la salud.
La instalación de Comités de Bioética en los centros hospitalarios no es algo novedoso, éstos tienen su origen en los comités de ética, establecidos con la finalidad de orientar, provocar conciencia en los médicos para hacerles reflexionar sobre la importancia de su práctica en la protección y salvamento de vidas. En diversas instituciones hospitalarias, se han puesto en marcha logrando resultados benéficos más allá de los logrados por los comités de ética, pues éstos últimos debido a la falta de una plena autoridad, vieron mermado su campo de acción. De esta forma fue que los Comités de ética se han sustituido por Comités de Bioética, los cuales tienen como objetivo reunir a un grupo de profesionales seleccionados por cada una de las áreas médicas que integran un hospital, para estudiar, revisar, exponer, y tomar decisiones sobre los temas de la práctica médica que tengan un impacto directo con la ética.
Otra de las razones por las cuales han evolucionado los comités de ética para transformarse en Comités de bioética, es debido a que la esfera de aplicación de la bioética es más amplia, pues tiene qué ver con las reglas que rigen al individuo en relación con todo lo que ataña a la vida, lo que vaya en contra, lo que pueda afectarla, la que exige así que se actúe con una debida ética racional.
La finalidad pretendida en la instalación de Comités de Bioética en hospitales o instituciones de salud, es provocar un espíritu de actitud positiva en la conducta de los médicos, para que éstos estén convencidos de que toda acción que realicen ha de estar apegada a los valores filosóficos y morales, lo que se traduce en mejor atención y respeto hacia los pacientes así como, mayor responsabilidad, compromiso y eficacia en el desempeño de sus intervenciones.
En los comités de bioética se pretende que mediante acuerdo, los miembros que los integren resuelvan sobre aquellos casos prácticos en los que se vea involucrada la ética, la medicina, el derecho, la moral. Se pretende también, que los médicos tengan siempre presente que cada una de sus actuaciones deviene en responsabilidad y la utilización de valores a favor del asistido.
En los hospitales, se ha desarrollado una corriente sobre la instalación de Comités de bioética, pero no son los únicos, pues ya que a la par de éstos también se han venido instalando Comités de Investigación, los cuales trabajan de manera conjunta a favor de mayores beneficios en la atención la especialización y aplicación de las prácticas biomédicas. Asimismo, dichos comités establecen nexos con las autoridades de la institución, con las instancias legales y sobre todo con el paciente para mejorar la relación médico-paciente.
En este sentido, las reglas que se instauren para estos comités deberán fijar la posibilidad de que sus integrantes se reúnan periódicamente haya o no un motivo especial. En algunas ocasiones será indispensable porque lo solicita algún miembro del personal médico o porque lo solicita un paciente, pero independientemente de ello, es necesario que tengan reuniones periódicas para determinar y consensar el tratamiento aplicable. La premisa con la que han de actuar los comités de bioética será siempre el respeto a la vida en todas las actividades que se realicen en la institución.
Si bien es cierto, que esta Comisión apoya la iniciativa presentada, los integrantes de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura, posterior a realizar un análisis de la propuesta, hacemos la siguiente consideración a la proposición de la iniciativa, ya que es conveniente que se revise la siguiente redacción.
``Artículo 41-bis. En todos los centros hospitalarios y los institutos nacionales, públicos, privados o asistenciales, del Sistema Nacional de Salud, deberá existir un comité hospitalario de bioética, el que tendrá funciones de consultoría, asesoramiento, estudio, docencia y supervisión de la investigación respecto a las cuestiones éticas que surjan de la praxis médica.''
Por lo que se refiere al término ``praxis'', en una adecuada técnica legislativa no es recomendable utilizar términos propios de otro idioma. En este sentido, el término adecuado es ``práctica'', voz oportuna para referirnos al ejercicio o funciones de carácter médico.
``Los comités hospitalarios de bioética estarán integrados como equipos multi e interdisciplinarios integrados por médicos, abogados, filósofos, profesionales y técnicos de la salud, los cuales podrán ser o no, trabajadores del hospital.''
Para su revisión este párrafo habremos de dividirlo en tres partes:
``Los comités hospitalarios de bioética estarán integrados como equipos multi e interdisciplinarios...''
Por lo que corresponde al término ``multi'' e interdisciplinario, tampoco resulta aceptable, dadas las recomendaciones enunciadas en el párrafo anterior y en virtud de que aun cuando el término ``multi'' es utilizado, el mismo suele usarse acompañado de un complemento, y éste no es el caso, además para esta situación sobre la composición de los Comités de bioética, el término que resulta más apropiado es el término ``plural'', en razón de que deberán mantenerse abiertos al diálogo y a la representatividad de la múltiples corrientes morales y religiosas, así como también las diversas ramas del conocimiento, es decir, que intervengan en la integración los profesionales de la medicina, el derecho, la filosofía, la teología, entre otras relacionadas con los temas que se presenten, así como representantes de las instituciones o centros hospitalarios en que vayan a formarse estos comités.
En apoyo a la composición de estos Comités de Bioética, en las consideraciones del Dictamen de la Comisión de Salud en sentido negativo a la iniciativa de decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 75 de la Ley General de Salud, presentada por diputados del PVEM en la LVIII Legislatura se estableció que ``No existen reglas estrictas y en la última instancia correspondería a la Secretaría de Salud establecer las normas sobre la conformación del Comité, dependiendo del tamaño de la institución, número de enfermos, tipo de establecimiento, personal y otros factores''.
``... integrados por médicos, abogados, filósofos, profesionales y técnicos de la salud,''
Esta parte del párrafo aun cuando sabemos que proviene de la composición de los comités por varias disciplinas, la redacción debe mejorarse, pues aun cuando señala que estarán integrados por médicos, pero seguidamente se refiere a abogados, filósofos, profesionales y técnicos de la salud, está circunscribiendo todas esas disciplinas dentro ``de la salud'', lo que no es correcto hacer, pues no suelen ser llamados abogados de la salud o filósofos de la salud, y si puede señalarse que estarán integrados por médicos, profesionales y técnicos de la salud, además por abogados y filósofos.
``... los cuales podrán ser o no, trabajadores del hospital''.
Por lo que respecta a esta última parte del párrafo en comento, el término ``trabajadores'', indicado en dicha Iniciativa resulta apropiado pues cohesiona la calidad de trabajador indistintamente si pertenece al sector público o al sec- tor privado, o si ha de regirse por lo dispuesto en e artículo 3 de la Ley Burocrática o por lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, pero resulta más apropiado usar el término referente a adscripción, ya que generaliza a que cualquiera que esté adscrito al centro hospitalario podrá participar en dichos comités y aun cuando el término trabajador podría ser aplicado, el mismo exceptúa la libre participación de otros sujetos que no tengan esa calidad (de trabajador) aun cuando pertenezcan al mismo centro u hospital en el que se instale el comité de bioética.
``Serán temas de análisis y opinión obligatoria, del comité hospitalario de bioética, los siguientes: técnicas de reproducción asistida, experimentación en humanos, prolongación artificial de la vida, genética, trasplante de órganos, donación de órganos, salud mental, derechos de los pacientes, objeción de conciencia de los trabajadores de salud, objeción de conciencia de los usuarios, sigilio profesional, equidad y racionalidad en el uso de los recursos disponibles, eugenesia, voluntad anticipada.''
Este párrafo expone una serie de conductas o casos en los cuales han de participar los comités de bioética, sin embargo, las mismas no deben contemplarse de manera limitativa, sino enunciativa, pues cualquier otra situación aun cuando tenga conexión con temas bioéticos o posibles transgresiones al individuo en materia de salud no podrán actuar debido a que la Ley no se los permite. Por ello, es conveniente que se amplié el margen de acción para actuar en todas aquellas situaciones que tengan impacto directo con los temas bioéticos aplicados en la práctica médica y en el uso de la medicina.
En cuanto a ``objeción de conciencia de los trabajadores de salud, objeción de conciencia de los usuarios'', dichos enunciados deben conjuntarse por referirse a la misma figura jurídica: objeción de conciencia, por ejemplo puede establecerse: objeción de conciencia de los usuarios y de los trabajadores de salud o bien, objeción de conciencia de los usuarios y prestadores de servicios de salud, pues así define a éstos últimos la Ley General de Salud en su capítulo III Título Tercero denominado Prestación de los servicios de salud.
``A solicitud del paciente o sus familiares, podrá ser invitado a participar, en el comité hospitalario de bioética, para opinar sobre su caso en particular, un ministro de culto, un jurista o un bioeticista, designado por el propio paciente o sus familiares.''
En los Comités de Bioética, que existen ya en muchos hospitales se recomienda que estén constituidos por un número impar de miembros y que incluyan a una persona de la comunidad, por ejemplo el pariente de un enfermo (...)
Por las consideraciones anteriormente expuestas, y en un ejercicio de nuestras facultades constitucionales, los suscritos Diputados de la Comisión de Salud de esta la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, presentamos el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 41 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUDArtículo Único.- Se adiciona al artículo 41 BIS a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 41 bis. En los centros hospitalarios, institutos nacionales o estatales, públicos o privados o asistenciales del Sistema Nacional de Salud, deberá funcionar un comité hospitalario de bioética, el cual tendrá funciones de consultoría, asesoramiento, estudio, docencia y supervisión de la investigación respecto a cuestiones éticas que surjan de la práctica médica.
Los comités hospitalarios de bioética estarán integrados de forma multi e interdisciplinaria por médicos, profesionales y técnicos de la salud, abogados, filósofos y profesionales de otras disciplinas afines, quienes podrán estar adscritos o no al hospital.
Serán temas de análisis y opinión obligatoria de los comités hospitalarios de bioética, las técnicas de reproducción asistida, experimentación en humanos, prolongación artificial de la vida, genética, trasplante de órganos, donación de órganos, salud mental, derechos de los pacientes, objeción de conciencia de los usuarios y de los prestadores de servicios de salud, sigilo profesional, equidad y racionalidad en el uso de los recursos disponibles, eugenesia, voluntad anticipada, así como aquellos casos en los que se presenten conflictos éticos relacionadas con la vida humana.
TRANSITORIOSPrimero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un lapso de 90 días naturales, la Secretaría de Salud, expedirá el reglamento para la conformación de los comités hospitalarios de bioética, y las características de los centros hospitalarios, conforme al artículo séptimo fracción III del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
Diputados: José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), Presidente; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), secretario; María Cristina Díaz Salazar, secretaria; José Javier Osorio Salcido (rúbrica), secretario; Rafael García Tinajero (rúbrica), secretario; Jesús Aguilar Bueno, José Porfirio Alarcón Hernández, Julio Boltvinik Kalinka, Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), José García Ortiz, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Javier Manzano Salazar, José Luis Naranjo Quintana (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Francisco Antonio Rojas Toledo (rúbrica), Isaías Soriano López, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Abraham Velázquez Iribe, Martín Remigio Vidaña Pérez.»
Es de primera lectura.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Juventud y Deporte.
Dip. José Angel Córdova Villalobos, Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Por acuerdo de los suscritos, nos permitimos enviar la opinión realizada por la Comisión de Juventud y Deporte sobre la iniciativa de Ley para Regular la Elaboración de Tatuajes Permanentes y Perforaciones.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a 16 de marzo de 2004.--- Diputados: José Manuel Carrillo Rubio, Presidente (rúbrica); Rosalina Mazari Espín, Secretaria (rúbrica); Jorge Ruiz Esparza Oruña, Secretario (rúbrica); Jazmín Elena Zepeda Burgos, Secretaria.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Juventud y Deporte.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado 26 de noviembre de 2002, la Presidencia de la Mesa Directiva acordó turnar la Iniciativa de Ley para regular la Elaboración de Tatuajes Permanentes y Perforaciones, presentada por la diputada Miroslava García del grupo parlamentario del PRD, a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión de Juventud y Deporte.
Así, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39, numeral 1, y en el artículo 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Juventud y Deporte remite a consideración de la Comisión de Salud la siguiente:
OpiniónComo resultado del estudio y análisis de la Iniciativa de Ley para Regular la Elaboración de Tatuajes Permanentes y Perforaciones, se desprenden las siguientes consideraciones, fundamentos jurídicos y conclusiones que constituyen la opinión de la Comisión.
ConsideracionesI. Desde tiempos remotos, el hombre ha utilizado su cuerpo como medio de expresión pintándolo y marcándolo para diferenciarse de los demás y/o por motivos religiosos, sociales y estéticos. Entre estas prácticas de ``arte corporal'' destacan los tatuajes y perforaciones (piercings), que en los últimos años se han convertido en una moda que atrae, sobre todo a los jóvenes, y que se ha llegado a imponer como expresión de un estilo de vida.
II. No se puede negar la existencia de estos hechos en nuestra sociedad, los cuales se hacen patentes entre los jóvenes, los cuales recurren al tatuaje y a las perforaciones como medio para expresar sus sentimientos, sus apegos, rebeldía, identificación y pertenencia. En muchas ocasiones, los individuos deciden tatuar o perforar su cuerpo, sin la influencia de un grupo determinado, aunque en muchos casos son influenciados por los medios de comunicación.
III. Dado el marcado aumento de la demanda de estas prácticas de ``arte corporal'', consideramos que es importante garantizar condiciones de higiene y salubridad para su realización, ya que estas prácticas utilizan material punzo-cortante lo cual implica la existencia de un constante riesgo de contraer infecciones o incluso enfermedades graves como la hepatitis C o el VIH/sida.
Es de relevancia la iniciativa en el sentido de generar una regulación que ofrezca garantías para la realización de tatuajes y de perforaciones corporales, ya que si no se toman las medidas adecuadas, estas prácticas de ``arte corporal'' pueden derivar en focos de infección que pueden poner en riesgo de contraer infecciones y/o enfermedades contagiosas, en muchos casos mortales, al grueso de la población.
Fundamentos Jurídicos1. El contenido del proyecto pretende regular una actividad específica estableciendo criterios, normas, requisitos y procedimientos propios de un reglamento.
2. La propuesta se fundamenta en un vacío jurídico que no permite a la autoridad federal regular de manera más estricta la prestación del servicio de elaboración de tatuajes permanentes y perforaciones. Es decir, de acuerdo a la Ley General de Salud, las atribuciones que le competen a la autoridad federal son insuficientes para ésta, mediante trámites de autorización, normalización e inspección de los establecimientos que prestan dichos servicios, garantice la prestación libre de riesgos sanitarios para los usuarios.
3. El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud y como parte de sus objetivos se encuentra el de proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en acciones preventivas.
4. El derecho a la protección de la salud contiene entre sus vertientes la protección de la sociedad contra riesgos a la salud que representen los servicios que prestan los diversos establecimientos. De tal forma que, el control y la vigilancia de los servicios y establecimientos de salud queda bajo la tutela de la autoridad federal según el inciso A fracción I del artículo 13 de la Ley General de Salud. Asimismo el artículo 45 establece que es competencia de la Secretaría de Salud vigilar y controlar la creación y funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud, así como fijar las normas oficiales a las cuales deben sujetarse; y para determinar cuales son los establecimientos de salud se atiene a lo establecido en los artículos 23, 24 y 34 de dicha ley.
5. El 29 de julio de 1997, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 141 donde se especifica que establecimientos de salud requieren dar aviso de funcionamiento. Es así como dentro de la subcategoría de otros servicios privados auxiliares al tratamiento médico.
6. Una de las premisas fundamentales del Sistema Nacional de Salud es la de promover la descentralización de los servicios de salud, por lo que, la actividad que la iniciativa pretende regular a nivel federal, bien podría regularse de manera general en la legislación federal vigente, estableciendo a la postre los mecanismos de regularización necesarios a fin de que sean implementados por las autoridades locales, aplicando al efecto las normas oficiales mexicanas y demás normas sanitarias que resulten aplicables a dicha actividad.
7. No obstante, se considera que la promulgación de una ley no es la vía más adecuada para cubrir tal deficiencia. Consideramos que únicamente se requiere facultar de manera expresa a la autoridad federal para emitir normas y demás disposiciones reglamentarias que regulen la prestación de servicios de tatuajes, micropigmentación y perforaciones.
ConclusionesLa Comisión de Juventud y Deporte, coincide con la iniciativa de Ley en relación a que es indispensable la regulación y prestación de los servicios de tatuajes, micropigmentación y perforaciones, no sólo por los problemas de salud individual que conlleva esta práctica, sino también por los riesgos multiplicadores de contagio de enfermedades del VIH/SIDA y la hepatitis ``C''.
Considera la Comisión, que la promulgación de una ley no es el instrumento jurídico idóneo para regular a los establecimientos en mención, y que pueden ser a través de la facultad que tiene la Secretaría de Salud para regular dichas actividades a fin de cubrir el vacío legal existente, proponiendo reformar el artículo 198 de la Ley General de Salud, e integrar posteriormente las normas Mexicanas pertinentes conforme a lo que dispone el artículo 195 de la misma ley, y que dicha normatividad deberá considerar obligaciones para todas aquellas personas que realizan estas actividades, así como la información amplia a los usuarios con relación a los riesgos a la salud que conlleva la aplicación de tatuajes, micropigmentación y perforaciones.
Atentamente.
México, DF, a 16 de marzo de 2004.--- Diputados: José Manuel Carrillo Rubio, Presidente; Rosalina Mazari Espín, Jorge Ruiz Esparza Oruña, Jazmín Elena Zepeda Burgos, secretarios (rúbricas).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Salud.
Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 268 Bis y 268 Bis I y reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud, para regular la elaboración de tatuajes permanentes, micropigmentación y perforaciones, con opinión de la Comisión de Juventud y Deporte.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Salud con Opinión de la Comisión de Juventud y deporte de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Ley para regular la elaboración de Tatuajes Permanentes, Micropigmentación y Perforaciones, presentada en el Pleno de la Cámara de Diputados, por la Diputada Miroslava García Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, el día 26 de noviembre de 2002.
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 39 numerales 1° y 3°; 43, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen bajo la siguiente:
METODOLOGÍALa Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.
En al capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.
I. ANTECEDENTES1. En sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2002, por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Diputada Miroslava García Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, con fundamento en las disposiciones contenidas en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa de Ley para regular la elaboración de Tatuajes Permanentes, Micropigmentación y Perforaciones, por lo cual la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa de Ley a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.
2. A su vez esta Comisión responsable de la emisión del dictamen, analizó la facultad del Congreso para legislar en la materia, de esto se desprendió que nuestra Carta Magna en el artículo 73 fracción XVI, faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general, asimismo nuestra Constitución Política en su artículo 4°, párrafo tercero garantiza el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona.
3. De conformidad con lo que establece el artículo 44 en su numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso, la Mesa Directiva de la Comisión de Salud, encomendó a su Segunda Subcomisión denominada ``Medicina Preventiva y Bioética'', preparar el dictamen respectivo, por lo cual esta subcomisión llevó a cabo su reunión de trabajo el pasado día 3 de diciembre del año dos mil tres, con sus integrantes, en las que se analizó y discutió ampliamente tanto su exposición de motivos, como el contenido de la iniciativa.
4. Así también, los integrantes de la Comisión de Salud encomendados a preparar el dictamen correspondiente hicieron aportaciones y recopilaron información de diversas fuentes para fundamentar la decisión final en torno a la iniciativa propuesta.
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVAEn este apartado hacemos referencia a la Exposición de Motivos que se encuentra plasmada en la iniciativa de reforma en estudio, en la cual el autor de la misma tiene por objeto reformar los artículos 38, 43 y 83 de la Ley General de Salud, así como las consideraciones o justificaciones que se tomaron en cuenta para su presentación.
La exposición de motivos comienza señalando, que personas de todos los tiempos manifiestan su interés para adornar su cuerpo o modificarlo de manera permanente, y los métodos empleados varían de un lugar a otro, pero estas prácticas se han realizado de manera cotidiana en personas de todas las edades, condiciones económicas, religiones o sexos.
Sin embargo, el incremento en la demanda por ese tipo de trabajos, promovida en parte por los medios de comunicación masiva, obliga a que las instituciones presten atención sobre las implicaciones que pudiera tener esta demanda en la salud pública.
De acuerdo con especialistas de la Secretaría de Salud, existe la posibilidad de que por medio de los instrumentos que se emplean para efectuar los tatuajes o las perforaciones, se transmitan algunos virus y bacterias en caso de que no se sigan algunos procedimientos básicos de higiene.
En todo el país existen alrededor de mil tatuadores y perforadores, cifra de precisar en virtud de que no existe un registro sobre los establecimientos que se dedican a esta actividad. No obstante, por lo que sí cada una de ellas efectúa un trabajo diario, a la semana se llevan a cabo 7 mil tatuajes y perforaciones y 28 mil al mes.
Las enfermedades transmisibles a través de las agujas para tatuar o perforar, van desde una simple infección bacterial hasta el virus de la hepatitis C, misma que, al igual que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es incurable. Salvo que, en el caso de la hepatitis, si se descubre a tiempo, se realice un trasplante de órganos.
Es por eso, que la presente iniciativa retoma las legislaciones que sobre el particular se han aprobado en otros países, así como en algunos estados de la República. Contempla la creación de un registro único de tatuadores y perforadores, a disposición de la Secretaría de Salud, así como las normas mínimas de higiene y seguridad para proteger a clientes y trabajadores. Señala también las sanciones a las que se harían acreedores quienes violen las disposiciones de la ley y la entrada en vigor de la misma.
Finalmente, se sugiere que las dependencias correspondientes se faciliten mecanismos financieros a fin de que los trabajadores de este gremio tengan acceso a microcréditos como cualquier otro empresario y de esta manera estén en mejores posibilidades de adecuar establecimientos y puedan cumplir de manera precisa con la presente ley.
III. CONSIDERACIONESUna vez realizada la investigación relativa al tema que nos ocupa, los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos lo siguiente:
Es indispensable plasmar algunos conceptos relativos a los tatuajes y perforaciones con la finalidad de desarrollar de manera más extensa, el tema que nos ocupa.
La figura del tatuaje y la perforación de piel, ha existido desde los tiempos más antiguos y eran usados como un signo distintivo entre las tribus, como los rangos de autoridad. Sin embargo hoy son muchas las etnias que siguen reconociéndose de acuerdo a las pinturas en la piel, los collares u otros adornos como una característica para los guerreros, cazadores, la esposa del jefe de la tribu, entre otros.
En nuestra época los tatuajes y las perforaciones han dado un giro con relación a su uso, ya que un gran número de personas se aplican tatuajes en el cuerpo por diversas causas; como una elección estética, por diversión, por moda, como maquillaje permanente o bien como complemento de la cirugía reconstructiva al simular el pigmento natural y su duración depende si el tatuaje es realizado temporalmente o definitivos variando la forma de elaboración.
El tatuaje consiste en un dibujo elaborado por diferentes tintas que son introducidas en la piel, habitualmente las tintas empleadas son partículas de carbón o formadas a base de compuestos metálicos más complejos.
