DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 25 de marzo de 2004	Sesión No. 5

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 275 diputadas y diputados, por lo tanto, señor Presidente, hay quórum.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 10: 21 horas):

Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 25 de marzo de 2004.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso de Tabasco.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.

De la Junta de Coordinación Política, con proyecto de acuerdo para la constitución de la sección instructora.

Minuta

Con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo al artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. (Turno a comisión.)

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación del subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación en relación a los puntos de acuerdo, aprobados por la Comisión Permanente, referentes a los tiempos acumulados y los porcentajes de utilización de los tiempos sociales de ley en radio y televisión, a partir del 1o. de enero de 2004. (Turno a comisión.)

Iniciativas de diputados

De Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Franco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer el régimen federal de la República Mexicana, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 20 de la Ley de Planeación, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Que reforma tanto el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para una reforma electoral democrática, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentarias, a cargo del diputado Francisco Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Que reforma los artículos 102, 103 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que adiciona un artículo 11-bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de obligar a diputados y a senadores rindan un informe anual de actividades a sus representados, a cargo del diputado Miguel Angel Osorio Chong, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de servidores públicos, a cargo del diputado Miguel Angel Yunes Linares, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Debate pactado

Sobre la reforma electoral.

Dictamen de primera lectura

De las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo en relación con la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a lograr niveles suficientes de bienestar con equidad en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo en relación con la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a facilitar la incorporación de personas con capacidades diferentes a los diversos programas que opera y, en particular, en los programas Oportunidades y Hábitat.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo para hacer un atento exhorto al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, respetando su autonomía, para que deje sin efecto el decreto que reforma el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado el 15 de enero y el 11 de febrero de 2004, mismo que violenta la autonomía municipal, a cargo del diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo, por el que se saluda al pueblo español, particularmente a su Presidente electo, señor José Luis Rodríguez Zapatero y al Partido Socialista Obrero Español, por su triunfo en los comicios del 14 de marzo, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe a la sociedad sobre el estado de contaminación que guardan las playas mexicanas, así como acerca de las medidas de contingencia que se aplicarán durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno de México que se abstenga de votar contra una resolución en materia de derechos humanos en Cuba, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y en caso de que no se cumplan por parte del grupo concesionario las obligaciones de conservación y mantenimiento en este aeropuerto y se le sancione o, en su caso, revoque la concesión conforme a derecho, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para crear la comisión especial para los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para recomendar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de sus órganos desconcentrados, exista mayor coordinación en el diseño y la propuesta de instrumentos económicos fiscales, financieros y del mercado destinados a apoyar la internalización de daños ambientales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política que integre una comisión especial de seguimiento al caso del cardenal Posadas Ocampo, a cargo del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal retire las reservas impuestas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dé trámite y respuesta a la petición de las comisiones relacionadas con el campo sobre la reasignación de 10 mil 800 millones de pesos de presupuesto para el campo, suscrita por integrantes de diversas comisiones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado J. Miguel Luna Hernández. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de los ingresos netos de Pronósticos Deportivos que se entregan a la Tesorería de la Federación, el 8% se destine al fomento del deporte de los municipios del país, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para ordenar a la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos federalizados asignados al estado de Colima, con objeto de transparentar el ejercicio de su gasto y en especial los destinados al pago electrónico de la nómina, suscrita por los diputados Antonio Morales de la Peña y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral puesto en marcha por el Gobierno de Estados Unidos de América y que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Energía para que a través de la Comisión Reguladora, de acuerdo con sus facultades, establezcan mecanismos de coordinación para prevenir accidentes en las compañías que tienen a su cargo la concesión de la distribución de gas natural en el Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo, gire sus instrucciones a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para que se establezcan nuevas tarifas al suministro y la venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua y se cree una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en la misma entidad federativa, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para hacer un atento exhorto a las secretarías de la Función Pública, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría General de la República, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, investiguen al Servicio Postal Mexicano por el presunto robo de cheques enviados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América a migrantes mexicanos por concepto de pensión y devolución de impuestos, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Pleno de la Cámara de Diputados a honrar la memoria de las víctimas de los atentados de Madrid y de la invasión a Irak; y al titular del Ejecutivo Federal, para que se adopte una política exterior activa que contribuya al fin de la ocupación norteamericana y evite las guerras en el mundo, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación aplique una auditoría técnica y de desempeño a la investigación efectuada por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República del caso Colosio, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la instalación de plantas regasificadoras en Baja California, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a que se destinen los recursos necesarios para que se realicen los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público a cumplir plena y oportunamente diversos aspectos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía, investigue y proceda legalmente en el caso de importación de azúcar al país, imponiendo las sanciones aplicables, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades educativas federales y locales verifiquen que los centros educativos que imparten el nivel de preescolar cumplan con la normatividad establecida en la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex a no deshacerse de capital humano y técnico con el argumento de la aplicación de los criterios de austeridad contenidos en el artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar oportunamente acerca de los recursos a que se refiere el artículo 7o, fracción XI, de la Ley de Ingresos, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados a suscribir un acuerdo nacional contra la corrupción y a trabajar con apego a su declaración de principios, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo a efecto de solicitar a la Comisión de Transportes la realización de un foro nacional de consulta, análisis y discusión sobre el sector de los transporetes, a fin de contar con elementos suficientes para la generación de una iniciativa de ley que rija al sector, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los gobiernos Federal, del estado de Tamaulipas y del municipio de Altamira, para que se coordinen a fin de impulsar el proyecto Fénix en esta demarcación, a cargo del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Congreso del estado de Guerrero para que apruebe la propuesta de Ley de Desaparición Forzada de Personas, presentada por la sociedad civil, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados acuerda la comparecencia de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para explicar clara y puntualmente sus acciones frente a los casos de discriminación de la cual fueron objeto niñas y niños que viven con VIH/SIDA en escuelas de nivel básico, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se establezca el programa de capacitación integral para la mujer, en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país, a cargo del diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regularizar la prestación del servicio público de transporte transfronterizo de pasajeros, a cargo del diputado Alfredo Fernández Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, atiendan a ex trabajadores de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Michoacán realicen las acciones necesarias a efecto de que se evite la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en el estado de Michoacán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para citar a comparecer a los secretarios de Educación Pública y de Salud ante las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que destine la cantidad de 270 millones de pesos, como subsidio para ayudar a los consumidores del municipio de Mexicali, Baja California, a pagar los recibos de energía eléctrica durante el próximo verano, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Profepa y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a colocar puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para definir el futuro de México, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar se reabra la investigación sobre el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Excitativas

A las comisiones unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones de Salud, de Seguridad Social, de Desa-rrollo Social y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Smutny, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre los resultados de la reunión de la Cepal, misma que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la Ley 151, aprobada por el estado de Sonora, en relación con la reforma del Código Electoral del Estado para la asignación del 50% de todas las candidaturas para cada género, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Sobre el LXVI aniversario de la expropiación petrolera, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia.

Sobre el aniversario del natalicio de don Benito Juárez, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y de Convergencia.

Sobre el X aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el XCI aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, que se cumple el 26 de marzo, a cargo del diputado Jesús Zúñiga Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el Día Forestal Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Meteorológico Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintitrés de marzo de dos mil cuatro, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con veintiún minutos del martes veintitrés de marzo de dos mil cuatro, con la asistencia de trescientos doce diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Sendas comunicaciones de los congresos de los estados de Chihuahua, Coahuila y Quintana Roo, con las que informan de actividades propias de sus respectivas legislaturas. De enterado.

Comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

Una, por la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Una, con acuerdo relativo a la instalación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal y a la designación de su Presidente. De enterado.

Comunicación del diputado Juan José García Ochoa con la que remite informe de su participación en el Foro Social Mundial y en el Foro Parlamentario Mundial, en Mumbia, India. Se turna a las comisiones de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

Oficio de la Comisión Permanente con el que remite seis expedientes que contienen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo pendientes de resolver en la Tercera Comisión:

En relación con las asignaciones presupuestarias al campo. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería.

Para solicitar la comparecencia de la titular de la Lotería Nacional, a fin de que informe sobre la creación del fideicomiso Transforma México y el uso y destino de los recursos excedentes de esa institución. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En relación con la exportación de melón mexicano a los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Economía.

Para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reforme el Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, del nueve de agosto de dos mil tres. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

Para que la Secretaría de Desarrollo Social ejerza directamente los recursos presupuestarios del Programa de Vivienda Rural. Se turna a la Comisión de Vivienda.

En relación con el Programa de Apoyos Directos al Campo. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Una, con la que informa que la diputada Socorro Díaz Palacios es Secretaria de la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Se aprueba en votación económica.

Una, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión Jurisdiccional. De enterado. Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, reclama el trámite de la Presidencia y se adhieren a él los diputados Miguel Angel Yunes Linares, Tomás José Ruiz González y José Ángel Ibáñez Montes, del mismo Partido. Para hablar en pro de la reclamación, se concede la palabra al diputado Gutiérrez de la Garza, y durante su intervención solicita que la Secretaría haga precisiones sobre la firma de la comunicación de referencia y el Presidente instruye se obsequie la solicitud. El Presidente consulta si se ratifica el contenido de la comunicación y desde su curul el Presidente de la Junta de Coordinación Política así lo hace. En pro de la reclamación habla el diputado Yunes Linares y acto seguido contesta alusiones personales el diputado Gutiérrez de la Garza. El Presidente fundamenta el trámite dictado. Desde su curul el diputado Yunes Linares, en dos ocasiones, solicita aclaraciones de procedimiento y en relación con la comunicación de referencia, que el Presidente hace. Hablan desde su curul los diputados: Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para ratificar la autenticidad de la comunicación; y Leonardo Alvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México, para hacer comentarios sobre el procedimiento de sustitución de integrantes en comisiones. El Presidente hace las aclaraciones respectivas. También desde su curul el diputado Gutiérrez de la Garza reitera sus comentarios sobre la comunicación en cuestión. La Asamblea, en votación económica, no admite la reclamación de trámite del diputado Gutiérrez de la Garza. Para alusiones personales se concede la palabra al diputado Yunes Linares, quien es interrumpido por el Presidente para hacerle una moción de orden.

El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra la ciudadana Lilia Isabel Aragón del Rivero, electa como diputada federal suplente en la cuarta circunscripción plurinominal, y designa una comisión que la introduce y la acompaña al rendir su protesta de ley.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Uno, por el que remite copia de la contestación del Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se solicita un subsidio al gas licuado de petróleo y gas natural en el estado de Chihuahua. Se turna a las comisiones de Energía, de Economía, de Hacienda y Crédito Público y al promovente, para su conocimiento.

Dos, por los que remite copias de las contestaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Dirección General de Petróleos Mexicanos Explotación y Producción, a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, relativos a la enfermedad denominada de las vacas locas, que se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Salud y de Economía, así como al promovente, para su conocimiento; y a los contratos de servicios múltiples firmados hasta la fecha por la empresa Petróleos Mexicanos, que se turna a la Comisión de Energía y al promovente, para su conocimiento.

Uno, por el que solicita el permiso necesario para que dos ciudadanos puedan prestar servicios y comunica que un ciudadano ha dejado de prestarlos, en diversas representaciones diplomáticas de Estados Unidos de América en México. Por lo que se refiere a la solicitud de permisos, se turna a la Comisión de Gobernación, y por lo que respecta a quien ha dejado de prestar servicios, se turna a las comisiones de Gobernación de las cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La Secretaría de Gobernación remite las siguientes iniciativas con proyecto de decreto del Ejecutivo:

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisiones Unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Francisco Javier Bravo Carbajal, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo veintiuno bis a la Ley Federal de Cinematografía. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

María del Carmen Mendoza Flores, del Partido Acción Nacional, que reforma la fracción quinta del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona la fracción segunda del artículo ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

A las doce horas con treinta y nueve minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos cincuenta y dos diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.

José Alberto Aguilar Iñárritu, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de los diputados Víctor Manuel Camacho Solís y Emilio Zebadúa González, del Partido de la Revolución Democrática, y de Jesús Emilio Martínez Alvarez, de Convergencia, que reforma los artículos cuarenta y uno y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos veintidós, veintidós bis y treinta y ocho de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que adiciona el artículo segundo y reforma el artículo tercero de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

José Porfirio Alarcón Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que deroga la fracción segunda del artículo doscientos veintidós y reforma los artículos doscientos veintidós, doscientos veintidós bis, doscientos veintitrés y doscientos veinticuatro del Código Penal Federal y adiciona el artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Patricia Flores Fuentes, del Partido Acción Nacional, que reforma la fracción quinta del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona la fracción octava del artículo ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de los diputados: Emilio Zebadúa González, del mismo Partido; José Alberto Aguilar Iñárritu, del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Emilio Martínez Alvarez, de Convergencia; que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y adiciona el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cuatrocientos veinticuatro bis y cuatrocientos veinticuatro ter y adiciona el artículo cuatrocientos veintinueve del Código Penal Federal y reforma y adiciona el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Federico Barbosa Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma la fracción vigésima del artículo treinta y dos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Luis Antonio Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; reforma la Ley de Instituciones de Crédito y adiciona el Código Fiscal de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, por las que informa de cambios en la integración de las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social; de Juventud y Deporte; de Fortalecimiento del Federalismo; de Radio, Televisión y Cinematografía; Especial Lerma-Chapala; Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México; de Pesca; de Defensa Nacional; y de Cultura. De enterado.

El Presidente informa de la recepción de una solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se incluya en el orden del día un minuto de silencio por el décimo aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y la Asamblea, en votación económica, aprueba la solicitud y acto seguido guarda el minuto de silencio.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de Ley General de Bienes Nacionales. Es de segunda lectura. A nombre de la Comisión, fundamenta el dictamen el diputado Julián Angulo Góngora, del Partido Acción Nacional.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña

Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, se recoge la votación del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por cuatrocientos veintisiete votos en pro, uno en contra y una abstención. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo treinta y dos; el párrafo segundo del artículo treinta y tres y el artículo treinta y seis; y adiciona los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, recorriendo el orden de los subsiguientes, del artículo treinta y dos de la Ley General de Protección Civil. Es de segunda lectura. El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión. Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por cuatrocientos veintinueve votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones. Se devuelve al Senado para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que deroga la fracción primera del artículo veintidós de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es de segunda lectura. Fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión la diputada María Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, se recoge la votación del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por cuatrocientos catorce votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Es de segunda lectura. Fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión el diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por cuatrocientos diecinueve votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones. Se devuelve al Senado para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentan proposiciones con puntos de acuerdo los diputados:

Quintín Vázquez García, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, elaboren un diagnóstico de las condiciones del vertedero de desechos sólidos de Matatlán, municipio de Tonalá, Jalisco. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, exponga las acciones que está realizando en relación con los actos de corrupción de diversos servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México y de las delegaciones. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar información a la Secretaría de Educación Pública, sobre los avances para dar cumplimiento a la reforma constitucional que hace obligatoria la educación preescolar. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Energía, a que implemente un programa de modernización, productividad y eficiencia en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con el fin de homologar indicadores de la industria eléctrica paraestatal. Se turna a la Comisión de Energía.

Diputado Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, en relación con las medidas de bloqueo del gobierno de Estados Unidos de América a la comunidad científica de Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de cuatrocientos once diputadas y diputados.

El Presidente levanta la sesión a las dieciséis horas con diecinueve minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veinticinco de marzo de dos mil cuatro, a las diez horas.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada el acta.

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ESTADO DE TABASCO
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 19, párrafo quinto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 20 y 21 del Reglamento Interior del H. Congreso del estado, nos permitimos hacer de su conocimiento que, en sesión de fecha 26 de febrero de 2004, la Quincuagésima Octava Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco llevó a cabo la elección de la tercera Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos durante marzo de 2004, quedando integrada de la forma siguiente:

Presidenta: Dip. Dora María Scherrer Palomeque; Vicepresidente: Dip. Pascual Bellizzia Rosique; Secretario: Dip. José Luis Sánchez López; Prosecretario: Dip. Marco Antonio Leyva Leyva.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestras atentas y distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, a 26 de febrero de 2004.--- H. Congreso del Estado de Tabasco.--- Dip. Jorge Luis González Marín (rúbrica), Presidente; Dip. José Luis Sánchez López (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:De enterado.

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LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Atentamente.

México, DF, a 23 de marzo de 2004.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica) Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.

UNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 99.- En contra de las resoluciones de la Comisión Nacional dictadas fuera del procedimiento arbitral, con fundamento en las disposiciones de esta Ley, se podrá interponer por escrito recurso de revisión.

La interposición del recurso de revisión será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 23 de marzo de 2004.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Lydia Madero García (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.

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PUBLICIDAD EN TIEMPOS OFICIALES
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-381, de fecha 25 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño copia del similar número SNM/011/2004, signado por el C. licenciado Ricardo García Cervantes, subsecretario de Normatividad de Medios de esta propia Secretaría, por el que da contestación a los puntos de acuerdo referentes a los tiempos acumulados y los porcentajes de utilización de los tiempos sociales de ley en radio y televisión a partir del 1 de enero de 2004, tanto en los tiempos fiscales como en los denominados tiempos de Estado, presentado por el diputado Carlos Flores Rico.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 19 de marzo de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

En atención a su oficio SEL/300/482/04 de fecha 24 de febrero del corriente año, con el cual acompañó copia del dictamen del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en su sesión del 25 de febrero de 2004, me permito enviarle el proyecto de respuesta correspondiente, mismo que sería del tenor siguiente:

``En relación con los puntos de acuerdo primero y segundo, el artículo 1º, ``A'', I, 7 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, autoriza a la Federación a percibir los impuestos sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación.

Asimismo, el penúltimo párrafo del artículo en cita dispone que el pago en especie del impuesto es el establecido en la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas de Diversos Impuestos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, siendo determinado la forma de cubrirlo por el decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002, ascendiendo su importe estimado, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación para 2004, al equivalente a 2,540.2 millones de pesos.

El último párrafo del artículo 1° de la ya citada Ley de Ingresos de la Federación para 2004, dispone expresamente que la aplicación de los recursos se hará de acuerdo a lo establecido en los artículos correspondientes del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

A propósito del pago en especie de este impuesto, el artículo 31 del Presupuesto de Egresos para 2004, contempla la distribución de los tiempos en los siguientes porcentajes: 40% al Poder Ejecutivo Federal; 30% al Poder Legislativo federal, asignándose en partes iguales ala Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10% al Poder Judicial Federal y 20% a los entes públicos federales creados por disposición expresa de la Constitución.

Considerando el marco normativo señalado anteriormente, con la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos, con fecha 1o. de enero de 2004, el Ejecutivo Federal instruyó a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, a efecto de desarrollar las acciones necesarias para la operación eficaz de los mecanismos que fueren requeridos, destacando la recepción oportuna de los materiales por parte de los entes autorizados para ello, que permitan la elaboración de las pautas y la distribución para la difusión a cargo de los concesionarios de radio y televisión a nivel nacional.

Es conveniente señalar que el tiempo aire por el equivalente diario de 18 minutos en televisión y 35 minutos en radio, no es acumulable, y que de no proporcionar materiales a los concesionarios para su difusión en forma diaria, trae el efecto de liberarlos de su obligación de pago.

La Secretaría de Gobernación ha llevado a cabo las acciones necesarias para la distribución porcentual, a partir de los materiales que han sido entregados para su difusión por parte de los usuarios de estos tiempos, de acuerdo con los cuadros siguientes para radio y televisión, del 1o. de enero al 14 de marzo de 2004.

Por disposición expresa del artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la obligación a cargo de los concesionarios y permisionarios de transmitir en forma diaria y gratuita, con duración de 30 minutos continuos o discontinuos, precisamente están destinados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social, y la Secretaría de Gobernación ha enviado periódicamente en forma trimestral a la Cámara de Diputados informes sobre la utilización de los tiempos oficiales.

En relación con la recepción y difusión de materiales provenientes de usuarios diferentes al Poder Ejecutivo Federal, a continuación se destacan las solicitudes, la campaña y el inicio de transmisiones:

Cabe resaltar que el inicio de transmisión de cada una de las campañas y/o programas, se deriva de la solicitud de vigencia y de las fechas de entrega de los materiales correspondientes.

La Secretaría de Gobernación ha realizado las gestiones necesarias para hacer del conocimiento de los representantes de todos los usuarios los mecanismos y requerimientos técnicos para la utilización de los tiempos oficiales. Dicha información se detalla a continuación:

A) Mecanismo para la utilización de los tiempos fiscales.

1. Presentar solicitud dirigida a la Dirección General de RTC, acompañada de la muestra del material que pretende difundirse.

2. RTC entregará oficio de autorización del uso del tiempo oficial incluyendo una clave de registro para la identificación de la campaña.

3. Una vez obtenida la clave de registro el usuario enviará a RTC los materiales correspondientes a los medios electrónicos ubicados en el Distrito Federal. Por su parte RTC entregará al solicitante los oficios correspondientes a los medios ubicados en las demás entidades federativas.

4. Los materiales deberán estar claramente identificados con el nombre de la campaña, duración y nombre(s) de la (s) versión(es) y deberá coincidir con los datos de la solicitud.

5. Los materiales deberán tener una duración exacta de 20 o 30 segundos y cumplir con los formatos, características técnicas y requisitos emitidos por RTC, de acuerdo a lo señalado en los incisos C) y D) siguientes.

6. La pauta de transmisión en el Distrito Federal, inicia los lunes de cada semana, los materiales a difundirse, deberán ser entregados a RTC por lo menos seis días hábiles previos al inicio de la transmisión.

7. La pauta de transmisión en provincia es quincenal, inicia los lunes, los materiales a difundirse deberán ser entregados a los medios con un mínimo de dos días hábiles previo al inicio de la transmisión, debiendo obtener acuse de recibo y remitir copia de este último a RTC.

8. Las pautas de radio y televisión se programan con una semana de diferencia. Para la difusión de una campaña en el Distrito Federal, se requiere para televisión un D3 y de 6 Betacam SP. Para radio, se requiere un copiado de 61 discos compactos.

B) Mecanismo para la utilización de los tiempos de Estado.

1. Presentar solicitud dirigida a la Dirección General de RTC, acompañada de la muestra del material que pretende difundirse.

2. RTC entregará oficio de autorización del uso del tiempo oficial incluyendo una clave de registro para la identificación del programa.

3. Una vez obtenida la clave de registro el usuario enviará a RTC los materiales correspondientes a los medios electrónicos ubicados en el Distrito Federal. Por su parte RTC entregará al solicitante los oficios correspondientes a los medios ubicados en las demás entidades federativas.

4. Los materiales deberán estar claramente identificados con el nombre del programa y duración, los cuales deberán coincidir con los datos de la solicitud.

5. Los materiales deberán tener una duración exacta de 5, 10, 15 ó 20 minutos y cumplir con los formatos, características técnicas y requisitos emitidos por RTC, de acuerdo a lo señalado en los incisos C) y D) siguientes.

6. La pauta de transmisión en el Distrito Federal, inicia los lunes de cada semana, los materiales a difundirse deberán ser entregados a RTC por lo menos seis días hábiles previos al inicio de la transmisión.

7. La pauta de transmisión en provincia para programas, se envía dependiendo las necesidades de difusión, inicia los lunes, los materiales a difundirse deberán ser entregados a los medios con un mínimo de dos días hábiles previo al inicio de la transmisión, debiendo obtener acuse de recibo y remitir copia de este último a RTC.

8. Para la difusión de un programa en el Distrito Federal, se requiere para televisión cuatro D3 y 6 Betacam SP. Para radio, se requiere un copiado de 61 discos compactos.

C) Formatos de video y audio que utilizan las televisoras y difusoras de las entidades federativas distintas al Distrito Federal para la transmisión de campañas y programas.

Formatos de audio

Para la difusión a nivel nacional de una campaña se requiere:

1. Un copiado mínimo de 500 discos compactos para igual número de radiodifusoras que únicamente recibe por esa vía.

2. 21 discos compactos que deben ser entregados a RTC, para las emisoras de Televisa e IMER en el interior del país.

3. Adicional a lo anterior, se requiere un CD que debe ser proporcionado a RTC, para su incorporación a la página de RTC y esté a disposición de las 711 estaciones de radio que reciben vía Internet.

D) Materiales que requieren los medios instalados en el Distrito Federal.

Radio:

61 discos compactos.

Televisión:

Los canales 2, 4, 5 y 9 de la empresa Televisa, requieren:

Para campañas: un d3 por cada versión.

Para programas: un d3 por versión, por cada canal.

Los canales 7, 11, 13, 22 y 40 requieren:

Una copia en formato betacam S/P por cada canal, ya sea para programas o campañas.

Por otra parte, a esta fecha la Secretaría de Gobernación no ha recibido por conducto de la Secretaría de la Función Pública información proveniente de las dependencias y entidades sobre las erogaciones llevadas a cabo para actividades relacionadas con la comunicación social a través de la radio y la televisión. Dicha información debe proporcionarse a la Cámara de Diputados en forma trimestral, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión lo siguiente:

Primero.- Tener por desahogado el exhorto al Ejecutivo Federal para informar sobre el cumplimiento a lo establecido en los artículos 31 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 y 1º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, en lo referente a la recepción y distribución de los materiales en los tiempos en radio y televisión.

Segundo.- Tener por desahogada la solicitud de información a la Secretaría de Gobernación sobre los tiempos de Estado en radio y televisión a partir del 1o. de enero de 2004.

Tercero.- Tomar debida nota de que a esta fecha no se ha recibido información de la Secretaría de la Función Pública sobre las erogaciones por concepto de aire destinadas a los rubros de publicidad, propaganda y comunicación social, provenientes de la dependencias y entidades, al tenor de los dispuesto por el artículo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, en virtud de que esa información se proporciona en forma trimestral.

La Secretaría de Gobernación enviará información de manera trimestral a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre el aprovechamiento de los tiempos oficiales, en apego a las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, su Reglamento y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004.

Mucho agradeceré sus comentarios sobre este particular.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 15 de marzo de 2004.--- Lic. Ricardo García Cervantes (rúbrica), Subsecretario de Normatividad de Medios.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al promovente para su conocimiento.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Cumplida su encomienda, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

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LEY GENERAL DE PROTECCION Y DESARROLLO DE LAS EXPLOTACIONES Y GRANJAS AVICOLAS Y PORCICOLAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente capítulo es el de iniciativas de diputados.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña María del Carmen Izaguirre Franco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas.

La diputada María del Carmen Izaguirre Francos:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

La que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que expide la Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, se inició una desgravación lineal...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, diputada, disculpe un momento.

Se ruega muy respetuosamente a los medios masivos de comunicación tengan la bondad de ocupar sus lugares y a los señores legisladores prestar atención a la oradora.

Continúe, diputada.

La diputada María del Carmen Izaguirre Francos:

Gracias, señor Presidente.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se inició una desgravación lineal a 10 años de los aranceles, al huevo, pollo y cerdo. Además de esta circunstancia existen otros factores que le restan competitividad a México y uno de ellos es la presencia de enfermedades en las granjas tecnificadas que reducen los parámetros productivos de los animales y se encarecen los costos de producción.

Aunado a esto, hay que agregar que los pequeños productores tienen un nulo control sanitario, que no se apegan a las campañas zoosanitarias. Los asentamientos humanos irregulares aledaños a las granjas también son un foco de contaminación, porque no cuentan con servicios sanitarios, drenaje y el manejo de la basura y generalmente tienen animales de traspatio que no se apegan a la normatividad de las campañas zoosanitarias, así como cernideros de gallinaza y cerdaza, tianguis de venta de animales, mataderos y rastros, entre otros.

Hablando del aspecto sanitario, para que un animal pueda crecer libre de enfermedades, se tiene que dar varias condiciones: que provenga de una fuente sana; que las condiciones de limpieza dentro de la granja sean las adecuadas; contar con un programa de vacunación; tener una logística de flujo de vehículos personal correcta y que las condiciones del espacio aledaño a las granjas sea limpio y libre de contaminantes, para reducir el riesgo de infecciones en los animales.

Si los avicultores y porcicultores contaran con una legislación que les diera certidumbre sanitaria, podrían contrarrestar algunas de las desventajas competitivas que tienen con los países con los que nuestro país ha firmado tratados comerciales, con lo cual haríamos a México un centro atractivo para la inversión pecuaria. Esta legislación tendría que ofrecer además, un cinturón de protección sanitaria alrededor de las explotaciones existentes y de las explotaciones por establecerse.

Entre las amenazas a la avicultura y porcicultura nacional más inminentes son:

La falta de una entidad del sector público, única, que coordine la actividad y opere la política agropecuaria en su conjunto.

Falta de políticas agropecuarias de mediano y largo plazos.

Falta de estructura financiera nacional consecuente con el esquema de apertura que tenemos.

Falta de normas específicas y homologadas, así como su cumplimiento en materia sanitaria, de calidad y etiquetado para productos y subproductos, tanto nacionales como importados.

Falta de participación de los productores en el diseño e instrumentación de políticas públicas.

La actividad avícola genera 950 mil empleos, de los cuales 170 mil son directos y 790 mil son indirectos. Además, la tasa anual de los empleos generados por la avicultura es del 4%.

En el caso de la porcicultura se generan 205 mil empleos, de los cuales 35 mil son directos y 170 mil son indirectos.

El primer productor internacional de carne de cerdo es China, abasteciendo el 50% del mercado mundial. México ocupa el 10º lugar, aportando sólo el 1% de este mercado.

Sólo como un ejemplo, el estado de Puebla ocupa el 5º lugar a nivel nacional, contando con una población tecnificada de 40 mil vientres, produciendo 60 mil cerdos mensuales con un promedio de 90 kilogramos, que equivale a un total de 5 millones 400 mil kilogramos de carne, que a precio actual de 14 pesos 80 centavos kilogramo, arroja un saldo mensual de 79 millones 920 mil.

Actualmente no existe una legislación que garantice a los productores que el medio ambiente alrededor de sus granjas esté libre de riesgos de infecciones para sus animales, solamente existen normas oficiales que no se cumplen ni se acatan por todos los que estén sujetos a estas disposiciones.

Es desmotivante para los avicultores y porcicultores, invertir en la construcción de granjas en lugares aislados, invirtiendo en instalación, equipo y animales sin ninguna garantía de que al lado se vaya a establecer otra pequeña granja, plantas procesadoras, a veces rastros o colonias habitacionales sin sistemas de drenaje y muchas veces con animales de traspatio que comprometen la bioseguridad de la granja.

El riesgo potencial al que se enfrenta nuestro país es que al desaparecer la planta productiva nacional, desaparece la competencia y como consiguiente, los precios al consumo estarán sujetos a los establecimientos de los brokers del mercado internacional.

Sí México quiere mantenerse dentro de los primeros lugares del nivel mundial en calidad de sus productos en materia de avicultura y porcicultura, deberá establecer una legislación armónica y congruente, que por un lado exija la calidad de los productos y por otro ofrezca las condiciones para lograrlo.

Es por ello que presento ante esta honorable Asamblea, la iniciativa de ley con el propósito de expedir la Ley General de Protección y Desarrollo de las explotaciones y granjas avícolas y porcícolas, la cual en vista de obviar el tiempo solicito al señor Presidente sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates y publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Muchas gracias, por su atención.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativas de Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del PRI.

La que suscribe, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que expide la Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 1993 México firmó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que incluyó al sector agropecuario. En ese año se inició una desgravación lineal a 10 años de los aranceles al huevo, pollo y cerdo. En el caso de maíz amarillo o forrajero, que es exclusivamente de consumo animal, la desgravación se fijó a 15 años.

En vista de que México no es autosuficiente en la producción de este grano y depende de las importaciones de Estados Unidos de Norteamérica, era evidente desde ese momento que habría un periodo entre los años 1993 y 2008 muy vulnerable y desventajoso para los productores nacionales, donde éstos tendrían que absorber los costos del arancel del maíz o, en su defecto, consumir sorgo, que es de una calidad nutricional muy inferior al maíz amarillo, y competir con los productos americanos libres o casi libres de aranceles.

En la actualidad el Gobierno de México otorga a los productores nacionales, a manera de paliativo, cupos muy limitados para la importación de maíz amarillo libre de arancel. No será hasta el año 2008 en que el acceso a tan preciado ingrediente podrá llegar alas bodegas de nuestros productores a precios internacionales.

Otro factor que le resta competitividad a México es la presencia de enfermedades en las granjas tecnificadas, que reducen los parámetros productivos de los animales y encarecen los costos de producción por la aplicación de tratamientos antimicrobianos. Dichas enfermedades son difíciles de controlar, debido a que comúnmente alrededor de estas granjas existen focos de infección.

Entre los más comunes están: los pequeños productores que tienen un nulo control sanitario, que no se apegan a las campañas zoosanitarias; los asentamientos humanos irregulares aledaños a las granjas también son un foco de contaminación, porque no cuentan con servicios sanitarios, drenajes y manejo de basura, y generalmente tienen animales de traspatio, que no se apegan a la normatividad de las campañas zoosanitarias, así como cernideros de gallinaza y cerdaza; tianguis de venta de animales, mataderos y rastros, entre otros.

Hablando del aspecto sanitario, para que un animal pueda crecer libre de enfermedades se tienen que dar varias condiciones. Que provenga de una fuente sana; que las condiciones de limpieza dentro de la granja sean las adecuadas; contar con un programa de vacunación, tener una logística de flujo de vehículos y personal correcta, y que las condiciones del espacio aledaño a las granjas sea limpio y libre de contaminantes, para reducir el riesgo de infección en los animales.

La razón de ello es que la transmisión de muchas enfermedades bacterianas y virales se pueden dar a través del aire, moscas e insectos y roedores, por lo que las medidas de bioseguridad que se tomen dentro de las granjas no son suficientes para garantizar que los animales no se infecten y enfermen. Es necesario que la zona que rodea a las granjas esté también libre de contaminantes.

Si los avicultores y porcicultores contaran con una legislación que les diera certidumbre sanitaria, podrían contrarrestar algunas de las desventajas competitivas que tienen con los países con los que nuestro país ha firmado tratados comerciales, con lo cual haríamos a México un centro atractivo para la inversión pecuaria. Esta legislación tendría que ofrecer además un cinturón de protección sanitaria alrededor de las explotaciones existentes o por establecerse.

Entre las amenazas a la avicultura y porcicultura nacional más inminentes están:

Falta de una entidad del sector público única que coordine la actividad y opere la política agropecuaria en su conjunto.

Falta de políticas agropecuarias de mediano y largo plazo.

Falta de estructura financiera nacional, consecuente con el esquema de apertura.

Falta de normas específicas y homologadas así como su cumplimiento en materia sanitaria, de calidad y etiquetado para productos y subproductos nacionales e importados.

Discrecionalidad del Ejecutivo en la asignación de cupos de importación.

Sistema aduanero deficiente.

Prácticas desleales de comercio y distorsiones de mercado por subsidios externos.

Falta de integración en la cadena productiva.

Falta de participación de los productores en el diseño e instrumentación de políticas públicas.

Falta de reconocimiento internacional a nuestro status sanitario.

La actividad avícola genera 950,000 empleos, de los cuales 160,000 son directos y 790,000 son indirectos, además la tasa anual de los empleos generados por la avicultura es del 4%. En el caso de la porcicultura se generan 205,000 empleos, de los cuales 35,000 son directos y 170,000 son indirectos.

El primer productor internacional de carne de cerdo es China, abasteciendo el 50% del mercado mundial. México ocupa el décimo lugar, aportando sólo el 1% de ese mercado. Sólo como un ejemplo, el estado de Puebla ocupa el quinto lugar nacional, contado con una población tecnificada de 40,000 vientres, produciendo 60,000 cerdos mensualmente, con un promedio de 90 Kg que equivale a un total de 5,400,000 Kg de carne, que a precio actual de 14.80 /Kg arroja un saldo mensual de 79,920,000.

Es desmotivante para los avicultores y porcicultores invertir en la construcción de granjas en lugares aislados, con inversiones millonarias en instalaciones, equipos y animales sin ninguna garantía de que al lado no se vayan a establecer otras granjas, cernideros de excretas, plantas procesadoras, rastros o colonias habitacionales sin sistemas de drenaje y con animales de traspatio, que comprometan la bioseguridad de la granja.

Desde el punto de vista productivo, sabemos que para que los animales manifiesten su máximo potencial genético, velocidad de crecimiento, conformación muscular, calidad de canal, conversión alimenticia, producción de leche o huevo, etcétera, se deben dar las condiciones idóneas de nutrición, medio ambiente y salud. Si alguna de ellas falla, se pierde eficiencia productiva, los costos aumentan y se corre el riesgo de quedar fuera de la competencia.

Actualmente no existe una legislación que garantice a los productores que el medio ambiente alrededor de sus granjas esté libre de riesgos de infecciones para sus animales. Por ejemplo, hoy día, si un empresario desea realizar una inversión millonaria en una unidad de producción pecuaria tecnificada en una región aislada, corre el riesgo de que el día de mañana se instale un vecino con tres animales sin control sanitario, ni una adecuada alimentación y, por lo tanto, es muy probable que esos animales puedan enfermar en cualquier momento y se convierten en un riesgo potencial de infección a dicha explotación.

El riesgo potencial al que se enfrenta nuestro país es que, al desaparecer la planta productiva nacional, desaparece la competencia y, como consiguiente, los precios al consumidor estarán sujetos a los establecidos por los brokers del mercado internacional.

En materia sanitaria existen normas oficiales que no se cumplen ni se acatan por todos los que están sujetos a estas disposiciones. Las autoridades acechan a los productores debidamente registrados como empresas y que están afiliados a asociaciones pecuarias o avícolas, pero no así a quienes trabajan fuera del marco de la ley y mucho menos a las explotaciones de traspatio.

Es más, la responsabilidad de estas explotaciones, en cuanto al cumplimiento de la normatividad zoosanitaria, recae en buena medida en los productores integrados, ya que la Sagarpa sugiere a las asociaciones a participar económicamente en las campañas de vacunación de animales de traspatio.

Si México quiere mantenerse dentro de los primeros lugares a nivel mundial en calidad de sus productos en materia de avicultura y porcicultura, deberá establecer una legislación armónica y congruente que por un lado exija la calidad de los productos y por otro ofrezca las condiciones para lograrlo.

Es por ello que presentamos, en atención a lo que disponen el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta honorable Asamblea la presente iniciativa de ley, con el propósito de expedir la Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Unico. Se expide la Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas, para quedar como sigue:

Ley General para la Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas

Capítulo Primero

Disposiciones Generales, Aplicación y Objeto de la Ley

Artículo 1.

La presente Ley es de orden público e interés social, sus disposiciones son de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases para el desarrollo, fomento, prevención y protección sanitaria de la actividad avícola y porcícola, así como la regulación de los asentamientos que se consideran de riesgo sanitario para las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas que cuenten con los permisos correspondientes para realizar de forma permanente su actividad.

Serán de utilidad pública la protección y mejoramiento sanitario de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.

Artículo 2.

La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales, en cuanto no prevean en forma expresa en esta Ley.

Artículo 3.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá:

I. Ley: Ley General para la Protección y Desarrollo de las Explotaciones y granjas Avícolas y porcícolas.

II. Secretaría: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

III. Avicultura: Actividad destinada a la incubación, cría, explotación y mejoramiento de las aves de corral.

IV. Porcicultura: Actividad destinada a la cría, explotación y mejoramiento de los cerdos.

V. Avicultor: Persona física o moral que se dediquen a la incubación, a la cría, explotación y mejoramiento de las aves de corral.

VI. Porcicultor: Persona física o moral legalmente constituidas que se dediquen en forma permanente o accidental, a la cría, mejoramiento y explotación de los cerdos.

VII. Granja: Caseta o conjunto de casetas, corral o conjunto de corrales donde se alojan en ellas animales domésticos o silvestres.

VIII. Explotación avícola y/o porcícola: Lugar físico donde se cría, explota, mejora genéticamente, se produce o genera un bien o producto destinado para consumo humano, recreativo, deportivo u ornato.

IX. Asentamiento de riesgo sanitario: Instalación provisional o permanente de colonos o de alguna actividad que pueda ocasionar alguna contaminación que repercuta en la salud y productividad de los animales.

X. Consultoría: Servicio que consiste en la transferencia de conocimientos, metodologías y aplicaciones, con el objetivo de mejorar la calidad de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.

XI. Avance sanitario: Conjunto de medidas zoosanitarias para avanzar que tienen por objeto, controlar, disminuir y eliminar la incidencia y prevalencia de una enfermedad en campaña nacional.

XII. Medidas zoosanitarias: Conjunto de acciones encaminadas al diagnóstico, prevención, control y erradicación de alguna enfermedad que se presente en los animales.

XIII. Capacitación: Servicio que consiste en la impartición de cursos, talleres y metodologías, con el objetivo de mejorar la calidad sanitaria de los productos y subproductos de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.

XIV. Programas: Esquemas para la ejecución de acciones y participación de la Federación, las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios.

XV. Acciones de fomento: Actividades económicas, jurídicas, sanitarias, de capacitación, que contribuyan al desa-rrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas, que establezca el reglamento de esta Ley.

XVII. Norma. Las normas oficiales mexicanas expedidas por un organismo competente en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

XVI. Comisión: Comisión para la Protección y Desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.

XVII. Comisión Estatal: Comisión Estatal para la Protección y Desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.

XVIII. Reglamento: El Reglamento de esta Ley.

Artículo 4.

Quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley, toda persona física o moral que se dedique en forma habitual o accidental a:

a) La cría, producción, mejoramiento y explotación de los animales y sus productos de forma tecnificada, no tecnificada y de pastoreo.

b) La fabricación de medicamentos o productos biológicos para uso veterinario.

c) El sacrificio, proceso, comercialización de productos y subproductos de origen animal.

d) La producción y comercialización de alimentos para consumo animal.

e) La eliminación de desechos orgánicos que presenten un riesgo sanitario.

f) La utilización de abonos orgánicos la gallinaza, cerdaza o aguas residuales porcinas.

g) Al establecimiento de ferias, palenques, exposiciones de animales, zoológicos y los demás que establezca el Reglamento.

Artículo 5.

Son objetivos de esta Ley:

I. Establecer:

a) Las bases para la planeación y ejecución de las actividades encaminadas a la protección y prevención sanitaria, y la regulación de los asentamientos considerados como de riesgo sanitario.

b) Los mecanismos para la evaluación y actualización de las políticas, programas e instrumentos destinados al mejoramiento sanitario de las granjas y explotaciones cuya actividad preponderante sea la avicultura y porcicultura.

c) Las bases para la participación de la Federación, de las entidades federativas, del Distrito Federal, de los municipios, y de las asociaciones o uniones avícolas y porcícolas, para el desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.

II. Promover.

a) La creación de una cultura en materia zoosanitaria y sanitaria.

b) El establecimiento de servicio de asistencia sanitaria.

c) Un entorno favorable para que las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas obtengan productos higiénicos y una inocuidad alimentaria.

d) Apoyos para el desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas en todo el territorio nacional, basados en la participación de las asociaciones y uniones avícolas y porcícolas.

e) Esquemas para la modernización e innovación de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.

f) La creación y desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas sea en el marco de la normatividad ecológica.

g) La implementación de medidas zoosanitarias de manera permanente.

Artículo 6.

Los avicultores y porcicultores pueden ser personas físicas o morales que se constituyan con apego a las disposiciones de esta Ley, así como de otras leyes en cuanto les sean aplicables.

Artículo 7.

El domicilio de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas, será el local donde se ubique el establecimiento en que realicen sus actividades objeto del permiso otorgado por las autoridades correspondientes.

Capítulo Segundo

Del Desarrollo y Fomento de la Actividad Avícola y Porcícola, y de la Prevención y Protección Sanitaria

Artículo 8.

La Secretaría tendrá en materia de desarrollo, protección y prevención sanitaria de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas:

I. Promover, fomentar, coordinar, estimular y vigilar las actividades en las que participen las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, así como los efectuados por los particulares, conforme al Reglamento de esta Ley.

II. Impulsar un entorno favorable para el desarrollo y crecimiento de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.

III. Instrumentar y coordinar programas de protección sanitaria, para la obtención de productos avícolas y porcícolas higiénicos.

