DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 2 de diciembre de 2004	Sesión No. 30

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Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Informo a la Presidencia que existen registrados previamente 379 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 10:18 horas): Se abre la sesión.

Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación y asistencia.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 2 de diciembre de 2004

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

Protesta de ciudadano diputado.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

-- Con proyecto de acuerdo, por el que las fuerzas políticas representadas en esta honorable Cámara de Diputados expresan su rechazo al linchamiento ocurrido el pasado 23 de noviembre en la delegación Tláhuac y exhortan al Presidente de la República y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, finquen responsabilidades a los funcionarios responsables de impedir el mencionado linchamiento. (Votación)

-- Con proyecto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a que acate lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y haga pública la relación de los servidores públicos designados al margen de lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. (Votación)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de octubre de 2004; sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2004 y sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de octubre de 2004. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Congreso de Jalisco

Que reforma el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Puertos, a fin de facultar al secretario de Comunicaciones y Transportes para adjudicar de manera directa la ampliación de la superficie originalmente concesionada a un puerto, a cargo del diputado Baruch Barrera Zurita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona el Título III-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta, una fracción VIII al artículo 95 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 389 Bis-A al Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en materia de administración federal, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 y una fracción IX al artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo al artículo 248 y cinco párrafos al artículo 464 de la Ley General de Salud, y una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción al artículo 3 y el Título Decimocuarto Bis, ``Sobre Reproducción Asistida'', a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona la fracción IX al artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del estadista mexicano Adolfo López Mateos, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 103, 105 y 109 del Código Fiscal de la Federación, relativos a los delitos de presunción de contrabando, contrabando equiparado y defraudación fiscal equiparada, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción III, numeral 2, del artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 46, 54, 57, 60 y 67 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la ``Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en grado de Gran Collar'', que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 6 al 11 de diciembre de 2004, a efecto de participar en la reunión extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, a celebrarse en Perú, el 7 de diciembre de 2004; asistir a la III Cumbre de América del Sur, a realizarse en Cusco, Perú, el 8 de diciembre de 2004; y para hacer una visita oficial a la República de Bolivia, los días 9 y 10 de diciembre de 2004. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 y 48, y se adicionan la fracción XXXVII al artículo 3° y los artículos 47 Bis y 47 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 314, fracción II, y 350 Bis-6 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios de impacto ambiental que evalúen el daño que causarían las actividades de explotación de Pemex en la zona aledaña al parque nacional marino Arrecife Alacranes, Yucatán.

De las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, con punto de acuerdo para solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que informe a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social sobre los criterios de distribución presupuestal que utiliza para repartir los recursos del rubro de asistencia social del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a emitir de inmediato, a través del órgano desconcentrado Prevención y Readaptación Social, las resoluciones correspondientes para cumplimentar lo preceptuado en los artículos 56, 70 y 90 del Código Penal Federal, en relación con el artículo 83 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, con objeto de adecuar las penas de los sentenciados y de que éstos gocen de los beneficios que la ley les otorga, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Publico a iniciar una revisión de las tarifas domésticas del suministro y venta de energía eléctrica en el estado de Jalisco, a fin de homologarlas y beneficiar a la ciudadanía, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de crear una comisión de investigación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, a cargo del diputado Gustavo Moreno Ramos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a crear un programa federal de apoyo a la juventud, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a enviar una nota diplomática de condena al gobierno de Arizona, Estados Unidos de América, por la aprobación y aplicación de la Ley 200, a cargo del diputado Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 la elaboración de los estudios de factibilidad técnica y financiera, así como el proyecto de ejecución, correspondientes a los sistemas ferroviarios que integran el ferrocarril suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la muerte de Yasser Arafat, Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que la comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, licenciada María Guadalupe Morfín Otero, reporte directamente al secretario de Gobernación, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a conservar en su estructura orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como a revisar los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato tecnológico que se implantaron a partir del ciclo escolar 2004-2005, a cargo del diputado José Guzmán Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a modificar el rango de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, y la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación investiguen y procedan en consecuencia en relación con la falta de cobro de multas económicas por concepto de sanciones a servidores públicos, y con el destino y la aplicación de mil cuatrocientos millones de pesos asignados a la Secretaría de la Función Pública, así como con el pago de diecisiete millones de pesos hecho por esta dependencia a una empresa de la que son socios mayoritarios los hijos del auditor superior de la Federación, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para salvaguardar la riqueza natural de la laguna de Términos, amenazada con la perforación de nuevos pozos petroleros y el abandono de la Profepa en su responsabilidad de preservar el ambiente, a cargo del diputado Jesús González Schmal y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Investigación sobre el Daño Ecológico y Social Generado por Pemex que considere y tome las acciones pertinentes para atender la problemática social y ambiental ocasionada por Petróleos Mexicanos en el municipio de Reforma, Chiapas, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a estudiar las peticiones del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, a cargo de la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a analizar y ponderar la remoción del director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que el aniversario de la Revolución Mexicana, de 1910, no pase inadvertido en el Programa de Efemérides de la honorable Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a iniciar el procedimiento para que se declare la sierra Tarahumara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, y --en su momento-- se realicen las investigaciones necesarias a fin de que sea declarada patrimonio mixto (natural, cultural e histórico) de la humanidad; y se le brinden los apoyos necesarios para su cuidado y conservación, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y locales a emprender acciones preventivas del suicidio de niños y jóvenes, a cargo de la diputada Yadira Serrano Crespo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a presentar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los años 2001 y 2002 para su discusión y votación, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimento de sus atribuciones constitucionales y legales, audite al director general de Pemex Petroquímica, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que el predio situado en la calzada Azcapotzalco-La Villa 209 (hoy 311), en Santa Catarina, sea devuelto a la Secretaría de Educación Pública para instalar un Centro de Formación Profesional Tecnológica, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo, a solicitud de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios sobre la ratificación del doctor José Luis Soberanes Fernández al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura al acta de la sesión anterior, así como ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria...

Activen el sonido en la curul del diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Sí, señor Presidente. Antes de pasar al asunto del acta de la sesión anterior, quisiera preguntarle respetuosamente que el día de ayer se publicó en Gaceta el veto que remitió el Presidente de la República con respecto del decreto de Presupuesto de Egresos, con fundamento en lo que señala el artículo 21 para el Gobierno Interior de esta Cámara, son obligaciones específicas de la Presidencia y de la Mesa Directiva fracción III): Dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta a la Cámara; y fracción IV): Determinar qué asuntos deben ponerse a discusión, prefiriendo los de utilidad general.

Yo quisiera preguntarle, por qué es que no está en el proyecto de orden del día algún turno con respecto a lo que se publicó ayer en la Gaceta y que constituye el veto al principal instrumento de política económica de este país, cuál es la motivación y fundamentación por la cual la Presidencia considera que no es de máxima utilidad general dictar el turno o proponerlo al pleno, cuando menos el día de hoy y que esto podría ser postergado hasta mejor fecha. Yo quisiera que me respondiera, si es tan amable.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Como no, señor diputado. Precisamente por sus mismos argumentos de la importancia que tiene el turno y el trámite a un asunto de esta envergadura y de casi carácter inédito con el documento que la Presidencia de la República ha enviado a esta Cámara de Diputados, invocando el artículo 72 constitucional, apartado C, mismo que es parte de la controversia sobre el derecho a hacer observaciones que usted llama veto, que es como comúnmente se le conoce.

Es que la Mesa Directiva el día de hoy, en sesión, autorizó al Presidente de la Cámara, a que el próximo martes 7, haga una propuesta a la misma, de cómo desahogar, correcta y responsablemente, una comunicación, un escrito de esta naturaleza, a fin de darle la certidumbre que usted también reclama a este trámite y sobre todo a su destino, en un asunto de tan alta responsabilidad, como es el decreto de Presupuesto de la Federación.

Activen el sonido en la curul del señor diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Sí, señor Presidente, con respecto a lo que usted ha manifestado, habría que precisar dos cosas: lo inédito no es que se haya emitido un veto con respecto al precedente del presupuesto de egresos puesto que existen algunos referentes históricos; lo inédito es la miriada de inconsistencias que contiene lo que de aquí se remitió a la Presidencia que fue motivo del veto, eso es lo que es inédito, el tamaño de errores que contiene el documento y que generaron el veto.

Mi pregunta no era sobre eso, con todo respeto, señor Presidente; mi pregunta era, no sobre la decisión colegiada que pueda o no haber tomado la Mesa Directiva, sino mi pregunta era sobre lo que se señala en el artículo 21 como una facultad personalísima del Presidente de la Mesa, como es que esta Presidencia pondera que la utilidad general, que me parece es evidente y manifiesta de dotar a México de un instrumento perfectamente bien hecho y en el cual se puedan, no sólo procesar las pifias técnicas, sino discutir el fondo de las inconsistencias jurídicas que en él ha señalado la Presidencia, al menester de la Presidencia pueda ser postergado para mejor ocasión. Usted ha citado la fecha del martes, sobre eso es lo que yo quisiera conocer, cuál es su fundamentación y motivación, en el carácter de la Mesa, porque no es una facultad que aluda el artículo 21 a la Mesa sino a la Presidencia de la misma.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sin entrar al fondo de su disposición, señor diputado, que es sobre los términos en los que esta soberanía tomó decisiones constitucionales con respecto al decreto de presupuesto, le informo señor diputado, como lo hago con el pleno, que no nada más en base al artículo 21 sino al 23 de la Ley Orgánica, en la cual son atribuciones del Presidente el tramitar, el dar curso, determinar los trámites de los asuntos y cuestiones de que se dé cuenta a esta Cámara, es como procedió a ponerlo a consideración de la Mesa Directiva a fin de tomar la mejor decisión y es la Mesa Directiva quien ha tomado la determinación de que el próximo martes esta Presidencia les haga la propuesta de desahogo correcto, institucional, responsable y en tiempo de este ocurso que recibió la Cámara de Diputados.

Activen el sonido en la curul del señor diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Agradezco su respuesta y si bien, le tengo que ser sincero, no me satisface de lleno el trámite que usted ha comentado, me quedo con su compromiso y el de la Mesa Directiva de que este asunto será conocido por el pleno a más tardar el próximo día martes. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Mi compromiso ha sido que conozca la Mesa Directiva de la determinación de la Presidencia, el próximo martes.

Activen el sonido en la curul del diputado Moreno Garavilla.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul): Gracias, señor Presidente.

Haciendo alusión a la impecable pulcritud política con que usted ha conducido los trabajos de esta Cámara, quiero para efecto de información y de recordatorio para quien lo necesite, advertir que las observaciones que el señor Presidente de la República dirigió a esta honorable Cámara se fundan en una hipótesis normativa inaplicable, que es la hipótesis normativa del inciso C del artículo 72 constitucional. En consecuencia, quiero dejar sentado el precedente de que el turno que está dando la Mesa Directiva a este asunto es un asunto de gran elevación política, independientemente de que no tiene sustento alguno ni fundamento constitucional. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Estas consideraciones que han hecho tanto el diputado Döring como el diputado Moreno Garavilla, como las que he escuchado en la Mesa Directiva, serán tomadas en consideración por la Presidencia cuando presente su propuesta a la Mesa Directiva el próximo día martes 7.

Activen el sonido en la curul del diputado Molinar Horcasitas.

El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (desde su curul): Gracias, señor Presidente.

Estoy totalmente de acuerdo con la intervención que ha hecho mi compañero el señor diputado Döring en todos sus extremos. Hemos escuchado con atención la explicación que usted nos ha dado, así la tomamos en el ejercicio de las atribuciones que la ley le confieren a usted. Quisiera simplemente comentar la intervención de señor diputado Moreno Garavilla que está entrando ya al fondo del asunto, señalando que no se tienen atribuciones en los términos del artículo 72 para que el Presidente devuelva con sus observaciones, contestándole que ésa será la discusión que en su momento daremos en el fondo.

Sí se tienen atribuciones, y no sólo eso: todos, todos los precedentes históricos en este país con un asunto como éste señalan que la Cámara, sin excepción, ha recibido la devolución con observaciones que haga el Presidente a decretos de presupuesto y que lo que sería inédito en nuestra historia es que esta Cámara no atendiera esa solicitud y le diera el debido curso. Pero esto sin duda alguna será motivo de debate en el momento en que usted así lo facilite mediante una decisión que lo ponga a consideración del pleno. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias señor Moreno Garavilla.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Estoy seguro de que su intervención, señor diputado, es correcta. El tema de fondo lo habrá de resolver este pleno que es soberano en sus decisiones y habremos de discutirlo con oportunidad y esta Presidencia y la Mesa Directiva tienen esa responsabilidad de dar toda la oportunidad a que se discuta el tema de fondo y se determine cuál es el curso que debe de correr esta solicitud o esta comunicación del Presidente de la República.

Activen el sonido en la curul del diputado Moreno Garavilla.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul): Muchas gracias señor Presidente y para agradecer profundamente la referencia de mi estimado amigo, el diputado Molinar y desde luego advertir que en su momento gustosamente daremos el debate sobre el fondo del asunto.

Por lo pronto le ruego que vaya preparando sus armas y que vaya determinando que ubi lex no distigue de debemus. Un abrazo cariñoso. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a todos ustedes por la oportunidad.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Activen el sonido en la curul del diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Señor Presidente, con respecto a la intervención del diputado Moreno Garavilla, habría que hacerle a usted una pregunta a fin de precisar la intervención, no la inmediata anterior sino la primera.

Sobre la inmediata anterior, habría que decir que por supuesto que estamos listos para el debate, si alguien pidió debate hoy, fue el grupo parlamentario de Acción Nacional, no lo pidió el martes.

Pero hay una intervención anterior del diputado Moreno Garavilla donde dijo que celebraba la pulcritud con la que usted había conducido la Mesa, lo cual yo también puedo suscribir, pero dijo que celebra el turno que usted ha dictado. Hasta donde yo entiendo, usted no ha tenido a bien dictar turno alguno; lo único que tiene es un acuerdo de la Mesa Directiva.

Entonces, me parece que sería oportuno en aras de esa pulcritud que a usted le ha reconocido el diputado Moreno Garavilla, el dejar muy claro que no hay turno alguno dictado, ni siquiera consensado; tan sólo un mero acuerdo de que el asunto será conocido como usted ya precisó, hasta el día martes y sólo asumir usted el compromiso que por la Mesa Directiva, ni siquiera todavía por el pleno y yo creo que es importante que se le precise ese asunto al diputado Moreno Garavilla para que podamos avanzar en cuanto se pueda, al debate de fondo.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, esta Presidencia, queriendo ser obsequiosa con ambos, quiere manifestarle que la misma ha dado quizá y ha agotado un turno económico de platicar con la Mesa Directiva y que la misma ha asumido un acuerdo para que la Presidencia presente el próximo martes, la manera de cómo resolvemos de mejor forma este escrito y este documento.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Activen el sonido en la curul del diputado Garavilla.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul): Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente quise aludir al trato que le dio usted al asunto. Si se quiere utilizar el punto del turno como vocablo objeto de un debate superficial, yo invito a que nos reservemos el debate en el fondo para el momento en que éste se presente.

Quise aludir a la forma de gran elegancia, de gran elevación y de gran asepsia política que la Mesa Directiva le ha dado...

Perdonen, si ustedes conocen la elegancia y la asepsia política, estarán con nosotros y aplaudirán a la Mesa Directiva su pluralidad y su manejo.

Compañeras y compañeros, estamos dispuestos al debate cuando ustedes lo dispongan.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Activen el sonido en la curul del diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Celebrar, señor Presidente, que se ha precisado que no fue un turno sino un trato y que no fue un trato parlamentario sino un trato económico el que usted ha dictado. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Así como le tocó el turno a la Mesa Directiva de conocer de este escrito, hoy tiene el turno la Secretaría para seguir desahogando los asuntos en cartera.

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Pregunte si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura la acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes treinta de noviembre de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de cuatrocientos diputadas y diputados, a las once horas con trece minutos del martes treinta de noviembre de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicación del Congreso del estado de Guerrero con acuerdo por el que manifiesta su apoyo al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Comunicación del diputado Alejandro Higuera Osuna con la que informa que opta por el cargo de Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa. De enterado.

Comunicación del diputado Sergio Augusto Magaña Martínez con la que informa que se reincorpora a sus labores legislativas. De enterado y se le tiene por reincorporado.

Comunicación del diputado Isidro Camarillo Zavala con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente y la Asamblea los aprueba en votación económica.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que propone cambios en la integración de la Delegación Permanente de Diputados ante el Parlamento Latinoamericano. Se aprueba en votación económica.

La Cámara de Senadores remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción décima octava al artículo sesenta y uno de la Ley Aduanera, presentada por el senador Roberto Pérez de Alva Blanco, a nombre propio y del senador Tomás Vázquez Vigil, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Cinco, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se turnan a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

Dos, por los que solicita el permiso para que igual número de ciudadanas puedan prestar servicios en las embajadas de Francia y Dinamarca en México, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

Uno, por el que solicita el permiso necesario para que tres ciudadanos puedan prestar servicios en distintas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México, y comunica que tres ciudadanos más han dejado de prestarlos. Por lo que respecta a la solicitud de permisos, se turna a la Comisión de Gobernación; y por lo que se refiere a quienes han dejado de prestar servicios, se turna a las comisiones de Gobernación de las cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas proyectos de decreto por los que:

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se concede permiso al ciudadano Ricardo Villanueva Hallal para aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República del Perú. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Se concede permiso al ciudadano Rubén Barraza Rodríguez para que pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el Ministerio de Defensa de la República de Guatemala. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Se concede permiso a los ciudadanos Mario Valencia Robledo y Pedro García Valero para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ministerio de Defensa de la República del Perú y el Ejército de la República Popular China, respectivamente. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Se concede permiso a tres ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Se turna a la Comisión de Gobernación.

El Presidente informa de la recepción de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos segundo, dieciocho y cincuenta y uno de la Ley del Banco de México, suscrita por el diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, y la turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo trescientos cuarenta y tres quáter del Código Penal Federal, en materia de violencia familiar. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.

Norberto Enrique Corella Torres, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.

Miguelángel García -- Domínguez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento del Federalismo.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Nora Elena Yu Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y deroga diversos artículos del Código Fiscal de la Federación; adiciona la Ley Aduanera y reforma y adiciona el artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.

Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo cincuenta y nueve de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Rafael Candelas Salinas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona el artículo cincuenta y cinco y reforma el artículo, sesenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo cincuenta y seis y reforma el artículo cincuenta y siete del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Julián Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley General para la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía.

Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos tercero y treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tercero, cuarto, octavo y noveno de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona los artículos segundo, tercero y octavo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, reforma los artículos cincuenta y seis de la Ley Federal de Derechos, segundo y tercero de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y diversos artículos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y que actualiza los nombres de las secretarías que se mencionan en esta última Ley.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía. Desde su curul el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la verificación de quórum y la Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia para atender lo solicitado.

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos diecisiete y veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma el artículo setenta y nueve del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cincuenta de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de anticipos para obra pública. Se turna a la Comisión de Gobernación. Con el registro de trescientos ochenta y un diputadas y diputados se confirma la existencia de quórum.

Raúl Piña Horta, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos ochenta y nueve y doscientos cincuenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se turna a la Comisión de Economía.

Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos tercero, quinto, octavo y trece de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.

Juan Carlos Pérez Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo veintinueve de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo doscientos treinta del Código Penal Federal, adiciona el artículo doscientos veintiséis bis y reforma el artículo cuatrocientos veinte de la Ley General de Salud, para prohibir y sancionar la venta de muestras médicas gratuitas. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos.

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona los artículos ciento sesenta y siete bis, ciento sesenta y siete bis uno, ciento sesenta y siete bis dos, ciento sesenta y siete bis tres y ciento sesenta y siete bis cuatro a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ady García López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo trescientos veintitrés ter del Código Civil Federal, en materia de violencia familiar. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.

Norberto Enrique Corella Torres, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo ciento ochenta y cinco y reforma los artículos ciento ochenta y siete y ciento ochenta y nueve del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un artículo nueve bis y reforma los artículos quinto, séptimo, noveno, once y quince de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Gobernación, ésta última a solicitud hecha desde su curul por el diputado Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, atendida por la Presidencia.

Federico Barbosa Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo cuarenta de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

María del Carmen Mendoza Flores, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo cuarenta y nueve bis a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo cuatrocientos del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Lucio Galileo Lastra Marín, del Partido Acción Nacional, que reforma el Apartado A del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

Manuel Ignacio López Villarreal, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos sexto y noventa y adiciona un Capítulo dos bis a la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de marcas conocidas y famosas. Se turna a la Comisión de Economía.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma los artículos veintiocho y cuarenta y ocho, adiciona la fracción trigésima séptima al artículo tercero y los artículos cuarenta y siete bis y cuarenta y siete bis uno de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma los artículos trescientos catorce, fracción segunda, y trescientos cincuenta bis seis de la Ley General de Salud. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo veinticinco de la Ley General de Educación. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos setenta y tres votos en pro, uno en contra y una abstención. Pasa al Senado para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que instruya a la Secretaría de Salud, a que proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y muerte fetal. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo en relación con el saneamiento de áreas hidrológicas prioritarias, en especial de las zonas costeras como la Bahía de Acapulco. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordinación con el ayuntamiento de Puerto Vallarta, realice los estudios para evaluar la viabilidad de realizar actividades de restauración ambiental en el estero El Salado. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que vigile el cumplimiento de la evaluación del impacto ambiental en las obras de construcción de la presa Cañón de Cabeza. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publique el estudio de impacto ambiental del tiradero del Bordo Poniente. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar y modificar el artículo quinto, inciso d), fracciones quinta y sexta, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proceda a verificar el cumplimiento del programa de manejo de la reserva de la biosfera de Calakmul, Campeche. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

El Presidente informa de la recepción de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Omar Bazán Flores, a nombre propio y de los diputados Jesús Aguilar Bueno y Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, para considerar el punto de acuerdo del Congreso del estado de Chihuahua, en torno a las posibles reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Belizario Iram Herrera Solís, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, realicen una revisión de los recursos federales destinados al ayuntamiento del municipio de Motozintla de Mendoza, Chiapas. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Secretario de Comunicaciones y Transportes a fin de que destituya al delegado de dicha dependencia en el estado de Baja California Sur e investigue los presuntos actos de corrupción y negligencia cometidos por dicho funcionario. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.

María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, suprima del catálogo de profesiones y oficios el correspondiente al salario profesional de Enfermero (A) con Título. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Roberto Antonio Marrufo Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, a que apoyen a los productores agrícolas para mejorar sus técnicas de riego. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Recursos Hidráulicos.

Roberto Antonio Marrufo Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que publique los lineamientos del subprograma de apoyos directos al ingreso objetivo, de la cosecha primavera -- verano de dos mil cuatro, para el estado de Jalisco. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Humberto Cervantes Vega, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que, a través de las secretarías de Energía, de Economía y de Hacienda y Crédito Público, establezca una política de precios adecuada en materia de precursores petroquímicos e insumos energéticos. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía, de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

Sergio Arturo Posadas Lara, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes información sobre el servicio de pilotaje en Huatulco, Oaxaca; Cabo San Lucas, Baja California Sur; e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.

Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Secretaría de Salud una prórroga de la entrada en vigor del inciso cuatro punto tres de la Norma Oficial Mexicana NOM -- cero cero cuatro -- SSA uno -- mil novecientos noventa y tres, a fin de realizar una reconversión productiva de los artesanos dedicados a la fabricación de alfarería y artesanía que utilizan como materia prima esencial el monóxido de plomo. Se turna a la Comisión de Salud.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

José Julián Sacramento Garza, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que incremente el número de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social en las ciudades fronterizas del estado de Tamaulipas. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a los gobiernos federal y del estado de Chiapas, a que atiendan la situación de violencia generada por el grupo denominado Mara Salvatrucha. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, a nombre de diputados integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, para exhortar al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, imponga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el nombre de Benito Juárez. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.

Francisco Javier Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios y de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para exhortar a los congresos de los estados de Oaxaca, Durango, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Morelos, a efecto de que destinen recursos en sus presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, para el pago a ahorradores defraudados por cajas de ahorro en esas entidades federativas. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Gonzalo Alemán Migliolo, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Procuraduría General de la República a que investigue el contrabando de carne con hueso de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

Rómulo Cárdenas Vélez, del Partido Acción Nacional, para solicitar al gobernador del estado de Veracruz, agilice los trámites del derecho de vía para la culminación de la obra carretera Ávila Camacho -- Tihuatlán, localizada en los límites de los estados de Veracruz y Puebla, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa forma el asunto en votación económica y el Presidente turna la proposición a la Comisión de Comunicaciones.

Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, para saludar el triunfo del señor Tabaré Vásquez en las recientes elecciones presidenciales en la República Oriental del Uruguay y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

Jacobo Sánchez López, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de diputados integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, para exhortar al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Servicio Postal Mexicano, se sume a los festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez mediante la emisión de un timbre postal conmemorativo de dicho evento. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.

Bernardo Vega Carlos, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Procuraduría General de la República, a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada y a la Agencia Federal de Investigación, a que actúen con apego a derecho en las investigaciones en torno a las agresiones contra periodistas en el estado de Sinaloa. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Francisco Javier Lara Arano, del Partido Acción Nacional, para solicitar la implementación de un programa integral de saneamiento del Sistema Lagunar de la Cuenca Baja del Papaloapan, en el estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal a que se adhiera y suscriba la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, del Partido Revolucionario Institucional, para elaborar un programa orientado a impulsar el desarrollo comunitario del país. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Alfonso Juventino Nava Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación, a que declaren el día veintinueve de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Carlos Osvaldo Pano Becerra, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una Comisión Especial de la Frontera Sur.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Gonzalo Rodríguez Anaya, del Partido Revolucionario Institucional, para que la Auditoría Superior de la Federación, practique una auditoría al Comité de Donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de los ejercicios fiscales de dos mil dos a dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que cierre el paso a automóviles extranjeros introducidos ilegalmente por autoridades aduanales de las garitas del estado de Chihuahua. La Presidenta informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sergio Armando Chávez Dávalos, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública a que cambien el nombre del Centro de Readaptación Social número dos, Puente Grande. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Roberto Colín Gamboa, del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas entidades a que liquiden el adeudo de las cuotas y aportaciones que tiene con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a que informe sobre las investigaciones de los homicidios de mujeres en edad avanzada cometidos en la Ciudad de México y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el nombramiento del ciudadano Arturo Chávez Chávez como Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

Israel Tentory García, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que ordene a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de diversas instituciones coordinadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se lleve a cabo un censo nacional de sociedades cooperativas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la presunta violencia sexual y tortura sobre mujeres indígenas por parte de miembros de las fuerzas armadas en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Juan Antonio Gordillo Reyes, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar la intervención de las secretarías de Gobernación y de Reforma Agraria, y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que sean pagadas las tierras a los desplazados de los municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo, del estado de Chiapas. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Reforma Agraria.

José Javier Osorio Salcido, del Partido Acción Nacional, para exhortar a las legislaturas locales a que reformen sus códigos civiles en materia de tutores y curadores. Se turna a la Comisión de Gobernación.

José Porfirio Alarcón Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar al Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la destitución del Comisionado de la Policía Federal Preventiva y del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Rogelio Alejandro Flores Mejía, del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Economía a que, en coordinación con la industria del acero, establezca los mecanismos necesarios para incrementar la competitividad de la industria siderúrgica. Se turna a la Comisión de Economía.

María del Rosario Herrera Ascencio, del Partido de la Revolución Democrática, para crear una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales durante el proceso electoral del estado de Guerrero. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Junta de Coordinación Política.

Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que integre una comisión que investigue a quienes resulten responsables de haber ordenado a los policías agredidos en la Delegación Tláhuac la realización de tareas que no eran de su competencia y de la respuesta tardía a su llamado de auxilio, y para que comparezcan el Secretario de Seguridad Pública y el Comisionado de la Policía Federal Preventiva, a fin de que informen sobre los sucesos referidos y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

Carlos Blackaller Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que reclasifiquen la tarifa eléctrica por temperatura ambiental en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Se turna a la Comisión de Economía.

Miguel Amezcua Alejo, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de Electricidad, incluya en los programas de subsidios eléctricos a los equipos de bombeo de drenes concesionados por la Comisión Nacional del Agua, en la ciénaga de Chapala, Michoacán. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de trescientos sesenta y tres diputadas y diputados.

El Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas con nueve minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves dos de diciembre de dos mil cuatro a las diez horas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia proceda poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con comunicaciones.

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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha al rubro citada, resolvió aprobar el siguiente

Punto de AcuerdoPrimero.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reconoce enfática y públicamente, la decisión histórica de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para diseñar una política presupuestaria que responda los reclamos de los sectores mayoritarios de la sociedad. Los pobres, los marginados y excluidos en toda la República deben ser la población objetivo del gasto público en cualquier circunstancia de la economía nacional. La decisión legislativa de reasignar recursos financieros hacia metas sociales tangibles, destacadamente en materia de educación, cultura y desarrollo regional, debe significar la ruptura con la política económica neoliberal.

Segundo.- La Asamblea Legislativa exhorta al Poder Judicial de la Federación a mantener en esta coyuntura y frente a este tema, una conducta de invariable apego a la norma Constitucional. Es inquebrantable e indeclinable la disposición que explícitamente establece que la aprobación del Presupuesto Federal compete a la Cámara de Diputados. La sociedad vigilará y reconocerá el respeto y acatamiento a la Constitución por parte del Poder Judicial.

Tercero.- La Asamblea Legislativa llama, con pleno respeto, al jefe del Poder Ejecutivo federal, a mantener un desempeño ante estos asuntos, regido invariablemente por las competencias que la Constitución le confiere. Los mexicanos no queremos regresar a un estado de cosas donde desde la Presidencia de la República se avasallaba a los demás Poderes de la Unión. El respeto, la tolerancia, la consecuencia democrática no admiten acciones que distorsionen la relación entre los poderes. Por ello no se debe promover posturas que puedan ser degeneradoras de inestabilidad e incertidumbre.

Cuarto.- Publíquese íntegramente el presente documento en dos diarios de circulación nacional.

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo para los efectos legales conducentes, anexo al presente sírvase encontrar copia del documento en comento.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente.

Recinto Legislativo, a 23 de noviembre de 2004.--- Dip. Irma Islas León (rúbrica), Presidenta.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, párrafo 1, inciso c), y 43, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el resolutivo sexto del Acuerdo por el que se Constituye la Comisión Especial para la Reforma del Estado, le solicito atentamente se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados que el diputado José Alberto Aguilar Iñárritu ha sido designado por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para asumir la Presidencia de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, durante el periodo del 1 de diciembre de 2004 al 15 de agosto de 2005.

Lo anterior, para los efectos previstos en el artículo octavo, segundo párrafo del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 1 de diciembre de 2004.--- Diputado José González Morfín (rúbrica)»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, párrafo 1, inciso c), y 43, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el resolutivo quinto del Acuerdo por el que se Constituye el Comité de Comunicación Social, le solicito atentamente se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados, que el diputado José Luis Medina Lizalde ha sido designado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para asumir la Presidencia del Comité de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, durante el periodo del 1 de diciembre de 2004 al 15 de agosto de 2005.

Lo anterior, para los efectos previstos en el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 1 de diciembre de 2004.--- Diputado José González Morfín (rúbrica)»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, párrafo 1, inciso c), y 43, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el resolutivo segundo del Acuerdo para la Integración del Comité de Información, Gestoría y Quejas, le solicito atentamente se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados, que el diputado Santiago Cortés Sandoval ha sido designado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para asumir la Presidencia del Comité de Información, Gestoría y Quejas, durante el periodo del 1 de diciembre de 2004 al 15 de agosto de 2005.

Lo anterior, para los efectos previstos en el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 1 de diciembre de 2004.--- Diputado José González Morfín (rúbrica)»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada también.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 46, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en Comisión, solicitado por el diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

Baja de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán como integrante de la Comisión Especial para el Campo.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 1 de diciembre de 2004.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

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DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Miriam Marina Muñoz Vargas, diputada suplente electa en la Primera Circunscripción Plurinominal.

Se designa comisión para que acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes ciudadanos diputados:

Raúl Pompa Victoria, Carla Rochín Nieto, María Antonia García Sanjinés, Francisco Javier Obregón Espinosa, Javier Orozco Gómez, Joel Padilla Peña, Jaime Miguel Moreno Garavilla.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su cometido.)

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadana Miriam Marina Muñoz Vargas: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Miriam Marina Muñoz Vargas: ¡Sí, protesto!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

Felicidades y bienvenida.

Continúe la Secretaría con las proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.

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SAN JUAN IXTAYOPAN, DELEGACION TLAHUAC

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

De la Junta de Coordinación Política, por el que las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados expresan su rechazo al linchamiento ocurrido el pasado 23 de noviembre en la delegación Tláhuac de esta ciudad, en el que perdieran la vida dos integrantes de la Policía Federal Preventiva

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, misma cuyo original se anexa, presentada por el diputado Raúl Leonel Paredes Vega, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual fue analizada en la sesión de trabajo de este órgano de gobierno, celebrada el 1° de diciembre del presente, por lo que somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados expresan su rechazo al linchamiento ocurrido el pasado 23 de noviembre en la delegación Tláhuac de esta ciudad, en el que perdieran la vida dos integrantes de la Policía Federal Preventiva.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el primer día del mes de diciembre de dos mil cuatro.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a que las fuerzas políticas representadas en esta H. Cámara de Diputados expresen su rechazo al linchamiento ocurrido el pasado 23 de noviembre en la delegación Tláhuac de esta ciudad, en el que perdieran la vida dos integrantes de la Policía Federal Preventiva

Honorable Asamblea:

El que suscribe, diputado federal Raúl Leonel Paredes Vega, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, conforme a los siguientes

Considerandos

Es preocupante cómo cada día se multiplican en los noticiarios nacionales e internacionales las notas acerca de un desafortunado fenómeno social que se manifiesta peligrosamente en nuestra sociedad y me refiero al linchamiento, que es básicamente de origen norteamericano; en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, momento en que ocurrieron muchos linchamientos en Estados Unidos, especialmente victimizando individuos de raza negra.

El linchamiento involucra tres aspectos principales: la crueldad, la cobardía y la inutilidad de su práctica.

Es cruel porque se mata lentamente, minando las fuerzas del agredido con golpes sucesivos, postrando a la víctima paulatinamente y dejándola sentir lentamente el dolor y la muerte. En ocasiones este acto se termina con la incineración, que pareciera ser un premio a los vencedores.

Es cobarde porque se reúnen varios hombres y atacan a uno, dos o, como máximo, tres, actitud absolutamente pusilánime. La falta de coraje salta a los ojos cuando observamos el hecho de que el linchamiento es siempre precedido por la reunión de los verdugos, nunca actuando aisladamente.

Y es inútil porque la violencia jamás será combatida con violencia.

Por otro lado, el aumento de la violencia, aliado a la falta de confianza de la población en el castigo de los infractores, motiva actos de esta naturaleza. La creencia de que la policía no puede dar cuenta de la violencia o al menos de reducirla acarrea el deseo de tomar la justicia en propia mano, sin aguardar que lo haga la autoridad.

En ese punto resulta exactamente el mayor error de quien participa de un linchamiento (y de quien lo aplaude o lo acepta). El grupo agresor acusa, defiende, juzga y ejecuta, sin que sea dada al ``acusado'' (por sí mismo o por tercero) oportunidad de defenderse, además de impedir a las autoridades la posibilidad de aplicar el debido proceso legal y según el cual es vedado el juicio a un ciudadano sin que le sea asegurado un proceso legalmente constituido, garantizando al acusado su derecho a la más amplia e irrestricta defensa.

La socióloga Jacqueline Sinhoretto define los linchamientos como ``prácticas colectivas de ejecución sumaria de personas consideradas criminales''. Su característica diferenciadora de otro tipo de ejecución sumaria es su carácter de acción única; es decir, el grupo linchador se forma en torno de una víctima, o grupo de víctimas, y después de la acción se disuelve. Por eso se dice de los linchamientos que son acciones espontáneas y sin previa organización.

Se observa que este fenómeno, además de infortunado por todo lo dicho, también lo es por la auténtica posibilidad de no matarse a un culpable, sino eliminar a un inocente, hecho bastante probable a la vista de la precipitación y rapidez con que ocurre la acción.

Todo esto nos debe llevar a la siguiente reflexión: si errores judiciales ocurren no obstante el referido proceso de ley, ¿qué pensar de este tipo de sentencias sumarias?

En el error cometido por un juez, el sentenciado posee la posibilidad incluso de una reparación civil, sin hablar de la devolución de la libertad física (si aún es posible, evidentemente). Al contrario, en el error perpetrado por los linchadores no existe ningún tipo de reparación del daño y sí, en cambio, se tienen el dolor y la impotencia de los familiares de las víctimas.

Otro dato escalofriante en todos los linchamientos es la falta de castigo de los perpetradores, por ser difícil la identificación, por la falta de testigos disponibles o, aún peor, por el poco interés en averiguar el delito pues, a lo que parece, la muerte del supuesto autor de un crimen es mucho más cómoda que el trabajo de averiguar la responsabilidad penal de los autores. La falta de castigo, como es lógico, lleva a la repetición de los actos ilícitos.

Por lo que respecta a nuestro país, el pasado 23 de noviembre una multitud enardecida de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, DF, golpeó y quemó vivos a Víctor Mireles Barrera y Cristóbal Bonilla Colín, y dejó malherido a un tercer agente, de nombre Édgar Moreno Nolasco. Estos tres agentes estaban bajo el mando de la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal Preventiva.

El pretexto para este acto fue que los agentes eran secuestradores, según aseguraron algunos vecinos. Mientras por radio y televisión se daba seguimiento a este hecho, los policías afirmaban que estaban investigando narcomenudeo en la zona, proporcionando en ese momento teléfonos a los medios para que se comprobaran sus argumentos. Sin embargo, estos dos agentes están muertos, y es importante tomar en consideración lo fácil que es azuzar a una multitud para que cometa ese tipo de actos, bajo el ingenuo argumento de que ``si la justicia no actúa, el pueblo tiene que actuar''. Jamás la violencia será combatida con más violencia. Es importante que nos sumemos a la reflexión y busquemos vías para que este tipo de actos cese.

Por lo anteriormente expuesto, el de la voz propone a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Que las fuerzas políticas representadas en esta H. Cámara de Diputados expresen su rechazo al linchamiento ocurrido el pasado 23 de noviembre en la delegación Tláhuac de esta ciudad, en el que perdieran la vida dos integrantes de la Policía Federal Preventiva.

Segundo. Exhortar al Presidente de la República y al jefe del Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, finquen responsabilidades, en su caso, a los funcionarios responsables de impedir el mencionado linchamiento.

Dip. Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica).»

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado.

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LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

De la Junta de Coordinación Política, para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a que acate lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y haga pública la relación de los servidores públicos designados al margen de lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el Inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la materia objeto del presente, misma cuyo original se anexa, presentada por el Diputado Pablo Franco Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual fue analizada por este órgano de gobierno en sesión de trabajo celebrada el 1º de diciembre del presente, por lo que somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en acatamiento a los dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a la brevedad haga pública, en los términos previstos por esa Ley, una relación de los servidores públicos designados en toda la Administración Pública Federal para puestos de director general, director de área, subdirector, jefe de departamento, enlaces, adjuntos y sus homólogos, cualquiera que sea la denominación, realizados a partir de la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, adjuntando una relación de los concursos, procedimientos y criterios aplicados para ello.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el primer día del mes de diciembre del año 2004.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Emilio Chuayffet Chermor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«C. Pablo Franco Hernández, diputado federal a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad al artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, me permito someter a la consideración de esta asamblea soberana la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero.- El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala como uno de los compromisos del Ejecutivo de la Unión, consolidar la Administración Pública Federal a través de la profesionalización de servidores públicos que garanticen la continuidad y operación de los planes y programas de gobierno.

Segundo.- En cumplimiento a dicho compromiso, el 10 de abril del 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, misma que entró en vigor el 10 de septiembre del mismo año.

En el artículo segundo transitorio se estableció un plazo de 180 días para que el titular del Ejecutivo federal publicara el reglamento de la ley, el cual igualmente fue publicado en la citada gaceta gubernamental el 2 de abril del año en curso.

Tercero.- Es el caso que aprovechando la vacatio legis de la ley, o sea el término de 180 días para que ésta entrara en vigor, el Ejecutivo realizó múltiples despidos injustificados de directores generales, directores de área, delegados estatales, jefes de departamento y otros funcionarios de rangos análogos nombrando inmediatamente a sus sucesores sin apegarse a los concursos públicos abiertos señalados en la Ley del Servicio Profesional.

Cuarto.- Una vez terminado el plazo de los 180 días mencionados, continuaron los despidos de servidores públicos de mandos medios y superiores, justificándose en un acuerdo administrativo emitido por el secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de este año.

En el artículo cuarto del acuerdo, la mencionada dependencia estableció: ``que se aprueben temporalmente durante 2004, puestos de libre designación conforme a lo siguiente: hasta un 3% de los puestos de cada uno de los rangos que comprende el Sistema...'' En este párrafo la Secretaría de la Función Pública se autorizó a sí misma un plazo extra para designar puestos de libre designación, en virtud de que el término de los 180 días no le fue suficiente para realizar todos los despidos deseados.

Por si fuera poco, en una fracción II del mismo artículo, de motu propio la Secretaría se autoriza a designar libremente a titulares de delegaciones, representaciones u oficinas de las dependencias en las entidades federativas, sin ceñirse al proceso estipulado en la Ley del Servicio Profesional.

Quinto.- Dicho acuerdo contraviene disposiciones de la Ley del Servicio Profesional, en virtud de que ésta solamente autoriza a realizar nombramientos en casos excepcionales... cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor o existan circunstancias que pueden provocar pérdidas o costos adicionales importantes... y en el caso que nos ocupa, no se actualizan tales situaciones.

Sexto.- Por las consideraciones vertidas, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Profesional, los nombramientos autorizados sin apegarse a los procesos de ingreso previstos en la misma, deben ser nulos de pleno derecho. Asimismo, de acuerdo al citado transitorio, deben ser causa de responsabilidad del servidor público que los hubiera autorizado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía popular, la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, que en acatamiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a la brevedad haga pública, en los términos previstos por esa ley, una relación de los servidores públicos designados en toda la Administración Pública Federal para puestos de director general, director de área, subdirector, jefe de departamento, enlaces, adjuntos y sus homólogos, cualquiera que sea la denominación, realizados a partir de la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, adjuntando una relación de los concursos, procedimientos y criterios aplicados para ello.

Segundo.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo provisto en el último párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, anule los nombramientos de directores generales, directores de área, subdirectores, delegados estatales y demás servidores públicos realizados posteriormente a la entrada en vigor de la citada ley sin ceñirse a los procesos establecidos en la misma.

Tercero.- Que el titular del Poder Ejecutivo federal instruya a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que suspendan la autorización de nuevas designaciones sin ceñirse a los procesos establecidos en la ley de la materia.

Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que de inmediato inicie los procesos de responsabilidades a que haya lugar, derivadas de los nombramientos señalados en esta proposición, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre del 2004.--- Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado.

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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

C. Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, fracciones I y III de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de octubre de 2004. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de octubre de 2003. En términos del artículo 22 fracción I de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2004. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y 13 deuda pública al mes de octubre del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Lic. José Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ARTICULO 52 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Con el gusto de saludarles, me permito informarles que esta soberanía estatal, en sesión de fecha 11 de noviembre del año en curso aprobó acuerdo legislativo 643/04, del que les adjunto copia, en el que se me instruye remitirles la presente iniciativa en la que se propone reformar el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la continuación de su proceso legislativo.

Comunico lo anterior por instrucciones de la Directiva del Congreso del Estado, en vía de notificación personal y para los efectos legales a que dé lugar.

Sin otro particular propicia hago la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 16 de noviembre de 2004.--- Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), Secretario General del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

CC. Diputados del H. Congreso del Estado.--- Presentes.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, le fue turnada, mediante acuerdo de asamblea de fecha 4 de agosto del 2004 dos mil cuatro, para su estudio y dictamen la iniciativa de acuerdo legislativo que propone una reforma al 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Rocío Corona Nakamura, que fue turnada para presentar el proyecto de resolución al diputado Pedro Ruiz Higuera, y

Considerando

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 28 veintiocho fracción primera de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es facultad de los diputados presentar iniciativas de leyes y decretos.

II. Que el Poder Legislativo del estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene facultad de iniciativa a nivel federal.

III. Que le corresponde a la Comisión de Puntos Constituciones, Estudios Legislativos y Reglamentos el estudio y dictamen de la presente iniciativa, con fundamento en los artículos 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de conformidad al turno de sesión de la asamblea del día 4 cuatro de agosto del 2004.

IV. La autora de la iniciativa señala la siguiente:

Exposición de Motivos1. La representación democrática dentro de los órganos legislativos ha sido un problema en el que México ha tenido que transitar en la búsqueda de su solución.

No obstante que la cuestión se reduce a definir la integración de las asambleas parlamentarias, ello nos conlleva a considerar el valor de los siguientes elementos:

a) La mayoría,

b) Los grupos minoritarios y

c) La representación partidaria dentro del colegio legislativo.

2. Recientemente se ha vuelto a discutir la pertinencia de incluir en la asamblea a los diputados de partido, ahora denominados de porcentajes mayores. El debate se trae de nuevo a cuenta a partir de una revisión crítica a la composición parlamentaria, en donde destaca como un elemento discordante al proyecto democrático la sobrerrepresentación de los intereses partidarios por la vía de los diputados o senadores de representación proporcional electos por el subsistema de listas regionales determinadas por los propios partidos políticos.

La representación proporcional tiene la virtud de abrir espacios legislativos a las minorías del país, pero además, hace posible que los partidos políticos proyecten al espacio parlamentario a sus elementos --cuando menos en teoría-- más calificados. No debemos sustraemos del hecho de que, efectivamente, existen personalidades de alta calificación parlamentaria sin --o escasa-- vinculación popular, que de no integrar la lista plurinominal no estarían en condiciones de arribar a una Cámara de Diputados o de Senadores. El legislador ha valorado su presencia y les ha destinado escaños, siempre con la intención de que el perfil de estos parlamentarios eleve la calidad del debate legislativo (circunstancia que no siempre ha sido así).

La distorsión del sistema de listas plurinominales ha propiciado que se utilice esta vía para elevar a los escaños legislativos personalidades de alta influencia dentro de los partidos políticos, pero que poco o nada aportan a la vida parlamentaria. Es decir, es el camino --la lista plurinominal-- para el pago de cuotas de poder a los grupos que demandan presencia política dentro de los mismos partidos. Esta reformación de la institución ha desatado críticas imprudentes que pugnan por la desaparición de los diputados de representación proporcional electos por listas plurinominales ofertadas por los partidos políticos. El exceso les lleva a considerar que es tan bajo el nivel parlamentario de los prospectos que impulsan los partidos (motivados por el afán de liquidar facturas políticas), que es mejor su desaparición del andamiaje legislativo. Definitivamente que en esta cuestión la experiencia es diversa: desde la proyección de magníficos parlamentarios hasta otros de muy bajo perfil. Sin embargo, como suele suceder en muchas discusiones de esta naturaleza, consideramos que no es aniquilando la institución como se resuelve el problema. En el caso de las listas plurinominales, el problema no es el sistema de elección, sino los procedimientos autoritarios de algunos partidos políticos para integrar esas listas. Luego, para que el sistema de listas plurinominales sirva para llevar a las curules personalidades de alta evaluación en el campo legislativo, es preciso que se depure la vida democrática dentro de los partidos políticos, a fin de que sea su base partidaria la que determine quiénes deben integrar ese listado, y no se componga a partir de decisiones cupulares, muchas veces alejadas de los intereses de sus propios correligionarios.

3. Dentro de los países democráticos se reconocen tres sistemas electorales:

a) Mayoría;

b) Mixto; y

c) Compensatorio.

El primero --el sistema de mayoría-- se basa en la distribución de escaños de acuerdo con el resultado obtenido en cada uno de los distritos electorales. El sistema mixto incluye escaños de mayoría y escaños proporcionales, con el mismo número de representantes en la asamblea. Y el sistema compensatorio --como el de México-- se sustenta en escaños de mayoría y una representación proporcional con un número menor de legisladores en la asamblea, la que actúa como una fuerza de resistencia a los embates de la mayoría.

Por la evolución del sistema político mexicano, hoy en día es conveniente continuar ajustándonos al modelo compensatorio, que si bien no equilibra la fuerza de las minorías, si les da voz y voto en las cuestiones políticas, e incluso posibilita conformar nuevas mayorías a partir de la búsqueda de consensos con las diversas fuerzas representadas en el escenario legislativo.

Realmente el meollo de la cuestión a debate, hoy en día se resuelve a partir de la ecuación donde se busca la proporción debida entre los diputados de partido, ahora denominados de porcentajes mayores y los que se eligen a partir del sistema de listas plurinominales.

En las entidades federativas el ejercicio ha sido prolijo: Aguascalientes, con 27 diputados, tiene 18 de mayoría relativa y 9 de RP (100% de lista); Baja California, con 25 diputados, tiene 16 de mayoría relativa y 9 de RP (100% de porcentajes mayores); Coahuila, con 35 diputados, tiene 20 de mayoría relativa y 15 de RP (50% de porcentajes mayores y 50% de lista); Distrito Federal, con 66 diputados, tiene 40 de mayoría relativa y 25 de RP (100% de lista); Jalisco, con 40 diputados, tiene 20 de mayoría relativa y 20 de RP (50% de lista y 50% de porcentajes mayores); estado de México, con 75 diputados, tiene 45 de mayoría relativa y 30 de RP (50% de lista y 50% de porcentajes mayores); Morelos, con 30 diputados, tiene 18 de mayoría relativa y 12 de RP (100% de lista); Nuevo León, con 42 diputados, tiene 26 de mayoría relativa y 16 de RP (100% de porcentajes mayores); Querétaro, con 25 diputados, tiene 15 de mayoría relativa y 10 de RP (100% de lista); y Sinaloa, con 40 diputados, tiene 24 de mayoría relativa y 16 de RP (100% de lista).

Ahora bien, el sistema de porcentajes mayores tiene el efecto de descentralizar la representación popular. Es decir, es frecuente que los personajes impulsados desde las listas plurinominales sean habitantes de las capitales locales o del país, y adoptando a nivel federal el de porcentajes mayores se da oportunidad a que los políticos del interior de los estados se proyecten a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Es por eso que esta iniciativa propone la reforma del artículo 52 de la Constitución General de la República, a efecto de que se determine la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a partir de trescientos diputados electos según el principio de votación de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales; y doscientos diputados que deberán ser electos según el principio de representación proporcional, pero de estos, cien diputados saldrán de los candidatos de mayoría relativa que no fueron electos, es decir, por el sistema de porcentajes mayores respecto a su votación distrital, y cien serán producto de las listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. Esta fórmula privilegia el sistema de porcentaje mayor al de lista plurinominal, en consideración de que los primeros si tienen un fondo de representación popular y alcanzan su escaño en la disputa electoral, es decir, se considera que tienen un principio de legitimidad más genuino que el que sustenta a los de lista plurinominal.

Es preciso señalar que la fórmula que se propone favorece a quien habiendo perdido alcanza el más alto porcentaje de votación en su distrito en contraste a sus compañeros de partido que --habiendo perdido también-- hubieren alcanzado un porcentaje menor de la votación en sus respectivos distritos. Esto tiene importancia, porque se opta por un sistema distinto al que algunos proponen de favorecer a los candidatos perdedores que hubieren alcanzado un número mayor de votos. Esta fórmula daría ventaja a los contendientes por distritos de alta densidad de población y no estimularía la contienda electoral, desde el momento en que la estadística revelara que un 20 % de la votación en un distrito urbano fuere superior al un 40 % de la votación en un distrito de menor densidad de población.

Volver a incluir los diputados de partido dentro del sistema electoral mexicano, significará un paso más para perfeccionar la democracia. Se estimulará la lucha electoral, se legitimará y diversificará en mayor grado la representación popular, y se conserva la posibilidad de proyectar diputados de alto perfil legislativo mediante listas plurinominales.

V. Una vez analizado la iniciativa de acuerdo legislativo, esta Comisión considera conveniente aprobarla; sin embargo, es importante señalar, que los modelos seguidos en las diferentes entidades federativas y que han funcionado, no necesariamente funcionarían a nivel federal, pero es adecuado que el Congreso de la Unión, analice y estudio la presente iniciativa y, en su caso, sea aprobado en los términos propuestos.

Por las anteriores consideraciones, propone que la presente iniciativa se de deje sin efecto, y se resuelve presentar el siguiente proyecto de

Acuerdo Legislativo

PRIMERO. El Congreso del estado de Jalisco eleva a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único: Se reforma el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por trescientos diputados electos según el principio de votación de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales; y doscientos diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante las modalidades que establezca la ley.

Transitorios

Artículo Primero.- Este decreto entrará en vigor a los tres años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

SEGUNDO. Instrúyase al secretario general del Congreso del estado de Jalisco para que remita la presente iniciativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para la continuación de su proceso legislativo.

TERCERO. Envíese copia de la presente iniciativa a los 31 Congresos locales y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal solicitando su apoyo a la reforma que se propone.

Sala de Comisiones del Congreso del Estado.-- Guadalajara, Jalisco, a 29 de septiembre del 2004.--- Comisión de Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y Reglamentos. Diputados: Pedro Ruiz Higuera, Presidente; Salvador Cosío Gaona, vocal; Alfredo Argüelles Bazave, vocal; Cecilia Fausto Lizaola, vocal; José María Martínez Martínez, vocal (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

Atentamente

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ÚNICO.- Se reforman el artículo 142; el primer y segundo párrafos del artículo 190; el primer y segundo párrafos del artículo 191 y, el artículo 193; se adicionan los artículos 2° con una fracción VII; los artículos 142 Bis; 142 Bis-1; 142 Bis-2; 142 Bis-3; 142 Bis-4; el artículo 153 con un segundo párrafo, el artículo 213 con dos fracciones XXV Y XXVI, corriéndose la actual XXV a XXVII de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a VI. ...

VII. Establecer condiciones de equidad, igualdad y seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato de igualdad para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.

Artículo 142. Con independencia de su denominación o de los elementos jurídicos complementarios que ostenten, existirá la figura de franquicia, cuando por la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca o quien esté legitimado para licenciar su uso, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley. Ante el incumplimiento de esta norma se podrá invocar la nulidad del convenio.

La falta de veracidad en la información a que se refiere el párrafo anterior dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato en los términos del párrafo anterior, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.

Artículo 142 Bis.- El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, las siguientes disposiciones:

I.- La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá prioritariamente las actividades objeto del contrato, así como los criterios para definir las distancias mínimas entre los establecimientos de los franquiciatarios.

Los criterios para la asignación de nuevas franquicias convenidos entre el franquiciante y los franquiciatarios en operación con mayor cercanía física.

II.- La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura física, técnica y administrativa, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato.

III.- Las políticas de precios al mayoreo y menudeo, de inventarios y de mercadotecnia y publicidad, aplicables de manera uniforme a los franquiciatarios.

IV.- Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones por parte del franquiciante, hacia todos sus franquiciatarios.

V.- Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios, los cuales deberán ser uniformes.

VI.- Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, a fin de ofrecer la eficiente atención a los consumidores, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica.

VII.- Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño técnico, comercial, financiero y de calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario.

VIII.- Mención del derecho o no de subfranquiciar por parte del franquiciatario, así como las condiciones bajo las cuales el franquiciatario podrá transferir los derechos derivados del contrato de franquicia .

IX.- Las causales para la terminación o rescisión del contrato de franquicia, y los procedimientos que garanticen las condiciones de equidad respecto de la recuperación de las inversiones realizadas por los franquiciatarios.

X.- Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos relativos a los capítulos del contrato de franquicia mencionados en el presente artículo o cualesquiera otra estipulación o cláusula que afecte las condiciones o los términos fundamentales del propio contrato, así como la forma de acreditación de tales supuestos.

XI.- Disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores;

XII.- No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato salvo pacto en contrario, y

XIII.- No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

Para que pueda ser objeto de inscripción el contrato de franquicia ante el Instituto, y por consiguiente pueda producir efectos contra terceros, deberá contener las disposiciones a que hace referencia este artículo, a efecto de garantizar el equilibrio de las partes en su relación contractual, evitando favorecer a una en detrimento de la otra.

Artículo 142 Bis 1.- El franquiciante no podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, sino en la medida estrictamente necesaria para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia conforme a lo establecido en el contrato.

No se considerará que el franquiciante tiene injerencia en casos de fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales o acciones del franquiciatario, cuando con ello se modifiquen las características personales del franquiciatario que hayan sido previstas en el contrato respectivo como determinante de la voluntad del franquiciante para la celebración del contrato con dicho franquiciatario.

Artículo 142 Bis 2.- El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y siempre una vez concluido éste, la confidencialidad sobre los secretos industriales o comerciales y en general sobre la información de carácter confidencial de los que hayan tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.

Artículo 142 Bis 3.- El franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión deberán ajustarse a las causas y procedimientos convenidos en el contrato.

En caso de las violaciones a lo dispuesto en el párrafo precedente, la terminación anticipada que hagan franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados

Artículo 142 Bis 4.- El franquiciatario tendrá derecho a que en igualdad de condiciones y habiendo cumplido por su parte con lo estipulado en el contrato, sea preferido con respecto a terceros en la celebración de un nuevo contrato de franquicia en el territorio otorgado en exclusividad.

Artículo 153.- ...

También procederá la cancelación del registro de la marca, cuando uno o más franquiciatarios acrediten ante el Instituto, o cuando éste lo compruebe, que el franquiciante titular del registro de una marca o cualesquiera de sus empresas subsidiarias, han incurrido de manera directa o indirecta, en la práctica reiterada de actos contrarios a la Ley o a los tratados internacionales de los que México sea parte, o que afecten gravemente las condiciones de libre competencia o constituyan un abuso de los derechos de propiedad industrial, en los términos y bajo el procedimiento que prevea el Reglamento.

Artículo 190.- Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. Asimismo, deberá exhibir el solicitante el número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompaña, necesarios para correr traslado a la contraparte.

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitará al Instituto que con la copia simple de dichas pruebas, se emplace al titular afectado.

Artículo 191.- Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta Ley o no exhibiera las copias de la solicitud y los documentos que a ella se acompañan, a que se refiere el artículo 190 de esta Ley, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.

También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.

...

Artículo 193.- Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto, con la copia simple de la solicitud y los documentos que se le acompañaron, la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta Ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I a XXIII.- ...

XXIV.- Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente;

XXV.- No proporcionar al franquiciatario la información a que se refiere el artículo 142 de esta ley con el contenido que establece el artículo 65 de su reglamento;

XXVI.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo, y

XVII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

TRANSITORIO

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Economía.

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LEY QUE CREA EL FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERIA Y AVICULTURA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.

Atentamente.

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 3°, fracciones I, II, III y IV; 5°, fracciones I y II; 7° segundo párrafo; 9°, y 10 y se adiciona el artículo 1° con dos párrafos; todos de la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura; Ganadería y Avicultura, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1°.-...