Algunos artículos señalan; que existen tres tipos de tatuajes, los traumáticos, los profesionales y los amateur. Los primeros se producen tras la introducción de partículas de carbón alquitrán o de asfalto en la piel, normalmente tras una caída o el estallido de la pólvora. Los segundos y los terceros son dibujos intencionados en la piel.
Dentro de los tatuajes ha surgido la denominada micropigmentación, como una técnica estética que se está implantando actualmente, por lo general en los salones de belleza, estéticas, peluquerías, entre otros, ya sea para crear maquillajes de larga duración o para crear tatuajes temporales; se utiliza una especie de lápiz eléctrico, cuyo funcionamiento no difiere mucho de una máquina de tatuar convencional con la diferencia en que ``micro'' consiste en una capa de piel menos profunda, que puede regenerarse y, por lo tanto, acaba borrando el tatuaje. Los diseños pueden durar desde unos meses a un máximo de tres años.
Otro suceso o tendencia importante en la actualidad es la perforación o también conocida mundialmente como piercing, en donde cualquier parte del cuerpo ya sea la nariz, oreja, ceja, boca, brazos, ombligo, etc., puede perforarse y ser atravesada con una argolla o metal de distintos tamaños y materiales según la preferencia de las personas.
Existen diversas opiniones con relación a las personas portadoras dé un tatuaje o de alguna perforación las cuales varían de acuerdo al entorno social que se trate, relacionándolos muchas veces como personas conflictivas, personas adictas a alguna droga, rebeldes, o bien otros lo consideran un arte.
Sin embargo, independientemente del calificativo social que se le de al hecho de realizarse un tatuaje o una perforación, es necesario separarlo del tema que nos concierne en este dictamen y es el correspondiente a la Salud, en virtud de que el decorarse el cuerpo con perforaciones o tatuajes, puede traer grandes complicaciones médicas, dentro las que podemos mencionar:
Las infecciones suelen ser las más comunes, en virtud de que los equipos y agujas de tatuaje no esterilizados pueden transmitir enfermedades infecciosas, como la hepatitis y en el caso de las perforaciones cuando no se emplean técnicas estériles, se pueden introducir bacterias y virus en la corriente sanguínea, incluyendo el virus de la hepatitis B, que puede causar hepatitis crónica y cáncer hepático, el HIV, el virus que causa el SIDA, en el caso de las infecciones bacterianas generalmente son posterior a la lesión del tejido subcutáneo, seguidas por hemorragia y lesiones o desgarramientos en el sitio de la perforación.
La eliminación de un tatuaje es un proceso doloroso que suele conllevar tratamientos intensos y un considerable gasto. Puede ser imposible la eliminación completa del tatuaje sin producir cicatriz a pesar de los avances en tecnología láser.
Cuando ocurren reacciones alérgicas por tatuajes, son particularmente problemáticas, en virtud de que los pigmentos son difíciles de eliminar, sin importar la antigüedad del tatuaje. En el caso de las perforaciones las más comunes son provocadas por la colocación de aros fabricados con metales que provocan dermatitis de contacto, hasta infecciones graves en algunas personas.
La perforación de la lengua puede dar origen a una pérdida permanente de sensación, dificultad para hablar, pérdida de la capacidad de captar el sabor y problemas de respiración, si la inflamación es severa.
Los queloides son cicatrices que crecen más que sus límites normales, tiene riesgo de formar queloides a partir de un tatuaje, se pueden formar en cualquier momento en que lesione o traumatice su piel, y de acuerdo a dermatólogos el tatuaje o la micropigmentación constituyen una forma de traumatismo.
Los métodos de eliminación del tatuaje incluyen tratamientos láser, frote, solución salina para eliminar el pigmento, solución ácida y cirugía. Algunos intentan encubrir un tatuaje comprometedor con otro nuevo. Cada técnica tiene sus desventajas.
Sabemos que la transmisión de diversas enfermedades infecciosas por vía sanguínea es altamente riesgosa y en especial si las prácticas de tatuaje, micropigmentación y perforación no son realizadas por personas que cuente con la información, los instrumentos y condiciones higiénicas adecuadas. Por lo tanto, coincidimos con la necesidad de que en nuestro país se determinen normas sanitarias relacionadas con la elaboración de tatuajes permanentes y perforaciones, las cuales deberán cumplir tanto los encargados a realizar dichas actividades, los establecimientos donde se realizan las prácticas, y las personas que se someten a hacérselo, a fin de evitar los riesgos para la salud que este tema implica y evitar consecuencias que actualmente se manifiestan de forma creciente.
Igualmente se debe considerar la presencia de enfermedades cutáneas crónicas, cuando las incisiones o pigmentaciones se realizan bajo condiciones insalubres, lo que puede dar origen a enfermedades bacterianas, incluyendo abscesos o infecciones secundarias invasivas que pueden comprometer las funciones vitales, principalmente en un enfermo debilitado, dichas patologías pueden iniciar con una dermatitis localizada o una reacción de hipersensibilidad, es decir una dermatitis alérgica, misma que puede conjuntarse con un proceso bacteriano en un principio en la zona de contacto, para posteriormente diseminarse a otras áreas o zonas del organismo a través del torrente sanguíneo, esto sin incluir la falta de esterilización del equipo con el que se realiza la perforación, mismo que puede estar contaminado como se mencionó anteriormente con el virus causal de la hepatitis ``C'' o del VIH que origina el SIDA.
Igualmente se debe considerar que la Ley General de Salud, establece expresamente aquellos establecimientos que requieren de licencia sanitaria y faculta a la Secretaría de Salud para determinar aquellos que sólo deberán dar aviso de funcionamiento, de esta manera, el ejecutivo federal publicó el acuerdo 141 emitido en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 1997 donde se estipula que establecimientos requieren dar aviso de funcionamiento, y adicionalmente el título décimo de la Ley General de Salud, establece los productos, medios y atribuciones de los órganos de gobierno para ejercer el control sanitario de productos y servicios, que conjuntamente con las reformas del 7 de mayo de 1997, se determinó el régimen jurídico para los establecimientos, en el que se consideran tres esquemas: La licencia sanitaria para los de mayor riesgo, el aviso de funcionamiento para los de menor riesgo y la liberación total de los giros que no constituyen riesgo para la salud.
Tanto la doctrina, como la práctica jurídica, nos muestran que el Derecho es un orden que establece sanciones, en ese sentido cada norma jurídica, habrá de prescribir y regular el ejercicio de la coacción.
Por lo tanto para que se perfeccionara una ley, deberá establecer sanciones, para quien vulnere sus preceptos. Es en este sentido se propone una sanción, a quien infrinja las normas sanitarias que deben respetar los establecimientos que se dediquen a la elaboración y aplicación de tatuajes y perforaciones, por lo que, proponemos la adición del artículo 268 bis 1 en el artículo 419, correspondiente al título Décimooctavo, que se refiere a las Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos.
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTELa Comisión de Juventud y Deporte, coincide con el dictamen en relación a que es indispensable la regulación y prestación de los servicios de tatuajes, micropigmentación y perforaciones, no sólo por los problemas de salud individual que conlleva esta práctica, sino también por los riesgos multiplicadores de contagio de enfermedades del VIH/SIDA y la hepatitis ``C''.
Considera la Comisión, que la promulgación de una Ley no es el instrumento jurídico idóneo para regular a los establecimientos en mención, y que puede ser a través de la facultada que tiene la Secretaría de Salud para regular dichas actividades a fin de cubrir el vacío legal existente, proponiendo reformar el artículo 198 de la Ley General de Salud, e integrar posteriormente las normas Mexicanas pertinentes conforme a lo que dispone el artículo 195 de la misma Ley, y que dicha normatividad deberá considerar obligaciones para todas aquellas personas que realizan estas actividades, así como la información amplia a los usuarios en relación a los riesgos a la salud que conlleva la aplicación de tatuajes, micropigmentación y perforaciones.
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera procedente, realizar una reforma de adición a la Ley General de Salud, a fin de regular en materia de tatuajes y perforaciones, en virtud de ser la encargada de reglamentar el derecho a la protección de la salud en los términos del artículo 4° constitucional, así como llevar a cabo, el control mediante acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores en base a lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables conceptuado en el artículo 194 de la misma Ley.
Esta Comisión dictaminadora difiere con la iniciativa de Ley presentada denominada ``Ley para Regular la Elaboración de Tatuajes Permanentes, Micropigmentación y Perforaciones'', y en su lugar propone una reforma de adición a la Ley General de Salud, que regule sobre la misma materia y a su vez conlleve a la creación del reglamento correspondiente por parte del ejecutivo, de acuerdo al artículo 89 fracción I constitucional.
Dicha reforma consiste, en adicionar el artículo 268 Bis. y 268 Bis 1, al capitulo VIII del Título Decimosegundo de la Ley General de Salud, el cual se refiere al Control Sanitario de Productos y Servicios y de su Importación y Exportación, en virtud de ser el encargado de las actividades de regulación, control y fomento sanitario, así como reformar el artículo 419 de la misma Ley, referente a sanciones.
Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 268 BIS, 268 BIS 1, AL CAPITULO VIII DEL TITULO DECIMOSEGUNDO, Y SE REFORMA EL ARTICULO 419 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.Artículo Único.- Se adicionan los artículos 268 BIS, 268 BIS-1, al Capítulo VIII del Título Decimosegundo y se reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 268 BIS. Los tatuadores, perforadores o micropigmentadores, deberán contar con autorización sanitaria de acuerdo con los términos del capítulo I del título XVI de esta Ley y las demás disposiciones aplicables.
Se entenderá por:
Tatuador: persona que graba dibujos, figuras o marcas en la piel humana, introduciendo colorantes bajo la epidermis con agujas, escalpelos u otro instrumento por las punzadas previamente dispuestas.
Perforador: persona que introduce algún objeto decorativo de material de implantación hipoalergénico en la piel o mucosa con un instrumento punzo cortante.
Micro-pigmentador: persona que incrusta pigmentos en áreas específicas de la piel humana, bajo la epidermis, en la capa capilar de la dermis con agujas accionadas mediante un instrumento manual o electromecánico.
Artículo 268 BIS-1. Queda prohibido realizar tatuajes, micro pigmentaciones y perforaciones a personas menores de 18 daños de edad, así como aquellas que no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales. En el caso de las acciones antes mencionadas, sólo podrá exceptuarse lo anterior cuando los menores de 18 años estén acompañados de uno de sus padres o tutor previa acreditación de tal carácter, o cuenten con la autorización por escrito. La violación estará prevista en el artículo 419 de esta Ley, esta disposición conllevará a la revocación definitiva de la licencia respectiva.
Artículo 419. Se sancionará con multa hasta mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 161, 200 bis, 202, 259, 260, 263, 268 bis-1, 282 bis -1, 342, 346, 348, segundo párrafo, 350 bis-6, 391 y 392 de esta Ley.
TRANSITORIOSPRIMERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal contará con sesenta días a partir de la entrada en vigencia de este Decreto para emitir el Reglamento en Materia de Tatuajes, Micropigmentaciones y Perforaciones.
Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes de la Comisión de Salud: José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), Presidente; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), secretario; María Cristina Díaz Salazar, secretaria; José Javier Osorio Salcido (rúbrica), secretario; Rafael García Tinajero (rúbrica), secretario; Jesús Aguilar Bueno, José Porfirio Alarcón Hernández, Julio Boltvinik Kalinka, Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), José García Ortiz, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Javier Manzano Salazar, José Luis Naranjo Quintana (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Francisco Antonio Rojas Toledo (rúbrica), Isaías Soriano López, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Abraham Velázquez Iribe, Martín Remigio Vidaña Pérez.»
Es de primera lectura.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Puntos Constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de declaratoria que adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DeclaratoriaDel Congreso de la Unión por la que se adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
A la Comisión de Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta de Declaratoria por el que se adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del artículo 135 de nuestra Carta Magna.
AntecedentesProducto de varias iniciativas presentadas por ciudadanos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados, presentó para su discusión y votación el dictamen con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su sesión del 13 de diciembre del 2002, fecha en la que fue aprobado y se ordenó su turno a la Honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
El 14 de diciembre del mismo año, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores turnó la Minuta con Proyecto de Decreto a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera. Comisiones que presentaron el dictamen de consecuencia y fue aprobado en las sesión del Senado de la República realizada el día 29 de abril del 2003.
En esa misma fecha, la Presidencia dictó el trámite de turno a las Honorables Legislaturas de los estados, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de esa fecha y hasta el 23 de octubre, la Honorable Cámara de Senadores recibió diecinueve comunicaciones de diversas Legislaturas estatales y en la sesión del 28 de octubre recibió comunicación del Congreso del Estado de Sonora, turnándolas todas a su Comisión de Puntos Constitucionales. Las comunicaciones de las Legislaturas locales corresponden a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Del examen de los expedientes mencionados, se pudo constatar que se aprobó la Minuta que adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los mismos términos que el Honorable Congreso de la Unión. Del cómputo realizado, el resultado es de veinte aprobaciones, por lo que satisface el requisito del artículo 135 de nuestra Constitución.
Proyecto de DeclaratoriaEl Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la mayoría de las Honorables Legislaturas de los estados, declara adicionada la fracción XXIX-M del artículo 73 y reformada la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único.- Se adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. .........I al XXIX-L. .......
XXIX-M.- Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.
XXX. ........
Artículo 89. ......I al V. .........
VI.- Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
VII a XX. ........
TRANSITORIOÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 16 de marzo de 2004.--- Diputados: Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica); Rubén Alexander Rábago (rúbrica), secretario; Sergio Alvarez Mata (rúbrica); René Arce Islas (rúbrica); Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), secretario; Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica); Francisco Barrio Terrazas (rúbrica); Angel Augusto Buendía Tirado; Enrique Burgos García (rúbrica); Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Horacio Duarte Olivares (rúbrica); Alvaro Elías Loredo (rúbrica), secretario; Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica); Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica); Luis Antonio González Roldán (rúbrica), secretario; J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), secretario; Luis Maldonado Venegas (rúbrica), secretario; Germán Martínez Cázares (rúbrica); Arturo Nahle García (rúbrica), secretario; Janette Ovando Reazola; Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica); Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica); Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica); Socorro Userralde Gordillo (rúbrica); Marisol Vargas Bárcena (rúbrica); Pedro Vázquez González (rúbrica), secretario; Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Presidente; Emilio Zebadúa González (rúbrica).»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de primera lectura.Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión relativos a puntos de acuerdo turnados a comisiones.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Se autoriza.Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Reforma Agraria.
HONORABLE ASAMBLEA:
El Diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de esta Soberanía una Proposición con Punto de Acuerdo para ``solicitar a las Secretarías y Organismos del Gobierno Federal, procedan a resolver el problema de la reubicación y el pago a que tienen derecho los ciudadanos de los pueblos afectados por los rezagos agrarios, que se generaron por la construcción de las presas Presidente Miguel Alemán y Presidente Miguel de la Madrid''.
En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6 inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:
I. ANTECEDENTESEl 13 de noviembre de 2003, el Diputado Eviel Pérez Magaña, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia.
A dicha Proposición, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: ``túrnese a la Comisión de Reforma Agraria''.
El 13 de noviembre de 2003, se recibió en la Comisión de Reforma Agraria la Proposición con Punto de Acuerdo, y en fecha 24 de noviembre de 2003, se turnó a los diputados integrantes de la Comisión para su conocimiento y efectos de Dictamen.
Mediante oficios CRA/102 y CRA/116 se solicitó información sobre el asunto a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Comisión Federal de Electricidad respectivamente. En Sesión Plenaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada el 21 de enero de 2004, el Diputado Eviel Pérez Magaña, expuso ante los diputados integrantes la problemática relativa al presente punto de acuerdo.
II. PROBLEMÁTICALa Presa Temascal, hoy Miguel Alemán, y la presa Cerro de Oro, hoy Miguel de la Madrid, se encuentran localizadas en el estado de Oaxaca, y forman parte de sistema hidrológico de la cuenca del río Papaloapan; sus principales poblados son Temascal, Cd. Alemán, Tuxtepec, San Lucas Ojitlán y San Martín Soyaltepec, cuya principal actividad económica es la pesca, la agricultura y recolección de barbasco.
En octubre de 1944 ante la problemática generada por las cíclicas inundaciones en la región del Papaloapan, el Gobierno Federal emitió un Acuerdo Presidencial que declaraba de utilidad pública el estudio y construcción de las obras de control del río Papaloapan.
El 26 de febrero de 1947, el C. Lic. Miguel Alemán Valdés -entonces presidente de la República-, emitió el decreto presidencial por el cual se creó la Comisión Ejecutiva del Papaloapan, dotándosele a este organismo de las más amplias facultades para la planeación y construcción de las obras necesarias de esa región.
De 1947 a 1952, el proyecto del Papaloapan recibió gran apoyo gubernamental, contando con los recursos necesarios para iniciar las acciones enmarcadas en los 7 objetivos principales que conformaran este proyecto:
Efectuar una campaña de saneamiento en la cuenca.
Desarrollar la agricultura y la ganadería por medio de sistemas de drenaje y de irrigación complementaria.
Aumentar la producción nacional de energía eléctrica. Controlar las crecidas del río y evitar las inundaciones.
Crear nuevos centros de población y mejorar los ya existentes.
Hacer navegable el Papaloapan como a principios del siglo XIX.
Abrir nuevas vías de comunicación.
Entre las obras de mayor importancia destacan las siguientes:
La presa Miguel Alemán, la cual se construyó para control de avenidas y generación de energía eléctrica y para la piscicultura, además de contar con un gran potencial para el riego. La planta hidroeléctrica permitía generar 154 mil kilovatios, equivalentes en ese tiempo, al 10% de la capacidad instalada de generación eléctrica en el país. Se puso en servicio en 1962. Como resultado del embalse, miles de campesinos mazatecos se asentaron en tierras veracruzanas.
La segunda gran presa -Cerro de Oro -posteriormente Presa Miguel de la Madrid ubicada sobre el río Santo Domingo, inició su construcción en 1972 y en consecuencia, comenzó el traslado masivo de campesinos chinantecos hacia la región selvática de Uxpanapa, en el corazón del Istmo veracruzano. La construcción de la obra se vio interrumpida repetidamente y se concluyó hasta 1988 por iniciativa del Gobierno del Estado de Oaxaca, que aportó recursos para la importante obra de desvío, asumiendo así la preponderancia en los trabajos del reacomodo de los afectados por el embalse de la presa.
III. CONSIDERACIONESRespecto a su formulación, la proposición con Punto de Acuerdo cumple los términos previstos en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el ciudadano diputado autor de la proposición, hace referencia a un asunto del cual le corresponde conocer en su carácter de representante de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin duda, se trata de un problema complejo y añejo, que requiere de atención desde varias perspectivas y en diversos ámbitos, por lo que es importante definir el sentido de la proposición.
De igual manera, es necesario señalar, que a pesar de las diversas obras realizadas por los gobiernos federal, estatal y municipal, prevalecen los problemas en la región, y éstos se manifiestan en diversos ámbitos tal como el ambiental, el agrario, el social, el relacionado con las actividades económicas en la región y los relacionados con límites de tierras.
A efecto de fundamentar la proposición, el documento en análisis, expone la problemática de la cuenca del Papaloapan, pero basicamente, se refiere a los problemas que han enfrentado los habitantes de la región -que abarca 275 municipios- los cuales han tenido que desplazase de su lugar de origen, como consecuencia de la construcción de las presas Presidente Miguel Alemán y Presidente Miguel de la Madrid; se expropiaron cerca de 50 mil hectáreas, afectando a aproximadamente 35 mil pobladores, se señala como ejemplo el ejido de San Martín Soyaltepec el cual perdió la totalidad de sus tierras. A la fecha permanecen sin ser indemnizados muchos pobladores, los cuales, no obstante que la ley les asiste, no han recibido la indemnización correspondiente.
En este orden de ideas, se considera de importancia lo expuesto en el punto de acuerdo de referencia; existe una necesidad real de atender la problemática de la región de la Cuenca del Papaloapan de acuerdo a las razones ya expuestas; por ello, es necesario realizar las siguientes precisiones:
En términos de lo dispuesto por los artículos 39 numeral 3 y 45 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión, ha solicitado a las dependencias competentes involucradas en el asunto, la información relativa al caso, a efecto de contar con mayores elementos de juicio para la atención del Punto de Acuerdo que nos ocupa; lo anterior, sin menoscabo de la aprobación del presente punto de acuerdo.
Asimismo, conforme a las facultades ya referidas en el párrafo anterior, se desprende que esta Comisión legislativa, no tiene atribuciones para instruir a las dependencias del Ejecutivo Federal para que realicen una determinada acción respecto del presente asunto, ello en el ámbito de respeto a las funciones de los Poderes de la Unión; sin embargo, se deberá en todo caso exhortar a las dependencias competentes a que en el ámbito de su competencia instrumenten las acciones contenidas en la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa.
Por lo anterior, esta Comisión de Reforma Agraria:
Conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
III.- RESUELVEPRIMERO. En los términos previstos por el presente Punto de Acuerdo, se solicita al Ejecutivo Federal y en particular a la Secretaría de la Reforma Agraria así como a la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de su competencia, informen a esta Soberanía sobre las acciones realizadas para la atención de la problemática relacionada con la reubicación y el pago a que tienen derecho los ciudadanos de los pueblos afectados por la construcción de las presas ``Presidente Miguel Alemán y Presidente Miguel de la Madrid''.
SEGUNDO. En virtud de que la problemática expuesta en el presente Punto de Acuerdo requiere de la atención permanente de esta Comisión de Reforma Agraria, se encarga a los diputados integrantes de la subcomisión de Reforma Agraria y Marco Jurídico el seguimiento y verificación de los avances en la atención del presente asunto.
Así se acordó y votó en Sesión Plenaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada en fecha 4 de febrero de 2004. Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:
Diputados: T. Manuel García Corpus (rúbrica), Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Margarito Fierros Tano (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), secretarios; Margarita del Sagrado Corazón Chávez Murguía, Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz, Ruth Trinidad Hernández Martínez, Ernesto Herrera Tovar, José Jesús Vázquez González, Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Enrique Torres Cuadros, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes, Enrique Guerrero Santana, Gustavo Moreno Ramos, José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Eviel Pérez Magaña, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica).»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo... En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría...
¿Con qué objeto, a favor o en contra? ¿A favor?
En consecuencia no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Con todo gusto, diputado Presidente.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Muchas gracias.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Suficientemente discutidos.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Muchas gracias.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Gracias.
Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Reforma Agraria.
Honorable Asamblea:
El Diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de esta Soberanía una Proposición con Punto de Acuerdo para ``Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones se tomen las medidas necesarias para que se concluya la restitución o el pago de las tierras de los que fueron afectados, por causa de utilidad pública de los ejidos La Concordia y Niños Héroes del Municipio la Concordia, Chiapas''.