IV. Diseñar esquemas de seguimiento e identificación de los programas de desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.

V. Elaborar programas integrales que tiendan al mejoramiento de las especies avícolas y porcícolas.

VI. Promover con las entidades federativas, municipios y el Distrito Federal, la celebración de convenios destinados al cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

VII. Evaluar conjuntamente con las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal, los resultados de los convenios a que hace referencia el inciso anterior.

VIII. Establecer las sanciones administrativas a los avicultores o porcicultores, así como a las personas físicas o morales que violen la presente Ley.

IX. Establecer las medidas zoosanitarias a que hace referencia la Ley Federal de Sanidad Animal.

Artículo 9.

La Secretaría, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal, vigilará que:

a) La ubicación de las unidades establecidas en el artículo 4 de esta Ley, asimismo, las de nueva planificación y aquéllas en proceso de establecimiento no podrán establecerse a una distancia menor de 5 Km a una explotación avícola o porcina que cumpla con las normas oficiales mexicanas sanitarias vigentes. Esta distancia se aplicará también a los nuevos asentamientos humanos que deseen explotar animales de traspatio.

b) Todos los asentamientos humanos y pecuarios que se dediquen a las actividades mencionadas en el artículo 4 de esta Ley, que se encuentren a menos de 5 Km de distancia de una granja o explotación avícola o porcícola, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en esta materia, para poder continuar con su actividad. El mismo requisito se aplicará a los asentamientos humanos que exploten animales de traspatio.

c) Los predios agrícolas que se encuentren a menos de 5 Km de una granja o explotación avícola o porcícola que cumpla con las normas oficiales mexicanas sanitarias vigentes que deseen utilizar como abono orgánico la gallinaza deberá estar tratada de acuerdo al proceso establecido en las normas vigentes. Queda prohibida la utilización de cerdaza o aguas residuales porcinas como abono orgánico.

Artículo 10.

La Secretaría elaborará los programas correspondientes en el marco de la normatividad aplicable, tomando en cuenta los objetivos y criterios establecidos en la presente Ley, así como los acuerdos que tome la Comisión.

Artículo 11.

La Secretaría, en el ámbito de su competencia, promoverá la participación del sector avícola y porcícola para facilitar a las explotaciones avícolas y porcícolas el acceso a Programas previstos en la presente Ley.

Artículo 12.

La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, y prevención sanitaria, así como de esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las explotaciones avícolas y porcícolas.

Los esquemas podrán ser acordados con las asociaciones y uniones avícolas y porcícolas, los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal, y de los municipios, así como con las entidades financieras.

Artículo 13.

Los programas a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, deberán contener entre otros:

I. Los criterios y procedimientos para dar seguimiento a la evolución y desempeño de los beneficios y protección previstos en esta Ley,

II. Los instrumentos, mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutaran las líneas estratégicas,

III. Las líneas estratégicas para el desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas,

IV. Los criterios para establecer campañas permanentes para buscar apoyos de prevención, control y protección de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas que indudablemente tienen permiso para desarrollar esta actividad. Asimismo, para erradicar enfermedades que impiden el desarrollo de mejores condiciones sanitarias a la avicultura y porcicultura nacional,

V. Líneas para elevar la producción y mejoramiento de la calidad sanitaria de los productos de origen avícola y porcícola.

Artículo 14.

La planeación y ejecución de las acciones de fomento y desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas debe atender los siguientes criterios:

I. Generar nuevos instrumentos de apoyo.

II. Contener objetivos a corto, mediano y largo plazo,

III. Promover mecanismos de medición de avances para evaluar el impacto de las políticas de apoyo,

IV. Dirigir los esfuerzos de acuerdo con las necesidades regionales, estatales y municipales.

V. Propiciar esquemas de apoyo a través de la concurrencia de recursos de la Federación, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios, así como del sector privado enmarcado en las asociaciones y uniones avícolas y porcícolas.

Artículo 15.

La Secretaría promoverá la participación de las asociaciones y uniones avícolas y porcícolas; a través de los convenios que celebre, de acuerdo a lo siguiente:

I. La formación de una cultura sanitaria,

II. Impulsar la formación de especialistas en asesoría, consultoría y participación,

III. La investigación enfocada a la protección y prevención sanitaria de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas,

IV. La modernización, innovación y desarrollo tecnológico,

V. La formación y capacitación de recursos humanos para elevar la producción y mejoramiento de la calidad sanitaria de los productos de origen avícola y porcícola,

VI. Promover las tareas de investigación y de aplicación de técnicas de mejoramiento, y avance sanitario.

Capítulo Tercero

De la Comisión para la Protección y Desarrollo de las Granjas y Explotaciones Avícolas y Porcícolas

Artículo 16.

Se creará una Comisión para el Fomento, Protección y Desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas, con objeto de impulsar el avance de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas, a través de las acciones previstas en la presente Ley. La Comisión se encargara de estudiar y analizar las necesidades y la problemática que enfrenta el sector avícola y porcícola del país, para proponer medidas que alienten su crecimiento y consolidación de sus productos.

La Comisión será el conducto a través del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal coordinen su actuación para el otorgamiento de los beneficios que se determinen conforme a esta Ley. El Ejecutivo Federal proveerá lo conducente para que la Secretaría, en el ejercicio de sus atribuciones realice los actos y adopte las medidas que permitan alcanzar los fines y objetivos de esta Ley.

Artículo 17.

La Comisión se integrará por:

I. El secretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, quien la presidirá,

II. El secretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

III. El subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,

IV. El subsecretario de Planeación y Política Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

V. Por 12 representantes de las Secretarías de Desarrollo Rural, o su equivalente en el Distrito Federal y en las entidades federativas,

VI. El presidente de las asociaciones avícolas,

VII. El presidente de las asociaciones porcícolas,

VIII. El presidente de las uniones avícolas,

IX. El presidente de las uniones porcícolas.

La Comisión tendrá la facultad de invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a otras dependencias, entidades, miembros de las comisiones estatales y especialistas en los temas a discusión.

Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente, en el caso de las dependencias de la Administración Publica Federal, deberá tener al menos el nivel de director general o su equivalente.

En la ausencia del presidente de la Comisión, el subsecretario asumirá dichas funciones.

Artículo 18.

La Comisión contará con un secretario técnico, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; y se coordinará con las Comisiones Estatales en lo conducente.

Artículo 19.

La Comisión se reunirá cuatrimestralmente de manera ordinaria, de acuerdo con el calendario que se apruebe en la primera sesión ordinaria, pudiendo celebrar las reuniones extraordinarias que se requieran.

La Comisión sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad mas uno de sus miembros, siempre que se cuente con la asistencia del presidente o en su caso su suplente, y que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal.

Las resoluciones se tomaran por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo el presidente el voto de calidad en caso de empate.

El presidente, a través del secretario técnico, convocará a las sesiones ordinarias con un mínimo de diez días hábiles de anticipación. En el caso de las extraordinarias se convocara con cinco días hábiles de anticipación.

El domicilio de la Comisión será en el Distrito Federal, y sesionara en las instalaciones de la Secretaría.

Artículo 20.

La Comisión tendrá por objeto:

I. Impulsar la formación de especialistas en asesoría, capacitación y consultoría,

II. Fomentar y promover la vinculación de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas con la gran empresa,

III. Desarrollar mecanismos para que las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas reciban capacitación en las áreas de tecnología, procesos de producción, procesos sanitarios y ambientales, comercialización y financiamiento,

IV. Estudiar y proponer medidas de apoyo para la prevención y protección sanitaria de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas, así como el desarrollo de las mismas,

V. Coordinarse con el Consejo Técnico Consultivo de Sanidad Animal, para el establecimiento de medidas de protección sanitaria,

VI. Coordinarse con la Secretaría para acordar el procedimiento para la imposición de las sanciones establecidas en la Ley,

VII. Fomentar una cultura zoosanitaria.

Capítulo Cuarto

De la Comisión Estatal para la Protección y Desarrollo de las Granjas y Explotaciones Avícolas y Porcícolas

Artículo 21.

En las entidades federativas y en el Distrito Federal, se podrán instalar una Comisión Estatal para el Fomento, Protección y Desarrollo de las Granjas y Explotaciones Avícolas y Porcícolas, quien estudiará y propondrá en el ámbito regional, estatal y municipal, medidas de apoyo para el desarrollo y protección sanitaria de las explotaciones avícolas y porcícolas.

La Comisión Estatal estará sujeta a los lineamientos que emita la Comisión.

Artículo 22.

La Comisión Estatal será presidido por el secretario estatal de Desarrollo Rural, o su equivalente en cada entidad federativa o Distrito Federal, quien informara periódicamente a la Comisión los resultados obtenidos en el desarrollo de sus actividades.

Para que sesione válidamente la Comisión Estatal deberá contar con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que se cuente con la asistencia del secretario técnico de la Comisión Estatal, o su suplente. Dicha Comisión se reunirá cuatrimestralmente de manera ordinaria, de acuerdo con el calendario que se apruebe en la primera sesión ordinaria del ejercicio, pudiendo celebrar las reuniones extraordinarias que se requieran.

La Comisión Estatal contará con un secretario técnico, que será el delegado de la Secretaría en el Distrito Federal, o en la entidad federativa de que se trate, quien tendrá la función de dar seguimiento a los acuerdos que de ella emanen.

Por cada uno de los miembros propietarios, se deberá nombrar un suplente, en el caso del Gobierno Estatal o del Distrito Federal, deberá tener al menos un nivel jerárquico inferior inmediato al del propietario.

Artículo 23.

La Comisión Estatal se integrará:

I. El delegado de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la entidad federativa de que se trate,

II. El secretario estatal de Desarrollo Rural, o su equivalente en el Distrito Federal y en la entidad federativa de que se trate,

III. El subsecretario estatal de Desarrollo Rural, o su equivalente en el Distrito Federal y en la entidad federativa de que se trate,

IV. Regidor de desarrollo rural, o su equivalente en el Distrito Federal, y en el municipio de que se trate,

V. Regidor de Medio Ambiente, o su equivalente en el Distrito Federal, y en el municipio de que se trate,

VI. Inspector regional y municipal de Ganadería, o su equivalente en el Distrito Federal, y en el municipio de que se trate,

VII. El presidente de la Asociación Regional de Avicultura,

VIII. El presidente de la Unión Regional de Avicultura,

IX. El presidente de la Asociación Regional de Porcicultura,

X. El presidente de la Unión Regional de Porcicultura.

Artículo 24.

La Comisión Estatal tendrá por objeto:

I. Promover y propiciar mecanismos para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley,

II. Evaluar y proponer medidas para la protección sanitaria y desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas,

III. Discutir y analizar las propuestas que realicen los municipios, y en el caso del Distrito Federal, sus delegaciones, para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

Capítulo Quinto

Infracciones y Sanciones

Artículo 25.

Constituyen infracciones ala presente Ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere:

I. Incumplir las medidas zoosanitarias que se establezcan,

II. Incumplir con lo establecido en las normas oficiales que expida la autoridad competente,

III. Realizar actividades que conlleven un riesgo sanitario,

IV. Abstenerse de respetar lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley,

V. Aplicar los apoyos que reciban a fines distintos para los que fueron autorizados,

VI. Realizar cualquier actividad que pudiera generar un riesgo sanitario, o provoque un brote de enfermedad a la salud pública, vegetal o animal,

VII. No permitir el acceso de inspectores sanitarios al lugar donde realicen la actividad que regula la presente Ley,

VIII. Abstenerse de dar a las autoridades sanitarias, los informes que les soliciten,

IX. No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los términos de la presente Ley.

Artículo 26.

Cuando una persona física o moral que cometa alguna de las infracciones a que hace referencia el artículo anterior, la Secretaria, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión, impondrá, según sea el caso, las siguientes sanciones:

I. Apercibimiento: En el caso de que una persona física o moral haya incurrido por primera vez en alguna de las conductas que constituyen infracciones conforme a lo dispuesto por el artículo anterior, se le apercibirá para que, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, subsane la irregularidad,

II. Multa. en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones III, IV, V, VII, VIII y IX del artículo 25 de esta Ley; se multará hasta por el equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,

III. Cuarentena a los animales. En el caso de presentarse una plaga u enfermedad contagiosa en las aves y cerdos, debidamente establecido por la autoridad de salubridad competente, o sea catalogada como un foco de infección,

IV. Clausura del establecimiento o granja. En el caso de infracción reiterada o causa grave. Se considera infracción reiterada el que una persona física o moral que hubiese sido previamente suspendido, se hiciera acreedor a una nueva suspensión, sin importar cuales hayan sido las disposiciones de esta Ley cuya observancia hubiere violado. Se considera como causa grave incurrir en cualquiera de los supuestos a que se refieren las fracciones I, III, IV, V, y VII del artículo 25 de la presente Ley.

Las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 27.

En contra de las resoluciones que se dicten conforme a esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, procederán los medios de impugnación establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TransitoriosPrimero.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.

Dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá instalarse la Comisión a que se refiere la presente Ley.

Tercero.

En las entidades federativas o en el caso del Distrito Federal, que exista algún consejo con características similares a una comisión estatal, podrán asumir el carácter de éstos llevando a cabo el objeto y las funciones establecidas en esta Ley, realizando las adecuaciones legales correspondientes.

Cuarto.

El reglamento de esta Ley, deberá expedirse en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada vigor de la presente Ley.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias diputada.

Como lo pide la diputada doña María del Carmen Izaguirre Franco, insértese el documento íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta en caso de que no se haya publicado y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Esta Presidencia da la bienvenida a los alumnos de la Escuela Primaria Miguel Salinas de Tlalquiltenango, Morelos y a las demás personas que nos escuchan en galerías, bienvenidos.

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ARTICULO 71 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Minerva Hernández Ramos, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

La diputada Minerva Hernández Ramos:

Muy buenos días. Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Quienes suscribimos, diputados integrantes de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembros de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, presentamos a esta Cámara de Diputados, iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer el régimen federal de la República Mexicana bajo la siguiente exposición de motivos:

En la Constitución mexicana vigente existen diversos principios esenciales a los que algunos estudiosos de la ciencia constitucional y de la ciencia política, denominan decisiones políticas fundamentales, las cuales pueden ser entendidas como los elementos ideológicos y estructurales que determinan nuestros caracteres definitorios como Estado y como sistema político.

Entre estos elementos, ocupa un lugar indiscutible el régimen federal, el cual se identifica con el nacimiento de nuestra República soberana y en muchos sentidos también con las diversas etapas históricas del desarrollo de nuestro sistema constitucional y con innumerables luchas políticas promotoras de la democratización del poder y de la consolidación de las instituciones públicas de nuestro país.

A lo largo del Siglo XIX, como es de sobra sabido, el establecimiento y la preservación de la forma de Gobierno Federal se identificó con el avance y el desenvolvimiento político de nuestra nación, mientras que su sustitución por un régimen de centralización de las atribuciones constitucionales en los poderes públicos nacionales, siempre se consideró como sinónimo de retroceso y de imposición de estructuras contrarias a la voluntad mayoritaria del pueblo de México.

Este elemento de nuestro régimen político, se estableció también en la primera Constitución de contenido social de toda la historia promulgada en nuestro país en 1917, determinándose en sus normas un sistema de distribución del ejercicio del poder conforme al cual las competencias constitucionales de los órganos federales son expresas, mientras que las que ejercen las entidades federativas, sólo son implícitas.

Es indiscutible que el Estado mexicano y su sistema republicano no pueden entenderse histórica ni estructuralmente, sin hacer referencia a la forma de Gobierno Federal.

Ahora bien, es un hecho que nuestro sistema federal nació y se ha desarrollado del centro hacia la periferia, lo cual significa que tanto en el Siglo XIX como en el XX, la forma de Gobierno Federal del Estado mexicano, ha estado asociada a la descentralización del poder político, aspecto que es necesario tomar en cuenta para entender la génesis y la problemática de este elemento estructural de nuestro régimen constitucional.

El federalismo mexicano, no obstante sus deficiencias estructurales y terminológicas, representó en el pasado y representa ahora, un elemento del régimen de gobierno compatible con un sistema político democrático, desde el momento en que su esencia consiste en la distribución del poder en un sentido territorial.

Sin embargo, uno de sus defectos congénitos consiste en que tanto las determinaciones jurídicas relativas a la asignación de competencias entre Estado y entidades federativas, como las decisiones políticas concernientes al fortalecimiento del federalismo, han provenido, en la mayoría de los casos, del propio nivel de Gobierno Federal; esto significa que en la construcción y en el desarrollo de este aspecto de nuestro régimen político, tradicionalmente han sido actores principales los órganos federales y actores secundarios las entidades federativas, lo cual se debe a diversas circunstancias entre las cuales destacan, tanto las inercias históricas centralizadoras, como las estructuras constitucionales y políticas en las que se basa el régimen federal mexicano.

Lo paradójico de esta situación, consiste en que los niveles de gobierno local y municipal, que son los que requieren de un mayor fortalecimiento político, jurídico, económico y financiero, del que depende en gran medida el ejercicio autónomo de sus atribuciones, son simultáneamente los que tienen menor capacidad constitucional y legal para promover los cambios estructurales que necesita nuestro sistema federal, el cual, entre otras razones, por ésta, sigue caracterizándose por sus normas y sus prácticas centralizadas.

En los últimos tiempos hemos sido testigos de importantes esfuerzos de organización política a favor del federalismo mexicano, de los cuales la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Convención Nacional Hacendaria, son dos ejemplos productivos, tangibles y genuinamente federalistas, cuyo éxito se debe en gran medida, precisamente a que provienen de las entidades federativas, revirtiendo la tendencia centralizadora tradicional de conformación de nuestro régimen federal y representando casos propios de un auténtico proceso federalista que se origina en las entidades locales que reclaman legítimamente la ampliación de su competencia autónoma y el fortalecimiento estructural de la que actualmente les asignan las normas constitucionales federales.

Es indispensable realizar modificaciones a las normas constitucionales y legales que regulan el sistema federal mexicano, con el propósito de ampliar la participación de algunos de los actores principales de este proceso de renovación federalista, cuya capacidad jurídica para proponer cambios y adiciones a la Constitución y a las leyes federales no existe o es muy limitada.

Como todos sabemos, tratándose de las entidades federativas, sólo uno de sus órganos puede presentar iniciativas de leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, a lo que debe agregarse que en el caso concreto del Distrito Federal, esta posibilidad está actualmente cancelada, a nuestro juicio, sin justificación alguna.

Consecuentemente, quienes suscribimos esta iniciativa de revisión constitucional, proponemos la modificación del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar el derecho de presentar iniciativas de leyes y decretos en materia legislativa federal y por extensión de reforma y adición constitucional, conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Constitución Federal, a los gobernadores de las entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con objeto de que los órganos legislativos y de gobierno de todas las entidades de nuestra República adquieran la capacidad jurídica de participar en el proceso de renovación y fortalecimiento del sistema federal mexicano, impulsando los cambios al orden jurídico federal que estimen convenientes para este propósito.

En tales condiciones, se propone la modificación del artículo 71 de la Constitución de la República, estableciéndose en su fracción II la atribución de los gobernadores de las entidades y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, determinándose en su fracción III la atribución de los miembros del Congreso General para los mismos efectos, la cual actualmente aparece en la fracción II de este precepto y adicionándose con una fracción IV en la que se otorgue esta misma atribución a las Legislaturas locales y a la Asamblea legislativa del Distrito Federal.

Igualmente se modifica el párrafo final de este precepto a la modificación anterior, estableciéndose que las iniciativas presentadas por los gobernadores de las entidades federativas, por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y por la Asamblea Legislativa del Distrito, se sujetarán al mismo trámite inicial que se determina para las que provienen del Presidente de la República y de las legislaturas locales.

Consideramos que de esta manera, tanto la totalidad de los órganos legislativos locales como los gobiernos de las entidades federativas, estarán en aptitud de actuar a favor de la construcción del auténtico régimen federal democrático que requiere nuestra nación, no sólo políticamente como lo han hecho exitosamente hasta ahora, sino también legalmente, proponiendo la modificación de las normas constitucionales y de diversas leyes federales, sin la cual es imposible cumplir el objetivo que, sin duda, los anima a todos, sin distinciones partidarias, consistente en el diseño de un auténtico federalismo mexicano, en todos los órdenes del ejercicio del poder político.

Conforme a lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Federal, proponemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión y en su momento a los congresos de las entidades federativas por conducto de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Unico. Se reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes compete:

II. A los gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

IV. A las legislaturas de las entidades y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las iniciativas de ley o decreto que hayan sido presentadas conforme al texto anterior del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seguirán tramitándose hasta su votación definitiva en los términos previstos por esta Constitución y por las leyes aplicables.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativas que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer el régimen federal de la Republica Mexicana, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

CC. Integrantes de la Mesa Directiva de Debates de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Quienes suscribimos, diputados integrantes a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta H. Cámara de Diputados esta iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer el régimen federal de la República Mexicana.

Exposición de Motivos

En la Constitución mexicana vigente existen diversos principios esenciales a los que algunos estudiosos de la ciencia constitucional y de la ciencia política denominan ``decisiones políticas fundamentales'', las cuales pueden ser entendidas como los elementos ideológicos y estructurales que determinan nuestros caracteres definitorios como Estado y como sistema político.

Entre estos elementos ocupa un lugar indiscutible el régimen federal, el cual se identifica con el nacimiento de nuestra República soberana y, en muchos sentidos también, con las diversas etapas históricas del desarrollo de nuestro sistema constitucional y con innumerables luchas políticas promotoras de la democratización del poder y de la consolidación de las instituciones públicas de nuestro país.

A lo largo del Siglo XIX, como es de sobra conocido, el establecimiento y la preservación de la forma de Gobierno Federal se identificó con el avance y el desenvolvimiento político de nuestra nación, mientras que su sustitución por un régimen de centralización de las atribuciones constitucionales en los poderes públicos nacionales siempre se consideró como sinónimo de retroceso y de imposición de estructuras contrarias a la voluntad mayoritaria del pueblo de México.

Este elemento de nuestro régimen político se estableció también en la primera Constitución de contenido social de toda la historia, promulgada en nuestro país en 1917, determinándose en sus normas un sistema de distribución del ejercicio del poder conforme al cual las competencias constitucionales de los órganos federales son expresas, mientras que las que ejercen las entidades federativas son implícitas.

Consecuentemente, es indiscutible que el Estado mexicano y su sistema republicano no pueden entenderse histórica ni estructuralmente sin hacer referencia a la forma de Gobierno Federal.

Ahora bien, es un hecho que nuestro sistema federal nació y se ha desarrollado del centro hacia la periferia, lo cual significa que tanto en el Siglo XIX, como en el XX, la forma de Gobierno Federal del Estado mexicano ha estado asociada a la descentralización del poder político, aspecto que es necesario tomar en cuenta para entender la génesis y la problemática de este elemento estructural de nuestro régimen constitucional.

En efecto, el federalismo mexicano, no obstante sus deficiencias estructurales y terminológicas, representó en el pasado y representa ahora, un elemento del régimen de gobierno compatible con un sistema político democrático, desde el momento en que su esencia consiste en la distribución del poder en un sentido territorial. Sin embargo, uno de sus defectos congénitos consiste en que tanto las determinaciones jurídicas relativas a la asignación de competencias entre el Estado y las entidades federativas, como las decisiones políticas concernientes al fortalecimiento del federalismo han provenido, en la mayoría de los casos, del propio nivel de gobierno federal.

Esto significa que en la construcción y en el desarrollo de este aspecto de nuestro régimen político, tradicionalmente han sido actores principales los órganos federales y actores secundarios las entidades federativas, lo cual se debe a diversas circunstancias, entre las cuales destacan tanto las inercias históricas centralizadoras como las estructuras constitucionales y políticas en las que se basa el régimen federal mexicano.

Lo paradójico de esta situación consiste en que los niveles de gobierno local y municipal, que son los que requieren de un mayor fortalecimiento político, jurídico, económico y financiero del que depende en gran medida el ejercicio autónomo de sus atribuciones, son simultáneamente los que tienen menos capacidad constitucional y legal para promover los cambios estructurales que necesita nuestro sistema federal, el cual, entre otras razones, por ésta sigue caracterizándose por sus normas y por sus prácticas centralizadas.

En los últimos tiempos hemos sido testigos de importantes esfuerzos de organización política a favor del federalismo mexicano, de los cuales la Conago y la Convención Nacional Hacendaria son dos ejemplos productivos y genuinamente federalistas, cuyo éxito se debe, en gran medida, a que provienen precisamente de las entidades federativas, revirtiendo la tendencia centralizadora tradicional de conformación de nuestro régimen federal y representando casos propios de un auténtico proceso federalista que se origina en las entidades locales que reclaman legítimamente la ampliación de su competencia autónoma y el fortalecimiento estructural de la que actualmente les asignan las normas constitucionales federales.

Seguramente, del esfuerzo común que realizan en estas instancias los tres niveles de gobierno de nuestro país y los órganos ejecutivos y legislativos federales y locales, surgirán propuestas concretas tendientes a la renovación y al fortalecimiento del régimen federal mexicano.

En forma paralela a estos trabajos, es indispensable realizar modificaciones a las normas constitucionales y legales que regulan el sistema federal mexicano con el propósito de ampliar la participación de algunos de los actores principales de este proceso de renovación federalista, cuya capacidad jurídica para proponer cambios y adiciones a la constitución y a las leyes federales no existe o es muy limitada.

En efecto, como todos sabemos, tratándose de las entidades federativas, sólo uno de sus órganos puede presentar iniciativas de leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, a lo que debe agregarse que en el caso concreto del Distrito Federal esta posibilidad esta actualmente cancelada, a nuestro juicio, sin justificación alguna.

Consecuentemente, quienes suscribimos esta iniciativa de revisión constitucional proponemos la modificación del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar el derecho de presentar iniciativas de leyes y decretos en materia legislativa federal y, por extensión, de reforma y adición constitucional conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Constitución federal, a los gobernadores de las entidades federativas, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con objeto de que los órganos legislativos y de gobierno de todas las entidades federativas de nuestra República adquieran la capacidad jurídica de participar en el proceso de renovación y fortalecimiento del sistema federal mexicano, impulsando los cambios al orden jurídico federal que estimen convenientes para este propósito.

En tales condiciones se propone la modificación del artículo 71 de la Constitución de la República, estableciéndose en su fracción II la atribución de los gobernadores de las entidades federativas y del jefe de Gobierno del Distrito Federal para iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión; determinándose en su fracción III la atribución de los miembros del Congreso General para estos mismos efectos, la cual actualmente aparece en la fracción II de este precepto; y adicionándose una fracción IV, en la que se otorga esta misma atribución a las Legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Igualmente, se adecua el párrafo final de este precepto a la modificación anterior, estableciéndose que las iniciativas presentadas por los gobernadores de las entidades federativas, por el jefe de Gobierno del Distrito Federal y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se sujetarán al mismo trámite inicial que se determina para las que provienen del Presidente de la República y de las Legislaturas locales.

Consideramos que de esta manera, tanto la totalidad de los órganos legislativos locales como los gobiernos de las entidades federativas estarán en aptitud de actuar a favor de la construcción del auténtico régimen federal democrático que requiere nuestra nación, no sólo políticamente, como lo han hecho exitosamente hasta ahora, sino también legalmente, proponiendo la modificación de las normas constitucionales y de diversas leyes federales, sin la cual es imposible cumplir el objetivo que sin duda los anima a todos, sin distinciones partidarias, consistente en el diseño de un auténtico federalismo mexicano en todos los órdenes del ejercicio del poder político.

Conforme a lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución federal, proponemos a la consideración del H. Congreso de la Unión y en su momento, de los H. Congresos de las entidades federativas, por conducto de esta Cámara de Diputados federal, la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Unico. Se reforma y se adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71.- El derecho de iniciar leyes compete

I. Al Presidente de la República.

II. A los gobernadores de las entidades federativas y al jefe de Gobierno del Distrito Federal.

III. A los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

IV. A las Legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República; los gobernadores de las entidades federativas, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, las Legislaturas de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o senadores del Congreso de la Unión se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las iniciativas de ley o decreto que hayan sido presentadas conforme al texto anterior del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos seguirán tramitándose hasta su votación definitiva, en los términos previstos por esta Constitución y por las leyes aplicables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.--- Por la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo: Diputados: Ramón Galindo Noriega, Presidente (rúbrica); César Chávez Castillo, secretario (rúbrica); César Amín González Orantes, secretario; Gonzalo Rodríguez Anaya, secretario (rúbrica); Francisco Rojas Toledo, secretario (rúbrica); Minerva Hernández Ramos, integrante (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias diputada Minerva Hernández Ramos muy amable.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia da también la bienvenida a los integrantes de la sociedad de ex alumnos del ITAM. Bienvenidos.

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MEDIO AMBIENTE
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 20 de la Ley de Planeación.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Para dotar de un marco jurídico acorde a las necesidades del México actual con exigencias tan diversas, como lo es la conservación de los bosques y el agua, el combate ante la criminalidad y la delincuencia y el que todos los mexicanos tengan las mismas condiciones y oportunidades para prosperidad, debemos primordialmente plasmar estas directrices en el llamado Plan Nacional de Desarrollo.

Debemos mostrar ante los ojos de la sociedad el gran valor de la actividad del Congreso de la Unión, en el que no se legisla más al amparo de intereses particulares y mezquinos, sino anteponiendo los de la nación, que debe constituir nuestra guía fundamental, debemos orientarnos a resolver en algunas medidas los problemas de nuestro país, creemos que los resultados hasta ahora no han sido suficientes, ya que nuestra actividad no debe limitarse sólo a resultados parciales, sino profundizar en las causas de la problemática nacional, para dar por fin cauce y satisfacción a las legítimas aspiraciones de bienestar, seguridad, justicia y paz de los mexicanos.

El avance democrático ha sido importante pero permanece aún sujeto a condicionamientos y actitudes obtusas de los que todavía se niegan a aceptar el cambio que dio el país hacia una democracia plena. La búsqueda de consensos para hacer del sistema político un régimen plural en el que cada fuerza política participe en la toma de decisiones, empieza a perfilarse como el sistema que tendremos en este siglo.

Como lo hemos manifestado y realizado actividades, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ha sido intensa y enfocada a dar cauce precisamente a las aspiraciones legítimas de los mexicanos. Pero hay que reconocer que no se han podido resolver los graves problemas que sufre nuestro país y esto es debido principalmente a la poca coordinación que existe entre los Poderes de la Unión.

Si bien sabemos que la responsabilidad en la administración del país no está depositada exclusivamente en una sola autoridad, también es cierto que las más grandes responsabilidades y facultades para la conducción de la nación, recaen en el Presidente de la República.

La tarea de los legisladores no ha terminado aún; tampoco la del Ejecutivo Federal. La participación de unos y otros en la construcción de un México dinámico, plural y participativo, será lo que logre la transición democrática, el desa-rrollo sustentable y el crecimiento anhelado. Para esto se tendrán que abandonar las viejas prácticas excluyentes que todavía aparecen en diversas ocasiones.

En este sentido consideramos pertinente la participación real de los diputados y senadores en la vigilancia del Plan Nacional de Desarrollo, para poder así ser un auténtico contrapeso de las acciones del Ejecutivo Federal.

Por eso sometemos a esta Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 de la Ley de Planeación.

En virtud de la limitación en el tiempo omitiré la lectura del articulado, pero solicito atentamente a la Presidencia ordene su inserción plena en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LIX Legislatura.--- Presente.

Iniciativa que reforma los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 de la Ley de planeación, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que se turne a las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

Para dotar de un marco jurídico acorde con las necesidades del México actual, con exigencias tan diversas como la conservación de los bosques y del agua, y el combate de la criminalidad y la delincuencia, sean los adecuados; y el que todos los mexicanos tengan las mismas condiciones y oportunidades para su desarrollo, debemos primordialmente plasmarlo en el llamado ``Plan Nacional de Desarrollo''.

Debemos mostrar ante los ojos de la sociedad el gran valor de la actividad del Congreso de la Unión; en el que no se legisla más al amparo de intereses particulares y mezquinos, sino anteponiendo los de la nación, que deben constituir nuestra guía fundamental.

Debemos orientarnos a resolver, en alguna medida, los problemas de nuestro país; creemos que los resultados, hasta ahora, no han sido suficientes, ya que nuestra actividad no debe limitarse sólo a resultados parciales, sino profundizar en las causas de la problemática nacional, para dar, por fin, cauce y satisfacción a las legítimas aspiraciones de bienestar, seguridad, justicia y paz de los mexicanos.

El avance democrático, ha sido importante, pero permanece aún sujeto a condicionamientos y actitudes obtusas, de los que todavía se niegan a aceptar el cambio que dio el país hacia una democracia plena. La búsqueda de consensos para hacer del sistema político un régimen plural en el que cada fuerza política participe en la toma de decisiones, empieza a perfilarse como el sistema que tendremos en este siglo.

Como lo hemos manifestado y realizado, la actividad del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha sido intensa y enfocada a dar cauce, precisamente, a las aspiraciones legítimas de los mexicanos. Pero hay que reconocer que no se han podido resolver los graves problemas que sufre nuestro país y esto es debido principalmente, a la poca coordinación que existe entre los Poderes de la Unión.

Si bien sabemos que la responsabilidad en la administración del país no está depositada exclusivamente en una sola autoridad, también es cierto que las mayores responsabilidades y facultades para la conducción de la nación recaen en el Presidente de la República.

La tarea de los legisladores no ha terminado aún, como tampoco la del Ejecutivo Federal. La participación de unos y otros en la construcción de un México dinámico, plural y participativo será lo que logre la transición democrática, el desarrollo sustentable y el crecimiento anhelado; para eso se tendrán que abandonar las viejas prácticas excluyentes que todavía aparecen en diversas ocasiones.

En este sentido, consideramos pertinente la participación real de los diputados y senadores, en la vigilancia del Plan Nacional de Desarrollo, para poder así, ser un auténtico contrapeso de las acciones del Ejecutivo Federal.

Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de

Decreto mediante el cual se reforman los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 de la Ley de Planeación

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación sustentable y democrático del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación, respetando siempre el medio ambiente. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo sustentable, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal, los cuales deberán realizarse bajo criterios ambientalmente sustentables.

La ley facultará al Ejecutivo, en coordinación con los gobiernos de los estados de la Federación, para que establezca los procedimientos de participación, consulta y verificación popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la facultad de intervenir, revisar y verificar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo conforme lo señale la ley.

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 20 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Capítulo III

Participación Social en la Planeación

Artículo 20

En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrán lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas a que se refiere esta ley.

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Asimismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los cuales por medio de sus comisiones deberán emitir opinión anual de los avances, así como de posibles recomendaciones.

...

Transitorio

Unico. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días de marzo de 2004.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputado Jorge.

Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público. Y como lo solicita el diputado, transcríbase el documento íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado.

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ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pedro Vázquez González:

Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, diputado Pedro.

El diputado Pedro Vázquez González:

«Ciudadanos Secretarios de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41, fracción II, inciso a, y el párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Desde que las reglas del juego político se transparentaron con la aprobación en 1990 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que mandató la creación del Instituto Federal Electoral, así como la reforma constitucional electoral de 1996 que otorgó autonomía al IFE, los procesos electorales cobraron credibilidad en nuestro país.

Sin embargo, es preciso señalar que la autonomía del IFE y la creación de las nuevas reglas del juego político fue el resultado de las transformaciones que se operaron en la sociedad mexicana desde los años sesenta del Siglo XX.

Entre los factores de esta transformación se encuentran el proceso de concentración urbana y el mayor desarrollo cultural de nuestro pueblo, que se convirtieron en factores de peso para que la sociedad mexicana se volviera más crítica y participativa.

Por lo tanto, cuando arribamos al Siglo XXI, el México moderno requiere de nuevas instituciones en todos los ámbitos que se correspondan con el nivel alcanzado por su desarrollo industrial, urbano y cultural.

En este contexto, para poder cumplir con el papel que le asigna la Constitución a los partidos políticos, en correspondencia con las nuevas exigencias que plantea el desa-rrollo logrado por la sociedad mexicana, se requiere conformar un sistema político con reglas claras y equitativas, pero también con criterios de eficiencia y racionalidad.

En este sentido, es de vital importancia modificar la fórmula del financiamiento a los partidos políticos, que conforme a la Ley vigente es de 30 y 70 por ciento, la cual consideramos que no refleja la equidad que debe existir en toda competencia electoral, en un contexto caracterizado por la competitividad en todos los ámbitos de la realidad nacional.

En ese sentido, proponemos que el nuevo esquema de financiamiento a los partidos políticos debe ser igualitaria en un 50 por ciento y el restante 50 por ciento en forma proporcional a su votación nacional emitida en la elección de diputados inmediata anterior.

Por otra parte, estamos a favor de que se prohiba por un tiempo determinado al Consejero Presidente y a los consejeros electorales a nivel federal, así como distrital, para que no puedan acceder a cargos públicos ni de representación popular para evitar la partidización de dichos consejeros y garantizar su total imparcialidad y reforzar la credibilidad de las instituciones electorales del país.

La nueva democracia que espera la sociedad mexicana exige cambios de fondo a las leyes electorales, porque es la única manera de hacer corresponder el nivel de desarrollo que ha alcanzado su participación política y garantizar el respeto de sus decisiones.

Compañeras y compañeros diputados: por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41, fracción II, inciso a, y el párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero: se reforma el artículo 41 fracción II, inciso a), y el párrafo cuarto de la fracción III, para quedar como sigue:

Artículo 41. Fracción II inciso a). El 50 por ciento de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 50 por ciento restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Fracción III. ...

...

...

``El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales...'' El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales al término de su gestión, natural o anticipada, durante 6 años no podrán desempeñar empleo, cargo o comisión en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial de la Federación, así como en los órganos constitucionales autónomos previstos en esta constitución.

Transitorios

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil cuatro.--- Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.--- Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan A. Guajardo Anzaldúa, Oscar González Yáñez (rúbrica), Joel Padilla Peña (rúbrica), Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).»

Es cuanto y hago entrega, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputado Pedro Vázquez González.

Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

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PROCESOS ELECTORALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para una reforma electoral democrática.

Y esta Presidencia les da la bienvenida a los alumnos de la Universidad Toyancingo, del municipio de Tulancingo, Hidalgo. Bienvenidos.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:

Gracias, señor Presidente.

Secretarios de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión:

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa busca transparentar las reglas del juego de los procesos electorales de nuestro país. Ha sido evidente que las reformas electorales de 1989, 1990, 1993, 1994 y la de 1996, han dejado vacíos legales que es necesario llenar para hacer más transparente y competitivo nuestro sistema electoral.

Uno de ellos tiene que ver con la exigencia de reformular la asignación de diputados de representación proporcional de tal manera que evite la sobrerrepresentación y la subrepresentación. Se trata de garantizar que la distribución proporcional de los representantes populares, debe de ser igual para todos los partidos que integran el Congreso de la Unión. Es decir, que cada partido represente su fuerza electoral ciudadana en función del porcentaje de votación que obtenga en cada elección.

También es necesario acotar la injerencia de los órganos electorales en la vida interna de los partidos y las organizaciones políticas; se trata de garantizar el respeto a la autonomía de estos entes de interés público para que sean ellos los que decidan su propia forma de organización y funcionamiento, sin que ello represente abandonar sus obligaciones establecidas en esta ley.

Otro aspecto a modificar en la ley vigente, es la prohibición expresa de la publicidad gubernamental de los tres niveles de gobierno en los tiempos de campañas electorales, para que no sea utilizada para promover la imagen del partido en el gobierno y con ello buscar la atracción del voto ciudadano hacia ese partido, porque pone en desventaja a los demás partidos contendientes.

Un nuevo elemento que debe incorporarse en la presente Ley Electoral, es la urgencia de incrementar el tiempo del Estado en los medios de comunicación a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, con el propósito de reivindicar el principio de igualdad y equidad entre todos los actores políticos.

Por otra parte, resulta necesario prohibir el financiamiento de origen privado a los partidos políticos, porque ha sido la fuerza para todos los casos como los que la opinión pública conoce y que han sido motivo de escándalos, porque además violan los topes de campaña al no haber forma de fiscalizar dichos recursos.

Con el fin de alentar la participación de la sociedad en los procesos electorales y en la conformación de la representación nacional, es de vital importancia recuperar la figura de las candidaturas comunes. En concordancia con lo anterior se debe incorporar la figura de candidatos independientes, para que los ciudadanos que cuenten con arraigo popular pero que no tienen partido participen en la competencia electoral y aspiren a puestos de elección popular.

En ese mismo tenor es importante flexibilizar la conformación de las coaliciones para que no haya ni un mínimo ni un máximo en el registro de fórmulas de candidatos, porque la ley vigente establece mínimos y máximos para la elección de senadores y diputados y condiciona a una coalición para Presidente de la República a necesariamente ir coligados en la de senadores y diputados.

También creemos en la necesidad de que en el Cofipe se establezcan sanciones más severas para quienes violen el tope de financiamiento de las campañas políticas durante los procesos electorales, con la invalidación de la candidatura en el curso del mismo proceso electoral, así como imponer sanciones en el mismo proceso electoral a quien violente los topes de campaña.

Nuestra propuesta de reforma constitucional al artículo 41 establece la prohibición expresa de que el Consejero Presidente y los consejeros electorales y distritales desempeñen empleos, cargos o comisión en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación o en los órganos constitucionales autónomos previstos en nuestra Carta Magna, con el propósito de hacer compatible esta disposición con lo que se estipula en el Cofipe. También proponemos que esta disposición deba quedar asentada en dicho código.

Asimismo, en concordancia con la reforma constitucional que proponemos al artículo 41, fracción II, inciso a), proponemos la modificación a la fórmula de financiamiento a los partidos políticos para hacerla igualitaria en un 50% y el restante 50% en forma proporcional a su votación nacional emitida en la elección de diputados inmediata anterior.

Creemos que ha llegado la hora de avanzar en la construcción de nuevas reglas para centralizar, organizar y vigilar los procesos electorales y las elecciones federales, para convertir al IFE en un verdadero garante de la democracia en nuestra nación.

Por esa razón, las nuevas reglas electorales tienen que ser precisas en cuanto a regular los tiempos en precampañas políticas, que es una ausencia notable en la ley vigente. Lo cual permite que ahora estas precampañas sean las verdaderas campañas.

Nuestra propuesta establece plazos para las precampañas de 30 días, previos al inicio del registro de las candidaturas para diputados federales, 45 días para senadores y 60 días para Presidente de la República, así como la prohibición expresa para difundir mensajes de proselitismo en radio, televisión y prensa escrita durante estas precampañas y la cancelación del registro del aspirante y multa al partido político que viole estas disposiciones.

Otra ausencia en el Cofipe lo representa el debate obligatorio entre los candidatos a cargos de elección popular. Esto serviría para alentar la participación del pueblo en los procesos electorales, además de que permitiría conocer el fondo de las propuestas de los candidatos a cargos de elección popular para resolver los grandes problemas nacionales, estatales y regionales.

Para evitar que los partidos políticos rebasen los topes de campaña y que ello redunde en un mayor uso de los tiempos en medios de comunicación masivos, se propone que sea sólo el IFE el que tenga el derecho exclusivo de contratar esos tiempos para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales y con ello evitar ventajas relativas a los partidos entre sí.

En este mismo sentido la competencia electoral exige en el contexto actual garantizar en la ley que regula los medios de comunicación, el acceso igualitario a todos los partidos políticos, para que junto con el Gobierno Federal dispongan de un porcentaje determinado del tiempo que los concesionarios de radio y televisión otorgan al Estado mexicano, tal y como se establece en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión vigentes.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le ha agotado el tiempo, señor diputado.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:

Gracias, señor Presidente. Concluyo.

...Sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, como se detalla en nuestra iniciativa.

Señor Presidente, le solicito la publicación íntegra de esta iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, muchas gracias.

«Ciudadanos Secretarios de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y reforma la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del PT.

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y reforma la Ley Federal de Radio y Televisión, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El pueblo mexicano luchó durante décadas para romper con las ataduras que le impuso el Estado autoritario que emanó de la revolución mexicana, que junto con su partido se convirtieron en poderosos instrumentos para cancelar el desarrollo de la democracia en nuestra nación.