La canalización y el uso de los recursos del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para el desarrollo del sector agropecuario y forestal, se harán a través de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de depósito y de los demás intermediarios financieros no bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al efecto, las tasas de interés, primas de garantías y demás requisitos que se aplicarán a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los demás intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, deberán ser aprobados por el Comité Técnico, considerando el riesgo financiero y calidad crediticia que representen los intermediarios financieros y sus acreditados finales.

Los productores que se beneficien con los recursos del Fondo, recibirán financiamiento en condiciones adecuadas para el desarrollo del sector.

ARTÍCULO 3o.- ...

I.- Garantizar a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, en la recuperación de los préstamos que se otorguen a los productores agropecuarios y forestales;

II.- Descontar en casos necesarios a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, títulos de crédito provenientes de préstamos otorgados a los productores agropecuarios y forestales;

III.- Abrir créditos y otorgar préstamos a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, con objeto de que éstas a su vez abran créditos a los productores agropecuarios y forestales, y

IV.- Realizar las demás que se fijen en las reglas de operación, siempre que sean por conducto de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de depósito o de los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo.

ARTÍCULO 5o.- ...

I.- Sólo se efectuarán en relación con financiamientos que hayan sido otorgados o concertados a personas físicas o morales cuyas actividades se encuentren relacionadas con la producción, acopio y distribución de bienes y servicios de o para los sectores agropecuario y forestal, así como de la agroindustria y de otras actividades conexas o afines, o que se desarrollen en el medio rural;

II.- Sólo podrán garantizarse los financiamientos a que se refiere la fracción I anterior, cuando el acreditado cumpla con alguno de los siguientes requisitos:

a) Invertir con recursos propios la parte que señalen las reglas de operación, del presupuesto para cuyos fines se otorgue el financiamiento, o

b) Tener bienes suficientes para responder del financiamiento total, independientemente del valor que se espere de la actividad productiva a la que se destinen los recursos.

III.-...

ARTÍCULO 7o.- ...

El Fiduciario se subrogará en los derechos de la institución de banca múltiple, de la unión de crédito, del almacén general de depósito o del intermediario financiero no bancario acreedor, por las cantidades que le pague con motivo de la garantía otorgada y dicho intermediario financiero suscribirá, con sujeción a las normas legales, los documentos que se requieran para que tales derechos queden a favor del Fondo.

ARTÍCULO 9°.- El Fiduciario deberá reservarse las facultades necesarias para que, cuando lo juzgue oportuno pueda efectuar auditorías, exigir estados de contabilidad, documentos y demás datos a los productores agropecuarios y forestales, según el caso, directamente o por conducto de la institución de banca múltiple, de la unión de crédito, del almacén general de depósito o del intermediario financiero no bancario que haya intervenido en la operación respectiva.

ARTÍCULO 10.- Todas las operaciones a que se refiere la presente ley sólo podrán efectuarse por conducto de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de depósito o de los demás intermediarios financieros no bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Transitorio

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para los efectos del presente Decreto, las Uniones de Crédito que reciban de sus socios depósitos de ahorro, deberán ajustarse a los plazos, requisitos, términos y condiciones que establece la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como sus reformas subsecuentes.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Sara I. Castellano Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Alfonso Rodríguez Ochoa: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:

El suscrito diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de la Asamblea de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma y adiciona artículos y párrafos de la Ley Federal del Trabajo con base en lo siguiente:

La integración de las personas con discapacidad, tercera edad y mujeres, madres solteras y/o embarazadas, es y debe ser un proceso integral no sólo a la sociedad misma, sino también al mercado laboral, un proceso que les conceda como individuos el poder de participar sin cortapisas y limitaciones de los beneficios del desarrollo social y económico a través del ejercicio de sus derechos, capacidades que eleven sus niveles de bienestar y calidad de vida.

La integración social y productiva de las personas con discapacidad, de la tercera edad y mujeres, madres solteras y/o embarazadas, es por tanto un problema de justicia, seguridad jurídica y equidad social.

Sus derechos humanos y garantías individuales, no le son respetados cuando el acceso a los derechos naturales y fundamentales de la vida como la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad económica, personal, la participación en grupos sociales y políticas, las actividades religiosas, las relaciones afectivas no les son brindadas por nuestra sociedad al parejo de las que disponen en general todos los demás miembros de nuestra sociedad.

La igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad, de la tercera edad, madres solteras o embarazadas sin ningún tipo de discriminación, es una contribución fundamental al esfuerzo mundial de humanización, del perfeccionamiento y profundización de la democracia e igualdad social a la que aspiramos los mexicanos y en suma la humanidad entera.

Según las Naciones Unidas, en 1983 en el mundo, había 500 millones de personas con discapacidades. En la mayoría de los países por lo menos una de cada 10 personas tiene alguna deficiencia física, intelectual o sensorial y por lo menos el 25 por ciento de la población es adversamente afectada por la presencia de la discapacidad.

Un 98 por ciento de las personas con discapacidades que viven en los países en vías de desarrollo, no tienen acceso a los servicios de rehabilitación; hay 20 millones de personas que necesitan sillas de ruedas, 100 millones de personas padecen minusvalía causada por la malnutrición, que en algunos países el 90 por ciento de los niños discapacitados no vive más de 20 años, entre otros datos.

En el caso de México, según nos refleja el INEGI, que el hecho de que a nivel nacional un total casi de 20 millones de hogares, 2 millones de hogares tienen al menos un miembro integrante con algún tipo de discapacidad.

Asimismo, en México las tendencias demográficas nos indican un envejecimiento de la población, es decir, un número creciente y mayor de personas de la tercera edad, muchas de ellas en condiciones de seguir laborando y a quienes se les niega el derecho a laborar en razón de su edad.

El número creciente de mujeres, jefas de familia y sostén económico del núcleo familiar, es en el país cada vez más creciente y constituyen un pilar fundamental del sector productivo que merecen condiciones de igualdad en las oportunidades laborales.

Detrás de esta estadística demográfica alarmante, tenemos que tomar en consideración que solamente el 24 por ciento del total de personas con discapacidad cuentan con algún empleo o ingreso; el 76 por ciento restante es considerado como población inactiva, lo que constituye una desigualdad e inequidad social profunda que debemos valorar.

En relación a las personas con discapacidad, que no tienen empleo, el 52 por ciento no lo tienen debido a su condición, entiéndase por ello, que el mercado de trabajo y la sociedad no los considera aptos para emplearlos. Esto último debe contrastarse con el hecho de que sólo un 30 por ciento de las personas con discapacidad no empleadas realmente está imposibilitada para trabajar.

Del mismo modo un 15 por ciento vive de sus rentas, al amparo de pensiones o jubilaciones. De fondo cabe destacar que de los 10 millones que tenemos en México el 82 por ciento depende parcial o totalmente de sus familiares o amigos y un 3 por ciento de caridad o mendicidad.

Legislar para personas con discapacidad en México es un proceso que implica no sólo debatir sobre las leyes y su contenido, representa encontrar caminos eficaces y efectivos para el desarrollo de las personas con discapacidad, para la resolución de sus problemas, sus necesidades. Legislar para integrarlos a la sociedad y a la vida laboral para que mujeres embarazadas y de la tercera edad puedan gozar en un plano de igualdad del conjunto de los derechos humanos que goza la población mexicana en general.

Actualmente se encuentran en proceso de estudio y análisis la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Trabajo, la iniciativa de Ley Federal para Personas con Discapacidad y la modificación de la Ley Federal de Educación, para terminar con las barreras sociales y arquitectónicas en los espacios y edificios escolares. Resulta una prioridad nacional atender la problemática de las personas discapacitadas y de la tercera edad y los efectos indeseables que persisten en nuestras sociedades con fenómenos tales como la del abandono, la discriminación social, el maltrato, la subvaloración afectiva, la marginación cultural, la inequidad de los servicios de salud, la falta de centros educativos, escuelas y universidades con capacidad de otorgar servicios a los jóvenes discapacitados, la desigualdad de oportunidades de trabajo para estas personas desde adolescentes y agravada en su edad adulta, su exclusión de los centros laborales, su trabajo subvalorado o menospreciado, los salarios menores, el tráfico humano y diversos abusos de todo tipo que padecen a lo largo de su vida, caracterizada por un trato de la sociedad falto de empatía y por el constante rechazo hasta las edades seniles, cuando la indiferencia, el aislamiento y el abandono se hacen aún más evidente, a pesar de sus requerimientos de atención.

Compañeras y compañeros, es tiempo de que los empresarios y la sociedad mexicana entiendan que la integración de minusválidos al mundo laboral y su capacitación se transforman a corto plazo en un aporte enriquecedor para una compañía, ya que contribuyen a mejorar el trabajo en equipo, compromiso y clima laboral, cualesquiera cualidades que impactan positivamente en la productividad.

Que la integración social de los discapacitados no es una dádiva sino un derecho. Por todo ello, se propone lo siguiente:

Modificaciones y adiciones a la Ley Federal del Trabajo.

Título Primero. Principios Generales. Modificación del párrafo segundo del artículo 3° para quedar como sigue: ``No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política, condición social o capacidades diferentes''. Se adicionen 3 fracciones a los números XIV, XV y XVI al artículo 5° para quedar como sigue: ``Las disposiciones de esta ley son de orden público por lo que no producirán efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

Fracción XIV. Disposición contraria a la equidad de género que consista en solicitar muestras de orina para efectuar el examen de no estado de ingravidez o embarazo o cualquier otra que impida el trabajo a mujeres embarazadas.

Fracción XV. Toda disposición contraria a la equidad social que constituya una discriminación a la edad, que establezca requisitos de una determinada edad que no se justifiquen por las características técnicas del empleo ofertado, impidiendo el trabajo a las mujeres u hombres de la tercera edad.

Fracción XVI. Toda disposición contraria a la equidad social que constituya una discriminación a las capacidades diferentes a los trabajadores que no se justifiquen por las características técnicas del empleo ofertado impidiéndoles el trabajo.

Se modifica el párrafo primero del artículo 7° para quedar como sigue: ``En toda empresa o establecimiento el patrón deberá emplear un 90 por ciento de trabajadores mexicanos por lo menos y de no existir razones técnicas que le justifiquen deberá dentro de ese 90 por ciento que permita la equidad de género, el empleo de trabajadores de la tercera edad y con capacidades diferentes''.

Se adiciona el artículo 8° un tercer párrafo para quedar como sigue: ``Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajadores con capacidades diferentes la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías publicadas en el 80 por la OMS que define como trabajadores con capacidades diferentes aquellos que posean una deficiencia, es decir, toda pérdida o anormalidad de una estructura o función sicológica, fisiológica o anatómica, aquellos que posean una minusvalía para que, es la situación de desventaja de un individuo determinado a consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que le limita e impide el desempeño de un rol que sería normal en su caso, en función de la edad, sexo y factores sociales o que posean una discapacidad, restricción o ausencia, debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considere normal para un ser humano.

Título Cuarto. Artículo 132. Son obligaciones de los patrones.

Se adiciona una fracción XXIV, al tenor del siguiente texto:

Los patrones establecerán en sus centros de trabajo, las instalaciones y consideraciones de seguridad, higiene y acceso para el desempeño de los trabajadores con capacidades diferentes.

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones negarse a aceptar trabajadores por razones de edad, de sexo, en el caso de mujeres, estén o no en estado de gravidez o embarazo, condición social y estado civil o de los trabajadores cualquiera que fuera su edad y sexo, si posee capacidades diferentes.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, miembro de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de la Asamblea de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La integración de las personas con discapacidad, tercera edad y mujeres madres solteras y/o embarazadas es y debe ser un proceso integral, no solo a la sociedad misma, sino también al mercado laboral, un proceso que les conceda como individuos el poder de participar sin cortapisas y limitaciones de los beneficios del desarrollo social y económico, a través del ejercicio de sus derechos y capacidades, que eleven sus niveles de bienestar y calidad de vida.

Según la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, (CIDDM) publicada en 1980 por la OMS (Organización Mundial de la Salud), una deficiencia es ``toda pérdida o anormalidad de un estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica''. Una minusvalía ``es la situación de desventaja de un individuo determinado a consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que le limita o impide el desempeño de un rol que sería normal en su caso (en función de la edad, sexo y factores sociales'', y una discapacidad ``es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano''.

El camino de la integración social de las mujeres, discapacitados, y de la tercera edad ha sido difícil y tortuoso, por las barreras jurídicas, morales y prejuicios sociales ,la humanidad en el transcurso de su desarrollo ha venido evolucionando, en relación a los discapacitados la historia ha sido cruel así los Espartanos de la antigua Grecia, arrojaban desde el Monte de Taigeto a las personas con discapacidad; durante la Edad Media, principalmente en Francia, se construyeron verdaderas fortalezas y ciudades amuralladas en donde se guardaban y escondían a centenares de personas con algún tipo de discapacidad.

En Alemania, el ejército Nazi, durante la segunda guerra mundial, cometió diversas atrocidades en nombre de la ciencia y ``en busca de la raza perfecta'' en la cámara de gases o con la ingestión de sustancias letales que se proporcionaron en forma selectiva, antes que a nadie, a las personas con discapacidad mental para aniquilarlas tratando de construir un supuesto mundo de ``seres perfectos''. El racismo, la intolerancia y complejos de superioridad, imperaron en esa época no solo para exterminar a los judíos, mujeres y ancianos; sino también a las personas con discapacidad.

La integración social y productiva de las personas con discapacidad de la tercera edad y mujeres madres solteras y/o embarazadas, es por tanto un problema de justicia, seguridad jurídica y equidad social, sus derechos humanos y garantías individuales no le son respetados, cuando el acceso a los derechos naturales y fundamentales de la vida como la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad económica y personal, la participación en grupos sociales y políticos, las actividades religiosas, las relaciones afectivas, la libertad de movimientos para el acceso a las instalaciones públicas y privadas y en general de desplazamiento no se les brinda por la sociedad, al parejo de las que disponen en general todos los demás miembros de la sociedad.

La igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad, de la tercera edad, madres solteras o embarazadas, sin ningún tipo de discriminación es una contribución fundamental al esfuerzo mundial de humanización, de lucha por la prevalencia de los valores humanos fundamentales, es parte del perfeccionamiento y profundización de la democracia e igualdad social a la que aspiramos los mexicanos y la humanidad entera.

Se han logrado avances importantes, la eliminación de barreras sociales y arquitectónicas, para los discapacitados la construcción de rampas en edificios públicos, la instalación de teléfonos pequeños, la adecuación del sistema metropolitano de transporte para las personas invidentes y otros, pero aún queda mucho por avanzar.

Las estimaciones de las organizaciones mexicanas, 741 asociaciones de personas involucradas en el manejo de la discapacidad, señalan que en nuestro país, los diferentes tipos de discapacidad se encuentran en los siguientes porcentajes: Discapacidad de la movilidad o del aparato locomotor 53%; Discapacidad intelectual 20%; Discapacidad de la comunicación humana o Sordos 18%; Ciegos y débiles visuales 9%.

Las Naciones Unidas en 1983 en El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad estimaba, en ese entonces, que en el mundo había 500 millones de personas con discapacidades, en la mayoría de los países, por lo menos una de cada diez personas tenía alguna deficiencia física, intelectual o sensorial, y por lo menos el 25% de toda la población es adversamente afectada por la presencia de la discapacidad y por lo menos el 70% de las personas con discapacidad vive en zonas donde no se dispone de los servicios necesarios para ayudarles a superar sus limitaciones.

El dossier informativo sobre las Normas uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, señala que un 98% de las personas discapacitadas que viven en los países en vías de desarrollo no tienen acceso a los servicios de rehabilitación; que hay 20 millones de personas que necesitan sillas de ruedas; que 100 millones de personas padecen minusvalía causada por la mal nutrición; que en ningún país se cuenta con sistemas de transporte accesibles totalmente; que en algunos países el 90% de los niños discapacitados no vive más de 20 años, entre otros datos.

En el caso de México, de acuerdo con los resultados definitivos tabulados complementarios de la Encuesta sobre Discapacidad realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), refleja en el hecho de que a nivel nacional, de un total de 19,848,319 hogares (100%), 1,915,137 hogares (9.65%) tienen al menos un miembro integrante con algún tipo de discapacidad.

Así mismo en México las tendencias demográficas nos indican un envejecimiento de la población, es decir de un número creciente y mayor de personas de la tercera edad, muchas de ellas en condiciones de seguir laborando y a quienes se les niega el derecho a laborar en razón de su edad.

En número creciente de mujeres jefas de familia y sostén económico del núcleo familiar es en el país cada vez más creciente y constituyen un pilar fundamental del sector productivo que merecen condiciones de igualdad en las oportunidades laborales

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el año 2000 establecía que en México existían un total de 235 mil 969 personas con discapacidad entre los 0 y 14 años de edad, es decir en edad escolar de nivel básico, de ellos solo un 34.5% asistían a clase y solo el 15.6 % concluyo la primaria y apenas el 2.5 % la secundaria; algunos estudios estiman que en México existen en el 2004, al menos 10 millones de personas con alguna manifestación de incapacidad, cifra que, por género, se distribuye en % muy semejantes entre hombres y mujeres. Algo muy delicado es que, en opinión de especialistas, actualmente hay cerca de 2 millones 500 mil personas con discapacidad, son niñas y niños.

De acuerdo con los informes elaborados por la Subcomisión de Rehabilitación Laboral, Capacitación y Trabajo, del total de discapacitados que tiene registrados, el 53% lo es de discapacidad locomotora, el 20% de discapacidad intelectual, un 18% del lenguaje o del habla, y un 9% lo es de discapacidad visual. Asimismo, del total de hogares con algún miembro discapacitado el 9.03% percibe entre tres y cinco salarios mínimos, y el 13.78% no percibe ninguno.

Detrás de esta estadística demográfica alarmante, tenemos que tomar en consideración que solamente el 24% del total de personas con discapacidad, cuentan con algún empleo e ingreso; el 76% restante es considerado como población inactiva. Lo que constituye una desigualdad e inequidad social profunda que debemos valorar.

En relación a las personas con discapacidad que no tienen empleo, el 52% no lo tienen debido a su condición, entiéndase por ello, que el mercado de trabajo y la sociedad no los considera aptos para emplearlos. Esto último debe contrastarse con el hecho de que sólo un 30% de las personas con discapacidad no empleadas, realmente está imposibilitada para trabajar, ya sea por problemas crónicos de salud, avanzada edad o incapacidad total; del mismo modo que un 15% vive de sus rentas, al amparo de pensiones o jubilaciones. De fondo, cabe destacar que de los 10 millones, el 82% depende parcial o totalmente de sus familiares o amigos y un 3% de la caridad o mendicidad.

Legislar para personas con discapacidad en México, es un proceso que implica, no solo debatir sobre las leyes y su contenido. Representa encontrar caminos eficaces y efectivos para el desarrollo de las personas con discapacidad, para la resolución de sus problemas, sus necesidades, legislar para integrarlos a la sociedad y a la vida laboral.

Legislar a favor de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y de la tercera edad para que puedan gozar en un plano de igualdad del conjunto de los derechos humanos que goza la población mexicana en general. Actualmente, se encuentran en proceso de estudio y análisis: la iniciativa de reformas la Ley Federal del Trabajo, la iniciativa de Ley Federal para Personas con Discapacidad ,y la modificación de la Ley Federal de Educación para terminar con las barreras sociales y arquitectónicas en los espacios y edificios escolares.

En el área de integración laboral también se puede observar en México que cada vez más empresas públicas y privadas abren sus puertas y contratan a personas con diferentes discapacidades y de la tercera edad, sin embargo, a este esfuerzo hay que agregar el fortalecimiento del nivel y área del sistema educativo nacional, que atiende la capacitación, así como las otras instancias (DIF y otras), pues es fundamental que a la integración laboral de las personas con necesidades especiales requieren apoyo y orientación para que conserven un trabajo y tengan movilidad laboral. El reto de la creación de fuentes de empleo para las personas con discapacidad implica pensar en el respeto a uno de sus derechos fundamentales como medio para favorecer su integración social y productiva.

Resulta una prioridad nacional el considerar la tremenda importancia social que reviste la problemática de las personas discapacitadas, y de la tercera edad y los efectos indeseables que persisten en nuestras sociedades con fenómenos tales como la del abandono, la discriminación social, el maltrato, la subvaloración afectiva que se hace a los niños discapacitados, y a nuestros compatriotas de la tercera edad, la marginación cultural, la inequidad de los servicios de salud, la falta de instituciones y especialistas para dar cobertura a la demanda de servicios de salud, la falta de centros educativos, escuelas y universidades con capacidad de otorgar servicios a los jóvenes discapacitados, la desigualdad de oportunidades de trabajo para estas personas desde adolescentes y agravada en su edad adulta, su exclusión de los centros laborales, su trabajo subvalorado, o menospreciado, los salarios menores, el trato inhumano, y diversos abusos de todo tipo que padecen a lo largo de su vida, caracuerizada por un trato de la sociedad falto de empatía y por el constante rechazo, hasta las edades seniles cuando la indiferencia, el aislamiento y el abandono se hacen aún más evidentes, a pesar de sus requerimientos de atención médica.

Es tiempo de que los empresarios y la sociedad mexicana entiendan que la integración de minusválidos al mundo laboral y su capacitación se transforman a corto plazo en un aporte enriquecedor para una compañía, ya que contribuyen a mejorar el trabajo en equipo, compromiso y clima laboral, cualidades que impactan positivamente en la productividad.

Que la integración social de los discapacitados no es una dadiva sino un derecho.

Por todo ello se proponen las siguientes:

MODIFICACIONES Y ADICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

TITULO PRIMERO

Principios Generales

Modificación del párrafo segundo del artículo 3ro. Para quedar como sigue:

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política, condición social ó capacidades diferentes

Se adicionan tres fracciones los números XIV, XV, y XVI al artículo 5to. para quedar como sigue:

Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

Fracción XIV. Disposición contraria a la equidad de genero, que consista en solicitar muestras de orina para efectuar el examen de PIE, estado de gravidez o embarazo, o cualquier otra que impida el trabajo a mujeres embarazadas.

Fracción XV .Toda disposición contraria a la equidad social que constituya una discriminación a la edad, que establezca requisitos de una determinada edad que no se justifiquen por las características técnicas del empleo ofertado, impidiendo el trabajo a las mujeres o hombres de la tercera edad.

Fracción XVI. Toda disposición contraria a la equidad social que constituya una discriminación a las capacidades diferentes de los trabajadores que no se justifiquen por las características técnicas del empleo ofertado, impidiéndoles el trabajo.

Se modifica el párrafo primero del artículo 7 para quedar como sigue:

En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. Y de no existir razones técnicas que lo justifiquen deberá dentro de ese 90%, cuidar porcentajes que permitan la equidad de género, el empleo de trabajadores de la tercera edad y con capacidades diferentes. En las categorías.

Se adiciona al artículo 8 un tercer párrafo para quedar como sigue:

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajadores con capacidades diferentes la Clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, (CIDDM) publicada en 1980 por la OMS (Organización Mundial de la Salud)se define como trabajadores con capacidades diferentes, aquellos que posean una deficiencia es decir ``toda pérdida o anormalidad de un estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica''. Aquellos que posean una minusvalía que ``es la situación de desventaja de un individuo determinado a consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que le limita o impide el desempeño de un rol que sería normal en su caso (en función de la edad, sexo y factores sociales)'', o que posean una discapacidad que ``es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano''.

TITULO CUARTO

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones

Capítulo I

Obligaciones de los patrones:

Artículo 132

Son obligaciones de los patrones

XIV. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de dos de sus trabajadores o de dos de sus hijos, debiendo ser de estos uno de los beneficiados un trabajador con capacidades diferentes si los hubiere, y ambos designados en atención a sus aptitudes cualidades y dedicación, por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de mil trabajadores, deberán sostener cuatro becarios en las condiciones señaladas, y uno de ellos deberá ser con capacidades diferentes. El patrón sólo podrá...

Se adiciona una fracción, la número XXIX, al tenor del siguiente texto

Los patrones establecerán en sus centros de trabajo las instalaciones y condiciones de seguridad, higiene y acceso para el desempeño de los trabajadores con capacidades diferentes.

Artículo 133 queda prohibido a los patrones:

I - Negarse a aceptar trabajadores por razones de edad, de sexo, y en el caso de mujeres si están en estado de gravidez o embarazo, condición social y estado civil, o de los trabajadores cualquiera que fuera su edad y sexo, si poseen capacidad diferente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 días del mes de noviembre de 2004.--- Dip. Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Rodríguez Ochoa.

Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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LEY DE PUERTOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el diputado Baruch Barrera Zurita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley de Puertos.

El diputado Baruch Alberto Barrera Zurita: Con su permiso, diputada Presidenta.

El suscrito diputado Baruch Barrera Zurita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley de Puertos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es de reconocerse que la novedosa visión jurídico-administrativa que se ha implementado en los puertos de México, genera nuevos retos a la luz de los positivos resultados obtenidos en el proceso de modernización del sistema portuario mexicano.

Hoy, en día, a poco más de una década de la aprobación de la Ley de Puertos en 1993, se han producido diversos acontecimientos y existen nuevos contextos económicos en nuestro país, que no sólo justifican sino que hacen imprescindible una modificación legislativa, para actualizar el marco jurídico a la nueva realidad imperante.

La década pasada fue un periodo caracterizado por la enorme aceleración del proceso de globalización de la economía y el comercio, entre cuyos resultados destaca la importancia estratégica que han adquirido los puertos comerciales de todo el mundo, como instrumentos claves para el desarrollo de las actividades productivas y como elementos fundamentales, para la articulación de un sistema integral de transporte, eficiente y seguro.

En México el cambio de paradigma del desarrollo del sistema portuario, se convirtió en uno de los procesos de participación iniciativa privada-sector público más exitoso de los últimos años y, por tanto, no es casual, que se hayan producido incrementos importantes y sostenidos en el movimiento de cargas y pasajeros de crucero.

Así, en 1993, la carga total pasó de 183.5 millones de toneladas a 264.7 millones de toneladas en el 2003, lo que representó un crecimiento acumulado, superior al 44 por ciento en términos absolutos y una tasa de crecimiento media anual superior al 3.7 por ciento.

Destaca de manera particular el movimiento de contenedores, que durante el mismo periodo, pasó de 464 mil teus, contenedores de 20 pies, por sus siglas en inglés a 1 millón 685 mil teus, lo que significó un incremento acumulado del 263 por ciento y un incremento medio anual de 13.8 por ciento

Es decir, en ambos casos, las tasas de crecimiento alcanzaron valores superiores al aumento del PIB.

De igual manera sobresale el número de pasajeros en crucero, que pasó de 1 millón 911 mil en 1993 a 5.2 millones en el 2003, lo que significó un incremento de 173 puntos porcentuales y una tasa de crecimiento medio anual de 10.5 por ciento.

En este contexto la competitividad de nuestra economía depende, cada vez más, sin menoscabo de otros factores, de un sistema portuario, eficiente y competitivo a nivel internacional, capaz de mover mercancías de una forma rápida, fiable, económica y segura.

Ello exige la eliminación de todos aquellos factores que representen un freno o constituyan un cuello de botella para la inversión y el desarrollo, tales como la restricción de conceder a los concesionarios un área mayor al 20 por ciento de la superficie original, circunstancia que en algunos casos puede ocasionar la subutilización e incluso la ociosidad de espacios físicos que pudieran aprovecharse para incrementar el número de maniobras, así como la construcción y modernización la infraestructura portuaria.

La iniciativa que hoy nos ocupa responde así a la necesidad de adecuar el marco jurídico que regula las actividades del subsector marítimo-portuario a las condiciones actuales de operación, a la exigencia de elevar los niveles de eficiencia y competitividad, pero sobre todo persigue el objetivo de lograr el mejor aprovechamiento de los espacios portuarios, que permitan el incremento de las actividades y allanen el camino para proseguir con el proceso de incrementar y modernizar la infraestructura y los servicios de los puertos, lo que necesariamente traerá consigo la generación de empleos a través de la participación de inversionistas nacionales y extranjeros.

Para contribuir a la consecución de este objetivo sustantivo y de aquellos de carácter adjetivo que se desprenden de él, es necesario partir de los análisis siguientes:

La propuesta de reforma al artículo 25 de la Ley de Puertos que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía, concierne exclusivamente al régimen de concesiones y se propone incrementar la superficie originalmente concesionada, considerando la posibilidad de que la ampliación se otorgue en función de la disponibilidad y el aprovechamiento de los espacios portuarios y el aumento de la productividad, observando criterios que preserven condiciones de equidad, competitividad y favorezcan la libre concurrencia de los agentes económicos.

El objetivo sustantivo es el aprovechamiento integral de los espacios portuarios, la atracción de la inversión y la construcción de obras bajo normas que aseguren legalidad y transparencia, que otorguen certidumbre jurídica al inversionista privado para tener la certeza de que bajo ninguna circunstancia se concedan prebendas o canonjías a determinado grupo o persona.

Estimamos conveniente introducir este novedoso elemento en la regulación de ampliaciones de superficies del dominio público portuario concesionadas, para contribuir al desarrollo integral del esquema de concesiones y favorecer así la creación de mecanismos que permitan alcanzar la máxima rentabilidad socioeconómica de los espacios físicos de los puertos.

Consideramos que si aportamos al perfeccionamiento del régimen de concesiones, abonamos sin duda a la promoción de la inversión privada en las instalaciones y equipamientos portuarios, cuyo eje rector sea una legislación clara y estable en el tiempo que permita la planeación de inversiones a largo plazo, bajo la consideración de que el sistema portuario fue concebido para operar con autosuficiencia financiero.

Es pertinente subrayar que la modernización del sistema portuario ha hecho posible la existencia de una oferta de servicios portuarios, diferenciada por tipo de carga y por puerto, que ha propiciado a su vez la especialización y nuevas tecnologías. Este esfuerzo es producto de la creación de sinergias y de la interacción responsable y equilibrada de la iniciativa pública y privada, en la medida en que ésta última ha ido incrementando progresivamente la prestación de los servicios portuarios.

En este proceso, los diversos agentes económicos que convergen en los puertos han aportado un impulso decidido al desarrollo portuario, teniendo como base una visión compartida de carácter integrado en la oferta de servicios y claridad al asumirse plenamente como comunidad portuaria, lo que no sólo ha fomentado esta actividad, sino que ha permitido mejorar la competitividad en cada puerto y en el conjunto de ellos.

Estamos seguros de que el modelo de colaboración público-privado se ha constituido en un factor clave para impulsar la actividad portuaria que estamos consolidando y debemos potenciar para estar en condiciones de afrontar los retos del porvenir con una confianza renovada y en que las cosas salen mejor cuando trabajamos unidos y con la mira puesta en éste gran proyecto que se llama México.

Tenemos la certeza de que el proyecto de reforma que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía, sin duda contribuirá a enriquecer y perfeccionar este ordenamiento jurídico, que si bien es cierto, ha coadyuvado a la modernización y a la creación de la nueva infraestructura, hoy día se hace necesaria su revisión para abonar a la consolidación del Sistema Portuario Nacional y preserva la certidumbre jurídica para continuar incentivando a inversionistas nacionales y extranjeros a financiar los proyectos que exige el desarrollo de los puertos mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, exhortamos a los ciudadanos diputados que integran los diferentes grupos parlamentarios de esta honorable representación ciudadana, que emitan su voto favorable para que se apruebe el siguiente proyecto de decreto, cuyo texto íntegro dejo en manos de la Secretaría para proseguir con el trámite que dicte la Presidencia.

Artículo único. Se reforma el artículo 25 de la Ley de Puertos, para quedar como sigue:

``En el caso de que se solicite la ampliación de las superficies concesionadas de un puerto para extender las actividades portuarias a los bienes del dominio público colindantes, se estará a lo dispuesto en el artículo 7° de la presente ley.

El titular de la Secretaría podrá adjudicar directamente la ampliación de la superficie originalmente concesionada si con base a la disponibilidad de áreas conforme a criterios de productividad de costo-beneficio, se aprecian evidentes ventajas de que el uso, aprovechamiento y explotación de las áreas en cuestión, se lleven a cabo por el solicitante y no existan restricciones justificadas de áreas o actividades ni otro interesado conforme al procedimiento que señale el Reglamento respectivo.''

Artículo Transitorio

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto tengo que decir, diputada Presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley de Puertos, a fin de facultar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para adjudicar directamente la ampliación de la superficie originalmente concesionada a un puerto, a cargo del diputado Baruch Barrera Zurita, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Baruch Barrera Zurita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con las disposiciones del artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley de Puertos al tenor de las siguientes

Consideraciones Constitucionales

El artículo 73, fracción XIII, de la Constitución Política de los de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso para dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas presas de mar y tierra y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra.

De igual manera, el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le confiere al Congreso la atribución de dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos; para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

Exposición de Motivos

Es de reconocerse que la novedosa visión jurídico - administrativa que se ha institucionalizado en los puertos de México, genera nuevos retos a la luz de los positivos resultados obtenidos en el proceso de modernización del sistema portuario. Hoy en día, a poco más de una década de la aprobación de la Ley de Puertos en 1993, se han producido diversos acontecimientos y existen nuevos contextos económicos en nuestro país, que no sólo justifican, sino que hacen imprescindible, una modificación legislativa para actualizar el marco jurídico a la realidad imperante.

La década pasada fue un período caracterizado por la enorme aceleración del proceso de globalización de la economía y el comercio, entre cuyos resultados destaca la importancia estratégica que han adquirido los puertos comerciales de todo el mundo, como instrumentos claves para el desarrollo de las actividades productivas y como elementos fundamentales para la articulación de un sistema integral de transporte eficiente y seguro.

En México, el cambio de paradigma del desarrollo del sistema portuario, se convirtió en uno de los procesos de participación iniciativa privada -- sector público, más exitosos de los últimos años y, por tanto, no es casual que se hayan producido incrementos importantes y sostenidos en el movimiento de carga y de pasajeros en crucero. Así, en 1993 la carga total pasó de 183.5 millones de toneladas a 264.7 millones de toneladas en 2003, lo que representó un crecimiento acumulado superior al 44 por ciento en términos absolutos y una tasa de crecimiento medio anual superior al 3.7 por ciento.

Destaca de manera particular, el movimiento de contenedores, que durante el mismo periodo pasó de 464 mil TEUs (contenedores equivalentes a 20 pies, por sus siglas en inglés) a 1 millón 685 mil TEUs, lo que significó un incremento acumulado del 263 por ciento y un incremento medio anual de 13.8 por ciento; es decir, en ambos casos las tasas de crecimiento alcanzaron valores superiores al aumento del Producto Interno Bruto. De igual manera, sobresale el número de pasajeros en crucero que pasó de 1 millón 911 mil en 1993, a 5.2 millones en 2003, lo que significó un incremento de 173 puntos porcentuales y una tasa de crecimiento medio anual de 10.5 puntos porcentuales.

En este contexto, la competitividad de nuestra economía depende, cada vez más, sin menoscabo de otros factores, de un sistema portuario eficiente y competitivo a nivel internacional, capaz de mover mercancías de una forma rápida, fiable, económica y segura.

Ello exige la eliminación de todos aquellos factores que representen un freno o constituyan un cuello de botella para la inversión y el desarrollo, tales como la restricción de conceder a los concesionarios un área mayor al 20 % de la superficie original, circunstancia que en algunos casos, puede ocasionar la subutilización e incluso la ociosidad de espacios físicos que pudieran aprovecharse para incrementar el número de maniobras, así como la construcción y modernización de la infraestructura portuaria.

La iniciativa que hoy nos ocupa, responde así, a la necesidad de adecuar el marco jurídico que regula las actividades del subsector marítimo portuario a las condiciones actuales de operación, a la exigencia de elevar los niveles de eficiencia y competitividad, pero sobre todo, persigue el objetivo de lograr el mejor aprovechamiento de los espacios portuarios, que permitan el incremento de las actividades y allanen el camino para proseguir con el proceso de incrementar y modernizar la infraestructura y los servicios de los puertos, lo que necesariamente traerá consigo, la generación de empleos a través de la participación de los inversionistas nacionales y extranjeros.

Para contribuir a la consecución de este objetivo sustantivo y de aquellos de carácter adjetivo que se desprenden de él, es necesario partir del análisis de los siguientes

Considerandos

La propuesta de reforma al artículo 25 de la Ley de Puertos que hoy sometemos a la consideración de esta Soberanía, concierne exclusivamente al régimen de concesiones y se propone incrementar la superficie originalmente concesionada, considerando la posibilidad de que la ampliación se otorgue en función de la disponibilidad y el aprovechamiento de los espacios portuarios y el aumento de la productividad, observando criterios que preserven condiciones de equidad, competitividad y favorezcan la libre concurrencia de los agentes económicos.

El objetivo sustantivo es el aprovechamiento integral de los espacios portuarios, la atracción de inversión y la construcción de obras, bajo normas que aseguren legalidad y transparencia, que otorguen certidumbre jurídica al inversionista privado, para tener la certeza de que bajo ninguna circunstancia, se concedan prebendas o canonjías a determinado grupo o persona.

Estimamos conveniente, introducir este novedoso elemento en la regulación de ampliaciones de superficies del dominio público portuario concesionadas, para contribuir al desarrollo integral del esquema de concesiones y, favorecer así, la creación de mecanismos que permitan alcanzar la máxima rentabilidad socioeconómica de los espacios físicos de los puertos.

Consideramos que si aportamos al perfeccionamiento del régimen de concesiones, abonamos, sin duda, a la promoción de la inversión privada en las instalaciones y equipamientos portuarios, cuyo eje rector sea una legislación clara y estable en el tiempo, que permita la planeación de inversiones a largo plazo, bajo la consideración de que el sistema portuario fue concebido para operar con autosuficiencia financiera.

Es pertinente subrayar, que la modernización del sistema portuario ha hecho posible la existencia de una oferta de servicios portuarios diferenciada por tipo de carga y por puerto, que ha propiciado a su vez, la introducción de nuevas tecnologías y la especialización. Este esfuerzo es producto de la creación de sinergias y de la interacción responsable y equilibrada de la iniciativa pública y privada, en la medida en que esta última, ha ido asumiendo progresivamente la prestación de los servicios portuarios.

En este proceso, los diversos agentes económicos que convergen en los puertos han aportado un impulso decidido al desarrollo portuario, teniendo como base una visión compartida del carácter integrado de la oferta de servicios y claridad al asumirse plenamente como comunidad portuaria; lo que no sólo ha fomentado esta actividad, sino que ha permitido mejorar la competitividad en cada puerto y en el conjunto de ellos.

Estamos seguros de que el modelo de colaboración público-privado, se ha constituido en un factor clave para impulsar la actividad portuaria que estamos consolidando y debemos potenciar, para estar en condiciones de afrontar los retos del porvenir con una confianza renovada, en que las cosas salen mejor cuando trabajamos unidos y con la mira puesta en este gran proyecto que se llama México.

Tenemos la certeza de que el proyecto de reforma que hoy sometemos a la consideración de esta Soberanía, sin duda, contribuirá a enriquecer y perfeccionar este ordenamiento jurídico, que si bien es cierto ha coadyuvado a la modernización y a la creación de nueva infraestructura, hoy en día, se hace necesaria su revisión para abonar a la consolidación del sistema portuario nacional y preservar la certidumbre jurídica, para continuar incentivando a inversionistas nacionales y extranjeros a financiar los proyectos que exige el desarrollo de los puertos mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, exhortamos a los Ciudadanos Diputados que integran los diferentes Grupos Parlamentarios de esta honorable representación ciudadana, que emitan su voto favorable para que se apruebe el siguiente

Proyecto de decreto, cuyo texto íntegro dejo en manos de la Secretaría para proseguir con el trámite que dicte la Presidencia.

¡Muchas gracias!

Proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley de Puertos

Artículo Único: Se reforma el artículo 25 de la Ley de Puertos para quedar como sigue:

Artículo 25

En el caso de que se solicite la ampliación de las superficies concesionadas de un puerto para extender las actividades portuarias, a los bienes del dominio público colindantes, se estará a lo dispuesto en el artículo 7° de la presente ley.

El titular de la Secretaría podrá adjudicar directamente la ampliación de la superficie originalmente concesionada, si con base a la disponibilidad de áreas, conforme a criterios de productividad, de costo beneficio, se aprecian evidentes ventajas de que el uso, aprovechamiento y explotación de las áreas en cuestión, se lleven a cabo por el solicitante y no existan restricciones justificadas de áreas o actividades, ni otro interesado, conforme al procedimiento que señale el reglamento respectivo.

Artículo Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Baruch Barrera Zurita (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien diputado Baruch Barrera.

Favor de integrar el texto íntegro en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Transportes.

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LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 9° Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

El diputado Víctor Suárez Carrera: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados:

Me permito presentar la siguiente iniciativa de reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para reglamentar la formación de nuevas entidades de ahorro y crédito popular en áreas rurales.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada por el Legislativo en 2001, representa el marco reglamentario más integral diseñado hasta ahora para la creación de organizaciones financieras populares de ahorro y crédito en México. Permite el funcionamiento de lo que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su Capítulo Decimoprimero, define como banca social y que en la Ley que Crea la Financiera Rural, se denomina ``intermediarios financieros rurales'', refiriéndose a las sociedades cooperativas y sociedades financieras populares.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada en 2001, fue diseñada para regular al sector de cajas populares existente, en México y evitar los fraudes recurrentes originados a fines de los años noventa.

Esta ley fue pensada para regular organismos existentes y su diseño fue inspirado en experiencias internacionales exitosas.

Sin embargo, al diseñar la ley, dos hechos fueron ignorados, el primero fue la desigualdad existente, incluso al interior de los sectores populares urbanos y rurales donde el sector rural, por las barreras estructurales como la dispersión geográfica, escasa infraestructura física y de comunicaciones, unidades económicas pequeñas con ingresos estacionales, realizan transacciones de bajos montos con altos costos de transacción, lo que ha originado un número limitado de organismos financieros populares.

Por otro lado, se pasó por alto que los grandes sistemas financieros exitosos que hoy inspiran la Ley de Ahorro y Crédito Popular como las cooperativas Raiffeisen de Alemania, las cajas populares de Canadá o las cajas rurales francesas, en sus orígenes no tuvieron una reglamentación bancaria tan estricta como la diseñada en México y todas nacieron de procesos de organización comunitaria regional, que con el paso de los años alcanzaron escala financiera para conformar los sistemas financieros exitosos que hoy conocemos con renombre internacional.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular reglamentó una realidad mayoritariamente urbana con una historia organizativa de al menos 50 años, mientras que dejó un vacío legal para la creación de nuevas instituciones financieras rurales que se basan en la autoorganización.

La problemática rural nunca fue una prioridad en la discusión de la ley y su problemática específica es ampliamente desconocida en el sector financiero.

Por tanto la regulación diseñada, no le es totalmente adaptable, impidiendo que amplios sectores de la población rural, participen en la organización de entidades de ahorro y crédito popular.

La ley, al no contemplar un espacio de regulación que permita la creación de nuevas entidades e intermediarios financieros rurales, reconociendo la gradualidad en su crecimiento, hasta alcanzar el tamaño y maduración institucional necesario para cumplir los estándares que establece, ha establecido barreras de acceso que discriminan a las pequeñas iniciativas del medio rural y afectan las estrategias de desarrollo económico para los pobladores de escasos recursos.

Como legislativo debemos garantizar que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades, evitar exclusiones que profundicen la desigualdad. Con esta iniciativa de reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, estaremos permitiendo que las familias rurales, campesinos y comunidades indígenas, tengan oportunidad de participar organizadamente en el sistema financiero del país.

Es una iniciativa que establece un vínculo de coherencia y de viabilidad con otros ordenamientos legales, como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley que Crea a la Financiera Rural. Permite también dar sustento al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo en materia de financiamiento rural.

La creación de una amplia base de intermediación financiera rural, es condición ineludible para posibilitar oportunidades productivas y de integración de áreas rurales pobres al desarrollo económico, que representa una condición ineludible de la democracia económica.

El acceso a servicios financieros es una condición también ineludible para el desarrollo económico y el combate a la pobreza en el medio rural, pero es necesario reconocer la diferencia de condiciones en que se desarrollan las instituciones financieras en el medio rural tan diverso, como es el de nuestro país.

La calidad de los organismos de banca popular está centrado en la identidad y organización autogestiva; esta cuestión social es un proceso de organización gradual; el aprendizaje institucional y la creación de capacidades locales para gestionar, en forma eficiente, organismos financieros de ahorro y crédito popular, también requieren procesos de gradualidad en el crecimiento. Todas las experiencias exitosas de autogestión y autoorganización financiera popular, han requerido de marcos regulatorios apropiados, de políticas públicas favorables.

El sentido de la reforma que se presenta hoy, incorpora el reconocimiento de esta problemática que enfrenta una población considerable en nuestra población rural. Existen en México un número importante de organizaciones financieras populares en áreas rurales y ellas han demostrado que es posible construir soluciones desde la organización autogestiva de la sociedad rural, pero que hace falta que las leyes garanticen igualdad de oportunidades para las comunidades rurales.

Esta iniciativa permitirá reconocer procesos de organización financiera de dichas comunidades, en un marco de certidumbre jurídica y crecimiento gradual para alcanzar escalas financieras suficientes para lograr viabilidad en el sistema financiero nacional.

Esta iniciativa que se presenta, particularmente una adición de un artículo 9° Bis, establece los términos y procedimientos para la creación de nuevas entidades de ahorro y crédito en áreas rurales y establece un régimen simplificado, que les permita madurar para que alcancen los estándares de los niveles superiores del sector, en reconocimiento a la importancia de apoyar la cobertura de servicios financieros en este sector de la población.

En este régimen simplificado se busca eliminar barreras legales y crear un ambiente propicio para activar las iniciativas de apoyo a la emergencia de intermediarios financieros rurales, tal y como se ha establecido en leyes y acuerdos promovidos por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del país.

La constitución de nuevas entidades se realizará cumpliendo los requisitos mínimos, en cuanto número de socios, teniendo las nuevas entidades de ahorro y crédito popular, previo a su constitución la obligación de contar con la autorización de la Federación, a la que habrá de ampliarse para su supervisión.

La comisión establecerá disposiciones particulares y de naturaleza simplificada para nuevas entidades en proceso de constitución y su etapa operativa inicial, respetando lo siguiente:

1. Libertad de constituirse legalmente, iniciar operaciones.

2. Operaciones en un ámbito regional con proximidad a sus socios.

3. Afiliación a una Federación de supervisión y funcionamiento bajo tutela de la misma.

4. Contar con un periodo de crecimiento para su maduración de hasta 7 años.

5. Gradualidad en aplicación y logro de las normas prudenciales para lograr los estándares financieros.

6. Responsabilidad de las federaciones para establecer los mecanismos de salida del sistema en caso de no alcanzar los estándares en los plazos que establece la ley.

Esta iniciativa en su totalidad ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y requiero y solicito el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, para que en las comisiones particulares se dictamine favorablemente esta iniciativa de adición de un artículo 9 Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que posibilitará un acceso equitativo a las organizaciones rurales para participar en el sistema financiero del país y posibilitar con esto la construcción de una herramienta indispensable para el desarrollo económico y la superación de la pobreza en el medio rural. Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que adiciona un artículo 9° Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 9° Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La ausencia de servicios financieros en el medio rural, en particular en zonas de mayor pobreza, están asociados a barreras estructurales que impiden la generación de nuevas instituciones. Entre las más relevantes se encuentra la dispersión geográfica de las comunidades (existen en el país 180,000 localidades con menos de 500 habitantes), la estacionalidad de las actividades económicas con ciclos largos de tesorería (actividades agrícolas), unidades económicas sujetas a frecuente vulnerabilidad del riesgo (economía campesina en transición), escasas vías de comunicación y unidades económicas de tamaño pequeño, pero con diversidad de necesidades, que configuran una demanda numerosa pero con transacciones pequeñas (créditos de entre 500 y 10,000 pesos). Todo lo anterior se traduce en altos costos de transacción y periodos largos de maduración para crear escala en las instituciones financieras rurales. Exige también el desarrollo de servicios financieros específicos para esta población (crédito rural, crédito agrícola, crédito a la comercialización, créditos de inversión en equipamiento, entre otros) y diseños institucionales con vocación y misión rural.

La experiencia nacional en la organización financiera rural muestra ejemplos muy diversos, según los contextos. En zonas pobres de Oaxaca, Puebla o Chiapas, las organizaciones financieras logran sostenibilidad financiera en periodos de entre 5 y 7 años, lapso durante el cual alcanzan un volumen de operaciones financieras que permiten equilibrio financiero y una escala suficiente para el autosostenimiento. En otros contextos, con agricultura de mercado, como Sonora, Sinaloa o Tamaulipas, las organizaciones de los pequeños agricultores logran equilibrio financiero en periodos de 1 a 3 años.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada en 2001 fue diseñada para regular al sector de cajas populares existente en México y evitar los fraudes recurrentes originados a fines de los años noventa. Esta Ley fue pensada para regular organismos existentes y su diseño fue inspirado en experiencias internacionales exitosas. Sin embargo, al diseñar la ley, dos hechos fueron ignorados. El primero fue la desigualdad existente en el país, incluso al interior de los sectores populares urbanos y rurales, donde el sector rural, por las barreras arriba descritas, ha logrado desarrollar un número limitado de organismos financieros populares; por el otro, se pasó por alto que los grandes sistemas financieros exitosos como las cooperativas Raiffeisen de Alemania, las cajas rurales agrupadas en el Crédito Agrícola de Francia o los bancos rurales Rabobank de Holanda, en sus orígenes no tuvieron una reglamentación bancaria tan estricta como la diseñada en México. Por ejemplo, en Francia, durante décadas el estatuto legal de las cajas de ahorro fueron unas cuantas páginas.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular reglamentó una realidad mayoritariamente urbana, con una historia organizativa de al menos cincuenta años. La problemática rural nunca fue una prioridad en la discusión de la ley y su problemática específica es ampliamente desconocida en el sector financiero. Por tanto la regulación diseñada no le es totalmente adaptable. La Ley de Ahorro y Crédito Popular, al no contemplar un espacio de regulación que permita la creación de nuevas entidades de ahorro y crédito popular/intermediarios financieros rurales y su crecimiento hasta alcanzar el tamaño y madurez institucional necesario para cumplir los estándares, ha establecido sin proponérselo barreras de acceso que discriminan a las pequeñas iniciativas del medio rural.

Este problema se ha revelado de la mayor importancia al ser implementadas políticas de apoyo desde el sector público, como por ejemplo la creación de la Financiera Rural, que tiene la misión de trabajar con un primer piso de instituciones financieras rurales (uniones de crédito, sociedades cooperativas, sociedades financieras populares) y contempla un mandato para concentrarse en el segundo piso. La amplia expectativa de organización rural generada por esta reforma institucional, se ve limitada por la ausencia de un espacio legal y normativo de gradualidad para la organización financiera de los productores rurales. De igual forma, otros programas de fomento impulsados por la Sagarpa o Sedesol, encuentran serios problemas para que las iniciativas de organización financiera de los campesinos y de las comunidades indígenas puedan prosperar.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada por el Congreso en diciembre de 2001 reconoce la importancia de construir un nuevo sistema de financiamiento rural basado en organismos financieros de los productores; siendo su correlativo especializado la Ley de Ahorro y Crédito Popular. La Ley que Crea la Financiera Rural, aprobada en diciembre del 2002, sigue el espíritu de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y reconoce las propuestas y experiencias en este terreno de las organizaciones de productores. En esa misma dirección el Acuerdo Nacional para el Campo establece los compromisos de apoyar la creación de entidades de ahorro y crédito popular/intermediarios financieros rurales propiedad de los productores (abril 30 de 2003). Ni las leyes sectoriales ni los esfuerzos de la sociedad rural podrán prosperar sin que sea ajustado el marco legal de las entidades de ahorro y crédito popular, para incluir la posibilidad de crear nuevas entidades intercomunitarias que puedan operar y organizarse bajo el marco creado por la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Por lo cual proponemos presentar una iniciativa de modificación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular tendiente a regular la creación de nuevas entidades de ahorro y crédito popular y posibilitar una reglamentación simple que les permita crecer y alcanzar la madurez financiera necesaria.

Para entender la necesidad de aprobar una iniciativa con tales características basta con señalar algunos puntos de la problemática rural actual:

Existen 4.3 millones de unidades de producción rural, con una gran diferenciación, heterogeneidad y diversidad de necesidades financieras para su desarrollo y competitividad. Estas unidades de producción requieren de financiamiento para la producción directa, comercialización e integración de cadenas productivas.

59% de las unidades de producción rural tienen predios con menos de 5 hectáreas. Lo que significa demanda de crédito con pequeños montos de financiamiento.

Se estima que en la última década, entre el 30 y el 60% del ingreso de las familias rurales proviene de ingresos no agrícolas. Lo anterior expresa la enorme diversificación de las economías rurales y la emergencia de microempresas, de pequeñas empresas y de empresas de integración que también requieren formas específicas de financiamiento.

La población rural, 32 millones de personas vive en 190,000 localidades con menos de 2,500 habitantes. 180,000 son localidades con menos de 500 habitantes, lo cual muestra una geografía poblacional dispersa y de pequeño tamaño. En la gran mayoría de las localidades rurales no existen sucursales bancarias y hay un escaso desarrollo de organismos de banca social. La banca de desarrollo ha llegado sólo al estrato más desarrollado.

La economía rural es de tipo familiar con multiactividad económica. La pobreza extrema tiene su origen en el campo y en la falta de oportunidades productivas. El acceso a servicios financieros es una condición ineludible para el desarrollo económico y el combate a la pobreza.

El crédito no es el único servicio financiero que requiere el desarrollo rural. En forma creciente, experiencias de organización financiera de la población rural han mostrado la importancia de los servicios de ahorro, pago de cheques --Procampo, oportunidades, programas de la Alianza para el Campo-- y medios de pago para servicios públicos o transferencias de dinero.

El 40% de las remesas que anualmente llegan al país de los trabajadores mexicanos que migran a EU regresan a las áreas rurales. Para 2004, esta cifra será aproximadamente de 6,000 millones de dólares, a través de 20 millones de envíos. La mayoría de este dinero circula en áreas rurales carentes de intermediarios financieros profesionales y confiables que ofrezcan lugares donde ahorrar, perdiéndose el efecto positivo de los flujos monetarios.

Las condiciones anteriores dan por resultado que los intermediarios financieros rurales trabajando en áreas rurales pobres y marginadas crecen en base a una demanda de servicios financieros caracterizados por numerosas transacciones de bajos montos, con flujos de capital diferidos, en contextos de fuerte dispersión geográfica. Lo que explica por qué un intermediario financiero rural es un proyecto con rentabilidad diferida.

A mayor abundamiento es de señalarse que el Estado mexicano, reconociendo la necesidad de construir soluciones estructurales de acceso a servicios financieros para la población rural ha establecido diversos ordenamientos legales y compromisos con la sociedad rural, los cuales configuran una política de Estado en financiamiento rural como son: la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada en diciembre de 2001, el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo, la Ley que Crea la Financiera Rural, aprobada en diciembre del 2002, y el Acuerdo Nacional para el Campo, firmado en abril del 2003.

En el Capítulo XI de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (artículos 123 al 133) se establecen las líneas para establecer un nuevo Sistema Nacional de Financiamiento Rural, constituido con diversos instrumentos, instituciones y agentes; en forma destacada intermediarios financieros rurales; también establece compromisos de fomento a este tipo de iniciativas mediante programas gubernamentales. Esos compromisos orientaron la creación de la Financiera Rural al asignarle la función de operar en el primero y segundo pisos. En el primer piso otorgando crédito a los productores y a través del segundo piso financiando a intermediarios financieros rurales, también se asigna a la Financiera Rural el mandato de apoyar la capacitación y organización de productores para constituir intermediarios financieros.

Un tercer ordenamiento de alta importancia son los compromisos adquiridos por el Gobierno de la República al firmar el Acuerdo Nacional para el Campo, luego de las amplias protestas y movilizaciones campesinas en demanda de un nuevo trato para el campo y por la revalorización de la agricultura campesina. De los 19 compromisos firmados en materia de financiamiento rural, 10 de ellos establecen con claridad la necesidad de crear intermediarios financieros rurales propiedad de la sociedad rural, en el ámbito comunitario.

Estos compromisos y políticas públicos encaminados a promover el desarrollo económico con equidad en el medio rural debieran tener su culminación con la aprobación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual debería ser el marco regulatorio que permita a los productores rurales, a las comunidades indígenas y a toda la población rural organizarse en intermediarios financieros rurales, esta ley no puede excluir las comunidades y familias más pobres del país.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular diseñada para regular al sector de cajas populares existente en México hasta el 2001, al no contemplar un espacio de regulación que permita la creación de nuevas entidades de ahorro y crédito popular/intermediarios financieros rurales y su crecimiento hasta alcanzar el tamaño y madurez institucional ha establecido, sin proponérselo, barreras de acceso que discriminan a las pequeñas iniciativas del medio rural.

Este problema se ha revelado de la mayor importancia al ser implementadas políticas de apoyo desde el sector público, como por ejemplo la creación de la Financiera Rural, que tiene la misión de trabajar con un primer piso de instituciones financieras rurales (uniones de crédito, sociedades cooperativas, sociedades financieras populares) y contempla un mandato para concentrarse en el segundo piso. La amplia expectativa de organización rural generada por esta reforma institucional, se ve limitada por la ausencia de una ley de mecanismos de gradualidad para la organización financiera de los productores rurales.

Ni los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo ni los esfuerzos de la sociedad rural podrán prosperar sin que sea ajustado el marco legal de las entidades de ahorro y crédito popular, para incluir la posibilidad de crear entidades pequeñas que puedan operar y organizarse bajo el marco creado por la ley.

La creación de nuevas entidades de ahorro y crédito popular en áreas rurales enfrenta diversos desafíos para lograr su perennidad: 1) viabilidad financiera a través del logro de sostenibilidad financiera, lo que se alcanza en el tiempo (rentabilidad diferida); 2) viabilidad institucional, que significa el diseño institucional, la gestión administrativa y el funcionamiento operativo, situación determinada por el marco reglamentario; y 3) viabilidad social, que es la construcción una adecuada gobernabilidad y equilibrio de roles en los actores participantes: socios, empleados y directivos.

La sostenibilidad financiera significa que se ha logrado ser rentable, que los ingresos derivados de sus operaciones cubren los costos de operación y un porcentaje de utilidades. Esto depende del volumen de operaciones. A su vez, lograr un volumen de operaciones depende del grado de organización local, del número de socios o clientes atendidos y de la calidad de la cartera de crédito formada. La experiencia muestra que la calidad de un intermediario financiero se logra con el crecimiento gradual de operaciones y una expansión adecuada en su área de influencia. La construcción de una base de confianza --activo central en un organismo financiero-- es un proceso de organización, de información, de comunicación que se consolida en el tiempo.

La rentabilidad de entidades de ahorro y crédito popular/intermediarios financieros rurales es un proceso que puede variar, según los contextos, entre 2 y 7 años. Al inicio de la inserción en un mercado nuevo, el volumen de operaciones manejadas normalmente no alcanza para cubrir los costos fijos de una entidad de ahorro y crédito popular/intermediarios financieros rurales, solamente a través de un continuo proceso de crecimiento dentro de este mercado la IFR puede alcanzar su punto de equilibrio a partir del cual producir utilidades.