En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6 inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:
I. ANTECEDENTESEl 13 de noviembre de 2003, el Diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia.
A dicha Proposición la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados LIX Legislatura, dictó el siguiente trámite: ``túrnese a la Comisión de Reforma Agraria''.
El 19 de noviembre de 2003, se recibió en la Comisión de Reforma Agraria la Proposición con Punto de Acuerdo, y en fecha 24 de noviembre de 2003 mediante oficio CRA/070/03, se turnó a los diputados integrantes de la Comisión para su conocimiento y efectos de Dictamen.
Mediante oficios CRA/107 y, CRA/116 se solicitó información sobre el asunto a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Comisión Federal de Electricidad respectivamente. En Sesión Plenaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada el 21 de enero de 2004, el Diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, expuso ante los diputados integrantes la problemática relativa al presente punto de acuerdo.
II. PROBLEMÁTICAEntre los años 1959 a 1987 se construyó el sistema hidroeléctrico del río Mexcalapa-Grijalva, este sistema, está conformado por los proyectos de las presas, Belisario Domínguez-La Angostura, Manuel Moreno Torres-Chicoasen, Netzahualcóyotl-Malpaso y Angel Albino Corzo-Las Peñitas.
Con un almacenamiento de 37000 millones de metros cúbicos, contribuye con cerca del 30% de los escurrimientos en la planicie costera de Tabasco. Al aportar una capacidad de 3900 megawatts (MW) y producción media anual de 11000 millones de kilowatts-hora (kW h), requiere de manera permanente, de renovados criterios de operación y obras complementarias para fortalecer su presencia interregional.
El proyecto La Angostura, Chiapas situado a 53 kilómetros al sureste de Tuxtla Gutiérrez controla casi la mitad de la cuenca, lo cual otorga la suficiente confianza para regular los escurrimientos normales y extraordinarios en la parte alta del río Grijalva. Al mantener dentro de una variación de seis metros sus almacenamientos y niveles máximos de operación se aumenta significativamente la generación de electricidad.
El Punto de Acuerdo en comento, refiere que mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1973 se expropió al ejido ``La Concordia'', municipio del mismo nombre, en el estado de Chiapas, una superficie de tres mil catorce hectáreas, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, para destinarse a la construcción de la Presa Belisario Domínguez ``La Angostura''. Se señala que, a más de treinta años de haberse realizado la expropiación, los ejidos La Concordia y Niños Héroes no han recibido el pago o restitución de sus tierras. Actualmente las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y Secretaría de la Reforma Agraria no han dado cumplimiento a la indemnización constitucional por lo que el presente Punto de Acuerdo se propone exhortar al Ejecutivo Federal para dar cumplimiento a la indemnización o en su caso se concluya la restitución de sus tierras a los afectados.
III. CONSIDERACIONESRespecto a su formulación, la proposición con Punto de Acuerdo cumple los términos previstos en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el ciudadano diputado autor de la proposición, hace referencia a un asunto del cual le corresponde conocer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A efecto de fundamentar la proposición, en el documento en análisis, se expone la problemática de los ejidos La Concordia y Niños Héroes, pero fundamentalmente, se refiere a los problemas que han enfrentado los habitantes de la región, quienes han visto afectado su patrimonio con la pérdida de sus tierras, como consecuencia de la construcción de las presa Belisario Domínguez, ``La Angostura''.
El documento base de la proposición, es el Decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1973, el cual señala:
``DECRETO que expropia por causa de utilidad pública, una superficie de tres mil catorce hectáreas del ejido La Concordia, Municipio del mismo nombre, Estado de Chiapas, a favor de la Comisión Federal de Electricidad.''
En el séptimo párrafo del considerando segundo del Decreto expropiatorio, se reconoce la magnitud de la expropiación y sus efectos, por lo que es sustento para el punto de acuerdo en análisis, pues se señala:
``En atención a que el desplazamiento de los miles de campesinos que trabajan sus tierras, así como el de los peones acasillados que laboran las tierras en diversos predios, significa un magno problema y a fin de resolver la situación angustiosa de estos campesinos que viven en lo que será el vaso de embalse, deberán tomarse las medidas adecuadas no solo para garantizarles una situación equivalente a la que venían disfrutando, sino que en lo posible sean superadas, por lo que no solamente serán indemnizados con tierras de mejor calidad, sino que, además, en aquellas que se les entreguen, deberán impartirse asistencia técnica y ayuda para la construcción de sus nuevos hogares...''
No obstante, que el decreto expropiatorio considera la magnitud de la expropiación y por ende establece las medidas necesarias para ``garantizarles (a los ejidatarios, avecindados y peones) una situación equivalente a la que venían disfrutando'', el punto de acuerdo señala que no se ha cumplido con dicha obligación.
En virtud del contenido de la proposición, es necesario definir su sentido y alcance.
El objeto de la proposición, es fundamentalmente, solicitar a las dependencias involucradas del Ejecutivo Federal, el pago de la indemnización correspondiente por la expropiación de tierras al ejido ``La Concordia''.
Esta Comisión considera, que es necesario, en primer término, contar con la información oficial sobre el asunto, a efecto de conocer su situación actual y el grado de cumplimiento de los términos establecidos en el Decreto expropiatorio, por lo que el presente dictamen habrá de proponer que esta Soberanía solicite la información correspondiente.
Por otra parte, por tratarse de un asunto complejo que requiere del tratamiento progresivo de acciones para el cumplimiento de su objeto, habrá de darse el seguimiento correspondiente para la atención del presente asunto. Por lo que una vez que se cuente con los elementos necesarios para emitir un juicio cierto sobre el asunto, se emitirá el pronunciamiento correspondiente.
En virtud de lo expuesto, es necesario realizar las siguientes precisiones:
En términos de lo dispuesto por los artículos 39 numeral 3 y 45 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión, solicitará a las dependencias competentes involucradas en el asunto, la información relativa al caso, a efecto de contar con mayores elementos de juicio para la atención del Punto de Acuerdo que nos ocupa; lo anterior, sin menoscabo de la aprobación del presente punto de acuerdo.
Asimismo, conforme a las facultades establecidas en los artículos señalados en el párrafo anterior, se desprende que esta Cámara de Diputados no tiene atribuciones para instruir a las dependencias del Ejecutivo Federal para que realicen una determinada acción respecto del presente asunto, ello en el ámbito de respeto a las funciones de los Poderes de la Unión; sin embargo, esta Comisión deberá en todo caso exhortar a las dependencias competentes a que en el ámbito de su competencia instrumenten las acciones contenidas en la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa.
Por lo anterior, esta Comisión de Reforma Agraria:
Conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
III.- RESUELVEPRIMERO. En los términos previstos por el presente Punto de Acuerdo, se solicita al Ejecutivo Federal y en particular a la Secretaría de la Reforma Agraria así como a la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de su competencia, informen a esta Soberanía sobre las acciones realizadas para la atención de la problemática relacionada con la reubicación y el pago a que tienen derecho los ciudadanos de los pueblos afectados por la construcción de la presa Belisario Domínguez ``La Angostura''.
SEGUNDO. En virtud de que la problemática expuesta en el presente Punto de Acuerdo requiere de la atención permanente de esta Comisión de Reforma Agraria, se encarga a los diputados integrantes de la subcomisión de Reforma Agraria y Marco Jurídico el seguimiento y verificación de los avances en la atención del presente asunto.
Así se acordó y votó en Sesión Plenaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada en fecha 4 de enero de 2004. Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:
Diputados: T. Manuel García Corpus (rúbrica), Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Margarito Fierros Tano (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), secretarios; Margarita del Sagrado Corazón Chávez Murguía, Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz, Ruth Trinidad Hernández Martínez, Ernesto Herrera Tovar, José Jesús Vázquez González, Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Enrique Torres Cuadros, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes, Enrique Guerrero Santana, Gustavo Moreno Ramos, José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Eviel Pérez Magaña, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica).»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:En consecuencia están a discusión los puntos de acuerdo... En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Suficientemente discutidos.Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo sometidos a consideración.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Gracias.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Gracias.
Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Salud.
Dictamen de la Comisión de Salud, al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, expida la Norma Oficial Mexicana para la cuantificación de plomo en polvo y suelos.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen Punto de Acuerdo por el que se solicita se exhorte a la Secretaría de Salud, para la expedición de la Norma Oficial Mexicana para la cuantificación de plomo en polvo y suelos.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo la siguiente:
METODOLOGÍAI.- En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.
II.- En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO'' se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III.- En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', LA Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.
I ANTECEDENTESEl H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la novena sesión de su Diputación Permanente, correspondiente al segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura, celebrada el 26 de agosto del 2003, conoció la propuesta de punto de acuerdo sobre la ``Norma Oficial Mexicana respecto a concentración de plomo en suelos'', presentada por la Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, aprobando el siguiente Acuerdo;
Primero.- Que el Congreso del Estado emita un atento exhorto a la Secretaría de Salud para que, con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización expida, en forma definitiva, la Norma Oficial Mexicana para plomo en polvo y suelos;
Segundo.- Se solicite a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión su intervención ante la dependencia citada para fortalecer el anterior exhorto; y
Tercero.- Turnar este asunto a la Comisión de Salud y De-sarrollo Comunitario de este Congreso, para que le dé seguimiento.
En sesión celebrada por la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, se dio lectura del acuerdo que remitió el Congreso del Estado de Coahuila, turnándolo a la Comisión de Salud el día 7 de octubre del mismo año.
II CONTENIDOEl documento que emite el Congreso del Estado de Coahuila, argumenta:
Que los problemas de salud como consecuencia de la exposición al plomo pueden provocar grave deterioro en el desarrollo físico y neurológico en los niños, y que el envenenamiento produce inicialmente retraso mental y, por ende, pobre actuación académica, y posteriormente problemas de desadaptación social.
Argumenta igualmente, que a mediados del año 2002 en más de 11,000 niños de entre 1 a 6 años de edad se detectaron niveles elevados de plomo en la sangre, debido a la exposición en el suelo de sus domicilios, área de juegos y, en fin, el medio ambiente que circunda y afecta la contaminación de la refinería Met-Mex Peñoles, en Torreón, Coahuila.
Refiere que de acuerdo con las normas vigentes en otros países, como Estados Unidos de América, el plomo es considerado un riesgo a la salud cuando se detectan cantidades mayores a 40 microgramos de plomo por pie cuadrado en el polvo del suelo; 250 en los umbrales interiores de las ventanas; 400 partes por millón en la tierra desnuda del área de juego de los niños y/o 1,200 partes por millón promedio para la tierra desnuda del resto de las áreas patio.
Hace referencia en el documento que emite, que; Identificando el plomo como un riesgo a la salud, a través de estas normas, se permitirá a inspectores y asesores de riesgo ayudar a los dueños de la propiedad expuesta a la fuente de contaminación a decidir qué medidas de remediación ambiental se necesitan y ordenar la implementación de las mismas a la autoridad competente.
Igualmente hacen hincapié, del estudio realizado por el Center for Diseases Control de Atlanta, que realizaron a petición de la LV Legislatura, del cual se desprende que es indispensable la emisión de la Norma Oficial Mexicana para vigilar el contenido de plomo en polvo y suelos alrededor de las industrias que en sus procesos lo utilizan y emiten al medio ambiente.
Por último hacen referencia a la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-004-SSA1-1999, que regulaba sobre salud ambiental, establecía criterios de los niveles de concentración de plomo en la sangre y determinaba acciones para proteger la salud de la población no expuesta ocupacionalmente, tuvo vigencia durante seis meses, e inexplicablemente no se ha establecido en forma definitiva. III CONSIDERACIONES
Avocada la Comisión al estudio de la misma, para su atención y respuesta, se desprende que, de la investigación realizada y en análisis a la legalidad para conocer y resolver del asunto planteado, resulta conveniente analizar los Ordenamientos Jurídicos que a continuación se señalan.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su:
ARTÍCULO 4°. (Párrafo quinto).
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
En su Artículo 25. (Párrafo sexto), establece:
Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos cuidando su conservación y el medio ambiente.
De los anteriores preceptos Constitucionales, se deriva la siguiente Ley Reglamentaria, aclarando que en dicha Ley se hace mención a la ``Secretaría'', refiriéndose a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTEARTÍCULO 1.- la presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:
I.- garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;
II.- definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;
IV- la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;
Artículo 5.- son facultades de la federación:
I.- la formulación y conducción de la política ambiental nacional;
V.- la expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en las materias previstas en esta ley;
VI.-........
XII.- la regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal;
Artículo 6.-las atribuciones que esta ley otorga a la Federación, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la secretaría, salvo las que directamente correspondan al Presidente de la Republica por disposición expresa de la ley.
Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la ley orgánica de la administración pública federal u otras disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias, la secretaria ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas.
Las dependencias y entidades de la administración pública federal que ejerzan atribuciones que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen, con objeto de la presente ley, ajustaran su ejercicio a los criterios para preservar el equilibrio ecológico, aprovechar sustentablemente los recursos naturales y proteger el ambiente en ella incluidos, así como a las disposiciones de los reglamentos, normas oficiales mexicanas, programas de ordenamiento ecológico y demás normatividad que de la misma se derive.
En el capítulo III denominado ``Política Ambiental'', en su artículo 15, establece;
Artículo 15.-para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el ejecutivo federal observará los siguientes principios:
I. ...
IV.- quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente esta obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación implique, asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales;
V. ...
IX.- la coordinación entre las dependencias y entidades de la administración publica y entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas.
X. ...
XII.- toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, las autoridades en los términos de ésta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho;
XIII. ...
XVI.- el control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población.
Por otro lado, se puede apreciar en el Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, en su numeral 16 lo siguiente:
ARTICULO 16.- Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera que se generan por fuentes fijas, no deberán exceder los niveles máximos permisibles de emisión e inmisión, por contaminantes y por fuentes de contaminación que se establezcan en las normas técnicas ecológicas que para tal efecto expida la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud, con base en la determinación de los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente que esta última determina.
Asimismo y tomando en cuanta la diversidad de tecnologías que presentan las fuentes, podrán establecerse en la norma técnica ecológica diferentes valores al determinar los niveles máximos permisibles de emisión o inmisión, para un mismo contaminante o para una misma fuente, según se trate de:
I. Fuentes existentes;
II. Nuevas fuentes, y
III. Fuentes localizadas en zonas críticas.
La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud, y previos los estudios correspondientes, determinará en la norma técnica ecológica respectiva, las zonas que deben considerarse críticas.
Cabe aclarar que el artículo 6 del Reglamento en mención define como:
EMISION.- La descarga directa o indirecta de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o de energía.
INMISION.- La presencia de contaminantes en la atmósfera, a nivel de piso.
En lo referente a la sección sexta, en la que se hace alusión a las Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental, el artículo 36 establece:
ARTICULO 36.-Para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la secretaría emitirá normas oficiales en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que tengan por objeto:
I.- Establecer los requisitos especificaciones, condiciones-, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos;
II- Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;
III.- Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable:
La expedición y modificación de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, se sujetará al procedimiento establecido en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.
Artículo 37 bis.- Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son de cumplimiento en el territorio nacional y señalaran su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación.
Capítulo IV prevención y control de la contaminación del suelo
Artículo 134.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:
I.- Correspondiente al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo;
V.- En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados en cualquier tipo de actividad prevista por el programa de de-sarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable.
Artículo 136.- Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:
I.- la contaminación del suelo;
II.- las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos;
III.- las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación, y
IV.- riesgos y problemas de salud.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LIX Legislatura, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, resuelve;
Único- Se emite un atento exhorto al Ejecutivo Federal, a efecto que la Secretaría de Salud, con base en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización expida la Norma Oficial Mexicana para la medición de plomo en polvo y suelos.
Así lo acordaron los Diputados Integrantes de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura.
Diputados: José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), Presidente; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), secretario; María Cristina Díaz Salazar, secretaria; José Javier Osorio Salcido (rúbrica), secretario; Rafael García Tinajero (rúbrica), secretario; Jesús Aguilar Bueno, José Porfirio Alarcón Hernández, Julio Boltvinik Kalinka, Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), José García Ortiz, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Javier Manzano Salazar, José Luis Naranjo Quintana (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Francisco Antonio Rojas Toledo (rúbrica), Isaías Soriano López, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Abraham Velázquez Iribe, Martín Remigio Vidaña Pérez.»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo... Se tiene registrado para hablar en pro del punto de acuerdo, al diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En consecuencia, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez:Con su permiso, señor Presidente:
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Adelante.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez:Los efectos tóxicos del plomo son conocidos desde hace mucho tiempo, los daños que causan a la salud, sobre todo a los niños y mujeres embarazadas, son importantes. El envenenamiento por metales pesados entre los pobladores de la Comarca Lagunera, es provocado por el plomo, el cadmio y el arsénico, tres elementos altamente dañinos para la salud.
No es que el plomo sea el más tóxico de los tres elementos, sino que ha sido utilizado por la humanidad más ampliamente y por ello, causa más problemas y más preocupación. En Torreón, Coahuila, está la cuarta planta fundidora de plomo más grande del mundo y no sólo es el caso de Torreón, con la Compañía Peñoles, en otros lugares del país, como Monterrey, Nuevo León con pigmentos y óxidos y la reciente denuncia de presencia de plomo en Salamanca, Guanajuato.
El plomo es tóxico para los seres vivos; afecta el sistema endocrino, cardiovascular, respiratorio, inmunológico, neurológico y gastrointestinal, además de que afecta la piel y los riñones. El plomo no es biodegradable y persiste en el suelo, en el aire, en el agua y en los hogares. La exposición al plomo, aún en niveles bajos afecta a niños y adultos. En cantidades muy pequeñas afecta al desarrollo del sistema neurológico, al crecimiento lo retarda y causa problemas digestivos.
El límite máximo permitido de plomo en la sangre de un niño, según la Norma Oficial Mexicana de junio de 1999, es de 10 microgramos por decilitro. Sin embargo, este nivel no es seguro ni normal. La Academia Americana de Pediatría, ubica el nivel deseable de plomo en sangre en cero; en los adultos un nivel bajo de plomo causa incrementos pequeños en la presión arterial. La hipertensión que causa por la exposición al plomo contribuye a la muerte de miles de mexicanos cada año.
Es urgente generar una dinámica de colaboración que sustituya al clima actual, debe de asumirse una responsabilidad por parte del Gobierno, de garantizar la salud de los ciudadanos y del medio ambiente.
El caso Peñoles ha sido una experiencia muy mala, ha puesto en evidencia un vacío legal y normativo que impide la atención oportuna y eficaz en casos similares. La divulgación de los hallazgos científicos en la materia a la población afectada, ha sido una herramienta valiosa para promover la conciencia ciudadana. Aunque existe una Norma Mexicana que establece límites máximos permisibles para la emisión de partículas suspendidas totales en la atmósfera, también existe una Norma Oficial Mexicana de emergencia que fue vigente durante seis meses, que fue emitida a la luz de la gravedad del caso de Torreón.
Es urgente e importante, es que estamos a favor del punto de acuerdo, que se emita la Norma Oficial Mexicana, respecto a la concentración de plomo en polvos y suelos y solicitaremos a través de la Comisión de Salud, que se realice un estudio de impacto ambiental urgente a la Semarnat y a la Secretaría de Salud, diagnósticos y tratamientos a la población infantil afectada, porque es necesario que este honorable Congreso, continúe con los trabajos de participación de los problemas de salud pública, relacionados con el contenido de plomo ambiental en los suelos.
A los diputados nos interesa mandar señales a la ciudadanía que la salud en prioridad, pues sin salud, no podremos aspirar al México de oportunidades que todos queremos.
Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Suficientemente discutido.En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Gracias.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios y trámites necesarios para decretar la Isla Lobos como Parque Nacional, presentado por la diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal a realizar los estudios y trámites necesarios para decretar a la Isla Lobos, como Parque Nacional, presentado por la diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes1.- Con fecha del 21 de octubre de 2003, la diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán a nombre grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios y trámites necesarios para decretar a la Isla Lobos, como Parque Nacional.
2.- Que en el mes de diciembre de 2003, el diputado Miguel Amezcua Alejo miembro de esta Comisión hizo llegar el documento técnico justificativo para la creación de un Area Natural Protegida en el sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan, elaborado por la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana; el Centro de Ecología y Pesquerías de la Dirección General de Investigaciones en Jalapa, Veracruz y el Acuario de Veracruz, AC.
Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
Considerandos1.- Que la Comisión Nacional para Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad (Conabio), ubica esta zona como región marina prioritaria 47 por su alta diversidad biológica, comprendiendo de Pueblo Viejo a Tamiahua, donde se sugiere como menester controlar los factores adversos al ambiente con planes adecuados de manejo y se considera urgente aplicar una estrategia de manejo y conservación para los arrecifes coralinos.
2.- Que el jueves 5 de junio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se informa al público en general que están a disposición los estudios para justificar la expedición del Decreto para declarar al sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan con una superficie total de 52,500 hectáreas como Area Natural Protegida en la categoría de Area de Protección de Flora y Fauna.
3.- Que la Administración Portuaria Integral de Tuxpan tiene proyectados: una terminal de usos múltiples para carga general y de automóviles, terminales de cruceros y ferries para que en corto plazo, se desarrolle una terminal especializada para el arribo de cruceros, que se situará en la margen izquierda del Río Tuxpan, así como terminales especializadas de contenedores en la margen derecha del Río Tuxpan para un desarrollo especial y terminales para el manejo de gas licuado con un muelle de aproximadamente 200 metros, así como de 12 esferas de 6,000 metros cúbicos de capacidad; afectando enormemente el entorno ambiental al permitir el arribo de barcos de carga de gran calaje y el tráfico de navíos por zonas cercanas al arrecife.
Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen:
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a agilizar los trámites necesarios para declarar al sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan como Area Natural Protegida en la categoría de ``Area de Protección de Flora y Fauna'', así como la elaboración del correspondiente Programa de Manejo.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a suspender las autorizaciones y el otorgamiento de permisos de construcción de infraestructura comercial o turística en tanto no se decrete el Area Natural Protegida y se hagan nuevos estudios de factibilidad técnica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2004.--- Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales: diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario; Roberto A. Aguilar Hernández, secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco, Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo, Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Oscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz, Carlos Silva Valdés, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila.»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
En consecuencia están a discusión los puntos de acuerdo...
Se ha registrado para hablar a favor del punto de acuerdo, el diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en consecuencia tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Gracias, con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estamos a favor del dictamen en comento, ya que en Acción Nacional estamos ciertos que para que el hombre y la mujer alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades y gocen de su libertad a plenitud, tienen el excelso derecho a desarrollarse en un medio ambiente sano.