Sólo con la fuerza de las movilizaciones sociales que protagonizaron las fuerzas democráticas y el pueblo en general se hizo posible que se derrumbara el poder totalitario y monolítico de más de setenta años de dominación política.

La crisis económica de los años setenta y ochenta se convirtió en otra fuerza muy poderosa para el derrumbe del bloque político que había hegemonizado al Estado mexicano y a muchas de sus instituciones que ya no se correspondían con la nueva realidad del país.

Una de esas instituciones tenía que ver con la realización de los procesos electorales para renovar el ejercicio del poder en los tres niveles de gobierno, que de forma sistemática y permanente era cuestionada por la sociedad porque no respondía a criterios de transparencia y de democracia.

Para el pueblo, quedaba claro que el gobierno era juez y parte en los procesos electorales, ya que por ley centralizaba la responsabilidad de organizar y vigilar los comicios, lo cual le permitía tener condiciones para realizar fraudes electorales. Por ello, la cultura del fraude se convirtió en una norma de la cultura política de nuestro país.

Los fraudes electorales más sonados del siglo XX en México fueron los de 1929, contra don José Vasconcelos, quien contendió contra Pascual Ortiz Rubio; y en 1940, contra Juan Andrew Almazán, quien contendió contra el candidato del PRM, Manuel Avila Camacho.

El de 1946, contra Miguel Enríquez Guzmán, quien contendió contra el candidato del PRI, Miguel Alemán Valdez. Estos fraudes electorales fueron una prueba fehaciente del carácter antidemocrático y el contubernio político que envolvía a los gobiernos en turno en materia de procesos electorales y elecciones.

Sin embargo, el fraude electoral de 1988 fue el más escandaloso en la historia del siglo XX en México porque confirmó de forma nítida y contundente que las decisiones del pueblo no eran respetadas, al grado de que el Gobierno en turno hizo que deliberadamente fallara el sistema de cómputo, para ganar tiempo y modificar el resultado electoral.

Los fraudes electorales y los escándalos que le acompañaban, hicieron necesario construir una institución política que fuera autónoma e independiente del gobierno para que los procesos electorales no sembraran duda ni incertidumbre de la voluntad del pueblo en las urnas. Se trataba de ciudadanizar la democracia electoral en México.

Esto sólo fue posible con la creación del Instituto Federal Electoral como resultado de las reformas constitucionales realizadas en 1989, que mandataban la creación del IFE que entró en funciones en 1990.

Asimismo, se expidió una nueva ley electoral representada por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que se llevó a cabo en agosto de 1990. Justo es decirlo, la tutela del Gobierno Federal hacia el IFE prevaleció hasta 1996, cuando con la reforma electoral de ese año se dotó de autonomía al citado Instituto.

Desde ése entonces la normatividad constitucional y legal en la materia ha experimentado tres importantes reformas, la de 1993, 1994, y 1996 que han tenido como propósito fundamental dotar de mayor autoridad al IFE para convertirlo en garante de la voluntad del pueblo y en la transparencia de los procesos electorales.

La reforma de 1993 facultó a los órganos del IFE para la declaración de validez y la expedición de constancias para la elección de diputados y senadores. Asimismo, estableció topes a los gastos de campaña de las elecciones.

Con la reforma de 1994 se incrementó el peso e influencia de los consejeros ciudadanos en la composición y procesos de toma de decisiones de los órganos de dirección, otorgándoles la mayoría de los votos, así como la ampliación de las atribuciones de los órganos de dirección a nivel estatal y distrital.

Con la reforma de 1996 se reforzaron la autonomía e independencia del IFE al desligar, totalmente, al Poder Ejecutivo de su integración y reservar el voto dentro de los órganos de dirección exclusivamente a los consejeros ciudadanos.

Con el paso de los años y al calor de los procesos electorales ha sido evidente que la normatividad en la materia fue rebasada totalmente por una serie de eventos que quedaron fuera de la legislación electoral.

Uno de ellos tiene qué ver con la exigencia de reformular la asignación de diputados de representación proporcional, de tal manera que evite la sobrerrepresentación y la subrepresentación. Se trata de garantizar que la distribución proporcional de los representantes populares debe ser igual para todos los partidos que integran el Congreso de la Unión. Es decir, que cada partido represente su fuerza electoral ciudadana en función del porcentaje de votación que obtenga en cada elección.

También es necesario acotar la injerencia de los órganos electorales en la vida interna de los partidos y las organizaciones políticas. Se trata de garantizar el respeto a la autonomía de estos entes de interés público para que sean ellos los que decidan su propia forma de organización y funcionamiento, sin que ello represente abandonar sus obligaciones establecidas en esta ley.

Otro aspecto por modificar en la ley vigente es la prohibición expresa de la publicidad gubernamental de los tres niveles de gobierno en tiempos de campañas electorales, para que no sea utilizada para promover la imagen del partido en el gobierno y con ello buscar la atracción del voto ciudadano hacia ese partido, porque pone en desventaja a los demás partidos políticos contendientes.

Un nuevo elemento que debe incorporarse en la presente Ley electoral es la urgencia de incrementar el tiempo del Estado en los medios de comunicación a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, con el propósito de reivindicar el principio de igualdad y equidad entre todos los actores políticos.

Por otra parte, resulta necesario prohibir el financiamiento de origen privado a los partidos políticos, porque ha sido la puerta para casos como el de los Amigos de Fox porque, además, viola los topes de campaña, al no haber forma de fiscalizar dichos recursos.

Con el fin de alentar la participación de la sociedad en los procesos electorales y en la conformación de la representación nacional es de vital importancia recuperar la figura de las candidaturas comunes.

Esta figura se estableció en la ley electoral de 1977 y fue la base jurídica fundamental para que en 1988 el Frente Democrático Nacional agrupara a diversas organizaciones políticas que postularon a un solo candidato a la presidencia de la República, logrando una gran participación de la ciudadanía; en concordancia con lo anterior, se debe incorporar la figura de candidatos independientes para que los ciudadanos que cuenten con arraigo popular, pero que no tienen partido puedan participar en la competencia electoral y aspirar a puestos de elección popular.

En ese mismo tenor, es importante flexibilizar la conformación de las coaliciones, para que no haya ni un mínimo, ni un máximo en el registro de fórmulas de candidatos, por que la ley vigente, establece mínimos y máximos para la elección de Presidente de la República, senadores y diputados.

También creemos que es necesario que en el Cofipe se establezcan sanciones más severas para quienes violen el tope de financiamiento de las campañas políticas durante los procesos electorales con la invalidación de la candidatura, en el curso del mismo proceso electoral, así como imponer sanciones, en el mismo proceso electoral, a quien violente los topes de campaña.

Nuestra propuesta de reforma constitucional del artículo 41 establece la prohibición expresa de que el Consejero Presidente y los consejeros electorales y distritales desempeñen empleos, cargos o comisión en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación o en los órganos constitucionales autónomos previstos en nuestra Carta Magna y con el propósito de hacer compatible esta disposición con lo que se estipula en el Cofipe, también proponemos que esta disposición debe quedar asentada en dicho Código.

Asimismo, en concordancia con la reforma constitucional que proponemos al artículo 41, fracción II, inciso a), proponemos la modificación a la fórmula de financiamiento a los partidos políticos para hacerla igualitaria en un 50 por ciento y el restante 50 por ciento en forma proporcional a su votación nacional emitida en la elección de diputados inmediata anterior.

La experiencia del proceso electoral de 2000, cuando el PRI y la Alianza por el Cambio, integrada por los Partidos Acción Nacional, y Verde Ecologista de México, rebasaron los topes de campaña y recibieron financiamientos ilícitos, que sembraron duda sobre los resultados de esas elecciones, son una muestra clara del porqué este país necesita regular de forma precisa, las sanciones que se deben aplicar a quienes violen las leyes electorales.

Creemos que ha llegado la hora de avanzar en la construcción de nuevas reglas para centralizar, organizar y vigilar los procesos electorales y las elecciones federales, para convertir al IFE en un verdadero garante de la democracia en nuestra nación.

Por esa razón, las nuevas reglas electorales tienen que ser precisas en cuanto a regular los tiempos de las precampañas políticas que es una ausencia notable en la ley vigente.

En el México contemporáneo, las campañas políticas se inician de manera real antes de lo que la legislación dispone. Por tanto, se hace necesario regular los tiempos de estas precampañas, para que se incluya lo que se gaste en ellas en el tope del financiamiento de las campañas políticas establecidas por ley.

El actual Presidente de México, Vicente Fox Quesada, es un claro ejemplo de un candidato que anduvo promoviendo su candidatura a la Presidencia de la República por más de tres años e incluso, en fecha reciente, declaró abierta la sucesión presidencial, a más de tres años de que concluya su mandato.

Esa experiencia fue repetida por diversos candidatos a cargos de elección popular en los diferentes niveles de gobierno, sin que hubiera ningún tipo de normas que regulen los tiempos y los recursos que se utilizan en las precampañas electorales. Creemos que ha llegado la hora de proponer reglas claras en este ámbito.

Otra ausencia en el Cofipe la representa el debate obligatorio entre los candidatos a cargos de elección popular. Esto serviría para alentar la participación del pueblo en los procesos electorales, además de que permitiría conocer el fondo de las propuestas que tienen los candidatos a cargos de elección popular para resolver los grandes problemas nacionales, estatales y regionales.

Para evitar que los partidos políticos rebasen los topes de campaña y que ello redunde en un mayor uso de los tiempos en medios de comunicación masivos, se propone que sea sólo el IFE el que tenga el derecho exclusivo de contratar esos tiempos para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales y con ello evitar ventajas relativas de los partidos entre sí.

En ese mismo sentido, la competencia electoral exige en el contexto actual, garantizar en la ley que regula los medios de comunicación, el acceso igualitario de todos los partidos políticos, para que junto con el Gobierno Federal dispongan de un porcentaje determinado del tiempo que los concesionarios de radio y televisión otorgan al Estado mexicano, tal como se establece en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión vigente.

Compañeras y compañeros diputados:

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y reforma la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un inciso l) al artículo 36; se adiciona un numeral 5 al artículo 45; se adiciona un inciso e) al artículo 58; se adicionan los incisos c) y d) del numeral 10 del artículo 58; se adicionan los incisos d) y j) al artículo 66; se adiciona un párrafo 4 al artículo 77; se adiciona un numeral 5 al artículo 182; se adiciona un numeral 6 al artículo 182-A; se adiciona un numeral 7 al artículo 190; se reforma el numeral 1 del artículo 13; el inciso a del numeral 1 y numeral 3 del artículo 47; se reforman los párrafos 1, 2, 7 y 9 del artículo 48; se reforman los incisos a) y b) del numeral 10 del artículo 58; se reforma el párrafo 1, así como el inciso c) del párrafo primero del artículo 59; se reforman el numeral 1, inciso a), y el numeral 7, inciso a), fracción V, párrafos 1 y 2 del artículo 49; se reforman los incisos a) y b) del artículo 58; se reforma el numeral 6 del artículo 190; se derogan los párrafos 3, 4, 5, 6, 8 y 14 del artículo 48; se derogan los incisos b), c), d) y e) del numeral 1 del artículo 49 todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 13.

1. Para la primera asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la Constitución, se utilizará la siguiente fórmula de representación pura consistente en designar a cada partido político el número de diputados que le corresponda hasta por el 3 por ciento de la votación nacional emitida del total de diputados que integran la Cámara de Diputados; para la asignación de los diputados de repre- sentación proporcional restantes que correspondan a cada partido político, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:

a) a b)...

2.a 3...

Artículo 36.

1...

a) a k)...

l) Ningún órgano electoral federal podrá intervenir en la vida interna de los partidos u organizaciones políticos, salvo en los casos que están debidamente reglamentados en esta ley.

Artículo 45.

1. a 4. ...

5. Queda prohibido que durante el tiempo que dure el proceso electoral, el Gobierno Federal realice difusión de cualquier programa gubernamental o la difusión de cualquier obra pública en cualquier medio de comunicación.

Artículo 47.

1. ...

a) En el proceso electoral en el que se elija Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el tiempo total de transmisión para todos los partidos políticos será de 300 horas en radio y 250 horas en televisión.

b) a c) ...

2. ...

3. El tiempo de transmisión y el número de promocionales a los que se refieren, respectivamente, los incisos a) y c) del párrafo 1 de este artículo, se distribuirán entre los partidos con representación en el Congreso de la Unión, de la siguiente manera: 50% en forma igualitaria, y 50% restante en forma proporcional a su fuerza electoral.

Artículo 48.

1. Sólo el Instituto Federal Electoral tendrá el derecho exclusivo de contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto de los partidos o candidatos independientes durante las precampañas y las campañas electorales conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo. Los candidatos sólo podrán hacer uso de los tiempos que les asignen su partido político, o coalición o en su caso el IFE a los candidatos independientes en función del costo promedio de campaña que para tal efecto se establezca, así como en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 59, párrafo I, inciso c).

2. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral solicitará oportunamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su intervención, a fin de que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, tanto nacionales como de cada entidad federativa, le proporcionen un catálogo de horarios y sus tarifas correspondientes, disponibles para su contratación por el Instituto Federal Electoral para dos periodos: el primero, del 1 de febrero al 31 de marzo del año de la elección; y el segundo, del 1 de abril y hasta 3 días antes del señalado por este código para la jornada electoral. Dichas tarifas no serán superiores a las de la publicidad comercial.

3. (se deroga)

4. (se deroga)

5. (se deroga)

a) (se deroga)

b) (se deroga)

6. (se deroga)

7. El reparto y asignación de los canales, estaciones y tiempos a contratar por el Instituto Federal Electoral, del primer catálogo deberá finalizar a más tardar el 15 de enero del año de la elección para la campaña de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a más tardar el 28 de febrero del mismo año, para las campañas de senadores y diputados. Para el segundo catálogo, el reparto y asignación de los canales y tiempos a contratar por cada partido político, para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, deberá concluir el 15 de abril del mismo año.

8. (se deroga)

9. El uso de los tiempos contratados por el Instituto Federal Electoral en los términos de este código en los medios de cobertura local, los mensajes alusivos a sus candidatos a Presidente, diputados y senadores, sólo podrán transmitirse durante los periodos de campaña a que se refiere el artículo 190, párrafo I, de este código.

10. a 13. ...

14. (se deroga)

Artículo 49.

1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá la siguiente modalidad:

a) Financiamiento público.

b) (se deroga)

c) (se deroga)

d) (se deroga)

2. a 7. ...

a) ...

I. a V. ...

- El 50% de la cantidad que resulte se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión.

- El 50% restante se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión, en la elección de diputados inmediata anterior.

VI. a VIII. ...

b) ...

I. a II. ...

c) ...

I. a III. ...

8. a 11. ...

Artículo 58.

1. a 10. ...

a) Para la elección de senador deberá registrar las fórmulas de candidatos que considere convenientes. El registro deberá contener la lista con las dos fórmulas por entidad federativa; y

b) Para la elección de diputados, de igual manera deberá registrar las fórmulas de candidatos que considere conveniente.

c) La coalición podrá registrar las fórmulas de candidatos comunes que considere conveniente para la elección de diputados y senadores. Asimismo, podrá registrar una fórmula para la elección de Presidente de la República.

d) Los ciudadanos que deseen participar en la elección de cargos de representación popular podrán registrar su candidatura de manera independiente y sólo deberán cumplir los requisitos que marca el presente código para aspirar a los cargos de elección popular.

e) Dos o más partidos políticos podrán postular a un mismo candidato a cualquiera de los cargos de elección popular, con la sola condición de que el candidato acepte, los votos a favor de cada uno de los partidos se sumarán a la votación total a favor del candidato común.

Artículo 59.

1. La coalición por la que se postula candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no obliga a que los partidos políticos deban postular a la totalidad de candidatos a diputados federales y senadores de la República por ambos principios.

a) a b) ...

c) Disfrutará de las prerrogativas en materia de radio y televisión y podrá recibir del Instituto Federal Electoral tiempos en estos medios como si se tratara de un solo partido político. En los casos en que por disposición de este código se tome en cuenta la fuerza electoral, se considerará la del partido coligado que haya obtenido la mayor votación en la última elección federal; y

d) ...

2. a 4. ...

Artículo 66.

1. ...

a) a h) ...

i) Violen el tope de campaña establecido en esta ley.

j) Se invalide en el curso del mismo proceso electoral la candidatura de quien rebase el tope de financiamiento de campaña, si se llegase a comprobar dicha violación.

Artículo 77.

1. a 3. ...

4. El Consejero Presidente, y los consejero electorales y distritales al término de su gestión, natural o anticipada, durante 6 años no podrán desempeñar empleo, cargo o comisión en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en el Poder Judicial de la Federación, así como los en los órganos constitucionales autónomos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 182.

1. a 4. ...

5. Se entiende por precampaña el conjunto de actividades que con el fin de obtener la postulación a un cargo de elección popular realicen los militantes o simpatizantes de un partido político.

Las precampañas al interior de un partido político se realizarán dentro de los plazos siguientes:

a) Para diputado federal, dentro de los 30 días previos al inicio de registro de las candidaturas.

b) Para senadores de la República, dentro de los 45 días previos al inicio de registro de las candidaturas.

c) Para Presidente de la República, dentro de los 60 días previos al inicio de registro de las candidaturas.

Las precampañas son actos internos de los partidos políticos; por tanto, los militantes y simpatizantes, así como el partido dentro del cual hacen precampaña, están impedidos para difundir mensajes de proselitismo en radio, televisión y prensa escrita. Cualquier infracción a la presente disposición ocasionará la cancelación del registro del aspirante y la multa al partido político en términos del artículo 269 de este código.

Los partidos políticos están obligados a incluir el gasto de actividades de precampaña en sus informes de gastos de campaña.

El Consejo General expedirá los lineamientos de gastos de precampaña, que quedarán incluidos en los gastos de topes de campaña.

Queda prohibido a los militantes y simpatizantes de los partidos políticos la realización de actividades de proselitismo que tienda a difundir la imagen a un aspirante a precandidato fuera de los plazos de inicio de precampañas, atendiendo a las fechas de registro de candidatos previstas en este código. Cualquier infracción a la presente disposición se sancionará con la cancelación de registro del aspirante que haya obtenido el triunfo para ser registrado como candidato.

Artículo 182-A.

1. a 5. ...

6. Los partidos políticos deberán contabilizar sus gastos de precampañas para ser considerados como partes del tope máximo de gastos de campañas.

Artículo 190.

1. a 5. ...

6. El Instituto organizará de manera obligatoria como mínimo tres debates públicos para la elección de Presidente de la República. Dicho debate deberá ser moderado por una personalidad académica o profesional de probada solvencia moral y sobrada capacidad en su ámbito laboral. Asimismo, el Instituto apoyará su difusión en los diferentes medios electrónicos de comunicación masivos e impresos.

7. Los precandidatos a cargos de elección popular podrán realizar precampañas políticas para aspirar a representar a sus partidos en las elecciones que se celebren conforme a lo establecido en la presente ley. Para tal efecto, el tiempo de precampaña en ningún caso deberá exceder el tiempo establecido para las campañas oficiales, tal como se establece en el numeral 1 de este artículo.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos que deberán distribuirse en los siguientes porcentajes: 50 por ciento al Gobierno Federal para que los dedique a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión. Otro 50 por ciento deberá destinarse para que los partidos políticos difundan sus programas y plataformas electorales.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días de marzo de dos mil cuatro.--- Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.--- Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan A. Guajardo Anzaldúa, Oscar González Yáñez (rúbrica), Joel Padilla Peña (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Como lo pide el señor diputado don Amadeo Espinosa Ramos, publíquese íntegramente el documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no se haya publicado y túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial de Reforma para el Estado.

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DISCIPLINA Y ETICA PARLAMENTARIAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentaria.

El diputado Francisco Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, señor Presidente.

Con las potestades que la Constitución y la ley me otorga, vengo hasta esta tribuna en el capítulo de iniciativas, para proponer una que reforma a los artículos 5°, 11, 23, 46, 48, 67, 85, 90, 109 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentaria al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los diferentes acontecimientos suscitados en los últimos años han generado un gran debate entre la sociedad, sobre la necesidad de acotar el fuero constitucional y el mandato político del que gozan los legisladores dentro de un marco legal de disciplina y ética parlamentaria.

Si bien las mesas directivas de las Cámaras cuentan entre sus obligaciones con las de velar por el fuero y la libre expresión de los legisladores en el desempeño de sus funciones, también es cierto que vigila por el orden de las sesiones precisamente para salvaguardar la libre expresión parlamentaria.

La directiva, pues, tiene la obligación de velar por la libre expresión de los legisladores y a la vez de guardar un sano equilibrio entre ésta, que es un valor fundamental que la práctica parlamentaria, y el respeto a los demás legisladores.

Parafraseando a Jeremy Bentham, ``de los chispazos del debate parlamentario surge la luz que nos conduce a la verdad''. No debemos de olvidar que hay quienes pensamos que el derecho es una norma de moral social provista de sanción política.

Aunque el cargo de diputados y senadores es un mandato popular, esto no implica que no sean responsables por sus actos y omisiones, aun cuando esto no constituya un delito penal.

La disciplina y la ética son valores que deben de normar el accionar de los legisladores en todo momento, ya que son representantes de la sociedad y tienen un encargo que debe de llevarse con responsabilidad, con dignidad y con compromiso.

La conducta de los diputados y senadores debe de sustentarse en estos valores que garantice la honorabilidad, credibilidad y profesionalismo, sin lacerar en ningún momento la imparcialidad, independencia e inviolabilidad de los legisladores.

Los diputados de la nación y los senadores de la República estamos obligados a guardar la investidura que como tales nos ha otorgado el pueblo de México. Nuestra vida pública está sujeta al escrutinio de la ciudadanía, así es en los países normalmente democráticos y México no tiene por qué ser la excepción.

Tanto en el desarrollo de las sesiones como en el interior del recinto parlamentario, es necesario que los legisladores se guarden respeto entre sí, a los miembros de los otros poderes, a los funcionarios y servidores de las Cámaras, a los invitados que asistan a la sede del Congreso; deben procurar llevar sus intervenciones con respeto, tanto en el pleno como en reuniones de comisión, evitar el insulto, la injuria, la amenaza, la descalificación contra sus compañeros o contra cualquier funcionario público.

Que el debate de las ideas sea la forma de dirimir las controversias, que gane pues quien tenga la razón y claro, el derecho de su lado.

En los debates y votaciones de las Cámaras, debe de privar el respeto, evitar los altercados, las disputas y las discusiones fuera de orden; para ello, es necesario dotar a los presidentes de las Cámaras, de las facultades necesarias para poder imponer el orden y el respeto dentro de la Asamblea, así como establecer en ley las sanciones a las que puedan hacerse acreedores los legisladores que incurran en falta.

Adicionalmente a lo anterior, para evitar conductas impropias de los diputados y senadores, fuera de sus respectivos recintos parlamentarios, es necesario establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mecanismos que ayuden a las cámaras a normar la vida pública de sus integrantes para garantizar o tratar de conducir la imagen de los legisladores.

De esta manera se pretende establecer un órgano en cada Cámara que se centre en conocer sobre las faltas al comportamiento de sus integrantes en su vida, repito, pública y de haber faltas a los principios de honorabilidad, profesionalismo y en general a los valores de la ética y disciplina, aplicar las sanciones de acuerdo con un criterio previamente establecido.

Previendo esta situación y siguiendo la experiencia de otros congresos, asambleas y parlamentos del mundo, sería apropiado establecer en las cámaras del Congreso General, una comisión para el caso del Senado de la República y un comité para el caso de esta Cámara de Diputados, de disciplina y de ética parlamentaria.

En las respectivas instancias, esta comisión y comité se abocarían a conocer de las faltas en las que incurran los legisladores en su vida pública, estudiarlas y en su caso proponer la sanción conducente al pleno de la Cámara de que se trate.

Para profundizar este marco de disciplina y ética parlamentaria es necesario que las Cámaras del Congreso General elaboren conjuntamente un código de conducta de los legisladores que contenga las reglas generales del comportamiento que deben de guardar tanto diputados como senadores dentro y fuera del recinto parlamentario y deberán expedir separadamente un reglamento del código de conducta para los diputados de la Cámara Baja y un reglamento de código de conducta para los senadores de la Cámara Alta.

De esta forma, los criterios de disciplina y ética para ambas Cámaras serán homogéneos en el código de conducta de los legisladores y las formas de interpretación, de aplicación y las sanciones conducentes, estarán de acuerdo con las particularidades de cada Cámara en el Congreso.

Y concluyendo, un comité y una comisión, según el caso de ética y disciplina parlamentaria para cada una de las cámaras del Congreso, no es sino una instancia interna para dar cauce al sano equilibrio entre dos valores que nos parecen fundamentales: la libertad y el respeto mínimo entre pares y compañeros.

No debemos de olvidar que la institución del fuero en sus momentos fundacionales guardan a las instituciones parlamentarias en su conjunto y que los individuos que forman parte de éstas, poseen como tales una garantía constitucional adicional pero a la vez como proyección de su sentido de pertenencia a éstas.

En su conducta pública, el individuo protestado por el fuero no puede ir más allá de lo que la garantía exige para el buen funcionamiento de las instituciones. Los individuos de las Cámaras pues, están obligados a una conducta pública que se corresponda a los altos fines de las instituciones de las que forman parte.

En virtud del tiempo no daré lectura al texto normativo de la iniciativa, por lo que solicito, como siempre respetuosamente, a la Presidencia, se sirva ordenar publicar el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, toda vez que en la Gaceta Parlamentaria está incluido en su número del día de hoy.

Asimismo solicito al señor Presidente, sea tan amable de turnar el presente proyecto a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, esperando que ésta y su homologa de la Cámara de Senadores puedan trabajar la iniciativa de manera conjunta en el mecanismo tradicional comúnmente llamado de comisiones.

Por su atención y gentileza, muchas gracias.

«Iniciativas que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentarias, a cargo del diputado Francisco Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del PRI.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados.--- Presentes.

El que suscribe, diputado federal a la LIX Legislatura del Congreso General, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 11, 23, 46, 48, 67, 85, 90, 109 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Diferentes acontecimientos suscitados en los últimos años han generado un debate entre la sociedad sobre la necesidad de acotar el fuero constitucional y el mandato político del que gozan los legisladores dentro de un marco legal de disciplina y ética parlamentaria.

Si bien las Mesas Directivas de las Cámaras cuentan entre sus obligaciones las de velar por el fuero y la libre expresión de los legisladores en el desempeño de sus funciones, también es cierto que vigila por el orden de las sesiones; precisamente para salvaguardar la libre expresión parlamentaria.

La Directiva, pues, tiene la obligación de velar por la libre expresión de los legisladores y a la vez de guardar un sano equilibrio entre ésta, que es un valor fundamental de la práctica parlamentaria, y el respeto a los demás legisladores. Parafraseando a Jeremy Bentham, ``de los chispazos del debate parlamentario surge la luz que nos conduce a la verdad'', no debemos olvidar que finalmente el derecho es una norma de moral social provista de sanción política.

Aunque el cargo de los diputados y senadores es un mandato popular, esto no implica que no son responsables por sus actos y omisiones, aun cuando esto no constituya un delito penal.

La disciplina y la ética son valores que deben de normar el accionar de los legisladores en todo momento, ya que son representantes de la sociedad y tienen un encargo que debe de llevarse con responsabilidad y compromiso.

La conducta de los diputados y senadores debe de sustentarse en estos valores que garanticen la honorabilidad, credibilidad y profesionalismo, sin lacerar en ningún momento la imparcialidad, independencia e inviolabilidad de los legisladores.

Los diputados de la nación y los senadores de la República estamos obligados a guardar la investidura que como tales nos ha otorgado el pueblo de México, nuestra vida pública está sujeta al escrutinio de la ciudadanía, así es en los países normalmente democráticos y México no tiene por qué ser la excepción.

Tanto en el desarrollo de las sesiones, como en el interior del Recinto parlamentario, es necesario que los legisladores se guarden respeto entre sí, a los miembros de los otros Poderes, a los funcionarios y servidores de las Cámaras, y a los invitados que asistan a la sede del Congreso; deben procurar llevar sus intervenciones con respeto, tanto en Pleno como en reuniones de comisión; evitar el insulto, la injuria, la amenaza y la descalificación contra sus compañeros o contra cualquier funcionario público. Que el debate de las ideas sea la forma de dirimir las controversias, que gane quien tenga la razón y el derecho de su lado.

En los debates y las votaciones de las Cámaras deben privar el respeto, evitar los altercados, las disputas y las discusiones fuera de orden.

Para ello es necesario dotar a los Presidentes de las Cámaras de las facultades necesarias para poder imponer el orden y el respeto dentro de la Asamblea, así como establecer en la Ley las sanciones a las que pueden hacerse acreedores los legisladores.

Adicionalmente a lo anterior, para evitar conductas impropias de los diputados y senadores fuera de sus respectivos Recintos parlamentarios es necesario establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos mecanismos que ayuden a las Cámaras a normar la vida pública de sus integrantes, para garantizar la imagen de los legisladores.

De esta manera se pretende establecer un órgano en cada Cámara que se centre en conocer sobre el comportamiento de sus integrantes en su vida pública, y de haber faltas a los principios de honorabilidad, profesionalismo y los valores de ética y disciplina aplicar sanciones de acuerdo con un criterio previamente establecido.

Previendo esta situación y siguiendo la experiencia de otros Congresos, Asambleas y Parlamentos del mundo, sería apropiado establecer en las Cámaras del Congreso General una Comisión, para el caso del Senado de la República, y un Comité, para la Cámara de Diputados, de Disciplina y Etica Parlamentarias.

En las respectivas instancias, esta Comisión y Comité se abocarían a conocer de las faltas en las que incurran los legisladores en su vida pública, estudiarlas, y en su caso proponer la sanción conducente al Pleno de la Cámara de que se trate.

Para profundizar este marco de disciplina y ética parlamentaria, es necesario que las Cámaras del Congreso General elaboren conjuntamente un Código de Conducta de los Legisladores que contenga las reglas generales del comportamiento que deben de guardar, tanto diputados como senadores dentro y fuera del Recinto parlamentario, y deberán expedir separadamente, un Reglamento del Código de Conducta para los Diputados, en la Cámara baja; y un Reglamento del Código de Conducta para los Senadores, en la Cámara alta.

De esta forma, los criterios de disciplina y ética para ambas Cámaras serán homogéneos en el Código de Conducta de los Legisladores, y las formas de interpretación, de aplicación, y las sanciones conducentes estarán de acuerdo con las particularidades de cada Cámara del Congreso.

Concluyendo, un comité y una comisión, según el caso, de ética y disciplina parlamentaria para cada una de las Cámaras del Congreso no es sino una instancia interna para dar cauce al sano equilibrio entre dos valores que nos parecen fundamentales: la libertad y el respeto mínimo entre pares y compañeros.

No debemos olvidar que la institución del fuero en sus momentos fundacionales guarda a las instituciones parlamentarias en su conjunto y que los individuos que forman parte de éstas poseen como tales una garantía constitucional adicional pero a la vez como proyección de su sentido de pertenencia a éstas.

En su conducta pública el individuo potestado por el fuero, no puede ser más allá de lo que la garantía exige para el buen funcionamiento de las instituciones. Los individuos de las cámaras pues, están obligados a una conducta pública que se corresponda a los altos fines de las instituciones de las que forman parte.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del honorable Congreso General, por conducto de la Cámara de Diputados, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentarias

Artículo Unico. Se adicionan y reforman los artículos 5, 11, 23, 46, 48, 67, 85, 90, 109 y 120, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 5o.

1. a 2. ...

3. El Presidente del Congreso tendrá las mismas facultades que establecen los párrafos tres al ocho del artículo 23 de la presente ley, y para estos efectos se entenderá por diputados: legisladores, y por Cámara: Congreso.

Artículo 11.

1. a 3. ...

4. Los diputados y senadores observarán en su vida pública lo establecido por el Código de Conducta de los Legisladores y su respectivo reglamento en cada Cámara.

Artículo 23.

1. a 2. ...

3. Además, corresponde al Presidente aplicar y proponer las sanciones a los miembros de la Cámara por incurrir en faltas a la presente ley, al reglamento, alterar el orden de la sesión, faltar al respeto de algún miembro de la Cámara y provocar o participar en disputas o altercados. Los diputados podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones:

a) La llamada al orden;

b) La llamada al orden con mención en el acta;

c) La censura; y

d) La censura con expulsión temporal.

4. Sólo el Presidente podrá llamar al orden y se aplicará esta sanción a todo orador que lo perturbe. Ningún diputado que no estando autorizado a hablar haya sido llamado al orden, podrá obtener la palabra para justificarse hasta que finalice la sesión, salvo que el Presidente acuerde lo contrario.

5. Será llamado al orden con mención en el acta todo diputado que en la misma sesión ya hubiere sido llamado al orden. Asimismo, será llamado al orden con mención en el acta, todo diputado que haya dirigido a uno o más de sus colegas injurias, provocaciones o amenazas. Esta sanción llevará aparejada la privación, durante un mes, de una cuarta parte de la dieta correspondiente a los diputados.

6. La censura se decretará contra todo diputado que, tras una llamada con mención en el acta, no haya acatado el llamado del Presidente o que haya provocado una alteración de orden en el Pleno. Esta sanción llevará aparejada la privación, durante un mes, de la mitad de la dieta correspondiente a los diputados.

7. Se decretará la censura con expulsión temporal del Recinto Legislativo contra todo diputado que se haya resistido a la censura simple o que haya sido sometido a ella dos veces; que haya recurrido a la violencia en sesión; que se haya hecho culpable de ultrajes contra la Cámara o su Presidente; que se haya hecho culpable de injurias, provocaciones o amenazas contra el Presidente de la República, los secretarios de Estado, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, o los senadores de la República. La censura con expulsión temporal llevará aparejada la prohibición de participar en los trabajos de la Cámara y de volver a presentarse en el Palacio Legislativo hasta que expire el octavo día de sesión siguiente a aquél en que se hubiere dictado la medida. En caso de negativa del diputado de atender al requerimiento de abandonar la Cámara en Pleno que le haya hecho el Presidente, se suspenderá la sesión. En este caso y asimismo en el caso de que se aplique la censura con expulsión temporal por segunda ocasión a un diputado, la expulsión se extenderá a dieciséis días de sesión. Esta sanción llevará aparejada la privación, durante dos meses, de la mitad de la dieta correspondiente a los diputados, y de los senadores, en el caso del artículo 5o. de esta ley.

8. La censura simple y la censura con expulsión temporal se decretarán por el Pleno, a propuesta del Presidente, por mayoría simple de los presentes y sin debate alguno. Tendrá en todo caso derecho a ser oído o a que se oiga a uno de sus colegas en su nombre, el diputado contra quien se solicitare una de estas dos sanciones disciplinarias.

Artículo 46.

1. a 3. ...

4. Para vigilar el cumplimiento del Código de Conducta de los Legisladores y el Reglamento del Código de Conducta para los Diputados y proponer las sanciones conducentes al Pleno, se formará el Comité de Disciplina y Etica Parlamentarias, que se mantendrá de Legislatura a Legislatura. Dicho Comité se integra por siete diputados, el Presidente de la Cámara, los Presidentes de las Comisiones Jurisdiccional, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el Presidente de la Mesa de Decanos y tres diputados propuestos por la Junta de Coordinación Política.

5. A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el pleno podrá constituir ``grupos de amistad'' para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. Su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que se conformaron, pudiendo desde luego ser establecidos nuevamente por cada Legislatura.

Artículo 48.

1. a 4. ...

a) a f) ...

g) Ejecutar las sanciones impuestas a los diputados que se establecen en los párrafos del tres al ocho del artículo 23 de la presente ley, y aplicar las privaciones a las dietas de los diputados que sean sancionados.

Artículo 67.

1. ...

2. Además, corresponde al Presidente aplicar y proponer las sanciones a los miembros de la Cámara por incurrir en faltas a la presente ley, al reglamento, alterar el orden de la sesión, faltar al respeto de algún miembro de la Cámara y provocar o participar en disputas o altercados. Los senadores podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones:

a) La llamada al orden;

b) La llamada al orden con mención en el acta;

c) La censura; y

d) La censura con expulsión temporal.

3. Sólo el Presidente podrá llamar al orden y se aplicará esta sanción a todo orador que lo perturbe. Ningún senador, que no estando autorizado a hablar, haya sido llamado al orden podrá obtener la palabra para justificarse hasta que finalice la sesión, salvo que el Presidente acuerde lo contrario.

4. Será llamado al orden con mención en el acta todo senador que en la misma sesión ya hubiere sido llamado al orden. Asimismo, será llamado al orden con mención en el acta, todo senador que haya dirigido a uno o más de sus colegas injurias, provocaciones o amenazas. Esta sanción llevará aparejada la privación, durante un mes, de una cuarta parte de la dieta correspondiente a los senadores.

5. La censura se decretará contra todo senador que, tras una llamada con mención en el acta, no haya acatado el llamado del Presidente o que haya provocado una alteración de orden en el Pleno. Esta sanción llevará aparejada la privación, durante un mes, de la mitad de la dieta correspondiente a los senadores.

6. Se decretará la censura con expulsión temporal del Recinto Legislativo contra todo senador que se haya resistido a la censura simple o que haya sido sometido a ella dos veces; que haya recurrido a la violencia en sesión; que se haya hecho culpable de ultrajes contra la Cámara o su Presidente; que se haya hecho culpable de injurias, provocaciones o amenazas contra el Presidente de la República, los secretarios de Estado, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, o los diputados federales. La censura con expulsión temporal llevará aparejada la prohibición de participar en los trabajos de la Cámara y de volver a presentarse en el Palacio Legislativo hasta que expire el octavo día de sesión siguiente a aquél en que se hubiere dictado la medida. En caso de negativa del senador de atender al requerimiento de abandonar la Cámara en Pleno que le haya hecho el Presidente, se suspenderá la sesión. En este caso y asimismo en el caso de que se aplique la censura con expulsión temporal por segunda ocasión a un senador, la expulsión se extenderá a dieciséis días de sesión. Esta sanción llevará aparejada la privación, durante dos meses, de la mitad de la dieta correspondiente a los senadores.

7. La censura simple y la censura con expulsión temporal se decretarán por el Pleno, a propuesta del Presidente, por mayoría simple de los presentes y sin debate alguno. Tendrá en todo caso derecho a ser oído o a que se oiga a uno de sus colegas en su nombre, el senador contra quien se solicitare una de estas dos sanciones disciplinarias.

Artículo 85.

1. a 2. ...

3. Para vigilar el cumplimiento del Código de Conducta de los Legisladores y el Reglamento del Código de Conducta para los Senadores y proponer las sanciones conducentes al Pleno, se formará la Comisión de Disciplina y Etica Parlamentarias, que se mantendrá de Legislatura a Legislatura. Dicha Comisión se integra por 7 senadores, el Presidente de la Cámara, los presidentes de las comisiones Jurisdiccional y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el Presidente de la Mesa de Decanos y tres senadores propuestos por la Junta de Coordinación Política.

Artículo 90.

1. ...

I. a IX. ...

X. Disciplina y Etica Parlamentarias;

XI. Distrito Federal;

XII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología;

XIII. Energía;

XIV. Equidad y Género;

XV. Estudios Legislativos;

XVI. Federalismo y Desarrollo Municipal;

XVII. Gobernación;

XVIII. Hacienda y Crédito Público;

XIX. Jurisdiccional;

XX. Justicia;

XXI. Marina;

XXII. Medalla Belisario Domínguez;

XXIII. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

XXIV. Puntos Constitucionales;

XXV. Reforma Agraria;

XXVI. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias;

XXVII. Relaciones Exteriores;

XXVIII. Salud y Seguridad Social;

XXIX. Trabajo y Previsión Social; y

XXX. Turismo.

Artículo 109.

1. ...

a) a g) ...

h) Ejecutar las sanciones impuestas a los senadores que se establecen en los párrafos del dos al siete del artículo 67 de la presente ley, y aplicar las privaciones a las dietas de los senadores que sean sancionados.

i) Las demás que se deriven de esta ley, del reglamento y de los acuerdos de la Mesa Directiva de la Cámara.

Artículo 120.

1. ...

2. El Presidente de la Comisión Permanente tendrá las mismas facultades que establecen los párrafos tres al ocho del artículo 23 de la presente ley, y para estos efectos se entenderá por diputados: legisladores, y por Cámara: Comisión Permanente.

Transitorios

Artículo Primero. El Código de Conducta de los Legisladores a que se refiere el artículo único del presente decreto deberá ser elaborado y presentado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a consideración del Pleno, en un lapso no mayor a 60 días posteriores a la publicación del presente decreto.

Artículo Segundo. La Cámara de Senadores deberá emitir el Código de Conducta de los Legisladores en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la recepción de la minuta.

Artículo Tercero. El Código de Conducta de los Legisladores deberá contener las bases para la elaboración del Reglamento del Código de Conducta de cada Cámara del Congreso. El proyecto deberá ser elaborado por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su respectiva Cámara en un plazo no mayor de 45 días posteriores a la aprobación del Código de Conducta de los Legisladores.

Artículo Cuarto. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.--- México, DF, a 25 de marzo de 2004.--- Dip. Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado don Francisco Arroyo Vieyra.

Como lo solicita, publíquese íntegro el documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En cumplimiento de lo que dispone el artículo segundo del acuerdo relativo a la asistencia a las sesiones, se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico e instruya el cierre del sistema.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

¿Falta algún diputado o diputada para registrar asistencia?.. Adelante, diputado... ¿ya?.. Bien.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 429 diputadas y diputados.

Ciérrese el sistema electrónico, por favor, y quienes al momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretaria.

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ARTICULO 88 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Alejandra Méndez Salorio:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La globalización ha propiciado que las relaciones entre Estados se haya vuelto más intensa y estrecha, obligando con frecuencia al titular del Poder Ejecutivo a realizar, en su carácter de jefe de Estado, viajes fuera del país, a efecto de cumplir con las atribuciones que la propia Constitución le da en el ámbito de las relaciones exteriores.

El encuentro con otros jefes de Estado, con directivos de organismos internacionales o simplemente con líderes políticos de otros países, forma parte cotidiana de la agenda presidencial, por razones plenamente justificadas, todas ellas relacionadas con el interés colectivo de la nación, ya que en materia de política exterior el Poder Ejecutivo debe colmar las atribuciones que la Constitución y las leyes secundarias le otorgan y ampliarlas en la medida que ello abunde en la ruta de la transformación democrática.

No obstante, para poder ausentarse en cualquier caso del territorio nacional, el Ejecutivo debe, de conformidad con el artículo 88 constitucional, solicitar y obtener permiso previo de parte del Congreso de la Unión; no obstante y si bien esta disposición se justificó en sus orígenes, como vemos en la Constitución Federal de 1857, el supuesto fue regulado de manera más rígida, el presidente no puede separarse del lugar de la residencia de los Poderes federales ni del ejercicio de sus funciones sin motivo grave calificado por el Congreso y en sus recesos, por la diputación Permanente para así impedir que el Gobierno se quedase sin su instancia máxima de decisión y que el Ejecutivo se mantuviese alejado del conocimiento de los problemas nacionales. Hoy día, ante el impresionante avance de las telecomunicaciones, carece de sustento.

Puesto que la ausencia del territorio nacional del Presidentes de la República no implica que el Poder Ejecutivo Federal quede sin la instancia que es capaz de adoptar decisiones para afrontar problemas imprevistos o repentinos, la ausencia del territorio nacional de Presidente por periodos cortos se ha convertido en una actividad rutinaria que al rea-lizarse no rompe los vínculos del titular del Ejecutivo con la Administración Pública Federal, ni con el conocimiento de lo que pasa en el país.