Para regiones rurales marginadas, se estima que una IFR regional alcanza este punto de equilibrio manejando un Activo total de aproximadamente $7.000.000 (siete millones de pesos) y una membresía de casi 3,000 socios y/o clientes. En un proceso de desarrollo normal este volumen de operaciones se alcanza en un periodo de entre 5 y 7 años. Bajo ciertas condiciones, con apoyos externos se puede lograr la rentabilización acelerada de una Institución Financiera Rural a través del subsidio de sus costos operativos durante los primeros 3 años, o sea los costos que no han sido cubiertos por sus respectivos ingresos. Sin embargo esto no es un fenómeno generalizado en el país y la ley debe reconocer la necesidad de un periodo de maduración para las entidades de ahorro y crédito popular/intermediarios financieros rurales. Es decir, que el cumplimiento de las normas establecidas es posible alcanzarmo en forma gradual a lo largo del tiempo.

El problema que enfrentan las entidades de ahorro y crédito popular rurales de zonas marginadas con socios pobres es que la autorización o licencia de funcionamiento exige el cumplimiento de toda la reglamentación prudencial establecida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el nivel I de operaciones, condiciones imposibles de cumplir al inicio de operaciones de una entidad nueva. Esta situación ha creado barreras que afectan la organización financiera de los campesinos más pobres, en particular de los indígenas.

Al momento de constituirse, es muy difícil lograr la suficiente rentabilidad para cubrir los costos de operación, pagar el costo de supervisión auxiliar y además lograr los indicadores financieros que exige la reglamentación prudencial. Todo esto requiere un periodo de tiempo para lograrse. Si bien una entidad de ahorro y crédito popular/intermediario financiero rural de nueva creación no puede cumplir desde el inicio con estas normas prudenciales, la evolución en el tiempo de las instituciones financieras rurales puede ir hacia un continuo mejoramiento de los respectivos indicadores. Las actividades que permiten lograr este mejoramiento forman parte de los planes de negocio contenidos en el plan de operaciones de una entidad de ahorro y crédito popular/intermediario financiero rural.

En la supervisión auxiliar permitida por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las federaciones imponen y velan por el respeto de las normas prudenciales por parte de las entidades de ahorro y crédito popular/intermediarios financieros rurales, y controlan su aplicación a través de la supervisión extra situ, analizando la factibilidad económica y la solidez financiera de las mismas mediante los informes mensuales.

Las visitas de supervisión proporcionan una opinión directa sobre la situación económico-financiera de las entidades de ahorro y crédito popular/intermediarios financieros rurales, frente a las normas que rigen a las instituciones de ahorro y préstamo popular. De esta manera, las federaciones pueden monitorear y dar seguimiento a la evolución de las mismas durante su proceso de maduración para obtener la autorización de funcionamiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La regulación prudencial reglamentaria considera mínimamente los siguientes aspectos: provisionamiento de la cartera, coeficiente de liquidez, administración integral de riesgos, controles internos, procesos crediticios, prácticas financieras, capital mínimo, capitalización en función de los riesgos de crédito.

El objetivo de la reglamentación en las entidades de ahorro y crédito popular/intermediarios financieros rurales es proteger los ahorros de los socios o clientes que depositan la confianza en estas entidades. Asimismo el cumplimiento de los estándares financieros, las reglas de control y gestión, la reglamentación prudencial, regulatoria dentro de un sistema regulado y vigilado es la clave para poder dar confianza a los socios y ahorradores de estas instituciones financieras.

Como se explicó con anterioridad, existen algunos indicadores financieros que desde el nacimiento o constitución de un intermediario financiero rural no se pueden cumplir de manera inmediata, por lo que se necesita un plazo de tiempo que se permita el crecimiento, maduración y generación de una masa crítica de negocio para que los intermediarios financieros rurales cumplan íntegramente con los requerimientos normativos impuestos por las instituciones reguladoras y de vigilancia del sector financiero, por lo cual se exponen las siguientes consideraciones:

Los indicadores financieros que requieren cumplimiento gradual son los siguientes:

Capital neto.- Es el total del capital contable que hace frente a los riesgos expuestos como intermediario financiero (mercado y crédito). En los primeros meses de operación los niveles de captación de ahorro no permiten un nivel adecuado de colocación/formación de cartera crediticia, por lo que los ingresos financieros son insuficientes para cubrir los costos de operación, no se generan utilidades para poder formar reservas y fortalecer la estructura de capital de las entidades de ahorro y crédito popular/intermediarios financieros rurales.

La captación de ahorro crece gradualmente, por tanto no se puede crear una cartera grande de créditos. Pero por otro lado el número y monto de los préstamos también crecen gradualmente.

Autosuficiencia operativa.- Es la capacidad de generar utilidades o remanentes para fortalecer la estructura de capital de la cooperativa. En los primeros años de vida los costos de operación de un intermediario financiero rural son mayores a sus ingresos por intereses generados por la colocación de recursos en cartera, situación que genera que los resultados del ejercicio sean negativos, lo que debilita la estructura de capital del intermediario.

Si la cartera de créditos es pequeña los ingresos obtenidos por la operación de la institución serán pequeños durante el primer año, creciendo según el monto de la cartera de créditos y la calidad de la misma. Para obtener este crecimiento sano, la gradualidad es el método necesario, por tanto durante los primeros años el ingreso es menor a los costos, y cada año se logra hacer crecer los ingresos. El crecimiento de la cartera en volumen y calidad depende mucho de la preparación del personal y de su capacidad de administración.

Cobertura de gastos de administración y promoción. En los primeros años de vida de un intermediario financiero rural los gastos de operación (sueldos, rentas, luz, teléfono, costos de cumplimiento de regulación, papelería, etcétera), son mayores en relación al margen de intermediación financiera (ingresos por intereses menos los intereses devengados de ahorro y la constitución de estimaciones preventivas de cartera).

Rendimiento sobre los activos (ROA).- En un intermediario financiero rural es evidente que existe una rentabilidad diferida, ya que para poder alcanzar los parámetros financieros que permitan ser rentable y obtener resultados favorables, se necesita un periodo de tiempo razonable (entre tres y siete años) para obtener los resultados positivos que permitan fortalecer su estructura de capital y dar cumplimiento a los parámetros financieros establecidos por la autoridad.

Así, en el inicio de sus operaciones un intermediario financiero rural no tiene un nivel de capitalización que permita cumplir con este parámetro, principalmente por el número de socios con el que nace y por el monto pequeño de sus aportaciones de capital que depende de la capacidad económica de sus socios. Los costos de operación que generan en sus años iniciales son mayores a sus ingresos, debido a que los niveles de colocación de cartera crediticia van de la mano con los niveles de captación de ahorro y capital para operar. El crédito no es el adecuado para generar un nivel de ingresos por intereses que le permitan cubrir de manera adecuada los costos, lo que genera que el resultado neto de la institución financiera rural sea negativo en sus primeros años de vida por, lo que propicia que su capital institucional se afecte de manera directa, impidiendo un crecimiento adecuado de los niveles de capitalización y de fortalecimiento operativo.

Por lo que el cumplimiento de los requerimientos de capital para la cobertura de la exposición a los riesgos de crédito y de mercado, necesita un periodo de tiempo suficiente para poder incrementar los niveles de captación, colocación de recursos y generación de ingresos por intereses suficientes para cubrir los costos operativos y la constitución de reservas de cartera de manera adecuada.

En conclusión:

Un intermediario financiero rural necesita de un espacio de tiempo que va de tres a siete años para lograr cumplir con los parámetros financieros establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, principalmente en lo relativo a capitalización por riesgos, capital neto, sostenibilidad financiera.

Los bajos niveles de colocación de cartera de los primeros años genera bajos ingresos, altos costos de operación --que se incrementan con los costos asociados al cumplimiento de la regulación y que no le permiten generar utilidades o excedentes para fortalecer la estructura de capital de la institución.

La iniciativa que se presenta adiciona un artículo 9 Bis, que establece los términos y procedimientos para la creación de nuevas entidades de ahorro y crédito en áreas rurales y suburbanas, estableciendo un régimen simplificado que les permita madurar para alcanzar los estándares de los niveles superiores del sector en reconocimiento a la importancia de apoyar la cobertura de servicios financieros en este sector de la población.

En este régimen simplificado se busca eliminar barreas legales y crear un ambiente propicio para activar las iniciativas de apoyo a la emergencia de intermediarios financieros rurales, tal y como se ha establecido en leyes y acuerdos promovidos por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del país.

La constitución de nuevas entidades de ahorro y crédito se realizará cumpliendo los requisitos mínimos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y en cuanto a número de socios, previa autorización de la federación a la que habrá de afiliarse para su supervisión.

La Comisión establecerá disposiciones particulares y de naturaleza simplificada para nuevas entidades en proceso de constitución y su etapa operativa inicial, respetando lo siguiente:

1) Libertad de constituirse legalmente e iniciar operaciones.

2) Operaciones en un ámbito regional con proximidad a sus socios.

3) Afiliación a una federación de supervisión y funcionamiento bajo tutela de la misma.

4) Contar con un periodo de crecimiento para su maduración de hasta 7 años.

5) Gradualidad en la aplicación y logro de las normas prudenciales para lograr los estándares financieros.

6) Responsabilidad de las federaciones para establecer los mecanismos de salida del sistema en caso de no alcanzar los estándares en los plazos que establezca la ley.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 9 Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para quedar como sigue:

Artículo 9 bis.- Las sociedades de reciente creación que no puedan cumplir íntegramente con la normatividad aplicable, podrán operar y realizar operaciones de captación siempre y cuando cumplan con los requisitos siguientes:

I. La asamblea general de socios o asociados de la sociedad o asociación de que se trate, acuerde llevar a cabo los actos necesarios para obtener la autorización de la Comisión para constituirse y operar como entidad y sujetarse a los términos y condiciones previstos en este artículo. El acuerdo de la asamblea deberá incluir la conformidad de ésta para que la sociedad o asociación asuma las obligaciones contenidas en un programa de operación institucional a que se refiere la fracción III de este artículo.

De igual forma, la asamblea, en su carácter de órgano supremo de la sociedad o asociación correspondiente, deberá aprobar su afiliación a una federación autorizada por la Comisión, y/o la celebración de un contrato de prestación de servicios, en términos de lo señalado en la fracción II de este artículo, manifestando que dichos actos quedarán sujetos al cumplimiento de un programa de operación institucional a que se refiere la fracción III de este precepto.

Los órganos de administración de las sociedades o asociaciones deberán adoptar los acuerdos mencionados en los párrafos anteriores;

II. Se afilie a una federación autorizada por la Comisión y/o celebre un contrato de prestación de servicios que prevea, entre otros aspectos, que la federación le proporcione asesoría técnica, legal, financiera y/o de capacitación, y que permita a la federación evaluar el cumplimiento de la sociedad o asociación a lo previsto en este artículo.

Dicho contrato deberá tener como anexo el programa de operación institucional a que se refiere la fracción III de este precepto.

La Federación deberá verificar, previamente a la celebración de los actos referidos en los párrafos anteriores, que la sociedad o asociación haya dado cumplimiento a lo previsto en la fracción I de este artículo y haber emitido un dictamen favorable en el cual se prevea su viabilidad financiera y organizacional.

III. Las sociedades o asociaciones deberán participar en programas de asesoría, capacitación y seguimiento con la federación a la que se hayan afiliado y/o con la que hayan celebrado el contrato de prestación de servicios a que se refiere la fracción anterior, mediante un programa de operación institucional específico para cada caso. A solicitud de la Comisión, deberá ser dictaminado por un consultor con experiencia en finanzas populares a quién la misma Comisión haya autorizado para tales efectos.

IV. Den cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, términos y condiciones contenidas en el programa de operación institucional, establecido con base en la fracción III de este artículo.

Para tales efectos, la federación deberá evaluar periódicamente el cumplimiento al programa de operación institucional. A solicitud de la Comisión, dicha evaluación deberá contener la opinión del consultor a que se refiere la fracción III anterior.

En el evento de que la federación detecte algún posible incumplimiento a las obligaciones consignadas en el programa de operación institucional referido en la fracción III de este artículo, deberá notificar este hecho a la sociedad o asociación de que se trate, a fin de que ésta en un plazo de quince días hábiles contado a partir de la fecha de la notificación, subsane las observaciones respectivas a satisfacción de la federación. En caso contrario, o bien de no atenderse la notificación en el plazo correspondiente, la federación deberá dar por terminada la afiliación y el contrato de prestación de servicios celebrado con la sociedad o asociación de que se trate, e informará de este hecho a la Comisión, a efecto de que dicho órgano desconcentrado tome las acciones que conforme a derecho correspondan.

Las sociedades de reciente creación que cumplan con todos y cada uno de los requisitos previstos en este precepto, podrán realizar las operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo durante un periodo no mayor de cuatro años a partir de su constitución, lo anterior en el entendido de que a más tardar en esa fecha, deberán obtener la autorización de la Comisión para constituirse y operar como entidades.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de noviembre del año 2004.--- Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Suárez Carrera.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero, diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 7° de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores.

La banca comercial en nuestro país, a pesar de todos los esfuerzos hechos en los últimos años por el Estado para sanearla y ponerla en niveles de operación aceptable, sigue operando de manera poco transparente y no es funcional a las necesidades de los usuarios y de una economía como la de nuestro país.

Desde la perspectiva de los usuarios la banca mexicana es ineficiente, poco flexible, no toma en cuenta el contexto socioeconómico y de operación de los agentes económicos, cobra altas comisiones por todo tipo de servicios que presta y a pesar de esto, para los banqueros que prestan representa un negocio con altos niveles de rentabilidad. Esta situación no es aceptable ni es benéfica para nuestra economía, ya que condiciona su competitividad.

Como legisladores debemos proporcionar el fortalecimiento de un sistema bancario que cumpla eficientemente con sus funciones básicas como son captar eficientemente el ahorro del público, que pague tasas de intereses reales y canalice créditos en forma expedita y a precios competitivos, de tal manera que se dé un efecto multiplicador en la economía detonando más inversión, empleo y consumo. Nuestro país lo necesita urgentemente.

A la banca nacional y extranjera que opera en nuestro país, hay que reconocerlo, se le han destinado cantidades inmensas de recursos con el fin de alcanzar el saneamiento del sistema financiero y mejorar su operación. A pesar de esto, la banca sigue siendo ineficiente y poco competitiva.

La banca nacional cobra por todo tipo de servicios y ha olvidado importantes segmentos del mercado crediticio para volverse una banca fundamentalmente comisionista.

Ante esta abierta política de desregulación que ha beneficiado a la banca privada para fijar el cobro de comisiones, como legisladores debemos oponernos y estamos obligados a reorientar este proceso con el fin de crear mercados realmente competitivos.

La insolvencia de los bancos es parte de una historia que no debe repetirse, pero tampoco debemos permitir una operación tan ineficiente de la banca privada nacional.

Hoy tenemos un sistema bancario fundamentalmente trasnacional, con altas ganancias que asume pocos riesgos, que presta poco y que cada día cobra comisiones más altas.

Los usuarios de los servicios bancarios en nuestro país somos víctimas de un mercado bancario con escasa competencia, situación que se ve reflejada en el cobro de comisiones. En este contexto, el usuario está imposibilitado de optar por otras alternativas.

Por lo anterior, como legisladores, debemos involucrar a todas las instituciones encargadas de la regulación del sector bancario, de tal manera que todas ellas intervengan, autoricen, regulen y vigilen el nivel de comisiones que cobra la banca privada nacional.

Como representantes de la sociedad estamos obligados a proteger al usuario de los servicios bancarios y debemos posibilitar mercados competitivos en el sector.

En la actualidad, los mexicanos ya manejamos 67 millones de cuenta financiera. A pesar de la alta rentabilidad de la banca comercial, ésta aún no enfrenta el reto de llevar financiamiento suficiente a la sociedad ni baja el cobro de las comisiones por todos los servicios que presta.

Una banca, costosa e ineficiente para cualquier país, es un problema grave. En México, lo que tenemos actualmente es una banca múltiple que ya no es fundamentalmente nacional.

Tenemos una banca comisionista que vive de otorgar créditos al Estado con riesgo nulo, altas ganancias y que se niega a abrir al público usuario y a difundir la información sobre el nivel de cobro de comisiones.

En suma, tenemos una banca poco transparente y poco competitiva internacionalmente, con altos niveles de rentabilidad.

En este contexto y con el fin de posibilitar el crecimiento y fortalecimiento de una banca sana que detone crecimiento económico y círculos virtuosos en la economía, que promueva el crédito, la inversión, el empleo, el ingreso, el consumo y el ahorro, los diputados que integran la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México sometemos, para su aprobación a esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7° de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Por consideración y respeto al tiempo de mis compañeros, omitiré la lectura del articulado, solicitando su publicación íntegra en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la presente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma Artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La banca comercial en nuestro país a pesar de todos los esfuerzos hechos en los últimos años por el Estado para sanearla y ponerla en niveles de operación aceptable, sigue operando de manera poco transparente y no es funcional a las necesidades de los usuarios y de una economía como la nuestra.

Desde la perspectiva de los usuarios la banca mexicana es ineficiente, poco flexible, no toma en cuenta el contexto socioeconómico y de operación de los agentes económicos, cobra altas comisiones por todo tipo de servicios que presta y a pesar de esto, para los banqueros representa un negocio con altos niveles de rentabilidad.

Esta situación no debe continuar, no es aceptable, ni es benéfico para nuestra economía ya que condiciona su competitividad, como legisladores debemos propiciar el fortalecimiento de un sistema bancario que cumpla eficientemente con sus funciones básicas como son: captar eficientemente el ahorro del público, que pague tasas de interés reales y canalice crédito en forma expedita y a precios competitivos, de tal manera que se de un efecto multiplicador en la economía, detonando más inversión, empleo, consumo. Nuestro país lo necesita urgentemente.

El rescate bancario ha tenido costos altísimos desde el punto de vista fiscal y ha afectando seriamente nuestras finanzas públicas.

A la banca nacional y extranjera que opera en nuestro país, hay que reconocerlo, se le han destinado cantidades inmensas de recursos con el fin de alcanzar el saneamiento del sistema financiero y mejorar su operación.

A pesar de esto la banca sigue siendo ineficiente y poco competitiva, desde la perspectiva del usuario del sistema bancario privado, esto se refleja en las altas comisiones que la banca cobra por todo tipo de servicios y ha olvidado importantes segmentos del mercado crediticio para volverse una banca fundamentalmente comisionista, con altos niveles de rentabilidad derivados del bajo riesgo de mercado que asume por los servicios que otorga.

Ante esta abierta política de desregulación que ha beneficiado a la banca privada y que se traduce en una ampliación deliberada de los márgenes que tienen los bancos para fijar el cobro de comisiones, como legisladores debemos oponernos y estamos obligados a reorientar este proceso con el fin de crear mercados realmente competitivos y eficientes al interior del sistema bancario con el único fin de beneficiar a los usuarios de los servicios bancarios.

La insolvencia de los bancos es parte de una historia que no debe repetirse, pero tampoco debemos permitir una operación tan ineficiente como la actual de la banca privada nacional. Hoy tenemos una sistema bancario fundamentalmente transnacional, con altas ganancias, que asume poco riesgo, que presta poco y no a todos los sectores y actividades, y que cada día cobra comisiones más altas.1

Los usuarios de los servicios bancarios en nuestro país son víctimas de un mercado bancario que podemos caracterizar como de oligopólico,2 los bancos se ponen de acuerdo, fijan tasas, segmentan el mercado y acuerdan el nivel de cobro de comisiones.

En este contexto, el usuario esta imposibilitado de optar por otras alternativas y otro tipo de ofertas competitivas de tal manera que este tipo de servicios se tengan a costos bajos y con un nivel de comisiones competitivo acompañado de mejores tasas de interés a los ahorradores.

El mercado bancario se define por el lado de la oferta, el usuario sólo es un espectador, es un sujeto pasivo, las practicas las negocian y establecen sólo entre los banqueros. En este sentido los usuarios como consumidores de este servicio son sólo víctimas de las decisiones y las políticas de los banqueros. Por ello es necesario que como legisladores involucremos a las instituciones encargadas de la regulación del sector bancario como son: el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, de tal manera que todas ellas intervengan autoricen, regulen y vigilen el nivel de comisiones que cobra la banca privada nacional.

Como legisladores estamos obligados a proteger al usuario de los servicios bancarios y debemos posibilitar mercados competitivos en el sector.

Reiteramos, los usuarios del sistema bancario son, en el mercado, un sujeto pasivo y esto se refleja en el hecho de que ``la banca comercial elevó en 11 millones el número de cuentas bancarias en sólo cuatro años al pasar de 23 a 34 millones y duplicó el de tarjetas de crédito; en tanto que las cuentas para el retiro ya suman 33 millones. Los mexicanos ya manejan 67 millones de cuentas financieras''.3

A pesar de la alta rentabilidad de la banca comercial, ésta aún no enfrenta el reto de llevar financiamiento suficiente a la sociedad, ni a las pequeñas y medianas empresas, tampoco da crédito suficiente, cobra mucho por los servicios que presta y a cambio no paga tasas de interés competitivas. La consecuencia de estos problemas se traduce en una oposición permanente a bajar el cobro de las comisiones por todos los servicios que presta.

Como podemos ver el problema de la falta de competitividad del sistema bancario persiste.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta H. Cámara de Diputados, los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario siguen creciendo en monto y en su impacto económico, pasaron de 699,300 millones de pesos en 1998 a 821,305 millones de pesos en el 2003, esta última cifra representa el 12.2 por ciento del Producto Interno Bruto de nuestro país.

Ante esto el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone crear esquemas jurídico-regulatorios que propicien mercados eficientes y un sistema bancario competitivo, que baje el costo de las comisiones que tienen que pagar los usuarios de los servicios bancarios.

Una banca costosa e ineficiente para cualquier país es un problema grave. En México lo que tenemos actualmente es una banca múltiple que ya no es fundamentalmente nacional.4 Tenemos una banca comisionista que vive de otorgar crédito al Estado con riesgo nulo, altas ganancias y que se niega a abrir al público usuario y a difundir la información sobre el nivel de cobro de comisiones de cada uno de los servicios, en suma tenemos una banca poco transparente, poco competitiva internacionalmente5 con altos niveles de rentabilidad.

En este contexto y con el fin de posibilitar el crecimiento y fortalecimiento de una banca sana que detone crecimiento económico y círculos virtuosos en la economía, promoviendo el crédito, la inversión, el empleo, el ingreso, el consumo y el ahorro, los diputados que integran la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, sometemos para su aprobación a ésta H. asamblea , la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto qué reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Decreto

Artículo 7:

Las entidades financieras deberán informar al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, cada vez que pretendan establecer o modificar las Comisiones que cobran por los servicios de pago que ofrecen al público, con al menos cinco días hábiles de anticipación a su entrada en vigor. Lo anterior lo deberán efectuar en la forma y términos que el propio Banco de México señala en las disposiciones de carácter general que emita al efecto.

En dichas disposiciones el Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros definirán e instrumentarán los mecanismos para que las entidades financieras den a conocer al público en general, las Comisiones que cobran.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 2 días del mes de diciembre de 2004.

Notas:

(1) Dentro del total de los ingresos de la banca privada nacional las comisiones, en los últimos cinco años, de reprersentar sólo 13 por ciento de sus ingresos han pasado a un actual 39 por ciento. Fuente: Condusef.

(2) Oligoplio: Situación de mercado en la que sólo unos pocos vendedores tienen el control del mercado.

(3) Información proporcionada por Manuel Medina Mora, Presidente de la Asociación de Banqueros de México, en su participación en el foro de la OCDE sobre Políticas públicas para un mejor desempeño económico. El Financiero, noviembre 4 del 2004, página 4.

(4) La banca extranjera en nuestro país controla el día de hoy el 88 por ciento del mercado nacional. Fuente SHCP

(5) La tasa de interés que cobra HSBC por una tarjeta de crédito en Inglaterra es de 16 por ciento, en México es de 76 por ciento, el Banco BBVA en México por este mismo servicio cobra una tasa de 80 por ciento anual y en España es sólo de 25 por ciento. Fuente: Condusef.

Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Alejandro Agundis Arias, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Kahwagi.

De acuerdo a su solicitud, favor de insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates, publicarlo en la Gaceta Parlamentaria y turnarse a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En relación a la iniciativa presentada por el diputado Víctor Carrera, para adicionar el artículo 9° Bis a la Ley de Ahorro y Crédito, se instruye que se turne a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y ampliar el turno a la de Fomento Cooperativo y Economía Social.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - CODIGO FISCAL - CODIGO PENAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona el Título Tercero A, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, una fracción VIII al artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 389 Bis A al Código Penal Federal.

El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón: Con su permiso, ciudadana diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos, diputados Francisco Saucedo, José Juan Bárcenas y Francisco Monárrez Rincón, su servidor, hace unos días, concretamente el pasado 21 de octubre, presentamos a esta soberanía la iniciativa de decreto que adiciona el Título Tercero, inciso A, a la Ley del Impuesto sobre la Renta y la fracción VII, del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 389 Bis A del Código Penal Federal, que fue leída y firmada por nosotros y por varios de nuestros compañeros diputados que se solidarizaron con esta propuesta y que hoy, con la finalidad de replantear y aclarar y potencializar aún más la posibilidad de la creación de los empleos, a través de incentivar el trabajo cooperativo, hacemos la siguiente

Exposición de Motivos

Con la intención de precisar y de establecer que las reglas sean más claras para que esta iniciativa en comento no se convierta en imprecisiones, en fuentes de evasión fiscal, se hace necesario establecer normas que perfeccionen los artículos presentados originalmente ante esta honorable Cámara, por lo que se proponen las siguientes adiciones que complementan la iniciativa presentada el pasado 21 de octubre, para quedar como sigue:

Artículo 1º. Ley del Impuesto sobre la Renta, Título Tercero A, del régimen fiscal de las sociedades cooperativas de producción. Artículo 105 A, que es el que se reforma:

Las sociedades cooperativas de producción deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa de un 20 por ciento.

El impuesto que se haya determinado conforme al párrafo anterior después de aplicar en su caso la reducción a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta ley, será el que se acreditará contra el impuesto al activo del mismo ejercicio y será el causado para determinar la diferencia que se podrá acreditar adicionalmente contra el impuesto al activo en los términos del artículo 9º, de la Ley del Impuesto al Activo.

Para tales efectos, deberán de cumplirse con los siguientes requisitos:

Primero. Podrán optar por tributar conforme a este título todas aquellas cooperativas que se dediquen a una actividad lícita de beneficio social en las actividades siguientes: agricultura, ganadería, silvicultura, fruticultura, pesca, extracción y beneficio de minerales metálicos, industria textil, fabricación de calzado, elaboración y/o envases de refresco, aguas gaseosas y purificadas, fabricación de cemento, cal, yeso y derivados, industria mueblera, industria azucarera, elaboración de alimentos y considerados de la canasta básica y todas aquellas que por la naturaleza de su operación realicen sus actividades integrando a los procesos productivos el 100 por ciento de los insumos de procedencia nacional, entre otras, de beneficio social, excepto aquellas que realicen actividades del Sistema Bancario Mexicano como lo señala el artículo 3º del título de la Ley de Instituciones de Crédito.

Segundo. El número mínimo de socios cooperativistas para poder constituir la sociedad cooperativa, será la que señala la fracción V, del Capítulo I, del Título Segundo de la Ley de Sociedades Cooperativas.

Tercero. Los trabajadores, socios cooperativistas tendrán la obligación de hacer una aportación mínima, con objeto de demostrar su carácter de socio cooperativista en los términos del artículo 50, Capítulo IV, del Título Segundo de la Ley General de Sociedades Cooperativas, misma que dependerá de las actas y bases constitutivas de cada sociedad cooperativa en particular.

Cuarto. Las sociedades cooperativas estarán obligadas a proporcionar una declaración informativa de los empleos nuevos directos o indirectos creados en el ejercicio, donde se incluirá respectivamente, el número del Registro Federal de Contribuyentes y la manifestación de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Quinto. Las sociedades cooperativas tendrán la obligación de certificar ante notario público, la lista de sus socios cooperativistas de cada ejercicio fiscal y presentar la misma, anexa a la declaración del ejercicio en la fecha que se señala para tales efectos en esta misma ley.

El resultado final del ejercicio se determinará como sigue:

Primero. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulados obtenidos en el ejercicio las deducciones autorizadas por este título.

Segundo. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar en ejercicios anteriores.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante la declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal.

Las sociedades cooperativas de producción que realicen exclusivamente actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y fruticultura, podrán aplicar lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta ley que les favorece positivamente.

De tal forma que esta iniciativa que hoy complementamos y que hoy reconfirmamos, y que hacemos petición a esta honorable Asamblea para su apoyo, le pedimos a la señora Presidenta que la publique y la inscriba íntegramente en el Diario de los Debates y con esto no abusamos más de su tiempo.

Es cuanto. Muy amables compañeros.

«Iniciativa que adiciona el Título III-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta, una fracción VIII del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 389 Bis-A del Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a la consideración de la Cámara de Diputados las presentes adiciones a la iniciativa de decreto que adiciona el Título III-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fracción VIII del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 389-Bis-A del Código Penal Federal.

El pasado veintiuno de octubre se presentó ante la H. Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que adiciona el Titulo III-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fracción VIII del articulo 95 del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 389-Bis-A del Código Penal Federal, leída y firmada por el Dip. Francisco Luis Monárrez Rincón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y también fue rubricada por el Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Dip. José Juan Barcenas González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como por varios diputados integrantes de diferentes grupos parlamentarios, la que tiene como finalidad potenciar la creación de empleos a través de incentivar el trabajo cooperativo.

Exposición de Motivos

Con la intención de precisar y de establecer reglas más claras para que en la Iniciativa en comento, no se conviertan las imprecisiones en fuentes de evasión fiscal, se hace necesario establecer normas que perfeccionen los artículos presentados originalmente ante esta H. Cámara, por lo que se proponen las siguientes adiciones que complementan la iniciativa presentada el pasado veintiuno de octubre para quedar como sigue:

Artículo 1. Ley del Impuesto sobre la Renta

Título III-A De Régimen Fiscal de las Sociedades Cooperativas de Producción

Disposiciones Generales

Artículo 105-A. Las sociedades cooperativas de producción deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 20%.

El impuesto que se haya determinado conforme al párrafo anterior, después de aplicar, en su caso, la reducción a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta Ley, será el que se acreditará contra el impuesto al activo del mismo ejercicio, y será el causado para determinar la diferencia que se podrá acreditar adicionalmente contra el impuesto al activo, en los términos del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo.

Para tal efecto deberán de cumplir con los requisitos mínimos siguientes:

I. Podrán optar por tributar conforme a este Título todas aquellas que se dediquen a una actividad licita y de beneficio social en las actividades siguientes:Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Fruticultura, Pesca, Extracción y Beneficio de Minerales Metálicos, Industria Textil, Fabricación de Calzado, Elaboración y/o envase de refrescos, aguas gaseosas y purificadas, Fabricación de cemento, cal y yeso y sus derivados, Industria Mueblera, Industria Azucarera, Elaboración de Alimentos considerados de la canasta básica y aquellas que por la naturaleza de su operación realicen sus actividades integrando a sus procesos productivos el 100% de insumos de procedencia nacional, entre otras de beneficio social excepto aquellas que realicen actividades del Sistema Bancario Mexicano que señala el artículo 3º del Título I de la Ley de Instituciones de CréditoII. El número mínimo de socios cooperativistas para poder constituir la sociedad cooperativa será la que señala la fracción V, del Capitulo I, del Titulo II, de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

III. Los trabajadores socios cooperativistas tendrán la obligación de hacer una aportación mínima, con el objeto de demostrar su carácter de socio cooperativista, en los términos del Art. 50, Capítulo IV, del Título II, de la Ley General de las Sociedades Cooperativas, misma que dependerá de las actas y bases constitutivas de cada Sociedad Cooperativa en particular.

IV. Las sociedades cooperativas estarán obligadas a proporcionar una declaración informativa de los empleos nuevos directos e indirectos creados en el ejercicio, donde se incluirá respectivamente el número de registro federal de contribuyentes y la manifestación de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

V. Las sociedades cooperativas tendrán la obligación de certificar ante Notario Público las listas de sus socios cooperativistas cada ejercicio fiscal y presentar la misma anexa a la declaración del ejercicio, en la fecha que se señala para tales efectos en esta misma ley.

El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título.

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal.

Las sociedades cooperativas de producción que realicen exclusivamente actividades de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Fruticultura, podrán aplicar lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta ley.

Artículo 105-B. ...

Artículo 105-C. ...

Artículo 105-D. ...

Artículo 105-E. ...

Artículo 105-F. ...

Artículo 105-G. ...

Artículo 105-H. ...

Artículo 105-I. ...

Artículo 105-J. ...

Artículo 105-K. ...

Artículo 105-L. ...

Artículo 105-M. ...

Artículo 105-N. ...

Artículo 105-O. ...

Artículo 105-P. ...

Artículo 105-Q. ...

Artículo 105-R. ...

Artículo 105-S. ...

Artículo 105-T. ...

Artículo 105-U. ...

Artículo 105-V. ...

Artículo 105-W. ...

Artículo 105-X. ...

Artículo 105-Y. ...

Artículo 105-Z. ...

Artículo 105-Z Bis. ...

Artículo 105-Bis-3. ...

Artículo 105-Z-Bis-4. ...

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción VIII del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 95. Son responsables de los delitos fiscales quienes:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. Aquellas personas físicas o morales que simulen la operación de sus actividades mercantiles como cooperativas de producción.

Artículo Tercero. Se adiciona el artículo 389 Bis-A del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 389 Bis-A.- Fraude fiscal por simulación de cooperativas de producción

Comete delito de fraude fiscal de acuerdo con lo señalado en la fracción VIII del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación el que por sí o por interpósita persona, cause perjuicio público al fisco federal simulando operaciones de cooperativa de producción, así como cuando pretenda acogerse a la tasa impositiva del 20% del Impuesto sobre la Renta sin cumplir con el requisito de generar un mínimo de diez puestos de trabajo debidamente registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este delito se sancionará aún en el caso de falta de pago total o parcial.

Este delito se sancionará con las penas previstas en el artículo 386 de este Código, con la salvedad de la multa mencionada en la fracción tercera de dicho precepto que se elevara hasta por el 20% del patrimonio de la infractora.

Artículos Transitorios

Artículo Único. Las reformas a que se refiere este decreto entrarán en vigor el 1 de enero de 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2004.--- Diputados: Francisco Luis Monárrez Rincón, Francisco Javier Saucedo Pérez, José Juan Bárcenas González (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Monárrez y de acuerdo a su solicitud favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates, si no ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria hacer lo propio y turnarse a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.

Se encuentran en este Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados los alumnos del Cebetis número 65 de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. ¡Sean todos ustedes bienvenidos! Ellos han sido invitados por el diputado Roberto Colín Gamboa. Muchas gracias por su presencia alumnos y personal del Cebetis.

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LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona una fracción al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal en materia de administración federal.

El diputado José Antonio Cabello Gil: Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.

El diputado José Antonio Cabello Gil: Compañeras y compañeros diputados. Jóvenes estudiantes que nos visitan en esta mañana:

El ejercicio del gasto público no puede ni debe ejercerse discrecional o arbitrariamente, sino que debe estar sujeto tanto a criterios de racionalidad administrativa como a la ley. En este sentido uno de los conceptos de gasto público más importantes es el que tiene qué ver con el de los servicios personales, pago de nómina, sueldos, así como la entrega de bonos, incentivos, estímulos y recompensas a servidores públicos.

Dicha entrega debe realizarse con toda objetividad, con estricto apego a la ley y reduciendo márgenes de discrecionalidad que puedan existir en esta materia. Para ello es importante que existan criterios claros y objetivos que den certidumbre, claridad y transparencia en la entrega de estos recursos.

Si bien es cierto que esto se contempla en el Presupuesto de Egresos de la Federación, también es cierto que ésta, es una enorme con alcances temporales limitados a un año, existiendo la posibilidad de que cada año estos criterios puedan cambiarse u omitirse. Por ello, resulta necesario añadir una fracción al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal para precisar los criterios bajo los cuales se entregarían los recursos que hemos señalado.

La iniciativa pretende varios objetivos fundamentales:

1o. Plantear las bases para la proyección de las percepciones extraordinarias como figura que complementa las percepciones ordinarias a las que hace referencia la ley.

2o. Regular las diversas formas que adopten las percepciones extraordinarias.

3o. Coadyuvar a garantizar tanto a la sociedad como a los propios servidores públicos la correcta y equitativa aplicación de la partida presupuestal que contenga los recursos destinados al pago de estas percepciones extraordinarias, eliminando la discrecionalidad a la que puedan estar sujetas la entrega de estas percepciones.

4o. Incentivar y elevar la calidad del servicio público.

5o. Ser un elemento importante para evitar conductas indebidas en la función pública al eliminar espacios de corrupción.

6o. Establecer condiciones que garanticen la eficacia del quehacer público.

7o. Crear una cultura en la función pública basada en valores éticos.

Hay que destacar finalmente que esta iniciativa responde plenamente con los principios y lineamientos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa de decreto que adiciona una fracción al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Solicito a la Presidencia se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona una fracción al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en materia de administración federal, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa de decreto que adiciona una fracción al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con los cambios que hemos vivido en los últimos años, es evidente que tengamos en México una visión diferente de la administración pública, por lo que es necesario abordarla de diversas maneras y hacer las modificaciones necesarias en el marco legal para ajustarla a la realidad que vivimos. La necesidad de tales ajustes se puede explicar por la existencia de un conjunto de desafíos confrontados por nuestro país en los últimos años. Entre esos desafíos encontramos los siguientes:

1. Limitaciones fiscales al crecimiento del sector público versus la infinidad de demandas efectuadas por ciudadanos;

2. Búsqueda intensiva de formas más efectivas para implementar políticas públicas;

3. Manejo de la incorporación a un mundo de interdependencia acelerada y de dinámica impredecible;

4. Presión creciente de parte de otros actores sociales para promover un sector público más conducente a los negocios, a la inversión y al suministro eficiente de servicios;

5. Cambios de valores que cuestionan la administración pública desde el interior y desde el exterior de la misma;

6. Cambios tecnológicos, especialmente relacionados con la información; y

7. Cambios en los perfiles socio-demográficos.

Lo que han hecho estas circunstancias ha sido poner en tela de juicio no sólo las estructuras administrativas y de toma de decisiones políticas establecidas, sino también la forma de pensar la administración pública y el servicio civil.

Considerando que la calidad del sector público se define como el conjunto de características que facilitan la formulación e implementación de buenas políticas permitiendo al gobierno lograr sus objetivos de la manera más eficiente, se puede decir que el sector público mexicano se ha caracterizado por su creciente calidad en los últimos años. Si bien la calidad es una dimensión difícilmente cuantificable, una serie de indicadores sobre el desempeño económico y social convergen hacia esta conclusión: 1) la promoción y fortalecimiento de transparencia ha promovido una gestión más eficiente y ha generado circunstancias de gobernabilidad; 2) se ha combatido a la corrupción generalizada; 3) la información generada, como la disponible al público, es crecientemente adecuada en magnitud y calidad; 4) la equidad se ha generalizada tanto vertical como horizontalmente; y 5), la eficiencia se ha reflejado en altos grados de efectividad de las acciones del gobierno.

La productividad y eficiencia del trabajo en el sector público han mejorado globalmente debido a las reducciones de personal y una recomposición que tiende a reducir la cantidad de personal administrativo por cada profesional. Sin embargo, falta avanzar en aspectos que incidirán fuertemente en la productividad individual de los empleados: la reforma del servicio civil, reorganización de las actividades y procesos, esquemas de incentivos atados al desempeño, entre otros.

En México, desde el 2001, se han venido implementando una serie de iniciativas y proyectos de modernización entre las instituciones del sector público a fin de mejorar la eficacia de sus actividades, la eficiencia de sus instituciones y la productividad de sus recursos humanos y financieros. Por lo que toca al Gobierno Federal, el proceso ha sido gradual y secuencial; todavía no abarca a la totalidad de las entidades públicas centralizadas ni a las descentralizadas, el ritmo de implementación ha dependido de la capacidad individual de cada institución para conseguir el financiamiento requerido. Al interior de las instituciones, la modernización también está siendo implementada gradualmente, privilegiando una o más de las dimensiones de la gestión por desempeño según las características y prioridades de cada caso. Todos estos esfuerzos apuntan en la dirección correcta, pero resta mucho por recorrer.

Por ejemplo, la SHCP se ha preocupado ---con toda razón--- por la rigidez cada vez mayor de las asignaciones del gasto. La inflexibilidad tiene dos aspectos bien definidos -el primero dentro del año del presupuesto y el segundo, de un año del presupuesto al siguiente. El problema a corto plazo consiste en que el 57% del presupuesto se destina al servicio de la deuda, a sueldos, a transferencias especificadas nominalmente para los gobiernos subnacionales y a otras obligaciones impostergables, aunque este monto es bajo comparado con el de otros países como Perú, Colombia, Argentina y Brasil. Debido a esta rigidez, cualquier disminución no prevista en el ingreso lleva a declinaciones más pronunciadas en las categorías restantes, en especial en la inversión, la cual tan sólo representó aproximadamente el 11% del presupuesto en 2002 -un monto bajo conforme a los estándares internacionales, a pesar de que se ha incrementado de manera considerable desde 2002. Si bien la ley determina la proporción de los ingresos fiscales que se distribuyen como participaciones a las entidades federativas -por lo que es difícil hacer un cambio a mediano plazo-, en realidad mitiga la rigidez a corto plazo en cuanto a que la fórmula de participaciones automáticamente hace que los gobiernos subnacionales compartan proporcionalmente la carga, (o el beneficio) de las fluctuaciones totales de ingresos.

El problema a mediano plazo con la rigidez surge cuando el gobierno requiere contar con la capacidad de hacer recortes en el gasto en áreas no prioritarias a fin de reasignar el gasto y armonizarlo con las nuevas prioridades decididas por el proceso democrático. En ciertos aspectos el panorama ya ha mejorado, dado que rubros como el servicio de deuda, que no se puede cambiar ni siquiera por ley, han disminuido durante los últimos años en aproximadamente un cuarto de los desembolsos. Los rubros que establece la ley y que se pueden cambiar conforme a ella (excepto la ley del presupuesto anual) como las participaciones para los gobiernos subnacionales y niveles de pago existentes para maestros federalizados, son apenas de poco más de un medio. Si bien estos programas de gasto legalmente establecidos cuentan con una amplia base de electores y mucha inercia, la experiencia de México durante la década de los 90 demuestra que los programas bien concebidos y bien presentados públicamente pueden absorber recursos tomándolos de programas más antiguos y aparentemente inamovibles. Por ejemplo, los programas generalizados de subsidio a los alimentos -incluyendo el costoso subsidio a la tortilla- se sustituyeron exitosamente por el Programa Progresa/Oportunidades, mejor focalizado. Y muchos otros programas de subsidio agrícola, que habrían sido imprácticos dentro del contexto del TLCAN, se reemplazaron por Procampo, un programa mejor focalizado y menos distorsionante.

Los gastos de personal, incluyendo a los maestros ``federales'' descentralizados y a los trabajadores de la salud, representan el segmento más grande y de más rápido crecimiento de los gastos rígidos y su tamaño agregado representa únicamente parte del problema. Otra dimensión de la rigidez es que es difícil desplazar a los empleados incluso dentro de su propio sector, como, por ejemplo, transferir maestros que se encuentran en una escuela en un número excesivo a otra en la que se les necesita. Otros gastos recurrentes, como para materiales y mantenimiento, no contribuyen a la rigidez del presupuesto y son de las opciones más productivas. Cuando las prioridades de los programas demanden más gasto que excluya los gastos recurrentes de personal se ayudará a reducir las rigideces en el presupuesto.

El gasto en servicios personales ascenderá este año a 525.4 miles de millones de pesos, lo que significa un crecimiento real de 4.8% respecto a 2003. Alrededor de tres cuartas partes de este incremento se deben a las mayores percepciones y a la creación de plazas en sectores prioritarios como son educación, seguridad pública, seguridad nacional y procuración de justicia. El resto del incremento en este tipo de gasto se explica por la incorporación de medidas de carácter económico, laboral y contingente, como son las obligaciones fiscales derivadas de prestaciones de los servidores públicos, conforme a las resoluciones emitidas este año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde el inicio de la presente administración se han aplicado estrictas medidas de racionalidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos a fin de fortalecer la transformación de la estructura de las erogaciones en favor del gasto social y la inversión productiva, sin descuidar las otras áreas estratégicas y prioritarias.

Una de las mayores condicionantes para obtener más y mejores resultados corresponden al adecuado desempeño de las personas que intervienen para llevar a cabo la ejecución de las políticas y actuar en los ámbitos gubernamentales. Comúnmente todos los servidores públicos desean obtener buenos resultados y alcanzar los objetivos y metas planteadas en las distintas políticas, pero no se verifican los esfuerzos por lo cual no se tiene en claro si éstos fueron suficientes y si la capacidad del personal que intervino se encuentra al nivel exigido para obtener los resultados buscados.

La evaluación del desempeño se circunscribe en un proceso más amplio de gerencia pública. Un sistema que reconozca el mejor y mayor rendimiento es un factor necesario para la profesionalización de la Administración Pública. La iniciativa de introducir y potenciar la evaluación del desempeño en los servidores públicos se sitúa en el contexto de incorporación de una nueva cultura administrativa.

Hoy en día, en nuestra legislación federal primaria no existe disposición alguna que regule presupuestalmente las percepciones extraordinarias (llámense estas bonos, estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y demás pagos equivalentes a los mismos). Es de suma importancia el normar explícitamente dichas percepciones, que no eliminarlas, a fin de otorgar transparencia y legitimidad a la transferencia de dichas percepciones, las cuales deben de ser uniformes y estar reguladas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, por ser la norma que regula el proceso de presupuestación del gasto público federal, para que las mismas cuenten con una misma base de proyección en la respectiva partida presupuestal incluida en el Presupuesto de Egresos que en cada año del Ejercicio Fiscal apruebe la Honorable Cámara de Diputados.

La presente iniciativa de decreto tiene por objeto precisamente establecer los criterios generales que durante el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación se deberán aplicar para llevar a cabo el pago de estímulos por cumplimiento de metas, recompensas, incentivos o conceptos equivalentes a estos a favor de los servidores públicos federales.

En el artículo 19 y fracción tercera de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal se señala que el ``El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se integrará con... la estimación de ingresos y proposición de gastos del ejercicio fiscal para el que se propone, incluyendo el monto y clasificación correspondiente a las percepciones que se cubren en favor de los servidores públicos. Dichas percepciones incluyen lo relativo a sueldos, prestaciones y estímulos por cumplimiento de metas, recompensas, incentivos o conceptos equivalentes a éstos''.

Esta Ley hace referencia a la figura de las percepciones extraordinarias, pero no establece marcos referenciales legales tendientes a asegurar dichas percepciones en un marco constante de racionalidad y eficiencia en el ejercicio del gasto público; es decir, pretendemos que dichas percepciones se norman legalmente por una ley superior al de los decretos del Presupuesto de Egresos.

La iniciativa que se presenta propone que se adicione una fracción al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, a fin de plantear las bases para la proyección de las percepciones extraordinarias como figura que complementa las percepciones ordinarias a las que hace referencia esta misma ley. La iniciativa pretende, por un lado, regular las diversas formas que adoptan las percepciones extraordinarias; y, por otro lado, la iniciativa coadyuvará a garantizarle a la sociedad, como a los propios servidores públicos, la correcta y equitativa aplicación y ejercicio de la partida presupuestal que contenga los recursos públicos destinados al pago de dichas percepciones extraordinarias a los servidores públicos federales, eliminando de esta manera con la discrecionalidad a las que están sujetos actualmente estas percepciones, que no es más que otra forma en la que posibilita y se propicia la corrupción, la desigualdad y la inequidad laboral.

Las percepciones extraordinarias ya establecidas y reguladas, serán un mecanismo que permita incentivar y elevar la calidad del servicio público, de acuerdo con las necesidades y exigencias de la ciudadanía; también será un elemento importante para evitar las conductas indebidas en la función pública al eliminar espacios de corrupción, establecer condiciones que garanticen la eficacia del quehacer gubernamental y crear una cultura en la función pública basada en valores éticos.

Además, hay que destacar que esta iniciativa responde plenamente con los principios y lineamientos que se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006:

En primer término, la iniciativa contribuirá a lograr la misión del Poder Ejecutivo Federal 2001-2006 a través del impulso al establecimiento de una nueva cultura de gobierno basada en el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, y al sentar las bases, irreversibles, de un nuevo modo de comportamiento y cultura política basado en una ética pública.

En segundo término, la iniciativa se corresponde con tres de las cinco normas básicas en las que se basa la actual acción gubernamental, normas que guían los proyectos, los programas y las acciones de la Administración Pública Federal.

1. Apego a la legalidad. La observancia de la ley por parte de los servidores públicos de la Administración Pública Federal será un principio que distinguirá la acción del Ejecutivo. En el marco jurídico reconocerá un mandato supremo.

2. Transparencia. Las decisiones discrecionales se deben reducir al mínimo y acotarse y reglamentarse mediante normas claras de orden público.

3. Rendición de cuentas. El establecimiento de un sistema nítido de rendición de cuentas públicas requiere la designación de responsables en las distintas actividades y programas de la Administración Pública Federal.

Por último, la iniciativa contribuirá a que esta administración federal cumpla con su responsabilidad histórica de dar respuesta a las grandes demandas y expectativas de la sociedad, ya que esta propuesta significa una acción capaz de transformar los esquemas tradicionales de gestión pública.

Sabemos que no obstante la urgencia evidente de cambio, el reto de forjar un buen gobierno no es una tarea que pueda realizarse por decreto, pero la iniciativa responde a la demanda de posibilitar un servicio público federal honesto, serio y profesional en forma permanente.

El Gobierno Federal ha establecido diversos procesos con la finalidad de lograr una administración más eficiente de los recursos con que cuenta, entre ellos el recurso humano que es su columna vertebral;

Se reconoce el establecimiento de figuras como la de los estímulos a la productividad y eficiencia en el desempeño y demás a favor del servidor público, con la finalidad de incentivar el desempeño diario de las labores de sus integrantes, más allá de un mero cumplimiento laboral y que forma parte de las bases del proceso de implementación del servicio civil de carrera.

Resulta pertinente dar una continuidad a la política de aplicación de estímulos a la eficiencia y productividad, factor que no ha venido operando en toda la Administración Pública Federal, por lo que en tal virtud se expiden la siguiente

Iniciativa de decreto que adiciona una fracción al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Único.- Se adiciona una fracción al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 19.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se integrará con los documentos que se refieran a:

III. Estimación de ingresos y proposición de gastos del ejercicio fiscal para el que se propone, incluyendo el monto y clasificación correspondiente a las percepciones que se cubren en favor de los servidores públicos.

Dichas percepciones incluyen lo relativo a sueldos, prestaciones y estímulos por cumplimiento de metas, recompensas, incentivos o conceptos equivalentes a éstos;

IV. Para el caso de la proposición de gastos por concepto de estímulos por cumplimiento de metas, recompensas, incentivos o conceptos equivalentes a éstos, se deberá sujetar a lo siguiente:

a) Durante el ejercicio fiscal correspondiente, el monto máximo de recursos que se podrán destinar en la comisión al pago de las figuras referidas en esta fracción será igual al 50% del valor hipotético que se obtendría de otorgarse el límite máximo neto anual a todos los servidores públicos que tengan derecho al mismo.

b) Las entidades sólo podrán otorgarlos en forma anual, de conformidad con la calificación del desempeño de los servidores públicos.

c)Los servidores públicos podrán recibir dicho pago hasta el máximo establecido, siempre y cuando no rebasen el límite máximo neto autorizado para su nivel.

d) El personal contratado bajo el régimen de honorarios no podrá recibirlos.

e) Dada su naturaleza y características, no formarán parte del sueldo asignado al servidor público, ni constituirán un ingreso fijo, regular o permanente.

f) El concepto se pagará proporcionalmente al tiempo laborado durante el periodo correspondiente y bajo los mismos criterios con los que se haya evaluado a los servidores públicos.

g) El monto a pagar por estos conceptos de ninguna forma podrá efectuarse de manera uniforme a todo el personal, ya que su otorgamiento deberá ser selectivo, considerando para efectos de su desempeño individual los indicadores que se determinen en la norma que establece la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y demás leyes aplicables que prevean expresamente este tipo de percepciones similares, mismo que deberá ser proporcional con la evaluación alcanzada por el servidor público.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Dip. José Antonio Cabello Gil.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, señor diputado Cabello Gil y de acuerdo a su solicitud favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y turnarse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El diputado Marcos Morales Torres: Con su anuencia, Presidenta. El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, perteneciente al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura de este honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la iniciativa de reforma al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El secreto se refiere a situaciones que se tienen reservadas, la palabra procede del latín secernere que hace alusión a una cosa separada, aislada, rodeada de obstáculos, con el fin de que no se conozca.

En la vida jurídica es necesario el secreto para la protección de la intimidad de las personas de un asunto que solamente unas cuantas pueden conocer y que si se difunden puede provocar un perjuicio.

El secreto regulado en la legislación se divide en secreto profesional, secreto bancario y el fiduciario. El secreto profesional se refiere a servidores públicos o prestadores de servicios, que por la naturaleza de sus funciones conocen aspectos de la vida íntima de personas.

El secreto bancario es una especie de secreto profesional, aquí el prestador de un servicio, en este caso, las actividades de banca y crédito, tienen información privilegiada sobre las operaciones que realiza cliente determinado. Esta información puede utilizarse, por ejemplo, por compañías que compran los datos de operaciones con tarjetas de crédito, para incidir de alguna manera en el consumo de productos o servicios.

El secreto bancario está contenido en los artículos 117 y 118 de la ley vigente de instituciones de crédito y es el resultado de la evolución de la ahora abrogada Ley General de Instituciones de Crédito de 1997, en su artículo 115, fracción II, que contenía los principios básicos de esta figura jurídica.

Actualmente el secreto bancario en México está de tal forma regulado, que no permite que los funcionarios y empleados bancarios puedan denunciar ante las autoridades competentes, montos que presumiblemente puedan ser de actividades ilícitas, al contrario, si lo hacen, pende sobre ellos la amenaza de la responsabilidad civil y penal.

Ante esta limitación los empleados y funcionarios bancarios se convierten en la práctica en cómplices de operaciones sospechas sin oportunidad de denunciar, por ello, la cultura de la denuncia no forma parte del sistema bancario mexicano.

Adicionalmente esta regulación no permite que autoridades con facultades de investigación y supervisión, puedan solicitar y disponer de la información sobre las cuentas bancarias.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de sus facultades reglamentarias, por medio de circulares dispone qué autoridades pueden consultar las cuentas bancarias, es decir, ésta es una facultad discrecional desmesurada, más aun, los servidores públicos de las diferentes dependencias públicas, con facultades de investigación y supervisión, tienen la obligación de guardar el secreto profesional, por lo que una denuncia directa no se contrapone con la protección de la intimidad de las personas.

La sociedad moderna evoluciona y entra en contradicción con las figuras jurídicas tradicionales, como es el secreto bancario, la delincuencia organizada utiliza estas fallas jurídicas para seguir actuando con impunidad.

El delito que más utiliza el secreto bancario, es el establecido en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, llamado operaciones con recursos de procedencia ilicita, conocido como lavado o blanqueo de dinero.

En el ámbito internacional el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es un organismo intergubernamental autónomo, auspiciado por más de 20 naciones, cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, cuyo proceso consiste en ocultar el origen ilegal del dinero de naturaleza criminal, para ello, el GAFI ha elaborado una serie de recomendaciones, sobre la base de una experiencia de una veintena de países.

En estas recomendaciones del GAFI existe una participación más activa de los países por medio de las instituciones financieras, de sus empleados y de sus funcionarios, esto implica protección a la denuncia ante las autoridades competentes.

Así el Ministerio Público está limitado en sus facultades constitucionales de investigación porque en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, no se le menciona como autoridad facultada para pedir informes de manera inmediata a la institución bancaria, con el fin de integrar, rápida y correctamente, la averiguación previa. Actualmente, para que la ostente el Ministerio Público debe realizarse por intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de los directores generales, subprocuradores o el mismo procurador general de la República, perdiéndose tiempo valioso en la investigación y por lo tanto en el combate de los delitos.

Por razones de tiempo no se le da lectura al documento completo y por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Título Sexto, De la protección de los intereses del público. Artículo 117: ``Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicios, salvo cuando las pidieren debidamente fundamentada y motivada, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en que el titular sea parte o acusado; el Ministerio Público local o federal, conforme a las facultades constitucionales de persecución e investigación de los delitos; la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función Pública, los órganos de control locales, el Instituto Federal Electoral y las autoridades hacendarias federales y locales por conducto de la Comisión Nacional Bancaria.

Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables en los términos de las disposiciones aplicables. Por violación del secreto que se establezca, las instituciones estarán obligadas en caso de revelación del secreto sin derecho a personas distintas de las mencionadas en el párrafo anterior, a reparar los daños y perjuicios que se causen, aunque tendrán la obligación de denunciar al Ministerio Público o autoridad competente las operaciones que consideren extrañas o que se realicen con recursos de probable procedencia ilícita. Lo anterior en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria toda clase de información y documentos que en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, le solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten''.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinarán, conforme a sus competencias de regulación financiera, las actividades extrañas que permitan sospechar la comisión de algún ilícito, publicándolas a través de reglas generales en un término no mayor de 60 días naturales a partir de la vigencia de la presente reforma.

Presidenta, solicito la inserción íntegra de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, perteneciente al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la iniciativa de reforma al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Exposición de Motivos

El secreto se refiere a situaciones que se tienen reservadas, la palabra procede del latín secernere, que hace alusión a una cosa separada, aislada, rodeada de obstáculos, con el fin de que no se conozca. En la vida jurídica es necesario el secreto para la protección de la intimidad de las personas de un asunto que solamente unas cuantas pueden conocer y que, si se difunde, puede provocar un perjuicio.

El secreto regulado en la legislación se divide en secreto profesional, secreto bancario y secreto fiduciario. El secreto profesional se refiere a servidores públicos o prestadores de servicios que por la naturaleza de sus funciones conocen aspectos de la vida íntima de personas. El secreto bancario es una especie de secreto profesional; aquí, el prestador de un servicio, en este caso las actividades de banca y crédito, tienen información privilegiada sobre las operaciones que realiza un cliente determinado. Esta información puede utilizarse, por ejemplo, por compañías que compran los datos de operaciones con tarjetas de crédito para incidir de alguna manera en el consumo de productos o servicios.

El secreto bancario está contenido en los artículos 117 y 118 de la vigente Ley de Instituciones de Crédito y es el resultado de la evolución de la ahora abrogada Ley General de Instituciones de Crédito de 1897, en su artículo 115, fracción II, que contenía los principios básicos de esta figura jurídica.

Actualmente, el secreto bancario en México está de tal forma regulado, que no permite que los funcionarios y empleados bancarios puedan denunciar ante las autoridades competentes los montos que presumiblemente procedan de actividades ilícitas. Al contrario, si lo hacen, pende sobre ellos la amenaza de la responsabilidad civil y penal.