En Acción Nacional creemos que el desarrollo integral del ser humano de hoy, debe ser, tiene que ser sustentable, no podemos concebir el bien común de hoy sin mirar al de mañana.
El desarrollo de hoy tiene que ser ordenado y generoso, tiene que velar por satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer el desarrollo y la calidad de vida de las generaciones por venir.
De ahí, que nuestra misión sea alcanzar un esquema de desarrollo integral en donde la convivencia entre seres humanos y la naturaleza, no comprometa esa maravillosa capacidad de regeneración del medio ambiente.
En Acción Nacional creemos en un sistema político responsable y ordenado que previene y mitige los impactos nocivos al medio ambiente, en un sistema que respeta y alienta la participación corresponsable de la sociedad, vista ésta no sólo como un conjunto de consumidores, sino de personas que ejercitan sus derechos y asumen sus responsabilidades cívicas y políticas y entre las que, sin duda alguna, se encuentran las responsabilidades ecológicas.
Por lo anterior, nos pronunciamos a favor de todas aquellas acciones destinadas a proteger a los ecosistemas, sobre todo a aquellas que poseen recursos naturales especiales, ya sean de flora, fauna o ambos. México es uno de los paí-ses con la mayor biodiversidad del mundo, se estima que contamos con cerca de 200 mil especies, lo que significa que un 10% a un 12% de las especies del planeta se encuentran presentes en nuestro territorio.
Por ello y porque consideramos a esa megabiodiversidad de especies como patrimonio de la humanidad y sobre todo de las y los mexicanos por nacer, siempre apoyaremos la creación y protección de las llamadas ``áreas naturales protegidas'' y entre las que encontramos reservas de la biosfera, parques nacionales, áreas de protección de los recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios, por sólo mencionar algunos.
Por ello seguiremos apoyando e impulsando la política de la actual administración federal, en cuanto a seguir generando áreas naturales protegidas en cualquiera de sus versiones y, con ello, fortalecer la protección y desarrollo de nuestra gran riqueza ambiental.
Celebramos los logros alcanzados por la presente administración, nos congratula observar que las áreas naturales protegidas alcanzan ya el 9.1% de la superficie del país y que éstas se han incrementado en un 18%, ello para llegar al 150%, crecimiento que sobrepasa con creces a lo alcanzado por administraciones anteriores.
Sin embargo, sabemos que todavía nos falta mucho por hacer, sabemos que necesitamos redoblar esfuerzos y estamos conscientes de que el cuidado y desarrollo de nuestras áreas naturales protegidas existentes, debe reforzarse, como también que es necesario impulsar la creación de nuevas áreas, como lo es el sistema arrecifal Lobos-Tuxpan.
El voto de las y los diputados del Partido Acción Nacional, será a favor del dictamen en comento.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Gracias, diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Suficientemente discutidos.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Medio Ambiente y Recursos Humanos.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que determine el riesgo real en que se encuentra la población infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua, debido a la problemática de contaminación que se está presentando y emita inmediata solución.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para que ``se exhorte al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que determine el riesgo real en que se encuentra la población infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua, por la problemática de contaminación que se está presentando y emita la solución inmediata'', presentada por la diputada María Avila Serna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes1.- Con fecha 18 de noviembre de 2003, la diputada María Avila Serna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, para que se exhorte al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que determine el riesgo real en que se encuentra la población infantil en Ciudad Juárez, Chihuahua, por la problemática de contaminación que se está presentando y emita la solución inmediata''.
2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a esta Comisión.
Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
ConsiderandosEl día 10 de Noviembre del año en curso, la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentó un informe en el que se asegura que la Contaminación del aire en Ciudad Juárez influyó significativamente en la muerte de 231 menores de edad entre 1997 y 2001.
Esta declaración ha generado un grave conflicto con acusaciones y defensas entre las autoridades de Ciudad Juárez y algunos investigadores.
Ciudad Juárez, Chihuahua ha presentado en las últimas décadas un notorio incremento poblacional con una tasa de crecimiento anual promedio de 4.8% y una densidad de 5,600 habitantes por kilómetro cuadrado además de un alto índice migratorio. El fenómeno demográfico está asociado al desarrollo económico de la ciudad, observándose que éste ha sido una condición que ha propiciado el crecimiento de la misma y que ha traído un incremento en la demanda de bienes y servicios por la población, como son: el transporte colectivo, el uso intensivo del automóvil, el aumento en el consumo de energéticos, tanto en las actividades productivas como domésticas.
El aumento considerable en la industria de las maquiladoras ha convertido a Ciudad Juárez, en una de las entidades más transitadas en la franja fronteriza, a pesar de ser una región aislada y alejada de los ejes económicos tradicionales en el contexto de una economía cerrada, para convertirse en un polo de desarrollo que se beneficia y aprovecha de su localización.
Desafortunadamente esto ha provocado un deterioro considerable en la calidad del aire de esta ciudad, además de que las condiciones climáticas y geográficas de la misma, por que no se cuenta con una libre circulación del aire, lo que incrementa la problemática de contaminación.
Por otro lado, el parque vehicular de Ciudad Juárez asciende alrededor de 366.750 unidades que en su mayoría, se encuentra en el mal estado. Los estudios publicados a la fecha indican que los automóviles son los responsables del 88% del deterioro en la calidad del aire, sin embargo se considera que existen otras fuentes de contaminación como las maquiladoras y las ladrilleras las cuales deben ser tomadas en cuenta y evaluar de manera seria su participación en la ya mencionada problemática. Aunado a lo anterior se tiene las malas condiciones en la red vial de calles ya que de los 3.069 kilómetros de los que está conformada, sólo el 52% está pavimentada. La falta de continuidad de las calles, las malas condiciones de mantenimiento y la ausencia de pavimentación en algunos lugares, genera graves interrupciones a la circulación, contribuyen al deterioro de la calidad del aire. Los cruces fronterizos presentan severas condiciones de congestionamiento, consecuencia del tiempo que se tardan en efectuar los trámites y revisiones aduanales. Los tiempos de espera para atravesar la frontera varían de unos pocos minutos, hasta más de una hora. Y complicando seriamente la ya existente contaminación, en los meses de septiembre hasta diciembre se presentan el fenómeno de inversión térmica las cuales reducen el volumen disponible para el mezclado vertical y la dispersión del aire, causando con ello altas concentraciones de contaminantes.
Esta creciente contaminación ha generado una preocupación constante entre los pobladores y algunos científicos, ya que la relacionan determinantemente con la mortalidad de niños menores de 16 años que se ha presentado en Ciudad Juárez en los últimos 5 años.
Se realizó una revisión de los estudios que hasta el momento se tienen de este caso y en la mayoría de ellos se llega a la conclusión de que hay una relación significativa entre las concentraciones de partículas suspendidas igual o menores que 10 micras (PM10) y el número de consultas por asma y enfermedades respiratorias aun cuando los niveles alcanzados no excedían las normas ambientales mexicanas (Hernández-Cadena et al, 2000).
Menciona también que el sector de la población más vulnerable son los niños menores a 4 años, así como los que viven en condiciones de marginación y pobreza.
De lo anterior se tienen dos posturas, la de un grupo de científicos que afirman que existe la asociación directa entre contaminantes en la ciudad y el número de defunciones de infantes, y la del Gobierno Municipal de Juárez quienes sostienen que si bien es cierto que el grado de contaminación si afecta a la población y más a los niños y adultos mayores en condiciones de pobreza, pero niegan categóricamente que los contaminantes del aire hayan sido la causa de las defunciones en la población infantil y lo abordan como una campaña con oscuros intereses que buscan desprestigiar a Ciudad Juárez con una competencia mundial, pues actualmente es considerado como un lugar conveniente para la inversión e importante en la relaciones binacionales según declaraciones hechas por la Dirección General de Ecología y Protección Civil del Municipio de Juárez y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado de Chihuahua, publicado en el periódico El Universal, con fecha del 13 de noviembre de 2003.
Sin embargo en el Programa de Gestión de la Calidad del Aire de Ciudad Juárez 1998-2002, publicado también por el Gobierno del Estado de Chihuahua, el Gobierno Municipal de Juárez, la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca y la Delegación Federal Semarnap Chihuahua, mencionan (contrario a sus antes declaraciones) que la contaminación por partículas puede causar, a corto y a largo plazo, disminución de la función pulmonar, lo cual contribuye a la presencia de enfermedades crónicas respiratorias y a la muerte prematura. La exposición a PM10 ha generado una gran preocupación en los últimos años, ya que con mayor frecuencia aparecen estudios que demuestran una asociación significativa entre la concentración ambiental de partículas de la fracción respirable y la mortalidad y morbilidad de la población. En forma consistente a través de muchos estudios se ha encontrado un 3% de incremento en la mortalidad normal diaria por cada 10 microgramos/m3 en PM10 a partir del valor de la norma. Siendo la asociación más significativa con cánceres de pulmón. Es de especial preocupación el hecho de que parece no existir una concentración mínima en la cual ya no se detecten impactos en la salud.
Por último en esta misma publicación también se señala que Las asociaciones entre mortalidad y contaminación tienden a ser más fuertes cuando el parámetro a comparar son las partículas PM2.5, también llamadas partículas finas de la fracción respirable.
Con estas declaraciones es por demás evidente las inconsistencias en las que están cayendo las autoridades estatales y federales relacionadas, ya que ellos sí están conscientes de la grave problemática que se tiene en Ciudad Juárez, y han decidido negarlo, y es necesario se tomen las medidas urgentes a fin de disminuir la creciente contaminación ambiental.
Por otro lado la Secretaría de Salud, ha declarado que no existe una relación directa entre la contaminación del aire y la mortalidad de la población, aunque las personas con padecimientos como asma o factores asociados, como la desnutrición tienen mayor riesgo de deterioro en su calidad de vida, aseguró Julio Frenk Mora Secretario del Ramo, quien señaló también que desde 1998 se trabaja en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, para reducir los elevados índices de contaminación del aire, y los padecimientos del sistema respiratorio, además de un Programa de Colaboración Binacional integrado por representantes de los gobiernos federales, estatales y municipales de México y Estados Unidos.
Y en esta parte nos remitimos al ya citado Programa de Gestión de la Calidad del Aire de Ciudad Juárez en donde también la Secretaría de Salud afirma que La contaminación por partículas puede causar, a corto y a largo plazo, disminución de la función pulmonar, lo cual contribuye a la presencia de enfermedades crónicas respiratorias y a la muerte prematura y con ello se reitera la contradicción en la que están cayendo las autoridades.
En resumen, el grado de contaminación que se está viviendo en Ciudad Juárez es alto, y una gran cantidad de niños fueron trasladados de urgencia al hospital en días en que no hubo alarma ambiental respecto de la calidad del aire y esto se debe a que en el año en el cual se establecieron las normas de concentraciones de los contaminantes atmosféricos el Gobierno Federal, no contaba con recursos ni infraestructura para realizar estudios epidemiológicos, toxicológicos y de exposición, en animales ni en seres humanos, por lo que las normas se establecieron fundamentalmente tomando en cuenta los criterios y estándares adoptados en otros países del mundo.
La doctora Ramírez Aguilar, coautora del estudio del Instituto Nacional de Salud Pública de Ciudad de México, es una de los varios investigadores que han declarado la relación entre la mortalidad infantil y el grado de contaminación en Ciudad Juárez, por lo que se considera como una irresponsabilidad decir que no hay relación.
De todo lo anterior se desprende:
la necesidad urgente del mejoramiento de la vialidad,
agilización en el cruce de vehículos por los puentes fronterizos,
sistema de detección de vehículos contaminantes y la correspondiente sanción a quien contamine,
programas ambientales y de vigilancia en la importación de vehículos de Estados Unidos a fin de evitar el paso de autos chatarra,
programas de monitoreo ambiental a la industria y disminución de los índices de contaminación del aire para declarar contingencia ambiental,
análisis real de los posibles efectos de las emisiones de contaminantes de las industrias de Ciudad Juárez sobre la salud de los habitantes.
Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con
Punto de AcuerdoPrimero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Salud para que lleven a cabo una evaluación conjunta de la situación ambiental y sanitaria, puntual, técnica, científica, objetiva y multidiciplinaria que establezca la veracidad de la relación entre la contaminación ambiental y la mortalidad y morbilidad en la población infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que lleve a cabo la ampliación en la cobertura de las estaciones de monitoreo de la detección de contaminantes con el objeto de conocer adecuadamente las concentraciones de ozono, PM10, PM2.5, sulfatos y nitratos existentes en el aire de Ciudad Juárez Chihuahua.
Tercero.- Se exhorta a Dirección General de Ecología y Protección Civil del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, para que actualice el programa de verificación vehicular obligatorio en la entidad, a fin de disminuir realmente los altos índices de contaminación atmosférica.
Cuarto.- Se exhorta al gobierno para que en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales promuevan un acercamiento con sus homólogos de Estados Unidos de América involucradas, a fin de que se implemente un programa integral para el mejoramiento de la calidad del aire en el área de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2004.--- Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales: diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario; Roberto A. Aguilar Hernández, secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco, Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo, Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Oscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz, Carlos Silva Valdés y Nancy Cárdenas Sánchez.»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo.
Se ha registrado para hablar a favor la diputada Guadalupe García Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
En consecuencia se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada María Guadalupe García Velasco:Con su venia, señor Presidente.
El Partido Acción Nacional, apegado a sus principios de doctrina, tiene como compromiso la protección del medio ambiente y lo considera como una política de Estado.
Una política de desarrollo sustentable debe promover la inversión y el uso de tecnología limpia, que eviten y minimicen el impacto ambiental causado por el crecimiento económico. Se requiere de un uso más amplio de instrumentos económicos, legales, informativos y educativos, así como incentivos claros que entre productores e inversionistas, consumidores y la sociedad en general, alienten la utilización de sus padrones y tecnología.
Para el Partido Acción Nacional la convivencia entre los seres humanos y la naturaleza debe ser tal, que permita la satisfacción de los hombres sin comprometer la capacidad de regeneración de la naturaleza y, por lo tanto, la existencia de las generaciones futuras.
Es necesario que las instituciones públicas y privadas incluyan el tema ambiental en sus actividades, para que haya un cambio de hábito y valores sociales y así lograr la efectiva protección del medio ambiente.
Es fundamental la participación corresponsable de la sociedad, no sólo como conjunto de consumidores, sino de personas que ejerciten sus derechos y asuman sus responsabilidades cívicas y políticas.
La sociedad y todos los órdenes de gobierno deben actuar, coordinada y permanentemente para evitar la degradación del medio ambiente, renovar la conciencia ciudadana, desa-lentar proyectos productivos contaminantes y sancionar las prácticas dañinas al medio ambiente, preocupación constante del Partido Acción Nacional.
Es indispensable también la acción solidaria, subsidiaria, entre las naciones, para enfrentar el deterioro ambiental y reorientar la actividad humana hacia la del desarrollo sustentable mundial.
Apegados a la plataforma legislativa ofrecida por Acción Nacional en el año 2003, proponemos adecuar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de acuerdo a los estudios y las investigaciones nacionales e internacionales, para combatir la contaminación del aire y los gases de efecto invernadero. Asimismo legislar para cumplir con los convenios, tratados y protocolos internacionales que México ha suscrito.
El 11 de noviembre varios medios de comunicación destacaron tergiversando aspectos planteados en el estudio de impacto de la contaminación atmosférica en la morbilidad y mortalidad infantil de Ciudad Juárez. El estudio señala, entre otros aspectos, que de los 696 niños entre un mes y un año de edad que murieron durante 1997 al 2001 en 231 casos, podría haber una correlación con la incidencia de partículas menores, a 10 micrómetros, si bien éstas rebasaron las normas en pocas ocasiones.
También señala que el riesgo es mayor para los niños de familias pobres, quienes reciben una mayor contaminación en sus casas durante el invierno por la quema de leña y carbón como fuentes de calefacción. A ello se suma el bajo peso al nacer y la desnutrición.
La evidencia internacional, resultado de estudios realizados en más de 100 ciudades de diferentes países, apuntan en el sentido de que la exposición al ozono se asocia con la morbilidad y que su relación con la mortalidad humana es incierta.
En Ciudad Juárez desde 1998 hasta 2002, se cuenta con el Programa de Gestión de la Calidad del Aire y el Comité Consultivo Conjunto para Mejoramiento de la Calidad en Ciudad Juárez, El Paso, Condado doña Ana, integrado en 1996.
En todos los casos se da la coordinación entre los gobiernos federales, estatales y locales de México y Estados Unidos, con la participación de la academia, los empresarios y los ciudadanos de la zona.
Los principales contaminantes atmosféricos provienen de vehículos automotores en un 70%. La industria, los servicios y la erosión del suelo son otra parte de los contaminantes.
Las acciones emprendidas por el Consejo Consultivo integrado por gobiernos municipales, estatal y federal, además de empresarios y sociedad, han permitido reducir los días en que se rebasa la norma para ozono y partículas menores, micrómetros y durante los dos últimos años el cumplimiento total de la norma para monóxido de carbono. Esto último como resultado del control de emisiones vehiculares. Además disminuyeron los días de contingencia ambiental.
El estudio que se realizó es exploratorio y plantea que se debe continuar con el análisis para tener un mayor conocimiento de la problemática, especialmente en cuanto a la investigación epidemiológica.
Por lo anteriormente mencionado es importante solicitarle a la Semarnat se realicen las investigaciones necesarias conjuntamente con otras dependencias gubernamentales y que éstas remitan a la Cámara de Diputados los resultados obtenidos. Para ello la Profepa debe monitorear no sólo el aire, también el suelo y la Conagua los mantos freáticos.
Es necesario también modernizar...
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:Le ruego diputada concluir su intervención, se le ha agotado el tiempo.
La diputada María Guadalupe García Velasco:Concluyo.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, siempre su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana y es por eso que es de especial interés para noso-tros lo que está sucediendo en Ciudad Juárez.
Creemos firmemente que la solución se debe dar en el menor tiempo posible. No dejaremos pasar por alto lo ocurrido. Estamos conscientes que no debemos demorar más.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Gracias, diputada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Suficientemente discutidos.Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.Continúe la secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer medidas y programas especiales para la protección de los hábitat para las especies de carácter migratorio que arriban en esta época al territorio nacional, presentado por la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán (PVEM.)
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal para que establezca medidas y programas especiales para la protección de los hábitat para las especies de carácter migratorio que arriban en esta época al Territorio Nacional, presentado por la Diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes1.- En sesión celebrada el día 30 de octubre de 2003, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo por la Dip. Jacqueline G. Argüelles Guzmán a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, siendo turnado en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2.- Que debido a la próxima entrada de la época invernal, periodo de migración de muchas especies, es necesario tomar medidas de protección para especies como: Mariposa Monarca, las ballenas gris y jorobada, las tortugas marinas y algunas especies de patos y aves que recorren miles de kilómetros hasta llegar al territorio mexicano.
3.- Que es facultad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la protección, restauración y conservación de los recursos naturales, de acuerdo al Artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
ConsiderandosCon respecto a ballenas:
Que México cuenta con una gran diversidad de cetáceos, en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional, en la República Mexicana se identifican 39 de las 81 especies conocidas mundialmente;
Que nuestro país ha colaborado activamente con los esfuerzos internacionales para la protección de cetáceos, desde el año de 1933, cuando se adhiere a la Convención de Ginebra para la protección de ballenas; en 1938 aprueba el Convenio Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena; en 1948 formaliza su adhesión a la Convención Internacional y Protocolo para la reglamentación de la caza de la ballena; en 1991 se adhiere a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES).
Que de igual forma promovió y se adhirió al Código de Conducta para la Pesca Responsable, formulado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, con el que se comprometió a conservar los ecosistemas acuáticos y a pescar de forma responsable, a fin de asegurar la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos, mediante la inducción del uso de artes de pesca selectivas y ambientalmente seguras, con enfoque precautorio, decisiones sobre conservación y ordenación en materia de pesquerías, con base en datos científicos.
Que el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, prevé que ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación en instituciones acreditadas.
Que el viernes 24 de mayo de 2003; se publicó en el Diario Oficial de la Federación No. 39, el Acuerdo por el que México se establece como área de refugio para proteger a las especies de grandes ballenas de los subórdenes Mysticeti y Odontocety en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Con respecto a las tortugas:
Hasta la fecha se han aplicado diversas medidas de protección de quelonios a nivel nacional, que pueden resumirse en los siguientes incisos:
a) Instalación de campamentos en las playas de anidación para el estudio y conservación de las poblaciones de tortugas marinas.
b) Elaboración de leyes y reglamentos para la protección de los organismos y de las áreas de desove, a través de los Decretos de Veda Total (DOF 1990), declaración de Zonas de Reserva Natural para la protección, conservación, fomento e investigación de tortugas marinas y sus hábitat (DOF 1986) y Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 que las mantiene en la categoría de Peligro de Extinción.
c) Que en colaboración internacional con organismos, universidades e instituciones privadas y gubernamentales, se han elaborado programas y estudios de evaluación de poblaciones.
Que se logró la disminución de la captura incidental en arrastres camaroneros, instrumentando dos dispositivos excluidores de tortugas (DET) en estas redes.
Que en el entorno internacional, en los primeros años de la década de los setenta, para regular su explotación y comercio internacional, las tortugas marinas quedaron incluidas en el Apéndice I y II de la Convención Internacional para el Comercio de Especies de Flora y Fauna Silvestre Amenazadas (CITES); En 1973 se incluyeron en la Endangered Species Act (Ley para especies en peligro) de los EU, lo cual trajo como consecuencia en el año 1987 que las flotas camaroneras de ambos países tuvieran que utilizar de forma obligatoria los DET en el Golfo de México y a partir de 1989 el embargo a la importación de camarón de los países que no utilizarán DET durante captura. En el Pacífico mexicano del uso obligatorio de los DET fue a partir de 1993 (DOF 1993).
Que el Código Penal Federal vigente en su artículo 420, establece que se impondrá de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3000 días de salario mínimo de multa a quien ilícitamente, capture, dañe o prive de la vida, a cualquier ejemplar de tortuga marina.
Con respecto a aves migratorias:
Sabemos que como grupo, las aves son sin duda uno de los componentes mejor conocidos de la diversidad biológica de América del Norte. Se estima que unas 1400 especies, es decir, casi 20% de la avifauna de todo el mundo, habitan en la región y más de 300 especies son compartidas por México, Canadá y Estados Unidos.
Que México es un país muy diverso en cuanto a avifauna; de hecho ocupa el doceavo lugar mundial en número de especies, y en el ámbito regional (Norteamérica) cuenta con la mayor diversidad de aves de los tres países, con alrededor de 1060 especies, en una superficie considerablemente menor que la que ocupan Canadá (con 600 especies) y Estados Unidos (con 800 especies). Sabemos también que alrededor de 70% de las especies de aves de México son residentes, cerca de 16% son endémicas o casi endémicas del país y aproximadamente 30% tienen hábitos migratorios.