Sin duda, el asunto de los viajes al extranjero del Presidente de la República ha cobrado especial relevancia a partir de la alternancia en el Poder Ejecutivo y de la pluralidad en el Poder Legislativo, es por ello que proponemos reformar la disposición constitucional en comento para facilitar al Ejecutivo el desarrollo de una actividad que como ésta, se ha vuelto habitual, además de adelgazar la de por sí ya abultada agenda de actividades del Poder Legislativo limitando la obligación del Presidente de la República de solicitar permiso para viajar al extranjero solamente en aquellos casos en que la ausencia deba prolongarse por más de 30 días, bastando, en el caso contrario, simplemente dar aviso al Congreso o a la Comisión Permanente, según corresponda.

No obstante para garantizar al pleno conocimiento por parte de los legisladores de la agenda y utilidad de los viajes que realiza el Ejecutivo, la propuesta establece la obligación del Presidente de hacer explicito en el documento de notificación de un viaje cuando éste sea menor a 30 días o en la solicitud de autorización para viajar al extranjero en ausencias mayores a 30 días, los beneficios que el mismo traerá aparejados para nuestro país.

Por lo tanto, en atención a lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados del Partido Verde Ecologista de México, proponemos la siguiente reforma del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometiendo a esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto mediante la cual se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 88.- El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional por mas de 30 días, sin el permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente en su caso. En el supuesto de que la ausencia sea menor a 30 días, bastará que el Presidente dé aviso de la misma, según corresponda al Congreso o la Comisión Permanente.

En todo caso el Ejecutivo, al dar aviso al Congreso, deberá justificar su utilidad, así como posteriormente enviar un informe que contenga los logros alcanzados, como las actividades oficiales que realizó durante su ausencia del territorio nacional.''

Artículo Transitorio.

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino A. Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

La globalización ha propiciado que las relaciones entre Estados se hayan vuelto más intensas y estrechas, obligando con frecuencia al titular del Poder Ejecutivo a realizar, en su carácter de Jefe de Estado, viajes fuera del país, a efecto de cumplir con las atribuciones que la propia constitución le da en el ámbito de las relaciones exteriores.

El encuentro con otros jefes de Estado, con directivos de organismos internacionales, o simplemente, con líderes políticos de otros países, forma parte cotidiana de la agenda presidencial, por razones plenamente justificadas, todas ellas relacionadas con el interés colectivo de la nación. Ya que en materia de política exterior, el Poder Ejecutivo debe colmar las atribuciones que la Constitución y las leyes secundarias le otorgan y ampliarlas, en la medida que ello abone en la ruta de la transformación democrática.

No obstante, para poder ausentarse en cualquier caso del territorio nacional el Ejecutivo debe, de conformidad con el artículo 88 Constitucional, solicitar y obtener el permiso previo de parte del Congreso de la Unión. No obstante y si bien, esta disposición se justificó en sus orígenes1 para impedir que el gobierno se quedase sin su instancia máxima de decisión y que el Ejecutivo se mantuviese alejado del conocimiento de los problemas nacionales; hoy en día, ante el impresionante avance de las telecomunicaciones, carece de sustento.

Puesto que la ausencia del territorio nacional del Presidente de la República no implica que el Poder Ejecutivo Federal quede sin la instancia que es capaz de adoptar decisiones para afrontar problemas imprevistos o repentinos. La ausencia del territorio nacional del Presidente por períodos cortos se ha convertido en una actividad rutinaria, que al realizarse no rompe los vínculos del titular del Ejecutivo con la Administración Pública Federal ni con el conocimiento de lo que pasa en el país.

Sin duda, el asunto de los viajes al extranjero del Presidente de la República ha cobrado especial relevancia a partir de la alternancia en el Poder Ejecutivo y de la pluralidad en el Poder Legislativo.

Es por ello, que proponemos reformar la disposición constitucional en comento para facilitar al Ejecutivo el desarrollo de una actividad que, como ésta, se ha vuelto habitual; además de adelgazar la de por sí ya abultada agenda de actividades del Poder Legislativo, limitando la obligación del Presidente de la República de solicitar permiso para viajar al extranjero solamente en aquellos casos en que la ausencia deba prolongarse por más de treinta días, bastando en el caso contrario simplemente dar aviso al Congreso o a la Comisión Permanente, según corresponda.

No obstante, para garantizar el pleno conocimiento por parte de los legisladores de la agenda y utilidad de los viajes que realiza el Ejecutivo, la propuesta establece la obligación del Presidente de hacer explícito en el documento de notificación de un viaje -cuando éste sea menor a treinta días- o en la solicitud de autorización para viajar al extranjero -en ausencias mayores a treinta días- los beneficios que el mismo traerá aparejados para nuestro país.

Por lo tanto, en atención a lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados del Partido Verde Ecologista de México, proponemos la siguiente reforma del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometiendo a esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 88.- El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional por más de treinta días sin el permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso.

En el supuesto de que la ausencia sea menor a treinta días, bastará que el Presidente de aviso del mismo, según corresponda, al Congreso o a la Comisión Permanente.

En todo caso, el Ejecutivo, al dar aviso al Congreso, deberá justificar su utilidad; así como posteriormente enviar un informe que contenga los logros alcanzados, como las actividades oficiales que realizó durante su ausencia del territorio nacional.

Transitorio

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes de marzo de 2004.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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ARTICULOS 102, 103 Y 105 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 102, 103, y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Amalín Yabur Elías:

Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

La diputada Amalín Yabur Elías:

Iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 102, apartado B, párrafo 2º, 3º y 5º y la adición del párrafo 9º, 103, fracción I y 105, fracción II, inciso g), en materia de otorgar la facultad de acciones de inconstitucionalidad y de amparo en contra de leyes y actos de autoridad que violen los derechos humanos, así como el mecanismo de exigibilidad y defensa de los derechos humanos a los organismos públicos de protección de derechos humanos del país, que presenta una servidora del Partido Revolucionario Institucional de LIX Legislatura.

Sabiendo la importancia que tiene para nuestro país el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos, suscritos por México en materia de los derechos económicos, sociales, culturales y los derechos civiles y políticos,

Conociendo la necesidad de implementar mecanismos de exigibilidad en el sistema no jurisdiccional en la defensa de los derechos humanos de manera progresiva para preservar la integridad de los mismos, en especial los derechos laborales consagrados en más de 182 convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y así darle competencia a los organismos públicos de protección de los derechos humanos en materia de derechos laborales, en relación de generar mecanismos de justiciabilidad en el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, dándole competencia a los organismos públicos de protección de labor electorales y así dar cumplimiento a las propuestas normativas, emanadas del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, realizada por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos en México,

Para consolidar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas e incrementar los mecanismos, flexibilidad y justiciabilidad y hacer progresivo el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del Estado en México y sabiendo la importancia que reviste que las leyes secundarias generales, así como las emanadas de las legislaturas locales, respeten los derechos humanos, se propone un mecanismo de protección para darle competencia a los tribunales federales de conocer sobre las controversias que susciten, cuando una ley o un acto de autoridad viole derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, ratificados por el Estado mexicano.

Considerando que el sistema de ombudsman mexicano, no lo representa una persona, sino que está integrado por todos los titulares de los organismos públicos de protección de derechos humanos del país y son estas autoridades los que tienen mayor sensibilidad y conocimiento acerca de la defensa y promoción de los derechos humanos, por lo que se hace indispensable otorgarle la facultad de promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, leyes y reglamentos federales y locales, indistintamente, reconociendo que el sistema de ombudsman mexicano tiene una representación social en materia de defensa y protección de los derechos humanos. Por ello se hace necesario establecer mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de colectivos.

En consecuencia, es indispensable otorgarle la facultad de presentar denuncias y quejas ante los organismos estatales, nacionales e internacionales, con el propósito de establecer un mecanismo constitucional que induzca la homologación de las leyes que regulan los organismos públicos de protección de los derechos humanos del país, otorgando un plazo razonable a las legislaturas locales para realizar las modificaciones correspondientes a las leyes, cumpliendo con los principios otorgados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y así, da la autonomía plena a los citados organismos públicos de las entidades federativas. Es decir, de gestión, presupuestal y la elección de sus titulares y consejeros, a propuesta de la sociedad civil, entre otros.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Primero. En el artículo 102, apartado B, párrafos segundo, tercero y quinto y la adición del párrafo noveno, para quedar como sigue:

Artículo 102, aparato B, párrafo segundo: ``Los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán, ante las autoridades respectivas, recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades del ámbito local, nacional o internacional''.

Párrafo tercero: ``Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos jurisdiccionales''.

Párrafo quinto: ``La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá un consejo consultivo integrado por 10 consejeros, los cuales deberán ser ciudadanos de la sociedad civil, propuestos por organizaciones de las mismas, que serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en su receso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Con la misma votación calificada, la ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo''.

Párrafo noveno: ``Las constituciones locales y el Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, al establecer la regulación de los organismos de protección de los derechos humanos, garantizarán su autonomía plena, siguiendo las disposiciones y procedimientos que esta Constitución establece para la Comisión Nacional de Derechos Humanos''.

Segundo. En el artículo 103, fracción I, para quedar como sigue:

Artículo 103, fracción I: ``Por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales o los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano''.

Tercero. En el artículo 105, fracción II, inciso g), para quedar como sigue:

Artículo 105, fracción II , inciso g): ``El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los titulares de los organismos públicos de protección de los derechos humanos de cada una de las entidades federativas, en contra de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, leyes o reglamentos federales o locales, que vulneren la protección constitucional de los derechos humanos''.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativas que reforma los artículos 102, 103 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del PRI

Sabiendo la importancia que tiene para nuestro país el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México en materia de derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos.

Conociendo la necesidad de implementar mecanismos de exigibilidad en el sistema no jurisdiccional en la defensa de los derechos humanos, de manera progresiva, para preservar la integralidad de los mismos, en especial de los derechos laborales consagrados en más de 182 convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y así darle competencia a los organismos públicos de protección de los derechos humanos en materia de derechos laborales.

En razón generar mecanismos de justiciabilidad en el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, dándole competencia a los organismos públicos de protección de derechos humanos en materia de derechos políticos electorales y así dar cumplimiento a las propuestas normativas emanadas del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México realizado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en México.

Para consolidar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas e incrementar los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, y hacer progresivo el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del Estado Mexicano.

Sabiendo la importancia que reviste que las leyes secundarias y generales, así como las emanadas de las legislaturas locales respeten los derechos humanos, se propone un mecanismo de protección para darle competencia a los tribunales federales de conocer sobre las controversias que se susciten cuando una ley o un acto de autoridad viole derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Considerando que el sistema de ombudsman mexicano, no lo representa una persona, sino que está integrado por todos los titulares de los organismos públicos de protección de derechos humanos del país y, son estas autoridades, los que tienen mayor sensibilidad y conocimiento acerca de la defensa y promoción de los derechos humanos, por lo que se hace indispensable otorgarles la facultad de promover los acciones de inconstitucionalidad en contra de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, leyes y reglamentos federales y locales, indistintamente.

Reconociendo que el sistema de ombudsman mexicano, tiene una representación social en materia de la defensa y protección de los derechos humanos, por ello, se hace necesario establecer mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad colectivos, en consecuencia es indispensable otorgar la facultad de presentar denuncias y quejas ante los organismos estatales, nacionales e internacionales.

Con el propósito de establecer un mecanismo constitucional que induzca la homologación de las leyes que regulan los organismos públicos de protección de los derechos humanos del país, otorgando un plazo razonable a las legislaturas locales para realizar las modificaciones correspondientes a las leyes cumpliendo con los principios otorgados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y así dar autonomía plena a los citados organismos públicos de las entidades federativas, es decir, de gestión, presupuestal y la elección de sus titulares y consejeros a propuesta de la sociedad civil, entre otros.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente

Iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Primero.- En el artículo 102 (apartado) B, párrafos segundo, tercero y quinto, y la adición del párrafo noveno, para quedar como sigue:

Artículo 102.

(Apartado)

B ...

(Párrafo segundo)

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán ante las autoridades respectivas recomendaciones públicas, no vinculatorias y, denuncias y quejas ante las autoridades del ámbito local, nacional o internacional.

(Párrafo tercero)

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos jurisdiccionales.

(Párrafo quinto)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros, los cuales deberán ser ciudadanos de la sociedad civil, propuestos por organizaciones de la misma, que serán elegidos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La Ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuesto y ratificados para un segundo periodo.

(Párrafo noveno)

Las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al establecer la regulación de los organismos de protección de los derechos humanos, garantizarán su autonomía plena siguiendo las disposiciones y procedimientos que esta Constitución establece para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Segundo.- En el artículo 103, fracción I, para quedar como sigue

Artículo 103.

(Fracción primera)

I. Por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales o los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

...

Tercero.- En el artículo 105, fracción II, inciso g), para quedar como sigue:

Artículo 105. ...

I. ...

(Fracción segunda)

II. ...

.......

(Inciso g)

g) El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los titulares de los organismos públicos de protección de los derechos humanos de cada una de las entidades federativas, en contra de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, leyes o reglamentos federales o locales que vulneren la protección constitucional de los derechos humanos.

México, DF, a 25 de marzo de 2004.--- Dip. Amalín Yabur Elías (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Transcríbase el documento íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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PODER LEGISLATIVO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Angel Osorio Chong, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona un artículo 11-bis a la Ley Orgánica del Congrego General de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de obligar a diputados y senadores rindan un informe anual de actividades a sus representados.

El diputado Miguel Angel Osorio Chong:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Un Estado democrático como el nuestro, no se puede concebir en la actualidad sin un valor fundamental, la rendición de cuentas; la rendición de cuentas es un principio que constituye el ejercicio de una obligación democrática por parte de los que integramos el sistema político y de representación del Estado mexicano.

Dicho principio, junto con el de la transparencia, son pilares en la construcción de un país donde se respetan las instituciones, donde se exija el cumplimiento de las obligaciones y, sobre todo, donde se actúe siempre con apego a la legalidad.

De esta forma, encontramos que uno de los elementos más importantes para los Estados democráticos modernos es, sin lugar a dudas, el relacionado con la transparencia en su actuar y, por otra parte, el relativo a la rendición de cuentas de los gobernantes hacia sus representados.

La transparencia es uno de los elementos que confiere la obligación que el poder público abra y ponga a disposición la información de las instituciones públicas a los ciudadanos. Esto, se puede lograr mediante sistemas que garanticen que los gobernados gozarán de la facultad de evaluar su desempeño, otorgándole lo necesario para formularse un juicio más razonado e informado y de esta manera, los destinatarios de dicha información podrán revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como un mecanismo para sancionar si es que se hayan anomalías en ésta.

En el proceso de reestructuración institucional en el que se encuentra inmerso nuestro país, la rendición de cuentas por parte de los legisladores, es un tema de suma importancia, puesto que una sociedad democrática supone la evaluación ciudadana sobre su gobierno. Y ésta, para que sea efectiva, requiere que el ciudadano tenga los elementos suficientes para hacer de su juicio un asunto razonado e informado.

En la medida en que los ciudadanos conozcan aspectos sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan sus representados, contarán con elementos para ejercer su derecho de evaluarla. De ahí, que la rendición de cuentas sea una condición necesaria para el pleno desarrollo democrático del Estado y para que los poderes públicos informen a la ciudadanía sobre su desempeño.

Por lo tanto, a más y mejor información que los órganos del Estado brinden al ciudadano, éste contará en mejores condiciones, se encontrará en mejores condiciones para valorar su gobierno y para tomar mejores decisiones.

Dentro de este contexto, es importante señalar que México tiene avances en cuanto al tema de transparencia y rendición de cuentas, destacando que se han suscrito distintos convenios y tratados internacionales en dicha materia, asimismo, se construyen cimientos más sólidos al haber aprobado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin embargo, la aprobación de una ley de acceso a la información en México no es en sí misma suficiente para garantizar en la práctica y en los usos, a los sujetos obligados, sino que la ley debe concebirse como instrumento, desde luego imprescindible para la concepción de una verdadera política pública de transparencia y de rendición de cuentas que comprenda otras medidas complementarias y, sobre todo, una auténtica voluntad política para impulsar el principio de transparencia.

De esta forma, realizar una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para imponer la obligación a los legisladores para que rindan o publiquen un informe anual acerca de sus actividades legislativas, tienen la finalidad de que al obligarse a rendir cuentas a su representados, fomenten el conocimiento veraz del actuar de sus representantes y esto conduzca necesariamente a legitimar su presencia en el Congreso de la Unión y así tener un vínculo más estrecho con los ciudadanos que los eligieron, presentando los avances y resultados.

La iniciativa que hoy presento contribuirá a reformar al Congreso de la Unión, con el propósito de eficientar su trabajo y fortalecer su credibilidad de parte de la ciudadanía.

Compañeros diputados, no es posible pensar en temas como la reelección legislativa, cuando no informamos apropiadamente a nuestros electores; no podemos hablar de permanencia legislativa, cuando los ciudadanos no conocen el trabajo de sus representados. En efecto, tenemos que rendir cuentas y transparentar la política para apuntalar la dignificación de la acción pública.

Los legisladores tenemos una responsabilidad fundamental: venir a esta tribuna con el mandato que nos ha conferido el pueblo de México con la consigna de trabajar esforzadamente por representar la voluntad de quienes nos han electo; esto es una demanda de la ciudadanía en general que nos exige una mejor representación de sus intereses, y sobre todo, una mayor credibilidad acerca de los trabajos parlamentarios.

Es momento de ser responsables con nuestros ciudadanos, es tiempo de darles la oportunidad de ser calificados por ellos y rendir cuentas de lo que hacemos en el Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto, por medio del cual se adiciona un artículo 11-bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se adiciona un artículo 11-bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 11-bis. Los diputados y senadores estarán obligados a presentar un informe de actividades legislativas a los ciudadanos del distrito electoral o entidad federativa al cual representen, para cumplir con el principio de rendición de cuentas, sujetándose a los siguientes lineamientos:

1. Los diputados y senadores electos bajo el principio de mayoría relativa, deberán rendir por escrito un informe de sus actividades legislativas a los ciudadanos del distrito electoral o entidad federativa al cual representen.

2. Los diputados y senadores electos bajo el principio de representación proporcional, deberán presentar por escrito un informe de sus actividades legislativas, el cual deberá ser remitido a la Mesa Directiva de la cámara que corresponda, para que sea puesto a disposición de la ciudadanía.

Dichos informes deberán presentarse anualmente a partir de que finalice el segundo periodo de sesiones ordinarias de cada año, en un lapso no mayor de 60 días naturales.

La información que deberá contener dicho informe se limita a las siguientes actividades legislativas:

a) Iniciativas presentadas.

b) Puntos de acuerdo presentados.

c) Asistencias.

d) Actividades en las comisiones y comités legislativos de las que sea integrante.

e) El sentido de su voto en las leyes y reformas aprobadas en el Congreso; y

f) Gestiones atendidas.''

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativas que adiciona un artículo 11 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de obligar a diputados y a senadores a rendir un informe anual de actividades a sus representados, a cargo del diputado Miguel Angel Osorio Chong, del grupo parlamentario del PRI

Miguel Angel Osorio Chong, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 BIS a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de introducir al cuerpo normativo la rendición de cuentas por parte de los legisladores.

Exposición de Motivos

Un Estado democrático como el nuestro, no se puede concebir en la actualidad sin un principio fundamental: la rendición de cuentas.

La rendición de cuentas es un principio que constituye el ejercicio de una obligación democrática por parte de los que integramos el sistema político y de representación del Estado Mexicano. Dicho principio junto con el de transparencia, son pilares en la construcción de un país donde se respeten las instituciones, donde se exija el cumplimiento de obligaciones y, sobre todo, donde se actúe siempre con apego a la legalidad.

De esta forma, encontramos que uno de los elementos más importantes para los Estados democráticos modernos es, sin lugar a dudas, el relacionado con la transparencia en su actuar y, por otra parte, la relativa a la rendición de cuentas por parte de los gobernantes hacia sus representados. La transparencia es uno de los elementos que confiere la obligación que el poder público abra y ponga a disposición la información de las Instituciones publicas a los ciudadanos.

Esto se puede lograr mediante sistemas que garanticen que los gobernados gozarán de la facultad de evaluar a su propio desempeño, otorgándole lo necesario para formularse un juicio más razonado e informado. De esta manera, los destinatarios de dicha información podrán revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar si es que se hallan anomalías en ésta.

En el proceso de reestructuración institucional en el cual ahora se encuentra inmerso México, la rendición de cuentas por parte de los legisladores es un tema de suma importancia puesto que una sociedad democrática supone la evaluación ciudadana sobre su gobierno, y ésta, para que sea efectiva, requiere que el ciudadano tenga los elementos suficientes para hacer de su juicio un asunto razonado e informado.

En la medida en que los ciudadanos conozcan aspectos sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan sus representantes, contarán con elementos para ejercer su derecho de evaluarla. De ahí que la rendición de cuentas sea una condición necesaria para el pleno desarrollo democrático del Estado y para que los poderes públicos informen a la ciudadanía sobre su desempeño. Por lo tanto, a más y mejor información que los órganos del Estado brinden, el ciudadano estará en mejores condiciones para valorar su gobierno y para tomar mejores decisiones.

Dentro de este contexto, es importante señalar que México es uno de los Países más avanzados en cuanto al tema de transparencia y rendición de cuentas y se debe destacar que ha suscrito distintos Convenios y Tratados Internacionales en dicha materia; asimismo construyó cimientos más sólidos al haber aprobado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Junio de 2002, provocando necesariamente que México se encuentre en uno de los primeros lugares en la búsqueda de consolidar Instituciones transparentes y donde sus representantes sean capaces de informar al pueblo acerca de su trabajo.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es el instrumento más importante para hacer del dominio público situaciones, manejos o información que no se divulgaba. Sin embargo, la aprobación de una Ley de Acceso a la Información en México, no es en sí misma suficiente para generar una garantía en la práctica y en los usos de los sujetos obligados, sino que la ley debe concebirse como un instrumento -desde luego imprescindible- para la concepción de una verdadera política pública de transparencia y de rendición de cuentas, que comprenderá otras medidas complementarias, y, sobre todo, una auténtica voluntad política para impulsar el principio de transparencia.

Hacer una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para imponer la obligación a los Legisladores para que rindan o publiquen un informe anual acerca de sus actividades parlamentarias en sus respectivos distritos, tiene la finalidad de que al obligarse a rendir cuentas a sus representados, fomenten el conocimiento verás del actuar de sus representantes y esto conduce necesariamente a legitimar su presencia en el Congreso de la Unión y así tener un vínculo más estrecho con los ciudadanos que los eligieron, presentando los avances o resultados estando en contacto directo con las necesidades y peticiones de la sociedad.

Por esta razón, esta iniciativa coincide con los objetivos de la Ley Federal de Transparencia, al vincular la interacción del legislador con el electorado teniendo como resultado tener legisladores responsables y comprometidos, que ofrezcan beneficios significativos derivados de su trabajo constante y productivo al interior del Congreso, de su distrito o de cualquiera de los escenarios en los que se desenvuelva, que se reflejen sus acciones en los beneficios directos a la ciudadanía y por lo tanto a la soberanía.

Compañeros diputados, no es posible pensar en temas como la reelección legislativa cuando no estamos cerca de nuestros electores, no podemos hablar de continuidad cuando los ciudadanos no conocen el trabajo de sus representantes. En efecto, tenemos que transparentar la política para apuntalar la dignificación de la misma.

Los legisladores tenemos una responsabilidad fundamental, venir a esta tribuna con el mandato que nos ha conferido el pueblo de México, con la consigna de trabajar, esforzadamente, por representar la voluntad de los que nos han electo. Esto es una demanda de la ciudadanía en general, es hoy cuando nos exigen una mejor representación de sus intereses y, sobre todo, una mayor credibilidad acerca de los trabajos parlamentarios. Es tiempo de ser responsables para con nuestros ciudadanos, es tiempo de darles la oportunidad de ser calificados por ellos, es tiempo de rendir cuentas de lo que hacemos en este Congreso.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea

Proyecto de DecretoPor medio del cual se adiciona un artículo 11 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Unico.- Se adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 11 Bis.- Los diputados y senadores estarán obligados a presentar un informe de actividades legislativas a los ciudadanos del distrito electoral, entidad federativa o circunscripción electoral al cual representen, sujetándose a los siguientes lineamientos:

I.- Los diputados y senadores electos bajo el principio de mayoría relativa, deberán rendir, de manera breve y por escrito, un informe de sus actividades legislativas a los ciudadanos del distrito electoral, y entidad federativa al cual representen;

II.- Los diputados y senadores electos bajo el principio de representación proporcional, deberán presentar de manera breve y por escrito, un informe de sus actividades legislativas, el cual podrá rendirse ante los Congresos locales de cada Estado y ante el Cabildo de los Ayuntamientos a que corresponda la circunscripción a la cual representen, para que éstos lo pongan a disposición de los ciudadanos;

III.- Dichos informes deberán presentarse anualmente, a partir de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de cada año;

IV.- La información que deberá contener dicho informe se limita a las siguientes actividades parlamentarias:

a) Iniciativas presentadas;

b) Puntos de acuerdo presentados;

c) Asistencias;

d) Actividades en comisiones parlamentarias de las que sea miembro;

e) El sentido de su voto en las leyes y reformas aprobadas en el Congreso; y

f) Gestiones atendidas;

Artículo Transitorio

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 25 de marzo de 2004.--- Dip. Miguel Angel Osorio Chong.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado don Miguel Angel Osorio Chong.

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Nos acompañan en galerías los alumnos del sexto semestre de preparatoria del Colegio Franciscano, Asociación Civil, de Huamantla, Tlaxcala.

Les damos la bienvenida.

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CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada doña María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Con su venia, diputado Presidente; con el permiso de mis compañeras y mis compañeros diputados:

Esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal, a fin de modificar la penalidad establecida para el homicidio en razón de parentesco o relación.

La suscrita, diputada federal por el estado de Nuevo León por el VIII distrito electoral, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIX Legislatura, fundamentándome en lo establecido por la fracción II del artículo 71 de la Constitución, así como en los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 323 del Código Penal Federal.

Exposición de Motivos

Sin temor a equivocarme sostengo que la vida es lo más preciado que tenemos, así que las figuras delictivas contenidas en nuestros códigos relativas a las conductas que contra ella atentan merecen una especial atención. Tratándose de delitos que traen como consecuencia la privación de la vida del ser humano, no debemos de ninguna manera dar marcha atrás a las penas que el Estado impone y mucho menos tratándose de la privación de la vida del padre, de la madre o de cualquier ascendiente consanguíneo en línea recta, descendientes, hermanos, cónyuges, concubina, concubinario, adoptante o adoptado, tal y como lo señala el delito de homicidio, en razón de parentesco o relación.

La persona que llega a cometer este tipo de delito es un ser carente de conciencia, de especie para con el núcleo social más sólido e inmediato, como lo es la familia, esto es, cuando el delito es intencional.

Por lo anterior, encontramos que en la vida jurídica del Código Penal Federal al regular la privación de la vida en las distintas modificaciones, se ha incrementado la penalidad para el homicidio calificado y con las reformas del decreto fechado el 10 de enero de 1994, se derogaron los artículos que contemplaban al parricidio y al infanticidio, titulándose el Capítulo IV del Título Decimonoveno del Código Penal Federal, homicidio en razón de parentesco o relación.

Al determinar la penalidad para la recién creada figura homicida en razón de parentesco o relación, en mi opinión no fueron debidamente valoradas las condiciones particulares y se olvidaron de que se trataba de un delito especial de acuerdo a las condiciones personales existentes entre la víctima y el victimario.

En las precitadas reformas se estableció como penalidad aplicable al nuevo delito de homicidio en razón de parentesco o relación, prisión de 10 a 40 años. Debo señalar que el delito de referencia así como el de homicidio genérico, puede cometerse en muy variadas formas, tal y como lo establece el Código Penal, penalizándose de acuerdo a su forma de ejecución, pudiendo ser homicidio atenuado, por estado de emoción violenta, por riña, por duelo, que se sanciona según el caso de dos a 12 años de prisión; el homicidio simple intencional sancionable con una pena de 12 a 24 años de prisión, y el calificado cometido con algunas de las agravantes: premeditación, alevosía, ventaja, traición, que va de 30 a 60 años de prisión.

Al privar de la vida a una persona con la que tenemos un lazo de parentesco o de relación, se lesiona la fe o la seguridad expresa o tácita, surgida de las relaciones que inspiran confianza, verbigracia, entre ascendientes, descendientes o entre cónyuges.

En la descripción de la nueva figura delictiva, se incluyeron las conductas que configuraban el parricidio, privación de la vida de un ascendiente, el infanticidio, privación de la vida de un descendiente dentro de las 72 horas de su nacimiento, derogándose los artículos que lo contenían, pues dicho capítulo solamente consta de un artículo, el 323, que a la letra dice:

Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le impondrá de 10 a 40 años; si faltare dicho conocimiento se estará la punilibilidad prevista en el artículo 307 sin menoscabo de observar algunas circunstancias que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los artículos dos y tres anteriores.

Ahora bien, refiriéndose mi propuesta a un bien protegido por el derecho: la vida, la misma normatividad establece que si con alguna conducta ese bien es dañado, prevé una reacción en manos del Estado, la aplicación de una determinada sanción, como lo es la pena privativa de la libertad personal. Así, la ley establece las penas que se aplicarán al cometerse alguno de los delitos que en la misma se contemplan, las que se modularán dependiendo de lo leve o grave de la conducta llevada a cabo y de las circunstancias particulares de los hechos.

Creo firmemente que todas las condiciones que acontecen para que el delito de homicidio sea atenuado, simple, intencional o calificado, se pueden presentar en el delito de homicidio en razón de parentesco o relación.

En los últimos años se ha lanzado una gran campaña contra la violencia hacia el seno de la familia; desgraciadamente nos damos cuenta que las conductas que se han presentado no quedan en simples lesiones, sino que van hasta la muerte de algún integrante de la misma, acontecimientos que tristemente han acaecido en los núcleos familiares a los que no podemos sustraernos, pues en últimas fechas nos hemos enterado de hechos sangrientos en los que han participado cónyuges, concubinos, hijos, padres, madres; sucesos que han terminado en fatales consecuencias. Lo más lamentable es que se han presentado entre personas que se supone debe de haber convivencia armónica basada en el mutuo respeto.

Incluso es del conocimiento de todos, que también se integró en la codificación penal la figura de la violencia intrafamiliar, considerando que las leyes son expresiones tardías de la realidad, ya que la situación imperante en la sociedad fue de tal trascendencia requiriéndose que algunas conductas reiterativas en las familias fueran consideradas como delito, dadas las graves consecuencias que estaban ocasionando en sus integrantes más débiles.

Tomando en cuenta que mi propuesta concretamente se refiere a la penalidad prevista para el delito de homicidio en razón de parentesco o relación, de tal forma que si el homicidio cometido en un desconocido es grave, la circunstancia de realizarse en el seno familiar esté formalizado o no, sea dentro de un matrimonio o concubinato, que para el caso es lo mismo, lo hace aún más grave, pues se da entre los integrantes de un núcleo en el que debe de existir mutua confianza, atención, respeto y buen trato; ya que si privar de la vida a un desconocido, tiene está establecida una pena determinada que por las circunstancias particulares es de 30 a 60 años de prisión, el privar de la vida a una persona con la que se tiene un parentesco o una relación estrecha, como es el matrimonio o el concubinato, dicha conducta delictiva debe de ser sancionada por los menos con la misma severidad prevista para el homicidio calificado. Pero también con más humanidad cuando haya circunstancias que así lo ameriten; tratándose como el homicidio atenuado, figuras delictivas a las que me he referido en líneas anteriores.

En tal orden de ideas, propongo reformar el artículo 323 del Código Penal Federal, a fin de que la penalidad aplicable a la comisión del homicidio en razón de parentesco o relación, sea de dos a 60 años de prisión.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto

Artículo primero. Se reforma el artículo 323 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 323. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente, consaguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de dos a 60 años. Y si faltare dicho conocimiento se estará a la punibilidad prevista en el artículo 307 sin menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los capítulos dos y tres anteriores.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor Presidente, como esta iniciativa ya está dentro de la Gaceta Parlamentaria, solicito a usted atentamente sea publicado en el Diario de los Debates.

Por su atención compañeras y compañeros legisladores, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativas que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del PRI

La que suscribe, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por el estado de Nuevo León e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, fundándose en lo establecido en la fracción II del artículo 71 constitucional, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 323 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin temor a equivocarme, sostengo que la vida es lo más preciado que tenemos; así que las figuras delictivas contenidas en nuestros códigos relativas a las conductas que contra ella atentan merecen una especial atención.

Tratándose de delitos que traen como consecuencia la privación de la vida del ser humano, no debemos de ninguna manera dar marcha atrás a las penas que el Estado impone y mucho menos tratándose de la privación de la vida del padre, de la madre o de cualquier ascendiente consanguíneo en línea recta, descendientes, hermanos, cónyuges, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, tal y como lo señala el delito de homicidio en razón de parentesco o relación. La persona que llega a cometer este tipo de delito es un ser carente de conciencia de especie para con el núcleo social más sólido e inmediato como lo es la familia.

Por lo anterior, encontramos que en la vida jurídica del Código Penal Federal, al regular la privación de la vida, en las distintas modificaciones se ha incrementado la penalidad para el homicidio calificado y con las reformas del decreto fechado el 10 de enero de 1994 se derogaron los artículos que contemplaban el parricidio y el infanticidio, intitulándose el Capítulo IV del Título Décimo Noveno del Código Penal Federal ``Homicidio en Razón del Parentesco o Relación''.

Al determinar la penalidad para la recién creada figura homicidio en razón del parentesco o relación, en mi opinión no fueron debidamente valoradas las condiciones particulares y se olvidaron de que se trataba de un delito especial de acuerdo con las condiciones personales existentes entre víctima y victimario.

En las precitadas reformas se estableció como penalidad aplicable al nuevo delito de ``homicidio en razón del parentesco o relación'' prisión de 10 a 40 años. Debo señalar que el delito de referencia, así como el de homicidio genérico, puede cometerse en muy variadas formas, tal y como lo establece el Código Penal, penalizándose de acuerdo con su forma de ejecución, pudiendo ser homicidio atenuado por estado de emoción violenta, riña, duelo, que se sanciona según el caso de 2 a 12 años de prisión; homicidio simple intencional, sancionable con una pena de 12 a 24 años de prisión y el calificado el cometido con alguna agravante, ya sea premeditación, ventaja, alevosía o traición, que es sancionado con una pena de 30 a 60 años de prisión.

Al privar de la vida a una persona con que tenemos un lazo de parentesco o relación, se lesiona la fe o la seguridad expresa o tácita surgida de las relaciones que inspiran confianza; verbigracia, entre ascendientes, descendientes o cónyuges.

En la descripción de la nueva figura delictiva se incluyeron las conductas que configuraban el parricidio (privación de la vida a un ascendiente) y el infanticidio (privar de la vida a un hijo dentro de las 72 horas de su nacimiento), derogándose los artículos que los contenían, pues dicho capítulo solamente consta de un artículo, el 323, que a la letra dice:

Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de diez a cuarenta años. Si faltare dicho conocimiento, se estará a la punibilidad prevista en el artículo 307, sin menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los Capítulos II y III anteriores.

Ahora bien, refiriéndose mi propuesta a un bien protegido por el derecho, la vida, la misma normatividad establece que si con alguna conducta ese bien es dañado, prevé una reacción en manos del Estado, la aplicación de una determinada sanción, como lo es la pena privativa de la libertad personal. Así, la ley establece las penas que se aplicarán al cometerse alguno de los delitos que en la misma se contemplan, las que se modularán dependiendo de lo leve o grave de la conducta llevada a cabo y las circunstancias particulares de los hechos.

Algunas corrientes doctrinarias del derecho penal no distinguen marcadamente entre penas y medidas de seguridad, englobándolas en el rubro sanciones, ya que ambas implican una restricción a la liberad personal y están orientadas a la readaptación del delincuente, de tal forma que la imposición de estas sanciones no es inmediata porque se haya cometido el delito, sino que su finalidad es que no se lleguen a realizar otros.

Creo firmemente que todas las condiciones que acontecen para que el delito de homicidio sea atenuado, simple intencional o calificado, se pueden presentar en el delito de homicidio en razón de parentesco o relación.

En los últimos años se ha lanzado una gran campaña contra la violencia hacia el seno de la familia. Desgraciadamente, nos damos cuenta de que las conductas que se han presentado no quedan en simples lesiones, sino que van hasta ``la muerte de algún integrante de la misma'', acontecimientos que, tristemente, han acaecido en los núcleos familiares, a los que no podemos substraernos, pues en últimas fechas nos hemos enterado de hechos sangrientos en los que han participado cónyuges, concubinarios, hijos, padres, sucesos que han terminado en fatales consecuencias. Lo más lamentable es que se han presentado con personas entre quienes se supone debe haber convivencia armónica basada en el mutuo respeto.

Incluso, es del conocimiento de todos que también se integró en la codificación penal la figura de la violencia intrafamiliar, considerando que las leyes son expresiones tardías de la realidad, ya que la situación imperante en la sociedad fue de tal trascendencia, requiriéndose que algunas conductas reiterativas en las familias fueran consideradas como delito, dadas las graves consecuencias que estaban ocasionando en sus integrantes más débiles. Así que en cada caso particular existe infinidad de circunstancias que el juzgador deberá valorar debidamente para la individualización de la pena. Claro está que las sanciones privativas de la libertad personal no erradicarán por completo la comisión de los delitos porque en ello inciden otros factores de tipo social y cultural que deben surgir y ser fortalecidos en el seno del hogar y consolidados con la formación escolar, pero -como se dijo en líneas anteriores- las penas son para evitar que se sigan cometiendo delitos. Es lo que se debe tener como prioridad en su aplicación cuando el juzgador la determine al caso concreto que esté resolviendo.

Tomando en cuenta que mi propuesta se refiere concretamente a la penalidad prevista para la comisión del delito de ``homicidio en razón del parentesco o relación'', si el homicidio cometido en un desconocido es grave, la circunstancia de realizarse en el seno familiar, esté formalizado o no, sea dentro de un matrimonio o concubinato, que para el caso es lo mismo, lo hace aún más grave, pues se da entre los integrantes de un núcleo en que debe existir mutua atención, respeto y buen trato, ya que si privar de la vida con alguna agravante a un desconocido está establecida una determinada penalidad que por las circunstancias particulares es de 30 a 60 años de prisión, privar de la vida a una persona con que se tiene parentesco o relación estrecha, como lo es el concubinato, dicha conducta delictiva debe ser sancionada con la misma severidad prevista para el homicidio calificado, pero también con más humanidad cuando haya circunstancias que así lo ameriten, tratándolo como el homicidio atenuado, figuras delictivas a que me he referido en líneas anteriores.

En tal orden de ideas, propongo reformar el artículo 323 del Código Penal Federal, a fin de que la penalidad aplicable a la comisión del ``homicidio en razón del parentesco o relación'' sea de 2 a 60 años de prisión.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el artículo 323 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 323. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de dos a sesenta años. Si faltare dicho conocimiento, se estará a la punibilidad prevista en el artículo 307, sin menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los Capítulos II y III anteriores

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.--- Dip. María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Dip. Eduardo Bailey Elizondo, Dip. Adrián Villagomez García, Dip. Margarita Martínez López, Dip. María Cristina Díaz Salazar, Dip. Humberto Cervantes Vega, Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Dip. María Esther Scherman Leaño, Dip. Angel Augusto Buendía Tirado, Dip. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Dip. Raúl Pompa Victoria, Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Dip. Rebeca Godínez y Bravo, Dip. Fernando Ulises Adame de León, Dip. Jorge Ortiz Alvarado, Dip. Sofía Castro Ríos, Dip. Jesús Angel Díaz Ortega, Dip. Eviel Pérez Magaña, Dip. Juan Carlos Pérez Góngora, Dip. Fernando García Cuevas, Dip. Guillermo Martínez Nolasco, Dip. Mario Antonio Gutiérrez Romero, Dip. Manuel Velasco Coello, Dip. Alfonso González Ruiz, Dip. Carlos Flores Rico, Dip. Alejandra Méndez Salorio, Dip. Raúl Piña Horta, Dip. José Luis Flores Hernández, Dip. Rafael Galindo Jaime, Dip. Armando Leyson Castro, Dip. Esteban Valenzuela García, Dip. Inti Muñoz Santini, Dip. Minerva Hernández Ramos, Dip. Marcos Morales Torres, Dip. Alfredo Villegas Arreola, Dip. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, Dip. Carlos Mireles Morales, Dip. José García Ortiz (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias diputada María de Jesús Aguirre Maldonado.

Como lo solicita publíquese el documento íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

A continuación tiene el uso de la palabra el diputado don Miguel Angel Yunes Linares, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares:

Con su permiso, señor Presidente:

Señor Presidente, daré lectura sólo a la exposición de motivos y le rogaría ordene la publicación íntegra de la iniciativa tanto en la Gaceta Parlamentaria como en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Con todo gusto.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares:

Honorable Aamblea: un grupo de diputados federales militantes del Partido Revolucionario Institucional, comprometidos con las reformas que requiere México, hemos trabajado en la elaboración de una iniciativa para la revisión y, en su caso, reforma integral del Título Cuarto de la Constitución y al artículo 61 de la misma en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

Sostenemos que el avance democrático del país pasa necesariamente por la revisión de las normas que precisan los principios y valores a que debe sujetarse la actuación de los servidores públicos, así como de las leyes que regulan sus responsabilidades y determinan las guías para sancionarlos cuando incurren en una falta política administrativa o penal.

La reforma que impulsamos asume que los servidores públicos tenemos un compromiso mayor con la sociedad y que nuestro actuar debe ser ejemplar. Sostenemos también que la transición democrática se ha visto afectada por los abusos y la imposibilidad de sancionarlos en razón de una normatividad limitada y deficiente y que la misma es aplicada por órganos que no atienden sólo a lo jurídico, sino fundamentalmente a lo político.

Es necesario, pues, modificar la ley para contribuir a transformar la realidad. Por ello proponemos una revisión integral al Título Cuarto de la Constitución en lo relativo a responsabilidad de los servidores públicos y a los procedimientos para sancionarlos, en caso de que se aparten de los principios y vulneren las normas que deben regular su actividad.

Hace más de dos décadas que se reformó de manera integral este título. Hoy es necesaria una nueva revisión de este apartado fundamental de nuestra, Carta Magna para precisar el compromiso de los servidores públicos con los principios y valores.

Por ello se hace explícita en la iniciativa de reforma la obligación de los servidores públicos de desempeñar su función apegándose a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y se agrega el de equidad, que debe ser también norma sustantiva de su actuar.

La violación o el no apego a estos principios debe generar necesariamente una sanción, sin afectar la función de los órganos constitucionales. La protección constitucional a quienes tienen a su cargo estas funciones está hoy en el debate público.

Es incontrastable que algunas de las instituciones vigentes han perdido credibilidad y prestigio y aún más la sociedad les da una connotación negativa.

Es el caso del fuero constitucional que protege a los servidores de alto rango y en particular a los legisladores. El abuso y deformación de esta figura, indispensable sin duda para garantizar la integración y la autonomía del parlamento, ha llevado a los ciudadanos a darle una valoración negativa y en muchas ocasiones de rechazo.

La confusión entre inviolabilidad y fuero, entre libertad plena de expresión y de voto de los parlamentarios y protección constitucional para que sólo se proceda en su contra, previa autorización de esta Cámara, afecta a ambas figuras constitucionales, por lo que es indispensable diferenciarlas para prestigiarlas.

En todo caso, el interés del parlamento es su autonomía y la plena libertad de sus integrantes, su inviolabilidad, pero también debe interesarle la aplicación expedita y oportuna de la ley cuando alguno de ellos la quebrante.

El fuero no debe ser un obstáculo político insalvable para que la autoridad proceda en contra de quien presuntamente actuó fuera de la ley y cometió un delito. En todo caso, conviene al prestigio del propio parlamento un actuar eficaz de la autoridad, en la medida en que no afecte las facultades constitucionales del órgano legislativo o su propia integración.