Ante esta limitación, los empleados y funcionarios bancarios se convierten, en la práctica, en cómplices de operaciones sospechosas sin la oportunidad de denunciar. La cultura de la denuncia no forma parte del sistema bancario mexicano.

Adicionalmente, esta regulación no permite que autoridades con facultades de investigación y supervisión puedan solicitar y disponer de la información sobre las cuentas bancarias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de sus facultades pararreglamentarias, por medio de circulares, dispone qué autoridades pueden consultar las cuentas bancarias; es decir, ésta es una facultad discrecional desmesurada.

Más aún, los servidores públicos de las diferentes dependencias públicas con facultades de investigación y supervisión tienen la obligación de guardar el secreto profesional, por lo que una denuncia directa no se contrapone con la protección de la intimidad de las personas.

La sociedad moderna evoluciona y entra en contradicción con las figuras jurídicas tradicionales, como es el secreto bancario. La delincuencia organizada utiliza estas fallas jurídicas para seguir actuando con impunidad. El delito que más utiliza el secreto bancario es el establecido en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, llamado ``operaciones con recursos de procedencia ilícita'', conocido como ``lavado'' o ``blanqueo de dinero''.

En el ámbito internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental autónomo, auspiciado por más de 20 naciones, cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, cuyo proceso consiste en ocultar el origen ilegal del dinero de naturaleza criminal. Para ello, el GAFI elaboró una serie de recomendaciones sobre la base de la experiencia de una veintena de países. Aquí se transcriben algunas, referentes a los intermediarios bancarios:

Recomendación 14: Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a todas las operaciones complejas, a las inusualmente grandes y a todas las modalidades no habituales de transacciones que no tengan una causa económica o lícita aparente. En la medida de lo posible, deberían examinarse los antecedentes y fines de dichas transacciones; los resultados de ese examen deberían plasmarse por escrito y estar a disposición de los supervisores, de los auditores de cuentas y de las autoridades de prevención y represión.

Recomendación 15: Si las instituciones financieras sospechan que los fondos provienen de una actividad delictiva, deberían estar obligadas a informar rápidamente de sus sospechas a las autoridades competentes.

Recomendación 16: Las instituciones financieras, sus directores y empleados deberían estar protegidos por disposiciones legislativas de toda responsabilidad civil o penal, por violación de las normas de confidencialidad, impuestas por contrato o por disposiciones legislativas reglamentarias o administrativas, cuando comuniquen de buena fe sus sospechas a las autoridades competentes, aun cuando no sepan precisamente cuál es la actividad delictiva en cuestión, y aunque dicha actividad no hubiese ocurrido realmente.

Recomendación 17: Las instituciones financieras y sus empleados no deberían advertir a sus clientes o no debería autorizarse que les avisasen, cuando hayan puesto en conocimiento de las autoridades competentes informaciones relacionadas con ellos.

Recomendación 18: Las instituciones financieras que comuniquen sus sospechas deberían seguir las instrucciones de las autoridades competentes.

Las recomendaciones del GAFI exigen una participación más activa de los países por medio de las instituciones financieras, de sus empleados y sus funcionarios, esto implica protección a la denuncia ante las autoridades competentes.

Otra limitación en nuestro país es que solamente las autoridades federales pueden tener acceso a la información bancaria; esto, contraponiéndose a las facultades concurrentes en los ámbitos federal y local.

Así, el Ministerio Público está limitado en sus facultades constitucionales de investigación, porque en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito no se le menciona como autoridad facultada para pedir informes de manera inmediata a la institución bancaria, con el fin de integrar rápida y correctamente la averiguación previa. Actualmente, para que la ostente el Ministerio Público debe realizarse por intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de los directores generales, de los subprocuradores o del mismo procurador general de la República, perdiendo tiempo valioso en la investigación y, por tanto, en el combate de los delitos.

Más aún, el Ministerio Público federal debe recurrir a sus superiores para pedir información a los bancos, en comparación con el Ministerio Público local, que no tiene manera de allegarse información de los bancos.

Todavía más: en la Ley de Instituciones de Crédito no se contemplan las autoridades que tienen facultades de investigación patrimonial de los servidores públicos, como las contralorías generales de las entidades federativas y la Secretaría de la Función Pública, que supervisan y auditan y no tienen forma de pedir informes de cuentas bancarias. El artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece:

Las dependencias, entidades e instituciones públicas estarán obligadas a proporcionar a la Secretaría la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución del patrimonio de aquéllos.

Sólo el titular de la Secretaría o los subsecretarios de la misma, en términos del párrafo anterior, podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información bancaria.

Al igual, la Auditoría Superior de la Federación, conforme al artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, tiene entre sus facultades:

Para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:

X. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Por lo que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo, proporcionada por las instituciones de crédito, será aplicable a todos los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como a los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva a que aluden los artículos 27 y 28 y la prohibición a que se refiere la fracción III del artículo 80 de esta ley;

La Auditoría Superior de la Federación sólo tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado o que deba mantenerse en secreto cuando esté relacionada con la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales, y tendrá la obligación de mantener la misma reserva o secrecía hasta en tanto no se derive de su revisión el fincamiento de responsabilidades o el señalamiento de las observaciones que correspondan en el Informe del Resultado.

El secreto profesional es aplicable a todos los servidores públicos mencionados y su violación implica sanciones penales; así, por ejemplo, a los que pertenecen a la Federación se aplican los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal, que establecen:

Artículo 210.

Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.

Artículo 211

La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión, en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.

Otra institución que realiza funciones de fiscalización es el Instituto Federal Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, conforme a sus atribuciones contenidas en el artículo 41, fracción II, último párrafo, constitucional y los artículos 49, 49 A y 49 B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que requiere revisar las cuentas bancarias necesarias.

Por último, los órganos de auditoría y supervisión de la Cuenta Pública dependientes de las Legislaturas locales deben tener acceso directo a la revisión de cuentas bancarias si sus leyes orgánicas los facultan.

Que dependencias de diferentes ámbitos puedan revisar las cuentas bancarias tiene como finalidad el cruzamiento de información y una mejor supervisión, con el fin de detectar ilícitos relacionados con el manejo de dinero, como el cohecho, lavado de dinero y delitos cometidos por servidores públicos. Otra finalidad es ayudar a constituir un servicio eficiente y coherente entre los diferentes ámbitos de gobierno para detener el flagelo del terrorismo, que es una preocupación internacional, y que nuestro país por su posición internacional no puede quedarse a la zaga.

Cabe señalar, finalmente, que si el gobierno de Suiza, país donde tradicionalmente el secreto bancario es fundamental para su economía, ajustó su legislación para limitar el alcance de esta figura, en México también debemos limitar sus alcances para no permitir que se utilice nuestro sistema financiero para cometer ilícitos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la H. Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Título Sexto De la Protección de los Intereses del Público

Artículo 117. Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren debidamente fundamentada y motivada la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado, el Ministerio Público local o federal conforme a las facultades constitucionales de persecución e investigación de los delitos, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, los órganos de control locales, el Instituto Federal Electoral y las autoridades hacendarias federales y locales, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria.

Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación del secreto, sin derecho a personas distintas de las mencionadas en el párrafo anterior, a reparar los daños y perjuicios que se causen, aunque tendrán la obligación de denunciar al Ministerio Público o autoridad competente las operaciones que consideren extrañas, o que se realicen con recursos de probable procedencia ilícita.

Lo anterior en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinarán, conforme a sus competencias de regulación financiera, las actividades extrañas que permitan sospechar la comisión de algún ilícito, publicándolas a través de reglas generales en un término no mayor de 60 días naturales a partir de la vigencia de la presente reforma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días de diciembre de 2004.--- Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted diputado Marcos Morales.

De acuerdo a su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y turnarse a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 y una fracción IX al artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El diputado Manuel Velasco Coello: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:

La globalización del comercio no se refleja solamente en mayores ingresos económicos, sino también en mayores exigencias por parte de los compradores y consumidores con respecto a los diferentes productos que un país decide importar. En México, los instrumentos económicos vigentes en materia ambiental aún no desarrollan toda su potencialidad y existen numerosas oportunidades donde pueden obtener, tanto mejores y más eficientes formas de aprovechamiento de nuestros ecosistemas y recursos naturales, como menores volúmenes de contaminación si se utilizan adecuadamente los instrumentos económicos.

Se debe propiciar la sustitución de insumos y el mejoramiento, ahorro y cambios de combustibles y fuentes de energía; la incorporación de procesos y tecnologías más limpias, la reducción, reutilización, neutralización, reciclaje y adecuada disposición final de los residuos generados; la necesidad de evitar la transferencia de contaminantes entre medios receptores y la incorporación de los agentes económicos en programas de autorregulación ambiental.

En la economía global actual las iniciativas de los gobiernos de los países industriales están creando presiones de mercado para grandes y pequeñas compañías, para que adopten normas ISO-14.001 o dejarlas fuera de los mercados principales.

Básicamente la adopción de estas normas obliga a las compañías a afectar al tema ambiental, una estructura específica para poder conseguir las mejoras ambientales que se exigirán y para bajar costos ambientales a través de estrategias, como por ejemplo la prevención de la contaminación.

En breve, las normas ISO-14.001 configurarán un sistema que esencialmente privatizará las regulaciones ambientales, ya que las exigencias ambientales del comercio internacional, serán una prioridad aún mayor que el cumplimento de las regulaciones legales locales.

Como consecuencia de ello, se potenciará el autocontrol de los establecimientos industriales en el cuidado del medio ambiente y se valorizará la figura de la auditoría ambiental, ya sea interna como externa.

Durante los pasados 2 años, la situación económica de México ha restringido severamente la capacidad del gobierno y de la industria para continuar avanzando, al mismo o a mayor ritmo del que se tenía, sobre los aspectos críticos de la calidad ambiental.

A pesar de estos retos, México continúa dando una alta prioridad a la protección y en la mejora ambiental a través de una mezcla interesante de iniciativas ambientales obligatorias y voluntarias.

El gobierno debe incrementar su apoyo hacia mejoras ambiéntales en las pequeñas y medianas empresas, basándose en la prevención y en las mejoras de las eficiencias de operación, ya que el 90 por ciento de las empresas mexicanas son consideradas como pequeñas y medianas.

Estas empresas enfrentan por lo general la carencia de los recursos básicos y de una conciencia ambiental. Los mecanismos de defensa de los seres vivos y los procesos de degradación, pueden verse rebasados ante la abundante introducción al comercio y al ambiente de grandes volúmenes y de diversas sustancias, muchas de ellas nuevas y con propiedades peligrosas, por lo que se requiere fortalecer los mecanismos para lograr su manejo seguro y prevenir riesgos.

La producción más limpia es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integral a procesos, productos y servicios, de manera que se aumente la eficiencia ambiental y se reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debe ser una institución fuerte y confiable, en donde la aplicación de la ley ambiental responda al ideal de justicia que la población demanda. En una sociedad en la que cada uno de sus miembros es guardián de una amable convivencia entre el ser humano y la naturaleza, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza.

Dicha ley al regular las adquisiciones del sector público, tiene un gran impacto como instrumento económico para modificar conductas y adoptar normas de producción y comercialización de bienes y servicios que permitan un desarrollo sustentable.

Debemos continuar fortaleciendo instrumentos económicos vigentes en materia ambiental y seguir desarrollando su potencialidad y numerosas oportunidades para obtener mejores y más eficientes formas de aprovechamiento de nuestros ecosistemas y recursos naturales como menores volúmenes de contaminación.

En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Verde, presenta decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 17 y una fracción X al artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar en los siguientes términos.

Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 17, para quedar como sigue:

Adicionalmente la Secretaría de Economía, mediante las disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales, determinará aquellos productos que desde que se extraen de la corteza terrestre, se sintetizan o procesan en las industrias, se transportan, almacenan, comercializan, utilizan, reciclan o convierten en residuos que se tratan y que tengan un manejo eficiente y ambientalmente favorable, con objeto de que se reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente.

Artículo segundo. Se adiciona una fracción X, al artículo 23, para quedar de la siguiente forma:

Promover acciones que propicien la proveeduría con empresas que cumplan con los requisitos de auditoría ambiental, establecidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Es cuanto, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 y una fracción IX al artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Economía la presente iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 y una fracción X al artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La globalización de la economía y el comercio no se reflejan solamente en mayores ingresos económicos, sino también en mayores exigencias por parte de los compradores y consumidores, con respecto a los productos que un país decide importar. Debemos continuar creando conciencia de la crisis que el medio ambiente está enfrentando en todo el mundo, quizás en parte por falta de información e interés de la comunidad. Hoy en día la mayoría de los tratados internacionales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), incluyen cláusulas ambientales, con las cuales se busca dejar claro que, a pesar de estar motivados por el crecimiento económico, se reconoce el alto precio que tiene para humanidad el deterioro del medio ambiente, y por lo tanto se quiere incentivar el comercio dentro de los límites del desarrollo sostenible.

En México, los instrumentos económicos vigentes en materia ambiental aún no desarrollan toda su potencialidad y existen numerosas oportunidades donde pueden obtenerse tanto mejores y más eficientes formas de aprovechamiento de nuestros ecosistemas y recursos naturales, como menores volúmenes de contaminación si se utilizan adecuadamente los instrumentos económicos.

Se debe propiciar la sustitución de insumos; el mejoramiento, ahorro y cambio de combustibles y fuentes de energía; la incorporación de procesos y tecnologías más limpias; la reducción, reutilización, neutralización, reciclaje y adecuada disposición final de los residuos generados; la necesidad de evitar la transferencia de contaminantes entre medios receptores; y la incorporación de los agentes económicos en programas de autorregulación ambiental.

En la economía global actual las iniciativas de los gobiernos de los países industrializados están creando presiones de mercado para grandes compañías y pequeñas para que adopten las normas ISO 14.001, o dejarlas fuera de los mercados principales.

Básicamente la adopción de estas normas obliga a las compañías a afectar al tema ambiental una estructura específica para poder conseguir las mejoras ambientales que se exigirán y para bajar los costos ambientales a través de estrategias como por ejemplo la prevención de la contaminación.

En breve, las normas ISO 14.001 configurarán un sistema que esencialmente privatizará las regulaciones ambientales, ya que las exigencias ambientales del comercio internacional serán una prioridad aun mayor que el cumplimiento de las regulaciones legales locales. Como consecuencia de ello, se potenciará el autocontrol de los establecimientos industriales en el cuidado del medio ambiente y se valorizará la figura de la Auditoría Ambiental ya sea interna como externa. En otras palabras, puede considerarse a las normas ISO 14.001 como un sustituto de los tradicionales programas de regulación ambiental.

El cumplimiento de esta norma permitirá declarar públicamente que la empresa cumple con toda la legislación ambiental y obtener como uno de los beneficios la revalorización ``verde'' o ``ecológica'' de sus productos y/o marcas.

Durante los pasados dos años, la situación económica de México ha restringido severamente la capacidad del gobierno y de la industria para continuar avanzando, al mismo o mayor ritmo del que se tenía, sobre los aspectos críticos de la calidad ambiental. A pesar de estos retos, México continúa dando una alta prioridad a la protección y la mejora ambiental a través de una mezcla interesante de iniciativas ambientales obligatorias y voluntarias.

El gobierno debe incrementar su apoyo hacia mejoras ambientales en las pequeñas y medianas empresas, basándose en la prevención y en las mejoras de las eficiencias de operación ya que el 90% de las empresas mexicanas son consideradas como pequeñas y medianas. Estas empresas enfrentan por lo general la carencia de los recursos más básicos y de una conciencia ambiental.

Algunas de las grandes compañías se han estado preparando para conformar sus programas ambientales de acuerdo con las norma ISO 14001, como líderes de este esfuerzo están los mayores exportadores, quienes anticipan un valor adicional o un ``premio'' por parte de los clientes en los mercados de los países industrializados.

Los mecanismos de defensa de los seres vivos y los procesos de degradación, pueden verse rebasados ante la abundante introducción al comercio y al ambiente de grandes volúmenes de diversas sustancias, muchas de ella nuevas, y con propiedades peligrosas, por lo que se requieren fortalecer los mecanismos para lograr su manejo seguro y prevenir riesgos.

La Producción más Limpia es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integral a procesos, productos y servicios, de manera que se aumente la eficiencia ambiental y se reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente. Es aplicable a:

Procesos productivos: ahorro de materia prima y energía, eliminación de materias primas que sean tóxicas y reducción de la cantidad y toxicidad de todos los residuos y emisiones.

Productos: reducción de los impactos negativos a lo largo del ciclo de vida de un producto, desde la extracción de la materia prima hasta su disposición final.

Servicios: incorporación de las consideraciones ambientales dentro del diseño y presentación del servicio.

Puede decirse que es una herramienta cuyo principal objetivo es el uso eficiente de todos los recursos demandados por los procesos industriales y la disminución de las emisiones generadas desde su origen.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene como visión ser una institución fuerte y confiable, en donde la aplicación de la Ley Ambiental responde al ideal de justicia que la población demanda, en una sociedad en la que cada uno de sus miembros es guardián de una amable convivencia entre el ser humano y la naturaleza.

Su misión es procurar la justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la Ley, desterrando a la vez impunidad, corrupción, indolencia y vacíos de autoridad, haciendo partícipes de esta lucha a todos los sectores de la sociedad y a los tres niveles de gobierno, bajo los más puros principios de equidad y de justicia.

La Profepa también tiene a su cargo la auditoría ambiental que es la identificación, evaluación y control de los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente, y consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de una empresa de bienes o servicios en sus procedimientos y prácticas con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los aspectos tanto normados como los no normados en materia ambiental y poder en consecuencia, detectar posibles situaciones de riesgo a fin de emitir las recomendaciones preventivas y correctivas a que haya lugar.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza.

Dicha ley al regular las adquisiciones del Sector Público, tiene un gran impacto como instrumento económico para modificar conductas y adoptar normas de producción y comercialización de bienes y servicios que permitan un desarrollo sustentable.

La intención es otorgar preferencia a aquellos productos que desde que se extraen de la corteza terrestre, se sintetizan o procesan en las industrias, se transportan, almacenan, comercializan, utilizan, reciclan o convierten en residuos que se tratan o confinan, tengan un manejo eficiente y ambientalmente favorable.

Debemos continuar fortaleciendo instrumentos económicos vigentes en materia ambiental y seguir desarrollando su potencialidad y numerosas oportunidades para obtener mejores y más eficientes formas de aprovechamiento de nuestros ecosistemas y recursos naturales, como menores volúmenes de contaminación.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 y una fracción X al artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para quedar en los siguientes términos:

Artículo Primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 17 para quedar:

Artículo 17.-

...

Adicionalmente, la Secretaría de Economía, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, determinará aquellos productos que desde que se extraen de la corteza terrestre, se sintetizan o procesan en las industrias, se transportan, almacenan, comercializan, utilizan, reciclan o convierten en residuos que se tratan o confinan, tengan un manejo eficiente y ambientalmente favorable con objeto de que se reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente.

Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción X al artículo 23 para quedar:

Artículo 23.-

...

I. a la IX. (queda igual)

Fracción X. Promover acciones que propicien la proveeduría con empresas que cumplan con los requisitos de auditoria ambiental establecidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 2 del mes de diciembre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Velasco Coello. Se turna a la Comisión de Gobernación.

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LEY GENERAL DE SALUD - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 248, 5 párrafos al artículo 464 de la Ley General de Salud y adiciona una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La diputada María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba: Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.

La diputada María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba: La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 248 y 464 a la Ley General de Salud y una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

Debido a que la alimentación de los seres humanos es en la actualidad una prioridad ineludible a satisfacer, los requerimientos de alimentos de origen animal se han incrementado sustancialmente por parte de la sociedad, tanto en cantidad como en calidad. En este contexto, los productores de alimentos de origen animal, han aprovechado los adelantos, tanto tecnológicos como científicos, que les han permitido incrementar la producción en un lapso de tiempo menor.

Sin embargo, si bien es cierto que se obtienen importantes resultados en el peso, volumen y tiempos de crecimiento de los animales, éstos tienen una repercusión dañina en la salud humana, cuando son consumidos como alimentos, ejemplo de ellos son: problemas de resistencia a los antibióticos hormonales y casos de intoxicaciones por sustancias químicas.

Uno de ellos es el clembuterol, que se define como un agente agonista de los receptores adrenérgicos, utilizado frecuentemente como broncodilatador en el tratamiento del asma bronquial, bronquitis asmática y bronquitis espástica. Actúa después de unirse a estos receptores, provocando una serie de reacciones a nivel del organismo, que dan como resultado final la relajación de la musculatura bronquial, favoreciendo así la respiración.

La ingesta de carne de animales engordados con elevadas cantidades de beta-agonistas, método muy común utilizado por algunos productores de carne, causa efectos graves en el consumidor, alteraciones de la tiroides, disfunciones metabólicas o intolerancia a la temperatura, son algunos de los efectos que causa la ingesta humana de estos fármacos.

Regularmente el consumo de estos medicamentos con fines distintos a los que fueron originalmente diseñados, causa efectos secundarios nocivos para la salud, como la taquicardia, nerviosismo, temblores, dolor de cabeza, aumento de la transpiración, insomnio y posibles espasmos musculares. También causa insuficiencia hepática, glucosuria, aumento en crisis epilépticas y mareos vertiginosos, imposibilitando a las personas para desarrollar sus tareas habituales por un periodo de 1 a 30 días o, inclusive, hasta causar la muerte. El caso del zilpaterol y la ractopamina el efecto es menor, pero también se presenta.

Es verdaderamente preocupante la utilización cada vez más extendida entre los ganaderos, de estos fármacos, para la obtención de mayores rendimientos mercantiles en la cría del ganado en perjuicio de los consumidores.

En animales, el clembuterol y el zilpaterol, se utilizan en bovinos y caballos como broncodilatador y en yeguas como tocolítico para disminuir las contracciones uterinas. La toxicidad de estos medicamentos para consumo humano a través de la ingesta de carne, puede causar un aumento de la respiración y frecuencia cardiaca, llegando a observar lesiones en el miocardio y la hepatoxicidad.

Ya que se emplean cantidades elevadas y administradas a los animales antes del sacrificio, va a ocasionar que una cantidad importante se quede retenida en el organismo, especialmente en el hígado, músculo y retina y éstos afectarán al consumidor, según su susceptibilidad a este fármaco, llegando a afecciones graves e incluso la muerte, como lo comenté anteriormente.

El uso de los medicamentos beta-agonistas de la manera descrita en los párrafos anteriores, es ante todo un procedimiento desleal y como tal reprobable y debería ser severamente castigado, pero sólo alcanza en México penalidades de tipo administrativo como son multas y clausura de establecimientos.

Las consecuencias para la salud pública por el consumo del clembuterol y el zilpaterol en productos de origen animal, es peligrosa por su actividad cardiovascular.

Hasta la fecha, las secretarías competentes carecen de capacidad de monitoreo para analizar toda la carne que se consume en el país, aunado a la forma poco programada de comercialización del ganado para el abasto y un buen número de estos animales está siendo sacrificado con menos de 3 días de retiro del zilpaterol, que esto va incluso en contra de las instrucciones exigidas por el fabricante.

Entonces es evidente que el uso de los beta-agonistas conlleva a peligros en particular, si se utilizan dosis excesivas de este agente con el ánimo de incrementar ganancias o por el mal manejo del principio activo en estas premezclas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que adicionan los artículos 248 y 464 a la Ley General de Salud y una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que se considere delito grave y se sancione severamente a las personas que promuevan, comercialicen y utilicen las sustancias beta-agonistas en el proceso de engorda de animales destinados para consumo humano, que es un uso distinto para los que originalmente fueron diseñados y elaborados.

Señora Presidenta, solicito la incorporación del texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 248 y cinco párrafos al artículo 464 de la Ley General de Salud y adiciona una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita María del Consuelo Rodríguez de Alba, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 55, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 248 y 464 a la Ley General de Salud y una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Debido a que la alimentación de los seres humanos es, en la actualidad, una prioridad ineludible a satisfacer, los requerimientos de alimentos de origen animal se han incrementado sustancialmente por parte de la sociedad, tanto en cantidad como en calidad.

En este contexto, los productores de alimentos de origen animal han aprovechado los adelantos, tanto tecnológicos como científicos, que les han permitido incrementar la producción en un lapso de tiempo menor.

Resultando con esto, que desde los años 50´s, se utilizan sustancias que optimizan los procesos de alimentación de las especies de animales destinadas al consumo humano tales como sustancias prebióticos, antibióticos, enzimas, antimicrobianos, modificadores del sistema inmune, modificadores metabólicos o agentes anabólicos.

Sin embargo, si bien es cierto que se obtienen importantes resultados en el peso, volumen y tiempos de crecimiento de los animales, estos tienen una repercusión dañina en la salud humana cuando son consumidos como alimentos, ejemplo de ello son: Problemas de resistencia a los antibióticos, hormonales y casos de intoxicaciones por sustancias químicas.

Tal es el caso de los fármacos agonistas, beta-adrenérgicos, los cuales, lamentablemente, tienen cada vez mas uso en el ámbito nacional en la engorda de ganado, como son el clembuterol, zilpaterol, cuyos principios activos son el clorhidrato de zilpaterol y la ractopamina, entre otros, del grupo de las fenetanolaminas.

El clembuterol se definen como un agente agonista de los receptores adrenérgicos, utilizado frecuentemente como broncodilatador en el tratamiento de asma bronquial, bronquitis asmática y bronquitis espástica. Actúa después de unirse a estos receptores provocando una serie de reacciones a nivel organismo que dan como resultado final la relajación de la musculatura bronquial, favoreciendo así la respiración.

Además de esta acción medico-terapéutica, el clembuterol se caracteriza por el fuerte efecto anticatabólico que representa. Esto significa que es una sustancia que tiene la capacidad de disminuir la tasa de reducción proteica en la célula muscular, provocando así un mayor desarrollo de la misma. A esta acción se une el ligero efecto que tiene este agente sobre la temperatura corporal, la cual, después del uso del compuesto aumenta, este incremento de la temperatura favorece el consumo de grasa en el organismo.

La ingesta de carne de animales engordados con elevadas cantidades de beta-agonistas, método muy común utilizado por productores ganaderos, causa efectos graves en el consumidor, alteraciones de la tiroides, disfunciones metabólicas o intolerancia a la temperatura, son algunos de los efectos que causa la ingesta humana de estos fármacos.

No importando estos resultados y su grado de toxicidad, el clembuterol es uno de los compuestos mas popularmente utilizados por atletas y deportistas que desean aumentar la masa muscular, pero, regularmente, el consumo de estos medicamentos con fines distintos a los que fueron originalmente diseñados, causa efectos secundarios nocivos para la salud, como taquicardia, nerviosismo, temblores, temblor involuntario de los dedos, dolor de cabeza (cefalea), aumento de la transpiración, insomnio, posibles espasmos musculares, aumento de la presión sanguínea, adormecimiento de manos y náuseas, y en algunos casos, agravamiento de enfermedades preexistentes (insuficiencia hepática), glucosuria, aumento en crisis epilépticas, mareos vertiginosos y vomito, imposibilitando a las personas para desarrollar sus tareas habituales por un periodo de 1 a 30 días o, inclusive, causar la muerte. En el caso del zilpaterol y la ractopamina el efecto es menor pero también se presenta.

Es verdaderamente preocupante la utilización, cada vez más extendida, entre los ganaderos de estos fármacos para la obtención de mayores rendimientos mercantiles en la cría de ganado en perjuicio de los consumidores. En animales, el clembuterol y el zilpaterol se utilizan en caballos como broncodilatador y en ganado vacuno y caballar como tocolítico para disminuir las contracciones uterinas.

Resulta evidente que el clembuterol y el zilpaterol son capaces de aumentar el rendimiento de las canales de los bovinos y otras especies, aumenta en 20% la proteína en el músculo animal y disminuye en un 16% la grasa, pero es peligroso para la salud pública y representa un acto ilegal, reprobable e impune.

La dosis promotora del crecimiento óptima del clembuterol en el ganado bovino, es aproximadamente de 0.8 mg/kg de peso. Pero, como se ha visto que se puede mejorar aun más los rendimientos de las canales, no es raro que los productores administren al animal de 5 hasta 10 veces la dosis mencionada.

Los beta-agonistas son fármacos que se absorben bien por la vía oral y que después de su absorción se distribuyen ampliamente hacia los tejidos, traspasando, incluso en algunas especies, la barrera placentaria afectando al producto. El clembuterol, por ejemplo, presenta 4 metabolitos a nivel principalmente de hígado y de riñón, que se comportan como residuos en los tejidos procedentes de animales tratados y dirigidos a consumo humano, por lo que las autoridades sanitarias ganaderas tienen la obligación de prohibir la presencia de estos fármacos para prevenir cualquier riesgo en la salud del consumidor.

La toxicidad de estos medicamentos por consumo humano, a través de la ingesta de carne, puede causar un aumento de la respiración y frecuencia cardiaca, llegándose a observar lesiones en el miocardio y hepatotoxicidad, además de los ya mencionados, el gran problema se da cuando se utiliza esta sustancia como anabólico para conformar la masa muscular y como agente repartidor de grasa de ganado vacuno u ovino, ya que se emplean cantidades elevadas y administradas a los animales antes del sacrificio, lo cual ocasiona que una cantidad importante se quede retenida en el organismo especialmente en hígado, músculo y retina y estos afectaran al consumidor según su susceptibilidad a este fármaco, llegando a afectaciones graves incluso la muerte.

El uso de los medicamentos beta-agonistas de la manera descrita en los párrafos anteriores es, ante todo un procedimiento desleal y como tal reprobable y debería ser severamente castigado; pero sólo alcanza en México penalidades de tipo administrativo como son multas y clausura de establecimientos. Las consecuencias para la salud pública por el consumo de clembuterol y zilpaterol en productos de origen animal es peligrosa por su actividad cardiovascular llegando a causar hasta la muerte.

El uso de clembuterol y zilpaterol, como anabolizante en la cría de animales esta prohibido por la normatividad de la Unión Europea desde 1985, y en España, desde 1987; ya que el consumo de la carne u otras piezas procedentes de reses tratadas con clembuterol producen consecuencias nocivas para la salud de las personas que las ingieren.

En el país a pesar de que existen brigadas de vigilancia y reuniones para establecer normas en torno al uso del clembuterol y zilpaterol, el problema continua latente, pues no se ha definido claramente a quien compete solucionarlo, en esto intervienen la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación las cuales deberían establecer los lineamientos acordes con la problemática, pues le compete directamente el caso.

En algunos estados de la República como son Jalisco, Guanajuato y Michoacán se formó la Comisión Intersecretarial para la erradicación y/o control de betagonistas integrada por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, con el objetivo de llevar a cabo acciones preventivas y sancionar a los proveedores, comercializadores e introductores, manteniendo una supervisión constante y otorgando la certificación de libre de clembuterol y zilpaterol, si se comprueba el uso de estos medicamentos para la cría y engorda de ganado los productores se hacen acreedores a sanciones económicas, administrativas y/o penales, pudiendo llegar hasta la clausura temporal o permanente de su empresa. La Secretaría de Salud debe realizar inspecciones en establecimientos que expenden productos cárnicos (rastros y carnicerías).

Hasta la fecha, las Secretarías competentes no cuentan con suficiente capacidad de monitoreo para analizar toda la carne que se consume en el país. Aunado a la forma poco programada de comercialización de ganado para el abasto, un buen número de estos animales están siendo sacrificados con menos de 3 días de retiro del zilpaterol lo que va en contra incluso de las instrucciones exigidas por la empresa propietaria de la patente.

Instituciones de sanidad animal han desarrollado varios métodos analíticos utilizando diversas muestras de tejido como hígado, riñón, músculo, fluidos corporales como el plasma, orina, bilis y leche.

La situación de los residuos es distinta, tanto para ractopamina como para zilpaterol. En ambos casos, su eliminación es mucho más rápida, por la ausencia del cloro en el grupo cíclico, que facilita su biotransformación y excreción.

Es entonces evidente que el uso del beta-agonistas conlleva peligros, en particular, si se utilizan dosis excesivas de este agente con el ánimo de incrementar ganancias o por mal manejo del principio activo en premezclas mal diseñadas farmacéuticamente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar los artículos 248 y 464 de la Ley General de Salud y una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que las sustancias conocidas como beta-agonistas son utilizadas en la alimentación para la engorda de ganado, y que el uso de ellas, como el clembuterol y el zilpaterol, son causantes de daños a la salud para los humanos que consumen los productos obtenidos con dichos procedimientos.

Que se tienen constancias de que en la actualidad se siguen importando, produciendo y utilizando estos fármacos para proporcionarlos como compuestos de alimentación de ganado bovino, principalmente, toda vez que modifican el metabolismo de los animales que luego son destinados al consumo humano y aumenta la masa muscular de los mismos, produciendo enormes ganancias desleales para los engordadores de ganado en perjuicio de la salud de los consumidores.

Que existen pruebas de que el consumo de productos cárnicos de ganado alimentado con beta-agonistas ocasiona intoxicación en las personas, y que dichas sustancias utilizadas ilegalmente constituyen un riesgo para la salud.

Que es competencia de la Secretaría de Salud regular las actividades a fin de evitar riesgos para los integrantes de la sociedad.

Que la problemática que se denuncia requiere de la participación de diversas autoridades en el marco de la legislación vigente y que se hace necesario tomar medidas en varias instancias tanto administrativas y jurídicas.

Que actualmente el uso de los fármacos conocidos como beta-agonistas ya esta regulado a través de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-015-ZOO-2002, Especificaciones Técnicas para el control del uso de beta-agonistas en los animales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de marzo de 2002, sin embargo el uso de estas sustancias entre los productores ganaderos sigue.

Por tales razonamientos propongo a esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículo 248 y 464 a la Ley General de Salud y una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que se considere delito grave y se sancione severamente a las personas que promuevan, comercialicen y utilicen sustancias beta-agonistas en el proceso de engorda de animales destinados para el consumo humano, que es un uso distinto para el que originalmente fueron diseñadas y elaboradas.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 248 y 464 a la Ley General de Salud y una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo Primero.- Se adiciona un párrafo al artículo 248 a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

CAPÍTULO VI SUSTANCIAS PSICOTROPICAS

Artículo 248.- Queda prohibido todo acto de los mencionados en el artículo 247 de esta Ley, con relación a las sustancias incluidas en la fracción I del artículo 245.

Además queda prohibido el uso de sustancias beta-agonistas no autorizadas por las normas emitidas por las autoridades competentes, que tengan como fin el uso zootécnico para animales que den origen a productos de consumo humano.

Artículo Segundo.- Se adicionan cinco párrafos al artículo 464 a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 464.- A quien adultere, contamine, altere o permita la adulteración, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, medicamentos a cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humano, con inminente peligro para la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Se impondrá la misma pena a quien realice cualquiera de las siguientes conductas:

a) Administrar sustancias no permitidas por las normas emitidas por las autoridades competentes a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano que generen riesgo para la salud de las personas o en dosis superiores o para fines distintos a los autorizados por las mismas autoridades;

b) Sacrificar animales de abasto o destinar sus productos al consumo humano, sabiendo que les han administrado las sustancias mencionadas en el inciso anterior;

c) Sacrificar animales de abasto a los que se les aplicaron tratamientos terapéuticos mediante sustancias de las referidas en el inciso a);

d) Despachar al consumo público las carnes o productos de los animales de abasto sin respetar los periodos de espera reglamentariamente previstos.

Artículo Tercero.- Se adiciona una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

CAPITULO IV ASEGURAMIENTO DEL INCULPADO

Artículo 194.- Se clasifican como delitos graves para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VII. ...

IX. ...

X. ...

XI. ...

XII. ...

XIII. ...

XIV. ...

XV De la Ley General de Salud, los previstos en el artículo 464.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones, 2 de diciembre de 2004.--- Dip. Ma. del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputada Consuelo Rodríguez de Alba.

De acuerdo a su solicitud, favor de integrar el texto completo en el Diario de los Debates y turnarlo a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona una fracción al artículo 3° y el Título Decimocuarto Bis, sobre reproducción asistida, a la Ley General de Salud.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su permiso, compañera Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante, diputado.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: En las últimas décadas hemos sido testigos de grandes progresos en todos los campos de la medicina moderna, en particular los estudios de fecundación y reproducción humana han permitido avanzar en el conocimiento de las causas de la infertilidad, definida como la incapacidad para lograr un embarazo después de un año de sostener relaciones sexuales frecuentes y sin protección anticonceptiva.

Aun cuando los números varían de un estudio a otro, se calcula que la infertilidad afecta a nivel mundial entre el 8 y el 15 por ciento de las parejas en edad reproductiva, lo que representa un problema de salud de gran repercusión social.

La aplicación de las técnicas de reproducción asistida tiene diversos antecedentes: el primer informe de la utilización de la fertilización in vitro en conejos reportado en 1930 por Pincus, el primer nacimiento en 1953 de un niño por inseminación artificial con semen congelado por Bunge y Sherman, la realización en 1955, del Primer Congreso Mundial sobre Esterilidad y Fertilidad; las recomendaciones del IX Congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en La Haya, en 1964, que planteaba que las leyes nacionales reconocieran la posibilidad de la inseminación artificial con el consentimiento de los esposos; el nacimiento, en 1978, de Louise Brown, la primera bebé de probeta, lo que constituyó un momento importante para la ciencia, ya que permitió que a partir de entonces miles de personas se beneficiaran con el empleo de ésa y otras técnicas de reproducción asistida; la primera transferencia de un embrión al útero de otra mujer que no era la madre genética, realizada en 1984 y en ese mismo año, en Australia, el nacimiento de Zoe Leyland, resultado de un embrión previamente congelado.

La reproducción asistida generó, desde sus primeros antecedentes, controversias éticas y legales que hicieron necesario que en diversos países se conformaran comités y comisiones interdisciplinarias responsables de analizar las técnicas de reproducción asistida y sus complicaciones.

Así tenemos, por ejemplo, el análisis ético y legal de las técnicas de reproducción asistida de 1962, en Suecia; el Informe Warnock, en el Reino Unido, en 1982; el Informe Benda, en 1985, en Alemania, y el Informe Palacios, en España, en 1986.

En el aspecto legislativo destaca el Reino Unido que se ha caracterizado por ser innovador en avances genéticos y reproductivos. Ejemplo de esto son los descubrimientos de la doble hélice del ADN, realizado por los investigadores James Watson y Francis Crack en los laboratorios Cavendish, y el primer nacimiento por fecundación in vitro, en 1978.

En Alemania, la Ley de Protección a Embriones, que entró en vigor en 1991, establece una serie de prohibiciones relativas a la utilización de la investigación con embriones humanos.

Es importante destacar que, siendo una de las legislaciones más restrictivas, define al embrión como el óvulo humano ya fecundado y capaz de desarrollarse a partir del momento de la fusión nuclear, lo que hace factible la criconservación, es decir, óvulos fecundados antes de que se produzca la fusión nuclear.

Para evitar embarazos múltiples y embriones sobrantes se prohibe, en Alemania, fecundar un número superior de óvulos de los que se pretende transferir en el mismo ciclo. Esta transferencia intratubérica de gametos autoriza, como máximo, la transferencia de 3 óvulos. Prohíbe, además, la maternidad subrogada, la clonación reproductiva, la creación de híbridos y quimeras y la reproducción postmortem.

En España, el informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro e Inseminación Artificial Humanas del Congreso de Diputados de 1986, conocido como el Informe Palacios, derivó en las leyes 35/1968 sobre técnicas de reproducción asistida y la Ley 42/1988, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u organos, regulación moderada que permite la donación de gametos y preembriones.

Esta donación deberá ser gratuita y secreta; prohíbe la maternidad subrogada y reconoce el derecho a la filiación de los hijos nacidos de una reproducción postmortem, siempre y cuando el marido hubiera consentido en escritura pública o testamento que su material reproductor fuera utilizado por su esposa en los 6 meses siguientes a su fallecimiento.

La Ley 45/2003, promulgada el 21 de noviembre modificó, después de 15 años, la aplicación de la Ley 35/1968 por considerar que la investigación y la práctica médica habían superado las previsiones contenidas en ella, en particular en lo relativo al elevado número de preembriones humanos sobrantes, que se ha venido acumulando y cuyo destino no estaba claramente precisado.

En México existen disposiciones aisladas e incompletas, por lo tanto de difícil aplicación, sobre la investigación en fertilización asistida y la disposición de células germinales en la Ley General de Salud y en los reglamentos en materia de investigación para la salud y de órganos y tejidos y cadáveres de seres humanos.

Dado lo conflictivo e ideologizado del tema durante décadas, se ha propuesto su regulación específica, a pesar de que desde hace varios años vienen operando diversas clínicas sin ningún tipo de certificación, algunas de las cuales incluso han sido denunciadas por los propios especialistas, y de que se estima existen aproximadamente más de mil embriones congelados en nuestro país.

De acuerdo con la información de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, únicamente 12 de los centros de reproducción asistida que operan en México se encuentran incorporados a la red, que tiene como objetivo recopilar, analizar, publicar y distribuir los resultados de las técnicas de reproducción en sus centros.

Proponemos legislar sobre este tema desde una perspectiva ética, en la que prevalezca el respeto del pluralismo ético y el derecho a la libertad reproductiva, buscando que la aceptación o rechazo de cada precepto se argumente desde el supuesto de una correcta información y sin motivaciones interesadas ni presiones ideológicas, confesionales, partidistas, sustentándolo únicamente en una ética de carácter laico, en la aceptación de una realidad confrontada con criterios de racionalidad.

La presente iniciativa no pretende regular la clonación con fines terapéuticos. Ello deberá ser objeto de una iniciativa distinta.

Existe ya un análisis de las recomendaciones recogidas en los foros organizados por la Comisión de Salud de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados. En la iniciativa del Partido Verde Ecologista de México del 27 de abril de 1999 y en diversas iniciativas que otras fracciones parlamentarias, sobre todo Acción Nacional, han puesto a la discusión en este pleno.

En la presente iniciativa se reconoce la reproducción asistida como un medio para hacer efectiva la libertad reproductiva desde el respeto de los derechos sexuales y reproductivos que se establecen en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por México.

Asimismo existe la obligación del médico responsable de conocer el proyecto reproductivo de cada pareja e informarles de la posibilidad de éxito de la intervención y los posibles riesgos para la salud y para la posible descendencia.

Por considerar que se puede ser instrumentalizado el cuerpo de la mujer, en particular el de las más vulnerables, que son las mujeres pobres, se declara nulo de pleno derecho cualquier contrato de alquiler de útero o maternidad sustitutiva o subrogada con o sin precio.

La iniciativa que se somete a consideración va acorde con la evolución de las técnicas de reproducción asistida que en la actualidad han convertido en práctica habitual la transferencia de 3 embriones, limitación que ya se refleja en algunas legislaciones como la española, que autoriza la transferencia al útero de un máximo de 3 embriones en una mujer en cada ciclo, dejando a los profesionales responsables del proceso de reproducción asistida la decisión del número de homositos a fecundar en el mismo ciclo reproductivo.

Se regula la autorización de unidades o servicios como bancos de semen, laboratorios de semen, por capacitación espermática, unidades de inseminación artificial, centros y unidades de fecundación in vitro y bancos de embriones, definiendo claramente las reglas y plazos de conservación, destacando la necesidad de que los usuarios firmen un documento de responsabilidad sobre los productos crioconservados y prohibiendo la crioconservación, donación o utilización de un embrión después de que haya aparecido la línea primitiva.

Asimismo se establece el carácter anónimo y no lucrativo de la donación de gametos o embriones preimplantatorios, crioconservados y los requisitos que debe satisfacer el donante, aclarando que cuando del donante hayan resultado 6 nacidos vivos, sus gametos no podrán ser utilizados con fines de reproducción asistida.

En los casos de donación se permite la investigación en gametos y embriones crioconservados y no viables, sujetándolo a lo dispuesto por esta ley y sus disposiciones reglamentarias.

Se establece el Consejo de Fertilización Humana y Embriología como una instancia dependiente de la Secretaría de Salud, multidisciplinaria e integrada por expertos en técnicas de reproducción asistida y representantes de la sociedad civil, la cual tendrá entre otras atribuciones, proponer las normas oficiales mexicanas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, para la organización, funcionamiento y certificación de los establecimientos donde se apliquen estas técnicas para la organización y funcionamiento del registro Nacional de Donantes Gametos y Embriones; apoyar proyectos de investigación, diagnósticos terapéuticos con gametos y embriones crioconservados donados para este fin y escuchando la opinión de la Comisión Nacional de Bioética, así como evaluar sus resultados.

Se adiciona el artículo 462 bis para imponer de 1 a 4 años de prisión y multa por el equivalente de 1000 a 4000 días de salario mínimo general vigente. A quien disponga de células germinales o gametos con fines distintos a los autorizados, a quien revele la identidad de donadoras de células germinales o gametos, a quien utilice las técnicas de reproducción asistida para fines de selección de sexo, salvo en los casos de antecedentes de enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales.

Se adiciona el artículo 462 bis para imponer de 4 a 10 años de prisión y multa por el equivalente de 4 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, a quien transfiera gametos o embriones no humanos al útero de la mujer o produzca híbridos y quimeras; a quien comercialice o dé uso industrial a los embriones y sus células, a quien extraiga células o tejidos de embriones o fetos en desarrollo de la placenta o sus envolturas o de líquido amniótico, si no es con fines de diagnóstico prenatal y a quien realice técnicas de reproducción asistida en menores de edad o incapaces y a quien modifique al genoma del individuo sin fines terapéuticos.

Por lo anterior, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática, nos permitimos someter a esta cámara de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 3° de la Ley General de Salud y título 14 bis sobre reproducción asistida.

En obvio de tiempo, suplico a usted que la iniciativa íntegra sea incluída en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

Se les va a entregar a cada uno de los compañeros diputados en su curul un folleto sobre reproducción asistida que elaboramos algunos miembros del PRD y algunas otras personas y que tuve la oportunidad de coordinar. Y van a tener también como un acto simbólico, en el Día de la Lucha contra el Sida, a cada uno se le va a entregar un preservativo también en su curul. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona una fracción al artículo 3 y el Título Decimocuarto Bis, ``Sobre Reproducción Asistida'', a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, en su carácter de diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En las últimas décadas hemos sido testigos de grandes progresos en todos los campos de la medicina moderna. En particular, los estudios de fecundación y reproducción humana han permitido avanzar en el conocimiento de las causas de la infertilidad, definida como la incapacidad para lograr un embarazo después de un año de sostener relaciones sexuales frecuentes y sin protección anticonceptiva. Aún cuando los números varían de un estudio a otro, se calcula que la infertilidad afecta a nivel mundial entre ocho y 15 por ciento de las parejas en edad reproductiva, lo que representa un problema de salud de gran repercusión social.

La aplicación de las técnicas de reproducción asistida tiene diversos antecedentes: el primer informe de la utilización de la fertilización in vitro en conejos reportado en 1930 por Pincus; el primer nacimiento en 1953 de un niño por inseminación artificial con semen congelado por Bunge y Sherman; la realización en 1955 del Primer Congreso Mundial sobre Esterilidad y Fertilidad; las recomendaciones del IX Congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en La Haya en 1964, que planteaban que las leyes nacionales reconocieran la posibilidad de la inseminación artificial con el consentimiento de los esposos; el nacimiento en 1978 de Louise Brown, la ``primera bebé de probeta'', lo que constituyó un momento importante para la ciencia, ya que permitió que a partir de entonces miles de personas se beneficiaran con el empleo de ésa y otras técnicas de reproducción asistida; la primera transferencia de un embrión al útero de otra mujer que no era la madre genética, realizada en 1984, en Los Ángeles, EU, y en ese mismo año, en Australia, el nacimiento de Zoe Leyland, resultado de un embrión previamente congelado.

La reproducción asistida generó, desde sus primeros antecedentes, controversias éticas y legales que hicieron necesario que en diversos países se conformaran comités y comisiones interdisciplinarias responsables de analizar las técnicas de reproducción asistida y sus implicaciones. Como resultado de esos trabajos, en la década de los ochenta del siglo pasado se presentaron diversos informes que fueron la base para promulgar las leyes que regularían la utilización de las técnicas de reproducción asistida, entre otros: El Informe sobre el análisis ético y legal de las técnicas de reproducción asistida (1982, Suecia); el Informe Warnock (1982, Reino Unido); el Informe Benda (1985, Alemania); y el Informe Palacios (1986, España).

En el aspecto legislativo destaca el Reino Unido, que se ha caracterizado por ser innovador en avances genéticos y reproductivos. Ejemplos de éstos son el descubrimiento de la doble hélice del ADN, realizado por los investigadores James Watson y Francis Crack, de los laboratorios Cavendish y el primer nacimiento por fecundación in vitro, en 1978, realizada por el ginecólogo Patrick Steptoe y el biólogo Robert Edwards, en el Hospital de Oldham. En 1990 promulgaron la Ley sobre Fertilización y Embriología Humana, la cual entró en vigor en agosto de 1991, en ella se acepta la maternidad subrogada y la reproducción postmortem, se crea la Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA), instancia con capacidad normativa. En el año 2002 esta ley fue modificada para regular la utilización de las células embrionarias totipotenciales.

En Alemania, la Ley de Protección de Embriones que entró en vigor en 1991, establece una serie de prohibiciones relativas a la utilización, manipulación e investigación con embriones humanos. Es importante destacar que siendo una de las legislaciones más restrictivas, define al embrión como ``el óvulo humano ya fecundado y capaz de desarrollarse a partir del momento de la fusión nuclear'', lo que hace factible crioconservar cigotos, es decir, óvulos fecundados antes de que se produzca la fusión nuclear.

Para evitar embarazos múltiples y embriones sobrantes se prohíbe fecundar un número superior de óvulos de los que se pretende transferir en un mismo ciclo.

En una transferencia intratubárica de gametos autoriza como máximo la transferencia de tres óvulos. Prohíbe además la maternidad subrogada, la clonación reproductiva, la creación de híbridos y quimeras y la reproducción postmortem, regulación que se complementa con las Directrices sobre la Práctica de Reproducción Asistida publicadas en diciembre de 1998 por la Cámara Federal de Médicos.

En España el Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y la Inseminación Artificial Humanas del Congreso de Diputados de 1986, conocido como el Informe Palacios, derivó en las leyes: Ley 35/1988 sobre Técnicas de Reproducción Asistida y Ley 42/1988 de Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos o de sus Células, Tejidos u Órganos, regulación moderada que permite la donación de gametos y preembriones (sic). Esta donación deberá ser gratuita y secreta, prohíbe la maternidad subrogada y reconoce el derecho a la filiación de los hijos nacidos de una reproducción postmortem, siempre y cuando el marido hubiera consentido en escritura pública o testamento que su material reproductor fuera utilizado por su esposa en los seis meses siguientes a su fallecimiento. La Ley 45/2003, promulgada el 21 de noviembre, modificó después de 15 años de aplicación la Ley 35/1988, por considerar que la investigación y la práctica médica habían superado las previsiones contenidas en ella, en particular en lo relativo al elevado número de preembriones (sic) humanos sobrantes que se ha venido acumulando y cuyo destino no estaba claramente precisado, el incremento en los plazos autorizados para la crioconservación y el elevado interés científico por el aprovechamiento de los preembriones (sic) supernumerarios o sobrantes con fines de investigación. Singular polémica resultó de la limitación a tres del número de ovocitos a fecundar en cada ciclo reproductivo, ya que obligaba a la mujer a sufrir de nuevo el doloroso proceso de estimulación ovárica, si el tratamiento no daba resultado con esos tres intentos, provocando que tanto las personas usuarias de las técnicas de reproducción asistida, como diferentes organizaciones ciudadanas y los profesionales de los centros de reproducción asistida llevaran el caso ante el Defensor del Pueblo. Por su parte, en el informe que la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida rindió sobre esta ley, consideró que el número concreto de ovocitos a ser fecundados en cada caso, deberá determinarse por los criterios clínicos de los profesionales responsables del proceso de reproducción asistida. Dichas modificaciones quedaron reflejadas en el Real Decreto 1720/2004 del pasado 23 de julio.

En México existen disposiciones aisladas e incompletas, por lo tanto de difícil aplicación, sobre la investigación en fertilización asistida y la disposición de células germinales en la Ley General de Salud y en los reglamentos en materia de investigación para la salud y de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. Dado lo conflictivo e ideologizado del tema, durante décadas se ha pospuesto su regulación específica, a pesar de que desde hace varios años vienen operando diversas clínicas sin ningún tipo de certificación, algunas de las cuales, incluso, han sido denunciadas por los propios especialistas, y de que se estima existen aproximadamente más de mil embriones congelados en nuestro país. De acuerdo con información de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, únicamente doce de los centros de reproducción asistida que operan en México se encuentran incorporados a esa Red que tiene como objetivo recopilar, analizar, publicar y distribuir los resultados de las técnicas de reproducción en sus centros.

Proponemos legislar sobre este tema desde una perspectiva ética en la que prevalezca el respeto del pluralismo ético y el derecho a la libertad reproductiva, buscando que la aceptación o rechazo de cada precepto se argumente desde el supuesto de una correcta información y sin motivaciones interesadas, ni presiones ideológicas, confesionales o partidistas, sustentándola únicamente en una ética de carácter laico, en la aceptación de una realidad confrontada con criterios de racionalidad.

La presente iniciativa no pretende regular la clonación con fines terapéuticos. Ello deberá ser objeto de una iniciativa distinta. Existe ya un análisis de las recomendaciones recogidas en los foros organizados por la Comisión de Salud de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la iniciativa de ley que regula las técnicas de reproducción asistida y la disposición de material genético humano, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México el 27 de abril de 1999; de la iniciativa de ley para regular la investigación y aplicación clínica de las denominadas técnicas de reproducción asistida, presentada por el diputado Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; de la iniciativa de decreto de Ley de Reproducción Asistida para el Distrito Federal, presentada por el diputado Walter Alberto Widmer López, del Partido Acción Nacional en la II Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y del documento: Reproducción asistida. Elementos para el debate legislativo, elaborado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática bajo la coordinación del diputado Rafael García Tinajero, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En la presente iniciativa se reconoce la reproducción asistida como un medio para hacer efectiva la libertad reproductiva, desde el respeto de los derechos sexuales y reproductivos que se establecen en la Constitución, en los tratados y pactos internacionales que han sido suscritos y ratificados por México, así como en las declaraciones de El Cairo y Beijing, que fueron aprobadas por el Gobierno Federal, y pretende ser garante de la dignidad de la mujer, por lo que la ley debe eliminar cualquier límite que socave su voluntad de procrear de manera libre, responsable e informada. Por lo que se establece que toda persona mayor de dieciocho años, con plena capacidad de ejercicio, podrá ser usuaria de las técnicas de reproducción asistida, otorgando su consentimiento, informado, libre y por escrito, previa valoración médica, la cual debe incluir la consejería y el acompañamiento psicológico durante todo el tiempo que dure el tratamiento. Asimismo, existe la obligación del médico responsable de conocer su proyecto reproductivo e informarle las posibilidades de éxito de la intervención y los posibles riesgos para su salud y para la posible descendencia.

Por considerar que puede ser instrumentalizado el cuerpo de la mujer, en particular el de las más vulnerables, que son las mujeres pobres, se declara nulo de pleno derecho cualquier contrato de alquiler de útero o de maternidad sustitutiva o subrogada con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Esta prohibición queda sujeta al desarrollo de condiciones que garanticen que la maternidad subrogada o sustitutiva se dé en condiciones de equidad y altruismo.

La iniciativa que se somete a consideración va acorde con la evolución de las técnicas de reproducción asistida que en la actualidad han convertido en práctica habitual la transferencia de tres embriones, limitación que ya se refleja en algunas legislaciones como la española, autoriza la transferencia al útero de un máximo de tres embriones en una mujer en cada ciclo, dejando a los profesionales responsables del proceso de reproducción asistida la decisión del número de ovocitos a fecundar en el mismo ciclo reproductivo, en cada caso, decisión que debe quedar plenamente justificada en la historia clínica.

Se regula la autorización de unidades o servicios como bancos de semen, laboratorios de semen para capacitación espermática, unidades de inseminación artificial, centros o unidades de fecundación in vitro y bancos de embriones, definiendo claramente las reglas y plazos de la crioconservación, destacando la necesidad de que los usuarios firmen un documento de responsabilidad sobre los productos crioconservados y prohibiendo la crioconservación, donación o utilización de un embrión después de que haya aparecido la línea primitiva.

Asimismo, se establece el carácter anónimo y no lucrativo de la donación de gametos o embriones preimplantatorios crioconservados y los requisitos que debe satisfacer el donante, aclarando que cuando del donante hayan resultado seis nacidos vivos sus gametos no podrán ser utilizados con fines de reproducción asistida. En los casos de donación se permite la investigación en gametos y embriones crioconservados y no viables, sujetándola a lo dispuesto por esta ley y sus disposiciones reglamentarias.

Se establece el Consejo de Fertilización Humana y Embriología como una instancia dependiente de la Secretaría de Salud, multidisciplinaria e integrada por expertos en técnicas de reproducción asistida y representantes de la sociedad civil, la cual tendrá entre otras atribuciones proponer las normas oficiales mexicanas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, para la organización, funcionamiento y certificación de los establecimientos donde se apliquen estas técnicas, para la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Donantes de Gametos y Embriones, aprobar los proyectos de investigación, diagnósticos y terapéuticos con gametos y embriones crioconservados donados para este fin y escuchando la opinión de la Comisión Nacional de Bioética, así como evaluar sus resultados. (Se prohíbe la modificación del genoma humano que no sea con fines terapéuticos). Se adiciona el artículo 462 Bis 1 para imponer de uno a cuatro años de prisión y multa por el equivalente de mil a cuatro mil días de salarió mínimo general vigente, a quien disponga de células germinales o gametos con fines distintos a los autorizados; a quien revele la identidad de donadores de células germinales o gametos; a quien utilice las técnicas de reproducción asistida para fines de selección de sexo, salvo en los casos de antecedentes de enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales. Se adiciona el artículo 462 Bis 2 para imponer de cuatro a diez años de prisión y multa por el equivalente de cuatro mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate a quien transfiera gametos o embriones no humanos al útero de la mujer o produzca híbridos y quimeras; a quien comercialice o dé uso industrial a los embriones y sus células; a quien extraiga células o tejidos de embriones o fetos en desarrollo, de la placenta o sus envolturas, o de líquido amniótico, si no es con fines de diagnóstico prenatal; a quien realice técnicas de reproducción asistida en menores de edad o incapaces (y a quien modifique el genoma del individuo sin fines terapéuticos).

Por lo anterior, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos permitimos someter a esta Cámara de la LIX legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley General de Salud, para quedar:

Artículo 3°. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a XVI. ...

XVI Bis. La regulación y el control sanitario de la reproducción asistida;

XVII. a XXVIII. ...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona a la Ley General de Salud el Título Decimocuarto Bis, sobre reproducción asistida, para quedar como sigue:

Título Decimocuarto Bis Reproducción Asistida

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 350 Bis 8. La reproducción asistida es un medio para hacer efectiva la libertad reproductiva. Para efectos de esta ley, se entiende por técnicas de reproducción asistida aquellas mediante las cuales la unión de las células germinales o la implantación del óvulo fecundado en el útero de la mujer se llevan a cabo mediante manipulación artificial. Estas técnicas pueden clasificarse en tres grupos básicos:

a) Inseminación artificial;

b) Fecundación in vitro con transferencia de embriones, y

c) Transferencia intratubárica de gametos.