Que nuestro país tiene signado un Convenio con Estados Unidos de América para la protección de aves migratorias y de mamíferos cinegéticos, donde ambas partes, convinieron dictar las Leyes, Reglamentos y disposiciones conducentes para satisfacer las necesidades de: fijación de vedas, determinación de zonas de refugio en las que estará prohibida la captura de dichas aves, limitación a cuatro meses como máximo en cada año el ejercicio de la caza mediante permiso de las autoridades respectivas en cada caso, la prohibición de matar aves migratorias insectívoras, además de no permitir que por la frontera mexicana-norteamericana sean transportadas aves migratorias vivas o muertas y sus productos y despojos, sin que lleven como guía la autorización que para el efecto expida el Gobierno de cada país.
Que se creó un Comité Trilateral México, Canadá y Estados Unidos, para la Conservación y Manejo de Vida Silvestre y Ecosistemas, el cual se reúne anualmente desde 1996 en alguno de los tres países de la región consecutivamente, para discutir políticas y programas de protección coordinada entre las tres naciones.
Con respecto a la mariposa monarca:
Que en agosto de 1996, se firmo un Convenio Trinacional de Cooperación en la conservación de la Mariposa Monarca mediante el desarrollo de un Programa de América del Norte para la conservación de la Mariposa Monarca, con el fin de asegurar la viabilidad de las poblaciones de dicha especie a través del intercambio de información científica en asuntos tales como: desarrollo de metodologías comparables de monitoreo, cartografía y descripción de los sitios clave utilizados por la Mariposa Monarca durante su ciclo migratorio.
Que de acuerdo a las Reglas Administrativas del Programa de Manejo del Área Natural Protegida, Santuario de la Mariposa Monarca, establece que las violaciones al instrumento, serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la LGEEPA, en el Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, en la Ley Forestal, Ley de Pesca, Ley Minera, y sus respectivos Reglamentos, y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con
Puntos de AcuerdoPrimero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Marina, agilizar la elaboración de los programas de protección regionales que integrarán el programa de protección de las áreas de refugio citadas en el Acuerdo del Santuario Ballenero.
Segundo: Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que en coordinación con autoridades estatales y municipales, realicen monitoreos en playas, mercados y lugares de venta de quelonios y derivados, a fin de dar Cumplimiento al artículo 420 del Código Penal Federal, donde establece la sanción al aprovechamiento extractivo de la tortuga marina.
Tercero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a actualizar y reforzar los reglamentos y programas de protección de aves migratorias, en cumplimiento al Convenio con Estados Unidos de América, para la protección de aves migratorias y mamíferos cinegéticos.
Cuarto: Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a monitorear y dar cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad vigente en la protección de la Mariposa Monarca.
Quinto: Se solicita a la Procuraduría General de la Republica informe a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre los resultados de los monitoreos y actividades que se realicen en los programas a que se ha hecho referencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2004.--- Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales: diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario; Roberto A. Aguilar Hernández, secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco, Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo, Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Oscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz, Carlos Silva Valdés y Nancy Cárdenas Sánchez.»
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo. Se ha registrado para hablar a favor el diputado Francisco Javier Lara Arano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
En consecuencia, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Javier Lara Arano:Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional la protección del medio ambiente es un compromiso y lo consideramos como una política de Estado.
Las leyes deberán fortalecer el marco legal que vincule estrictamente agua, suelo, bosque, biodiversidad con las actividades económicas que pongan en riesgo su viabilidad.
Asimismo, debemos armonizar el marco jurídico que sustente y haga realidad el reconocimiento a los servicios ambientales del país y que a su vez sea compatible con el contexto internacional.
Es del conocimiento que debido a que las ballenas y otros cetáceos migran a México y existen reportes de brotes de enfermedades en los países de origen de estos ejemplares, el grupo de trabajo Semarnat, Instituto Politécnico Nacional, Wild Life, Trucks y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tienen implementado un programa de monitoreo de enfermedades importantes para la conservación de estas especies tales como el morbiluvirus y brucela.
Este programa se realiza en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, cuyo laboratorio de diagnóstico es el tercero a nivel mundial, que se certificó para el diagnóstico de morbiluvirus a través de técnicas aprobadas para la red nacional de varamientos de mamíferos marinos de Estados Unidos.
Se tiene implementado un programa de monitoreo de enfermedades degenerativas, papilomas, que es importante saber su incidencia en las poblaciones de este reptil, ya que ataca a ejemplares jóvenes. Es importante porque si no sobreviven los ejemplares en mención no habrá continuidad en la reproducción de la especie de la tortuga.
Se obtuvieron fondos del convenio con Estados Unidos para la protección de aves migratorias para realizar un taller de capacitación de personal de la Semarnat para la vigilancia y diagnóstico de enfermedades que pueden ser importantes para la conservación de estas aves.
Dicho taller será implementado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, el doctor Alberto Lafont, en colaboración con la dirección general de vida silvestre, el doctor Antonio Gómez Mendieta, el Instituto Politécnico Nacional, el doctor Héctor Cepeda y Wild Life, doctor Alonso Aguirre y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con la finalidad de proteger no sólo las aves silvestres sino también la avicultura nacional, ya que las enfermedades son compartidas.
El convenio trinacional de cooperación de la mariposa monarca, se firmó por la mortalidad de la mariposa. En el año de 1995 el 15% de una sola colonia estudiada; en el 2000, otra comunidad estudiada se reportó un 80% de su mortalidad y esto midiendo en zonas específicas e infiriendo que existen 10 millones de mariposas por hectárea.
En el 2003 se inicia un comité de contingencia ante la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Se determinó que la biosfera este año fue de 11 hectáreas y se monitorearon para ver la condición de cuatro colonias: El Rosario, Llano del Toro, Sierra Zinhua, Palomas, Iguala de Sierra Zinhua, y se encontró el parásito que puede infectar y matar a la mariposa monarca.
Además en un adelanto científico se pudo encontrar un hongo y un virus que pueden estar también asociados a la muerte de la mariposa monarca.
Adicionalmente el Instituto Politécnico Nacional, la Semarnat, la Comisión Nacional de Areas Protegidas, la Profepa, la Dirección General de Vida Silvestre y el grupo parlamentario de Acción Nacional, preparan un programa para que las mariposas monarcas puedan desinfectarse y puedan continuar con su ciclo de vida.
Por lo anteriormente expuesto, el Partido Acción Nacional refuerza la necesidad de adecuar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de acuerdo con los estudios y las investigaciones nacionales e internacionales para combatir la contaminación y sus efectos que puedan generarse en las especies que conforman nuestros ecosistemas, dentro de un marco jurídico regulatorio que permita cumplir con los convenios, tratados y protocolos internacionales que México ha suscrito para activar nuestra participación en la convención internacional respectiva con objeto de acceder a los recursos disponibles de una manera más racional y responsable.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
En votación económica y por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:
Suficientemente discutidos.Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.El siguiente punto del orden del día es el capítulo de proposiciones.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a usar la facultad que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, en el sentido de autorizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación obtenga una ampliación a su presupuesto.
El diputado Omar Bazán Flores:Muchas gracias.
Con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante este pleno de la Cámara de Diputados con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal que reasigne mayores recursos a favor del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, al tenor de los siguientes
ConsiderandosEl día 23 de noviembre del año 2003, presenté ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de la que me permito destacar lo siguiente:
A pesar de las transformaciones culturales y tecnológicas operadas en el mundo de los avances conseguidos durante las últimas décadas en el campo de la protección y la promoción de los derechos humanos y de la universalización de la democracia, una gran parte de la población del planeta continúa sufriendo de manera directa o indirecta algún tipo de discriminación.
La discriminación constituye una violación a los derechos humanos. La discriminación se presenta en todo acto u omisión basado en prejuicios o convicciones relacionados con el sexo, la raza, la pertenencia étnica, el color de la piel, la nacionalidad, la lengua, la religión, las creencias políticas, el origen y las condiciones sociales y económicas. El estado civil, el estado de salud, la situación real o potencial de embarazo. El trabajo profesional, las características físicas, la edad, las preferencias sexuales, la identidad de género y cualquier forma de discapacidad o una combinación de éstos u otros atributos.
Esta situación provoca la anulación, el menoscabo y la destrucción del reconocimiento, el goce y el ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades a las personas. De acuerdo con el estudio la discriminación en México por una cultura de igualdad en nuestro país persiste de manera extendida, en pleno Siglo XXI, prácticas discriminatorias a provincias que vulneran a sus derechos y libertades y oportunidades tanto a personas como a grupos y comunidades. No se trata de una problemática restringida o una solamente que les toque a los tejidos sociales o lo contrario, la discriminación en México es un problema de carácter estructural que involucra a los factores culturales, económicos, jurídicos y políticos y que se produce a lo largo y a lo ancho del territorio y la vida cotidiana de nuestra nación.
Por estas razones y la delicada lucha de mexicanos comprometidos para debatir las prácticas discriminatorias y enfrentarlas de formas institucionales, esta honorable Cámara de Diputados durante la pasada LVIII Legislatura aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación con el voto de todos los partidos políticos representados y con la esperanza puesta en que su promulgación abriera el camino para combatir la discriminación en nuestro país.
Como antecedente tenemos que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación entregó a la Secretaría de Gobernación, a través de la dirección general de Recursos Humanos, la propuesta que prevé las áreas mínimas para realizar las tareas encomendadas por la ley, así como las necesidades de crear un órgano ágil, expedito y ligero que represente un apoyo real a la población.
Tras varios meses de negociación la propuesta original se modificó en tres ocasiones y finalmente la postura del Gobierno Federal fue otorgar un presupuesto austero del orden de 111 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2004, cuando el cumplimiento de los fines atribuidos por la ley al consejo exige la realización de una serie de acciones que van desde la promoción, divulgación y la existencia misma del consejo y la competencia a sus atribuciones que ha sido expedito, la publicación de material que exija la transformación cultural de la que prohija la distribución social y la realización de aquellas otras tareas naturales afirmativas, acciones afirmativas que constituyan un instrumento eficiente para prevenir y evitar y combatir las conductas discriminatorias entre otras tareas.
Para lo anterior se requiere un presupuesto del orden de 150 millones de pesos o que pretendamos que la ley sea muerta en este consejo, nos sirva únicamente para tranquilizar nuestras conciencias ante la ausencia de una voluntad real orientada a combatir este cáncer que ha acompañado a nuestro país desde tiempos de la Colonia.
Ahora bien, el 31 de diciembre pasado este cuerpo colegiado aprobó...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se le agotó el tiempo, señor diputado.
El diputado Omar Bazán Flores:Termino, señor Presidente.
Punto de Acuerdo``Unico. Se solita al Ejecutivo Federal que, en uso de las facultades que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, autorice las adecuaciones presupuestales necesarias para que se asigne al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un presupuesto suficiente para el cabal cumplimiento de los fines que le otorga la ley que le crea hasta un monto que no exceda los límites establecidos en el propio precepto''.
Señor Presidente: solicito se instruya se someta a votación si se aprueba este punto de acuerdo como urgente y de obvia resolución.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a usar la facultad que le confiere el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 en el sentido de autorizar las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin de que el Consejo Nacional para prevenir la discriminación obtenga una ampliación de su presupuesto, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del pri.
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Omar Bazán Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal que reasigne mayores recursos a favor del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, al tenor de los siguientes.
ConsiderandosEl día 23 de noviembre de 2003 presenté ante esta Soberanía proposición con punto de acuerdo de la que me permito destacar lo siguiente:
``A pesar de las transformaciones culturales y tecnológicas operadas en el mundo, de los avances conseguidos durante las últimas décadas en el campo de la protección y la promoción de los derechos humanos y de las universalización de la democracia, una gran parte de la población del planeta continúa sufriendo, de manera directa o indirecta, algún tipo de discriminación.
La discriminación constituye una violación a los derechos humanos.
La discriminación se presenta en todo acto u omisión basado en prejuicios o convicciones relacionados con el sexo, la raza, la pertenencia étnica, el color de la piel, la nacionalidad, la lengua, la religión, las creencias políticas, el origen y la condición social y económica, el estado civil, el estado de salud, la situación real o potencial de embarazo, el trabajo o la profesión, las características físicas, la edad, la preferencia sexual, la identidad de género, y cualquier forma de discapacidad, o una combinación de éstos u otros atributos.
Esta situación provoca la anulación, el menoscabo o la restricción del reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas.
De acuerdo con el estudio ``La Discriminación en México: por una nueva cultura de la igualdad'', en nuestro país persisten, de manera extendida y en pleno Siglo XXI, prácticas discriminatorias oprobiosas que vulneran en sus derechos, libertades y oportunidades tanto a personas como a grupos y comunidades. No se trata de una problemática restringida o que solamente toque los márgenes del tejido social. Por lo contrario, la discriminación en México es un problema de carácter estructural que involucra factores culturales, económicos, jurídicos y políticos, y que se reproduce a lo largo y ancho del territorio y la vida colectiva de la nación.
Por estas razones, y la delicada lucha de mexicanos comprometidos por abatir las prácticas discriminatorias y enfrentarlas de forma institucional, esta honorable Cámara durante la pasada LVIII legislatura, aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el voto de todos los partidos políticos representados y con las esperanzas puestas en que su promulgación abriría el camino para combatir la discriminación en nuestro país.
Como antecedente, tenemos que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación entregó a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, la propuesta que prevé las áreas mínimas para realizar las tareas encomendadas por la Ley, así como por la necesidad de crear un órgano ágil, expedito y ligero que represente un apoyo real a la población''.
Tras varios meses de negociaciones, la propuesta original se modificó en tres ocasiones, y finalmente, la postura del Gobierno Federal fue otorgar un presupuesto austero del orden de 111 millones de pesos para el ejercicio fiscal del año 2004, cuando el cumplimiento de los fines atribuidos por la Ley al Consejo exige la realización de una serie de acciones que van desde la promoción y divulgación de la existencia misma del Consejo y la competencia o atribuciones de que ha sido investido; la publicación de materiales que incidan en la transformación cultural de lo que prohija la discriminación social, y la realización de aquellas otras tareas de naturaleza afirmativa (acciones afirmativas) que constituyan un instrumento eficiente para prevenir, evitar y combatir las conductas discriminatorias, entre otras tareas.
Para lo anterior se requiere de un presupuesto del orden de 150 millones de pesos, a menos que pretendamos que la ley sea letra muerta y que el Consejo nos sirva únicamente para tranquilizar nuestras conciencias ante la ausencia de una voluntad real orientada a combatir este cáncer que ha acompañado a nuestro país desde tiempos de la Colonia.
Ahora bien, el 31 diciembre pasado, este cuerpo colegiado aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 en el que se asigna al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un presupuesto de $61,200,000.00 lo que se tradujo en una reducción neta $49,800,000.00 en relación con la propuesta presentando por el Ejecutivo Federal y de $88,800,000.00 en relación con la solicitud de ampliación formulada por el de la voz.
En suma, el acuerdo adoptado representa un decremento que limita en extremo la posibilidad de que ese órgano de la administración pública, cuyos altos fines motivaron que su creación fuese aprobada de manera unánime por ambas cámaras del Congreso de la Unión, cumpla con las atribuciones que le encomienda la Ley que le da vida, misma que fue producto de una amplia consulta ciudadana.
Con el propósito de encontrar una solución a la problemática expuesta, el suscrito formula ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico: Solicitar al Ejecutivo Federal, que en uso de la facultad que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, autorice las adecuaciones presupuestales necesarias para que se asigne al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un presupuesto suficiente para el cabal cumplimiento de los fines que le otorga la ley que lo crea, hasta un monto que no exceda los límites establecidos en el propio precepto.
Dip. Fed. Omar Bazán Flores.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, como lo pide el orador, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado :Con todo gusto, señor Presidente.
En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo... Muchas gracias.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión la proposición...
Esta Presidencia tiene registrados para la discusión a la diputada Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y al señor diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Magdalena Adriana González Furlong:Con su venia, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Adelante.
La diputada Magdalena Adriana González Furlong:Honorable Asamblea:
``Así nació Acción Nacional, para que México, la nación y los hombres volvieran a tomar en sus manos su propio destino, intransferible, inexpropiable''. Manuel Gómez Morín, 1939.
El Partido Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinataria definitiva de la acción política, busca que el ejercicio responsable de la libertad de la democracia conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común.
La persona humana tiene una inminente dignidad y un destino material y espiritual que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino.
Los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado y por lo tanto debe reconocerlos y garantizarlos plenamente. Los derechos humanos constituyen un límite natural y necesario al poder público. Sin su respeto escrupuloso el Estado no justifica ni la autoridad ni la razón de ser, por ello es obligación del Estado proveerlos y garantizarlos sin distinción de credos religiosos, convicciones políticas, rangos o categorías sociales, clases e ideologías.
La declaración universal de los derechos humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y las libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna.
Las personas no pueden tener igualdad ni hacer valer sus derechos fundamentales mientras se desenvuelven en un contexto marcado por prácticas discriminatorias. De la prevención y eliminación de este fenómeno depende en gran medida la posibilidad de construir una sociedad más justa, abierta y participativa.
Compañeras y compañeros legisladores: lo que he venido expresando recoge fielmente lo que desde su origen Acción Nacional ha manifestado sobre la persona y sus derechos.
En nuestros documentos básicos, particularmente en nuestra proyección de principios de doctrina de 2002, nos pronunciamos para que toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, sea rechazada, corregida y, en su caso, sancionada.
Así destaco el papel histórico que ha tenido el PAN en la aprobación de importantes ordenamientos, como las reformas constitucionales para garantizar la igualdad y las no discriminación hacia las mujeres, los indígenas, los menores de edad, así como los grupos en situación de vulnerabilidad, la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y especialmente la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Por ello, amigas y amigos legisladores, nos pronunciamos a favor de la proposición con punto de acuerdo sujeto a la consideración de este honorable pleno. Lo hacemos porque reconocemos que fue este Congreso quien acertadamente adicionó un tercer párrafo al artículo 1o de la Constitución, que prohibe toda discriminación, cuyo texto se inspira en los principios de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Porque en este fundamento consensadamente se creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, estableciendo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal se incluirán las asignaciones correspondientes para promover las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportuni- dades para que toda persona goce sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución, en las leyes y los tratados internacionales, porque con la entrada en vigor de esta Ley se crea el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación como el principal encargado de su aplicación y observancia y que evidentemente con un presupuesto tan reducido, no puede dar cumplimiento pleno a una ley que busca políticas públicas, acciones legislativas y administrativas a favor de la igualdad de oportunidades y de trato.
Compañeras y compañeros diputados: Acción Nacional votará a favor de este punto de acuerdo y los conmina a que hagamos lo propio, porque la discriminación, la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad son fenómenos sociales cuyas consecuencias afectan de forma negativa a la sociedad en su conjunto y como legisladores debemos actuar de manera decidida para su erradicación.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputada.
Tiene el uso de la palabra también para hablar en pro el señor diputado don Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández:Con la venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El próximo 11 de junio se cumplirá un año de haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el cual se crea la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reforma que se logró gracias al esfuerzo y trabajo de diversos sectores de la población, principalmente de los grupos más afectados por la discriminación, así como de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos, legisladores y académicos.
Poco después, fue creado el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para regir las políticas públicas en materia de combate a la discriminación y vigilar el cumplimiento de la ley.
Los alcances de esta ley y del Consejo son muy amplios; sin embargo se encuentran limitados por el escaso presupuesto con el que se cuenta en esta entidad, la cual sufrió un recorte del 66% del presupuesto proyectado, por lo que no ha podido poner en marcha la estructura necesaria para realizar sus funciones. La falta de recursos puede ser la causa de que la ley se convierta en una respuesta superficial y poco seria, a la grave situación de la discriminación que vive en el país y de donde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sea un organismo tan sólo de buenos deseos o, en el mejor de los casos, una oficina de recepción de quejas en lugar de crear programas de prevención, aplicar medidas compensatorias y a largo plazo, eliminar la cultura de la discriminación que existe en México.
Por ello es importante que el Ejecutivo Federal, con las atribuciones que le confiere el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para autorizar las adecuaciones presupuestarias de las dependencias y entidades, autorice un incremento al presupuesto destinado a este fin.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, apoya este punto de acuerdo, ya que estamos convencidos de que no podemos permanecer en una sociedad de iniquidades, desigualdades y exclusiones. Si estamos pensando en un México democrático, no podemos prescindir de una institución de este tipo, siempre y cuando se conduzca como un órgano de estado responsable frente a la sociedad.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Con todo.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Un momento Secretaria.
¿Con qué propósito?.
El diputado Fernando Alberto García Cuevas (desde su curul):
Señor Presidente, para dejar en claro el posicionamiento de mi partido frente a este asunto tan importante.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:El artículo 122 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, señor diputado García Cuevas, establece que tratándose de oradores en pro, solamente pueden hablar dos miembros de la Cámara. Pondré a consideración de la Asamblea su pedimento, para ver si se le permite el uso de la palabra.
Se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le concede el uso de la palabra al señor diputado Fernando Alberto García Cuevas, fuera del número de oradores que establece el artículo 122.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le concede el uso de la palabra al diputado García Cuevas.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Tiene el uso de la palabra diputado Fernando. Adelante.
El diputado Fernando Alberto García Cuevas:Con su permiso, señor Presidente:
Muchas gracias a la Asamblea por concederme la oportunidad de hacer uso de la palabra, pero para nosotros como integrantes del grupo parlamentario del PRI, es fundamental ratificar y dejar en claro cuál es nuestra posición frente a la operación de este importante Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación.
Como ya se ha expresado aquí, los antecedentes son evidentes, desde las razones que fundamentaron la creación de este consejo, hasta el presupuesto que originalmente fue autorizado para que éste pueda cumplir con tan importante encomienda. Sin embargo, en los últimos acontecimientos arrojaron una disminución significativa del presupuesto, lo cual deja en condición de falta de capacidad para poder responder a las expectativas que originalmente fueron planteadas en el contenido de este Consejo Nacional.
Por lo que nosotros como grupo parlamentario del PRI, ratificamos a este pleno la importancia de reconsiderar el presupuesto que debe tener este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, porque éste no es cualquier asunto, tiene qué ver con un problema real de nuestra sociedad que tiene qué ver con la discriminación, incluso hasta los analfabetos, las personas de menores posibilidades económicas y sociales y debe de haber un instrumento regulador del Estado para proteger los derechos de este tipo de ciudadanos que se encuentran en estado de indefensión, frente a los problemas del ejercicio de discriminación de otros intereses.
Por lo cual solicito a nombre del grupo parlamentario del PRI, se considere y se refuerce esta petición para darle el presupuesto que merece este Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Con todo gusto, señor Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición en votación económica.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Suficientemente discutida.Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada. Comuníquese.Tiene el uso de la palabra el señor diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con punto de acuerdo, para que el Gobierno Federal brinde apoyo a los centros de educación tecnológica agropecuaria.