Es igualmente inconcuso que los procedimientos de desafuero ante este órgano legislativo necesariamente están condicionados por razones de carácter partidista y atienden a motivaciones que no siempre son las estrictamente legales.

Por ello se propone que sea un órgano ajeno el que analice la procedencia del desafuero desde una perspectiva estrictamente jurídica y que, en el caso del Congreso, las Cámaras conserven una potestad final para actuar cuando se pudiera afectar su integridad.

Así, esta facultad quedaría en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que, previa querella de la Procuraduría General de la República y respetando la garantía de audiencia del inculpado y las reglas del debido proceso, emitiría una declaratoria analizando la existencia del delito, la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional, cuya remoción se solicita, que son los mismos elementos jurídicos que analizan los órganos instructores de esta Cámara en los procesos de desafuero.

Este procedimiento estrictamente jurídico, desarrollado ante un órgano jurisdiccional en un lapso no mayor de 30 días, generaría certidumbre y la plena convicción de imparcialidad.

Se propone también en la iniciativa, precisar en la Constitución que cuando el servidor público goce de licencia, no se requerirá declaratoria de desafuero para proceder en su contra.

Se presenta también una propuesta de adición al artículo 61 para abrir la posibilidad de que un legislador sea detenido si comete un delito grave y es sorprendido en flagrancia.

Igualmente se plantea precisar el lapso en que tiene vigencia la protección del fuero en el caso de los legisladores y al efecto se propone que éste se inicie desde el momento en que se expidan las correspondientes constancias de mayoría y validez o de asignación que los acrediten como tales.

En el caso de la responsabilidad penal del Presidente, se propone precisar que podrá ser encausado por traición a la patria y delitos graves del orden federal y del orden común para resolver el debate constitucional al respecto.

Se plantea también cambiar el proceso para la aplicación de sanciones penales, de tal manera que éste no continúe a cargo de las Cámaras del Congreso, sino pase al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que al recibir la querella correspondiente, analizaría la procedencia de la misma y en su caso continuaría la tramitación del juicio hasta concluirlo.

El método de sustitución propuesto abre la posibilidad de que el Presidente del Senado de la República asuma el cargo de Presidente de la República mientras el Congreso hace uso de sus facultades de sustitución.

En cuanto al juicio político, se mantiene la potestad del Congreso para actuar como órgano de acusación y sentencia y se incorpora la posibilidad de instaurarlo contra el Presidente de la República, en el caso de que sus actos atenten de manera reiterada contra la Constitución, la soberanía nacional, la seguridad interna del país, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los demás poderes y el ejercicio de los derechos políticos individuales y sociales.

Con lo anterior nuestro país dejaría atrás una de las últimas expresiones del presidencialismo omnímodo para asumir que el Ejecutivo puede equivocarse y que su actuación negativa puede ser sometida a juicio por la representación nacional al extremo de poder removerlo del cargo. En prácticamente todos los países democráticos con régimen presidencial, existe esta figura. En caso de remoción sería sustituido temporalmente por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta en tanto el Congreso no hace uso de las facultades establecidas en los artículos 84 y 85.

Para prestigiar la política y dar esperanza a los ciudadanos, es preciso fortalecer valores, recuperar principios y apegar la conducta de todos a la legalidad.

Los fenómenos de corrupción, de abuso del fuero, la exposición pública de la arbitrariedad y la impunidad, han lastimado gravemente a la política. Hay una severa exigencia social en la dirección de asumir el servicio público como tal, alejado de visiones patrimonialistas y corruptas. Se exige apego a la ley y transparencia, en particular, en lo que se refiere a las cuestiones patrimoniales. Por esta razón en la iniciativa se propone precisar a nivel constitucional la obligación de los servidores públicos de presentar una declaración patrimonial juramentada como requisito previo para tomar posesión del cargo. Esta declaración contendría dos elementos adicionales: sería pública y contendría la autorización expresa para dejar sin efecto el secreto bancario, fiduciario o fiscal que protege los bienes y derechos del declarante.

Hay también un severo reclamo social contra la confusión y el conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública. Por ello se propone regular en un artículo un régimen de incompatibilidades, de tal manera que el servidor público no pueda desempeñar otro cargo o empleo público o privado incompatibles ni gestionar en nombre propio o ajeno ante las entidades de la administración pública asuntos en los que tenga directa o indirectamente interés económico.

Se plantea considerar como causal de juicio político y por tanto de destitución del cargo el incurrir en alguna de estas conductas. Se propone adicionalmente hacer más estricto el régimen de sanciones, de tal manera que cuando se afecte intencionalmente el patrimonio del Estado los plazos de prescripción se dupliquen y no proceda ni el indulto ni la amnistía ni la conmutación de la pena.

Termino, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, señor diputado.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares:

La iniciativa pretende iniciar un debate a fondo sobre el sistema de responsabilidad de los servidores públicos para prestigiar la política, para fortalecer la democracia y para responder con eficacia al claro reclamo social.

Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos, presentada por el diputado Miguel Angel Yunes Linares, del grupo parlamentario del PRI.

Honorable Asamblea:

Un grupo de diputados federales militantes del Partido Revolucionario Institucional comprometidos con las reformas que requiere México, hemos trabajado en la elaboración de una iniciativa para la revisión y en su caso reforma integral del Título Cuarto de la Constitución y al artículo 61 de la misma, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

Sostenemos que el avance democrático del país pasa necesariamente por la revisión de las normas que precisan los principios y valores a que debe sujetarse la actuación de los servidores públicos, así como de las leyes que regulan sus responsabilidades y determinan las vías para sancionarlos, cuando incurren en una falta política, administrativa o penal.

La reforma que impulsamos asume que los servidores públicos tenemos un compromiso mayor con la sociedad y que nuestro actuar debe ser ejemplar.

Sostenemos también que la transición democrática se ha visto afectada por los abusos y la imposibilidad de sancionarlos, en razón de una normatividad limitada y deficiente y de que la misma es aplicada por órganos que no atienden solo a lo jurídico, sino fundamentalmente a lo político.

Es necesario pues modificar la ley para contribuir a transformar la realidad, por ello, proponemos una revisión integral al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a la responsabilidad de los servidores públicos y a los procedimientos para sancionarlos en caso de que se aparten de los principios y vulneren las normas que deben regular su actividad.

Hace más de dos décadas que este Título se reformó de manera integral.

Hoy es necesaria una nueva revisión de este apartado fundamental de nuestra Carta Magna, para precisar el compromiso de los servidores públicos con los principios y valores.

Principios

Por ello, se hace explícita en la reforma propuesta la obligación de los servidores públicos de desempeñar su función apegándose a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y se agrega el de equidad, que debe ser también norma sustantiva en el actuar.

Fuero, inviolabilidad y desafuero

La violación o el no apego a estos principios debe generar necesariamente una sanción, sin afectar la función de los órganos constitucionales.

La protección constitucional a quienes tienen a su cargo estas funciones está hoy en el debate público.

Es incontrastable que algunas de las instituciones vigentes, han perdido credibilidad y prestigio, y aún más, la sociedad les da una connotación negativa.

Es el caso del fuero constitucional que protege a los servidores públicos de alto rango y en particular a los legisladores.

El abuso y deformación de esta figura -indispensable sin duda para garantizar la integración y la autonomía del Parlamento- han llevado a los ciudadanos a darle una valoración negativa y en muchas ocasiones de rechazo.

La confusión entre inviolabilidad y fuero, entre libertad plena de expresión y de voto de los parlamentarios y protección constitucional para que solo se proceda en su contra previa autorización de la Cámara de Diputados, afecta a ambas figuras constitucionales, por lo que es indispensable diferenciarlas para prestigiarlas.

En todo caso, el interés del Parlamento es su autonomía y la plena libertad de sus integrantes, su inviolabilidad, pero también debe interesarle la aplicación expedita y oportuna de la ley cuando alguno de ellos la quebrante.

El fuero no debe ser un obstáculo político insalvable para que la autoridad proceda en contra de quien presuntamente actuó fuera de la ley y cometió un delito.

En todo caso, conviene al prestigio del propio parlamento un actuar eficaz de la autoridad, en la medida en que no afecte las facultades constitucionales del órgano legislativo o su propia integración.

Es igualmente inconcuso que los procedimientos de desafuero ante este órgano legislativo necesariamente están condicionados por razones de carácter partidista y atienden a motivaciones que no siempre son las estrictamente legales.

Por ello se propone que sea un órgano ajeno el que analice la procedencia del desafuero desde una perspectiva estrictamente jurídica y que, en el caso del Congreso, las Cámaras conserven una potestad final de actuar cuando se pudiera afectar su integridad.

Así, esta facultad quedaría en manos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, previa querella de la Procuraduría General de la República, y respetando la garantía de audiencia del inculpado y las reglas del debido proceso, emitiría una declaratoria analizando la existencia del delito, la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita, que son los mismos elementos jurídicos que analizan los órganos instructores de esta Cámara en los procesos de desafuero.

Este procedimiento, estrictamente jurídico, desarrollado ante un órgano jurisdiccional en un lapso no mayor de treinta días, generaría certidumbre y la plena convicción de imparcialidad.

Se propone también en la iniciativa precisar en la Constitución que cuando el servidor público goce de licencia, no se requerirá declaratoria de desafuero para proceder en su contra. Esto resolvería la polémica jurídica en torno a este tema.

Se presenta también una propuesta de adición al artículo 61 para abrir la posibilidad de que un legislador sea detenido si comete un delito grave y es sorprendido en flagrancia.

Igualmente, se plantea precisar el lapso en que tiene vigencia la protección del fuero en el caso de los legisladores y al efecto se propone que éste se inicie desde el momento en que se expidan las correspondientes constancias de mayoría y validez o de asignación que les acrediten como tales, hasta el día en que concluya su función.

Responsabilidad penal del Presidente de la República

En el caso de la responsabilidad penal del Presidente, se propone precisar que podrá ser encauzado por traición a la patria y delitos graves del orden federal y del orden común, para resolver el debate constitucional al respecto.

Se plantea también cambiar el proceso para la aplicación de sanciones penales, de tal manera que éste no continúe a cargo de las Cámaras del Congreso, sino que pase al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que, al recibir la querella correspondiente, analizará la procedencia de la misma y en su caso continuará la tramitación del juicio hasta concluirlo.

El método de sustitución que se propone en el caso extremo de una sentencia condenatoria es encargar la titularidad del Ejecutivo al Presidente del Senado de la República en tanto el Congreso hace uso de sus facultades de sustitución.

Juicio Político

En el juicio político se mantiene la potestad del Congreso para actuar como órgano de acusación y sentencia y se incorpora la posibilidad de instaurarlo contra el Presidente de la República, en el caso de que sus actos atenten de manera reiterada contra la Constitución, la soberanía nacional, la seguridad interna del país, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los demás poderes de la unión y el ejercicio de los derechos políticos individuales y sociales.

Con lo anterior nuestro país dejaría atrás una de las últimas expresiones del presidencialismo omnímodo, para asumir que el Ejecutivo puede equivocarse y que su actuación negativa puede ser sometida a juicio por la representación nacional, al extremo de poderlo remover del cargo.

En prácticamente todos los países democráticos con régimen presidencial existe esta figura.

Se plantea que en el extremo de la remoción del titular del Ejecutivo, opere un sistema de sustitución inmediata en la persona del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta en tanto el Congreso no determina la sustitución temporal o definitiva en términos de los artículos 84 y 85 de la Constitución.

Responsabilidad patrimonial

Para prestigiar la política y dar esperanza a los ciudadanos, es preciso fortalecer valores, recuperar principios y apegar la conducta de todos a la legalidad.

Los fenómenos de corrupción, de abuso del fuero, la exposición pública de la arbitrariedad y la impunidad, han lastimado gravemente a la política.

Hay una severa exigencia social en la dirección de asumir el servicio publico como tal, alejado de visiones patrimonialistas y corruptas.

Se exige apego a la ley y transparencia, en particular en lo que se refiere a las cuestiones patrimoniales.

Por esta razón, en la iniciativa se propone precisar a nivel constitucional la obligación de los servidores públicos de presentar una declaración patrimonial juramentada, como requisito previo para tomar posesión del cargo.

Esta declaración contendría dos elementos adicionales: sería publicada y contendría la autorización expresa para dejar sin efecto el secreto bancario, fiduciario o fiscal que protege los bienes y derechos del declarante.

Régimen de incompatibilidades

Hay también un severo reclamo social contra la confusión y el conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública.

Por ello, se propone regular en un artículo un régimen de incompatibilidades, de tal manera que el servidor público no pueda desempeñar otro cargo o empleo público o privado incompatible, ni gestionar en nombre propio o ajeno ante las entidades de la administración publica, asuntos en los que el servidor publico tenga directa o indirectamente interés económico, o celebrar contratos con cualquier institución publica o privada vinculada de alguna manera a intereses públicos.

Se plantea considerar como causal de juicio político y por tanto de destitución del cargo el incurrir en alguno de estas conductas.

Sanciones

Se propone adicionalmente hacer más estricto el régimen de sanciones, de tal manera que, cuando se afecte intencionalmente el patrimonio del Estado, los plazos de prescripción se dupliquen y no proceda ni el indulto, ni la amnistía, ni la conmutación de la pena.

La iniciativa pretende iniciar un debate a fondo sobre el sistema de responsabilidad de los servidores públicos, para prestigiar la política, para fortalecer la democracia, para responder con eficacia al claro reclamo social.

En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución, los suscritos diputados federales presentamos la presente

Iniciativa de reformas y adiciones al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 108 a 114, y al artículo 61 de la misma Norma Suprema, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Título Cuarto

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título son servidores públicos los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los servidores del Instituto Federal Electoral, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la entidad de fiscalización superior de la Federación, del banco central y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, o en la del Distrito Federal.

Los servidores públicos deben desempeñar su función apegándose a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, equidad y eficiencia; serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Los gobernadores de los estados, los integrantes de los ayuntamientos, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los estados precisarán, en los mismos términos de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios.

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes bases:

I. Se sancionará, mediante juicio político, a los servidores públicos cuando en el desempeño de su cargo incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

No procederá el juicio político por la mera expresión de ideas;

II. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, equidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Dichas sanciones consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como penas económicas que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones. No podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencias de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción II de este artículo. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años y se duplicarán si afectaron el patrimonio del Estado.

III. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación respectiva y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

La responsabilidad por delitos cometidos por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal. Nunca serán inferiores a tres años y se duplicarán en el caso de delitos intencionales que hubieren causado una afectación patrimonial al Estado.

Los plazos de prescripción se interrumpirán en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 110.

En delitos intencionales cometidos contra el patrimonio del Estado no procederá amnistía, indulto ni la conmutación de la pena.

IV. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente.

V. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

VI. En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá ningún trámite previo para proceder en su contra.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político el Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el Consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los integrantes de la Junta de Gobierno del banco central, el titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

El Presidente de la República sólo podrá ser sometido a juicio político por actos que atenten de manera reiterada contra:

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. La soberanía nacional.

III. La seguridad interna del país.

IV. El libre ejercicio de las facultades constitucionales de los demás Poderes de la Unión.

V. El ejercicio de los derechos políticos individuales y sociales.

La Cámara de Diputados procederá en su caso a presentar la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes, después de sustanciar el procedimiento legal y de concederle audiencia al inculpado.

Conociendo de la acusación, la Cámara de Senadores erigida en jurado de sentencia, practicará las diligencias correspondientes con audiencia del acusado y con el voto de las dos terceras partes del total de senadores integrantes de esa Cámara dictará resolución.

Si ésta fuera condenatoria, el Presidente de la República quedará separado de su cargo y su lugar lo ocupará el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta en tanto el Congreso ejerza las facultades de sustitución que le otorgan los artículos 83 y 84 de esta Constitución.

Si la resolución fuere absolutoria el expediente se archivará y se ordenará dar amplia difusión a la misma.

En el caso de juicio político en contra de los demás servidores públicos, el procedimiento será similar, pero sólo se requerirá mayoría absoluta del número de miembros presentes en la sesión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

Las resoluciones de ambas Cámaras son definitivas e inatacables.

Los gobernadores de los estados, los diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de tres meses a partir de iniciado el procedimiento.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los servidores públicos mencionados en el artículo anterior se requerirá declaratoria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa querella de la Procuraduría General de la República.

No es necesaria dicha declaratoria en el caso de los magistrados de circuito y jueces de distrito, magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

La declaratoria se limitará a establecer la existencia del delito, la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita.

El Presidente de la República sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del fuero federal y del fuero común.

Si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que hay elementos suficientes para enjuiciar al Presidente de la República, lo comunicará a la Cámara de Diputados y al Senado de la República y seguirá conociendo de la causa hasta dictar resolución definitiva.

Si la resolución fuere condenatoria, el Presidente de la República quedará separado de su cargo y el Presidente del Senado de la República ocupará su lugar hasta en tanto el Congreso ejerza las facultades de sustitución que le otorgan los artículos 83 y 84 de esta Constitución.

Si la resolución fuere absolutoria el expediente se archivará y se ordenará dar amplia difusión a la misma.

En el caso de senadores y diputados federales, la declaratoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se comunicará a sus respectivas Cámaras para que éstas, en su caso, procedan a remover el fuero constitucional a los inculpados, quedando así a disposición de las autoridades competentes.

En lo que se refiere a los demás servidores públicos la declaratoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá como efectos la remoción del fuero constitucional y la separación de su cargo.

Para proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto la declaratoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se comunicará a las Legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Tanto las declaratorias como las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán el carácter de definitivas e inatacables.

En todos los casos se respetarán las garantías del inculpado y las reglas del debido proceso.

Las declaratorias acerca de la remoción del fuero deberán, salvo caso excepcional, dictarse en un lapso no mayor de treinta días a partir de la fecha en que se presente la querella respectiva.

No se requerirá declaratoria cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 110 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo o goce de licencia.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones o a sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 110, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Si el proceso penal respectivo culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

Artículo 112. Los servidores públicos deberán presentar al inicio y al término de su gestión una declaración patrimonial, bajo protesta de decir verdad. No podrán tomar posesión del cargo para el cual hubieren sido electos o designados, hasta no hacerlo.

Dicha declaración contendrá la autorización para que, de ser necesario, quede sin efecto el secreto bancario, fiduciario o fiscal que protege sus bienes y derechos.

La declaración patrimonial será publicada en la forma y términos que determine la ley respectiva.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos y no puedan justificar su procedencia lícita. La sanción será el decomiso, la privación de la propiedad de dichos bienes y las otras penas que correspondan.

Artículo 113. Los servidores públicos no podrán desempeñar otro cargo o empleo público o privado incompatible con su responsabilidad.

Será causal de juicio político el hacerlo, así como gestionar en nombre propio o ajeno ante las entidades de la administración pública, asuntos en los que el servidor público tenga directa o indirectamente un interés económico y celebrar contratos con cualquier institución pública o privada que administre, maneja o invierta recursos públicos, o sea contratista del Estado o reciba donaciones de éste.

Se exceptúan el ejercicio de la cátedra universitaria y la adquisición de bienes y servicios que se ofrezcan a los ciudadanos en igualdad de condiciones.

Artículo 114. La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa y regular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

No podrán ser arrestados desde el día en que se expidan las correspondientes constancias de mayoría y validez o de asignación que los acrediten como tales, hasta cuando concluya su función, salvo el caso de delito grave cometido en flagrancia, entonces se dará cuenta a la Cámara respectiva y al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que procedan conforme lo dispone el artículo 111 de esta Constitución.

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Transitorios

Primero. La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su aprobación por el Constituyente Permanente.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación en materia de responsabilidad de servidores públicos en un lapso que no exceda de seis meses posteriores a la entrada en vigor de esta reforma.

Tercero. En el lapso en que se reforman las leyes reglamentarias seguirán aplicándose las normas constitucionales y legales vigentes a la fecha.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.--- Diputados: Miguel Angel Yunes Linares, Rafael Moreno Valle, José Angel Ibáñez Montes, Moisés Jiménez Sánchez, Angel Aguirre Rivero, José Adolfo Murat Macías, Guillermo Aréchiga Santamaría, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Francisco Suárez Dávila, Bernardo Vega Carlos, Francisco Rojas Gutiérrez, Evelia Sandoval Urbán, Oscar Pimentel González, Roberto Campa Cifrián, Esthela Ponce Beltrán, Oscar Martín Ramos Salinas, Humberto Martínez de la Cruz, Juan Bustillos Montalvo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, Pablo Anaya Rivera, Gonzalo Guizar Valladares, Concepción Castañeda Ortiz, José Alfonso Muñoz Muñoz, Héctor Gutiérrez de la Garza, Margarita Martínez López, María del Carmen Izaguirre Francos, Marco A. Torres Hernández, Lázaro Arias Martínez, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Alfonso González Ruiz, Humberto Cervantes Vega, Marcela Guerra Castillo, Ivonne Ortega Pacheco, Jesús Zúñiga Romero, Fermín Trujillo Fuentes, José Luis Briones Briseño, Florentino Domínguez Ordóñez, Jesús Aguilar Bueno, Jorge Romero Romero, Miguel Angel Osorio Chong, Oscar Bitar Haddad, Ernesto Alarcón Trujillo (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y transcríbase íntegro el documento en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado.

En el siguiente punto del orden del día tenemos dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la primera de ellas.

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COMISIONES LEGISLATIVAS
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Con todo gusto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

En relación con los atentos oficios de fechas 16 y 23 de marzo del año en curso, suscritos por el C. diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD, mediante el cual hizo del conocimiento de la Junta de Coordinación Política diversas modificaciones en la integración de comisiones respecto de diputados del grupo parlamentario que coordina, me permito informar a usted lo siguiente:

En reunión de trabajo celebrada el día de hoy, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, se dieron por enterados de las comunicaciones formuladas en términos de lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 44, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los cambios que a continuación se precisan:

Diputado Reynaldo Francisco Valdez Manzo, causa alta en las comisiones de Juventud y Deporte, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Diputado Pablo Franco Hernández, causa baja de la Comisión de Seguridad Social.

Diputado Tomás Cruz Martínez, causa alta en el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

Diputado Miguel Agustín Alonso Raya, causa alta en la Comisión Especial para Analizar la Situación en la Cuenca Lerma-Chapala.

Diputado Isidoro Ruiz Argaiz, causa alta en la Comisión de Transportes.

Diputada Ma. Marcela Lagarde y de los Ríos, causa baja de la Comisión de Cultura.

Lo anterior me permito hacerlo de su conocimiento para los efectos que resulten procedentes.

Sin otro particular por el momento, me es grato expresar a usted un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 24 de marzo de 2004.--- Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

De enterado.

Proceda la Secretaría a dar lectura al segundo comunicado.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se somete a la consideración del pleno la integración de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura

CC. Secretarios del H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tenor de los siguientes:

Considerandos

I. Que de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de esta H. Cámara de Diputados dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

II. Que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ``declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución'', así como ``conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren''.

III. Que la Junta de Coordinación Política, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 numeral 1 inciso b), en correlación con el inciso c) del mismo numeral de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, está facultada para presentar al Pleno proyectos de puntos de acuerdo.

IV. Que el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la letra establece:

``Al proponer la Gran Comisión de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la constitución de Comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una Comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las Comisiones, cuatro integrantes para que formen la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores.

Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Gran Comisión, de entre los miembros de las Comisiones respectivas.''

V. Que de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en correlación con el artículo 40, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta H. Cámara de Diputados integró la Comisión Jurisdiccional el 30 de septiembre de 2003, por lo que a la fecha, considerando las sustituciones realizadas por los Grupos Parlamentarios, está conformada de la siguiente manera:

Mesa DirectivaPresidente: Dip. Federico Barbosa Gutiérrez

Secretaria: Dip. Consuelo Muro Urista

Secretario: Dip. Sergio Vázquez García

IntegrantesDip. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara

Dip. Enrique Burgos García

Dip. Horacio Duarte Olivares

Dip. Alvaro Elías Loredo

Dip. Rogelio Franco Castán

Dip. Cuauhtémoc Frías Castro

Dip. Rebeca Godínez y Bravo

Dip. José González Morfín

Dip. Pablo Alejo López Núñez

Dip. Germán Martínez Cázares

Dip. Rosalina Mazari Espín

Dip. María Sara Rocha Medina

Dip. Manuel Velasco Coello

VI. Que atendiendo a las disposiciones citadas anteriormente, esta Junta de Coordinación Política, ha considerado oportuno presentar a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la integración de la Sección Instructora, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en consecuencia, este órgano legislativo esté en aptitud de ejercer las facultades que constitucional y legalmente le corresponden, para sustanciar en lo conducente las solicitudes de declaración de procedencia, así como del procedimiento de juicio político, enmarcados en los artículos 111 y 110 de nuestra Constitución, respectivamente.

Atendiendo a los fundamentos y motivaciones expuestas en los considerandos, esta Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.- La H. Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en correlación con el artículo 40, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda integrar la Sección Instructora encargada de sustanciar los procedimientos inherentes al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Segundo.- Para los efectos del presente instrumento, la Sección Instructora quedará integrada por los siguientes Diputados Federales:

Presidente: Dip. Horacio Duarte Olivares

Secretaria: Dip. Rebeca Godínez y Bravo

Integrante: Dip. Francisco Cuauhtémoc Frías Castro

Integrante: Dip. Alvaro Elías Loredo

Tercero.- La Sección Instructora se instalará en el lugar que les sea asignado y se les proveerá de los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Cuarto.- Aprobado el presente acuerdo por el Pleno de la Cámara de Diputados, publíquese en la Gaceta Parlamentaria, y a efecto de que entre en vigor, publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo, México, DF, a 24 de marzo de 2004.--- Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Francisco Barrio Terrazas, (rúbrica a favor de su instalación, en contra de la forma como se está integrando); coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

Señoras y señores legisladores:

Este documento de la Junta de Coordinación Política tiene que ser sometido a discusión y votación del pleno, en virtud de que plantea la integración de la directiva de la Sección Instructora. Pero la Presidencia advierte que este acuerdo está constituido por cuatro apartados y que uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política lo ha suscrito con una nota que dice: ``A favor de su instalación, en contra de la forma como se está integrando''.

En esas condiciones, la Presidencia abrirá el debate, primero en lo general, y considera que sea apartado para debatir en lo particular el apartado segundo del acuerdo.

Entonces habrá dos registros de oradores: primero en lo general y luego en lo particular. Y habrá dos votaciones: la primera en lo general, sin el apartado segundo, y la segunda votación sólo en relación con el apartado segundo.

Por lo tanto, está abierta la discusión en lo general.

Tengo registrado en contra al señor diputado José González Morfín, pero en virtud de la nota que aparece, lo considero registrado en la votación en lo particular del apartado segundo.

Pregunto si hay oradores en lo general.

No habiendo oradores en lo general, se instruye a la Secretaría para el efecto de que consulte a la Asamblea si está suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Suficientemente discutido en lo general.

Ahora se instruye a la Secretaría recabe en votación económica de la Asamblea si se está de acuerdo con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, repito, sin tomar en consideración el acuerdo segundo, el segundo apartado del acuerdo que está reservado para discutirlo en lo particular.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Con todo gusto, señor Presidente.

En votación económica se pregunta a la Asamblea si está de acuerdo con el acuerdo leído por parte de la Junta de Coordinación Política.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ahora bien, en los términos de los artículos 133 y 134, aplicados en forma supletoria a este punto, se abre la discusión en lo particular y esta Presidencia tiene registrado en contra al señor diputado José González Morfín, por lo que se refiere al apartado segundo del acuerdo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José González Morfín, en contra del apartado segundo del acuerdo.

El diputado José González Morfín:

Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante diputado.

El diputado José González Morfín:

Compañeras y compañeros diputados:

Voy a fundamentar aquí el voto en contra del grupo parlamentario del PAN, de la forma como se pretende integrar la Sección Instructora.

Desde el día de ayer en la Junta de Coordinación Política expresamos que en nuestra opinión, la Sección Instructora, que solamente se integra por cuatro diputados, debería de quedar integrada por un diputado de cada uno de los grupos parlamentarios, por lo que en seguida señalo.

Leo solamente el último párrafo del artículo 45 de nuestra Ley Orgánica, porque me parece que es fundamental en esta decisión que habremos de tomar.

Ya sabemos todos que el artículo 88 del Reglamento establece que para que haya dictamen se requiere la mayoría de las firmas de los integrantes de una comisión. Sin embargo, en la primera reforma que hizo esta Legislatura y que fue a nuestra Ley Orgánica, agregamos un último párrafo al artículo 45 de la Ley Orgánica, que establece lo siguiente:

``Los proyectos de dictamen de la Sección Instructora y los de las comisiones encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia, sólo pasarán al pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos''. Reitero, ``...sólo pasarán al pleno si son votados por la mayoría de los integrantes''.

Basta entonces, compañeras y compañeros diputados, con que dos diputados ni siquiera voten en contra, se abstengan de firmar el dictamen para que este pleno ya no pueda conocer de un juicio de procedencia sustanciado en la Sección Instructora.

Entonces, a mí me parece verdaderamente grave que dejemos en manos de un solo grupo parlamentario, de un solo partido político, una decisión tan importante, tan trascendente para esta Cámara de Diputados.

A mí me parece y quisiera entender, no entiendo realmente por qué el PRD acepta entregar esta decisión tan importante a un solo grupo parlamentario. Yo creo que hay ocasiones en que se requiere que la pluralidad de la Cámara quede perfectamente reflejada en la integración de algunos de sus órganos.

Este es tal vez uno de los más importantes, ¿de qué estamos hablando? y quisiera, señor Presidente, para que no se me agotaran los dos minutos que me quedan, que instruyera a la Secretaría para que diera lectura sólo al primer párrafo del artículo 111 constitucional.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se suspende el marcaje del tiempo, se instruye a la Secretaría para que dé lectura al primer párrafo del artículo 111 constitucional.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Con todo gusto, señor Presidente.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Cumplida su encomienda, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

Continúe el marcaje de tiempo y continúe su intervención, señor diputado.

El diputado José González Morfín:

Quise que se leyera nada más para que se vea de qué estamos hablando, del tamaño de la responsabilidad.

La Constitución deja en años sólo de la Cámara de Diputados, la responsabilidad de declarar por mayoría absoluta, cuándo se puede proceder contra todos esos funcionarios que se leyeron: senadores, diputados federales, diputados locales, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ministros de la Corte etcétera, todos, absolutamente todos, solamente en el caso de los senadores, tiene esta decisión que ser ratificada por la propia Cámara de Senadores, todos los demás aquí se resuelven por mayoría absoluta.

Entonces estamos hablando de una comisión llamada Sección Instructora que tiene una enorme responsabilidad en términos constitucionales y que tiene una enorme responsabilidad para nosotros como diputados, en todo caso su integración.

Nosotros hemos dicho, que si bien es cierto el número no ayuda...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento diputado González Morfín, suspéndase el marcaje del tiempo. La diputada Sofía Castro, por favor activen el sonido en su curul.

La diputada Sofía Castro Ríos (desde su curul):

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Con qué propósito, diputada?

La diputada Sofía Castro Ríos (desde su curul):

Para solicitarle a la Presidencia pregunte al orador si acepta una pregunta.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Acepta diputado González Morfín?

El diputado José González Morfín:

Con mucho gusto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Lo acepta y la Presidencia está de acuerdo, adelante.

La diputada Sofía Castro Ríos (desde su curul):

Diputado Morfín, usted señala que el argumento para tener acreditados en la Comisión Instructora a dos diputados del PRI es un acto que no permite la apertura democrática.

Pero, yo le pregunto a usted, ¿en la LVIII Legislatura el PAN sostuvo a dos de sus integrantes y ahora el argumento cuál sería? Esta es mi pregunta.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada, proceda diputado González Morfín y suspéndase el marcaje del tiempo.

El diputado José González Morfín:

Qué bueno que me hicieron esta pregunta; por eso comencé en mi intervención leyendo un precepto que nosotros aprobamos en nuestra primera sesión, donde a lo que establece el artículo 88 del Reglamento, le hacemos todavía un agregado, un candado mayor, por llamarlo de alguna manera, que basta con que dos de los cuatro integrantes decidan no firmar un dictamen de la Sección Instructora para que el pleno no pueda conocer y resolver sobre él, eso es responsabilidad nuestra.

Pero, independientemente de esto, compañera diputada y con todo respeto, yo creo que esta legislatura va a responder por sus actos, nosotros vamos a responder ante la ciudadanía por lo que nosotros hagamos aquí en la LIX Legislatura y eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, diputado González Morfín. Diputado Romero Romero, por favor activen el sonido en su curul.

El diputado Jorge Romero Romero (desde su curul):

Cree usted, diputado...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Jorge Romero Romero (desde su curul):

Para una pregunta si la acepta el orador.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Don Jorge Romero Romero pretende hacerle una interpelación, una pregunta. ¿Acepta diputado González Morfín?

El diputado José González Morfín:

Si usted lo autoriza, señor Presidente, con mucho gusto.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aceptado también por la Presidencia. Adelante don Jorge.

El diputado Jorge Romero Romero (desde su curul):

¿Cree usted que venir a argumentar que cuando se firmó el acuerdo, que fue efectivamente el primer acuerdo del que usted remite esta respuesta a la compañera Sofía, fue una inocentada que se cometió después de la osadía de haber avasallado la Sección Instructora en la LVIII Legislatura?

El diputado José González Morfín:

No, yo creo que cada quien...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, diputado González Morfín.

El diputado José González Morfín:

Gracias, señor Presidente.

Yo creo que cada quien tiene su responsabilidad, yo lo que señalo son hechos concretos, diputado Romero. O sea, nosotros aprobamos, hasta donde yo entiendo, por unanimidad esa disposición, me parece que es un candado adicional al que ya establecía el artículo 88 del Reglamento que es un artículo muy añejo, desde 1936; yo no quiero aquí juzgar si es necesario o no es necesario, yo me estoy refiriendo a la responsabilidad que nosotros asumimos en términos constitucionales y al riesgo que representa de acuerdo con la normatividad vigente, el que un solo grupo parlamentario y no me importa en este caso... digo, estaría en desacuerdo si fueran del PAN, si fueran del PRD, si fueran del PRI o si fueran de otro grupo parlamentario.

Yo lo señalé en su momento, que a mí me parece que por este dato que estoy dando y por la responsabilidad que tenemos como diputados de la LIX Legislatura... porque a la Sección Instructora seguramente...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Ha concluido la respuesta?..

El diputado José González Morfín:

Voy a terminar la respuesta, señor Presidente.

Seguramente van a llegar muchos casos que tengan qué ver con diputados de todos los partidos políticos, incluyendo por supuesto al mío, me parece que lo mejor sería que se recogiera la pluralidad. Nada más.

Con esto concluyo la respuesta y si me lo permite termino también con mi intervención.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúe el marcaje de tiempo.

El diputado José González Morfín:

Me parece pues, como ya lo he dicho, que en un órgano tan importante que en términos de opinión pública tendrá tanto qué ver con lo que la gente piense de esta Legislatura es muy importante la pluralidad.

Lamentablemente en la Sección Instructora sólo podrán ir cuatro y además a la Comisión Jurisdiccional solamente concurren cuatro de los grupos parlamentarios, por eso hicimos la propuesta de que se integrara con un diputado de cada uno de los grupos parlamentarios.

Reitero simplemente para concluir. Es la comisión que va a sustanciar todo el procedimiento, todo el procedimiento de todos los juicios de procedencia que aquí llegan. A mí me parece que como diputados de esta Legislatura tenemos una enorme responsabilidad y yo creo que no podemos votar el acuerdo en los términos en que viene. Yo propondría que lo votáramos en contra y que diéramos oportunidad a la Junta de Coordinación Política a que mandara otro en términos como yo lo he señalado.

Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar también en contra de este apartado segundo, el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente:

En efecto, creo que hoy México, los ojos de México, de los mexicanos, de la opinión pública, están puestos en esta Cámara respecto de lo que es indudablemente un reto histórico, el que esta Cámara asuma su función jurisdiccional con toda pulcritud, con toda precisión y con toda imparcialidad para suscitar la confianza, la esperanza, las posibilidades del ejercicio y de la vigencia del régimen de derecho en el país.

Y si el año pasado cometimos un serio yerro para llamarlo indulgentemente, lo que fue la revocación de un acuerdo de esta Cámara para abrir justamente o para celebrar el juicio de procedencia que la Comisión Jurisdiccional de la anterior legislatura, había dejado precisamente, dispuesto para desahogarse y sustanciarse en el primer periodo de sesiones de esta legislatura, hoy no podemos volver a incurrir en un error semejante.

El que se integren estas comisiones instructoras con clarísima tendencia mayoritaria de los partidos afectados, respecto de las personas o de los individuos sujetos a esos juicios, es evidentemente violar un principio elemental de que nadie puede ser juez y parte en una causa.

Ello, compañeros diputados, nos obliga necesariamente a una introspección ética en serio. Todos lo sabemos, no creo que nadie lo ignoremos, que en los Estados democráticos del mundo más efectivos, más activos, son justamente estos principios de la equidad, de la integración plural y muy por sobre todo, también de la función más relevante de las minorías en los parlamentos, el que se integren estas instituciones, estas instancias jurisdiccionales con miembros, sobre todo de los partidos minoritarios que no tienen o que no están afectados por un interés en el caso concreto; ello para garantizar a la ciudadanía que se representa la objetividad, la legalidad y la imparcialidad en las resoluciones que ahí se adopten.

El volver a insistir como ahora, en que sea un partido el que predomine y que tenga por consiguiente, el peso específico para inclinar la balanza de su lado, es obviamente violentar el derecho, violentar el criterio más elemental de justicia. Por eso, nos tenemos que rebelar ante esta decisión, por eso tenemos que impugnar el que se adopte este acuerdo que hoy se ha puesto a consideración de esta Asamblea.

Ya ocurrió días antes y aquí también tengo que hacerle el cargo al PAN, cuando a mí me excluyeron de la Comisión de Examen Previo de la Subcomisión de Examen Previo, en la Comisión de Gobernación. Sabemos que solicité participar y ser parte de ella, porque había interés de Convergencia para estar justamente aportando lo mejor para el examen de los casos y para que el curso de la justicia se lleve a cabo hasta sus últimas consecuencias. No obstante, que se solicito en tiempo, se me excluyó y se le dio lugar a otro partido y en la Comisión de Examen Previo hay también ahí, mayoría del PRI y del PAN, que son justamente los partidos que se verán más afectados con estas denuncias que se están presentando cada vez con mayor inmediatez en nuestra vida política.

Es por ello, pues que nosotros anotamos aquí un voto firme, un voto definido en contra de una integración parcial y sectaria de una comisión tan trascendente, como es la Comisión Instructora en esta Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea, si está el punto de acuerdo, el apartado segundo del punto de acuerdo, suficientemente discutido en lo particular... Un momento, señora Secretaria.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Sí, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Perdón. Activen el sonido en la curul del diputado Pablo Alejo López.

El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde su curul):

Sí, señor Presidente.

Unicamente para solicitar con fundamento en el artículo 148, la votación nominal de este artículo reservado.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Quiénes se adhieren a su solicitud, señor diputado?..

En virtud de que están satisfecho los requisitos del artículo 148, porque ha sido apoyado en su solicitud, el señor diputado don Pablo Alejo Núñez, por más de cinco legisladores, proceda la Secretaría primero, a consultar a la Asamblea, si está suficientemente discutido en lo particular.

Perdón, un momentito.

Señor diputado aclárenos, don Pablo Alejo López Núñez. La votación nominal la solicita usted para votar el apartado segundo o esta votación que está pidiendo que si está suficientemente discutido.

El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde su curul):

Es el apartado segundo, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Muy bien. Entonces, en votación económica proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea si está suficientemente discutido este apartado segundo del acuerdo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Con todo gusto, señor Presidente.

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido el apartado segundo del punto de acuerdo reservado.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo....

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente... Suficientemente discutido en lo particular.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ahora, satisfecho el requisito del artículo 148, y a solicitud del señor diputado don Pablo Alejo López Núñez, proceda la Secretaría a recabar la votación nominal y para tal efecto disponga se abra el sistema electrónico de recepción de votación por un lapso de cinco minutos.

Un momento.

Dígame diputado don Wintilo.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):

Le pediría, de ser posible, señor Presidente, pudiera clarificar el sentido de la votación a favor y en contra.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Correcto.

El sentido de la votación será, a favor o en contra del apartado segundo del acuerdo que solicito a la Secretaría le dé lectura. A favor en sus términos, en contra, si es en contra de sus términos, pero para que quede claro, instruyo a la Secretaría le dé lectura únicamente al apartado segundo, que es lo que está sometiéndose a votación del acuerdo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Con todo gusto, señor Presidente.

Acuerdo segundo. Para los efectos del presente instrumento, la Sección Instructora quedará integrada por los siguientes diputados federales: presidente, Horacio Duarte Olivares; secretaria, Rebeca Godínez y Bravo; integrantes, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro y Alvaro Elías Loredo.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

De acuerdo con la lectura que ha hecho la Secretaría, la votación sí, será a favor del acuerdo en sus términos; la votación no, por supuesto será en contra de como está el acuerdo.

Proceda la Secretaría por cinco minutos, a instruir la apertura del sistema electrónico.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del apartado segundo del punto de acuerdo.

(Votación.)

De viva voz:

El diputado Jesús Angel Díaz Ortega (desde su curul):

Sí.

El diputado Angel Agusto Buendía Tirado (desde su curul):

A favor.

El diputado Francisco Rojas (desde su curul):

A favor.

El diputado César Antonio Chávez Castillo (desde su curul):

A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Señor Presidente, la votación es como sigue: 247 a favor, 143 en contra y 26 abstenciones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado el apartado segundo del punto de acuerdo y aprobado el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política.

Comuníquese después de la declaratoria de aprobados en lo general y en lo particular.

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REFORMA ELECTORAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es el debate pactado sobre la reforma electoral. Se han inscrito para la primera ronda los siguientes diputados: Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia; Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Barrio Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;

En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Martínez Alvarez.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

México viene avanzando con paso firme en la mejora constante en su legislación electoral. Esto viene desde diciembre de 1963, año en que se produce la constitucionalización semántica de los partidos políticos.

Desde entonces a la fecha, esta Cámara, este Congreso, con diferentes grados de consenso, se ha dado a la tarea de perfeccionar las reglas de la competencia electoral.

Esta soberanía ha discutido y aprobado adecuaciones a nuestro marco jurídico electoral en el año de 1970, 1973, 1977, 1980, 1982, 1986, 1989, 1990, 1993 y finalmente en 1996.

La autoridad electoral ha evolucionado desde aquella Comisión Federal de Vigilancia Electoral de la Ley Electoral Federal de 1946, pasando incluso por aquella Comisión Federal Electoral de los ochenta, que presidía el Secretario de Gobernación y en la que un solo partido tenía 16 de los 31 votos posibles, hasta llegar a la actual conformación del IFE, producto de las reformas constitucionales legales de 1996, cuyo órgano superior de dirección es completamente autónomo y ciudadanizado y en el que los partidos políticos tienen voz pero no voto.

A lo largo de todo este tiempo hemos podido ver cómo este Congreso ha ido concediendo mayores derechos y prerrogativas a los partidos políticos nacionales, pero también le ha impuesto mayores deberes y les ha otorgado a las autoridades mayores facultades para vigilar su apego a derecho.

En 1990 se aprobó el Cofipe que derogó al Código Federal Electoral y que fue votado a favor por cinco de los seis grupos parlamentarios que integraban esta Cámara de Diputados.

Sabemos que con la reforma de 1996, que son las que hoy nos rigen, hoy día se modificó una vez más el texto constitucional, señalando, entre otras muchas cosas, que la filiación a los partidos debía de ser en forma libre, individual; terminándose con esta forma con la afiliación colectiva, se suprimió la figura de registro condicionado, se dispuso que las agrupaciones políticas que aspiren a obtener su registro como partido político, deben formular una declaración de principios, programa de acción y estatutos, contar con determinado número de afiliados, de asambleas, porcentajes en distritos, en entidades federativas. Estos requisitos, por cierto, fueron modificados hace unos meses para hacer más difícil el acceso al sistema de partidos, sin embargo, debemos aceptarlo y debemos reconocerlo. Los últimos problemas que se han presentado, han venido a poner de manifiesto aun las grandes deficiencias que tenemos en materia electoral.