Tratándose de personas con problemas de infertilidad, las técnicas de reproducción asistida serán utilizadas cuando se hayan descartado otras terapéuticas por inadecuadas o ineficientes. Asimismo, podrán utilizarse en la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético o hereditarias, cuando sea posible recurrir a ellas con suficientes garantías diagnósticas y terapéuticas y estén estrictamente indicadas. En todos los casos, estos procedimientos deberán realizarse por personal médico calificado en técnicas de reproducción asistida y en establecimientos debidamente evaluados y certificados, de acuerdo con las disposiciones que establezcan las normas oficiales mexicanas en la materia.

Artículo 350 Bis 9. Para efectos de este capítulo se entenderá por:

I. Células germinales o gametos. Las células reproductoras masculinas y femeninas (espermatozoides y óvulos) capaces de dar origen a un embrión;

II. Cigoto. La célula diploide que resulta de la fecundación de un ovocito por un espermatozoide;

III. Crioconservación. La congelación y almacenamiento de gametos, cigotos o embriones;

IV. Embrión. El producto de la fecundación hasta el término de la duodécima semana gestacional. Para efectos de este Título se distinguirá entre el embrión preimplantatorio y el postimplantatorio;

V. Embarazo. La parte del proceso de reproducción humana que comienza con la implantación del embrión y termina con el nacimiento o con un aborto;

VI. Feto. El producto de la fecundación a partir de la decimotercera semana de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno;

VII. Infertilidad. La incapacidad para lograr un embarazo, después de un año de sostener relaciones sexuales frecuentes y sin protección anticonceptiva;

VIII. Implantación. La adherencia y subsecuente penetración de un blastocisto ya separado de la zona pelúcida, normalmente en el endometrio.

Artículo 350 Bis 10. Toda persona mayor de dieciocho años con plena capacidad de ejercicio podrá ser usuaria de las técnicas de reproducción asistida, para ello deberá otorgar su consentimiento informado, libre y por escrito, previa valoración médica, la cual deberá incluir la consejería y el acompañamiento psicológico. El médico responsable deberá informarle cuando se trate de una técnica en etapa experimental, así como de las posibilidades de éxito de la intervención y los posibles riesgos para su salud y la de su descendencia. Tratándose de parejas se requerirá el consentimiento previo, libre, informado y por escrito de ambos.

Artículo 350 Bis 11. Previo al inicio del tratamiento el equipo médico realizará la historia clínica de la persona o de la pareja para conocer sus circunstancias particulares y su proyecto reproductivo, elementos que se considerarán para determinar la intensidad de la estimulación ovárica, el número de ovocitos que se pretende fecundar y el número de embriones preimplantatorios que se van a transferir.

Artículo 350 Bis 12. En todos los casos, el tratamiento procurará evitar el embarazo múltiple y la generación supernumeraria de embriones. Se autoriza la transferencia al útero de un máximo de tres embriones en una mujer en cada ciclo. El número de ovocitos a fecundar en el mismo ciclo reproductivo, en cada caso, lo determinarán los profesionales responsables del proceso de reproducción asistida correspondiente, debiendo quedar reflejada en la historia clínica la justificación correspondiente.

[Artículo 350 Bis 12. Se transferirán al útero el número de embriones considerado científicamente como el más adecuado para asegurar razonablemente el embarazo, tratando de evitar en lo posible los embarazos múltiples y los embriones supernumerarios]

Artículo 350 Bis 13. Los usuarios de estas técnicas podrán pedir que los procedimientos se suspendan en cualquier momento de su realización, otorgando el consentimiento para que, en su caso, los embriones preimplantatorios que no van a ser transferidos ala usuaria sean donados con fines reproductivos o de investigación.

Artículo 350 Bis 14. Es nulo de pleno derecho cualquier contrato de alquiler de útero o de maternidad sustitutiva o subrogada con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto.

Artículo 350 Bis 15. Previo cumplimiento de las disposiciones sanitarias y de las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan, requerirán autorización sanitaria las siguientes unidades o servicios relacionados con la reproducción asistida:

I. Bancos de semen. Son aquéllos que tienen como finalidad la obtención, evaluación, conservación y distribución de semen humano. Los bancos podrán distribuir semen exclusivamente a centros autorizados para la aplicación de técnicas de reproducción asistida.

II. Laboratorios de semen para capacitación espermática. Son aquellos servicios que llevan a cabo el tratamiento de los espermatozoides para su función reproductora.

III. Unidades de inseminación artificial. Son aquellos establecimientos que tienen como finalidad la fecundación humana mediante la inseminación artificial con semen fresco, tratado o crioconservado, procedente del varón de la pareja o de donante, según el caso. El semen de donante deberá proceder de bancos debidamente autorizados.

IV. Centros o unidades de fecundación in vitro. Son aquéllos ubicados en una unidad hospitalaria que preste asistencia ginecológica y obstétrica, autorizados para la aplicación de técnicas de fecundación mediante la transferencia de embriones o transferencia intratubárica de gametos y otras técnicas afines previamente evaluadas. Se incluye la recuperación de ovocitos, el tratamiento de gametos con vistas a la fecundación y su conservación y la crioconservación de embriones para transferencia con fines reproductivos o de investigación autorizados por la ley, sin perjuicio de que parte de estos procedimientos puedan realizarse en diferentes establecimientos sanitarios.

V. Bancos de embriones. Son los servicios autorizados para crioconservar los embriones supernumerarios del proceso de fecundación in vitro, los que deberán contar con un sistema de protección contra robos y de resguardo de la información.

Artículo 350 Bis 16. Corresponde al Consejo de Fertilización Humana y Embriología, la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Donantes de Gametos y Embriones. Los servicios y unidades señalados en el artículo anterior deberán remitir al Registro Nacional de Donantes de Gametos y Embriones la información que señale la norma oficial mexicana correspondiente.

Artículo 350 Bis 17. La crioconservación se sujetará a las siguientes reglas:

I. El semen podrá crioconservarse en bancos autorizados. Tratándose de semen crioconservado de donante, durante el tiempo que el avance de la ciencia recomiende y señale la norma oficial mexicana correspondiente. En el caso de usuarios durante la vida del depositante.a) El semen crioconservado de donante podrá ser utilizado con fines de reproducción asistida sin que se exceda un máximo de seis nacidos vivos.

b) El semen obtenido para inseminación artificial o fecundación in vitro de la pareja del varón:

1. No podrá utilizarse para la fecundación en otra mujer distinta a la de la pareja sin el consentimiento por escrito del varón.

2. En el caso de fallecimiento del varón, salvo previo consentimiento escrito del mismo, no podrá ser utilizado para fecundación de su pareja.

c) El semen crioconservado de donante y el obtenido para inseminación artificial o fecundación in vitro de la pareja del varón, sólo podrá ser utilizado para fines de investigación cuando se haya manifestado conformidad escrita por parte del varón.

II. La crioconservación de óvulos con fines de reproducción asistida sólo se autorizará para protocolos controlados, en tanto no exista evidencia científica de la seguridad y eficacia de estas técnicas de crioconservación;

III. Antes de iniciar un tratamiento de reproducción asistida se deberá comprobar que la mujer, o la pareja, en su caso, no tengan embriones preimplantatorios crioconservados en otro establecimiento de reproducción asistida, de ser así no se podrá iniciar un nuevo tratamiento;

IV. Cuando los embriones no hayan sido implantados porque el estado de salud de la mujer impida momentáneamente la transferencia al útero de ésta o porque se hayan generado embriones supernumerarios, éstos podrán ser crioconservados por un plazo equivalente ala vida fértil de la mujer, con el objeto de que se le puedan transferir en intentos posteriores.

V. Los embriones supernumerarios no se utilizarán con fines de fecundación in vitro, en otra mujer distinta de la pareja cuando:

a) Del mismo varón y/o mujer se hayan generado seis nacidos vivos.

b) El varón y la mujer no hayan manifestado su conformidad de donación por escrito.

VI. En caso de fallecimiento de alguna de las personas usuarias, salvo previo consentimiento expreso y escrito de la misma, los embriones supernumerarios no podrán ser utilizados por su pareja.

VII. Las personas usuarias serán responsables de los embriones crioconservados, por lo que deberán firmar un documento de responsabilidad en el que otorgarán el consentimiento para que, en el supuesto de que no fueran transferidos en el plazo previsto, sea definido su destino final.

Artículo 350 Bis 18. No se podrá autorizar la crioconservación, donación o utilización de un embrión después del día 14 posterior a la fecundación. Para estos efectos se considera que la línea primitiva ha hecho su aparición al final del periodo de catorce días que comienza con la fecundación, sin que se compute para este fin el tiempo durante el cual el embrión haya permanecido crioconservado.

Artículo 350 Bis 19. El Comité de Bioética de cada centro o unidad de reproducción asistida será interdisciplinario y deberá estar integrado por personal médico de la institución, ajeno a la atención de los solicitantes, profesionales de sicología, abogados con conocimientos en la materia, especialistas en bioética, quienes podrán estar adscritos o no al establecimiento, y representantes de las personas usuarias de los servicios. En ambos casos se buscará que haya equilibrio de género.

El Comité será responsable del análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto de los problemas o dilemas bioéticos que se presenten en materia de reproducción asistida.

Artículo 350 Bis 20. Los centros o unidades de reproducción asistida tienen la obligación de reportar al Consejo de Fertilización Humana y Embriología sus resultados en términos de embarazos logrados y de recién nacidos vivos, en relación con la población total a la que le efectuaron los procedimientos, cifras que serán auditables por la autoridad sanitaria correspondiente. La autoridad en forma anual publicará los resultados proporcionados por los centros autorizados en algún periódico de circulación nacional.

Capítulo II De los Donantes

Artículo 350 Bis 21. La donación de gametos o embriones preimplantatorios crioconservados no podrá tener carácter lucrativo o comercial.

Artículo 350 Bis 22. La donación de gametos o células germinales no podrá ser revocada por terceros. El donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento anterior al inicio del tratamiento, sin responsabilidad de su parte.

Artículo 350 Bis 23. La donación será anónima, custodiándose los datos de identidad del donante en el más estricto secreto y en clave en los bancos respectivos y en el Registro Nacional de Donantes.

Artículo 350 Bis 24. Los nacidos tienen derecho, por sí o por sus representantes legales, a obtener información general de los donantes que no incluya su identidad. Igual derecho corresponde a las receptoras de los gametos.

Podrá revelarse la identidad del donante cuando se presenten circunstancias extraordinarias que impliquen un comprobado peligro para la vida del nacido o cuando proceda conforme a la legislación penal. Dicha revelación tendrá carácter restringido y no implicará, en ningún caso, publicidad de la identidad del donante, ni determinación legal de la filiación.

Artículo 350 Bis 25. La persona donante deberá tener más de dieciocho años y plena capacidad de ejercicio y deberá cumplir los requerimientos de salud física y psicológica que establezca la norma oficial mexicana correspondiente. Los gametos podrán ser utilizados con fines de reproducción sin que se exceda un máximo de seis nacidos vivos.

Artículo 350 Bis 26. Es responsabilidad del equipo médico tratante la selección y utilización de gametos que estén en óptimas condiciones para su utilización en técnicas de reproducción asistida.

Capítulo III Diagnóstico y Tratamiento

Artículo 350 Bis 27. En caso de existir indicación se autoriza la aplicación de las técnicas de diagnóstico prenatal y la toma de células previa a la implantación para detectar defectos congénitos y/o genéticos graves, a fin de tratarlas, si ello es posible o, en su caso, recomendar la no transferencia.

Artículo 350 Bis 28. Está prohibida la selección de sexo, salvo en los casos que se pretendan evitar enfermedades hereditarias ligadas a los cromosomas sexuales.

[Artículo 350 Bis 29. Queda prohibida la modificación del genoma del individuo, que no sea con fines terapéuticos].

Capítulo IV Investigación

Artículo 350 Bis 30. Se autoriza el uso de embriones no utilizados o no viables con fines científicos, diagnósticos o terapéuticos.

Artículo 350 Bis 31. Tanto la investigación como la experimentación aplicadas a técnicas de reproducción asistida, se sujetarán a lo dispuesto por esta ley y sus disposiciones reglamentarias, salvo disposición en contrario de este capítulo.

Capítulo V Del Consejo de Fertilización Humana y Embriología

Artículo 350 Bis 32. El Consejo de Fertilización Humana y Embriología es una instancia dependiente de la Secretaría de Salud, multidisciplinaria, integrada por expertos en técnicas de reproducción asistida y representantes de la sociedad civil.

Artículo 350 Bis 33. Compete al Consejo de Fertilización Humana y Embriología:

I. Proponer las normas ofíciales mexicanas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad;

II. Proponer las normas oficiales mexicanas para la organización, funcionamiento, y certificación de los establecimientos donde se apliquen las técnicas de reproducción asistida;

III. En coordinación con la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios otorgar las autorizaciones sanitarias a los establecimientos señalados en el artículo 350 Bis 15 y a los responsables de los mismos;

IV. Aprobar los proyectos de investigación, diagnósticos o terapéuticos con gametos y embriones crioconservados donados para este fin, escuchando la opinión de la Comisión Nacional de Bioética;

V. Autorizar los protocolos controlados para la crioconservación de óvulos con fines de reproducción asistida;

VI. Evaluar los resultados de los proyectos autorizados de investigación que se realicen con fines científicos, diagnósticos o terapéuticos, sobre la infertilidad humana, las técnicas de reproducción asistida y los gametos y embriones crioconservados;

VII. Elaborar y mantener actualizada la lista de enfermedades genéticas y hereditarias que puedan ser detectadas con el diagnóstico prenatal para efectos de terapéutica o prevención;

VIII. La organización y funcionamiento del Registro Nacional de Donantes de Gametos y Embriones;

IX. Publicar anualmente en los términos del artículo 350 Bis 20, los resultados auditados de los centros autorizados;

X. Brindar asesoría para la actualización de la legislación vigente en materia de reproducción humana asistida, y

XI. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las fracciones I y VII del artículo 314 de la Ley General de Salud.

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 421 de la Ley General de Salud para quedar:

Artículo 421. Se sancionará con multa equivalente de cuatro mil hasta diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación contenida en los artículos 67, 100, 101, 122, 125, 126, 146, 193, 205, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 235, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 256, 264, 266, 276, 281, 289, 293, 298, 317, 325, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 348, primer párrafo, 350 Bis 15, 350 Bis 17, 365, 367, 375, 400 y 401 de esta ley.

ARTÍCULO QUINTO. Se adicionan los artículos 462 Bis 1 y 462 Bis 2 a la Ley General de Salud para quedar:

Artículo 462 Bis 1. Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa por el equivalente de mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:

I. A quien disponga de células germinales o gametos con fines distintos a los autorizados;

II. A quien revele la identidad de donadores de células germinales o gametos;

III. A quien utilice las técnicas de reproducción asistida para fines de selección de sexo, salvo en los casos de antecedentes de enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales.

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará además, suspensión de uno a dos años en el ejercicio profesional y hasta cinco años en caso de reincidencia.

Artículo 462 Bis 2. Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa por el equivalente de cuatro mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:

I. A quien transfiera gametos o embriones no humanos al útero de la mujer o produzca híbridos y quimeras;

II. A quien comercialice o dé uso industrial a los embriones y sus células;

III. A quien extraiga células o tejidos de embriones o fetos en desarrollo, de la placenta o sus envolturas, o de líquido amniótico, si no es con fines de diagnóstico prenatal;

IV. A quien realice técnicas de reproducción asistida en menores de edad o incapaces, y

[V. A quien modifique el genoma del individuo sin fines terapéuticos.]

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además, suspensión de uno a tres años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta cinco años más, en caso de reincidencia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo de Fertilización Humana y Embriología deberá constituirse formalmente en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto y expedir su reglamento interno en el cual deberá señalarse su estructura orgánica y funcional, así como las disposiciones que permitan su óptimo funcionamiento.

Tercero. El Consejo de Fertilización Humana y Embriología deberá expedir en un plazo máximo de ciento veinte días naturales, a partir de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, con el carácter de emergencia las normas oficiales mexicanas referidas, iniciando de manera paralela el proceso de elaboración y expedición ordinario señalado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Cuarto. Las unidades y servicios que a la entrada en vigor de la presente reforma se encuentren realizando actividades o técnicas relacionadas con la reproducción asistida, solicitarán las autorizaciones correspondientes y rendirán los informes requeridos al Registro Nacional de Donantes de Gametos y Embriones, en los términos que señalen las normas oficiales mexicanas de emergencia.

Quinto. La mujer, o la pareja, en su caso, determinarán el destino de los embriones supernumerarios que hayan sido crioconservados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, pudiendo elegir entre: el mantenimiento de la crioconservación hasta que sean transferidos; la donación sin ánimo de lucro con fines reproductivos; el consentimiento para que puedan ser utilizadas con fines de investigación las estructuras biológicas obtenidas en el momento de la descongelación, sin que en ningún caso se proceda a la reanimación, estructuras que, en cualquier caso, serán tratadas de acuerdo con la legislación vigente sobre donación y utilización de células y tejidos de origen humano; o proceder a su descongelación sin otros fines.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2004.--- Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado García Tinajero. Y de acuerdo a su solicitud, favor de insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates y turnarlo a la comisión de Salud.

VOLUMEN II

CONTINUACION DE LA SESION No. 30 DEL 2 de DICEMBRE de 2004

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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 5° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados.

El envejecimiento de la población es uno de los mayores triunfos de la humanidad y también uno de los mayores desafíos, vivimos en una era signada por el envejecimiento global sin precedente, 1 de cada 10 personas en el mundo tiene 60 años y más, y para el año 2050 se espera que esta proporción se duplique.

En nuestro país existen 7.9 millones de individuos longevos y se prevé que para el año 2005 habrá 8.1 millones de ancianos. En el 2025 se incrementará a 18.4 millones y en el 2050 será de 36.2 millones, lo cual nos impone mayores exigencias económicas y sociales.

Debemos responder a las necesidades de las personas adultas mayores y al mismo tiempo reconsiderar el papel que tanto las mujeres como los hombres de edad avanzada desempeñan en nuestra sociedad. Las personas de edad avanzada ofrecen valiosos recursos y realizan una importante contribución a la estructura de nuestra sociedad.

Sabemos que las personas mayores tienen necesidades específicas, pero también habilidades especiales y una experiencia única. Las mujeres y los hombres mayores en todas partes contribuyen con recursos, destreza y experiencia a sus familias, comunidades y naciones.

Por ello, la promoción de medios favorables para el desarrollo social de las y los adultos mayores es una de las metas centrales que debemos tener, un medio que potencie su capacidad y su desarrollo debe ser una realidad.

El entorno en el que viven las personas de edad se torna sumamente importante a medida que envejecen, pues los lugares que se consideraban como adecuados pueden convertirse en una carrera de obstáculos para las personas de edad.

A medida que las personas de edad envejecen, la discapacidad se torna más común y la movilidad más y más limitada, con lo cual se reduce la accesibilidad. Por ello son los adecuados entornos seguros y propicios a accesos y atención preferente a los servicios, son necesidades básicas para que las personas adultas mayores tengan una mejor calidad de vida.

La mayoría de las personas mayores desea seguir participando como miembros activos de la sociedad, trabajando y viviendo lado a lado con sus familias y sus comunidades. Desean ser involucradas en los programas de desarrollo. Contribuir con su experiencia y conocimiento acumulado y aprender destrezas nuevas para mantenerse así mismos y apoyar a su familia.

El aumento de la población de adultos mayores es un hecho indiscutible y por ello se ha convertido en una preocupación pública. La sociedad debe garantizar a todos sus miembros un conjunto de derechos fundamentales derivados de la dignidad de la persona humana. La familia es el único núcleo básico de la formación de las personas y de la sociedad y ella debe ser apoyada con acciones concretas por parte del Estado.

Un entorno físico que tenga en cuenta a las personas ancianas puede establecer la diferencia entre independencia y dependencia para todas las personas, pero son de especial importancia para las que están envejeciendo.

El incremento de las expectativas de vida, gracias a los adelantos médicos, científicos y tecnológicos, representa para México el desafío de generar nuevas formas de relación, que contemplen una sociedad en la cual el respeto, la solidaridad y la justicia, sean prioridad.

Es necesario una sociedad que promueva que los adultos mayores sigan manteniendo su autonomía e independencia y que les permita estar vigentes y dar un pleno sentido a su vida. Debemos responder a las necesidades de las personas adultas mayores y al mismo tiempo reconsiderar el papel que, tanto las mujeres como los hombres de edad avanzada, desempeñen en nuestra sociedad, y así poder brindar una mejor calidad de vida.

Para el Partido Verde Ecologista de México es de interés fundamental respaldar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país, la vejez es el crisol de la virtud, la sabiduría y de la vida, la fuente de la experiencia y el testimonio vivo de valores, virtudes vivas y en plenitud.

Por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el presente decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 5º. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objetivo garantizar a las personas adultas mayores, los siguientes derechos:

Fracción IX. Del acceso a los servicios:

a) Tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que presentan servicios al público.

b) Los servicios y establecimientos de uso público, deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado.

c) Contar con asientos reservados en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de autotransporte de pasajeros.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos``El envejecimiento de la población es uno de los grandes triunfos del desarrollo, en el sentido de que por primera vez en la historia de la humanidad la mayoría de las personas puede esperar sobrevivir hasta la tercera edad.''

Gro Harlem Brundtland, directora general de la Organización Mundial de la Salud, 1999.

El envejecimiento de la población es uno de los mayores triunfos de la humanidad y también uno de los mayores desafíos. Vivimos en una era signada por un envejecimiento global sin precedentes, acelerado e inexorable. Nunca antes tanta gente había vivido tantos años. Llegar a una edad avanzada, hasta hace poco prerrogativa exclusiva de los países ‘desarrollados', constituye ahora un beneficio común del desarrollo a nivel mundial. El envejecimiento se ha convertido en uno de los temas globales decisivos que determinarán el futuro de las sociedades del mundo.

A nivel internacional, el envejecimiento ha figurado en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas desde la aprobación del Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento por los estados miembros de la ONU en Viena en 1982(1). Este plan recomendó a los Estados tomar las medidas necesarias en sectores tales como el empleo y la seguridad económica, la salud y la nutrición, la vivienda, la educación y el bienestar social. Además consideró a las personas de edad como un grupo de población diverso y activo con aptitudes diversas y necesidades especiales en algunos casos.

En 1991 la Organización de las Naciones Unidas decretó una serie de principios en favor de las personas de edad. Éstos fueron aprobados y establecían normas universales para las personas de edad en cinco ámbitos principales:

independencia

participación

atención

realización personal

dignidad

Un año después, en 1992, fue aprobada en una conferencia internacional la Proclamación sobre el envejecimiento. Esta conferencia estableció la orientación general para seguir aplicando el Plan de Acción y proclamó 1999 como el Año Internacional de las Personas de Edad. El lema y eje central de ese año fue la necesidad de crear ``una sociedad para todas las edades'', aquélla en donde las actitudes, políticas y prácticas en todos los niveles y sectores permitieran a las personas envejecer con seguridad y dignidad, para que continuaran participando en sus sociedades como ciudadanos de pleno derecho, contribuyendo al desarrollo y, al tiempo, se beneficiándose del mismo. La observancia de este año se llevó a cabo a través del estudio del tema en cuatro dimensiones:

La situación de las personas de edad

El desarrollo individual a lo largo de toda la vida

Las relaciones entre generaciones

La relación entre desarrollo y envejecimiento de la población

Como resultado de ello se adoptaron el Marco de políticas para una sociedad para todas las edades y el Programa de Investigación para el envejecimiento para el siglo XXI, documentos que sintetizaron las políticas para facilitar la transición hacia una sociedad para todas las edades.

Durante estos años la ONU identificó que en los países en desarrollo, el ritmo de envejecimiento es más rápido; pues se prevé que en los próximos 50 años la población de personas de edad se cuadruplique. Por ello y en opinión de la Organización esas naciones tienen que hacer frente a restricciones de recursos, al mismo tiempo que se confrontan los retos simultáneos de desarrollo y envejecimiento de la población. En las próximas décadas la revolución demográfica ejercerá su influencia sobre todos los ámbitos de la vida cotidiana y afectará, por ende, a hpmbres, mujeres y niñas y niños.

El 4 de diciembre de 2000, por recomendación del Consejo Económico y Social, la Asamblea General decidió convocar la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Madrid, España del 8 al 12 de abril de 2002. Esta reunión se celebró con motivo del 20° aniversario de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento que tuvo lugar en Viena en 1982.

La finalidad de esta Asamblea fue la de crear una nueva estructura para el envejecimiento y transformarla en políticas específicas. Asimismo, se examinaron los resultados de la primera Asamblea Mundial y se inicio el proceso de actualización del Plan de Acción Internacional de 1982 y la elaboración de un plan internacional a largo plazo sobre el envejecimiento. Su punto de partida se basó en que la tendencia global de vivir más años era un logro histórico que debía reflejarse tanto en el manejo de nuestras economías como en la organización de nuestras sociedades y en la vida de la gente.

A pesar de la existencia de estos compromisos y de las metas planteadas por los países pareciera que al tema del envejecimiento aún no se le da la importancia que requiere. Aún estamos lejos de responder a las medidas establecidas en el marco internacional como es la estricta aplicación de los contenidos de la Declaración de Derechos Humanos respecto a la plena inclusión de las personas mayores en la vida social y económica, así como del aprovechamiento de sus capacidades y experiencias y la defensa de sus derechos ante cualquier tipo de discriminación.

Cerca de dos terceras partes de la población mundial de personas adultas mayores viven en países en desarrollo y a diferencia de los Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), éstos países están envejeciendo antes de alcanzar la prosperidad. Las cumbres sobre desarrollo de la ONU que tratan temas que se encuentran directamente vinculados con el tema del envejecimiento como el desarrollo social, la pobreza, mujeres y población, revelan cierta indiferencia frente a las personas adultas mayores, quienes aparecen como un grupo especial que requiere apoyo asistencial.

Actualmente el envejecimiento a escala mundial impone mayores exigencias económicas y sociales a todos los países y no solamente una atención secundaria.

En la actualidad, una de cada diez personas en el mundo tiene 60 y más años y para el año 2050 se prevé que esta proporción se duplicará. Adicionalmente, la propia población mayor está envejeciendo: los mayores de 80 y más años constituyen el 11% de la población de 60 y más años. Otra característica de este envejecimiento es que la mayoría de las personas mayores son mujeres (55%), situación especialmente notoria entre quienes tienen 80 y más años (el 65% de las cuales son de sexo femenino). Según las proyecciones vigentes del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, las personas de 60 o más años son casi un 7.5% de la población total; es decir, uno de cada trece latinoamericanos es adulto mayor y se estima que en el año 2020 dicho grupo será un 12% de la población.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) en México existen 7.9 millones de individuos longevos. Los adultos mayores tiene un crecimiento medio anual de 3.30 por ciento a 3.56 por ciento, por lo que el índice de envejecimiento es de 61.89 por ciento a nivel nacional. El Conapo prevé que en nuestro país para el año 2005 habrá 8.1 millones de ancianos, en 2025 se incrementará a 18.4 millones y en 2050 serán 36.2 millones.

Por otra parte, el Conapo establece que 54.80 por ciento de los individuos de 60 años y más viven en zonas urbanas por sobre 45.20 por ciento que están en áreas rurales. Las entidades federativas que tienen una mayor proporción de adultos mayores son Zacatecas (8.70 por ciento), Distrito Federal (8.50 por ciento); Nayarit (8.50 por ciento), Tabasco (8.50 por ciento), y Oaxaca (8.40 por ciento). Por otra parte, el Estado de México(5.40 por ciento), Chiapas (5.40 por ciento), Baja California (5.20 por ciento) y Quintana Roo (3.70 por ciento) son los estados con menor cantidad de ancianos en el país. El mayor grupo de edad dentro de este sector es el que considera a los habitantes de 60 a 69 años, que representa el 55.50 por ciento de la proporción total. El restante 44.50 por ciento tiene 70 años y más. En lo laboral, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indica que 7.70 por ciento de los adultos mayores es económicamente activo, lo que representa 7.80 por ciento de la población económicamente activa total.

Adicionalmente, el INEGI señala que 41.50 por ciento de todas las personas mayores de 60 años en nuestro país vive con alguna discapacidad, sea motriz (55.10 por ciento), visual (30.50 por ciento), auditiva (21 por ciento), mental (3.70 por ciento), de lenguaje (1.40 por ciento) u otra (0.40 por ciento). El 16.28 por ciento de los ancianos mayores de 70 años requiere apoyo por sus necesidades especiales, independientemente de si son de sexo masculino (16.48 por ciento) o femenino (16.76 por ciento).

El índice de dependencia de las personas longevas en México es de 12.14 por ciento, de éstas 23.10 por ciento vive en un núcleo familiar.

Los adultos mayores enfrentan diversos problemas y conflictos interdependientes entre sí porque si bien en cierto que tienen causas distintas, actúan en conjunto para minar la calidad de vida de los ancianos. Estas problemáticas tienen como factores generales los siguientes. En materia de salud, la problemática general del adulto mayor obedece a factores genéticos, a los derivados del proceso de envejecimiento y a factores ocasionados por la acción del ambiente sobre las personas, así como a las dificultades para mantenerse sano y realizar diversas actividades. Las enfermedades no transmisibles provocan 59 por ciento de todas las muertes, y la probabilidad de sufrir alguna discapacidad crece drásticamente a edades avanzadas. En México, entre 1980 y el año 2000 las enfermedades transmisibles disminuyeron de 13 a cerca de 6 por ciento como causas de muerte de la población total de ambos sexos, al tiempo que las no transmisibles alcanzaron porcentajes cercanos o superiores a 90 por ciento.

Como podemos ver, los adultos mayores son un grupo vulnerable de la población que requiere la protección de las Instituciones del Estado y de la sociedad, porque enfrentan circunstancias como discapacidad, abandono, maltrato, violencia, indigencia, enfermedades degenerativas y crónicas, así como falta de recursos para vivir con dignidad.

Por lo anterior es que debemos responder a las necesidades de las personas adultas mayores y al mismo tiempo, reconsiderar el papel que, tanto las mujeres como los hombres de edad avanzada, desempeñan en nuestra sociedad. Las personas de edad avanzada ofrecen valiosos recursos y realizan una importante contribución a la estructura de nuestras sociedades.

Sabemos que las personas adultas mayores tienen necesidades especiales pero también habilidades especiales y una experiencia única. Las mujeres y los hombres mayores en todas partes contribuyen con recursos, destrezas y experiencia a sus familias, comunidades y naciones. Por ello la promoción de medios favorables para el desarrollo social de las y los adultos mayores es una de las metas centrales que debemos tener. Un medio que potencie sus capacidad y su desarrollo debe ser una realidad. El cambio en las estructuras de edad y el giro en las relaciones de dependencia requieren intervenciones de política social para responder y apoyar la mayor longevidad y sus beneficios más amplios para la sociedad.

La tercera edad tiene que ser lo más segura y productiva posible. Sin estas condiciones, las personas mayores no podrán beneficiarse de esos años adicionales tan plenamente como podrían, y sus derechos humanos estarían siendo vulnerados.

Una meta central de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague 1995, fue ``la promoción de un medio ambiente favorable para el desarrollo social''. Dicha meta rige igualmente para las personas mayores, que tienen derecho a vivir en un medio ambiente que potencie sus capacidades, cualesquiera que sean sus circunstancias personales.

El entorno en que viven las personas de edad se torna sumamente importante a medida que envejecen, pues los lugares que se consideran como adecuados pueden convertirse en una carrera de obstáculos para las personas de edad. A medida que las personas de edad envejecen, la discapacidad se torna más común y la movilidad más y más limitada, con lo cual se reduce la accesibilidad.

Existen dos conceptos que suelen utilizarse cuando se elaborar o ejecutan políticas para proporcionar un entorno seguro y propicio para los ancianos así como un acceso preferente a los servicios: el envejecimiento activo y sus espacios. El envejecimiento activo significa envejecer pero permanecer activos. Las personas que son miembros productivos de la sociedad son más saludables, viven más tiempo y tienen una mejor calidad de vida. Las políticas nacionales y locales pueden hacer mucho para dar oportunidades y ayudar a los individuos para que envejezcan manteniéndose activos. Al mismo tiempo que las personas adultas mayores son más activas y tienen una mejor calidad de vida, también son más independientes y pueden satisfacer sus propias necesidades. El envejecimiento en su propio espacio se refiere más específicamente a entornos adecuados, propicios y seguros para todas las personas.

Zonas adecuadas, entornos seguros y propicios y acceso y atención preferente a los servicios son necesidades básicas para que las personas adultas mayores tengan una mejor calidad de vida. Al envejecer rápidamente la población y, como consecuencia de ello, al reestructurarse la sociedad humana, el tema del los entornos seguros y servjcios preferentes se hace uno de los más importantes para las personas de la tercera edad. La mayoría de las personas mayores desea seguir participando como miembros activos de sus sociedades, trabajando y viviendo lado a lado con sus familias y comunidades. Desean ser involucradas en los programas de desarrollo, contribuir con su experiencia y conocimientos acumulados y aprender destrezas nuevas para mantenerse a sí mismas y apoyar a sus familias.

Los gobiernos cumplen un rol central en la promoción de dichos objetivos, fortaleciendo el desarrollo en todas las etapas de la vida e impulsando instituciones sociales basadas en los principios de reciprocidad e independencia. La vulnerabilidad por razones de edad y de género requiere atención especial y acciones focalizadas.

Los Principios de las Naciones Unidas para las Personas Mayores representan un marco global que debe guiar las prácticas sobre el envejecimiento. Los cinco temas clave(2) responden a las cinco preocupaciones medulares expresadas por las personas mayores, y pueden sentar las bases para políticas y programas que sean inclusivos, se basen en valores y representen modelos de desarrollo sostenibles.

El envejecimiento afecta las políticas de dos maneras. Primero, las buenas políticas pueden ser fácilmente socavadas si no toman en cuenta los radicales cambios demográficos que están teniendo lugar en la actualidad. La composición cambiante de las poblaciones genera nuevas oportunidades y retos. Una política adecuada reconoce el valioso recurso humano que representa el incremento del número de personas mayores, fortalece su rol de enriquecedoras de la calidad de nuestras sociedades y protege sus derechos a vivir decentemente hasta el final de sus vidas.

Segundo, existen poderosas razones económicas, sociales y éticas para propiciar un cambio radical en las políticas y opiniones sobre las personas mayores en sociedades que están envejeciendo. No nos podemos dar el lujo de ignorar la contribución al desarrollo económico y social que realizan cientos de millones de personas mayores. Más importante aún, como un asunto de equidad y ciudadanía, las necesidades de las personas mayores deben ser abordadas dentro del contexto de los derechos humanos. Es necesario poner fin a la desatención de los derechos más fundamentales de las personas mayores.

Por ello y debido a las condiciones, circunstancias, tendencias y problemas que enfrentan los adultos mayores, la política social debe fortalecerse, en particular las políticas de asistencia social, con la finalidad de asistir, proteger y acompañar a los adultos mayores que viven en condiciones de riesgo, fragilidad y falta de protección.

Las políticas públicas relativas a la tercera edad deben desarrollarse en consonancia con los estándares y normas de derechos humanos, y deben responder a los compromisos internacionales suscritos para promover el desarrollo social. Políticas de apoyo a las personas mayores que responden a dichos principios han sido recientemente desarrolladas y aprobadas a nivel nacional por diversos gobiernos de países en desarrollo y organizaciones internacionales.

Unos entornos físicos que tengan en cuenta a las personas ancianas pueden establecer la diferencia entre independencia y dependencia para todas las personas, pero son de especial importancia para las que están envejeciendo. Por ejemplo, los ancianos que viven en un entorno inseguro o en zonas con múltiples barreras físicas son menos proclives a salir y, por tanto, son más propensas al aislamiento, a la depresión, y también a tener un peor estado físico y más problemas de movilidad.

En las zonas tanto rurales y como urbanas son necesarios unos servicios de transporte accesibles y asequibles para que las personas de todas las edades puedan participar plenamente en la vida familiar y comunitaria. Esto es de especial importancia en el caso de los ancianos que tienen problemas de movilidad. El entorno físico entraña riesgos que pueden provocar lesiones debilitantes y dolorosas en las personas mayores. Las lesiones como consecuencia de caídas, incendios y accidentes de tráfico, son las más frecuentes.

La situación que viven las personas de edad avanzada en nuestro país requiere, sin duda, reforzar el compromiso existente, es necesaria una política pública que vele por la salud y seguridad social de los adultos en plenitud, mejore la atención en las instituciones sanitarias, aumente la dotación de medicamentos, ponga énfasis en la medicina preventiva y desarrolle programas culturales.

El aumento de la población de adultos mayores es un hecho indiscutible y por ello, se ha convertido en una preocupación pública. La sociedad debe garantizar a todos sus miembros un conjunto de derechos fundamentales derivados de la dignidad de la persona humana. La familia es el núcleo básico de la formación de las personas y de la solidaridad social y ella debe ser apoyada con acciones concretas por parte del Estado.

El incremento de la expectativa de vida, gracias a los adelantos médicos, científicos y tecnológicos representa, para México, el desafío de generar nuevas formas de relación, que contemplen una sociedad en la cual el respeto, la solidaridad, la justicia y la equidad sean prioridad.

Es necesaria una sociedad que promueva que los adultos mayores sigan manteniendo su autonomía e independencia y que les permita estar vigentes y dar un pleno sentido a su vida. Debemos responder a las necesidades de las personas adultas mayores y al mismo tiempo, reconsiderar el papel que, tanto las mujeres como los hombres de edad avanzada, desempeñan en nuestra sociedad y así poder brindarles una mejor calidad de vida a través de la creación de zonas adecuadas, entornos seguros y propicios y el acceso y atención preferente a los servicios.

Por todo ello el Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente

Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 5 del Capítulo II denominado ``De los Derechos'', de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Articulo Único.- Se adiciona una fracción IX al artículo 5, del Capítulo II denominado ``De los Derechos'', de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Capítulo II De los Derechos

Artículo 5º. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

IX. Del acceso a los servicios:a. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público.

b. Los servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado.

c. A contar con asientos reservados en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de autotransporte de pasajeros.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 2 días del mes diciembre de 2004.

Notas

(1) La ONU ha estudiado la cuestión de las personas adultas mayores desde 1948, cuando la Asamblea General aprobó la resolución 213 (III), relativa al proyecto de declaración de los derechos de la vejez. Sin embargo, el tema fue abordado de forma indirecta por la Asamblea y por los organismos interesados en las cuestiones sociales. En 1977 se retomó el problema de forma directa al hacer énfasis en que era necesario organizar una asamblea mundial sobre las personas de edad y en 1978 se acordó que dicha conferencia tuviera lugar en 1982.

(2) El derecho a independencia, dignidad, atención, autorrealización y participación.

Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Kahwagi.

Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

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ADOLFO LOPEZ MATEOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de decreto para inscribir en letras oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo en San Lázaro, el nombre del estadista mexicano Adolfo López Mateos.

El diputado Pedro Avila Nevárez: Con su permiso, compañera Presidenta. Compañeros diputados. Compañeras diputadas.

Venimos a presentar esta iniciativa para honrar el nombre del estadista y patriota, por su obra al servicio de la nación, por sus acciones que dieron honor a nuestro país en el mundo entero, al reconocer esta obra que hizo de la energía eléctrica las venas que permitieron ensanchar la planta industrial del país y que dio al más pobre la oportunidad de tener luz en sus hogares, seguro es que el pueblo de México hará un reconocimiento a aquel hombre, que tuvo en sus manos el destino de la patria y que más allá de sus errores como ser humano, sobrevive la grandeza de la tarea cumplida para las generaciones de mexicanos, que siguieron después de su mandato, que heredaron un país con la fortaleza de sus instituciones y su soberanía, en el uso de los energéticos que siguen siendo pilar del desarrollo.

Nació en Atizapán de Zaragoza, estado de México en 1910 y murió en la Ciudad de México en 1969. Se inició en la política estudiantil como alumno de la escuela nocturna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, lugar donde conoció al licenciado José Vasconcelos e imbuido por el espíritu universitario, formó parte del grupo de estudiantes que lucharon por la autonomía universitaria. Ese grupo de estudiantes y maestros, comprometidos con la lucha social, que pusieron en riesgo su propia vida.

El siempre se declaró un izquierdista con la Constitución en la mano, desde donde llevó sus ideales revolucionarios en su lucha por un México mejor.

Fue director del famoso Instituto Científico y Literario de Toluca, donde se comprometió con la educación popular y gratuita y con el espíritu de aquellos grandes hombres liberales que construyeron a la patria y a su historia.

Senador de la República de 1946 a 1952, donde emprendió su carrera como hombre de Estado que lo llevaría primero a comprometerse con la lucha de los obreros y el sindicalismo nacionalista al ser secretario del Trabajo de 1952 a 1958 y llevar ya como anhelo el justo reclamo del reparto de utilidades, que más adelante lo hizo ley al ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Llegó a la Presidencia de la República para el periodo 1958-1964, desde el primer momento, aquel hombre que había sido empapado por la educación socialista y la lucha de Lázaro Cárdenas por la soberanía del país, puso al servicio de la nación toda su capacidad e inteligencia. Bajo su administración, México alcanza un crecimiento industrial nunca visto, logrando diversificarlo en varias ramas, entre ellas destaca la industria automotriz, que tuvo una época de resplandor que nunca hemos vuelto a tener. El crecimiento económico ha sido uno de los más altos de nuestra historia, cuidando siempre el beneficio de la clase obrera al establecer el reparto de utilidades que mejoró el ingreso económico de los obreros, gran enseñanza para los actuales gobernantes conservadores.

López Mateos, comprometido con los ideales de la Revolución Mexicana, con el pueblo y principalmente con los campesinos, distribuyó la tierra más que ningún otro Presidente. La repartición de la tierra había sido casi olvidada desde el tiempo del patriota presidente Lázaro Cárdenas como una meta de la Revolución Mexicana, pero López Mateos dio todo su esfuerzo a favor del ejido y a la defensa de éste.

Una de sus grandes decisiones es la nacionalización de las compañías eléctricas propiedad de americanos y canadienses, decisión que demuestra su gran nacionalismo y al hombre que, despojado de egoísmo oportunista entregó a la patria sus riquezas. La nacionalización de la industria eléctrica, ahora amenazada por los conservadores y neoliberales, permitió al país impulsar el desarrollo de la industria mexicana al subsidiar el consumo, tanto para los industriales como para los pobres. Desgraciadamente el gobierno de Fox quitó ese subsidio a la gente pobre. Poco o nada han hecho también los industriales en beneficio de los más pobres de México.

Su vida ahora resalta ante un Ejecutivo que pretende acabar con la seguridad social y privatizar las instituciones al servicio del pueblo. El expandió el aparato de seguridad social. Entendiendo que la gran mayoría del pueblo mexicano no tenía acceso a la seguridad social, al deporte y a la cultura, amplió los servicios al fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social, construyendo grandes centros de salud, hospitales y centros de cultura, pero fue más allá al pensar en los trabajadores al servicio del Estado, creando el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, que ahora se pretende privatizar. Esta política comprometida con el más necesitado es ahora una luz en las tinieblas de conservadurismo.

Como mexicano comprometido con los más necesitados, atacó vigorosamente los altos niveles de analfabetismo en México. Adolfo López Mateos crea la Comisión Nacional de Texto Gratuitos en febrero de 1959, bajo la dirección del gran narrador de la Revolución, Martín Luis Guzmán. Este programa logra la distribución de millones de textos requeridos en las escuelas primarias de México.

Dio a los hijos de millones de mexicanos una de las grandes promesas de la revolución: educación para todos. La plataforma educativa en su administración se basó en el énfasis de las escuelas rurales, a los 5 años de su mandato la educación se convirtió en el mayor factor del presupuesto de México; cuán ejemplar es ahora este hecho.

Lanza el plan junto con Torres Bodet, el Plan de 11 Años para elevar el nivel de educación en el país y reestableció la práctica de los desayunos gratuitos junto con su señora Eva Sámano de López Mateos, para los niños pobres de las escuelas primarias, programa que hasta la fecha garantiza el acceso a alimentos de la población infantil más necesitada.

Su entusiasmo por una cultura se hizo evidente en el hecho de organizar una serie de museos en los que se honraba la historia de México. Por ejemplo, el Museo de Historia Natural y el de Antropología, encabezado por la figura de Tláloc, dios de la lluvia, el cual tiene escrito en la pared: ``Para mirar con orgullo dentro del espejo de tu pasado''.

En el área de la política exterior, manejó con dignidad las relaciones con Estados Unidos de América al votar en contra de la expulsión de Cuba, de la Organización de Estados Americanos y convertirse en el único país en el hemisferio occidental que mantuvo su relación con Cuba, hecho que la historia lo coloca al lado de los grandes líderes del país que dieron su vida por mantener la soberanía de la nación frente a los ejércitos invasores.

Rescata el Chamizal, 600 acres que más que el tamaño, significó un gran triunfo de actitud, de actitud nacionalista.

El Presidente López Mateos es historia en la diplomacia al recuperar una parte de nuestro territorio perdido, que ahora se vuelve una lección para los actuales responsables del Gobierno Federal, ante los tristes acontecimientos en la frontera norte donde mueren mexicanos en las arenas calientes de Arizona.

En cuanto a la soberanía del país y su defensa, su personalidad hizo que con la fortaleza de su patriotismo declarara el dominio nacional sobre la plataforma continental, lo que fortaleció su liderazgo en América Latina, agregando por su vocación bolivariana, apoyó la creación del mercado común latinoamericano, impulsó la firma del Pacto de Desnuclearización del Continente.

Este hombre sostuvo siempre la soberanía de la patria, la defensa del pueblo y la emancipación de las grandes libertades que la sociedad demanda; fue quien trajo los Juegos Olímpicos a México, fue quien defendió más a los pobres y a la patria.

Por lo anterior propongo a esta honorable soberanía, el siguiente

Proyecto de Decreto

Unico. Inscríbase en letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de esta honorable Cámara de Diputados, el nombre del estadista mexicano, del gran mexiquense don Adolfo López Mateos.

Artículo Transitorio

Primero. Facúltese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva al estadista mexicano don Adolfo López Mateos...

Quienes chiflan, ya sabemos quiénes son, los reaccionarios, los que con la obra de López Mateos padecieron y allá en Monterrey, allá en Monterrey apedrearon a los que distribuían los libros de texto gratuitos.

¡Qué viva Adolfo López Mateos!

¡Qué viva México!

¡Que mueran los reaccionarios!

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro de la H. Cámara de Diputados el nombre del estadista mexicano Adolfo López Mateos, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Pedro Ávila Nevárez, presenta a esta H. soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro de la H. Cámara de Diputados el nombre del estadista Adolfo López Mateos.

Exposición de Motivos

Vengo a presentar esta iniciativa para honrar al hombre, estadista y patriota, por su obra al servicio de la Nación, por sus acciones que dieron honor a nuestro país en el mundo entero. Al reconocer esta obra, que hizo de la energía eléctrica las venas que permitieron ensanchar la planta industrial del país y que dio al más pobre la oportunidad de tener la luz en sus hogares, seguro es que el pueblo de México dará el reconocimiento a aquel hombre que tuvo en sus manos el destino de la Patria y que, más allá de sus errores como ser humano, sobrevive la grandeza de la tarea cumplida para las generaciones de mexicanos que siguieron después de su mandato, que heredaron un país con la fortaleza de sus Instituciones y su Soberanía en el uso de los energéticos, que siguen siendo pilar del desarrollo.

Nació en Atizapán de Zaragoza, estado de México en 1910 y murió en la Ciudad de México, en 1969. Se inició en la política estudiantil como alumno de la escuela nocturna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, lugar donde conoció al Licenciado José Vasconcelos, e imbuido por el espíritu universitario, formó parte del grupo de estudiantes que lucharon por la autonomía universitaria, ese grupo de estudiantes y maestros comprometidos con la lucha social que pusieron en riesgo su propia vida.

El siempre se declaró un ``izquierdista con la Constitución en la mano'', desde donde llevó sus ideales revolucionarios en su lucha por un México mejor.

Fue director del famoso Instituto Científico y Literario de Toluca, donde se comprometió con la educación popular y gratuita, y con el espíritu de aquellos grandes hombres liberales que construyeron a la Patria y a su historia. Senador de la República de 1946 a 1958, donde emprendió su carrera como hombre de política, que lo llevaría, primero, a comprometerse con la lucha de los obreros y el sindicalismo nacionalista al ser Secretario de Trabajo de 1952 a 1958, y llevar, ya como anhelo, el justo reclamo del reparto de utilidades, que más adelante lo hizo ley, al ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Llegó a la Presidencia República para el periodo 1958 a 1964. Desde el primer momento aquel hombre, que había sido empapado por la educación socialista y la lucha de Lázaro Cárdenas por la soberanía del país, puso al servicio de la nación toda su capacidad e inteligencia.

Bajo su administración, México alcanza un crecimiento industrial nunca visto, logrando diversificarlo en varias ramas, entre ellas destaca la industria automotriz, que tuvo una época de resplandor que nunca hemos vuelto a tener, el crecimiento económico ha sido de los más altos de nuestra historia, cuidando siempre el benéfico de la clase obrera, al establecer el reparto de utilidades que mejoró el ingreso de los obreros. Gran enseñanza para los actuales gobernantes conservadores.

López Mateos, comprometido con los ideales de la Revolución Mexicana, con el pueblo y principalmente con los campesinos, distribuyó la tierra más que ningún otro Presidente después de Lázaro Cárdenas. La repartición de la Tierra había sido casi olvidada como una meta de la Revolución Mexicana, pero López Mateos dio todo su esfuerzo a favor del ejido y a la defensa de éste.

Una de sus grandes decisiones es la nacionalización de las compañías eléctricas, propiedad de americanos y canadienses, decisión que demuestra su gran nacionalismo y al hombre que, despojado de egoísmo oportunista, entrego a la Patria sus riquezas. La nacionalización de la Industria Eléctrica, ahora amenazada por los conservadores y neoliberales, permitió al país impulsar el desarrollo de la industria mexicana al subsidiar el consumo, desgraciadamente muchos de los empresarios poco o nada han hecho en beneficio de los más pobres.

Su vida ahora resalta ante un Ejecutivo que pretende acabar con la seguridad social y privatizar las Instituciones al servicio del pueblo. Expandió el aparato de seguridad social, entendiendo que la gran mayoría del pueblo mexicano no tenía acceso a la seguridad social, al deporte y a la cultura, amplio los servicios al fortalecer al Instituto Mexicano de Seguridad Social, construyendo grandes centros de salud, hospitales y centro de cultura. Pero fue más allá, al pensar en los trabajadores al servicio del Estado, creando el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que ahora se pretende privatizar. Esta política comprometida con el más necesitado, es ahora una luz en las tinieblas del conservadurismo.

Como mexicano comprometido con los más necesitados, atacó vigorosamente los altos niveles de analfabetismo en México. Adolfo López Mateos crea la Comisión Nacional de Textos Gratuitos en febrero de 1959, bajo la dirección del gran narrador de la Revolución, Martín Luis Guzmán. Este programa logra la distribución de millones de textos requeridos en las escuelas primarias en México. Dio a los hijos de millones de mexicanos una de las grandes promesas de la Revolución: educación para todos.

La plataforma educativa en su administración se basó en el énfasis en las escuelas rurales. A los cinco años de su mandato, la educación se convirtió en el mayor factor de presupuesto de México. Cuán ejemplar es ahora este hecho. Lanzó el Plan de Once Años para elevar el nivel de educación en el país, y restableció la práctica de los desayunos gratuitos para los estudiantes de escuelas primarias, programa que hasta la fecha garantiza el acceso a alimentos de la población infantil más necesitada.

Su entusiasmo por la cultura se hizo evidente en el hecho de organizar una serie de museos en los que se honraba la historia de México. Por ejemplo, el museo de Historia Natural y el de Antropología, encabezado por la figura de Tláloc, Dios de la lluvia, el cual tiene inscrito en la pared: ``para mirar con orgullo dentro del espejo de tu pasado''.

En el área de la política exterior, manejó con dignidad las relaciones con los Estados Unidos de América, al votar en contra de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, y convertirse en el único país en el hemisferio occidental que mantuvo su relación con Cuba. Hecho que la historia lo coloca a lado de los grandes lideres del país que dieron su vida por mantener la soberanía de la Nación frente a los ejércitos invasores.

Este gran hombre arrancó al gigante del norte un pedazo de territorio nacional que se había llevado, 600 acres que, más que el tamaño, significo un gran triunfo de una actitud nacionalista, que a lo lejos vemos como un acto de grandeza. El Presidente López Mateos hizo historia en la diplomacia al recuperar una parte de nuestro territorio perdido, que ahora se vuelve una lección para los actuales responsables del Gobierno Federal, ante los tristes acontecimientos en la frontera norte, donde mueren mexicanos en las arenas calientes del desierto de Arizona.

En cuanto a la defensa de la soberanía del país, su personalidad hizo que, con fortaleza de su patriotismo, declarara el dominio nacional sobre la plataforma continental, lo que fortaleció su liderazgo en América Latina; agregando que, por su vocación Bolivariana, apoyó la creación del Mercado Común Latinoamericano, e impulsó la firma del Pacto de Desnuclearización del Continente.

Al final de su periodo presidencial, como un demócrata comprometido, apoya una reforma a la Constitución, que asegura la representación de las minorías políticas en la Cámara de Diputados, estableciendo los diputados de partido y crea la credencial permanente de elector, demostrando su compromiso liberal y democrático. Si existe algo por el que se deba recordar al Presidente López Mateos es el valor que significo para él los compromisos adquiridos.

Este hombre sostuvo siempre la soberanía de la Patria, la defensa del pueblo y la emancipación de las grandes libertades que la sociedad demandaba.

Por lo anterior, propongo a esta H. soberanía el siguiente

Decreto

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de la H. Cámara de Diputados el nombre del estadista mexicano don Adolfo López Mateos.

Transitorio

Único. Facúltese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva al estadista mexicano don Adolfo López Mateos.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de diciembre de 2004.--- Diputados: Pedro Avila Nevárez, Francisco Monárrez Rincón, Jaime Fernández Saracho, Quintín Vázquez García, María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, José Luis Briones Briceño, Fernando Ulises Adame de León, Juan Antonio Gordillo Reyes, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Adrián Villagómez García, María Elena Orantes López, Guillermo del Valle Reyes, Enrique Ariel Escalante Arceo, Margarita Martínez López, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, José Eduviges Nava Altamirano, Pablo Bedolla López, Raúl Pompa Victoria, Víctor Ernesto González Huerta, Angel Paulino Canul Pacab, José Lamberto Díaz Nieblas, Francisco Herrera León (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias don Pedro Avila.

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se encuentran en el salón de sesiones, acompañándonos, invitados especiales de la diputada Adriana González Furlong, que vienen de Tlanepantla.

También están aquí, con nosotros, invitados por la diputada Guadalupe Suárez, estudiantes del Instituto Cumbres. Bienvenidos sean ustedes.

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LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: La participación ciudadana es indispensable para la construcción de un país incluyente, moderno y democrático. Nos corresponde a nosotros como servidores públicos, circunscribir su participación por un bien común.

En México ha ocurrido en innumerables ocasiones que la ciudadanía, a través de asociaciones civiles religiosas o incluso políticas, rebasen cualquier expectativa de solidaridad, atendiendo sus necesidades y las de sus vecinos, conectándose con las más afectadas ante un desastre natural o ante los abusos perpetrados por terceros.

La sombría apatía de algunos gobiernos al no resolver problemas cotidianos que afecten la calidad de vida de su electorado, permiten que las dificultades que alguna vez fueron banales, cobren fuerza y complejidad en el tiempo. La pobreza, el desempleo, la marginación o el deseo ancestral de vivir mejor, son demandas que la colectividad no puede saber cómo satisfacer y requieren de orientación.

Detrás de los grandes conflictos como el agrario que tanto afectan al campo mexicano, pueden existir elementos que encontraron fortaleza en la apatía de sus gobiernos y han derivado en cacicazgos, narcotráfico, grupos paramilitares, movimientos armados o luchas de poder entre comunidades. Estos elementos hacen sumamente complejo encontrar una solución ciudadana consensuada.

En algunas organizaciones, antes que los grandes conflictos se apoderen del escenario, las asociaciones de residentes han encontrado un medio óptimo de comunicación y cooperación económica, que les permita resolver problemas cotidianos que aquejan a su comunidad.

Problemas de seguridad, recolección de basura, alumbrado, bacheo, señalización y estética urbana, son aparentemente insuficientes, pero su abono deriva en la anarquía. Estas asociaciones al atender y resolver problemas que afectan a su población logran una plusvalía de su patrimonio, así como una sensible mejora en su calidad de vida y la de sus vecinos, mejorando con ello la integración de su identidad social.

La participación ciudadana ha tomado un nuevo cauce ya en 17 estados de la Republica, dado que se ha implementado un programa llamado ``Iniciativa Ciudadana Tres por Uno''. Este programa impulsa las iniciativas ciudadanas que en coordinación con los tres órdenes de gobierno, efectúan proyectos que mejoren las condiciones socioeconómicas de la población sobre todo en comunidades con alto índice de migración y en condiciones de pobreza extrema.

Con estas acciones se logró aumentar la corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno con los migrantes mexicanos interesados en la superación de la pobreza. Desafortunadamente otros más de 100 millones de mexicanos que no han emigrado al norte, siguen adoleciendo día, a día las carencias que aquejan a sus comunidades, sin un programa integral de desarrollo que los incluya.

Debemos comprender que la demanda ciudadana se resume en el primitivo deseo de vivir mejor. Como parte de las aspiraciones genéricas de todo individuo, figura el vivir en un lugar más limpio, con mejores servicios, con árboles y jardineras, con parques, plazas y fuentes, con zonas donde los vecinos puedan conocerse e intercambiar ideas, con espacios donde sus hijos puedan jugar y crecer sanamente.

Ciertamente, es fácil argumentar que dentro de las necesidades que un gobierno municipal debe satisfacer a través de obra pública, figuran asuntos más urgentes que el embellecimiento estético de la mancha urbana.

Sin embargo, eso no significa que el contenido estético de la planeación urbanista carezca de importancia, sino que los recursos son tan limitados, que no permiten atender todas las necesidades que demanda la sociedad. Irónicamente el presupuesto permite sufragar otros gastos tal vez menos importantes o innecesariamente efímeros, tal es el caso de los altos costos publicitarios de las contiendas político-partidistas en tiempos de campaña.

La estrategia proselitista de atraer el voto ciudadano a través de inundar las calles con carteles persuasivos, pone de manifiesto el hecho de que los recursos económicos destinados a la democratización de México pueden llegar a cualquier rincón del país, sin embargo los recursos destinados a esa forma de democratización ensucian el paisaje, no informan a la ciudadanía y luego de la contienda electoral se convierten en toneladas de basura infructuosa, sin que el ciudadano haya recibido nada útil a cambio del gasto de ese recurso.