El diputado Felipe de Jesús Díaz González:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
ConsideracionesEn la última década, la educación media superior y superior han sido fundamentales para el avance integral en nuestro país.
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, hace más de 30 años creó la Dirección General Agropecuaria, la cual comenzó a dar impulso a la formación de técnicos profesionales capacitados en centros de educación tecnológica.
Sin embargo, dicha dirección cuenta con varias limitantes, siendo la principal el centralismo exacerbado, que no ha permitido el desglose hacia las entidades federativas con mayor rezago social en nuestro país.
En México se han implementado diversos programas educativos, sin haber podido solucionar el problema concreto de este sector educativo; así el programa nacional para la modernización educativa entre los años de 1989 a 1994, ofreció un diagnóstico general a esta área, destacando la falta de participación, la nula vinculación interna con los avances de los conocimientos y de la tecnología, de la poca participación y solidaridad de la sociedad, siendo únicamente de carácter evaluatorio dicho programa.
En la administración pasada, en el Programa Nacional de Educación se impulsó la promoción de la igualdad de oportunidades de esta área educativa y de equidad, logrando así en la década pasada, el reconocimiento de parte de las autoridades educativas, la capacitación e igualdad en esta área tecnológica agropecuaria.
En esta administración la educación tecnológica agropecuaria brinda la opción de cursar el nivel de educación media superior que se caracteriza por contar con una estructura curricular integrada por componentes de formación profesional para ejercer una especialidad tecnológica y otra de carácter propedéutico que permite a los educandos continuar los estudios de tipo superior.
Según los datos de la propia Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, en el periodo escolar de 1999 al 2000, han egresado 25 mil 288 alumnos de bachillerato, 1 mil 611 de licenciatura y sólo el 15% se incorporan a los diferentes sectores productivos, es decir, el porcentaje de los egresados está por debajo de la comparación de países como Brasil, España o Canadá. Por ello es urgente que impulsemos un saneamiento en ese sector tan importante para el sector primario de nuestro país.
En la República Mexicana existen 21 planteles de educación superior, 204 de bachillerato, tres unidades de capacitación, 124 brigadas de educación para el área rural y más de 50 extensiones educativas.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno Federal, aún no se han podido concretar los avances en materia científica y tecnológica en nuestro país. En la actualidad la Secretaría de Educación Tecnológico Agropecuaria trata de superar el rezago que el país acusa; sin embargo, aún no se ha dotado de reconocimiento oficial e institucional ni una clave presupuestal; de igual forma es urgente el reordenamiento administrativo en la estructura de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, para poder contar con el personal especializado y capacitado en esta área.
Compañeras y compañeros: el avance económico, político, cultural y social de un país depende de una educación integral que garantice un Estado de Derecho y un crecimiento económico sostenido, promoviendo políticas educativas de calidad, programas específicos de compensación de desi-guales, que permitan la permanencia y egresos de la población integrales, lo que se verá traducido en el crecimiento de grados de equidad social.
La economía que vive el sector primario de nuestro país, nos obliga a dotar de los instrumentos y traducirse en los esfuerzos para dotar las nuevas y mejores instituciones de calidad, aumentando la competencia que impera en otros países.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de ustedes el punto de acuerdo...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se le agotó el tiempo, señor diputado.
El diputado Felipe de Jesús Díaz González:Unico. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte al titular de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de realizar las acciones pertinentes que ayuden a mejorar las condiciones estructurales administrativas y presupuestales de los Centros de Educación Tecnológica Agropecuaria, otorgándole el reconocimiento formal e institucional ante las instancias pertinentes a través de una clave presupuestal, con el objetivo de brindar mejores servicios y conocimientos de calidad, acordes a las necesidades del país y en beneficio de la población.
Por su atención, muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para que el Gobierno Federal brinde apoyo a los centros de educación tecnológica agropecuaria, presentada por el diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del PAN.
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter antes esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes
Considerandos1.- En la última década la educación media superior y superior ha sido fundamental para el desarrollo integral de nuestro país, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, hace más de 30 años, creo la Dirección General Agropecuaria, la cual comenzó a dar impulso a la formación de técnicos profesionales capacitados en centros de educación tecnológica.
Sin embargo dicha dirección cuenta con varias limitantes, siendo la principal el centralismo exacerbado, que no ha permitido el desglose hacia las entidades federativas con mayor rezago social de nuestro país.
2.- En México se han implementado diversos programas educativos sin haber podido permear el problema real de este sector educativo, así el Programa Nacional para la Modernización Educativa, entre los años 1989 a 1994, ofreció un diagnóstico general de este ramo, destacando la falta de participación, la nula vinculación interna con los avances de los conocimientos y de la tecnología, y la poca participación y solidaridad de la sociedad, siendo únicamente de carácter evaluatorio dicho programa.
3.- En la administración pasada, en el Programa Nacional de Educación se impulsó la promoción de la igualdad de oportunidades de este ramo educativo y la equidad, logrando así en la década pasada el reconocimiento de parte de las autoridades educativas la capacitación e igualdad en el ramo de tecnología agropecuaria.
4.- En esta administración la educación tecnológica agropecuaria brinda la opción de cursar el nivel de educación media superior bivalente, que se caracteriza por contar con una estructura curricular integrada por un componente de formación profesional para ejercer una especialidad tecnológica y otro de carácter propedéutico que permite a los educandos continuar los estudios de tipo superior.
5.- Según datos de la propia Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, en el ciclo escolar 1999-2000 han egresado 25,288 alumnos de bachillerato, 1,611 de licenciatura y sólo el 15% se incorpora a los diferentes sectores productivos, es decir, el porcentaje de los egresados está muy por debajo en comparación de países como Brasil, España o Canadá, por ello es urgente que impulsemos un saneamiento de este sector tan importante para el sector primario de nuestro país.
En la República Mexicana existen 21 planteles de educación superior, 204 centros de bachillerato, 3 unidades de capacitación y desarrollo rural, 124 brigadas de educación para el desarrollo rural y más de 50 extensiones educativas de bachillerato no reconocidas oficialmente, dónde no todos han sido ubicados de manera estratégica, la mayoría necesita una reubicación debido a las condiciones de vida de los habitantes por cada uno de los estados, así como de un reordenamiento administrativo que se agrava día con día, lo anterior no contribuye al incremento de la calidad de este sector ni a la pertinencia de los servicios.
6.- A pesar de los esfuerzos que el Gobierno Federal ha realizado, aún no se han podido concretar los avances en materia de desarrollo científico y tecnológico en nuestro país; en la actualidad la Secretaría de Educación Tecnológica Agropecuaria trata de superar el rezago que el país acusa, sin embargo aún no se ha dotado de reconocimiento oficial e institucional ni de una clave presupuestal.
De igual forma es urgente el reordenamiento administrativo en la estructura de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria para poder contar con el personal especializado y capacitado en el ramo acorde con las necesidades requeridas en este ámbito.
Compañeras y compañeros, el desarrollo económico, político, cultural y social de un país depende de una educación integral que garantice un Estado de derecho y un crecimiento económico sostenido, promoviendo políticas educativas de calidad, programas específicos de compensación de desigualdades que permitan la permanencia y egresos de la población integrales, lo que se verá traducido en crecientes grados de equidad social.
La realidad económica que vive el sector primario de la economía en nuestro país, nos obliga a dotar de los instrumentos deberán traducirse en la realización de esfuerzos para dotar de nuevas y mejores instituciones de calidad, aumentando la competitividad que impera en otros países.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ustedes el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Educación Pública a efecto de realizar las acciones pertinentes que ayuden a mejorar las condiciones estructurales, administrativas y presupuestales de los centros de educación tecnológica agropecuaria, otorgándoles el reconocimiento formal e institucional ante las instancias pertinentes, a través de una clave presupuestal, con el objetivo de brindar mejores servicios y conocimientos de calidad acorde con las necesidades del país y en beneficio de la población.
Dado en el Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2004.--- Dip. Jesús Díaz González (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Agricultura y Ganadería.Los siguientes tres puntos del orden del día, han sido retirados por los grupos parlamentarios promoventes.
Tiene en consecuencia el uso de la palabra el señor diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social Federal y al Ejecutivo del estado de Puebla, para que no avalen la quinta modificación al programa subregional de desarrollo urbano de los municipios de Cuautlacingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, del estado de Puebla.
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía:Con su permiso, señor Presidente:
Mediante decreto presidencial de fecha 30 de abril de 1992, publicado el 4 de mayo del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, se expropió a favor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ahora Secretaría de Desarrollo Social, una superficie de 1 mil 81 hectáreas, 51 áreas de tierras de temporal de uso común de una importante área al poniente de la ciudad de Puebla, pertenecientes a los municipios de Cuautlacingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula del estado Puebla, argumentando motivos de utilidad pública.
Fue así como se construyó una reserva territorial para el ordenamiento urbano de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, con los propósitos de ofrecer el suelo necesario que demandaba en su momento el crecimiento de la población, los de realizar acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo, atendiendo prioritariamente a los sectores con menos recursos, de acuerdo al cuadro socioeconómico realizado y de acuerdo al espíritu mismo del programa de reservas.
Consecuentemente, el 28 de mayo de 1992, el Gobierno del estado de Puebla, depositó en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, el pago de las indemnizaciones correspondientes y el 29 de mayo del mismo año se ejecutó el decreto de expropiación referido; la Secretaría de Desa-rrollo Urbano y Ecología, hoy Sedesol, donó la superficie total expropiada al Gobierno del estado de Puebla.
El 12 de junio de 1992, el Congreso del estado de Puebla, autorizó al gobernador de dicho estado a enajenar a título oneroso o gratuito las áreas destinadas para fines habitacionales, comerciales o de servicios, hecho que dio origen al programa subregional de desarrollo urbano de los municipios de Cuautlacingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.
Desde entonces a la fecha, el Gobierno del estado de Puebla ha emitido cuatro decretos de modificación a dicho programa, realizando con ello numerosos cambios de uso de suelo, ventas y donaciones de terrenos de la reserva territorial, misma que ha carecido en la mayoría de los casos de transparencia, en cuanto a los procedimientos de venta o donación, hecho que ha terminado por beneficiar a las personas y a las empresas económicamente más poderosas de la región.
El Gobierno del estado ha usado a su libre arbitrio las reservas territoriales expropiadas desde el año de 1992 y como consecuencia de lo anterior, ha creado un auténtico desorden. El Gobierno del estado ha emitido ya cuatro decretos que modifican el programa subregional de desarrollo urbano, con la finalidad de adecuar el tipo de uso de suelo a las edificaciones y asentamientos que se han construido en esta importante zona de desarrollo en el estado de Puebla.
Pese al desorden y a las irregularidades de carácter legal que existen en la zona que se le conoce como la reserva territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl, hoy se pretende realizar una quinta modificación al programa subregional de desa-rrollo urbano, para que a través de ésta se modifique el tipo de uso de suelo y así se legalicen más de 68 hectáreas con edificaciones diversas que hoy se encuentran irregulares.
Es el caso de la donación por parte del Gobierno del estado de Puebla, de 25 de las 45.75 hectáreas de una zona de preservación ecológica denominada Parque Metropolitano, al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde ya se encuentra edificado y en funcionamiento el inmueble de dicha universidad. Es también el caso de la concesión por 99 años de 20 hectáreas del mencionado Parque Metropolitano al empresario Carlos Peralta, para la construcción de una empresa que consiste en un parque de diversiones denominado Valle Fantástico.
El uso de suelo en el que se encuentran edificadas las instalaciones que he comentado corresponden a una reserva ecológica, con lo que se viola el marco jurídico y pone de manifiesto la turbiedad y la ilegalidad en la administración de la reserva territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl.
Compañeras y compañeros legisladores: el propósito del punto de acuerdo que se somete a consideración de esta honorable soberanía es ponerle fin a la discrecionalidad y a las irregularidades que hay en la donación y venta de los predios que el Gobierno del estado de Puebla ha hecho con la reserva territorial en comento, porque a través de las cuatro modificaciones anteriores del programa subregional de desarrollo urbano se vive en sí el alejamiento del objeto para el cual fueron expropiadas primero y después donadas al Gobierno estatal, las más de 1 mil 81 hectáreas.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoQue la Cámara de Diputados exhorte al Gobernador Constitucional del estado de Puebla, licenciado Melquiades Morales Flores, y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, licenciada Josefina Vázquez Mota, a que no avalen la quinta modificación al programa subregional de desarrollo urbano de los municipios de Cuautlantzingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, del estado de Puebla, hasta que no sean revisadas puntualmente las operaciones correspondientes a dicho programa y se deslinden responsabilidades por las posibles irregularidades.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaria de Desarrollo Social Federal y al Ejecutivo del estado de Puebla a no avalar la quinta modificacion del programa subregional de desarrollo urbano de los municipios de Cuautlacingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, Puebla, presentada por el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del PAN.
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea punto de acuerdo, con las siguientes
ConsideracionesMediante decreto presidencial de fecha 30 de abril de 1992, publicado el 4 de mayo del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, se expropió en favor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ahora Secretaría de Desarrollo Social, una superficie de 1,081-51-55-38 (mil ochenta y un hectáreas, cincuenta y un áreas, cincuenta y cinco centiáreas y treinta y ocho decímetros cuadrados) de tierras de temporal de uso común, de una importante área al poniente de la ciudad de Puebla, pertenecientes a los municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, del estado de Puebla, argumentando motivos de utilidad pública.
Así se constituyó una reserva territorial para el ordenamiento urbano de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, con los propósitos de ofrecer el suelo necesario que demandaba en su momento el crecimiento de la población y los de realizar acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo, atendiendo prioritariamente a los sectores con menos recursos de acuerdo con el cuadro socioeconómico realizado y con el espíritu mismo del programa de reservas.
Consecuentemente, el 28 de mayo de 1992, el gobierno del estado de Puebla depositó en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal el pago de las indemnizaciones correspondientes, y el 29 de mayo del mismo año se ejecutó el decreto de expropiación referido. La Secretaría de Desa-rrollo Urbano y Ecología, hoy Sedesol, donó la superficie total expropiada al gobierno del estado de Puebla.
El 12 de junio de 1992, el Congreso de Puebla autorizó al gobernador de dicho estado a enajenar a título oneroso o gratuito las áreas destinadas a fines habitacionales, comerciales o de servicios. Tal hecho dio origen al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.
De entonces a la fecha, el gobierno del estado de Puebla ha emitido cuatro decretos de modificación de dicho programa, realizando con ello numerosos cambios de uso de suelo, ventas y donaciones de terrenos de la reserva territorial, que han carecido, en la mayoría de los casos, de transparencia en cuanto a los procedimientos de venta o donación. Tal hecho ha terminado por beneficiar a las personas y las empresas económicamente más poderosas de la región.
El gobierno del estado ha usado a su libre arbitrio las reservas territoriales expropiadas desde 1992 y, como consecuencia de lo anterior, ha creado un auténtico desorden.
El gobierno del estado ha emitido ya cuatro decretos que modifican el Programa Subregional de Desarrollo Urbano, con la finalidad de adecuar el tipo de uso de suelo a las edificaciones y los asentamientos que se han construido en esa importante zona de desarrollo en el estado de Puebla.
Pese al desorden y a las irregularidades de carácter legal que existen en la zona, conocida como Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl, hoy se pretende realizar una quinta modificación al Programa Subregional de Desarrollo Urbano para que, a través de ésta, se cambie el tipo de uso de suelo y así se legalicen más de 68 hectáreas con edificaciones diversas que hoy se encuentran irregulares.
Es el caso de la donación por parte del gobierno del estado de Puebla de 25 de las 45.77 hectáreas de una zona de preservación ecológica denominada Parque Metropolitano al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde ya se encuentra edificado y en funcionamiento el inmueble de dicha universidad.
Es también el caso de la concesión por 99 años de 20 hectáreas del mencionado Parque Metropolitano al empresario Carlos Peralta para la construcción de una empresa, que consiste en un parque de diversiones denominado Valle Fantástico.
El tipo de uso de suelo en que se encuentran edificadas las instalaciones del Tecnológico de Monterrey campus Puebla y en el que se pretende construir el mencionado parque de diversiones corresponde a una reserva ecológica, con lo que se viola el marco jurídico y se pone de manifiesto la turbiedad y la ilegalidad en la administración de la Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl. Así como estos dos casos, persisten muchos más en tan importante zona de desarrollo en el estado de Puebla.
Considerando la irregularidad en el uso de suelo, el gobierno estatal ha solicitado a la Sedesol federal su aprobación para la quinta modificación del Programa Subregional de Desarrollo Urbano. De ser aprobada la modificación, oficialmente quitarán al estado de Puebla 45.77 hectáreas de la zona de preservación ecológica denominada Parque Metropolitano.
Compañeras y compañeros legisladores:
El propósito del punto de acuerdo que se somete a consideración de esta honorable soberanía es poner fin a la discrecionalidad y a las irregularidades que hay en la donación y venta de los predios que el gobierno del estado de Puebla ha hecho con la reserva territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl porque, con las cuatro modificaciones anteriores del Programa Subregional de Desarrollo Urbano, se evidencia el alejamiento del objeto para el cual fueron expropiadas -primero- y donadas -después- al gobierno estatal las más de 1,081 (mil ochenta y un) hectáreas.
De aprobarse la quinta enmienda, se acrecentarán el desorden y las irregularidades en la reserva territorial Atlizcayotl-Quetzalcóatl.
De continuar esa política de ``primero vender o transferir y después regularizar'', se estará solapando una evidente violación a nuestro marco jurídico y una práctica constante y sistemática de corrupción que ha permanecido en el estado de Puebla desde hace ya tres administraciones gubernamentales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Cámara de Diputados exhorte al gobernador constitucional del estado de Puebla. C. licenciado Melquiades Morales Flores, y a la secretaria de Desarrollo Social, C. licenciada Josefina Vázquez Mota, a no avalar la quinta modificación del Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, del estado de Puebla, hasta que no se revisen puntualmente las operaciones correspondientes a dicho programa y se deslinden responsabilidades por las posibles irregularidades.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2004.--- Dip. Rogelio Flores Mejía (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.Continúe en la tribuna señor diputado para el siguiente punto de acuerdo, que es proposición para exhortar a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno del estado de Puebla, lleven a cabo la ejecución de los trabajos y acciones que se desprenden del convenio suscrito en materia de evacuación de las localidades cercanas al volcán Popocatépetl.
Tiene el uso de la palabra el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía.
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía:De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), sus últimas erupciones del volcán Popocatépetl han sido de arenas de piedras pómez incandescentes que eventualmente han puesto en riesgo a los pobladores de las comunidades aledañas al volcán; por esta razón, desde el año de 1994 el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación ha mantenido el estado de alerta amarilla.
En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, se diseñó y desarrolló el Plan Operativo Volcán Popocatépetl, específicamente para la zona que comparten los estados de Puebla, Morelos, México, Tlaxcala y Distrito Federal, a efecto de proteger a la población, sus bienes y el entorno natural ante la posible ocurrencia de un fenómeno de tipo geológico debido a las actividades de este volcán.
Los especialistas en el tema han clasificado en tres las zonas de alto riesgo: la zona 1 la constituye la región más cercana al cráter, la cual abarca 15 kilómetros a la redonda. La zona dos es de hasta 20 kilómetros a la redonda y la zona tres abarca hasta 40 kilómetros a la redonda, siendo la zona uno la que presenta mayor riesgo.
En la actualidad existen 10 rutas de evacuación para la zona uno en el caso de erupción del volcán Popocatépetl: la ruta nueve es considerada como una de las principales, debido a que abarca las poblaciones de Acatempan, Quilotepec, Tepanapa, Tochimixolco, Tecuanipan, Alpanocan y Cuauhtomatitla. Dicha ruta prevé un desalojo aproximadamente de 6 mil 300 personas hacia la zona de Izúcar de Matamoros, Puebla; sin embargo, a pesar de ser una relevante vía de evacuación posee un grave problema de planeación.
El tiempo aproximado para la evacuación de los pobladores de esta zona es de aproximadamente 40 minutos, esto es así porque dicha ruta circula alrededor del volcán previo a la evacuación, es decir, esta ruta no cuenta con una apertura de brecha con revestimiento, por lo que los habitantes deben rodear una parte de las faldas del volcán para acceder a la salida hacia la zona de Izúcar de Matamoros.
Se ha demostrado que estas rutas de evacuación con que se cuenta en la actualidad, no han sido suficientes para el desa-lojo eficiente y rápido de las zonas cercanas al volcán, se estima que en caso de erupción se tendría que evacuar a 112 mil 095 personas. En el año 2000 el Secretario de Gobernación realizó una visita a las zonas cercanas al cráter del volcán Popocatépetl, en dicha visita se signó un convenio con el Gobierno del estado de Puebla para ampliar y mejorar la infraestructura de las rutas de evacuación.
Pese a que uno de los puntos del convenio contempla específicamente la terminación de las obras correspondientes a las rutas alternas, la realidad es que dichas rutas prevalecen todavía inconclusas y muchas de ellas permanecen en muy mal estado. Esta falta de atención en la ampliación y culminación de las obras por parte del Gobierno del estado de Puebla, mantiene a los habitantes de las poblaciones aledeñas al volcán en riesgo permanente.
Compañeras y compañeros legisladores: si bien es cierto que la actividad política implica necesariamente el uso de la palabra y de la razón para organizar la convivencia social y dirimir los conflictos y diferencias en busca del bien común, el hacer política, con mayúscula, implica sobre todo el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, procurando en todo momento su seguridad y bienestar.
Bajo ese tenor se vuelve imperativa la aplicación de políticas públicas eficaces, cuando lo que se encuentra en riesgo es precisamente la vida de nuestros representados, quienes confían en los acuerdos y convenios que realizan sus gobernantes. Por ello exhorto a esta honorable Asamblea a la pronta dictaminación del presente punto de acuerdo en virtud de que es impostergable la conclusión de las obras en proceso y la ampliación de las rutas integrales de evacuación adecuadas, para salvaguardar la vida de las personas que habitan en estas comunidades, toda vez que el estado actual del volcán se encuentra en alerta y riesgo permanente.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ustedes el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Cámara de Diputados exhorte al titular de la Secretaría de Gobernación y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, así como además a actores privados e instituciones involucradas en el Plan Operativo Volcán Popocatépetl, para que en el ámbito de su competencia, de conformidad con las obligaciones pactadas en el convenio mencionado en este documento, se lleven a cabo las tareas necesarias para revisar y fortalecer las acciones preventivas de dicho plan, principalmente en materia de rutas de evacuación ubicadas en el tramo de Xochimilco, Tochimizoico, San Miguel Tecualipan y Santa Cruz Cuauhtomatitla en el estado de Puebla.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Secretario de Gobernación y al Gobernador de Puebla a llevar a cabo los trabajos y las acciones que se desprenden del convenio suscrito en materia de evacuación de las localidades cercanas al Volcán Popocatépetl, presentada por el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del PAN.