Todos los mexicanos que desean una verdadera democracia participativa, reciben con entusiasmo todas las iniciativas que se han presentado por diputados de diferentes partidos, por partidos políticos en lo particular, pero sobre todo, también del Ejecutivo Federal.

Y creo, habiendo analizado cada una de estas propuestas, que afortunadamente la mayor parte de las propuestas permiten los consensos prácticamente de todos los partidos, porque en principio, estamos de acuerdo en que es necesario disminuir los costos de las campañas electorales, estamos de acuerdo, desde luego, en que se regulen las precampañas; estamos de acuerdo en disminuir sustancialmente los recursos públicos a los partidos políticos en la medida en que todos los partidos políticos tengamos acceso de manera equitativa a través de los medios de comunicación y solamente a través del Instituto Federal Electoral.

Estamos de acuerdo que el Instituto Federal Electoral tenga más facultades en materia de fiscalización, estamos de acuerdo en que se empaten los procesos electorales municipales, estatales y nacionales en dos, en cuatro o en seis procesos electorales. No podemos seguir permitiendo que en nuestro país tengamos más de 64 procesos electorales y que el país, este país de México, tenga una de las más costosas campañas electorales sumando las prerrogativas de los partidos y, sobre todo, lo que propicia la desviación de los recursos de diversos gobiernos estatales, gobiernos municipales, pero particularmente, de la desviación que se hace de los programas sociales.

Nuestro Partido de Convergencia, como ustedes lo saben, presentó una iniciativa sobre Ley de Partidos Políticos, donde estamos hablando de la actualización del sistema de partidos políticos en este país, porque no podemos permitir que actualmente varios de los partidos se encuentren capturados o secuestrados por grupos de interés por sus propias dirigencias; porque no podemos seguir permitiendo que los militantes de los partidos políticos no conozcan ni siquiera de manera clara cuáles son las reglas para poder acceder a los cargos de elección popular o poder ocupar un cargo dentro de la dirección de su partido político; y desde luego, algo muy importante: hoy, los partidos políticos, como entidades de interés público, no podemos rendirle solamente al IFE cómo se manejan los recursos públicos, necesitamos que los propios militantes tengan derecho a saber cómo se manejan los recursos en sus partidos políticos.

Necesitamos transparentar y rendir cuentas a la sociedad, quien es la que finalmente sostiene con sus impuestos la vida de los partidos políticos en este país.

Sin embargo, hoy como nunca, no se trata de competir cuál de todas las propuestas, incluyendo la del Ejecutivo, es la que debe imponerse. El Partido de Convergencia acepta todas aquellas propuestas en las que coincidimos, y en este sentido podemos hablar de que en un 70%, según el análisis general que hemos realizado, tenemos ya prácticamente consenso, pero creo que tenemos la capacidad de poder seguir avanzando con alteza de miras y pensando en los intereses superiores del país, en prácticamente llegar a un 80% ó 90% de los consensos.

Y si lamentablemente no se diera el caso de algún porcentaje menor, en donde no nos pusiéramos de acuerdo habría que dejarlo a un lado, porque es preferible el 70%, el 80% de un 100% que el 0% de nada.

En muchas ocasiones hemos visto como fracasan las buenas intenciones, cuando algún partido o el propio Poder Ejecutivo tratan de imponer su propia propuesta, aquí de lo que se trata es de que gane la democracia, aquí de lo que se trata es de que se fortalezcan las instituciones, aquí de lo que se trata es de que los partidos recuperemos la credibilidad que hemos venido perdiendo.

Muchas gracias.

Presidencia de diputado Antonio Morales de la Peña

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Alejandro González Yáñez:

Gracias, señor Presidente; legisladoras y legisladores:

Se convino un debate pactado sobre la reforma electoral y consideramos conveniente entrar directamente al debate, la propuesta del Presidente Vicente Fox y del precandidato Santiago Creel, que empieza a establecer las bases para que las reglas jueguen a su favor, no resuelve los grandes problemas electorales de la lucha política contemporánea en México, los cuales son los siguientes:

1. La corrupción que impera sobre los dineros públicos que se destinan a los partidos políticos.

2. El financiamiento privado ilegal, tanto nacional como extranjero, que compra candidaturas, compra partidos, compra puestos públicos, se vive de facto la privatización de la política y la privatización del poder político.

3. Campañas que se han convertido en las verdaderas campañas, es decir, para algunos la estrategia es que la campaña constitucional sólo sea la última etapa de toda su campaña electoral, es decir, la precampaña como principal campaña electoral.

4. La iniquidad en el acceso a los medios de comunicación y en general la iniquidad en todo el proceso electoral.

5. La prevalencia de campañas de Estado que son tan ilegales como inequitativas.

Estos cinco son los que podemos considerar los grandes problemas contemporáneos que hay que resolver.

La iniciativa de Vicente Fox y del precandidato Creel, no toca el financiamiento privado verdadero problema de la perversión que han sufrido los procesos electorales en nuestro país y lo vamos a reiterar, el desencanto contemporáneo en los procesos comiciales es sobre todo por el escándalo de los ``Amigos de Fox''; por el escándalo del Pemex-gate; por el escándalo de los vídeos políticos. Es decir, estos son los principales escándalos.

En relación al financiamiento público el más sonado es la corrupción del más recordado Partido de la Sociedad Nacionalista. De los cuatro grandes escándalos nacionales, tres se originan por el financiamiento privado, no necesariamente por el financiamiento público.

La propuesta de Vicente Fox y del precandidato Creel en relación a las precampañas, no garantiza ni asegura su control, es más, es una propuesta light que solamente esconde sus verdaderas intenciones. La propuesta de Fox, Creel, no resuelve las campañas mediáticas de Estado, sólo las toca por arriba.

Vamos a explicarnos lo siguiente: ¿Cómo es posible que Vicente Fox haya llegado al poder a través de una de las campañas más largas de la historia del país y ahora supuestamente propone una campaña corta? ¿Cómo es que Vicente Fox llegó al poder a través de una de las campañas más caras de la historia de México y ahora supuestamente propone una campaña barata?

Hay un giro en la estrategia y a esto los alertamos. La estrategia es que ahora son dueños del Poder Ejecutivo y se preparan a una campaña de Estado. Esa es la estrategia de Santiago Creel. Por eso estamos proponiendo y lo hemos hecho categóricamente este día a través de la iniciativa de reforma electoral integral y democrática del Partido del Trabajo, que no sólo se prohíba la propaganda gubernamental un mes antes de la jornada electoral; estamos proponiendo que la propaganda gubernamental se prohíba en todo el proceso electoral, para evitar una campaña mediática de Estado.

Además proponemos la prohibición total y completa del financiamiento privado, porque ésa ha sido la puerta para el financiamiento ilegal de las campañas. Proponemos no sólo la disminución de los tiempos de las precampañas, sino la prohibición completa del uso de los medios masivos de comunicación en dichas precampañas.

Proponemos que sea el Instituto Federal Electoral el único que tenga la posibilidad de contratar tiempos y espacios en los medios de comunicación. Proponemos la recuperación de la figura de las candidaturas comunes para que cada partido se haga valer en cada proceso electoral.

Proponemos flexibilizar las coaliciones, ahora es un absurdo; ahora nuestro marco jurídico realmente no contempla coaliciones; jurídicamente hablando son fusiones. ¿Cómo es posible que para hacer una coalición se deban de tener incluso los mismos documentos básicos? Es aberrante. Es urgente flexibilizar las coaliciones.

Proponemos la cancelación de las candidaturas en el mismo proceso electoral a quien violente los topes de campaña. A todo pasado no hay sanción.

Proponemos modificar la fórmula de asignación de los recursos a los partidos políticos para hacer más equitativas las campañas.

Proponemos, finalmente, que sean los partidos políticos los que dispongan de los tiempos oficiales del Estado mexicano para acceder a la propaganda en medios y hacemos una advertencia y alerta: ir a campañas cortas significa sólo ir a campañas mediáticas y las campañas mediáticas alejan más a los partidos del pueblo.

No se va a hacer una campaña de contacto directo, de compromiso con la población. Si ustedes avanzan en disminuir los tiempos de campaña tengan la certeza de que se va a incrementar la abstención, que es uno de los principales males de la contemporánea democracia mexicana.

Al revés, se debe de estimular a los partidos políticos a que hagan campaña territorial, de contacto directo con la población para escuchar a la comunidad y sus reclamos, para hacer compromisos directos.

Aparte de estas consideraciones es urgente que el debate se dé entre todas las iniciativas que se han presentado y de esa manera podamos construir una propuesta integral alternativa, de acuerdo a la actual coyuntura de la democracia en México.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hace uso de esta tribuna para manifestar su posición a lo que han llamado la reforma electoral, reforma que no sólo es ni será la del Poder Ejecutivo ni tampoco la presentada por algunas fuerzas políticas con representación en este Congreso.

La reforma electoral es y será aquella que logre las magnas demandas y necesidades de la sociedad sin condiciones de ninguna especie. Será también aquella que conjunte las iniciativas presentadas en la materia en los últimos años, las cuales no pueden pasar desapercibidas por las comisiones dictaminadoras.

Será aquella que plasme las demandas ciudadanas de conformidad con la realidad social imperante.

Y uno de los puntos torales que se deben tomar en cuenta para realizar una verdadera reforma electoral es que el sistema adoptado por nuestra Constitución permite que determinados cargos de importancia para la estructuración, diseño y ejecución del Estado y de sus políticas sean ocupados por personas a las que la ciudadanía deposita su confianza y que son postuladas por un determinado partido político, las cuales contribuyen a fijar las líneas de acción inmediatas más importantes en diversos cargos de elección popular.

Por ello deviene necesario actualizar el marco legal para que las autoridades ejecutoras conduzcan su actividad en un orden jurídico previamente determinado, evitando que se excedan en sus facultades y con ello afecten a la ciudadanía.

La dinámica actual del movimiento que se percibe en nuestras instituciones y sociedad mexicana, sobre todo en materia político-electoral, permite que las instituciones públicas vayan perfeccionando su marco de actuación, el medio en el que se desarrollan, así como los instrumentos necesarios para ese fin.

Sólo en la medida en que se descubre la necesidad de implementar soluciones a los nuevos requerimientos, podremos consolidar un sistema democrático, acorde a las necesidades de los mexicanos.

La reforma electoral que demandamos, es la que consolide la evolución de las instituciones políticas, así como de sus mecanismos y que éstos sean los más equitativos y proporcionalmente posibles, para que en condiciones mejores que las actuales, los partidos puedan desarrollar su actividad política tanto en la forma ordinaria como durante los procesos electorales.

Para que la participación de todos los partidos políticos que intervienen en la contienda electoral sea igualitaria, resulta necesario que éstos participen en igualdad de condiciones y oportunidades, que permitan desarrollar las actividades esenciales a sus finalidades y poder así cumplir con los compromisos que el partido político como tal asume.

Las reformas de 1977, 1990 y 1996, han tratado de solucionar muchos de los factores que habían incidido en una competencial desleal e inequitativa, situación que debemos seguir impulsando para completar este proceso de consolidación democrática en el que nuestro país está inmerso.

Las elecciones deben responder oportunamente a las expectativas que ha depositado la ciudadanía en los órganos encargados de vigilar y procurar el correcto desarrollo de los procesos electorales.

Así, los representantes populares deben realizar su actuación no sólo en un marco estricto de legalidad, sino que también se ocupen de llevar al campo de la política las diferencias ciudadanas, provocando con sus actitudes no una crisis como las que se han venido gestando.

Claro es que vamos a una reforma que defina y regule las precampañas, siempre y cuando sean equitativas y no desproporcionadas en relación con la intención del voto.

Vamos a una reforma que defina y regule los bienes y activos de los partidos y agrupaciones políticas nacionales, que perdiendo su registro puedan ser resarcidos al Estado.

Apoyamos una fiscalización fehaciente, una ampliación a las facultades del árbitro, pero que las mismas contemplen todo y nada más que lo necesario.

Que se privilegie la ley y su exacta aplicación al caso concreto, evitando, inhibiendo e impidiendo el convertir al órgano en una estructura de filias y fobias, imposibilitándoles vendettas y revanchismos.

Vamos porque la contienda electoral se desenvuelva en plazos coherentes, pero que no se realice en perjuicio con iniquidad; contendamos en las mismas circunstancias e igualdades.

Hagamos vigente el postulado constitucional y por el cual los partidos políticos promuevan la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos hagan posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, secreto, directo y libre.

Los comicios en diversas entidades del país en este año, deben manifestar y expresar que existe una verdadera competencia electoral, que se pueden realizar elecciones con beneficio directo para el ciudadano y no para intereses de grupos o sectores.

Seamos respetuosos de las soberanías estatales. El uso y abuso de los medios de comunicación y recursos por parte de los contendientes, es insultante para una sociedad cansada con el dispendio y el despilfarro de propaganda y de medios informativos coercionados por el poder económico y político.

Por lo antes señalado, el Partido Verde Ecologista de México y sus legisladores, exigimos a las diversas fuerzas políticas del país, al Gobierno Federal y a las instituciones encargadas de respetar y transmitir la voluntad popular, apegarse al marco legal y conducirse como lo establece la Constitución General de la República y las leyes electorales, ordenamientos que establecen derechos fundamentales que salvaguardan los límites de la actuación del Estado, límites que de ser excedidos deben traer sanciones para quien viola los derechos del pueblo de México.

Compañeros: los exhorto a que el día de hoy, cuando existen tendencias en algunos sectores para ir revirtiendo las conquistas de la sociedad mexicana a favor de la democracia, reflexionemos acerca del precio que hemos tenido que pagar los mexicanos para que sus derechos políticos sean reconocidos y respetados en todos los municipios de México.

Por ello, las quejas por las violaciones electorales cometidas o aquellas violaciones que se presentan por omisión de la autoridad confirman una vez más, que si esta soberanía, los partidos políticos y la sociedad en general, queremos realmente un cambio, debemos realizar una reforma electoral incluyente y severa, contra las acciones que dañan nuestra credibilidad.

La democracia de la que tanto hablamos está en nuestras manos, no coloquemos al país en condiciones de incertidumbre política, que lo posicione nuevamente en el autoritarismo y la antidemocracia.

Enhorabuena por una reforma electoral que satisfaga plenamente la justicia electoral, a la que el Partido Verde Ecologista de México apoyará indubitablemente, si se privilegian la equidad y los consensos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Emilio Zebadúa González:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Necesitamos hoy de una reforma electoral que tenga el acento en el control y la trasparencia del dinero en la política. Durante el periodo llamado de la transición democrática la ciudadanía depositó su confianza en un sistema electoral que ha tenido como vectores fundamentales, por una parte, a un sistema de partidos políticos, cuya finalidad es promover la participación en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso al ejercicio del poder público; y por otra, a autoridades independientes en sus decisiones y funcionamiento, encargadas de organizar las elecciones y vigilar el funcionamiento de los propios partidos.

Es necesario destacar que en el actual diseño institucional los partidos políticos sustentan su viabilidad, su desarrollo y oferta política en el financiamiento público, dentro de un sistema mixto de financiamiento, lo que les ha garantizado su funcionamiento y presencia en el ámbito del Estado nacional.

El país ha estado dispuesto durante estos años a invertir literalmente miles de millones de pesos, para darse a sí mismo en un plazo de menos de una década, un régimen plural de partidos competitivos que permitieran la alternancia democrática en los tres niveles de gobierno y dentro del marco de la legalidad.

Para ello se confirió en la fracción I del artículo 41 constitucional el carácter de entidades de interés público a los partidos políticos y los dotó además de recursos para participar en las campañas electorales y de dinero para sostenerse año con año como organizaciones permanentes, con el compromiso de trabajar en beneficio de la sociedad.

La ciudadanía también les entregó, según lo establecido en el artículo 41 del Cofipe, prerrogativas adicionales como franquicias postales y telegráficas y acceso permanente a los medios de comunicación y por si fuera poco, la ley les permite recaudar fondos privados con sólo algunas restricciones en cuanto al origen y a los montos del financiamiento privado.

A la autoridad electoral, al IFE, no sólo se le otorgaron personalidad jurídica y patrimonio propios, sino que se les dotó de autonomía presupuestal, misma que ha representado recursos en abundancia para administrarse a sí misma y para desarrollar los sistemas y programas más avanzados de credencialización, de validación del padrón electoral, de capacitación de funcionarios de casilla y en general para la organización de las elecciones.

El pacto político y el entendido implícito en este esquema y diseño institucional ha sido que el financiamiento mixto debe garantizar recursos suficientes para la viabilidad y funcionamiento de un sistema de partidos políticos competitivos, con un árbitro independiente.

En este diseño, el control del dinero público y privado en los circuitos de la competencia electoral se entendió, desde su origen en la reforma de 1996, como la clave para mantener la actuación y la competencia política dentro del marco de la ley. Para ello se creó la Comisión de Fiscalización del IFE y se establecieron controles al origen y destino de los recursos de los partidos.

Los instrumentos jurídicos de control se fueron afinando paulatinamente en estos años y se conocieron en ese proceso sus límites y sus alcances, principalmente en torno a los casos de ``Pemex-Gate'', ``Amigos de Fox'' y los partidos negocio. Sin embargo, el legislador no pudo prever en 1996 que los instrumentos de control serían insuficientes frente a los recursos creativos de quienes se proponen burlar la ley y obtener ventajas a toda costa, ni que las fórmulas legales para el cálculo del financiamiento tanto del IFE como de los partidos políticos, generaría, como lo ha hecho, una espiral de gasto desmedido, de dispendio y hasta de corrupción de quienes han abusado de la confianza de la ciudadanía.

En el año 2003, el presupuesto total autorizado al Instituto Federal Electoral rebasó los 11 mil millones de pesos, esto significó que el IFE contó con más de 5 mil millones de pesos para gastos de operación, mientras que los partidos políticos obtuvieron otro tanto para financiamiento público.

Tomando en cuenta sólo este financiamiento destinado a los partidos y considerando la participación ciudadana en el último proceso electoral federal, puede calcularse el costo del voto en casi 200 pesos por ciudadano, cifra indudablemente elevada.

Solamente los tres partidos que perdieron su registro en el 2003 utilizaron más de 275 millones de pesos durante el año. Con esto queda de manifiesto, por si fuera necesario, la necesidad de repensar y replantear el sistema electoral que queremos y necesitamos.

Hoy coinciden en esta Cámara y en este momento, por lo menos dos iniciativas muy amplias y ambiciosas, construidas a partir de la experiencia acumulada en los últimos años sobre el financiamiento y funcionamiento real del dinero en la política, así como de los límites y alcances del sistema de fiscalización en los procesos electorales.

Acabamos hoy mismo también de conocer de una nueva propuesta adicional por parte del Partido del Trabajo, a la que le damos la bienvenida y como nos recordó nuestro colega del Partido Verde Ecologista de México, hay en efecto ya presentadas en ésta y anteriores legislaturas, un número muy importante de iniciativas específicas en materia de reforma electoral que deberemos recoger.

Celebramos pues la existencia de las coincidencias entre todas estas iniciativas y, por ende, de un consenso potencial en torno a por lo menos cuatro grandes ejes que tienen como común denominador la relación entre el dinero y la política y el esfuerzo por hacer de este vínculo una relación más transparente y con mayores controles de parte de la autoridad electoral y, por consiguiente, de la ciudadanía.

Me refiero a las propuestas que bajo distintas fórmulas se establecen para la regulación de las precampañas, mismas que deberán regirse bajo reglas claras y límites expresamente acordados. También a la coincidencia sobre la necesidad de reducir los tiempos de campaña para los cargos de elección popular. Además, el dotar al Instituto Federal Electoral de mayores y más eficaces instrumentos para la fiscalización de los recursos de candidatos, partidos y particulares, incluyendo de manera destacada el acceso del IFE a la información financiera y hacendaria que requieren los procedimientos de fiscalización, para así establecer mejores sistemas de control sobre las aportaciones privadas de fuentes a veces dudosas.

Y, finalmente, la voluntad de disminuir sustancialmente el monto del dinero público que se destina al financiamiento de los partidos políticos y de la propia autoridad electoral federal.

En este sentido y obedeciendo a la lógica de una reforma completa e integral, es necesario trabajar conjuntamente con las distintas fracciones parlamentarias, para lograr un redimensionamiento de la autoridad electoral y del sistema de partidos en función de la realidad y del propio análisis que realice esta soberanía.

Pero este nuevo diseño para el funcionamiento de la democracia mexicana y de la relación entre el dinero y la política, requiere que como piedra angular de la misma se fijen nuevas reglas en cuanto a las atribuciones del IFE, en relación a la contratación de los medios de comunicación.

No es por lo mismo un exceso decir que para que esta reforma electoral sea viable, debemos reducir el financiamiento de los partidos y en forma paralela asegurarles a ellos, a los candidatos y a los programas políticos, acceso suficiente y equitativo en la radio y televisión, siendo éstos no sólo un vehículo fundamental de difusión de la cultura democrática en los sistemas desarrollados, sino cada vez más un actor con voz propia que, confiamos, comparte también esta misma voluntad general por introducir en estos momentos y en esta coyuntura en vísperas del proceso electoral de 2006, mayor racionalidad y eficiencia a nuestra democracia de partidos.

En los próximos días en las comisiones unidas a las que se han turnado éstas y otras iniciativas en materia de reforma electoral, el Partido de la Revolución Democrática buscará alcanzar los acuerdos que aun se requieren para contar con una propuesta específica y detallada de reformas a la Constitución y a la Ley Electoral.

Nuestro objetivo, como ya se ha dicho, es racionalizar el uso del dinero en la política electoral, logrando con ello el futuro desarrollo de nuestra joven democracia y a la vez, la posibilidad de recuperar la confianza en los partidos, sus dirigentes y los representantes electos.

A pesar de las grandes coincidencias y de los consensos previos ya construidos, debemos reconocer que el tramo final aún requiere de un esfuerzo técnico, jurídico y político que nos permita plasmar de manera congruente una nueva fórmula en la Constitución y en el Cofipe por medio del cual los partidos presenten sus ofertas políticas a los electores, realicen sus actividades ordinarias y lleven a cabo las campañas de quienes aspiran a un puesto de elección popular.

La nueva reforma electoral debe devolver la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en el sistema de partidos políticos y en los procesos electorales. Para ello, se necesita que esta reforma logre transparentar a la vez y ejerza nuevos controles sobre el dinero en la política. Confiemos que se concluyan en estos días y en estas comisiones los acuerdos que restan.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la voz el diputado Francisco Barrio Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco Javier Barrio Terrazas:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

La actual realidad democrática de México, no es producto de la casualidad ni concesión de gobierno alguno. Si hoy contamos con elecciones confiables, es por los esfuerzos que partidos políticos y organizaciones, respaldados por amplios segmentos de la sociedad civil, realizamos durante muchos años. En esta materia, nadie nos ha regalado nada, hemos sido nosotros, los mexicanos, quienes día a día, luchando en distintos frentes hemos conquistado la democracia como procedimiento que hiciera realidad la vieja demanda de Madero de hacer efectivo el sufragio, de hacer que el voto de cada ciudadano cuente y se cuente con apego absoluto a la ley.

En el marco venerable de esas luchas históricas los legisladores de Acción Nacional queremos asumir con responsabilidad y con visión de Estado, la tarea de contribuir a que nuestras normas electorales respondan mejor a la realidad del México de hoy.

Hacemos nuestra la iniciativa de reforma legal y constitucional presentada por el Ejecutivo Federal y nos pronunciamos por concretar avances en tres ejes fundamentales:

Primero: abatir los costos de la democracia, los mexicanos ya tenemos elecciones confiables, necesitamos que ahora sean también eficientes, esto es, que garanticen esa confiabilidad y una plena transparencia al menor costo posible, la sociedad cree en la democracia, pero no acepta procesos electorales que implican un derroche de recursos puesto que somos un país con una lista abrumadora de carencias y rezagos.

No es válido, pues, que sigamos erogando sumas exorbitantes de dinero en campañas políticas y por ello los diputados del PAN proponemos reducir el financiamiento público a los partidos y el tiempo de las campañas, ya que su duración actual deriva en costos excesivos, en un desgaste político de los partidos y, lo peor de todo, en un hartazgo ciudadano.

En esa misma línea de hacer menos oneroso nuestro sistema electoral, proponemos que los partidos que pierdan el registro reintegren al Estado los bienes adquiridos con dinero público y avanzar en la construcción de un esquema concurrente de elecciones que permita llevar a cabo elecciones federales y locales en la misma fecha, racionalizando así los costos de las mismas.

Segundo eje de nuestra propuesta. Transparencia y rendición de cuentas. La política sufre en nuestro país de un desprestigio profundo, somos los actores políticos los primeros responsables de devolverle con nuestro trabajo, con nuestra conducta y con nuestras actitudes y expresiones su noble dignidad. Estamos hoy más que nunca obligados a fortalecer y reivindicar el espíritu republicano y democrático, a combatir con decisión toda posibilidad de que en su nombre se haga mal uso de los recursos del pueblo o se incurra en prácticas poco éticas.

Aunque no es el único factor que incide en las campañas, cada vez pareciera haber una mayor relación entre los recursos económicos invertido en ellas y los resultados obtenidos en las elecciones. No podemos permitir como país que el dinero sea el que nos gobierne y mucho menos tratándose de dinero ilícito.

Es pues, indispensable garantizar que los recursos que se gastan en las campañas procedan de fuentes legítimas, que estén adecuadamente regulados y que se apliquen correctamente; tenemos que dar a la sociedad una mayor certeza de que los mecanismos y procedimientos que utilizamos en los partidos políticos para obtener el voto se apegan a la ley, pero no sólo a la ley, sino también a la justicia y a los más sólidos principios de la ética social y garantizar a la ciudadanía que los recursos de los partidos se utilizan no para beneficiar intereses particulares o de grupos, sino para consolidar nuestro marco democrático y fortalecer al sistema de partidos.

A eso queremos apostarle porque los partidos no son sólo escándalos, porque hay en todos ellos gente de bien, individuos honorables de los que la República puede sentir fundado orgullo; porque hubo en los partidos gente como Heberto Castillo, como Luis Donaldo Colosio y como Manuel Clouthier.

Porque el PRD cuenta entre sus filas a un Carlos Payán y el PAN a un Luis Alvarez y el PRI a un Enrique Burgos y porque como ellos, muchos, muchísimos otros hombres y mujeres realizan al interior de los partidos un trabajo político responsable, serio y honorable nos pronunciamos por imprimirle una mayor transparencia a la vida de los partidos poniéndolos más a la vista de los ciudadanos.

Proponemos para ello, reforzar las facultades de la autoridad electoral para fiscalizar el financiamiento y los gastos de las organizaciones políticas; obligar a instituciones financieras, autoridades y personas en general a dar información relacionada con esta fiscalización y regular las precampañas y los procesos internos de los partidos para la elección de sus candidatos.

El tercer eje de nuestra propuesta tiene qué ver con la generación de condiciones que faciliten el diálogo y los acuerdos. Al respecto, proponemos ir estableciendo elecciones concurrentes que, además de repercutir en un ahorro de recursos públicos y en un menor desgaste del quehacer político y de los ciudadanos, también facilitarían entablar negociaciones que dieran como resultado acuerdos sustanciales puesto que las fuerzas políticas no estarían sometidas durante tanto tiempo al juego electoral. Estos son, en grandes líneas, los aspectos más relevantes de la iniciativa presentada por el Ejecutivo y que nosotros asumimos como propia.

Al convocar a nuestros compañeros legisladores de todas las fracciones a analizarla con actitud receptiva, tomando de ella lo que tenga de positivo, quiero también expresar nuestro ánimo de escuchar nuestra disposición de considerar y valorar las distintas propuestas para quedarnos con lo mejor de cada una.

En ese ánimo, en ese ánimo de escuchar, de dialogar en forma constructiva, extiendo una invitación formal, para que uno o varios representantes de cada uno de los otros grupos nos acompañen en alguna de las reuniones plenarias de nuestro grupo parlamentario, a fin de que nos expongan sus propuestas y sus argumentos, a favor o en contra de los diversos temas y si nosotros somos invitados a sus reuniones internas, desde luego acudiremos.

Queremos con ello, poner nuestra parte para generar un ánimo conciliador, una ambiente de encuentros constructivos, de acuerdos que nos permitan entregar a la sociedad los resultados que está esperando de nosotros. Confío en que seremos capaces entre todos de catalizar nuestros esfuerzos y de armonizar nuestros puntos de vista en torno a estas iniciativas, no sólo en aras de una mayor eficiencia de nuestro quehacer legislativo, sino a efecto de configurar un marco legal, que refleje la pluralidad de nuestro país y al mismo tiempo la voluntad política de todos los que, pese a nuestras diferencias, nos esforzamos sinceramente en alcanzar objetivos y en construir nuevos y más eficaces esquemas legales en beneficio de México.

Es cuanto.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Se le concede el uso de la palabra al diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Alberto Aguilar Iñárritu:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El pueblo de México alcanzó la alternancia electoral después de un largo proceso, donde los partidos políticos tuvimos la capacidad para ponernos de acuerdo y abandonando lógicas maximalistas, entendimos que lo importante en la política es lograr avances y para ello, hay que tener claridad de lo posible y lo posible no borra nunca lo deseable, pero le da temporalidad a la negociación política.

De esta manera, nosotros logramos conformar un régimen electoral, donde el voto cuenta y se cuenta; esto es una realidad que mucho nos prestigia y en la que descansamos la seguridad y la paz que disfrutamos en este país.

En el proceso de desarrollo de nuestra democracia, encontramos nosotros viejos factores que ya no funcionan y nuevos elementos que se incorporan y nos obligan a dar soluciones distintas, a construir nuevas salidas institucionales para seguir garantizando la fortaleza de la vida política de la nación.

Hoy por hoy el problema ya no es que los votos cuenten y se cuenten; hoy por hoy el problema es que necesitamos legitimar profundamente la política ante los ciudadanos, que son ellos a quienes nos debemos y los que nos dan sentido como partidos, como políticos y lo que le da sentido a la política.

En este contexto hemos sido testigos todos que existe una tendencia en los partidos políticos, a rebasar continuamente los topes de campaña. Hay quien plantea que esto es resultado de alguna especie de espíritu corruptor que anida en los políticos y en la política. A mí me parece que esos cuentos de brujas no nos van a solucionar el problema de fondo; a mí me parece que tenemos que ser objetivos. Me parece que tenemos que darnos cuenta que si la política electoral es cada día más cara, es porque estamos haciendo un tipo de política que nos lleva a escaladas de precios y de costos y esa política básicamente se relaciona con golpes de publicidad de 30 segundos que no solamente sustituyen el debate profundo de los problemas del país y la propuesta de soluciones a las causas ciudadanas, sino que comienzan a alterar profundamente el ámbito de lo político como un ámbito de lo público por excelencia, al subordinar permanentemente a intereses privados, el ejercicio de los partidos y de los políticos y eso es un asunto que no podemos tolerar como nación.

Es en este sentido que nosotros, el Partido Revolucionario Institucional, junto con el Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Convergencia por la Democracia, propusimos una iniciativa que tiene por objeto bajar los costos de la política, bajar los costos de las elecciones.

Dos motores identificamos nosotros como los que animan la escalada de costos: uno, la contratación de medios por parte de candidatos y partidos y dos, las precampañas eternas.

En ese sentido, nosotros nos propusimos transformar ese proceso de contratación para que solamente sea el IFE, en un ejercicio estratégico, con visión de largo plazo, aprovechando los mejores costos, quien haga la contratación y entregue los tiempos proporcionalmente a los partidos políticos.

Adicionalmente, proponemos nosotros que se reduzca el tiempo de campaña, pero que antes de esto haya una regulación de las precampañas, para que éstas inicien en el marco que marca la ley y de acuerdo con los estatutos de cada partido. Se habla de reducir los tiempos de campaña, de tres meses para presidente y tres semanas para diputados y para senadores; separar las elecciones de presidente y del Senado de las elecciones intermedias para diputados; generar una reducción del 50% cuando sólo sean de diputados y en consecuencia, al disminuir el costo de la política, estar en condiciones de cambiar la fórmula de cálculo del financiamiento.

Nosotros consideramos benéfico que existan muchas propuestas en torno a este tema; estamos dispuestos a sumarlas todas. Queremos hacerlo siguiendo la metodología que nos ha funcionado: el acuerdo entre los partidos políticos. Queremos hacerlo cuando todas las partes entendamos que la importancia de este momento está en ofrecerle a la sociedad una reforma fruto de un consenso que desafortunadamente no se ha podido lograr, muchas veces porque queremos lograr lo más y dejamos de lado el logro concreto de lo que sí podemos.

Yo creo que ese espíritu es el que debemos destacar en este periodo ordinario de sesiones, debemos procurar que este periodo ordinario de sesiones en materia de reforma electoral concluya con un proceso exitoso de acuerdos, que sitúe la política electoral de este país en un nuevo contexto, en un contexto, como dije hace un momento, de protección de la política como el ámbito de lo público por excelencia, de legitimación de partidos políticos y de la política ante los ciudadanos.

Cada una de las propuestas que aquí se han presentado, está en ese tono. No vamos a poder lograr todo lo que cada uno de las partes propone, pero sí vamos a poder lograr si nos esforzamos y ése es el espíritu que quisiéramos nosotros subrayar, sí vamos a poder lograr un acuerdo significativo que nos ponga en un contexto diferente.

Muchas gracias.

Eso es todo, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Está Presidencia informa que se encuentran en el recinto estudiantes de derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de Ciencias de la Comunicación, del Tecnológico de Monterrey, Campus Córdoba, Veracruz, a quienes les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su presencia.

Se han inscrito para la segunda ronda, los siguientes diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, del Partido de Convergencia; Oscar González Yáñez, del PT; Manuel Velasco Coello, del Partido Verde; René Arce Islas, del PRD; Pablo Alejo López Núñez, del PAN, y Luis Antonio Ramírez Pineda, del PRI.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:

Saludo con afecto a los jóvenes estudiantes de la Universidad de Nuevo León y del Tecnológico de Monterrey, en Veracruz. Con su permiso, señor Presidente:

El grupo parlamentario de Convergencia, considera que los posicionamientos que los distintos grupos parlamentarios han sustentado en esta sesión, ponen de manifiesto que son más las coincidencias que las divergencias para concretar una reforma amplia y sustantiva en materia electoral.

Para Convergencia, impulsar los consensos en esta materia no es circunstancial, ya que nuestros documentos básicos y en la plataforma política que sostuvimos durante el último proceso electoral, planteamos la necesidad de una reforma integral que hemos puntualizado en la iniciativa presentada ante la Comisión Permanente del Congreso el pasado mes de febrero.

En nuestro concepto, los ejes articuladores de una reforma sustentada en el consenso de todas las fuerzas políticas deberán considerar lo siguiente:

1º. Ampliar y precisar el régimen de transparencia en el manejo de los recursos públicos que se destinan al financiamiento y operación de los partidos políticos.

2º. Que cada partido dé cuenta de quiénes son sus militantes, regulando por la Ley de Afiliación y Desafiliación, así como sus derechos y obligaciones fundamentales.

3º. Que los partidos tengan una vida interna democrática con reglas claras legalmente establecidas, en la que se representen sus derechos en la toma interna de decisiones, en la postulación de sus candidatos y en la elección de sus dirigentes.

4º. Que en su vida interna los partidos sean congruentes con el respeto a los derechos constitucionales, los derechos humanos y los procedimientos democráticos básicos.

5º. Que los partidos tengan obligación de difundir con alcance nacional sus plataformas y programas, sus diagnósticos y sus propuestas.

6º. Regular la organización de partidos con membresía de alcance estatal o regional.

7º. Regular el proceso de liquidación el patrimonio de los partidos que pierdan su registro o sean disueltos por acuerdo de su militancia.

8º. Reducir sustancialmente el financiamiento público de los partidos y organizaciones y hasta cancelar ese financiamiento con fórmulas equitativas en el acceso a los medios de comunicación.

9º. Compactar el número de procesos electorales a los mínimos indispensables con el consecuente ahorro de recursos.

10 Regular y determinar los tiempos de precampañas y

11 Precisar las modalidades de propaganda, con criterios de carácter ecológico.

Compañeras y compañeros: ya tenemos los ejes fundamentales de la ley, pongamos manos a la obra, corresponderá ahora a las comisiones unidas conocer y dictaminar el conjunto de las propuestas e iniciativas y establecer el método que permita conciliar y condensar las posiciones divergentes.

Bienvenidos los debates, bienvenidas las propuestas, pero siempre buscando el consenso y que se respalde en los hechos lo que hoy hemos dicho. Es ésta una nueva oportunidad para corroborar que, en la labor parlamentaria, es posible y deseable la convergencia de todas las fracciones y el consenso de todos los actores.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Oscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Oscar González Yáñez.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Una reforma electoral integral, insistimos y reiteramos, sólo será posible si desterramos el financiamiento privado e imponemos una verdadera transparencia en el uso de los recursos públicos en los procesos electorales. La regulación y supervisión del gasto público en nuestro país, es algo que todavía está distante y al cual aspiramos.

Con extremas dificultades hemos transparentado otras áreas de la vida pública del país, como es el caso del Fobaproa y el IPAB, como para todavía tener la necesidad de estar fiscalizando dineros privados; suficiente es el esfuerzo que se hace para transparentar los dineros públicos, como para todavía estar fiscalizando dineros de origen extraño.

Sin embargo, también es muy evidente que el soporte financiero de particulares a los institutos políticos, se ha convertido en una fuente de corrupción y de desaseo del quehacer político, que ha dado lugar a un sentimiento de creciente malestar e irritación por parte de la población; lo cierto es que esta fórmula, como cualquier otra, tenía que ponerse en práctica, pero los resultados han fallado. Debemos tener honestidad política para reconocer que éste no es el momento para seguir intentando algo que corrompe y vulnera nuestro sistema democrático.

No seremos el primer país que dependa únicamente de los recursos públicos para sostener y soportar la democracia, muchos más soportan su sistema político con fondos del erario, pero con transparencia, con cuentas claras.

Si insistimos en mantener el financiamiento privado, seguiremos siendo rehenes de la corrupción, la simulación y el cinismo de políticos que anteponen los intereses de quienes los patrocinaron, por encima de intereses del pueblo mexicano; los dichos populares son muy sabios: ``nadie da paso sin guarache'', ``el interés tiene pies''.

Compañeros: entendamos, no son aportaciones privadas, son inversiones privadas.

Una reforma electoral integral, debe de considerar la totalidad de los elementos. Proponemos la prohibición expresa de la publicidad gubernamental de los tres niveles de gobierno en tiempos de campaña electoral, incrementar el tiempo del Estado en los medios de comunicación para los partidos políticos y prohibir el financiamiento de origen privado a los partidos políticos y sancionar con la pérdida de registro a los que reciben dinero del extranjero.

Coincidimos con el diputado Barrio, cuando dice que el dinero no nos gobierne, pero también no olvidemos y tengamos memoria que el Presidente Fox, compró la Presidencia; pero coincidimos, que no nos gobierne el dinero.

También recibimos con beneplácito la invitación de visitas recíprocas, vemos importante el compartir opiniones en este sentido, nosotros si aceptamos su propuesta. Pero también hay que decir una cosa, que los mayores fraudes electorales contemporáneos en nuestro país se dieron en los partidos tradicionales y no en los demás partidos, no es correcto generalizar y hay que decir en dónde se han dado esos fraudes, y también hay que decirlo, la medicina no está correspondiendo con la enfermedad. Hay que entender quién ha encarecido los procesos electorales, ¿el financiamiento privado o el financiamiento público?, y está claro que lo ha sido el privado, está claro que el financiamiento público se puede fiscalizar y que el financiamiento todavía no tenemos los instrumentos suficientes para hacerlo.

Vemos con beneplácito la invitación del diputado Emilio Zebadúa y del diputado Alberto Aguilar para compartir estos espacios de concurrencia de las diferentes iniciativas que se han presentado aquí.

Los invitamos, compañeros, a que reflexionemos sobre este tema, pero no quitemos el dedo del renglón lo que ha generado problemas en los procesos electorales, es el financiamiento privado no le demos la vuelta a ese asunto, por eso proponemos enfáticamente cero financiamiento privado y solamente financiamiento público.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Manuel Velasco Coello:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La oportunidad de una transición democrática pactada entre los principales actores de la vida política nacional, deberá ser congruente, equitativa y respetuosa.

Lo que parecía ser una convivencia civilizada entre el Poder Ejecutivo y los partidos políticos con el cambio de gobierno, se ha tornado otra vez en un sinfín de acusaciones y posiciones encontradas que debemos erradicar, si como se ha pronunciado en esta tribuna, queremos una reforma electoral que dé vida a un sistema electoral garante de la soberanía popular.

Largo ha sido el trecho avanzado en nuestro sistema político para perfeccionarse, sus postulados básicos, la efectividad del sufragio y la no reelección, han inspirado la revisión sistemática de una legislación electoral que juzgamos avanzada pero que consideramos perfectible.

México, en el ámbito de su pluralidad política y social ha establecido, clara y contundentemente, en el marco constitucional, que el poder público dimana del pueblo, por ello, hagamos que la voluntad popular sea plasmada en la ley y tenga cauce real y efectivo, la dinámica de los cambios legislativos en la materia, demuestra que las reformas han sido parciales, insatisfactorias y que no contamos con un modelo jurídico, acabado y moderno, que responda a las expectativas democráticas y a las necesidades nacionales.

Evitemos agredir a la ciudadanía con gastos injustificables en el desarrollo de las campañas, pero que se dé certeza y equidad a los actores. El Partido Verde Ecologista de México y sus legisladores proponen llevar adelante la transformación social, para abrir amplios cauces al desenvolvimiento individual y colectivo, en un clima de confianza, de respeto a la ley y de concordia nacional.

En las recientes contiendas electorales la población sufragante ha manifestado su inquietud por la trayectoria o compromiso que tiene el candidato que lo representa ante las Cámaras. Esta nueva realidad social requiere de una regulación adecuada, para que no se abuse de él o se establezcan nuevos costos de poder.

La democracia, sólo se concibe cuando existe una efectiva integración del pueblo en el ejercicio del poder, y para que se mantenga viva la confianza de la corresponsabilidad en la dirección y en la acción; para que cada ciudadano, grupo o partido, tenga vigente la vigencia de sus derechos y sean exigibles sus obligaciones. De ahí que una serie de reformas resultan necesarias para renovar instituciones y aportar mejores instrumentos de progreso.

Debemos abocarnos a concretizar reformas a nuestra Carta Magna y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, para acelerar el desarrollo político que hasta ahora se ha venido dando. Hoy, lo que está en juego no es la Presidencia de la República y el control del Poder Legislativo, sino la propia estabilidad política del país.

En el Partido Verde Ecologista de México, estamos convencidos de que sólo a través de la democracia podrán resolverse los grandes problemas nacionales. Para asegurar esto debemos perfeccionar las normas a través de los cambios que estuvieron ausentes en la última reforma electoral y los que deben introducirse adicionalmente para adecuar los ordenamientos a la nueva pluralidad política.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado René Arce Islas:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Creo que no cuesta nada a nadie reconocer que la propuesta que ha enviado el Ejecutivo a este Congreso es una propuesta positiva, es una propuesta progresiva y es una propuesta que merece la atención de todos nosotros. Y creo que hacer el reconocimiento es parte también del nuevo tipo de relaciones que tenemos que generar entre los poderes de este país.

Y hacer el reconocimiento a diputados de los diferentes partidos políticos que han estado trabajando en este tema, como el diputado Alejo, Iñárritu, Zebadúa o Camacho, también es posible hacerlo entre todos porque han sido sumamente prudentes y cuidadosos de ir poco a poco trabajando una propuesta que pueda ser, en su momento, apoyada y aprobada por todos nosotros.

Eso habla de que es posible hacer de la política un instrumento de diálogo y razonamiento para construir propuestas comunes de beneficio para todo el país.