Si los aspirantes a ocupar puestos de elección popular, en lugar de saturar a la ciudadanía con agotadoras jornadas mediáticas se hicieran difusión a través del reconocimiento público por la ejecución de proyectos de mejoramiento estético-urbano de los barrios o colonias que pretenden gobernar, el contexto democrático de nuestro país sería mucho más evolucionado, veraz y representativo de quienes son en realidad los aspirantes a gobernar.

En este sentido, manifiesto que la importancia del embellecimiento urbano radica en el hecho de que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes, aumenta la actividad turística, artística y cultural; genera empleos temporales y fijos; da plusvalía al patrimonio de los ciudadanos, contribuye a una mejor integración ciudadana, con lo que se le aumenta la vigilancia vecinal y por lo tanto, la seguridad; incentiva las actividades deportivas y la derrama económica que todo esto signifique.

La inserción de la sociedad civil, la iniciativa privada y los partidos políticos en el patrocinio de proyectos de pequeña y mediana envergadura que tengan por objeto el mejoramiento estético y funcional del urbanismo, podría resolver problemas locales de manera inmediata sin tener que depender de un presupuesto federal determinado, que siempre parece ser insuficiente.

La falta de recursos económicos puede ser sustituida por la voluntad de hacer las cosas; la sociedad, los sectores productivos y la clase política podrían otorgar la independencia económica que nos falta, para que pequeños proyectos con gran porvenir se puedan realizar y mejorar sensiblemente la plusvalía de una localidad.

La creación o reforestación de parques, el embellecimiento de fuentes, esculturas, relojes solares o monumentos conmemorativos; la instauración de jardineras en banquetas y camellones, la reparación y construcción de banquetas, glorietas, cruces peatonales, el rescate de monumentos históricos, el uniformar, asfaltar, delimitar o eliminar terminales de autobuses, la creación de carriles exclusivos para transporte público, la iluminación de edificios, monumentos y fuentes, son tan sólo algunos de los ejemplos de proyectos que se podrían emprender con la participación ciudadana, la iniciativa privada, partidos políticos, asociaciones civiles y/o recursos de los tres niveles de gobierno.

Por todo esto, en el grupo parlamentario de mi partido, creemos oportuno hacer las reformas necesarias para que la ciudadanía, los poderes públicos y la iniciativa privada, puedan patrocinar ordenadamente, so reconocimiento público, proyectos de obra pública que tengan por objeto el embellecimiento estético y la funcionalidad de la mancha urbana. Es cuanto, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a la Comisión de Participación Ciudadana, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

La participación ciudadana es indispensable para la construcción de un país incluyente, moderno y democrático; nos corresponde a nosotros, como servidores públicos, circunscribir su participación por un bien común.

En México ha ocurrido, en innumerables ocasiones, que la ciudadanía, a través de asociaciones civiles, religiosas o incluso políticas, rebasen cualquier expectativa de solidaridad, atendiendo sus necesidades y la de sus vecinos, conectándose con los más afectados ante un desastre natural o ante los abusos perpetrados por terceros.

Ya desde 1985, la sociedad civil esbozó su capacidad de respuesta solidaria cuando un sismo sacudió la capital. La capacidad de respuesta institucional se vio desbordada ante tanta desventura y fue la ciudadanía quien dejó manifiesto su capacidad y vocación de servicio para vencer la adversidad y procurar el bien común.

La sombría apatía de algunos gobiernos al no resolver problemas cotidianos que afectan la calidad de vida de su electorado permite que las dificultades, que alguna vez fueron banales, cobren fuerza y complejidad en el tiempo.

La pobreza, el desempleo, la marginación o el deseo ancestral de vivir mejor, son demandas que la colectividad no puede saber, en todo momento, como satisfacer y requieren de orientación.

Detrás de los grandes conflictos, como el agrario, que tanto afecta el campo mexicano, pueden existir elementos que encontraron fortaleza en la apatía de sus gobiernos y han derivado en cacicazgos, narcotráfico, grupos paramilitares, movimientos armados o luchas de poder entre comunidades. Estos elementos hacen sumamente complejo encontrar una solución ciudadana consensuada, hecho que puede con facilidad solventar un escenario de participación con violencia, donde lejos de solucionar conflictos los agraven.

En algunas urbanizaciones, antes de que los grandes conflictos se apoderen del escenario, las asociaciones de residentes han encontrado un medio optimo de comunicación y cooperación económica que les permite resolver problemas cotidianos que aquejan a su comunidad.1 Problemas de seguridad, recolección de basura, alumbrado, bacheo, señalización y estética urbana, son aparentemente insignificantes pero su abandono deriva en anarquía.

Estas asociaciones, al atender y resolver problemas que afectan a su población, logran una plusvalía de su patrimonio, así como una sensible mejora en su calidad de vida y la de sus vecinos, mejorando con ello la integración de su identidad social.

La participación ciudadana ha tomado un nuevo cause en 17 estados de la República,2 dado que se ha implantado el programa Iniciativa Ciudadana 3x1.3 Este programa impulsa las iniciativas ciudadanas que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, efectúan proyectos que mejoren las condiciones socioeconómicas de la población, sobre todo en comunidades con alto índice de migración y en condiciones de pobreza extrema.

Con estas acciones, se logró aumentar la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno con los migrantes mexicanos interesados en la superación de la pobreza en sus comunidades de origen. Infortunadamente, otros más de 100 millones de mexicanos que no han emigrado al norte siguen adoleciendo, día a día, las carencias que aquejan a sus comunidades sin un programa integral de desarrollo que los incluya.

Debemos comprender que la demanda ciudadana se resume en el primitivo deseo que tenemos de vivir mejor, mejor en todo. Como parte de las aspiraciones genéricas de todo individuo figura el vivir en un lugar más limpio y dotado de hermosura, con mejores servicios, con árboles y jardineras, con parques, plazas y fuentes, con zonas donde los vecinos puedan conocerse e intercambiar ideas, con espacios donde sus hijos puedan jugar y crecer sanamente.

Ciertamente, es fácil argumentar que dentro de las necesidades que un gobierno municipal debe satisfacer a través de obra pública, figuran asuntos más urgentes que el embellecimiento estético de la mancha urbana; sin embargo, eso no significa que el contenido estético y la planeación urbanística carezcan de importancia,4 sino que los recursos son tan limitados que no permite atender todas las necesidades que demanda la sociedad.

Irónicamente, el presupuesto permite sufragar otros gastos tal vez menos importantes o innecesariamente efímeros; tal es el caso de los altos costos publicitarios de las contiendas político-partidistas en tiempos de campaña.

La estrategia proselitista de atraer el voto ciudadano a través de inundar las calles con carteles persuasivos, pone de manifiesto el hecho de que los recursos económicos destinados a la democratización de México, pueden llegar a cualquier rincón del país, sin embargo, los recursos destinados a esa forma de ``democratización'' ensucian el paisaje, no informan a la ciudadanía y luego de la contienda electoral se convierten en toneladas de basura infructuosa, sin que el ciudadano haya recibido nada útil a cambio del gasto de ese recurso.

Si los aspirantes a ocupar puestos de elección popular, en lugar de saturar a la ciudadanía con agotadoras jornadas mediáticas, se hicieran difusión a través del reconocimiento público por la ejecución de proyectos de mejoramiento estético urbano de los barrios o colonias que pretende gobernar; el contexto democrático de nuestro país sería mucho más evolucionado, veraz y representativo de quiénes son en realidad los aspirantes a gobernar.

Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la importancia del embellecimiento urbano radica en el hecho de que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes, aumenta la actividad turística,5 artística y cultural,6 genera empleos temporales7 y fijos,8 da plusvalía al patrimonio de los ciudadanos, contribuye a una mejor integración ciudadana,9 con lo que se aumenta la vigilancia vecinal y por tanto la seguridad, incentiva las actividades deportivas10 y la derrama económica que todo esto signifique.

La inserción de la sociedad civil, la iniciativa privada y los partidos políticos en el patrocinio de proyectos de pequeña y mediana envergadura que tengan por objeto el mejoramiento estético y funcional del urbanismo de los asentamientos humanos; podría resolver problemas locales de manera inmediata sin tener que depender de un presupuesto federal determinado que siempre parece ser insuficiente.

La falta de recursos económicos puede ser sustituida por la voluntad de hacer las cosas. La sociedad, los sectores productivos y la clase política, podrían otorgar la independencia económica que nos falta para que pequeños proyectos con gran porvenir se puedan realizar y mejorar sensiblemente la plusvalía de una localidad.

La creación o reforestación de parques, el embellecimiento con fuentes, esculturas, relojes solares o monumentos conmemorativos, la instauración de jardineras en banquetas y camellones, la reparación y construcción de banquetas, glorietas, cruces peatonales, el rescate de monumentos históricos, el uniformar, asfaltar, delimitar e iluminar terminales de autobús, la creación de carriles exclusivos para transporte público, la iluminación de edificios, monumentos y fuentes; son tan solo algunos ejemplos de proyectos que se podrían emprender con la participación ciudadana, la iniciativa privada, partidos políticos, asociaciones civiles y/o recursos de los tres niveles de gobierno.11

Por todo esto, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México creemos oportuno hacer las reformas necesarias para que la ciudadanía, los poderes públicos y la iniciativa privada puedan patrocinar ordenadamente, so reconocimiento público, proyectos de obra pública que tengan por objeto el embellecimiento estético y la funcionalidad de la mancha urbana, por lo que sometemos a su consideración la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se adiciona una fracción I, recorriendo las existentes un dígito, para quedar en XVI fracciones, al artículo 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos; se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción III, recorriendo las existentes un dígito, para quedar en XII fracciones, al artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y se reforma el inciso o) del artículo 38 y se adiciona un tercer párrafo al numeral 3 del artículo 182-A, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Primero. Por el que se adiciona una fracción I recorriendo las existentes un digito para quedar en XVI fracciones al artículo 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 9

Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

I. Formular, administrar y presentar a la ciudadanía, proyectos de obra publica que tengan por objeto el mejoramiento estético y funcional de los asentamientos humanos y en los que, de manera tripartita, bipartita o individual puedan participar; el gobierno, la sociedad o la iniciativa privada; donde toda participación privada será sujeta de reconocimiento público en los términos estipulados en cada proyecto.

Durante los tiempos de campaña electoral y fuera de ellos, se podrán ofrecer proyectos de embellecimiento urbano a todos los partidos políticos sin distinción, quienes, a cambio de su reconocimiento público, tengan a bien patrocinar.

...

Artículo Segundo. Por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción III recorriendo las existentes un digito para quedar en XII fracciones al artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 117

Las delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, licitación de proyectos de obra pública para su patrocinio por terceros, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes.

El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las asignaciones presupuestales.

Los jefes delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones:

I. Dirigir las actividades de la administración pública de la delegación;

II. Prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás disposiciones aplicables, dentro del marco de las asignaciones presupuestales;

III. Formular, administrar y presentar a la ciudadanía, proyectos de obra publica que tengan por objeto el mejoramiento estético y funcional de los asentamientos humanos y en los que, de manera tripartita, bipartita o individual puedan participar; el gobierno, la sociedad o la iniciativa privada; donde toda participación privada será sujeta de reconocimiento público en los términos estipulados en cada proyecto.

Durante los tiempos de campaña electoral y fuera de ellos, se podrán ofrecer proyectos de embellecimiento urbano a todos los partidos políticos sin distinción, quienes, a cambio de su reconocimiento público, tengan a bien patrocinar.

...

Artículo Tercero. Se reforma el inciso o) del artículo 38 y se adiciona un tercer párrafo al numeral 3 del artículo 182-A ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

...

o) Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de campaña, para el patrocinio de proyectos de obra pública de mejoramiento estético y funcional en los asentamientos humanos, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 36 de este código;

...

Artículo 182-A

...

3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos por los siguientes conceptos:

Para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

Para el patrocinio de proyectos de obra pública municipal que tengan por objeto el mejoramiento estético y funcional de los asentamientos humanos y cuya recompensa sea el reconocimiento público proselitista.

...

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Tal es el caso de municipios como Atizapán de Zaragoza, donde la corrupción y la falta de voluntad tienen en total abandono las colonias que no se han podido organizar para atender las obligaciones que corresponden a su gobierno.

2 Principalmente en los de más alta migración.

3 Según información de la Sedesol, www.sedesol.gob.mx

4 Dado que es un factor directamente proporcional a la plusvalía patrimonial del inmueble situado en dicha zona.

5 Es más atractivo para un turista conocer un lugar hermoso sobre uno que no lo es. París es la ciudad europea de mayor afluencia turística debido a su hermosura.

6 La actividad artística y cultural necesita espacios públicos para su difusión.

7 Para la construcción de la obra pública de embellecimiento.

8 El comercio con turistas y con la sociedad que frecuente los parques, las plazas o los jardines.

9 Al crear ágoras.

10 En parques o canchas destinados a tal efecto.

11 Según la envergadura del proyecto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dos días del mes de diciembre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinadores; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Cuauhtémoc Ochoa.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, del Distrito Federal y de Gobernación.

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CODIGO FISCAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, envió a esta Presidencia iniciativa que reforma los artículos 103, 105 y 109 del Código Fiscal de la Federación, relativos a los delitos de presunción de contrabando, contrabando equiparado y de defraudación fiscal equiparada.

«Iniciativa que reforma los artículos 103, 105 y 109 del Código Fiscal de la Federación, relativos a los delitos de presunción de contrabando, contrabando equiparado y defraudación fiscal equiparada, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del PRI

Juan Carlos Pérez Góngora, en mi calidad de diputado federal, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento ante esta honorable asamblea iniciativa de decreto que reforma los artículos 103, fracciones XI, XII, XV y XVI; 105, fracción XIII; y el 109, fracciones VI y VII, todos del Código Fiscal de la Federación, relativas a los delitos de presunción de contrabando; contrabando equiparado y de defraudación fiscal equiparada.

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la consideración del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente

Exposición de Motivos

Inmerso México en ese gran fenómeno de globalización que trae consigo un constante intercambio no sólo de tecnologías y mercancías sino de formas de vida y cultura, resulta indispensable prever y prevenir el constante movimiento de bienes y, con ello la incursión y extracción de innumerables objetos a lo largo y ancho de nuestras fronteras y de nuestro territorio.

En este contexto, resulta imprescindible contar con una legislación acorde con las circunstancias, que posibilite la fácil exportación e importación de bienes, en armonía con los tratados internaciones, particularmente con los de comercio que México haya suscrito.

Tampoco debe pasar inadvertido que ha habido un creciente y vertiginoso incremento de las fracciones arancelarias, merced a las innumerables mercancías que el comercio internacional nos ofrece y de la externa especificidad y singularidad de cada una de ellas.

Todo lo anterior, sin duda alguna, hace más complejo la aplicación de las normas relativas al comercio exterior y, entre ellas, de manera particular las de naturaleza estrictamente tributaria referente a la determinación y pago de los impuestos de importación y exportación de mercancías, así como cada uno de los accesorios que generen por la realización del hecho imponible, incluyendo, claro está, a las cuotas compensatorias.

Es de subrayarse que la imposición al comercio exterior, en nuestro país, cuenta con el valioso auxilio de sujetos pasivos que son los agentes y apoderados aduanales, que junto a los contribuyentes, sean éstos importadores o exportadores, intervienen en las operaciones de despacho de mercancías; personas éstas, que son expertos y profesionales en el desahogo de los trámites, en la clasificación de artículos, en la determinación de las tarifas aplicables y, finalmente en el establecimiento del monto del impuesto a enterar a las autoridades aduaneras.

Pero, ni la intervención de expertos, ni la especialidad de las fracciones arancelarias, ni conjuntamente ambas, han podido, obvio es, que en frecuentes casos, se presenta la disyuntiva de que a alguna mercancía le pueda ser aplicable más de una fracción arancelaria y surge entonces la necesidad de determinar finalmente cual es la fracción que le corresponde al artículo que se pone a su consideración.

La complejidad del sistema; por un lado y, por otro; la intervención indispensable de terceros distintos del contribuyente para lograr la determinación de los impuestos y accesorios que correspondan a las mercancías importadas o exportadas, del régimen aduanero bajo el que debe de hacerse y la fijación de cuotas compensatorias, que marcan alguna diferencia respecto del común de las contribuciones que se generan en nuestro país, que están sujetas a la autodeterminación, obligan al establecimiento claro y preciso de las diferentes sanciones a las que se harían acreedores los que infrinjan las reglas legales aplicables; reglas, que si bien es cierto, deben existir y aplicarse en todos los casos que se contravengan las normas en esta materia, también lo es que; por un lado, no debe haber abundancia de disposiciones de supuestos equivalentes y de efectos divergentes, esto es, que un mismo hecho sea considerado en mas de un tipo legal y, por ende, la penalidad que le corresponda sea diferente si se aplica una u otra norma y; por otro que, efectivamente se consideren dentro de los tipos delictivos conductas que dada la peligrosidad del agente, lo gravoso y censurable socialmente de tal acto y el daño o peligro de daño que corre la Hacienda Pública, se les considere bajo ese nivel de sanción.

Circunstancias todas éstas, que impelen al legislador a distinguir con todo cuidado que conductas realmente merecen tipificarse como delitos y cuales representan simples errores que no traen aparejado dolo o mala fe alguna del infractor, ni entrañan un daño o peligro mayor al fisco en razón del agente, con lo que se podrá diferenciar, como estamos obligados a hacerlo los legisladores, cuando estamos ante verdaderos delincuentes o mafias que dirigen sus conductas de manera dolosa, precisamente a contravenir la disposición obligatoria y en su caso, que deben ser castigados con la mayor severidad posible, de aquellos sujetos que por alguna eventualidad o error, sin intención de violar la norma legal realizan una conducta que no cumple cabalmente con lo requerido, debiéndolos sancionar tan sólo de manera administrativa y no penal.

Es cierto que no hay reglas para la determinación de la naturaleza administrativa o bien penal que una conducta merece, y que esta calificación es del todo formal, sin embargo, existen principios indicativos de carácter objetivo y subjetivo, de los que se puede echar mano, así, se puede considerar el daño o peligro de daño del acto, la peligrosidad del agente, o bien la envergadura o valor del bien jurídico tutelado y su necesidad de protección, la extrema incidencia y el interés de su represión. No es de incluirse entre dichas razones cuestiones sólo de carácter administrativo imputables a las autoridades competentes, encargadas de la verificación y revisión de posibles actos ilegales.

No pasa inadvertido tampoco que en nuestras calles y en todas las ciudades de la República Mexicana existen innumerables artículos y mercancías de procedencia extranjera ilegalmente introducidos al país que dañan gravemente nuestra economía, pero estamos convencidos que tales ilegalidades, que deben ser reprimidas con todo rigor, corresponden no a contribuyentes que por un error o debido a una eventualidad incumplen sus obligaciones en la materia, sino a la mafia organizada que dirige su conducta de manera directa a la obtención de ese fin, que desdeña las reglas aplicables y que confía que no les será aplicables las penas que ameritaría su conducta, la que en tal caso, no inhibe la realización de los actos tipificados predeterminados con anterioridad por el sujeto activo del delito. Situación que, por objeto de una anterior iniciativa, aún pendiente de dictaminación, no forma parte de ésta iniciativa, sin embargo, creemos que no debe pasar inadvertida al analizarse ésta propuesta.

Como se ha señalado todo sistema punitivo administrativo fiscal, y el nuestro no es la excepción, se integra con típicas sanciones de dos naturalezas condicionadas por la magnitud de la falta; unas, las estrictamente administrativas, compuestas fundamentalmente por multas, en el ámbito que ahora nos interesa; y, otras las penales consistentes en la privación de la libertad del o los que la cometieron; dada la mayor gravedad de éstas, diversas conductas son extraídas de las administrativas para sancionarlas más severamente, por lo que, a efecto de evitar distorsiones en el sistema y que éste sea integral y armónico, no debe considerarse una misma conducta como infracción y al mismo tiempo como delito; y peor aún, a un mismo acto no le deben ser aplicables al mismo tiempo dos tipos legales diferentes, luego entonces, todo el sistema debe estar sujeto a un principio de racionalidad, no sólo en relación a los supuestos de los delitos respecto de las infracciones, sino de los delitos entre si, que deben referirse a distintos actos y establecer una magnitud de penalidad diferenciada justificada por los hechos tipificados.

Estamos conscientes igualmente, que debemos de reflexionar y actuar en cuanto al nivel sistemático de nuestro sistema punitivo administrativo y de las deficiencias que trae aparejadas; debemos tener claro que no es producto epistemológicamente de principios unificatorios, que respondan y armonicen a cada una de sus partes entre sí, y a todas éstas respecto del todo, logrando que cada uno sea expresión concreta de tales principios, sino que se ha gestado atendiendo a necesidades coyunturales, lo que le provoca algunas deficiencias sistémicas, que es indispensable ir solucionando, para evitar incongruencias e injusticias.

Con el contenido de las reformas que ahora proponemos no se pretende despenalizar conducta alguna que merezca ser considerada como delito, sino sólo procurar una mejor armonía entre las partes del sistema represor fiscal, evitando algunas contradicciones, aplicando un principio de racionalidad en el señalamiento de hipótesis normativas y de las consecuencias correspondientes; e incorporar la indispensable inclusión de elementos subjetivos a las figuras delictivas, así como de algunos objetivos.

Es indiscutible que con las reformas a los artículos que se sugiere sean modificados se trata de resolver algunas de las deficiencias del sistema punitivo administrativo, inconsistencias, entre las que tenemos:

1.- Una mixtura y promiscuidad entre el contenido de las infracciones administrativas y de los delitos propiamente, ya que, no se distingue con la claridad requerida que supuestos corresponden a unas y cuales a otros, es decir, que hechos o actos son sancionados como infracciones de manera excluyente a los delitos, pues, las disposiciones aplicables tienen hipótesis no diferenciadas en algunos de los temas que tratamos, como iremos especificando. Por otro lado, es evidente que a un mismo hecho corresponde una consecuencia jurídica distinta; en el caso de las infracciones generalmente lo es una multa, mientras que, tratándose de los delitos el efecto es el establecimiento de una pena privativa de la libertad.

La distorsión que se crea en el sistema es que actos idénticos o equivalentes son apreciados de manera diferente, no considerando que los delictivos tiene ese carácter y reciben tal sanción, en virtud de que el sistema reprueba con mayor severidad esas conductas que las que corresponden a las simples infracciones;

2.- Otra de las graves irregularidades, se centra en que una misma conducta se encuadra en más de un tipo legal, correspondiéndole dos penalidades distintas, algo del todo ilegal e inusual en el campo penal que al crear un tipo especial, sea agravado o atenuado, lo excluye del tipo general que lo originó. Deficiencias que ocasiona distorsiones al sistema, dificulta su aplicación y fomenta la discrecionalidad en un sector del derecho que se proscribe de manera absoluta.

Por lo anterior resulta indispensable que a cada conducta tipificada como delito sólo y únicamente corresponda a una figura delictiva y no varias y, que le corresponda, consecuentemente, sólo una penalidad y no otras.

3.- Se tipifican como conductas delictivas actos o supuestos con elementos exclusivamente de carácter objetivo, siendo que para que pueda constituirse cualquier delito, como lo determina la legislación penal general, lo han reiterado nuestros tribunales y ha insistido históricamente la doctrina, es indispensable la existencia de elementos subjetivos, debe haber una vinculación interna del agente o sujeto activo del delito con el acto que se le imputa para pretender atribuirle responsabilidad en su comisión, sea en cualquiera de las modalidades de la culpabilidad, esto es, por culpa o dolo.

La falta de aspectos subjetivos en el tipo legal acarrea una grave inseguridad jurídica a las personas que intervienen en el despacho de mercancías, principalmente en los sujetos que actúan en nombre y representación de los contribuyentes, esto es, de los importadores y exportadores de artículos, como los agentes y apoderados aduanales, a quienes no se les pueden, ni deben imputar conductas que no les son atribuibles ni culposa, ni dolosamente,

4.- Complementariamente a la ausencia de elementos subjetivos en más de un tipo penal o supuesto de hecho delictivo faltan también elementos de carácter objetivo, toda vez que la descripción legal es insuficiente para pretender que la conducta sea delictiva, es decir, el señalamiento de otros hechos o actos para que la conducta devenga delictiva;

5.- Es evidente que no toda infracción o violación a las normas relativas al comercio exterior deba ser sancionada como delito, toda vez que, debe haber una gradación dependiendo de la magnitud de la falta, entendiéndose que los delitos consideran conductas mas graves que las infracciones, que son el medio normal y relativamente idóneo para disciplinar las ilicitudes tributarias. Por lo que, es indebido que una norma realice tal aseveración;

6.- En otros casos, disposiciones diversas autorizan o permiten las conductas señaladas como delitos en el Código Fiscal de la Federación;

7.- El principio de tipicidad exige que las conductas señaladas como delitos se encuentren suficientemente descritas, señalando todos los elementos que las constituyen, y no se haga una simple referencia a cualquiera otra conducta infractora, como indebidamente se señala en alguna de las disposiciones cuya reforma se propone, y

8.- El cumplimiento normal del ejercicio de clasificación arancelaria justifica, cuando se declara correctamente todos los elementos que sirvieron de base a tal clasificación, en algunas ocasiones y dad la complejidad del sistema que pueda existir alguna divergencia con la tarifa que le corresponda a la mercancía, pero en este caso, no puede considerarse sólo por dicha circunstancia que la determinación y pago de los impuestos sea delictiva, con el fin de obtener un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal.

Por todo lo anterior, la normatividad interna, por lo que a la imposición al comercio exterior se refiere, debe contar con las armas necesarias para combatir las irregularidades o ilícitos que alteren o trastoquen la legal y libre concurrencia de mercancías en nuestro territorio nacional, así, se deben tener tantos mecanismos como sea necesario, pero sólo en la medida en que estos sean suficientes, no más.

Es por ello, que la revisión a algunas de nuestras disposiciones resulta impostergable, éste es el caso del Código Fiscal de la Federación, que en diversos artículos establece múltiples tipos delictivos para sancionar conductas que violenten las normas de un modo más radical; entre ellas tenemos, las fracciones XI, XII, XV y XVI del artículo 103; la fracción XIII, del artículo 105; y, las fracciones VI y VII del artículo 109; disposiciones de las que ahora nos habremos de ocupar.

Por cuanto hace a la fracción XI del artículo 103 del referido ordenamiento que textualmente dispone:

``Las mercancías extranjeras sujetas a tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratándose de tránsito interno o no arriben a la aduana de destino o de salida''

Es indiscutible que tiene como deficiencias graves, que es necesario reformar; primero, la falta de señalamiento de elementos subjetivos con vinculen al agente con el acto que se atribuye; al propio tiempo, no toma en cuenta que el artículo 132 permite que en caso fortuito o fuerza mayor se podrá presentar aviso a la autoridad exponiendo las razones que impidieron el arribo oportuno, luego entonces no se describen tampoco de manera integral y completa los elementos objetivos del tipo legal, además de que otra norma bajo ciertas circunstancias hace lícita la conducta establecida como delito en esta fracción.

Se propone que se agregue al tipo legal tanto la vinculación subjetiva del agente como el señalamiento de otros elementos objetivos que integren el tipo legal.

Tratándose de la fracción XII de éste mismo artículo que expresamente establece:

``Se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, el desistimiento de régimen o la conclusión de las operaciones de tránsito, en el caso de que se presente el pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida''.

Es indispensable incluir un elemento de carácter subjetivo referente a que dichas conductas deben perseguir el propósito de obtener un lucro indebido en detrimento del fisco federal.

En relación a la fracción XV del artículo que nos ocupa que expresamente dispone:

``Se realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de la Ley Aduanera sin contar con programas de maquila o de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, de mercancías que no se encuentren amparadas en los programas autorizados; se importen como insumos mercancías que por sus características de producto terminado ya no sean susceptibles de ser sometidas a procesos de elaboración, transformación o reparación; se continúe importando temporalmente la mercancía prevista en un programa de maquila o de exportación cuando éste ya no se encuentra vigente o cuando se continúe importando temporalmente la mercancía prevista en un programa de maquila o de exportación de una empresa que haya cambiado de denominación o razón social, se haya fusionado o escindido y se haya omitido presentar los avisos correspondientes en el Registro Federal de Contribuyentes y en la Secretaría de Economía''.

En este caso se tienen que distinguir cuatro supuestos, debiéndose vincular a todos ellos un elemento subjetivo o vinculación personal del agente, esto es, que con tales conductas se busque la obtención de un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal.

La fracción XVI de este mismo artículo, es decir, del artículo 103 que expresamente señala:

``Se transfiera la mercancía importada temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía a empresas que no cuenten con dichos programas, cuando la mercancía no se encuentre amparada en el programa de la empresa adquirente o se encuentre vencido su plazo de importación temporal''.

Igualmente en este supuesto debe agregarse un elemento subjetivo que denote la culpabilidad del agente.

El artículo 105, por su parte en la fracción XIII dispone:

``Presente ante las autoridades aduaneras documentación falsa o alternada''.

No deja de llamar la atención que esta fracción sancione penalmente, una conducta a la que sólo le atribuye elementos objetivos, ignorando del todo, la necesaria vinculación subjetiva o culpabilidad del sujeto activo del delito con la conducta comitiva, circunstancia ésta necesaria para configurar el acto criminoso. Por lo que, consideramos indispensable establecer expresamente como elemento del tipo, el elemento subjetivo que haga imputable y referible la conducta su autor. Además, la diferente regulación de la fracción inmediata anterior de dicho artículo, esto es, de la XII, obligaba a hacer la corrección debida.

Finalmente el artículo 109 en las fracciones VI y VII, por cierto, de reciente creación, que expresamente dispone:

``VI. Declare en el pedimento como valor de la mercancía un monto inferior en un 70% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley Aduanera, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A, fracción I, de la Ley citada, en su caso''.

Creemos que debe considerarse que el hecho de que las mercancías idénticas o similares, tengan un valor distinto al declarado por sí solo no es ilegal, ni hace que dicha conducta devenga en ilegal; en todo caso lo sería si se demuestra que el sujeto declaró en el pedimento un precio inferior al realmente pagado, o si falsificó la factura. Es de resaltarse también, por otro lado, que la declaración por debajo de su valor ya está tipificada por el artículo 102 del Código, por lo que proponemos su derogación.

VII. Declare inexactamente la clasificación arancelaria de las mercancías, cuando con ello se omita el pago de contribuciones y cuotas compensatorias, se evada la garantía por la importación de mercancía sujeta a precios estimados o se importe mercancía sin que el importador se encuentre inscrito en los padrones a que se refiere el artículo 77 del Reglamento de la Ley Aduanera''.

Es evidente que el ejercicio normal y correcto de la función clasificatoria, declarando cabalmente los elementos base del acto, no constituye per se una actividad ilícita, la que por otro lado, la autoridad está plenamente facultada para verificar la corrección de los elementos aportados, además de que dicho acto se encuentra sancionado como infracción administrativa, e incluso penal por el artículo 102, que lo considera como delito de contrabando, por lo que solicitamos su derogación.

Por todo lo anterior, propongo el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma los artículos 103, fracciones XI, XII, XV y XVI; 105, fracción XIII; y el 109, fracciones VI Y VII, todos del Código Fiscal de la Federación, relativas a los delitos de presunción de contrabando; contrabando equiparado y de defraudación fiscal equiparada.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 103, fracciones XI, XII, XV y XVI; 105, fracción XIII, al que se adiciona un segundo párrafo; y el 109, fracciones VI y VII, que se derogan, todas del Código Fiscal de la Federación, relativas a los delitos de presunción de contrabando; contrabando equiparado y de defraudación fiscal equiparada, para que queden como sigue:

Artículo 103. ...

Fracciones de la I. a la X. ...

XI. ``Las mercancías extranjeras sujetas a tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratándose de tránsito interno o no arriben a la aduana de destino o de salida, sin causa debida y suficientemente justificada, y sin que se presente aviso a la autoridad competente dentro del plazo autorizado y no se le informe el motivo de la omisión y el lugar en que se encuentra la mercancía.''

``XII. Se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, el desistimiento de régimen o la conclusión de las operaciones de tránsito, en el caso de que se presente el pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida, cuando exista la intención por quien debió presentarlas de obtener un beneficio indebido en detrimento del interés fiscal''.

``XV. Los que con la intención de obtener un beneficio indebido del interés fiscal realicen:1.- Importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de la Ley Aduanera sin contar con programas de maquila o de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, de mercancías que no se encuentren amparadas en los programas autorizados;

2.- Importen como insumos mercancías que por sus características de producto terminado ya no sean susceptibles de ser sometidas a procesos de elaboración, transformación o reparación; y

3.- Se continúe importando temporalmente la mercancía prevista en un programa de maquila o de exportación cuando éste ya no se encuentra vigente o cuando se continúe importando temporalmente la mercancía prevista en un programa de maquila o de exportación de una empresa que haya cambiado de denominación o razón social, se haya fusionado o escindido y se haya omitido presentar los avisos correspondientes en el Registro Federal de Contribuyentes y en la Secretaría de Economía''.

``XVI. Se transfiera la mercancía importada temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía a empresas que no les presenten la documentación que acredite que cuentan con dichos programas, y que la mercancía se encuentra amparada en el programa de la empresa adquirente, o bien que se encuentre vencido su plazo de importación temporal''.

``Artículo 105. Será sancionado con las mismas penas del contrabando,!quien:

XIII. ...

No será responsable el agente o el apoderado aduanal si la documentación falsa o alterada proviene o es suministrada por un tercero, siempre y cuando dicha persona no hubiera podido conocer dicha falsedad o alteración al cumplir con las obligaciones que la ley les encomienda.''

Artículo 109. Será sancionado con las mismas penas de defraudación fiscal, quien:

VI. Derogada.

VII. Derogada

Artículo Segundo.- Artículo transitorio.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 21 de diciembre de 2004.--- Dip. Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica).»

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.

A solicitud del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se pasa la presentación de su iniciativa al final del capítulo.

En consecuencia, tiene la palabra el compañero diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 2° y 6° de la Ley Orgánica de la Ley de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública... En virtud de que el diputado Amezcua Alejo no se encuentra en el salón de sesiones, pasa al final y en consecuencia, tendría el uso de la palabra la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 46, 54, 57, 60 y 67 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente... En virtud de que los oradores no están presentes en el salón de sesiones, habremos de continuar con los dictámenes de primera lectura.

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LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados de la LIX legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89,93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍAI. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'' la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES.

En sesión celebrada con fecha 29 de Septiembre de 2004, se presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, por la diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En la misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

En su exposición de motivos la diputada manifiesta su preocupación por los altos índices de consumo de alcohol en el sector femenino de la población; el cual se ha visto incrementado, en su mayoría en mujeres menores de edad.

Expresa así mismo, que el consumo de alcohol es particularmente dañino en las mujeres embarazadas, debido a que no sólo perjudica la salud de la madre, sino también la del producto de la concepción.

Menciona que existe un efecto directo en las células fetales por el consumo de alcohol, sobre todo durante los primeros meses del embarazo, y que el daño no concluye con él, sino que se puede extender hasta el periodo de lactancia.

Afirma que la existencia del llamado síndrome de alcoholismo fetal está comprobada; por lo que resulta prioritario establecer advertencias del riesgo que corren las mujeres embarazadas al exponer a sus hijos a padecer de éste síndrome, producto del consumo de alcohol.

Por estas razones considera necesaria la inclusión se una etiqueta precautoria en las bebidas alcohólicas, para evitar que las mujeres en gestación consuman bebidas alcohólicas poniendo en peligro la salud del feto.

III. CONSIDERACIONES.A. El SAF (síndrome alcohólico fetal) es una afección permanente que afecta cada aspecto de la vida de un niño y la vida de su familia. Sin embargo, el SAF es totalmente prevenible si la mujer deja de tomar alcohol durante el embarazo. Además, si una mujer planea quedar embarazada o es sexualmente activa y no está utilizando ningún método anticonceptivo eficaz, debería evitar consumir alcohol porque pudiera estar embarazada y no saberlo por varias semanas o más.

B. Se sabe que el consumo de alcohol de moderado a excesivo por parte de las mujeres embarazadas es dañino para el feto en desarrollo. En la actualidad no existe ningún marcador de laboratorio que indique la presencia del síndrome alcohólico fetal. La obtención de un marcador capaz de hacerlo podría permitir la identificación y el tratamiento de mujeres que enfrentan el riesgo de un embarazo expuesto al alcohol.

C. Se trata de mujeres que probablemente no darían esta información debido al estigma asociado al consumo de alcohol durante el embarazo. Además, los trabajos de investigación indican que la identificación temprana de los niños expuestos al alcohol fetal reduce las discapacidades secundarias que son consecuencia de esta afección.

D. Entre los posibles biomarcadores se encuentran la sangre materna y el meconio (las primeras heces del neonato). Los estudios descritos más adelante se proponen identificar y probar biomarcadores sensibles y específicos que ayuden a identificar los embarazos expuestos al alcohol y los neonatos expuestos al alcohol durante el período prenatal.

E. Se calcula que 1% de los neonatos está expuesto al alcohol durante el período prenatal. No obstante, es difícil identificar a los neonatos expuestos al alcohol. En la actualidad, no existe ningún enfoque sistemático ni herramienta de laboratorio definitiva que pueda utilizarse para identificarlos. Un marcador biológico, los esteres etílicos de ácidos grasos (FAEE, por sus siglas en inglés), permitiría la identificación y la intervención tempranas de los niños afectados, y el reconocimiento de mujeres que enfrentan el riesgo del abuso de alcohol. Esto también facilita la investigación de las relaciones dosis-respuesta entre la exposición al alcohol y los defectos congénitos asociados al alcohol. Según las investigaciones, los FAEE en el meconio son un marcador biológico útil para identificar la exposición al consumo de alcohol de bajo a moderado por parte de la madre durante el embarazo, y la identificación de un grupo de bebés que enfrentan el riesgo de tener un neurodesarrollo deficiente. Los estudios proponen validar los FAEE en el meconio como biomarcador de la exposición prenatal al alcohol.

F. Como menciona la diputada en su iniciativa, datos proporcionados por el Consejo Nacional en Contra de las Adicciones (CONADIC) muestran que en México, existen 10, 314,325 mujeres adultas que consumen alcohol, y que hay 3,522427 adolescentes entre 12 y 17 años que consumen alcohol, de los cuales el 25% lo constituyen mujeres de población urbana y el 9.9% de población rural.

G. La exposición prenatal al alcohol es un tema que plantea retos tanto en México como en otros países del mundo; las tasas de prevalencia del SAF (Síndrome Alcohólico Fetal) varían ampliamente según la población estudiada y el método de investigación utilizado. Por poner un ejemplo, estudios realizados indican que las tasas de prevalencia del SAF varían de 0.2 a 1.5 por 1,000 nacimientos vivos en diferentes áreas de los Estados Unidos; y según Health Canada, en Canadá nace a diario por lo menos un niño con SAF.

H. El alcohol puede ocasionar una serie de defectos congénitos, el más serio de los cuales es el síndrome de alcoholismo fetal. Los niños que nacen con defectos congénitos relacionados con el consumo de alcohol tienen problemas de aprendizaje y conducta por el resto de sus vidas. En tales niños, el síndrome se manifiesta en forma de anormalidades físicas, discapacidad mental y problemas de conducta. Los científicos desconocen la cantidad exacta de alcohol que pueda producir tales defectos congénitos, es mejor no beber nada de alcohol durante su embarazo.

I. Para evitar todos estos problemas, además de los que ya menciona la diputada en su exposición de motivos, es necesario educar a la población sobre los riesgos que implica consumir alcohol cuando la mujer está en etapa de gestación; es por este motivo que los diputados integrantes de la Comisión de Salud, coincidimos con la necesidad de reformar el artículo 218 de la Ley General de Salud, para establecer una advertencia de carácter obligatorio en el etiquetado de las bebidas alcohólicas. Aunado a lo anterior proponemos que las leyendas preventivas se unifiquen en una misma oración para facilitar su comprensión.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 218 de la Ley general de Salud para quedar como sigue:

Artículo 218. Toda bebida alcohólica, deberá ostentar en los envases, la leyenda: ``el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud y no debe ser ingerido por mujeres embarazadas'', escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes, y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

...

TRANSITORIOS.

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días naturales, posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias en un plazo no mayor de 60 días.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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CONDECORACIONES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al C. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en grado de Gran Collar'' que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al C. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en grado de Gran Collar'' que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, D.F., a 26 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica) Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica) Secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica) Secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria; Miguelángel García Domínguez (rúbrica) Secretario; Maximino Alejandro Fernández Avila, Secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briseño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordoñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio del licenciado Ricardo Franco Guzmán, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de noviembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Dictamen: CRPP/Dict/18

Antecedentes: 36/LIX

Expediente: CP2R1AE.-1601

C. C. Secretarios de la Cámara de Diputados

P R E S E N T E S:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias le fue turnada la ``Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos'', que presentó la Diputada Marcela Guerra a nombre propio y del Diputado Sami David David.

La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tuvo a bien elaborar el presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES.A) En sesión de la Comisión Permanente del 18 de agosto del 2004, la Diputada Marcela Guerra presentó la ``Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos''.

B) La iniciativa en comento fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente número 16 del miércoles 18 de agosto del 2004, correspondiente al Primer Año de Ejercicio, Segundo Periodo Permanente.

B) La presidencia de la Comisión Permanente determinó se turnara a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

II.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA.

La iniciativa, motivo de este dictamen, plantea modificar el texto del primer párrafo del artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de que las Cámaras de Diputados y de Senadores cuenten tanto con normas internas comunes, como reglamentos y acuerdos autónomos. Dicha propuesta se basa en la siguiente exposición argumental:

A) Las Cámaras de Diputados y Senadores son diferentes en su integración, en su estructura y en las actividades legislativas que realizan.

B) Las Cámaras de Diputados y Senadores utilizan mecanismos diversos para cumplir con las atribuciones constitucionales y legales que les corresponden.

C) La práctica parlamentaria ha demostrado que cada órgano legislativo requiere libertad para organizarse y establecer formas particulares de su funcionamiento; elaborar sus acuerdos internos; promover el trabajo de sus comisiones; y desahogar las discusiones, los debates, las votaciones e incidencias del procedimiento.

D) Históricamente ambas cámaras han reclamado, en no pocas ocasiones, un reglamento propio cuya expedición no requiera de la aprobación por la otra.

III.- CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS

A) La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa en comento, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70 constitucional; y es esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a quien compete emitir dictamen a esta propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

B) La comisión determinó que para proceder al dictamen de la propuesta planteada, es menester dilucidar previamente dos aspectos fundamentales:

1. Saber si la legislación actual es vigente para las sesiones de cada cámara actuando por separado, o regula únicamente las sesiones conjuntas y;

2. Saber si las cámaras requieren o no de facultad expresa para que cada una legisle sus propias normas sin intervención de la otra.

C) Respecto al primer tema mencionado, la dictaminadora realizó una investigación histórica, obteniendo lo siguiente:

El Congreso Constituyente de 1917, basó su funcionamiento en el Reglamento para el Congreso del 20 de diciembre de 1897 y en algunas reglas contenidas en la Convocatoria al Congreso Constitucional emitida por Venustiano Carranza. Pese a ello, la asamblea tuvo que adecuar dicho Reglamento.1

Al expedir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, los constituyentes dejaron abierta la posibilidad para que las subsecuentes asambleas legislativas determinaran por sí mismas, con procedimientos específicos, las normas que las habrían de regular, estableciendo en la Constitución:

``ARTÍCULO 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en la de senadores, de las dos terceras partes, y en la de diputados, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.

...

...''

``ARTÍCULO 71. el derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.al III. ...

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.

ARTÍCULO 72. Todo proyecto de ley o de decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder de las discusiones y votaciones''

``ARTÍCULO 73. El Congreso Tiene Facultad:

I a XXII. ...

XXIII. Para formar su Reglamento interior y tomar las providencias necesarias a fin de hacer concurrir a los diputados y senadores ausentes y corregir las faltas u omisiones de los presentes.

XXIV a XXXI. ...''

ARTÍCULO 77. Cada una de las Cámaras puede, sin la intervención de la otra:

I. Dictaminar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

II. Comunicarse con la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones de su seno.

III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma.

IV. Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus respectivos miembros.''

(las negritas son de la comisión que dictamina)

Con base en los artículos constitucionales arriba invocados, el 20 de marzo de 1934,2 se expidió el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente a la fecha, que engloba tanto la estructura y funciones de los órganos de las Cámaras, como los procedimientos de los debates.

El Poder Legislativo funcionó con esta normatividad durante 43 años, hasta el 6 de diciembre de 19773 cuando se reformó la Carta Magna. Esta modificación constitucional creó las diputaciones plurinominales, amplió el número de diputados de 231 a 400; y derogó la fracción XXIII del artículo 73 (citada líneas arriba), donde expresamente se conferían facultades al Congreso para emitir su propio reglamento. A cambio, se incluyó la facultad de que el Congreso expida su propia Ley Orgánica.

Con fundamento en esa reforma constitucional, el 25 de mayo de 1979,4 se expidió Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que decía:

``ARTÍCULO 66. El Reglamento Interior y de Debates de la Cámara de Diputados regulará, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución todo lo relativo a sesiones, debates y votaciones.

La comprobación del quórum y las votaciones podrán llevarse a cabo por medios eléctricos o electrónicos''

``ARTÍCULO 106. El Reglamento Interior y de Debates de la Cámara de Senadores establecerá todo lo relativo a sesiones, debates y votaciones''

(las negritas son de la comisión que dictamina)

``TRANSITORIOS

...

Artículo segundo: Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley y el Reglamento Interior y de Debates serán aplicables en lo que no se opongan a esta las disposiciones relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ``

(las negritas son de la comisión que dictamina)

Como se aprecia, si bien es cierto que con esta reforma se anula la facultad constitucional para que el congreso emita su propio reglamento también es cierto que se estableció por primera vez dentro del texto legal, el reconocimiento de lo inoperante del Reglamento de 1934 y por lo tanto asumió el compromiso de que cada cámara realizara su propia legislación posteriormente

El 20 de julio de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de 1979 (segunda reforma), la cual modificó casi la mitad de dicho ordenamiento. En la fundamentación del dictamen, el entonces presidente de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentaerias, refrendó el compromiso legal ya citado de que cada cámara legisle su propia normatividad.5 No obstante que lo anterior no quedó en el texto legal, sí se expresó claramente en la intención del legislador.

G) En cuanto a si las cámaras requieren de facultad expresa para que cada una legisle sus propias normas sin intervención de la otra, estimamos que no se requiere cumplir con el principio de legalidad que es invocable para otro tipo de leyes, ya que las reglas propias de cada una de las cámaras no constituyen un acto de autoridad, porque no tienen como destinatario a un gobernado sino a sí mismo, que en este caso es cada una de las cámaras, y por tanto no hay afectación de los derechos de terceros sino ejercicio del propio derecho.

H) El derecho de una asamblea a darse sus propias normas es una necesidad elemental de orden, inherente a todo conglomerado, es parte intrínseca de la naturaleza de una voluntad colectiva que desea tomar acuerdo y este acto democrático ejercido por la mayoría, rebasa cualquier afectación individual.

I) Los diputados dictaminantes, consideran que por cuestión de orden y de difusión, es deseable que en la legislación vigente se haga el reconocimiento expreso de la facultad autónoma de cada una de las cámaras para hacer sus ordenamientos propios sin la intervención de la otra.

IV.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

A) La comisión que hoy dictamina considera, a la luz del análisis histórico y jurídico precedente, que el Reglamento para el Gobierno Interior de 1934, debe ceder parte de la reglamentación de las sesiones a una legislación propia de cada cámara que atienda y resuelva las cuestiones particulares de cada una y acoja la necesidad de modernización del Poder Legislativo en su conjunto dentro de un sistema presidencial fortalecido y reformado.

B) Por cuanto hace al texto de la iniciativa propuesta, se considera que la frase ``las normas internas comunes de ambas cámaras, ...'' bien puede ser sustituida por la frase ``las reglas de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente'' ya que proporciona mayor claridad y precisión.

C) En lo referente al texto del primer párrafo del artículo 3 de la Ley Orgánica, consideramos conveniente y adecuado modificar la frase ``Constitución General de la República'' por ``Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'' ya que esta última es la denominación legal oficialmente utilizada para referir a la Carta Magna en el texto constitucional.

D) Asimismo, los dictaminantes consideraron que la entrada en vigor en el mismo día de su publicación anula el necesario tiempo que requiere la distribución y lectura del documento para causar su efecto, por tanto, se propone interponer entre su publicación y el inicio de sus efectos legales (vigencia) un lapso de 24 horas que, se considera, no causa mayor efecto nocivo a una legislación que se ha demorado 70 años en ser adecuada a la realidad.

E) Se aprueba la ``Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos'', que presentara la Diputada Marcela Guerra a nombre propio y del Diputado Sami David David, con las modificaciones expresadas.

V.- DICTAMEN

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Único: Se reforma el primer párrafo del artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 3º.

1. El Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las reglas de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como los reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra.

2. ...

TRANSITORIOS:

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: En tanto cada una de las Cámaras del Congreso expide su propio reglamento, seguirán siendo aplicables, en lo que no se opongan a esta Ley, las disposiciones en vigor del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas1 Ver ``Modificaciones al Reglamento Interior de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, realizadas por el Congreso Constituyente de 1916'' en el Disco Compacto Los Reglamentos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, LVIII Legislatura. México, febrero de 2003.

2 Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3 Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

4 Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

5 Ver Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año II, No. 14, correspondiente al 3 de diciembre de 1992, p. 1440 y ss.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el treinta de noviembre del año dos mil cuatro.--- Diputados: Iván García Solís (rúbrica), Raúl José Mejía González (rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez, Sami David David (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Álvaro Elías Loredo (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez, José González Morfín (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Jaime Moreno Garavilla, Arturo Osornio Sánchez, Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño, Pedro Vázquez González (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, Por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 6 al 11 de diciembre de 2004, a efecto de participar en la reunión extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, a celebrarse en Perú, el 7 de diciembre de 2004; asistir a la III Cumbre de América del Sur, a realizarse en Cusco, Perú, el 8 de diciembre de 2004; y para hacer una visita oficial a la República de Bolivia, los días 9 y 10 de diciembre de 2004.

Honorable Asamblea:

El 5 de noviembre del presente año, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la minuta proyecto de decreto por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del Territorio Nacional del 6 al 11 de diciembre de 2004, a efecto de participar en la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, a celebrarse en Perú, el 7 de diciembre de 2004; asistir a la III Cumbre de América del Sur, a realizarse en Cusco, Perú, el 8 de diciembre de 2004, y para hacer una visita oficial a la República de Bolivia, los días 9 y 10 de diciembre de 2004.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 párrafo sexto, incisos d, e y f; así como el tercero transitorio, fracción IV, inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 57, 59, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión que suscribe procedió al estudio y análisis de la minuta enviada por la Cámara de Senadores, con base en las siguientes

Consideraciones

Quienes conformamos esta Comisión coincidimos en destacar la importancia que para la política exterior de México tiene la relación política y económica con América Latina no sólo desde el ángulo de las consideraciones históricas, culturales y sociológicas que nos dan identidad, sino demostrada en múltiples decisiones e iniciativas en las cuales nuestro país ha sido el promotor, como el proceso de integración con la ALALC y ALADI o de mecanismos de diálogo y concertación como el Grupo de Río, Tuxtla I y II; el Pacto de San José; o el Grupo de Amigos de Venezuela o Bolivia.

En la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Senado de la República, se señala la importancia de profundizar los vínculos con América Latina, a través del establecimiento del diálogo político-regional y la promoción de la identidad latinoamericana. La cooperación económica con los países de América Latina ha permitido participar en los diferentes procesos regionales y subregionales del área, en un mundo que piensa globalmente pero actúa regionalmente; y a la vez, se ha logrado contribuir a estrechar los vínculos y lazos de amistad.

En la solicitud de permiso, se destaca que se han intensificado los encuentros bilaterales y regionales, así como acrecentado las oportunidades para promover el desarrollo, pues la relación de México con los gobiernos de América Latina y el Caribe crece en intensidad política y económica, manteniéndose un diálogo permanente, al más alto nivel, en los últimos años, a través de los encuentros de jefes de Estado y Gobierno del área. Tales encuentros bilaterales y regionales, han logrado asociación privilegiada, donde la estrategia de México consiste en tener presencia activa y de mutuo beneficio en los bloques centroamericano, sudamericano y caribeño.

Participación en la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino

El Presidente Vicente Fox visitará la República de Perú, a invitación de su homólogo, el Presidente Alejandro Toledo, para participar en la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino que se llevará a cabo el 7 de diciembre próximo.

En el mes de junio de este año, nuestro país solicitó incorporarse a la Comunidad Andina de Naciones, con la finalidad de promover un mayor acercamiento con los países de esa región para buscar formas más eficientes de cooperación. A esta solicitud se dio respuesta durante la XV Cumbre Presidencial Andina, en la que los mandatarios de los países que la componen, extendieron una invitación para que nuestro país funja como miembro asociado de ese mecanismo subregional.

Los miembros de las comisiones dictaminadoras, estamos consientes de la importancia de la presencia de México en el llamado "Cono Sur" del Continente, donde diversos actores políticos y económicos de las naciones con mayores niveles de desarrollo de esa área geográfica, buscan privilegiar su influencia política o comercial, entablando alianzas estratégicas subregionales y donde algunas potencias comerciales como la República Popular China, han iniciado negociaciones para ampliar su presencia en Sudamérica. De ahí la importancia de la asociación estratégica de México con el MERCOSUR, los acuerdos de Libre Comercio con las repúblicas de Chile y Bolivia y con el Grupo de los Tres (Colombia, Venezuela y México).

La subregión andina la conforman cinco países, entre ellos Perú y Bolivia, que agrupa a 120 millones de habitantes, en una superficie de 4.710.000 kilómetros cuadrados, cuyo Producto Interno Bruto ascendía en el 2002 a 260 mil millones de dólares.

En la iniciativa de mérito se señala que los principales objetivos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) son:

1. Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad;

2, Acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social;

3. Impulsar la participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano; y

4. Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes.

El Consejo Presidencial Andino es el máximo órgano del Sistema Andino de Integración (SAI), que se encarga de emitir lineamientos sobre distintos ámbitos de la integración subregional, los cuales, son instrumentados por los órganos e instituciones del SAI, de acuerdo a las competencias y mecanismos establecidos en sus respectivos tratados e instrumentos. Dicho consejo define la política de la integración subregional; orienta e impulsa las acciones en asuntos de interés de la subregión; evalúa el desarrollo y los resultados del proceso de integración; examina todas las cuestiones y asuntos relativos al desarrollo del proceso y su relación externa; considera y emite pronunciamientos sobre los informes y recomendaciones presentados por los órganos e instituciones del SAI.

En consecuencia, la comisión que suscribe estimamos de suma importancia la participación del mandatario mexicano en esa reunión, ya que ofrece la oportunidad de impulsar las relaciones económicas, comerciales, políticas y de cooperación con ese importante bloque sudamericano. La presencia del titular del Poder Ejecutivo mexicano en este evento, le permitirá involucrarse en los trabajos de ese mecanismo y podrá compartir una reflexión sobre el nuevo diseño estratégico de la Comunidad Andina y un modelo de desarrollo regional del que nuestro país no puede estar excluido.

De igual forma, este encuentro es propicio para fomentar las relaciones comerciales, económicas y de cooperación con los otros tres países miembros de la Comunidad Andina de Naciones que no visita, dado que la solicitud de permiso sólo contempla la visita a Perú y Bolivia.

Participación en la III Cumbre de América del Sur En la Ciudad de Cusco, Perú.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo señala que el día 8 de diciembre y por invitación del Presidente Alejandro Toledo, el mandatario mexicano participará en la III Cumbre de América del Sur, a realizarse en la Ciudad de Cusco, Perú. Esta Cumbre centrará sus trabajos en la idea de desarrollar una comunidad sudamericana de naciones, como un compromiso de esa subregión al fortalecimiento de América Latina, y como un mecanismo de concertación y coordinación política para un proceso pleno de integración de toda el área latinoamericana. El argumento de mayor peso para participar en este encuentro tiene qué ver con su estrecha vinculación con el evento comentado en el apartado anterior, además de que dicho foro permitirá reforzar los nexos políticos entre las naciones de la región.

Quienes integramos esta Comisión destacamos el hecho de que sería la primera ocasión en que nuestro país participa, a nivel presidencial, en este relevante foro de diálogo con mandatarios sudamericanos. Consolidaríamos con ello la estrategia de política exterior en Sudamérica, al contar con presencia en todos los foros sudamericanos de alto nivel e importancia política y económica de esa área vital del macizo latinoamericano.

Visita Oficial a la República de Bolivia

Como se argumenta en la iniciativa de referencia, la visita del Presidente Fox a la República de Bolivia está enmarcada en la necesidad de incrementar la presencia de México en aquel país; la ampliación de la relación comercial bilateral, y el fortalecimiento del diálogo político.

Los integrantes de esta Comisión estimamos importante destacar otro aspectos, relativos a la relación estratégica en materia energética con Bolivia, no sólo desde el ángulo de las similitudes en los retos y disyuntivas de producción, distribución e inversión que enfrentamos ambas naciones, sino en la posibilidad de que México pueda concretar acuerdos para la importación de gas boliviano, con mutuo beneficio, oportunidad que resultará de las conversaciones que sostengan ambos mandatarios.

En la iniciativa se argumenta que la última visita de un Jefe de Estado mexicano a la República de Bolivia fue hace 10 años, en ocasión de la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia, cuyos alcances y resultados serán evaluados durante la visita oficial a La Paz el 8 de diciembre próximo. Cabe señalar que el Presidente Fox estuvo en ese país en el 2003, exclusivamente para participar en la Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra y que han existido encuentros con su homólogo el Presidente Carlos Mesa Gisbert, durante otras cumbres organizadas en la región.

Es de destacarse que, frente a los esfuerzos realizados por el Gobierno de Bolivia para fortalecer la institucionalidad democrática y el desarrollo económico y social, el Gobierno de México los respaldará por medio de una política de cooperación; por lo que, junto con el Grupo de Apoyo a Bolivia, México ha adoptado una serie de iniciativas orientadas a fortalecer los vínculos bilaterales.

La cooperación bilateral entre ambos países se ha extendido a los rubros de salud, comercio, intercambio empresarial y educativo. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, se ha fortalecido la actividad económica y comercial. Al mes de junio de 2004, se contaba con el registro de 17 sociedades con participación boliviana en su capital social, apenas el 0.1% del total de sociedades con inversión extranjera directa (IED), registradas en México, pero conforme a lo afirmado en la solicitud de permiso, existen posibilidades de ampliarlas.

El citado documento también afirma que entre enero de 1999 y junio de 2004, las empresas con capital boliviano realizaron inversiones por 124.5 miles de dólares. Con ello, Bolivia ocupó la décima posición entre los países de la ALADI que en ese lapso de tiempo, materializaron inversiones en México. La inversión boliviana canalizada al país entre enero de 1999 y junio de 2004 se destinó a servicios (91.0% del total), el comercio captó 9.8%; en tanto que en la industria se registró una desinversión de 0.9%.