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
ConsideracionesEl Popocatépetl es un volcán poligenético o estratificado de corrientes de lava y brechas, arena y cenizas. Sus últimas corrientes están en el cuadrante noreste y tienen formas alargadas y abruptas, alcanzando una altura absoluta de 5,656 (cinco mil seiscientos cincuenta y seis) metros sobre el nivel del mar.
De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención y Desastres (Cenapred), sus últimas erupciones han sido de arenas y de piedras pómez incandescentes que eventualmente han puesto en riesgo a los pobladores de las comunidades aledañas al volcán. Por esta razón, desde el año de 1994, el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación ha mantenido el estado de alerta amarilla.
En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, se diseñó y desarrolló el Plan Operativo Volcán Popocatépetl, específicamente para la zona que comparten los estados de Puebla, Morelos, México, Tlaxcala y Distrito Federal, a efecto de proteger a la población, sus bienes y el entorno natural ante la posible ocurrencia de un fenómeno de tipo geológico debido a las actividades de este volcán.
Los especialistas en vulcanología han clasificado en tres las zonas de alto riesgo: la zona 1 la constituye la región más cercana al cráter, la cual abarca 15 kilómetros a la redonda; la zona 2 es de hasta 20 kilómetros a la redonda, y la zona tres abarca hasta 40 kilómetros a la redonda, siendo la zona 1 la que presenta mayor riesgo.
En la actualidad existen 10 rutas de evacuación para la zona 1 en caso de erupción del volcán Popocatépetl, la ruta nueve es considerada como una de las principales, debido a que abarca las poblaciones de Zacatempan, Cuilotepec, Tepanapa, Tochimizolco, Tecuanipan, Alpanocan y Cuauhtomatitla. Dicha ruta prevé un desalojo aproximado de 6,300 personas hacia la zona de Izúcar de Matamoros, sin embargo, a pesar de ser una relevante vía de evacuación, posee un grave problema de planeación. El tiempo estimado para la evacuación de los pobladores de esta zona es de aproximadamente 40 minutos. Esto es así porque dicha ruta circula alrededor del volcán previo a la evacuación, es decir, esta ruta no cuenta con una apertura de brecha con revestimiento, por lo que los habitantes deben rodear una parte de las faldas del volcán para acceder a la salida hacia la zona de Izúcar de Matamoros.
Se ha demostrado que estas rutas de evacuación con que se cuentan en la actualidad no han sido suficientes para el desa-lojo eficiente y rápido de las zonas cercanas al volcán. Se estima que en caso de erupción se tendrían que evacuar 112,09 5 (ciento doce mil noventa y cinco) personas.
En el año 2000, el Secretario de Gobernación realizó una visita a las zonas cercanas al cráter del volcán Popocatépetl. En dicha visita se signó un convenio con el gobierno del estado de Puebla para ampliar y mejorar la infraestructura de las rutas de evacuación.
Pese a que uno de los puntos del convenio contempla específicamente la terminación de las obras correspondientes a las rutas alternas, la realidad es que dichas rutas prevalecen todavía inconclusas, y muchas de ellas permanecen en muy mal estado.
Esta falta de atención en la ampliación y culminación de las obras por parte del Gobierno del Estado de Puebla mantiene a los habitantes de las poblaciones aledañas al volcán en riesgo permanente.
De suceder una contingencia volcánica de mayores proporciones a las hasta ahora presentadas, el estado actual en el que se encuentran las rutas de evacuación, eventualmente dejaría en estado de indefensión a la mayoría de los pobladores de las zonas de riesgo. Hablamos de la pérdida de muchas vidas; hablamos de una verdadera catástrofe si es que no aplicamos con prontitud y decisión las políticas públicas de prevención que implican necesariamente la construcción y la ampliación de rutas de evacuación.
Compañeras y compañeros legisladores:
Si bien es cierto que la actividad política implica necesariamente el uso de la palabra y de la razón para organizar la convivencia social y dirimir los conflictos y diferencias en busca del bien común, el hacer Política, con mayúscula, implica sobre todo el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, procurando en todo momento su seguridad y bienestar.
Bajo este tenor, se vuelve imperativa la aplicación de políticas públicas eficaces cuando lo que se encuentra en riesgo es precisamente la vida de nuestros representados, quienes confían en los acuerdos y convenios que realizan sus gobernantes.
Por ello, exhorto a esta honorable asamblea a la pronta dictaminación del presente punto de acuerdo, en virtud de que es impostergable la conclusión de las obras en proceso y la ampliación de las rutas integrales de evacuación adecuadas para salvaguardar la vida de las personas que habitan en estas comunidades, toda vez que el estado actual del volcán se encuentra en alerta y en riesgo permanente.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de AcuerdoUnico.- Que la Cámara de Diputados exhorte al titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, así como a demás actores privados e institucionales involucrados en el Plan Operativo Volcán Popocatépetl, para que en el ámbito de su competencia, y de conformidad con las obligaciones pactadas en el convenio mencionado en este documento, se lleven a cabo las tareas necesarias para revisar y fortalecer las acciones preventivas de dicho plan, principalmente en materia de rutas de evaluación ubicadas en el tramo de Tochimilco, Tochimizolco, San Miguel Tecuanipan y Santa Cruz Cuauhtomatitla, en el estado de Puebla.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 16 de marzo de 2004.--- Dip. Rogelio Flores Mejía (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.Los siguientes cuatro puntos del orden del día han sido retirados por los grupos parlamentarios promoventes.
Pasamos al capítulo de solicitud de excitativas del orden del día.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el señor diputado José Sigona Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Si, señor Presidente.
«Excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado José Sigona Torres, del grupo parlamentario del PAN.
Los que suscribimos, diputados federales a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87, 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente de esta Presidencia que tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, a efecto de que se dictaminen en su conjunto y con la mayor brevedad las diversas iniciativas de reformas a los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la abolición de la pena de muerte, al tenor de los siguientes
AntecedentesEl grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ha presentado las siguientes iniciativas: de la diputada Silvia América López Escoffie, que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución, con fecha 26 de marzo de 2002; del diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 28 de abril de 1997; del grupo legislativo del Partido Acción Nacional en el Congreso de Nuevo León, que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución, con fecha 28 de octubre de 1999; y del diputado Francisco Javier Valdez de Anda, con fecha 11 de diciembre de 2003. Todas las anteriores, sin que hasta el día de hoy se haya emitido el dictamen correspondiente.
No obstante, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura insistimos en la importancia que reviste derogar de nuestra Constitución Política la pena de muerte, de los artículos 14 y 22, como se plantea en la iniciativa con fecha 26 de marzo de 2002.
Dicha iniciativa pretende, en su conjunto, que dentro de un contexto humanitario nuestro país responda a los más esenciales postulados de la civilización, respetando y haciendo respetar el inviolable derecho a la vida.
El artículo 22 de nuestra Constitución faculta al legislador para reglamentar la pena de muerte y, aun cuando no se ha dado, resulta riesgosa la simple posibilidad. Por su parte, el artículo 14 conserva la posibilidad de aplicar la pena de muerte en nuestro país, irónicamente respetando las rigurosas formalidades esenciales del procedimiento.
ConsideracionesLa dignidad de los seres humanos implica también el reconocimiento del Estado de sus derechos naturales y constituye el objeto de los derechos humanos, la columna vertebral de nuestra civilización. El Estado no sólo está obligado a consagrarla sino, también, a crear condiciones para que tal dignidad sea efectiva, al tiempo de remover todos los obstáculos que puedan dificultar su pleno respeto. Ello incluye desde luego la repudiable pena de muerte.
Como sabemos, el artículo 22 de nuestra Constitución faculta al legislador para reglamentar la pena de muerte. No obstante, el artículo 18 del mismo ordenamiento señala que el sistema penal se organiza sobre las bases del trabajo, la capacitación para éste y la educación como medios para readaptación social del delincuente. Es decir, la doctrina penal lógica que inspira este numeral no es retribucionista, pero el artículo 22 lo contradice, dando a la pena en este último párrafo un carácter incluso de venganza pública.
Por su parte, el artículo 14 de la Carta Magna conserva la posibilidad de aplicar la pena de muerte en nuestro país al sentenciar en su segundo párrafo: ``Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al acto''. De esa forma, lo anterior desprende la posibilidad del homicidio judicial, irónicamente respetando las rigurosas formalidades esenciales del procedimiento.
De todo lo anterior, resulta poco congruente con la tradición humanista que nos caracteriza como nación seguir conservando en la Constitución tan salvaje y primitivo castigo.
Esa práctica era severamente cuestionada por adelantados visionarios del humanismo, quienes señalaban lo que hoy algunos aún intentan denostar en función no de la razón sino del simple utilitarismo. Casos como el de Francisco Zarco, quien en la sesión del 25 de agosto de 1856 del Congreso Constituyente expresó que ``la defensa de la pena de muerte como institución perpetua o transitoria sólo puede fundarse en la falsa idea de que la sociedad debe vengarse del delincuente. La venganza no debe entrar jamás en las instituciones sociales. La justicia debe tener por objeto la reparación del mal causado y la corrección y mejora del delincuente, y nada de esto se logra con ofrecer al pueblo espectáculos de sangre que sirven sólo para desmoralizarlo''.
De esa forma, podemos afirmar que la pena capital posee como características esenciales el ser destructiva, en cuanto a eliminar de modo radical e inmediato la existencia humana, por lo que descarta la enmienda la reeducación o la readaptación social del sentenciado; irreparable, en cuanto a su aplicación, en el supuesto no extraño de ser injusta, impide toda posterior reparación; y rígida, toda vez que no puede ser graduada, condicionada ni dividida. Eso es precisamente lo que debemos evitar, debemos eliminar la simple posibilidad.
Si quisiéramos decir que con la pena de muerte se busca un fin retributivo, entonces sólo se podría condenar a dicha pena a quien ha privado de la vida a otro. Sin embargo, por esa vía sólo estaríamos institucionalizando la ley del talión. Y, peor aún, dadas las consecuencias irreparables del daño, la ejecución de presumiblemente culpables constituye no sólo el peor de los errores judicionales, sino el más aterrador de sus actos.
Luego entonces, hablar del derecho a la vida implica no sólo referirnos a un derecho humano o una garantía individual; entraña referirnos al derecho humano que es condición necesaria para que existan y se respeten los demás. Es, pues, el derecho humano por excelencia.
Debemos hacer conciencia de lo que representa el ser humano, debemos pasar de lo deseable a lo realizable. La pena de muerte es violatoria del más elemental de los derechos humanos: el derecho a la vida. Nuestro país debe dar el paso, como ya lo han hecho la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, en el sentido de la congruencia no sólo ideológica sino intelectual y legitimarse así de manera formal para poder alzar la voz y condenar a escala internacional el homicidio judicial.
Es preciso eliminar de nuestra Constitución cualquier posibilidad de que en nuestro país pudiese condenarse a alguien a la pena de muerte. Por lo anterior, hacemos un llamado urgente a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso para hacer de los principales humanistas una rea-lidad en nuestro marco jurídico, acercándolo a la modernidad. Ya no sólo en lo dicho sino en lo hecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado
A usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos para que presenten el dictamen respectivo y, de ser el caso, en su conjunto, a las iniciativas de reforma a los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señaladas anteriormente.
Dip. José Sigona Torres (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, para que emitan el dictamen correspondiente.Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:«Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN.
El suscrito, en mi calidad de diputado federal de la LIX Legislatura de este H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21 fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se dictamine a la brevedad para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, el dictamen de la iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
AntecedentesEn sesión del 3 de diciembre de 2002, el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla presentó ante el Pleno iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el número de legisladores, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La iniciativa en comento pretende una nueva integración de la Cámara de Diputados, mediante la reducción del número de legisladores que la integran, proponiendo que de 500 diputados se reduzca el número a 400, eliminando la elección de 100 diputados electos por el sistema de representación proporcional, para quedar en 300 el número de diputados electos mediante el sistema de mayoría relativa y 100 más por el principio de representación proporcional.
Toda vez que aún no se emite el dictamen correspondiente de la iniciativa en comento, los diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional insistimos y hacemos énfasis en la necesidad de impulsar y promover cambios que permitan un Congreso fortalecido, cualitativo y no cuantitativo; un Poder Legislativo crecido en resultados eficaces y profesionales, y no que sólo sea grande en número, siendo precisamente la intención de esta iniciativa, al proponer que se reduzca el número de diputados electos por el principio de representación proporcional que integran la Cámara de Diputados.
ConsideracionesLas diversas reformas constitucionales que se han hecho para modificar la integración del Congreso, han ido garantizando la participación y presencia de las distintas fuerzas políticas del país.
Se estableció un sistema electoral mixto en el entendido de garantizar la presencia de las minorías en el Congreso y además para que los ciudadanos y electorado pudieran participar y conocer a sus representantes.
Indiscutiblemente este sistema mixto que se adoptó en 1986 fue garante de la democracia en nuestro país, sin embargo algunas reformas posteriores que modificaron el número de integrantes de ambas Cámaras ya no pueden ser sostenidas.
Por ello, se hace necesaria una reforma en la que se fortalezca al Poder Legislativo, profesionalizando su labor y funciones, por lo que es importante reflexionar acerca del número de legisladores que integran la Cámara de Diputados, toda vez que se ha considerado que la integración actual ha provocado falta de organización, así como el entorpecimiento de acuerdos y consensos al interior no sólo de esta Cámara sino, incluso, entre los mismos grupos parlamentarios, lo que motiva el rezago y la lentitud del trabajo legislativo.
Tras la democracia alcanzada durante la última década, necesitamos mayores consensos, de una tribuna fortalecida en sus debates, de trabajos en comisión que sean de calidad y no de una Cámara llena de legisladores que aprovechen la magnitud en la integración de este órgano colegiado para cumplir y satisfacer intereses personales.
Es tiempo de que también el Congreso innove y reforme su estructura en pro de un México mejor. La situación democrática que está viviendo nuestro país nos los exige, y debemos ser responsables asumiendo los cambios necesarios para que esto sea así.
Por lo que se refiere a la integración de la Cámara de Diputados, no nos queda la menor duda de que es necesario que se conserve el mismo sistema mixto que actualmente contempla nuestra Constitución, en virtud de la necesidad de garantizar la presencia de las minorías en los órganos de representación política como la Cámara de Diputados, pero también estamos convencidos de que el número de legisladores electos por este sistema debe ser menor al de los electos por el principio de mayoría relativa, por lo que coincidimos plenamente con la propuesta que contiene la iniciativa en comento para reducir el número de diputados electos por el principio de representación proporcional.
Consideraciones de Derecho1. Que desde el tres de diciembre del dos mil dos hasta la fecha ha transcurrido más del término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión competente presente el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.
2. En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de que emita en breve el dictamen corres- pondiente.
Por lo expuesto y fundado
A usted, Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Unico.- En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestos, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen que corresponda a la iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el número de legisladores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2004.--- Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el señor diputado Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:«Excitativa a las comisiones unidas de Gobernacion, y de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para solicitar al Presidente de la Cámara que se excite a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos para que dictaminen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Penal Federal, que fue presentada en la sesión del 4 de noviembre de 2003 por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El propósito de esta iniciativa se centra en tres aspectos:
Primero. Obligar a que las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos sean públicas y auditables, no sólo por la autoridad que corresponda sino, también, por los particulares, trátese de la declaración inicial, la anual o la de fin del encargo.
Los servidores públicos estamos obligados a transmitir a la ciudadanía, que es la que finalmente paga nuestras percepciones, que deseamos transitar hacia una mayor credibilidad acerca de la obtención de nuestro patrimonio. La ciudadanía inmediatamente percibe cuando una persona tiene un nivel de vida y de gastos que no corresponden a sus ingresos lícitos y que difícilmente es justificable.
Segundo. Proponemos que se elimine el secreto bancario, en tratándose de las declaraciones patrimoniales. Nos queda claro que cuando un servidor público obtiene ingresos ilícitos o se depositan en una institución de crédito o bien se destinan a la adquisición de inmuebles, en las que en este último caso quedan constancias documentales en los libros del notario público ante quien se realiza la operación o en el Registro Público de la Propiedad. Sin embargo, el secreto bancario no debe ser un valladar para que pillos y rufianes disfrazados de servidores públicos, valiéndose del encargo, administren los recursos públicos a su conveniencia e intereses particulares.
Tercero. Proponemos que en el Código Penal Federal se adicione una fracción IV al artículo 247 para que sea punible la falsedad de declaraciones, en tratándose de lo relacionado con la situación patrimonial de los servidores públicos.
Compañeras y compañeros legisladores:
Nos queda claro que todos debemos dar un combate frontal a la corrupción, la que tiene en nuestros días gran capacidad de adaptación; cual si fuera hidra, se extiende sin límites hacia todos los ámbitos de la vida pública.
Durante muchos años, el dinero del pueblo se desviaba a través de mecanismos menos refinados, pero en los últimos años los métodos han cambiado, con el mismo efecto de erosionar las arcas públicas, los valores éticos y el tejido social.
Es hora de que, con medidas legislativas eficaces como las que proponemos, la sociedad sepa que sí nos importa combatir la corrupción y que los legisladores no somos cómplices de ella.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2004.--- Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.--- Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Oscar González Yáñez, Francisco A. Espinosa Ramos (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se excita a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos, para que emitan el dictamen correspondiente.El siguiente punto del orden del día es pronunciamiento para promover los acuerdos y consensos necesarios que permitan avanzar en la reforma electoral y del Estado, en este periodo ordinario de sesiones. Para tal efecto se concede el uso de la palabra al señor diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Este 16 de marzo del cuarto año del vigésimo primero, del Siglo XXI de nuestra era, no es ni con mucho semejante a otros del próximo o remoto pasado.
El contexto nacional y el entorno internacional son evidentemente realidades inéditas inesperadas, pero sobre todo sorpresivas por su pesado contenido de retroceso, frustración y traición a los valores más caros de la esperanza democrática de la humanidad.
En nuestra patria cuando se tenía la sensación de que se avanzaba firmemente a estadios de desarrollo democrático irreversibles a través de la conquista de la efectividad del sufragio, nos hemos desengañado con el hallazgo de las más bajas, innobles y despreciables acciones del sabotaje al cambio, desde los mandos del cambio mismo: Amigos de Fox, Pemex-Sindicato, Partido Verde Robles, y Ahumada, son al fin y al cabo los mismos crímenes contra la confianza y contra la vocación de un pueblo para conquistar para sí el beneficio del ejercicio del poder.
La descomposición creciente de las entidades de interés público llamadas partido políticos, es el fondo de la cuestión. Las fórmulas tradicionales de entender los partidos en su función organizativa y representativa de la sociedad, han seguido fracasando.
Desde los partidos no se educa para la práctica de la democracia; se deseduca para la deformación y corrupción de la política cuando en aras de la obtención del voto se permite todo cuanto la ambición y la audacia proponen. No hay límite ni en los medios ni en el escrúpulo, la guerra electoral abre la oportunidad de ganar al precio que sea.
Naturalmente los gobiernos en todos los niveles y en los tres poderes producto de estos procedimientos electorales, no podrán ser sino el reflejo de ello y desde luego encadenados a perpetuar el mecanismo de acceso por la misma vía para ganar a los competidores una y otra vez el botín que garantiza más recursos para llegar a mantenerse en el poder.
En esta competencia suicida la víctima será finalmente la sociedad que, sin capacidad de decisión inmediata, tiene que esperar la fatalidad de los estragos causados por la opción en el gobierno y por sus aspirantes en la oposición para volver a apostar a una nueva elección que, alucinada otra vez con la publicidad mediática, vuelve a ser seducida por la esperanza de otros colores de partido que repiten el mismo tramo.
La resignación de lo que Popper describía como el organizar las cosas de tal modo que los gobiernos pudieran hacer el menos daño posible es tan sólo una metáfora de lo que en realidad encubre el fracaso de la política que es, quiérase o no, el camino pavimentado a la anarquía, al desorden y a la violencia.
Aquí está entonces, compañeros diputados, el verdadero desideratum de esta Cámara. Nadie, mucho menos la propia conciencia, podrá relevarnos de la carga moral que entraña el seguir sin cambios el guión de una disputa partidista banal de inocultables intereses electorales, en vez del sagrado designio de venir aquí a ver por la nación entera, por sus intereses, por su soberanía, por la reivindicación de la política como la vía humana e inteligente, antípoda de la violencia institucional desde el abuso del poder.
No sólo en México sino en el mundo los países que han antepuesto el poder y la fuerza sobre la política, en su sentido jurídico y ético, han generado respuestas proporcionales bélicas y destructivas cada día de más inexplicable extravío, cobardía y sevicia al grado de la impredecibilidad de acontecimientos futuros, semejantes en cualquier punto del globo terráqueo.
El costo de este trastocamiento axiológico es inimaginable; nadie escapa en un tren, en una oficina, en un templo de cualquier credo, en un estadio o en un centro de diversión; la capacidad destructiva es simple y sencillamente implacable.
Si de estas experiencias no deducimos nuestra responsabilidad en esta Cámara, en este momento, en ésta nuestra patria para retomar el camino de la convergencia, del reencuentro en el fin superior de México, es que sin duda hay una incapacidad insuperable en el sentido y en la voluntad que ya no es difícil advertir.
El día 23 se cumplirán 10 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia de la República, que ofrecía rectificaciones fundamentales en la secuencia de desaciertos que tenían postrada a la nación.
La tremenda conmoción del crimen nos hizo suponer que al menos provocaría la reflexión y la recapacitación en el camino que seguía la compulsión por el poder al grado de arrogarse el derecho a privar de la vida al contrincante.
Pero el efecto pasó pronto. La locura por el poder sigue desatada sin límites, la rivalidad dentro y entre partidos sigue siendo el dato característico del que esta Cámara es muestra irrefutable.
Al mismo tiempo la nación, su presente y su futuro se desdibuja o se convierte en referencias hipócritas que ocultan los propósitos más descalificados para seguir detentando el poder y el dinero por el mayor tiempo posible.
Que esta Cámara debe acometer las reformas fundamentales para reconducir funciones de Gobierno y reponer políticas de Estado que se han desviado al estancamiento económico y a la acumulación de rezagos sociales es un asunto central y vital para la nación.
Pero de ahí a concluir que con los instrumentos legislativos actuales un Poder Ejecutivo capaz y nacionalista no pueda dirigir al país a mejores condiciones es un equívoco que debemos rechazar porque la Constitución mexicana es letra viva que es necesario no sólo leer sino interpretar en su contenido histórico, que no es otro que el de la Revolución que costo más de un 1 millón de vidas de mexicanos y que produjo en su momento crucial, lo que parecía imposible, que fue la expedición de un documento que contenía en su esencia el acuerdo, las aspiraciones y las demandas de un pueblo que optó por la política del más alto nivel, la que es servicio, responsabilidad, austeridad y ejercicio de gobierno para el logro de las condiciones dignas para todos los mexicanos sin excepción.