En ese marco, en esos procedimientos tenemos que buscarle salidas a problemas delicados que puedan ser sujetos de discusión y análisis y en su momento de aprobación en esta reforma.

La propuesta es buena, pero también es perfectible y es posible de sumar nuevas propuestas. Hay un tema que hay que tocar con mucho cuidado pero hay que tocarlo; que no podemos hacer caso omiso o tratar de evitar los costos; si la tratamos entre todos quizá podamos buscarle salidas prudentes, es el asunto de los medios de comunicación.

Pocos se atreven a decir que uno de los principales problemas que tenemos es la gran cantidad de dinero que se va a los medios de comunicación, particularmente a los electrónicos y ese es un tema que hay que tratarlo sí con mucho cuidado, pero sí hay que hacer propuestas porque ahí está y mucho, el gasto impresionante de recursos que se hacen en las campañas electorales y esto no debe ser visto como un asunto de castigo a los medios de comunicación, sino tiene que ser visto como un asunto de responsabilidad de todos los mexicanos.

Yo preguntaría, ¿qué acaso Azcárraga o Salinas Pliego no son mexicanos que también deben estar preocupados por la democracia y por un desarrollo adecuado de las relaciones en este país? Yo creo que sí, yo creo que este Congreso, yo creo que el Ejecutivo tendría también que hablar con los grandes medios de comunicación para que ellos también participen de esta reforma tan necesaria a este país sin que se vea como un enfrentamiento entre el Ejecutivo o el Legislativo con estos medios, sino como la necesaria complementación de esfuerzos de todos para resolver un problema que se está tornando sumamente delicado para la democracia en este país.

Por eso creo que trabajando entre todos, sumando esfuerzos e ideas podemos llegar a esos acuerdos y podemos lograr que los partidos políticos y los políticos no se preocupen tanto por tener que hacer grandes inversiones en los horarios triple A para poder, en un determinado momento, posicionarse.

Creo que hay mecanismos que podemos buscar que no lesionen de una manera radical el ingreso de esos medios, pero que tampoco lesionen a la democracia.

Y éste es el tema que también tenemos que discutir y al que yo invitaría a que todos nos sumáramos a discutir en un afán de construir las nuevas relaciones políticas de este país.

Felicito pues; va al reconocimiento para todos aquellos diputados que han contribuido a esto, para el propio Ejecutivo y por supuesto para que podamos seguir intercambiando puntos de vista, como lo ha planteado el diputado Barrio, y al cual estoy seguro nos sumaremos todos porque esa es la nueva forma en que tenemos que construir los grandes acuerdos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Les damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de la carrera de derecho del Tecnológico de Monterrey, que se encuentran en las galerías.

Bienvenidos a esta casa de la representación nacional.

Tiene la palabra el diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Pablo Alejo López Núñez:

Con su venia, señor Presidente:

Hoy aquí han sido expuestas las ideas, los posicionamientos de cada uno de los grupos parlamentarios que estamos integrados aquí en esta soberanía con la idea clara de dar respuesta al reclamo ciudadano de buscar procesos transformadores, procesos que consoliden la democracia, pero sobre todo para encontrar juntos la solución a la transformación, a la reforma jurídica que significa hoy día ese proceso inacabado en materia electoral.

Y tan es un proceso inacabado porque definitivamente ina-cabada es la democracia. Nosotros, tal y como lo establece el artículo 3° constitucional, tenemos que hacer de la democracia un sistema de vida y como tal necesitamos conjuntar esfuerzos y trabajar para hacer de ese sistema de vida una transformación que logre esta transición en una consolidación de verdadera democracia.

Hoy aquí hemos presenciado la voluntad de los grupos parlamentarios de trabajar en conjunto, de darle respuesta a ese reclamo ciudadano, pero sobre todo de construir ese país que asegure esta transición democrática y que convierta esta transición democrática en una verdadera vida democrática para los mexicanos.

De tal tamaño es la responsabilidad que tenemos. Debemos buscar el perfeccionamiento, pues, de nuestro marco jurídico electoral para que éste a su vez permita el acceso a esa vida democrática por la que tantos mexicanos han luchado.

Hoy nosotros tenemos ese reto. Diputadas y diputados de esta máxima tribuna, yo hago un llamado a todos ustedes para decirles, como aquí se dijo, que nadie nos ha regalado nada en este camino de construcción a la democracia, que este camino de construcción a la democracia somos todos nosotros y en base a ello tenemos que conjuntar esfuerzos, saber que definitivamente no vamos a encontrar en un trabajo inicial todo lo que de acuerdo a lo que ideológicamente hemos propuesto, pero que si este paso y esta transición debe ser paulatina y debemos construir esa democracia hasta que la obtengamos plenamente.

Debemos asumir esa visión de Estado y desde luego trabajar con alturas de miras en beneficio de México, en beneficio de este país.

Ratificamos, pues, el llamado que ha hecho nuestro coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, a que de una buena vez por todas nos pongamos a construir ese consenso que está requiriendo la ciudadanía, que pongamos a trabajar todos nuestros esfuerzos y voluntades para dar resultados claros, contundentes y para lograr que nuestros procesos electorales cada vez sean más democráticos, cada vez sean más transparentes, cada vez se cumpla con la legalidad y desde luego demos respuesta a estas inquietudes ciudadanas.

Se ha dicho aquí, el llamado es claro para todos los grupos parlamentarios y nuestro grupo de Acción Nacional será el primero que extienda la mano, haga la invitación a que continuemos trabajando juntos como lo hemos hecho en mesas de trabajo para construir esa reforma que requiere el país, sin necesidad de medallas ni de paternidades para nadie.

Vamos juntos, diputadas y diputados de esta soberanía, a construir la democracia que nos están exigiendo los ciudadanos.

Hago un llamado, yo los convoco a construir ese país que viva democrática, pletóricamente rumbo al camino y desarrollo que nos están exigiendo los ciudadanos.

Reiteramos, pues, el llamado a trabajar en conjunto, a encontrar un camino que consolide nuestra democracia y que logre que esta transición valga la pena.

¡Vamos por México! ¡Vamos por México!, diputadas y diputados.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Para cerrar la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Iniciamos hoy un debate de enormes consecuencia para la vida de nuestro país. Se trata del tema que tiene qué ver con la entraña misma de nuestro sistema político: la reforma electoral.

Nuestro partido se ha involucrado en las grandes transformaciones históricas de la sociedad mexicana.

Hoy ante el gran debate para la transformación democrática que se impulsa desde el Congreso, asume su responsabilidad de fuerza mayoritaria para proponer una nueva cultura política que, por la vía de la reflexión y el diálogo con los distintos partidos, permita llegar a consensos y a acuerdos que garanticen la transparencia y honestidad en los procesos electorales.

Las iniciativas que ya se han presentado ante esta soberanía, responden no sólo a intereses partidarios, sino a una reiterada demanda de nuestra sociedad: perfeccionar nuestra democracia y sentar las bases de legitimidad de la actividad política.

El alto grado de abstencionismo que resentimos en cada proceso electoral, es una respuesta de la sociedad a la crisis y a las contradicciones de los partidos políticos.

Los escándalos en el ámbito político, son un reflejo de orfandad ideológica y del olvido de la ética en el ejercicio de la política.

El autoritarismo, la arrogancia y el uso discrecional y a veces deshonesto de los recursos públicos utilizados en las precampañas y las campañas políticas, agravian la dignidad ciudadana y pone en entredicho el sistema de partidos.

Los tiempos actuales exigen, como nunca, sensibilidad y lucidez para interpretar el hartazgo ciudadano ante las desviaciones del ejercicio público. Por eso es de enorme trascendencia para la democracia y para el futuro de México el debate que hoy iniciamos en pos de una nueva reforma electoral.

En el PRI partimos del principio de que la legalidad y credibilidad deben seguir siendo los ejes rectores de las nuevas prácticas democráticas. Los dispendios y las prácticas ocultas indignan a la sociedad y alientan descalificaciones que promueven el fin de la gobernabilidad y la democracia. Necesitamos dar respuesta a ese desencanto ciudadano.

Las reformas electorales que han operado en nuestro país desde 1962 hasta la reforma de 1996, en donde se ciudadaniza el IFE, ponen énfasis en el financiamiento público de los partidos políticos, fijan topes a los gastos de campaña, incorporan trascendentes innovaciones en el ámbito de la justicia electoral y cambian la forma de elegir a los consejeros electorales, han cumplido su cometido y nutren con la experiencia adquirida las nuevas iniciativas de reformas, como las que hemos presentado en esta legislatura.

A los diputados del Partido Revolucionario Institucional nos importa la transparencia de los procesos y la certidumbre de los resultados, nos interesa la equidad en las contiendas y la honestidad en el manejo de los recursos públicos. Nos interesa también preservar un Estado de Derecho que asegure un gobierno de leyes, fundado en la voluntad popular y en el respeto al sufragio.

En este contexto pugnamos por racionalizar los recursos financieros destinados a la actividad político-electoral, pues su dispendio resulta ofensivo para un país con tantas necesidades como el nuestro.

Requerimos fortalecer los mecanismos de revisión de cuentas de los partidos políticos nacionales y transparentar su vida interna, así como consolidar la autonomía e imparcialidad de la autoridad electoral y su capacidad de fiscalización, con el fin de contar con un árbitro ejemplar y firme que garantice equidad y certidumbre a todos los actores políticos.

La reforma electoral que con toda seguridad habremos de consensar por el bien del país, deberá enviar un mensaje a la sociedad en el sentido de que los triunfos electorales los deben determinar las ideas, los proyectos y no los presupuestos. ¡Nada vulnera más a la democracia que en la contienda electoral muchas veces asegura el éxito quien más dinero aporta, no quien más ideas o propuestas tiene!

Concluyo. El PRI muestra hoy su voluntad por avanzar en la discusión y aprobación de una reforma electoral que enriquezca la democracia y fortalezca las instituciones que con tanto esfuerzo hemos creado varias generaciones de mexicanos, de todas las ideologías. Creemos en la política como el arte de la conducción y confiamos para el bien de México que al ejercerla todos la honremos.

Muchas gracias.

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LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Reforma Agraria.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su discusión y resolución, constitucional, la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Estas Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las facultades que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 2 fracciones XIX y XXX; 45; numeral 6, incisos f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 57, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General, someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha 7 de octubre del 2003, se recibió del Senado de la República la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y en esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el turno correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria para su estudio y dictamen.

Durante los trabajos de análisis, estudio y discusión de la Minuta con Proyecto de Decreto, se recibieron opiniones y propuestas tanto de legisladores federales integrantes de las comisiones, como de especialistas, investigadores y titulares de instituciones agrarias del Poder Ejecutivo; con base en las cuales se fue conformando el presente documento para su discusión y análisis en Comisión.

OBJETO DE LA MINUTA

La Minuta, propone adicionar un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a efecto de establecer que los magistrados que concluyan o estén próximos a concluir su encargo de seis años por el que fueron designados, deberán ser incluidos de manera obligatoria en la lista de candidatos que el Ejecutivo Federal envíe a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para que el órgano legislativo competente resuelva sobre su ratificación. Si a juicio del Ejecutivo Federal fuere improcedente la ratificación de alguno de los magistrados, deberá expresar de manera fundada sus motivos, razones o circunstancias con base en lo que al respecto establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo al artículo vigente, el Titular del Ejecutivo Federal puede o no considerar a los magistrados en funciones, de manera discrecional; con la propuesta, se garantiza la posibilidad de ratificación de los magistrados en funciones que están por concluir su encargo.

De esta manera el Legislador desea proporcionar seguridad a aquellas personas que habiéndose dedicado a una carrera temática, como la agraria, encuentren la cobertura jurídica para ser postulados nuevamente para permanecer en su cargo.

Además, la población campesina de nuestro país podría verse beneficiada al contar con magistrados cada vez mas experimentados en el trabajo de los órganos de justicia agraria.

Para el caso de que a juicio del Ejecutivo Federal, no proceda la ratificación de alguno de los magistrados, deberá expresar de manera fundada los motivos, razones o circunstancias, que hubiere considerado, con base en lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al efecto.

En la Minuta en comento destaca el interés del legislador de evitar que las personas que han sido designadas pare ejercer el cargo de magistrados agrarios y lo han hecho correctamente, sean desplazados de la función sin un dictamen de evaluación de su desempeño que funde y motive la decisión de ratificarlo en tal ejercicio o la negativa a ello.

CONSIDERACIONES

El artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, vigente, ya establece la posibilidad de ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior Agrario.

De la Minuta en comento se desprenden básicamente los siguientes aspectos:

El establecimiento de un mecanismo que garantiza la participación de los Magistrados en funciones, dentro del proceso de designación.

La no ratificación de los magistrados en funciones, fundada en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La adición, sin duda, fortalece el principio de profesionalización de la función jurisdiccional y por tanto la carrera judicial.

La garantía propuesta, presenta trascendencia cuando la ratificación está referida a los funcionarios del Poder Judicial, ya que es lógico afirmar que donde no existe garantía de permanencia, de manera plena e indiscutida, los funcionarios judiciales adolecen de independencia.

Las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria consideran que el objeto de la Minuta en comento es, contribuir a fortalecer y especializar la impartición de justicia agraria en nuestro país.

Por último, estas comisiones consideran:

Que el objeto de la Minuta es proporcionar constancia de transparencia al proceso por el cual se ratifica a los Magistrados agrarios.

Que la Minuta no pretende coartar la decisión del Titular del Ejecutivo Federal, porque él puede proponer a otros aspirantes que reúnan las características necesarias para cubrir las vacantes de magistrados agrarios, además de los magistrados salientes.

Que la Minuta tampoco tiene por objeto obligar al Senado de la República a ratificar a los magistrados salientes, ya que tienen la libertad de decidir sobre la lista propuesta por el Ejecutivo a las personas que ocuparán los cargos.

Por lo anterior expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, convencidos de la necesidad de la adición propuesta en la Minuta referida, turnada por el Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para quedar como sigue:

Artículo 17. Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en su encargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados serán inamovibles.

Los magistrados únicamente podrán ser removidos en caso de falta grave en el desempeño de su cargo, conforme al procedimiento aplicable para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

Los magistrados que estén próximos a cumplir con el periodo de seis años por el que fueron designados, deberán ser incluidos en la lista de candidatos que el Ejecutivo Federal envíe a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para que el órgano legislativo competente resuelva sobre su ratificación. Si a juicio del Ejecutivo Federal no procede la ratificación de alguno de los magistrados, expresará fundadamente los motivos, razones o circunstancias, que hubiere considerado con base en lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al efecto.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por la Comisión de Reforma Agraria.

Así se acordó y votó en Sesión Plenaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada en fecha 21 de enero de 2004. Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:

Diputados: T. Manuel García Corpus, Presidente (rúbrica); Rubén Alfredo Torres Zavala, secretario (rúbrica); Margarito Fierros Tano, secretario (rúbrica); José Lamberto Díaz Niebla, secretario (rúbrica); María Hilaria Domínguez Arvizu, secretaria (rúbrica); Margarita Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz, Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar, José Jesús Vázquez González, Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz, Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Roberto A. Aguilar Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Elpidio D. Concha Arellano (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, José Alfonso Muñoz Muñoz, Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica).

Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos:

Diputados: Rebeca Godínez y Bravo, Presidenta (rúbrica); Leticia Gutiérrez Corona, secretaria (rúbrica); Fidel René Meza Cabrera, secretario (rúbrica); Miguel Angel Llera Bello, secretario (rúbrica); Francisco Valdéz de Anda, secretario (rúbrica); Gilberto Ensástiga Santiago, secretario (rúbrica); Félix Adrián Fuentes Villalobos, secretario (rúbrica); Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), María Martha Laguette Lardizábal, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), José Rangel Espinoza (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica en contra), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Carlos Vega Bernardo (rúbrica), Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Gustavo de Unanue Aguirre (rúbrica en contra), Fernando Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcenas, Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana R. Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Juan García Costilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Jaime Miguel Moreno Garavilla.»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.

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DESARROLLO SOCIAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión relativos a puntos de acuerdo turnados a comisiones.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Con todo gusto, diputado Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si autoriza que solamente sean leídos los puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se autoriza.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo.--- LIX Legislatura.--- Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo en relación a la proposición por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incorporar en las zonas de atención prioritaria, contempladas en la Ley General de Desarrollo Social, a la Sierra Madre del Sur que comprende los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, a lograr niveles suficientes de bienestar con equidad en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, utilizando políticas y acciones de ordenación territorial y de desarrollo urbano y vivienda, para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas, presentada el 4 de diciembre de 2003, por el Diputado Manuel Velasco Coello, en nombre de diversos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México integrantes de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45, numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 58, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 4 de diciembre de 2003, el Diputado Manuel Velasco Coello presentó, en nombre de varios legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, una proposición con Punto de Acuerdo que solicita se exhorte a la Secretaria de Desarrollo Social, a lograr niveles suficientes de bienestar con equidad en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, utilizando políticas y acciones dé ordenación territorial y de desarrollo urbano y vivienda, para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas.

2. Que, en esa misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: ``túrnese a la Comisión de Desarrollo Social''.

CONSIDERACIONES

1. En la Proposición con Punto de Acuerdo, se señala que, de acuerdo con el estudio ``Estrategia de Desarrollo de los Estados del Sur de México'' elaborado por el Banco Mundial, habitantes de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca sobreviven y luchan contra la pobreza mediante la producción de cultivos como la amapola y la marihuana.

2. Que la producción se concentra en la Sierra Madre del Sur, participando en ella pequeños productores mixtecos, zapotecos y nahuas, junto con sus familias, lo que les representa ingresos, diarios, de entre 100 y 120 pesos.

3. Dichos estados, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son los más pobres y tienen la mayor concentración de pueblos indígenas de nuestro país.

4. Las comunidades indígenas ubicadas en esos estados son las más pobres; las más aisladas y las que menos acceso al gobierno y a los servicios sociales tienen.

5. Una de las características más relevantes que obstruyen el desarrollo es la falta de integración física y la dispersión poblacional en esa región.

6. Que otro de los problemas que inciden es el de la tenencia de la tierra ya que existe duplicación y hasta triplicación de títulos de propiedad lo que genera conflictos y violencia.

7. Que ha sido una preocupación fundamental del Gobierno Federal emprender acciones destinadas a la superación de la pobreza y la marginación de los diferentes sectores y regiones de la geografía nacional.

8. Que, el punto de acuerdo en comento aborda diversas materias que lo mismo se enmarcan en la necesidad de impulsar medidas y acciones destinadas al desarrollo social de los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca así como, en particular, de las comunidades indígenas de esas entidades y los problemas de la tenencia de la tierra en ellas.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión emite el siguiente

DICTAMEN

Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incorporar en las Zonas de Atención Prioritaria, contempladas en la Ley General de Desarrollo Social, a la región de la Sierra Madre del Sur que comprende los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil cuatro.--- Diputados: Beatriz Zavala Peniche, Presidenta; Carlos Flores Rico, Sonia Rincón Chanona, Armando Rangel Hernández, Julio Boltvinik Kalinka, secretarios; Ubaldo Aguilar Flores, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, Clara Marina Brugada Molina, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Rafael Flores Mendoza, Armando Leyson Castro, Felipe Medina Santos, María del Carmen Mendoza Flores, Eugenio Mier y Concha Campos, Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes, Mario Moreno Arcos, Juan Carlos Núñez Armas, Maki Esther Ortiz Domínguez, Miguel Angel Osorio Chong, Martha Palafox Gutiérrez, Juan Fernando Perdomo Bueno, Renato Sandoval Franco, María Guadalupe Suárez Ponce, José Luis Treviño Rodríguez, Gerardo Ulloa Pérez, Quintín Vázquez García, Wintilo Vega Murillo (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo...

Esta Presidencia tiene registrado al diputado Gerardo Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen.

Se le concede el uso de la palabra.

El diputado Gerardo Ulloa Pérez:

Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, señor diputado.

El diputado Gerardo Ulloa Pérez:

Señoras diputadas y diputados:

México no es un país pobre, es un país tremendamente desi-gual, no sólo en lo económico sino también en lo político, lo social, lo cultural y en el plano regional.

Las manifestaciones son evidentes, somos la novena economía a nivel mundial, al mismo tiempo que la mitad de la población vive en situación de pobreza y uno de cada cuatro mexicanos no tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación; esto según cifras oficiales.

A nivel regional las diferencias son manifiestas. La región norte del país tiene zonas con niveles de desarrollo que podemos comparar con los observados en los países del primer mundo, mientras que en la región sureste lo que priva es la pobreza y la marginación, en niveles similares a los existentes en países africanos.

Ejemplo de lo anterior es el hecho de que una proporción considerable de las localidades y de la población de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son de muy alta marginación. Sólo por mencionar una cifra, el 73.6% de las localidades en Chiapas se encuentran en situación de alta marginación, el 71% en Oaxaca y el 80.4% están en situación de pobreza extrema en Guerrero. Por otro lado, es en esas tres entidades que se concentra la población indígena, la cual padece con mayor rigor los problemas de pobreza y marginación.

La Secretaría de Desarrollo Social ha dejado de dar un trato privilegiado a las regiones más pobres, su enfoque da prioridad a las localidades y a las familias, sin reconocer que los problemas son regionales y las respuestas a nivel de política pública deben de ser también regionales.

La única manera de pensar que se puedan reducir las diferencias regionales ancestrales del país, es impulsar mecanismos para que zonas atrasadas como la Sierra Madre del Sur, sean atendidas de manera prioritaria por los programas sociales, pero asumiendo una visión regional; es la hora de regresar a la perspectiva global de los problemas.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del PRD apoyamos el exhorto que la Comisión de Desarrollo Social hace a la Sedesol para que se atienda como zona prioritaria a la región de la Sierra Madre del Sur, que comprende los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero además como representantes populares tenemos la obligación de hacer un seguimiento puntual de la evolución de estas regiones, porque no podemos permitir que sigan existiendo dos Méxicos: el de las regiones pobres y el de las regiones ricas del país.

Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el diputado Armando Rangel Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional...

¿No se encuentra?..

Como se ha agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada Secretaria.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con el siguiente dictamen con punto de acuerdo.

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DISCAPACITADOS
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo.--- LIX Legislatura.--- Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo en relación a la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a facilitar la incorporación de personas con capacidades diferentes a los diversos programas que opera y, en particular, en los programas oportunidades y habitat, de ser el caso, mediante la modificación de las reglas de operación de los mismos

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a garantizar la incorporación de las personas con capacidades diferentes a los programas sociales, estableciendo cambios a las reglas de operación programáticas que sean pertinentes, en particular a los programas Oportunidades y Hábitat, presentada el 4 de diciembre de 2003, por el Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45, numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 58, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 4 de diciembre de 2003, el Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno presentó, en nombre de diputados de los diversos grupos parlamentarios, una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a garantizar la incorporación de las personas con capacidades diferentes a los programas sociales, estableciendo cambios a las reglas de operación programáticas que sean pertinentes, en particular a los programas Oportunidades y Hábitat.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados dictó el turno de la misma a esta Comisión.

CONSIDERACIONES

1. En la proposición con Punto de Acuerdo presentada se señala que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país existe una población de 14 millones de habitantes con capacidades diferentes, de las cuales el 43.74 por ciento vive en zonas rurales.

2. Anualmente, según indica la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, alrededor de 142 mil personas se incorporan a dicho sector.

3. Que México ha suscrito diversas convenciones e instrumentos internacionales en materia de no discriminación entre las que destacan, por su carácter vinculante, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

4. Que en la actualidad, la Secretaría de Desarrollo Social aplica diversos programas destinados a la superación de la pobreza y al desarrollo social de amplios sectores de la población pero se requiere de mayor precisión para enfocarse a la atención de grupos con capacidades diferentes.

5. Que la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, celebrada el 21 de enero pasado, tuvo como uno de los temas a tratar en el orden del día el análisis de las reglas de operación de los diversos programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y, remitir un documento con las observaciones correspondientes formuladas por los CC. Diputados a dicha dependencia.

6. Que el Punto de Acuerdo en comento involucraba observaciones a las reglas de operación de los programas Oportunidades y Hábitat, por lo que se integró al documento arriba señalado.

7. Que dicho documento de observaciones fue remitido el pasado 12 de febrero a la Secretaría de Desarrollo Social.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión emite el siguiente

DICTAMEN

Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a facilitar la incorporación de personas con capacidades diferentes a los diversos programas que opera y, en particular, en los programas Oportunidades y Hábitat, de ser el caso, mediante la modificación de las reglas de operación de los mismos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 de marzo de 2004.--- Diputados: Beatriz Zavala Peniche, Presidenta; Carlos Flores Rico, Sonia Rincón Chanona, Armando Rangel Hernández, Julio Boltvinik Kalinka, secretarios; Ubaldo Aguilar Flores, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, Clara Marina Brugada Molina, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Rafael Flores Mendoza, Armando Leyson Castro, Felipe Medina Santos, María del Carmen Mendoza Flores, Eugenio Mier y Concha Campos, Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes, Mario Moreno Arcos, Juan Carlos Núñez Armas, Maki Esther Ortiz Domínguez, Miguel Angel Osorio Chong, Martha Palafox Gutiérrez, Juan Fernando Perdomo Bueno, Renato Sandoval Franco, María Guadalupe Suárez Ponce, José Luis Treviño Rodríguez, Gerardo Ulloa Pérez, Quintín Vázquez García, Wintilo Vega Murillo (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo...

Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro del dictamen a los siguientes legisladores: Juan Fernando Perdomo Bueno; María del Carmen Mendoza Flores; Quintín Vázquez García y Gelasio Montiel Fuentes.

En virtud de que solamente son oradores en pro, esta Presidencia concederá el uso de la palabra a los dos primeros registrados y posteriormente consultará a la Asamblea, si se concede el uso de la palabra a los dos restantes.

Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, por la comisión, para hablar en pro.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hoy vengo a tribuna a pedirles, a nombre de la Comisión de Desarrollo Social, el respaldo para el punto de acuerdo aprobado por esta comisión, para que se garantice la incorporación de las personas con capacidades diferentes a los programas sociales del Gobierno Federal.

La Organización Mundial de la Salud señaló que en México, de los 14 millones de mexicanos con capacidades diferentes, el 43.74% viven en las zonas rurales, las más pobres, sumándose alrededor de 142 mil personas al año y no obstante que México ha suscrito en diversas convenciones instrumentos internacionales en materia de no discriminación como la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad ésta, la discriminación, se sigue dando.

En la Comisión de Desarrollo Social reconocemos el avance del Gobierno Federal al propiciar en el Plan Nacional de Desarrollo la igualdad de condiciones que aseguren a la población el goce y disfrute de sus derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución, refrendados ahora en la Ley General de Desarrollo Social aprobada por este Congreso y buscando elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos de manera prioritaria, disminuir la pobreza y la exclusión social.

Sin embargo, hasta ahora las medidas de los programas de desarrollo humano aplicado a las personas con capacidades diferentes prácticamente siguen siendo nulas. Hasta ahora, los principales apoyos que reciben los discapacitados están enfocados en el concepto de que son personas con alguna enfermedad, pero si esto fuera cierto, no habría excelentes profesionistas, políticos, periodistas, profesores, atletas, artistas, con algún tipo de discapacidad.

Con este punto de acuerdo, estaremos logrando que, sin erogar recursos económicos adicionales, se atienda de manera prioritaria a los discapacitados y así, programas como Oportunidades Hábitat y los diversos fondos de la Secretaría de Desarrollo Social, contemplarán aspectos específicos que beneficien a este tipo de personas, que les evite el estado de indefensión que vulnera las garantías consagradas en la Constitución.

Compañeras y compañeros diputados, el Gobierno Federal debe incluir en sus programas sociales de desarrollo humano, a las personas con capacidades diferentes que por cualquier razón viven diariamente una situación en grado extremo de desigualdad y trabajo arduo, el cual no es con justicia reconocido.

Particularmente el Partido de Convergencia, bajo los principios de la social democracia, reclama del Estado que cumpla con su función social, particularmente nos referimos a la atención de los grupos más vulnerables y víctimas de la discriminación. El Estado no debe delegar este tipo de tareas a las organizaciones de la sociedad civil, que por cierto realizan una estupenda labor; éstas coadyuvan y se solidarizan, pero nunca podrán ni deberán sustituir la función del Estado.

Con la aceptación de este punto, estaremos avanzando en la atención, por el Estado, de los grupos más vulnerables de manera solidaria.

Por todo lo anterior, pido a ustedes su respaldo para la aprobación de este punto de acuerdo presentado por Convergencia, que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a garantizar la incorporación prioritaria de las personas con capacidades diferentes a sus programas sociales.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputado Juan Fernando Perdomo Bueno.

Se concede el uso de la palabra para hablar en pro, a la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María del Carmen Mendoza Flores:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El dictamen de punto de acuerdo que hoy se presenta a esta soberanía, busca corresponder con un sentido de elemental justicia a los reclamos de apoyo del amplio grupo de personas con capacidades diferentes que habitan las zonas con mayor pobreza y marginación en nuestro país. Por ello, los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional convocamos al resto de los legisladores a aprobarlo en sus términos.

Como se reconoce en las consideraciones del texto original de la proposición, el Gobierno del Presidente Vicente Fox ha dado un nuevo y valioso impulso al papel que las personas con discapacidades diferentes juegan en nuestra sociedad y a la atención que es necesario brindarles. En este sentido, es oportuno destacar que este Gobierno se ha comprometido con la incorporación plena a la vida social, laboral y política de aquellas mexicanas y mexicanos que cuentan con capacidades diferentes a las comunes del resto de la población.

En primer lugar, con el establecimiento de la promoción de la equidad y la igualdad de oportunidades como tema primordial del gobierno en materia de discapacidad, lo cual como se comentó por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, se plasmó en el Plan Nacional de Desa-rrollo 2001-2006, con el objetivo estratégico de promover y fortalecer el desarrollo de las personas con discapacidad, para equiparar y facilitar su integración en todos los ámbitos de la vida nacional.

En segundo lugar, con la creación y consolidación de la oficina de representación para la promoción e integración social para personas con discapacidad de la Presidencia de la República, con lo cual se eleva al más alto nivel decisorio las acciones a favor de las personas con discapacidad y con la finalidad de establecer políticas multisectoriales en coordinación con distintas secretarías para atendérseles de manera integral.

En tercer lugar, con el fortalecimiento y consolidación de la estructura programática y de las políticas públicas y de atención a las personas con capacidades diferentes, a lo cual se suma el apoyo y compromiso de los sectores público, social y privado, la ayuda de los gobiernos estatales, de las organizaciones civiles, de las organizaciones no gubernamentales y la participación de toda la sociedad.

En este último aspecto resulta indudable el avance de los diversos programas que el Gobierno Federal ha puesto en marcha para la atención integral de este grupo, entre los cuales destaca el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, operado por el Sistema Nacional de Desa-rrollo Integral de la Familia, DIF, que se inserta en la vertiente de la asistencia social para beneficiar a la población más vulnerable de este país; el Programa de Prevención y Rehabilitación de Discapacidades, a cargo de la Secretaría de Salud; el Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 2001-2006, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial e Integración Educativa, a cargo de la Secretaría de Educación Pública; el Programa de Apoyo a las Personas con Discapacidad en el Medio Rural, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, entre otros.

En el caso de los servicios que otorga el DIF a la población discapacitada, éstos representan más del 70% de los servicios de atención integral a la población que se presentan en el país. Baste decir que se provee de atención integral a cerca de 1 millón 170 mil personas, mediante la prestación de 18 millones 720 mil servicios. De continuar con esta tendencia es factible lograr una cobertura nacional para el 2006.

Indudablemente no podemos estar satisfechos con lo hecho hasta ahora, pues sabemos que podemos lograr más y mejores resultados en la materia. Por ello es que compartimos la propuesta de avanzar en la urgente necesidad de establecer y garantizar el acceso en igualdad de oportunidades de las personas con discapacidades diferentes a los programas de combate a la pobreza que implementa la Secretaría de Desarrollo Social.

Coincidimos en que debemos fortalecer la acción del Estado...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le agotó el tiempo, diputada.

La diputada María del Carmen Mendoza Flores:

Concluyo, diputado Presidente.

...En aras de lograr mejores condiciones de bienestar para la población. Avancemos con responsabilidad en la construcción de un México más justo, solidario e igualitario para todas las mexicanas y mexicanos y aprobemos este punto de acuerdo.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

Procedo se instruya a la Secretaría para consultar a la Asamblea si el punto de acuerdo está suficientemente discutido, toda vez que faltan dos oradores registrados.

En caso de que la Asamblea decida que no está suficientemente discutido, se procederá a desahogar el segundo turno de oradores.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Suficientemente discutido.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado el punto de acuerdo.

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CODIGO FISCAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día son dictámenes negativos. Proceda la Secretaría a dar lectura al primero de ellos.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diversos Diputados presentaron iniciativas de reformas y adiciones a al Código Fiscal de la Federación, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, las cuáles se relacionan a continuación:

Iniciativa que adiciona la fracción VI Bis, al artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, de la Diputada Petra Santos Ortiz del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 08 de octubre de 2002.

Iniciativa que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, del Diputado Marcos Pérez Esquer del Grupo Parlamentario del PAN, de fecha 22 de octubre de 2002.

Iniciativa que adiciona la fracción IV del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, de la Diputada Adela del Carmen Graniel Campos del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 21 de noviembre de 2002.

Iniciativa que reforma el artículo 208, fracción 1ª del Código Fiscal de la Federación, de la Diputada Mónica Leticia Serrano Peña, del Grupo Parlamentario del PAN, de fecha 26 de noviembre de 2002.

Iniciativa que adiciona la fracción al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, de la Diputada Adela del Carmen Graniel Campos del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 08 de abril de 2003.

Iniciativa que adiciona un artículo 19-Bis al Código Fiscal de la Federación (para crear la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente), del Diputado Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 24 de abril de 2003.

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Seguro Social, del Dip. Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 04 de abril de 2002.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de las iniciativas antes señaladas y conforme a las deliberaciones y el análisis que de las mismas realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente.

DICTAMENDESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS:

Refiere la iniciativa del Diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN, que no considera aceptable el hecho de que algunos delitos fiscales, sean considerados al mismo tiempo de querella y graves.

Argumenta que el hecho de que algunos delitos fiscales se hayan calificado como graves a partir de la reforma de 1999, tiene un sólido fundamento: la comisión de delitos fiscales atenta contra el sistema educativo y de salud del país, contra la buena calidad de los servicios públicos de la comunidad y contra la viabilidad del Estado. Por ello se califica de graves estos ilícitos y consecuentemente ya no se otorga el beneficio de la libertad bajo caución; sin embargo, por absurdo jurídico, se les otorga su libertad absoluta si confiesan y pagan o garantizan el pago de las contribuciones exigidas.

Por lo anterior, comenta el Diputado Pérez Esquer, resulta necesario eliminar la atribución legal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para pedir el sobreseimiento de los procesos penales en el caso de delitos fiscales considerados graves, ya que no hacerlo, implicaría mantener el statu quo por el cual la consignación judicial de los acusados por la comisión de delitos fiscales, se convierte en un mecanismo corrupto y corruptor a favor de autoridades fiscales, e incuba graves injusticias contra la sociedad en general y contra los ciudadanos indebidamente acusados de delitos fiscales en particular.

Propone entonces, incorporar la prohibición expresa para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no pueda pedir el sobreseimiento de los procesos penales, cuando el procesado no tenga derecho a obtener su libertad provisional bajo caución por tratarse de delitos fiscales graves, mediante decreto que reforme el artículo 92 del Código Federal de la Federación.

Por su parte, la Diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del Grupo Parlamentario del PRD, expone que las personas físicas y morales dedicadas a la actividad empresarial en México son propietarios de unidades económicas con poca capacidad productiva y que es evidente que prevalece la micro empresa, es decir, empresas de un tamaño muy reducido y con un elevado riesgo financiero.

Asimismo, al revisar en dónde trabajan las personas y específicamente cuántos empleados hay en el lugar en el que realizan su actividad, se observa que un 41% de la población económicamente activa labora en empresas que tienen entre dos y diez trabajadores, lo qué habla de la importancia que las pequeñas empresas ocupan en la generación de empleos.

La iniciativa que la Diputada Granel Campos presenta para reformar y adicionar el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, tiene el propósito de que se otorguen estímulos fiscales a pequeños y medianos empresarios, con el propósito de impulsar la industria y el comercio interno, así como de que se continúe generando y se conserve el empleo de miles de mexicanos.

El Gobierno Federal señala, podría otorgar estímulos fiscales en la adquisición de inmuebles, simplificación administrativa para el uso del suelo y agua, así como exenciones en el impuesto sobre nóminas, predial y en el impuesto sobre activos.

La misma Diputada Granel Campos, presenta otra iniciativa con el objetivo de reforzar la legislación vigente en materia de expedición de comprobantes fiscales y en este contexto facilitar la comercialización del ganado. En este orden de ideas, propone la modificación del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Para tal planteamiento expone que las leyes de ganadería de los estados de la República Mexicana establecen que la manera de comprobar la propiedad de los animales para casos de compra-venta es con la factura respectiva.

Es común, indica en su iniciativa, que la movilización se realice de, manera irregular, lo que no garantiza que los animales sean de la persona que factura, ocasionando entre otras cosas, el abigeato que atenta contra el patrimonio del ganadero.

Con esta propuesta se pretende: regular que facture ganado sólo quien sea el legítimo propietario de los semovientes, y así coadyuvar a la disminución de Abigeato que tanto afecta el patrimonio de los ganaderos y la producción ganadera nacional.

El Diputado Rafael Hernández Estrada, del Grupo Parlamentario del PRD, expone que la mayoría de los contribuyentes que pagan sus impuestos se encuentran en virtual indefensión jurídica, pues se trata de trabajadores indepen- dientes y de micro y pequeños empresarios, todos con bajos ingresos, que sufren la arbitrariedad de una autoridad fiscal que no respeta sus derechos.

Agrega que el Código Fiscal de la Federación, en su Título Segundo, de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, en ninguno de sus artículos hace referencia a la garantía, que le reconoce al contribuyente la legislación internacional, de contar con una defensa oportuna, calificada, eficiente y gratuita para la efectiva defensa de sus derechos.

La inexistencia en nuestra legislación fiscal de un medio de defensa accesible a los contribuyentes, así como las garantías que el Estado, en términos de los tratados internacionales signados por nuestro país, debe ofrecer a los ciudadanos para la efectiva defensa de sus derechos, obligan a la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Para tal efecto, la propuesta contempla la adición de un artículo 19-bis al texto vigente del Código Fiscal de la Federación.

La Diputada Mónica Leticia Serrano Peña, del Grupo Parlamentario del PAN, expone en su iniciativa que en diciembre de 2000 se aprobó por la Cámara de Diputados una reforma al Código Fiscal de la Federación, con relación al artículo 208, en su fracción 1ª, y una adición a su último párrafo. En ese entonces se consideró, entre otras cosas, que las reformas eran encaminadas a agilizar el procedimiento de las controversias que se siguen ante el Tribunal Fiscal de la Federación, ya que con ellas los particulares se ven beneficiados con facilidades que, además de otorgarles mayor seguridad jurídica, dan celeridad al desa-rrollo de algunas etapas del juicio contencioso administrativo.

Al paso de casi dos años de haber aprobado dicha reforma, considera que la finalidad que se perseguía de dar mayor celeridad en el desarrollo del juicio contencioso administrativo, no se ha cumplido. Por ello, se propone que uno de los objetivos en materia de impartición de justicia es regular con mayor precisión y claridad los aspectos relativos al procedimiento contencioso administrativo.

Al respecto, con objeto de seguir avanzando en la reducción de costos administrativos a favor de los contribuyentes, la Diputada Serrano Peña sugiere establecer, como uno de los requisitos que debe contener la demanda, que sea el domicilio del demandante el lugar para recibir notificaciones, para así liberarlo de la obligación que actualmente tiene de citar domicilio en la sede de la Sala Regional competente. Propone para ello, reformar el artículo 208 del Código Fiscal de la Federación.

La Diputada Petra Santos Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD, argumenta que los trabajadores migrantes, particularmente aquellos que por su necesidad de trabajo o estudio cruzan la frontera varias veces a la semana y que emplean para dicha acción un automóvil comprado en Estados Unidos, enfrentan infinidad de problemas con el personal de aduanas, los cuales comúnmente actúan, desfavorablemente con este tipo de migrantes mediante el decomiso de su vehículo y con el fincamiento de responsabilidades administrativas y fiscales en su contra, al no poder comprobar las condiciones de residencia en los Estados Unidos, tal como lo establece el Código Fiscal de la Federación.

La magnitud del problema, señala, es sumamente grave, ya que el decomiso de los automóviles de estos mexicanos que viven en la frontera norte es tal, que desde Tijuana Baja California, hasta la frontera de Tamaulipas, pasando por Ciudad Juárez y Piedras Negras, ha provocado la existencia de más de 20 mil procedimientos administrativos en materia aduanera, iniciados en un 99% contra personas con estatus de emigrado.

Esta situación de decomiso de autos, afecta el patrimonio de muchos miles de mexicanos que están luchando por sobrevivir en condiciones sumamente difíciles en la franja fronteriza, por lo que se busca a través de esta iniciativa, permitir el uso dentro de la región fronteriza por los parientes del propietario del vehículo, sin salir de la frontera. Para esto, propone adicionar una fracción VI Bis al artículo 105 del Código Fiscal de la Federación.

Por lo que hace a la Iniciativa presentada por el Dip. Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, propone la inclusión del concepto de empresa del sector social y de la economía y/o familiar, así como que la Secretaría de Hacienda tenga como límite un plazo de dos años para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA.- Esta Comisión considera que no es procedente dictaminar favorablemente las iniciativas de mérito, ya que se refieren a diversos aspectos de un mismo ordenamiento, siendo que el mismo fue ya modificado y evaluado por la nueva legislatura en el período anterior de sesiones, aprobándose diversas reformas a dicho cuerpo legal, por lo que no se estima oportuno en este momento proceder a un nuevo examen de sus diversas disposiciones.

Por lo demás, dicho examen representaría un análisis fragmentado y sectorizado, ya que las iniciativas en cuestión, proponen reformas totalmente diversas y hasta contradictorias sobre un mismo ordenamiento legal; debiendo al respecto considerarse que los ordenamientos legales, en general y, con mayor razón, las leyes fiscales, deben respetar en todo caso, los principios fundamentales de la hermenéutica jurídica, por lo que no se considera conveniente que sean objeto de reformas o modificaciones parciales, que al no derivar de un examen general del sentido y espíritu que informa el cuerpo legal correspondiente, pudieran constituir ``parches legales'', es decir, modificaciones aisladas y fragmentarias que atentaran contra los principios referidos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de la Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se declaran no aprobadas. las Iniciativas materia de este Dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente.

Palacio Legislativo, Salón de Sesiones, 3 de febrero de 2004.--- Diputados: Gustavo Madero Muñoz, Presidente (rúbrica); Francisco Suárez y Dávila, secretario (rúbrica); Juan Carlos Pérez Góngora, secretario (rúbrica); José Felipe Puelles Espina, secretario (rúbrica); Diana Rosalía Bernal de Guevara, secretaria (rúbrica); Alejandro Agundis Arias, secretario; Oscar González Yáñez, secretario; Jesús Emilio Martínez Alvarez, secretario (rúbrica); José Alarcón Hernández, José Arturo Alcántara Rojas, Angel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), José Trejo Reyes, Francisco Javier Valdez de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Emilio Zebadúa González (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Está a discusión el punto de acuerdo...

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Aprobado.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Continúe la Secretaría con el siguiente dictamen.

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LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diversos Diputados presentaron iniciativas de reformas y adiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, las cuales se relacionan a continuación:

Iniciativa que reforma el artículo 2°, fracción I, inciso G, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Diputado Salvador Cosío Gaona del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 29 de enero de 2003.

Iniciativa de Reforma al artículo 2°, fracción I, inciso G, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Diputado Salvador Cosio Gaona del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 8 de abril de 2003.

Iniciativa de Reformas a Diversas Disposiciones Fiscales, del Dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido de Convergencia por la Democracia, de fecha 20 de marzo de 2001.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades, que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de las iniciativas antes señaladas y conforme a las deliberaciones y el análisis que de las mismas realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMENDESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

Refiere la primera iniciativa del Diputado Cosio Gaona que en diciembre del 2000 el Ejecutivo Federal planteó gravar los polvos que al diluirse permitieran obtener refrescos, no importando si utilizaban o no fructuosa sino en forma general, exentando únicamente aquellos que en su elaboración utilizaran azúcar de caña.

Con ello, agrega la iniciativa, el Ejecutivo Federal proponía corregir diversas definiciones aplicables al citado impuesto. La discrepancia existente en la Ley publicada para el ejercicio fiscal de 2002, consistió en el hecho de que por una parte se gravaba al refresco que estuviese elaborado con edulcorantes distintos del azúcar de caña y, por otro lado, se definía al refresco como aquel que contuviera únicamente fructuosa.

El impuesto especial aprobado a la producción y venta de polvos que utilizan edulcorantes artificiales en su composición y que utilizan para preparar bebidas saborizadas, subraya la iniciativa, resulta injusto, inadecuado, lesivo a la economía nacional, ruinoso para las clases económicas más necesitadas, altamente perjudicial para el altísimo número de mexicanos que padecen de diabetes y sobrepeso, por lo que se debe ser derogado, precisando que ello abatiría los costos y aumentaría el consumo, provocando un aumento de recaudación a los otros gravámenes que existen, beneficiando a la economía nacional y a las clases más necesitadas.

Mas adelante el propio Diputado Salvador Cosío Gaona, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una segunda iniciativa argumentando que el impuesto al agua natural y mineral gasificada ha ocasionando reclamos de las industrias restauranteras, hoteleras y refresqueras, por el efecto negativo en el consumo, por el incremento a los precios y la baja en el consumo, originando perdidas de ingresos, y por supuesto, baja en la recaudación.

Al aplicar la tasa del 20% del Impuesto Especial a las aguas naturales y gasificadas, señala, se afecta a la industria nacional, así como a las instalaciones que proporcionan servicios tanto al turismo nacional como extranjero, por lo que propone sea derogado el impuesto a estas bebidas aprobado en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2003.

El Dip. José Manuel del Río Virgen del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia para la Democracia, propone la modificación al articulo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA.- Esta Comisión considera que no es procedente dictaminar favorablemente las iniciativas de mérito, ya que se refieren a diversos aspectos de un mismo ordenamiento, siendo que el mismo fue ya modificado y evaluado por la nueva legislatura en el período anterior de sesiones, aprobándose diversas reformas a dicho cuerpo legal, por lo que no se estima oportuno en este momento proceder a un nuevo examen de sus diversas disposiciones.

Por lo demás, dicho examen representaría un análisis fragmentado y sectorizado, ya que las iniciativas en cuestión, proponen reformas totalmente diversas y hasta contradictorias sobre un mismo ordenamiento legal; debiendo al respecto considerarse que los ordenamientos legales, en general y, con mayor razón, las leyes fiscales, deben respetar en todo caso, los principios fundamentales de la hermenéutica jurídica, por lo que no se considera conveniente que sean objeto de reformas o modificaciones parciales, que al no derivar de un examen general del sentido y espíritu que informa el cuerpo legal correspondiente, pudieran constituir ``parches legales'', es decir, modificaciones aisladas y fragmentarias que atentaran contra los principios referidos.

SEGUNDA.- Es improcedente la reforma propuesta en las iniciativas que se dictaminan, ya que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios grava este tipo de productos, no por contener fructuosa en su elaboración, sino por estar elaborados con caña de azúcar, esto significa que, fuera de la exención relativa y dados los principios de generalidad del impuesto, todos los polvos que se utilicen para la preparación de refrescos o bebidas hidratantes, causarán el gravamen aun cuando no empleen fructuosa y si es que tampoco utilizan la caña de azúcar. Así, cualquier refresco, polvo, jarabe o concentrado que utilice cualquier tipo de endulcorante diferente a la caña de azúcar (aun cuando no sea fructosa) pagará el gravamen por lo que se estima que, contrariamente a lo que se aduce en la iniciativa presentada, exentar del impuesto especial a los polvos que no utilizan fructosa violaría la generalidad y equidad del gravamen pues los refrescos elaborados con este tipo de endulcorantes distintos al azúcar y a la fructosa, se encuentran igualmente gravados.

Esta Dictaminadora considera que los planteamientos presentados en ambas iniciativas fueron contemplados en la discusión que dio como resultado la aprobación de la tasa del 20% a los refrescos y jarabes que estén elaborados con edulcorantes distintos de la caña de azúcar, además, para mayor seguridad del consumidor se incorporó una nueva definición con el propósito de determinar, que jugos y néctares no pagan el impuesto correspondiente al refresco, señalando que deberán contener un mínimo de 20% de jugo o pulpa de fruta o 2° brix de sólida provenientes de la misma.

TERCERA.- En cuanto a la reforma a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, propuesta por el Dip. José Manuel del Río Virgen, cabe recordar que esta medida fue considerada por el Legislativo en la reforma fiscal aprobada en el ejercicio fiscal del 2002.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de la Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se declaran no aprobadas las Iniciativas materia de este Dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente.

Palacio Legislativo, Salón de Sesiones, 03 de febrero de 2004.--- Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Oscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), secretarios; José Alarcón Hernández, José Arturo Alcántara Rojas, Angel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), José Trejo Reyes, Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica), Emilio Zebadúa González (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Está a discusión el punto de acuerdo...

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Aprobado.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

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ESTADO DE SONORA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continuando con el orden del día, sigue el capítulo de proposiciones.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para hacer un atento exhorto al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, respetando su autonomía, para que deje sin efecto el decreto que reforma al consejo estatal de concertación para la obra pública, publicado el 15 de enero y el 11 de febrero de 2004, mismo que en su opinión violenta la autonomía municipal.

El diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre:

Con su permiso, señor Presidente:

En mi calidad de diputado federal integrante del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, para hacer un atento exhorto al gobernador del estado de Sonora, Eduardo Bur Castelo, para que respete a los municipios del estado de Sonora y deje sin efecto el decreto que reforma el consejo estatal de concertación para la obra pública, publicado el 15 de enero y el 11 de febrero de 2004.

El Gobierno del estado de Sonora está implementando un programa denominado Programa de Participación Social Sonorense (Pasos), con esto busca establecer estructuras paralelas a los municipios para decidir y administrar los recursos para obras públicas, sin tomar en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal. Mediante decreto publicado el 15 de enero y el 11 de febrero, se crean las juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal, que se integran por ciudadanos invitados sólo por el gobernador y un representante del gobierno municipal respectivo.

Estas juntas municipales tienen funciones claras: promueven la participación social para realizar programas de gobierno y obra pública; presentan, ante el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, las propuestas municipales para el Programa Estatal de Obra Pública Concertada, es decir, estas juntas propondrán las obras prioritarias de los municipios que tendrá que hacer el gobierno estatal, sin tomar en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal.

La junta, tendrá la facultad de decisión para el manejo de recursos públicos al administrarlos y será el órgano de contacto entre el municipio del estado. Estas juntas también estarán facultadas, de acuerdo al decreto, para actuar de manera independiente, sin tomar en cuenta los planes municipales de desarrollo y de manera unilateral por la integración y el funcionamiento será operado y supervisado por el gobierno estatal y, lo más grave, será a través de dichas juntas como el municipio podrá acceder a los recursos que el gobierno estatal tiene asignados para la concertación, lo cual constituye un obstáculo directo.

El gobernador de Sonora, mediante estas simulaciones, está violando flagrantemente lo establecido por el artículo 115 constitucional, mismo que establece que no habrá autoridad intermedia alguna entre el municipio y el gobierno estatal.

El acto administrativo emanado del Ejecutivo Estatal con el Programa Pasos, evidentemente va en detrimento de la eficiencia de autonomía de la forma de ejercer los recursos y de plantear su desarrollo por parte de los ayuntamientos, lo cual violenta claramente su autonomía.

Este hecho no lo podemos ver como algo menor, lo que el gobernador de Sonora está ocasionando es muy grave para el verdadero federalismo que ha buscado este Congreso, para el que busca la Convención Nacional Hacendaria y para el mismo federalismo por el que se originó la Conago. Todos los partidos políticos en diferentes formas, hemos hablado de la defensa de la autonomía municipal.

El gran avance municipalista se dio en este recinto con la reforma al artículo 115 constitucional y hoy día, en Sonora, se pretende disfrazar un control sobre todos los municipios del estado, supeditándolos a pesar de ser electos democrática y libremente a unos consejos creados y supervisados por el gobernador del estado.

Los tiempos en que los gobernadores creaban figuras jurídicas para controlar todo y mandar en todo, deben ser cosa del pasado. Los avances municipalistas de este país son obra de muchos mexicanos de todos los partidos políticos que estuvieron convencidos que el municipio era la autoridad más cercana a los ciudadanos y que éste debería tener más facultades y más recursos para darles resultados a la gente.

Es tiempo de que en congruencia con lo dicho, haya congruencia en los hechos, este tipo de acciones las debemos defender todos, lo que pasa en Sonora es algo muy grave, y es un precedente del regreso al pasado que pretendemos dejar atrás los mexicanos y también es grave la laxa memoria del gobernador de Sonora, Eduardo Bur Castelo, quien hace unos meses protestó ante el Congreso del estado de Sonora, guardar la Constitución y la leyes que de ella emanen. Guardar, señor Gobernador de Sonora, quiere decir vigilar, cumplir, hacer cumplir y defender y eso es lo que debe hacer por todos los municipios de Sonora.

La política debe de generar concordia y no discordia. Ojalá y el gobernador de Sonora deje sin efecto este decreto que divide a los alcaldes y a sus habitantes de sus municipios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, concluyo, señor Presidente, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución.

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hace un atento exhorto al gobernador constitucional del estado de Sonora, respetando su autonomía para que deje sin efecto el decreto que reforma el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado el 15 de enero y el 11 de febrero de 2004, mismo que violenta la autonomía de los municipios del estado de Sonora.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de formular un atento exhorto al Gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, respetando su autonomía, para que deje sin efecto el decreto que reforma el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado el 15 de enero y el 11 de febrero de 2004, que violenta la autonomía municipal, a cargo del diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del PAN.

El suscrito, en mi calidad de diputado federal integrante de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para hacer un atento exhorto al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, respetando su autonomía, para que deje sin efecto el decreto que reforma al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado el 15 de enero y 11 de febrero de 2004, mismo que violenta la autonomía municipal.

Acudo a esta honorable soberanía a plantear un asunto importante y que no puede demorarse más. Tiene qué ver con la intromisión en la autonomía municipal en los municipios de Sonora, mismos que se ven afectados por la implementación del denominado Programa de Participación Social Sonorense, mejor conocido como ``Pasos'' por conducto del titular del Poder Ejecutivo de ese estado, atendiendo a los siguientes

Antecedentes

En el estado de Sonora, a través de la creación mediante decreto del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 15 de enero de 2004, se constituye el Programa de Participación Social Sonorense (Pasos).

El decreto referido faculta al CECOP no sólo para estimular e inducir la participación de la sociedad civil en obras de infraestructura, sino ahora también en Programas de Gobierno para el desarrollo social, económico y regional del estado (cualquier programa pues no existe dentro de este decreto limitación alguna). Igualmente se le faculta no únicamente para apoyar la ejecución de obras públicas, sino también proyectos y acciones de gobierno.

Uno de los aspectos en los cuales ha sido enfático el gobierno estatal, se refiere a la integración de la Junta Estatal de Participación Social, señalando que por integrarse por ciudadanos (que serán invitados exclusivamente por el gobernador), ésta será garantía de autonomía, independencia y, como consecuencia, transparencia; sin embargo, dentro de las atribuciones del Consejo Directivo se encuentra evaluar y sancionar las actividades que desarrollen el Coordinador General y la Junta Estatal de Participación Social, esto es, a pesar de cualquier actuación que pudiera realizar la referida Junta, la última palabra siempre la tendrá el Gobierno Estatal, con lo cual no habrá esa ``supuesta'' independencia, ni autonomía, sino una clara y notoria simulación.

Por otro lado, también con este decreto se crean Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal, que se integrarán por ciudadanos que también invitará exclusivamente el gobernador, y además habrá un representante del Presidente Municipal respectivo. Tales Juntas estarán bajo la supervisión de la Junta Estatal, que a su vez, en todos sus actos, estará bajo la supervisión del gobierno estatal, con ello en ningún momento, ni siquiera los ciudadanos que designó el Ejecutivo, tendrán la última palabra para tomar una decisión, ya que ésta estará en manos del gobierno estatal.

Asimismo, dentro de las funciones de las Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal, cabe destacar las siguientes:

Promover, estimular e inducir la participación social para la realización de programas de gobierno (cualquiera) y obra pública que impacte en el mejoramiento de la calidad de vida.

Presentar al CECOP las propuestas municipales para el Programa Estatal de Obra Pública Concertada. Esto es, la Junta Municipal será el órgano a través del cual se establecerán las obras prioritarias de un municipio que requieran ser realizadas por esa entidad estatal.

Coordinar con el estado, y en su caso con el ayuntamiento, la integración de Comités de Participación Social para cada obra o programa que se ejecute en el municipio. Esto, aún si el ayuntamiento decide participar o no en dicho programa (si firma o no el convenio con el estado).

Administrar los recursos para la ejecución de las obras y programas que se concierten en forma directa con los grupos beneficiarios. La Junta tendrá la facultad de decisión para el manejo de recursos públicos, al administrarlos, y será el órgano de contacto entre el municipio y el estado.

Aportar al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal las propuestas de obras y programas que se juzguen prioritarios. Esto toda vez que es este Comité el que legalmente se encuentra facultado para consultar a la sociedad para la elaboración, actualización, ejecución y control del Plan Municipal de Desarrollo.

En resumen, habrá dos tipos de participación social: los de obras y los de programas de gobierno, y en ninguna disposición normativa se establece la obligación de que una vez concluida la obra o el programa, estos comités se disolverán, por el contrario, se puede interpretar que tendrán mayor permanencia al facultarlos para constituirse como asociaciones civiles.

Asimismo, la existencia de las citadas Juntas Municipales estarán facultadas conforme al decreto antes citado, para actuar de manera independiente (sin tomar en consideración los planes municipales de desarrollo o la opinión de los ayuntamientos correspondientes), unilateral (pues por su integración y funcionamiento prácticamente es el gobierno del estado el que tomará todas las decisiones) y con decisión (dado que las prioridades que establezcan se realizarán con o sin el acuerdo del ayuntamiento), y además será a través de dichas juntas como el municipio podrá acceder a los recursos que el gobierno estatal tiene asignados para concertación, lo cual constituye una obstaculización directa (ya que funge como intermediario) con el gobierno estatal.

Consideraciones

Consideramos que el señor gobernador del Estado Libre y Soberano de Sonora, está violando flagrantemente lo dispuesto por los artículos 26, 115 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo siguiente:

El artículo 26 constitucional refiere que ``el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación''.

Así también el artículo 115 de la Carta Magna establece que ``los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

`` I.- Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado.''

De igual forma el precepto 128 de la referida Carta Magna, dispone que ``todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen''.

En el caso que nos ocupa consideramos que violenta lo dispuesto por el artículo 26 constitucional, ya que al crear por medio de un decreto una instancia paralela al ayuntamiento, la cual está integrada por personas que invita directamente el Ejecutivo estatal y quien preside dicho consejo es una persona que designa el mismo funcionario; de ninguna manera se puede considerar que este consejo tenga independencia y mucho menos que con este tipo de organismos se pueda alcanzar la democratización política, social y cultural, de los municipios y mucho menos la transparencia en el uso y destino de los recursos, aunado a que dicho precepto jamás le otorga facultades para validar obras o definir la modalidad de ejecución de las mismas.

Ahora bien, preferiría pensar que el señor gobernador ignora cuál fue el motivo por el cual el Constituyente estableció en el artículo 115 constitucional que el gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado, palabras que por su claridad es difícil tratar de buscar sinónimos para su mejor comprensión, pues es categórico el precepto al establecer el no. No quiere decir que no puede haber ninguna autoridad, ni nada que se le parezca, y el acto administrativo emanado del Ejecutivo estatal evidentemente va en detrimento de la eficiencia y autonomía de la forma de ejercer los recursos por los ayuntamientos y eso en cualquier idioma se le llama violar la autonomía municipal.

Lo que está ocasionando el Ejecutivo estatal en el estado de Sonora es muy grave para el verdadero fortalecimiento del federalismo que se está buscando en este Congreso de la Unión, en la Convención Nacional Hacendaria y en la misma Conferencia Nacional de Gobernadores, lo que siempre hemos querido es tratar a los ayuntamientos como gente adulta, ya que siempre han sido tratados como infantes, como entes que no pueden decidir por sí solos, siempre decidiendo por ellos los Ejecutivos, y por si fuera poco ahora tratando de disfrazar este control sobre todos los municipios del estado de Sonora, con unos supuestos consejos a quienes las autoridades emanadas del pueblo, mediante el sufragio secreto y directo están supeditados a lo que disponga un consejo creado a modo del gobernador estatal, mismo que decidirá qué obras se pueden realizar y cuáles no.

No olvidemos que, de conformidad con el artículo 115 antes citado en su fracción II se establece que los municipios están investidos de personalidad jurídica propia, manejan su patrimonio conforme a la ley y se autorregulan en el ámbito de su competencia.

Reitero nuevamente que lo que sucede en el estado de Sonora es muy grave, pero más grave es la laxa memoria del señor gobernador, pues hace sólo unos meses protestó ante el H. Congreso del estado de Sonora guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, guardar señor, no quiere decir poner algo donde esté seguro como lo define el Diccionario de la lengua española, este término empleado en nuestra Carta Magna quiere decir: vigilar, cumplir y defender, y eso es lo que debe hacer por el bien de los municipios y de los habitantes del estado de Sonora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución:

Unico: Se haga un atento exhorto al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, respetando su autonomía, para que deje sin efecto el decreto que reforma el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado el 15 de enero y 11 de febrero de 2004, mismo que violenta la autonomía municipal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.--- Rúbrica.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, Gracias.... Mayoría por la negativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No se considera de urgente resolución y, por lo tanto, se turna a la Junta de Coordinación Política.

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REINO DE ESPAÑA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se saluda al pueblo español, particularmente a su Presidente electo, el señor José Luis Rodríguez Zapatero y al Partido Socialista Español, por su triunfo en los comicios del 14 de marzo.

El diputado Jorge Martínez Ramos:

Con su permiso, señor Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, respecto de los atentados terroristas y el proceso electoral en España.

Las y los legisladores suscritos integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución bajo las siguientes

Consideraciones

1. Que a España y a México los unen fuertes lazos históricos, políticos, económicos y culturales, pero también de amistad y solidaridad entre sus pueblos.

2. Que el pueblo español, vivió la peor de sus tragedias en más de medio siglo con los recientes atentados terroristas perpetrados el pasado 11 de marzo, en los que más de 200 personas perdieran la vida.

3. Que es un atentado cuyas principales víctimas fueron jóvenes obreros, estudiantes y empleados; un atentado brutal y sanguinario, que bajo ningún concepto puede ser aceptado y menos justificado.

4. Que tres días después, el pueblo español, en un acto de madurez, debió ir a las urnas para emitir su voluntad soberana en medio del dolor.

5. Que el proceso electoral por el que hoy las verdaderas fuerzas amantes de la paz en el mundo, celebran la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno de España, se ha dado en el marco de la democracia que permite a su pueblo escoger libremente a sus gobernantes, dando base y sustento a lo que conocemos como principio de autodeterminación de los pueblos, valor de la política interna y externa de un país y una de las principales garantías para la democracia y la paz en el mundo.

6. Que el triunfo del candidato del Partido Socialista Obrero Español, es el resultado del absoluto y total repudio del pueblo español a la participación del gobierno en la guerra de Estados Unidos contra Irak.

7. Que a pesar de la incesante manipulación informativa, el pueblo español hizo patente que guarda una concepción amplia del terrorismo al que el mundo, y particularmente ellos, recientemente se han enfrentado, asumiendo que se trata de un flagelo con múltiples causas, orígenes y formas de aplicación, todas ellas condenables.

8. Que el pueblo español, ha demostrado en esta jornada electoral su capacidad para hacer valer los principios y valores que mayoritariamente comparten, así como su poder para juzgar a sus gobiernos y remover a las opciones políticas que han traicionado la confianza que anteriormente depositaran en ellos.

9. Que el nuevo gobierno ha manifestado que considera la lucha contra el terrorismo como una prioridad inmediata, así como su intención de combatirlo trabajando arduamente, a favor de la unidad y la paz de su pueblo. Asimismo, ha manifestado su plena voluntad por el diálogo interno y externo.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta Honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, expresa sus condolencias y solidaridad fraterna al hermano pueblo de España, por la muerte de civiles como consecuencia de los condenables actos terroristas perpetrados el pasado 11 de marzo.

Segundo. Saluda al Presidente electo de España, el señor José Luis Rodríguez Zapatero y hace votos porque el nuevo gobierno sabrá cumplir con los compromisos asumidos para lograr la paz y la unidad que reclama ese pueblo hermano.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2004.--- Diputados: José Alberto Aguilar Iñárritu, Jorge Martínez Ramos, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Jesús Porfirio González Schmal.»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado Jorge Martínez Ramos.

Esta Presidencia advierte que el señor orador solicita que este punto de acuerdo se tramite de urgente y obvia resolución, sin embargo, no fue planteado así por la Junta de Coordinación Política a la Mesa Directiva ni fue planteado así al darse a conocer al resto de los legisladores, por los cuales se dejaría a la Asamblea en estado de indefensión, en los términos del artículo 4º Apartado cuarto que dice: ``Cuando se requiere que algún asunto sea tramitado de obvia y urgente resolución, así deberá señalarse expresamente''. Como no se satisface esta hipótesis se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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CONTAMINACION EN PLAYAS MEXICANAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Maximino Fernández Avila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe a la sociedad sobre el estado de contaminación que guardan las playas mexicanas, así como de las medidas de contingencia que se aplicarán durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Adelante, señor diputado.

El diputado Maximino Alejandro Fernández Avila:

Gracias.

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Hace un año, poco antes del inicio de Semana Santa, las autoridades federales del Medio Ambiente, Turismo, Marina y Salud divulgaron con anticipación, de forma clara y accesible, a toda la población la información sobre el grado de contaminación de las playas más frecuentadas por los turistas. De esta forma en febrero del 2003, la Profepa dio a conocer los resultados de un informe sobre 16 playas contaminadas, lo que ocasionó duras críticas, ya que se consideró que se trataba de una estrategia para favorecer a otros destinos turísticos.

Entre los compromisos de estas secretarías, estuvo el de establecer un monitoreo de manera permanente y sistemática y de brindar información confiable y oportuna a los usuarios de las playas y a los principales centros urbanos e industriales costeros del país.

Lamentablemente lo que se prometió, que es una obligación legal y moral por parte de las autoridades, parece haber sido minimizado, y lo que parecía ser una programa innovador y protector de los derechos de los turistas, parece haber sido relegado.

Tal fue que la Semarnat suspendió la difusión de los resultados del monitoreo de la calidad de agua en las playas durante el mes de mayo, al argumentar que se realizaban ajustes a los métodos de medición. A estas fechas la información sobre los niveles de contaminación de algunas playas, es publicada dentro de la página de Internet de la Semarnat, la cual limita el acceso a un pequeño grupo de la sociedad civil que puede acceder a una computadora con Internet, siendo el grueso de la población relegada de dicha información.

Así cuando faltan algunas semanas para que el flujo de turistas se desborde en las playas del país, aún no se ha informado de manera masiva, sistemática y oportuna a la sociedad sobre el estado que guardan diversas playas el litoral mexicano.

Recientemente el Secretario del Medio Ambiente, Alberto Cárdenas informó que un monitoreo de 235 playas sólo ocho resultaron con altos niveles de contaminantes, sin embargo, omitió el mencionar los nombres de éstas, señalando únicamente que algunas se encuentran en los estados de Veracruz, Guerrero y Nayarit. De igual forma, excluyó los niveles de toxicidad y materiales por los que se consideran contaminadas estas playas.

Es fundamental para la economía del país, el conservar e incrementar los niveles de turismo, ya que esta actividad representó en cifras estimadas en el año 2002 el 8.2% del BIP total y es considerada la tercera fuente de divisas para México.

Igualmente es importante que las autoridades federales tomen en sus manos un asunto que importa a todos, la información generalizada de cómo están muchas de nuestras playas, las cuales muestran un deterioro creciente.

La importancia de brindar información sobre la contaminación bacteriológica de las playas, obedece a la necesidad de propiciar que los ciudadanos adquieran una responsabilidad basada en la información confiable al desarrollar sus actividades recreativas en playas y zonas costeras. De tal forma que los beneficios que ciertamente supone el goce de estas actividades para la salud y el bienestar general sean mucho mayores.

Por todo lo anterior el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a consideración la siguiente

Proposición

Primero. Exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con otras dependencias informe de forma veraz y accesible al público en general, de los niveles de contaminación de las playas mexicanas, principalmente de las con mayor afluencia turística, así como de las medidas de contingencia que se aplicarán durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Segundo. Exhortar a la Secretaría de Medio y Ambiente y Recursos Naturales, a que informe a la sociedad civil de manera sistemática, accesible y veraz, con por lo menos dos meses de antelación, sobre el estado de contaminación que guardan las playas mexicanas, para poder tomar medidas preventivas para los subsiguientes periodos vacacionales.

Tercero. Exhortar a la Secretaría de Salud para que despliegue una campaña de información generalizada y accesible a la población sobre los riesgos a la salud humana y exponerse al agua contaminada de playas, así como de las medidas y centros de atención en los puntos turísticos de mayor afluencia.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a la sociedad acerca del estado de contaminación que guardan las playas mexicanas, así como de las medidas de contingencia que se aplicaran durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, a cargo del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar sea considerada como de urgente resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Hace un año, poco antes del inicio de la Semana Santa, las autoridades federales de medio ambiente, turismo, marina y salud divulgaron con anticipación, de forma clara y asequible a toda la población la información sobre el grado de contaminación de las playas más frecuentadas por los turistas. En esa ocasión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y las mencionadas Secretarías, trabajaron en conjunto en el programa ``Playas Limpias'', cuya finalidad fue dar a conocer al público en general las condiciones de salubridad que guardaban las costas y los mares del país.

En febrero de 2003, la Profepa dio a conocer los resultados de un informe sobre 16 playas contaminadas, lo que ocasionó duras críticas por parte de hoteleros y prestadores de servicios turísticos, que incluso consideraron que se trataba de una estrategia para favorecer otros destinos turísticos, como Cancún.

Finalmente, entre los resultados obtenidos se indicó que siete playas, situadas en los municipios de Veracruz, Huatulco, Acapulco y Zihuatanejo, deberían ser clasificadas como de riesgo para los bañistas, por sus altos niveles de contaminación. Según el Sistema de Información sobre Calidad del Agua en los Principales Destinos de Playa, tres riberas de Veracruz, dos de la bahía de Acapulco, una de Zihuatanejo y una de Oaxaca tenían alta concentración bacteriológica de afectación a la salud humana.

Entre los compromisos de esas secretarías estuvo el de establecer los monitoreos de manera permanente y sistemática y de brindar información confiable y oportuna a los usuarios de las playas y a los principales centros urbanos e industriales costeros del país. Sin embargo, durante la fase de aplicación del programa, las señales de advertencia fueron destruidas por personal de los diversos servicios de restaurantes, hoteles y otros negocios. Debemos recordar que la oposición a dicho programa fue tal, que en cierta ocasión un inspector de la Profepa estuvo a punto de ser agredido físicamente por empresarios, que veían afectados sus ingresos al clausurar o minimizar la seguridad de las playas.

Lamentablemente, lo que se prometió, que es una obligación legal y moral por parte de las autoridades, parece haber sido minimizado y lo que parecía ser un programa innovador y protector de los derechos de los turistas, como consumidores de servicios, parece haber sido relegado. Tan lo fue, que la Semarnat suspendió la difusión de los resultados del monitoreo de la calidad de agua en las playas mexicanas en mayo, al argumentar que se realizaban ajustes a los métodos de medición.

A estas fechas, la información sobre los niveles de contaminación de algunas playas es publicada dentro de la página de Internet de la Semarnat, la cual es difícil de ubicar y limita el acceso a un pequeño grupo de la sociedad civil que puede acceder a una computadora con Internet, siendo el grueso de la población relegada de dicha información. Así, cuando faltan unas semanas para que el flujo de turistas se desborde en las playas del país, aún no se ha informado de manera masiva, sistemática y oportuna a la sociedad sobre el estado que guardan las diversas playas del litoral mexicano.

Recientemente, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas, informó que, en un monitoreo en 235 playas, sólo 8 resultaron con altos niveles de contaminantes1. Sin embargo, omitió mencionar los nombres de éstas, señalando únicamente que algunas se encuentran en los estados de Veracruz, Guerrero y Nayarit. De igual forma, excluyó informar los niveles de toxicidad y materiales por los que se consideran contaminadas esas playas.

Debemos recordar que es de gran importancia para la economía del país conservar e incrementar los niveles de turismo, ya que esta actividad representó, en cifras estimadas a 2002, 8.2 por ciento del PIB total2, y es considerada la tercera fuente de divisas para México, empleando a cerca de 2 millones de personas en el país. Es sabido que los contaminantes del agua pueden afectar la calidad de las playas turísticas o lagunas costeras y convertirlas en no aptas para desarrollar actividades recreativas y deportivas, reduciendo en el corto plazo la afluencia de visitantes a esas zonas y, por ende, afectando las economías locales, que se mantienen en gran medida por esta actividad.

De igual forma, se debe de enfatizar en los riesgos a la salud a que se pueden enfrentan los vacacionistas. De manera general, el contacto e ingesta de aguas contaminadas pueden ocasionar enfermedades intestinales, dermatológicas y respiratorias.

Es conveniente que las Secretarías de Medio Ambiente, de Turismo, y de Salud proporcionen los datos con mayor antelación y de manera accesible para la población, como fue hecho el año pasado, informando desde febrero, casi tres meses antes del periodo vacacional, de las condiciones de las playas, dando oportunidad a las autoridades locales de reducir los niveles de contaminación y de tomar las medidas precautorias necesarias. De igual forma, es necesario que las autoridades alerten a los ciudadanos no sólo acerca de los niveles de contaminación sino del tipo de padecimientos que podrían contraer.

Es importante que las autoridades federales tomen en sus manos un asunto que importa a todos: la información generalizada de cómo están muchas de nuestras playas, las cuales muestran deterioro creciente. La importancia de brindar información sobre la contaminación bacteriológica de las playas obedece a la necesidad de propiciar que los ciudadanos adquieran una responsabilidad basada en información confiable al desarrollar sus actividades recreativas en playas y zonas costeras, de tal forma que los beneficios que ciertamente supone el goce de esas actividades para la salud y el bienestar general sean mucho mayores.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con otras dependencias, informe de forma veraz y accesible al público en general acerca de los niveles de contaminación de las playas mexicanas, principalmente de las de mayor afluencia turística, así como de las medidas de contingencia que se aplicarán durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Segundo. Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe a la sociedad civil de manera sistemática, asequible y veraz, con por lo menos dos meses de antelación, sobre el estado de contaminación que guardan las playas mexicanas, a fin de poder tomar medidas preventivas para los subsiguientes periodos vacacionales.

Tercero. Exhortar a la Secretaría de Salud a que despliegue una campaña de información generalizada y asequible para la población sobre los riesgos a la salud humana, al exponerse al agua contaminada de playas, así como de las medidas y los centros de atención en los puntos turísticos de mayor afluencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de marzo de 2004.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera el asunto de urgente resolución, en votación calificada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión la proposición.

Como la Presidencia no tiene oradores registrados, considera suficientemente discutida la proposición y consulta la Secretaría a la Asamblea...

El diputado Raúl Leonel Paredes Vega (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Paredes.

El diputado Raúl Leonel Paredes Vega:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:

Los diputados del Partido Acción Nacional, consideramos a la protección del medio ambiente como un compromiso permanente que exige un alto sentido del deber y responsabilidad de todos los servidores públicos. Implica no sólo defender nuestros recursos tanto renovables como no renovables, sino también aprovecharlos de manera adecuada; optimizando así nuestras reservas y los productos que de ella podemos obtener, pugnado de esta manera por un medio ambiente limpio y sustentable.

Consideramos que la sociedad tiene derecho de esta informada sobre la contaminación existente en las playas y zonas costeras mexicanas, a fin de que puedan realizar sus actividades recreativas y de esparcimiento, con la certeza de que estos recursos les proporcionarán los beneficios esperados.

Por lo tanto, apoyamos el exhorto del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, pero es preciso reconocer lo que actualmente realiza el Gobierno.

El Poder Ejecutivo Federal por medio de una coordinación interinstitucional y en colaboración con los tres ámbitos de gobierno, puso en marcha a partir del año pasado, el Sistema Nacional de Información sobre la calidad del agua en las playas mexicanas, con la finalidad de proteger la salud de los usuarios y mejorar la calidad ambiental de las playas nacionales mediante un esfuerzo intersectorial en el que participan las secretarías de Marina, Medio Ambiente, Salud y Turismo.

En éste como en todos los demás temas ambientales no es posible avanzar sin el concurso activo de la sociedad, por lo que el sistema de información ha dado lugar a un programa integral de playas limpias, en el que la mayor responsabilidad se ejerce a nivel local, a través de los comités locales de playas limpias, en los que participan los tres ámbitos de gobierno y los sectores académico, privado y social.

En este orden de ideas la coordinación de dependencias correspondientes juega un papel fundamental en función de sus respectivas competencias. Así, la Secretaría de Salud coordina y vigila los monitoreos y análisis bacteriológicos que realizan los laboratorios de salud de los 17 gobiernos estatales costeros.

La Secretaría de Marina contribuye con la vigilancia y monitoreo de las fuentes de contaminación en el mar. La Secretaría de Turismo y el Fondo Nacional de Turismo realizan programas de estímulos a prácticas ambientales adecuadas con los operadores turísticos, fomentando y colaborando con el mejoramiento de la infraestructura de servicios ecológicamente sustentables.

El sector ambiental, por su parte, desarrolla programas de saneamiento hidráulico, de ordenamiento ecológico y de promoción de actividades de limpieza a nivel de cuencas, con énfasis en la zona costera marina y ribereña.

Como podemos observar, la responsabilidad no descansa en una sola autoridad, sino se trata de un esfuerzo compartido para lograr un objetivo común.

En este sentido resulta de total importancia destacar las acciones que actualmente se encuentran desarrollando de manera coordinada no sólo la Administración Pública Federal sino también los gobiernos locales y municipales, lo cual permite conocer el estado general del medio ambiente y dará de manera transparente la información que permita dar seguimiento a la dinámica de las distintas playas, así como las medidas tomadas para mejorar sus condiciones.

Por ello es importante que todos los diputados nos comprometamos en profundizar la conciencia social sobre la relación que guardan los asuntos ecológicos, con base en la plataforma legislativa que caracteriza al Partido Acción Nacional.

A partir de ahora las leyes deberán reconocer los servicios ambientales que nuestros ecosistemas brindan al desarrollo nacional, evitando poner en riesgo la biodiversidad de la que somos herederos.

Es así que debemos de impulsar el ordenamiento y la homologación de las distintas leyes y competencias en materia ambiental para eficientar la labor de protección de la biosfera. Nuestros proyectos deben incorporar el planteamiento de protección y preservación del medio ambiente y que nadie puede hipotecar nuestro futuro ni el de nuestros hijos.

Como en otros ámbitos de la vida nacional, nuestra responsabilidad como representantes populares es otorgar su justa dimensión a la problemática ecológica que enfrenta la nación, sin desvirtuar la realidad que impera en nuestros atractivos turísticos que durante décadas han significado grandes beneficios a la economía local y nacional.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro el diputado Jesús González Schmal.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente.

Aprobamos el trámite de urgente y obvia resolución para abocarnos a retomar el asunto de primerísima importancia en el país, no sólo por la trascendencia económica en el ramo, en el rubro de turismo, sino por sobre todo por lo que ha significado y significará el que las playas, el que los litorales del territorio mexicano estén siendo avasallados cada día con mayor irresponsabilidad por los desechos contaminantes.

Quién no recuerda que la noticia del entonces Secretario de Ecología del Medio Ambiente, de la Semarnat conmocionó al mundo no sólo en México, no sólo a la esfera del turismo, al sector turista, sino también a la opinión pública mundial respecto de la irresponsabilidad de los mexicanos con su riqueza más valiosa que es la riqueza de sus litorales.

De los países privilegiados en el mundo donde nos rodean litorales por el lado del Pacífico y por el lado del Atlántico, el Golfo, todos estos preciadísimos tesoros naturales los hemos estado depredando continuamente y los hemos hecho hoy ser calificados en el mundo como de la ecología marina más degradada.

Y cómo no recordar que cuando aquí se planteó precisamente este problema, se comentó que se trasladó el hecho a una decisión tan grave como la remoción del propio Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, del doctor Lichtinger.

Desde entonces hemos advertido que con el cambio del titular de la Secretaría, con Alberto Cárdenas, las cosas no sólo se han mantenido en el status que estaban, han retrocedido.

Se han estado cambiando ahora a los delegados en los estados de la Profepa, sólo por razones de filiación política. Pero en cuanto a la encomienda tan delicada y trascendente que es la preservación del medio ambiente, que es el cuidado de nuestro capital natural, las cosas en realidad se han estado degradando en la República y esto hay que decirlo con todas las voces, si somos responsables frente al futuro, frente a la sucesión de generaciones que nos están esperando en la herencia que dejaremos en esta materia ecológica.

Es por lo tanto trascendental que asumamos como Congreso y como representación nacional por antonomasia, la responsabilidad de darle cuenta al pueblo de qué es lo que está pasando con las playas, qué pasó con los reportes de la contaminación que se expidieron con tanta efectividad; qué pasó, por ejemplo en Acapulco cuando el delegado de la Profepa hizo la denuncia y en contra de haber sido felicitado por la valentía, por la civilidad, por el valor de hacerla, fue inmediatamente cesado de su empleo; qué pasó también con el titular de la Semarnat que asumió esa responsabilidad y le dio respaldo a su delegado en la Profepa y que en cambio al igual que el propio Procurador del Medio Ambiente, fueron también relegados de su puesto y despedidos hasta por escarnio en una súbita decisión del Poder Ejecutivo.

Creo que esto hay que decirlo con todas sus letras. Hay una gran amenaza para el futuro de México, si se mantiene esta actitud de ligereza respecto a la dimensión de los graves trastornos que se están causando a nuestra esfera ecológica, a nuestro medio ambiente y muchos más, en específico, a la riqueza del medio marítimo.

Dejo, pues, aquí constancia de que para Convergencia es fundamental y urgente que nos aboquemos a conocer el grado de contaminación de nuestros litorales para que esta representación con conciencia de causa, tome las medidas que correspondan.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Suficientemente discutida.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Aprobada. Comuníquese.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Como ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, la cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.

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ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 30 de marzo de 2004.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictamen a discusión

De las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por cuatro minutos para verificar la asistencia.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por cuatro minutos para verificar la asistencia.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico.

De viva voz la diputada Nora Yu Hernández; el diputado Salvador Sánchez Vázquez, de viva voz, la diputada Hilaria Domínguez Arvizu, la diputada Dolores Padierna Luna, la diputada Janette Ovando Reazola y el diputado José Bermúdez Méndez.

Señor Presidente, hay una asistencia de 409 diputadas y diputados.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 15: 26 horas):Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 30 de marzo a las 11:00 horas.

Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 09:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 5 horas 5 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 275 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 429 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 409 diputados.

Puntos de acuerdo aprobados: 1.

Proposiciones con punto de acuerdo: 2.

Tema de agenda política: 1.

Oradores en tribuna: 33

PRI-8; PAN-6; PRD-5; PVEM-5; PT-4; PC-5.

Se recibió:

1 comunicación del Congreso del estado de Tabasco;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestación de dependencia en relación con punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;

1 comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que informa de cambios en la integración de las comisiones de Juventud y Deporte; de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Seguridad Social; Especial para analizar la situación de la Cuenca Lerma-Chapala; de Transportes y de Cultura; y del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias;

1 comunicación de la Junta de Coordinación Política con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de la Sección Instructora;

1 minuta;

6 iniciativas del PRI;

1 iniciativa del PRD;

2 iniciativas del PVEM;

2 iniciativas del PT.

Dictámenes de primera lectura:

1 de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de Desarrollo Social con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a proposición del pasado 4 de diciembre, a incorporar en las zonas de atención prioritaria, contempladas en la Ley General de Desarrollo Social, a la región de la Sierra Madre del Sur, que comprende los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero;

1 de la Comisión de Desarrollo Social con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a proposición del día 4 de diciembre de 2003, a facilitar la incorporación de personas con capacidades diferentes a los programas que opera, en particular los denominados oportunidades y hábitat, mediante la modificación de las reglas de operación de los mismos;

1 negativo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se declaran no aprobadas siete iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan el Código Fiscal de la Federación, presentadas los días: 4 de abril de 2002, 8 y 22 de octubre de 2002, 21 y 26 de noviembre de 2002, 8 y 24 de abril de 2003;

1 negativo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se declaran no aprobadas tres iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, presentadas los días: 20 de marzo de 2001, 29 de enero y 8 de abril de 2003.

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DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Aguilar Iñárritu, José Alberto (PRI) Reforma Electoral: 109

Aguirre Maldonado, María de Jesús (PRI) Código Penal Federal: 78

Arce Islas, René (PRD) Reforma Electoral: 113

Arroyo Vieyra, Francisco (PRI) Disciplina y ética parlamentarias: 61

Barrio Terrazas, Francisco Javier (PAN) Reforma Electoral: 108

Castro Ríos, Sofía (PRI) Comisiones Legislativas: 95 desde curul

De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo (PAN) Estado de Sonora: 132

Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Procesos Electorales: 52

Fernández Avila, Maximino Alejandro (PVEM) Contaminación en playas mexicanas: 137

González Morfín, José (PAN) Comisiones Legislativas: 95

González Roldán, Luis Antonio (PVEM) Reforma Electoral: 104

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Contaminación en playas mexicanas: 142

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Comisiones Legislativas: 98

González Yáñez, Alejandro (PT) Reforma Electoral: 102

González Yáñez, Oscar (PT) Reforma Electoral: 112

Hernández Torres, Minerva (PRD) Artículo 71 constitucional: 43

Izaguirre Francos, María del Carmen (PRI) Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas: 32

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Medio ambiente: 48

López Núñez, Pablo Alejo (PAN) Reforma Electoral: 114

López Núñez, Pablo Alejo (PAN) Comisiones Legislativas: 99 desde curul

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC) Reforma Electoral: 101

Martínez Ramos, Jorge (PRD) Reino de España: 136

Méndez Salorio, Alejandra (PVEM) Artículo 88 constitucional: 68

Mendoza Flores, María del Carmen (PAN) Discapacitados: 124

Osorio Chong, Miguel Angel (PRI) Poder Legislativo: 74

Paredes Vega, Raúl Leonel (PAN) Contaminación en playas mexicanas: 141

Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Discapacitados: 123

Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Reforma Electoral: 111

Ramírez Pineda, Luis Antonio (PRI) Reforma Electoral: 115

Romero Romero, Jorge (PRI) Comisiones Legislativas: 95 desde curul

Ulloa Pérez, Gerardo (PRD) Desarrollo social: 121

Vázquez González, Pedro (PT) Artículo 41 constitucional: 51

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Comisiones Legislativas: 100 desde curul

Velasco Coello, Manuel (PVEM) Reforma Electoral: 113

Yabur Elías, Amalín (PRI) Artículos 102, 103 y 105 constitucionales: 71

Yunes Linares, Miguel Angel (PRI) Responsabilidadades de Servidores Públicos: 83

Zebadúa González, Emilio (PRD) Reforma Electoral: 106