La situación de inestabilidad política que ha vivido Bolivia, en especial durante los últimos años, los problemas sociales que confronta, que si bien son comunes a toda la región, se han agudizado históricamente en esa nación desde el inicio de su vida independiente, permiten entender los esfuerzos que llevan a cabo sus actores políticos y sociales para salir de esa situación con gobiernos democráticos y sociedades que reconozcan la pluralidad y el respeto a las minorías. México y Bolivia comparten no sólo geografía, historia y cultura comunes, sino que en la etapa de la globalización enfrentan retos también comunes en sus relaciones multilaterales, en organismos comerciales, financieros y de integración regional. La presencia del Presidente Vicente Fox en ese país, constituye una oportunidad para evaluar, junto con su contraparte boliviana, los temas de interés común en la agenda internacional, además del estado de las relaciones bilaterales.

Quienes suscribimos, consideramos que la consolidación de la democracia en la región, es un factor prioritario, así como lo son los retos de un desarrollo sustentable y justo en Latinoamérica.

El mandatario mexicano aprovechará esta visita para dialogar con el Poder Legislativo boliviano y con algunas personalidades de la esfera política de ese país. De igual forma participará en un encuentro empresarial México-Bolivia.

Por lo anteriormente expuesto y estimando que la presencia del Presidente de la República en estos compromisos resulta de la mayor importancia, se propone a esta soberanía la aprobación del siguiente

Decreto

Artículo único. Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 6 al 11 de diciembre de 2004, a efecto de participar en la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, a celebrarse en Perú, el 7 de diciembre de 2004; asistir a la III Cumbre de América del Sur, a realizarse en Cusco, Perú, el 8 de diciembre de 2004; y para hacer una visita oficial a la República de Bolivia, los días 9 y 10 de diciembre de 2004.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 1 de diciembre de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo, Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Carlos Jiménez Macías, Arturo Robles Aguilar, Jorge Martínez Ramos, secretarios; Rodrigo Iván Cortes Jiménez, Angel Alonso Díaz Caneja, Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu, Sami David David, Homero Díaz Rodríguez, María Cristina Díaz Salazar, Guadalupe Suárez Ponce, Alejandra Méndez Salorio, Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García, Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guizar Macías, Leticia Gutiérrez Corona, José Luis Flores Hernández, Rogelio Alejandro Flores Mejía, Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez, Fernando Alberto García Cuevas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Marco Antonio Torres Hernández.»

Es de primera lectura.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 3° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y a votación de inmediato.*

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito por favor, Secretario.

Activen el sonido en la curul del diputado Iván García Solís.

El diputado Iván García Solís (desde su curul): Ciudadana Presidenta, de manera atenta solicito la palabra para fundamentar, a nombre de la Comisión, el presente dictamen.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, sólo que vamos a hacer el proceso como lo establece la reglamentación y en un momento le damos la palabra señor diputado.

El diputado Iván García Solís (desde su curul): Muy bien. Gracias.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se dispensa la segunda lectura y tiene la palabra el diputado Iván García Solís, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Iván García Solís: Gracias, ciudadana Presidenta. Ciudadanas y ciudadanos legisladores.

A casi 200 años de existencia del Primer Congreso Mexicano, el honorable Congreso de la Unión se reivindica hoy como un órgano de poder verdadero, auténticamente representativo y en ejercicio de sus facultades y autonomía constitucionales, por primera vez, quizá desde la tercera década del siglo XX.

Sin embargo, al mismo tiempo, ante los ojos del ciudadano se encuentra en problemas derivados de una normatividad constitucional e interna con muchos rasgos de obsolescencia e incluso de anacronismo.

Esta situación se concreta en la ausencia de normas constitucionales claras y suficientes, en una serie de aspectos que van desde las facultades de control político, que representan una función contemporánea esencial de los parlamentos, hasta la falta de claridad constitucional, particularmente en cuestiones como el Presupuesto de Egresos de la Federación. Igualmente es notable la falta de mecanismos ágiles de producción legislativa.

Al respecto y analizando las cifras, tenemos que de la confronta entre iniciativas presentadas contra las dictaminadas, los porcentajes han ido en decremento de manera alarmante. En la LV Legislatura se dictaminó el 62 por ciento de iniciativas. En la LVI el 47 por ciento. En la LVII el 30 por ciento, en la LVIII el 27 y del 1° de septiembre del 2003 al 9 de noviembre del 2004 esta nuestra LIX Legislatura lleva sólo el 8.2 por ciento de iniciativas dictaminadas.

Esto no es casual ni gratuito. Al mismo tiempo que la Cámara de Diputados reclama su lugar como poder, hay un notable incremento de los asuntos legislativos y simultáneamente una insuficiente asistencia de los diputados en comisiones y comités.

De acuerdo a cifras del Centro de Investigación y Docencia Económica, durante el primer año del ejercicio de esta legislatura el promedio de asistencia de los diputados a comisiones fue de poco menos del 42 por ciento.

Ante este diagnóstico, los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias resolvimos que la modificación a las reglas de producción legislativas insertas en nuestro marco jurídico es un paso urgente, necesario para afrontar y resolver esta situación.

Sin embargo, advertimos que a ese umbral llegaron otras legislaturas que presentaron propuestas de reforma para modificar estos ordenamientos, sin éxito.

Las iniciativas de Ricardo García Cervantes, Beatriz Paredes Rangel, Augusto Gómez Villanueva y Martí Batres Guadarrama, entre otros, dan cuenta de esta limitación.

Conforme al análisis realizado por la Comisión, la dificultad está en que las cámaras, distintas en materias, facultades, integración y procedimientos actualmente están sujetas a un ordenamiento que regula tanto las sesiones conjuntas de Congreso General como las disposiciones de cada cual por separado.

En tal circunstancia fue preciso dilucidar si la legislación actual es vigente para las sesiones de cada Cámara, actuando por separado, y la Comisión realizó un vasto y prolijo examen histórico y político de la situación para poder concluir con este dictamen.

Dentro de los resultados del trabajo de investigación queda claro, a la luz de dicho análisis, repito, que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General fue planteado como un ordenamiento muy ambicioso, que regulaba la estructuración de las cámaras, las sesiones conjuntas de las mismas, la Comisión Permanente y todo tipo de sesiones.

El crecimiento del número de miembros de las cámaras, la complejidad y amplitud de los temas legislativos, la ampliación de sus facultades y la demanda pública ciudadana de una mayor y mejor intervención de este poder dentro del sistema presidencial mexicano han rebasado ampliamente a nuestro Reglamento y crearon la necesidad de establecer ordenamientos en dos niveles: en las materias comunes, Congreso General, Comisión Permanente, reuniones de Conferencia, cuyo procedimiento seguirá siendo bicamaral, así como en las materias de estructura y funcionamiento de cada una de las cámaras, cuyo procedimiento debe ser exclusivamente unicamaral. Así lo establecieron los legisladores en 1979 en la Ley Orgánica del 25 de mayo. Esta perspectiva, sin embargo, encaró el problema del principio de legalidad en un país en que es una exigencia la facultad expresa para la realización de estos actos.

Hubo que resolver si esta vía era la adecuada, toda vez que la Constitución no señala que cada Cámara pueda hacer su propio ordenamiento y más aún que este ordenamiento se sujete a un proceso distinto bicamaral señalado en la Constitución.

El derecho de una Asamblea a darse sus propias normas es una necesidad elemental de orden inherente a todo conglomerado, es parte intrínseca de la naturaleza de una voluntad colectiva que desea tomar acuerdos y este acto democrático ejercido por la mayoría rebasa cualquier afectación individual.

El proceso de creación de estas normas, es único y especial por el carácter de las mismas y por tanto no se pueden regular por los ordenamientos generales establecidos, sino por los que son propios a su naturaleza e inherentes a su objeto.

Finalmente, según una posición cada vez más extendida, no es en absoluto necesario confundir al reglamento con la ley para alcanzar consecuencias más allá del parlamento y obligar a otros poderes desde este ordenamiento.

En el mundo pocos más de 40 países tienen sistemas bicamarales. De ellos sólo dos: Bolivia e Italia, cuentan con disposiciones constitucionales expresas para que cada una de sus cámaras realice con independencia de la otra, sus propios ordenamientos. En el resto, cada Cámara realiza su reglamentación con autonomía de la otra sin facultad expresa y sin procedimiento bicamaral.

Por ello esta Cámara, pensamos perfectamente, convenientemente, de manera útil, puede tener sus procedimientos internos sin facultad constitucional expresa. Esta es una parte fundamental del alegato que presentamos para tener el derecho pleno de construir nuestro propio Reglamento.

Esta reforma, entonces, al artículo 3º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que faculta expresamente a las Cámaras para darse reglamentos internos, constituye un primer paso, así lo entendemos, en el indispensable proceso de actualización del marco normativo interno del Congreso de la Unión para mejorar de inmediato los procedimientos legislativos tanto en comisiones como en los plenos de las Cámaras; proceso que sabemos deberá continuar con el fortalecimiento de las facultades de control político del Congreso, a fin de poner al día, uno de los principios básicos de la democracia, que el poder controle al poder.

Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados: al presentar a ustedes este dictamen y pedir de manera atenta y solidaria su voto, estamos en la convicción de que si esto es así, si esto se aprueba, tendremos condiciones para que en breve plazo nuestra Cámara, como también así el Senado, dispongan de ordenamientos propios que faciliten sus trabajos y por lo tanto mejoren no solamente su eficiencia, sino correspondan mejor al papel de representantes populares que les ha asignado la nación. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Iván García Solís.

En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se han registrado para fijar posición los grupos parlamentarios, el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la palabra.

El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros, diputadas y diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para apoyar el dictamen que presenta la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 3° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La materia de la reforma que hoy discutimos y votamos es de vital importancia para ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Se trata de que tanto la Cámara de Senadores como esta Cámara de Diputados podamos aprobar nuestros propios reglamentos y acuerdos sin intervención de la colegisladora.

Sabemos que las normas jurídicas que regulan la estructura y funcionamiento de las Cámaras del Congreso de la Unión son, en primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero en virtud de que las disposiciones del Reglamento Interior son omisas, confusas y en muchas ocasiones inaplicables para la nueva realidad de la Cámara de Diputados es por lo que nos hemos visto en la necesidad de aprobar innumerables acuerdos parlamentarios, pero el aspecto fundamental es que no contamos con un reglamento moderno y actualizado que nos permita realizar de manera más eficaz nuestra importante tarea legislativa.

Por ejemplo, el Senado de la República ya tiene tiempo trabajando en su propio Reglamento. En esta Cámara de Diputados el grupo de trabajo que integró la Junta de Coordinación Política para la Reforma del Congreso, también hemos venido trabajando en la elaboración de nuestro propio Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, es necesario contar con la facultad, derivada ésta de la Ley Orgánica, para que podamos contar con nuestro propio Reglamento. En consecuencia, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor en lo general y en lo particular del dictamen que se nos presenta por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia está suficientemente discutido y se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que hace referencia el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

De viva voz:

La diputada Miriam Marina Muñoz Vargas (desde su curul). A favor.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputada Presidenta, le informo que se emitieron 419 votos en pro y una abstención.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 419 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 3º numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

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PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señoras y señores legisladores: El siguiente punto del orden del día es el proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 6 al 11 de diciembre de 2004, a efecto de participar en la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino a celebrarse en Perú el 7 de diciembre de 2004; asistir a la Tercera Cumbre de América del Sur, a realizarse en Cuzco, Perú, el 8 de diciembre de 2004; y para hacer una visita oficial a la República de Bolivia, los días 9 y 10 de diciembre de 2004.*

Consulte por favor a la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputados Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... Mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la segunda lectura.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor Secretario.

Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

En virtud de que esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutido.

Por lo tanto, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior, abrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

(Votación.)

De viva voz los diputados:

La diputada Miriam Marina Muñoz Vargas (desde su curul): A favor.

El diputado Miguel Angel Toscano Velasco (desde su curul): A favor.

El diputado Ricardo Alegre Bojórquez (desde su curul): A favor.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde su curul): A favor.

La diputada María Martha Laguette Lardizábal (desde su curul): A favor.

La diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos (desde su curul): A favor.

El diputado Rómulo Isael Salazar Macías (desde su curul): A favor.

El diputado Alejandro Ismael Murat Hinojosa (desde su curul): A favor.

El diputado Quintín Vázquez García (desde su curul): A favor.

El diputado Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo (desde su curul): A favor.

La diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez (desde su curul): A favor.

El diputada Nancy Cárdenas Sánchez (desde su curul): A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente, se emitieron 404 votos a favor, 0 en contra, 10 abstenciones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor Secretario.

Aprobado el proyecto de decreto por 404 votos. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 y 48, se adiciona la fracción XXXVII al artículo 3º y los artículos 47 Bis y 47 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la segunda lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada por la Mesa Directiva para su estudio y dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que remite la Honorable Cámara de Senadores.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan el siguiente dictamen conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES1. En la sesión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2003, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, recibió la Iniciativa citada en el proemio del presente dictamen, la cual fue presentada por la Senadora Verónica Velasco Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2. En esa misma fecha, la presente Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, iniciándose el proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente.

3. El 28 de abril de 2004, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República, presentó ante el pleno el dictamen de la Iniciativa que nos ocupa, aprobándose por unanimidad con 75 votos.

4. En la misma fecha señalada en el numeral anterior, dicha Iniciativa fue turnada con el carácter de minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 28 y 48; y se adiciona por un lado una fracción XXXVII al artículo 3° y por otro, los artículos 47 BIS y 47 BIS 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

5. El 29 de abril de 2004, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, turnó dicha Minuta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su estudio y dictamen correspondiente, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

México se ubica dentro del selecto grupo de países que se consideran como megadiversos del mundo, ya que dentro del territorio nacional se encuentra un gran número de ecosistemas y de especies de vida silvestre. Este privilegio también conlleva una enorme responsabilidad, ya que todos los mexicanos debemos conservar la riqueza natural de nuestro país, atendiendo al principio de corresponsabilidad en materia de protección al ambiente, previsto por la misma Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por esta razón, el sistema jurídico mexicano cuenta con instrumentos de política ambiental que permiten proteger la variabilidad biológica y ecosistémica del país. De dichos instrumentos jurídicos, las áreas naturales protegidas se han constituido como el más desarrollado para conservar la biodiversidad, así como para garantizar la continuidad de los servicios ambientales vitales. Por ello, actualmente más del 8% del territorio nacional se encuentra sujeto al régimen especial de protección de las áreas naturales protegidas, y la actual administración tiene como meta alcanzar el 10% para el año 2006.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es el ordenamiento jurídico encargado de regular todo lo relativo a las áreas naturales protegidas. En este sentido, desde el año 1988 (desde que entró en vigor) esta Ley estableció la definición de dichas áreas, así como el procedimiento para su declaratoria, y los instrumentos que permiten su adecuada planeación y manejo.

La importancia de su establecimiento radica en que como instrumento de protección de la diversidad biológica, se crean con la finalidad de conservar espacios que no han sido alterados significativamente por el hombre, constituyéndose como porciones del planeta, terrestres o acuáticas en donde el ambiente natural no ha sido esencialmente afectado y que están sujetas a regímenes especiales de protección.

Es importante señalar que si bien es cierto que en la legislación ambiental se aborda este instrumento, también lo es que la manera en que se vincula con las áreas naturales protegidas no es la más adecuada. Al respecto, se ha identificado la necesidad de contar con una definición clara de zonificación; para posteriormente vincular ambos instrumentos de política ambiental.

Asimismo se señala que la zonificación se encuentre regulada dentro del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas; sin embargo a pesar de ello la forma en que se prevé difiere de la misma Ley, al preverse en el multicitado instrumento la posibilidad de zonificación en materia de áreas naturales protegidas para todas las categorías de manejo; mientras que en la Ley a la cual regula, solamente se hace referencia a la zonificación para una categoría de manejo, la Reserva de la Biosfera; razón suficiente para sujetar estas disposiciones a una reforma.

Por esta razón, dentro del Capítulo dedicado a este instrumento de protección de la naturaleza, encontramos disposiciones relativas a los estudios previos justificativos para el establecimiento de las áreas naturales protegidas, la clasificación de los polígonos de las Reservas de la Biosfera en zonas núcleo y de amortiguamiento y el contenido de los programas de manejo que facilitan su adecuada gestión.

Asimismo, dentro de la regulación que la propia LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE hace de otros instrumentos de la política ambiental, se determina la relación que éstos guardan con las áreas naturales protegidas.

Por lo que hace al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, definido en el artículo 28 de la Ley en comento, y mediante el cual se establecen las condiciones a que se sujetarán los proyectos de obras y actividades que puedan incidir de manera negativa en el ambiente o rebasar los límites y condiciones contenidos en las disposiciones aplicables para proteger y conservar el equilibrio ecológico. En este sentido, la fracción XI de este artículo determina que los proyectos de obras que se pretendan ejecutar dentro de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, tendrán que someterse a este procedimiento de evaluación previa.

Lo mismo se presenta en los ordenamientos ecológicos locales, toda vez que el artículo 20 BIS 5, fracción V de la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE dispone que cuando esta modalidad del ordenamiento ecológico del territorio comprenda un área natural protegida de competencia federal, tendrá que ser elaborado y aprobado de manera conjunta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades estatales y municipales que correspondan.

Lo anterior hace evidente la relevancia transversal de las áreas naturales protegidas como instrumento de protección ambiental, ya que las mismas inciden directamente en la formulación y ejecución de otros importantes instrumentos de la política ambiental.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como cualquier instrumento jurídico, requiere de adecuaciones que permitan que sus disposiciones normativas se adapten a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad y a las condiciones del ambiente.

Por otro lado los artículos han demostrado su imprecisión, por lo que requieren de modificaciones que permitan que las áreas naturales protegidas cumplan con sus objetivos, previstos por el artículo 45 de dicha Ley.

En el artículo en comento se prevé la evaluación de impacto ambiental, como el instrumento de política ambiental encaminado a que la autoridad evalúe el impacto que las obras o actividades causarán sobre el medio ambiente mediante un procedimiento a través del cual establecerá las condiciones a que se sujetará la realización de las mismas; en caso de que éstas causaran desequilibrios ecológicos o rebasaran los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.1

Tal es el caso del anteriormente citado artículo 28, fracción XI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el cual se omite sujetar las actividades que se lleven a cabo dentro de las áreas naturales protegidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Con esta omisión se le resta eficacia a la evaluación de impacto ambiental, como instrumento encaminado a prevenir y mitigar el deterioro ambiental; máxime cuando dicho menoscabo se pueda realizar dentro de un área natural protegida.

Por otro lado, la regulación de la zonificación de las áreas naturales protegidas que actualmente hace la Ley General del Equilibrio Ecológico Y la Protección al Ambiente, resulta confusa e imprecisa, lo que permite inferir diversas interpretaciones de un solo precepto, debilitando la necesaria planeación de dichas áreas.

Coincidiendo plenamente con lo expuesto en la Iniciativa, la falta de una definición en la legislación ambiental del término zonificación, contribuye sensiblemente a la indeterminación de dicho instrumento planificador.

La zonificación representa el medio a través del cual se aplicarán a la realidad las modalidades a la propiedad y las restricciones a la ejecución de actividades productivas, previstas en diferentes ordenamientos jurídicos, en aras de contribuir con la protección y conservación de los ecosistemas y de las especies de vida silvestre. Por ende, la zonificación constituye la esencia misma de las áreas naturales protegidas, en cuanto a que estas representan un régimen especial de protección al que debe sujetarse cualquier forma de propiedad o los derechos sobre los recursos naturales que en ellas se encuentran.

Aunado a esto, la zonificación es el medio que permitirá compatibilizar los objetivos de protección ambiental y del cuidado de los recursos naturales de todos los tipos de áreas naturales protegidas, con la posibilidad de que se lleven a cabo actividades productivas que resulten compatibles con dichos objetivos. Por lo tanto, la zonificación permitirá que las áreas naturales protegidas se conviertan en modelos para el desarrollo sustentable y por ende, que los pobladores de las mismas mejoren su calidad de vida.

Sin embargo, el hecho de que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, contenga los conceptos de zona núcleo y de amortiguamiento dentro del artículo que define a las Reservas de la Biosfera, hace pensar que el espíritu del legislador solo pretendió aplicar la subdivisión a este tipo de área natural protegida y no a todas las categorías de manejo.

Estas imprecisiones jurídicas, motivaron al Poder Ejecutivo Federal a intentar subsanarlas a través del Reglamento de dicha Ley en materia de Áreas Naturales Protegidas, el cual entró en vigor el 30 de noviembre de 2000. Dicho reglamento prevé todo un artículo de conceptos jurídicos, el cual complementa las definiciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; disposiciones relativas a la administración y manejo de las áreas naturales protegidas; la integración del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los consejos asesores; y una serie de normas que determinan la zonificación y subzonificación para todas las categorías de las áreas naturales protegidas.

Asimismo, en el presente reglamento se dispone que todas las categorías de áreas naturales protegidas, podrán ser subdivididas en zonas núcleo y de amortiguamiento, las cuales a su vez podrán ser clasificadas en subzonas. Con esto, a pesar de ser un esfuerzo conveniente para dotar a la autoridad de los instrumentos de planificación necesarios para la adecuada gestión de las áreas naturales protegidas, se excede lo dispuesto en la Ley, corriéndose el riesgo de que la zonificación prevista en este ordenamiento reglamentario, sea impugnado ante su falta de fundamento jurídico.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En primer término, la Iniciativa en comento propone adicionar al artículo 3° la definición de zonificación, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a XXVI....

XXXVII. Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente.

Por otro lado, a través de la presente Minuta, se propone adicionar a la fracción XI del artículo 28, la palabra ``actividades'', toda vez que originalmente este supuesto normativo sólo exige que las obras que se realicen dentro de un área natural protegida, se sometan al procedimiento preventivo de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, de conformidad con todo lo expuesto en los considerandos del presente dictamen, las Comisiones que suscriben se encuentran de acuerdo con esta adición, en los términos presentados:

Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento...

I a X ...

XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación.

Por otro lado, se propone incluir dentro del Capítulo de las ``Áreas Naturales Protegidas'', el artículo 47 BIS, mediante el cual se establece la zonificación y subzonificación de las áreas naturales protegidas.

Esta Comisión Dictaminadora, coincide con el texto del encabezado y el contenido del artículo 47 BIS, coincidiendo con la preocupación de la colegisladora en el sentido de incorporar éste instrumento de planeación de las áreas naturales protegidas.

En lo que toca al artículo 47 BIS 1, esta Comisión comparte el espíritu de la reforma, ya que con la redacción propuesta clarifica que la zonificación se establecerá mediante la declaratoria correspondiente y la subzonificación a través del programa de manejo.

En lo que respecta a las reformas planteadas para el artículo 48, se concuerda con las mismas, ya que resulta oportuno establecer claramente las actividades permitidas en dichas áreas.

Finalmente, dentro de los artículos Transitorios de la Iniciativa presentada, esta Comisión dictaminadora concuerda plenamente.

RESOLUTIVO

En virtud de que la presente Iniciativa tiene como objetivo fortalecer el régimen jurídico de las áreas naturales protegidas y adecuar las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en esta materia, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, considera procedente la misma.

Por esta razón, y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 Y 48, Y SE ADICIONA POR UN LADO UNA FRACCIÓN XXXVII AL ARTÍCULO 3° Y POR OTRO LOS ARTÍCULOS 47 BIS Y 47 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 28 y 48, y se adiciona por un lado una fracción XXXVII al artículo 3° y por otro los artículos 47 BIS y 47 BIS 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a XXVI. ...

XXXVII. Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente.

Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir el mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

I a X . ...

XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación.

Artículo 47. BIS. Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, en relación al establecimiento de las áreas naturales protegidas, se realizará una división y subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral y dinámico, por lo que cuando se realice la delimitación territorial de las actividades en las áreas naturales protegidas, ésta se llevará a cabo a través de las siguientes zonas y sus respectivas subzonas, de acuerdo a su categoría de manejo:

I. Las zonas núcleo, tendrán como principal objetivo la preservación de los ecosistemas a mediano y largo plazo, en donde se podrán autorizar las actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación y de colecta científica, educación ambiental, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas. Estas zonas podrán estar conformadas por las siguientes subzonas:

a) De protección: Aquellas superficies dentro del área natural protegida, que han sufrido muy poca alteración, así como ecosistemas relevantes o frágiles y fenómenos naturales, que requieren de un cuidado especial para asegurar su conservación a largo plazo.

En las subzonas de protección sólo se permitirá realizar actividades de monitoreo del ambiente, de investigación científica que no implique la extracción o el traslado de especimenes, ni la modificación del hábitat.

b) De uso restringido: Aquellas superficies en buen estado de conservación donde se busca mantener las condiciones actuales de los ecosistemas, e incluso mejorarlas en los sitios que así se requieran, y en las que se podrán realizar excepcionalmente actividades de aprovechamiento que no modifiquen los ecosistemas y que se encuentren sujetas a estrictas medidas de control.

En las subzonas de uso restringido sólo se permitirán la investigación científica y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental que no impliquen modificaciones de las características o condiciones naturales originales, y la construcción de instalaciones de apoyo, exclusivamente para la investigación científica o el monitoreo del ambiente.

II. Las zonas de amortiguamiento, tendrán como función principal orientar a que las actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo, y podrán estar conformadas básicamente por las siguientes subzonas:

a) De preservación: Aquellas superficies en buen estado de conservación que contienen ecosistemas relevantes o frágiles, o fenómenos naturales relevantes, en las que el desarrollo de actividades requiere de un manejo específico, para lograr su adecuada preservación.

En las subzonas de preservación sólo se permitirán la investigación científica y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y las actividades productivas de bajo impacto ambiental que no impliquen modificaciones sustanciales de las características o condiciones naturales originales, promovidas por las comunidades locales o con su participación, y que se sujeten a una supervisión constante de los posibles impactos negativos que ocasionen, de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos y reglamentarios que resulten aplicables.

b) De uso tradicional: Aquellas superficies en donde los recursos naturales han sido aprovechados de manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones significativas en el ecosistema. Están relacionadas particularmente con la satisfacción de las necesidades socioeconómicas y culturales de los habitantes del área protegida.

En dichas subzonas no podrán realizarse actividades que amenacen o perturben la estructura natural de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios para su recuperación. Sólo se podrán realizar actividades de investigación científica, educación ambiental y de turismo de bajo impacto ambiental, así como la infraestructura de apoyo que se requiera, utilizando ecotécnias y materiales tradicionales de construcción propios de la región, aprovechamiento de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades económicas básicas y de autoconsumo de los pobladores, utilizando métodos tradicionales enfocados a la sustentabilidad, conforme lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

c) De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: Aquellas superficies en las que los recursos naturales pueden ser aprovechados, y que, por motivos de uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario que todas las actividades productivas se efectúen bajo esquemas de aprovechamiento sustentable.

En dichas subzonas se permitirán exclusivamente el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales renovables, siempre que estas acciones generen beneficios preferentemente para los pobladores locales, la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto ambiental.

Asimismo, el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre podrá llevarse a cabo siempre y cuando se garantice su reproducción controlada o se mantengan o incrementen las poblaciones de las especies aprovechadas y el hábitat del que dependen; y se sustenten en los planes correspondientes autorizados por la Secretaría, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

d) De aprovechamiento sustentable de los ecosistemas: Aquellas superficies con usos agrícolas y pecuarios actuales.

En dichas subzonas se podrán realizar actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad que se lleven a cabo en predios que cuenten con aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se realicen de manera cotidiana, y actividades de agroforestería y silvopastoriles, siempre y cuando sean compatibles con las acciones de conservación del área, y que contribuyan al control de la erosión y evitar la degradación de los suelos.

La ejecución de las prácticas agrícolas, pecuarias, agroforestales y silvopastoriles que no estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para su realización.

e) De aprovechamiento especial: Aquellas superficies generalmente de extensión reducida, con presencia de recursos naturales que son esenciales para el desarrollo social, y que deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar impactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que conformen.

En dichas subzonas sólo se podrán ejecutar obras públicas o privadas para la instalación de infraestructura o explotación de recursos naturales, que generen beneficios públicos, que guarden armonía con el paisaje, que no provoquen desequilibrio ecológico grave y que estén sujetos a estrictas regulaciones de uso sustentable de los recursos naturales.

f) De uso público: Aquellas superficies que presentan atractivos naturales para la realización de actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener concentraciones de visitantes, en los límites que se determinen con base en la capacidad de carga de los ecosistemas.

En dichas subzonas se podrá llevar a cabo exclusivamente la construcción de instalaciones para el desarrollo de servicios de apoyo al turismo, a la investigación y monitoreo del ambiente, y la educación ambiental, congruentes con los propósitos de protección y manejo de cada área natural protegida.

g) De asentamientos humanos: En aquellas superficies donde se ha llevado a cabo una modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas originales, debido al desarrollo de asentamientos humanos, previos a la declaratoria del área protegida, y

h) De recuperación: Aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente alterados o modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación.

En estas subzonas deberán utilizarse preferentemente para su rehabilitación, especies nativas de la región; o en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales.

En las zonas de amortiguamiento deberá tomarse en consideración las actividades productivas que lleven a cabo las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva, basándose en lo previsto tanto en el Programa de Manejo respectivo como en los Programas de Ordenamiento Ecológico que resulten aplicables.

Artículo 47 BIS 1.- Mediante las declaratorias de las áreas naturales protegidas, podrán establecerse una o más zonas núcleo y de amortiguamiento, según sea el caso, las cuales a su vez, podrán estar conformadas por una o más subzonas, que se determinarán mediante el programa de manejo correspondiente, de acuerdo a la categoría de manejo que se les asigne.

En el caso en que la declaratoria correspondiente sólo prevea un polígono general, este podrá subdividirse por una o más subzonas previstas para las zonas de amortiguamiento, atendiendo a la categoría de manejo que corresponda.

En las reservas de la biosfera, en las áreas de protección de recursos naturales y en las áreas de protección de flora y fauna se podrán establecer todas las subzonas previstas en el artículo 47 Bis.

En los parques nacionales podrán establecerse subzonas de protección y de uso restringido en sus zonas núcleo; y subzonas de uso tradicional, uso público y de recuperación en las zonas de amortiguamiento.

En el caso de los parques nacionales que se ubiquen en las zonas marinas mexicanas se establecerán, además de las subzonas previstas en el párrafo anterior, subzonas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

En los monumentos naturales y en los santuarios, se podrán establecer subzonas de protección y uso restringido, dentro de sus zonas núcleo; y subzonas de uso público y de recuperación en las zonas de amortiguamiento.

Artículo 48.- Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, ...

En las zonas núcleo de las reservas de la biosfera sólo podrá autorizarse la ejecución de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y educación ambiental, mientras que se prohibirá la realización de aprovechamientos que alteren los ecosistemas.

Por su parte, en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables.

TRANSITORIOS.

Primero: El presente decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Con la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo Federal deberá revisar y modificar los reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, y en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, en relación con los artículos que reglamenten las disposiciones legales modificadas, en un término que no exceda a 60 días una vez que entre en vigor la presente iniciativa.

Tercero: Los parques nacionales y los monumentos naturales que se hayan establecido con anterioridad a la expedición del presente decreto, podrán utilizar zonas alternativas, además de las exigidas en el artículo 47 Bis 1 de la presente Ley, que permitan compatibilizar los objetivos de conservación del área natural protegida, con las actividades que se han venido desarrollando hasta ese momento.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a los 28 días del mes de octubre de 2004.

Notas:

1 Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán, Presidenta (rúbrica); Francisco J. Lara Arano, secretario (rúbrica); Roberto A. Aguilar Hernández, secretario (rúbrica); Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario (rúbrica); José Luis Cabrera Padilla, secretario (rúbrica); Irene H. Blanco Becerra, Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas, Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés, María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señoras y señores legisladores: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo llegar a la Presidencia de la Mesa Directiva, fe de erratas al dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fe de erratas que ha sido previamente distribuida a los ciudadanos diputados. No obstante que la Comisión califica el documento como fe de erratas, esta Presidencia por prurito reglamentario instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si aprueba que esta fe de erratas se incorpore al dictamen de referencia.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Con mucho gusto.

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si es de considerarse la fe de erratas en el dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En sesión plenaria de fecha 30 de noviembre de 2004, se inscribió en el orden del día de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de zonificación de áreas naturales protegidas, del mismo se desprende que tiene errores de técnica legislativa, por lo que se solicita la siguiente fe de erratas:

Que en el artículo 3 se establece que las fracciones van de la I a la XXVI, siendo que tendría que ser de la I a la XXXVI, por lo que:

DICE:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a XXVI ....

XXXVII. Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente.

DEBE DECIR:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a XXXVI . ...

XXXVII. Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno; de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente.

En el texto del artículo 28 del documento, se omitió que después de la fracción XI, a la cual se le incorporó la mención de ``y actividades'', a continuación siguen las fracciones XII y XIII; así como puntos suspensivos indicando que los dos últimos párrafos del citado artículo no sufrieron modificación alguna, por lo que:

DICE:

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento...

I a X ...

XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación.

DEBE DECIR:

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir el mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

I a X...

XI. Obras y actividades en áreas protegidas de competencia de la Federación;

XII...

XIII...

...

...

En el artículo 48 resulta más apropiado eliminar del primer párrafo el inicio de la redacción del mismo, dejando tan sólo puntos suspensivos que indiquen que dicho primer párrafo no sufrió modificaciones, por lo que:

DICE:

Artículo 48. Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional.

...

En las zonas núcleo de las reservas de la biosfera sólo podrá autorizarse la ejecución de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y educación ambiental, mientras que se prohibirá la realización de aprovechamientos que alteren los ecosistemas.

Por su parte, en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables.

DEBE DECIR:

Artículo 48. ...

En las zonas núcleo de las reservas de la biosfera sólo podrá autorizarse la ejecución de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y educación ambiental, mientras que se prohibirá la realización de aprovechamientos que alteren los ecosistemas.

Por su parte, en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables.

No omito informarle que la presente se solicita a petición de la Cámara de Senadores, para lo cual agrego oficio correspondiente firmado por la Senadora Verónica Velasco Rodríguez, el cual se explica por sí mismo.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 1 de diciembre de 2004.--- Diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán, Presidenta.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: El texto pertinente del documento entregado por la Comisión se incorpora al dictamen de referencia.

Se concede el uso de la palabra a la diputada doña Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante diputada.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Compañeras y compañeros diputados:

México se ubica dentro del selecto grupo de países que se consideran como megadiversos del mundo, ya que dentro del territorio nacional se encuentra un gran número de ecosistemas y de especies de vida silvestre.

Este privilegio también conlleva a una enorme responsabilidad, ya que todos los mexicanos debemos conservar la riqueza natural de nuestro país, atendiendo al principio de corresponsabilidad en materia de protección al ambiente, previsto por la misma Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por esta razón, el sistema jurídico mexicano cuenta con instrumentos de política ambiental que permiten proteger la variabilidad biológica y ecosistémica del país.

De dichos instrumentos jurídicos, las áreas naturales protegidas se han constituido como el más desarrollado para conservar la biodiversidad, así como para garantizar la continuidad de los servicios ambientales vitales.

Por ello, actualmente más del 8 por ciento del territorio nacional se encuentra sujeto al régimen especial de protección de las áreas naturales protegidas y la actual administración tiene como meta alcanzar el 10 por ciento para el año 2006.

La LGEEPA es el ordenamiento jurídico encargado de regular todo lo relativo a las áreas naturales protegidas. En este sentido, desde el año 1988, desde que entró en vigor, esta ley estableció la definición de áreas naturales protegidas, así como el procedimiento para su declaratoria y los instrumentos que permiten su adecuada planeación y manejo.

La importancia de su establecimiento radica en que como instrumento de protección de la diversidad biológica, se crean con la finalidad de conservar espacios que no han sido alterados significativamente por el hombre, constituyéndose como porciones del planeta terrestres o acuáticos, en donde el ambiente natural no ha sido esencialmente afectado y que están sujetas a regímenes especiales de protección.

Es importante señalar que si bien es cierto que en la legislación ambiental se aborda este instrumento, también lo es que la manera en que se vincula con las áreas naturales protegidas no es la más adecuada.

Al respecto, se ha identificado la necesidad de contar con una definición clara de zonificación para posteriormente vincular ambos instrumentos de política ambiental.

Asimismo se señala que la zonificación se encuentra regulada dentro del Reglamento de la LGEEPA en materia de áreas naturales protegidas. Sin embargo, a pesar de ello, la forma en que se prevé difiere de la misma ley, al preverse en el multicitado instrumento la posibilidad de zonificación en materia de áreas naturales protegidas para todas las categorías de manejo, mientras que en la ley a la cual regula, solamente se hace referencia a la zonificación para una categoría de manejo: la reserva de la biosfera, razón suficiente para sujetar estas disposiciones a una reforma.

Por esta razón, dentro del capítulo dedicado a este instrumento de protección de la naturaleza, encontramos disposiciones relativas a los estudios previos justificativos para el establecimiento de las áreas naturales protegidas, la clasificación de los polígonos de las reservas de la biosfera en zonas núcleo y de amortiguamiento y el contenido de los programas de manejo que faciliten su adecuada gestión.

Asimismo, dentro de la regulación que la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente hace de otros instrumentos de política ambiental, se determina la relación que éstos guardan con las áreas naturales protegidas.

Por lo que hace al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, definido en el artículo 28 de la ley en comento y mediante el cual se establecen las condiciones a que se sujetarán los proyectos de obras y actividades que puedan incidir de manera negativa en el ambiente o rebasar los límites y condiciones contenidos en las disposiciones aplicables para proteger y conservar el equilibrio ecológico, en este sentido la fracción XI de este artículo determina que los proyectos de obras que se pretendan ejecutar dentro de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, tendrán que someterse a este procedimiento de evaluación previa.

Lo mismo se presenta en los ordenamientos ecológicos locales, toda vez que en el artículo 20 Bis 5, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Un momento diputada, por favor suspendan el cómputo del tiempo.

A solicitud del señor diputado don Leonardo Alvarez, esta Presidencia ruega a los señores legisladores prestar atención a la diputada oradora que está en la tribuna con la cortesía que se le debe.

Continúe diputada.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Gracias, señor Presidente, gracias diputado Alvarez.

Lo anterior hace evidente la relevancia transversal de las áreas naturales protegidas como instrumento de protección ambiental, ya que las mismas inciden directamente en la formulación y ejecución de otros importantes instrumentos de la política ambiental.

La LGEEPA como cualquier instrumento jurídico, requiere de adecuaciones que permitan que sus disposiciones normativas se adapten a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad y a las condiciones del ambiente.

Por otro lado, los artículos han demostrado su imprecisión, por lo que requieren de modificaciones que permitan que las áreas naturales protegidas cumplan con sus objetivos, previstos por el artículo 45 de dicha ley.

En el artículo en comento se prevé la evaluación de impacto ambiental como el instrumento de política ambiental, encaminado a que la autoridad evalúe el impacto que las obras o actividades causarán sobre el medio ambiente, mediante un procedimiento a través del cual, establecerá las condiciones a que se sujetará la realización de las mismas, en caso de que éstas causaran desequilibrios ecológicos o rebasaran los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.

Tal es el caso del anteriormente citado artículo 28, fracción XXI, de la LGEEPA, en el cual se omite sujetar las actividades que se lleven a cabo dentro de las áreas naturales protegidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Con esta omisión se le resta eficacia a la evaluación de impacto ambiental, como instrumento encaminado a prevenir y mitigar el deterioro ambiental, máxime cuando dicho menoscabo se puede realizar dentro de un área natural protegida.

Por otro lado, la regulación de la zonificación de las áreas naturales protegidas que actualmente hace la LGEEPA, resulta confusa e imprecisa, lo que permite inferir diversas interpretaciones de un solo precepto, debilitando la necesaria planeación de dichas áreas.

Coincidiendo plenamente con lo expuesto en la iniciativa, la falta de una definición en la legislación ambiental del término zonificación, contribuye sensiblemente a la indeterminación de dicho instrumento planificador. La zonificación representa el medio a través del cual se aplicarán a la realidad las modalidades a la propiedad y las restricciones a la ejecución de actividades productivas, previstas en diferentes ordenamientos jurídicos, en aras de contribuir con la protección y conservación de los ecosistemas y de las especies de vida silvestre.

Por ende, la zonificación constituye la esencia misma de las áreas naturales protegidas, en cuanto que éstas representan un régimen especial de protección al querer sujetarse a cualquier forma de propiedad o los derechos sobre los recursos naturales que en ella se encuentran.

Aunado a esto, la zonificación es el medio que permitirá compatibilizar los objetivos de protección ambiental y del cuidado de los recursos naturales de todos los tipos de áreas naturales protegidas, con la posibilidad de que se lleven a cabo actividades productivas que resulten compatibles con dichos objetivos. Por lo tanto la zonificación permitirá que las áreas naturales protegidas se conviertan en modelos para el desarrollo sustentable y por ende, que los pobladores de las mismas mejoren su calidad de vida.

Sin embargo el hecho de que la LGEEPA contenga los conceptos de zona-núcleo y de amortiguamiento dentro del artículo que define las reservas de la biosfera, hace pensar que el espíritu del legislador sólo pretendió aplicar la subdivisión a este tipo de área natural protegida y no a todas las categorías de manejo.

Estas imprecisiones jurídicas motivaron al Poder Ejecutivo federal, a intentar subsanarlas a través del reglamento de dicha ley en materia de áreas naturales protegidas, el cual entró en vigor el 30 de noviembre de 2000.

Dicho reglamento prevé todo un artículo de conceptos jurídicos, el cual complementa las definiciones previstas en la LGEEPA, disposiciones relativas a la administración y manejo de las áreas naturales protegidas, la integración del Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas y los consejos asesores y una serie de normas que determinan la zonificación y subzonificación para todas las categorías de las áreas naturales protegidas.

Asimismo en el presente reglamento se dispone que todas las categorías de áreas naturales protegidas podrán ser subdivididas en zonas-núcleo y amortiguamiento, las cuáles a su vez, podrán ser clasificadas en subzonas.

Con esto, a pesar de ser un esfuerzo conveniente para dotar a la autoridad de los instrumentos de planificación necesarios para la adecuada gestión de las Anpes, se excede lo dispuesto en la ley, corrigiéndose el riesgo de que la zonificación prevista en este ordenamiento reglamentario, sea impugnado ante su falta de fundamento jurídico.

Por todo lo anterior, es de gran importancia que el presente dictamen se vote a favor, ya que aporta elementos necesarios para la debida administración de las áreas naturales protegidas. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputada.

Antes de continuar con la fase que sigue en este dictamen, señoras y señores legisladores, se encuentran en este recinto un grupo de alumnos de la escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial del municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, invitados por la diputada doña Blanca Estela Gómez Carmona, a los que les damos la bienvenida. Bienvenidos, jóvenes.

Hecha la fundamentación del dictamen por la Comisión en los términos del artículo 108, se abre la discusión en lo general y en lo particular del proyecto de decreto y para tal efecto, esta Presidencia tiene registrados a los siguientes oradores:

En pro el diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; también en pro la diputada doña Lorena Torres Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Se le concede el uso de la palabra a don Héctor Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado Presidente.

El tema que nos ocupa...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, don Héctor, por favor.

Ruego a los señores legisladores, con toda atención por parte de la Presidencia, prestar atención debida a la discusión de este dictamen. Gracias.

Adelante, don Héctor.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputado Presidente.

El tema que nos ocupa el día de hoy son diversas modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente.

Estamos en presencia de una minuta del Senado de la República que lamentablemente contiene diversas fe de erratas presentadas el día de hoy y que por consecuencia, la minuta no puede ser aprobada en sus términos y tendrá que regresar al Senado de la República para las adecuaciones correspondientes.

Sin embargo, deja de manifiesto diversos conceptos que están oscuros en la ley o no previstos dentro de la propia ley, básicamente en el tema de ``áreas naturales protegidas'' y la propia ``zonificación'' y esto nos lleva en 2 vertientes que es conveniente precisar el día de hoy.

Obviamente apoyamos la propuesta presentada, sin lugar a dudas; pero nos deja una enseñanza muy importante. El Ejecutivo federal, el Presidente de la República, conforme al artículo 89, fracción I, de nuestra Constitución, puede reglamentar la exacta observancia de la ley, pero tiene dos límites: no puede ir ni más allá de la ley ni en contra de la ley.

Es decir, el día de hoy, el Congreso de la Unión, una vez más, señala en forma muy clara que la atribución de legislar es del Congreso de la Unión, no del Presidente de la República; que no obstante sus buenas intenciones de cubrir vacíos en la ley, no es su facultad.

Esto nos ayuda también a dejar un precedente en una controversia constitucional que actualmente sostiene esta Cámara de Diputados con relación al Reglamento de Juegos y Sorteos publicado el pasado 26 de septiembre del año próximo pasado.

Y por otro lado, el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, señala el tema ``responsabilidad civil por violación a esta legislación''. Me preocupa que sigamos legislando con normas imperfectas, normas sin sanción.

¡Qué bueno que ya aclaramos lo que son las áreas naturales protegidas!, ¡qué bueno que ya aclaramos conceptos de zonificación!, pero debemos dejar y precisar cuáles son las consecuencias de la violación a esas determinaciones, a esas determinaciones previstas dentro de la propia legislación.

Actualmente, esta Cámara de Diputados tiene el análisis y estudio de una minuta del Senado de la República; una minuta correspondiente a la Ley de Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental. Yo exhorto de la manera más respetuosa a mis pares, a mis compañeros diputados, a que nos aboquemos a trabajar en el tema de la responsabilidad civil por daño y deterioro ambiental.

No sigamos legislando con normas imperfectas, con normas que no tienen sanción. Aboquémonos al tema, podemos no coincidir en ello, lo que no podemos permitirnos es excluirnos de un debate que es muy importante: la preservación del medio ambiente. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza.

Para hablar en pro, se le concede el uso de la palabra a la diputada doña Lorena Torres Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Lorena Torres Ramos: Con su permiso, señor Presidente.

Para el Partido Acción Nacional, el medio ambiente, la ecología el desarrollo sustentable y la protección de éstos, es un compromiso permanente que precisa el deber y la responsabilidad del grupo legislativo y del Estado.

En la defensa de nuestros recursos tanto renovables como no renovables que permita el mejor uso de esos recursos en tiempo y aprovechamiento, optimizando así nuestras reservas y los productos que podemos obtener de ellas, pugnando de esta manera por un medio ambiente sano y limpio.

De esta manera me permito señalar que con respecto a esta minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 28 y 48, y se adiciona, por un lado, la fracción XXXVII al artículo 3º, y por otro lado los artículos 47 Bis primero, de la LGEEPA, obedece a nuestra necesidad de ser responsables con los ciudadanos que han depositado toda su confianza en nosotros, a efecto de actuar de manera responsable en el tema que permita mantener el orden y equilibrio ecológico en contra de las actividades que perjudican nuestro entorno y el de las futuras generaciones; permite determinar las zonas con las que deben contar las áreas naturales protegidas, haciendo de esta manera un desarrollo más sustentable.

Es así que como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, impulsaremos el ordenamiento y la homologación de las distintas leyes y competencias que la materia ambiental tiene, para eficientar la labor de protección de la biosfera en conjunto con los diferentes ámbitos gubernamentales.

Los proyectos que impulsaremos incorporarán el planteamiento de protección y preservación del medio ambiente.

La convivencia entre los seres humanos y la naturaleza debe ser tal que permita la satisfacción de las necesidades de los hombres sin comprometer la capacidad de regeneración de la naturaleza y por tanto la existencia de las generaciones futuras. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada doña Lorena Torres Ramos.

Agotado el turno de oradores, se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias Secretaria. Suficientemente discutido.

Se instruye a la Secretaría para que se abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, recordando a los señores legisladores que, de acuerdo con el acuerdo parlamentario, pueden votar hasta que se cierre el sistema electrónico. Podrán votar después sólo los que avisen daño en el aparato biométrico.

Adelante, Secretaria.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

De viva voz:

La diputada Miriam Marina Muñoz Vargas (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Presidente, se emitieron 411 votos en pro, ninguno en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, Secretaria.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, con las incorporaciones aprobadas por la Asamblea, por 411 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 y 48, se adiciona la fracción XXXVII al artículo 3° y los artículos 47 Bis y 47 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 314, fracción II, y 350 Bis 6 de la Ley General de Salud.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 314, fracción II, y 350 Bis-6 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción ii del artículo 314 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 350 BIS. 6, de la Ley General de Salud, remitida por la H. Cámara de Senadores con fecha 15 de Diciembre de 2003.

Con fundamento en lo dispuesto por lps artículos 39 numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89,93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍAI. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la minuta en estudio y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'' la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la minuta en análisis.

I ANTECEDENTES. En sesión celebrada por la H. Cámara de Senadores con fecha 5 de Diciembre de 2002, el senador Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 314, fracción segunda; 350 bis 5; y se adicionan una fracción décima al artículo 314, cuyas actuales fracciones décima, decimoprimera, duodécima, decimotercera y decimocuarta se recorren en su orden y pasan a ser las fracciones decimoprimera, duodécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta, un párrafo segundo se suma al artículo 350 Bis 5 y por último se adicionan un párrafo segundo y uno tercero al Artículo 350 Bis 6, todos de la Ley General de Salud.

Con fecha 15 de Diciembre de 2003, en sesión celebrada por la H. Cámara de Senadores, se aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 314, fracción II y se adiciona un párrafo segundo al artículo 350 BIS 6 de la Ley General de Salud.

Con fecha 16 de marzo de 2004, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó la minuta con proyecto de decreto a ésta Comisión para su estudio y posterior dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

En su exposición de motivos, el Senador refiere la importancia de respetar la dignidad humana, concepto filosófico que define, según el Dr. Adame Godard, como la excelencia o jerarquía que tiene el ser humano sobre los demás seres corpóreos, en virtud de su naturaleza racional.

Menciona también, que la dignidad humana no se extingue con la muerte, por lo que se debe dar un trato digno al cadáver de todo ser humano, citando el artículo 346 de la Ley General de Salud, que establece que los cadáveres no podrán ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración.

Por estas razones, entre muchas otras, el Senador propone que los cadáveres de personas desconocidas, incluyendo a los de los fetos que no sean reclamados por cualquiera de los disponentes secundarios, dentro del término señalado por el artículo 348 de la propia Ley General de Salud, sean inhumados en la fosa común, satisfaciendo los requisitos que señala el Registro Civil, las autoridades sanitarias, la Autoridad Judicial en los casos de su competencia y las demás disposiciones legales aplicables.

III. CONSIDERACIONES.

A. Del estudio de la minuta, los diputados integrantes de la Comisión de Salud, coincidimos en el espíritu de la misma y creemos que la reforma propuesta por el senador Fraile García tiene suficientes fundamentos para su aprobación, como lo consideró la Cámara de Senadores para su aprobación, con las modificaciones que las Comisiones unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos, creyeron necesarias.

B. Con las facultades que nos otorga el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, los diputados integrantes de esta Comisión de Salud, hemos hecho algunas modificaciones a la minuta aprobada por la Cámara de Senadores.

C. Como se menciona con antelación, coincidimos en el espíritu de la iniciativa, sin embargo, en un afán de congruencia es necesario, señalar que existe un decreto aprobado por ésta H. Cámara de Diputados, por el que se reforma, entre otros artículos, el 314 de la Ley General de Salud, precisamente en su fracción II; para quedar de la siguiente forma:

ARTÍCULO 314. Para efectos de este título se entiende por:

I.

II. Cadáver, el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida;

III...

El mencionado Decreto, fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del 15 de Diciembre de 2003.

D. Por este motivo, y en un afán de congruencia, la Comisión de Salud, propone que la minuta aprobada por la H. Cámara de Senadores, recoja la misma definición de cadáver que se aprobó por la Cámara de Diputados, el 15 de Diciembre de 2003.

E. El decreto mencionado también reforma los artículos 338, 343, 344 y 345; mediante estas reformas se establecen los conceptos de muerte encefálica, así como los signos de pérdida de la vida; por lo que el texto del decreto es completamente congruente con la definición de cadáver, de lo anterior se deduce que no sería necesario hacer referencia al 343, de la propia ley en la definición de la fracción II del artículo 314.

F. Es por esta razón que la Comisión de Salud, propone que la reforma del artículo 314 quede de la siguiente forma:

G. En otro orden de ideas, en el texto de la minuta se comete un error al escribir una fracción XV en el artículo 314, ya que éste artículo sólo consta de XIV fracciones y la minuta no adiciona ninguna; es por este motivo que a la Comisión de Salud le compete la solución del yerro mencionado.

H. En lo referente a la reforma del artículo 350 BIS 6, concordamos con la reforma en los términos de la minuta, ya que consideramos pertinente el reconocimiento legal del cadáver del feto, así como la obligación de darles un destino final, de modo que se respete su dignidad humana, cómo lo expresa el espíritu de la iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 314, FRACCIÓN II Y 350 BIS-6, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se reforman los artículos 314, fracción II y 350 BIS-6, de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

ARTÍCULO 314.

Para efectos de este título se entiende por:

I....

II. Cadáver, el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida;

III a XIV....

ARTÍCULO 350 BIS-6. Sólo podrá darse destino final a un feto previa expedición del certificado de muerte fetal.

En el caso de que el cadáver del feto no sea reclamado dentro del término que señala el artículo 348 de esta ley, deberá dársele destino final. Salvo aquellos que sean destinados para el apoyo de la docencia e investigación por la autoridad de Salud conforme a esta ley y a las demás disposiciones aplicables, quien procederá directamente o por medio de las instituciones autorizadas que lo soliciten mismas que deberán cumplir con los requisitos que señalen las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIOS.

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La legislación secundaria deberá adecuarse a lo dispuesto en este decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día 25 de Noviembre de 2004.--- Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado V. (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortíz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se le concede el uso de la palabra al señor diputado don José Angel Córdoba Villalobos, por la Comisión, para fundamentar el dictamen en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

El diputado José Angel Córdova Villalobos: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en mi calidad de Presidente de la Comisión de Salud, me dirijo a ustedes para presentar la fundamentación del dictamen por medio del cual se reforman los artículos 314, fracción II, y 350 Bis 6 de la Ley General de Salud.

Por su dignidad, los hombres son iguales por naturaleza y no se debe hacer distinción alguna entre éstos, con menoscabo de su propio destino temporal y eterno.

La importancia de respetar la dignidad humana es la excelencia o jerarquía que tiene el ser humano sobre los demás seres corpóreos en virtud de su naturaleza racional.

Esta no se extingue con la muerte, por lo que se debe dar un trato digno al cadáver de todo ser humano.

Sólo es a partir de los años cincuenta que nuestro país inicia oficialmente la certificación de las defunciones de forma obligatoria ante procesos legales, civiles o penales.

Debido a nuestro bagaje histórico, esta práctica fue delegada a las instituciones religiosas y sólo hasta 1860 es que se crea el Registro Civil.

Años más tarde, en 1986, año en el que para entender el proceso de salud-enfermedad se modifican los certificados de defunción para adaptar e incorporar un mayor número de datos del difunto, la causa del deceso, incluyendo las muertes dentro del útero materno, entre otras.

Esta manera de elaborar los certificados de defunción sigue vigente y son el principal instrumento para los informes de mortalidad, ya sea que ocurra en útero o sea muerte fetal o después del nacimiento.

La Ley General de Salud dedica todo un capítulo para referirse a los certificados comprendidos entre ellos los de defunción y muerte fetal.

De conformidad con lo anterior y con el artículo 392 de la propia ley, corresponde a la Secretaría de Salud elaborar los modelos de estos documentos y publicarlos en el Diario Oficial de la Federación, lo cual se hizo el 21 de noviembre de 1986.

Esta preocupación no sólo ha sido manifestada por el Poder Ejecutivo. La Cámara de Senadores aprobó la minuta, objeto de este dictamen el 5 de diciembre de 2003, y nosotros los diputados de la LIX Legislatura aprobamos, como ustedes recordarán, el proyecto de decreto que reforma, entre otros, el artículo 314 de la Ley General de Salud el 15 de diciembre del mismo año, dentro de un grupo de artículos que se referían a muerte encefálica con fines para transplante de órganos.

Es evidente, pues, el interés del Congreso de la Unión respecto a este tema. Sabemos bien que las causas que condicionan la mortalidad en nuestro país, han variado respecto de aquellas que se presentaban en décadas anteriores.

Los certificados de defunción y de muerte fetal, además de servir como constancias que acreditan la realización de los hechos a que los propios certificados se refieren, contienen datos útiles tanto para efectos estadísticos como para establecer índices y causas de mortalidad a través del aprovechamiento de su información.

Nunca es sencillo, ni siquiera para nosotros como médicos, hablar de la muerte. Pero es necesario e impostergable abordar temas como éste, ya que la información contenida en estos certificados puede ser la base de las políticas y acciones en la salud pública de nuestro país.

Por estas razones, compañeros legisladores, solicito su voto aprobatorio al presente dictamen a nombre no sólo de los integrantes de la Comisión de Salud, sino de todos los médicos mexicanos que encontraremos en esta reforma un instrumento fidedigno para emitir un documento veraz de repercusión innegable. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don José Angel Córdoba Villalobos, y habiéndose hecho la fundamentación del dictamen, en consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Esta Presidencia tiene registrado, para hablar en pro, al señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a quien se le concede el uso de la palabra.

El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores:

Hago uso de esta tribuna a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional para apoyar el dictamen de las reformas a la Ley General de Salud, en materia de garantizar el destino final a todos los cadáveres, incluyendo el de los fetos.

Para Acción Nacional uno de los principios fundamentales es el reconocimiento a la dignidad de la persona humana, desde su concepción hasta su muerte.

El concepto de dignidad ha evolucionado sustancialmente desde que este valor surgió en la sociedad en la antigua Roma, hasta que fue incorporado en nuestra cultura occidental.

Pasó a ser una conquista individual a un derecho inherente a su condición del ser humano, es decir, la dignidad humana otorga derechos inalienables que persiguen fines de protección y derecho para todo ser humano. En este sentido el Estado debe asumir su deber de preservar la dignidad de todo individuo, lo cual se inscribe en la declaración universal de los derechos humanos y que nuestro país se acogen en nuestra Constitución en la cual prevalece el concepto de que la dignidad pertenece a todo ser humano por el simple hecho de ser persona, la cual atiende a todo individuo en todas las etapas de su vida.

El trato digno de las personas, incluyendo a los fetos, atiende a estos derechos. Por lo que consideramos que deben apoyarse todas las propuestas que tengan el espíritu de proteger la vida y la dignidad humana y en este caso la dignidad de los cadáveres de los fetos.

En nuestro país, establece diversas disposiciones sobre el manejo de los cadáveres, sobre todo en materia de salud ya que como todos sabemos un mal manejo de ellos puede provocar diversas enfermedades derivadas de la descomposición de los cuerpos y que pueden causar daños a la salud. No obstante, se carece de una claridad específica sobre los cadáveres de los fetos que no sean reconocidos o reclamados, es decir, hay un vacío legal en la actualidad respecto al trato digno que debe de darse a todo ser humano, el cual no se extingue con la muerte, incluyendo al de los fetos que no sean reclamados.