Más cercano a nuestros tiempos está la reforma a la fracción X del artículo 86 que en la LIII Legislatura logramos aprobar todos por unanimidad y que reitera las líneas infranqueables de nuestra política exterior que se han transgredido ahora con el consecuente riesgo para la nación y hacer enemigos donde nunca los tuvo ni los tendrá México, porque somos un país respetuoso de la soberanía de otros, como somos exigentes del respeto de la propia.
Hoy mismo como nos lo ha propuesto Convergencia, podemos reproducir esa proeza; podemos desprendernos de partidismos y compromisos particulares aun legítimos para promover lo que cualquier reforma de fondo requiere, que es el conocimiento serio y objetivo de la realidad para incidir legislativa y benéficamente en ello.
Es el caso de la reforma energética en la generación de la electricidad y la producción de petróleo, gasolinas y petroquímicos.
A nadie convence el que se privatice para hacer rentables y se realicen de inmediato las inversiones indispensables para el abasto nacional.
La simple enunciación de esta premisa exige el cabal y preciso conocimiento de la realidad de las dos grandes empresas de la nación.
La consideración de los caminos a seguir, no podrá darse si no se agota responsable y honestamente la primera etapa imprescindible que es la de que se someta a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad a una valoración con el carácter de empresas públicas, pero autónomas. Esto es tan sencillo como operarlas en el esquema de cualquier organización empresarial que en sus órganos de dirección, en su información contable y financiera, en la medición...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se le ha agotado el tiempo, señor diputado.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Concluyo, señor Presidente:
...En la medición de su productividad, recursos humanos y capacidad para reinvertir utilidades, además de pagar sus cargas fiscales, se pueda concluir su viabilidad como empresa pública de carácter estratégico en el terreno de la seguridad nacional e impulsora en el desarrollo mismo de la iniciativa privada en su impresionante potencial en la contratación de sus obras y en la compra de insumos de manufactura nacional.
Es entonces, para concluir, la invitación fraternal a la Cámara de Diputados, para que en este proceso y sobre todo en este periodo, entremos al conocimiento objetivo y al fondo de lo que son nuestras empresas fundamentales en el país y podamos llegar a conclusiones válidas para tomar decisiones a fondo y no precipitadas con los riesgos del equívoco irreversible de daños a la nación.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputado.
Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema el señor diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Manuel Velasco Coello:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El Estado mexicano no puede seguir instrumentando sus funciones con instituciones que no cuentan con la confianza de los ciudadanos, por considerarlas ineficientes y alejadas de la problemática social. En ese sentido la Reforma del Estado supone el restablecimiento de la coherencia entre las instituciones y las estructuras económicas, políticas y sociales a través de la construcción de una relación de confianza con la ciudadanía y los actores políticos respondiendo a los desafíos de la globalización y liberalización económica, la apertura comercial, los cambios tecnológicos y fundamentalmente a los procesos de consolidación democrática.
El Ejecutivo Federal, como conductor y símbolo del cambio, ha sido hasta hoy incapaz de capitalizar el bono democrático y la legitimidad ganada a nivel internacional para convocar a todas las fuerzas políticas en la construcción de consensos para la consolidación democrática, a través de la Reforma del Estado.
La Reforma Energética y la Reforma Fiscal parecen ser las únicas condiciones para garantizar el desarrollo nacional y se han convertido por encima de la consolidación democrática en la más alta prioridad de este Gobierno. La realidad política nacional se presenta como un panorama alarmante frente a la falta de confianza y credibilidad entre los integrantes de la clase política y la sociedad civil, hecho que se manifiesta en la incapacidad de lograr pactos y acuerdos políticos en la poca participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y en la falta de credibilidad y confianza en la política como la vía para solucionar los problemas sociales.
Afortunadamente a pesar de las dificultades, sí existe la posibilidad de lograr consensos en las reformas estructurales y es posible transitar en la reforma política del Estado y en la consolidación democrática. Si todos los actores políticos nos conducimos con responsabilidad democrática, para esto es necesaria la revisión de nuestro sistema de partidos y de nuestro sistema electoral para hacer posibles las alianzas programáticas de las mayorías estables y encontrar los mecanismos que le den funcionalidad a nuestro sistema presidencial en condiciones de Gobierno dividido.
Debemos abrir el debate sobre la reelección, sobre la legislación electoral, para darle mayor precisión y evitar el peligro de la ilegitimidad de los órganos electorales.
Revisar el financiamiento de los partidos políticos y los topes de campaña.
Retomar la convocatoria de la Suprema Corte de Justicia para reformar el sistema judicial.
Continuar en la reforma administrativa y reflexionar sobre la cultura política, el referéndum y los prebiscitos, entre otros temas cuya discusión es del más alto interés para la nación. Para esto es impostergable un debate plural que incluya a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a los empresarios, intelectuales y académicos, a las instituciones educativas y a todos los actores políticos en torno a la definición de la agenda de la Reforma del Estado.
La Reforma del Estado que propondremos deberá hacer efectiva la soberanía sobre los recursos naturales. Necesitamos una nueva actitud para que en la aplicación de la ley se respeten los derechos ecológicos y tengamos un medio ambiente adecuado y sustentable, como lo señalan los artículos 4º y 15 de nuestra Carta Magna.
Además, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México buscará siempre el progreso económico del país basado en el desarrollo sustentable, la atención inmediata a los grupos sociales más desprotegidos y el equilibrio financiero.
Esta legislatura tiene un compromiso histórico con la consolidación de la transición democrática, por lo que ante el silencio de una convocatoria por parte del Ejecutivo esta soberanía debe hacer la convocatoria para avanzar en la Reforma del Estado fortaleciendo su institucionalidad. Las alianzas entre las distintas fuerzas políticas en México han sido fundamentales en distintos momentos históricos y por ello hay que seguirlas impulsando para crear los consensos que tanto requiere el país.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene el uso de la palabra el señor diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado René Arce Islas:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Con mucho agrado hemos escuchado a nuestro compañero legislador de Convergencia venir a plantear la necesidad de ir hacia un acuerdo que permita que las reformas pendientes que tienen qué ver con las reformas del Estado y con otras necesarias puedan trabajarse en este periodo, obtener resultados concretos.
Ya en una sesión de la Comisión Permanente, hace algunos días, un grupo de diputados de diversos partidos presentamos también una propuesta de ir hacia un gran acuerdo que permitiera efectivamente sentar las bases de este proceso. Lo firmaron diputados del PAN, del Verde Ecologista y del PRD. No encontramos a nuestros compañeros de Convergencia y no fue posible, pero estoy seguro que también hubieran firmado.
Y lo hacemos porque efectivamente, creemos que este Congreso tiene que dignificar a la política y esto solamente se va a dar si logramos acuerdos que trasciendan lo que actualmente estamos viviendo.
Tenemos enfrente el mejor ejemplo de lo que puede ser la antipolítica. Los españoles lograron un acuerdo fundamental, pero se rompió cuando una de las fuerzas decidió mandar de manera unilateral a sus soldados a otro país y después la campaña se preñó del ataque al asunto del terrorismo, buscando culpables y los resultados están a la vista. Cuando los acuerdos fundamentales no se respetan entonces las fuerzas políticas tienden a ir hacia la confrontación, a la polarización.
Hoy en España ha sido la población la que tuvo que rectificar el rumbo y hoy quienes han ganado han planteado la necesidad de volver a pactar, de volver a hacer un gran acuerdo para darle posibilidades a esa nación. Pero lo mismo ha sucedido en Chile, lo mismo está sucediendo en Brasil.
Y aquí la pregunta es: ¿por qué en nuestro país no? ¿Por qué quienes están al frente de los grupos parlamentarios, de los partidos, de los diferentes niveles de gobierno, no hacen caso a la voluntad política para tratar de generar el piso necesario para la construcción de un nuevo acuerdo en este país? Porque ha habido cambios en términos estructurales de la forma de elegir a nuestros gobernantes, pero no hemos adaptado esas condiciones a la nueva realidad nacional y por eso es más fácil que las pugnas, que los enfrentamientos sean los que ganan dinero por encima de los acuerdos.
Por eso nos parece que estamos en la gran oportunidad de ir hacia una agenda posible, quizá no la deseable para cada grupo parlamentario, pero sí la posible, aquella que por ejemplo nos resuelva los problemas que estamos viviendo en relación a los partidos, al financiamiento, a las precampañas, a las campañas, aquella que nos resuelva los problemas del voto de nuestros compañeros en el extranjero, a que analicemos con seriedad la propuesta de la reelección de los legisladores y darle fortaleza al Congreso, aquellas que tienen qué ver con los pisos mínimos que se requieren para un gran acuerdo, ¿por qué no hacerlo?, ¿qué es lo que nos lo impide?
¿Es más fácil pensar en los resultados solamente electorales? ¿Es más difícil tener voluntad de instalar a un grupo de legisladores que se pongan a trabajar con seriedad, que se den el tiempo para poder presentar propuestas que nos puedan unir a todos tras ellas? ¿Qué es lo que esperamos, un nuevo golpe de otro orden? ¿Qué haya aquí un acto violento que obligue en todo caso a que lo hagamos como se hizo cuando el levantamiento en Chiapas o el asesinato de connotados dirigentes políticos?
¿Esperamos que la población se harte de nosotros y diga que se vayan todos, como pasó en Argentina? ¿Qué esperamos? ¿Qué nos detiene para empezar a trabajar esta agenda posible que entre todos creo que sería fácil si existiera voluntad política?
Asumamos pues, compañeras y compañeros, este llamado que nos ha hecho nuestro compañero, sumémonos a él y construyamos la posibilidad de un gran acuerdo.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ernesto Herrera Tovar:Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
México hoy escribe sobre una nueva página de su historia, la democracia nos dicta nuevas necesidades y nos obliga a vencer viejas inercias. En el camino que ahora seguimos, todos los mexicanos tenemos una responsabilidad por cumplir y el Congreso no es, ni podrá ser, una excepción.
El Poder Legislativo debe hacer frente a los retos que se le presentan sin perder de vista ni en un solo instante, el bienestar de su representada: la nación.
En un Estado de Derecho, la supremacía de la ley es el principio rector de toda acción y omisión y de la autoridad; de hecho la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le autoriza siempre y cuando ésta proceda del órgano legislativo.
Lo anterior necesariamente implica un extenso catálogo de derechos reconocidos a favor de los particulares, a fin de que éstos mantengan una esfera de actuación ausente de intervenciones estatales, es decir, un conjunto de derechos subjetivos públicos de los ciudadanos reconocidos y protegidos por la Constitución como las garantías individuales.
Hablar de la Reforma del Estado mexicano implica modificar al Gobierno, no como área específica del Poder Ejecutivo, sino como integración de los tres poderes y desde luego los distintos ámbitos de gobierno. Si los esfuerzos no repercuten en todos estos escenarios, su ambición de ser una Reforma del Estado no correspondería a sus alcances reales: la materialización de la Reforma del Estado, entendida como la continua transformación de las instituciones y los poderes públicos, así como las relaciones de dichos poderes entre sí y las relaciones del poder público con los ciudadanos, todo esto con miras a la satisfacción de las necesidades de la sociedad, a la realización de los valores en los que esa sociedad cree y al logro de los fines propios del Estado, está aún lejana.
Aunque es justo decir que se han realizado significativos avances en este sentido, cada uno de los temas propuestos por los grupos parlamentarios presenta un sinnúmero de aristas, las cuales deberán ser analizadas, discutidas y superadas a la brevedad posible por los legisladores electos en esta LIX Legislatura, lo cual ciertamente no será tarea fácil, ya que algunos temas representan una extremada complejidad de tintes históricos, por ejemplo, entre los temas más controvertidos dentro del marco del equilibrio de los poderes del Estado, destaca la reelección inmediata de los legisladores, la cual permitirá darle una nueva cuenta a la vigencia de la voluntad del Constituyente de Querétaro.
Otro tema controvertido que deberá ser abordado por la LIX Legislatura, es el relativo a la llamada reconducción presupuestal, la cual consiste principalmente en establecer mecanismos para proceder en caso de que al 31 de diciembre de cada año los diputados no logremos aprobar el llamado paquete económico.
Dentro del contexto de una muy necesaria reforma electoral integral, los representantes de Acción Nacional, estamos seguros de que debemos de tener en cuenta que no basta reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que la dimensión e importancia de la tarea implica actualizar también a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación, así como a la Ley de Instituciones de Crédito.
La realidad política que impera en el país, nos obliga a darnos cuenta que resulta inaplazable legislar en una materia de reducción del financiamiento público, fiscalización y control de las agrupaciones políticas, fortalecimiento de las facultades del Instituto Federal Electoral para la fiscalización de los partidos políticos, así como lo relativo a precampañas, coaliciones y contratación por parte de partidos políticos de espacios en medios de comunicación.
Acción Nacional recibe con simpatía y esperanza cualquier pronunciamiento o llamado sincero para promover los acuerdos y construir los consensos necesarios para concretar en el Congreso de la Unión las reformas que considere indispensables para modernizar al país, remover los obstáculos que desde nuestra perspectiva le cuestan a los mexicanos menos oportunidades de acceso al conocimiento, la ocupación, la cultura, la salud y el bienestar.
Acción Nacional considera que es preciso legislar en función de seguir distribuyendo el poder entre los tres poderes de la nación, entre los órganos constitucionales autónomos, entre los estados y los municipios.
A nadie conviene el fracaso de esa reforma. Acción Nacional está consciente, como lo ha estado desde hace más de 60 años, de que la sociedad y el Gobierno son copartícipes en la búsqueda del bien común; sin embargo, la sociedad ahora cuenta con una certeza que no tenía en el pasado, sabe que sus diputados y senadores de Acción Nacional, juntos trabajaremos por una patria ordenada y generosa.
Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Wintilo Vega Murillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional...
¿Hay cambio? Entonces se concede el uso de la palabra al señor diputado Carlos Jiménez Macías.
Adelante.
El diputado Carlos Martín Jiménez Macías:Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
En obsequio al tiempo de todos y más allá de un documento preparado, haré un muy breve pronunciamiento a nombre de mi bancada del Partido Revolucionario Institucional.
No está a discusión en la nación la urgencia impostergable de construir acuerdos para que el país pueda construir un mejor futuro; no está tampoco a discusión la voluntad política que debemos expresar todas las fuerzas representadas en este Congreso de la Unión y en especial en esta Cámara, de ser capaces de transitar en el compromiso que la sociedad nos está demandando, en un ambiente enrarecido, en un ambiente de enorme descrédito a la figura del Poder Legislativo y en un ambiente en el cual la percepción de la sociedad, respecto a nuestro compromiso con México, no es nada afortunada.
Mi bancada, mi partido, quiere dejar constancia de su voluntad de aportar el mejor de sus esfuerzos para construir las grandes reformas que el país necesita. Definiremos en los debates posteriores y en los necesarios encuentros para construir estos acuerdos, qué reformas y para cuál México; hemos insistido en que estamos por reformas que miren por un México más justo, qué reformas y sobre todo, para qué tipo de mexicanos y cuando hacemos esto, esta afirmación, estamos ciertos de que estamos hablando de un país que tiene más de 50 millones de mexicanos en pobreza extrema.
Ahí estamos, con la voluntad política necesaria, ahora demandamos del Ejecutivo que sea capaz de no equivocar el camino nuevamente, en la ruta de la construcción de los acuerdos, de no equivocar los interlocutores y de ser capaz de aportar su mejor esfuerzo para alcanzar este propósito.
Estamos a favor, por supuesto, de una reforma electoral; es urgente y en medio de los debates que hoy vivimos, que sea-mos capaces de legislar en materia de tiempos, de financiamiento de campañas, de financiamiento de partidos, de regulación de precampañas, de financiamiento de precampañas; es urgente tocar estos temas que hoy a la sociedad le preocupan de manera muy importante.
Mi bancada no renunciará a su compromiso con México, no le dará la vuelta al desafió que la sociedad nos está planteando, pero lo haremos conscientes de que cualquier reforma que seamos capaces de impulsar o de construir junto con las demás fuerzas políticas, tendrá que mirar por un mejor futuro para México. De ninguna manera, al capricho de un gobierno que no sea capaz de tener una visión para un México con mayor justicia, de ninguna manera a los intereses de algunos legisladores que hoy, están mirando más la visión política de los acuerdos de coyuntura, que la visión del México mejor que todos queremos para nuestros hijos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Continué la Secretaría.
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Jueves 18 de marzo de 2004.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CXCVIII (198) aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, tendrá lugar el 21 de marzo a las 10:00 horas, en el hemiciclo erigido a su memoria, en la Alameda Central, Delegación Cuauhtémoc.
De la Cámara de Senadores.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Nueve, con los que remite contestaciones en relación a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a comisión.)
Tres, con los que remite contestaciones en relación a puntos de acuerdo, aprobados por la Comisión Permanente. (Turno a comisión.)
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de adicción.
De la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma la fracción I, del artículo 5o., de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
De la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona un artículo 41-bis, a la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona los artículos 268 Bis, 268 Bis-I y reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud, para regular la elaboración de tatuajes permanentes, micropigmentación y perforaciones.
De la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de declaratoria que adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé Cuenta.»
Gracias, diputada Secretaria.
Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por cinco minutos, para verificar la asistencia.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado :Con todo gusto, señor Presidente.
Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para verificar la asistencia.
Ciérrese el sistema electrónico.
De viva voz registrará asistencia la diputada Keny Denisse Arroyo González. Activen el sonido en la curul 41.
La diputada Keny Denisse Arroyo González (desde su curul)
Keny Arroyo, presente.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En la curul 275, el diputado Víctor Félix Flores Morales, de viva voz por favor. Activen el sonido en la curul 275.
El diputado Víctor Félix Flores Morales (desde su curul):
Víctor Flores, 275, presente.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
Gracias.
La diputada Laura Reyes Retana Ramos, en la curul 444.
La diputada Laura Reyes Retana Ramos (desde su curul):
Reyes Retana, presente.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguierre Maldonado:
Gracias.
El diputado Isidoro Ruiz Argaiz, por favor en la curul 497.
El diputado Isidoro Ruiz Argaiz (desde su curul):
Ruíz Argaiz, presente.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
Gracias.
El diputado Reynaldo Francisco Valdés Manzo, en la curul 500.
El diputado Reynaldo Francisco Valdés Manzo (desde su curul):
Reynaldo Valdés, presente.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
El diputado José García Ortiz.
El diputado José García Ortiz (desde su curul):
Presente.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
El diputado Torres Savala:
El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (desde su curul):
Torres Zavala, presente.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
El diputado Sánchez Vázquez.
El diputado Salvador Sánchez Vázquez (desde su curul):
Presente.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
Gracias. La diputada Cárdenas Sánchez.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez (desde su curul)
Presente.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
Señor Presidente, hay una asistencia de 434 diputados.
Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.
Tiempo de duración: 5 horas 1 minuto, con un receso de 1 minuto.
Declaración de inicio de trabajos.
Quórum a la apertura de sesión: 310 diputados.
Asistencia al cierre de registro: 458.
Asistencia al final de la sesión: 434.
Comisiones reglamentarias y protocolarias: 5.
Diputados que toman protesta: 4.
Diputado suplente que se incorpora:1.
Puntos de acuerdo aprobados: 1.
Proposiciones con puntos de acuerdo: 3.
Excitativas a comisiones: 3.
Temas de agenda política:1. Oradores en tribuna: 29
PRI-11; PAN-12; PRD-2; PVEM-3; PC-1.
Se recibió:1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a ceremonia cívica conmemorativa;
3 comunicaciones de los congresos de los estados de Tlaxcala y Tabasco;
8 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política por las que informa de cambios en la integración de las comisiones de Desarrollo Metropolitano; de Turismo; de Recursos Hidráulicos; del Distrito Federal; de Vivienda; de Marina; de Cultura; de Transportes; de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Juventud y Deporte;
1 comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que propone cambios en la integración de las mesas directivas de las comisiones de Desarrollo Rural; de Fomento Cooperativo y Economía Social; de Fortalecimiento del Federalismo; de Gobernación; Jurisdiccional; de Pesca; de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Presupuesto y Cuenta Pública; de Puntos Constitucionales; de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; y del Comité de Administración;
2 comunicaciones de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, por la que presenta los informes sobre las elecciones extraordinarias en los distritos federales VI del estado de Coahuila y V del estado de Michoacán, y de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en la tercera y quinta circunscripciones plurinominales;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite las observaciones que el Presidente de la República hace al decreto emitido por el Congreso de la Unión, por el que se reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud;
1 minuta para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
6 minutas;
1 iniciativa del PVEM. Dictámenes de primera lectura:
1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de adicciones;
1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 5o de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud;
1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona un artículo 41-bis a la Ley General de Salud;
1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona los artículos 268 Bis y 268 Bis 1 y reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud, para regular la elaboración de tatuajes permanentes, la micropigmentación y las perforaciones;
1 de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de declaratoria que adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Dictámenes aprobados:
1 de la Comisión de Reforma Agraria con punto de acuerdo a proposición presentada el 13 de noviembre pasado, para solicitar a diversas instancia del Gobierno Federal, informen sobre las acciones realizadas para la atención de la problemática relacionada con la reubicación y el pago a los ciudadanos de pueblos afectados por la construcción de las presas Presidente Miguel Alemán y Presidente Miguel de la Madrid;
1 de la Comisión de Reforma Agraria con punto de acuerdo a proposición presentada el 19 de noviembre de 2003, para solicitar al Ejecutivo Federal, información sobre las acciones realizadas para la atención de la problemática relacionada con la reubicación y el pago a los ciudadanos de los pueblos afectados por la construcción de la presa Belisario Domínguez;
1 de la Comisión de Salud con punto de acuerdo a proposición presentada el 26 de agosto de 2003, para solicitar a la Secretaría de Salud, expida la Norma Oficial Mexicana para la cuantificación de plomo en polvo y suelos;
1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo a proposición presentada el 21 de octubre pasado, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a agilizar los trámites para declarar al sistema arrecifal Lobos-Tuxpan, como área natural protegida;
1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo a proposición presentada el 18 de noviembre de 2003, para exhortar a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, para que lleven a cabo una evaluación de la situación ambiental y sanitaria que establezca la relación entre la contaminación ambiental y la mortalidad y morbilidad en la población infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua;
1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo a proposición presentada el 30 de octubre de 2003, para exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, a agilizar la elaboración de los programas de protección regionales que integrarán el programa de protección de las áreas de refugio del acuerdo del Santuario Ballenero.