El dictamen que ahora nos ocupa es de trascendental importancia para garantizar que los cadáveres de los fetos que no sean reconocidos tengan un destino final, un trato digno, a la que toda persona tiene derecho.

Como complemento de lo establecido en los artículos vigentes que atienden lo relacionado al manejo de los cadáveres, esta propuesta persigue un fin loable desde diversas perspectivas como lo son el atender a la dignidad del ser humano, así como evitar problemas de salud.

Los derechos humanos se basan en el reconocimiento de la dignidad humana, con lo que se reconoce la igualdad entre todas las personas, por lo que desde el ámbito de nuestra competencia tenemos la encomienda de vigilar que estas definiciones prevalezcan en toda nuestra legislación, para estrechar los vacíos legales y atender el mandato de nuestra Carta Magna, que en el artículo 1°, dicta que queda prohibido toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

En este sentido en Acción Nacional afirmamos que la dignidad de la persona debe atenderse desde su concepción. Por ello, compañeras y compañeros legisladores, nos sumamos al apoyo de este dictamen y esperamos que todos unamos nuestros esfuerzos y voluntades para que nuestro país sea un digno representante de los derechos humanos y en donde prevalezca el interés del individuo como persona y en conjunto hagamos una sociedad donde se privilegien los valores universales.

Es cuanto. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez.

Agotados los oradores registrados para la discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Suficientemente discutido.

Se instruye a la Secretaría disponga se abra el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

(Votación.)

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Mientras transcurre el tiempo para votación, les informo que tenemos hoy la visita guiada de los alumnos de la Universidad del Valle de México Campus Hispanoamericano, invitados por el señor diputado don Salvador Marcos Lozornio, a quienes damos la más cordial bienvenida. Gracias por venir señores.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

De viva voz:

La diputada Miriam Marina Muñoz Vargas (desde su curul): A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente se emitieron 330 votos a favor, 81 en contra y 8 abstenciones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias Secretario.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 330 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 314, fracción II, y 350 Bis 6 de la Ley General de Salud.

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

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ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señoras y señores legisladores, la honorable Junta de Coordinación Política ha presentado a la Presidencia el pedimento para que sea modificado el orden del día de la sesión de hoy, jueves 2 de diciembre de 2004, a efecto de que sea inscrito en el mismo los siguientes puntos de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta honorable Cámara, con la finalidad de que éstos sean sometidos a discusión de esta soberanía de inmediato por su evidente relevancia.

El primero de ellos: proposición con punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la iniciativa Protect Arizona Now, en el estado de Arizona.

Y el segundo: proposición con punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados el honorable Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR10 en el Congreso de Estados Unidos de América.

Se instruye a la Secretaría para que se consulte a la Asamblea, en primer término, si se modifica el orden del día para incluir de inmediato estos dos puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se incluyen estos dos puntos en el orden del día.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

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ESTADO DE ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor Secretario. Por lo tanto, se incluyen estos dos puntos en el orden del día para ser considerados de inmediato, si la Asamblea estima que deben tratarse como asuntos de urgente y obvia resolución. Para tal efecto y para dar a conocer el primero de ellos, se concede el uso de la palabra al señor diputado don Rogelio Alejandro Flores Mejía, a nombre de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Gracias, señor Presidente.

Quienes suscribimos, diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la iniciativa Protec Arizona Now, del estado de Arizona, con base en las siguientes consideraciones:

Desde los años cincuenta el gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo diversas acciones para desalentar el paso a los migrantes ilegales a su territorio, este proceso ha ido evolucionando paulatinamente hasta llegar a leyes como la Ley 187, ley que reforma la inmigración ilegal y la responsabilidad de inmigrantes de 1996, que aumentó la vigilancia fronteriza, volvió inaceptables como inmigrantes autorizados por periodos de 3 a 10 años, aquellos que sean detectados como migrantes ilegales.

Otras medidas para disuadir y controlar el mismo son las operaciones puestas en marcha entre 1993 y 1997, como la Operación Guardián en el área de San Diego, California; la Operación Interferencia en Nogales, Arizona; la Operación Portero, en El Paso, Texas; la Operación Salvaguardia y Río Grande, en la frontera con el estado de Texas.

Ante este escenario, el objetivo central del gobierno norteamericano a través de los citados mecanismos de control, es impedir el paso de ilegales hacia su país, sustentado en la hipótesis de que entre más duras sean las medidas menor será el grado de migración hacia estos estados y sus ciudades, aun cuando éstas abiertamente violenten los derechos humanos de las personas. La iniciativa Protec Arizona Now fue aprobada en plebiscito ciudadano en el estado de Arizona con el 56 por ciento de votos a favor durante las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos de América. Su puesta en marcha implicaría la restricción o negación de los servicios en materia de educación, seguridad, recreación, cultura y salud a cualquier persona que no demuestre la nacional estadounidense con documentos oficiales.

En una declaración abiertamente racista por parte de Kathy Mckee, principal promotora de esta propuesta, señaló que los migrantes indocumentados destruyen la cultura y el idioma de los estadounidenses, violan las leyes del país, contribuyen a aumentar la criminalidad y hacen uso de servicios y asistencia pública que son pagados con dinero de los contribuyentes estadounidenses.

Por las consideraciones antes mencionadas, el punto de acuerdo que proponemos a esta honorable soberanía es el siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la puesta en marcha de la iniciativa Protec Arizona Now en Estados Unidos, por considerarla una iniciativa profundamente racista, discriminatoria e inhumana, que no contribuye a un deseable entendimiento bilateral en materia migratoria.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de los consulados mexicanos en Arizona utilice los recursos administrativos y judiciales pertinentes, para hacer valer en todo momento el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en esa localidad.

Tercero y último. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce las declaraciones sobre el particular que han hecho la gobernadora demócrata Janet Napolitano, el senador federal republicano, John Mc Cain, los representantes federales republicanos Jim Kolbe y Jeff Flake y los alcaldes de Phoenix y Tucson, rechazando esta propuesta. Asimismo, celebramos la disposición y el interés que ha mostrado la coalición denominada Arizonians for Real Inmigration Reform, presidida por el ex procurador general de Arizona, Grant Woods, el Consejo Nacional de la Raza y todas aquellas organizaciones y personalidades en Arizona que proponen reformas de fondo para resolver los problemas de cientos de miles de migrantes en aquel estado.

Señor Presidente, le solicito que el presente punto de acuerdo sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la iniciativa Protect Arizona Now en el estado de Arizona, presentada por el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, en nombre de integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Quienes suscribimos, diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la iniciativa Protect Arizona Now en el estado de Arizona, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde los años cincuenta, el Gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo diversas acciones para desalentar el paso de los migrantes ilegales a su territorio. Este proceso ha ido evolucionando paulatinamente hasta llegar a leyes como la Ley 187 (Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante) de 1996, que aumentó la vigilancia fronteriza, volvió inaceptables como inmigrantes autorizados por periodos de tres a diez años a aquellos que sean detectados como migrantes ilegales.

Otras medidas para disuadir y controlar el mismo son las operaciones puestas en marcha entre 1993 y 1997 como la Operación Guardián en el área de San Diego, California; la Operación Interferencia, en Nogales, Arizona; la Operación Portero, en el Paso, Texas; la Operación Salvaguardia y Río Grande, en la frontera con el estado de Texas.

Ante este escenario, el objetivo central del gobierno norteamericano, a través de los citados mecanismos de control, es impedir el paso de ilegales hacia su país, sustentados en la hipótesis de que entre más duras sean las medidas, menor será el grado de migración hacia esos estados y sus ciudades; aún cuando éstas abiertamente violenten los derechos humanos de las personas.

La iniciativa Protect Arizona Now (``Protege Arizona Ahora'') fue aprobada en plebiscito ciudadano en el estado de Arizona con el 56% de votos a favor, durante las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos de América, a pesar de las múltiples manifestaciones en contra de organizaciones de la defensa del migrante, de la propia gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, y de otros muchos líderes políticos y religiosos locales, nacionales e internacionales.

Su puesta en marcha implicará la restricción o negación de los servicios en materia de educación, seguridad, recreación, cultura y salud a cualquier persona que no demuestre la nacionalidad estadounidense con documentos oficiales.

La iniciativa establece también que todo individuo debe comprobar la ciudadanía estadounidense para registrarse como votante, exige a empleados estatales y municipales la verificación de identidad de quienes soliciten servicios públicos que no sean de índole federal para comprobar su estatus migratorio, notificando por escrito a las autoridades correspondientes de cualquier violación a la ley de inmigración que fuese descubierta, so pena de una sanción de hasta cuatro meses de cárcel y una multa de hasta 750 dólares.

La iniciativa no sólo es profundamente inhumana e ilegal a la luz de compromisos multilaterales en materia de derechos humanos que obligan internacionalmente a Estados Unidos sino que, claramente, constituye una serie de disposiciones discriminatorias que ponen en riesgo el indispensable entendimiento bilateral en materia migratoria.

Para el senador demócrata Robert Canell, la propuesta 200 en Arizona ``es una iniciativa muy mal escrita y será enfrentada en las cortes, ya que algunos de sus estatutos podrían ser anticonstitucionales''. El mismo senador Canell ha advertido que ``negar el acceso a hospitales a los ilegales, otro rubro que marca la Propuesta 200, es contradictorio con la Ley Federal, ya que ésta indica que a nadie se le debe impedir entrar a un centro de salud pública''. Finalmente, Canell ha manifestado que ``la mayoría de los legisladores estatales que votaron a favor de esta iniciativa no supieron realmente lo que estaban aprobando''.

Para México, la aprobación de esta propuesta implica un gravísimo retroceso en múltiples aristas de la relación bilateral, pero preocupa particularmente a esta Cámara de Diputados por la regresión que implica en un tema que es de su mayor interés: la invalidación en ese estado de la Unión Americana de la aceptación de la matrícula consular como medio de acreditación válida para nuestros hermanos migrantes en el momento que solicitan les sea proporcionado algún servicio público.

En una declaración abiertamente racista, Kathy Mckee, principal promotora de esta propuesta, señaló que los migrantes indocumentados destruyen la cultura y el idioma de los estadounidenses, violan las leyes del país, contribuyen a aumentar la criminalidad y hacen uso de servicios y asistencia pública que son pagados con dinero de los contribuyentes estadounidenses.

La extraordinaria aportación cultural y económica que nuestros connacionales hacen a Estados Unidos está fuera de toda duda y, por tanto, el derecho que tienen a hacer uso de los servicios de salud y educación, seguridad, cultura y recreación en ese país.

Los retos del fenómeno migratorio entre México y Arizona no son atendidos por esta iniciativa, pues no resuelve el problema de fondo que plantea el hecho de que el estado de Arizona sea uno de los tres más importantes puntos de cruce de indocumentados a Estados Unidos y el estado de la Unión Americana que concentra a poco más de 400 mil de ellos.

La operatividad de la propuesta representa, evidentemente, en su ejecución, una multiplicidad de dificultades de carácter ético, práctico y político. No obstante, no podemos desestimar la eventual implementación de esta disposición, la cual implicaría un flagelo más de los que por sí enfrentan nuestros connacionales en Estados Unidos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la propuesta Protect Arizona Now en Arizona, Estados Unidos, por considerarla una iniciativa profundamente racista, discriminatoria e inhumana, que no contribuye a un deseable entendimiento bilateral en materia migratoria.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los consulados mexicanos en Arizona utilice todos los recursos administrativos y judiciales pertinentes para hacer valer, en todo momento, el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en esa localidad.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión reconoce las declaraciones sobre el particular que han hecho la gobernadora demócrata Janet Napolitano, el senador federal republicano John McCain, los representantes federales republicanos Jim Kolbe y Jeff Flake y los alcaldes de Phoenix y Tucson rechazando esta propuesta. Asimismo, celebramos la disposición y el interés que ha mostrado la coalición denominada ``No on 200: Arizonians for Real Immigration Reform'', presidida por el ex procurador general de Arizona Grant Woods, el Consejo Nacional de la Raza y todas aquellas organizaciones y personalidades en Arizona que proponen reformas de fondo para resolver los problemas de cientos de miles de inmigrantes en aquel estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo de Unanue Aguirre, Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos, secretarios; María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argáiz (rúbrica), Alejandro González Yáñez (rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez, Alejandra Méndez Salorio, Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García, Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado.

Como lo solicita el señor diputado don Rogelio Alejandro Flores Mejía, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si este asunto se considera como de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución.

Se pone a discusión el punto de acuerdo.

Como esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutido.

Se instruye a la Secretaría disponga se abra el sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos para recibir la votación.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: ¿Es votación económica?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Es que no es dictamen. Reconoce la Presidencia y rectifica.

Se recabe en votación económica, señor Secretario.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por negativa.... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada. Comuníquese.

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LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Antes de seguir adelante, en relación con el proyecto de decreto de la Ley General de Salud, la Presidencia hace una precisión que quedó aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 314, fracción II, y 350 Bis 6 de la Ley General de Salud.

Y se reitera el trámite de devolución al Senado para los efectos del inciso e), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: El segundo punto, es el punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncie enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR-10 en el Congreso de Estados Unidos de América.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado Francisco Javier Guízar Macías, para dar a conocer a la Asamblea el contenido del documento. Adelante, señor diputado.

El diputado Francisco Javier Guízar Macías: Gracias, señor Presidente. Con su anuencia.

Esta es una proposición con punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores que proponemos que sea de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncie enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR-10 en el Congreso de Estados Unidos de América.

Quienes suscribimos, diputados miembros de esta Comisión, en base a las facultades que nos otorga nuestra Ley Orgánica, el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a todos ustedes, este punto de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

El pasado 8 de octubre, la Cámara de Representantes debatió y aprobó con 282 votos a favor y 134 en contra, la denominada Ley HR-10, que dice implementar las recomendaciones de la comisión del 11 de septiembre del gobierno estadounidense, mediante la reforma a todos los servicios de inteligencia y espionaje de Estados Unidos.

La propuesta, además de no permitir el uso de la matrícula consular como forma de identificación en Estados Unidos, le dará poderes extraordinarios al Gobierno Federal para minar derechos inalienables de los migrantes en ese país.

Entre otras disposiciones esta ley determina la expulsión de extranjeros, sin darles derecho a una revisión administrativa o judicial en sus casos. Restringe el derecho al asilo, autoriza deportaciones mientras está pendiente un proceso de apelación en una corte de inmigración; establece la revocación de visas y otros documentos de viaje por el Departamento de Estado y prohíbe la Agencia Federal, aceptar licencias de manejo u otros documentos de identidad emitidos por un estado de la Unión Americana.

Está previsto que el próximo lunes 6 de diciembre, último día de sesiones del Congreso en pleno de Estados Unidos, el Senado estadounidense discuta esta iniciativa, de aprobarse constituiría un retroceso considerable en materia de regulación migratoria en Estados Unidos, que afectaría distintas áreas sensibles para los migrantes en el vecino país.

Destaco entre ellas, las que tienen qué ver con la matrícula consular. Según los datos de la Embajada de México en Estados Unidos, las matrículas consulares son aceptadas en la actualidad, entre 177 ciudades, 167 condados, 178 instituciones financieras y 1,180 departamentos de policía. Entre 33 estados, al menos una autoridad acepta la matrícula consular como identificación oficial y en al menos 12, es aceptada como una de las pruebas de identidad requeridas para obtener la licencia para conducir.

Para fortalecer la matrícula consular, --- Se nos fue el tiempo, señor Presidente---, paso directamente al punto de acuerdo es:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR-10 en el Congreso de Estados Unidos, para constituir una disposición que contraviene en el derecho internacional y en las diversas convenciones internacionales que consagran los derechos de los migrantes en el mundo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace un atento llamado a las autoridades estadounidenses involucradas en la aprobación y eventual implementación de esta ley, para que consideren el daño que ocasionarían a nuestros migrantes y, por tanto, ambos países con la entrada en vigor de esta disposición.

Tercero. La Cámara de Diputados manifiesta que la seguridad fronteriza es una preocupación plenamente compartida por México y por ello nuestra matricula consular cuenta con los elementos de seguridad suficientes para confiar en su validez.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta, que nuestros migrantes mexicanos en Estados Unidos merecen un trato digno y respetuoso, toda vez que viajan a ese país buscando mejores condiciones de vida, a través de su reconocido y arduo trabajo, por lo que no corresponde considerarlos como delincuentes ni terroristas.

Y por último, quinto, señor Presidente, señoras y señores diputados.

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los consulados mexicanos, utilicen todos los recursos administrativos y judiciales pertinentes para hacer valer en todo momento el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales.

Le pedimos, señor Presidente, por favor, que se publique en la gaceta oficial, en sus términos, el texto íntegro de este punto de acuerdo.

Muchas gracias, señoras y señores.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados el H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la Iniciativa HR-10 en el Congreso de Estados Unidos de América, presentada por el diputado Francisco Javier Guízar Macías, en nombre propio y de integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Quienes suscribimos, diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa ``HR-10'' en el Congreso de Estados Unidos con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 8 de octubre, la Cámara de Representantes debatió y aprobó, con 282 votos a favor y 134 en contra, la denominada ley HR-10 que dice implementar las recomendaciones de la Comisión del 11 de septiembre del gobierno estadounidense mediante la reforma a todos los servicios de inteligencia y espionaje de Estados Unidos.

La propuesta, además de no permitir el uso de la matrícula consular como forma de identificación en Estados Unidos le daría poderes extraordinarios al gobierno federal para minar derechos inalienables de los migrantes en ese país.

Entre otras disposiciones, ésta ley determina la expulsión de extranjeros sin darles derecho a una revisión administrativa o judicial de sus casos, restringe el derecho de asilo, autoriza deportaciones mientras está pendiente un proceso de apelación en una corte de inmigración, establece la revocación de visas y otros documentos de viaje por el Departamento de Estado y prohibe a las agencias federales aceptar licencias de manejo u otros documentos de identidad emitidos por un estado de la Unión Americana.

Está previsto que el próximo lunes 6 de diciembre, último día de sesiones del Congreso en pleno de Estados Unidos, el Senado estadounidense discuta esta iniciativa. De aprobarse, constituiría un retroceso considerable en materia de regularización migratoria en Estados Unidos que afectaría distintas áreas sensibles para los migrantes en el vecino país.

Destaca, entre ellas, la que tiene que ver con la matricula consular. Según datos de la embajada de México en Estados Unidos, las matriculas son aceptadas en la actualidad en 377 ciudades, 163 condados, 178 instituciones financieras y 1180 departamentos de policía. En 33 estados al menos una autoridad acepta la matrícula como identificación oficial y en al menos 12 es aceptada como una de las pruebas de identidad requeridas para obtener la licencia para conducir.

Para fortalecer la matrícula consular, el pasado 5 de noviembre de 2004 esta Comisión presentó al pleno de esta soberanía el dictamen por el que se reforma el artículo 3 de la ley de nacionalidad a fin de incluir a la matrícula consular como uno de los documentos probatorios de la nacionalidad mexicana.

Estos esfuerzos podrían verse seriamente mermados por iniciativas como ésta que denotan una falta de consideración a la buena voluntad, a la seriedad y al empeño que ha impreso el Estado mexicano a la cooperación bilateral emitiendo matrículas consulares de alta seguridad que cumplen con los estándares internacionales en la materia y que cuentan con los elementos suficientes para ser considerados como válidos en el mundo.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR-10 en el Congreso de Estados Unidos por constituir una disposición que contraviene al derecho internacional y a las diversas convenciones internacionales que consagran los derechos de los migrantes en el mundo.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un atento llamado a las autoridades estadounidenses involucradas en la aprobación y eventual implementación de esta ley para que consideren el daño que ocasionarían a nuestros migrantes y, por tanto, a ambos países, con la entrada en vigor de esta disposición.

Tercero. La Cámara de Diputados manifiesta que la seguridad fronteriza es una preocupación plenamente compartida por México y, por ello, nuestra matrícula consular cuenta con los elementos de seguridad suficientes para confiar en su validez.

Cuatro. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta que nuestros migrantes mexicanos en los Estados Unidos merecen un trato digno y respetuoso toda vez que viajan a ese país buscando mejores condiciones de vida a través de su reconocido y arduo trabajo por lo que no corresponde considerarlos como delincuentes ni terroristas.

Quinto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de los consulados mexicanos, utilicen todos los recursos administrativos y judiciales pertinentes para hacer valer, en todo momento, el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo, Presidenta (rúbrica); Gustavo de Unanue Aguirre, Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos, secretarios; María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argáiz (rúbrica), Alejandro González Yáñez (rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García, Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández.»

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y no sólo en la Gaceta, también, el Diario de los Debates, diputado Guízar.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces se considera suficientemente discutido.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

A esta Presidencia ha llegado un punto de acuerdo firmado por los coordinadores parlamentarios del PRI, del PRD, del Partido Verde, del PT y del Partido de Convergencia.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de incluirse en el orden del día.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si son de incluirse en el orden del día los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces dé cuenta la Secretaría con el comunicado.

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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - CONGRESO DE LA UNION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que las fuerzas políticas representadas en esta honorable Cámara de Diputados exhortan al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, para que al hacer referencia a los diputados y diputadas de esta honorable Cámara de Diputados, lo haga con el respeto que merecen todas y cada uno de los integrantes de esta soberanía

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se exhorta el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente Fox Quesada, para que al hacer referencia a los diputados y diputadas de esta honorable Cámara de Diputados lo haga con el respeto que merecen todas y cada uno de los integrantes de esta soberanía.

Segundo.- Se apercibe a los ciudadanos Lic. Francisco Gil Díaz Miranda, secretario de Hacienda y Crédito Público y la C. Xóchitl Gálvez Gutiérrez, directora general para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de que llamar al incumplimiento de las normas expedidas por esta honorable Cámara de Diputados, conlleva a caer en el desacato.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el segundo día del mes de diciembre del año dos mil cuatro.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas, Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús E. Martínez Álvarez (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: activen el sonido en la curul del diputado Eduardo Espinoza.

El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez (desde su curul): Presidente, con su atención le solicitamos se haga la votación nominal de esta propuesta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quiénes lo secundan?.. En términos del 148, obsequiaremos su petición. Diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Sí, señor Presidente.

He escuchado con atención la propuesta del punto de acuerdo y yo quisiera que usted sometiera a consideración de la Asamblea si es de aceptarse una modificación para agregar un resolutivo tercero.

Me parece encomiable el exhorto al Presidente de la República en términos de que deba de referirse con respeto a los diputados, pero me parece que también sería un gesto de estatura política y de congruencia de esta Cámara, también un exhorto a todos los diputados para que también se conduzcan con el mismo respeto y con la misma altura al Presidente de la República...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Döring. Entenderá usted que para procesar su petición necesitaría tener la misma por escrito...

Sí, diputado Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Yo creo que aunque tuviera la propuesta del diputado Döring por escrito, no la puede procesar porque ya estamos en el proceso de votación.

Usted preguntó si era de aceptarse la urgente y obvia resolución. Cuando esa votación es la aceptación en la inclusión en el orden del día. Cuando es incluido en el orden del día, era el momento que estaba puesto a discusión la propuesta de la Junta de Coordinación Política...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Wintilo Vega, de cualquier manera llegamos al mismo punto. Vamos a proceder a la votación y se instruye a la Secretaría para que ordene la apertura del sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos para recoger la votación nominal de este asunto.

El Secretario diputados Marcos Morales Torres: Háganse los avisos...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señor diputado Rodríguez Díaz.

El diputado Hugo Rodríguez Díaz (desde su curul): Señor Presidente, nada más para que si en algo trasciende antes de la votación, el señor Secretario debe de corregir, no es Miranda, es Díaz el segundo apellido del Secretario.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Francisco Gil Díaz Miranda dice el punto de acuerdo... Bueno... A ver, tenemos por escrito la petición del diputado Döring, y esta Presidencia siempre ha manifestado que es por demás importante, que es quizá lo más importante que se muestre y se demuestre la voluntad de la Asamblea.

Luego entonces vamos a instruir a la Secretaría, para que dé lectura, si ustedes me lo permiten, a este numeral tercero que está proponiendo el diputado Döring, y en votación nominal... en votación económica vamos a someterlo a consideración de la Asamblea.

Diputado Wintilo Vega. Activen el sonido en la curul del diputado Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Lo que no puede hacer usted es aceptar en el proceso de votación, una modificación.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Wintilo Vega, no hemos abierto el sistema electrónico de votación. Luego entonces lo que... Diputado Wintilo Vega, con todo el respeto y afecto que usted sabe que le tengo, es importante para esta Presidencia que la voluntad de la Asamblea se muestre y se demuestre.

Permita usted que la Secretaría le dé lectura a este apéndice propuesto por el diputado Döring y que la Asamblea lo vote económicamente.

Diputado Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Es indudable el afecto que se tienen usted y el diputado Wintilo Vega, sin embargo, regresando al tema, sí me preocupa el precedente que va usted a dejar diputado Presidente, porque el proceso legislativo señala discusión y votación.

La discusión ya había concluido, por lo tanto e independientemente que el sistema electrónico esté o no abierto, la discusión ya había concluido, por lo tanto no es posible nuevas adecuaciones al punto de acuerdo propuesto; por lo tanto debe someterse a la votación.

El precedente es muy delicado porque más adelante, antes de entrar a la votación y no obstante haberse concluido la discusión, va a ser posible presentar adecuaciones a puntos de acuerdo o, más grave aún, alguna norma jurídica a aprobarse por esta Cámara.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Gutiérrez de la Garza, también es cierto que esta Presidencia por omisión no instruyó a la Secretaría para preguntar si éste estaba suficientemente discutido.

Luego entonces vamos a instruir a la Secretaría para que pregunte a la Asamblea si es de admitirse a discusión este numeral tercero del diputado Döring.

Sí, diputado Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Si ya va a modificar usted las cosas, lo primero que tiene que hacer, Presidente, es preguntar si hay oradores a favor y hay oradores en contra y abramos de una vez la discusión, con lo que nosotros estamos de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Wintilo Vega, sería regresar entonces al proceso de discusión.

Luego entonces, pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de admitirse...

Diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Señor Presidente, quisiera tomar la palabra en contra de que se admita a discusión la propuesta del diputado Döring.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez, para oponerse a que se admita a discusión la propuesta del diputado Döring.

Permítame un segundo, diputado Pablo Gómez. Vamos a darle lectura a la propuesta para saber todos de qué estamos hablando.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Tercero. Que se refieran los diputados al Presidente de la República con el mismo respeto que se le exige al titular del Ejecutivo.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos diputados:

Yo propongo a la Cámara que no se acepte la propuesta del diputado Döring, porque contraría la letra y el contenido y el sentido del artículo 61 de la Constitución Política que dice:

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

Si se entiende que no se admite reconvención alguna a un legislador por las opiniones que manifieste, se entiende naturalmente que tampoco de manera anticipada prejuzgando que los diputados podrían llegar a hacerlo.

Por lo tanto, aprobar aquí la propuesta del diputado Döring sería ir en contra del artículo 61 de la Constitución. Esta condición de la que gozan los legisladores, que es muy antigua y bastante universal, se debe a que es necesario otorgarles a las personas que ejercen los actos de control sobre el Gobierno las calidades jurídicas que impidan que el Poder Ejecutivo pueda realizar acciones en contra de la manifestación de las ideas de los legisladores con motivo del ejercicio de las facultades de control que la Constitución le otorga a las cámaras del Congreso.

Por lo tanto, ningún diputado o senador puede ser reconvenido por sus opiniones, por nadie, y mucho menos por la Cámara de la que forma parte. Porque sería una negación del estatus parlamentario, constitucional, del que gozan los legisladores.

Quisiera también decir que en estos días en nuestro país las cosas se están queriendo poner al revés de cómo son, en el sistema político de la Constitución.

El Ejecutivo pretende controlar al Poder Legislativo, cuando que en realidad la Constitución señala sin la menor duda, que es el Poder Legislativo el que controla al Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo no puede recriminar al Poder Legislativo; el ciudadano Presidente ha dicho que ha quedado atrás el tiempo de los presidentes autoritarios. Yo le pido a él, que por favor elimine de sus actuaciones públicas y de su relación con el Congreso, todo aquello que fue expresión del presidencialismo autoritario, porque tal parece que de lo que se trata por parte del señor Fox, es de restaurarlo en lugar de continuar en un proceso hacia la democracia, el equilibrio de poderes y el respeto a la representación popular que está depositada en esta Asamblea. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Federico Döring, para hablar en pro de la admisión de su propuesta.

El diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente; Compañeras y compañeros diputados:

La propuesta que he remitido, de ninguna manera constituye una reconvención a la libertad de expresión que el fuero constitucional le confiere a un legislador de la República, por el contrario, tan sólo es un exhorto a ser congruente con lo que representa la investidura del fuero constitucional.

El fuero constitucional durante muchos años ha sido el pretexto para cometer una serie de abusos y de atropellos, el último de los cuales fue conocido por este pleno hace unas semanas y no puede ni debe seguir siendo el fuero el pretexto jurídico-político para faltarle el respeto a la norma y para envilecer la política bajo el cobarde amparo y refugio del artículo del fuero constitucional.

El fuero debe de ser la garantía para que un legislador pueda expresarse libremente con respeto, con decencia, sin dañar la imagen del Congreso, sin que sea motivo de represalias u opinión.

Nosotros no queremos inducir la opinión ni la reflexión del legislador, pero me parece que un Congreso que no le apueste a su pequeñez, sino que le apueste a su grandeza, sabrá siempre estar por encima de la tentación y la proclividad de la grosería, de la mendicidad.

No queremos los mexicanos excesos que se estén cometiendo al amparo del fuero, no queremos que al amparo del fuero alguien venga a tribuna y con señas obscenas se refiera al Presidente de la República, no queremos señas obscenas de diputados en primeras planas de los diarios nacionales, no queremos los adjetivos en las primeras planas de los diarios nacionales porque la opinión pública más que adjetivos lo que requiere son ideas de los legisladores.

Y si nadie le piensa faltar al respeto a otro poder que ni es más ni es menos, porque en la política y en la filosofía de Montesquieu,...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un momento, diputado...

El diputado Federico Döring Casar: La separación de poderes, los poderes no están uno por encima del otro, los tres son iguales y los tres no tienen como esencia el dominar el uno al otro, sino el ser contrapesos y ser equilibrio.

Y lo único que voy a decir sobre lo que aquí se ha dicho sobre el presidencialismo autoritario es: que por supuesto que Acción Nacional desde la campaña del Maquío, en 1988, decidió acabar con el presidencialismo autoritario. En eso el testimonio y la congruencia de Acción Nacional es una bofetada con guante blanco a la grosería de otros legisladores.

Pero también hay que decir que México no merece y la transición que busca Acción Nacional no es la del tránsito de un presidencialismo autoritario, omnipotente, que conculcaba la libertad de expresión y cancelaba la posibilidad democrática a la alternancia a un parlamentarismo irreflexivo, mezquino, grosero y beligerante. Los dos excesos son nocivos y lo que México necesita es diálogo y no excesos. Lo que México requiere son soluciones y no crispaciones.

¡Si nadie quiere ampararse en el fuero para faltarle al respeto al Estado mexicano y para usarlo como una herramienta de vendetta política y no de debate político, no tiene por qué darse por aludido al resolutivo tercero que yo propongo! ¡Sólo los que quieran faltarle al respeto al Presidente se van a dar por aludidos con ese resolutivo! ¡Los que no pretendan faltarle al respeto al Presidente, pues ni para qué suben a la tribuna a darse por aludidos! Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tiene registrados al diputado Miguel Angel Yunes en pro y al diputado Wintilo Vega Murillo en contra.

El diputado Wintilo Vega Murillo: Con su permiso, Presidente.

Un asunto que fue incluido en el orden del día por acuerdo de la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Un acuerdo que conlleva dos puntos: uno, exhortar al Presidente a que cuando haga referencia a esta honorable Cámara, lo haga en términos del respeto que merecen todas y todos los integrantes de esta soberanía.

Viene y se nos dice aquí la posibilidad de incluir un tercer punto, donde los diputados pareciera que estaríamos coartando una de las posibilidades que es la libertad de opinar, en ese amplio sentido de lo que representa la libertad.

¡Al Presidente no lo ofenden, al Presidente no le faltamos al respeto, el que no se respeta y el que se ofende a sí mismo cada que habla, cada que sale fuera del país o cada que nos hace quedar en vergüenza, es él!

¡A él tendrían que reconvenirlo, señores, a su compañero militante de partido y decirle: ``Presidente: Prepárate un poco más para que cada que abres la boca no nos dé vergüenza saber que fuiste electo por nuestro partido''. Eso es lo que da la imagen de falta de respeto.

No podemos aceptar tampoco que un secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y que la señora Xóchitl Gálvez día tras día en los medios estén comunicando, llamando a no obedecer las normas que expide esta soberanía.

¡Eso no lo podemos aceptar, ni ustedes mismos lo pueden aceptar y lo saben! Tenemos que ser congruentes, tenemos que decirle: ``Señor secretario, señora directora del Desarrollo de los Pueblos Indígenas: Está usted consciente de que el llamado que hace la va a conducir al desacato''. ¡Eso dice el segundo párrafo! Pero no vengamos aquí a querer, de último momento, sin cumplir el proceso legislativo, incluir un punto. ¡El punto lo podían haber incluido con mucha facilidad, cuando el señor coordinador del Partido Acción Nacional, el contador Francisco Barrio, firmaba el documento o no lo firmaba! No aceptó firmarlo, pudiera haberlo incluido ahí con la firma del diputado Barrio...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un momento, señor diputado Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo: A ver.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado Sánchez Pérez.

El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): Gracias, señor Presidente. Nada más para preguntarle al señor orador, con el debido respeto, si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Wintilo Vega, ¿acepta una pregunta?

El diputado Wintilo Vega Murillo: Se llama interpelación, Presidente, con mucho gusto, las que me quiera hacer.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor diputado.

El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): Bien, una vez que aceptó usted la interpelación, le quiero interpelar, a ver si es posible que con su sabiduría le explique a la Asamblea, según el diccionario de Pallares, qué quiere decir reconvención.

El diputado Wintilo Vega Murillo: El último término no se lo escuché.

El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): ¿Qué quiere decir reconvención?

El diputado Wintilo Vega Murillo: Se lo voy a explicar en las dos frases de la palabra compuesta, para que lo entienda y le quede claro, le va a servir, porque ya no tendrá que volverlo a preguntar.

Re es el proceso de conducción, es reconvención, es volver a tramitar el convencimiento. Es volver a tener la posibilidad de no cometer el mismo error, es un asunto que esta Cámara llevamos cerca de año y medio, tratando de reconvenir al Presidente para que agarre la senda y conduzca a este país.

Hasta ahorita no lo ha podido hacer, hasta este momento, su Presidente, Presidente Vicente Fox, no es más que un hombre que ha fracasado una vía y otra también. Sugerencia a futuro, dígale al Presidente que las recomendaciones del Congreso son, siguiendo lo que él nos estipuló, el Presidente propone, el Congreso dispone...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Vega, me permite, el diputado Sánchez Pérez.

El diputado Wintilo Vega Murillo: Adelante.

El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): Nada más para pedirle de nueva cuenta, señor Presidente, si aceptaría que le volviera a reformular la pregunta, porque no me la está contestando, ya que yo le pedí que conforme al diccionario de Pallares, es decir, una definición jurídica de la palabra reconvención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta diputado Wintilo Vega?

El diputado Wintilo Vega Murillo: Le voy a dar respuesta, Presidente, le voy a dar respuesta para resolverle sus dudas para siempre, le voy a pedir a la Secretaría General de esta Cámara que le extiendan un pase permanente para que vaya a leer todos los diccionarios. El ver las cosas, sentarse a discutirlas, cuesta trabajo.

Me agrada mucho ver a los compañeros de la bancada de Acción Nacional gritando, me agrada, me reconforta, porque a cada grito se que cada una de mis palabras les caló en la herida, y aquí les guste o no, les guste o no, diputados, con la firma de Francisco Barrio o sin ella, y lo estoy aludiendo, para ver si se sube, diputado Barrio, lo estoy aludiendo, con la firma de Francisco Barrio o sin ella, va a salir un punto de acuerdo para reconvenir al Presidente de la República, al secretario de Hacienda y a la directora del Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado Wintilo Vega.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro de la propuesta el diputado Miguel Angel Yunes Linares.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares: Con su permiso, señor Presidente; muchas gracias, compañeros diputados.

Se han producido en esta tribuna dos interpretaciones constitucionales que sin duda quedarán registradas no sólo en el Diario de los Debates, sino en los textos más avanzados de interpretación constitucional. Ha venido primero el maestro en derecho parlamentario a decir que no se debe exhortar de ninguna manera a los diputados a no referirse al Presidente de la República de una manera grosera, en razón de que sería una reconvención prohibida por el artículo 61 y posteriormente, el director de ceremonial del grupo parlamentario del PRI ha venido a decirnos que reconvenir es algo como volver a evitar que se vuelva a cometer el error.

Yo a ambos les quiero decir que les voy a obsequiar un manual de derecho constitucional, para que sepan que en nuestro sistema de responsabilidades, reconvenir tiene que ver con lo que se denomina fuero impunidad. Reconvenir tiene que ver precisamente con la libertad plena de cualquier legislador de venir a esta tribuna a expresarse y de que por esa definición y por esas expresiones no pueda ser jamás en su vida procesado. Es decir, la doctrina denomina a esta libertad plena establecida en el artículo 61, como fuero impunidad. Nadie puede ser reconvenido por lo que exprese en la tribuna. No es ni lo que dice el diputado Gómez ni mucho menos lo que dice el diputado Vega.

Yo le sugeriría a Vega que solicite que se borre del Diario de los Debates esto que es vergonzoso.

Hay otro fuero, el fuero inmunidad, que es el que tiene qué ver con la posibilidad de que un legislador para ser procesado, primero tenga que ser sometido a un proceso interno en esta Cámara, denominado desafuero o procedimiento para la declaración de procedencia. Eso es lo que significa reconvenir y ése es el fuero inmunidad. Pero un poco más allá...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor diputado Yunes.

Activen el sonido en la curul de la diputada Sofía Castro. Con qué objeto, diputada.

La diputada Sofía Castro Ríos (desde su curul): Para hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta usted una pregunta, diputado Yunes?

El diputado Miguel Angel Yunes Linares: La diputada Castro sabe que yo le tengo a ella el mismo cariño que usted le dispensa a Wintilo Vega, así que con muchísimo gusto diputada.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputada Castro, adelante.

La diputada Sofía Castro Ríos (desde su curul): Muchas gracias.

Quiero preguntarle, con ese cariño que me tiene el diputado Yunes, si sabe qué es inmunidad y en consecuencia, si sabe que la inmunidad de la que habla es la inmunidad de la que goza. ¿Cuántas denuncias trae a cuestas? Yo creo que para poder interpelar a un compañero es necesario saber si uno ha actuado conforme a las conductas sociales equilibradas en la ley y en la justicia.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante diputado Yunes.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares: Muchas gracias, señor Presidente, seré muy breve y le agradeceré a la diputada Castro que en su función de vocera de alguna procuraduría o de varias procuradurías, me haga saber cuáles son las denuncias a las que hace referencia, porque yo no tengo conocimiento de ninguna. Muchas gracias diputada Castro.

Continúo si me lo permite, señor Presidente.

No se trata entonces de venir aquí a darnos definiciones de reconvención al gusto de quien quiera aplicar este término, se trata de respetar la Constitución. Pero más allá, éste es un debate lamentable; ni nosotros debiéramos exhortar al Presidente ni debiéramos exhortarnos a nosotros mismos; debiéramos actuar dentro de las normas de civilidad, de cortesía y respeto que todos nos merecemos, porque yo quiero recordar que muy recientemente un diputado, compañero nuestro, le ha faltado respeto a un servidor público del Ejecutivo de alto nivel, deformando su apellido y diciendo que debiera apellidarse ``cabeza de asno'' y nadie le ha pedido a nuestro compañero diputado que reitere ese señalamiento y que ofrezca una disculpa.

Pero quiero recordar que también, en este pleno, con motivo de los informes de gobierno y no me refiero a Fox, me refiero a varios presidentes, se ha ofendido a los presidentes de la República aquí en lo que es nuestra casa, faltando no sólo al respeto, faltando también a la cortesía, faltando también a las normas de civilidad.

Yo estoy en desacuerdo entonces con ambos exhortos, el exhorto al Presidente y el exhorto a los diputados. Creo que hay normas que no están en las leyes pero que las aprendimos en la escuela primaria, de los maestros que nos enseñaron a ser buenos mexicanos, normas que nos debieran llevar a conducirnos de una manera distinta y a que no fuera necesario dar el espectáculo de debatir en esta tribuna si nos merecemos respeto o no nos merecemos respeto y si es necesario que por la vía de un exhorto, el Presidente de la República se dirija a nosotros de una u otra manera o nosotros nos dirijamos a él de una u otra manera.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado Yunes.

El diputado Pablo Gómez para contestar alusiones personales.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Señor Presidente, para contestar alusiones personales.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y posteriormente el diputado Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Señor Presidente, es para contestar alusiones personales.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El diputado Pablo Gómez ha pedido la palabra para contestar alusiones personales.

El diputado Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados:

El debate es pertinente. Lamento algunas expresiones que no concuerdan con la pertinencia de este debate que es una de las cosas más presentes en la historia parlamentaria de México y de otros muchos países, que es la condición del legislador.

Se ha dicho que esto corresponde a la inmunidad parlamentaria en general y, sin embargo, al ser una inmunidad absoluta se distingue del estatus general de la inmunidad parlamentaria.

¿Por qué el legislador mexicano utilizó la palabra reconvenir?, que quiere decir, según la Academia Española de la Lengua, ``censurar, reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho''. Porque es muy amplio el concepto que se utiliza en la Constitución, porque no solamente está vinculado a la comisión de delitos, a la situación de suspensión de todo procedimiento penal en contra de un legislador hasta que se lleve a cabo el jurado de procedencia.

Ya la Corte tiene un criterio sobre esto que no concuerda con lo que dijo el preopinante, no se trata de la cuestión penal solamente, sino de cualquier reconvención y fue el caso de una demanda de carácter civil contra dos o tres legisladores de esta Cámara, interpuesta por un ex funcionario público y la Corte resolvió sin el menor titubeo y entendió bien lo que quiere decir la palabra reconvenir.

Yo pienso que lo que está proponiendo el diputado Döring sí es una reconvención, está haciendo una advertencia al hacer el llamamiento, como también el primero y el segundo artículos del punto de acuerdo que está proponiendo la mayoría de la Junta, es una advertencia al Presidente, porque el Presidente no tiene esta inmunidad, porque el secretario de Hacienda no la tiene, porque los únicos que la tienen son los legisladores y ése es parte del sistema político de la Constitución mexicana. No es un derecho de los legisladores, decir lo que quieran decir, no, es un elemento consustancial a su función, algo que tiene qué ver con la inviolabilidad de los parlamentarios.

Si nosotros introducimos lo que está planteando la bancada del PAN, no solamente estaremos poniendo al mismo nivel al Ejecutivo y al Legislativo, como es lo que ahora ya plantea el PAN, que nunca planteó eso. El PAN siempre planteó la preeminencia del Legislativo sobre el Ejecutivo, cuando estaban en la oposición, porque es lo que dice la Constitución.

¿Quiénes realizan los actos de control?, el Legislativo, ¿quién es el controlado?, el Ejecutivo...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez: Sí, Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Activen el sonido en la curul del diputado Yunes.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): Gracias, señor Presidente.

Quisiera preguntarle al diputado Gómez, ¿si acepta una pregunta?

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta, diputado Gómez?

El diputado Pablo Gómez Alvarez: Sí, cómo no.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado Yunes.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Gómez.

Preguntarle al diputado Gómez, si dentro de esta amplísima y muy laxa definición de reconvenir y dentro de este derecho de los parlamentarios, se encuentra también el de faltarle al respeto a otros servidores públicos. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez: Sí, con mucho gusto respondo a las dos preguntas.

Me parece que no es una definición mía, de lo que quiere decir reconvenir, sino en todo caso de la Academia Española de la Lengua.

Segundo. No es una historia que estoy inventado, sino algo que tiene numerosos antecedentes en la Constitución mexicana y de muchos otros países, en donde los legisladores tienen esta misma situación, algo inherente a su cargo.

Otra cosa. Yo he dicho que no es un derecho; usted dice que es un derecho, yo no dije eso, jamás dije; dije lo contrario. Dije que no era un derecho, dije que era un status, una situación, parte de una condición de la que gozan los legisladores, quienes en sus expresiones, en sus opiniones, deben ejercer la responsabilidad inherente al cargo y condición personal de cada uno, pero que no deben tener la menor limitación.

Si un legislador no le falta al respeto a ninguna otra persona, será porque eso corresponde a su cultura y a sus costumbres, a su educación y si le falta el respeto, como suele ocurrir mucho en esta Asamblea en que unos a otros se faltan al respeto con una facilidad inmensa o como suele ocurrir con ciertas expresiones de miembros del gobierno, que se refieren a esta Cámara con denuestos y cada vez más, con más denuestos, pues eso corresponde a la cultura y a las costumbres de cada persona, pero en tratándose de un legislador, ciudadano diputado, nadie lo puede reconvenir de ninguna manera, de ninguna manera.

Eso dice la Constitución, eso es parte del derecho parlamentario y forma parte del sistema político de nuestra Constitución y quiero decirle, para que lo sepa de una buena vez, siempre ha formado parte del sistema político de las constituciones mexicanas.

Ahora, la otra cuestión que usted me decía, la definición no requiere de un tratado de derecho parlamentario, es una cosa tan sencilla como saber lo que quiere decir la palabra.

Si el señor Döring quiere censurar o reprender a algún legislador por anticipado, quiero decirle, en lugar de hacer eso, debería responderle al Presidente cuando se refiere a esta representación popular.

Debo decirle, señor Yunes, que sí hay una preeminencia del Legislativo sobre el Ejecutivo en los regímenes de democracia representativa, porque la representación nacional no se deposita en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Legislativo.

El Presidente no es representante, el Presidente es un mandatario elegido por el pueblo, pero no representa al pueblo; sólo las asambleas son representativas, porque representan la pluralidad y un individuo no puede representar la pluralidad; aunque hubo presidentes mexicanos que lo han pretendido en verdaderos ataques, pero no es el caso que lo tengamos que reconocer a estas alturas. Esta representación nacional sí tiene atribuciones constitucionales que la ponen por encima, junto con la colegisladora, de la función y de la acción del Ejecutivo.

Simplemente, señores y señoras, el juicio político, ¿qué me dice del juicio político? ¿Puede el Presidente, destituir ahora ---no hablo de las cosas de facto de antes--- a un legislador? ¿Tiene facultad constitucional? El Congreso sí puede destituir a un secretario de Estado y hay regímenes constitucionales donde pueden destituir al jefe del Gobierno.

El Congreso puede, a través de su acción, esta Cámara, decidir, junto con el Senado, el desafuero del Presidente de la República. ¿Puede el Presidente de la República, hacer eso? No, no puede. Hay una preeminencia en la república representativa y democrática del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo y eso lo debe asimilar el titular actual del Poder Ejecutivo de la Unión. Ese es el planteamiento.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Wintilo Vega, para contestar alusiones personales del diputado Yunes y posteriormente el diputado Yunes, para rectificación de hechos del diputado Pablo Gómez.

El diputado Wintilo Vega Murillo: Con su permiso, Presidente.

Ahora resulta que el mejor ejemplo de la deslealtad y la traición, quiere reconvenir.

Hay una diferencia, diputado Yunes. Cualquiera de los 499 diputados compañeros suyos, podemos entrar a esta Cámara por cualquiera de los costados sin tener que andarnos escondiendo, como otros.

Hay una diferencia, diputado Yunes. Ninguno de los 223 diputados del PRI, ha vendido sus convicciones por una diputación plurinominal para su hijo. Esas son las cosas que hacen la diferencia.

Y para su información, si no tiene el dato completo, pregunte en la Mesa Directiva de qué Procuraduría de Justicia están pidiendo la información sobre usted para complementar la averiguación previa por las demandas que tiene. No se haga el olvidadizo.

Es todo, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Yunes.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares: Con su permiso, señor Presidente. Muchas gracias.

El diputado Vega ha venido a esta tribuna a materializar lo que él piensa que es su derecho a la libertad de expresión y a la no reconvención. El confunde la libertad de opinar de los diputados, con la libertad de ofender, como muchos diputados confunden también el fuero parlamentario con la posibilidad de cometer delitos, de pasarse altos, cometer faltas administrativas.

Diputados como Vega, son los que contribuyen a que la opinión pública nos ubique en el más bajo nivel de aprecio y de calificación entre todos los servidores públicos. Yo no voy a dar respuesta a bajezas. Soy un mexicano que quiere y que trata de actuar siempre con responsabilidad y con respeto.

En efecto, hay en esta Cámara una solicitud de información para dar curso a una denuncia en mi contra, presentada por el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, en razón de que presenté una denuncia penal en contra de él y de servidores públicos de su gobierno por corrupción. Cuando se me notifique, con mucho gusto daré respuesta a la misma. No es por otra razón.

Pero entraré a lo relevante y dejaré a quien debiera tomar un curso de gramática, de sintaxis, de expresión elemental, para que piense que es muy importante venir a esta tribuna a agredirme y a agredir a mi familia. Daré respuesta al diputado Gómez.

El caso al que el diputado Gómez se refiere es el de la denuncia de carácter civil presentada por el señor José Córdoba Montoya contra dos ex diputados del PRD: Ramón Sosamontes y, si no mal recuerdo, Jesús Zambrano, en razón de alguna expresión derivada del trabajo de ambos en la comisión que investigaba el asesinato de nuestro muy querido y siempre bien recordado Luis Donaldo Colosio.

José Córdoba presentó por la vía civil, primero por la vía penal y se resolvió que no podían ser procesados en razón precisamente del artículo 61 y posteriormente fue por la vía civil y en efecto, como él lo dice y apoya mi tesis, la Corte determinó que no podían ser reconvenidos ni por vía penal ni por vía civil, en razón de que estaban protegidos por la disposición constitucional.

Es decir, la disposición constitucional tiene que ver con la irresponsabilidad absoluta en el orden penal, o en el orden civil, de los legisladores cuando hagan uso de la tribuna o, dijo la Corte, ``en cualquier lugar en que estén desempeñando su función y no necesariamente en la tribuna de la Cámara''.

Esa es la inviolabilidad, eso es lo que la doctrina denomina ``el fuero impunidad''.

Lo que ha venido Pablo Gómez a decirnos aquí, es que exhortar a los diputados a que se conduzcan con respeto hacia el Ejecutivo, sería una especie de reconvención en grado de tentativa y eso no existe, diputado Gómez. La reconvención tiene que ver con la responsabilidad jurídica de los parlamentarios en el ejercicio de su tarea y con la más absoluta libertad que tenemos los parlamentarios de expresarnos desde esta tribuna o en cualquier lugar en el que estemos desempeñando nuestra tarea.

Pedirle al Presidente de la República que sea respetuoso en la expresión hacia los diputados, tendría que generar como consecuencia una actitud de autodisciplina de los diputados y asumir que debemos ser respetuosos con el Presidente, sea de cualquier partido; con los ministros de la Corte, sean de cualquier partido; y con cualquier otro ciudadano.

Termino mi intervención diciéndole al diputado Gómez, que una de dos: o él me regala una de sus constituciones o yo le regalo la mía. Porque la mía, en el artículo 80, señala que se deposita el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

La mía también, en el artículo 94, denomina a la Corte Suprema, pero no denomina a este Poder Legislativo supremo.

Yo creo que este debate nos debiera llevar a rechazar ambos exhortos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de admitirse o no la propuesta del diputado Federico Döring, en votación económica.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta formulada por el diputado Federico Döring.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación para votar la propuesta de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por 3 minutos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos.

(Votación.)

De viva voz:

La diputada Miriam Marina Muñoz Vargas (desde su curul): En contra.

La diputada Blanca Eppen Canales (desde su curul): En contra.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (desde su curul): En contra.

El diputado Jesús María Ramón Valdez (desde su curul): A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente, se emitieron 276 votos en pro, 136 en contra y 2 abstenciones

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo.Continúe la Secretaría con la lectura del orden del día de la próxima sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 7 de diciembre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la ``Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en grado de Gran Collar'', que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se toma como registro de asistencia la última de las votaciones nominales.

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CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 15:46 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 7 de diciembre, a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 5 horas 28 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 379 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 414 diputados.

Diputada suplente que se incorpora: 1.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3.

Puntos de acuerdo, aprobados: 2.

Oradores en tribuna: 29

PRI-8; PAN-7; PRD-6; PVEM-5; PT-1; Dip. Ind.-2.

Se recibió:

1 comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

4 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que informa de cambios en la integración de la Comisión Especial para la Reforma del Estado; del Comité de Comunicación Social; del Comité de Información, Gestoría y Quejas y de la Comisión Especial para el Campo;

1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

2 minutas de ley;

1 iniciativa del Congreso del estado de Jalisco;

5 iniciativas del PRI;

2 iniciativas del PAN;

3 iniciativas del PRD;

4 iniciativas del PVEM.

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Bolivia;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Polonia;

1 de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que reforma el numeral primero del artículo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

1 de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 6 al 11 de diciembre de 2004, a efecto de participar en la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, a celebrarse en Perú el 7 de diciembre de 2004; asistir a la III Cumbre de América del Sur, a realizarse en Cusco, Perú, el 8 de diciembre de 2004; y para hacer una visita oficial a la República de Bolivia, los días 9 y 10 de diciembre de 2004

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que reforma el numeral primero del artículo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

1 de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 6 al 11 de diciembre de 2004, a efecto de participar en la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, a celebrarse en Perú el 7 de diciembre de 2004; asistir a la III Cumbre de América del Sur, a realizarse en Cusco, Perú, el 8 de diciembre de 2004; y para hacer una visita oficial a la República de Bolivia, los días 9 y 10 de diciembre de 2004;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 48, adiciona la fracción XXXVII al artículo 3 y los artículos 47 Bis y 47 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma los artículos 314, fracción II, y 350 Bis 6 de la Ley General de Salud;

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe (PVEM) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 147

Avila Nevárez, Pedro (PRI) Adolfo López Mateos: 107

Barrera Zurita, Baruch Alberto (PAN) Ley de Puertos: 48

Cabello Gil, José Antonio (PAN) Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal: 69

Castro Ríos, Sofía (PRI) Presidente de la República - Congreso de la Unión: 170 desde curul

Córdova Villalobos, José Angel (PAN) Ley General de Salud: 154

Döring Casar, Federico (PAN) Presidente de la República - Congreso de la Unión: 166 desde curul, 168

Döring Casar, Federico (PAN) Presupuesto de Egresos: 15 desde curul, 16 desde curul, 17 desde curul, 18 desde curul

Espinoza Pérez, Luis Eduardo (PRD) Presidente de la República - Congreso de la Unión: 166 desde curul

Flores Mejía, Rogelio Alejandro (PAN) Estado de Arizona, Estados Unidos de América: 158

García Solís, Iván (PRD) Ley Orgánica del Congreso: 134

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) Ley General de Salud: 89

Gómez Alvarez, Pablo (PRD) Presidente de la República - Congreso de la Unión: 167, 171

Guízar Macías, Francisco Javier (PRI) Congreso de los Estados Unidos de América: 162

Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 150

Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) Presidente de la República - Congreso de la Unión: 167 desde curul

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 101

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros: 62

Molinar Horcasitas, Juan Francisco (PAN) Presupuesto de Egresos: 17 desde curul

Monárrez Rincón, Francisco Luis (PRI) Ley del Impuesto Sobre la Renta - Código Fiscal - Código Penal: 65

Morales Torres, Marcos (PRD) Ley de Instituciones de Crédito: 75

Moreno Garavilla, Jaime Miguel (PC) Presupuesto de Egresos: 16 desde curul, 17 desde curul, 18 desde curul

Ochoa Fernández, Cuauhtémoc (PVEM) Ley General de Asentamientos Humanos - Estatuto de Gobierno del Distrito Federal - Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 111

Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rafaela (PRI) Ley General de Salud - Código Federal de Procedimientos Penales: 84

Rodríguez Díaz, Hugo (PRI) Presidente de la República - Congreso de la Unión: 166 desde curul

Rodríguez Ochoa, Alfonso (PRI) Ley Federal del Trabajo: 42

Sánchez Pérez, Rafael (PAN) Presidente de la República - Congreso de la Unión: 170 desde curul

Suárez Carrera, Víctor (PRD) Ley de Ahorro y Crédito Popular: 53

Torres Ramos, Lorena (PAN) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 151

Treviño Rodríguez, José Luis (PAN) Ley General de Salud: 156

Vázquez González, Pedro (PT) Ley Orgánica del Congreso: 136

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Presidente de la República - Congreso de la Unión: 166 desde curul, 167 desde curul, 169, 173

Velasco Coello, Manuel (PVEM) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 80

Yunes Linares, Miguel Angel (Dip. Ind.) Presidente de la República - Congreso de la Unión: 170, 172 desde curul, 173 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Victor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazan Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás Alfredo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Donato Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordoñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López Ady García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruíz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante Benjamín Hernández Pérez David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos María Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías, José Adolfo Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María Ramírez Pineda Luis Antonio Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, Ma. Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Rojas Saldaña Maria Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruíz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Asistencias: 160 Asistencias por cédula: 7 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 29 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 26 Total diputados: 222 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Sanjines María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza José Julio González González, Ramón González Morfín José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas Miriam Marina Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortíz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Javier Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Asistencias: 106 Asistencias por cédula:15 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 18 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 10 Total diputados: 150 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Reyes Carlos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Duarte Olivares Horacio Ensastiga Santiago Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma Sinforina Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla Juan García Domínguez, Miguel Ángel García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli, María Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García, Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 64 Asistencias por cédula: 9 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 17 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 7 Total diputados: 97 Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna, María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 12 Asistencias por cédula: 2 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 2 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Óscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares Miguel Angel Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 0 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 2 Alarcón Trujillo, Ernesto Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Celaya Luría Lino Cervantes Vega, Humberto Echeverría Pineda, Abel Fernández García, Fernando Flores Rico Carlos García López Ady Grajales Palacios, Francisco Gutiérrez Romero, Marco Antonio Hernández Bustamante Benjamín Fernando Hernández Pérez David Jiménez Merino, Francisco Alberto Neyra Chávez, Armando Pimentel González, Oscar Quiroga Tamez, Mayela María de Lourdes Rodríguez Cabrera Oscar Román Bojórquez, Jesús Tolentino Saenz López, Rosario Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Tapia Palacios, Paulo José Luis Torres Hernández, Marco Antonio Vidaña Pérez, Martín Remigio Villegas Arreola Alfredo Zúñiga Romero, Jesús Alegre Bojórquez, Ricardo Arabian Couttolenc, Myriam De Lourdes Bermúdez Méndez, José Erandi Del Conde Ugarte Jaime López Mena Francisco Xavier Mendoza Ayala, Rubén Pasta Muñuzuri Angel Pérez Moguel, José Orlando Vázquez Saut, Regina Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Ferreyra Martínez, David García Ochoa Juan José Guillén Quiroz, Ana Lilia Guzmán Cruz, Abdallán Martínez Ramos Jorge Portillo Ayala Cristina Suárez Carrera, Víctor Fuentes Villalobos, Félix Adrián PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel